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Documento BOE-A-1996-1069

Ley Orgnica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccin Jurdica del Menor, de modificacin parcial del Cdigo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

TEXTO

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley Orgnica.

EXPOSICIN DE MOTIVOS
1

La Constitucin Espaola de 1978 al enumerar, en el captulo III del Ttulo I, los principios rectores de la poltica social y econmica, hace mencin en primer lugar a la obligacin de los Poderes Pblicos de asegurar la proteccin social, econmica y jurdica de la familia y dentro de sta, con carcter singular, la de los menores.

Esta preocupacin por dotar al menor de un adecuado marco jurdico de proteccin trasciende tambin de diversos Tratados Internacionales ratificados en los ltimos aos por Espaa y, muy especialmente, de la Convencin de Derechos del Nio, de Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, ratificada por Espaa el 30 de noviembre de 1990, que marca el inicio de una nueva filosofa en relacin con el menor, basada en un mayor reconocimiento del papel que ste desempea en la sociedad y en la exigencia de un mayor protagonismo para el mismo.

Esta necesidad ha sido compartida por otras instancias internacionales, como el Parlamento Europeo que, a travs de la Resolucin A 3-0172/92, aprob la Carta Europea de los Derechos del Nio.

Consecuente con el mandato constitucional y con la tendencia general apuntada, se ha llevado a cabo, en los ltimos aos, un importante proceso de renovacin de nuestro ordenamiento jurdico en materia de menores.

Primero fue la Ley 11/1981, de 13 de mayo, de modificacin de la Filiacin, Patria Potestad y Rgimen Econmico del Matrimonio, que suprimi la distincin entre filiacin legtima e ilegtima, equipar al padre y a la madre a efectos del ejercicio de la patria potestad e introdujo la investigacin de la paternidad.

Despus se han promulgado, entre otras, las Leyes 13/1983, de 24 de octubre, sobre la tutela; la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados artculos del Cdigo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopcin; la Ley Orgnica 5/1988, de 9 de junio, sobre exhibicionismo y provocacin sexual en relacin con los menores; la Ley Orgnica 4/1992, de 5 de junio, sobre reforma de la Ley reguladora de la competencia y el procedimiento de los Juzgados de Menores; y la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurdico espaol la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinacin de disposiciones legales reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusin televisiva.

De las Leyes citadas, la 21/1987, de 11 de noviembre, es la que, sin duda, ha introducido cambios ms sustanciales en el mbito de la proteccin del menor.

A raz de la misma, el anticuado concepto de abandono fue sustituido por la institucin del desamparo, cambio que ha dado lugar a una considerable agilizacin de los procedimientos de proteccin del menor al permitir la asuncin automtica, por parte de la entidad pblica competente, de la tutela de aqul en los supuestos de desproteccin grave del mismo.

Asimismo, introdujo la consideracin de la adopcin como un elemento de plena integracin familiar, la configuracin del acogimiento familiar como una nueva institucin de proteccin del menor, la generalizacin del inters superior del menor como principio inspirador de todas las actuaciones relacionadas con aqul, tanto administrativas como judiciales; y el incremento de las facultades del Ministerio Fiscal en relacin con los menores, as como de sus correlativas obligaciones.

No obstante, y pese al indudable avance que esta Ley supuso y a las importantes innovaciones que introdujo, su aplicacin ha ido poniendo de manifiesto determinadas lagunas, a la vez que el tiempo transcurrido desde su promulgacin ha hecho surgir nuevas necesidades y demandas en la sociedad.

Numerosas instituciones, tanto pblicas como privadas -las dos Cmaras Parlamentarias, el Defensor del Pueblo, el Fiscal General del Estado y diversas asociaciones relacionadas con los menores-, se han hecho eco de estas demandas, trasladando al Gobierno la necesidad de adecuar el ordenamiento a la realidad de nuestra sociedad actual.

2

La presente Ley pretende ser la primera respuesta a estas demandas, abordando una reforma en profundidad de las tradicionales instituciones de proteccin del menor reguladas en el Cdigo Civil.

En este sentido -y aunque el ncleo central de la Ley lo constituye, como no poda ser de otra forma, la modificacin de los correspondientes preceptos del citado Cdigo-, su contenido trasciende los lmites de ste para construir un amplio marco jurdico de proteccin que vincula a todos los Poderes Pblicos, a las instituciones especficamente relacionadas con los menores, a los padres y familiares y a los ciudadanos en general.

Las transformaciones sociales y culturales operadas en nuestra sociedad han provocado un cambio en el status social del nio y como consecuencia de ello se ha dado un nuevo enfoque a la construccin del edificio de los derechos humanos de la infancia.

Este enfoque reformula la estructura del derecho a la proteccin de la infancia vigente en Espaa y en la mayora de los pases desarrollados desde finales del siglo XX, y consiste fundamentalmente en el reconocimiento pleno de la titularidad de derechos en los menores de edad y de una capacidad progresiva para ejercerlos.

El desarrollo legislativo postconstitucional refleja esta tendencia, introduciendo la condicin de sujeto de derechos a las personas menores de edad. As, el concepto ser escuchado si tuviere suficiente juicio se ha ido trasladando a todo el ordenamiento jurdico en todas aquellas cuestiones que le afectan. Este concepto introduce la dimensin del desarrollo evolutivo en el ejercicio directo de sus derechos.

Las limitaciones que pudieran derivarse del hecho evolutivo deben interpretarse de forma restrictiva. Ms an, esas limitaciones deben centrarse ms en los procedimientos, de tal manera que se adoptarn aqullos que sean ms adecuados a la edad del sujeto.

El ordenamiento jurdico, y esta Ley en particular, va reflejando progresivamente una concepcin de las personas menores de edad como sujetos activos, participativos y creativos, con capacidad de modificar su propio medio personal y social; de participar en la bsqueda y satisfaccin de sus necesidades y en la satisfaccin de las necesidades de los dems.

El conocimiento cientfico actual nos permite concluir que no existe una diferencia tajante entre las necesidades de proteccin y las necesidades relacionadas con la autonoma del sujeto, sino que la mejor forma de garantizar social y jurdicamente la proteccin a la infancia es promover su autonoma como sujetos. De esta manera podrn ir construyendo progresivamente una percepcin de control acerca de su situacin personal y de su proyeccin de futuro. Este es el punto crtico de todos los sistemas de proteccin a la infancia en la actualidad. Y, por lo tanto, es el reto para todos los ordenamientos jurdicos y los dispositivos de promocin y proteccin de las personas menores de edad. Esta es la concepcin del sujeto sobre la que descansa la presente Ley: las necesidades de los menores como eje de sus derechos y de su proteccin.

El Ttulo I comienza enunciando un reconocimiento general de derechos contenidos en los Tratados Internacionales de los que Espaa es parte, que adems deben ser utilizados como mecanismo de interpretacin de las distintas normas de aplicacin a las personas menores de edad.

Por otra parte, del conjunto de derechos de los menores, se ha observado la necesidad de matizar algunos de ellos, combinando, por una parte, la posibilidad de su ejercicio con la necesaria proteccin que, por razn de la edad, los menores merecen.

As, con el fin de reforzar los mecanismos de garanta previstos en la Ley Orgnica 1/1982, de 5 de mayo, de Proteccin Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, se prohbe la difusin de datos o imgenes referidos a menores de edad en los medios de comunicacin cuando sea contrario a su inters, incluso cuando conste el consentimiento del menor. Con ello se pretende proteger al menor, que puede ser objeto de manipulacin incluso por sus propios representantes legales o grupos en que se mueve. Completa esta modificacin la legitimacin activa al Ministerio Fiscal.

El derecho a la participacin de los menores tambin se ha recogido expresamente en el articulado, con referencia al derecho a formar parte de asociaciones y a promover asociaciones infantiles y juveniles, con ciertos requisitos, que se completa con el derecho a participar en reuniones pblicas y manifestaciones pacficas, establecindose el requisito de la autorizacin de los padres, tutores o guardadores.

La Ley regula los principios generales de actuacin frente a situaciones de desproteccin social, incluyendo la obligacin de la entidad pblica de investigar los hechos que conozca para corregir la situacin mediante la intervencin de los Servicios Sociales o, en su caso, asumiendo la tutela del menor por ministerio de la ley.

De igual modo, se establece la obligacin de toda persona que detecte una situacin de riesgo o posible desamparo de un menor, de prestarle auxilio inmediato y de comunicar el hecho a la autoridad o sus agentes ms prximos. Con carcter especfico se prev, asimismo, el deber de los ciudadanos de comunicar a las autoridades pblicas competentes la ausencia del menor, de forma habitual o sin justificacin, del centro escolar.

De innovadora se puede calificar la distincin, dentro de las situaciones de desproteccin social del menor, entre situaciones de riesgo y de desamparo que dan lugar a un grado distinto de intervencin de la entidad pblica. Mientras en las situaciones de riesgo, caracterizadas por la existencia de un perjuicio para el menor que no alcanza la gravedad suficiente para justificar su separacin del ncleo familiar, la citada intervencin se limita a intentar eliminar, dentro de la institucin familiar, los factores de riesgo, en las situaciones de desamparo, donde la gravedad de los hechos aconseja la extraccin del menor de la familia, aqulla se concreta en la asuncin por la entidad pblica de la tutela del menor y la consiguiente suspensin de la patria potestad o tutela ordinaria.

