Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley:
De todos los empe帽os que se han esforzado en cumplir los poderes p煤blicos desde la emergencia misma de la Administraci贸n contempor谩nea, tal vez no haya ninguno tan reiteradamente ensayado ni con tanta contumacia frustrado como la reforma de la Sanidad.
Es, en efecto, un dato hist贸rico f谩cilmente verificable que las respuestas p煤blicas al reto que en cada momento ha supuesto la atenci贸n a los problemas de salud de la colectividad han ido siempre a la zaga de la evoluci贸n de las necesidades sin conseguir nunca alcanzarlas, de manera que se ha convertido en una constante entre nosotros la inadaptaci贸n de las estructuras sanitarias a las necesidades de cada 茅poca.
Es conocido que el primer ensayo de poner al d铆a las t茅cnicas de intervenci贸n p煤blica en los problemas de salud de la colectividad lo constituy贸 el proyecto de C贸digo Sanitario de 1822, cuya aprobaci贸n frustraron en su momento las disputas acerca de la exactitud cient铆fica de los medios t茅cnicos de actuaci贸n en que pretend铆a apoyarse. Con este fracaso, la consolidaci贸n de un 贸rgano ejecutivo bien dotado y flexible, acomodado en cuanto a su organizaci贸n a las nuevas t茅cnicas de administraci贸n que tratan de abrirse camino en Espa帽a en los primeros a帽os de la pasada centuria, tiene que esperar hasta la aprobaci贸n de la Ley de 28 de noviembre de 1855, que consagra la Direcci贸n General de Sanidad, creada muy pocos a帽os antes. Esta Ley extender谩 su vigencia durante una largu铆sima 茅poca, aunque no en raz贸n a sus excelencias, sino a la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre un nuevo texto de Ley sanitaria, cuya formulaci贸n se ensaya con reiteraci贸n durante los 煤ltimos a帽os del siglo pasado y primeros del presente, sin conseguir definitiva aprobaci贸n. Ante la imposibilidad de sacar adelante una Ley nueva, la reforma siguiente se establece por Real Decreto, en concreto por el de 12 de enero de 1904, que aprueba la Instrucci贸n General de Sanidad, norma que, a pesar de haberse mantenido vigente en parte hasta fechas muy pr贸ximas, apenas si alter贸 el dispositivo de la organizaci贸n p煤blica al servicio de la Sanidad. Es, pues, el esquema organizativo de 1855 (cambiando por 茅pocas el nombre de la Direcci贸n General de Sanidad por el de Inspecci贸n General de Sanidad) el que trasciende al siglo que lo vio nacer y se asienta en nuestro sistema con una firmeza sorprendente.
La Ley de 1944, aunque innovadora en algunos extremos, asumi贸 la planta estructural recibida, que no altera, sino que perpetuar谩. El esquema organizativo es, en efecto, el mismo de 1855, basado en una Direcci贸n General de Sanidad, recrecida, como 贸rgano supremo. La idea de contenido de las responsabilidades p煤blicas en este sector es tambi茅n decimon贸nica: A la Administraci贸n P煤blica le cumple atender aquellos problemas sanitarios que pueden afectar a la colectividad considerada como conjunto, le compete desarrollar una acci贸n de prevenci贸n, en suma. La funci贸n asistencial, el problema de la atenci贸n a los problemas de la salud individual, quedan al margen.
El estancamiento de la espec铆fica organizaci贸n p煤blica al servicio de la Sanidad no significar谩, sin embargo, una desatenci贸n de todos los problemas nuevos, sino la ruptura del car谩cter unitario de esa organizaci贸n, que se fragmenta en diversos subsistemas que se ordenan separadamente, respondiendo a principios y finalidades propias, al margen de una direcci贸n unitaria. En efecto, a las funciones preventivas tradicionales se sumar谩n otras nuevas, relativas al medio ambiente, la alimentaci贸n, el saneamiento, los riesgos laborales, etc., que har谩n nacer estructuras p煤blicas nuevas a su servicio. Las funciones asistenciales crecen y se dispersan igualmente. Las tradicionales s贸lo se refer铆an a la prevenci贸n o asistencia de algunas enfermedades de particular trascendencia social (la tuberculosis, enfermedades mentales, etc.). Estas atenciones asistenciales tradicionales se asumen con responsabilidad propia por diferentes Administraciones P煤blicas (Estado, Diputaciones) que funcionan sin ning煤n nexo de uni贸n en la formulaci贸n de las respectivas pol铆ticas sanitarias. Ninguna de ellas se dirige, sin embargo, a la atenci贸n del individuo concreto, si la enfermedad que padece no es alguna de las singularizadas por su trascendencia. El dogma que perdura es el decimon贸nico de la autosuficiencia del individuo para atender sus problemas de salud. Cuando ese dogma se quiebra a ojos vista en virtud del crecimiento de un sistema de previsi贸n dirigido a los trabajadores, tambi茅n ese sistema crea sus propias estructuras sanitarias que se establecen al margen de la organizaci贸n general, y funcionan conforme a pol铆ticas e impulsos elaborados con separaci贸n, aunque explicados por las nuevas necesidades y avances tanto en el campo de la salud y enfermedad como en los nuevos criterios que se van imponiendo de cobertura social y asistencia sanitaria.
Puede decirse sin hip茅rbole que la necesidad de proceder a una reforma del sistema que supere el estado de cosas descrito se ha visto clara por todos cuantos han tenido responsabilidades en el ramo de la Sanidad, desde el d铆a siguiente a la aprobaci贸n de la Ley de Bases de 1944. Probar铆a este aserto una indagaci贸n sumaria de los archivos de la Administraci贸n; donde pueden encontrarse sucesivos intentos de reforma que, sin embargo, no han visto otra luz que la de los despachos de los Ministerios.
Ante la imposibilidad o la falta de convicci贸n en la necesidad de organizar un sistema sanitario que integrase tantas estructuras dispersas, se ha asentado la idea de que, manteniendo separadas las diversas estructuras sanitarias p煤blicas, la coordinaci贸n podr铆a ser la respuesta a las necesidades de racionalizaci贸n del sistema. El ensayo es ya viejo. Se intenta implantar primero en el 谩mbito de las Administraciones locales con la Ley de Coordinaci贸n Sanitaria de 11 de junio de 1934. Luego, con car谩cter m谩s general y tambi茅n en el 谩mbito de los servicios centrales, con la Ley de Hospitales de 21 de julio de 1962, y mediante la creaci贸n de un extens铆simo n煤mero de Comisiones Interministeriales, que fluyen como un verdadero aluvi贸n, planteando al final el problema de coordinar a los 贸rganos coordinadores.
Paralelamente, en el a帽o 1942, mediante Ley de 14 de diciembre, se constituye el Seguro Obligatorio de Enfermedad, bajo el Instituto Nacional de Previsi贸n. Este sistema de cobertura de los riesgos sanitarios, alcanzado a trav茅s de una cuota vinculada al trabajo, se ha desarrollado enormemente como consecuencia del proceso paulatino de expansi贸n econ贸mica que ha surgido en nuestro pa铆s desde 1950, pero especialmente en los sesenta y principios de los setenta. El Seguro Obligatorio de Enfermedad, desde su creaci贸n y su posterior reestructuraci贸n mediante el Decreto 2065/1974, de 30 de mayo -por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en el que se cristaliza el actual sistema de Seguridad Social- hasta hoy, ha ido asumiendo mayor n煤mero de patolog铆as dentro de su cuadro de prestaciones y, al mismo tiempo, ha sido un sistema que ha ido progresivamente incluyendo mayor n煤mero de personas y colectivos dentro de su esquema de Seguro Sanitario. En la actualidad este sistema sanitario de Seguridad Social est谩 muy evolucionado, siendo gestor aut贸nomo de una estructura sanitaria extendida por todo el territorio nacional, constituyendo la red sanitaria m谩s importante de nuestro pa铆s.
Aunque con la creaci贸n, ya en tiempos muy recientes, de un Ministerio de Sanidad, se han podido mejorar algunos de los problemas recibidos, no es menos cierto que se ha mantenido una pluralidad de sistemas sanitarios funcionando en paralelo, derroch谩ndose las energ铆as y las econom铆as p煤blicas y sin acertar a establecer estructuras adecuadas a las necesidades de nuestro tiempo. No obstante, ha sido posible mantener un nivel razonablemente eficiente de nuestra Sanidad que, sin duda, podr谩 mejorarse y hacer m谩s rentable y eficaz si se impulsa con firmeza el establecimiento de un nuevo sistema unitario adaptado a las nuevas necesidades.
A las necesidades de reforma a las que se acaba de aludir, nunca cumplimentadas en profundidad, han venido a sumarse, para apoyar definitivamente la formulaci贸n de la presente Ley General de Sanidad, dos razones de m谩ximo peso, por provenir de nuestra Constituci贸n, que hacen que la reforma del sistema no pueda ya demorarse. La primera es el reconocimiento en el art铆culo 43 y en el art铆culo 49 de nuestro texto normativo fundamental del derecho de todos los ciudadanos a la protecci贸n de la salud, derecho que, para ser efectivo, requiere de los poderes p煤blicos la adopci贸n de las medidas id贸neas para satisfacerlo. La segunda, con mayor incidencia a煤n en el plano de lo organizativo, es la institucionalizaci贸n, a partir de las previsiones del t铆tulo VIII de nuestra Constituci贸n, de Comunidades Aut贸nomas en todo el territorio del Estado, a las cuales han reconocido sus Estatutos amplias competencias en materia de Sanidad.
La Ley da respuesta al primer requerimiento constitucional aludido, reconociendo el derecho a obtener las prestaciones del sistema sanitario a todos los ciudadanos y a los extranjeros residentes en Espa帽a, si bien, por razones de crisis econ贸mica que no es preciso subrayar, no generaliza el derecho a obtener gratuitamente dichas prestaciones sino que programa su aplicaci贸n paulatina, de manera que sea posible observar prudentemente el proceso evolutivo de los costes, cuyo incremento no va necesariamente ligado a las medidas de reforma de las que, en una primera fase, por la mayor racionalizaci贸n que introduce en la Administraci贸n, puede esperarse lo contrario.
La incidencia de la instauraci贸n de las Comunidades Aut贸nomas en nuestra organizaci贸n sanitaria tiene una trascendencia de primer orden. Si no se acierta a poner a disposici贸n de las mismas, a trav茅s de los procesos de transferencias de servicios, un dispositivo sanitario suficiente como para atender las necesidades sanitarias de la poblaci贸n residente en sus respectivas jurisdicciones. las dificultades organizativas tradicionales pueden incrementarse. en lugar de resolverse. En efecto, si las Comunidades Aut贸nomas s贸lo recibieran algunos servicios sanitarios concretos, y no bloques org谩nicos completos, las transferencias de servicios parar铆an en la incorporaci贸n de una nueva Administraci贸n p煤blica al ya complejo entramado de entes p煤blicos con responsabilidades sobre el sector.
Este efecto es, sin embargo, adem谩s de un est铆mulo para anticipar la reforma, perfectamente evitable. El Estado, en virtud de lo establecido en el art铆culo 149.1.16 de la Constituci贸n, en el que la presente Ley se apoya, ha de establecer los principios y criterios substantivos que permitan conferir al nuevo sistema sanitario unas caracter铆sticas generales y comunes. que sean fundamento de los servicios sanitarios en todo el territorio del Estado.
La directriz sobre la que descansa toda la reforma que el presente proyecto de Ley propone es la creaci贸n de un Sistema Nacional de Salud. Al establecerlo se han tenido bien presentes todas las experiencias organizativas comparadas que han adoptado el mismo modelo, separ谩ndose de ellas para establecer las necesarias consecuencias derivadas de las peculiaridades de nuestra tradici贸n administrativa y de nuestra organizaci贸n pol铆tica.
El eje del modelo que la Ley adopta son las Comunidades Aut贸nomas, Administraciones suficientemente dotadas y con la perspectiva territorial necesaria, para que los beneficios de la autonom铆a no queden empe帽ados por las necesidades de eficiencia en la gesti贸n. El Sistema Nacional de Salud se concibe as铆 como el conjunto de los servicios de salud de las Comunidades Aut贸nomas convenientemente coordinados. El principio de integraci贸n para los servicios sanitarios en cada Comunidad Aut贸noma inspira el art铆culo 50 de la Ley: 芦En cada Comunidad Aut贸noma se constituir谩 un Servicio de Salud integrado por todos los centros, servicios y establecimientos de la propia Comunidad, Diputaciones, Ayuntamientos y cualesquiera otras Administraciones territoriales intracomunitarias, que estar谩 gestionado como se establece en los art铆culos siguientes bajo la responsabilidad de la respectiva Comunidad Aut贸noma禄.
Es b谩sica la generalizaci贸n de este modelo organizativo y el Estado goza, para implantarlo, de las facultades que le concede el art铆culo 149.1.16 de la Constituci贸n. La integraci贸n efectiva de los servicios sanitarios es b谩sica, no s贸lo porque sea un principio de reforma en cuya aplicaci贸n est谩 en juego la efectividad del derecho a la salud que la Constituci贸n reconoce a los ciudadanos, sino tambi茅n porque es deseable asegurar una igualaci贸n de las condiciones de vida, imponer la coordinaci贸n de las actuaciones p煤blicas, mantener el funcionamiento de los servicios p煤blicos sobre m铆nimos uniformes y, en fin, lograr una efectiva planificaci贸n sanitaria que mejore tanto los servicios como sus prestaciones.
Los servicios sanitarios se concentran, pues, bajo la responsabilidad de las Comunidades Aut贸nomas y bajo los poderes de direcci贸n, en lo b谩sico, y la coordinaci贸n del Estado. La creaci贸n de los respectivos Servicios de Salud de las Comunidades Aut贸nomas es, sin embargo, paulatina. Se evitan en la Ley saltos en el vac铆o, se procura la adopci贸n progresiva de las estructuras y se acomoda, en fin, el ritmo de aplicaci贸n de sus previsiones a la marcha de los procesos de transferencias de servicios a las Comunidades Aut贸nomas.
La concentraci贸n de servicios y su integraci贸n en el nivel pol铆tico y administrativo de las Comunidades Aut贸nomas, que sustituyen a las Corporaciones Locales en algunas de sus responsabilidades tradicionales, precisamente en aquellas que la experiencia ha probado que el nivel municipal, en general, no es el m谩s adecuado para su gesti贸n, esto no significa, sin embargo, la correlativa aceptaci贸n de una fuerte centralizaci贸n de servicios en ese nivel. Para evitarlo se articulan dos tipos de previsiones: La primera se refiere a la estructura de los servicios sanitarios; la segunda, a los organismos encargados de su gesti贸n.
En cuanto a lo primero, la Ley establece que ser谩n las 脕reas de Salud las piezas b谩sicas de los Servicios de Salud de las Comunidades Aut贸nomas; 脕reas organizadas conforme a la indicada concepci贸n integral de la Sanidad, de manera que sea posible ofrecer desde ellas todas las prestaciones propias del sistema sanitario. Las 脕reas se distribuyen, de forma desconcentrada, en demarcaciones territoriales delimitadas, teniendo en cuenta factores de diversa 铆ndole, pero sobre todo, respondiendo a la idea de proximidad de los servicios a los usuarios y de gesti贸n descentralizada y participativa.
En segundo lugar, sin perjuicio de que el Proyecto disponga la organizaci贸n de los Servicios de Salud bajo la exclusiva responsabilidad de las Comunidades Aut贸nomas, ordenando incluso la integraci贸n en aquellos centros y establecimientos que antes ven铆an siendo gestionados separadamente por las Corporaciones Locales, el leve efecto centralizador que pudiera resultar de esta medida se compensa otorgando a las Corporaciones Locales un efectivo derecho a participar en el control y en la gesti贸n de las 脕reas de Salud, que se concreta en la incorporaci贸n de representantes de las mismas en los principales 贸rganos colegiados del 脕rea.
Debe a帽adirse, en fin, que la integraci贸n de servicios que la Ley postula, al consumarse precisamente y de modo principal en el nivel constituido por las Comunidades Aut贸nomas, puede producirse sin ninguna estridencia y superando dificultades que, sin duda, se opondr铆an al mismo esfuerzo si el efecto integrador se intentara cumplir en el seno de la Administraci贸n estatal. En efecto, muchos servicios con responsabilidades sanitarias que operan de forma no integrada en la actualidad en el seno de la Administraci贸n estatal han sido ya transferidos, o habr谩n de serlo en el futuro, a las Comunidades Aut贸nomas. Se produce as铆 una ocasi贸n hist贸rica inmejorable para superar las anteriores deficiencias organizativas, integrando todos los servicios en una organizaci贸n 煤nica. La Ley toma buena nota de esa oportunidad e impone los criterios organizativos b谩sicos de que se ha hecho menci贸n, evitando que las Comunidades Aut贸nomas reproduzcan un modelo que ya se ha probado inconveniente, o que a煤n introduzca una mayor complejidad, por la v铆a de la especialidad, en el sistema recibido.
La aplicaci贸n de la reforma que la Ley establece tiene, por fuerza, que ser paulatina, armonizarse con la sucesiva asunci贸n de responsabilidades por las Comunidades Aut贸nomas, y adecuarse a las disponibilidades presupuestarias en lo que concierne al otorgamiento de las prestaciones del sistema a todos los ciudadanos. Ello explica la extensi贸n y el pormenor con que se han concebido las disposiciones transitorias.
