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Documento BOE-A-2000-641

Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

TEXTO

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley Orgnica.

EXPOSICIN DE MOTIVOS
I

1. La promulgacin de la presente Ley Orgnica reguladora de la responsabilidad penal de los menores era una necesidad impuesta por lo establecido en la Ley Orgnica 4/1992, de 5 de junio, sobre reforma de la Ley reguladora de la competencia y el procedimiento de los Juzgados de Menores; en la mocin aprobada por el Congreso de los Diputados el 10 de mayo de 1994, y en el artculo 19 de la vigente Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre, del Cdigo Penal.

2. La Ley Orgnica 4/1992, promulgada como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional 36/1991, de 14 de febrero, que declar inconstitucional el artculo 15 de la Ley de Tribunales Tutelares de Menores, texto refundido de 11 de junio de 1948, establece un marco flexible para que los Juzgados de Menores puedan determinar las medidas aplicables a stos en cuanto infractores penales, sobre la base de valorar especialmente el inters del menor, entendiendo por menores a tales efectos a las personas comprendidas entre los doce y los diecisis aos. Simultneamente, encomienda al Ministerio Fiscal la iniciativa procesal, y le concede amplias facultades para acordar la terminacin del proceso con la intencin de evitar, dentro de lo posible, los efectos aflictivos que el mismo pudiera llegar a producir. Asimismo, configura al equipo tcnico como instrumento imprescindible para alcanzar el objetivo que persiguen las medidas y termina estableciendo un procedimiento de naturaleza sancionadora-educativa, al que otorga todas las garantas derivadas de nuestro ordenamiento constitucional, en sintona con lo establecido en la aludida sentencia del Tribunal Constitucional y lo dispuesto en el artculo 40 de la Convencin de los Derechos del Nio de 20 de noviembre de 1989.

Dado que la expresada Ley Orgnica se reconoca a s misma expresamente "el carcter de una reforma urgente, que adelanta parte de una renovada legislacin sobre reforma de menores, que ser objeto de medidas legislativas posteriores", es evidente la oportunidad de la presente Ley Orgnica, que constituye esa necesaria reforma legislativa, partiendo de los principios bsicos que ya guiaron la redaccin de aqulla (especialmente, el principio del superior inters del menor), de las garantas de nuestro ordenamiento constitucional, y de las normas de Derecho internacional, con particular atencin a la citada Convencin de los Derechos del Nio de 20 de noviembre de 1989, y esperando responder de este modo a las expectativas creadas en la sociedad espaola, por razones en parte coyunturales y en parte permanentes, sobre este tema concreto.

3. Los principios expuestos en la mocin aprobada unnimemente por el Congreso de los Diputados el da 10 de mayo de 1994, sobre medidas para mejorar el marco jurdico vigente de proteccin del menor, se refieren esencialmente al establecimiento de la mayora de edad penal en los dieciocho aos y a la promulgacin de "una ley penal del menor y juvenil que contemple la exigencia de responsabilidad para los jvenes infractores que no hayan alcanzado la mayora de edad penal, fundamentada en principios orientados hacia la reeducacin de los menores de edad infractores, en base a las circunstancias personales, familiares y sociales, y que tenga especialmente en cuenta las competencias de las Comunidades Autnomas en esta materia...".

4. El artculo 19 del vigente Cdigo Penal, aprobado por la Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre, fija efectivamente la mayora de edad penal en los dieciocho aos y exige la regulacin expresa de la responsabilidad penal de los menores de dicha edad en una Ley independiente. Tambin para responder a esta exigencia se aprueba la presente Ley Orgnica, si bien lo dispuesto en este punto en el Cdigo Penal debe ser complementado en un doble sentido. En primer lugar, asentando firmemente el principio de que la responsabilidad penal de los menores presenta frente a la de los adultos un carcter primordial de intervencin educativa que trasciende a todos los aspectos de su regulacin jurdica y que determina considerables diferencias entre el sentido y el procedimiento de las sanciones en uno y otro sector, sin perjuicio de las garantas comunes a todo justiciable. En segundo trmino, la edad lmite de dieciocho aos establecida por el Cdigo Penal para referirse a la responsabilidad penal de los menores precisa de otro lmite mnimo a partir del cual comience la posibilidad de exigir esa responsabilidad y que se ha concretado en los catorce aos, con base en la conviccin de que las infracciones cometidas por los nios menores de esta edad son en general irrelevantes y que, en los escasos supuestos en que aqullas pueden producir alarma social, son suficientes para darles una respuesta igualmente adecuada los mbitos familiar y asistencial civil, sin necesidad de la intervencin del aparato judicial sancionador del Estado.

5. Asimismo, han sido criterios orientadores de la redaccin de la presente Ley Orgnica, como no poda ser de otra manera, los contenidos en la doctrina del Tribunal Constitucional, singularmente en los fundamen tos jurdicos de las sentencias 36/1991, de 14 de febrero, y 60/1995, de 17 de marzo, sobre las garantas y el respeto a los derechos fundamentales que necesariamente han de imperar en el procedimiento seguido ante los Juzgados de Menores, sin perjuicio de las modulaciones que, respecto del procedimiento ordinario, permiten tener en cuenta la naturaleza y finalidad de aquel tipo de proceso, encaminado a la adopcin de unas medidas que, como ya se ha dicho, fundamentalmente no pueden ser represivas, sino preventivo-especiales, orientadas hacia la efectiva reinsercin y el superior inters del menor, valorados con criterios que han de buscarse primordialmente en el mbito de las ciencias no jurdicas.

II

6. Como consecuencia de los principios, criterios y orientaciones a que se acaba de hacer referencia, puede decirse que la redaccin de la presente Ley Orgnica ha sido conscientemente guiada por los siguientes principios generales: naturaleza formalmente penal pero materialmente sancionadora-educativa del procedimiento y de las medidas aplicables a los infractores menores de edad, reconocimiento expreso de todas las garantas que se derivan del respeto de los derechos constitucionales y de las especiales exigencias del inters del menor, diferenciacin de diversos tramos a efectos procesales y sancionadores en la categora de infractores menores de edad, flexibilidad en la adopcin y ejecucin de las medidas aconsejadas por las circunstancias del caso concreto, competencia de las entidades autonmicas relacionadas con la reforma y proteccin de menores para la ejecucin de las medidas impuestas en la sentencia y control judicial de esta ejecucin.

7. La presente Ley Orgnica tiene ciertamente la naturaleza de disposicin sancionadora, pues desarrolla la exigencia de una verdadera responsabilidad jurdica a los menores infractores, aunque referida especficamente a la comisin de hechos tipificados como delitos o faltas por el Cdigo Penal y las restantes leyes penales especiales. Al pretender ser la reaccin jurdica dirigida al menor infractor una intervencin de naturaleza educativa, aunque desde luego de especial intensidad, rechazando expresamente otras finalidades esenciales del Derecho penal de adultos, como la proporcionalidad entre el hecho y la sancin o la intimidacin de los destinatarios de la norma, se pretende impedir todo aquello que pudiera tener un efecto contraproducente para el menor, como el ejercicio de la accin por la vctima o por otros particulares.

Y es que en el Derecho penal de menores ha de primar, como elemento determinante del procedimiento y de las medidas que se adopten, el superior inters del menor. Inters que ha de ser valorado con criterios tcnicos y no formalistas por equipos de profesionales especializados en el mbito de las ciencias no jurdicas, sin perjuicio desde luego de adecuar la aplicacin de las medidas a principios garantistas generales tan indiscutibles como el principio acusatorio, el principio de defensa o el principio de presuncin de inocencia.

8. Sin embargo, la Ley tampoco puede olvidar el inters propio del perjudicado o vctima del hecho cometido por el menor, estableciendo un procedimiento singular, rpido y poco formalista para el resarcimiento, en su caso, de daos y perjuicios, dotando de amplias facultades al Juez de Menores para la incorporacin a los autos de documentos y testimonios relevantes de la causa principal. En este mbito de atencin a los intereses y necesidades de las vctimas, la Ley introduce el principio en cierto modo revolucionario de la responsabilidad solidaria con el menor responsable de los hechos de sus padres, tutores, acogedores o guardadores, si bien permitiendo la moderacin judicial de la misma y recordando expresamente la aplicabilidad en su caso de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, as como de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las vctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.

Asimismo la Ley regula, para procedimientos por delitos graves cometidos por mayores de diecisis aos, un rgimen de intervencin del perjudicado en orden a salvaguardar el inters de la vctima en el esclarecimiento de los hechos y su enjuiciamiento por el orden jurisdiccional competente, sin contaminar el procedimiento propiamente educativo y sancionador del menor.

Esta Ley arbitra un amplio derecho de participacin a las vctimas ofrecindoles la oportunidad de intervenir en las actuaciones procesales proponiendo y practicando prueba, formulando conclusiones e interponiendo recursos. Sin embargo, esta participacin se establece de un modo limitado ya que respecto de los menores no cabe reconocer a los particulares el derecho a constituirse propiamente en parte acusadora con plenitud de derechos y cargas procesales. No existe aqu ni la accin particular de los perjudicados por el hecho criminal, ni la accin popular de los ciudadanos, porque en estos casos el inters prioritario para la sociedad y para el Estado coincide con el inters del menor.

9. Conforme a las orientaciones declaradas por el Tribunal Constitucional, anteriormente aludidas, se instaura un sistema de garantas adecuado a la pretensin procesal, asegurando que la imposicin de la sancin se efectuar tras vencer la presuncin de inocencia, pero sin obstaculizar los criterios educativos y de valoracin del inters del menor que presiden este proceso, haciendo al mismo tiempo un uso flexible del principio de intervencin mnima, en el sentido de dotar de relevancia a las posibilidades de no apertura del procedimiento o renuncia al mismo, al resarcimiento anticipado o conciliacin entre el infractor y la vctima, y a los supuestos de suspensin condicional de la medida impuesta o de sustitucin de la misma durante su ejecucin.

La competencia corresponde a un Juez ordinario, que, con categora de Magistrado y preferentemente especialista, garantiza la tutela judicial efectiva de los derechos en conflicto. La posicin del Ministerio Fiscal es relevante, en su doble condicin de institucin que constitucionalmente tiene encomendada la funcin de promover la accin de la Justicia y la defensa de la legalidad, as como de los derechos de los menores, velando por el inters de stos. El letrado del menor tiene participacin en todas y cada una de las fases del proceso, conociendo en todo momento el contenido del expediente, pudiendo proponer pruebas e interviniendo en todos los actos que se refieren a la valoracin del inters del menor y a la ejecucin de la medida, de la que puede solicitar la modificacin.

La adopcin de medidas cautelares sigue el modelo de solicitud de parte, en audiencia contradictoria, en la que debe valorarse especialmente, una vez ms, el superior inters del menor.

En defensa de la unidad de doctrina, el sistema de recursos ordinario se confa a las Salas de Menores de los Tribunales Superiores de Justicia, que habrn de crearse, las cuales, con la inclusin de Magistrados especialistas, aseguran y refuerzan la efectividad de la tutela judicial en relacin con las finalidades que se propone la Ley. En el mismo sentido, procede destacar la instauracin del recurso de casacin para unificacin de doctrina, reservado a los casos de mayor gravedad, en paralelismo con el proceso penal de adultos, reforzando la garanta de la unidad de doctrina en el mbito del derecho sancionador de menores a travs de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

10. Conforme a los principios sealados, se establece, inequvocamente, el lmite de los catorce aos de edad para exigir este tipo de responsabilidad sancionadora a los menores de edad penal y se diferencian, en el mbito de aplicacin de la Ley y de la graduacin de las consecuencias por los hechos cometidos, dos tramos, de catorce a diecisis y de diecisiete a dieciocho aos, por presentar uno y otro grupo diferencias caractersticas que requieren, desde un punto de vista cientfico y jurdico, un tratamiento diferenciado, constituyendo una agravacin especfica en el tramo de los mayores de diecisis aos la comisin de delitos que se caracterizan por la violencia, intimidacin o peligro para las personas.

La aplicacin de la presente Ley a los mayores de dieciocho aos y menores de veintiuno, prevista en el artculo 69 del Cdigo Penal vigente, podr ser acordada por el Juez atendiendo a las circunstancias personales y al grado de madurez del autor, y a la naturaleza y gravedad de los hechos. Estas personas reciben, a los efectos de esta Ley, la denominacin genrica de "jvenes".

Se regulan expresamente, como situaciones que requieren una respuesta especfica, los supuestos en los que el menor presente sntomas de enajenacin mental o la concurrencia de otras circunstancias modificativas de su responsabilidad, debiendo promover el Ministerio Fiscal, tanto la adopcin de las medidas ms adecuadas al inters del menor que se encuentre en tales situaciones, como la constitucin de los organismos tutelares previstos por las leyes. Tambin se establece que las acciones u omisiones imprudentes no puedan ser sancionadas con medidas de internamiento en rgimen cerrado.

11. Con arreglo a las orientaciones expuestas, la Ley establece un amplio catlogo de medidas aplicables, desde la referida perspectiva sancionadora-educativa, debiendo primar nuevamente el inters del menor en la flexible adopcin judicial de la medida ms idnea, dadas las caractersticas del caso concreto y de la evolucin personal del sancionado durante la ejecucin de la medida. La concreta finalidad que las ciencias de la conducta exigen que se persiga con cada una de las medidas relacionadas, se detalla con carcter orientador en el apartado III de esta exposicin de motivos.

12. La ejecucin de las medidas judicialmente impuestas corresponde a las entidades pblicas de proteccin y reforma de menores de las Comunidades Autnomas, bajo el inexcusable control del Juez de Menores.

Se mantiene el criterio de que el inters del menor tiene que ser atendido por especialistas en las reas de la educacin y la formacin, pertenecientes a esferas de mayor inmediacin que el Estado. El Juez de Menores, a instancia de las partes y odos los equipos tcnicos del propio Juzgado y de la entidad pblica de la correspondiente Comunidad Autnoma, dispone de amplias facultades para suspender o sustituir por otras las medidas impuestas, naturalmente sin mengua de las garantas procesales que constituyen otro de los objetivos primordiales de la nueva regulacin, o permitir la participacin de los padres del menor en la aplicacin y consecuencias de aqullas.

13. Un inters particular revisten en el contexto de la Ley los temas de la reparacin del dao causado y la conciliacin del delincuente con la vctima como situaciones que, en aras del principio de intervencin mnima, y con el concurso mediador del equipo tcnico, pueden dar lugar a la no incoacin o sobreseimiento del expediente, o a la finalizacin del cumplimiento de la medida impuesta, en un claro predominio, una vez ms, de los criterios educativos y resocializadores sobre los de una defensa social esencialmente basada en la prevencin general y que pudiera resultar contraproducente para el futuro.

La reparacin del dao causado y la conciliacin con la vctima presentan el comn denominador de que el ofensor y el perjudicado por la infraccin llegan a un acuerdo, cuyo cumplimiento por parte del menor termina con el conflicto jurdico iniciado por su causa. La conciliacin tiene por objeto que la vctima reciba una satisfaccin psicolgica a cargo del menor infractor, quien ha de arrepentirse del dao causado y estar dispuesto a disculparse. La medida se aplicar cuando el menor efectivamente se arrepienta y se disculpe, y la persona ofendida lo acepte y otorgue su perdn. En la reparacin el acuerdo no se alcanza nicamente mediante la va de la satisfaccin psicolgica, sino que requiere algo ms: el menor ejecuta el compromiso contrado con la vctima o perjudicado de reparar el dao causado, bien mediante trabajos en beneficio de la comunidad, bien mediante acciones, adaptadas a las necesidades del sujeto, cuyo beneficiario sea la propia vctima o perjudicado.

