Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Está Vd. en

Legislación consolidada

Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

Publicado en: BOE núm. 11, de 13/01/2000.
Entrada en vigor: 13/01/2001
Departamento: Jefatura del Estado
Referencia: BOE-A-2000-641
Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es/lo/2000/01/12/5/con

TEXTO CONSOLIDADO: Última actualización publicada el 28/12/2012


[Bloque 1: #preambulo]

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley Orgnica.

EXPOSICIN DE MOTIVOS

I

1. La promulgacin de la presente Ley Orgnica reguladora de la responsabilidad penal de los menores era una necesidad impuesta por lo establecido en la Ley Orgnica 4/1992, de 5 de junio, sobre reforma de la Ley reguladora de la competencia y el procedimiento de los Juzgados de Menores; en la mocin aprobada por el Congreso de los Diputados el 10 de mayo de 1994, y en el artculo 19 de la vigente Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre, del Cdigo Penal.

2. La Ley Orgnica 4/1992, promulgada como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional 36/1991, de 14 de febrero, que declar inconstitucional el artculo 15 de la Ley de Tribunales Tutelares de Menores, texto refundido de 11 de junio de 1948, establece un marco flexible para que los Juzgados de Menores puedan determinar las medidas aplicables a stos en cuanto infractores penales, sobre la base de valorar especialmente el inters del menor, entendiendo por menores a tales efectos a las personas comprendidas entre los doce y los diecisis aos. Simultneamente, encomienda al Ministerio Fiscal la iniciativa procesal, y le concede amplias facultades para acordar la terminacin del proceso con la intencin de evitar, dentro de lo posible, los efectos aflictivos que el mismo pudiera llegar a producir. Asimismo, configura al equipo tcnico como instrumento imprescindible para alcanzar el objetivo que persiguen las medidas y termina estableciendo un procedimiento de naturaleza sancionadora-educativa, al que otorga todas las garantas derivadas de nuestro ordenamiento constitucional, en sintona con lo establecido en la aludida sentencia del Tribunal Constitucional y lo dispuesto en el artculo 40 de la Convencin de los Derechos del Nio de 20 de noviembre de 1989.

Dado que la expresada Ley Orgnica se reconoca a s misma expresamente "el carcter de una reforma urgente, que adelanta parte de una renovada legislacin sobre reforma de menores, que ser objeto de medidas legislativas posteriores", es evidente la oportunidad de la presente Ley Orgnica, que constituye esa necesaria reforma legislativa, partiendo de los principios bsicos que ya guiaron la redaccin de aqulla (especialmente, el principio del superior inters del menor), de las garantas de nuestro ordenamiento constitucional, y de las normas de Derecho internacional, con particular atencin a la citada Convencin de los Derechos del Nio de 20 de noviembre de 1989, y esperando responder de este modo a las expectativas creadas en la sociedad espaola, por razones en parte coyunturales y en parte permanentes, sobre este tema concreto.

3. Los principios expuestos en la mocin aprobada unnimemente por el Congreso de los Diputados el da 10 de mayo de 1994, sobre medidas para mejorar el marco jurdico vigente de proteccin del menor, se refieren esencialmente al establecimiento de la mayora de edad penal en los dieciocho aos y a la promulgacin de "una ley penal del menor y juvenil que contemple la exigencia de responsabilidad para los jvenes infractores que no hayan alcanzado la mayora de edad penal, fundamentada en principios orientados hacia la reeducacin de los menores de edad infractores, en base a las circunstancias personales, familiares y sociales, y que tenga especialmente en cuenta las competencias de las Comunidades Autnomas en esta materia...".

4. El artculo 19 del vigente Cdigo Penal, aprobado por la Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre, fija efectivamente la mayora de edad penal en los dieciocho aos y exige la regulacin expresa de la responsabilidad penal de los menores de dicha edad en una Ley independiente. Tambin para responder a esta exigencia se aprueba la presente Ley Orgnica, si bien lo dispuesto en este punto en el Cdigo Penal debe ser complementado en un doble sentido. En primer lugar, asentando firmemente el principio de que la responsabilidad penal de los menores presenta frente a la de los adultos un carcter primordial de intervencin educativa que trasciende a todos los aspectos de su regulacin jurdica y que determina considerables diferencias entre el sentido y el procedimiento de las sanciones en uno y otro sector, sin perjuicio de las garantas comunes a todo justiciable. En segundo trmino, la edad lmite de dieciocho aos establecida por el Cdigo Penal para referirse a la responsabilidad penal de los menores precisa de otro lmite mnimo a partir del cual comience la posibilidad de exigir esa responsabilidad y que se ha concretado en los catorce aos, con base en la conviccin de que las infracciones cometidas por los nios menores de esta edad son en general irrelevantes y que, en los escasos supuestos en que aqullas pueden producir alarma social, son suficientes para darles una respuesta igualmente adecuada los mbitos familiar y asistencial civil, sin necesidad de la intervencin del aparato judicial sancionador del Estado.

5. Asimismo, han sido criterios orientadores de la redaccin de la presente Ley Orgnica, como no poda ser de otra manera, los contenidos en la doctrina del Tribunal Constitucional, singularmente en los fundamen tos jurdicos de las sentencias 36/1991, de 14 de febrero, y 60/1995, de 17 de marzo, sobre las garantas y el respeto a los derechos fundamentales que necesariamente han de imperar en el procedimiento seguido ante los Juzgados de Menores, sin perjuicio de las modulaciones que, respecto del procedimiento ordinario, permiten tener en cuenta la naturaleza y finalidad de aquel tipo de proceso, encaminado a la adopcin de unas medidas que, como ya se ha dicho, fundamentalmente no pueden ser represivas, sino preventivo-especiales, orientadas hacia la efectiva reinsercin y el superior inters del menor, valorados con criterios que han de buscarse primordialmente en el mbito de las ciencias no jurdicas.

II

6. Como consecuencia de los principios, criterios y orientaciones a que se acaba de hacer referencia, puede decirse que la redaccin de la presente Ley Orgnica ha sido conscientemente guiada por los siguientes principios generales: naturaleza formalmente penal pero materialmente sancionadora-educativa del procedimiento y de las medidas aplicables a los infractores menores de edad, reconocimiento expreso de todas las garantas que se derivan del respeto de los derechos constitucionales y de las especiales exigencias del inters del menor, diferenciacin de diversos tramos a efectos procesales y sancionadores en la categora de infractores menores de edad, flexibilidad en la adopcin y ejecucin de las medidas aconsejadas por las circunstancias del caso concreto, competencia de las entidades autonmicas relacionadas con la reforma y proteccin de menores para la ejecucin de las medidas impuestas en la sentencia y control judicial de esta ejecucin.

7. La presente Ley Orgnica tiene ciertamente la naturaleza de disposicin sancionadora, pues desarrolla la exigencia de una verdadera responsabilidad jurdica a los menores infractores, aunque referida especficamente a la comisin de hechos tipificados como delitos o faltas por el Cdigo Penal y las restantes leyes penales especiales. Al pretender ser la reaccin jurdica dirigida al menor infractor una intervencin de naturaleza educativa, aunque desde luego de especial intensidad, rechazando expresamente otras finalidades esenciales del Derecho penal de adultos, como la proporcionalidad entre el hecho y la sancin o la intimidacin de los destinatarios de la norma, se pretende impedir todo aquello que pudiera tener un efecto contraproducente para el menor, como el ejercicio de la accin por la vctima o por otros particulares.

Y es que en el Derecho penal de menores ha de primar, como elemento determinante del procedimiento y de las medidas que se adopten, el superior inters del menor. Inters que ha de ser valorado con criterios tcnicos y no formalistas por equipos de profesionales especializados en el mbito de las ciencias no jurdicas, sin perjuicio desde luego de adecuar la aplicacin de las medidas a principios garantistas generales tan indiscutibles como el principio acusatorio, el principio de defensa o el principio de presuncin de inocencia.

8. Sin embargo, la Ley tampoco puede olvidar el inters propio del perjudicado o vctima del hecho cometido por el menor, estableciendo un procedimiento singular, rpido y poco formalista para el resarcimiento, en su caso, de daos y perjuicios, dotando de amplias facultades al Juez de Menores para la incorporacin a los autos de documentos y testimonios relevantes de la causa principal. En este mbito de atencin a los intereses y necesidades de las vctimas, la Ley introduce el principio en cierto modo revolucionario de la responsabilidad solidaria con el menor responsable de los hechos de sus padres, tutores, acogedores o guardadores, si bien permitiendo la moderacin judicial de la misma y recordando expresamente la aplicabilidad en su caso de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, as como de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las vctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.

Asimismo la Ley regula, para procedimientos por delitos graves cometidos por mayores de diecisis aos, un rgimen de intervencin del perjudicado en orden a salvaguardar el inters de la vctima en el esclarecimiento de los hechos y su enjuiciamiento por el orden jurisdiccional competente, sin contaminar el procedimiento propiamente educativo y sancionador del menor.

Esta Ley arbitra un amplio derecho de participacin a las vctimas ofrecindoles la oportunidad de intervenir en las actuaciones procesales proponiendo y practicando prueba, formulando conclusiones e interponiendo recursos. Sin embargo, esta participacin se establece de un modo limitado ya que respecto de los menores no cabe reconocer a los particulares el derecho a constituirse propiamente en parte acusadora con plenitud de derechos y cargas procesales. No existe aqu ni la accin particular de los perjudicados por el hecho criminal, ni la accin popular de los ciudadanos, porque en estos casos el inters prioritario para la sociedad y para el Estado coincide con el inters del menor.

9. Conforme a las orientaciones declaradas por el Tribunal Constitucional, anteriormente aludidas, se instaura un sistema de garantas adecuado a la pretensin procesal, asegurando que la imposicin de la sancin se efectuar tras vencer la presuncin de inocencia, pero sin obstaculizar los criterios educativos y de valoracin del inters del menor que presiden este proceso, haciendo al mismo tiempo un uso flexible del principio de intervencin mnima, en el sentido de dotar de relevancia a las posibilidades de no apertura del procedimiento o renuncia al mismo, al resarcimiento anticipado o conciliacin entre el infractor y la vctima, y a los supuestos de suspensin condicional de la medida impuesta o de sustitucin de la misma durante su ejecucin.

La competencia corresponde a un Juez ordinario, que, con categora de Magistrado y preferentemente especialista, garantiza la tutela judicial efectiva de los derechos en conflicto. La posicin del Ministerio Fiscal es relevante, en su doble condicin de institucin que constitucionalmente tiene encomendada la funcin de promover la accin de la Justicia y la defensa de la legalidad, as como de los derechos de los menores, velando por el inters de stos. El letrado del menor tiene participacin en todas y cada una de las fases del proceso, conociendo en todo momento el contenido del expediente, pudiendo proponer pruebas e interviniendo en todos los actos que se refieren a la valoracin del inters del menor y a la ejecucin de la medida, de la que puede solicitar la modificacin.

La adopcin de medidas cautelares sigue el modelo de solicitud de parte, en audiencia contradictoria, en la que debe valorarse especialmente, una vez ms, el superior inters del menor.

En defensa de la unidad de doctrina, el sistema de recursos ordinario se confa a las Salas de Menores de los Tribunales Superiores de Justicia, que habrn de crearse, las cuales, con la inclusin de Magistrados especialistas, aseguran y refuerzan la efectividad de la tutela judicial en relacin con las finalidades que se propone la Ley. En el mismo sentido, procede destacar la instauracin del recurso de casacin para unificacin de doctrina, reservado a los casos de mayor gravedad, en paralelismo con el proceso penal de adultos, reforzando la garanta de la unidad de doctrina en el mbito del derecho sancionador de menores a travs de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

10. Conforme a los principios sealados, se establece, inequvocamente, el lmite de los catorce aos de edad para exigir este tipo de responsabilidad sancionadora a los menores de edad penal y se diferencian, en el mbito de aplicacin de la Ley y de la graduacin de las consecuencias por los hechos cometidos, dos tramos, de catorce a diecisis y de diecisiete a dieciocho aos, por presentar uno y otro grupo diferencias caractersticas que requieren, desde un punto de vista cientfico y jurdico, un tratamiento diferenciado, constituyendo una agravacin especfica en el tramo de los mayores de diecisis aos la comisin de delitos que se caracterizan por la violencia, intimidacin o peligro para las personas.

La aplicacin de la presente Ley a los mayores de dieciocho aos y menores de veintiuno, prevista en el artculo 69 del Cdigo Penal vigente, podr ser acordada por el Juez atendiendo a las circunstancias personales y al grado de madurez del autor, y a la naturaleza y gravedad de los hechos. Estas personas reciben, a los efectos de esta Ley, la denominacin genrica de "jvenes".

Se regulan expresamente, como situaciones que requieren una respuesta especfica, los supuestos en los que el menor presente sntomas de enajenacin mental o la concurrencia de otras circunstancias modificativas de su responsabilidad, debiendo promover el Ministerio Fiscal, tanto la adopcin de las medidas ms adecuadas al inters del menor que se encuentre en tales situaciones, como la constitucin de los organismos tutelares previstos por las leyes. Tambin se establece que las acciones u omisiones imprudentes no puedan ser sancionadas con medidas de internamiento en rgimen cerrado.

11. Con arreglo a las orientaciones expuestas, la Ley establece un amplio catlogo de medidas aplicables, desde la referida perspectiva sancionadora-educativa, debiendo primar nuevamente el inters del menor en la flexible adopcin judicial de la medida ms idnea, dadas las caractersticas del caso concreto y de la evolucin personal del sancionado durante la ejecucin de la medida. La concreta finalidad que las ciencias de la conducta exigen que se persiga con cada una de las medidas relacionadas, se detalla con carcter orientador en el apartado III de esta exposicin de motivos.

12. La ejecucin de las medidas judicialmente impuestas corresponde a las entidades pblicas de proteccin y reforma de menores de las Comunidades Autnomas, bajo el inexcusable control del Juez de Menores.

Se mantiene el criterio de que el inters del menor tiene que ser atendido por especialistas en las reas de la educacin y la formacin, pertenecientes a esferas de mayor inmediacin que el Estado. El Juez de Menores, a instancia de las partes y odos los equipos tcnicos del propio Juzgado y de la entidad pblica de la correspondiente Comunidad Autnoma, dispone de amplias facultades para suspender o sustituir por otras las medidas impuestas, naturalmente sin mengua de las garantas procesales que constituyen otro de los objetivos primordiales de la nueva regulacin, o permitir la participacin de los padres del menor en la aplicacin y consecuencias de aqullas.

13. Un inters particular revisten en el contexto de la Ley los temas de la reparacin del dao causado y la conciliacin del delincuente con la vctima como situaciones que, en aras del principio de intervencin mnima, y con el concurso mediador del equipo tcnico, pueden dar lugar a la no incoacin o sobreseimiento del expediente, o a la finalizacin del cumplimiento de la medida impuesta, en un claro predominio, una vez ms, de los criterios educativos y resocializadores sobre los de una defensa social esencialmente basada en la prevencin general y que pudiera resultar contraproducente para el futuro.

La reparacin del dao causado y la conciliacin con la vctima presentan el comn denominador de que el ofensor y el perjudicado por la infraccin llegan a un acuerdo, cuyo cumplimiento por parte del menor termina con el conflicto jurdico iniciado por su causa. La conciliacin tiene por objeto que la vctima reciba una satisfaccin psicolgica a cargo del menor infractor, quien ha de arrepentirse del dao causado y estar dispuesto a disculparse. La medida se aplicar cuando el menor efectivamente se arrepienta y se disculpe, y la persona ofendida lo acepte y otorgue su perdn. En la reparacin el acuerdo no se alcanza nicamente mediante la va de la satisfaccin psicolgica, sino que requiere algo ms: el menor ejecuta el compromiso contrado con la vctima o perjudicado de reparar el dao causado, bien mediante trabajos en beneficio de la comunidad, bien mediante acciones, adaptadas a las necesidades del sujeto, cuyo beneficiario sea la propia vctima o perjudicado.

III

14. En la medida de amonestacin, el Juez, en un acto nico que tiene lugar en la sede judicial, manifiesta al menor de modo concreto y claro las razones que hacen socialmente intolerables los hechos cometidos, le expone las consecuencias que para l y para la vctima han tenido o podan haber tenido tales hechos, y le formula recomendaciones para el futuro.

15. La medida de prestaciones en beneficio de la comunidad, que, en consonancia con el artculo 25.2 de nuestra Constitucin, no podr imponerse sin consentimiento del menor, consiste en realizar una actividad, durante un nmero de sesiones previamente fijado, bien sea en beneficio de la colectividad en su conjunto, o de personas que se encuentren en una situacin de precariedad por cualquier motivo. Preferentemente, se buscar relacionar la naturaleza de la actividad en que consista esta medida con la de los bienes jurdicos afectados por los hechos cometidos por el menor.

Lo caracterstico de esta medida es que el menor ha de comprender, durante su realizacin, que la colectividad o determinadas personas han sufrido de modo injustificado unas consecuencias negativas derivadas de su conducta. Se pretende que el sujeto comprenda que actu de modo incorrecto, que merece el reproche formal de la sociedad, y que la prestacin de los trabajos que se le exigen es un acto de reparacin justo.

16. Las medidas de internamiento responden a una mayor peligrosidad, manifestada en la naturaleza peculiarmente grave de los hechos cometidos, caracterizados en los casos ms destacados por la violencia, la intimidacin o el peligro para las personas. El objetivo prioritario de la medida es disponer de un ambiente que provea de las condiciones educativas adecuadas para que el menor pueda reorientar aquellas disposiciones o deficiencias que han caracterizado su comportamiento antisocial, cuando para ello sea necesario, al menos de manera temporal, asegurar la estancia del infractor en un rgimen fsicamente restrictivo de su libertad. La mayor o menor intensidad de tal restriccin da lugar a los diversos tipos de internamiento, a los que se va a aludir a continuacin. El internamiento, en todo caso, ha de proporcionar un clima de seguridad personal para todos los implicados, profesionales y menores infractores, lo que hace imprescindible que las condiciones de estancia sean las correctas para el normal desarrollo psicolgico de los menores.