Subyace a lo largo de la Ley una preocupacin basada en la experiencia extrada de la aplicacin de la Ley 21/1987, por agilizar y clarificar los trmites de los procedimientos administrativos y judiciales que afectan al menor, con la finalidad de que ste no quede indefenso o desprotegido en ningn momento.

Esta es la razn por la que, adems de establecerse como principio general, el de que toda actuacin habr de tener fundamentalmente en cuenta el inters del menor y no interferir en su vida escolar, social o laboral, se determina que las resoluciones que aprecien la existencia de la situacin de desamparo debern notificarse a los padres, tutores y guardadores, en un plazo de cuarenta y ocho horas, informndoles, asimismo, y, a ser posible, de forma presencial y de modo claro y comprensible, de las causas que dieron lugar a la intervencin de la Administracin y de los posibles efectos de la decisin adoptada.

Respecto a las medidas que los Jueces pueden adoptar para evitar situaciones perjudiciales para los hijos, que contempla actualmente el Cdigo Civil en el artculo 158, se amplan a todos los menores, y a situaciones que exceden del mbito de las relaciones paterno-filiales, hacindose extensivas a las derivadas de la tutela y de la guarda, y se establece la posibilidad de que el Juez las adopte con carcter cautelar al inicio o en el curso de cualquier proceso civil o penal.

En definitiva, se trata de consagrar un principio de agilidad e inmediatez en todos los procedimientos tanto administrativos como judiciales que afectan a menores para evitar perjuicios innecesarios que puedan derivar de la rigidez de aqullos.

Mencin especial merece el acogimiento familiar, figura que introdujo la Ley 21/1987. Este puede constituirse por la entidad pblica competente cuando concurre el consentimiento de los padres. En otro caso, debe dirigirse al Juez para que sea ste quien constituya el acogimiento. La aplicacin de este precepto ha obligado, hasta ahora, a las entidades pblicas a internar a los menores en algn centro, incluso en aquellos casos en los que la familia extensa ha manifestado su intencin de acoger al menor, por no contar con la voluntad de los padres con el consiguiente perjuicio psicolgico y emocional que ello lleva consigo para los nios, que se ven privados innecesariamente de la permanencia en un ambiente familiar.

Para remediar esta situacin, la presente Ley recoge la posibilidad de que la entidad pblica pueda acordar en inters del menor un acogimiento provisional en familia. Este podr ser acordado por la entidad pblica cuando los padres no consientan o se opongan al acogimiento, y subsistir mientras se tramita el necesario expediente, en tanto no se produzca resolucin judicial. De esta manera, se facilita la constitucin del acogimiento de aquellos nios sobre los que sus padres han mostrado el mximo desinters.

Hasta ahora, la legislacin conceba el acogimiento como una situacin temporal y por tanto la regulacin del mismo no haca distinciones respecto a las distintas circunstancias en que poda encontrarse el menor, dando siempre a la familia acogedora una autonoma limitada en cuanto al cuidado del menor.

Una reflexin que actualmente se est haciendo en muchos pases es si las instituciones jurdicas de proteccin de menores dan respuesta a la diversidad de situaciones de desproteccin en la que stos se encuentran. La respuesta es que tanto la diversificacin de instituciones jurdicas como la flexibilizacin de las prcticas profesionales, son indispensables para mejorar cualitativamente los sistemas de proteccin a la infancia. Esta Ley opta en esta direccin, flexibilizando la acogida familiar y adecuando el marco de relaciones entre los acogedores y el menor acogido en funcin de la estabilidad de la acogida.

Atendiendo a la finalidad del mismo, se recogen tres tipos de acogimiento. Junto al acogimiento simple, cuando se dan las condiciones de temporalidad, en las que es relativamente previsible el retorno del menor a su familia, se introduce la posibilidad de constituirlo con carcter permanente, en aquellos casos en los que la edad u otras circunstancias del menor o su familia aconsejan dotarlo de una mayor estabilidad, ampliando la autonoma de la familia acogedora respecto a las funciones derivadas del cuidado del menor, mediante la atribucin por el Juez de aquellas facultades de la tutela que faciliten el desempeo de sus responsabilidades. Tambin se recoge expresamente la modalidad del acogimiento preadoptivo que en la Ley 21/1987 apareca nicamente en la exposicin de motivos, y que tambin existe en otras legislaciones. Esta Ley prev la posibilidad de establecer un perodo preadoptivo, a travs de la formalizacin de un acogimiento con esta finalidad, bien sea porque la entidad pblica eleve la propuesta de adopcin de un menor o cuando considere necesario establecer un perodo de adaptacin del menor a la familia antes de elevar al Juez dicha propuesta.

Con ello, se subsanan las insuficiencias de que adoleca el artculo 173.1 del Cdigo Civil diferenciando entre los distintos tipos de acogimiento en funcin de que la situacin de la familia pueda mejorar y que el retorno del menor no implique riesgos para ste, que las circunstancias aconsejen que se constituya con carcter permanente, o que convenga constituirlo con carcter preadoptivo. Tambin se contemplan los extremos que deben recogerse en el documento de formalizacin que el Cdigo Civil exige.

En materia de adopcin, la Ley introduce la exigencia del requisito de idoneidad de los adoptantes, que habr de ser apreciado por la entidad pblica, si es sta la que formula la propuesta, o directamente por el Juez, en otro caso. Este requisito, si bien no estaba expresamente establecido en nuestro derecho positivo, su exigencia aparece explcitamente en la Convencin de los Derechos del Nio y en el Convenio de La Haya sobre proteccin de menores y cooperacin en materia de adopcin internacional y se tena en cuenta en la prctica en los procedimientos de seleccin de familias adoptantes.

La Ley aborda la regulacin de la adopcin internacional. En los ltimos aos se ha producido un aumento considerable de las adopciones de nios extranjeros por parte de adoptantes espaoles. En el momento de la elaboracin de la Ley 21/1987 no era un fenmeno tan extendido y no haba suficiente perspectiva para abordarlo en dicha reforma. La Ley diferencia las funciones que han de ejercer directamente las entidades pblicas de aquellas funciones de mediacin que puedan delegar en agencias privadas que gocen de la correspondiente acreditacin. Asimismo, establece las condiciones y requisitos para la acreditacin de estas agencias, entre los que es de destacar la ausencia de fin de lucro por parte de las mismas.

Adems se modifica el artculo 9.5 del Cdigo Civil estableciendo la necesidad de la idoneidad de los adoptantes para la eficacia en nuestro pas de las adopciones constituidas en el extranjero, dando de esta manera cumplimiento al compromiso adquirido en el momento de la ratificacin de la Convencin de Derechos del Nio de Naciones Unidas que obliga a los Estados Parte a velar porque los nios o nias que sean adoptados en otro pas gocen de los mismos derechos que los nacionales en la adopcin.

Finalmente, se abordan tambin en la presente Ley algunos aspectos de la tutela, desarrollando aquellos artculos del Cdigo Civil que requieren matizaciones cuando afecten a menores de edad. As, la tutela de un menor de edad debe tender, cuando sea posible, a la integracin del menor en la familia del tutor. Adems se introduce como causa de remocin la existencia de graves y reiterados problemas de convivencia y se da en este procedimiento audiencia al menor.

En todo el texto aparece reforzada la intervencin del Ministerio Fiscal, siguiendo la tendencia iniciada con la Ley 21/1987, ampliando los cauces de actuacin de esta institucin, a la que, por su propio Estatuto, corresponde la representacin de los menores e incapaces que carezcan de representacin legal.

Otra cuestin que se aborda en la Ley es el internamiento del menor en centro psiquitrico y que con el objetivo de que se realice con las mximas garantas por tratarse de un menor de edad, se somete a la autorizacin judicial previa y a las reglas del artculo 211 del Cdigo Civil, con informe preceptivo del Ministerio Fiscal, equiparando, a estos efectos, el menor al presunto incapaz y no considerando vlido el consentimiento de sus padres para que el internamiento se considere voluntario, excepcin hecha del internamiento de urgencia.

3

La Ley pretende ser respetuosa con el reparto constitucional y estatutario de competencias entre Estado y Comunidades Autnomas.

En este sentido, la Ley regula aspectos relativos a la legislacin civil y procesal y a la Administracin de Justicia, para los que goza de habilitacin constitucional especfica en los apartados 5., 6. y 8. del artculo 149.1.

No obstante, se dejan a salvo, en una disposicin final especfica, las competencias de las Comunidades Autnomas que dispongan de Derecho Civil, Foral o especial propio, para las que la Ley se declara subsidiaria respecto de las disposiciones especficas vigentes en aqullas.

Asimismo, cuando se hace referencia a competencias de carcter administrativo, se especifica que las mismas corresponden a las Comunidades Autnomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla, de conformidad con el reparto constitucional de competencias y las asumidas por aqullas en sus respectivos Estatutos.