III

14. En la medida de amonestacin, el Juez, en un acto nico que tiene lugar en la sede judicial, manifiesta al menor de modo concreto y claro las razones que hacen socialmente intolerables los hechos cometidos, le expone las consecuencias que para l y para la vctima han tenido o podan haber tenido tales hechos, y le formula recomendaciones para el futuro.

15. La medida de prestaciones en beneficio de la comunidad, que, en consonancia con el artculo 25.2 de nuestra Constitucin, no podr imponerse sin consentimiento del menor, consiste en realizar una actividad, durante un nmero de sesiones previamente fijado, bien sea en beneficio de la colectividad en su conjunto, o de personas que se encuentren en una situacin de precariedad por cualquier motivo. Preferentemente, se buscar relacionar la naturaleza de la actividad en que consista esta medida con la de los bienes jurdicos afectados por los hechos cometidos por el menor.

Lo caracterstico de esta medida es que el menor ha de comprender, durante su realizacin, que la colectividad o determinadas personas han sufrido de modo injustificado unas consecuencias negativas derivadas de su conducta. Se pretende que el sujeto comprenda que actu de modo incorrecto, que merece el reproche formal de la sociedad, y que la prestacin de los trabajos que se le exigen es un acto de reparacin justo.

16. Las medidas de internamiento responden a una mayor peligrosidad, manifestada en la naturaleza peculiarmente grave de los hechos cometidos, caracterizados en los casos ms destacados por la violencia, la intimidacin o el peligro para las personas. El objetivo prioritario de la medida es disponer de un ambiente que provea de las condiciones educativas adecuadas para que el menor pueda reorientar aquellas disposiciones o deficiencias que han caracterizado su comportamiento antisocial, cuando para ello sea necesario, al menos de manera temporal, asegurar la estancia del infractor en un rgimen fsicamente restrictivo de su libertad. La mayor o menor intensidad de tal restriccin da lugar a los diversos tipos de internamiento, a los que se va a aludir a continuacin. El internamiento, en todo caso, ha de proporcionar un clima de seguridad personal para todos los implicados, profesionales y menores infractores, lo que hace imprescindible que las condiciones de estancia sean las correctas para el normal desarrollo psicolgico de los menores.

El internamiento en rgimen cerrado pretende la adquisicin por parte del menor de los suficientes recur sos de competencia social para permitir un comportamiento responsable en la comunidad, mediante una gestin de control en un ambiente restrictivo y progresivamente autnomo.

El internamiento en rgimen semiabierto implica la existencia de un proyecto educativo en donde desde el principio los objetivos sustanciales se realizan en contacto con personas e instituciones de la comunidad, teniendo el menor su residencia en el centro, sujeto al programa y rgimen interno del mismo.

El internamiento en rgimen abierto implica que el menor llevar a cabo todas las actividades del proyecto educativo en los servicios normalizados del entorno, residiendo en el centro como domicilio habitual.

El internamiento teraputico se prev para aquellos casos en los que los menores, bien por razn de su adiccin al alcohol o a otras drogas, bien por disfunciones significativas en su psiquismo, precisan de un contexto estructurado en el que poder realizar una programacin teraputica, no dndose, ni, de una parte, las condiciones idneas en el menor o en su entorno para el tratamiento ambulatorio, ni, de otra parte, las condiciones de riesgo que exigiran la aplicacin a aqul de un internamiento en rgimen cerrado.

17. En la asistencia a un centro de da, el menor es derivado a un centro plenamente integrado en la comunidad, donde se realizan actividades educativas de apoyo a su competencia social. Esta medida sirve el propsito de proporcionar a un menor un ambiente estructurado durante buena parte del da, en el que se lleven a cabo actividades socio-educativas que puedan compensar las carencias del ambiente familiar de aqul. Lo caracterstico del centro de da es que en ese lugar es donde toma cuerpo lo esencial del proyecto socio-educativo del menor, si bien ste puede asistir tambin a otros lugares para hacer uso de otros recursos de ocio o culturales. El sometido a esta medida puede, por lo tanto, continuar residiendo en su hogar, o en el de su familia, o en el establecimiento de acogida.

18. En la medida de libertad vigilada, el menor infractor est sometido, durante el tiempo establecido en la sentencia, a una vigilancia y supervisin a cargo de personal especializado, con el fin de que adquiera las habilidades, capacidades y actitudes necesarias para un correcto desarrollo personal y social. Durante el tiempo que dure la libertad vigilada, el menor tambin deber cumplir las obligaciones y prohibiciones que, de acuerdo con esta Ley, el Juez puede imponerle.

19. La realizacin de tareas socio-educativas consiste en que el menor lleve a cabo actividades especficas de contenido educativo que faciliten su reinsercin social. Puede ser una medida de carcter autnomo o formar parte de otra ms compleja. Empleada de modo autnomo, pretende satisfacer necesidades concretas del menor percibidas como limitadoras de su desarrollo integral. Puede suponer la asistencia y participacin del menor a un programa ya existente en la comunidad, o bien a uno creado "ad hoc" por los profesionales encargados de ejecutar la medida. Como ejemplos de tareas socio-educativas, se pueden mencionar las siguientes: asistir a un taller ocupacional, a un aula de educacin compensatoria o a un curso de preparacin para el empleo; participar en actividades estructuradas de animacin sociocultural, asistir a talleres de aprendizaje para la competencia social, etc.

20. El tratamiento ambulatorio es una medida destinada a los menores que disponen de las condiciones adecuadas en su vida para beneficiarse de un programa teraputico que les ayude a superar procesos adictivos o disfunciones significativas de su psiquismo. Previsto para los menores que presenten una dependencia al alcohol o las drogas, y que en su mejor inters puedan ser tratados de la misma en la comunidad, en su realizacin pueden combinarse diferentes tipos de asistencia mdica y psicolgica. Resulta muy apropiado para casos de desequilibrio psicolgico o perturbaciones del psiquismo que puedan ser atendidos sin necesidad de internamiento. La diferencia ms clara con la tarea socio-educativa es que sta pretende lograr una capacitacin, un logro de aprendizaje, empleando una metodologa, no tanto clnica, sino de orientacin psicoeducativa. El tratamiento ambulatorio tambin puede entenderse como una tarea socio-educativa muy especfica para un problema bien definido.

21. La permanencia de fin de semana es la expresin que define la medida por la que un menor se ve obligado a permanecer en su hogar desde la tarde o noche del viernes hasta la noche del domingo, a excepcin del tiempo en que realice las tareas socio-educativas asignadas por el Juez. En la prctica, combina elementos del arresto de fin de semana y de la medida de tareas socio-educativas o prestaciones en beneficio de la comunidad. Es adecuada para menores que cometen actos de vandalismo o agresiones leves en los fines de semana.

22. La convivencia con una persona, familia o grupo educativo es una medida que intenta proporcionar al menor un ambiente de socializacin positivo, mediante su convivencia, durante un perodo determinado por el Juez, con una persona, con una familia distinta a la suya o con un grupo educativo que se ofrezca a cumplir la funcin de la familia en lo que respecta al desarrollo de pautas socioafectivas prosociales en el menor.

23. La privacin del permiso de conducir ciclomotores o vehculos a motor, o del derecho a obtenerlo, o de licencias administrativas para caza o para el uso de cualquier tipo de armas, es una medida accesoria que se podr imponer en aquellos casos en los que el hecho cometido tenga relacin con la actividad que realiza el menor y que sta necesite autorizacin administrativa.

24. Por ltimo, procede poner de manifiesto que los principios cientficos y los criterios educativos a que han de responder cada una de las medidas, aqu sucintamente expuestos, se habrn de regular ms extensamente en el Reglamento que en su da se dicte en desarrollo de la presente Ley Orgnica.

TTULO PRELIMINAR
Artculo 1. Declaracin general.

1. Esta Ley se aplicar para exigir la responsabilidad de las personas mayores de catorce aos y menores de dieciocho por la comisin de hechos tipificados como delitos o faltas en el Cdigo Penal o las leyes penales especiales.

2. Tambin se aplicar lo dispuesto en esta Ley para los menores a las personas mayores de dieciocho aos y menores de veintiuno, en los trminos establecidos en el artculo 4 de la misma.

3. Las personas a las que se aplique la presente Ley gozarn de todos los derechos reconocidos en la Constitucin y en el ordenamiento jurdico, particularmente en la Ley Orgnica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccin Jurdica del Menor, as como en la Convencin sobre los Derechos del Nio de 20 de noviembre de 1989 y en todas aquellas normas sobre proteccin de menores contenidas en los Tratados vlidamente celebrados por Espaa.

4. Al efecto de designar a las personas a quienes se aplica esta Ley, en el articulado de la misma se utiliza el trmino menores para referirse a las que no han cum plido dieciocho aos, y el de jvenes para referirse a las mayores de dicha edad.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando esta Ley se refiera genricamente al menor o a los menores, se entender que lo hace a todos los incluidos en su mbito de aplicacin.

TTULO I
Del mbito de aplicacin de la Ley
Artculo 2. Competencia de los Jueces de Menores.

1. Los Jueces de Menores sern competentes para conocer de los hechos cometidos por las personas mencionadas en el artculo 1 de esta Ley, as como para hacer ejecutar sus sentencias, sin perjuicio de las facultades atribuidas por esta Ley a las Comunidades Autnomas respecto a la proteccin y reforma de menores.

2. Los Jueces de Menores sern asimismo competentes para resolver sobre las responsabilidades civiles derivadas de los hechos cometidos por las personas a las que resulta aplicable la presente Ley.

3. La competencia corresponde al Juez de Menores del lugar donde se haya cometido el hecho delictivo, sin perjuicio de lo establecido en el artculo 20.3 de esta Ley.

Artculo 3. Rgimen de los menores de catorce aos.

Cuando el autor de los hechos mencionados en los artculos anteriores sea menor de catorce aos, no se le exigir responsabilidad con arreglo a la presente Ley, sino que se le aplicar lo dispuesto en las normas sobre proteccin de menores previstas en el Cdigo Civil y dems disposiciones vigentes. El Ministerio Fiscal deber remitir a la entidad pblica de proteccin de menores testimonio de los particulares que considere precisos respecto al menor, a fin de valorar su situacin, y dicha entidad habr de promover las medidas de proteccin adecuadas a las circunstancias de aqul conforme a lo dispuesto en la Ley Orgnica 1/1996, de 15 de enero.

Artculo 4. Rgimen de los mayores de dieciocho aos.

1. De conformidad con lo establecido en el artculo 69 de la Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre, del Cdigo Penal, la presente Ley se aplicar a las personas mayores de dieciocho aos y menores de veintiuno imputadas en la comisin de hechos delictivos, cuando el Juez de Instruccin competente, odos el Ministerio Fiscal, el letrado del imputado y el equipo tcnico a que se refiere el artculo 27 de esta Ley, as lo declare expresamente mediante auto.

2. Sern condiciones necesarias para la aplicacin de lo dispuesto en el apartado anterior las siguientes:

1. Que el imputado hubiere cometido una falta, o un delito menos grave sin violencia o intimidacin en las personas ni grave peligro para la vida o la integridad fsica de las mismas, tipificados en el Cdigo Penal o en las leyes penales especiales.

2. Que no haya sido condenado en sentencia firme por hechos delictivos cometidos una vez cumplidos los dieciocho aos. A tal efecto no se tendrn en cuenta las anteriores condenas por delitos o faltas imprudentes ni los antecedentes penales que hayan sido cancelados, o que debieran serlo con arreglo a lo dispuesto en el artculo 136 del Cdigo Penal.

3. Que las circunstancias personales del imputado y su grado de madurez aconsejen la aplicacin de la presente Ley, especialmente cuando as lo haya recomendado el equipo tcnico en su informe.

3. Contra el auto que resuelva lo indicado en los apartados anteriores, cabr recurso de apelacin en el plazo de tres das, del que conocer la Sala de Menores del Tribunal Superior de Justicia correspondiente, sin previo recurso de reforma. La apelacin se sustanciar conforme al rgimen general establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Del mencionado auto, una vez firme, se dar traslado al Ministerio Fiscal para la tramitacin del procedimiento previsto en la presente Ley.

Artculo 5. Bases de la responsabilidad de los menores.

1. Los menores sern responsables con arreglo a esta Ley cuando hayan cometido los hechos a los que se refiere el artculo 1 y no concurra en ellos ninguna de las causas de exencin o extincin de la responsabilidad criminal previstas en el vigente Cdigo Penal.

2. No obstante lo anterior, a los menores en quienes concurran las circunstancias previstas en los nmeros 1., 2. y 3. del artculo 20 del vigente Cdigo Penal les sern aplicables, en caso necesario, las medidas teraputicas a las que se refiere el artculo 7.1, letras d) y e), de la presente Ley.

3. Las edades indicadas en el articulado de esta Ley se han de entender siempre referidas al momento de la comisin de los hechos, sin que el haberse rebasado las mismas antes del comienzo del procedimiento o durante la tramitacin del mismo tenga incidencia alguna sobre la competencia atribuida por esta misma Ley a los Jueces y Fiscales de Menores.

Artculo 6. De la intervencin del Ministerio Fiscal.

Corresponde al Ministerio Fiscal la defensa de los derechos que a los menores reconocen las leyes, as como la vigilancia de las actuaciones que deban efectuarse en su inters y la observancia de las garantas del procedimiento, para lo cual dirigir personalmente la investigacin de los hechos y ordenar que la polica judicial practique las actuaciones necesarias para la comprobacin de aqullos y de la participacin del menor en los mismos, impulsando el procedimiento.

TTULO II
De las medidas
Artculo 7. Enumeracin de las medidas susceptibles de ser impuestas a los menores.