El internamiento en rgimen cerrado pretende la adquisicin por parte del menor de los suficientes recur sos de competencia social para permitir un comportamiento responsable en la comunidad, mediante una gestin de control en un ambiente restrictivo y progresivamente autnomo.

El internamiento en rgimen semiabierto implica la existencia de un proyecto educativo en donde desde el principio los objetivos sustanciales se realizan en contacto con personas e instituciones de la comunidad, teniendo el menor su residencia en el centro, sujeto al programa y rgimen interno del mismo.

El internamiento en rgimen abierto implica que el menor llevar a cabo todas las actividades del proyecto educativo en los servicios normalizados del entorno, residiendo en el centro como domicilio habitual.

El internamiento teraputico se prev para aquellos casos en los que los menores, bien por razn de su adiccin al alcohol o a otras drogas, bien por disfunciones significativas en su psiquismo, precisan de un contexto estructurado en el que poder realizar una programacin teraputica, no dndose, ni, de una parte, las condiciones idneas en el menor o en su entorno para el tratamiento ambulatorio, ni, de otra parte, las condiciones de riesgo que exigiran la aplicacin a aqul de un internamiento en rgimen cerrado.

17. En la asistencia a un centro de da, el menor es derivado a un centro plenamente integrado en la comunidad, donde se realizan actividades educativas de apoyo a su competencia social. Esta medida sirve el propsito de proporcionar a un menor un ambiente estructurado durante buena parte del da, en el que se lleven a cabo actividades socio-educativas que puedan compensar las carencias del ambiente familiar de aqul. Lo caracterstico del centro de da es que en ese lugar es donde toma cuerpo lo esencial del proyecto socio-educativo del menor, si bien ste puede asistir tambin a otros lugares para hacer uso de otros recursos de ocio o culturales. El sometido a esta medida puede, por lo tanto, continuar residiendo en su hogar, o en el de su familia, o en el establecimiento de acogida.

18. En la medida de libertad vigilada, el menor infractor est sometido, durante el tiempo establecido en la sentencia, a una vigilancia y supervisin a cargo de personal especializado, con el fin de que adquiera las habilidades, capacidades y actitudes necesarias para un correcto desarrollo personal y social. Durante el tiempo que dure la libertad vigilada, el menor tambin deber cumplir las obligaciones y prohibiciones que, de acuerdo con esta Ley, el Juez puede imponerle.

19. La realizacin de tareas socio-educativas consiste en que el menor lleve a cabo actividades especficas de contenido educativo que faciliten su reinsercin social. Puede ser una medida de carcter autnomo o formar parte de otra ms compleja. Empleada de modo autnomo, pretende satisfacer necesidades concretas del menor percibidas como limitadoras de su desarrollo integral. Puede suponer la asistencia y participacin del menor a un programa ya existente en la comunidad, o bien a uno creado "ad hoc" por los profesionales encargados de ejecutar la medida. Como ejemplos de tareas socio-educativas, se pueden mencionar las siguientes: asistir a un taller ocupacional, a un aula de educacin compensatoria o a un curso de preparacin para el empleo; participar en actividades estructuradas de animacin sociocultural, asistir a talleres de aprendizaje para la competencia social, etc.

20. El tratamiento ambulatorio es una medida destinada a los menores que disponen de las condiciones adecuadas en su vida para beneficiarse de un programa teraputico que les ayude a superar procesos adictivos o disfunciones significativas de su psiquismo. Previsto para los menores que presenten una dependencia al alcohol o las drogas, y que en su mejor inters puedan ser tratados de la misma en la comunidad, en su realizacin pueden combinarse diferentes tipos de asistencia mdica y psicolgica. Resulta muy apropiado para casos de desequilibrio psicolgico o perturbaciones del psiquismo que puedan ser atendidos sin necesidad de internamiento. La diferencia ms clara con la tarea socio-educativa es que sta pretende lograr una capacitacin, un logro de aprendizaje, empleando una metodologa, no tanto clnica, sino de orientacin psicoeducativa. El tratamiento ambulatorio tambin puede entenderse como una tarea socio-educativa muy especfica para un problema bien definido.

21. La permanencia de fin de semana es la expresin que define la medida por la que un menor se ve obligado a permanecer en su hogar desde la tarde o noche del viernes hasta la noche del domingo, a excepcin del tiempo en que realice las tareas socio-educativas asignadas por el Juez. En la prctica, combina elementos del arresto de fin de semana y de la medida de tareas socio-educativas o prestaciones en beneficio de la comunidad. Es adecuada para menores que cometen actos de vandalismo o agresiones leves en los fines de semana.

22. La convivencia con una persona, familia o grupo educativo es una medida que intenta proporcionar al menor un ambiente de socializacin positivo, mediante su convivencia, durante un perodo determinado por el Juez, con una persona, con una familia distinta a la suya o con un grupo educativo que se ofrezca a cumplir la funcin de la familia en lo que respecta al desarrollo de pautas socioafectivas prosociales en el menor.

23. La privacin del permiso de conducir ciclomotores o vehculos a motor, o del derecho a obtenerlo, o de licencias administrativas para caza o para el uso de cualquier tipo de armas, es una medida accesoria que se podr imponer en aquellos casos en los que el hecho cometido tenga relacin con la actividad que realiza el menor y que sta necesite autorizacin administrativa.

24. Por ltimo, procede poner de manifiesto que los principios cientficos y los criterios educativos a que han de responder cada una de las medidas, aqu sucintamente expuestos, se habrn de regular ms extensamente en el Reglamento que en su da se dicte en desarrollo de la presente Ley Orgnica.


[Bloque 2: #tpreliminar]

TTULO PRELIMINAR


[Bloque 3: #a1]

Artculo 1. Declaracin general.

1. Esta Ley se aplicar para exigir la responsabilidad de las personas mayores de catorce aos y menores de dieciocho por la comisin de hechos tipificados como delitos o faltas en el Cdigo Penal o las leyes penales especiales.

2. Las personas a las que se aplique la presente Ley gozarn de todos los derechos reconocidos en la Constitucin y en el ordenamiento jurdico, particularmente en la Ley Orgnica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccin Jurdica del Menor, as como en la Convencin sobre los Derechos del Nio de 20 de noviembre de 1989 y en todas aquellas normas sobre proteccin de menores contenidas en los Tratados vlidamente celebrados por Espaa.

Se suprime los apartados 2 y 4 y se renumera el 3 como 2 por el art. nico.1 de la Ley Orgnica 8/2006, de 4 de diciembre. Ref. BOE-A-2006-21236.




[Bloque 4: #ti]

TTULO I

Del mbito de aplicacin de la Ley


[Bloque 5: #a2]

Artculo 2. Competencia de los Jueces de Menores.

1. Los Jueces de Menores sern competentes para conocer de los hechos cometidos por las personas mencionadas en el artculo 1 de esta Ley, as como para hacer ejecutar las sentencias, sin perjuicio de las facultades atribuidas por esta Ley a las Comunidades Autnomas respecto a la proteccin y reforma de menores.

2. Los Jueces de Menores sern asimismo competentes para resolver sobre las responsabilidades civiles derivadas de los hechos cometidos por las personas a las que resulta aplicable la presente Ley.

3. La competencia corresponde al Juez de Menores del lugar donde se haya cometido el hecho delictivo, sin perjuicio de lo establecido en el artculo 20.3 de esta Ley.

4. La competencia para conocer de los delitos previstos en los artculos571 a 580 del Cdigo Penal corresponder al Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional.

Corresponder igualmente al Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional la competencia para conocer de los delitos cometidos por menores en el extranjero cuando conforme al artculo23 de la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y a los Tratados Internacionales corresponda su conocimiento a la jurisdiccin espaola.

La referencia del ltimo inciso del apartado 4 del artculo17 y cuantas otras se contienen en la presente Ley al Juez de Menores se entendern hechas al Juez Central de Menores en lo que afecta a los menores imputados por cualquiera de los delitos a que se refieren los dos prrafos anteriores.

Se modifica el apartado 4 por la disposicin adicional 2 de la Ley Orgnica 8/2012, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2012-15648.

Se modifica el apartado 1 y se aade el 4 por el art. nico.2 de la Ley Orgnica 8/2006, de 4 de diciembre. Ref. BOE-A-2006-21236.





[Bloque 6: #a3]

Artculo 3. Rgimen de los menores de catorce aos.

Cuando el autor de los hechos mencionados en los artculos anteriores sea menor de catorce aos, no se le exigir responsabilidad con arreglo a la presente Ley, sino que se le aplicar lo dispuesto en las normas sobre proteccin de menores previstas en el Cdigo Civil y dems disposiciones vigentes. El Ministerio Fiscal deber remitir a la entidad pblica de proteccin de menores testimonio de los particulares que considere precisos respecto al menor, a fin de valorar su situacin, y dicha entidad habr de promover las medidas de proteccin adecuadas a las circunstancias de aqul conforme a lo dispuesto en la Ley Orgnica 1/1996, de 15 de enero.


[Bloque 7: #a4]

Artculo 4. Derechos de las vctimas y de los perjudicados.

El Ministerio Fiscal y el Juez de Menores velarn en todo momento por la proteccin de los derechos de las vctimas y de los perjudicados por las infracciones cometidas por los menores.

De manera inmediata se les instruir de las medidas de asistencia a las vctimas que prev la legislacin vigente.

Las vctimas y los perjudicados tendrn derecho a personarse y ser parte en el expediente que se incoe al efecto, para lo cual el secretario judicial les informar en los trminos previstos en los artculos 109 y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, instruyndoles de su derecho a nombrar abogado o instar el nombramiento de abogado de oficio en caso de ser titulares del derecho a la asistencia jurdica gratuita. Asimismo, les informar de que, de no personarse en el expediente y no hacer renuncia ni reserva de acciones civiles, el Ministerio Fiscal las ejercitar si correspondiere.

Los que se personaren podrn desde entonces tomar conocimiento de lo actuado e instar la prctica de diligencias y cuanto a su derecho convenga. Sin perjuicio de lo anterior, el secretario judicial deber comunicar a las vctimas y perjudicados, se hayan o no personado, todas aquellas resoluciones que se adopten tanto por el Ministerio Fiscal como por el Juez de Menores, que puedan afectar a sus intereses.

En especial, cuando el Ministerio Fiscal, en aplicacin de lo dispuesto en el artculo 18 de esta Ley, desista de la incoacin del expediente deber inmediatamente ponerlo en conocimiento de las vctimas y perjudicados hacindoles saber su derecho a ejercitar las acciones civiles que les asisten ante la jurisdiccin civil.

Del mismo modo, el secretario judicial notificar por escrito la sentencia que se dicte a las vctimas y perjudicados por la infraccin penal, aunque no se hayan mostrado parte en el expediente.

Se modifica por el art. nico.3 de la Ley Orgnica 8/2006, de 4 de diciembre. Ref. BOE-A-2006-21236.

Se suspende este art. y sus concordantes, hasta el el 1 de enero de 2007, por la disposicin transitoria nica de la Ley Orgnica 9/2002, de 10 de diciembre. Ref. BOE-A-2002-24044.

Se suspende este art. y sus concordantes, durante 2 aos, por la disposicin transitoria nica de la Ley Orgnica 9/2000, de 22 de diciembre. Ref. BOE-A-2000-23661.






[Bloque 8: #a5]

Artculo 5. Bases de la responsabilidad de los menores.

1. Los menores sern responsables con arreglo a esta Ley cuando hayan cometido los hechos a los que se refiere el artculo 1 y no concurra en ellos ninguna de las causas de exencin o extincin de la responsabilidad criminal previstas en el vigente Cdigo Penal.

2. No obstante lo anterior, a los menores en quienes concurran las circunstancias previstas en los nmeros 1., 2. y 3. del artculo 20 del vigente Cdigo Penal les sern aplicables, en caso necesario, las medidas teraputicas a las que se refiere el artculo 7.1, letras d) y e), de la presente Ley.

3. Las edades indicadas en el articulado de esta Ley se han de entender siempre referidas al momento de la comisin de los hechos, sin que el haberse rebasado las mismas antes del comienzo del procedimiento o durante la tramitacin del mismo tenga incidencia alguna sobre la competencia atribuida por esta misma Ley a los Jueces y Fiscales de Menores.


[Bloque 9: #a6]

Artculo 6. De la intervencin del Ministerio Fiscal.

Corresponde al Ministerio Fiscal la defensa de los derechos que a los menores reconocen las leyes, as como la vigilancia de las actuaciones que deban efectuarse en su inters y la observancia de las garantas del procedimiento, para lo cual dirigir personalmente la investigacin de los hechos y ordenar que la polica judicial practique las actuaciones necesarias para la comprobacin de aqullos y de la participacin del menor en los mismos, impulsando el procedimiento.


[Bloque 10: #tii]

TTULO II

De las medidas


[Bloque 11: #a7]

Artculo 7. Definicin de las medidas susceptibles de ser impuestas a los menores y reglas generales de determinacin de las mismas.

1. Las medidas que pueden imponer los Jueces de Menores, ordenadas segn la restriccin de derechos que suponen, son las siguientes:

a) Internamiento en rgimen cerrado. Las personas sometidas a esta medida residirn en el centro y desarrollarn en el mismo las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio.

b) Internamiento en rgimen semiabierto. Las personas sometidas a esta medida residirn en el centro, pero podrn realizar fuera del mismo alguna o algunas de las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio establecidas en el programa individualizado de ejecucin de la medida. La realizacin de actividades fuera del centro quedar condicionada a la evolucin de la persona y al cumplimiento de los objetivos previstos en las mismas, pudiendo el Juez de Menores suspenderlas por tiempo determinado, acordando que todas las actividades se lleven a cabo dentro del centro.

c) Internamiento en rgimen abierto. Las personas sometidas a esta medida llevarn a cabo todas las actividades del proyecto educativo en los servicios normalizados del entorno, residiendo en el centro como domicilio habitual, con sujecin al programa y rgimen interno del mismo.

d) Internamiento teraputico en rgimen cerrado, semiabierto o abierto. En los centros de esta naturaleza se realizar una atencin educativa especializada o tratamiento especfico dirigido a personas que padezcan anomalas o alteraciones psquicas, un estado de dependencia de bebidas alcohlicas, drogas txicas o sustancias psicotrpicas, o alteraciones en la percepcin que determinen una alteracin grave de la conciencia de la realidad. Esta medida podr aplicarse sola o como complemento de otra medida prevista en este artculo. Cuando el interesado rechace un tratamiento de deshabituacin, el Juez habr de aplicarle otra medida adecuada a sus circunstancias.

e) Tratamiento ambulatorio. Las personas sometidas a esta medida habrn de asistir al centro designado con la periodicidad requerida por los facultativos que las atiendan y seguir las pautas fijadas para el adecuado tratamiento de la anomala o alteracin psquica, adiccin al consumo de bebidas alcohlicas, drogas txicas o sustancias psicotrpicas, o alteraciones en la percepcin que padezcan. Esta medida podr aplicarse sola o como complemento de otra medida prevista en este artculo. Cuando el interesado rechace un tratamiento de deshabituacin, el Juez habr de aplicarle otra medida adecuada a sus circunstancias.

f) Asistencia a un centro de da. Las personas sometidas a esta medida residirn en su domicilio habitual y acudirn a un centro, plenamente integrado en la comunidad, a realizar actividades de apoyo, educativas, formativas, laborales o de ocio.

g) Permanencia de fin de semana. Las personas sometidas a esta medida permanecern en su domicilio o en un centro hasta un mximo de treinta y seis horas entre la tarde o noche del viernes y la noche del domingo, a excepcin, en su caso, del tiempo que deban dedicar a las tareas socio-educativas asignadas por el Juez que deban llevarse a cabo fuera del lugar de permanencia.

h) Libertad vigilada. En esta medida se ha de hacer un seguimiento de la actividad de la persona sometida a la misma y de su asistencia a la escuela, al centro de formacin profesional o al lugar de trabajo, segn los casos, procurando ayudar a aqulla a superar los factores que determinaron la infraccin cometida. Asimismo, esta medida obliga, en su caso, a seguir las pautas socio-educativas que seale la entidad pblica o el profesional encargado de su seguimiento, de acuerdo con el programa de intervencin elaborado al efecto y aprobado por el Juez de Menores. La persona sometida a la medida tambin queda obligada a mantener con dicho profesional las entrevistas establecidas en el programa y a cumplir, en su caso, las reglas de conducta impuestas por el Juez, que podrn ser alguna o algunas de las siguientes:

1. Obligacin de asistir con regularidad al centro docente correspondiente, si el menor est en edad de escolarizacin obligatoria, y acreditar ante el Juez dicha asistencia regular o justificar en su caso las ausencias, cuantas veces fuere requerido para ello.

2. Obligacin de someterse a programas de tipo formativo, cultural, educativo, profesional, laboral, de educacin sexual, de educacin vial u otros similares.

3. Prohibicin de acudir a determinados lugares, establecimientos o espectculos.

4. Prohibicin de ausentarse del lugar de residencia sin autorizacin judicial previa.

5. Obligacin de residir en un lugar determinado.

6. Obligacin de comparecer personalmente ante el Juzgado de Menores o profesional que se designe, para informar de las actividades realizadas y justificarlas.