4

Por ltimo se incorpora a la Ley la modificacin de una serie de artculos del Cdigo Civil con el fin de depurar los desajustes gramaticales y de contenido producidos por las sucesivas reformas parciales operadas en el Cdigo.

Al margen de otras reformas que tan slo afectaron tangencialmente a la institucin de la tutela, la Ley 13/1983, de 24 de octubre, modific el Ttulo X del Libro I del Cdigo Civil, rubricado De la tutela, de la curatela y de la guarda de los menores o incapacitados y mejor el rgimen de la tutela ordinaria que ya contemplaba el Cdigo Civil. Asimismo, la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, dio una nueva redaccin a los artculos que regulan la tutela asumida por ministerio de la ley por las entidades pblicas y cuya reforma ahora se aborda.

La coexistencia de estas dos vertientes de la institucin de la tutela demanda una armona interna en el Cdigo Civil que la Seccin Primera, de Derecho Privado, de la Comisin General de Codificacin ha cubierto a travs de la modificacin de los artculos citados que, tras la reforma de 1983, ya resultaban incoherentes o de compleja aplicacin prctica.

De este modo, y dado que la Ley tiene como objetivo bsico la proteccin de los menores de edad a travs de la tutela administrativa se ha incorporado la modificacin de otros artculos en su gran mayora conexos con esta materia.

TTULO I
De los derechos de los menores
CAPTULO I
Ambito y principios generales
Artculo 1. Ambito de aplicacin.

La presente Ley y sus disposiciones de desarrollo son de aplicacin a los menores de dieciocho aos que se encuentren en territorio espaol, salvo que en virtud de la ley que les sea aplicable hayan alcanzado anteriormente la mayora de edad.

Artculo 2. Principios generales.

En la aplicacin de la presente Ley primar el inters superior de los menores sobre cualquier otro inters legtimo que pudiera concurrir. Asimismo, cuantas medidas se adopten al amparo de la presente Ley debern tener un carcter educativo.

Las limitaciones a la capacidad de obrar de los menores se interpretarn de forma restrictiva.

CAPTULO II
Derechos del menor
Artculo 3. Referencia a Instrumentos Internacionales.

Los menores gozarn de los derechos que les reconoce la Constitucin y los Tratados Internacionales de los que Espaa sea parte, especialmente la Convencin de Derechos del Nio de Naciones Unidas y los dems derechos garantizados en el ordenamiento jurdico, sin discriminacin alguna por razn de nacimiento, nacionalidad, raza, sexo, deficiencia o enfermedad, religin, lengua, cultura, opinin o cualquier otra circunstancia personal, familiar o social.

La presente Ley, sus normas de desarrollo y dems disposiciones legales relativas a las personas menores de edad, se interpretarn de conformidad con los Tratados Internacionales de los que Espaa sea parte y, especialmente, de acuerdo con la Convencin de los Derechos del Nio de Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989.

Los poderes pblicos garantizarn el respeto de los derechos de los menores y adecuarn sus actuaciones a la presente Ley y a la mencionada normativa internacional.

Artculo 4. Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.

1. Los menores tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Este derecho comprende tambin la inviolabilidad del domicilio familiar y de la correspondencia, as como del secreto de las comunicaciones.

2. La difusin de informacin o la utilizacin de imgenes o nombre de los menores en los medios de comunicacin que puedan implicar una intromisin ilegtima en su intimidad, honra o reputacin, o que sea contraria a sus intereses, determinar la intervencin del Ministerio Fiscal, que instar de inmediato las medidas cautelares y de proteccin previstas en la Ley y solicitar las indemnizaciones que correspondan por los perjuicios causados.

3. Se considera intromisin ilegtima en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen del menor, cualquier utilizacin de su imagen o su nombre en los medios de comunicacin que pueda implicar menoscabo de su honra o reputacin, o que sea contraria a sus intereses incluso si consta el consentimiento del menor o de sus representantes legales.

4. Sin perjuicio de las acciones de las que sean titulares los representantes legales del menor, corresponde en todo caso al Ministerio Fiscal su ejercicio, que podr actuar de oficio o a instancia del propio menor o de cualquier persona interesada, fsica, jurdica o entidad pblica.

5. Los padres o tutores y los poderes pblicos respetarn estos derechos y los protegern frente a posibles ataques de terceros.

Artculo 5. Derecho a la informacin.

1. Los menores tienen derecho a buscar, recibir y utilizar la informacin adecuada a su desarrollo.

2. Los padres o tutores y los poderes pblicos velarn porque la informacin que reciban los menores sea veraz, plural y respetuosa con los principios constitucionales.

3. Las Administraciones pblicas incentivarn la produccin y difusin de materiales informativos y otros destinados a los menores, que respeten los criterios enunciados, al mismo tiempo que facilitarn el acceso de los menores a los servicios de informacin, documentacin, bibliotecas y dems servicios culturales.

En particular, velarn porque los medios de comunicacin en sus mensajes dirigidos a menores promuevan los valores de igualdad, solidaridad y respeto a los dems, eviten imgenes de violencia, explotacin en las relaciones interpersonales o que reflejen un trato degradante o sexista.

4. Para garantizar que la publicidad o mensajes dirigidos a menores o emitidos en la programacin dirigida a stos, no les perjudique moral o fsicamente, podr ser regulada por normas especiales.

5. Sin perjuicio de otros sujetos legitimados, corresponde en todo caso al Ministerio Fiscal y a las Administraciones pblicas competentes en materia de proteccin de menores el ejercicio de las acciones de cese y rectificacin de publicidad ilcita.

Artculo 6. Libertad ideolgica.

1. El menor tiene derecho a la libertad de ideologa, conciencia y religin.

2. El ejercicio de los derechos dimanantes de esta libertad tiene nicamente las limitaciones prescritas por la Ley y el respeto de los derechos y libertades fundamentales de los dems.

3. Los padres o tutores tienen el derecho y el deber de cooperar para que el menor ejerza esta libertad de modo que contribuya a su desarrollo integral.

Artculo 7. Derecho de participacin, asociacin y reunin.

1. Los menores tienen derecho a participar plenamente en la vida social, cultural, artstica y recreativa de su entorno, as como a una incorporacin progresiva a la ciudadana activa.

Los poderes pblicos promovern la constitucin de rganos de participacin de los menores y de las organizaciones sociales de infancia.

2. Los menores tienen el derecho de asociacin que, en especial, comprende:

a) El derecho a formar parte de asociaciones y organizaciones juveniles de los partidos polticos y sindicatos, de acuerdo con la Ley y los Estatutos.

b) El derecho a promover asociaciones infantiles y juveniles e inscribirlas de conformidad con la Ley. Los menores podrn formar parte de los rganos directivos de estas asociaciones.

Para que las asociaciones infantiles y juveniles puedan obligarse civilmente, debern haber nombrado, de acuerdo con sus Estatutos, un representante legal con plena capacidad.

Cuando la pertenencia de un menor o de sus padres a una asociacin impida o perjudique al desarrollo integral del menor, cualquier interesado, persona fsica o jurdica, o entidad pblica, podr dirigirse al Ministerio Fiscal para que promueva las medidas jurdicas de proteccin que estime necesarias.

3. Los menores tienen derecho a participar en reuniones pblicas y manifestaciones pacficas, convocadas en los trminos establecidos por la Ley.

En iguales trminos, tienen tambin derecho a promoverlas y convocarlas con el consentimiento expreso de sus padres, tutores o guardadores.

Artculo 8. Derecho a la libertad de expresin.

1. Los menores gozan del derecho a la libertad de expresin en los trminos constitucionalmente previstos. Esta libertad de expresin tiene tambin su lmite en la proteccin de la intimidad y la imagen del propio menor recogida en el artculo 4 de esta Ley.

2. En especial, el derecho a la libertad de expresin de los menores se extiende:

a) A la publicacin y difusin de sus opiniones.

b) A la edicin y produccin de medios de difusin.

c) Al acceso a las ayudas que las Administraciones pblicas establezcan con tal fin.

3. El ejercicio de este derecho podr estar sujeto a las restricciones que prevea la Ley para garantizar el respeto de los derechos de los dems o la proteccin de la seguridad, salud, moral u orden pblico.

Artculo 9. Derecho a ser odo.

1. El menor tiene derecho a ser odo, tanto en el mbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo o judicial en que est directamente implicado y que conduzca a una decisin que afecte a su esfera personal, familiar o social.

En los procedimientos judiciales, las comparecencias del menor se realizarn de forma adecuada a su situacin y al desarrollo evolutivo de ste, cuidando de preservar su intimidad.

2. Se garantizar que el menor pueda ejercitar este derecho por s mismo o a travs de la persona que designe para que le represente, cuando tenga suficiente juicio.

No obstante, cuando ello no sea posible o no convenga al inters del menor, podr conocerse su opinin por medio de sus representantes legales, siempre que no sean parte interesada ni tengan intereses contrapuestos a los del menor, o a travs de otras personas que por su profesin o relacin de especial confianza con l puedan transmitirla objetivamente.

3. Cuando el menor solicite ser odo directamente o por medio de persona que le represente, la denegacin de la audiencia ser motivada y comunicada al Ministerio Fiscal y a aqullos.