Esa extensi贸n no es menor en el caso de las disposiciones finales, aunque por una raz贸n diferente. En efecto, en esas disposiciones se contienen diversos mandatos al Gobierno para que desarrolle las previsiones de la Ley General de Sanidad y autorizaciones al mismo para que refunda buena parte de la muy dispersa y abundante legislaci贸n sanitaria vigente. De esta manera, el nuevo sistema sanitario comenzar谩 su andadura con una legislaci贸n renovada y puesta al d铆a, donde deber谩n aparecer debidamente especificados los contenidos m谩s relevantes de la regulaci贸n del sector salud.
1. La presente Ley tiene por objeto la regulaci贸n general de todas las acciones que permitan hacer efectivo el derecho a la protecci贸n de la salud reconocido en el art铆culo 43 y concordantes de la Constituci贸n.
2. Son titulares del derecho a la protecci贸n de la salud y a la atenci贸n sanitaria todos los espa帽oles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional.
3. Los extranjeros no residentes en Espa帽a, as铆 como los espa帽oles fuera del territorio nacional, tendr谩n garantizado tal derecho en la forma que las leyes y convenios internacionales establezcan.
4. Para el ejercicio de los derechos que esta Ley establece est谩n legitimadas, tanto en la v铆a administrativa como jurisdiccional, las personas a que se refiere el apartado 2 de este art铆culo.
1. Esta Ley tendr谩 la condici贸n de norma b谩sica en el sentido previsto en el art铆culo 149.1.16 de la Constituci贸n y ser谩 de aplicaci贸n a todo el territorio del Estado, excepto los art铆culos 31, apartado 1, letras b) y c), y 57 a 69, que constituir谩n derecho supletorio en aquellas Comunidades Aut贸nomas que hayan dictado normas aplicables a la materia que en dichos preceptos se regula.
2. Las Comunidades Aut贸nomas podr谩n dictar normas de desarrollo y complementarias de la presente Ley en el ejercicio de las competencias que les atribuyen los correspondientes Estatutos de Autonom铆a.
1. Los medios y actuaciones del sistema sanitario estar谩n orientados prioritariamente a la promoci贸n de la salud y a la prevenci贸n de las enfermedades.
2. La asistencia sanitaria p煤blica se extender谩 a toda la poblaci贸n espa帽ola. El acceso y las prestaciones sanitarias se realizar谩n en condiciones de igualdad efectiva.
3. La pol铆tica de salud estar谩 orientada a la superaci贸n de los desequilibrios territoriales y sociales.
1. Tanto el Estado como las Comunidades Aut贸nomas y las dem谩s Administraciones p煤blicas competentes, organizar谩n y desarrollar谩n todas las acciones sanitarias a que se refiere este t铆tulo dentro de una concepci贸n integral del sistema sanitario.
2. Las Comunidades Aut贸nomas crear谩n sus Servicios de Salud dentro del marco de esta Ley y de sus respectivos Estatutos de Autonom铆a.
1. Los Servicios P煤blicos de Salud se organizar谩n de manera que sea posible articular la participaci贸n comunitaria a trav茅s de las Corporaciones territoriales correspondientes en la formulaci贸n de la pol铆tica sanitaria y en el control de su ejecuci贸n.
2. A los efectos de dicha participaci贸n se entender谩n comprendidas las organizaciones empresariales y sindicales. La representaci贸n de cada una de estas organizaciones se fijar谩 atendiendo a criterios de proporcionalidad, seg煤n lo dispuesto en el t铆tulo III de la Ley Org谩nica de Libertad Sindical.
Las actuaciones de las Administraciones P煤blicas Sanitarias estar谩n orientadas:
1. A la promoci贸n de la salud.
2. A promover el inter茅s individual, familiar y social por la salud mediante la adecuada educaci贸n sanitaria de la poblaci贸n.
3. A garantizar que cuantas acciones sanitarias se desarrollen est茅n dirigidas a la prevenci贸n de las enfermedades y no s贸lo a la curaci贸n de las mismas.
4. A garantizar la asistencia sanitaria en todos los casos de p茅rdida de la salud.
5. A promover las acciones necesarias para la rehabilitaci贸n funcional y reinserci贸n social del paciente.
Los servicios sanitarios, as铆 como los administrativos, econ贸micos y cualesquiera otros que sean precisos para el funcionamiento del Sistema de Salud, adecuar谩n su organizaci贸n y funcionamiento a los principios de eficacia, celeridad, econom铆a y flexibilidad.
1. Se considera como actividad fundamental del sistema sanitario la realizaci贸n de los estudios epidemiol贸gicos necesarios para orientar con mayor eficacia la prevenci贸n de los riesgos para la salud, as铆 como la planificaci贸n y evaluaci贸n sanitaria, debiendo tener como base un sistema organizado de informaci贸n sanitaria, vigilancia y acci贸n epidemiol贸gica.
2. Asimismo, se considera actividad b谩sica del sistema sanitario la que pueda incidir sobre el 谩mbito propio de la Veterinaria de Salud P煤blica en relaci贸n con el control de higiene, la tecnolog铆a y la investigaci贸n alimentarias, as铆 como la prevenci贸n y lucha contra la zoonosis y las t茅cnicas necesarias para la evitaci贸n de riesgos en el hombre debidos a la vida animal o a sus enfermedades.
Los poderes p煤blicos deber谩n informar a los usuarios de los servicios del sistema sanitario p煤blico, o vinculados a 茅l, de sus derechos y deberes.
Todos tienen los siguientes derechos con respecto a las distintas administraciones p煤blicas sanitarias:
1. Al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, sin que pueda ser discriminado por razones de raza, de tipo social, de sexo, moral, econ贸mico, ideol贸gico, pol铆tico o sindical.
2. A la informaci贸n sobre los servicios sanitarios a que puede acceder y sobre los requisitos necesarios para su uso.
3. A la confidencialidad de toda la informaci贸n relacionada con su proceso y con su estancia en instituciones sanitarias p煤blicas y privadas que colaboren con el sistema p煤blico.
4. A ser advertido de si los procedimientos de pron贸stico, diagn贸stico y terap茅uticos que se le apliquen pueden ser utilizados en funci贸n de un proyecto docente o de investigaci贸n, que, en ning煤n caso, podr谩 comportar peligro adicional para su salud. En todo caso ser谩 imprescindible la previa autorizaci贸n y por escrito del paciente y la aceptaci贸n por parte del m茅dico y de la Direcci贸n del correspondiente Centro Sanitario.
5. A que se le d茅 en t茅rminos comprensibles, a 茅l y a sus familiares o allegados, informaci贸n completa y continuada, verbal y escrita, sobre su proceso, incluyendo diagn贸stico, pron贸stico y alternativas de tratamiento.
6. A la libre elecci贸n entre las opciones que le presente el responsable m茅dico de su caso, siendo preciso el previo consentimiento escrito del usuario para la realizaci贸n de cualquier intervenci贸n, excepto en los siguientes casos:
a) Cuando la no intervenci贸n suponga un riesgo para la salud p煤blica.
b) Cuando no est茅 capacitado para tomar decisiones, en cuyo caso, el derecho corresponder谩 a sus familiares o personas a 茅l allegadas.
c) Cuando la urgencia no permita demoras por poderse ocasionar lesiones irreversibles o existir peligro de fallecimiento.
7. A que se le asigne un m茅dico, cuyo nombre se le dar谩 a conocer, que ser谩 su interlocutor principal con el equipo asistencial. En caso de ausencia, otro facultativo del equipo asumir谩 tal responsabilidad.
8. A que se le extienda certificado acreditativo de su estado de salud, cuando su exigencia se establezca por una disposici贸n legal o reglamentaria.
9. A negarse al tratamiento, excepto en los casos se帽alados en el apartado 6; debiendo, para ello, solicitar el alta voluntaria, en los t茅rminos que se帽ala el apartado 4 del art铆culo siguiente.
10. A participar, a trav茅s de las instituciones comunitarias, en las actividades sanitarias, en los t茅rminos establecidos en esta Ley y en las disposiciones que la desarrollen.
11. A que quede constancia por escrito de todo su proceso. Al finalizar la estancia del usuario en una Instituci贸n hospitalaria, el paciente, familiar o persona a 茅l allegada recibir谩 su Informe de Alta.
12. A utilizar las v铆as de reclamaci贸n y de propuesta de sugerencias en los plazos previstos. En uno u otro caso deber谩 recibir respuesta por escrito en los plazos que reglamentariamente se establezcan.
13. A elegir el m茅dico y los dem谩s sanitarios titulados de acuerdo con las condiciones contempladas, en esta Ley, en las disposiciones que se dicten para su desarrollo y en las que regulen el trabajo sanitario en los Centros de Salud.
14. A obtener los medicamentos y productos sanitarios que se consideren necesarios para promover, conservar o restablecer su salud, en los t茅rminos que reglamentariamente se establezcan por la Administraci贸n del Estado.
15. Respetando el peculiar r茅gimen econ贸mico de cada servicio sanitario, los derechos contemplados en los apartados 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 11 de este art铆culo ser谩n ejercidos tambi茅n con respecto a los servicios sanitarios privados.
Ser谩n obligaciones de los ciudadanos con las instituciones y organismos del sistema sanitario:
1. Cumplir las prescripciones generales de naturaleza sanitaria comunes a toda la poblaci贸n, as铆 como las espec铆ficas determinadas por los Servicios Sanitarios.
2. Cuidar las instalaciones y colaborar en el mantenimiento de la habitabilidad de las lnstituciones Sanitarias.
3. Responsabilizarse del uso adecuado de las prestaciones ofrecidas por el sistema sanitario, fundamentalmente en lo que se refiere a la utilizaci贸n de servicios, procedimientos de baja laboral o incapacidad permanente y prestaciones terap茅uticas y sociales.
4. Firmar el documento de alta voluntaria en los casos de no aceptaci贸n del tratamiento. De negarse a ello, la Direcci贸n del correspondiente Centro Sanitario, a propuesta del facultativo encargado del caso, podr谩 dar el alta.
Los poderes p煤blicos orientar谩n sus pol铆ticas de gasto sanitario en orden a corregir desigualdades sanitarias y garantizar la igualdad de acceso a los Servicios Sanitarios P煤blicos en todo el territorio espa帽ol seg煤n lo dispuesto en los art铆culos 9.2 y 158.1 de la Constituci贸n.
El Gobierno aprobar谩 las normas precisas para evitar el intrusismo profesional y la mala pr谩ctica.
Los poderes p煤blicos proceder谩n, mediante el correspondiente desarrollo normativo, a la aplicaci贸n de la facultad de elecci贸n de m茅dico en la atenci贸n primaria del 脕rea de Salud. En los n煤cleos de poblaci贸n de m谩s de 250.000 habitantes se podr谩 elegir en el conjunto de la ciudad.
1. Una vez superadas las posibilidades de diagn贸stico y tratamiento de la atenci贸n primaria, los usuarios del Sistema Nacional de Salud tienen derecho, en el marco de su 脕rea de Salud, a ser atendidos en los servicios especializados hospitalarios.
2. El Ministerio de Sanidad y Consumo acreditar谩 servicios de referencia, a los que podr谩n acceder todos los usuarios del Sistema Nacional de Salud una vez superadas las posibilidades de diagn贸stico y tratamiento de los servicios especializados de la Comunidad Aut贸noma donde residan.
Las normas de utilizaci贸n de los servicios sanitarios ser谩n iguales para todos, independientemente de la condici贸n en que se acceda a los mismos. En consecuencia, los usuarios sin derecho a la asistencia de los Servicios de Salud, as铆 como los previstos en el art铆culo 80, podr谩n acceder a los servicios sanitarios con la consideraci贸n de pacientes privados, de acuerdo con los siguientes criterios:
1. Por lo que se refiere a la atenci贸n primaria, se les aplicar谩n las mismas normas sobre asignaci贸n de equipos y libre elecci贸n que al resto de los usuarios.
2. El ingreso en centros hospitalarios se efectuar谩 a trav茅s de la unidad de admisi贸n del hospital, por medio de una lista de espera 煤nica, por lo que no existir谩 un sistema de acceso y hospitalizaci贸n diferenciado seg煤n la condici贸n del paciente.
3. La facturaci贸n por la atenci贸n de estos pacientes ser谩 efectuada por las respectivas, administraciones de los Centros, tomando como base los costes efectivos. Estos ingresos tendr谩n la condici贸n de propios de los Servicios de Salud. En ning煤n caso estos ingresos podr谩n revertir directamente en aquellos que intervienen en la atenci贸n de estos pacientes.
Las Administraciones P煤blicas obligadas a atender sanitariamente a los ciudadanos no abonar谩n a 茅stos los gastos que puedan ocasionarse por la utilizaci贸n de servicios sanitarios distintos de aquellos que les correspondan en virtud de lo dispuesto en esta Ley, en las disposiciones que se dicten para su desarrollo y en las normas que aprueben las Comunidades Aut贸nomas en el ejercicio de sus competencias.
Las Administraciones P煤blicas, a trav茅s de sus Servicios de Salud y de los 脫rganos competentes en cada caso, desarrollar谩n las siguientes actuaciones:
1. Adopci贸n sistem谩tica de acciones para la educaci贸n sanitaria como elemento primordial para la mejora de la salud individual y comunitaria.
2. La atenci贸n primaria integral de la salud, incluyendo, adem谩s de las acciones curativas y rehabilitadoras, las que tiendan a la promoci贸n de la salud y a la prevenci贸n de la enfermedad del individuo y de la comunidad.
3. La asistencia sanitaria especializada, que incluye la asistencia domiciliaria, la hospitalizaci贸n y la rehabilitaci贸n.
4. La prestaci贸n de los productos terap茅uticos precisos.
5. Los programas de atenci贸n a grupos de poblaci贸n de mayor riesgo y programas espec铆ficos de protecci贸n frente a factores de riesgo, as铆 como los programas de prevenci贸n de las deficiencias, tanto cong茅nitas como adquiridas.
6. La promoci贸n y la mejora de los sistemas de saneamiento, abastecimiento de aguas, eliminaci贸n y tratamiento de residuos l铆quidos y s贸lidos; la promoci贸n y mejora de los sistemas de saneamiento y control del aire, con especial atenci贸n a la contaminaci贸n atmosf茅rica; la vigilancia sanitaria y adecuaci贸n a la salud del medio ambiente en todos los 谩mbitos de la vida, incluyendo la vivienda.
7. Los programas de orientaci贸n en el campo de la planificaci贸n familiar y la prestaci贸n de los servicios correspondientes.
8. La promoci贸n y mejora de la salud mental.
9. La protecci贸n, promoci贸n y mejora de la salud laboral.
10. El control sanitario y la prevenci贸n de los riesgos para la salud derivados de los productos alimentarios, incluyendo la mejora de sus cualidades nutritivas.
11. El control sanitario de los productos farmac茅uticos, otros productos y elementos de utilizaci贸n terap茅utica, diagn贸stica y auxiliar y de aquellos otros que, afectando al organismo humano, puedan suponer un riesgo para la salud de las personas.
12. Promoci贸n y mejora de las actividades de Veterinaria de Salud P煤blica, sobre todo en las 谩reas de la higiene alimentaria, en mataderos e industrias de su competencia, y en la armonizaci贸n funcional que exige la prevenci贸n y lucha contra la zoonosis.
13. La difusi贸n de la informaci贸n epidemiol贸gica general y espec铆fica para fomentar el conocimiento detallado de los problemas de salud.
14. La mejora y adecuaci贸n de las necesidades de la formaci贸n del personal al servicio de la organizaci贸n sanitaria.
15. El fomento de la investigaci贸n cient铆fica en el campo especifico de los problemas de salud.
16. El control y mejora de la calidad de la asistencia sanitaria en todos sus niveles.
1. Los poderes p煤blicos prestar谩n especial atenci贸n a la sanidad ambiental, que deber谩 tener la correspondiente consideraci贸n en los programas de salud.
2. Las autoridades sanitarias propondr谩n o participar谩n con otros Departamentos en la elaboraci贸n y ejecuci贸n de la legislaci贸n sobre:
a) Calidad del aire.
b) Aguas.
c) Alimentos e industrias alimentarias.
d) Residuos org谩nicos s贸lidos y l铆quidos.
e) El suelo y subsuelo.
f) Las distintas formas de energ铆a.
g) Transporte colectivo.
h) Sustancias t贸xicas y peligrosas.
i) La vivienda y el urbanismo.
j) El medio escolar y deportivo.
k) El medio laboral.
l) Lugares, locales e instalaciones de esparcimiento p煤blico.
m) Cualquier otro aspecto del medio ambiente relacionado con la salud.
Sobre la base de la plena integraci贸n de las actuaciones relativas a la salud mental en el sistema sanitario general y de la total equiparaci贸n del enfermo mental a las dem谩s personas que recursos asistenciales a nivel ambulatorio y los sistemas de hospitalizaci贸n parcial y atenci贸n a domicilio, que reduzcan al m谩ximo posible la necesidad de hospitalizaci贸n.
1. La atenci贸n a los problemas de salud mental de la poblaci贸n se realizar谩 en el 谩mbito comunitario, potenciando los recursos asistenciales a nivel ambulatorio y los sistemas de hospitalizaci贸n parcial y atenci贸n a domicilio, que reduzcan al m谩ximo posible la necesidad de hospitalizaci贸n.
Se considerar谩n de modo especial aquellos problemas referentes a la psiquiatr铆a infantil y psicogeriatr铆a.
2. La hospitalizaci贸n de los pacientes por procesos que as铆 lo requieran se realizar谩 en las unidades psiqui谩tricas de los hospitales generales.
3. Se desarrollar谩n los servicios de rehabilitaci贸n y reinserci贸n social necesarios para una adecuada atenci贸n integral de los problemas del enfermo mental, buscando la necesaria coordinaci贸n con los servicios sociales.
4. Los servicios de salud mental y de atenci贸n psiqui谩trica del sistema sanitario general cubrir谩n, asimismo, en coordinaci贸n con los servicios sociales, los aspectos de prevenci贸n primaria y la atenci贸n a los problemas psicosociales que acompa帽an a la p茅rdida de salud en general.
1. La actuaci贸n sanitaria en el 谩mbito de la salud laboral comprender谩 los siguientes aspectos:
a) Promover con car谩cter general la salud integral del trabajador.
b) Actuar en los aspectos sanitarios de la prevenci贸n de los riesgos profesionales.
c) Asimismo se vigilar谩n las condiciones de trabajo y ambientales que puedan resultar nocivas o insalubres durante los per铆odos de embarazo y lactancia de la mujer trabajadora, acomodando su actividad laboral, si fuese necesario, a un trabajo compatible durante los periodos referidos.
d) Determinar y prevenir los factores de microclima laboral en cuanto puedan ser causantes de efectos nocivos para la salud de los trabajadores.
e) Vigilar la salud de los trabajadores para detectar precozmente e individualizar los factores de riesgo y deterioro que puedan afectar a la salud de los mismos.
f) Elaborar junta con las autoridades laborales competentes un mapa de riesgos laborales para la salud de los trabajadores. A estos efectos, las Empresas tienen obligaci贸n de comunicar a las autoridades sanitarias pertinentes las sustancias utilizadas en el ciclo productivo. Asimismo, se establece un sistema de informaci贸n sanitaria que permita el control epidemiol贸gico y el registro de morbilidad y mortalidad por patolog铆a profesional.
g) Promover la informaci贸n, formaci贸n y participaci贸n de los trabajadores y empresarios en cuanto a los planes, programas y actuaciones sanitarias en el campo de la salud laboral.
2. Las acciones enumeradas en el apartado anterior se desarrollar谩n desde las 脕reas de Salud a que alude el cap铆tulo III del t铆tulo III de la presente Ley.
3. El ejercicio de las competencias enumeradas en este art铆culo se llevar谩 a cabo bajo la direcci贸n de las autoridades sanitarias, que actuar谩n en estrecha coordinaci贸n con las autoridades laborales y con los 贸rganos de participaci贸n, inspecci贸n y control de las condiciones de trabajo y seguridad e higiene en las Empresas.
Los empresarios y trabajadores a trav茅s de sus organizaciones representativas participar谩n en la planificaci贸n, programaci贸n, organizaci贸n y control de la gesti贸n relacionada con la salud laboral, en los distintos niveles territoriales.
Para la consecuci贸n de los objetivos que se desarrollan en el presente cap铆tulo, las Administraciones Sanitarias, de acuerdo con sus competencias, crear谩n los Registros y elaborar谩n los an谩lisis de informaci贸n necesarios para el conocimiento de las distintas situaciones de las que puedan derivarse acciones de intervenci贸n de la autoridad sanitaria.
Las actividades p煤blicas y privadas que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud, ser谩n sometidas por los 贸rganos competentes a limitaciones preventivas de car谩cter administrativo, de acuerdo con la normativa b谩sica del Estado.
1. La exigencia de autorizaciones sanitarias, as铆 como la obligaci贸n de someter a registro por razones sanitarias a las Empresas o productos, ser谩n establecidas reglamentariamente, tomando como base lo dispuesto en la presente Ley.
2. Deber谩n establecerse, asimismo, prohibiciones y requisitos m铆nimos para el uso y tr谩fico de los bienes, cuando supongan un riesgo o da帽o para la salud.
3. Cuando la actividad desarrollada tenga una repercusi贸n excepcional y negativa en la salud de los ciudadanos, las Administraciones P煤blicas, a trav茅s de sus 贸rganos competentes podr谩n decretar la intervenci贸n administrativa pertinente, con el objeto de eliminar aqu茅lla. La intervenci贸n sanitaria no tendr谩 m谩s objetivo que la eliminaci贸n de los riesgos para la salud colectiva y cesar谩 tan pronto como aqu茅llos queden excluidos.
1. En caso de que exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades sanitarias adoptar谩n las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautaci贸n o inmovilizaci贸n de productos, suspensi贸n del ejercicio de actividades, cierres de Empresas o sus instalaciones, intervenci贸n de medios materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
2. La duraci贸n de las medidas a que se refiere el apartado anterior, que se fijar谩n para cada caso, sin perjuicio de las pr贸rrogas sucesivas acordadas por resoluciones motivadas, no exceder谩 de lo que exija la situaci贸n de riesgo inminente y extraordinario que las justific贸.
Las Administraciones P煤blicas, en el 谩mbito de sus competencias, realizar谩n un control de la publicidad y propaganda comerciales para que se ajusten a criterios de veracidad en lo que ata帽e a la salud y para limitar todo aquello que pueda constituir un perjuicio para la misma.
Todas las medidas preventivas contenidas en el presente cap铆tulo deben atender a los siguientes principios:
a) Preferencia de la colaboraci贸n voluntaria con las autoridades sanitarias.
b) No se podr谩n ordenar medidas obligatorias que conlleven riesgo para la vida.
c) Las limitaciones sanitarias deber谩n ser proporcionadas a los fines que en cada caso se persigan.
d) Se deber谩n utilizar las medidas que menos perjudiquen al principio de libre circulaci贸n de las personas y de los bienes, la libertad de Empresa y cualesquiera otros derechos afectados.
1. Los centros y establecimientos sanitarios, cualesquiera que sea su nivel y categor铆a o titular, precisar谩n autorizaci贸n administrativa previa para su instalaci贸n y funcionamiento, as铆 como para las modificaciones que respecto de su estructura y r茅gimen inicial puedan establecerse.
2. La previa autorizaci贸n administrativa se referir谩 tambi茅n a las operaciones de calificaci贸n, acreditaci贸n y registro del establecimiento. Las bases generales sobre calificaci贸n, registro y autorizaci贸n ser谩n establecidas por Real Decreto.
3. Cuando la defensa de la salud de la poblaci贸n lo requiera, las Administraciones Sanitarias competentes podr谩n establecer reg铆menes temporales y excepcionales de funcionamiento de los establecimientos sanitarios.
1. Todos los Centros y establecimientos sanitarios, as铆 como las actividades de promoci贸n y publicidad, estar谩n sometidos a la inspecci贸n y control por las Administraciones Sanitarias competentes.
2. Los centros a que se refiere el art铆culo 66 de la presente Ley estar谩n, adem谩s, sometidos a la evaluaci贸n de sus actividades y funcionamiento, sin perjuicio de lo establecido en los art铆culos 67, 88 y 89. En todo caso las condiciones que se establezcan ser谩n an谩logas a las fijadas para los Centros p煤blicos.
1. El personal al servicio de las Administraciones P煤blicas que desarrolle las funciones de inspecci贸n, cuando ejerza tales funciones y acreditando si es preciso su identidad, estar谩 autorizado para:
a) entrar libremente y sin previa notificaci贸n, en cualquier momento, en todo Centro o establecimiento sujeto a esta Ley,
b) proceder a las pruebas, investigaciones o ex谩menes necesarios para comprobar el cumplimiento de esta Ley y de las normas que se dicten para su desarrollo,
c) tomar o sacar muestras, en orden a la comprobaci贸n del cumplimiento de lo previsto en esta Ley y en las disposiciones para su desarrollo, y
d) realizar cuantas actuaciones sean precisas, en orden al cumplimiento de las funciones de inspecci贸n que desarrollen.
2. Como consecuencia de las actuaciones de inspecci贸n y control, las autoridades sanitarias competentes podr谩n ordenar la suspensi贸n provisional, prohibici贸n de las actividades y clausura definitiva de los Centros y establecimientos, por requerirlo la salud colectiva o por incumplimiento de los requisitos exigidos para su instalaci贸n y funcionamiento.
1. Las infracciones en materia de sanidad ser谩n objeto de las sanciones administrativas correspondientes, previa instrucci贸n del oportuno expediente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan concurrir.
2. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, la Administraci贸n pasar谩 el tanto de culpa a la jurisdicci贸n competente y se abstendr谩 de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme.
De no haberse estimado la existencia de delito, la Administraci贸n continuar谩 el expediente sancionador tomando como base los hechos que los tribunales hayan considerado probados.
Las medidas administrativas que hubieran sido adoptadas para salvaguardar la salud y seguridad de las personas se mantendr谩n en tanto la autoridad judicial se pronuncie sobre las mismas.
En ning煤n caso se impondr谩 una doble sanci贸n por los mismos hechos y en funci贸n de los mismos intereses p煤blicos protegidos, si bien deber谩n exigirse las dem谩s responsabilidades que se deduzcan de otros hechos o infracciones concurrentes.
Las infracciones se califican como leves, graves y muy graves, atendiendo a los criterios de riesgo para la salud, cuant铆a del eventual beneficio obtenido, grado de intencionalidad, gravedad de la alteraci贸n sanitaria y social producida, generalizaci贸n de la infracci贸n y reincidencia.
Se tipifican como infracciones sanitarias las siguientes:
A) Infracciones leves.
1.陋 Las simples irregularidades en la observaci贸n de la normativa sanitaria vigente, sin trascendencia directa para la salud p煤blica.
2.陋 Las cometidas por simple negligencia, siempre que la alteraci贸n o riesgo sanitarios producidos fueren de escasa entidad.
3.陋 Las que, en raz贸n de los criterios contemplados en este art铆culo, merezcan la calificaci贸n de leves o no proceda su calificaci贸n como faltas graves o muy graves.
B) Infracciones graves.
1.陋 Las que reciban expresamente dicha calificaci贸n en la normativa especial aplicable en cada caso.
2.陋 Las que se produzcan por falta de controles y precauciones exigibles en la actividad, servicio o instalaci贸n de que se trate.
3.陋 Las que sean concurrentes con otras infracciones sanitarias leves, o hayan servido para facilitarlas o encubrirlas.
4.陋 El incumplimiento de los requerimientos espec铆ficos que formulen las autoridades sanitarias, siempre que se produzcan por primera vez.
5.陋 La resistencia a suministrar datos, facilitar informaci贸n o prestar colaboraci贸n a las autoridades sanitarias o a sus agentes.
6.陋 Las que, en raz贸n de los elementos contemplados en este art铆culo, merezcan la calificaci贸n de graves o no proceda su calificaci贸n como faltas leves o muy graves.
7.陋 La reincidencia en la comisi贸n de infracciones leves en los 煤ltimos tres meses.
C) Infracciones muy graves.
1.陋 Las que reciban expresamente dicha calificaci贸n en la normativa especial aplicable en cada caso.
2.陋 Las que se realicen de forma consciente y deliberada, siempre que se produzca un da帽o grave.
3.陋 Las que sean concurrentes con otras infracciones sanitarias graves, o hayan servido para facilitar o encubrir su comisi贸n.
4.陋 El incumplimiento reiterado de los requerimientos espec铆ficos que formulen las autoridades sanitarias.
5.陋 La negativa absoluta a facilitar informaci贸n o prestar colaboraci贸n a los servicios de control e inspecci贸n.
6.陋 La resistencia, coacci贸n, amenaza, represalia, desacato o cualquier otra forma de presi贸n ejercida sobre las autoridades sanitarias o sus agentes.
7.陋 Las que, en raz贸n de los elementos contemplados en este art铆culo y de su grado de concurrencia, merezcan la calificaci贸n de muy graves o no proceda su calificaci贸n como faltas leves o graves.
8.陋 La reincidencia en la comisi贸n de faltas graves en los 煤ltimos cinco a帽os.
1. Las infracciones en materia de sanidad ser谩n sancionadas con multas de acuerdo con la siguiente graduaci贸n:
a) Infracciones leves, hasta 500.000 pesetas.
b) Infracciones graves, desde 500.001 a 2.500.000 pesetas, pudiendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el qu铆ntuplo del valor de los productos o servicios objeto de la infracci贸n.
c) Infracciones muy graves, desde 2.500.001 a 100.000.000 de pesetas, pudiendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el qu铆ntuplo del valor de los productos o servicios objeto de la infracci贸n.
2. Adem谩s, en los supuestos de infracciones muy graves, podr谩 acordarse, por el Consejo de Ministros o por los Consejos de Gobierno de las Comunidades Aut贸nomas que tuvieren competencia para ello, el cierre temporal del establecimiento, instalaci贸n o servicio por un plazo m谩ximo de cinco a帽os. En tal caso, ser谩 de aplicaci贸n lo previsto en el art铆culo 57.4 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto de los Trabajadores.
3. Las cuant铆as se帽aladas anteriormente deber谩n ser revisadas y actualizadas peri贸dicamente por el Gobierno, por Real Decreto, teniendo en cuenta la variaci贸n de los 铆ndices de precios para el consumo.
No tendr谩n car谩cter de sanci贸n la clausura o cierre de establecimientos, instalaciones o servicios que no cuenten con las previas autorizaciones o registros sanitarios preceptivos, o la suspensi贸n de su funcionamiento hasta tanto se subsanen los defectos o se cumplan los requisitos exigidos por razones de sanidad, higiene o seguridad.
1. Son competencia exclusiva del Estado la sanidad exterior y las relaciones y acuerdos sanitarios internacionales.
2. Son actividades de sanidad exterior todas aquellas que se realicen en materia de vigilancia y control de los posibles riesgos para la salud derivados de la importaci贸n, exportaci贸n o tr谩nsito de mercanc铆as y del tr谩fico internacional de viajeros.
3. El Ministerio de Sanidad y Consumo colaborar谩 con otros Departamentos para facilitar el que las actividades de inspecci贸n o control de sanidad exterior sean coordinadas con aquellas otras que pudieran estar relacionadas, al objeto de simplificar y agilizar el tr谩fico, y siempre de acuerdo con los convenios internacionales.
4. Las actividades y funciones de sanidad exterior se regular谩n por Real Decreto, a propuesta de los Departamentos competentes.
Mediante las relaciones y acuerdos sanitarios internacionales, Espa帽a colaborar谩 con otros pa铆ses y Organismos internacionales: En el control epidemiol贸gico; en la lucha contra las enfermedades transmisibles; en la conservaci贸n de un medio ambiente saludable; en la elaboraci贸n, perfeccionamiento y puesta en pr谩ctica de normativas internacionales; en la investigaci贸n biom茅dica y en todas aquellas acciones que se acuerden por estimarse beneficiosas para las partes en el campo de la salud. Prestar谩 especial atenci贸n a la cooperaci贸n con las naciones con las que tiene mayores lazos por razones hist贸ricas, culturales, geogr谩ficas y de relaciones en otras 谩reas, as铆 como a las acciones de cooperaci贸n sanitaria que tengan como finalidad el desarrollo de los pueblos. En el ejercicio de estas funciones, las autoridades sanitarias actuar谩n en colaboraci贸n con el Ministerio de Asuntos Exteriores.
La Administraci贸n del Estado, sin menoscabo de las competencias de las Comunidades Aut贸nomas, desarrollar谩 las siguientes actuaciones:
1. La determinaci贸n, con car谩cter general, de los m茅todos de an谩lisis y medici贸n y de los requisitos t茅cnicos y condiciones m铆nimas, en materia de control sanitario del medio ambiente.
2. La determinaci贸n de los requisitos sanitarios de las reglamentaciones t茅cnico-sanitarias de los alimentos, servicios o productos directa o indirectamente relacionados con el uso y consumo humanos.
3. El registro general sanitario de alimentos y de las industrias, establecimientos o instalaciones que los producen, elaboran o importan, que recoger谩 las autorizaciones y comunicaciones de las Comunidades Aut贸nomas de acuerdo con sus competencias.
4. La autorizaci贸n mediante reglamentaciones y listas positivas de aditivos, desnaturalizadores, material macromolecular para la fabricaci贸n de envases y embalajes, componentes alimentarios para reg铆menes especiales, detergentes y desinfectantes empleados en la industria alimentaria.
5. La reglamentaci贸n, autorizaci贸n y registro u homologaci贸n, seg煤n proceda, de los medicamentos de uso humano y veterinario y de los dem谩s productos y art铆culos sanitarios y de aquellos que, al afectar al ser humano, pueden suponer un riesgo para la salud de las personas. Cuando se trate de medicamentos, productos o art铆culos destinados al comercio exterior o cuya utilizaci贸n o consumo pudiera afectar a la seguridad p煤blica, la Administraci贸n del Estado ejercer谩 las competencias de inspecci贸n y control de calidad.