7. Cualesquiera otras obligaciones que el Juez, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, estime convenientes para la reinsercin social del sentenciado, siempre que no atenten contra su dignidad como persona. Si alguna de estas obligaciones implicase la imposibilidad del menor de continuar conviviendo con sus padres, tutores o guardadores, el Ministerio Fiscal deber remitir testimonio de los particulares a la entidad pblica de proteccin del menor, y dicha entidad deber promover las medidas de proteccin adecuadas a las circunstancias de aqul, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgnica 1/1996.

i) La prohibicin de aproximarse o comunicarse con la vctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez. Esta medida impedir al menor acercarse a ellos, en cualquier lugar donde se encuentren, as como a su domicilio, a su centro docente, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ellos. La prohibicin de comunicarse con la vctima, o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal, impedir al menor establecer con ellas, por cualquier medio de comunicacin o medio informtico o telemtico, contacto escrito, verbal o visual. Si esta medida implicase la imposibilidad del menor de continuar viviendo con sus padres, tutores o guardadores, el Ministerio Fiscal deber remitir testimonio de los particulares a la entidad pblica de proteccin del menor, y dicha entidad deber promover las medidas de proteccin adecuadas a las circunstancias de aqul, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgnica 1/1996.

j) Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo. La persona sometida a esta medida debe convivir, durante el perodo de tiempo establecido por el Juez, con otra persona, con una familia distinta a la suya o con un grupo educativo, adecuadamente seleccionados para orientar a aqulla en su proceso de socializacin.

k) Prestaciones en beneficio de la comunidad. La persona sometida a esta medida, que no podr imponerse sin su consentimiento, ha de realizar las actividades no retribuidas que se le indiquen, de inters social o en beneficio de personas en situacin de precariedad.

l) Realizacin de tareas socio-educativas. La persona sometida a esta medida ha de realizar, sin internamiento ni libertad vigilada, actividades especficas de contenido educativo encaminadas a facilitarle el desarrollo de su competencia social.

m) Amonestacin. Esta medida consiste en la reprensin de la persona llevada a cabo por el Juez de Menores y dirigida a hacerle comprender la gravedad de los hechos cometidos y las consecuencias que los mismos han tenido o podran haber tenido, instndole a no volver a cometer tales hechos en el futuro.

n) Privacin del permiso de conducir ciclomotores y vehculos a motor, o del derecho a obtenerlo, o de las licencias administrativas para caza o para uso de cualquier tipo de armas. Esta medida podr imponerse como accesoria cuando el delito o falta se hubiere cometido utilizando un ciclomotor o un vehculo a motor, o un arma, respectivamente.

) Inhabilitacin absoluta. La medida de inhabilitacin absoluta produce la privacin definitiva de todos los honores, empleos y cargos pblicos sobre el que recayere, aunque sean electivos; as como la incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos o empleos pblicos, y la de ser elegido para cargo pblico, durante el tiempo de la medida.

2. Las medidas de internamiento constarn de dos perodos: el primero se llevar a cabo en el centro correspondiente, conforme a la descripcin efectuada en el apartado anterior de este artculo, el segundo se llevar a cabo en rgimen de libertad vigilada, en la modalidad elegida por el Juez. La duracin total no exceder del tiempo que se expresa en los artculos 9 y 10. El equipo tcnico deber informar respecto del contenido de ambos perodos, y el Juez expresar la duracin de cada uno en la sentencia.

3. Para la eleccin de la medida o medidas adecuadas se deber atender de modo flexible, no slo a la prueba y valoracin jurdica de los hechos, sino especialmente a la edad, las circunstancias familiares y sociales, la personalidad y el inters del menor, puestos de manifiesto los dos ltimos en los informes de los equipos tcnicos y de las entidades pblicas de proteccin y reforma de menores cuando stas hubieran tenido conocimiento del menor por haber ejecutado una medida cautelar o definitiva con anterioridad, conforme a lo dispuesto en el artculo 27 de la presente Ley. El Juez deber motivar en la sentencia las razones por las que aplica una determinada medida, as como el plazo de duracin de la misma, a los efectos de la valoracin del mencionado inters del menor.

4. El Juez podr imponer al menor una o varias medidas de las previstas en esta Ley con independencia de que se trate de uno o ms hechos, sujetndose si procede a lo dispuesto en el artculo 11 para el enjuiciamiento conjunto de varias infracciones; pero, en ningn caso, se impondr a un menor en una misma resolucin ms de una medida de la misma clase, entendiendo por tal cada una de las que se enumeran en el apartado 1 de este artculo.

Se modifica por el art. nico.4 de la Ley Orgnica 8/2006, de 4 de diciembre. Ref. BOE-A-2006-21236.

Se aade la letra n) al apartado 1 por el art. 2.1 de la Ley Orgnica 7/2000, de 22 de diciembre. Ref. BOE-A-2000-23659.





[Bloque 12: #a8]

Artculo 8. Principio acusatorio.

El Juez de Menores no podr imponer una medida que suponga una mayor restriccin de derechos ni por un tiempo superior a la medida solicitada por el Ministerio Fiscal o por el acusador particular.

Tampoco podr exceder la duracin de las medidas privativas de libertad contempladas en el artculo 7.1.), b), c), d) y g), en ningn caso, del tiempo que hubiera durado la pena privativa de libertad que se le hubiere impuesto por el mismo hecho, si el sujeto, de haber sido mayor de edad, hubiera sido declarado responsable, de acuerdo con el Cdigo Penal.

Se modifica el prrafo 1 por la disposicin final 2.1 de la Ley Orgnica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538.




[Bloque 13: #a9]

Artculo 9. Rgimen general de aplicacin y duracin de las medidas.

No obstante lo establecido en los apartados 3 y 4 del artculo 7, la aplicacin de las medidas se atendr a las siguientes reglas:

1. Cuando los hechos cometidos sean calificados de falta, slo se podrn imponer las medidas de libertad vigilada hasta un mximo de seis meses, amonestacin, permanencia de fin de semana hasta un mximo de cuatro fines de semana, prestaciones en beneficio de la comunidad hasta cincuenta horas, privacin del permiso de conducir o de otras licencias administrativas hasta un ao, la prohibicin de aproximarse o comunicarse con la vctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez hasta seis meses, y la realizacin de tareas socio-educativas hasta seis meses.

2. La medida de internamiento en rgimen cerrado slo podr ser aplicable cuando:

a) Los hechos estn tipificados como delito grave por el Cdigo Penal o las leyes penales especiales.

b) Tratndose de hechos tipificados como delito menos grave, en su ejecucin se haya empleado violencia o intimidacin en las personas o se haya generado grave riesgo para la vida o la integridad fsica de las mismas.

c) Los hechos tipificados como delito se cometan en grupo o el menor perteneciere o actuare al servicio de una banda, organizacin o asociacin, incluso de carcter transitorio, que se dedicare a la realizacin de tales actividades.

3. La duracin de las medidas no podr exceder de dos aos, computndose, en su caso, a estos efectos el tiempo ya cumplido por el menor en medida cautelar, conforme a lo dispuesto en el artculo 28.5 de la presente Ley. La medida de prestaciones en beneficio de la comunidad no podr superar las cien horas. La medida de permanencia de fin de semana no podr superar los ocho fines de semana.

4. Las acciones u omisiones imprudentes no podrn ser sancionadas con medidas de internamiento en rgimen cerrado.

5. Cuando en la postulacin del Ministerio Fiscal o en la resolucin dictada en el procedimiento se aprecien algunas de las circunstancias a las que se refiere el artculo 5.2 de esta Ley, slo podrn aplicarse las medidas teraputicas descritas en el artculo 7.1, letras d) y e) de la misma.

Se modifica por el art. nico.5 de la Ley Orgnica 8/2006, de 4 de diciembre. Ref. BOE-A-2006-21236.

Se modifica el primer y tercer prrafo de la regla 5 por el art. 2.2 de la Ley Orgnica 7/2000, de 22 de diciembre. Ref. BOE-A-2000-23659.





[Bloque 14: #a10]

Artculo 10. Reglas especiales de aplicacin y duracin de las medidas

1. Cuando se trate de los hechos previstos en el apartado 2 del artculo anterior, el Juez, odo el Ministerio Fiscal, las partes personadas y el equipo tcnico, actuar conforme a las reglas siguientes:

a) si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviere catorce o quince aos de edad, la medida podr alcanzar tres aos de duracin. Si se trata de prestaciones en beneficio de la comunidad, dicho mximo ser de ciento cincuenta horas, y de doce fines de semana si la medida impuesta fuere la de permanencia de fin de semana.

b) si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviere diecisis o diecisiete aos de edad, la duracin mxima de la medida ser de seis aos; o, en sus respectivos casos, de doscientas horas de prestaciones en beneficio de la comunidad o permanencia de diecisis fines de semana. En este supuesto, cuando el hecho revista extrema gravedad, el Juez deber imponer una medida de internamiento en rgimen cerrado de uno a seis aos, complementada sucesivamente con otra medida de libertad vigilada con asistencia educativa hasta un mximo de cinco aos. Slo podr hacerse uso de lo dispuesto en los artculos 13 y 51.1 de esta Ley Orgnica una vez transcurrido el primer ao de cumplimiento efectivo de la medida de internamiento. A los efectos previstos en el prrafo anterior, se entendern siempre supuestos de extrema gravedad aquellos en los que se apreciara reincidencia.

2. Cuando el hecho sea constitutivo de alguno de los delitos tipificados en los artculos 138, 139, 179, 180 y 571 a 580 del Cdigo Penal, o de cualquier otro delito que tenga sealada en dicho Cdigo o en las leyes penales especiales pena de prisin igual o superior a quince aos, el Juez deber imponer las medidas siguientes:

a) si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviere catorce o quince aos de edad, una medida de internamiento en rgimen cerrado de uno a cinco aos de duracin, complementada en su caso por otra medida de libertad vigilada de hasta tres aos.

b) si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviere diecisis o diecisiete aos de edad, una medida de internamiento en rgimen cerrado de uno a ocho aos de duracin, complementada en su caso por otra de libertad vigilada con asistencia educativa de hasta cinco aos. En este supuesto slo podr hacerse uso de las facultades de modificacin, suspensin o sustitucin de la medida impuesta a las que se refieren los artculos 13, 40 y 51.1 de esta Ley Orgnica, cuando haya transcurrido al menos, la mitad de la duracin de la medida de internamiento impuesta.

3. En el caso de que el delito cometido sea alguno de los comprendidos en los artculos 571 a 580 del Cdigo Penal, el Juez, sin perjuicio de las dems medidas que correspondan con arreglo a esta Ley, tambin impondr al menor una medida de inhabilitacin absoluta por un tiempo superior entre cuatro y quince aos al de la duracin de la medida de internamiento en rgimen cerrado impuesta, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, el nmero de los cometidos y a las circunstancias que concurran en el menor.

4. Las medidas de libertad vigilada previstas en este artculo debern ser ratificadas mediante auto motivado, previa audiencia del Ministerio Fiscal, del letrado del menor y del representante de la entidad pblica de proteccin o reforma de menores al finalizar el internamiento, y se llevar a cabo por las instituciones pblicas encargadas del cumplimiento de las penas.

Se modifica por el art. nico.6 de la Ley Orgnica 8/2006, de 4 de diciembre. Ref. BOE-A-2006-21236.




[Bloque 15: #a11]

Artculo 11. Pluralidad de infracciones.

1. Los lmites mximos establecidos en el artculo 9 y en el apartado 1 del artculo 10 sern aplicables, con arreglo a los criterios establecidos en el artculo 7, apartados 3 y 4, aunque el menor fuere responsable de dos o ms infracciones, en el caso de que stas sean conexas o se trate de una infraccin continuada, as como cuando un slo hecho constituya dos o ms infracciones. No obstante, en estos casos, el Juez, para determinar la medida o medidas a imponer, as como su duracin, deber tener en cuenta, adems del inters del menor, la naturaleza y el nmero de las infracciones, tomando como referencia la ms grave de todas ellas. Si pese a lo dispuesto en el artculo 20.1 de esta Ley dichas infracciones hubiesen sido objeto de diferentes procedimientos, el ltimo Juez sentenciador sealar la medida o medidas que debe cumplir el menor por el conjunto de los hechos, dentro de los lmites y con arreglo a los criterios expresados en el prrafo anterior.

2. Cuando alguno o algunos de los hechos a los que se refiere el apartado anterior fueren de los mencionados en el artculo 10.2 de esta Ley, la medida de internamiento en rgimen cerrado podr alcanzar una duracin mxima de diez aos para los mayores de diecisis aos y de seis aos para los menores de esa edad, sin perjuicio de la medida de libertad vigilada que, de forma complementaria, corresponda imponer con arreglo a dicho artculo.

3. Cuando el menor hubiere cometido dos o ms infracciones no comprendidas en el apartado 1 de este artculo ser de aplicacin lo dispuesto en el artculo 47 de la presente Ley.

Se modifica por el art. nico.7 de la Ley Orgnica 8/2006, de 4 de diciembre. Ref. BOE-A-2006-21236.




[Bloque 16: #a12]

Artculo 12. Procedimiento de aplicacin de medidas en supuestos de pluralidad de infracciones.

1. A los fines previstos en el artculo anterior, en cuanto el Juez sentenciador tenga conocimiento de la existencia de otras medidas firmes en ejecucin, pendientes de ejecucin o suspendidas condicionalmente, impuestas al mismo menor por otros jueces de menores en anteriores sentencias, y una vez que la medida o medidas por l impuestas sean firmes, ordenar al secretario judicial que d traslado del testimonio de su sentencia, por el medio ms rpido posible, al Juez que haya dictado la primera sentencia firme, el cual ser el competente para la ejecucin de todas, asumiendo las funciones previstas en el apartado 2 de este artculo.

2. El Juez competente para la ejecucin proceder a la refundicin y a ordenar la ejecucin de todas las medidas impuestas conforme establece el artculo 47 de esta Ley. Desde ese momento, pasar a ser competente a todos los efectos con exclusin de los rganos judiciales que hubieran dictado las posteriores resoluciones.

Se modifica por el art. nico.8 de la Ley Orgnica 8/2006, de 4 de diciembre. Ref. BOE-A-2006-21236.




[Bloque 17: #a13]

Artculo 13. Modificacin de la medida impuesta.

1. El Juez competente para la ejecucin, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o del letrado del menor, previa audiencia de stos e informe del equipo tcnico y, en su caso, de la entidad pblica de proteccin o reforma de menores, podr en cualquier momento dejar sin efecto la medida impuesta, reducir su duracin o sustituirla por otra, siempre que la modificacin redunde en el inters del menor y se exprese suficientemente a ste el reproche merecido por su conducta.

2. En los casos anteriores, el Juez resolver por auto motivado, contra el cual se podrn interponer los recursos previstos en la presente Ley.

Se modifica por el art. nico.9 de la Ley Orgnica 8/2006, de 4 de diciembre. Ref. BOE-A-2006-21236.

Su anterior numeracin era el art. 14.




[Bloque 18: #a14]

Artculo 14. Mayora de edad del condenado.

1. Cuando el menor a quien se le hubiere impuesto una medida de las establecidas en esta Ley alcanzase la mayora de edad, continuar el cumplimiento de la medida hasta alcanzar los objetivos propuestos en la sentencia en que se le impuso conforme a los criterios expresados en los artculos anteriores.

2. Cuando se trate de la medida de internamiento en rgimen cerrado y el menor alcance la edad de dieciocho aos sin haber finalizado su cumplimiento, el Juez de Menores, odo el Ministerio Fiscal, el letrado del menor, el equipo tcnico y la entidad pblica de proteccin o reforma de menores, podr ordenar en auto motivado que su cumplimiento se lleve a cabo en un centro penitenciario conforme al rgimen general previsto en la Ley Orgnica General Penitenciaria si la conducta de la persona internada no responde a los objetivos propuestos en la sentencia.

3. No obstante lo sealado en los apartados anteriores, cuando las medidas de internamiento en rgimen cerrado sean impuestas a quien haya cumplido veintin aos de edad o, habiendo sido impuestas con anterioridad, no hayan finalizado su cumplimiento al alcanzar la persona dicha edad, el Juez de Menores, odos el Ministerio Fiscal, el letrado del menor, el equipo tcnico y la entidad pblica de proteccin o reforma de menores, ordenar su cumplimiento en centro penitenciario conforme al rgimen general previsto en la Ley Orgnica General Penitenciaria, salvo que, excepcionalmente, entienda en consideracin a las circunstancias concurrentes que procede la utilizacin de las medidas previstas en los artculos 13 y 51 de la presente Ley o su permanencia en el centro en cumplimiento de tal medida cuando el menor responda a los objetivos propuestos en la sentencia.

4. Cuando el menor pase a cumplir la medida de internamiento en un centro penitenciario, quedarn sin efecto el resto de medidas impuestas por el Juez de Menores que estuvieren pendientes de cumplimiento sucesivo o que estuviera cumpliendo simultneamente con la de internamiento, si stas no fueren compatible con el rgimen penitenciario, todo ello sin perjuicio de que excepcionalmente proceda la aplicacin de los artculos 13 y 51 de esta Ley.

5. La medida de internamiento en rgimen cerrado que imponga el Juez de Menores con arreglo a la presente Ley se cumplir en un centro penitenciario conforme al rgimen general previsto en la Ley Orgnica General Penitenciaria siempre que, con anterioridad al inicio de la ejecucin de dicha medida, el responsable hubiera cumplido ya, total o parcialmente, bien una pena de prisin impuesta con arreglo al Cdigo Penal, o bien una medida de internamiento ejecutada en un centro penitenciario conforme a los apartados 2 y 3 de este artculo.

Se modifica por el art. nico.10 de la Ley Orgnica 8/2006, de 4 de diciembre. Ref. BOE-A-2006-21236.




[Bloque 19: #a15]

Artculo 15. De la prescripcin.

1. Los hechos delictivos cometidos por los menores prescriben:

1. Con arreglo a las normas contenidas en el Cdigo Penal, cuando se trate de los hechos delictivos tipificados en los artculos 138, 139, 179, 180 y 571 a 580 del Cdigo Penal o cualquier otro sancionado en el Cdigo Penal o en las leyes penales especiales con pena de prisin igual o superior a quince aos.

2. A los cinco aos, cuando se trate de un delito grave sancionado en el Cdigo Penal con pena superior a diez aos.

3. A los tres aos, cuando se trate de cualquier otro delito grave.

4. Al ao, cuando se trate de un delito menos grave. 5. A los tres meses, cuando se trate de una falta.

2. Las medidas que tengan una duracin superior a los dos aos prescribirn a los tres aos. Las restantes medidas prescribirn a los dos aos, excepto la amonestacin, las prestaciones en beneficio de la comunidad y la permanencia de fin de semana, que prescribirn al ao.