CAPTULO III
Medidas y principios rectores de la accin administrativa
Artculo 10. Medidas para facilitar el ejercicio de los derechos.

1. Los menores tienen derecho a recibir de las Administraciones pblicas la asistencia adecuada para el efectivo ejercicio de sus derechos y que se garantice su respeto.

2. Para la defensa y garanta de sus derechos el menor puede:

a) Solicitar la proteccin y tutela de la entidad pblica competente.

b) Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las situaciones que considere que atentan contra sus derechos con el fin de que ste promueva las acciones oportunas.

c) Plantear sus quejas ante el Defensor del Pueblo. A tal fin, uno de los Adjuntos de dicha institucin se har cargo de modo permanente de los asuntos relacionados con los menores.

d) Solicitar los recursos sociales disponibles de las Administraciones pblicas.

3. Los menores extranjeros que se encuentren en Espaa tienen derecho a la educacin. Tienen derecho a la asistencia sanitaria y a los dems servicios pblicos los menores extranjeros que se hallen en situacin de riesgo o bajo la tutela o guarda de la Administracin pblica competente, aun cuando no residieran legalmente en Espaa.

4. Una vez constituida la guarda o tutela a que se refiere el apartado anterior de este artculo, la Administracin pblica competente facilitar a los menores extranjeros la documentacin acreditativa de su situacin, en los trminos que reglamentariamente se determinen.

Artculo 11. Principios rectores de la accin administrativa.

1. Las Administraciones pblicas facilitarn a los menores la asistencia adecuada para el ejercicio de sus derechos.

Las Administraciones pblicas, en los mbitos que les son propios articularn polticas integrales encaminadas al desarrollo de la infancia por medio de los medios oportunos, de modo muy especial, cuanto se refiera a los derechos enumerados en esta Ley. Los menores tienen derecho a acceder a tales servicios por s mismos o a travs de sus padres o tutores o instituciones en posicin equivalente, quienes a su vez, tienen el deber de utilizarlos en beneficio de los menores.

Se impulsarn polticas compensatorias dirigidas a corregir las desigualdades sociales. En todo caso, el contenido esencial de los derechos del menor no podr quedar afectado por falta de recursos sociales bsicos.

Las Administraciones pblicas debern tener en cuenta las necesidades del menor al ejercer sus competencias, especialmente en materia de control sobre productos alimenticios, consumo, vivienda, educacin, sanidad, cultura, deporte, espectculos, medios de comunicacin, transportes y espacios libres en las ciudades.

Las Administraciones pblicas tendrn particularmente en cuenta la adecuada regulacin y supervisin de aquellos espacios, centros y servicios, en los que permanecen habitualmente nios y nias, en lo que se refiere a sus condiciones fsico-ambientales, higinico-sanitarias y de recursos humanos y a sus proyectos educativos, participacin de los menores y dems condiciones que contribuyan a asegurar sus derechos.

2. Sern principios rectores de la actuacin de los poderes pblicos, los siguientes:

a) La supremaca del inters del menor.

b) El mantenimiento del menor en el medio familiar de origen salvo que no sea conveniente para su inters.

c) Su integracin familiar y social.

d) La prevencin de todas aquellas situaciones que puedan perjudicar su desarrollo personal.

e) Sensibilizar a la poblacin ante situaciones de indefensin del menor.

f) Promover la participacin y la solidaridad social.

g) La objetividad, imparcialidad y seguridad jurdica en la actuacin protectora garantizando el carcter colegiado e interdisciplinar en la adopcin de medidas.

TTULO II
Actuaciones en situacin de desproteccin social del menor e instituciones de proteccin de menores
CAPTULO I
Actuaciones en situaciones de desproteccin social del menor
Artculo 12. Actuaciones de proteccin.

1. La proteccin del menor por los poderes pblicos se realizar mediante la prevencin y reparacin de situaciones de riesgo, con el establecimiento de los servicios adecuados para tal fin, el ejercicio de la guarda, y, en los casos de desamparo, la asuncin de la tutela por ministerio de la Ley.

2. Los poderes pblicos velarn para que los padres, tutores o guardadores desarrollen adecuadamente sus responsabilidades, y facilitarn servicios accesibles en todas las reas que afectan al desarrollo del menor.

Artculo 13. Obligaciones de los ciudadanos y deber de reserva.

1. Toda persona o autoridad, y especialmente aquellos que por su profesin o funcin, detecten una situacin de riesgo o posible desamparo de un menor, lo comunicarn a la autoridad o sus agentes ms prximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise.

2. Cualquier persona o autoridad que tenga conocimiento de que un menor no est escolarizado o no asiste al centro escolar de forma habitual y sin justificacin, durante el perodo obligatorio, deber ponerlo en conocimiento de las autoridades pblicas competentes, que adoptarn las medidas necesarias para su escolarizacin.

3. Las autoridades y las personas que por su profesin o funcin conozcan el caso actuarn con la debida reserva.

En las actuaciones se evitar toda interferencia innecesaria en la vida del menor.

Artculo 14. Atencin inmediata.

Las autoridades y servicios pblicos tienen obligacin de prestar la atencin inmediata que precise cualquier menor, de actuar si corresponde a su mbito de competencias o de dar traslado en otro caso al rgano competente y de poner los hechos en conocimiento de los representantes legales del menor, o cuando sea necesario, del Ministerio Fiscal.

Artculo 15. Principio de colaboracin.

En toda intervencin se procurar contar con la colaboracin del menor y su familia y no interferir en su vida escolar, social o laboral.

Artculo 16. Evaluacin de la situacin.

Las entidades pblicas competentes en materia de proteccin de menores estarn obligadas a verificar la situacin denunciada y a adoptar las medidas necesarias para resolverla en funcin del resultado de aquella actuacin.

Artculo 17. Actuaciones en situaciones de riesgo.

En situaciones de riesgo de cualquier ndole que perjudiquen el desarrollo personal o social del menor, que no requieran la asuncin de la tutela por ministerio de la Ley, la actuacin de los poderes pblicos deber garantizar en todo caso los derechos que le asisten y se orientar a disminuir los factores de riesgo y dificultad social que incidan en la situacin personal y social en que se encuentra y a promover los factores de proteccin del menor y su familia.

Una vez apreciada la situacin de riesgo, la entidad pblica competente en materia de proteccin de menores pondr en marcha las actuaciones pertinentes para reducirla y realizar el seguimiento de la evolucin del menor en la familia.

Artculo 18. Actuaciones en situacin de desamparo.

1. Cuando la entidad pblica competente considere que el menor se encuentra en situacin de desamparo, actuar en la forma prevista en el artculo 172 y siguientes del Cdigo Civil, asumiendo la tutela de aqul, adoptando las oportunas medidas de proteccin y ponindolo en conocimiento del Ministerio Fiscal.

2. Cada entidad pblica designar el rgano que ejercer la tutela de acuerdo con sus estructuras orgnicas de funcionamiento.

Artculo 19. Guarda de menores.

Adems de la guarda de los menores tutelados por encontrarse en situacin de desamparo, la entidad pblica podr asumir la guarda en los trminos previstos en el artculo 172 del Cdigo Civil, cuando los padres o tutores no puedan cuidar de un menor o cuando as lo acuerde el Juez en los casos en que legalmente proceda.

Artculo 20. Acogimiento familiar.

El acogimiento familiar, de acuerdo con su finalidad y con independencia del procedimiento en que se acuerde, revestir las modalidades establecidas en el Cdigo Civil.

Artculo 21. Servicios especializados.

1. Cuando la entidad pblica acuerde la acogida residencial de un menor, teniendo en cuenta que es necesario que tenga una experiencia de vida familiar, principalmente en la primera infancia, procurar que el menor permanezca internado durante el menor tiempo posible, salvo que convenga al inters del menor.

2. Todos los servicios, hogares funcionales o centros dirigidos a menores, debern estar autorizados y acreditados por la entidad pblica.

La entidad pblica regular de manera diferenciada el rgimen de funcionamiento de los servicios especializados y los inscribir en el registro correspondiente a las entidades y servicios de acuerdo con sus disposiciones, prestando especial atencin a la seguridad, sanidad, nmero y cualificacin profesional de su personal, proyecto educativo, participacin de los menores en su funcionamiento interno, y dems condiciones que contribuyan a asegurar sus derechos.

3. A los efectos de asegurar la proteccin de los derechos de los menores, la entidad pblica competente en materia de proteccin de menores deber realizar la inspeccin y supervisin de los centros y servicios semestralmente y siempre que as lo exijan las circunstancias.

4. Asimismo, el Ministerio Fiscal deber ejercer su vigilancia sobre todos los centros que acogen menores.

Artculo 22. Informacin a los familiares.

La entidad pblica que tenga menores bajo su guarda o tutela deber informar a los padres, tutores o guardadores sobre la situacin de aqullos cuando no exista resolucin judicial que lo prohba.

CAPTULO II
De la tutela
Artculo 23. Indices de tutelas.

Para el ejercicio de la funcin de vigilancia de la tutela que atribuyen al Ministerio Fiscal los artculos 174 y 232 del Cdigo Civil, se llevar en cada Fiscala un Indice de Tutelas de Menores.