1. Las medidas que pueden imponer los Jueces de Menores, ordenadas segn la restriccin de derechos que suponen, son las siguientes:

a) Internamiento en rgimen cerrado. Las personas sometidas a esta medida residirn en el centro y desarrollarn en el mismo las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio.

b) Internamiento en rgimen semiabierto. Las personas sometidas a esta medida residirn en el centro, pero realizarn fuera del mismo actividades formativas, educativas, laborales y de ocio.

c) Internamiento en rgimen abierto. Las personas sometidas a esta medida llevarn a cabo todas las actividades del proyecto educativo en los servicios normalizados del entorno, residiendo en el centro como domicilio habitual, con sujecin al programa y rgimen interno del mismo.

d) Internamiento teraputico. En los centros de esta naturaleza se realizar una atencin educativa especializada o tratamiento especfico dirigido a personas que padezcan anomalas o alteraciones psquicas, un estado de dependencia de bebidas alcohlicas, drogas txicas o sustancias psicotrpicas, o alteraciones en la percepcin que determinen una alteracin grave de la conciencia de la realidad. Esta medida podr aplicarse sola o como complemento de otra medida prevista en este artculo. Cuando el interesado rechace un tratamiento de deshabituacin, el Juez habr de aplicarle otra medida adecuada a sus circunstancias.

e) Tratamiento ambulatorio. Las personas sometidas a esta medida habrn de asistir al centro designado con la periodicidad requerida por los facultativos que las atiendan y seguir las pautas fijadas para el adecuado tratamiento de la anomala o alteracin psquica, adiccin al consumo de bebidas alcohlicas, drogas txicas o sustancias psicotrpicas, o alteraciones en la percepcin que padezcan. Esta medida podr aplicarse sola o como complemento de otra medida prevista en este artculo. Cuando el interesado rechace un tratamiento de deshabituacin, el Juez habr de aplicarle otra medida adecuada a sus circunstancias.

f) Asistencia a un centro de da. Las personas sometidas a esta medida residirn en su domicilio habitual y acudirn a un centro, plenamente integrado en la comunidad, a realizar actividades de apoyo, educativas, formativas, laborales o de ocio.

g) Permanencia de fin de semana. Las personas sometidas a esta medida permanecern en su domicilio o en un centro hasta un mximo de treinta y seis horas entre la tarde o noche del viernes y la noche del domingo, a excepcin del tiempo que deban dedicar a las tareas socio-educativas asignadas por el Juez.

h) Libertad vigilada. En esta medida se ha de hacer un seguimiento de la actividad de la persona sometida a la misma y de su asistencia a la escuela, al centro de formacin profesional o al lugar de trabajo, segn los casos, procurando ayudar a aqulla a superar los factores que determinaron la infraccin cometida. Asimismo, esta medida obliga, en su caso, a seguir las pautas socio-educativas que seale la entidad pblica o el profesional encargado de su seguimiento, de acuerdo con el programa de intervencin elaborado al efecto y aprobado por el Juez de Menores. La persona sometida a la medida tambin queda obligada a mantener con dicho profesional las entrevistas establecidas en el programa y a cumplir, en su caso, las reglas de conducta impuestas por el Juez, que podrn ser alguna o algunas de las siguientes:

1. Obligacin de asistir con regularidad al centro docente correspondiente, si el interesado est en el perodo de la enseanza bsica obligatoria, y acreditar ante el Juez dicha asistencia regular o justificar en su caso las ausencias, cuantas veces fuere requerido para ello.

2. Obligacin de someterse a programas de tipo formativo, cultural, educativo, profesional, laboral, de educacin sexual, de educacin vial u otros similares.

3. Prohibicin de acudir a determinados lugares, establecimientos o espectculos.

4. Prohibicin de ausentarse del lugar de residencia sin autorizacin judicial previa.

5. Obligacin de residir en un lugar determinado.

6. Obligacin de comparecer personalmente ante el Juzgado de Menores o profesional que se designe, para informar de las actividades realizadas y justificarlas.

7. Cualesquiera otras obligaciones que el Juez, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, estime convenientes para la reinsercin social del sentenciado, siempre que no atenten contra su dignidad como persona.

i) Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo. La persona sometida a esta medida debe convivir, durante el perodo de tiempo establecido por el Juez, con otra persona, con una familia distinta a la suya o con un grupo educativo, adecuadamente seleccionados para orientar a aqulla en su proceso de socializacin.

j) Prestaciones en beneficio de la comunidad. La persona sometida a esta medida, que no podr imponerse sin su consentimiento, ha de realizar las actividades no retribuidas que se le indiquen, de inters social o en beneficio de personas en situacin de precariedad. Se buscar relacionar la naturaleza de dichas actividades con la naturaleza del bien jurdico lesionado por los hechos cometidos por el menor.

k) Realizacin de tareas socio-educativas. La persona sometida a esta medida ha de realizar, sin internamiento ni libertad vigilada, actividades especficas de contenido educativo encaminadas a facilitarle el desarrollo de su competencia social.

l) Amonestacin. Esta medida consiste en la reprensin de la persona llevada a cabo por el Juez de Menores y dirigida a hacerle comprender la gravedad de los hechos cometidos y las consecuencias que los mismos han tenido o podran haber tenido, instndole a no volver a cometer tales hechos en el futuro.

m) Privacin del permiso de conducir ciclomotores o vehculos a motor, o del derecho a obtenerlo, o de las licencias administrativas para caza o para uso de cualquier tipo de armas. Esta medida podr imponerse como accesoria cuando el delito o falta se hubiere cometido utilizando un ciclomotor o un vehculo a motor, o un arma, respectivamente.

2. Las medidas de internamiento constarn de dos perodos: el primero se llevar a cabo en el centro correspondiente, conforme a la descripcin efectuada en el apartado anterior de este artculo; el segundo se llevar a cabo en rgimen de libertad vigilada, en la modalidad elegida por el Juez. La duracin total no exceder del tiempo que se expresa en el artculo 9. El equipo tcnico deber informar respecto del contenido de ambos perodos, y el Juez expresar la duracin de cada uno en la sentencia.

3. Para la eleccin de la medida o medidas adecuadas, tanto por el Ministerio Fiscal y el letrado del menor en sus postulaciones como por el Juez en la sentencia, se deber atender de modo flexible, no slo a la prueba y valoracin jurdica de los hechos, sino especialmente a la edad, las circunstancias familiares y sociales, la personalidad y el inters del menor, puestos de manifiesto los dos ltimos en los informes de los equipos tcnicos y, en su caso, de las entidades pblicas de proteccin y reforma de menores emitidos conforme a lo dispuesto en el artculo 27 de la presente Ley. El Juez deber motivar la sentencia, expresando con detalle las razones por las que aplica una determinada medida, as como el plazo de duracin de la misma, a los efectos de la valoracin del mencionado inters del menor.

Artculo 8. Principio acusatorio.

El Juez de Menores no podr imponer una medida que suponga una mayor restriccin de derechos ni por un tiempo superior a la medida solicitada por el Ministerio Fiscal.

Tampoco podr exceder la duracin de las medidas privativas de libertad contempladas en el artculo 7.1.), b), c), d) y g), en ningn caso, del tiempo que hubiera durado la pena privativa de libertad que se le hubiere impuesto por el mismo hecho, si el sujeto, de haber sido mayor de edad, hubiera sido declarado responsable, de acuerdo con el Cdigo Penal.

Artculo 9. Reglas para la aplicacin de las medidas.

No obstante lo establecido en el artculo 7.3, la aplicacin de las medidas se atendr a las siguientes reglas:

1. Cuando los hechos cometidos sean calificados de falta, slo se podrn imponer las medidas de amonestacin, permanencia de fin de semana hasta un mximo de cuatro fines de semana, prestaciones en beneficio de la comunidad hasta cincuenta horas, y privacin del permiso de conducir o de otras licencias administrativas.

2. La medida de internamiento en rgimen cerrado slo podr ser aplicable cuando en la descripcin y calificacin jurdica de los hechos se establezca que en su comisin se ha empleado violencia o intimidacin en las personas o actuado con grave riesgo para la vida o la integridad fsica de las mismas.

3. La duracin de las medidas no podr exceder de dos aos, computndose, en su caso, a estos efectos el tiempo ya cumplido por el menor en medida cautelar, conforme a lo dispuesto en el artculo 28.5 de la presente Ley. La medida de prestaciones en beneficio de la comunidad no podr superar las cien horas. La medida de permanencia de fin de semana no podr superar los ocho fines de semana.

4. En el caso de personas que hayan cumplido los diecisis aos en el momento de la comisin de los hechos, el plazo de duracin de las medidas podr alcanzar un mximo de cinco aos, siempre que el delito haya sido cometido con violencia o intimidacin en las personas o con grave riesgo para la vida o la integridad fsica de las mismas y el equipo tcnico en su informe aconseje la prolongacin de la medida. En estos supuestos, la medida de prestaciones en beneficio de la comunidad podr alcanzar las doscientas horas, y la de permanencia de fin de semana, diecisis fines de semana.

5. Excepcionalmente, cuando los supuestos previstos en la regla anterior revistieran extrema gravedad, apreciada expresamente en la sentencia, el Juez habr de imponer una medida de internamiento de rgimen cerrado de uno a cinco aos de duracin, complementada sucesivamente por otra medida de libertad vigilada con asistencia educativa hasta un mximo de otros cinco aos. Slo podr hacerse uso de lo dispuesto en los artculos 14 y 51.1 de esta Ley una vez transcurrido el primer ao de cumplimiento efectivo de la medida de internamiento.

La medida de libertad vigilada deber ser ratificada mediante auto motivado, previa audiencia del Ministerio Fiscal, del letrado del menor y del representante de la entidad pblica de proteccin o reforma de menores, al finalizar el internamiento, y se llevar a cabo por las instituciones pblicas encargadas del cumplimiento de las penas, conforme a lo establecido en el artculo 105.1 del vigente Cdigo Penal.

A los efectos de este artculo, se entendern supuestos de extrema gravedad aquellos en los que se apreciare reincidencia y, en todo caso, los delitos de terrorismo y los constitutivos de actos de favorecimiento, apoyo o reclamo de la actividad de bandas, organizaciones o grupos terroristas, as como los de asesinato u homicidio doloso, y la agresin sexual contemplada en los artculos 179 y 180 del Cdigo Penal.

6. Las acciones u omisiones imprudentes no podrn ser sancionadas con medidas de internamiento en rgimen cerrado.

7. Cuando en la postulacin del Ministerio Fiscal o en la resolucin dictada en el procedimiento se aprecien algunas de las circunstancias a las que se refiere el artculo 5.2 de esta Ley, slo podrn aplicarse las medidas teraputicas descritas en el artculo 7.1, letras d) y e) de la misma.

Artculo 10. De la prescripcin.

1. Los hechos delictivos cometidos por los menores prescriben:

1. A los cinco aos, cuando se trate de un delito grave sancionado en el Cdigo Penal con pena superior a diez aos.

2. A los tres aos, cuando se trate de cualquier otro delito grave.

3. Al ao, cuando se trate de un delito menos grave.

4. A los tres meses, cuando se trate de una falta.

2. Las medidas que tengan un plazo superior a los dos aos prescribirn a los tres aos. Las restantes medidas prescribirn a los dos aos, excepto la amonestacin, las prestaciones en beneficio de la comunidad y el arresto con tareas de fin de semana, que prescribirn al ao.

3. Los hechos delictivos cometidos por mayores de dieciocho aos y menores de veintiuno prescribirn con arreglo a las normas contenidas en el Cdigo Penal.

Artculo 11. Concurso de infracciones.

1. Al menor responsable de una pluralidad de hechos se le impondr una o varias medidas, teniendo en cuenta los criterios expresados en los artculos 7.3 y 9 de la presente Ley.

2. Sin embargo, cuando una misma conducta sea constitutiva de dos o mas infracciones, o una conducta sea medio necesario para la comisin de otra, se tendr en cuenta exclusivamente la ms grave de ellas para la aplicacin de la medida correspondiente.

Artculo 12. Infraccin continuada o con pluralidad de vctimas.

En los supuestos de infraccin continuada o de una sola infraccin con pluralidad de vctimas, el Juez impondr a la persona sentenciada una sola medida, tomando como referencia el ms grave de los hechos cometidos, en la mxima extensin de aqulla conforme a las reglas del artculo 9, salvo cuando el inters del menor aconseje la imposicin de la medida en una extensin inferior.

Artculo 13. Imposicin de varias medidas.

Cuando a la persona sentenciada se le impusieren varias medidas en el mismo procedimiento y no pudieran ser cumplidas simultneamente, el Juez, a propuesta del Ministerio Fiscal y del letrado del menor, odos el representante del equipo tcnico y la entidad pblica de proteccin o reforma de menores, podr sustituir todas o alguna de ellas, o establecer su cumplimiento sucesivo, sin que en este caso el plazo total de cumplimiento pueda superar el doble del tiempo por el que se le impusiere la ms grave de ellas.

Artculo 14. Modificacin de la medida impuesta.

1. El Juez, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o del letrado del menor, previa audiencia de stos e informe del equipo tcnico y, en su caso, de la entidad pblica de proteccin o reforma de menores, podr en cualquier momento dejar sin efecto la medida impuesta, reducir su duracin o sustituirla por otra, siempre que la modificacin redunde en el inters del menor y se exprese suficientemente a ste el reproche merecido por su conducta.

2. En los casos anteriores, el Juez resolver por auto motivado, contra el cual se podrn interponer los recursos previstos en la presente Ley.

Artculo 15. Mayora de edad del condenado.

Cuando el menor a quien se le hubiere impuesto una medida de las establecidas en esta Ley alcanzase la mayora de edad, continuar el cumplimiento de la medida hasta alcanzar los objetivos propuestos en la sentencia en que se le impuso conforme a los criterios expresados en los artculos anteriores.

No obstante lo sealado en el prrafo anterior, cuando las medidas de internamiento sean impuestas a quien haya cumplido veintitrs aos de edad o, habiendo sido impuestas, no haya finalizado su cumplimiento al alcanzar el joven dicha edad, el Juez de Menores, odo el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de lo dispuesto en los artculos 14 y 51 de la presente Ley, ordenar su cumplimiento en centro penitenciario conforme al rgimen ordinario previsto en la Ley Orgnica General Penitenciaria.

TTULO III
De la instruccin del procedimiento
CAPTULO I
Reglas generales
Artculo 16. Incoacin del expediente.

1. Corresponde al Ministerio Fiscal la instruccin de los procedimientos por los hechos a los que se refiere el artculo 1 de esta Ley.

2. Quienes tuvieren noticia de algn hecho de los indicados en el apartado anterior, presuntamente cometido por un menor de dieciocho aos, debern ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal, el cual admitir o no a trmite la denuncia, segn que los hechos sean o no indiciariamente constitutivos de delito; custodiar las piezas, documentos y efectos que le hayan sido remitidos, y practicar, en su caso, las diligencias que estime pertinentes para la comprobacin del hecho y de la responsabilidad del menor en su comisin, pudiendo resolver el archivo de las actuaciones cuando los hechos no constituyan delito o no tengan autor conocido. La resolucin recada sobre la denuncia deber notificarse a quienes hubieran formulado la misma.

3. Una vez efectuadas las actuaciones indicadas en el apartado anterior, el Ministerio Fiscal dar cuenta de la incoacin del expediente al Juez de Menores, quien iniciar las diligencias de trmite correspondientes.

4. El Juez de Menores abrir al propio tiempo la pieza separada de responsabilidad civil, que se tramitar conforme a lo establecido en las reglas del artculo 64 de esta Ley.

5. Cuando los hechos mencionados en el artculo 1 hubiesen sido cometidos conjuntamente por mayores de edad penal y por personas de las edades indicadas en el mismo artculo 1 y en el 4 de esta Ley, en sus respectivos casos, el Juez de Instruccin competente para el conocimiento de la causa, tan pronto como compruebe la edad de los imputados, adoptar las medidas necesarias para asegurar el xito de la actividad investigadora respecto de los mayores de edad y ordenar remitir testimonio de los particulares precisos al Ministerio Fiscal, a los efectos prevenidos en el apartado 2 de este artculo.

Artculo 17. Detencin de los menores.

1. Las autoridades y funcionarios que intervengan en la detencin de un menor debern practicarla en la forma que menos perjudique a ste y estarn obligados a informarle, en un lenguaje claro y comprensible y de forma inmediata, de los hechos que se le imputan, de las razones de su detencin y de los derechos que le asisten, especialmente los reconocidos en el artculo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, as como a garantizar el respeto de los mismos. Tambin debern notificar inmediatamente el hecho de la detencin y el lugar de la custodia a los representantes legales del menor y al Ministerio Fiscal. Si el menor detenido fuera extranjero, el hecho de la detencin se notificar a las correspondientes autoridades consulares cuando el menor tuviera su residencia habitual fuera de Espaa o cuando as lo solicitaran el propio menor o sus representantes legales.