Se modifica por el art. nico.11 de la Ley Orgnica 8/2006, de 4 de diciembre. Ref. BOE-A-2006-21236.




[Bloque 20: #tiii]

TTULO III

De la instruccin del procedimiento


[Bloque 21: #ci]

CAPTULO I

Reglas generales


[Bloque 22: #a16]

Artculo 16. Incoacin del expediente.

1. Corresponde al Ministerio Fiscal la instruccin de los procedimientos por los hechos a los que se refiere el artculo 1 de esta Ley.

2. Quienes tuvieren noticia de algn hecho de los indicados en el apartado anterior, presuntamente cometido por un menor de dieciocho aos, debern ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal, el cual admitir o no a trmite la denuncia, segn que los hechos sean o no indiciariamente constitutivos de delito; custodiar las piezas, documentos y efectos que le hayan sido remitidos, y practicar, en su caso, las diligencias que estime pertinentes para la comprobacin del hecho y de la responsabilidad del menor en su comisin, pudiendo resolver el archivo de las actuaciones cuando los hechos no constituyan delito o no tengan autor conocido. La resolucin recada sobre la denuncia deber notificarse a quienes hubieran formulado la misma.

3. Una vez efectuadas las actuaciones indicadas en el apartado anterior, el Ministerio Fiscal dar cuenta de la incoacin del expediente al Juez de Menores, quien iniciar las diligencias de trmite correspondientes.

4. El Juez de Menores ordenar al propio tiempo la apertura de la pieza separada de responsabilidad civil, que se tramitar conforme a lo establecido en las reglas del artculo 64 de esta Ley.

5. Cuando los hechos mencionados en el artculo 1 hubiesen sido cometidos conjuntamente por mayores de edad penal y por personas de las edades indicadas en el mismo artculo 1, el Juez de Instruccin competente para el conocimiento de la causa, tan pronto como compruebe la edad de los imputados, adoptar las medidas necesarias para asegurar el xito de la actividad investigadora respecto de los mayores de edad y ordenar remitir testimonio de los particulares precisos al Ministerio Fiscal, a los efectos prevenidos en el apartado 2 de este artculo.

Se modifica los apartados 4 y 5 por el art. nico.12 de la Ley Orgnica 8/2006, de 4 de diciembre. Ref. BOE-A-2006-21236.




[Bloque 23: #a17]

Artculo 17. Detencin de los menores.

1. Las autoridades y funcionarios que intervengan en la detencin de un menor debern practicarla en la forma que menos perjudique a ste y estarn obligados a informarle, en un lenguaje claro y comprensible y de forma inmediata, de los hechos que se le imputan, de las razones de su detencin y de los derechos que le asisten, especialmente los reconocidos en el artculo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, as como a garantizar el respeto de los mismos. Tambin debern notificar inmediatamente el hecho de la detencin y el lugar de la custodia a los representantes legales del menor y al Ministerio Fiscal. Si el menor detenido fuera extranjero, el hecho de la detencin se notificar a las correspondientes autoridades consulares cuando el menor tuviera su residencia habitual fuera de Espaa o cuando as lo solicitaran el propio menor o sus representantes legales.

2. Toda declaracin del detenido, se llevar a cabo en presencia de su letrado y de aqullos que ejerzan la patria potestad, tutela o guarda del menor -de hecho o de derecho-, salvo que, en este ltimo caso, las circunstancias aconsejen lo contrario. En defecto de estos ltimos la declaracin se llevar a cabo en presencia del Ministerio Fiscal, representado por persona distinta del instructor del expediente.

El menor detenido tendr derecho a la entrevista reservada con su abogado con anterioridad y al trmino de la prctica de la diligencia de toma de declaracin.

3. Mientras dure la detencin, los menores debern hallarse custodiados en dependencias adecuadas y separadas de las que se utilicen para los mayores de edad, y recibirn los cuidados, proteccin y asistencia social, psicolgica, mdica y fsica que requieran, habida cuenta de su edad, sexo y caractersticas individuales.

4. La detencin de un menor por funcionarios de polica no podr durar ms tiempo del estrictamente necesario para la realizacin de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, dentro del plazo mximo de veinticuatro horas, el menor detenido deber ser puesto en libertad o a disposicin del Ministerio Fiscal. Se aplicar, en su caso, lo dispuesto en el artculo 520 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, atribuyendo la competencia para las resoluciones judiciales previstas en dicho precepto al Juez de Menores.

5. Cuando el detenido sea puesto a disposicin del Ministerio Fiscal, ste habr de resolver, dentro de las cuarenta y ocho horas a partir de la detencin, sobre la puesta en libertad del menor, sobre el desistimiento al que se refiere el artculo siguiente, o sobre la incoacin del expediente, poniendo a aqul a disposicin del Juez de Menores competente e instando del mismo las oportunas medidas cautelares, con arreglo a lo establecido en el artculo 28.

6. El Juez competente para el procedimiento de hbeas corpus en relacin a un menor ser el Juez de Instruccin del lugar en el que se encuentre el menor privado de libertad; si no constare, el del lugar donde se produjo la detencin, y, en defecto de los anteriores, el del lugar donde se hayan tenido las ltimas noticias sobre el paradero del menor detenido. Cuando el procedimiento de hbeas corpus sea instado por el propio menor, la fuerza pblica responsable de la detencin lo notificar inmediatamente al Ministerio Fiscal, adems de dar curso al procedimiento conforme a la ley orgnica reguladora.

Se aade el segundo prrafo al apartado 2 por el art. nico.13 de la Ley Orgnica 8/2006, de 4 de diciembre. Ref. BOE-A-2006-21236.




[Bloque 24: #a18]

Artculo 18. Desistimiento de la incoacin del expediente por correccin en el mbito educativo y familiar.

El Ministerio Fiscal podr desistir de la incoacin del expediente cuando los hechos denunciados constituyan delitos menos graves sin violencia o intimidacin en las personas o faltas, tipificados en el Cdigo Penal o en las leyes penales especiales. En tal caso, el Ministerio Fiscal dar traslado de lo actuado a la entidad pblica de proteccin de menores para la aplicacin de lo establecido en el artculo 3 de la presente Ley. Asimismo, el Ministerio Fiscal comunicar a los ofendidos o perjudicados conocidos el desistimiento acordado.

No obstante, cuando conste que el menor ha cometido con anterioridad otros hechos de la misma naturaleza, el Ministerio Fiscal deber incoar el expediente y, en su caso, actuar conforme autoriza el artculo 27.4 de la presente Ley.

Se modifica el prrafo 1 por el art. nico.14 de la Ley Orgnica 8/2006, de 4 de diciembre. Ref. BOE-A-2006-21236.




[Bloque 25: #a19]

Artculo 19. Sobreseimiento del expediente por conciliacin o reparacin entre el menor y la vctima.

1. Tambin podr el Ministerio Fiscal desistir de la continuacin del expediente, atendiendo a la gravedad y circunstancias de los hechos y del menor, de modo particular a la falta de violencia o intimidacin graves en la comisin de los hechos, y a la circunstancia de que adems el menor se haya conciliado con la vctima o haya asumido el compromiso de reparar el dao causado a la vctima o al perjudicado por el delito, o se haya comprometido a cumplir la actividad educativa propuesta por el equipo tcnico en su informe.

El desistimiento en la continuacin del expediente slo ser posible cuando el hecho imputado al menor constituya delito menos grave o falta.

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entender producida la conciliacin cuando el menor reconozca el dao causado y se disculpe ante la vctima, y sta acepte sus disculpas, y se entender por reparacin el compromiso asumido por el menor con la vctima o perjudicado de realizar determinadas acciones en beneficio de aqullos o de la comunidad, seguido de su realizacin efectiva. Todo ello sin perjuicio del acuerdo al que hayan llegado las partes en relacin con la responsabilidad civil.

3. El correspondiente equipo tcnico realizar las funciones de mediacin entre el menor y la vctima o perjudicado, a los efectos indicados en los apartados anteriores, e informar al Ministerio Fiscal de los compromisos adquiridos y de su grado de cumplimiento.

4. Una vez producida la conciliacin o cumplidos los compromisos de reparacin asumidos con la vctima o perjudicado por el delito o falta cometido, o cuando una u otros no pudieran llevarse a efecto por causas ajenas a la voluntad del menor, el Ministerio Fiscal dar por concluida la instruccin y solicitar del Juez el sobreseimiento y archivo de las actuaciones, con remisin de lo actuado.

5. En el caso de que el menor no cumpliera la reparacin o la actividad educativa acordada, el Ministerio Fiscal continuar la tramitacin del expediente.

6. En los casos en los que la vctima del delito o falta fuere menor de edad o incapaz, el compromiso al que se refiere el presente artculo habr de ser asumido por el representante legal de la misma, con la aprobacin del Juez de Menores.

Se modifica el apartado 2 por el art. nico.15 de la Ley Orgnica 8/2006, de 4 de diciembre. Ref. BOE-A-2006-21236.




[Bloque 26: #a20]

Artculo 20. Unidad de expediente.

1. El Ministerio Fiscal incoar un procedimiento por cada hecho delictivo, salvo cuando se trate de hechos delictivos conexos.

2. Todos los procedimientos tramitados a un mismo menor se archivarn en el expediente personal que del mismo se haya abierto en la Fiscala. De igual modo se archivarn las diligencias en el Juzgado de Menores respectivo.

3. En los casos en los que los delitos atribuidos al menor expedientado hubieran sido cometidos en diferentes territorios, la determinacin del rgano judicial competente para el enjuiciamiento de todos ellos en unidad de expediente, as como de las entidades pblicas competentes para la ejecucin de las medidas que se apliquen, se har teniendo en cuenta el lugar del domicilio del menor y, subsidiariamente, los criterios expresados en el artculo 18 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

4. Los procedimientos de la competencia de la Audiencia Nacional no podrn ser objeto de acumulacin con otros procedimientos instruidos en el mbito de la jurisdiccin de menores, sean o no los mismos los sujetos imputados.

Se modifica por el art. nico.16 de la Ley Orgnica 8/2006, de 4 de diciembre. Ref. BOE-A-2006-21236.




[Bloque 27: #a21]

Artculo 21. Remisin al rgano competente.

Cuando el conocimiento de los hechos no corresponda a la competencia de los Juzgados de Menores, el Fiscal acordar la remisin de lo actuado al rgano legalmente competente.


[Bloque 28: #a22]

Artculo 22. De la incoacin del expediente.

1. Desde el mismo momento de la incoacin del expediente, el menor tendr derecho a:

a) Ser informado por el Juez, el Ministerio Fiscal, o agente de polica de los derechos que le asisten.

b) Designar abogado que le defienda, o a que le sea designado de oficio y a entrevistarse reservadamente con l, incluso antes de prestar declaracin.

c) Intervenir en las diligencias que se practiquen durante la investigacin preliminar y en el proceso judicial, y a proponer y solicitar, respectivamente, la prctica de diligencias.

d) Ser odo por el Juez o Tribunal antes de adoptar cualquier resolucin que le concierna personalmente.

e) La asistencia afectiva y psicolgica en cualquier estado y grado del procedimiento, con la presencia de los padres o de otra persona que indique el menor, si el Juez de Menores autoriza su presencia.

f) La asistencia de los servicios del equipo tcnico adscrito al Juzgado de Menores.

2. El expediente ser notificado al menor desde el momento mismo de su incoacin, a salvo lo dispuesto en el artculo 24. A tal fin, el Fiscal requerir al menor y a sus representantes legales para que designen letrado en el plazo de tres das, advirtindoles que, de no hacerlo, se le nombrar de oficio de entre los integrantes del turno de especialistas del correspondiente Colegio de Abogados. Una vez producida dicha designacin, el Fiscal la comunicar al Juez de Menores.

3. Igualmente, el Ministerio Fiscal notificar a quien aparezca como perjudicado, desde el momento en que as conste en la instruccin del expediente, la posibilidad de ejercer las acciones civiles que le puedan corresponder, personndose ante el Juez de Menores en la pieza de responsabilidad civil que se tramitar por el mismo.

Se modifica el apartado 2 por el art. nico.17 de la Ley Orgnica 8/2006, de 4 de diciembre. Ref. BOE-A-2006-21236.




[Bloque 29: #a23]

Artculo 23. Actuacin instructora del Ministerio Fiscal.

1. La actuacin instructora del Ministerio Fiscal tendr como objeto, tanto valorar la participacin del menor en los hechos para expresarle el reproche que merece su conducta, como proponer las concretas medidas de contenido educativo y sancionador adecuadas a las circunstancias del hecho y de su autor y, sobre todo, al inters del propio menor valorado en la causa.

2. El Ministerio Fiscal deber dar vista del expediente al letrado del menor y, en su caso, a quien haya ejercitado la accin penal, en un plazo no superior a veinticuatro horas, tantas veces como aquel lo solicite.

3. El Ministerio Fiscal no podr practicar por s mismo diligencias restrictivas de derechos fundamentales, sino que habr de solicitar del Juzgado la prctica de las que sean precisas para el buen fin de las investigaciones. El Juez de Menores resolver sobre esta peticin por auto motivado. La prctica de tales diligencias se documentar en pieza separada.

Se modifica el apartado 2 por el art. nico.18 de la Ley Orgnica 8/2006, de 4 de diciembre. Ref. BOE-A-2006-21236.




[Bloque 30: #a24]

Artculo 24. Secreto del expediente.

El Juez de Menores, a solicitud del Ministerio Fiscal, del menor o de su familia, o de quien ejercite la accin penal, podr decretar mediante auto motivado el secreto del expediente, en su totalidad o parcialmente, durante toda la instruccin o durante un perodo limitado de sta. No obstante, el letrado del menor y quien ejercite la accin penal debern, en todo caso, conocer en su integridad el expediente al evacuar el trmite de alegaciones. Este incidente se tramitar por el Juzgado en pieza separada.

Se modifica por el art. nico.19 de la Ley Orgnica 8/2006, de 4 de diciembre. Ref. BOE-A-2006-21236.




[Bloque 31: #a25]

Artculo 25. De la acusacin particular.

Podrn personarse en el procedimiento como acusadores particulares, a salvo de las acciones previstas por el artculo 61 de esta ley, las personas directamente ofendidas por el delito, sus padres, sus herederos o sus representantes legales si fueran menores de edad o incapaces, con las facultades y derechos que derivan de ser parte en el procedimiento, entre los que estn, entre otros, los siguientes:

a) Ejercitar la acusacin particular durante el procedimiento.

b) Instar la imposicin de las medidas a las que se refiere esta ley.

c) Tener vista de lo actuado, siendo notificado de las diligencias que se soliciten y acuerden.

d) Proponer pruebas que versen sobre el hecho delictivo y las circunstancias de su comisin, salvo en lo referente a la situacin psicolgica, educativa, familiar y social del menor.

e) Participar en la prctica de las pruebas, ya sea en fase de instruccin ya sea en fase de audiencia ; a estos efectos, el rgano actuante podr denegar la prctica de la prueba de careo, si esta fuera solicitada, cuando no resulte fundamental para la averiguacin de los hechos o la participacin del menor en los mismos.

f) Ser odo en todos los incidentes que se tramiten durante el procedimiento.

g) Ser odo en caso de modificacin o de sustitucin de medidas impuestas al menor.

h) Participar en las vistas o audiencias que se celebren.

i) Formular los recursos procedentes de acuerdo con esta ley.

Una vez admitida por el Juez de Menores la personacin del acusador particular, se le dar traslado de todas las actuaciones sustanciadas de conformidad con esta ley y se le permitir intervenir en todos los trmites en defensa de sus intereses.

Se modifica por la disposicin final 2.2 de la Ley Orgnica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538.




[Bloque 32: #a26]

Artculo 26. Diligencias propuestas por las partes.

1. Las partes podrn solicitar del Ministerio Fiscal la prctica de cuantas diligencias consideren necesarias. El Ministerio Fiscal decidir sobre su admisin, mediante resolucin motivada que notificar al letrado del menor y a quien en su caso ejercite la accin penal y que pondr en conocimiento del Juez de Menores. Las partes podrn, en cualquier momento, reproducir ante el Juzgado de Menores la peticin de las diligencias no practicadas.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando alguna de las partes proponga que se lleve a efecto la declaracin del menor, el Ministerio Fiscal deber recibirla en el expediente, salvo que ya hubiese concluido la instruccin y el expediente hubiese sido elevado al Juzgado de Menores.

3. Si las diligencias propuestas por alguna de las partes afectaren a derechos fundamentales del menor o de otras personas, el Ministerio Fiscal, de estimar pertinente la solicitud, se dirigir al Juez de Menores conforme a lo dispuesto en el artculo 23.3, sin perjuicio de la facultad de quien haya propuesto la diligencia de reproducir su solicitud ante el Juez de Menores conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de este artculo.

Se modifica por el art. nico.20 de la Ley Orgnica 8/2006, de 4 de diciembre. Ref. BOE-A-2006-21236.




[Bloque 33: #a27]

Artculo 27. Informe del equipo tcnico.

1. Durante la instruccin del expediente, el Ministerio Fiscal requerir del equipo tcnico, que a estos efectos depender funcionalmente de aqul sea cual fuere su dependencia orgnica, la elaboracin de un informe o actualizacin de los anteriormente emitidos, que deber serle entregado en el plazo mximo de diez das, prorrogable por un perodo no superior a un mes en casos de gran complejidad, sobre la situacin psicolgica, educativa y familiar del menor, as como sobre su entorno social, y en general sobre cualquier otra circunstancia relevante a los efectos de la adopcin de alguna de las medidas previstas en la presente Ley.

2. El equipo tcnico podr proponer, asimismo, una intervencin socio-educativa sobre el menor, poniendo de manifiesto en tal caso aquellos aspectos del mismo que considere relevantes en orden a dicha intervencin.

3. De igual modo, el equipo tcnico informar, si lo considera conveniente y en inters del menor, sobre la posibilidad de que ste efecte una actividad reparadora o de conciliacin con la vctima, de acuerdo con lo dispuesto en el artculo 19 de esta Ley, con indicacin expresa del contenido y la finalidad de la mencionada actividad. En este caso, no ser preciso elaborar un informe de las caractersticas y contenidos del apartado 1 de este artculo.