CAPTULO III
De la adopcin
Artculo 24. Adopcin de menores.

La adopcin se ajustar a lo establecido por la legislacin civil aplicable.

Artculo 25. Adopcin internacional.

1. En materia de adopcin internacional, corresponde a las entidades pblicas:

a) La recepcin y tramitacin de las solicitudes, ya sea directamente o a travs de entidades debidamente acreditadas.

b) La expedicin, en todo caso, de los certificados de idoneidad y, cuando lo exija el pas de origen del adoptando, la expedicin del compromiso de seguimiento.

c) La acreditacin, control, inspeccin y la elaboracin de directrices de actuacin de las entidades que realicen funciones de mediacin en su mbito territorial.

Las funciones de mediacin a realizar por las entidades acreditadas sern las siguientes:

– Informacin y asesoramiento a los interesados en materia de adopcin internacional.

– Intervencin en la tramitacin de expedientes de adopcin ante las autoridades competentes, tanto espaolas como extranjeras.

– Asesoramiento y apoyo a los solicitantes de adopcin en los trmites y gestiones que deben realizar en Espaa y en el extranjero.

Slo podrn ser acreditadas las entidades sin nimo de lucro inscritas en el registro correspondiente, que tengan como finalidad en sus estatutos la proteccin de menores, dispongan de los medios materiales y equipos pluridisciplinares necesarios para el desarrollo de las funciones encomendadas y estn dirigidas y administradas por personas cualificadas por su integridad moral y por su formacin en el mbito de la adopcin internacional.

Las entidades pblicas podrn retirar la acreditacin concedida, mediante expediente contradictorio a aquellas entidades de mediacin que dejen de cumplir las condiciones que motivaran su concesin o que infrinjan en su actuacin el ordenamiento jurdico.

2. La comunicacin entre las autoridades centrales espaolas competentes y las autoridades competentes de otros Estados se coordinar de acuerdo con lo previsto en el Convenio relativo a la Proteccin del Nio y a la Cooperacin en materia de Adopcin Internacional, hecho en La Haya el 29 de mayo de 1993 y ratificado por Espaa mediante Instrumento de 30 de junio de 1995.

3. En las adopciones internacionales nunca podrn producirse beneficios financieros distintos de aqullos que fueran precisos para cubrir los gastos estrictamente necesarios.

4. Las entidades pblicas competentes crearn un registro de reclamaciones formuladas por las personas que acudan a las entidades acreditadas de este artculo.

Disposicin adicional primera.

Se aplicarn las normas de la jurisdiccin voluntaria a las actuaciones que se sigan:

1. Para adoptar las medidas previstas en el artculo 158 del Cdigo Civil.

2. Contra las resoluciones que declaren el desamparo y la asuncin de la tutela por ministerio de la Ley y la idoneidad de los solicitantes de adopcin.

3. Para cualesquiera otras reclamaciones frente a resoluciones de las entidades pblicas que surjan con motivo del ejercicio de sus funciones en materia de tutela o guarda de menores.

En el indicado procedimiento, los recursos se admitirn, en todo caso en un solo efecto.

Quedar siempre a salvo el ejercicio de las acciones en la va judicial ordinaria.

Disposicin adicional segunda.

Para la inscripcin en el Registro espaol de las adopciones constituidas en el extranjero, el encargado del Registro apreciar la concurrencia de los requisitos del artculo 9.5 del Cdigo Civil.

Disposicin adicional tercera.

Con excepcin de las declaraciones de incapacitacin y de prodigalidad, las dems actuaciones judiciales previstas en los Ttulos IX y X del Libro I del Cdigo Civil se ajustarn al procedimiento previsto para la jurisdiccin voluntaria, con las siguientes particularidades:

1. Tanto el Juez como el Ministerio Fiscal actuarn de oficio en inters del menor o incapaz, adoptando y proponiendo las medidas, diligencias y pruebas que estimen oportunas. Suplirn la pasividad de los particulares y les asesorarn sobre sus derechos y sobre el modo de subsanar los defectos de sus solicitudes.

2. No ser necesaria la intervencin de Abogado ni de Procurador.

3. La oposicin de algn interesado se ventilar en el mismo procedimiento, sin convertirlo en contencioso.

Disposicin transitoria nica.

Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley se regirn por la normativa anterior.

Disposicin derogatoria nica.

Queda derogado el Decreto de 2 de julio de 1948 por el que se aprueba el texto refundido de la Legislacin sobre Proteccin de Menores y cuantas normas se opongan a la presente Ley.

Disposicin final primera.

El artculo 9.4 del Cdigo Civil, tendr la siguiente redaccin:

El carcter y contenido de la filiacin, incluida la adoptiva y las relaciones paterno-filiales, se regirn por la Ley personal del hijo y si no pudiera determinarse sta, se estar a la de la residencia habitual del hijo.

Disposicin final segunda.

El artculo 9.5 del Cdigo Civil, prrafos tercero, cuarto y quinto, tendr la siguiente redaccin:

Para la constitucin de la adopcin, los Cnsules espaoles tendrn las mismas atribuciones que el Juez, siempre que el adoptante sea espaol y el adoptando est domiciliado en la demarcacin consular. La propuesta previa ser formulada por la entidad pblica correspondiente al ltimo lugar de residencia del adoptante en Espaa. Si el adoptante no tuvo residencia en Espaa en los dos ltimos aos, no ser necesaria propuesta previa, pero el Cnsul recabar de las autoridades del lugar de residencia de aqul informes suficientes para valorar su idoneidad.

En la adopcin constituida por la competente autoridad extranjera, la Ley del adoptando regir en cuanto a capacidad y consentimientos necesarios. Los consentimientos exigidos por tal Ley podrn prestarse ante una autoridad del pas en que se inici la constitucin o, posteriormente, ante cualquier otra autoridad competente. En su caso, para la adopcin de un espaol ser necesario el consentimiento de la entidad pblica correspondiente a la ltima residencia del adoptando en Espaa.

No ser reconocida en Espaa como adopcin la constituida en el extranjero por adoptante espaol, si los efectos de aqulla no se corresponden con los previstos por la legislacin espaola. Tampoco lo ser, mientras la entidad pblica competente no haya declarado la idoneidad del adoptante, si ste fuera espaol y estuviera domiciliado en Espaa al tiempo de la adopcin.

Disposicin final tercera.

El artculo 149 del Cdigo Civil, tendr la siguiente redaccin:

El obligado a prestar alimentos podr, a su eleccin, satisfacerlos, o pagando la pensin que se fije, o recibiendo y manteniendo en su propia casa al que tiene derecho a ellos.

Esta eleccin no ser posible en cuanto contradiga la situacin de convivencia determinada para el alimentista por las normas aplicables o por resolucin judicial. Tambin podr ser rechazada cuando concurra justa causa o perjudique el inters del alimentista menor de edad.

Disposicin final cuarta.

El artculo 158 del Cdigo Civil tendr la siguiente redaccin:

El Juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del Ministerio Fiscal, dictar:

1. Las medidas convenientes para asegurar la prestacin de alimentos y proveer a las futuras necesidades del hijo, en caso de incumplimiento de este deber, por sus padres.

2. Las disposiciones apropiadas a fin de evitar a los hijos perturbaciones daosas en los casos de cambio de titular de la potestad de guarda.

3. En general, las dems disposiciones que considere oportunas, a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios.

Todas estas medidas podrn adoptarse dentro de cualquier proceso civil o penal o bien en un procedimiento de jurisdiccin voluntaria.

Disposicin final quinta.

El artculo 172 del Cdigo Civil queda redactado como sigue:

1. La entidad pblica a la que, en el respectivo territorio, est encomendada la proteccin de los menores, cuando constate que un menor se encuentra en situacin de desamparo, tiene por ministerio de la Ley la tutela del mismo y deber adoptar las medidas de proteccin necesarias para su guarda, ponindolo en conocimiento del Ministerio Fiscal, y notificando en legal forma a los padres, tutores o guardadores, en un plazo de cuarenta y ocho horas. Siempre que sea posible, en el momento de la notificacin se les informar de forma presencial y de modo claro y comprensible de las causas que dieron lugar a la intervencin de la Administracin y de los posibles efectos de la decisin adoptada.

Se considera como situacin de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de proteccin establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando stos queden privados de la necesaria asistencia moral o material.

La asuncin de la tutela atribuida a la entidad pblica lleva consigo la suspensin de la patria potestad o de la tutela ordinaria. No obstante, sern vlidos los actos de contenido patrimonial que realicen los padres o tutores en representacin del menor y que sean beneficiosos para l.

2. Cuando los padres o tutores, por circunstancias graves, no puedan cuidar al menor, podrn solicitar de la entidad pblica competente que sta asuma su guarda durante el tiempo necesario.

La entrega de la guarda se har constar por escrito dejando constancia de que los padres o tutores han sido informados de las responsabilidades que siguen manteniendo respecto del hijo, as como de la forma en que dicha guarda va a ejercerse por la Administracin.

Cualquier variacin posterior de la forma de ejercicio ser fundamentada y comunicada a aqullos y al Ministerio Fiscal.

Asimismo, se asumir la guarda por la entidad pblica cuando as lo acuerde el Juez en los casos en que legalmente proceda.