2. Toda declaracin del detenido, se llevar a cabo en presencia de su letrado y de aqullos que ejerzan la patria potestad, tutela o guarda del menor -de hecho o de derecho-, salvo que, en este ltimo caso, las circunstancias aconsejen lo contrario. En defecto de estos ltimos la declaracin se llevar a cabo en presencia del Ministerio Fiscal, representado por persona distinta del instructor del expediente.

3. Mientras dure la detencin, los menores debern hallarse custodiados en dependencias adecuadas y separadas de las que se utilicen para los mayores de edad, y recibirn los cuidados, proteccin y asistencia social, psicolgica, mdica y fsica que requieran, habida cuenta de su edad, sexo y caractersticas individuales.

4. La detencin de un menor por funcionarios de polica no podr durar ms tiempo del estrictamente necesario para la realizacin de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, dentro del plazo mximo de veinticuatro horas, el menor detenido deber ser puesto en libertad o a disposicin del Ministerio Fiscal. Se aplicar, en su caso, lo dispuesto en el artculo 520 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, atribuyendo la competencia para las resoluciones judiciales previstas en dicho precepto al Juez de Menores.

5. Cuando el detenido sea puesto a disposicin del Ministerio Fiscal, ste habr de resolver, dentro de las cuarenta y ocho horas a partir de la detencin, sobre la puesta en libertad del menor, sobre el desistimiento al que se refiere el artculo siguiente, o sobre la incoacin del expediente, poniendo a aqul a disposicin del Juez de Menores competente e instando del mismo las oportunas medidas cautelares, con arreglo a lo establecido en el artculo 28.

6. El Juez competente para el procedimiento de hbeas corpus en relacin a un menor ser el Juez de Instruccin del lugar en el que se encuentre el menor privado de libertad; si no constare, el del lugar donde se produjo la detencin, y, en defecto de los anteriores, el del lugar donde se hayan tenido las ltimas noticias sobre el paradero del menor detenido. Cuando el procedimiento de hbeas corpus sea instado por el propio menor, la fuerza pblica responsable de la detencin lo notificar inmediatamente al Ministerio Fiscal, adems de dar curso al procedimiento conforme a la ley orgnica reguladora.

Artculo 18. Desistimiento de la incoacin del expediente por correccin en el mbito educativo y familiar.

El Ministerio Fiscal podr desistir de la incoacin del expediente cuando los hechos denunciados constituyan delitos menos graves sin violencia o intimidacin en las personas, o faltas, tipificados en el Cdigo Penal o en las leyes penales especiales. En tal caso, el Ministerio Fiscal dar traslado de lo actuado a la entidad pblica de proteccin de menores para la aplicacin de lo establecido en el artculo 3 de la presente Ley. Lo dispuesto en este apartado se entender sin perjuicio de la tra mitacin de la correspondiente pieza de responsabilidad civil.

No obstante, cuando conste que el menor ha cometido con anterioridad otros hechos de la misma naturaleza, el Ministerio Fiscal deber incoar el expediente y, en su caso, actuar conforme autoriza el artculo 27.4 de la presente Ley.

Artculo 19. Sobreseimiento del expediente por conciliacin o reparacin entre el menor y la vctima.

1. Tambin podr el Ministerio Fiscal desistir de la continuacin del expediente, atendiendo a la gravedad y circunstancias de los hechos y del menor, de modo particular a la falta de violencia o intimidacin graves en la comisin de los hechos, y a la circunstancia de que adems el menor se haya conciliado con la vctima o haya asumido el compromiso de reparar el dao causado a la vctima o al perjudicado por el delito, o se haya comprometido a cumplir la actividad educativa propuesta por el equipo tcnico en su informe.

El desistimiento en la continuacin del expediente slo ser posible cuando el hecho imputado al menor constituya delito menos grave o falta.

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entender producida la conciliacin cuando el menor reconozca el dao causado y se disculpe ante la vctima, y sta acepte sus disculpas, y se entender por reparacin el compromiso asumido por el menor con la vctima o perjudicado de realizar determinadas acciones en beneficio de aqullos o de la comunidad, seguido de su realizacin efectiva. Todo ello sin perjuicio del acuerdo al que hayan llegado las partes en relacin al ejercicio de la accin por responsabilidad civil derivada del delito o falta, regulada en esta Ley.

3. El correspondiente equipo tcnico realizar las funciones de mediacin entre el menor y la vctima o perjudicado, a los efectos indicados en los apartados anteriores, e informar al Ministerio Fiscal de los compromisos adquiridos y de su grado de cumplimiento.

4. Una vez producida la conciliacin o cumplidos los compromisos de reparacin asumidos con la vctima o perjudicado por el delito o falta cometido, o cuando una u otros no pudieran llevarse a efecto por causas ajenas a la voluntad del menor, el Ministerio Fiscal dar por concluida la instruccin y solicitar del Juez el sobreseimiento y archivo de las actuaciones, con remisin de lo actuado.

5. En el caso de que el menor no cumpliera la reparacin o la actividad educativa acordada, el Ministerio Fiscal continuar la tramitacin del expediente.

6. En los casos en los que la vctima del delito o falta fuere menor de edad o incapaz, el compromiso al que se refiere el presente artculo habr de ser asumido por el representante legal de la misma, con la aprobacin del Juez de Menores.

Artculo 20. Unidad de expediente.

1. El Ministerio Fiscal incoar un procedimiento por cada hecho delictivo, salvo cuando se trate de hechos delictivos conexos.

2. Todos los procedimientos tramitados a un mismo menor o joven se archivarn en el expediente personal que del mismo se haya abierto en la Fiscala. De igual modo se archivarn las diligencias en el Juzgado de Menores respectivo.

3. En los casos en los que los delitos atribuidos al menor expedientado hubieran sido cometidos en diferentes territorios, la determinacin del rgano judicial competente para el enjuiciamiento de todos ellos en unidad de expediente, as como de las entidades pblicas competentes para la ejecucin de las medidas que se apliquen, se har teniendo en cuenta el lugar del domicilio del menor y, subsidiariamente, los criterios expresados en el artculo 18 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Artculo 21. Remisin al rgano competente.

Cuando el conocimiento de los hechos no corresponda a la competencia de los Juzgados de Menores, el Fiscal acordar la remisin de lo actuado al rgano legalmente competente.

Artculo 22. De la incoacin del expediente.

1. Desde el mismo momento de la incoacin del expediente, el menor tendr derecho a:

a) Ser informado por el Juez, el Ministerio Fiscal, o agente de polica de los derechos que le asisten.

b) Designar abogado que le defienda, o a que le sea designado de oficio y a entrevistarse reservadamente con l, incluso antes de prestar declaracin.

c) Intervenir en las diligencias que se practiquen durante la investigacin preliminar y en el proceso judicial, y a proponer y solicitar, respectivamente, la prctica de diligencias.

d) Ser odo por el Juez o Tribunal antes de adoptar cualquier resolucin que le concierna personalmente.

e) La asistencia afectiva y psicolgica en cualquier estado y grado del procedimiento, con la presencia de los padres o de otra persona que indique el menor, si el Juez de Menores autoriza su presencia.

f) La asistencia de los servicios del equipo tcnico adscrito al Juzgado de Menores.

2. El expediente ser notificado al menor desde el momento mismo de su incoacin, a salvo lo dispuesto en el artculo 24. A tal fin, el Secretario del Juzgado de Menores, una vez recibido del Ministerio Fiscal el parte de incoacin del expediente, requerir al menor y a sus representantes legales para que designen letrado en el plazo de tres das, advirtindoles que, de no hacerlo, aqul le ser nombrado al menor de oficio de entre los integrantes del turno de especialistas del correspondiente Colegio de Abogados.

3. Igualmente, el Ministerio Fiscal notificar a quien aparezca como perjudicado, desde el momento en que as conste en la instruccin del expediente, la posibilidad de ejercer las acciones civiles que le puedan corresponder, personndose ante el Juez de Menores en la pieza de responsabilidad civil que se tramitar por el mismo.

Artculo 23. Actuacin instructora del Ministerio Fiscal.

1. La actuacin instructora del Ministerio Fiscal tendr como objeto, tanto valorar la participacin del menor en los hechos para expresarle el reproche que merece su conducta, como proponer las concretas medidas de contenido educativo y sancionador adecuadas a las circunstancias del hecho y de su autor y, sobre todo, al inters del propio menor valorado en la causa.

2. El Ministerio Fiscal deber dar vista del expediente al letrado del menor, en un plazo no superior a veinticuatro horas, tantas veces como aqul lo solicite.

3. El Ministerio Fiscal no podr practicar por s mismo diligencias restrictivas de derechos fundamentales, sino que habr de solicitar del Juzgado la prctica de las que sean precisas para el buen fin de las investigaciones. El Juez de Menores resolver sobre esta peticin por auto motivado. La prctica de tales diligencias se documentar en pieza separada.

Artculo 24. Secreto del expediente.

El Juez de Menores, a solicitud del Ministerio Fiscal, del menor o de su familia, y mediante auto motivado, podr decretar el secreto del expediente, en su totalidad o parcialmente, durante toda la instruccin o durante un perodo limitado de sta. No obstante, el letrado del menor deber, en todo caso, conocer en su integridad el expediente al evacuar el trmite de alegaciones. Este incidente se tramitar por el Juzgado en pieza separada.

Artculo 25. Participacin del perjudicado e inexistencia de accin particular y popular.

En este procedimiento no cabe en ningn caso el ejercicio de acciones por particulares, salvo lo previsto en el artculo 61.1 de esta Ley sobre ejercicio de acciones civiles.

No obstante lo anterior, cuando los hechos tipificados como delitos se atribuyan a personas que hayan cumplido los diecisis aos en el momento de la comisin de los hechos, con violencia o intimidacin, o con grave riesgo para la vida o integridad fsica de las personas, el perjudicado podr personarse en el procedimiento, tanto en la fase instructora como en la fase de audiencia, con las siguientes facultades:

Tener vista de lo actuado, siendo notificado de las diligencias que se soliciten y acuerden.

Proponer pruebas que versen sobre el hecho delictivo y las circunstancias de su comisin, salvo en lo referente a la situacin psicolgica, educativa, familiar y social del menor.

Participar en la prctica de las pruebas, ya sea en fase de instruccin, ya sea en fase de audiencia; a estos efectos el rgano actuante podr denegar la prctica de la prueba de careo, si sta fuera solicitada, cuando no resulte fundamental para la averiguacin de los hechos o la participacin del menor en los mismos.

Contra la denegacin por el Fiscal de la personacin del perjudicado en fase instructora, ste podr reiterar su peticin ante el Juzgado de Menores en el plazo de cinco das, y contra la denegacin de la prctica de una prueba por el Fiscal no se dar recurso alguno, sin perjuicio de la posibilidad de volver a solicitarla en el escrito de alegaciones o en la fase de audiencia.

Asimismo, con carcter previo a la remisin por el Fiscal del escrito de alegaciones con el expediente al Juzgado de Menores, el Ministerio Fiscal conceder al perjudicado que se hubiera personado un plazo de cinco das para que valore el conjunto de la prueba practicada y, en su caso, proponga aquellas que debieran realizarse en la fase de audiencia.

Cuando proceda la celebracin de la audiencia, el Juez invitar al perjudicado personado en la causa a que manifieste lo que tenga por conveniente sobre la prctica de nuevas pruebas, y tras sta se le oir en relacin a los hechos probados resultantes de las mismas y a la participacin del menor, sin que en ningn caso pueda realizar manifestacin alguna sobre la procedencia de las medidas propuestas.

Contra los autos y providencias de los Jueces de Menores que afecten al ejercicio de las facultades reconocidas en este artculo, se estar a lo dispuesto en el artculo 41.2.

Contra la sentencia dictada por el Juez de Menores, el perjudicado podr interponer recurso de apelacin de acuerdo con lo establecido en el artculo 41.1, fundamentado en la incompetencia del Juzgado, la inadecuacin del procedimiento, el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio que haya producido indefensin al perjudicado o la falta de apreciacin de algn elemento de prueba esencial para la calificacin de los hechos, pudiendo, si fuera necesario, solicitar su prctica, igualmente en los trminos prevenidos por el artculo 41.1.

Artculo 26. Diligencias propuestas por el letrado del menor.

1. El letrado del menor solicitar del Ministerio Fiscal la prctica de cuantas diligencias considere necesarias. El Ministerio Fiscal decidir sobre su admisin, mediante resolucin motivada que notificar al letrado y pondr en conocimiento del Juez de Menores. Con relacin a las diligencias no practicadas, el letrado podr reproducir su peticin, en cualquier momento, ante el Juzgado de Menores.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando el letrado proponga que se lleve a efecto la declaracin del menor, el Ministerio Fiscal deber recibirla en el expediente, salvo que ya hubiese concluido la instruccin y el expediente hubiese sido elevado al Juzgado de Menores.

3. Si las diligencias propuestas por el letrado del menor afectaren a derechos fundamentales de ste o de otras personas, el Ministerio Fiscal, de estimar pertinente la solicitud, se dirigir al Juez de Menores conforme a lo dispuesto en el artculo 23.3 de la presente Ley, sin perjuicio de la facultad del letrado de reproducir su solicitud ante el Juez de Menores en las condiciones establecidas en el apartado 1 de este artculo.

Artculo 27. Informe del equipo tcnico.

1. Durante la instruccin del expediente, el Ministerio Fiscal requerir del equipo tcnico, que a estos efectos depender funcionalmente de aqul sea cual fuere su dependencia orgnica, la elaboracin de un informe o actualizacin de los anteriormente emitidos, que deber serle entregado en el plazo mximo de diez das, prorrogable por un perodo no superior a un mes en casos de gran complejidad, sobre la situacin psicolgica, educativa y familiar del menor, as como sobre su entorno social, y en general sobre cualquier otra circunstancia relevante a los efectos de la adopcin de alguna de las medidas previstas en la presente Ley.

2. El equipo tcnico podr proponer, asimismo, una intervencin socio-educativa sobre el menor, poniendo de manifiesto en tal caso aquellos aspectos del mismo que considere relevantes en orden a dicha intervencin.

3. De igual modo, el equipo tcnico informar, si lo considera conveniente y en inters del menor, sobre la posibilidad de que ste efecte una actividad reparadora o de conciliacin con la vctima, de acuerdo con lo dispuesto en el artculo 19 de esta Ley, con indicacin expresa del contenido y la finalidad de la mencionada actividad. En este caso, no ser preciso elaborar un informe de las caractersticas y contenidos del apartado 1 de este artculo.

4. Asimismo podr el equipo tcnico proponer en su informe la conveniencia de no continuar la tramitacin del expediente en inters del menor, por haber sido expresado suficientemente el reproche al mismo a travs de los trmites ya practicados, o por considerar inadecuada para el inters del menor cualquier intervencin, dado el tiempo transcurrido desde la comisin de los hechos. En estos casos, si se reunieran los requisitos previstos en el artculo 19.1 de esta Ley, el Ministerio Fiscal podr remitir el expediente al Juez con propuesta de sobreseimiento, remitiendo adems, en su caso, testimonio de lo actuado a la entidad pblica de proteccin de menores que corresponda, a los efectos de que acte en proteccin del menor.