4. Asimismo podr el equipo tcnico proponer en su informe la conveniencia de no continuar la tramitacin del expediente en inters del menor, por haber sido expresado suficientemente el reproche al mismo a travs de los trmites ya practicados, o por considerar inadecuada para el inters del menor cualquier intervencin, dado el tiempo transcurrido desde la comisin de los hechos. En estos casos, si se reunieran los requisitos previstos en el artculo 19.1 de esta Ley, el Ministerio Fiscal podr remitir el expediente al Juez con propuesta de sobreseimiento, remitiendo adems, en su caso, testimonio de lo actuado a la entidad pblica de proteccin de menores que corresponda, a los efectos de que acte en proteccin del menor.

5. En todo caso, una vez elaborado el informe del equipo tcnico, el Ministerio Fiscal lo remitir inmediatamente al Juez de Menores y dar copia del mismo al letrado del menor.

6. El informe al que se refiere el presente artculo podr ser elaborado o complementado por aquellas entidades pblicas o privadas que trabajen en el mbito de la educacin de menores y conozcan la situacin del menor expedientado.


[Bloque 34: #cii]

CAPTULO II

De las medidas cautelares


[Bloque 35: #a28]

Artculo 28. Reglas generales.

1. El Ministerio Fiscal, de oficio o a instancia de quien haya ejercitado la accin penal, cuando existan indicios racionales de la comisin de un delito y el riesgo de eludir u obstruir la accin de la justicia por parte del menor o de atentar contra los bienes jurdicos de la vctima, podr solicitar del Juez de Menores, en cualquier momento, la adopcin de medidas cautelares para la custodia y defensa del menor expedientado o para la debida proteccin de la vctima. Dichas medidas podrn consistir en internamiento en centro en el rgimen adecuado, libertad vigilada, prohibicin de aproximarse o comunicarse con la vctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez, o convivencia con otra persona, familia o grupo educativo. El Juez, odo el letrado del menor, as como el equipo tcnico y la representacin de la entidad pblica de proteccin o reforma de menores, que informarn especialmente sobre la naturaleza de la medida cautelar, resolver sobre lo propuesto tomando en especial consideracin el inters del menor. La medida cautelar adoptada podr mantenerse hasta que recaiga sentencia firme.

2. Para la adopcin de la medida cautelar de internamiento se atender a la gravedad de los hechos, valorando tambin las circunstancias personales y sociales del menor, la existencia de un peligro cierto de fuga, y, especialmente, el que el menor hubiera cometido o no con anterioridad otros hechos graves de la misma naturaleza. El Juez de Menores resolver, a instancia del Ministerio Fiscal o de la acusacin particular, en una comparecencia a la que asistirn tambin el letrado del menor, las dems partes personadas, el representante del equipo tcnico y el de la entidad pblica de proteccin o reforma de menores, los cuales informarn al Juez sobre la conveniencia de la adopcin de la medida solicitada en funcin de los criterios consignados en este artculo. En dicha comparecencia el Ministerio Fiscal y las partes personadas podrn proponer los medios de prueba que puedan practicarse en el acto o dentro de las veinticuatro horas siguientes.

3. El tiempo mximo de la medida cautelar de internamiento ser de seis meses, y podr prorrogarse, a instancia del Ministerio Fiscal, previa audiencia del letrado del menor y mediante auto motivado, por otros tres meses como mximo.

4. Las medidas cautelares se documentarn en el Juzgado de Menores en pieza separada del expediente.

5. El tiempo de cumplimiento de las medidas cautelares se abonar en su integridad para el cumplimiento de las medidas que se puedan imponer en la misma causa o, en su defecto, en otras causas que hayan tenido por objeto hechos anteriores a la adopcin de aqullas. El Juez, a propuesta del Ministerio Fiscal y odos el letrado del menor y el equipo tcnico que inform la medida cautelar, ordenar que se tenga por ejecutada la medida impuesta en aquella parte que estime razonablemente compensada por la medida cautelar.

Se modifica los apartados 1, 2 y 3 por el art. nico.21 de la Ley Orgnica 8/2006, de 4 de diciembre. Ref. BOE-A-2006-21236.




[Bloque 36: #a29]

Artculo 29. Medidas cautelares en los casos de exencin de la responsabilidad.

Si en el transcurso de la instruccin que realice el Ministerio Fiscal quedara suficientemente acreditado que el menor se encuentra en situacin de enajenacin mental o en cualquiera otra de las circunstancias previstas en los apartados 1., 2. 3. del artculo 20 del Cdigo Penal vigente, se adoptarn las medidas cautelares precisas para la proteccin y custodia del menor conforme a los preceptos civiles aplicables, instando en su caso las actuaciones para la incapacitacin del menor y la constitucin de los organismos tutelares conforme a derecho, sin perjuicio todo ello de concluir la instruccin y de efectuar las alegaciones previstas en esta Ley conforme a lo que establecen sus artculos 5.2 y 9, y de solicitar, por los trmites de la misma, en su caso, alguna medida teraputica adecuada al inters del menor de entre las previstas en esta Ley.


[Bloque 37: #ciii]

CAPTULO III

De la conclusin de la instruccin


[Bloque 38: #a30]

Artculo 30. Remisin del expediente al Juez de Menores.

1. Acabada la instruccin, el Ministerio Fiscal resolver la conclusin del expediente, notificndosela a las partes personadas, y remitir al Juzgado de Menores el expediente, junto con las piezas de conviccin y dems efectos que pudieran existir, con un escrito de alegaciones en el que constar la descripcin de los hechos, la valoracin jurdica de los mismos, el grado de participacin del menor, una breve resea de las circunstancias personales y sociales de ste, la proposicin de alguna medida de las previstas en esta Ley con exposicin razonada de los fundamentos jurdicos y educativos que la aconsejen, y, en su caso, la exigencia de responsabilidad civil.

2. En el mismo acto propondr el Ministerio Fiscal la prueba de que intente valerse para la defensa de su pretensin procesal.

3. Asimismo, podr proponer el Ministerio Fiscal la participacin en el acto de la audiencia de aquellas personas o representantes de instituciones pblicas y privadas que puedan aportar al proceso elementos valorativos del inters del menor y de la conveniencia o no de las medidas solicitadas. En todo caso sern llamadas al acto de audiencia las personas o instituciones perjudicadas civilmente por el delito, as como los responsables civiles.

4. El Ministerio Fiscal podr tambin solicitar del Juez de Menores el sobreseimiento de las actuaciones por alguno de los motivos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, as como la remisin de los particulares necesarios a la entidad pblica de proteccin de menores en su caso.

Se modifica los apartados 1 y 3 por el art. nico.22 de la Ley Orgnica 8/2006, de 4 de diciembre. Ref. BOE-A-2006-21236.




[Bloque 39: #tiv]

TTULO IV

De la fase de audiencia


[Bloque 40: #a31]

Artculo 31. Apertura de la fase de audiencia.

Recibido el escrito de alegaciones con el expediente, las piezas de conviccin, los efectos y dems elementos relevantes para el proceso remitidos por el Ministerio Fiscal, el secretario del Juzgado de Menores los incorporar a las diligencias, y el Juez de Menores proceder a abrir el trmite de audiencia, para lo cual el secretario judicial dar traslado simultneamente a quienes ejerciten la accin penal y la civil para que en un plazo comn de cinco das hbiles formulen sus respectivos escritos de alegaciones y propongan las pruebas que consideren pertinentes. Evacuado este trmite, el secretario judicial dar traslado de todo lo actuado al letrado del menor y, en su caso, a los responsables civiles, para que en un plazo de cinco das hbiles formule a su vez escrito de alegaciones y proponga la prueba que considere pertinente.

Se modifica por el art. nico.23 de la Ley Orgnica 8/2006, de 4 de diciembre. Ref. BOE-A-2006-21236.




[Bloque 41: #a32]

Artculo 32. Sentencia de conformidad.

Si el escrito de alegaciones de la acusacin solicitara la imposicin de alguna o algunas de las medidas previstas en las letras e) a ) del apartado 1 del artculo 7, y hubiere conformidad del menor y de su letrado, as como de los responsables civiles, la cual se expresar en comparecencia ante el Juez de Menores en los trminos del artculo 36, ste dictar sentencia sin ms trmite.

Cuando el menor y su letrado disintiesen nicamente respecto de la responsabilidad civil, se limitar la audiencia a la prueba y discusin de los puntos relativos a dicha responsabilidad.

Cuando la persona o personas contra quienes se dirija la accin civil no estuvieren conformes con la responsabilidad civil solicitada, se sustanciar el trmite de la audiencia slo en lo relativo a este ltimo extremo, practicndose la prueba propuesta a fin de determinar el alcance de aquella.

Se modifica por el art. nico.24 de la Ley Orgnica 8/2006, de 4 de diciembre. Ref. BOE-A-2006-21236.




[Bloque 42: #a33]

Artculo 33. Otras decisiones del Juez de Menores.

En los casos no previstos en el artculo anterior, a la vista de la peticin del Ministerio Fiscal y de los escritos de alegaciones de las partes, el Juez adoptar alguna de las siguientes decisiones:

a) La celebracin de la audiencia.

b) El sobreseimiento, mediante auto motivado, de las actuaciones.

c) El archivo por sobreseimiento de las actuaciones con remisin de particulares a la entidad pblica de proteccin de menores correspondiente cuando as se haya solicitado por el Ministerio Fiscal.

d) La remisin de las actuaciones al Juez competente, cuando el Juez de Menores considere que no le corresponde el conocimiento del asunto.

e) Practicar por s las pruebas propuestas por las partes y que hubieran sido denegadas por el Fiscal durante la instruccin, conforme a lo dispuesto en el artculo 26.1 de la presente Ley, y que no puedan celebrarse en el transcurso de la audiencia, siempre que considere que son relevantes a los efectos del proceso. Una vez practicadas, dar traslado de los resultados al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, antes de iniciar las sesiones de la audiencia.

Contra las precedentes resoluciones cabrn los recursos previstos en esta Ley.

Se modifica por el art. nico.25 de la Ley Orgnica 8/2006, de 4 de diciembre. Ref. BOE-A-2006-21236.




[Bloque 43: #a34]

Artculo 34. Pertinencia de pruebas y sealamiento de la audiencia.

El Juez de Menores, dentro del plazo de cinco das desde la presentacin del escrito de alegaciones del letrado del menor y, en su caso, de los responsables civiles, o una vez transcurrido el plazo para la presentacin sin que sta se hubiere efectuado, acordar, en su caso, lo procedente sobre la pertinencia de las pruebas propuestas, mediante auto de apertura de la audiencia, y el secretario judicial sealar el da y hora en que deba comenzar sta dentro de los diez das siguientes.

Se modifica por el art. nico.26 de la Ley Orgnica 8/2006, de 4 de diciembre. Ref. BOE-A-2006-21236.




[Bloque 44: #a35]

Artculo 35. Asistentes y no publicidad de la audiencia.

1. La audiencia se celebrar con asistencia del Ministerio Fiscal, de las partes personadas, del letrado del menor, de un representante del equipo tcnico que haya evacuado el informe previsto en el artculo 27 de esta Ley, y del propio menor, el cual podr estar acompaado de sus representantes legales, salvo que el Juez, odos los citados Ministerio Fiscal, letrado del menor y representante del equipo tcnico, acuerde lo contrario. Tambin podr asistir el representante de la entidad pblica de proteccin o reforma de menores que haya intervenido en las actuaciones de la instruccin, cuando se hubiesen ejecutado medidas cautelares o definitivas impuestas al menor con anterioridad. Igualmente, debern comparecer la persona o personas a quienes se exija responsabilidad civil; aunque su inasistencia injustificada no ser por s misma causa de suspensin de la audiencia.

2. El Juez podr acordar, en inters de la persona imputada o de la vctima, que las sesiones no sean pblicas y en ningn caso se permitir que los medios de comunicacin social obtengan o difundan imgenes del menor ni datos que permitan su identificacin.

3. Quienes ejerciten la accin penal en el procedimiento regulado en la presente Ley, habrn de respetar rigurosamente el derecho del menor a la confidencialidad y a la no difusin de sus datos personales o de los datos que obren en el expediente instruido, en los trminos que establezca el Juez de Menores. Quien infrinja esta regla ser acreedor de las responsabilidades civiles y penales a que haya lugar.

Se modifica el apartado 1 y se aade el 3 por el art. nico.27 de la Ley Orgnica 8/2006, de 4 de diciembre. Ref. BOE-A-2006-21236.




[Bloque 45: #a36]

Artculo 36. Conformidad del menor.

1. El secretario judicial informar al menor expedientado, en un lenguaje comprensible y adaptado a su edad, de las medidas y responsabilidad civil solicitadas por el Ministerio Fiscal y, en su caso, la acusacin particular y el actor civil, en sus escritos de alegaciones, as como de los hechos y de la causa en que se funden.

2. El Juez seguidamente preguntar al menor si se declara autor de los hechos y si est de acuerdo con las medidas solicitadas y con la responsabilidad civil. Si mostrase su conformidad con dichos extremos, odos el letrado del menor y la persona o personas contra quienes se dirija la accin civil, el Juez podr dictar resolucin de conformidad. Si el letrado no estuviese de acuerdo con la conformidad prestada por el propio menor, el Juez resolver sobre la continuacin o no de la audiencia, razonando esta decisin en la sentencia.

3. Si el menor estuviere conforme con los hechos pero no con la medida solicitada, se sustanciar el trmite de la audiencia slo en lo relativo a este ltimo extremo, practicndose la prueba propuesta a fin de determinar la aplicacin de dicha medida o su sustitucin por otra ms adecuada al inters del menor y que haya sido propuesta por alguna de las partes.

4. Cuando el menor o la persona o personas contra quienes se dirija la accin civil no estuvieren conformes con la responsabilidad civil solicitada, se sustanciar el trmite de la audiencia slo en lo relativo a este ltimo extremo, practicndose la prueba propuesta a fin de determinar el alcance de aqulla.

Se modifica por el art. nico. 28 de la Ley Orgnica 8/2006, de 4 de diciembre. Ref. BOE-A-2006-21236.




[Bloque 46: #a37]

Artculo 37. Celebracin de la audiencia.

1. Cuando proceda la celebracin de la audiencia, el Juez invitar al Ministerio Fiscal, a quienes hayan ejercitado, en su caso, la accin penal, al letrado del menor, y eventualmente y respecto de las cuestiones que estrictamente tengan que ver con la responsabilidad civil al actor civil y terceros responsables civilmente, a que manifiesten lo que tengan por conveniente sobre la prctica de nuevas pruebas o sobre la vulneracin de algn derecho fundamental en la tramitacin del procedimiento, o, en su caso, les pondr de manifiesto la posibilidad de aplicar una distinta calificacin o una distinta medida de las que hubieran solicitado. Seguidamente, el Juez acordar la continuacin de la audiencia o la subsanacin del derecho vulnerado, si as procediere. Si acordara la continuacin de la audiencia, el Juez resolver en la sentencia sobre los extremos planteados.

2. Seguidamente se iniciar la prctica de la prueba propuesta y admitida y la que, previa declaracin de pertinencia, ofrezcan las partes para su prctica en el acto, oyndose, asimismo, al equipo tcnico sobre las circunstancias del menor. A continuacin, el Juez oir al Ministerio Fiscal, a quien haya ejercitado en su caso la accin penal, al letrado del menor y al actor civil y terceros responsables civilmente respecto de los derechos que le asisten, sobre la valoracin de la prueba, su calificacin jurdica y la procedencia de las medidas propuestas; sobre este ltimo punto, se oir tambin al equipo tcnico y, en su caso, a la entidad pblica de proteccin o reforma de menores. Por ltimo, el Juez oir al menor, dejando el expediente visto para sentencia.

3. En su caso, en este procedimiento se aplicar lo dispuesto en la legislacin relativa a la proteccin de testigos y peritos en causas penales.

4. Si en el transcurso de la audiencia el Juez considerara, de oficio o a solicitud de las partes, que el inters del menor aconseja que ste abandone la sala, podr acordarlo as motivadamente, ordenando que continen las actuaciones hasta que el menor pueda retornar a aqulla.

Se modifica los apartados 1 y 2 por el art. nico.29 de la Ley Orgnica 8/2006, de 4 de diciembre. Ref. BOE-A-2006-21236.




[Bloque 47: #tv]

TTULO V

De la sentencia


[Bloque 48: #a38]

Artculo 38. Plazo para dictar sentencia.

Finalizada la audiencia, el Juez de Menores dictar sentencia en un plazo mximo de cinco das.

Se modifica por el art. nico.30 de la Ley Orgnica 8/2006, de 4 de diciembre. Ref. BOE-A-2006-21236.




[Bloque 49: #a39]

Artculo 39. Contenido y registro de la sentencia.

1. La sentencia contendr todos los requisitos previstos en la vigente Ley Orgnica del Poder Judicial y en ella, valorando las pruebas practicadas, las razones expuestas por el Ministerio Fiscal, por las partes personadas y por el letrado del menor, lo manifestado en su caso por ste, tomando en consideracin las circunstancias y gravedad de los hechos, as como todos los datos debatidos sobre la personalidad, situacin, necesidades y entorno familiar y social del menor, la edad de ste en el momento de dictar la sentencia, y la circunstancia de que el menor hubiera cometido o no con anterioridad otros hechos de la misma naturaleza, resolver sobre la medida o medidas propuestas, con indicacin expresa de su contenido, duracin y objetivos a alcanzar con las mismas. La sentencia ser motivada, consignando expresamente los hechos que se declaren probados y los medios probatorios de los que resulte la conviccin judicial. En la misma sentencia se resolver sobre la responsabilidad civil derivada del delito o falta, con el contenido indicado en el artculo 115 del Cdigo Penal. Tambin podr ser anticipado oralmente el fallo al trmino de las sesiones de la audiencia, sin perjuicio de su documentacin con arreglo al artculo 248.3 de la citada Ley Orgnica del Poder Judicial.