6. La reglamentaci贸n y autorizaci贸n de las actividades de las personas f铆sicas o jur铆dicas dedicadas a la preparaci贸n, elaboraci贸n y fabricaci贸n de los productos mencionados en el n煤mero anterior, as铆 como la determinaci贸n de los requisitos m铆nimos a observar por las personas y los almacenes dedicados a su distribuci贸n mayorista y la autorizaci贸n de los que ejerzan sus actividades en m谩s de una Comunidad Aut贸noma. Cundo las actividades enunciadas en este apartado hagan referencia a los medicamentos, productos o art铆culos mencionados en el 煤ltimo p谩rrafo del apartado anterior, la Administraci贸n del Estado ejercer谩 las competencias de inspecci贸n y control de calidad.
7. La determinaci贸n con car谩cter general de las condiciones y requisitos t茅cnicos m铆nimos para la aprobaci贸n y homologaci贸n de las instalaciones y equipos de los centros y servicios.
8. La reglamentaci贸n sobre acreditaci贸n, homologaci贸n, autorizaci贸n y registro de centros o servicios, de acuerdo con lo establecido en la legislaci贸n sobre extracci贸n y trasplante de 贸rganos.
9. El Cat谩logo y Registro General de centros, servicios y establecimientos sanitarios que recoger谩n las decisiones, comunicaciones y autorizaciones de las Comunidades Aut贸nomas, de acuerdo con sus competencias.
10. La homologaci贸n de programas de formaci贸n postgraduada, perfeccionamiento y especializaci贸n del personal sanitario, a efectos de regulaci贸n de las condiciones de obtenci贸n de t铆tulos acad茅micos.
11. La homologaci贸n general de los puestos de trabajo de los servicios sanitarios, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades y la libre circulaci贸n de los profesionales y trabajadores sanitarios.
12. Los servicios de vigilancia y an谩lisis epidemiol贸gicos y de las zoonosis, as铆 como la coordinaci贸n de los servicios competentes de las distintas Administraciones P煤blicas Sanitarias, en los procesos o situaciones que supongan un riesgo para la salud de incidencia e inter茅s nacional o internacional.
13. El establecimiento de sistemas de informaci贸n sanitaria y la realizaci贸n de estad铆sticas, de inter茅s general supracomunitario.
14. La coordinaci贸n de las actuaciones dirigidas a impedir o perseguir todas las formas de fraude, abuso, corrupci贸n o desviaci贸n de las prestaciones o servicios sanitarios con cargo al sector p煤blico cuando razones de inter茅s general as铆 lo aconsejen.
15. La elaboraci贸n de informes generales sobre la salud p煤blica y la asistencia sanitaria.
16. El establecimiento de medios y de sistemas de relaci贸n que garanticen la informaci贸n y comunicaci贸n rec铆procas entre la Administraci贸n Sanitaria del Estado y la de las Comunidades Aut贸nomas en las materias objeto de la presente Ley.
1. Las Comunidades Aut贸nomas ejercer谩n las competencias asumidas en sus Estatutos y las que el Estado les transfiera o, en su caso, les delegue.
2. Las decisiones y actuaciones p煤blicas previstas en esta Ley que no se hayan reservado expresamente al Estado se entender谩n atribuidas a las Comunidades Aut贸nomas.
1. Las normas de las Comunidades Aut贸nomas, al disponer sobre la organizaci贸n de sus respectivos servicios de salud, deber谩n tener en cuenta las responsabilidades y competencias de las provincias, municipios y dem谩s Administraciones Territoriales intracomunitarias, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos de Autonom铆a, la Ley de R茅gimen Local y la presente Ley.
2. Las Corporaciones Locales participar谩n en los 贸rganos de direcci贸n de las 脕reas de Salud.
3. No obstante, los Ayuntamientos, sin perjuicio de las competencias de las dem谩s Administraciones P煤blicas, tendr谩n las siguientes responsabilidades m铆nimas en relaci贸n al obligado cumplimiento de las normas y planes sanitarios:
a) Control sanitario del medio ambiente: Contaminaci贸n atmosf茅rica, abastecimiento de aguas, saneamiento de aguas residuales, residuos urbanos e industriales.
b) Control sanitario de industrias, actividades y servicios, transportes, ruidos y vibraciones.
c) Control sanitario de edificios y lugares de vivienda y convivencia humana, especialmente de los centros de alimentaci贸n, peluquer铆as, saunas y centros de higiene personal, hoteles y centros residenciales, escuelas, campamentos tur铆sticos y 谩reas de actividad f铆sico deportivas y de recreo.
d) Control sanitario de la distribuci贸n y suministro de alimentos, bebidas y dem谩s productos, directa o indirectamente relacionados con el uso o consumo humanos, as铆 como los medios de su transporte.
e) Control sanitario de los cementerios y polic铆a sanitaria mortuoria.
4. Para el desarrollo de las funciones relacionadas en el apartado anterior, los Ayuntamientos deber谩n recabar el apoyo t茅cnico del personal y medios de las 脕reas de Salud en cuya demarcaci贸n est茅n comprendidos.
5. El personal sanitario de los Servicios de Salud de las Comunidades Aut贸nomas que preste apoyo a los Ayuntamientos en los asuntos relacionados en el apartado 3 tendr谩 la consideraci贸n, a estos solos efectos, de personal al servicio de los mismos, con sus obligadas consecuencias en cuanto a r茅gimen de recursos y responsabilidad personales y patrimoniales.
1. El Estado ejercer谩 la Alta Inspecci贸n como funci贸n de garant铆a y verificaci贸n del cumplimiento de las competencias estatales y de las Comunidades Aut贸nomas en materia de sanidad, de acuerdo con lo establecido en la Constituci贸n y en las leyes.
2. Son actividades propias de la Alta Inspecci贸n:
a) Supervisar la adecuaci贸n entre los planes y programas sanitarios de las Comunidades Aut贸nomas y los objetivos de car谩cter general establecidos por el Estado.
b) Evaluar el cumplimiento de fines y objetivos comunes y determinar las dificultades o deficiencias gen茅ricas o estructurales que impidan alcanzar o distorsionen el funcionamiento de un sistema sanitario coherente, arm贸nico y solidario.
c) Supervisar el destino y utilizaci贸n de los fondos y subvenciones propios del Estado asignados a las Comunidades Aut贸nomas que tengan un destino o finalidad determinada.
d) Comprobar que los fondos correspondientes a los Servicios de Salud de las Comunidades Aut贸nomas son utilizados de acuerdo con los principios generales de la presente Ley.
e) Supervisar la adscripci贸n a fines sanitarios de centros, servicios o establecimientos del Estado transferidos con dicha finalidad, sin perjuicio de las reordenaciones que puedan acordar las correspondientes Comunidades Aut贸nomas y, en su caso, las dem谩s Administraciones P煤blicas.
f) Verificar la inexistencia de cualquier tipo de discriminaci贸n en los sistemas de administraci贸n y reg铆menes de prestaci贸n de los servicios sanitarios, as铆 como en los sistemas o procedimientos de selecci贸n y provisi贸n de sus puestos de trabajo.
g) Supervisar que el ejercicio de las competencias en materia de sanidad se ajusta a criterios de participaci贸n democr谩tica de todos los interesados. A tal efecto se estar谩 a lo dispuesto en el art铆culo 5.2 de la presente Ley.
3. Las funciones de Alta Inspecci贸n se ejercer谩n por los 贸rganos del Estado competentes en materia de sanidad. Los funcionarios de la Administraci贸n del Estado que ejerzan la Alta Inspecci贸n gozar谩n de la consideraci贸n de autoridad p煤blica a todos los efectos, y en sus actuaciones podr谩n recabar de las autoridades del Estado y de los 贸rganos de la Comunidad Aut贸noma y dem谩s Administraciones P煤blicas la colaboraci贸n necesaria para el cumplimiento de las funciones que les est茅n legalmente encomendadas.
4. Cuando como consecuencia del ejercicio de las funciones de Alta Inspecci贸n se comprueben incumplimientos por parte de la Comunidad Aut贸noma, las autoridades sanitarias del Estado advertir谩n de esta circunstancia a la misma a trav茅s del Delegado del Gobierno.
5. Si una vez efectuada dicha advertencia se comprobase que persiste la situaci贸n de incumplimiento, el Gobierno, de acuerdo con lo establecido en la Constituci贸n, requerir谩 formalmente al 贸rgano competente de la Comunidad Aut贸noma para que adopte las medidas precisas.
6. Las decisiones que adopte la Administraci贸n del Estado en ejercicio de sus competencias de Alta Inspecci贸n, se comunicar谩n siempre al m谩ximo 贸rgano responsable del Servicio de Salud de cada Comunidad Aut贸noma.
1. Todas las estructuras y servicios p煤blicos al servicio de la salud integrar谩n el Sistema Nacional de Salud.
2. El Sistema Nacional de Salud es el conjunto de los Servicios de Salud de la Administraci贸n del Estado y de los Servicios de Salud de las Comunidades Aut贸nomas en los t茅rminos establecidos en la presente Ley.
El Sistema Nacional de Salud integra todas las funciones y prestaciones sanitarias que, de acuerdo con lo previsto en la presente Ley, son responsabilidad de los poderes p煤blicos para el debido cumplimiento del derecho a la protecci贸n de la salud.
Son caracter铆sticas fundamentales del Sistema Nacional de Salud:
a) La extensi贸n de sus servicios a toda la poblaci贸n.
b) La organizaci贸n adecuada para prestar una atenci贸n integral a la salud, comprensiva tanto de la promoci贸n de la salud y prevenci贸n de la enfermedad como de la curaci贸n y rehabilitaci贸n.
c) La coordinaci贸n y, en su caso, la integraci贸n de todos los recursos sanitarios p煤blicos en un dispositivo 煤nico.
d) La financiaci贸n de las obligaciones derivadas de esta Ley se realizar谩 mediante recursos de las Administraciones P煤blicas, cotizaciones y tasas por la prestaci贸n de determinados servicios.
e) La prestaci贸n de una atenci贸n integral de la salud procurando altos niveles de calidad debidamente evaluados y controlados.
1. Se crea el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que estar谩 integrado por un representante de cada una de las Comunidades Aut贸nomas y por igual n煤mero de miembros de la Administraci贸n del Estado.
2. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ser谩 el 贸rgano permanente de comunicaci贸n e informaci贸n de los distintos Servicios de Salud, entre ellos y con la Administraci贸n estatal, y coordinar谩, entre otros aspectos, las l铆neas b谩sicas de la pol铆tica de adquisiciones, contrataciones de productos farmac茅uticos, sanitarios y de otros bienes y servicios, as铆 como los principios b谩sicos de la pol铆tica de personal.
3. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ejercer谩 tambi茅n las funciones en materia de planificaci贸n que esta Ley le atribuye.
Asimismo ejercer谩 las funciones que le puedan ser confiadas para la debida coordinaci贸n de los servicios sanitarios.
4. Ser谩 Presidente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el Ministro de Sanidad y Consumo.
5. A los efectos previstos en el art铆culo 5.2 de esta Ley, se crea un Comit茅 Consultivo vinculado con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud al que se refieren los apartados anteriores, integrado paritariamente por representantes de las organizaciones empresariales y sindicales m谩s representativas.
El Estado y las Comunidades Aut贸nomas podr谩n constituir comisiones y comit茅s t茅cnicos, celebrar convenios y elaborar los programas en com煤n que se requieran para la mayor eficacia y rentabilidad de los Servicios Sanitarios.
Las Comunidades Aut贸nomas deber谩n organizar sus Servicios de Salud de acuerdo con los principios b谩sicos de la presente Ley.
1. En cada Comunidad Aut贸noma se constituir谩 un Servicio de Salud integrado por todos los centros, servicios y establecimientos de la propia Comunidad, Diputaciones, Ayuntamientos y cualesquiera otras Administraciones territoriales intracomunitarias, que estar谩 gestionado, como se establece en los art铆culos siguientes, bajo la responsabilidad de la respectiva Comunidad Aut贸noma.
2. No obstante el car谩cter integrado del Servicio, cada Administraci贸n Territorial podr谩 mantener la titularidad de los centros y establecimientos dependientes de la misma, a la entrada en vigor de la presente Ley, aunque, en todo caso, con adscripci贸n funcional al Servicio de Salud de cada Comunidad Aut贸noma.
1. Los Servicios de Salud que se creen en las Comunidades Aut贸nomas se planificar谩n con criterios de racionalizaci贸n de los recursos, de acuerdo con las necesidades sanitarias de cada territorio. La base de la planificaci贸n ser谩 la divisi贸n de todo el territorio en demarcaciones geogr谩ficas, al objeto de poner en pr谩ctica los principios generales y las atenciones b谩sicas a la salud que se enuncian en esta Ley.
2. La ordenaci贸n territorial de los Servicios ser谩 competencia de las Comunidades Aut贸nomas y se basar谩 en la aplicaci贸n de un concepto integrado de atenci贸n a la salud.
3. Las Administraciones territoriales intracomunitarias no podr谩n crear o establecer nuevos centros o servicios sanitarios, sino de acuerdo con los planes de salud de cada Comunidad Aut贸noma y previa autorizaci贸n de la misma.
Las Comunidades Aut贸nomas, en ejercicio de las competencias asumidas en sus Estatutos, dispondr谩n acerca de los 贸rganos de gesti贸n y control de sus respectivos Servicios de Salud, sin perjuicio de lo que en esta Ley se establece.
1. Las Comunidades Aut贸nomas ajustar谩n el ejercicio de sus competencias en materia sanitaria a criterios de participaci贸n democr谩tica de todos los interesados, as铆 como de los representantes sindicales y de las organizaciones empresariales.
2. Con el fin de articular la participaci贸n en el 谩mbito de las Comunidades Aut贸nomas, se crear谩 el Consejo de Salud de la Comunidad Aut贸noma. En cada 脕rea, la Comunidad Aut贸noma deber谩 constituir, asimismo, 贸rganos de participaci贸n en los servicios sanitarios.
3. En 谩mbitos territoriales diferentes de los referidos en el apartado anterior, la Comunidad Aut贸noma deber谩 garantizar una efectiva participaci贸n.
Cada Comunidad Aut贸noma elaborar谩 un Plan de Salud que comprender谩 todas las acciones sanitarias necesarias para cumplir los objetivos de sus Servicios de Salud.
El Plan de Salud de cada Comunidad Aut贸noma, que se ajustar谩 a los criterios generales de coordinaci贸n aprobados por el Gobierno, deber谩 englobar el conjunto de planes de las diferentes 脕reas de Salud.
1. Dentro de su 谩mbito de competencias, las correspondientes Comunidades Aut贸nomas regular谩n la organizaci贸n, funciones, asignaci贸n de medios personales y materiales de cada uno de los Servicios de Salud, en el marco de lo establecido en el cap铆tulo VI de este t铆tulo.
2. Las Corporaciones Locales que a la entrada en vigor de la presente Ley vinieran desarrollando servicios hospitalarios, participar谩n en la gesti贸n de los mismos, elevando propuesta de definici贸n de objetivos y fines, as铆 como de presupuestos anuales. Asimismo elevar谩n a la Comunidad Aut贸noma propuesta en tema para el nombramiento del Director del Centro Hospitalario.
1. Las Comunidades Aut贸nomas delimitar谩n y constituir谩n en su territorio demarcaciones denominadas 脕reas de Salud, debiendo tener en cuenta a tal efecto los principios b谩sicos que en esta Ley se establecen, para organizar un sistema sanitario coordinado e integral.
2. Las 脕reas de Salud son las estructuras fundamentales del sistema sanitario, responsabilizadas de la gesti贸n unitaria de los centros y establecimientos del Servicio de Salud de la Comunidad Aut贸noma en su demarcaci贸n territorial y de las prestaciones sanitarias y programas sanitarios a desarrollar por ellos.
En todo caso, las 脕reas de Salud deber谩n desarrollar las siguientes actividades:
a) En el 谩mbito de la atenci贸n primaria de salud, mediante f贸rmulas de trabajo en equipo, se atender谩 al individuo, la familia y la comunidad; desarroll谩ndose, mediante programas, funciones de promoci贸n de la salud, prevenci贸n, curaci贸n y rehabilitaci贸n, a trav茅s tanto de sus medios b谩sicos como de los equipos de apoyo a la atenci贸n primaria.
b) En el nivel de atenci贸n especializada, a realizar en los hospitales y centros de especialidades dependientes funcionalmente de aqu茅llos, se prestar谩 la atenci贸n de mayor complejidad a los problemas de salud y se desarrollar谩n las dem谩s funciones propias de los hospitales.
3. Las 脕reas de Salud ser谩n dirigidas por un 贸rgano propio, donde deber谩n participar las Corporaciones Locales en ellas situadas con una representaci贸n no inferior al 40 por 100, dentro de las directrices y programas generales sanitarios establecidos por la Comunidad Aut贸noma.
4. Las 脕reas de Salud se delimitar谩n teniendo en cuenta factores geogr谩ficos, socioecon贸micos, demogr谩ficos, laborales, epidemiol贸gicos, culturales, climatol贸gicos y de dotaci贸n de v铆as y medios de comunicaci贸n, as铆 como las instalaciones sanitarias del 脕rea. Aunque puedan variar la extensi贸n territorial y el contingente de poblaci贸n comprendida en las mismas, deber谩n quedar delimitadas de manera que puedan cumplirse desde ellas los objetivos que en esta Ley se se帽alan.
5. Como regla general, y sin perjuicio de las excepciones a que hubiera lugar, atendidos los factores expresados en el apartado anterior, el 脕rea de Salud extender谩 su acci贸n a una poblaci贸n no inferior a 200.000 habitantes ni superior a 250.000. Se except煤an de la regla anterior las Comunidades Aut贸nomas de Baleares y Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla, que podr谩n acomodarse a sus espec铆ficas peculiaridades. En todo caso, cada provincia tendr谩, como m铆nimo, un 脕rea.
Las 脕reas de Salud contar谩n, como m铆nimo, con los siguientes 贸rganos:
1.掳 De participaci贸n: El Consejo de Salud de 脕rea.
2.掳 De direcci贸n: El Consejo de Direcci贸n de 脕rea.
3.掳 De gesti贸n: El Gerente de 脕rea.
1. Los Consejos de Salud de 脕rea son 贸rganos colegiados de participaci贸n comunitaria para la consulta y el seguimiento de la gesti贸n, de acuerdo con lo enunciado en el art铆culo 5.2 de la presente Ley.
2. Los Consejos de Salud de 脕rea estar谩n constituidos por:
a) La representaci贸n de los ciudadanos a trav茅s de las Corporaciones Locales comprendidas en su demarcaci贸n, que supondr谩 el 50 por 100 de sus miembros.
b) Las organizaciones sindicales m谩s representativas, en una proporci贸n no inferior al 25 por 100, a trav茅s de los profesionales sanitarios titulados.
c) La Administraci贸n Sanitaria del 脕rea de Salud.
3. Ser谩n funciones del Consejo de Salud:
a) Verificar la adecuaci贸n de las actuaciones en el 脕rea de Salud a las normas y directrices de la pol铆tica sanitaria y econ贸mica.
b) Orientar las directrices sanitarias del 脕rea, a cuyo efecto podr谩n elevar mociones e informes a los 贸rganos de direcci贸n.
c) Proponer medidas a desarrollar en el 脕rea de Salud para estudiar los problemas sanitarios espec铆ficos de la misma, as铆 como sus prioridades.
d) Promover la participaci贸n comunitaria en el seno del Arca de Salud.
e) Conocer e informar el anteproyecto del Plan de Salud del 脕rea y de sus adaptaciones anuales.
f) Conocer e informar la Memoria anual del 脕rea de Salud.
4. Para dar cumplimiento a lo previsto en los apartados anteriores, los Consejos de Salud del 脕rea podr谩n crear 贸rganos de participaci贸n de car谩cter sectorial.
1. Al Consejo de Direcci贸n del 脕rea de Salud corresponde formular las directrices en pol铆tica de salud y controlar la gesti贸n del 脕rea, dentro de las normas y programas generales establecidos por la Administraci贸n auton贸mica.
2. El Consejo de Direcci贸n estar谩 formado por la representaci贸n de la Comunidad Aut贸noma, que supondr谩 el 60 por 100 de los miembros de aqu茅l, y los representantes de las Corporaciones Locales, elegidos por quienes ostenten tal condici贸n en el Consejo de Salud.
3. Ser谩n funciones del Consejo de Direcci贸n:
a) La propuesta de nombramiento y cese del gerente del 脕rea de Salud.
b) La aprobaci贸n del proyecto del Plan de Salud del 脕rea, dentro de las normas, directrices y programas generales establecidos por la Comunidad Aut贸noma.
c) La aprobaci贸n de la Memoria anual del 脕rea de salud.
d) El establecimiento de los criterios generales de coordinaci贸n en el 脕rea de Salud.
e) La aprobaci贸n de las prioridades especificas del 脕rea de Salud.
f) La aprobaci贸n del anteproyecto y de los ajustes anuales del Plan de Salud del 脕rea.
g) La elaboraci贸n del Reglamento del Consejo de Direcci贸n y del Consejo de Salud del 脕rea, dentro de las directrices generales que establezca la Comunidad Aut贸noma.
1. El Gerente del 脕rea de salud ser谩 nombrado y cesado por la Direcci贸n del Servicio de Salud de la Comunidad Aut贸noma, a propuesta del Consejo de Direcci贸n del 脕rea.
2. El Gerente del 脕rea de Salud es el 贸rgano de gesti贸n de la misma. Podr谩, previa convocatoria, asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones del Consejo de Direcci贸n.
3. El Gerente del 脕rea de Salud ser谩 el encargado de la ejecuci贸n de las directrices establecidas por el Consejo de Direcci贸n, de las propias del Plan de Salud del 脕rea y de las normas correspondientes a la Administraci贸n auton贸mica y del Estado. Asimismo presentar谩 los anteproyectos del Plan de Salud y de sus adaptaciones anuales y el proyecto de Memoria Anual del 脕rea de Salud.
En cada 脕rea de Salud debe procurarse la m谩xima integraci贸n de la informaci贸n relativa a cada paciente, por lo que el principio de historia cl铆nico-sanitaria 煤nica por cada uno deber谩 mantenerse, al menos, dentro de los l铆mites de cada instituci贸n asistencial. Estar谩 a disposici贸n de los enfermos y de los facultativos que directamente est茅n implicados en el diagn贸stico y el tratamiento del enfermo, as铆 como a efectos de inspecci贸n m茅dica o para fines cient铆ficos, debiendo quedar plenamente garantizados el derecho del enfermo a su intimidad personal y familiar y el deber de guardar el secreto por quien, en virtud de sus competencias, tenga acceso a la historia cl铆nica. Los poderes p煤blicos adoptar谩n las medidas precisas pan garantizar dichos derechos y deberes.
1. Para conseguir la m谩xima operatividad y eficacia en el funcionamiento de los servicios a nivel primario, las 脕reas de Salud se dividir谩n en zonas b谩sicas de salud.
2. En la delimitaci贸n de las zonas b谩sicas deber谩n tenerse en cuenta:
a) Las distancias m谩ximas de las agrupaciones de poblaci贸n m谩s alejadas de los servicios y el tiempo normal a invertir en su recorrido usando los medios ordinarios.
b) El grado de concentraci贸n o dispersi贸n de la poblaci贸n.
c) Las caracter铆sticas epidemiol贸gicas de la zona.
d) Las instalaciones y recursos sanitarios de la zona.
La zona b谩sica de salud es el marco territorial de la atenci贸n primaria de salud donde desarrollan las actividades sanitarias los Centros de Salud, centros integrales de atenci贸n primaria.
Los Centros de Salud desarrollar谩n de forma integrada y mediante el trabajo en equipo todas las actividades encaminadas a la promoci贸n, prevenci贸n, curaci贸n y rehabilitaci贸n de la salud, tanto individual como colectiva, de los habitantes de la zona b谩sica, a cuyo efecto, ser谩n dotados de los medios personales y materiales que sean precisos para el cumplimiento de dicha funci贸n.
Como medio de apoyo t茅cnico para desarrollar la actividad preventiva, existir谩 un Laboratorio de Salud encargado de realizar las determinaciones de los an谩lisis higi茅nico-sanitarios del medio ambiente, higiene alimentaria y zoonosis.
El Centro de Salud tendr谩 las siguientes funciones:
a) Albergar la estructura f铆sica de consultas y servicios asistenciales personales correspondientes a la poblaci贸n en que se ubica.
b) Albergar los recursos materiales precisos para la realizaci贸n de las exploraciones complementarias de que se pueda disponer en la zona.
c) Servir como centro de reuni贸n entre la comunidad y los profesionales sanitarios.
d) Facilitar el trabajo en equipo de los profesionales sanitarios de la zona.
e) Mejorar la organizaci贸n administrativa de la atenci贸n de salud en su zona de influencia.
1. Cada 脕rea de Salud estar谩 vinculada o dispondr谩, al menos, de un hospital general, con los servicios que aconseje la poblaci贸n a asistir, la estructura de 茅sta y los problemas de salud.
2. El hospital es el establecimiento encargado tanto del internamiento cl铆nico como de la asistencia especializada y complementaria que requiera su zona de influencia.
3. En todo caso, se establecer谩n medidas adecuadas para garantizar la interrelaci贸n entre los diferentes niveles asistenciales.
1. Formar谩 parte de la pol铆tica sanitaria de todas las Administraciones P煤blicas la creaci贸n de una red integrada de hospitales del sector p煤blico.
Los hospitales generales piel sector privado que lo soliciten ser谩n vinculados al Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con un protocolo definido, siempre que por sus caracter铆sticas t茅cnicas sean homologables, cuando las necesidades asistenciales lo justifiquen y si las disponibilidades econ贸micas del sector p煤blico lo permiten.
2. Los protocolos ser谩n objeto de revisi贸n peri贸dica.
3. El sector privado vinculado mantendr谩 la titularidad de centros y establecimientos dependientes del mismo, as铆 como la titularidad de las relaciones laborales del personal que en ellos preste sus servicios.
1. La vinculaci贸n a la red p煤blica de los hospitales a que se refiere el art铆culo anterior se realizar谩 mediante convenios singulares.
2. El Convenio establecer谩 los derechos y obligaciones rec铆procas en cuanto a duraci贸n, pr贸rroga, suspensi贸n temporal, extinci贸n definitiva del mismo, r茅gimen econ贸mico, n煤mero de camas hospitalarias y dem谩s condiciones de prestaci贸n de la asistencia sanitaria, de acuerdo con las disposiciones que se dicten para el desarrollo de esta Ley. El r茅gimen de jornada de los hospitales a que se refiere este apanado ser谩 el mismo que el de los hospitales p煤blicos de an谩loga naturaleza en el correspondiente 谩mbito territorial.
3. En cada Convenio que se establezca de acuerdo con los apanados anteriores, quedar谩 asegurado que la atenci贸n sanitaria prestada por hospitales privados a los usuarios del Sistema Sanitario se imparte en condiciones de gratuidad, por lo que las actividades sanitarias de dicho hospital no podr谩n tener car谩cter lucrativo.
El cobro de cualquier cantidad a los enfermos en concepto de atenciones no sanitarias, cualquiera que sea la naturaleza de 茅stas, podr谩 ser establecido si previamente son autorizados por la Administraci贸n Sanitaria correspondiente el concepto y la cuant铆a que por 茅l se pretende cobrar.
4. Ser谩n causas de denuncia del Convenio por parle de la Administraci贸n Sanitaria competente las siguientes:
a) Prestar atenci贸n sanitaria objeto de Convenio contraviniendo el principio de gratuidad.
b) Establecer sin autorizaci贸n servicios complementarios no sanitarios o percibir por ellos cantidades no autorizadas.
c) Infringir las normas relativas a la jornada y al horario del personal del hospital establecidas en el apartado 2.
d) Infringir con car谩cter grave la legislaci贸n laboral de la Seguridad Social o fiscal.
e) Lesionar los derechos establecidos en los art铆culos 16, 18, 20 y 22 de la Constituci贸n cuando as铆 se determine por Sentencia.
f) Cualesquiera otras que se deriven de las obligaciones establecidas en la presente Ley.
5. Los hospitales privados vinculados con el Sistema Nacional de la Salud estar谩n sometidos a las mismas inspecciones y controles sanitarios, administrativos y econ贸micos que los hospitales p煤blicos, aplicando criterios homog茅neos. y previamente reglados.
Los centros hospitalarios desarrollar谩n, adem谩s de las tareas estrictamente asistenciales, funciones de promoci贸n de salud, prevenci贸n de las enfermedades e investigaci贸n y docencia, de acuerdo con los programas de cada 脕rea de Salud, con objeto de complementar sus actividades con las desarrolladas por la red de atenci贸n primaria.
1. En los Servicios sanitarios p煤blicos se tender谩 hacia la autonom铆a y control democr谩tico de su gesti贸n, implantando una direcci贸n participativa por objetivos.
2. La evaluaci贸n de la calidad de la asistencia prestada deber谩 ser un proceso continuado que informar谩 todas las actividades del personal de salud y de los servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud.
La Administraci贸n sanitaria establecer谩 sistemas de evaluaci贸n de calidad asistencial o铆das las Sociedades cient铆ficas sanitarias.
Los M茅dicos y dem谩s profesionales titulados del centro deber谩n participar en los 贸rganos encargados de la evaluaci贸n de la calidad asistencial del mismo.
3. Todos los Hospitales deber谩n posibilitar o facilitar a las unidades de control de calidad externo el cumplimiento de sus cometidos. Asimismo, establecer谩n los mecanismos adecuados para ofrecer un alto nivel de calidad asistencial.
1. El Estado y las Comunidades Aut贸nomas aprobar谩n planes de salud en el 谩mbito de sus respectivas competencias, en los que se prever谩n las inversiones y acciones sanitarias a desarrollar, anual o plurianualmente.
2. La Coordinaci贸n General Sanitaria incluir谩:
a) El establecimiento con car谩cter general de 铆ndices o criterios m铆nimos b谩sicos y comunes para evaluar las necesidades de personal, centros o servicios sanitarios, el inventario definitivo de recursos institucionales y de personal sanitario y los mapas sanitarios nacionales.
b) La determinaci贸n de fines u objetivos m铆nimos comunes en materia de prevenci贸n, protecci贸n, promoci贸n y asistencia sanitaria.
c) El marco de actuaciones y prioridades para alcanzar un sistema sanitario coherente, arm贸nico y solidario.
d) El establecimiento con car谩cter general de criterios m铆nimos b谩sicos y comunes de evaluaci贸n de la eficacia y rendimiento de los programas, centros o servicios sanitarios.
3. El Gobierno elaborar谩 los criterios generales de coordinaci贸n sanitaria de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las Comunidades Aut贸nomas y el asesoramiento y colaboraci贸n de los sindicatos y organizaciones empresariales.
4. Los criterios generales de coordinaci贸n aprobados por el Estado se remitir谩n a las Comunidades Aut贸nomas para que sean tenidos en cuenta por 茅stas en la formulaci贸n de sus planes de salud y de sus presupuestos anuales. El Estado comunicar谩. asimismo a las Comunidades Aut贸nomas los avances y previsiones de su nuevo presupuesto que puedan utilizarse para la financiaci贸n de los planes de salud de aqu茅llas.
1. El Estado y las Comunidades Aut贸nomas podr谩n establecer planes de salud conjuntos. Cuando estos planes conjuntos impliquen a todas las Comunidades Aut贸nomas, se formular谩n en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
2. Los planes conjuntos, una vez formulados, se tramitar谩n por el Departamento de Sanidad de la Administraci贸n del Estado y por el 贸rgano competente de las Comunidades Aut贸nomas, a los efectos de obtener su aprobaci贸n por los 贸rganos legislativos correspondientes, de acuerdo con lo establecido en el art铆culo 18 de la Ley org谩nica para la Financiaci贸n de las Comunidades Aut贸nomas.
Las Comunidades Aut贸nomas podr谩n establecer planes en materia de su competencia en los que se proponga una contribuci贸n financiera del Estado para su ejecuci贸n, de acuerdo con lo dispuesto en el art铆culo 158.1 de la Constituci贸n.
1. La coordinaci贸n general sanitaria se ejercer谩 por el Estado, fijando medios y sistemas de relaci贸n para facilitar la informaci贸n rec铆proca, la homogeneidad t茅cnica en determinados aspectos y la acci贸n conjunta de las Administraciones P煤blicas sanitarias en el ejercicio de sus respectivas competencias, de tal modo que se logre la integraci贸n de actos parciales en la globalidad del Sistema Nacional de Salud.
2. Como desarrollo de lo establecido en los planes o en el ejercicio de sus competencias ordinarias, el Estado y las Comunidades Aut贸nomas podr谩n elaborar programas sanitarios y proyectar acciones sobre los diferentes sectores o problemas de inter茅s para la salud.
1. El Plan Integrado de Salud, que deber谩 tener en cuenta los criterios de coordinaci贸n general sanitaria elaborados por el Gobierno de acuerdo con lo previsto en el art铆culo 70, recoger谩 en un documento 煤nico los planes estatales, los planes de las Comunidades Aut贸nomas y los planes conjuntos. Asimismo relacionar谩 las asignaciones a realizar por las diferentes Administraciones P煤blicas y las fuentes de su financiaci贸n.
2. El Plan Integrado de Salud tendr谩 el plazo de vigencia que en el mismo se determine.
1. A efectos de la confecci贸n del Plan Integrado de Salud, las Comunidades Aut贸nomas remitir谩n los proyectos de planes aprobados por los Organismos competentes de las mismas, de acuerdo con lo establecido en los art铆culos anteriores.
2. Una vez comprobada la adecuaci贸n de los Planes de Salud de las Comunidades Aut贸nomas a los criterios generales de coordinaci贸n, el Departamento de Sanidad de la Administraci贸n del Estado confeccionar谩 el Plan Integrado de Salud, que contendr谩 las especificaciones establecidas en el art铆culo 74 de la presente Ley.
1. El Plan Integrado de Salud se entender谩 definitivamente formulado una vez que tenga conocimiento del mismo el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que podr谩 hacer las observaciones y recomendaciones que estime pertinentes. Corresponder谩 al Gobierno la aprobaci贸n definitiva de dicho Plan.
2. La incorporaci贸n de los diferentes planes de salud estatales y auton贸micos al Plan Integrado de Salud implica la obligaci贸n correlativa de incluir en los presupuestos de los a帽os sucesivos las previsiones necesarias para su financiaci贸n, sin perjuicio de las adaptaciones que requiera la coyuntura presupuestaria.
1. El Estado y las Comunidades Aut贸nomas podr谩n hacer los ajustes y adaptaciones que vengan exigidos por la valoraci贸n de circunstancias o por las disfunciones observadas en la ejecuci贸n de sus respectivos planes.
2. Las modificaciones referidas ser谩n notificadas al Departamento de Sanidad de la Administraci贸n del Estado para su remisi贸n al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
3. Anualmente, las Comunidades Aut贸nomas informar谩n al Departamento de Sanidad de la Administraci贸n del Estado del grado de ejecuci贸n de sus respectivos planes. Dicho Departamento remitir谩 la citada informaci贸n, junto con la referente al grado de ejecuci贸n de los planes estatales, al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Los Presupuestos del Estado, Comunidades Aut贸nomas, Corporaciones Locales y Seguridad Social consignar谩n las partidas precisas para atender las necesidades sanitarias de todos los Organismos e Instituciones dependientes de las Administraciones P煤blicas y para el desarrollo de sus competencias.
1. La financiaci贸n de la asistencia prestada se realizar谩 con cargo a:
a) Cotizaciones sociales.
b) Transferencias del Estado, que abarcar谩n:
La participaci贸n en la contribuci贸n de aqu茅l al sostenimiento de la Seguridad Social.
La compensaci贸n por la extensi贸n de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social a aquellas personas sin recursos econ贸micos.
La compensaci贸n por la integraci贸n, en su caso, de los hospitales de las Corporaciones Locales en el Sistema Nacional de Salud.
c) Tasas por la prestaci贸n de determinados servicios.
d) Por aportaciones de las Comunidades Aut贸nomas y de las Corporaciones Locales.
2. La participaci贸n en la financiaci贸n de los servicios de las Corporaciones Locales que deban ser asumidos por las Comunidades Aut贸nomas se llevar谩 a efecto, por un lado, por las propias Corporaciones Locales y, por otro, con cargo al Fondo Nacional de Cooperaci贸n con las Corporaciones Locales.
Las Corporaciones Locales deber谩n establecer, adem谩s, en sus presupuestos las consignaciones precisas para atender a las responsabilidades sanitarias que la Ley les atribuye.
El Gobierno regular谩 el sistema de financiaci贸n de la cobertura de la asistencia sanitaria del sistema de la Seguridad Social para las personas no incluidas en la misma que, de tratarse de personas sin recursos econ贸micos, ser谩 en todo caso con cargo a transferencias estatales.
La generalizaci贸n del derecho a la protecci贸n de la salud y a la atenci贸n sanitaria que implica la homologaci贸n de las atenciones y prestaciones del sistema sanitario p煤blico se efectuar谩 mediante una asignaci贸n de recursos financieros que tengan en cuenta tanto la poblaci贸n a atender en cada Comunidad Aut贸noma como las inversiones sanitarias a realizar para corregir las desigualdades territoriales sanitarias, de acuerdo con lo establecido en el art铆culo 12.
La financiaci贸n de los servicios transferidos a las Comunidades Aut贸nomas se efectuar谩 a trav茅s de los Presupuestos Generales del Estado o de la Seguridad Social, seg煤n corresponda.
En el caso de aquellas Comunidades Aut贸nomas que tuvieran competencias para asumir las funciones de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, la financiaci贸n de estos servicios transferidos se realizar谩 siguiendo el criterio de poblaci贸n protegida. No obstante, antes de efectuar el reparto se determinar谩n, en primer lugar, los gastos presupuestarios necesarios para la atenci贸n de los servicios comunes estatales y los relativos a centros especiales que, por su car谩cter, sea preciso gestionar de forma centralizada.
La desviaci贸n, positiva o negativa, entre el porcentaje del gasto sanitario en el momento inicial y el porcentaje de la poblaci贸n protegida ser谩 anulada en el transcurso de diez a帽os al ritmo de un 10 por 100 anual.
Las Comunidades Aut贸nomas elaborar谩n anualmente el anteproyecto del presupuesto general de gastos de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social de los servicios transferidos.
Este anteproyecto se remitir谩 a los 贸rganos competentes de la Administraci贸n del Estado para su integraci贸n y adaptaci贸n a los recursos disponibles del Sistema de la Seguridad Social, present谩ndolo despu茅s a las Cortes Generales para su aprobaci贸n.
Los cr茅ditos iniciales ser谩n globalmente integrados en el presupuesto de cada ejercicio que se autoricen a favor de la Comunidad Aut贸noma y tendr谩n car谩cter limitativo. No obstante, el presupuesto liquidado a final de los servicios transferidos se afectar谩 en la proporci贸n adecuada, a partir del criterio de poblaci贸n protegida, a la desviaci贸n presupuestaria, positiva o negativa, habida en los servicios no transferidos, deducidos los gastos correspondientes a los servicios comunes estatales y los relativos proporcionalmente a centros especiales. Los compromisos de gastos que se adquieran por cuant铆a superior de su impone deber谩n ser financiados con recursos aportados por la propia Comunidad Aut贸noma, salvo que provengan de disposiciones vinculantes dictadas con car谩cter general para todo el territorio del Estado, cuyo cumplimiento lleve impl铆cito un incremento efectivo del gasto.
La compensaci贸n entre Comunidades Aut贸nomas por prestaciones de servicios se realizar谩 en base al pago por proceso y, en su defecto, por las tarifas establecidas con otros criterios.
Los ingresos procedentes de la asistencia sanitaria en los supuestos de seguros obligatorios especiales y en todos aquellos supuestos, asegurados o no, en que aparezca un tercero obligado al pago, tendr谩n la condici贸n de ingresos propios del Servicio de Salud correspondiente. Los gastos inherentes a la prestaci贸n de tales servicios no se financiar谩n con los ingresos de la Seguridad Social. En ning煤n caso estos ingresos podr谩n revertir en aquellos que intervinieron en la atenci贸n a estos pacientes.
A estos efectos, las Administraciones P煤blicas que hubieran atendido sanitariamente a los usuarios en tales supuestos tendr谩n derecho a reclamar del tercero responsable el coste de los servicios prestados.
1. El personal de la Seguridad Social regulado en el Estatuto Jur铆dico de Personal M茅dico de la Seguridad Social, en el Estatuto del Personal Sanitario Titulado y Auxiliar de Cl铆nica de la Seguridad Social, en el Estatuto del Personal no Sanitario al Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, el personal de las Entidades Gestoras que asuman los servicios no transferibles y los que desempe帽en su trabajo en los Servicios de Salud de las Comunidades Aut贸nomas, se regir谩n por lo establecido en el Estatuto-Marco que aprobar谩 el Gobierno en desarrollo de esta Ley, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el art铆culo 87 de esta Ley.
2. Este Estatuto-Marco contendr谩 la normativa b谩sica aplicable en materia de clasificaci贸n, selecci贸n, provisi贸n de puestos de trabajo y situaciones, derechos, deberes, r茅gimen disciplinario, incompatibilidades y sistema retributivo, garantizando la estabilidad en el empleo y su categor铆a profesional. En desarrollo de dicha normativa b谩sica, la concreci贸n de las funciones de cada estamento de los se帽alados en el apartado anterior se establecer谩 en sus respectivos Estatutos, que se mantendr谩n como tales.
3. Las normas de las Comunidades Aut贸nomas en materia de personal se ajustar谩n a lo previsto en dicho Estatuto-Marco. La selecci贸n de personal y su gesti贸n y administraci贸n se har谩 por las Administraciones responsables de los servicios a que est茅n adscritos los diferentes efectivos.
4. En las Comunidades Aut贸nomas con lengua oficial propia, en el proceso de selecci贸n de personal y de provisi贸n de puestos de trabajo de la Administraci贸n Sanitaria P煤blica, se tendr谩 en cuenta el conocimiento de ambas lenguas oficiales por parte del citado personal, en los t茅rminos del art铆culo 19 de la Ley 30/1984.
1. Los funcionarios al servicio de las distintas Administraciones P煤blicas, a efectos del ejercicio de sus competencias sanitarias, se regir谩n por la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y el resto de la legislaci贸n vigente en materia de funcionarios.
2. Igualmente, las Comunidades Aut贸nomas, en el ejercicio de sus competencias, podr谩n dictar normas de desarrollo de la legislaci贸n b谩sica del r茅gimen estatutario de estos funcionarios.
El ejercicio de la labor del personal sanitario deber谩 organizarse de forma que se estimule en los mismos la valoraci贸n del estado de salud de la poblaci贸n y se disminuyan las necesidades de atenciones reparadoras de la enfermedad.
Los recursos humanos pertenecientes a los Servicios del 脕rea se considerar谩n adscritos a dicha unidad de gesti贸n, garantizando la formaci贸n y perfeccionamiento continuados del personal sanitario adscrito al 脕rea.
El personal podr谩 ser cambiado de puesto por necesidades imperativas de la organizaci贸n sanitaria, con respeto de todas las condiciones laborales y econ贸micas dentro del 脕rea de Salud.
Se reconoce el derecho al ejercicio libre de las profesiones sanitarias, de acuerdo con lo establecido en los art铆culos 35 y 36 de la Constituci贸n.
Se reconoce la libertad de empresa en el sector sanitario, conforme al art铆culo 38 de la Constituci贸n.
1. Las Administraciones P煤blicas Sanitarias, en el 谩mbito de sus respectivas competencias, podr谩n establecer conciertos para la prestaci贸n de servicios sanitarios con medios ajenos a ellas.
A tales efectos, las distintas Administraciones P煤blicas tendr谩n en cuenta, con car谩cter previo, la utilizaci贸n 贸ptima de sus recursos sanitarios propios.
2. A los efectos de establecimiento de conciertos, las Administraciones P煤blicas dar谩n prioridad, cuando existan an谩logas condiciones de eficacia, calidad y costes, a los establecimientos, centros y servicios sanitarios de los que sean titulares entidades que tengan car谩cter no lucrativo.
3. Las Administraciones P煤blicas Sanitarias no podr谩n concertar con terceros la prestaci贸n de atenciones sanitarias, cuando ello pueda contradecir los objetivos sanitarios, sociales y econ贸micos establecidos en los correspondientes planes de salud.
4. Las Administraciones P煤blicas dentro del 谩mbito de sus competencias fijar谩n los requisitos y las condiciones m铆nimas, b谩sicas y comunes, aplicables a los conciertos a que se refieren los apartados anteriores. Las condiciones econ贸micas se establecer谩n en base a m贸dulos de costes efectivos, previamente establecidos y revisables por la Administraci贸n.
5. Los centros sanitarios susceptibles de ser concertados por las Administraciones P煤blicas Sanitarias deber谩n ser previamente homologados por aqu茅llas, de acuerdo con un protocolo definido por la Administraci贸n competente, que podr谩 ser revisado peri贸dicamente.
6. En cada concierto que se establezca, adem谩s de los derechos y obligaciones rec铆procas de las partes, quedar谩 asegurado que la atenci贸n sanitaria y de todo tipo que se preste a los usuarios afectados por el concierto ser谩 la misma para todos sin otras diferencias que las sanitarias inherentes a la naturaleza propia de los distintos procesos sanitarios, y que no se establecer谩n servicios complementarios respecto de los que existan en los centros sanitarios p煤blicos dependientes de la Administraci贸n P煤blica concertante.
1. Los centros y establecimientos sanitarios, sean o no propiedad de las distintas Administraciones P煤blicas, podr谩n percibir, con car谩cter no peri贸dico, subvenciones econ贸micas u otros beneficios o ayudas con cargo a fondos p煤blicos, para la realizaci贸n de actividades sanitarias calificadas de alto inter茅s social.
2. En ning煤n caso los fondos a que se refiere el apartado anterior podr谩n ser aplicados a la financiaci贸n de las actividades ordinarias de funcionamiento del centro o establecimiento al que se le hayan concedido.
3. La concesi贸n de estas ayudas y su aceptaci贸n por la entidad titular del centro o establecimiento sanitario estar谩 sometida a las inspecciones y controles necesarios para comprobar que los fondos p煤blicos han sido aplicados a la realizaci贸n de la actividad para la que fueron concedidos y que su aplicaci贸n ha sido gestionada t茅cnica y econ贸micamente de forma correcta.
4. El Gobierno dictar谩 un Real Decreto para determinar las condiciones m铆nimas y requisitos m铆nimos, b谩sicos y comunes, exigibles para que una actividad sanitaria pueda ser calificada de alto inter茅s social, y ser apoyada econ贸micamente con fondos p煤blicos.
1. La Administraci贸n Sanitaria facilitar谩 la libre actividad de las Asociaciones de usuarios de la Sanidad, de las Entidades sin 谩nimo de lucro y Cooperativas de tipo sanitario, de acuerdo con la legislaci贸n aplicable, propiciando su actuaci贸n coordinada con el sistema sanitario p煤blico.
2. No podr谩n acogerse a los beneficios a que diere lugar tal reconocimiento las Asociaciones o Entidades en las que concurra alguna de estas circunstancias:
a) Incluir como asociados a personas jur铆dicas con 谩nimo de lucro.
b) Percibir ayudas o subvenciones de las Empresas o agrupaciones de Empresas que suministran bienes o productos a los consumidores o usuarios.
c) Realizar publicidad comercial o no meramente informativa de servicios.
d) Dedicarse a actividades distintas de la defensa de los intereses de los consumidores o usuarios, sin perjuicio de las prestaciones que obligatoriamente deben proporcionar a sus socios las Entidades cooperativas.
e) Actuar con manifiesta temeridad, judicialmente apreciada.
No podr谩n ser vinculados los hospitales y establecimientos del sector privado en el Sistema Nacional de Salud, ni se podr谩n establecer conciertos con centros sanitarios privados, cuando en alguno de sus propietarios o en alguno de sus trabajadores concurran las circunstancias que sobre incompatibilidades del sector p煤blico y el privado establezca la legislaci贸n sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones P煤blicas.
1. Los hospitales privados vinculados en la oferta p煤blica estar谩n sometidos a las mismas inspecciones y controles sanitarios, administrativos y econ贸micos que los hospitales p煤blicos.
2. La Administraci贸n P煤blica correspondiente ejercer谩 funciones de inspecci贸n sobre aspectos sanitarios, administrativos y econ贸micos relativos a cada enfermo atendido por cuenta de la Administraci贸n P煤blica en los centros privados concertados.
1. Corresponde a la Administraci贸n Sanitaria del Estado valorar la idoneidad sanitaria de los medicamentos y dem谩s productos y art铆culos sanitarios, tanto para autorizar su circulaci贸n y uso como para controlar su calidad.
2. Para la circulaci贸n y uso de los medicamentos y productos sanitarios que se les asimilen, se exigir谩 autorizaci贸n previa. Para los dem谩s productos y art铆culos sanitarios se podr谩 exigir autorizaci贸n previa individualizada o el cumplimiento de condiciones de homologaci贸n.
No podr谩n prescribirse y se reputar谩 clandestina la circulaci贸n de medicamentos o productos sanitarios no autorizados u homologados, con las responsabilidades administrativas y penales a que hubiere lugar.
3. S贸lo se autorizar谩n medicamentos seguros y eficaces con la debida calidad y pureza y elaborados por persona f铆sica o jur铆dica con capacidad suficiente.
4. El procedimiento de autorizaci贸n asegurar谩 que se satisfacen las garant铆as de eficacia, tolerancia, pureza, estabilidad e informaci贸n que marquen la legislaci贸n sobre medicamentos y dem谩s disposiciones que sean de aplicaci贸n. En especial se exigir谩 la realizaci贸n de ensayos cl铆nicos controlados.
5. Todas las personas calificadas que presten sus servicios en los Servicios sanitarios y de investigaci贸n y de desarrollo tecnol贸gico p煤blicos tienen el derecho de participar y el deber de colaborar en la evaluaci贸n y control de medicamentos y productos sanitarios.
1. La autorizaci贸n de los medicamentos y dem谩s productos sanitarios ser谩 temporal y, agotada su vigencia, deber谩 revalidarse. El titular deber谩 notificar anualmente su intenci贸n de mantenerlos en el mercado para que no se extinga la autorizaci贸n.
2. La autoridad sanitaria podr谩 suspenderla o revocada por causa grave de salud p煤blica.
La Administraci贸n Sanitaria del Estado, de acuerdo con los tratados internacionales de los que Espa帽a sea parte, otorgar谩 a los medicamentos una denominaci贸n oficial espa帽ola adaptada a las denominaciones comunes internacionales de la Organizaci贸n Mundial de la Salud, que ser谩 de dominio p煤blico y lo identificar谩 apropiadamente en la informaci贸n a ellos referida y en sus embalajes, envases y etiquetas.
Las marcas comerciales no podr谩n confundirse ni con las denominaciones oficiales espa帽olas ni con las comunes internacionales.
1. El Gobierno codificar谩 las normas de calidad de los medicamentos obligatorias en Espa帽a.
2. El Formulario Nacional contendr谩 las directrices seg煤n las cuales se preparar谩n, siempre con sustancias de acci贸n e indicaci贸n reconocidas, las f贸rmulas magistrales por los farmac茅uticos en sus oficinas de farmacia.
Los importadores, fabricantes y profesionales sanitarios tienen la obligaci贸n de comunicar los efectos adversos causados por medicamentos y otros productos sanitarios, cuando de ellos pueda derivarse un peligro para la vida o salud de los pacientes.
1. La Administraci贸n del Estado exigir谩 la licencia previa a las personas f铆sicas o jur铆dicas que se dediquen a la importaci贸n, elaboraci贸n, fabricaci贸n, distribuci贸n o exportaci贸n de medicamentos y otros productos sanitarios y a sus laboratorios y establecimientos. Esta licencia habr谩 de revalidarse peri贸dicamente.
2. La Administraci贸n del Estado establecer谩 normas de elaboraci贸n, fabricaci贸n, transporte y almacenamiento.
3. Los laboratorios fabricantes y los mayoristas contar谩n con un Director T茅cnico, Farmac茅utico o Titulado Superior suficientemente cualificado, de acuerdo con las directivas farmac茅uticas de la Comunidad Econ贸mica Europea.
1. La licencia de los medicamentos y dem谩s productos sanitarios y de las entidades a que se refiere el art铆culo 96, a su otorgamiento y anualmente, devengar谩n las tasas necesarias para cubrir los costes de su evaluaci贸n y control. Para evitar solicitudes especulativas de licencias, modificaciones y revalidaciones peri贸dicas, la Administraci贸n podr谩 exigir fianza antes de su admisi贸n a tr谩mite.
2. En la determinaci贸n del importe de las tasas y fianzas se tendr谩n en cuenta reglas objetivas tendentes a estimular la comercializaci贸n de medicamentos y productos sanitarios peculiares, para dar acceso al mercado a las Empresas medianas y peque帽as, por razones de pol铆tica industrial, o para fomentar el empleo.
1. La publicidad de medicamentos y otros productos sanitarios dirigida a los profesionales se ajustar谩 a las condiciones de su licencia y podr谩 ser sometida a un r茅gimen de autorizaci贸n previa 鈥or la Administraci贸n.
2. La publicidad de medicamentos y productos sanitarios 鈥irigida al p煤blico requerir谩 su calificaci贸n especial y autorizaci贸n previa de los mensajes por la autoridad sanitaria.
1. La custodia, conservaci贸n y dispensaci贸n de medicamentos corresponder谩:
a) A las oficinas de farmacia legalmente autorizadas.
b) A los servicios de farmacia de los hospitales, de los Centros de Salud y de las estructuras de Atenci贸n Primaria del Sistema Nacional de Salud para su aplicaci贸n dentro de dichas instituciones o para los que exijan una particular vigilancia, supervisi贸n y control del equipo multidisciplinario de atenci贸n a la salud.
2. Las oficinas de farmacia abiertas al p煤blico se consideran establecimientos sanitarios a los efectos previstos en el t铆tulo IV de esta Ley.
3. Las oficinas de farmacia estar谩n sujetas a la planificaci贸n sanitaria en los t茅rminos que establezca la legislaci贸n especial de medicamentos y farmacias.
4. S贸lo los farmac茅uticos podr谩n ser propietarios y titulares de las oficinas de farmacia abiertas al p煤blico.
1. Toda la estructura asistencial del sistema sanitario debe estar en disposici贸n de ser utilizada para la docencia pregraduada. postgraduada y continuada de los profesionales.
2. Para conseguir una mayor adecuaci贸n en la formaci贸n de los recursos humanos necesarios para el funcionamiento del sistema sanitario se establecer谩 la colaboraci贸n permanente entre el Departamento de Sanidad y los Departamentos que correspondan, en particular el de Educaci贸n y Ciencia, con objeto de velar porque toda la formaci贸n que reciban los profesionales de la salud pueda estar integrada en las estructuras de servicios del sistema sanitario.
3. Las Administraciones P煤blicas competentes en educaci贸n y sanidad establecer谩n el r茅gimen de conciertos entre las Universidades y las Instituciones Sanitarias en las que se debe impartir ense帽anza universitaria, a efectos de garantizar la docencia pr谩ctica de la Medicina y Enfermer铆a y otras ense帽anzas que as铆 lo exigieran.
Las bases generales del R茅gimen de Concierto prever谩n, lo preceptuado en el art铆culo 149.1.30 de la Constituci贸n.
4. Las Universidades deber谩n contar, al, menos, con un Hospital y tres Centros de Atenci贸n Primaria universitarios o con funci贸n universitaria para el ejercicio de la docencia y la investigaci贸n, concertados seg煤n se establezca por desarrollo del apartado anterior.
5. Dichos centros universitarios o con funciones universitarias deber谩n ser programados, en lo que afecta a la docencia y a la investigaci贸n, de manera coordinada por las autoridades universitarias y sanitarias, en el marco de sus competencias. A estos efectos, deber谩 preverse la participaci贸n de las Universidades en sus 贸rganos de gobierno.
6. Las Administraciones P煤blicas competentes en educaci贸n y sanidad promover谩n la revisi贸n permanente de las ense帽anzas en el campo sanitario para la mejor adecuaci贸n de los conocimientos profesionales a las necesidades de la sociedad espa帽ola. Asimismo, dichos Departamentos favorecer谩n la formaci贸n interdisciplinar en Ciencias de la Salud y la actualizaci贸n permanente de conocimientos.
1. En el marco de la planificaci贸n asistencial y docente de las Administraciones P煤blicas, el r茅gimen de concierto entre las Universidades y las Instituciones sanitarias podr谩 establecer la vinculaci贸n de determinadas plazas asistenciales de la Instituci贸n sanitaria con plazas docentes de los Cuerpos de Profesores de Universidad. Las plazas as铆 vinculadas se proveer谩n a trav茅s de un concurso, en el que podr谩n participar los candidatos que re煤nan los requisitos se帽alados en la Ley Org谩nica 11/1983, de Reforma Universitaria, que acrediten, adem谩s, la posesi贸n del t铆tulo de Especialista que proceda y las exigencias que, en cuanto a su cualificaci贸n asistencial, se determinen reglamentariamente. Los concursos ser谩n resueltos, seg煤n corresponda, en la forma que hace referencia el t铆tulo V de la Ley de Reforma Universitaria y sus disposiciones de desarrollo, con las siguientes particularidades:
a) El Gobierno, a propuesta de los Ministerios de Educaci贸n y Ciencia y de Sanidad y Consumo, regular谩 las Comisiones encargadas de resolver los concursos, que en todo caso habr谩n de contar con cinco miembros, de los que el Presidente y un Vocal ser谩n nombrados por la Universidad entre Profesores pertenecientes a los Cuerpos docentes universitarios del 谩rea de conocimiento a que corresponda la plaza. Los tres Vocales restantes ser谩n nombrados por la Universidad, uno designado por el Consejo de Universidades, mediante sorteo de entre Profesores pertenecientes a Cuerpos docentes universitarios del 谩rea de conocimiento respectiva, que ocupen plaza asistencial en cualquier Instituci贸n sanitaria: los dos restantes, previa designaci贸n de la Instituci贸n sanitaria correspondiente.
b) En la primera prueba de los concursos, las Comisiones deber谩n valorar los m茅ritos e historial acad茅mico e investigador y los propios de la labor asistencial de los candidatos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
c) El Gobierno podr谩 establecer, para determinadas plazas, la realizaci贸n de pruebas pr谩cticas.
2. Los conciertos podr谩n establecer asimismo un n煤mero de plazas de Profesores asociados que deber谩 cubrirse por personal asistencial que est茅 prestando servicios en la Instituci贸n sanitaria concertada. Este n煤mero no ser谩 tenido en cuenta a efectos del porcentaje a que se refiere el art铆culo 33.3 de la Ley de Reforma Universitaria. Estos Profesores asociados se regir谩n por lo establecido en dicha Ley de Reforma Universitaria y sus disposiciones de desarrollo, con las peculiaridades que reglamentariamente se establezcan en cuanto al r茅gimen temporal de sus contratos. Los Estatutos de la Universidad deber谩n recoger f贸rmulas espec铆ficas para regular la participaci贸n de estos Profesores en los 贸rganos de Gobierno de la Universidad.
3. Los conciertos podr谩n prever asimismo la existencia de un n煤mero de plazas de Ayudantes en las plantillas de las Universidades, que deber谩n cubrirse mediante concurso p煤blico entre profesionales de las 谩reas de la salud que est茅n en posesi贸n del t铆tulo de Especialista, sin que a 茅stos les sea de aplicaci贸n los requisitos previos para ser contratados y las previsiones en cuanto al t铆tulo de Doctor que se mencionan en el art铆culo 34.3 de la Ley de Reforma Universitaria.
4. Podr谩n acceder a los distintos t铆tulos de Especialistas los Ayudantes Doctores y los Profesores que cumplan las condiciones que reglamentariamente se establezcan en el marco de las necesidades asistenciales y docentes. El r茅gimen de conciertos deber谩 garantizar a los Ayudantes de Universidad y a los Profesores el cumplimiento de les requisitos antes mencionados.
1. Las actividades de investigaci贸n habr谩n de ser fomentadas en todo el sistema sanitario como elemento fundamental para el progreso del mismo.
2. La investigaci贸n en biomedicina y en ciencias de la salud habr谩 de desarrollarse principalmente en funci贸n de la pol铆tica nacional de investigaci贸n y la pol铆tica nacional de salud.
La investigaci贸n en ciencias de la salud ha de contribuir a la promoci贸n de la salud de la poblaci贸n. Esta investigaci贸n deber谩 considerar especialmente la realidad socio-sanitaria, las causas y mecanismos que la determinen, los modos y medios de intervenci贸n preventiva y curativa y la evaluaci贸n rigurosa de la eficacia, efectividad y eficiencia de las intervenciones.
1. Con el fin de programar, estimular, desarrollar, coordinar, gestionar, financiar y evaluar la investigaci贸n, los Departamentos de Sanidad del Estado y de las Comunidades Aut贸nomas podr谩n crear los Organismos de investigaci贸n que consideren oportunos, de acuerdo con la pol铆tica cient铆fica espa帽ola.
2. Deber谩n coordinarse los programas de investigaci贸n y de asignaci贸n a los mismos de recursos p煤blicos de cualquier procedencia, a efectos de conseguir la m谩xima productividad de las inversiones.
3. Los Organismos de investigaci贸n tendr谩n capacidad para establecer sus programas prioritarios y para acreditar unidades de investigaci贸n. Tendr谩n garantizada su autonom铆a y podr谩n proporcionarse financiaci贸n de acuerdo con los criterios generales sanitarios y de investigaci贸n.
En las 谩reas y objetivos prioritarios se desarrollar谩n programas espec铆ficos de formaci贸n de recursos para cubrir las respectivas necesidades. Se regular谩 la dedicaci贸n a la investigaci贸n de quienes participan en la informaci贸n, asistencia, docencia y administraci贸n.
En la financiaci贸n de la investigaci贸n se tendr谩n en cuenta los siguientes criterios:
a) Establecimiento de un presupuesto anual m铆nimo de investigaci贸n, consistente en un 1 por 100 de los presupuestos globales de salud, que se alcanzar谩 progresivamente a partir de la promulgaci贸n de la presente Ley.
b) Evaluaci贸n sanitaria y econ贸mica de las inversiones en investigaci贸n.
Corresponde a la Administraci贸n Sanitaria del Estado valorar la seguridad, eficacia y eficiencia de las tecnolog铆as relevantes para la salud y la asistencia sanitaria.
1. Se constituye, como 贸rgano de apoyo cient铆fico-t茅cnico del Departamento de Sanidad de la Administraci贸n del Estado y de los distintos Servicios de Salud de las Comunidades Aut贸nomas, el Instituto de Salud 芦Carlos III禄.
2. El Instituto de Salud 芦Carlos III禄 tendr谩 la naturaleza de Organismo aut贸nomo de la Administraci贸n del Estado, adscrito al Ministerio de Sanidad y Consumo.
1. La estructura, organizaci贸n y r茅gimen de funcionamiento del Instituto de Salud 芦Carlos III禄 se regular谩 por Real Decreto. En todo caso, contar谩 con un Consejo de Direcci贸n cuyo Presidente ser谩 el Ministro de Sanidad y Consumo.
2. El Instituto de Salud 芦Carlos III禄 desarrollar谩 sus funciones en coordinaci贸n con el Consejo Interterritorial de Salud a que se refiere el art铆culo 47 de la presente Ley y en colaboraci贸n con otras Administraciones P煤blicas. Tales funciones ser谩n:
a) Formaci贸n especializada del personal al servicio de la salud y gesti贸n sanitaria.
b) Microbiolog铆a, virolog铆a e inmunolog铆a.
c) Alimentaci贸n, metabolismo y nutrici贸n.
d) Control de medicamentos y productos sanitarios.
e) Sanidad ambiental.
0 Control de productos biol贸gicos.
g) Control sanitario de alimentos.
h) Control sanitario de productos qu铆micos potencialmente peligrosos.
i) Epidemiolog铆a y sistemas de informaci贸n.
j) Control de las enfermedades infecciosas e inmunol贸gicas.
k) Control de las enfermedades cr贸nicas.
l) Investigaci贸n cl铆nica.
m) Investigaciones sobre gen茅tica y reproducci贸n humana.
n) Ciencias sociales y econ贸micas aplicadas a la salud.
帽) Fomento y coordinaci贸n de las actividades de investigaci贸n biom茅dica y sanitaria, en el marco de la Ley de Fomento y Coordinaci贸n general de la investigaci贸n Cient铆fica y T茅cnica.
o) Educaci贸n sanitaria de la poblaci贸n.
p) Cualesquiera otras de inter茅s para el Sistema Nacional de Salud que le sean asignadas.
El Instituto de Salud 芦Carlos III禄, as铆 como los 贸rganos responsables de la sanidad de las Comunidades Aut贸nomas, podr谩n proponer al Ministerio de Sanidad y Consumo la designaci贸n como unidades asistenciales de referencia nacional a aquellas que alcancen el nivel sanitario de investigaci贸n y docencia que reglamentariamente se determine para acceder a tal condici贸n.
El Ministerio de Sanidad y Consumo dictar谩 las normas que regulen la concesi贸n de la acreditaci贸n de unidades de referencia nacional, el acceso a dichas unidades de los usuarios del sistema y el r茅gimen econ贸mico a ellas aplicable.
1. En los casos de la Comunidad Aut贸noma del Pa铆s Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra, la financiaci贸n de la asistencia sanitaria del Estado se regir谩, en tanto en cuanto afecte a sus respectivos sistemas de conciertos o convenios, por lo que establecen, respectivamente, su Estatuto de Autonom铆a y la Ley de Reintegraci贸n y Amejoramiento del Fuero.
2. En el caso de la Comunidad Aut贸noma del Pa铆s Vasco, no obstante lo dispuesto en el art铆culo 82, la financiaci贸n de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social que se transfiera, ser谩 la que se establezca en los convenios a que hace referencia la disposici贸n transitoria quinta del Estatuto de Autonom铆a del Pa铆s Vasco.
El Gobierno adoptar谩 los criterios b谩sicos m铆nimos y comunes en materia de informaci贸n sanitaria. Al objeto de desarrollar lo anterior, podr谩n establecerse convenios con las Comunidades Aut贸nomas.
Se regular谩, con la flexibilidad econ贸mico-presupuestaria que requiere la naturaleza comercial de sus operaciones, el 贸rgano encargado de la gesti贸n de los dep贸sitos de estupefacientes, seg煤n lo dispuesto en los tratados internacionales, la medicaci贸n extranjera y urgente no autorizada en Espa帽a, el dep贸sito estrat茅gico para emergencias y cat谩strofes, las adquisiciones para programas de cooperaci贸n internacional y los suministros de vacunas y otros que se precisen en el ejercicio de funciones competencia de la Administraci贸n del Estado.
La distribuci贸n y dispensaci贸n de medicamentos y productos zoosanitarios se regular谩 por su legislaci贸n correspondiente.
En el Sistema Nacional de Salud, a los efectos previstos en el art铆culo 10, apartado 14, y en el art铆culo 18.4, se financiar谩n con fondos p煤blicos los nuevos medicamentos y productos sanitarios m谩s eficaces o menos costosos que los ya disponibles. Podr谩n excluirse, en todo o en parte, de la financiaci贸n p煤blica, o someterse a condiciones especiales, los medicamentos y productos sanitarios ya disponibles, cuyas indicaciones sean sintomatol贸gicas, cuya eficacia no est茅 probada o los indicados para afecciones siempre que haya para ellos una alternativa terap茅utica mejor o igual y menos costosa.
1. Los centros sanitarios de la Seguridad Social quedar谩n integrados en el Servicio de Salud s贸lo en los casos en que la Comunidad Aut贸noma haya asumido competencias en materia de asistencia sanitaria de la Seguridad Social, de acuerdo con su Estatuto. En los restantes casos, la red sanitaria de la Seguridad Social se coordinar谩 con el Servicio de Salud de la Comunidad Aut贸noma.
2. La coordinaci贸n de los centros sanitarios de la Seguridad Social con los Servicios de Salud de las Comunidades Aut贸nomas que no hayan asumido competencias en materia de asistencia sanitaria de la Seguridad Social, se realizar谩 mediante una Comisi贸n integrada por representantes de la Administraci贸n del Estado y de la Comunidad Aut贸noma, cuyo Presidente ser谩 designado por el Estado en la forma que reglamentariamente se determine.
Los centros y establecimientos sanitarios que forman parte del patrimonio 煤nico de la Seguridad Social continuar谩n titulados a nombre de la Tesorer铆a General, sin perjuicio de su adscripci贸n funcional a las distintas Administraciones P煤blicas Sanitarias.
1. A los efectos de aplicaci贸n del cap铆tulo VI del t铆tulo III de esta Ley se entender谩 comprendido el personal sanitario y no sanitario de la Seguridad Social a que hace referencia la disposici贸n transitoria cuarta de la Ley de Medidas para la Reforma de la Funci贸n P煤blica.
2. En cuanto al personal funcionario al servicio de la Seguridad Social regulado en la disposici贸n transitoria tercera de la Ley de Medidas para la Reforma de la Funci贸n P煤blica se estar谩 a lo dispuesto en esta norma.
1. El Gobierno aprobar谩 por Real Decreto, en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el procedimiento y los plazos para la formaci贸n de los Planes Integrados de Salud.
2. Para la formaci贸n del primer Plan Integrado de Salud, el Departamento de Sanidad de la Administraci贸n del Estado deber谩 poner en conocimiento de las Comunidades Aut贸nomas los criterios generales de coordinaci贸n y dem谩s circunstancias a que alude el art铆culo 70 de la presente Ley en el plazo m谩ximo de dieciocho meses, contados a partir de la entrada en vigor de la misma.
El nombramiento como directores t茅cnicos de extranjeros, al que alude el art铆culo 100.3, s贸lo se autorizar谩 cuando as铆 lo establezcan los tratados internacionales suscritos por Espa帽a y los espa帽oles gocen de reciprocidad en el pa铆s del que aqu茅llos sean nacionales.
1. Las Corporaciones Locales que en la actualidad disponen de servicios y establecimientos sanitarios que lleven a cabo actuaciones que en la presente Ley se adscriban a los Servicios de Salud de las Comunidades Aut贸nomas, establecer谩n de mutuo acuerdo con los Gobiernos de las Comunidades Aut贸nomas un proceso de transferencia de los mismos.
2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, la adscripci贸n funcional a que se refiere el art铆culo 50.2 de la presente Ley se producir谩 en la misma fecha en que queden constituidos los Servicios de Salud de las Comunidades Aut贸nomas. Desde este instante, las Comunidades Aut贸nomas financiar谩n con sus propios presupuestos el coste efectivo de los establecimientos y servicios que queden adscritos a sus Servicios de Salud.
3. Las Corporaciones Locales y las Comunidades Aut贸nomas podr谩n establecer acuerdos a efectos de la financiaci贸n de las inversiones nuevas y las de conservaci贸n, mejora y sustituci贸n de los establecimientos.
4. En todo caso, hasta tanto entre en vigor el r茅gimen definitivo de financiaci贸n de las Comunidades Aut贸nomas las Corporaciones Locales contribuir谩n a la financiaci贸n de los Servicios de Salud de aqu茅llas en una cantidad igual a la asignada en sus presupuestos, que se actualizar谩 anualmente para la financiaci贸n de los establecimientos adscritos funcionalmente a dichos servicios. No se considerar谩n, a estos efectos, las cantidades que puedan proceder de conciertos con el Instituto Nacional de la Salud.
5. Las cantidades correspondientes a los conciertos a que se refiere el apartado anterior se asignar谩n directamente a las Comunidades Aut贸nomas cuando se produzca la adscripci贸n funcional de los establecimientos de acuerdo con lo previsto en el apanado 2 de la presente disposici贸n transitoria.
El Gobierno, teniendo en cuenta el car谩cter extraterritorial del trabajo mar铆timo, determinar谩 en su momento la oportuna coordinaci贸n de los servicios sanitarios gestionados por el Instituto Social de la Marina con los distintos Servicios de Salud.
1. El Instituto Nacional de la Salud continuar谩 subsistiendo y ejerciendo las funciones que tiene atribuidas, en tanto no se haya culminado el proceso de transferencias a las Comunidades Aut贸nomas con competencia en la materia.
2. Las Comunidades Aut贸nomas deber谩n acordar la creaci贸n, organizaci贸n y puesta en funcionamiento de sus Servicios de Salud en el plazo m谩ximo de doce meses, a partir del momento en que quede culminado el proceso de transferencias de servicios que corresponda a sus competencias estatutarias.
3. En los casos en que las Comunidades Aut贸nomas no cuenten con competencias suficientes en materia de Sanidad para adaptar plenamente el funcionamiento de sus Servicios de Salud a lo establecido en la presente Ley, el Estado celebrar谩 con aqu茅llas acuerdos y convenios para la implantaci贸n paulatina de lo establecido en la misma y para conseguir un funcionamiento integrado de los servicios sanitarios.
Las posibles transferencias a realizar en materia de gesti贸n de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social a favor de las Comunidades Aut贸nomas, que puedan asumir dicha gesti贸n, deber谩n acomodarse a los principios establecidos en esta Ley.
La extensi贸n de la asistencia sanitaria p煤blica a la que se refieren los art铆culos 3.2, y 20 de la presente Ley se efectuar谩 de forma progresiva.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan lo dispuesto en la presente Ley.
El Gobierno, en el plazo de doce meses desde la publicaci贸n de esta Ley, publicar谩 una Tabla de Vigencias y Derogaciones.
Quedan degradadas al rango reglamentario cualesquiera disposiciones que, a la entrada en vigor de la presente Ley, regulen la estructura y funcionamiento de instituciones y organismos sanitarios, a efectos de proceder a su reorganizaci贸n y adaptaci贸n a las previsiones de esta Ley.
Con objeto de alcanzar los objetivos que en materia de formaci贸n pregraduada, posgraduada y especializaci贸n sanitaria se se帽alan en el t铆tulo VI, el Gobierno, en el plazo de dieciocho meses a partir de la publicaci贸n de la present茅 Ley, regularizar谩, aclarar谩 y armonizar谩 los siguientes textos legales:
- La base tercera de la Ley de 25 de noviembre de 1944, sobre la Escuela Nacional de Sanidad.
- El p谩rrafo segundo del art铆culo primero de la Ley 37/1962, de 21 de julio, sobre los hospitales como centros de formaci贸n y especializaci贸n.
- La Ley de 20 de julio de 1955, el Real Decreto 2015/1978, de 15 de julio, y el Real Decreto 3303/1978, de 29 de diciembre, sobre especialidades de la profesi贸n m茅dica.
- La Ley 24/1982, de 16 de junio, sobre pr谩cticas y ense帽anzas sanitarias especializadas.
- Real Decreto 127/1984, de 11 de enero, por el que se regula la formaci贸n m茅dica especializada y la obtenci贸n del t铆tulo de m茅dico especialista.
Las citadas disposiciones, as铆 como las correspondientes a la formaci贸n y especializaci贸n de las profesiones sanitarias, ser谩n debidamente actualizadas.
Hasta tanto los sistemas p煤blicos de cobertura sanitaria no queden integrados en el Sistema Nacional de Salud, el Gobierno en el plazo de dieciocho meses contados a partir de la publicaci贸n de la presente Ley, proceder谩 a la armonizaci贸n y refundici贸n de:
1. La asistencia sanitaria del sistema de Seguridad Social, en los casos de maternidad, de enfermedad com煤n o profesional y de accidentes, sean o no de trabajo a que se refiere el art铆culo 20.1.a) de la Ley General de la Seguridad Social de 30 de mayo de 1974, y disposiciones concordantes, tanto del R茅gimen General como de los Reg铆menes Especiales, incluidos los regulados por leyes espec铆ficas: Agrario, Trabajadores del Mar y Funcionarios Civiles del Estado y al servicio de la Administraci贸n de Justicia y los miembros de las Fuerzas Armadas a que se refiere el art铆culo 195 de la Ley 85/1978, de 28 de diciembre.
2. La asistencia m茅dico farmac茅utica a los funcionarios y empleados de la Administraci贸n Local.
3. La asistencia sanitaria de la Sanidad Nacional a que se refiere la Ley de 25 de noviembre de 1944; el art铆culo segundo, apartado uno; disposici贸n final quinta, apartado dos, del Decreto-ley 13/1972, de 29 de diciembre, y disposiciones concordantes, incluida la asistencia psiqui谩trica, de enfermedades transmisibles y la correspondiente a la beneficiencia general del Estado.
4. La asistencia sanitaria general y ben茅fica de las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos a que se refieren las bases 23 y 24 de la Ley de 25 de noviembre de 1944, la Ley de R茅gimen Local y disposiciones concordantes.
5. La asistencia sanitaria a los internos penitenciarios a que se refieren los art铆culos 3.掳 y 4.掳 de la Ley 1/1979, de 26 de septiembre, y disposiciones concordantes.
6. La asistencia sanitaria a mutilados civiles y militares como consecuencia de acciones de guerra o defensa del orden p煤blico y la seguridad ciudadana.
1. El Gobierno, mediante Real Decreto, a propuesta conjunta de los Ministerios interesados, dispondr谩:
a) La participaci贸n en el Sistema Nacional de Salud del Instituto Nacional de Toxicolog铆a, Medicina Forense, Servicios M茅dicos del Registro Civil y Sanidad Penitenciaria.
b) La participaci贸n y colaboraci贸n de los Hospitales Militares y Servicios Sanitarios de las Fuerzas Armadas en el Sistema Nacional de Salud, y su armonizaci贸n con lo previsto en los art铆culos 195 y 196 de la Ley 85/1978, para garantizar, dentro de sus posibilidades, su apoyo al Sistema Nacional de Sanidad.
c) La plena integraci贸n en el Sistema Nacional de Salud de los Hospitales Cl铆nicos o Universitarios y las peculiaridades derivadas de sus funciones de ense帽anza, formaci贸n e investigaci贸n.
d) La participaci贸n en el Sistema Nacional de Salud de los Laboratorios de Aduanas y del control de las exportaciones e importaciones.
La Administraci贸n del Estado y de las Comunidades Aut贸nomas, en el 谩mbito de sus competencias, dispondr谩n sobre la participaci贸n en el Sistema Nacional de Salud de los Laboratorios de Investigaci贸n Agraria y Ganadera y, en general, de cualesquiera otros centros y servicios que puedan coadyuvar a los fines e intereses generales de la protecci贸n de la salud.
2. El Gobierno, mediante Real Decreto, a propuesta conjunta de los Ministerios interesados, dispondr谩 que los centros, servicios y establecimientos sanitarios de las Mutuas de Accidentes, Mutualidades e Instituciones p煤blicas o privadas sin 谩nimo de lucro, puedan ser objeto de integraci贸n en el Sistema Nacional de Salud, siempre que re煤nan las condiciones y requisitos m铆nimos.
El Gobierno, mediante Real Decreto acordado en el plazo m谩ximo de dieciocho meses, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, establecer谩 con car谩cter general los requisitos t茅cnicos m铆nimos para la aprobaci贸n y homologaci贸n de las instalaciones y equipos de los centros y servicios.
Para alcanzar los objetivos de la presente Ley y respetando la actual distribuci贸n de competencias, el Gobierno en el plazo m谩ximo de dieciocho meses, a partir de la publicaci贸n de la misma, refundir谩, regularizar谩, aclarar谩 y armonizar谩, de acuerdo con los actuales conocimientos epidemiol贸gicos, t茅cnicos y cient铆ficos, con. las necesidades sanitarias y sociales de la poblaci贸n y con la exigencia del sistema sanitario, las siguientes disposiciones:
1. Ley 45/1978, de 7 de octubre -p谩rrafo tercero de su disposici贸n adicional-, sobre orientaci贸n y planificaci贸n familiar.
2. Ley 13/1982, de 7 de abril -art铆culo 9 y concordantes-, sobre orientaci贸n y planificaci贸n familiar, consejo gen茅tico, atenci贸n prenatal y perinatal, detecci贸n y diagn贸stico precoz de la subnormalidad y minusval铆as.
3. Ley de 12 de julio de 1941 sobre sanidad infantil y maternal.
4. Ley 39/1979, de 30 de noviembre -disposici贸n adicional quinta, apartado segundo-, sobre prohibici贸n de la publicidad de bebidas alcoh贸licas.
5. Ley 22/1980, de 24 de abril, sobre vacunaciones obligatorias impuestas y recomendadas.
6. Real Decreto 2838/1977, de 15 de octubre y disposiciones concordantes, sobre planificaci贸n, ejecuci贸n y control de las actividades relacionadas con la sanidad escolar.
7. Las bases 4.陋, 6.陋, 7.陋, 9.陋, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de la Ley de 25 de noviembre de 1944, sobre enfermedades infecciosas, desinfecci贸n y desinsectaci贸n, estad铆sticas sanitarias, tuberculosis, reumatismo, cardiopat铆as, paludismo, tracoma, enfermedades sexuales, lepra, dermatosis, c谩ncer, sanidad maternal e infantil, higiene mental y asistencia psiqui谩trica.
8. La base 25 -p谩rrafo tercero y siguiente- de la Ley de 25 de noviembre de 1944 y la Ley 13/1980, de 31 de marzo -art铆culo 9.掳, 1, y disposici贸n adicional-, sobre higiene e inspecci贸n sanitaria de la educaci贸n f铆sica y del deporte.
9. La Ley de 14 de abril de 1955 y la Ley de 26 de diciembre de 1958, sobre asistencia psiqui谩trica y antituberculosa, en cuanto contin煤en vigentes conforme a la disposici贸n adicional quinta, 2, del Decreto-ley 13/1972, de 29 de diciembre.
10. Las bases 17 y 26 de la Ley de 25 de noviembre de 1944 sobre zoonosis transmisibles de higiene de la alimentaci贸n.
Se autoriza al Gobierno para aprobar mediante Real Decreto un texto 煤nico en materia de protecci贸n de la salud de los trabajadores, aclarando, regularizando y armonizando las normas vigentes, ateni茅ndose a los siguientes principios:
1. Se fijar谩n los niveles y valores admisibles de exposici贸n profesional a los agentes nocivos para tratar de prevenir los da帽os a la salud f铆sica, ps铆quica y social; contemplando particularmente la prevenci贸n, tanto de los efectos nocivos a corto plazo como de los efectos nocivos para la funci贸n reproductora y los riesgos de mutag茅nesis, carcinog茅nesis y teratog茅nesis.
2. Se establecer谩n las modalidades de determinaci贸n y actualizaci贸n de los niveles o valores admisibles de los factores de nocividad de origen qu铆mico, f铆sico, biol贸gico y psicol贸gico.
El Reglamento de R茅gimen Interior del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ser谩 aprobado por el mismo y comunicado a las Administraciones representadas en su seno.
El Gobierno, mediante Real Decreto, adoptar谩 las medidas necesarias para la actuaci贸n conjunta de varias Administraciones P煤blicas a efectos de sanidad exterior y para que pueda reconocerse validez y eficacia a los mismos efectos a determinadas inspecciones en origen u otros controles concretos que se juzguen suficientes, realizados por los servicios t茅cnicos de las Comunidades Aut贸nomas u otras Administraciones P煤blicas.
Se autoriza al Gobierno para adaptar la estructura y funciones de los Organismos y Entidades adscritos al Ministerio de Sanidad y Consumo y, entre ellos, el Instituto Nacional de la Salud a los principios establecidos en la presente Ley, as铆 como para regular la organizaci贸n y r茅gimen y desarrollar las competencias de los Organismos aut贸nomos estatales que en esta Ley se crean.
A los efectos de esta Ley, se consideran funcionarios sanitarios de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social los incluidos en los Cuerpos y Escalas sanitarios del Estatuto de Personal del extinguido Instituto Nacional de Previsi贸n, de Asesores M茅dicos del extinguido Mutualismo Laboral y de la Escala de Inspectores M茅dicos del Instituto Social de la Marina.
Se autoriza al Gobierno para fusionar o integrar Cuerpos y funcionarios sanitarios de las Administraciones P煤blicas y Entidades Gestoras de la Seguridad Social, a efectos de facilitar la gesti贸n del personal y homologar los reg铆menes jur铆dicos de la relaci贸n de empleo, sin perjuicio de las atribuciones que confiere al Gobierno el art铆culo 26.4 de la Ley de Medidas para la Reforma de la Funci贸n P煤blica.
El Gobierno determinar谩 las condiciones y el r茅gimen de funcionamiento de los servicios sanitarios, en relaci贸n con el cumplimiento de las competencias que tiene adscritas la Seguridad Social en materia de inv谩lidos, incapacidad laboral transitoria e invalidez provisional.
Se adscriben al Instituto de Salud 芦Carlos III禄:
a) El Centro Nacional de Alimentaci贸n y Nutrici贸n.
b) El Centro Nacional de Microbiolog铆a, Virolog铆a e Inmunolog铆a Sanitaria.
c) El Centro Nacional de Farmacobiolog铆a.
d) El Centro Nacional de Sanidad Ambiental.
e) La Escuela de Sanidad Nacional y la Escuela de Gerencia Hospitalaria.
f) El complejo sanitario del Hospital del Rey.
Se autoriza al Gobierno para modificar los mecanismos de protecci贸n sanitaria de los diferentes reg铆menes p煤blicos existentes, acomod谩ndolos a los principios establecidos en la presente Ley.
Para una mejor utilizaci贸n de los recursos humanos, el personal a que se refieren los art铆culos 84 y 85 de esta Ley podr谩 ocupar indistintamente puestos de trabajo en las Administraciones Sanitarias del Estado o de las Comunidades Aut贸nomas, sin perjuicio de los requisitos de titulaci贸n y otros que se exijan en las relaciones de puestos de trabajo de las distintas Administraciones.
Por tanto,
Mando a todos los espa帽oles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.
Palacio de la Zarzuela, Madrid a 25 de abril de 1986.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
FELIPE GONZ脕LEZ M脕RQUEZ
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