5. En todo caso, una vez elaborado el informe del equipo tcnico, el Ministerio Fiscal lo remitir inmediatamente al Juez de Menores y dar copia del mismo al letrado del menor.

6. El informe al que se refiere el presente artculo podr ser elaborado o complementado por aquellas entidades pblicas o privadas que trabajen en el mbito de la educacin de menores y conozcan la situacin del menor expedientado.

CAPTULO II
De las medidas cautelares
Artculo 28. Reglas generales.

1. El Ministerio Fiscal, cuando existan indicios racionales de la comisin de un delito o el riesgo de eludir u obstruir la accin de la justicia por parte del menor, podr solicitar del Juez de Menores, en cualquier momento, la adopcin de medidas cautelares para la custodia y defensa del menor expedientado. Dichas medidas podrn consistir en internamiento en centro, en el rgimen adecuado, libertad vigilada o convivencia con otra persona, familia o grupo educativo. El Juez, odo el letrado del menor, as como el equipo tcnico y la representacin de la entidad pblica de proteccin o reforma de menores, que informarn especialmente sobre la naturaleza de la medida cautelar, resolver sobre lo propuesto tomando en especial consideracin el inters del menor. La medida cautelar adoptada podr mantenerse hasta el momento de la celebracin de la audiencia prevista en los artculos 31 y siguientes de esta Ley o durante la sustanciacin de los eventuales recursos.

2. Para la adopcin de la medida cautelar de internamiento se atender a la gravedad de los hechos, su repercusin y la alarma social producida, valorando siempre las circunstancias personales y sociales del menor. El Juez de Menores resolver sobre la propuesta del Ministerio Fiscal en una comparecencia a la que asistirn tambin el letrado del menor y el representante del equipo tcnico y el de la entidad pblica de proteccin o reforma de menores, los cuales informarn al Juez sobre la conveniencia de la adopcin de la medida solicitada, desde la perspectiva del inters del menor y de su situacin procesal.

En dicha comparecencia el Ministerio Fiscal y el letrado del menor podrn proponer los medios de prueba que puedan practicarse en el acto o dentro de las veinticuatro horas siguientes.

3. El tiempo mximo de duracin de la medida cautelar de internamiento ser de tres meses, y podr prorrogarse, a instancia del Ministerio Fiscal y mediante auto motivado, por otros tres meses como mximo.

4. Las medidas cautelares se documentarn en el Juzgado de Menores en pieza separada del expediente.

5. El tiempo de cumplimiento de las medidas cautelares se abonar en su integridad para el cumplimiento de las medidas que se puedan imponer en la misma causa o, en su defecto, en otras causas que hayan tenido por objeto hechos anteriores a la adopcin de aqullas. El Juez, a propuesta del Ministerio Fiscal y odos el letrado del menor y el equipo tcnico que inform la medida cautelar, ordenar que se tenga por ejecutada la medida impuesta en aquella parte que estime razonablemente compensada por la medida cautelar.

Artculo 29. Medidas cautelares en los casos de exencin de la responsabilidad.

Si en el transcurso de la instruccin que realice el Ministerio Fiscal quedara suficientemente acreditado que el menor se encuentra en situacin de enajenacin mental o en cualquiera otra de las circunstancias previstas en los apartados 1., 2. 3. del artculo 20 del Cdigo Penal vigente, se adoptarn las medidas cautelares precisas para la proteccin y custodia del menor conforme a los preceptos civiles aplicables, instando en su caso las actuaciones para la incapacitacin del menor y la constitucin de los organismos tutelares conforme a derecho, sin perjuicio todo ello de concluir la instruccin y de efectuar las alegaciones previstas en esta Ley conforme a lo que establecen sus artculos 5.2 y 9, y de solicitar, por los trmites de la misma, en su caso, alguna medida teraputica adecuada al inters del menor de entre las previstas en esta Ley.

CAPTULO III
De la conclusin de la instruccin
Artculo 30. Remisin del expediente al Juez de Menores.

1. Acabada la instruccin, el Ministerio Fiscal resolver la conclusin del expediente, notificndosela al letrado del menor, y remitir al Juzgado de Menores el expediente, junto con las piezas de conviccin y dems efectos que pudieran existir, con un escrito de alegaciones en el que constar la descripcin de los hechos, la valoracin jurdica de los mismos, el grado de participacin del menor, una breve resea de las circunstancias personales y sociales de ste, y la proposicin de alguna medida de las previstas en esta Ley con exposicin razonada de los fundamentos jurdicos y educativos que la aconsejen.

2. En el mismo acto propondr el Ministerio Fiscal la prueba de que intente valerse para la defensa de su pretensin procesal.

3. Asimismo, podr proponer el Ministerio Fiscal la participacin en el acto de la audiencia de aquellas personas o representantes de instituciones pblicas y privadas que puedan aportar al proceso elementos valorativos del inters del menor y de la conveniencia o no de las medidas solicitadas.

4. El Ministerio Fiscal podr tambin solicitar del Juez de Menores el sobreseimiento de las actuaciones por alguno de los motivos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, as como la remisin de los particulares necesarios a la entidad pblica de proteccin de menores en su caso.

TTULO IV
De la fase de audiencia
Artculo 31. Apertura de la fase de audiencia.

Recibido el escrito de alegaciones con el expediente, las piezas de conviccin, los efectos y dems elementos procesales remitidos por el Ministerio Fiscal, el Juzgado de Menores los incorporar a sus diligencias, y proceder a abrir el trmite de audiencia, para lo cual dar traslado al letrado del menor del escrito de alegaciones del Ministerio Fiscal y del testimonio del expediente, a fin de que en un plazo de cinco das hbiles formule a su vez escrito de alegaciones comprensivo de los mismos extremos que el escrito del Ministerio Fiscal y proponga la prueba que considere pertinente.

Artculo 32. Sentencia de conformidad.

Si el escrito de alegaciones del Ministerio Fiscal solicitara la imposicin de alguna o algunas de las medidas previstas en las letras e) a m) del apartado 1 del artculo 7, y hubiere conformidad del menor y de su letrado, la cual se expresar en comparecencia ante el Juez de Menores en los trminos del artculo 36, ste dictar sentencia sin ms trmite imponiendo la medida solicitada.

Artculo 33. Otras decisiones del Juez de Menores.

En los casos no previstos en el artculo anterior, a la vista de la peticin del Ministerio Fiscal y del escrito de alegaciones del letrado del menor, el Juez adoptar alguna de las siguientes decisiones:

a) La celebracin de la audiencia.

b) El sobreseimiento, mediante auto motivado, de las actuaciones.

c) El archivo por sobreseimiento de las actuaciones con remisin de particulares a la entidad pblica de proteccin de menores correspondiente cuando as se haya solicitado por el Ministerio Fiscal.

d) La remisin de las actuaciones al Juez competente, cuando el Juez de Menores considere que no le corresponde el conocimiento del asunto.

e) Practicar por s las pruebas propuestas por el letrado del menor y que hubieran sido denegadas por el Fiscal durante la instruccin, conforme a lo dispuesto en el artculo 26.1 de la presente Ley, y que no puedan celebrarse en el transcurso de la audiencia, siempre que considere que son relevantes a los efectos del proceso. Una vez practicadas, dar traslado de los resultados al Ministerio Fiscal y al letrado del menor, antes de iniciar las sesiones de la audiencia.

Contra las precedentes resoluciones cabrn los recursos previstos en esta Ley.

Artculo 34. Pertinencia de pruebas y sealamiento de la audiencia.

El Juez de Menores, dentro del plazo de cinco das desde la presentacin del escrito de alegaciones del letrado del menor, o una vez transcurrido el plazo para la presentacin sin que sta se hubiere efectuado, acordar, en su caso, lo procedente sobre la pertinencia de las pruebas propuestas, mediante auto de apertura de la audiencia, y sealar el da y hora en que deba comenzar sta dentro de los diez das siguientes.

Artculo 35. Asistentes y no publicidad de la audiencia.

1. La audiencia se celebrar con asistencia del Ministerio Fiscal, del perjudicado que, en su caso, se haya personado, del letrado del menor, de un representante del equipo tcnico que haya evacuado el informe previsto en el artculo 27 de esta Ley, y del propio menor, el cual podr estar acompaado de sus representantes legales, salvo que el Juez, odos los citados Ministerio Fiscal, letrado del menor y representante del equipo tcnico, acuerde lo contrario. Tambin podr asistir el representante de la entidad pblica de proteccin o reforma de menores que haya intervenido en las actuaciones de la instruccin, cuando el Juez as lo acuerde.

2. El Juez podr acordar, en inters de la persona imputada o de la vctima, que las sesiones no sean pblicas y en ningn caso se permitir que los medios de comunicacin social obtengan o difundan imgenes del menor ni datos que permitan su identificacin.

Artculo 36. Conformidad del menor.

1. El Juez de Menores informar al menor expedientado, en un lenguaje comprensible y adaptado a su edad, de las medidas solicitadas por el Ministerio Fiscal en su escrito de alegaciones, as como de los hechos y de la causa en que se funden.

2. El Juez seguidamente preguntar al menor si se declara autor de los hechos y si est de acuerdo con la medida solicitada por el Ministerio Fiscal. Si mostrase su conformidad con ambos extremos, odo el letrado del menor, el Juez podr dictar resolucin de conformidad. Si el letrado no estuviese de acuerdo con la conformidad prestada por el propio menor, el Juez resolver sobre la continuacin o no de la audiencia, razonando esta decisin en la sentencia.

3. Si el menor estuviere conforme con los hechos pero no con la medida solicitada, se sustanciar el trmite de la audiencia slo en lo relativo a este ltimo extremo, practicndose la prueba propuesta a fin de determinar la aplicacin de dicha medida o su sustitucin por otra ms adecuada al inters del menor y que haya sido propuesta por alguna de las partes.

Artculo 37. Celebracin de la audiencia.

1. Cuando proceda la celebracin de la audiencia, el Juez invitar al Ministerio Fiscal y al letrado del menor a que manifiesten lo que tengan por conveniente sobre la prctica de nuevas pruebas o sobre la vulneracin de algn derecho fundamental en la tramitacin del procedimiento, o, en su caso, les pondr de manifiesto la posibilidad de aplicar una distinta calificacin o una distinta medida de las que hubieran solicitado. Seguidamente, el Juez acordar la continuacin de la audiencia o la subsanacin del derecho vulnerado, si as procediere. Si acordara la continuacin de la audiencia, el Juez resolver en la sentencia sobre los extremos planteados.

2. Seguidamente se iniciar la prctica de la prueba propuesta y admitida, y la que, previa declaracin de su pertinencia, ofrezcan las partes para su prctica en el acto, oyndose asimismo al equipo tcnico sobre las circunstancias del menor. A continuacin, el Juez oir al Ministerio Fiscal y al letrado del menor sobre la valoracin de la prueba, su calificacin jurdica y la procedencia de las medidas propuestas; sobre este ltimo punto, se oir tambin al equipo tcnico. Por ltimo, el Juez oir al menor, dejando la causa vista para sentencia.

3. En su caso, en este procedimiento se aplicar lo dispuesto en la legislacin relativa a la proteccin de testigos y peritos en causas penales.

4. Si en el transcurso de la audiencia el Juez considerara, de oficio o a solicitud de las partes, que el inters del menor aconseja que ste abandone la sala, podr acordarlo as motivadamente, ordenando que continen las actuaciones hasta que el menor pueda retornar a aqulla.

TTULO V
De la sentencia
Artculo 38. Plazo para dictar sentencia.

Finalizada la audiencia, el Juez de Menores dictar sentencia sobre los hechos sometidos a debate en un plazo mximo de cinco das.

Artculo 39. Contenido y registro de la sentencia.

1. La sentencia contendr todos los requisitos previstos en la vigente Ley Orgnica del Poder Judicial y en ella, valorando las pruebas practicadas, las razones expuestas por el Ministerio Fiscal y por el letrado del menor y lo manifestado en su caso por ste, tomando en consideracin las circunstancias y gravedad de los hechos, as como todos los datos debatidos sobre la personalidad, situacin, necesidades y entorno familiar y social del menor y la edad de ste en el momento de dictar la sentencia, resolver sobre la medida o medidas propuestas, con indicacin expresa de su contenido, duracin y objetivos a alcanzar con las mismas, y ser motivada, consignando expresamente los hechos que se declaren probados y los medios probatorios de los que resulte la conviccin judicial. Tambin podr ser anticipado oralmente el fallo al trmino de las sesiones de la audiencia sin perjuicio de su documentacin con arreglo al artculo 248.3 de la citada Ley Orgnica del Poder Judicial.

2. El Juez, al redactar la sentencia, procurar expresar sus razonamientos en un lenguaje claro y comprensible para la edad del menor.

3. Cada Juzgado de Menores llevar un registro de sentencias en el cual se extendern y firmarn todas las definitivas.

Artculo 40. Suspensin de la ejecucin del fallo.

1. El Juez de Menores, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o del letrado del menor, y odos en todo caso stos, as como el representante del equipo tcnico y de la entidad pblica de proteccin o reforma de menores, podr acordar motivadamente la suspensin de la ejecucin del fallo contenido en la sentencia, cuando la medida impuesta no sea superior a dos aos de duracin, durante un tiempo determinado y hasta un mximo de dos aos. Dicha suspensin se acordar en la propia sentencia, o por auto motivado cuando aqulla sea firme, debiendo expresar, en todo caso, las condiciones de la misma.

2. Las condiciones a las que estar sometida la suspensin de la ejecucin del fallo contenido en la sentencia dictada por el Juez de Menores sern las siguientes:

a) No ser condenado en sentencia firme por delito cometido durante el tiempo que dure la suspensin, si ha alcanzado la mayora de edad, o no serle aplicada medida en sentencia firme en procedimiento regulado por esta Ley durante el tiempo que dure la suspensin.

b) Que el menor asuma el compromiso de mostrar una actitud y disposicin de reintegrarse a la sociedad, no incurriendo en nuevas infracciones.

c) Adems, el Juez puede establecer la aplicacin de un rgimen de libertad vigilada durante el plazo de suspensin o la obligacin de realizar una actividad socio-educativa, recomendada por el equipo tcnico o la entidad pblica de proteccin o reforma de menores en el precedente trmite de audiencia, incluso con compromiso de participacin de los padres, tutores o guardadores del menor, expresando la naturaleza y el plazo en que aquella actividad deber llevarse a cabo.

3. Si las condiciones expresadas en el apartado anterior no se cumplieran, el Juez alzar la suspensin y se proceder a ejecutar la sentencia en todos sus extremos. Contra la resolucin que as lo acuerde se podrn interponer los recursos previstos en esta Ley.

TTULO VI
Del rgimen de recursos
Artculo 41. Recursos de apelacin y reforma.

1. Contra la sentencia dictada por el Juez de Menores en el procedimiento regulado en esta Ley cabe recurso de apelacin ante la Sala de Menores del correspondiente Tribunal Superior de Justicia, que se interpondr ante el Juez que dict aqulla en el plazo de cinco das a contar desde su notificacin, y se resolver previa celebracin de vista pblica, salvo que en inters de la persona imputada o de la vctima, el Juez acuerde que se celebre a puerta cerrada. A la vista debern asistir las partes y, si el Tribunal lo considera oportuno, el representante del equipo tcnico y el representante de la entidad pblica de proteccin o reforma de menores que hayan intervenido en el caso concreto. El recurrente podr solicitar de la Sala la prctica de la prueba que, propuesta y admitida en la instancia, no se hubiera celebrado, conforme a las reglas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

2. Contra los autos y providencias de los Jueces de Menores cabe recurso de reforma ante el propio rgano, que se interpondr en el plazo de tres das a partir de la notificacin. El auto que resuelva la impugnacin de la providencia ser susceptible de recurso de apelacin.

3. Contra los autos que pongan fin al procedimiento o resuelvan el incidente de los artculos 14, 28, 29 y 40 de esta Ley, cabe recurso de apelacin ante la Sala de Menores del Tribunal Superior de Justicia por los trmites que regula la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el procedimiento abreviado.

Artculo 42. Recurso de casacin para unificacin de doctrina.

1. Son recurribles en casacin, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, las sentencias dictadas en apelacin por las Salas de Menores de los Tribunales Superiores de Justicia cuando se hubiere impuesto una de las medidas a las que se refieren las reglas 4. y 5. del artculo 9 de la presente Ley.

2. El recurso tendr por objeto la unificacin de doctrina con ocasin de sentencias dictadas en apelacin por las mencionadas Salas de Menores de los Tribunales Superiores de Justicia que fueran contradictorias entre s con las de otra u otras Salas de Menores de los referidos Tribunales Superiores, o con sentencias del Tribunal Supremo, respecto de hechos y valoraciones de las circunstancias del menor que, siendo sustancialmente iguales, hayan dado lugar, sin embargo, a pronunciamientos distintos.

3. El recurso podr prepararlo el Ministerio Fiscal o el letrado del menor que pretenda la indicada unificacin de doctrina dentro de los diez das siguientes a la notificacin de la sentencia de la Sala de Menores del Tribunal Superior de Justicia, en escrito dirigido a la misma.

4. El escrito de interposicin deber contener una relacin precisa y circunstanciada de la contradiccin alegada, con designacin de las sentencias aludidas y de los informes en que se funde el inters del menor valorado en la sentencia.

5. Acreditados los requisitos a los que se refiere el apartado anterior, la Sala de Menores del Tribunal Superior de Justicia ante quien se haya interpuesto el recurso requerir testimonio de las sentencias citadas a los Tribunales que las dictaron, y en un plazo de diez das remitir la documentacin a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, emplazando al recurrente y al Ministerio Fiscal, si no lo fuera, ante dicha Sala.

6. Cuando la parte recurrente hubiese incumplido de modo manifiesto e insubsanable a criterio del Tribunal Supremo los requisitos establecidos para el recurso o cuando la pretensin carezca de contenido casacional, el Magistrado ponente dar cuenta a la Sala de la causa de inadmisin y aqulla acordar or al recurrente y al Ministerio Fiscal, cuando ste no hubiera interpuesto el recurso, por plazo de tres das, dictando seguidamente auto contra el que no cabr recurso alguno.

7. La Sala Segunda del Tribunal Supremo, constituida en forma ordinaria, convocar a la parte recurrente, y en todo caso al Ministerio Fiscal, a una vista oral, en la que oir las alegaciones que se efecten y podr solicitar informe a la entidad pblica de proteccin o reforma de menores del territorio donde ejerza su jurisdiccin el Juzgado que dict la resolucin impugnada, y, en su caso, a aquella a la que corresponda la ejecucin de la misma, dictando seguidamente la sentencia de casacin del modo y con los efectos sealados en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

8. Tambin, y en unificacin de doctrina y por los mismos trmites, el Ministerio Fiscal podr recurrir en casacin, los autos definitivos dictados por las Salas de Menores de los Tribunales Superiores de Justicia, al resolver los recursos contra las resoluciones de los Jueces de Instruccin dictadas en aplicacin de lo dispuesto en el artculo 4 de la presente Ley Orgnica.

TTULO VII
De la ejecucin de las medidas
CAPTULO I
Disposiciones generales
Artculo 43. Principio de legalidad.

1. No podr ejecutarse ninguna de las medidas establecidas en esta Ley sino en virtud de sentencia firme dictada de acuerdo con el procedimiento regulado en la misma.

2. Tampoco podrn ejecutarse dichas medidas en otra forma que la prescrita en esta Ley y en los reglamentos que la desarrollen.

Artculo 44. Competencia judicial.

1. La ejecucin de las medidas previstas en esta Ley se realizar bajo el control del Juez de Menores que haya dictado la sentencia correspondiente, el cual resolver por auto motivado, odos el Ministerio Fiscal, el letrado del menor y la representacin de la entidad pblica que ejecute aqulla, sobre las incidencias que se puedan producir durante su transcurso.

2. Para ejercer el control de la ejecucin, corresponden especialmente al Juez de Menores, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o del letrado del menor, las funciones siguientes:

a) Adoptar todas las decisiones que sean necesarias para proceder a la ejecucin efectiva de las medidas impuestas.

b) Resolver las propuestas de revisin de las medidas a que se refiere el artculo 14 de esta Ley.

c) Aprobar los programas de ejecucin de las medidas.

d) Conocer de la evolucin de los menores durante el cumplimiento de las medidas a travs de los informes de seguimiento de las mismas.

e) Resolver los recursos que se interpongan contra las resoluciones dictadas para la ejecucin de las medidas, conforme establece el artculo 52 de esta Ley.

f) Acordar lo que proceda en relacin a las peticiones o quejas que puedan plantear los menores sancionados sobre el rgimen, el tratamiento o cualquier otra circunstancia que pueda afectar a sus derechos fundamentales.

g) Realizar regularmente visitas a los centros y entrevistas con los menores.

h) Formular a la entidad pblica de proteccin o reforma de menores correspondiente las propuestas y recomendaciones que considere oportunas en relacin con la organizacin y el rgimen de ejecucin de las medidas.

i) Adoptar las resoluciones que, en relacin con el rgimen disciplinario, les atribuye el artculo 60 de esta Ley.

Artculo 45. Competencia administrativa.

1. La ejecucin de las medidas adoptadas por los Jueces de Menores en sus sentencias firmes es competencia de las Comunidades Autnomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, con arreglo a la disposicin final vigsima segunda de la Ley Orgnica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccin Jurdica del Menor. Dichas entidades pblicas llevarn a cabo, de acuerdo con sus respectivas normas de organizacin, la creacin, direccin, organizacin y gestin de los servicios, instituciones y programas adecuados para garantizar la correcta ejecucin de las medidas previstas en esta Ley.

2. La ejecucin de las medidas corresponder a las Comunidades Autnomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, donde se ubique el Juzgado de Menores que haya dictado la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artculo siguiente.

3. Las Comunidades Autnomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla podrn establecer los convenios o acuerdos de colaboracin necesarios con otras entidades, bien sean pblicas, de la Administracin del Estado, Local o de otras Comunidades Autnomas, o privadas sin nimo de lucro, para la ejecucin de las medidas de su competencia, bajo su directa supervisin, sin que ello suponga en ningn caso la cesin de la titularidad y responsabilidad derivada de dicha ejecucin.

CAPTULO II
Reglas para la ejecucin de las medidas
Artculo 46. Liquidacin de la medida y traslado del menor a un centro.

1. Una vez firme la sentencia y aprobado el programa de ejecucin de la medida impuesta, el Secretario del Juzgado que la hubiere dictado practicar la liquidacin de dicha medida, indicando las fechas de inicio y de terminacin de la misma, con abono en su caso del tiempo cumplido por las medidas cautelares impuestas al interesado, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artculo 28.5. Al propio tiempo, abrir un expediente de ejecucin en el que se harn constar las incidencias que se produzcan en el desarrollo de aqulla conforme a lo establecido en la presente Ley.

2. De la liquidacin mencionada en el apartado anterior y del testimonio de particulares que el Juez considere necesario y que deber incluir los informes tcnicos que obren en la causa, se dar traslado a la entidad pblica de proteccin o reforma de menores competente para el cumplimiento de las medidas acordadas en la sentencia firme. Tambin se notificar al Ministerio Fiscal el inicio de la ejecucin, y al letrado del menor si as lo solicitara del Juez de Menores.

3. Recibidos por la entidad pblica el testimonio y la liquidacin de la medida indicados en el apartado anterior, aqulla designar de forma inmediata un profesional que se responsabilizar de la ejecucin de la medida impuesta, y, si sta fuera de internamiento, designar el centro ms adecuado para su ejecucin de entre los ms cercanos al domicilio del menor en los que existan plazas disponibles para la ejecucin por la entidad pblica competente en cada caso. El traslado a otro centro distinto de los anteriores slo se podr fundamentar en el inters del menor de ser alejado de su entorno familiar y social y requerir en todo caso la aprobacin del Juez de Menores que haya dictado la sentencia.

Artculo 47. Ejecucin de varias medidas.

1. Cuando el menor estuviere sometido a varias medidas, el Juez que hubiere dictado la ltima sentencia firme ordenar el cumplimiento de aqullas de manera simultnea.

2. Cuando todas o algunas de las medidas impuestas no puedan ser cumplidas simultneamente, se cumplirn sucesivamente, de conformidad con las reglas siguientes, salvo que el Juez disponga un orden distinto atendiendo al inters del menor:

1. Las medidas de internamiento se cumplirn antes que las medidas no privativas de libertad, y, en su caso, interrumpirn las que se estuvieren ejecutando que fueran de esta ltima naturaleza.

2. Cuando concurriere el internamiento teraputico con otra medida, se impondr en primer trmino la medida de internamiento teraputico. El Juez suspender, en su caso, el inicio de la ejecucin de las medidas posteriormente impuestas hasta que aqulla finalice o sea alzada, salvo que se haga uso de la facultad establecida en el artculo 14 de la presente Ley.

3. En los supuestos previstos en la regla 5. del artculo 9, la medida de libertad vigilada habr de suceder a la medida de internamiento en rgimen cerrado, conforme a la diccin del mencionado precepto.

4. Cuando concurran varias medidas de la misma naturaleza, se cumplirn por orden cronolgico de firmeza de las respectivas sentencias.

5. Cuando el joven cumpla medidas previstas por esta Ley y sea condenado a medidas o penas del Cdigo Penal, el Juez o Tribunal ordenar el cumplimiento simultneo de las mismas, si ello fuera posible. En caso contrario, la pena de prisin se cumplir a continuacin de la medida de internamiento que se est ejecutando, salvo que el Juez o Tribunal sentenciador, tratndose de una condena por delitos graves y atendidas las circunstancias del joven, ordene la inmediata ejecucin de la pena de prisin impuesta.

3. El Juez, previa audiencia de las partes e informe del equipo tcnico, podr alterar el orden de cumplimiento previsto en el apartado anterior cuando as lo hiciere aconsejable el inters del menor.

Artculo 48. Expediente personal de la persona sometida a la ejecucin de una medida.

1. La entidad pblica abrir un expediente personal nico a cada menor respecto del cual tenga encomendada la ejecucin de una medida, en el que se recogern los informes relativos a aqul, las resoluciones judiciales que le afecten y el resto de la documentacin generada durante la ejecucin.

2. Dicho expediente tendr carcter reservado y solamente tendrn acceso al mismo el Defensor del Pueblo o institucin anloga de la correspondiente Comunidad Autnoma, los Jueces de Menores competentes, el Ministerio Fiscal y las personas que intervengan en la ejecucin y estn autorizadas por la entidad pblica de acuerdo con sus normas de organizacin. El menor, su letrado y, en su caso, su representante legal, tambin tendrn acceso al expediente.

3. La recogida, cesin y tratamiento automatizado de datos de carcter personal de las personas a las que se aplique la presente Ley, slo podr realizarse en ficheros informticos de titularidad pblica dependientes de las entidades pblicas de proteccin de menores, Administraciones y Juzgados de Menores competentes o del Ministerio Fiscal, y se regir por lo dispuesto en la Ley Orgnica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccin de Datos de Cracter Personal, y sus normas de desarrollo.

Artculo 49. Informes sobre la ejecucin.

1. La entidad pblica remitir al Juez de Menores y al Ministerio Fiscal, con la periodicidad que se establezca reglamentariamente en cada caso y siempre que fuese requerida para ello o la misma entidad lo considerase necesario, informes sobre la ejecucin de la medida y sus incidencias, y sobre la evolucin personal de los menores sometidos a las mismas. Dichos informes se remitirn tambin al letrado del menor si as lo solicitare a la entidad pblica competente.

2. En los indicados informes la entidad pblica podr solicitar del Ministerio Fiscal, cuando as lo estime procedente, la revisin judicial de las medidas en el sentido propugnado por el artculo 14.1 de la presente Ley.

Artculo 50. Quebrantamiento de la ejecucin.

1. Cuando el menor quebrantare una medida privativa de libertad, se proceder a su reingreso en el mismo centro del que se hubiera evadido o en otro adecuado a sus condiciones, o, en caso de permanencia de fin de semana, en su domicilio, a fin de cumplir de manera ininterrumpida el tiempo pendiente.

2. Si la medida quebrantada no fuere privativa de libertad, el Ministerio Fiscal podr instar del Juez de Menores la sustitucin de aqulla por otra de la misma naturaleza. Excepcionalmente, y a propuesta del Ministerio Fiscal, odos el letrado y el representante legal del menor, as como el equipo tcnico, el Juez de Menores podr sustituir la medida por otra de internamiento en centro semiabierto, por el tiempo que reste para su cumplimiento.

3. Asimismo, el Juez de Menores remitir testimonio de los particulares relativos al quebrantamiento de la medida al Ministerio Fiscal, por si el hecho fuese constitutivo de alguna de las infracciones a que se refiere el artculo 1 de la presente Ley Orgnica y merecedora de reproche sancionador.

Artculo 51. Sustitucin de las medidas.

1. Durante la ejecucin de las medidas el Juez de Menores que las haya impuesto podr, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, del letrado del menor o de la Administracin competente, y odas las partes, as como el equipo tcnico y la representacin de la entidad pblica de proteccin o reforma de menores, dejar sin efecto aqullas o sustituirlas por otras que se estimen ms adecuadas de entre las previstas en esta Ley, por tiempo igual o inferior al que reste para su cumplimiento. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artculo anterior y de acuerdo con el artculo 14 de la presente Ley.

2. La conciliacin del menor con la vctima, en cualquier momento en que se produzca el acuerdo entre ambos a que se refiere el artculo 19 de la presente Ley, podr dejar sin efecto la medida impuesta cuando el Juez, a propuesta del Ministerio Fiscal o del letrado del menor y odos el equipo tcnico y la representacin de la entidad pblica de proteccin o reforma de menores, juzgue que dicho acto y el tiempo de duracin de la medida ya cumplido expresan suficientemente el reproche que merecen los hechos cometidos por el menor.

3. En todos los casos anteriores, el Juez resolver por auto motivado, contra el cual se podrn interponer los recursos previstos en la presente Ley.

Artculo 52. Presentacin de recursos.

1. Cuando el menor pretenda interponer ante el Juez de Menores recurso contra cualquier resolucin adoptada durante la ejecucin de las medidas que le hayan sido impuestas, lo presentar de forma escrita ante el Juez o Director del centro de internamiento, quien lo pondr en conocimiento de aqul dentro del siguiente da hbil.

El menor tambin podr presentar un recurso ante el Juez de forma verbal, o manifestar de forma verbal su intencin de recurrir al Director del centro, quien dar traslado de esta manifestacin al Juez de Menores en el plazo indicado. En este ltimo caso, el Juez de Menores adoptar las medidas que resulten procedentes a fin de or la alegacin del menor.

El letrado del menor tambin podr interponer los recursos, en forma escrita, ante las autoridades indicadas en el prrafo primero.

2. El Juez de Menores recabar informe del Ministerio Fiscal y resolver el recurso en el plazo de dos das, mediante auto motivado. Contra este auto cabr recurso de apelacin ante la Sala de Menores del correspondiente Tribunal Superior de Justicia, conforme a lo dispuesto en el artculo 41 de la presente Ley.

Artculo 53. Cumplimiento de la medida.

1. Una vez cumplida la medida, la entidad pblica remitir a los destinatarios designados en el artculo 49.1 un informe final, y el Juez de Menores dictar auto acordando lo que proceda respecto al archivo de la causa. Dicho auto ser notificado al Ministerio Fiscal y al letrado del menor.

2. El Juez, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o del letrado del menor, podr instar de la correspondiente entidad pblica de proteccin o reforma de menores, una vez cumplida la medida impuesta, que se arbitren los mecanismos de proteccin del menor conforme a las normas del Cdigo Civil, cuando el inters de aqul as lo requiera.

CAPTULO III
Reglas especiales para la ejecucin de las medidas privativas de libertad
Artculo 54. Centros para la ejecucin de las medidas privativas de libertad.

1. Las medidas privativas de libertad, la detencin y las medidas cautelares de internamiento que se impongan de conformidad con esta Ley se ejecutarn en centros especficos para menores infractores, diferentes de los previstos en la legislacin penitenciaria para la ejecucin de las condenas penales y medidas cautelares privativas de libertad impuestas a los mayores de edad penal.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las medidas de internamiento tambin podrn ejecutarse en centros socio-sanitarios cuando la medida impuesta as lo requiera. En todo caso se requerir la previa autorizacin del Juez de Menores.

3. Los centros estarn divididos en mdulos adecuados a la edad, madurez, necesidades y habilidades sociales de los menores internados y se regirn por una normativa de funcionamiento interno cuyo cumplimiento tendr como finalidad la consecucin de una convivencia ordenada, que permita la ejecucin de los diferentes programas de intervencin educativa y las funciones de custodia de los menores internados.

Artculo 55. Principio de resocializacin.

1. Toda la actividad de los centros en los que se ejecuten medidas de internamiento estar inspirada por el principio de que el menor internado es sujeto de derecho y contina formando parte de la sociedad.

2. En consecuencia, la vida en el centro debe tomar como referencia la vida en libertad, reduciendo al mximo los efectos negativos que el internamiento pueda representar para el menor o para su familia, favoreciendo los vnculos sociales, el contacto con los familiares y allegados, y la colaboracin y participacin de las entidades pblicas y privadas en el proceso de integracin social, especialmente de las ms prximas geogrfica y culturalmente.

3. A tal fin se fijarn reglamentariamente los permisos ordinarios y extraordinarios de los que podr disfrutar el menor internado, a fin de mantener contactos positivos con el exterior y preparar su futura vida en libertad.

Artculo 56. Derechos de los menores internados.

1. Todos los menores internados tienen derecho a que se respete su propia personalidad, su libertad ideolgica y religiosa y los derechos e intereses legtimos no afectados por el contenido de la condena, especialmente los inherentes a la minora de edad civil cuando sea el caso.

2. En consecuencia, se reconocen a los menores internados los siguientes derechos:

a) Derecho a que la entidad pblica de la que depende el centro vele por su vida, su integridad fsica y su salud, sin que puedan, en ningn caso, ser sometidos a tratos degradantes o a malos tratos de palabra o de obra, ni ser objeto de un rigor arbitrario o innecesario en la aplicacin de las normas.

b) Derecho del menor de edad civil a recibir una educacin y formacin integral en todos los mbitos y a la proteccin especfica que por su condicin le dispensan las leyes.

c) Derecho a que se preserve su dignidad y su intimidad, a ser designados por su propio nombre y a que su condicin de internados sea estrictamente reservada frente a terceros.

d) Derecho al ejercicio de los derechos civiles, polticos, sociales, religiosos, econmicos y culturales que les correspondan, salvo cuando sean incompatibles con el objeto de la detencin o el cumplimiento de la condena.

e) Derecho a estar en el centro ms cercano a su domicilio, de acuerdo a su rgimen de internamiento, y a no ser trasladados fuera de su Comunidad Autnoma excepto en los casos y con los requisitos previstos en esta Ley y sus normas de desarrollo.

f) Derecho a la asistencia sanitaria gratuita, a recibir la enseanza bsica obligatoria que corresponda a su edad, cualquiera que sea su situacin en el centro, y a recibir una formacin educativa o profesional adecuada a sus circunstancias.

g) Derecho de los sentenciados a un programa de tratamiento individualizado y de todos los internados a participar en las actividades del centro.

h) Derecho a comunicarse libremente con sus padres, representantes legales, familiares u otras per sonas, y a disfrutar de salidas y permisos, con arreglo a lo dispuesto en esta Ley y sus normas de desarrollo.

i) Derecho a comunicarse reservadamente con sus letrados, con el Juez de Menores competente, con el Ministerio Fiscal y con los servicios de Inspeccin de centros de internamiento.

j) Derecho a una formacin laboral adecuada, a un trabajo remunerado, dentro de las disponibilidades de la entidad pblica, y a las prestaciones sociales que pudieran corresponderles, cuando alcancen la edad legalmente establecida.

k) Derecho a formular peticiones y quejas a la Direccin del centro, a la entidad pblica, a las autoridades judiciales, al Ministerio Fiscal, al Defensor del Pueblo o institucin anloga de su Comunidad Autnoma y a presentar todos los recursos legales que prev esta Ley ante el Juez de Menores competente, en defensa de sus derechos e intereses legtimos.

l) Derecho a recibir informacin personal y actualizada de sus derechos y obligaciones, de su situacin personal y judicial, de las normas de funcionamiento interno de los centros que los acojan, as como de los procedimientos concretos para hacer efectivos tales derechos, en especial para formular peticiones, quejas o recursos.

m) Derecho a que sus representantes legales sean informados sobre su situacin y evolucin y sobre los derechos que a ellos les corresponden, con los nicos lmites previstos en esta Ley.

n) Derecho de las menores internadas a tener en su compaa a sus hijos menores de tres aos, en las condiciones y con los requisitos que se establezcan reglamentariamente.

Artculo 57. Deberes de los menores internados.

Los menores internados estarn obligados a:

a) Permanecer en el centro a disposicin de la autoridad judicial competente hasta el momento de su puesta en libertad, sin perjuicio de las salidas y actividades autorizadas que puedan realizar en el exterior.

b) Recibir la enseanza bsica obligatoria que legalmente les corresponda.

c) Respetar y cumplir las normas de funcionamiento interno del centro y las directrices o instrucciones que reciban del personal de aqul en el ejercicio legtimo de sus funciones.

d) Colaborar en la consecucin de una actividad ordenada en el interior del centro y mantener una actitud de respeto y consideracin hacia todos, dentro y fuera del centro, en especial hacia las autoridades, los trabajadores del centro y los dems menores internados.

e) Utilizar adecuadamente las instalaciones del centro y los medios materiales que se pongan a su disposicin.

f) Observar las normas higinicas y sanitarias, y sobre vestuario y aseo personal establecidas en el centro.

g) Realizar las prestaciones personales obligatorias previstas en las normas de funcionamiento interno del centro para mantener el buen orden y la limpieza del mismo.

h) Participar en las actividades formativas, educativas y laborales establecidas en funcin de su situacin personal a fin de preparar su vida en libertad.

Artculo 58. Informacin y reclamaciones.

1. Los menores recibirn, a su ingreso en el centro, informacin escrita sobre sus derechos y obligaciones, el rgimen de internamiento en el que se encuentran, las cuestiones de organizacin general, las normas de funcionamiento del centro, las normas disciplinarias y los medios para formular peticiones, quejas o recursos. La informacin se les facilitar en un idioma que entiendan. A los que tengan cualquier gnero de dificultad para comprender el contenido de esta informacin se les explicar por otro medio adecuado.

2. Todos los internados podrn formular, verbalmente o por escrito, en sobre abierto o cerrado, peticiones y quejas a la entidad pblica sobre cuestiones referentes a su situacin de internamiento. Dichas peticiones o quejas tambin podrn ser presentadas al Director del centro, el cual las atender si son de su competencia o las pondr en conocimiento de la entidad pblica o autoridades competentes, en caso contrario.

Artculo 59. Medidas de vigilancia y seguridad.

1. Las actuaciones de vigilancia y seguridad interior en los centros podrn suponer, en la forma y con la periodicidad que se establezca reglamentariamente, inspecciones de los locales y dependencias, as como registros de personas, ropas y enseres de los menores internados.

2. De igual modo se podrn utilizar exclusivamente los medios de contencin que se establezcan reglamentariamente para evitar actos de violencia o lesiones de los menores, para impedir actos de fuga y daos en las instalaciones del centro o ante la resistencia activa o pasiva a las instrucciones del personal del mismo en el ejercicio legtimo de su cargo.

Artculo 60. Rgimen disciplinario.

1. Los menores internados podrn ser corregidos disciplinariamente en los casos y de acuerdo con el procedimiento que se establezca reglamentariamente, de acuerdo con los principios de la Constitucin, de esta Ley y del Ttulo IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, respetando en todo momento la dignidad de aqullos y sin que en ningn caso se les pueda privar de sus derechos de alimentacin, enseanza obligatoria y comunicaciones y visitas, previstos en esta Ley y disposiciones que la desarrollen.

2. Las faltas disciplinarias se clasificarn en muy graves, graves y leves, atendiendo a la violencia desarrollada por el sujeto, su intencionalidad, la importancia del resultado y el nmero de personas ofendidas.

3. Las nicas sanciones que se podrn imponer por la comisin de faltas muy graves sern las siguientes:

a) La separacin del grupo por un perodo de tres a siete das en casos de evidente agresividad, violencia y alteracin grave de la convivencia.

b) La separacin del grupo durante tres a cinco fines de semana.

c) La privacin de salidas de fin de semana de quince das a un mes.

d) La privacin de salidas de carcter recreativo por un perodo de uno a dos meses.

4. Las nicas sanciones que se podrn imponer por la comisin de faltas graves sern las siguientes:

a) Las mismas que en los cuatro supuestos del apartado anterior, con la siguiente duracin: dos das, uno o dos fines de semana, uno a quince das, y un mes respectivamente.

b) La privacin de participar en las actividades recreativas del centro durante un perodo de siete a quince das.

5. Las nicas sanciones que se podrn imponer por la comisin de faltas leves sern las siguientes:

a) La privacin de participar en todas o algunas de las actividades recreativas del centro durante un perodo de uno a seis das.

b) La amonestacin.

6. La sancin de separacin supondr que el menor permanecer en su habitacin o en otra de anlogas caractersticas a la suya, durante el horario de actividades del centro, excepto para asistir, en su caso, a la enseanza obligatoria, recibir visitas y disponer de dos horas de tiempo al da al aire libre.

7. Las resoluciones sancionadoras podrn ser recurridas, antes del inicio de su cumplimiento, ante el Juez de Menores. A tal fin, el menor sancionado podr presentar el recurso por escrito o verbalmente ante el Director del establecimiento, quien, en el plazo de veinticuatro horas, remitir dicho escrito o testimonio de la queja verbal, con sus propias alegaciones, al Juez de Menores y ste, en el trmino de una audiencia y odo el Ministerio Fiscal, dictar auto, confirmando, modificando o anulando la sancin impuesta, sin que contra dicho auto quepa recurso alguno. El auto, una vez notificado al establecimiento, ser de ejecucin inmediata. En tanto se sustancia el recurso, en el plazo de dos das, la entidad pblica ejecutora de la medida podr adoptar las decisiones precisas para restablecer el orden alterado, aplicando al sancionado lo dispuesto en el apartado 6 de este artculo. El letrado del menor tambin podr interponer los recursos a que se refiere el prrafo anterior.

TTULO VIII
De la responsabilidad civil
Artculo 61. Reglas generales.

1. La accin para exigir la responsabilidad civil en el procedimiento regulado en esta Ley se ejercitar por el Ministerio Fiscal, salvo que el perjudicado renuncie a ella, la ejercite por s mismo en el plazo de un mes desde que se le notifique la apertura de la pieza separada de responsabilidad civil o se la reserve para ejercitarla ante el orden jurisdiccional civil conforme a los preceptos del Cdigo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2. Se tramitar una pieza separada de responsabilidad civil por cada uno de los hechos imputados.

3. Cuando el responsable de los hechos cometidos sea un menor de dieciocho aos, respondern solidariamente con l de los daos y perjuicios causados sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden. Cuando stos no hubieren favorecido la conducta del menor con dolo o negligencia grave, su responsabilidad podr ser moderada por el Juez segn los casos.

4. En su caso, se aplicar tambin lo dispuesto en el artculo 145 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, y en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las vctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, y sus disposiciones complementarias.

Artculo 62. Extensin de la responsabilidad civil.

La responsabilidad civil a la que se refiere el artculo anterior se regular, en cuanto a su extensin, por lo dispuesto en el captulo I del Ttulo V del Libro I del Cdigo Penal vigente.

Artculo 63. Responsabilidad civil de los aseguradores.

Los aseguradores que hubiesen asumido el riesgo de las responsabilidades pecuniarias derivadas de los actos de los menores a los que se refiere la presente Ley sern responsables civiles directos hasta el lmite de la indemnizacin legalmente establecida o convencionalmente pactada, sin perjuicio de su derecho de repeticin contra quien corresponda.

Artculo 64. Reglas de procedimiento.

Los trmites para la exigencia de la responsabilidad civil aludida en los artculos anteriores se acomodarn a las siguientes reglas:

1. Tan pronto como el Juez de Menores reciba el parte de la incoacin del expediente por el Ministerio Fiscal, proceder a abrir una pieza separada de responsabilidad civil, notificando a quienes aparezcan como perjudicados su derecho a ser parte en la misma, y estableciendo el plazo lmite para el ejercicio de la accin.

2. En la pieza de referencia podrn personarse los perjudicados que hayan recibido notificacin al efecto del Juez de Menores o del Ministerio Fiscal, conforme establece el artculo 22 de la presente Ley, y tambin espontneamente quienes se consideren como tales. Asimismo, podrn personarse las compaas aseguradoras que se tengan por partes interesadas, dentro del plazo para el ejercicio de la accin de responsabilidad civil. En el escrito de personacin, indicarn las personas que consideren responsables de los hechos cometidos y contra las cuales pretendan reclamar, bastando con la indicacin genrica de su identidad.

3. El Juez de Menores notificar al menor y a sus representantes legales, en su caso, su condicin de posibles responsables civiles.

4. Una vez personados los presuntos perjudicados y responsables civiles, el Juez de Menores dictar auto acordando el inicio del procedimiento, en el que se sealarn las partes actoras y demandadas, segn lo que se haya solicitado por los actores y se desprenda del expediente, y conceder un plazo de diez das a los demandantes para que presenten un escrito con sus pretensiones y propongan la prueba que consideren necesaria, incluida la confesin en juicio y la de testigos.

5. Transcurrido dicho plazo, el Juez de Menores dar traslado del escrito a los demandados, quienes en un plazo de diez das debern contestar a la demanda y proponer a su vez la prueba que consideren necesaria.

6. El Juez, inmediatamente que tenga en su poder los escritos de unos y de otros, convocar a los demandantes y a los demandados a una vista oral en la que aqullos y stos, por su orden, expondrn sus pretensiones y sus alegaciones sobre todo aquello que consideren relevante al objeto del proceso. En el mismo acto se admitirn las pruebas pertinentes y se practicarn las pruebas propuestas. No podr rechazarse la confesin en juicio o la prueba testifical por el hecho de haber sido ya practicadas en el expediente principal.

7. El Juez, de oficio, mandar unir a los autos aquellos particulares del expediente del procedimiento de menores y de las actas de la audiencia que considere relevantes para su decisin.

8. Una vez celebrada la audiencia en el procedimiento de menores y dictada sentencia o recada otra resolucin definitiva, el Juez dictar sentencia civil absolviendo a los demandados o declarando los responsables civiles, con el contenido indicado en el artculo 115 del vigente Cdigo Penal.

9. Contra la sentencia indicada en el apartado anterior cabr recurso de apelacin ante la Sala de Menores del Tribunal Superior de Justicia, que se sustanciar por los trmites de la apelacin regulados en la Ley de Enjuiciamiento Civil que por la cuanta corresponda. Una vez firme la sentencia, podr ser ejecutada de acuerdo con las normas del Cdigo Penal y de la citada Ley de Enjuiciamiento Civil.

10. La sentencia dictada en este procedimiento no producir fuerza de cosa juzgada, quedando a salvo el derecho de las partes para promover juicio ordinario sobre la misma cuestin, en el cual se considerarn hechos probados los hechos que el Juez de Menores haya estimado acreditados, as como la participacin del menor.

11. En la pieza de responsabilidad civil no se precisa letrado ni procurador, pero, si fuere solicitado, se designar letrado de oficio al presunto responsable. Los representantes legales del menor podrn ser defendidos por el letrado designado al menor en el procedimiento principal, si as se aceptare por aqul.

Disposicin adicional primera. Aplicacin en la Jurisdiccin Militar.

Lo dispuesto en el artculo 4 de esta Ley se aplicar a quienes hubieren cometido delitos o faltas de los que deba conocer la Jurisdiccin Militar, conforme a lo que se establezca sobre el particular en las leyes penales militares.

Disposicin adicional segunda. Aplicacin de medidas en casos de riesgo para la salud.

Cuando los Jueces de Menores aplicaren alguna de las medidas teraputicas a las que se refieren los artculos 5.2, 7.1 y 29 de esta Ley, en caso de enfermedades transmisibles u otros riesgos para la salud de los menores o de quienes con ellos convivan, podrn encomendar a las autoridades o Servicios de Salud correspondientes su control y seguimiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgnica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pblica.

Disposicin adicional tercera. Registro de sentencias firmes dictadas en aplicacin de lo dispuesto en la presente Ley.

En el Ministerio de Justicia se llevar un Registro de sentencias firmes dictadas en aplicacin de lo dispuesto en la presente Ley, cuyos datos slo podrn ser utilizados por los Jueces de Menores y por el Ministerio Fiscal a efectos de lo establecido en los artculos 6, 30 y 47 de esta Ley, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley Orgnica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccin de Datos de Carcter Personal, y sus disposiciones complementarias.

Disposicin transitoria nica. Rgimen transitorio.

1. A los hechos cometidos con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley por los menores sujetos a la Ley Orgnica 4/1992, de 5 de junio, sobre Reforma de la Ley Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores, que se deroga, les ser de aplicacin la legislacin vigente en el momento de su comisin. Quienes estuvieren cumpliendo una medida de las previstas en la citada Ley Orgnica 4/1992 continuarn dicho cumplimiento hasta la extincin de la responsabilidad en las condiciones previstas en dicha Ley.

2. A la entrada en vigor de la presente Ley, cesar inmediatamente el cumplimiento de todas las medidas previstas en la Ley Orgnica 4/1992 que estuvieren cumpliendo personas menores de catorce aos, extinguindose las correspondientes responsabilidades.

3. A los menores de dieciocho aos, juzgados con arreglo a lo dispuesto en el Cdigo Penal de 1973, en las leyes penales especiales derogadas o en la disposicin derogatoria del Cdigo Penal vigente, a quienes se hubiere impuesto una pena de dos aos de prisin menor o una pena de prisin superior a dos aos, que estuvieren pendientes de cumplimiento a la entrada en vigor de la presente Ley, dichas penas les sern sustituidas por alguna de las medidas previstas en esta Ley, a instancia del Ministerio Fiscal, previo informe del equipo tcnico o de la correspondiente entidad pblica de proteccin o reforma de menores. A tal efecto, se habr de dar traslado al Ministerio Fiscal de la ejecutoria y de la liquidacin provisional de las penas impuestas a los menores comprendidos en los supuestos previstos en este apartado.

4. Si, en los supuestos a los que se refiere el apartado anterior, la pena impuesta o pendiente de cumplimiento fuera de prisin inferior a dos aos o de cualquiera otra naturaleza, se podr imponer al condenado una medida de libertad vigilada simple por el tiempo que restara de cumplimiento de la condena, si el Juez de Menores, a peticin del Ministerio Fiscal y odos el letrado del menor, su representante legal, la correspondiente entidad pblica de proteccin o reforma de menores y el propio sentenciado, lo considerara acorde con la finalidad educativa que persigue la presente Ley. En otro caso, el Juez de Menores podr tener por cumplida la pena y extinguida la responsabilidad del sentenciado.

5. Las decisiones del Juez de Menores a que se refieren los apartados anteriores se adoptarn en auto recurrible directamente en apelacin, en el plazo de cinco das hbiles, ante la Sala de Menores del correspondiente Tribunal Superior de Justicia.

6. En los procedimientos penales en curso a la entrada en vigor de la presente Ley, en los que haya imputadas personas por la comisin de hechos delictivos cuando an no hayan cumplido los dieciocho aos, el Juez o Tribunal competente remitir las actuaciones practicadas al Ministerio Fiscal para que instruya el procedimiento regulado en la misma. Si el imputado lo fuere por hechos cometidos cuando era mayor de dieciocho aos y menor de veintiuno, el Juez instructor acordar lo que proceda, segn lo dispuesto en el artculo 4 de esta Ley.

Disposicin final primera. Derecho supletorio.

Tendrn el carcter de normas supletorias, para lo no previsto expresamente en esta Ley Orgnica, en el mbito sustantivo, el Cdigo Penal y las leyes penales especiales, y, en el mbito del procedimiento, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en particular lo dispuesto para los trmites del procedimiento abreviado regulado en el Ttulo III del Libro IV de la misma.

Disposicin final segunda. Modificacin de la Ley Orgnica del Poder Judicial y del Estatuto Orgnico del Ministerio Fiscal.

1. El Gobierno, en el plazo de seis meses a partir de la publicacin de la presente Ley en el "Boletn Oficial del Estado", elevar al Parlamento un proyecto de Ley Orgnica de reforma de la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para la creacin de las Salas de Menores de los Tribunales Superiores de Justicia y para la adecuacin de la regulacin y competencia de los Juzgados de Menores y de la composicin de la Sala Segunda del Tribunal Supremo a lo establecido en la presente Ley.

2. El Gobierno, en el plazo de seis meses a partir de la publicacin de la presente Ley en el "Boletn Oficial del Estado", elevar al Parlamento un proyecto de Ley de reforma de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgnico del Ministerio Fiscal, a fin de adecuar la organizacin del Ministerio Fiscal a lo establecido en la presente Ley.

Disposicin final tercera. Reformas en materia de personal.

1. El Gobierno, a travs del Ministerio de Justicia, odo el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscala General del Estado y las Comunidades Autnomas afectadas, en el plazo de seis meses desde la publicacin de la presente Ley en el "Boletn Oficial del Estado" adoptar las disposiciones oportunas para adecuar la planta de los Juzgados de Menores y las plantillas de las Carreras Judicial y Fiscal a las necesidades orgnicas que resulten de la aplicacin de lo dispuesto en la presente Ley.

2. Las plazas de Jueces de Menores debern ser servidas necesariamente por Magistrados pertenecientes a la Carrera Judicial. A la entrada en vigor de esta Ley los titulares de un Juzgado de Menores que ostenten la categora de Juez debern cesar en dicho cargo, quedando, en su caso, en la situacin que prev el artculo 118.2 y concordantes de la vigente Ley Orgnica del Poder Judicial, procedindose a cubrir tales plazas por concurso ordinario entre Magistrados.

3. El Gobierno, a travs del Ministerio de Justicia, y las Comunidades Autnomas con competencia en la materia, a travs de las correspondientes Consejeras, adecuarn las plantillas de funcionarios de la Administracin de Justicia a las necesidades que presenten los Juzgados y las Fiscalas de Menores para la aplicacin de la presente Ley, y determinarn el nmero de los equipos tcnicos adscritos a los Juzgados y Fiscalas de Menores, su composicin y la plantilla de los mismos.

4. Asimismo, el Gobierno, a travs del Ministerio del Interior, y sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autnomas, adecuar las plantillas de los Grupos de Menores de las Brigadas de Polica Judicial, con objeto de establecer la adscripcin a las Secciones de Menores de las Fiscalas de los funcionarios necesarios a los fines propuestos por esta Ley.

5. El Gobierno a travs del Ministerio de Justicia, sin perjuicio de las competencias asumidas por las Comunidades Autnomas, y en el plazo de seis meses desde la publicacin de la presente Ley en el "Boletn Oficial del Estado", adoptar las disposiciones oportunas para la creacin de Cuerpos de Psiclogos y Educadores y Trabajadores Sociales Forenses.

Disposicin final cuarta. Especializacin de Jueces, Fiscales y abogados.

1. El Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, en el mbito de sus competencias respectivas, procedern a la formacin de miembros de la Carrera Judicial y Fiscal especialistas en materia de Menores con arreglo a lo que se establezca reglamentariamente. Dichos especialistas tendrn preferencia para desempear los correspondientes cargos en las Salas de Menores de los Tribunales Superiores de Justicia y en los Juzgados y Fiscalas de Menores, conforme a lo que establezcan las leyes y reglamentos.

2. En todas las Fiscalas existir una Seccin de Menores compuesta por miembros de la Carrera Fiscal, especialistas, con las dotaciones de funcionarios administrativos que sean necesarios, segn se determine reglamentariamente.

3. El Consejo General de la Abogaca deber adoptar las disposiciones oportunas para que en los Colegios en los que resulte necesario se impartan cursos homologados para la formacin de aquellos letrados que deseen adquirir la especializacin en materia de menores a fin de intervenir ante los rganos de esta Jurisdiccin.

Disposicin final quinta. Clusula derogatoria.

1. Se derogan: la Ley Orgnica reguladora de la competencia y el procedimiento de los Juzgados de Menores, texto refundido aprobado por Decreto de 11 de junio de 1948, modificada por la Ley Orgnica 4/1992, de 5 de junio; los preceptos subsistentes del Reglamento para la ejecucin de la Ley Orgnica reguladora de la competencia y el procedimiento de los Juzgados de Menores, aprobado por Decreto de 11 de junio de 1948; la disposicin transitoria duodcima de la Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre, del Cdigo Penal; y los artculos 8.2, 9.3, la regla 1. del artculo 20, en lo que se refiere al nmero 2. del artculo 8, el segundo prrafo del artculo 22 y el artculo 65 del texto refundido del Cdigo Penal, publicado por el Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre, conforme a la Ley 44/1971, de 15 de noviembre.

2. Quedan asimismo derogadas cuantas otras normas, de igual o inferior rango, se opongan a lo establecido en la presente Ley.

Disposicin final sexta. Naturaleza de la presente Ley.

Los artculos 16, 20, 21, 23 a 27, 30 a 35, 37 a 39, 41, 42 y 61 a 64, la disposicin adicional tercera y la disposicin final tercera de la presente Ley Orgnica tienen naturaleza de Ley ordinaria.

Disposicin final sptima. Entrada en vigor y desarrollo reglamentario.

1. La presente Ley Orgnica entrar en vigor al ao de su publicacin en el "Boletn Oficial del Estado". En dicha fecha entrarn tambin en vigor los artculos 19 y 69 de la Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre, del Cdigo Penal.

2. Durante el plazo mencionado en el apartado anterior, las Comunidades Autnomas con competencia respecto a la proteccin y reforma de menores adaptarn su normativa para la adecuada ejecucin de las funciones que les otorga la presente Ley.

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley Orgnica.

Madrid, 12 de enero de 2000.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOS MARA AZNAR LPEZ

Análisis

  • Rango: Ley Orgnica
  • Fecha de disposición: 12/01/2000
  • Fecha de publicación: 13/01/2000
  • Entrada en vigor: 13 de enero de 2001.
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • SE MODIFICA el art. 2.4, por Ley Orgnica 8/2012, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2012-15648).
  • SE DECLARA:
    • la desestimacin de la Cuestin 6021/2001, en relacin a la disposicin adicional 4.2.c), por Sentencia 160/2012, de 20 de septiembre (Ref. BOE-A-2012-12958).
    • la inadmisin de los preceptos sealados y la desestimacin de todo lo dems en la Cuestin 3792/2001 (Ref. 2004/6956), por Sentencia 146/2012, de 5 de julio (Ref. BOE-A-2012-10259).
  • SE DEROGA las disposiciones adicionales 1 y 4 y SE MODIFICA, por Ley Orgnica 8/2006, de 4 de diciembre (Ref. BOE-A-2006-21236).
  • SE DICTA DE CONFORMIDAD aprobando Reglamento de desarrollo: Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio (Ref. BOE-A-2004-15601).
  • SE MODIFICA los arts. 8 y 25 y SE AADE la disposicin adicional 6, por Ley Orgnica 15/2003, de 25 de noviembre (Ref. BOE-A-2003-21538).
  • SE SUSPENDE la aplicacin de lo indicado, hasta el 1 de enero de 2007, por Ley Orgnica 9/2002, de 10 de diciembre (Ref. BOE-A-2002-24044).
  • SE DICTA DE CONFORMIDAD con la disposicin adicional 3, regulando el registro de sentencias: Real Decreto 232/2002, de 1 de marzo (Ref. BOE-A-2002-5334).
  • SE MODIFICA los arts. 7 y 9 y SE AADEN las disposiciones adicionales 4 y 5, por Ley Orgnica 7/2000, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-2000-23659).
Referencias anteriores
  • DEROGA:
    • la disposicin transitoria 12 de la Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre (Ref. BOE-A-1995-25444).
    • los arts. 8.2, 9.3, lo indicado del 20, prrafo 2 del 22 y 65 del Cdigo Penal, texto refundido aprobado por Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre (Ref. BOE-A-1973-1715).
    • Ley de Tribunales Tutelares de Menores, texto refundido aprobado por Decreto de 11 de junio de 1948 (Gazeta) (Ref. BOE-A-1948-7561).
  • CITA:
    • Ley Orgnica 1/1996, de 15 de enero (Ref. BOE-A-1996-1069).
    • Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 (Gazeta) (Ref. BOE-A-1882-6036).
Materias
  • Administracin de Justicia
  • Cdigo Penal
  • Juzgados de Menores
  • Menores
  • Responsabilidad Civil
  • Responsabilidad Criminal
  • Tribunales Tutelares de Menores

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