2. El Juez, al redactar la sentencia, procurar expresar sus razonamientos en un lenguaje claro y comprensible para la edad del menor.

3. Cada Juzgado de Menores llevar un registro de sentencias en el que se incluirn firmadas todas las definitivas. La llevanza y custodia de dicho registro es responsabilidad del secretario judicial.

Se modifica los apartados 1 y 3 por el art. nico.31 de la Ley Orgnica 8/2006, de 4 de diciembre. Ref. BOE-A-2006-21236.




[Bloque 50: #a40]

Artculo 40. Suspensin de la ejecucin del fallo.

1. El Juez competente para la ejecucin, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o del letrado del menor, y odos en todo caso stos, as como el representante del equipo tcnico y de la entidad pblica de proteccin o reforma de menores, podr acordar motivadamente la suspensin de la ejecucin del fallo contenido en la sentencia, cuando la medida impuesta no sea superior a dos aos de duracin, durante un tiempo determinado y hasta un mximo de dos aos. Dicha suspensin se acordar en la propia sentencia o por auto motivado del Juez competente para la ejecucin cuando aqulla sea firme, debiendo expresar, en todo caso, las condiciones de la misma. Se excepta de la suspensin el pronunciamiento sobre la responsabilidad civil derivada del delito o falta.

2. Las condiciones a las que estar sometida la suspensin de la ejecucin del fallo contenido en la sentencia dictada por el Juez de Menores sern las siguientes:

a) No ser condenado en sentencia firme por delito cometido durante el tiempo que dure la suspensin, si ha alcanzado la mayora de edad, o no serle aplicada medida en sentencia firme en procedimiento regulado por esta Ley durante el tiempo que dure la suspensin.

b) Que el menor asuma el compromiso de mostrar una actitud y disposicin de reintegrarse a la sociedad, no incurriendo en nuevas infracciones.

c) Adems, el Juez puede establecer la aplicacin de un rgimen de libertad vigilada durante el plazo de suspensin o la obligacin de realizar una actividad socio-educativa, recomendada por el equipo tcnico o la entidad pblica de proteccin o reforma de menores en el precedente trmite de audiencia, incluso con compromiso de participacin de los padres, tutores o guardadores del menor, expresando la naturaleza y el plazo en que aquella actividad deber llevarse a cabo.

3. Si las condiciones expresadas en el apartado anterior no se cumplieran, el Juez alzar la suspensin y se proceder a ejecutar la sentencia en todos sus extremos. Contra la resolucin que as lo acuerde se podrn interponer los recursos previstos en esta Ley.

Se modifica el apartado 1 por el art. nico.32 de la Ley Orgnica 8/2006, de 4 de diciembre. Ref. BOE-A-2006-21236.




[Bloque 51: #tvi]

TTULO VI

Del rgimen de recursos


[Bloque 52: #a41]

Artculo 41. Recursos procedentes y tramitacin.

1. Contra la sentencia dictada por el Juez de Menores en el procedimiento regulado en esta Ley cabe recurso de apelacin ante la correspondiente Audiencia Provincial, que se interpondr ante el Juez que dict aqulla en el plazo de cinco das a contar desde su notificacin, y se resolver previa celebracin de vista pblica, salvo que en inters de la persona imputada o de la vctima, el Juez acuerde que se celebre a puerta cerrada. A la vista debern asistir las partes y, si el Tribunal lo considera oportuno, el representante del equipo tcnico y el representante de la entidad pblica de proteccin o reforma de menores que hayan intervenido en el caso concreto. El recurrente podr solicitar del Tribunal la prctica de la prueba que, propuesta y admitida en la instancia, no se hubiera celebrado, conforme a las reglas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

2. Contra los autos y providencias de los Jueces de Menores cabe recurso de reforma ante el propio rgano, que se interpondr en el plazo de tres das a partir de la notificacin. El auto que resuelva la impugnacin de la providencia ser susceptible de recurso de apelacin.

3. Contra los autos que pongan fin al procedimiento o resuelvan el incidente de los artculos 13, 28, 29 y 40 de esta Ley, cabe recurso de apelacin ante la Audiencia Provincial por los trmites que regula la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el procedimiento abreviado.

4. Contra los autos y sentencias dictados por el Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional cabe recurso de apelacin ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

5. Contra las resoluciones dictadas por los secretarios judiciales caben los mismos recursos que los expresados en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se sustanciarn en la forma que en ella se determina.

Se modifica el apartado 3 y la rbrica y se aade los apartados 4 y 5 por el art. nico.33 y 34 de la Ley Orgnica 8/2006, de 4 de diciembre. Ref. BOE-A-2006-21236.

Se modifica los apartados 1 y 3 por el art. 6 de la Ley Orgnica 9/2000, de 22 de diciembre. Ref. BOE-A-2000-23661.





[Bloque 53: #a42]

Artculo 42. Recurso de casacin para unificacin de doctrina.

1. Son recurribles en casacin, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, las sentencias dictadas en apelacin por la Audiencia Nacional y por las Audiencias Provinciales cuando se hubiere impuesto una de las medidas a las que se refiere el artculo 10.

2. El recurso tendr por objeto la unificacin de doctrina con ocasin de sentencias dictadas en apelacin que fueran contradictorias entre s, o con sentencias del Tribunal Supremo, respecto de hechos y valoraciones de las circunstancias del menor que, siendo sustancialmente iguales, hayan dado lugar, sin embargo, a pronunciamientos distintos.

3. El recurso podr prepararlo el Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes que pretenda la indicada unificacin de doctrina dentro de los diez das siguientes a la notificacin de la sentencia de la Audiencia Nacional o Provincial, en escrito dirigido a la misma. El escrito de preparacin deber contener una relacin precisa y circunstanciada de la contradiccin alegada, con designacin de las sentencias aludidas y de los informes en que se funde el inters del menor valorado en sentencia.

4. Si la Audiencia Nacional o Provincial ante quien se haya preparado el recurso estimara acreditados los requisitos a los que se refiere el apartado anterior, el secretario judicial requerir testimonio de las sentencias citadas a los Tribunales que las dictaron, y en un plazo de diez das remitir la documentacin a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, emplazando al recurrente y al Ministerio Fiscal, si no lo fuera, ante dicha Sala.

5. El recurso de casacin se interpondr ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, siendo de aplicacin en la interposicin, sustanciacin y resolucin del recurso lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en cuanto resulte aplicable.

Se modifica por el art. nico.35 de la Ley Orgnica 8/2006, de 4 de diciembre. Ref. BOE-A-2006-21236.




[Bloque 54: #tvii]

TTULO VII

De la ejecucin de las medidas


[Bloque 55: #ci-2]

CAPTULO I

Disposiciones generales


[Bloque 56: #a43]

Artculo 43. Principio de legalidad.

1. No podr ejecutarse ninguna de las medidas establecidas en esta Ley sino en virtud de sentencia firme dictada de acuerdo con el procedimiento regulado en la misma.

2. Tampoco podrn ejecutarse dichas medidas en otra forma que la prescrita en esta Ley y en los reglamentos que la desarrollen.


[Bloque 57: #a44]

Artculo 44. Competencia judicial.

1. La ejecucin de las medidas previstas en esta Ley se realizar bajo el control del Juez de Menores que haya dictado la sentencia correspondiente, salvo cuando por aplicacin de lo dispuesto en los artculos 12 y 47 de esta Ley sea competente otro, el cual resolver por auto motivado, odos el Ministerio Fiscal, el letrado del menor y la representacin de la entidad pblica que ejecute aqulla, sobre las incidencias que se puedan producir durante su transcurso.

2. Para ejercer el control de la ejecucin, corresponden especialmente al Juez de Menores, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o del letrado del menor, las funciones siguientes:

a) Adoptar todas las decisiones que sean necesarias para proceder a la ejecucin efectiva de las medidas impuestas.

b) Resolver las propuestas de revisin de las medidas.

c) Aprobar los programas de ejecucin de las medidas.

d) Conocer de la evolucin de los menores durante el cumplimiento de las medidas a travs de los informes de seguimiento de las mismas.

e) Resolver los recursos que se interpongan contra las resoluciones dictadas para la ejecucin de las medidas, conforme establece el artculo 52 de esta Ley.

f) Acordar lo que proceda en relacin a las peticiones o quejas que puedan plantear los menores sancionados sobre el rgimen, el tratamiento o cualquier otra circunstancia que pueda afectar a sus derechos fundamentales.

g) Realizar regularmente visitas a los centros y entrevistas con los menores.

h) Formular a la entidad pblica de proteccin o reforma de menores correspondiente las propuestas y recomendaciones que considere oportunas en relacin con la organizacin y el rgimen de ejecucin de las medidas.

i) Adoptar las resoluciones que, en relacin con el rgimen disciplinario, les atribuye el artculo 60 de esta Ley.

3. Cuando, por aplicacin de lo dispuesto en el artculo 14 de esta Ley, la medida de internamiento se cumpla en un establecimiento penitenciario, el Juez de Menores competente para la ejecucin conservar la competencia para decidir sobre la pervivencia, modificacin o sustitucin de la medida en los trminos previstos en esta Ley, asumiendo el Juez de Vigilancia Penitenciaria el control de las incidencias de la ejecucin de la misma en todas las cuestiones y materias a que se refiere la legislacin penitenciaria.

Se modifica los apartados 1 y 2.b) y se aade el 3 por el art. nico.36.1 a 3 de la Ley Orgnica 8/2006, de 4 de diciembre. Ref. BOE-A-2006-21236.




[Bloque 58: #a45]

Artculo 45. Competencia administrativa.

1. La ejecucin de las medidas adoptadas por los Jueces de Menores en sus sentencias firmes es competencia de las Comunidades Autnomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, con arreglo a la disposicin final vigsima segunda de la Ley Orgnica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccin Jurdica del Menor. Dichas entidades pblicas llevarn a cabo, de acuerdo con sus respectivas normas de organizacin, la creacin, direccin, organizacin y gestin de los servicios, instituciones y programas adecuados para garantizar la correcta ejecucin de las medidas previstas en esta Ley.

2. La ejecucin de las medidas corresponder a las Comunidades Autnomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, donde se ubique el Juzgado de Menores que haya dictado la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artculo siguiente.

3. Las Comunidades Autnomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla podrn establecer los convenios o acuerdos de colaboracin necesarios con otras entidades, bien sean pblicas, de la Administracin del Estado, Local o de otras Comunidades Autnomas, o privadas sin nimo de lucro, para la ejecucin de las medidas de su competencia, bajo su directa supervisin, sin que ello suponga en ningn caso la cesin de la titularidad y responsabilidad derivada de dicha ejecucin.


[Bloque 59: #cii-2]

CAPTULO II

Reglas para la ejecucin de las medidas


[Bloque 60: #a46]

Artculo 46. Liquidacin de la medida y traslado del menor a un centro.

1. Una vez firme la sentencia y aprobado el programa de ejecucin de la medida impuesta, el secretario del Juzgado de Menores competente para la ejecucin de la medida practicar la liquidacin de dicha medida, indicando las fechas de inicio y de terminacin de la misma, con abono en su caso del tiempo cumplido por las medidas cautelares impuestas al interesado, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artculo 28.5. Al propio tiempo, abrir un expediente de ejecucin en el que se harn constar las incidencias que se produzcan en el desarrollo de aqulla conforme a lo establecido en la presente Ley.

2. De la liquidacin mencionada en el apartado anterior y del testimonio de particulares que el Juez considere necesario y que deber incluir los informes tcnicos que obren en la causa, el secretario judicial dar traslado a la entidad pblica de proteccin o reforma de menores competente para el cumplimiento de las medidas acordadas en la sentencia firme. Tambin notificar al Ministerio Fiscal el inicio de la ejecucin, y al letrado del menor si as lo solicitara del Juez de Menores.

3. Recibidos por la entidad pblica el testimonio y la liquidacin de la medida indicados en el apartado anterior, aqulla designar de forma inmediata un profesional que se responsabilizar de la ejecucin de la medida impuesta, y, si sta fuera de internamiento, designar el centro ms adecuado para su ejecucin de entre los ms cercanos al domicilio del menor en los que existan plazas disponibles para la ejecucin por la entidad pblica competente en cada caso. El traslado a otro centro distinto de los anteriores slo se podr fundamentar en el inters del menor de ser alejado de su entorno familiar y social y requerir en todo caso la aprobacin del Juzgado de Menores competente para la ejecucin de la medida. En todo caso los menores pertenecientes a una banda, organizacin o asociacin no podrn cumplir la medida impuesta en el mismo centro, debiendo designrseles uno distinto aunque la eleccin del mismo suponga alejamiento del entorno familiar o social.

Se modifica por el art. nico.37 de la Ley Orgnica 8/2006, de 4 de diciembre. Ref. BOE-A-2006-21236.




[Bloque 61: #a47]

Artculo 47. Refundicin de medidas impuestas.

1. Si se hubieran impuesto al menor varias medidas en la misma resolucin judicial, y no fuere posible su cumplimiento simultneo, el Juez competente para la ejecucin ordenar su cumplimiento sucesivo conforme a las reglas establecidas en el apartado 5 de este artculo.

La misma regla se aplicar a las medidas impuestas en distintas resoluciones judiciales, siempre y cuando dichas medidas sean de distinta naturaleza entre s. En este caso ser el Juez competente para la ejecucin quien ordene el cumplimiento simultneo o sucesivo con arreglo al apartado 5 de este artculo, segn corresponda.

2. Si se hubieren impuesto al menor en diferentes resoluciones judiciales dos o ms medidas de la misma naturaleza, el Juez competente para la ejecucin, previa audiencia del letrado del menor, refundir dichas medidas en una sola, sumando la duracin de las mismas, hasta el lmite del doble de la ms grave de las refundidas.

El Juez, previa audiencia del letrado del menor, deber proceder de este modo respecto de cada grupo de medidas de la misma naturaleza que hayan sido impuestas al menor, de modo que una vez practicada la refundicin no quedar por ejecutar ms de una medida de cada clase de las enumeradas en el artculo 7 de esta Ley.

3. En caso de que, estando sujeto a la ejecucin de una medida, el menor volviera a cometer un hecho delictivo, el Juez competente para la ejecucin, previa audiencia del letrado del menor, dictar la resolucin que proceda en relacin a la nueva medida que, en su caso se haya impuesto, conforme a lo dispuesto en los dos apartados anteriores. En este caso podr aplicar adems las reglas establecidas en el artculo 50 para el supuesto de quebrantamiento de la ejecucin.

4. A los fines previstos en este artculo, en cuanto el Juez sentenciador tenga conocimiento de la existencia de otras medidas firmes de ejecucin, pendientes de ejecucin o suspendidas condicionalmente, y una vez que la medida o medidas por l impuestas sean firmes, proceder conforme a lo dispuesto en el artculo 12 de esta Ley.

5. Cuando las medidas de distinta naturaleza, impuestas directamente o resultantes de la refundicin prevista en los nmeros anteriores, hubieren de ejecutarse de manera sucesiva, se atender a los siguientes criterios:

a) La medida de internamiento teraputico se ejecutar con preferencia a cualquier otra.

b) La medida de internamiento en rgimen cerrado se ejecutar con preferencia al resto de las medidas de internamiento.

c) La medida de internamiento se cumplir antes que las no privativas de libertad, y en su caso interrumpir la ejecucin de stas.

d) Las medidas de libertad vigilada contempladas en el artculo 10 se ejecutarn una vez finalizado el internamiento en rgimen cerrado que se prev en el mismo artculo.

e) En atencin al inters del menor, el Juez podr, previo informe del Ministerio Fiscal, de las dems partes y de la entidad pblica de reforma o proteccin de menores, acordar motivadamente la alteracin en el orden de cumplimiento previsto en las reglas anteriores.

6. Lo dispuesto en este artculo se entiende sin perjuicio de las previsiones del artculo 14 para el caso de que el menor pasare a cumplir una medida de internamiento en centro penitenciario al alcanzar la mayora de edad.

7. Cuando una persona que se encuentre cumpliendo una o varias medidas impuestas con arreglo a esta Ley sea condenada a una pena o medida de seguridad prevista en el Cdigo Penal o en leyes penales especiales, se ejecutarn simultneamente aqullas y stas si fuere materialmente posible, atendida la naturaleza de ambas, su forma de cumplimiento o la eventual suspensin de la pena impuesta, cuando proceda.

No siendo posible la ejecucin simultnea, se cumplir la sancin penal, quedando sin efecto la medida o medidas impuestas en aplicacin de la presente Ley, salvo que se trate de una medida de internamiento y la pena impuesta sea de prisin y deba efectivamente ejecutarse. En este ltimo caso, a no ser que el Juez de Menores adopte alguna de las resoluciones previstas en el artculo 13 de esta Ley, la medida de internamiento terminar de cumplirse en el centro penitenciario en los trminos previstos en el artculo 14, y una vez cumplida se ejecutar la pena.

Se modifica por el art. nico.38 de la Ley Orgnica 8/2006, de 4 de diciembre. Ref. BOE-A-2006-21236.




[Bloque 62: #a48]

Artculo 48. Expediente personal de la persona sometida a la ejecucin de una medida.

1. La entidad pblica abrir un expediente personal nico a cada menor respecto del cual tenga encomendada la ejecucin de una medida, en el que se recogern los informes relativos a aqul, las resoluciones judiciales que le afecten y el resto de la documentacin generada durante la ejecucin.

2. Dicho expediente tendr carcter reservado y solamente tendrn acceso al mismo el Defensor del Pueblo o institucin anloga de la correspondiente Comunidad Autnoma, los Jueces de Menores competentes, el Ministerio Fiscal y las personas que intervengan en la ejecucin y estn autorizadas por la entidad pblica de acuerdo con sus normas de organizacin. El menor, su letrado y, en su caso, su representante legal, tambin tendrn acceso al expediente.

3. La recogida, cesin y tratamiento automatizado de datos de carcter personal de las personas a las que se aplique la presente Ley, slo podr realizarse en ficheros informticos de titularidad pblica dependientes de las entidades pblicas de proteccin de menores, Administraciones y Juzgados de Menores competentes o del Ministerio Fiscal, y se regir por lo dispuesto en la Ley Orgnica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccin de Datos de Cracter Personal, y sus normas de desarrollo.