3. La guarda asumida a solicitud de los padres o tutores o como funcin de la tutela por ministerio de la Ley, se realizar mediante el acogimiento familiar o el acogimiento residencial. El acogimiento familiar se ejercer por la persona o personas que determine la entidad pblica. El acogimiento residencial se ejercer por el Director del centro donde sea acogido el menor.

4. Se buscar siempre el inters del menor y se procurar, cuando no sea contrario a ese inters, su reinsercin en la propia familia y que la guarda de los hermanos se confe a una misma institucin o persona.

5. Si surgieren problemas graves de convivencia entre el menor y la persona o personas a quien hubiere sido confiado en guarda, aqul o persona interesada podr solicitar la remocin de sta.

6. Las resoluciones que aprecien el desamparo y declaren la asuncin de la tutela por ministerio de la Ley sern recurribles ante la jurisdiccin civil sin necesidad de reclamacin administrativa previa.

Disposicin final sexta.

El artculo 173 del Cdigo Civil tendr la siguiente redaccin:

1. El acogimiento familiar produce la plena participacin del menor en la vida de familia e impone a quien lo recibe las obligaciones de velar por l, tenerlo en su compaa, alimentarlo, educarlo y procurarle una formacin integral. Este acogimiento se podr ejercer por la persona o personas que sustituyan al ncleo familiar del menor o por responsable del hogar funcional.

2. El acogimiento se formalizar por escrito, con el consentimiento de la entidad pblica, tenga o no la tutela o la guarda, de las personas que reciban al menor y de ste si tuviera doce aos cumplidos. Cuando fueran conocidos los padres que no estuvieran privados de la patria potestad, o el tutor, ser necesario tambin que presten o hayan prestado su consentimiento, salvo que se trate de un acogimiento familiar provisional a que hace referencia el apartado 3 de este artculo.

El documento de formalizacin del acogimiento familiar, a que se refiere el prrafo anterior, incluir los siguientes extremos:

1. Los consentimientos necesarios.

2. Modalidad del acogimiento y duracin prevista para el mismo.

3. Los derechos y deberes de cada una de las partes, y en particular:

a) La periodicidad de las visitas por parte de la familia del menor acogido.

b) El sistema de cobertura por parte de la entidad pblica o de otros responsables civiles de los daos que sufra el menor o de los que pueda causar a terceros.

c) La asuncin de los gastos de manutencin, educacin y atencin sanitaria.

4. El contenido del seguimiento que, en funcin de la finalidad del acogimiento, vaya a realizar la entidad pblica, y el compromiso de colaboracin de la familia acogedora al mismo.

5. La compensacin econmica que, en su caso, vayan a recibir los acogedores.

6. Si los acogedores actan con carcter profesionalizado o si el acogimiento se realiza en un hogar funcional, se sealar expresamente.

7. Informe de los servicios de atencin a menores.

Dicho documento se remitir al Ministerio Fiscal.

3. Si los padres o el tutor no consienten o se oponen al mismo, el acogimiento slo podr ser acordado por el Juez, en inters del menor, conforme a los trmites de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La propuesta de la entidad pblica contendr los mismos extremos referidos en el nmero anterior.

No obstante, la entidad pblica podr acordar en inters del menor, un acogimiento familiar provisional, que subsistir hasta tanto se produzca resolucin judicial.

La entidad pblica, una vez realizadas las diligencias oportunas, y concluido el expediente, deber presentar la propuesta al Juez de manera inmediata y, en todo caso, en el plazo mximo de quince das.

4. El acogimiento del menor cesar:

1. Por decisin judicial.

2. Por decisin de las personas que lo tienen acogido, previa comunicacin de stas a la entidad pblica.

3. A peticin del tutor o de los padres que tengan la patria potestad y reclamen su compaa.

4. Por decisin de la entidad pblica que tenga la tutela o guarda del menor, cuando lo considere necesario para salvaguardar el inters de ste odos los acogedores.

Ser precisa resolucin judicial de cesacin cuando el acogimiento haya sido dispuesto por el Juez.

5. Todas las actuaciones de formalizacin y cesacin del acogimiento se practicarn con la obligada reserva.

Disposicin final sptima.

Se introduce en el Cdigo Civil un nuevo artculo con el nmero 173 bis, con la siguiente redaccin:

Artculo 173 bis.

El acogimiento familiar, podr adoptar las siguientes modalidades atendiendo a su finalidad:

1. Acogimiento familiar simple, que tendr carcter transitorio, bien porque de la situacin del menor se prevea la reinsercin de ste en su propia familia bien en tanto se adopte una medida de proteccin que revista un carcter ms estable.

2. Acogimiento familiar permanente, cuando la edad u otras circunstancias del menor y su familia as lo aconsejen y as lo informen los servicios de atencin al menor. En tal supuesto, la entidad pblica podr solicitar del Juez que atribuya a los acogedores aquellas facultades de la tutela que faciliten el desempeo de sus responsabilidades, atendiendo en todo caso al inters superior del menor.

3. Acogimiento familiar preadoptivo, que se formalizar por la entidad pblica cuando sta eleve la propuesta de adopcin del menor, informada por los servicios de atencin al menor, ante la autoridad judicial, siempre que los acogedores renan los requisitos necesarios para adoptar, hayan sido seleccionados y hayan prestado ante la entidad pblica su consentimiento a la adopcin, y se encuentre el menor en situacin jurdica adecuada para su adopcin.

La entidad pblica podr formalizar, asimismo, un acogimiento familiar preadoptivo cuando considere, con anterioridad a la presentacin de la propuesta de adopcin, que fuera necesario establecer un perodo de adaptacin del menor a la familia. Este perodo ser lo ms breve posible y, en todo caso, no podr exceder del plazo de un ao.

Disposicin final octava.

El artculo 174.2 del Cdigo Civil queda redactado como sigue:

2. A tal fin, la entidad pblica le dar noticia inmediata de los nuevos ingresos de menores y le remitir copia de las resoluciones administrativas y de los escritos de formalizacin relativos a la constitucin, variacin y cesacin de las tutelas, guardas y acogimientos. Igualmente le dar cuenta de cualquier novedad de inters en las circunstancias del menor.

El Fiscal habr de comprobar, al menos semestralmente, la situacin del menor, y promover ante el Juez las medidas de proteccin que estime necesarias.

Disposicin final novena.

El artculo 175.1 del Cdigo Civil queda redactado como sigue:

1. La adopcin requiere que el adoptante sea mayor de veinticinco aos. En la adopcin por ambos cnyuges basta que uno de ellos haya alcanzado dicha edad. En todo caso, el adoptante habr de tener, por lo menos, catorce aos ms que el adoptado.

Disposicin final dcima.

El artculo 176 del Cdigo Civil quedar redactado como sigue:

1. La adopcin se constituye por resolucin judicial, que tendr en cuenta siempre el inters del adoptando y la idoneidad del adoptante o adoptantes para el ejercicio de la patria potestad.

2. Para iniciar el expediente de adopcin es necesaria la propuesta previa de la entidad pblica a favor del adoptante o adoptantes que dicha entidad pblica haya declarado idneos para el ejercicio de la patria potestad. La declaracin de idoneidad podr ser previa a la propuesta.

No obstante, no se requiere propuesta cuando en el adoptando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1. Ser hurfano y pariente del adoptante en tercer grado por consanguinidad o afinidad.

2. Ser hijo del consorte del adoptante.

3. Llevar ms de un ao acogido legalmente bajo la medida de un acogimiento preadoptivo o haber estado bajo su tutela por el mismo tiempo.

4. Ser mayor de edad o menor emancipado.

3. En los tres primeros supuestos del apartado anterior podr constituirse la adopcin, aunque el adoptante hubiere fallecido, si ste hubiese prestado ya ante el Juez su consentimiento. Los efectos de la resolucin judicial en este caso se retrotraern a la fecha de prestacin de tal consentimiento.

Disposicin final undcima.

El artculo 177 del Cdigo Civil quedar redactado como sigue:

1. Habrn de consentir la adopcin, en presencia del Juez, el adoptante o adoptantes y el adoptando mayor de doce aos.

2. Debern asentir a la adopcin en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil:

1. El cnyuge del adoptante, salvo que medie separacin legal por sentencia firme o separacin de hecho por mutuo acuerdo que conste fehacientemente.

2. Los padres del adoptando que no se hallare emancipado, a menos que estuvieran privados de la patria potestad por sentencia firme o incursos en causa legal para tal privacin. Esta situacin slo podr apreciarse en procedimiento judicial contradictorio, el cual podr tramitarse como dispone el artculo 1.827 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

No ser necesario el asentimiento cuando los que deban prestarlo se encuentren imposibilitados para ello, imposibilidad que se apreciar motivadamente en la resolucin judicial que constituya la adopcin.

El asentimiento de la madre no podr prestarse hasta que hayan transcurrido treinta das desde el parto.

3. Debern ser simplemente odos por el Juez:

1. Los padres que no hayan sido privados de la patria potestad, cuando su asentimiento no sea necesario para la adopcin.

2. El tutor y, en su caso, el guardador o guardadores.

3. El adoptando menor de doce aos, si tuviere suficiente juicio.

4. La entidad pblica, a fin de apreciar la idoneidad del adoptante, cuando el adoptando lleve ms de un ao acogido legalmente por aqul.

Disposicin final duodcima.

El primer prrafo del artculo 211 del Cdigo Civil tendr la siguiente redaccin:

El internamiento por razn de trastorno psquico, de una persona que no est en condiciones de decidirlo por s, aunque est sometida a la patria potestad, requerir autorizacin judicial. Esta ser previa al internamiento, salvo que razones de urgencia hiciesen necesaria la inmediata adopcin de la medida, de la que se dar cuenta cuanto antes al Juez y, en todo caso, dentro del plazo de veinticuatro horas. El internamiento de menores, se realizar en todo caso en un establecimiento de salud mental adecuado a su edad, previo informe de los servicios de asistencia al menor.

Disposicin final decimotercera.

El artculo 216 del Cdigo Civil tendr un segundo prrafo con la siguiente redaccin:

Las medidas y disposiciones previstas en el artculo 158 de este Cdigo podrn ser acordadas tambin por el Juez, de oficio o a instancia de cualquier interesado, en todos los supuestos de tutela o guarda, de hecho o de derecho, de menores e incapaces, en cuanto lo requiera el inters de stos.

Disposicin final decimocuarta.

El artculo 234 del Cdigo Civil tendr un ltimo prrafo con la siguiente redaccin:

Se considera beneficiosa para el menor la integracin en la vida de familia del tutor.

Disposicin adicional decimoquinta.

El artculo 247 del Cdigo Civil tendr la siguiente redaccin:

Sern removidos de la tutela los que despus de deferida incurran en causa legal de inhabilidad, o se conduzcan mal en el desempeo de la tutela, por incumplimiento de los deberes propios del cargo o por notoria ineptitud de su ejercicio, o cuando surgieran problemas de convivencia graves y continuados.

Disposicin final decimosexta.

El artculo 248 del Cdigo Civil tendr la siguiente redaccin:

El Juez, de oficio o a solicitud del Ministerio Fiscal, del tutelado o de otra persona interesada, decretar la remocin del tutor, previa audiencia de ste si, citado, compareciere. Asimismo, se dar audiencia al tutelado si tuviere suficiente juicio.

Disposicin final decimosptima.

Se aade un segundo prrafo al artculo 260 del Cdigo Civil con la siguiente redaccin:

No obstante, la entidad pblica que asuma la tutela de un menor por ministerio de la Ley o la desempee por resolucin judicial no precisar prestar fianza.

Disposicin final decimoctava.

1. Los artculos del Cdigo Civil que se relacionan a continuacin quedarn redactados como sigue:

Prrafo segundo del artculo 166:

Los padres debern recabar autorizacin judicial para repudiar la herencia o legado deferidos al hijo. Si el Juez denegase la autorizacin, la herencia slo podr ser aceptada a beneficio de inventario.

Prrafo segundo del artculo 185:

Sern aplicables a los representantes dativos del ausente, en cuanto se adapten a su especial representacin, los preceptos que regulan el ejercicio de la tutela y las causas de inhabilidad, remocin y excusa de los tutores.

Artculo 271:

El tutor necesita autorizacin judicial:

1. Para internar al tutelado en un establecimiento de salud mental o de educacin o formacin especial.

2. Para enajenar o gravar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, objetos preciosos y valores mobiliarios de los menores o incapacitados, o celebrar contratos o realizar actos que tengan carcter dispositivo y sean susceptibles de inscripcin. Se excepta la venta del derecho de suscripcin preferente de acciones.

3. Para renunciar derechos, as como transigir o someter a arbitraje cuestiones en que el tutelado estuviese interesado.

4. Para aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia, o para repudiar sta o las liberalidades.

5. Para hacer gastos extraordinarios en los bienes.

6. Para entablar demanda en nombre de los sujetos a tutela, salvo en los asuntos urgentes o de escasa cuanta.

7. Para ceder bienes en arrendamiento por tiempo superior a seis aos.

8. Para dar y tomar dinero a prstamo.

9. Para disponer a ttulo gratuito de bienes o derechos del tutelado.

10. Para ceder a terceros los crditos que el tutelado tenga contra l, o adquirir a ttulo oneroso los crditos de terceros contra el tutelado.

Artculo 272:

No necesitarn autorizacin judicial la particin de herencia ni la divisin de cosa comn realizadas por el tutor, pero una vez practicadas requerirn aprobacin judicial.

Artculo 273:

Antes de autorizar o aprobar cualquiera de los actos comprendidos en los dos artculos anteriores, el Juez oir al Ministerio Fiscal y al tutelado, si fuese mayor de doce aos o lo considera oportuno, y recabar los informes que le sean solicitados o estime pertinentes.

Artculo 300:

El Juez, en procedimiento de jurisdiccin voluntaria, de oficio o a peticin del Ministerio Fiscal, del propio menor o de cualquier persona capaz de comparecer en juicio, nombrar defensor a quien estime ms idneo para el cargo.

Artculo 753:

Tampoco surtir efecto la disposicin testamentaria en favor de quien sea tutor o curador del testador, salvo cuando se haya hecho despus de aprobadas definitivamente las cuentas o, en el caso en que no tuviese que rendirse stas, despus de la extincin de la tutela o curatela.

Sern, sin embargo, vlidas las disposiciones hechas en favor del tutor o curador que sea ascendiente, descendiente, hermano, hermana o cnyuge del testador.

Artculo 996:

Si la sentencia de incapacitacin por enfermedades o deficiencias fsicas o psquicas no dispusiere otra cosa, el sometido a curatela podr, asistido del curador, aceptar la herencia pura y simplemente o a beneficio de inventario.

Prrafo tercero del artculo 1.057:

Lo dispuesto en este artculo y en el anterior se observar aunque entre los coherederos haya alguno sometido a patria potestad o tutela, o a curatela por prodigalidad o por enfermedades o deficiencias fsicas o psquicas; pero el contador partidor deber en estos casos inventariar los bienes de la herencia, con citacin de los representantes legales o curadores de dichas personas.

Artculo 1.329:

El menor no emancipado que con arreglo a la Ley pueda casarse podr otorgar capitulaciones, pero necesitar el concurso y consentimiento de sus padres o tutor, salvo que se limite a pactar el rgimen de separacin o el de participacin.

Artculo 1.330:

El incapacitado judicialmente slo podr otorgar capitulaciones matrimoniales con la asistencia de sus padres, tutor o curador.

Nmero 1. del artculo 1.459:

Los que desempeen algn cargo tutelar, los bienes de la persona o personas que estn bajo su guarda o proteccin.

Nmero 3. del artculo 1.700:

Por muerte, insolvencia, incapacitacin o declaracin de prodigalidad de cualquiera de los socios, y en el caso previsto en el artculo 1.699.

Nmero 3. del artculo 1.732:

Por muerte, incapacitacin, declaracin de prodigalidad, quiebra o insolvencia del mandante o del mandatario.

2. Quedan modificados los siguientes artculos del Cdigo Civil:

En los artculos 108, 823 y 980 quedan suprimidas, respectivamente, las palabras plena, plena y plenamente.

En los artculos 323 y 324 se sustituyen, respectivamente, las palabras tutor y tutores por curador y curadores.

Queda suprimido el prrafo tercero del artculo 163.

En el primer prrafo del artculo 171 se eliminan las palabras no se constituir la tutela, sino que.

Al final del ltimo prrafo de este mismo artculo 171 se agrega la frase o curatela, segn proceda.

El nmero 1. del artculo 234 se sustituye por el siguiente:

Al cnyuge que conviva con el tutelado.

En el artculo 852 se sustituye y 5. por , 5. y 6..

En el artculo 855 se sustituye y 6. por , 5. y 6.; 169 por 170, y se suprime su ltimo prrafo.

Queda suprimido el prrafo segundo del artculo 992 y en el tercero, que pasar a ser segundo, se elimina la palabra tambin.

Se agrega un segundo prrafo al artculo 1.060 del siguiente tenor:

El defensor judicial designado para representar a un menor o incapacitado en una particin, deber obtener la aprobacin del Juez, si ste no hubiera dispuesto otra cosa al hacer el nombramiento.

El nmero 2. del artculo 1.263 queda sustituido por el siguiente:

Los incapacitados.

En el nmero 1. del artculo 1.291 las palabras sin autorizacin judicial sustituyen a sin autorizacin del consejo de familia.

En el artculo 1.338 se sustituyen las palabras El menor por El menor no emancipado.

En el nmero 1. del artculo 1.393 se sustituyen las palabras declarado ausente por declarado prdigo, ausente.

Disposicin final decimonovena.

La Ley de Enjuiciamiento Civil quedar modificada en el siguiente sentido:

1. Los actuales artculos 1.910 a 1.918 de la Ley de Enjuiciamiento Civil pasarn a integrar la Seccin Tercera del Ttulo IV del Libro III, titulada Medidas provisionales en relacin con los hijos de familia.

2. La Seccin Segunda del Ttulo IV del Libro III, se denominar Medidas relativas al retorno de menores en los supuestos de sustraccin internacional y comprender los artculos 1.901 a 1.909, ambos inclusive, con el siguiente contenido:

Artculo 1.901

En los supuestos en que, siendo aplicable un convenio internacional, se pretenda la restitucin de un menor que hubiera sido objeto de un traslado o retencin ilcita, se proceder de acuerdo con lo previsto en esta Seccin.

Artculo 1.902

Ser competente el Juez de Primera Instancia en cuya demarcacin judicial se halle el menor que ha sido objeto de un traslado o retencin ilcitos.

Podr promover el procedimiento la persona, institucin u organismo que tenga atribuido el derecho de custodia del menor, la autoridad central espaola encargada del cumplimiento de las obligaciones impuestas por el correspondiente convenio y, en representacin de sta, la persona que designe dicha autoridad.

Las actuaciones se practicarn con intervencin del Ministerio Fiscal y los interesados podrn actuar bajo la direccin de Abogado.

La tramitacin del procedimiento tendr carcter preferente y deber realizarse en el plazo de seis semanas desde la fecha en que se hubiere solicitado ante el Juez la restitucin del menor.

Artculo 1.903

A peticin de quien promueva el procedimiento o del Ministerio Fiscal, el Juez podr adoptar la medida provisional de custodia del menor prevista en la Seccin siguiente de esta Ley y cualquier otra medida de aseguramiento que estime pertinente.

Artculo 1.904

Promovido el expediente mediante la solicitud a la que se acompaar la documentacin requerida por el correspondiente convenio internacional, el Juez dictar, en el plazo de veinticuatro horas, resolucin en la que se requerir a la persona que ha sustrado o retiene al menor, con los apercibimientos legales, para que en la fecha que se determine, que no podr exceder de los tres das siguientes, comparezca en el juzgado con el menor y manifieste:

a) Si accede voluntariamente a la restitucin del menor a la persona, institucin y organismo que es titular del derecho de custodia; o, en otro caso,

b) Si se opone a la restitucin por existir alguna de las causas establecidas en el correspondiente convenio cuyo texto se acompaar al requerimiento.

Artculo 1.905

Si no compareciese el requerido, el Juez dispondr a continuacin del procedimiento de su rebelda citando a los interesados y al Ministerio Fiscal a una comparecencia que tendr lugar en plazo no superior a los cinco das siguientes y decretar las medidas provisionales que juzgue pertinentes en relacin con el menor.

En la comparecencia se oir al solicitante y al Ministerio Fiscal y en su caso y separadamente, al menor sobre su restitucin. El Juez resolver por auto dentro de los dos das siguientes a contar desde la fecha de la comparecencia, si procede o no la restitucin, teniendo en cuenta el inters del menor y los trminos del correspondiente convenio.

Artculo 1.906

Si compareciese el requerido y accediere a la restitucin voluntaria del menor, se levantar acta, acordando el Juez, mediante auto, la conclusin del procedimiento y la entrega del menor a la persona, institucin y organismo titular del derecho de custodia, as como lo procedente en cuanto a costas y gastos.

Artculo 1.907

Si en la primera comparecencia el requerido formulase oposicin a la restitucin del menor, al amparo de las causas establecidas en el correspondiente convenio, no ser de aplicacin lo dispuesto en el artculo 1.817 de esta Ley, ventilndose la oposicin ante el mismo Juez por los trmites del juicio verbal. A este fin:

a) En el mismo acto de comparecencia sern citados todos los interesados y el Ministerio Fiscal, para que expongan lo que estimen procedente y, en su caso, se practiquen las pruebas, en ulterior comparecencia, que se celebrar de conformidad con lo dispuesto en el artculo 730 y concordantes de esta Ley dentro del plazo improrrogable de los cinco das a contar desde la primera.

b) Asimismo, tras la primera comparecencia el Juez oir, en su caso, separadamente al menor sobre su restitucin y podr recabar los informes que estime pertinentes.

Artculo 1.908

Celebrada la comparecencia y, en su caso, practicadas las pruebas pertinentes dentro de los seis das posteriores, el Juez dictar auto dentro de los tres das siguientes, resolviendo, en inters del menor y en los trminos del convenio, si procede o no su restitucin. Contra dicho auto slo cabr recurso de apelacin en un solo efecto, que deber resolverse en el improrrogable plazo de veinte das.

Artculo 1.909

Si el Juez resolviese la restitucin del menor, en el auto se establecer que la persona que traslad o retuvo al menor abone las costas del procedimiento as como los gastos en que haya incurrido el solicitante, includos los del viaje y los que ocasione la restitucin del menor al Estado de su residencia habitual con anterioridad a la sustraccin, que se harn efectivos por los trmites previstos en el artculo 928 y concordantes de esta Ley.

En los dems supuestos, se declararn de oficio las costas del procedimiento.

Disposicin final vigsima.

El Ministerio Fiscal velar para que, incoado un procedimiento sobre reclamacin frente a las resoluciones de las entidades pblicas que surjan con motivo del ejercicio de sus funciones en materia de tutela o de guarda, se resuelvan en el mismo expediente todas las acciones e incidencias que afecten a un mismo menor. A tal efecto, promover ante los rganos jurisdiccionales las actuaciones oportunas previstas en la legislacin procesal.

Disposicin final vigsima primera.

1. El artculo 5, en sus apartados 3 y 4; el artculo 7 en su apartado 1; el artculo 8, en su apartado 2 letra c); el artculo 10, en sus apartados 1 y 2 letras a), b) y d); los artculos 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 en su apartado 2, 21 en sus apartados 1, 2 y 3, y el artculo 22, son legislacin supletoria de la que dicten las Comunidades Autnomas con competencia en materia de asistencia social.

2. El artculo 10, en su apartado 3, el artculo 21, en su apartado 4, el artculo 23, las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera, la disposicin transitoria nica y las disposiciones finales decimonovena y vigsima, se dictan al amparo del artculo 149.1.2., 5. y 6. de la Constitucin.

3. Los restantes preceptos no orgnicos de la Ley, as como las revisiones al Cdigo Civil contenidas en la misma, se dictan al amparo del artculo 149.1.8. de la Constitucin y se aplicarn sin perjuicio de la normativa que dicten las Comunidades Autnomas con competencia en materia de Derecho Civil, Foral o Especial.

Disposicin final vigsima segunda.

Las entidades pblicas mencionadas en esta Ley son las designadas por las Comunidades Autnomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, de acuerdo con sus respectivas normas de organizacin.

Disposicin final vigsima tercera.

Tienen carcter de Ley ordinaria los artculos 1; 2; 5, apartados 3 y 4; 7, apartado 1; 8, apartado 2 letra c; 10, apartados 1 y 2, letras a, b y d, 3 y 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25; las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera; la disposicin transitoria; la disposicin derogatoria, y las disposiciones finales primera a vigsima segunda y vigsima cuarta.

Los preceptos relacionados en el prrafo anterior se aplicarn segn lo previsto en la disposicin adicional vigsima primera.

Disposicin final vigsima cuarta.

La presente Ley entrar en vigor a los treinta das de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley Orgnica.

Madrid, 15 de enero de 1996.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

FELIPE GONZLEZ MRQUEZ

Análisis

  • Rango: Ley Orgnica
  • Fecha de disposición: 15/01/1996
  • Fecha de publicación: 17/01/1996
  • Entrada en vigor: 16 de febrero de 1996.
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • SE MODIFICA:
    • y SE AADE determinados preceptos, por Ley 26/2015, de 28 de julio (Ref. BOE-A-2015-8470).
    • la rbrica del captulo I del ttulo I; los arts. 2, 3, 9, 10.2 y la disposicin final 23, y SE AADE el captulo IV del titulo II, por Ley Orgnica 8/2015, de 22 de julio (Ref. BOE-A-2015-8222).
  • SE DECLARA en la Cuestin 4511/1999, inconstitucional y nula la disposicin final 23 e inconstitucional, con los efectos indicados por el fj6, el primer prrafo del art. 211 del Cdigo Civil (Gazeta), en la redaccin dada por la disposicin final 12, por Sentencia 131/2010, de 2 de diciembre (Ref. BOE-A-2011-273).
  • SE DEROGA el art. 25, por Ley 54/2007, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-2007-22438).
Referencias anteriores
  • DEROGA el Decreto de 2 de julio de 1948, texto refundido de la Legislacin sobre proteccin de Menores (Gazeta) (Ref. BOE-A-1948-7769).
  • MODIFICA:
    • determinados preceptos del Cdigo Civil de 24 de julio de 1889 (Gazeta) (Ref. BOE-A-1889-4763).
    • secciones 2 y 3 del ttulo IV del Libro III y los derogados arts. 1.901 a 1.909 de la Ley de Enjuiciamiento Civil aprobada por Decreto de 3 de febrero de 1881 (Gazeta) (Ref. BOE-A-1881-813).
  • CITA:
Materias
  • Adopcin
  • Cdigo Civil
  • Derechos Humanos
  • Enjuiciamiento Civil
  • Familia
  • Filiacin
  • Herencias
  • Incapacitacin
  • Libertades fundamentales
  • Menores
  • Patria potestad
  • Tutela

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