[Bloque 63: #a49]

Artculo 49. Informes sobre la ejecucin.

1. La entidad pblica remitir al Juez de Menores y al Ministerio Fiscal, con la periodicidad que se establezca reglamentariamente en cada caso y siempre que fuese requerida para ello o la misma entidad lo considerase necesario, informes sobre la ejecucin de la medida y sus incidencias, y sobre la evolucin personal de los menores sometidos a las mismas. Dichos informes se remitirn tambin al letrado del menor si as lo solicitare a la entidad pblica competente.

2. En los indicados informes la entidad pblica podr solicitar del Ministerio Fiscal, cuando as lo estime procedente, la revisin judicial de las medidas en el sentido propugnado por el artculo 13.1 de la presente Ley.

Se modifica el apartado 2 por el art. nico.39 de la Ley Orgnica 8/2006, de 4 de diciembre. Ref. BOE-A-2006-21236.




[Bloque 64: #a50]

Artculo 50. Quebrantamiento de la ejecucin.

1. Cuando el menor quebrantare una medida privativa de libertad, se proceder a su reingreso en el mismo centro del que se hubiera evadido o en otro adecuado a sus condiciones, o, en caso de permanencia de fin de semana, en su domicilio, a fin de cumplir de manera ininterrumpida el tiempo pendiente.

2. Si la medida quebrantada no fuere privativa de libertad, el Ministerio Fiscal podr instar del Juez de Menores la sustitucin de aqulla por otra de la misma naturaleza. Excepcionalmente, y a propuesta del Ministerio Fiscal, odos el letrado y el representante legal del menor, as como el equipo tcnico, el Juez de Menores podr sustituir la medida por otra de internamiento en centro semiabierto, por el tiempo que reste para su cumplimiento.

3. Asimismo, el Juez de Menores acordar que el secretario judicial remita testimonio de los particulares relativos al quebrantamiento de la medida al Ministerio Fiscal, por si el hecho fuese constitutivo de alguna de las infracciones a que se refiere el artculo 1 de la presente Ley Orgnica y merecedora de reproche sancionador.

Se modifica el apartado 3 por el art. nico. 40 de la Ley Orgnica 8/2006, de 4 de diciembre. Ref. BOE-A-2006-21236.




[Bloque 65: #a51]

Artculo 51. Sustitucin de las medidas.

1. Durante la ejecucin de las medidas el Juez de Menores competente para la ejecucin podr, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, del letrado del menor o de la Administracin competente, y odas las partes, as como el equipo tcnico y la representacin de la entidad pblica de proteccin o reforma de menores, dejar sin efecto aquellas o sustituirlas por otras que se estimen ms adecuadas de entre las previstas en esta Ley, por tiempo igual o inferior al que reste para su cumplimiento, siempre que la nueva medida pudiera haber sido impuesta inicialmente atendiendo a la infraccin cometida. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artculo anterior y de acuerdo con el artculo 13 de la presente Ley

2. Cuando el Juez de Menores haya sustituido la medida de internamiento en rgimen cerrado por la de internamiento en rgimen semiabierto o abierto, y el menor evolucione desfavorablemente, previa audiencia del letrado del menor, podr dejar sin efecto la sustitucin, volvindose a aplicar la medida sustituida de internamiento en rgimen cerrado. Igualmente, si la medida impuesta es la de internamiento en rgimen semiabierto y el menor evoluciona desfavorablemente, el Juez de Menores podr sustituirla por la de internamiento en rgimen cerrado, cuando el hecho delictivo por la que se impuso sea alguno de los previstos en el artculo 9.2 de esta Ley.

3. La conciliacin del menor con la vctima, en cualquier momento en que se produzca el acuerdo entre ambos a que se refiere el artculo 19 de la presente Ley, podr dejar sin efecto la medida impuesta cuando el Juez, a propuesta del Ministerio Fiscal o del letrado del menor y odos el equipo tcnico y la representacin de la entidad pblica de proteccin o reforma de menores, juzgue que dicho acto y el tiempo de duracin de la medida ya cumplido expresan suficientemente el reproche que merecen los hechos cometidos por el menor.

4. En todos los casos anteriores, el Juez resolver por auto motivado, contra el cual se podrn interponer los recursos previstos en la presente Ley.

Se modifica el apartado 1, se reenumera el 2 y 3, como 3 y 4, y se aade el 2 por el art. nico. 41 de la Ley Orgnica 8/2006, de 4 de diciembre. Ref. BOE-A-2006-21236.




[Bloque 66: #a52]

Artculo 52. Presentacin de recursos.

1. Cuando el menor pretenda interponer ante el Juez de Menores recurso contra cualquier resolucin adoptada durante la ejecucin de las medidas que le hayan sido impuestas, lo presentar de forma escrita ante el Juez o Director del centro de internamiento, quien lo pondr en conocimiento de aqul dentro del siguiente da hbil.

El menor tambin podr presentar un recurso ante el Juez de forma verbal, o manifestar de forma verbal su intencin de recurrir al Director del centro, quien dar traslado de esta manifestacin al Juez de Menores en el plazo indicado. En este ltimo caso, el Juez de Menores adoptar las medidas que resulten procedentes a fin de or la alegacin del menor.

El letrado del menor tambin podr interponer los recursos, en forma escrita, ante las autoridades indicadas en el prrafo primero.

2. Si el Juez de Menores admitiese a trmite el recurso, el secretario judicial recabar informe del Ministerio Fiscal y, previa audiencia del letrado del menor, aqul resolver el recurso en el plazo de dos das, mediante auto motivado. Contra este auto cabr recurso de apelacin ante la correspondiente Audiencia Provincial, conforme a lo dispuesto en el artculo 41 de la presente Ley.

Se modifica el apartado 2 por el art. nico.42 de la Ley Orgnica 8/2006, de 4 de diciembre. Ref. BOE-A-2006-21236,




[Bloque 67: #a53]

Artculo 53. Cumplimiento de la medida.

1. Una vez cumplida la medida, la entidad pblica remitir a los destinatarios designados en el artculo 49.1 un informe final, y el Juez de Menores dictar auto acordando lo que proceda respecto al archivo de la causa. Dicho auto ser notificado por el secretario judicial al Ministerio Fiscal, al letrado del menor, a la entidad pblica y a la vctima.

2. El Juez, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o del letrado del menor, podr instar de la correspondiente entidad pblica de proteccin o reforma de menores, una vez cumplida la medida impuesta, que se arbitren los mecanismos de proteccin del menor conforme a las normas del Cdigo Civil, cuando el inters de aqul as lo requiera.

Se modifica el apartado 1 por el art. nico.43 de la Ley Orgnica 8/2006, de 4 de diciembre. Ref. BOE-A-2006-21236.




[Bloque 68: #ciii-2]

CAPTULO III

Reglas especiales para la ejecucin de las medidas privativas de libertad


[Bloque 69: #a54]

Artculo 54. Centros para la ejecucin de las medidas privativas de libertad.

1. Las medidas privativas de libertad, la detencin y las medidas cautelares de internamiento que se impongan de conformidad con esta Ley se ejecutarn en centros especficos para menores infractores, diferentes de los previstos en la legislacin penitenciaria para la ejecucin de las condenas penales y medidas cautelares privativas de libertad impuestas a los mayores de edad penal.

La ejecucin de la detencin preventiva, de las medidas cautelares de internamiento o de las medidas impuestas en la sentencia, acordadas por el Juez Central de Menores o por la Sala correspondiente de la Audiencia Nacional, se llevar a cabo en los establecimientos y con el control del personal especializado que el Gobierno ponga a disposicin de la Audiencia Nacional, en su caso, mediante convenio con las Comunidades Autnomas.

La ejecucin de las medidas impuestas por el Juez Central de Menores o por la Sala correspondiente de la Audiencia Nacional ser preferente sobre las impuestas, en su caso, por otros Jueces o Salas de Menores.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las medidas de internamiento tambin podrn ejecutarse en centros socio-sanitarios cuando la medida impuesta as lo requiera. En todo caso se requerir la previa autorizacin del Juez de Menores.

3. Los centros estarn divididos en mdulos adecuados a la edad, madurez, necesidades y habilidades sociales de los menores internados y se regirn por una normativa de funcionamiento interno cuyo cumplimiento tendr como finalidad la consecucin de una convivencia ordenada, que permita la ejecucin de los diferentes programas de intervencin educativa y las funciones de custodia de los menores internados.

Se modifica el apartado 1 por el art. nico.44 de la Ley Orgnica 8/2006, de 4 de diciembre. Ref. BOE-A-2006-21236.




[Bloque 70: #a55]

Artculo 55. Principio de resocializacin.

1. Toda la actividad de los centros en los que se ejecuten medidas de internamiento estar inspirada por el principio de que el menor internado es sujeto de derecho y contina formando parte de la sociedad.

2. En consecuencia, la vida en el centro debe tomar como referencia la vida en libertad, reduciendo al mximo los efectos negativos que el internamiento pueda representar para el menor o para su familia, favoreciendo los vnculos sociales, el contacto con los familiares y allegados, y la colaboracin y participacin de las entidades pblicas y privadas en el proceso de integracin social, especialmente de las ms prximas geogrfica y culturalmente.

3. A tal fin se fijarn reglamentariamente los permisos ordinarios y extraordinarios de los que podr disfrutar el menor internado, a fin de mantener contactos positivos con el exterior y preparar su futura vida en libertad.


[Bloque 71: #a56]

Artculo 56. Derechos de los menores internados.

1. Todos los menores internados tienen derecho a que se respete su propia personalidad, su libertad ideolgica y religiosa y los derechos e intereses legtimos no afectados por el contenido de la condena, especialmente los inherentes a la minora de edad civil cuando sea el caso.

2. En consecuencia, se reconocen a los menores internados los siguientes derechos:

a) Derecho a que la entidad pblica de la que depende el centro vele por su vida, su integridad fsica y su salud, sin que puedan, en ningn caso, ser sometidos a tratos degradantes o a malos tratos de palabra o de obra, ni ser objeto de un rigor arbitrario o innecesario en la aplicacin de las normas.

b) Derecho del menor de edad civil a recibir una educacin y formacin integral en todos los mbitos y a la proteccin especfica que por su condicin le dispensan las leyes.

c) Derecho a que se preserve su dignidad y su intimidad, a ser designados por su propio nombre y a que su condicin de internados sea estrictamente reservada frente a terceros.

d) Derecho al ejercicio de los derechos civiles, polticos, sociales, religiosos, econmicos y culturales que les correspondan, salvo cuando sean incompatibles con el objeto de la detencin o el cumplimiento de la condena.

e) Derecho a estar en el centro ms cercano a su domicilio, de acuerdo a su rgimen de internamiento, y a no ser trasladados fuera de su Comunidad Autnoma excepto en los casos y con los requisitos previstos en esta Ley y sus normas de desarrollo.

f) Derecho a la asistencia sanitaria gratuita, a recibir la enseanza bsica obligatoria que corresponda a su edad, cualquiera que sea su situacin en el centro, y a recibir una formacin educativa o profesional adecuada a sus circunstancias.

g) Derecho de los sentenciados a un programa de tratamiento individualizado y de todos los internados a participar en las actividades del centro.

h) Derecho a comunicarse libremente con sus padres, representantes legales, familiares u otras per sonas, y a disfrutar de salidas y permisos, con arreglo a lo dispuesto en esta Ley y sus normas de desarrollo.

i) Derecho a comunicarse reservadamente con sus letrados, con el Juez de Menores competente, con el Ministerio Fiscal y con los servicios de Inspeccin de centros de internamiento.

j) Derecho a una formacin laboral adecuada, a un trabajo remunerado, dentro de las disponibilidades de la entidad pblica, y a las prestaciones sociales que pudieran corresponderles, cuando alcancen la edad legalmente establecida.

k) Derecho a formular peticiones y quejas a la Direccin del centro, a la entidad pblica, a las autoridades judiciales, al Ministerio Fiscal, al Defensor del Pueblo o institucin anloga de su Comunidad Autnoma y a presentar todos los recursos legales que prev esta Ley ante el Juez de Menores competente, en defensa de sus derechos e intereses legtimos.

l) Derecho a recibir informacin personal y actualizada de sus derechos y obligaciones, de su situacin personal y judicial, de las normas de funcionamiento interno de los centros que los acojan, as como de los procedimientos concretos para hacer efectivos tales derechos, en especial para formular peticiones, quejas o recursos.

m) Derecho a que sus representantes legales sean informados sobre su situacin y evolucin y sobre los derechos que a ellos les corresponden, con los nicos lmites previstos en esta Ley.

n) Derecho de las menores internadas a tener en su compaa a sus hijos menores de tres aos, en las condiciones y con los requisitos que se establezcan reglamentariamente.


[Bloque 72: #a57]

Artculo 57. Deberes de los menores internados.

Los menores internados estarn obligados a:

a) Permanecer en el centro a disposicin de la autoridad judicial competente hasta el momento de su puesta en libertad, sin perjuicio de las salidas y actividades autorizadas que puedan realizar en el exterior.

b) Recibir la enseanza bsica obligatoria que legalmente les corresponda.

c) Respetar y cumplir las normas de funcionamiento interno del centro y las directrices o instrucciones que reciban del personal de aqul en el ejercicio legtimo de sus funciones.

d) Colaborar en la consecucin de una actividad ordenada en el interior del centro y mantener una actitud de respeto y consideracin hacia todos, dentro y fuera del centro, en especial hacia las autoridades, los trabajadores del centro y los dems menores internados.

e) Utilizar adecuadamente las instalaciones del centro y los medios materiales que se pongan a su disposicin.

f) Observar las normas higinicas y sanitarias, y sobre vestuario y aseo personal establecidas en el centro.

g) Realizar las prestaciones personales obligatorias previstas en las normas de funcionamiento interno del centro para mantener el buen orden y la limpieza del mismo.

h) Participar en las actividades formativas, educativas y laborales establecidas en funcin de su situacin personal a fin de preparar su vida en libertad.


[Bloque 73: #a58]

Artculo 58. Informacin y reclamaciones.

1. Los menores recibirn, a su ingreso en el centro, informacin escrita sobre sus derechos y obligaciones, el rgimen de internamiento en el que se encuentran, las cuestiones de organizacin general, las normas de funcionamiento del centro, las normas disciplinarias y los medios para formular peticiones, quejas o recursos. La informacin se les facilitar en un idioma que entiendan. A los que tengan cualquier gnero de dificultad para comprender el contenido de esta informacin se les explicar por otro medio adecuado.

2. Todos los internados podrn formular, verbalmente o por escrito, en sobre abierto o cerrado, peticiones y quejas a la entidad pblica sobre cuestiones referentes a su situacin de internamiento. Dichas peticiones o quejas tambin podrn ser presentadas al Director del centro, el cual las atender si son de su competencia o las pondr en conocimiento de la entidad pblica o autoridades competentes, en caso contrario.


[Bloque 74: #a59]

Artculo 59. Medidas de vigilancia y seguridad.

1. Las actuaciones de vigilancia y seguridad interior en los centros podrn suponer, en la forma y con la periodicidad que se establezca reglamentariamente, inspecciones de los locales y dependencias, as como registros de personas, ropas y enseres de los menores internados.

2. De igual modo se podrn utilizar exclusivamente los medios de contencin que se establezcan reglamentariamente para evitar actos de violencia o lesiones de los menores, para impedir actos de fuga y daos en las instalaciones del centro o ante la resistencia activa o pasiva a las instrucciones del personal del mismo en el ejercicio legtimo de su cargo.


[Bloque 75: #a60]

Artculo 60. Rgimen disciplinario.

1. Los menores internados podrn ser corregidos disciplinariamente en los casos y de acuerdo con el procedimiento que se establezca reglamentariamente, de acuerdo con los principios de la Constitucin, de esta Ley y del Ttulo IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, respetando en todo momento la dignidad de aqullos y sin que en ningn caso se les pueda privar de sus derechos de alimentacin, enseanza obligatoria y comunicaciones y visitas, previstos en esta Ley y disposiciones que la desarrollen.

2. Las faltas disciplinarias se clasificarn en muy graves, graves y leves, atendiendo a la violencia desarrollada por el sujeto, su intencionalidad, la importancia del resultado y el nmero de personas ofendidas.

3. Las nicas sanciones que se podrn imponer por la comisin de faltas muy graves sern las siguientes:

a) La separacin del grupo por un perodo de tres a siete das en casos de evidente agresividad, violencia y alteracin grave de la convivencia.

b) La separacin del grupo durante tres a cinco fines de semana.

c) La privacin de salidas de fin de semana de quince das a un mes.

d) La privacin de salidas de carcter recreativo por un perodo de uno a dos meses.

4. Las nicas sanciones que se podrn imponer por la comisin de faltas graves sern las siguientes:

a) Las mismas que en los cuatro supuestos del apartado anterior, con la siguiente duracin: dos das, uno o dos fines de semana, uno a quince das, y un mes respectivamente.

b) La privacin de participar en las actividades recreativas del centro durante un perodo de siete a quince das.

5. Las nicas sanciones que se podrn imponer por la comisin de faltas leves sern las siguientes:

a) La privacin de participar en todas o algunas de las actividades recreativas del centro durante un perodo de uno a seis das.

b) La amonestacin.

6. La sancin de separacin supondr que el menor permanecer en su habitacin o en otra de anlogas caractersticas a la suya, durante el horario de actividades del centro, excepto para asistir, en su caso, a la enseanza obligatoria, recibir visitas y disponer de dos horas de tiempo al da al aire libre.

7. Las resoluciones sancionadoras podrn ser recurridas, antes del inicio de su cumplimiento, ante el Juez de Menores. A tal fin, el menor sancionado podr presentar el recurso por escrito o verbalmente ante el Director del establecimiento, quien, en el plazo de veinticuatro horas, remitir dicho escrito o testimonio de la queja verbal, con sus propias alegaciones, al Juez de Menores y ste, en el trmino de una audiencia y odo el Ministerio Fiscal, dictar auto, confirmando, modificando o anulando la sancin impuesta, sin que contra dicho auto quepa recurso alguno. El auto, una vez notificado al establecimiento, ser de ejecucin inmediata. En tanto se sustancia el recurso, en el plazo de dos das, la entidad pblica ejecutora de la medida podr adoptar las decisiones precisas para restablecer el orden alterado, aplicando al sancionado lo dispuesto en el apartado 6 de este artculo. El letrado del menor tambin podr interponer los recursos a que se refiere el prrafo anterior.


[Bloque 76: #tviii]

TTULO VIII

De la responsabilidad civil


[Bloque 77: #a61]

Artculo 61. Reglas generales.

1. La accin para exigir la responsabilidad civil en el procedimiento regulado en esta Ley se ejercitar por el Ministerio Fiscal, salvo que el perjudicado renuncie a ella, la ejercite por s mismo en el plazo de un mes desde que se le notifique la apertura de la pieza separada de responsabilidad civil o se la reserve para ejercitarla ante el orden jurisdiccional civil conforme a los preceptos del Cdigo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2. Se tramitar una pieza separada de responsabilidad civil por cada uno de los hechos imputados.

3. Cuando el responsable de los hechos cometidos sea un menor de dieciocho aos, respondern solidariamente con l de los daos y perjuicios causados sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden. Cuando stos no hubieren favorecido la conducta del menor con dolo o negligencia grave, su responsabilidad podr ser moderada por el Juez segn los casos.

4. En su caso, se aplicar tambin lo dispuesto en el artculo 145 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, y en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las vctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, y sus disposiciones complementarias.


[Bloque 78: #a62]

Artculo 62. Extensin de la responsabilidad civil.

La responsabilidad civil a la que se refiere el artculo anterior se regular, en cuanto a su extensin, por lo dispuesto en el captulo I del Ttulo V del Libro I del Cdigo Penal vigente.


[Bloque 79: #a63]

Artculo 63. Responsabilidad civil de los aseguradores.

Los aseguradores que hubiesen asumido el riesgo de las responsabilidades pecuniarias derivadas de los actos de los menores a los que se refiere la presente Ley sern responsables civiles directos hasta el lmite de la indemnizacin legalmente establecida o convencionalmente pactada, sin perjuicio de su derecho de repeticin contra quien corresponda.


[Bloque 80: #a64]

Artculo 64. Reglas de procedimiento.

Los trmites para la exigencia de la responsabilidad civil aludida en los artculos anteriores se acomodarn a las siguientes reglas:

1. Tan pronto como el Juez de Menores reciba el parte de la incoacin del expediente por el Ministerio Fiscal, ordenar abrir de forma simultnea con el proceso principal una pieza separada de responsabilidad civil, notificando el secretario judicial a quienes aparezcan como perjudicados su derecho a ser parte en la misma, y estableciendo el plazo lmite para el ejercicio de la accin.

2. En la pieza de referencia, que se tramitar de forma simultnea con el proceso principal, podrn personarse los perjudicados que hayan recibido notificacin al efecto del Juez de Menores o del Ministerio Fiscal, conforme establece el artculo 22 de la presente Ley, y tambin espontneamente quienes se consideren como tales. Asimismo, podrn personarse las compaas aseguradoras que se tengan por partes interesadas, dentro del plazo para el ejercicio de la accin de responsabilidad civil. En el escrito de personacin, indicarn las personas que consideren responsables de los hechos cometidos y contra las cuales pretendan reclamar, bastando con la indicacin genrica de su identidad.

3. El secretario judicial notificar al menor y a sus representantes legales, en su caso, su condicin de posibles responsables civiles.

4. Una vez personados los presuntos perjudicados y responsables civiles, el Juez de Menores resolver sobre su condicin de partes, continundose el procedimiento por las reglas generales.

5. La intervencin en el proceso a los efectos de exigencia de responsabilidad civil se realizar en las condiciones que el Juez de Menores seale con el fin de preservar la intimidad del menor y que el conocimiento de los documentos obrantes en los autos se refiera exclusivamente a aquellos que tengan una conexin directa con la accin ejercitada por los mismos.

Se modifica por el art. nico.45 de la Ley Orgnica 8/2006, de 4 de diciembre. Ref. BOE-A-2006-21236.




[Bloque 81: #daprimera]

Disposicin adicional primera. Aplicacin en la Jurisdiccin Militar.

(Derogada)

Se deroga por la disposicin derogatoria nica de la Ley Orgnica 8/2006, de 4 de diciembre. Ref. BOE-A-2006-21236.




[Bloque 82: #dasegunda]

Disposicin adicional segunda. Aplicacin de medidas en casos de riesgo para la salud.

Cuando los Jueces de Menores aplicaren alguna de las medidas teraputicas a las que se refieren los artculos 5.2, 7.1 y 29 de esta Ley, en caso de enfermedades transmisibles u otros riesgos para la salud de los menores o de quienes con ellos convivan, podrn encomendar a las autoridades o Servicios de Salud correspondientes su control y seguimiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgnica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pblica.


[Bloque 83: #datercera]

Disposicin adicional tercera. Registro de sentencias firmes dictadas en aplicacin de lo dispuesto en la presente Ley.

En el Ministerio de Justicia se llevar un Registro de sentencias firmes dictadas en aplicacin de lo dispuesto en la presente Ley, cuyos datos slo podrn ser utilizados por los Jueces de Menores y por el Ministerio Fiscal a efectos de lo establecido en los artculos 6, 30 y 47 de esta Ley, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley Orgnica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccin de Datos de Carcter Personal, y sus disposiciones complementarias.


[Bloque 84: #dacuarta]

Disposicin adicional cuarta. Aplicacin a los delitos previstos en los artculos 138, 139, 179, 180, 571 a 580 y aquellos otros sancionados en el Cdigo Penal con pena de prisin igual o superior a quince aos.

(Derogada)

Se deroga por la disposicin derogatoria nica de la Ley Orgnica 8/2006, de 4 de diciembre. Ref. BOE-A-2006-21236.

Se aade por el art. 2.3 de la Ley Orgnica 7/2000, de 22 de diciembre.Ref. BOE-A-2000-23659.



Texto aadido, publicado el 23/12/2000, en vigor a partir del 13/01/2001.


[Bloque 85: #daquinta]

Disposicin adicional quinta.

El Gobierno dentro del plazo de cinco aos desde la entrada en vigor de esta Ley Orgnica remitir al Congreso de los Diputados un informe, en el que se analizarn y evaluarn los efectos y las consecuencias de la aplicacin de la disposicin adicional cuarta.

Se aade por el art. 2.4 de la Ley Orgnica 7/2000, de 22 de diciembre. Ref. BOE-A-2000-23659.

Texto aadido, publicado el 23/12/2000, en vigor a partir del 13/01/2001.


[Bloque 86: #dasexta]

Disposicin adicional sexta.

Evaluada la aplicacin de esta ley orgnica, odos el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio Fiscal, las comunidades autnomas y los grupos parlamentarios, el Gobierno proceder a impulsar las medidas orientadas a sancionar con ms firmeza y eficacia los hechos delictivos cometidos por personas que, aun siendo menores, revistan especial gravedad, tales como los previstos en los artculos 138, 139, 179 y 180 del Cdigo Penal.

A tal fin, se establecer la posibilidad de prolongar el tiempo de internamiento, su cumplimiento en centros en los que se refuercen las medidas de seguridad impuestas y la posibilidad de su cumplimiento a partir de la mayora de edad en centros penitenciarios.

Se aade por la disposicin final 2.3 de la Ley Orgnica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538.

Texto aadido, publicado el 26/11/2003, en vigor a partir del 27/11/2003.


[Bloque 87: #dtunica]

Disposicin transitoria nica. Rgimen transitorio.

1. A los hechos cometidos con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley por los menores sujetos a la Ley Orgnica 4/1992, de 5 de junio, sobre Reforma de la Ley Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores, que se deroga, les ser de aplicacin la legislacin vigente en el momento de su comisin. Quienes estuvieren cumpliendo una medida de las previstas en la citada Ley Orgnica 4/1992 continuarn dicho cumplimiento hasta la extincin de la responsabilidad en las condiciones previstas en dicha Ley.

2. A la entrada en vigor de la presente Ley, cesar inmediatamente el cumplimiento de todas las medidas previstas en la Ley Orgnica 4/1992 que estuvieren cumpliendo personas menores de catorce aos, extinguindose las correspondientes responsabilidades.

3. A los menores de dieciocho aos, juzgados con arreglo a lo dispuesto en el Cdigo Penal de 1973, en las leyes penales especiales derogadas o en la disposicin derogatoria del Cdigo Penal vigente, a quienes se hubiere impuesto una pena de dos aos de prisin menor o una pena de prisin superior a dos aos, que estuvieren pendientes de cumplimiento a la entrada en vigor de la presente Ley, dichas penas les sern sustituidas por alguna de las medidas previstas en esta Ley, a instancia del Ministerio Fiscal, previo informe del equipo tcnico o de la correspondiente entidad pblica de proteccin o reforma de menores. A tal efecto, se habr de dar traslado al Ministerio Fiscal de la ejecutoria y de la liquidacin provisional de las penas impuestas a los menores comprendidos en los supuestos previstos en este apartado.

4. Si, en los supuestos a los que se refiere el apartado anterior, la pena impuesta o pendiente de cumplimiento fuera de prisin inferior a dos aos o de cualquiera otra naturaleza, se podr imponer al condenado una medida de libertad vigilada simple por el tiempo que restara de cumplimiento de la condena, si el Juez de Menores, a peticin del Ministerio Fiscal y odos el letrado del menor, su representante legal, la correspondiente entidad pblica de proteccin o reforma de menores y el propio sentenciado, lo considerara acorde con la finalidad educativa que persigue la presente Ley. En otro caso, el Juez de Menores podr tener por cumplida la pena y extinguida la responsabilidad del sentenciado.

5. Las decisiones del Juez de Menores a que se refieren los apartados anteriores se adoptarn mediante auto recurrible directamente en apelacin, en el plazo de cinco das hbiles, ante la Audiencia Provincial. Los Jueces de Menores debern adoptar estas decisiones en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley. Durante este plazo la situacin del menor no se ver afectada.

6. En los procedimientos penales en curso a la entrada en vigor de la presente Ley, en los que haya imputadas personas por la comisin de hechos delictivos cuando an no hayan cumplido los dieciocho aos, el Juez o Tribunal competente remitir las actuaciones practicadas al Ministerio Fiscal para que instruya el procedimiento regulado en la misma.

Los que se hallaren sujetos a prisin preventiva a la entrada en vigor de la Ley sern excarcelados y conducidos a un centro de reforma a disposicin del Ministerio Fiscal. Si el Ministerio Fiscal estima procedente el mantenimiento del internamiento, deber solicitarlo en el plazo de cuarenta y ocho horas del Juez de Menores, quien convocar la comparecencia prevista en el artculo 28.2.

Si el imputado lo fuere por hechos cometidos cuando era mayor de dieciocho aos y menor de veintiuno, el Juez instructor acordar lo que proceda, segn lo dispuesto en el artculo 4 de esta Ley.

Se modifica el apartado 5 y se aade el segundo prrafo al apartado 6 por la disposicion adicional 3 de la Ley Orgnica 9/2000, de 22 de diciembre. Ref. BOE-A-2000-23661.




[Bloque 88: #dfprimera]

Disposicin final primera. Derecho supletorio.

Tendrn el carcter de normas supletorias, para lo no previsto expresamente en esta Ley Orgnica, en el mbito sustantivo, el Cdigo Penal y las leyes penales especiales, y, en el mbito del procedimiento, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en particular lo dispuesto para los trmites del procedimiento abreviado regulado en el Ttulo III del Libro IV de la misma.


[Bloque 89: #dfsegunda]

Disposicin final segunda. Modificacin de la Ley Orgnica del Poder Judicial y del Estatuto Orgnico del Ministerio Fiscal.

1. El Gobierno, en el plazo de seis meses a partir de la publicacin de la presente Ley en el "Boletn Oficial del Estado", elevar al Parlamento un proyecto de Ley Orgnica de reforma de la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para la creacin de las Salas de Menores de los Tribunales Superiores de Justicia y para la adecuacin de la regulacin y competencia de los Juzgados de Menores y de la composicin de la Sala Segunda del Tribunal Supremo a lo establecido en la presente Ley.

2. El Gobierno, en el plazo de seis meses a partir de la publicacin de la presente Ley en el "Boletn Oficial del Estado", elevar al Parlamento un proyecto de Ley de reforma de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgnico del Ministerio Fiscal, a fin de adecuar la organizacin del Ministerio Fiscal a lo establecido en la presente Ley.


[Bloque 90: #dftercera]

Disposicin final tercera. Reformas en materia de personal.

1. El Gobierno, a travs del Ministerio de Justicia, odo el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscala General del Estado y las Comunidades Autnomas afectadas, en el plazo de seis meses desde la publicacin de la presente Ley en el "Boletn Oficial del Estado" adoptar las disposiciones oportunas para adecuar la planta de los Juzgados de Menores y las plantillas de las Carreras Judicial y Fiscal a las necesidades orgnicas que resulten de la aplicacin de lo dispuesto en la presente Ley.

2. Las plazas de Jueces de Menores debern ser servidas necesariamente por Magistrados pertenecientes a la Carrera Judicial. A la entrada en vigor de esta Ley los titulares de un Juzgado de Menores que ostenten la categora de Juez debern cesar en dicho cargo, quedando, en su caso, en la situacin que prev el artculo 118.2 y concordantes de la vigente Ley Orgnica del Poder Judicial, procedindose a cubrir tales plazas por concurso ordinario entre Magistrados.

3. El Gobierno, a travs del Ministerio de Justicia, y las Comunidades Autnomas con competencia en la materia, a travs de las correspondientes Consejeras, adecuarn las plantillas de funcionarios de la Administracin de Justicia a las necesidades que presenten los Juzgados y las Fiscalas de Menores para la aplicacin de la presente Ley. Asimismo, determinarn el nmero y plantilla de los Equipos Tcnicos compuestos por personal funcionario o laboral al servicio de las Administraciones Pblicas, que actuarn bajo los principios de independencia, imparcialidad y profesionalidad.

4. Asimismo, el Gobierno, a travs del Ministerio del Interior, y sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autnomas, adecuar las plantillas de los Grupos de Menores de las Brigadas de Polica Judicial, con objeto de establecer la adscripcin a las Secciones de Menores de las Fiscalas de los funcionarios necesarios a los fines propuestos por esta Ley.

Se modifica el apartado 3 por el art. nico.46 de la Ley Orgnica 8/2006, de 4 de diciembre. Ref. BOE-A-2006-21236.

Se suprime el apartado 5 por la disposicin adicional 4 de la Ley Orgnica 9/2000, de 22 de diciembre. Ref. BOE-A-2000-23661.





[Bloque 91: #dfcuarta]

Disposicin final cuarta. Especializacin de Jueces, Fiscales y abogados.

1. El Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, en el mbito de sus competencias respectivas, procedern a la formacin de miembros de la Carrera Judicial y Fiscal especialistas en materia de Menores con arreglo a lo que se establezca reglamentariamente. Dichos especialistas tendrn preferencia para desempear los correspondientes cargos en las Salas de Menores de los Tribunales Superiores de Justicia y en los Juzgados y Fiscalas de Menores, conforme a lo que establezcan las leyes y reglamentos.

2. En todas las Fiscalas existir una Seccin de Menores compuesta por miembros de la Carrera Fiscal, especialistas, con las dotaciones de funcionarios administrativos que sean necesarios, segn se determine reglamentariamente.

3. El Consejo General de la Abogaca deber adoptar las disposiciones oportunas para que en los Colegios en los que resulte necesario se impartan cursos homologados para la formacin de aquellos letrados que deseen adquirir la especializacin en materia de menores a fin de intervenir ante los rganos de esta Jurisdiccin.


[Bloque 92: #dfquinta]

Disposicin final quinta. Clusula derogatoria.

1. Se derogan: la Ley Orgnica reguladora de la competencia y el procedimiento de los Juzgados de Menores, texto refundido aprobado por Decreto de 11 de junio de 1948, modificada por la Ley Orgnica 4/1992, de 5 de junio; los preceptos subsistentes del Reglamento para la ejecucin de la Ley Orgnica reguladora de la competencia y el procedimiento de los Juzgados de Menores, aprobado por Decreto de 11 de junio de 1948; la disposicin transitoria duodcima de la Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre, del Cdigo Penal; y los artculos 8.2, 9.3, la regla 1. del artculo 20, en lo que se refiere al nmero 2. del artculo 8, el segundo prrafo del artculo 22 y el artculo 65 del texto refundido del Cdigo Penal, publicado por el Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre, conforme a la Ley 44/1971, de 15 de noviembre.

2. Quedan asimismo derogadas cuantas otras normas, de igual o inferior rango, se opongan a lo establecido en la presente Ley.


[Bloque 93: #dfsexta]

Disposicin final sexta. Naturaleza de la presente Ley.

Los artculos 16, 20, 21, 23 a 27, 30 a 35, 37 a 39, 41, 42 y 61 a 64, la disposicin adicional tercera y la disposicin final tercera de la presente Ley Orgnica tienen naturaleza de Ley ordinaria.


[Bloque 94: #dfseptima]

Disposicin final sptima. Entrada en vigor y desarrollo reglamentario.

1. La presente Ley Orgnica entrar en vigor al ao de su publicacin en el "Boletn Oficial del Estado". En dicha fecha entrarn tambin en vigor los artculos 19 y 69 de la Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre, del Cdigo Penal.

2. Durante el plazo mencionado en el apartado anterior, las Comunidades Autnomas con competencia respecto a la proteccin y reforma de menores adaptarn su normativa para la adecuada ejecucin de las funciones que les otorga la presente Ley.


[Bloque 95: #firma]

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley Orgnica.

Madrid, 12 de enero de 2000.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOS MARA AZNAR LPEZ

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.

Dudas o sugerencias: Servicio de atención al ciudadano

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid