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Legislación consolidada

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo.

[Disposición derogada]

Publicado en: BOE núm. 154, de 26/06/2008.
Entrada en vigor: 27/06/2008
Departamento: Ministerio de Vivienda
Referencia: BOE-A-2008-10792
Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2008/06/20/2/con

TEXTO CONSOLIDADO: Última actualización publicada el 17/01/2018

Norma derogada por la disposicin derogatoria nica.a) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. Ref. BOE-A-2015-11723.


[Bloque 2: #preambulo]

I

La Disposicin final segunda de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, deleg en el Gobierno la potestad de dictar un Real Decreto Legislativo que refundiera el texto de sta y los preceptos que an quedaban vigentes del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprob el Texto Refundido de la Ley sobre Rgimen del Suelo y Ordenacin Urbana. El plazo para la realizacin de dicho texto era de un ao, a contar desde la entrada en vigor de aqulla.

Dicha tarea refundidora, que se afronta por medio de este texto legal, se plantea bsicamente dos objetivos: de un lado aclarar, regularizar y armonizar la terminologa y el contenido dispositivo de ambos textos legales, y de otro, estructurar y ordenar en una nica disposicin general una serie de preceptos dispersos y de diferente naturaleza, procedentes del fragmentado Texto Refundido de 1992, dentro de los nuevos contenidos de la Ley de Suelo de 2007, adaptados a las competencias urbansticas, de ordenacin del territorio y de vivienda de las Comunidades Autnomas. De este modo, el objetivo final se centra en evitar la dispersin de tales normas y el fraccionamiento de las disposiciones que recogen la legislacin estatal en la materia, excepcin hecha de la parte vigente del Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Rgimen del Suelo y Ordenacin Urbana, que tiene una aplicacin supletoria salvo en los territorios de las Ciudades de Ceuta y Melilla y, en consecuencia, ha quedado fuera de la delegacin legislativa por cuya virtud se dicta este Real Decreto Legislativo.

II

Como recuerda la Exposicin de Motivos de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, la historia del Derecho urbanstico espaol contemporneo se forj en la segunda mitad del siglo XIX, en un contexto socio-econmico de industrializacin y urbanizacin, en torno a dos grandes tipos de operaciones urbansticas: el ensanche y la reforma interior, la creacin de nueva ciudad y el saneamiento y la reforma de la existente. Dicha historia cristaliz a mediados del siglo XX con la primera ley completa en la materia, de la que sigue siendo tributaria nuestra tradicin posterior. En efecto, las grandes instituciones urbansticas actuales conservan una fuerte inercia respecto de las concebidas entonces: la clasificacin del suelo como tcnica por excelencia de la que se valen tanto la ordenacin como la ejecucin urbansticas, donde la clase de urbanizable es la verdadera protagonista y la del suelo rstico o no urbanizable no merece apenas atencin por jugar un papel exclusivamente negativo o residual; la instrumentacin de la ordenacin mediante un sistema rgido de desagregacin sucesiva de planes; la ejecucin de dichos planes prcticamente identificada con la urbanizacin sistemtica, que puede ser acometida mediante formas de gestin pblica o privada, a travs de un conjunto de sistemas de actuacin.

Desde entonces, sin embargo, se ha producido una evolucin capital sobre la que debe fundamentarse esta Ley, en varios sentidos.

En primer lugar, la Constitucin de 1978 establece un nuevo marco de referencia para la materia, tanto en lo dogmtico como en lo organizativo. La Constitucin se ocupa de la regulacin de los usos del suelo en su artculo 47, a propsito de la efectividad del derecho a la vivienda y dentro del bloque normativo ambiental formado por sus artculos 45 a 47, de donde cabe inferir que las diversas competencias concurrentes en la materia deben contribuir de manera leal a la poltica de utilizacin racional de los recursos naturales y culturales, en particular el territorio, el suelo y el patrimonio urbano y arquitectnico, que son el soporte, objeto y escenario necesario de aqullas al servicio de la calidad de vida. Pero adems, del nuevo orden competencial instaurado por el bloque de la constitucionalidad, segn ha sido interpretado por la doctrina del Tribunal Constitucional, resulta que a las Comunidades Autnomas les corresponde disear y desarrollar sus propias polticas en materia urbanstica. Al Estado le corresponde a su vez ejercer ciertas competencias que inciden sobre la materia, pero debiendo evitar condicionarla en lo posible.

Aunque el legislador estatal se ha adaptado a este orden, no puede decirse todava que lo haya asumido o interiorizado plenamente. En los ltimos aos, el Estado ha legislado de una manera un tanto accidentada, en parte forzado por las circunstancias, pues lo ha hecho a caballo de sucesivos fallos constitucionales. As, desde que en 1992 se promulgara el ltimo Texto Refundido Estatal de la Ley sobre Rgimen de Suelo y Ordenacin Urbana, cuyo contenido an vigente, se incorpora a ste texto, se han sucedido seis reformas o innovaciones de diverso calado, adems de las dos operaciones de legislacin negativa en sendas Sentencias Constitucionales, las nmero 61/1997 y 164/2001. No puede decirse que tan atropellada evolucin -ocho innovaciones en doce aos-constituya el marco idneo en el que las Comunidades Autnomas han de ejercer sus propias competencias legislativas sobre ordenacin del territorio, urbanismo y vivienda.

Esta situacin no puede superarse aadiendo nuevos retoques y correcciones, sino mediante una renovacin ms profunda plenamente inspirada en los valores y principios constitucionales antes aludidos, sobre los que siente unas bases comunes en las que la autonoma pueda coexistir con la igualdad. Para ello, se prescinde por primera vez de regular tcnicas especficamente urbansticas, tales como los tipos de planes o las clases de suelo, y se evita el uso de los tecnicismos propios de ellas para no prefigurar, siquiera sea indirectamente, un concreto modelo urbanstico y para facilitar a los ciudadanos la comprensin de este marco comn. No es sta una Ley urbanstica, sino una Ley referida al rgimen del suelo y la igualdad en el ejercicio de los derechos constitucionales a l asociados en lo que atae a los intereses cuya gestin est constitucionalmente encomendada al Estado. Una Ley, por tanto, concebida a partir del deslinde competencial establecido en estas materias por el bloque de la constitucionalidad y que podr y deber aplicarse respetando las competencias exclusivas atribuidas a las Comunidades Autnomas en materia de ordenacin del territorio, urbanismo y vivienda y, en particular, sobre patrimonios pblicos de suelo.

Con independencia de las ventajas que pueda tener la tcnica de la clasificacin y categorizacin del suelo por el planeamiento, lo cierto es que es una tcnica urbanstica, por lo que no le corresponde a este legislador juzgar su oportunidad. Adems, no es necesaria para fijar los criterios legales de valoracin del suelo. Ms an, desde esta concreta perspectiva, que compete plenamente al legislador estatal, la clasificacin ha contribuido histricamente a la inflacin de los valores del suelo, incorporando expectativas de revalorizacin mucho antes de que se realizaran las operaciones necesarias para materializar las determinaciones urbansticas de los poderes pblicos y, por ende, ha fomentado tambin las prcticas especulativas, contra las que debemos luchar por imperativo constitucional.

En segundo lugar, esta Ley abandona el sesgo con el que, hasta ahora, el legislador estatal vena abordando el estatuto de los derechos subjetivos afectados por el urbanismo. Este reduccionismo es otra de las peculiaridades histricas del urbanismo espaol que, por razones que no es preciso aqu desarrollar, reserv a la propiedad del suelo el derecho exclusivo de iniciativa privada en la actividad de urbanizacin. Una tradicin que ha pesado sin duda, desde que el bloque de constitucionalidad reserva al Estado el importante ttulo competencial para regular las condiciones bsicas de la igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales, pues ha provocado la simplista identificacin de tales derechos y deberes con los de la propiedad. Pero los derechos constitucionales afectados son tambin otros, como el de participacin ciudadana en los asuntos pblicos, el de libre empresa, el derecho a un medio ambiente adecuado y, sobre todo, el derecho a una vivienda digna y asimismo adecuada, al que la propia Constitucin vincula directamente con la regulacin de los usos del suelo en su artculo 47. Luego, ms all de regular las condiciones bsicas de la igualdad de la propiedad de los terrenos, hay que tener presente que la ciudad es el medio en el que se desenvuelve la vida cvica, y por ende que deben reconocerse asimismo los derechos mnimos de libertad, de participacin y de prestacin de los ciudadanos en relacin con el urbanismo y con su medio tanto rural como urbano. En suma, la Ley se propone garantizar en estas materias las condiciones bsicas de igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales de los ciudadanos.

En tercer y ltimo lugar, la del urbanismo espaol contemporneo es una historia desarrollista, volcada sobre todo en la creacin de nueva ciudad. Sin duda, el crecimiento urbano sigue siendo necesario, pero hoy parece asimismo claro que el urbanismo debe responder a los requerimientos de un desarrollo sostenible, minimizando el impacto de aquel crecimiento y apostando por la regeneracin de la ciudad existente. La Unin Europea insiste claramente en ello, por ejemplo en la Estrategia Territorial Europea o en la ms reciente Comunicacin de la Comisin sobre una Estrategia Temtica para el Medio Ambiente Urbano, para lo que propone un modelo de ciudad compacta y advierte de los graves inconvenientes de la urbanizacin dispersa o desordenada: impacto ambiental, segregacin social e ineficiencia econmica por los elevados costes energticos, de construccin y mantenimiento de infraestructuras y de prestacin de los servicios pblicos. El suelo, adems de un recurso econmico, es tambin un recurso natural, escaso y no renovable. Desde esta perspectiva, todo el suelo rural tiene un valor ambiental digno de ser ponderado y la liberalizacin del suelo no puede fundarse en una clasificacin indiscriminada, sino, supuesta una clasificacin responsable del suelo urbanizable necesario para atender las necesidades econmicas y sociales, en la apertura a la libre competencia de la iniciativa privada para su urbanizacin y en el arbitrio de medidas efectivas contra las prcticas especulativas, obstructivas y retenedoras de suelo, de manera que el suelo con destino urbano se ponga en uso gil y efectivamente. Y el suelo urbano -la ciudad ya hecha-tiene asimismo un valor ambiental, como creacin cultural colectiva que es objeto de una permanente recreacin, por lo que sus caractersticas deben ser expresin de su naturaleza y su ordenacin debe favorecer su rehabilitacin y fomentar su uso.

III

El Ttulo preliminar de la Ley se dedica a aspectos generales, tales como la definicin de su objeto y la enunciacin de algunos principios que la vertebran, de acuerdo con la filosofa expuesta en el apartado anterior.

IV

Por razones tanto conceptuales como competenciales, la primera materia especfica de que se ocupa la Ley es la del estatuto de derechos y deberes de los sujetos afectados, a los que dedica su Ttulo I, y que inspiran directa o indirectamente todo el resto del articulado. Con este objeto, se definen tres estatutos subjetivos bsicos que cabe percibir como tres crculos concntricos:

Primero, el de la ciudadana en general en relacin con el suelo y la vivienda, que incluye derechos y deberes de orden socio-econmico y medioambiental de toda persona con independencia de cules sean su actividad o su patrimonio, es decir, en el entendimiento de la ciudadana como un estatuto de la persona que asegure su disfrute en libertad del medio en el que vive, su participacin en la organizacin de dicho medio y su acceso igualitario a las dotaciones, servicios y espacios colectivos que demandan la calidad y cohesin del mismo.

Segundo, el rgimen de la iniciativa privada para la actividad urbanstica, que -en los trminos en que la configure la legislacin urbanstica en el marco de esta Ley- es una actividad econmica de inters general que afecta tanto al derecho de la propiedad como a la libertad de empresa. En este sentido, si bien la edificacin tiene lugar sobre una finca y accede a su propiedad -de acuerdo con nuestra concepcin histrica de este instituto-, por lo que puede asimismo ser considerada como una facultad del correspondiente derecho, la urbanizacin es un servicio pblico, cuya gestin puede reservarse la Administracin o encomendar a privados, y que suele afectar a una pluralidad de fincas, por lo que excede tanto lgica como fsicamente de los lmites propios de la propiedad. Luego, all donde se confe su ejecucin a la iniciativa privada, ha de poder ser abierta a la competencia de terceros, lo que est llamado adems a redundar en la agilidad y eficiencia de la actuacin.

Tercero, el estatuto de la propiedad del suelo, definido -como es tradicional entre nosotros-como una combinacin de facultades y deberes, entre los que ya no se cuenta el de urbanizar por las razones expuestas en el prrafo anterior, aunque s el de participar en la actuacin urbanizadora de iniciativa privada en un rgimen de distribucin equitativa de beneficios y cargas, con las debidas garantas de que su participacin se basa en el consentimiento informado, sin que se le puedan imponer ms cargas que las legales, y sin perjuicio de que el legislador urbanstico opte por seguir reservando a la propiedad la iniciativa de la urbanizacin en determinados casos de acuerdo con esta Ley, que persigue el progreso pero no la ruptura.

V

Correlativos de los derechos de las personas son los deberes bsicos de las Administraciones con que la Ley abre su Ttulo II.

Los procedimientos de aprobacin de instrumentos de ordenacin y de ejecucin urbansticas tienen una trascendencia capital, que desborda con mucho el plano estrictamente sectorial, por su incidencia en el crecimiento econmico, en la proteccin del medio ambiente y en la calidad de vida. Por ello, la Ley asegura unos estndares mnimos de transparencia, de participacin ciudadana real y no meramente formal, y de evaluacin y seguimiento de los efectos que tienen los planes sobre la economa y el medio ambiente. La efectividad de estos estndares exige que las actuaciones urbanizadoras de mayor envergadura e impacto, que producen una mutacin radical del modelo territorial, se sometan a un nuevo ejercicio pleno de potestad de ordenacin. Adems, la Ley hace un tratamiento innovador de este proceso de evaluacin y seguimiento, con el objeto de integrar en l la consideracin de los recursos e infraestructuras ms importantes. Esta integracin favorecer, a un tiempo, la utilidad de los procesos de que se trata y la celeridad de los procedimientos en los que se insertan.

Mencin aparte merece la reserva de suelo residencial para la vivienda protegida porque, como ya se ha recordado, es la propia Constitucin la que vincula la ordenacin de los usos del suelo con la efectividad del derecho a la vivienda. A la vista de la senda extraordinariamente prolongada e intensa de expansin de nuestros mercados inmobiliarios, y en particular del residencial, parece hoy razonable encajar en el concepto material de las bases de la ordenacin de la economa la garanta de una oferta mnima de suelo para vivienda asequible, por su incidencia directa sobre dichos mercados y su relevancia para las polticas de suelo y vivienda, sin que ello obste para que pueda ser adaptada por la legislacin de las Comunidades Autnomas a su modelo urbanstico y sus diversas necesidades.

En lo que se refiere al rgimen urbanstico del suelo, la Ley opta por diferenciar situacin y actividad, estado y proceso. En cuanto a lo primero, define los dos estados bsicos en que puede encontrarse el suelo segn sea su situacin actual -rural o urbana-, estados que agotan el objeto de la ordenacin del uso asimismo actual del suelo y son por ello los determinantes para el contenido del derecho de propiedad, otorgando as carcter estatutario al rgimen de ste. En cuanto a lo segundo, sienta el rgimen de las actuaciones urbansticas de transformacin del suelo, que son las que generan las plusvalas en las que debe participar la comunidad por exigencia de la Constitucin. La Ley establece, conforme a la doctrina constitucional, la horquilla en la que puede moverse la fijacin de dicha participacin. Lo hace posibilitando una mayor y ms flexible adecuacin a la realidad y, en particular, al rendimiento neto de la actuacin de que se trate o del mbito de referencia en que se inserte, aspecto ste que hasta ahora no era tenido en cuenta.

VI

El Ttulo III aborda los criterios de valoracin del suelo y las construcciones y edificaciones, a efectos reparcelatorios, expropiatorios y de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Pblicas. Desde la Ley de 1956, la legislacin del suelo ha establecido ininterrumpidamente un rgimen de valoraciones especial que desplaza la aplicacin de los criterios generales de la Ley de Expropiacin Forzosa de 1954. Lo ha hecho recurriendo a criterios que han tenido sin excepcin un denominador comn: el de valorar el suelo a partir de cul fuera su clasificacin y categorizacin urbansticas, esto es, partiendo de cul fuera su destino y no su situacin real. Unas veces se ha pretendido con ello aproximar las valoraciones al mercado, presumiendo que en el mercado del suelo no se producen fallos ni tensiones especulativas, contra las que los poderes pblicos deben luchar por imperativo constitucional. Se llegaba as a la paradoja de pretender que el valor real no consista en tasar la realidad, sino tambin las meras expectativas generadas por la accin de los poderes pblicos. Y aun en las ocasiones en que con los criterios mencionados se pretenda contener los justiprecios, se contribuy ms bien a todo lo contrario y, lo que es ms importante, a enterrar el viejo principio de justicia y de sentido comn contenido en el artculo 36 de la vieja pero todava vigente Ley de Expropiacin Forzosa: que las tasaciones expropiatorias no han de tener en cuenta las plusvalas que sean consecuencia directa del plano o proyecto de obras que dan lugar a la expropiacin ni las previsibles para el futuro.

Para facilitar su aplicacin y garantizar la necesaria seguridad del trfico, la recomposicin de este panorama debe buscar la sencillez y la claridad, adems por supuesto de la justicia. Y es la propia Constitucin la que extrae expresamente -en esta concreta materia y no en otras-del valor de la justicia un mandato dirigido a los poderes pblicos para impedir la especulacin. Ello es perfectamente posible desvinculando clasificacin y valoracin. Debe valorarse lo que hay, no lo que el plan dice que puede llegar a haber en un futuro incierto. En consecuencia, y con independencia de las clases y categoras urbansticas de suelo, se parte en la Ley de las dos situaciones bsicas ya mencionadas: hay un suelo rural, esto es, aqul que no est funcionalmente integrado en la trama urbana, y otro urbanizado, entendiendo por tal el que ha sido efectiva y adecuadamente transformado por la urbanizacin. Ambos se valoran conforme a su naturaleza, siendo as que slo en el segundo dicha naturaleza integra su destino urbanstico, porque dicho destino ya se ha hecho realidad. Desde esta perspectiva, los criterios de valoracin establecidos persiguen determinar con la necesaria objetividad y seguridad jurdica el valor de sustitucin del inmueble en el mercado por otro similar en su misma situacin.

En el suelo rural, se abandona el mtodo de comparacin porque muy pocas veces concurren los requisitos necesarios para asegurar su objetividad y la eliminacin de elementos especulativos, para lo que se adopta el mtodo asimismo habitual de la capitalizacin de rentas pero sin olvidar que, sin considerar las expectativas urbansticas, la localizacin influye en el valor de este suelo, siendo la renta de posicin un factor relevante en la formacin tradicional del precio de la tierra. En el suelo urbanizado, los criterios de valoracin que se establecen dan lugar a tasaciones siempre actualizadas de los inmuebles, lo que no aseguraba el rgimen anterior. En todo caso y con independencia del valor del suelo, cuando ste est sometido a una transformacin urbanizadora o edificatoria, se indemnizan los gastos e inversiones acometidos junto con una prima razonable que retribuya el riesgo asumido y se evitan saltos valorativos difcilmente entendibles en el curso del proceso de ordenacin y ejecucin urbansticas. En los casos en los que una decisin administrativa impide participar en la ejecucin de una actuacin de urbanizacin, o altera las condiciones de sta, sin que medie incumplimiento por parte de los propietarios, se valora la privacin de dicha facultad en s misma, lo que contribuye a un tratamiento ms ponderado de la situacin en la que se encuentran aqullos. En definitiva, un rgimen que, sin valorar expectativas generadas exclusivamente por la actividad administrativa de ordenacin de los usos del suelo, retribuye e incentiva la actividad urbanizadora o edificatoria emprendida en cumplimiento de aqulla y de la funcin social de la propiedad.

VII

El Ttulo IV se ocupa de las instituciones de garanta de la integridad patrimonial de la propiedad: la expropiacin forzosa y la responsabilidad patrimonial. En materia de expropiacin forzosa, se recogen sustancialmente las mismas reglas que ya contena la Ley sobre Rgimen del Suelo y Valoraciones, tradas aqu por razones de tcnica legislativa, para evitar la dispersin de las normas y el fraccionamiento de las disposiciones que las recogen. En materia de reversin y de responsabilidad patrimonial, los supuestos de una y otra se adaptan a la concepcin de esta Ley sobre los patrimonios pblicos de suelo y las actuaciones urbanizadoras, respectivamente, mantenindose en lo dems tambin los criterios de la Ley anterior. Se introduce, adems, un derecho a la retasacin cuando una modificacin de la ordenacin aumente el valor de los terrenos expropiados para ejecutar una actuacin urbanizadora, de forma que se salvaguarde la integridad de la garanta indemnizatoria sin empear la eficacia de la gestin pblica urbanizadora.

VIII

El Ttulo V contiene diversas medidas de garanta del cumplimiento de la funcin social de la propiedad inmobiliaria. Son muchas y autorizadas las voces que, desde la sociedad, el sector, las Administraciones y la comunidad acadmica denuncian la existencia de prcticas de retencin y gestin especulativas de suelos que obstruyen el cumplimiento de su funcin y, en particular, el acceso de los ciudadanos a la vivienda. Los avances en la capacidad de obrar de los diversos agentes por los que apuesta esta Ley (apertura de la iniciativa privada, mayor proporcionalidad en la participacin de la Administracin en las plusvalas) deben ir acompaados de la garanta de que esa capacidad se ejercer efectivamente para cumplir con la funcin social de la propiedad y con el destino urbanstico del suelo que aqulla tiene por objeto, ya sea pblico o privado su titular.

Toda capacidad conlleva una responsabilidad, que esta Ley se ocupa de articular al servicio del inters general a lo largo de todo su cuerpo: desde la responsabilidad patrimonial por el incumplimiento de los plazos mximos en los procedimientos de ordenacin urbanstica, a la posibilidad de sustituir forzosamente al propietario incumplidor de los plazos de ejecucin, el mayor rigor en la determinacin de los destinos de los patrimonios pblicos de suelo o las medidas arbitradas para asegurar que se cumple ese destino aun cuando se enajenen los bienes integrantes de los patrimonios pblicos de suelo.

El contenido del Ttulo se cierra con una regulacin del rgimen del derecho de superficie dirigida a superar la deficiente situacin normativa actual de este derecho y favorecer su operatividad para facilitar el acceso de los ciudadanos a la vivienda y, con carcter general, diversificar y dinamizar las ofertas en el mercado inmobiliario.

IX

Por ltimo, el Ttulo VI contiene una serie de preceptos que, localizados hasta ahora de manera fragmentada en el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprob el Texto Refundido de la Ley sobre Rgimen del Suelo y Ordenacin Urbana, ha parecido razonable agrupar bajo la denominacin de Rgimen Jurdico. En l se contienen las actuaciones con el Ministerio Fiscal a consecuencia de infracciones urbansticas o contra la ordenacin del territorio, las peticiones, actos y acuerdos procedentes en dichos mbitos, las posibles acciones y recursos pertinentes y las normas atinentes al Registro de la Propiedad que ya han sido objeto de desarrollo reglamentario mediante el Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprobaron las normas complementarias al Reglamento para la ejecucin de la Ley Hipotecaria sobre inscripcin en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanstica.

La introduccin de este Ttulo, y la de aquellos otros preceptos que haban perdido coherencia sistemtica en el contenido subsistente del Real Decreto Legislativo 1/1992, que ahora la recuperan mediante su insercin donde corresponde en la estructura de la Ley 8/2007, junto a la labor de aclaracin, regularizacin y armonizacin realizadas, permiten derogar ambas disposiciones generales y recuperar finalmente en un solo cuerpo legal la unidad de la legislacin estatal en la materia, al amparo de lo dispuesto en la Disposicin final segunda de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Vivienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberacin del Consejo de Ministros en su reunin del da 20 de junio de 2008,

D I S P O N G O :


[Bloque 3: #aunico]

Artculo nico. Aprobacin del Texto Refundido de la Ley de Suelo.

Se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo.


[Bloque 4: #daunica]

Disposicin adicional nica. Remisiones normativas.

Las referencias normativas efectuadas en otras disposiciones al Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprob el Texto Refundido de la Ley sobre Rgimen del Suelo y Ordenacin Urbana y a la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, se entendern efectuadas a los preceptos correspondientes del Texto Refundido que se aprueba.


[Bloque 5: #ddunica]

Disposicin derogatoria nica. Derogacin normativa.

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan al presente Real Decreto Legislativo y al Texto Refundido que aprueba y, en particular, las siguientes:

a) La Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.

b) El Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Rgimen del Suelo y Ordenacin Urbana.


[Bloque 6: #dfunica]

Disposicin final nica. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto Legislativo y el Texto Refundido que aprueba entrarn en vigor el da siguiente al de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.


[Bloque 7: #firma]

Dado en Madrid, el 20 de junio de 2008.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Vivienda,

BEATRIZ CORREDOR SIERRA


[Bloque 8: #texto]

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO


[Bloque 9: #tpreliminar]

TTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales


[Bloque 10: #a1]

Artculo 1. Objeto de esta Ley.

Esta Ley regula las condiciones bsicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales relacionados con el suelo en todo el territorio estatal. Asimismo, establece las bases econmicas y medioambientales de su rgimen jurdico, su valoracin y la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Pblicas en la materia.


[Bloque 11: #a2]

Artculo 2. Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible.

1. Las polticas pblicas relativas a la regulacin, ordenacin, ocupacin, transformacin y uso del suelo tienen como fin comn la utilizacin de este recurso conforme al inters general y segn el principio de desarrollo sostenible, sin perjuicio de los fines especficos que les atribuyan las Leyes.

2. En virtud del principio de desarrollo sostenible, las polticas a que se refiere el apartado anterior deben propiciar el uso racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economa, el empleo, la cohesin social, la igualdad de trato y de oportunidades, la salud y la seguridad de las personas y la proteccin del medio ambiente, contribuyendo en particular a:

a) La eficacia de las medidas de conservacin y mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la proteccin del patrimonio cultural y del paisaje.

b) La proteccin, adecuada a su carcter, del medio rural y la preservacin de los valores del suelo innecesario o inidneo para atender las necesidades de transformacin urbanstica.

c) La prevencin adecuada de riesgos y peligros para la seguridad y la salud pblicas y la eliminacin efectiva de las perturbaciones de ambas.

d) La prevencin y minimizacin, en la mayor medida posible, de la contaminacin del aire, el agua, el suelo y el subsuelo.

3. Adems de lo dispuesto en el apartado anterior, los poderes pblicos propiciarn la consecucin de un medio urbano que est suficientemente dotado, en el que se ocupe el suelo de manera eficiente, y en el que se combinen los usos de forma funcional, garantizando, en particular:

a) La movilidad en coste y tiempo razonable, sobre la base de un adecuado equilibrio entre todos los sistemas de transporte, que, no obstante, otorgue preferencia al transporte pblico y colectivo y potencie los desplazamientos peatonales y en bicicleta.

b) La accesibilidad universal, de acuerdo con los requerimientos legales mnimos, de los edificios de uso privado y pblico, de los espacios de uso pblico y de los transportes pblicos.

c) El uso eficiente de los recursos y de la energa, preferentemente de generacin propia, as como la introduccin de energas renovables.

d) La prevencin y, en todo caso, la minimizacin en la mayor medida posible, por aplicacin de todos los sistemas y procedimientos legalmente previstos, de los impactos negativos de los residuos urbanos y de la contaminacin acstica.

La persecucin de estos fines se adaptar a las peculiaridades que resulten del modelo territorial adoptado en cada caso por los poderes pblicos competentes en materia de ordenacin territorial y urbanstica.

4. Los poderes pblicos promovern las condiciones para que los derechos y deberes de los ciudadanos establecidos en los artculos siguientes sean reales y efectivos, adoptando las medidas de ordenacin territorial y urbanstica que procedan para asegurar un resultado equilibrado, favoreciendo o conteniendo, segn proceda, los procesos de ocupacin y transformacin del suelo.

El suelo vinculado a un uso residencial por la ordenacin territorial y urbanstica est al servicio de la efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, en los trminos que disponga la legislacin en la materia.

Se modifica por la disposicin final 12.1 de la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ref. BOE-A-2013-6938.




[Bloque 12: #a3]

Artculo 3. Ordenacin del territorio y ordenacin urbanstica.

1. La ordenacin territorial y la urbanstica son funciones pblicas no susceptibles de transaccin que organizan y definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el inters general, determinando las facultades y deberes del derecho de propiedad del suelo conforme al destino de ste. Esta determinacin no confiere derecho a exigir indemnizacin, salvo en los casos expresamente establecidos en las leyes.

El ejercicio de la potestad de ordenacin territorial y urbanstica deber ser motivado, con expresin de los intereses generales a que sirve.

2. La legislacin sobre la ordenacin territorial y urbanstica garantizar:

a) La direccin y el control por las Administraciones Pblicas competentes del proceso urbanstico en sus fases de ocupacin, urbanizacin, construccin o edificacin y utilizacin del suelo por cualesquiera sujetos, pblicos y privados.

b) La participacin de la comunidad en las plusvalas generadas por la accin de los entes pblicos en los trminos previstos por esta Ley y las dems que sean de aplicacin.

c) El derecho a la informacin de los ciudadanos y de las entidades representativas de los intereses afectados por los procesos urbansticos, as como la participacin ciudadana en la ordenacin y gestin urbansticas.

3. La gestin pblica urbanstica y de las polticas de suelo fomentar la participacin privada.


[Bloque 13: #ti]

TTULO I

Condiciones bsicas de la igualdad en los derechos y deberes constitucionales de los ciudadanos


[Bloque 14: #a4]

Artculo 4. Derechos del ciudadano.

Todos los ciudadanos tienen derecho a:

a) Disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible, concebida con arreglo al principio de diseo para todas las personas, que constituya su domicilio libre de ruido u otras inmisiones contaminantes de cualquier tipo que superen los lmites mximos admitidos por la legislacin aplicable y en un medio ambiente y un paisaje adecuados.

b) Acceder, en condiciones no discriminatorias y de accesibilidad universal, a la utilizacin de las dotaciones pblicas y los equipamientos colectivos abiertos al uso pblico, de acuerdo con la legislacin reguladora de la actividad de que se trate.

c) Acceder a la informacin de que dispongan las Administraciones Pblicas sobre la ordenacin del territorio, la ordenacin urbanstica y su evaluacin ambiental, as como obtener copia o certificacin de las disposiciones o actos administrativos adoptados, en los trminos dispuestos por su legislacin reguladora.

d) Ser informados por la Administracin competente, de forma completa, por escrito y en plazo razonable, del rgimen y las condiciones urbansticas aplicables a una finca determinada, en los trminos dispuestos por su legislacin reguladora.

e) Participar efectivamente en los procedimientos de elaboracin y aprobacin de cualesquiera instrumentos de ordenacin del territorio o de ordenacin y ejecucin urbansticas y de su evaluacin ambiental mediante la formulacin de alegaciones, observaciones, propuestas, reclamaciones y quejas y a obtener de la Administracin una respuesta motivada, conforme a la legislacin reguladora del rgimen jurdico de dicha Administracin y del procedimiento de que se trate.

f) Ejercer la accin pblica para hacer respetar las determinaciones de la ordenacin territorial y urbanstica, as como las decisiones resultantes de los procedimientos de evaluacin ambiental de los instrumentos que las contienen y de los proyectos para su ejecucin, en los trminos dispuestos por su legislacin reguladora.


[Bloque 15: #a5]

Artculo 5. Deberes del ciudadano.

Todos los ciudadanos tienen el deber de:

a) Respetar y contribuir a preservar el medio ambiente y el paisaje natural abstenindose de realizar actuaciones que contaminen el aire, el agua, el suelo y el subsuelo o no permitidas por la legislacin en la materia.

b) Cumplir los requisitos y condiciones a que la legislacin sujete las actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, as como emplear en ellas en cada momento las mejores tcnicas disponibles conforme a la normativa aplicable, encaminadas a eliminar o reducir los efectos negativos sealados.

c) Respetar y hacer un uso racional y adecuado, acorde en todo caso con sus caractersticas, funcin y capacidad de servicio, de los bienes de dominio pblico y de las infraestructuras y los servicios urbanos.

d) Respetar y contribuir a preservar el paisaje urbano y el patrimonio arquitectnico y cultural abstenindose en todo caso de realizar cualquier acto o desarrollar cualquier actividad no permitidos.

Se modifica por la disposicin final 12.2 de la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ref. BOE-A-2013-6938.




[Bloque 16: #a6]

Artculo 6. Iniciativa pblica y privada en las actuaciones de transformacin urbanstica y en las edificatorias.

1. Los particulares, sean o no propietarios, debern contribuir, en los trminos establecidos en las leyes, a la accin urbanstica de los entes pblicos, a los que corresponder, en todo caso, la direccin del proceso, tanto en los supuestos de iniciativa pblica como privada.

2. En los supuestos de ejecucin de las actuaciones de transformacin urbanstica y edificatorias mediante procedimientos de iniciativa pblica podrn participar, tanto los propietarios de los terrenos, como los particulares que no ostenten dicha propiedad, en las condiciones dispuestas por la legislacin aplicable. Dicha legislacin garantizar que el ejercicio de la libre empresa se sujete a los principios de transparencia, publicidad y concurrencia.

3. Los convenios o negocios jurdicos que el promotor de la actuacin celebre con la Administracin correspondiente, no podrn establecer obligaciones o prestaciones adicionales ni ms gravosas que las que procedan legalmente, en perjuicio de los propietarios afectados. La clusula que contravenga estas reglas ser nula de pleno Derecho.

4. La iniciativa privada podr ejercerse, en las condiciones dispuestas por la Ley aplicable, por los propietarios.

5. Tanto los propietarios, en los casos de reconocimiento de la iniciativa privada para la transformacin urbanstica o la actuacin edificatoria del mbito de que se trate, como los particulares, sean o no propietarios, en los casos de iniciativa pblica en los que se haya adjudicado formalmente la participacin privada, podrn redactar y presentar a tramitacin los instrumentos de ordenacin y gestin precisos, segn la legislacin aplicable. A tal efecto, previa autorizacin de la Administracin urbanstica competente, tendrn derecho a que se les faciliten, por parte de los Organismos Pblicos, cuantos elementos informativos precisen para llevar a cabo su redaccin, y a efectuar en fincas particulares las ocupaciones necesarias para la redaccin del instrumento con arreglo a la Ley de Expropiacin Forzosa..

Se modifica por la disposicin final 12.3 de la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ref. BOE-A-2013-6938.




[Bloque 17: #a7]

Artculo 7. Rgimen urbanstico del derecho de propiedad del suelo.

1. El rgimen urbanstico de la propiedad del suelo es estatutario y resulta de su vinculacin a concretos destinos, en los trminos dispuestos por la legislacin sobre ordenacin territorial y urbanstica.

2. La previsin de edificabilidad por la ordenacin territorial y urbanstica, por s misma, no la integra en el contenido del derecho de propiedad del suelo. La patrimonializacin de la edificabilidad se produce nicamente con su realizacin efectiva y est condicionada en todo caso al cumplimiento de los deberes y el levantamiento de las cargas propias del rgimen que corresponda, en los trminos dispuestos por la legislacin sobre ordenacin territorial y urbanstica.


[Bloque 18: #a8]

Artculo 8. Contenido del derecho de propiedad del suelo: facultades.

1. El derecho de propiedad del suelo comprende las facultades de uso, disfrute y explotacin del mismo conforme al estado, clasificacin, caractersticas objetivas y destino que tenga en cada momento, de acuerdo con la legislacin en materia de ordenacin territorial y urbanstica aplicable por razn de las caractersticas y situacin del bien.

Comprende asimismo la facultad de disposicin, siempre que su ejercicio no infrinja el rgimen de formacin de fincas y parcelas y de relacin entre ellas establecido en el artculo 17.

2. En el suelo en situacin rural a que se refiere el artculo 12.2,a), las facultades del derecho de propiedad incluyen las de usar, disfrutar y disponer de los terrenos de conformidad con su naturaleza, debiendo dedicarse, dentro de los lmites que dispongan las leyes y la ordenacin territorial y urbanstica, al uso agrcola, ganadero, forestal, cinegtico o cualquier otro vinculado a la utilizacin racional de los recursos naturales.

La utilizacin de los terrenos con valores ambientales, culturales, histricos, arqueolgicos, cientficos y paisajsticos que sean objeto de proteccin por la legislacin aplicable, quedar siempre sometida a la preservacin de dichos valores, y comprender nicamente los actos de alteracin del estado natural de los terrenos que aquella legislacin expresamente autorice.

Con carcter excepcional y por el procedimiento y con las condiciones previstas en la legislacin de ordenacin territorial y urbanstica, podrn legitimarse actos y usos especficos que sean de inters pblico o social, que contribuyan a la ordenacin y el desarrollo rurales, o que hayan de emplazarse en el medio rural.

3. En el suelo en situacin rural para el que los instrumentos de ordenacin territorial y urbanstica prevean o permitan su paso a la situacin de suelo urbanizado las facultades del derecho de propiedad incluyen las siguientes:

a) El derecho de consulta a las Administraciones competentes, sobre los criterios y previsiones de la ordenacin urbanstica, de los planes y proyectos sectoriales, y de las obras que habrn de realizar para asegurar la conexin de la urbanizacin con las redes generales de servicios y, en su caso, las de ampliacin y reforzamiento de las existentes fuera de la actuacin.

La legislacin sobre ordenacin territorial y urbanstica fijar el plazo mximo de contestacin de la consulta, que no podr exceder de tres meses, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor, as como los efectos que se sigan de ella. En todo caso, la alteracin de los criterios y las previsiones facilitados en la contestacin, dentro del plazo en el que sta surta efectos, podr dar derecho a la indemnizacin de los gastos en que se haya incurrido por la elaboracin de proyectos necesarios que resulten intiles, en los trminos del rgimen general de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Pblicas.

b) El derecho de elaborar y presentar el instrumento de ordenacin que corresponda, cuando la Administracin no se haya reservado la iniciativa pblica de la ordenacin y ejecucin.

c) El derecho a participar en la ejecucin de las actuaciones de urbanizacin a que se refiere la letra a) del apartado 1 del artculo 14, en un rgimen de equitativa distribucin de beneficios y cargas entre todos los propietarios afectados en proporcin a su aportacin.

Para ejercer esta facultad, o para ratificarse en ella, si la hubiera ejercido antes, el propietario dispondr del plazo que fije la legislacin sobre ordenacin territorial y urbanstica, que no podr ser inferior a un mes ni contarse desde un momento anterior a aqul en que pueda conocer el alcance de las cargas de la actuacin y los criterios de su distribucin entre los afectados.

d) La realizacin de usos y obras de carcter provisional que se autoricen por no estar expresamente prohibidos por la legislacin territorial y urbanstica, o la sectorial y sean compatibles con la ordenacin urbanstica. Estos usos y obras debern cesar y, en todo caso, ser demolidas las obras, sin derecho a indemnizacin alguna, cuando as lo acuerde la Administracin urbanstica.

La eficacia de las autorizaciones correspondientes, bajo las indicadas condiciones expresamente aceptadas por sus destinatarios, quedar supeditada a su constancia en el Registro de la Propiedad de conformidad con la legislacin hipotecaria.

El arrendamiento y el derecho de superficie de los terrenos a que se refiere este apartado, o de las construcciones provisionales que se levanten en ellos, estarn excluidos del rgimen especial de arrendamientos rsticos y urbanos, y, en todo caso, finalizarn automticamente con la orden de la Administracin urbanstica acordando la demolicin o desalojo para ejecutar los proyectos de urbanizacin. En estos supuestos no existir derecho de realojamiento, ni de retorno.

e) El derecho de usar, disfrutar y disponer de los terrenos de conformidad con lo previsto en el apartado 2, siempre que el ejercicio de estas facultades sea compatible con la previsin ya contenida en el instrumento de ordenacin territorial y urbanstica en relacin con su paso a la situacin de suelo urbanizado.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, slo podr alterarse la delimitacin de los espacios naturales protegidos o de los espacios incluidos en la Red Natura 2000, reduciendo su superficie total o excluyendo terrenos de los mismos, cuando as lo justifiquen los cambios provocados en ellos por su evolucin natural, cientficamente demostrada. La alteracin deber someterse a informacin pblica, que en el caso de la Red Natura 2000 se har de forma previa a la remisin de la propuesta de descatalogacin a la Comisin Europea y la aceptacin por sta de tal descatalogacin.

5. En el suelo en situacin de urbanizado, las facultades del derecho de propiedad incluyen, adems de las establecidas en las letras a), b) y d) del apartado 3, en su caso, las siguientes:

a) Completar la urbanizacin de los terrenos para que cumplan los requisitos y condiciones establecidos para su edificacin. Este derecho podr ejercitarse individualmente o, cuando los terrenos estn sujetos a una actuacin de carcter conjunto, con los propietarios del mbito, en la forma que disponga la legislacin aplicable.

b) Edificar sobre unidad apta para ello en los plazos establecidos para ello en la normativa aplicable y realizar las actuaciones necesarias para mantener la edificacin, en todo momento, en un buen estado de conservacin.

c) Participar en la ejecucin de actuaciones de transformacin urbanstica en un rgimen de justa distribucin de beneficios y cargas, cuando proceda, o de distribucin, entre todos los afectados, de los costes derivados de la ejecucin y de los beneficios imputables a la misma, incluyendo entre ellos las ayudas pblicas y todos los que permitan generar algn tipo de ingreso vinculado a la operacin.

6. Las facultades referidas en los apartados anteriores alcanzan al vuelo y al subsuelo hasta donde determinen los instrumentos de ordenacin urbanstica, de conformidad con las leyes aplicables y con las limitaciones y servidumbres que requiera la proteccin del dominio pblico.

Se modifica por la disposicin final 12.4 de la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ref. BOE-A-2013-6938.




[Bloque 19: #a9]

Artculo 9. Contenido del derecho de propiedad del suelo: deberes y cargas.

1. El derecho de propiedad de los terrenos, las instalaciones, construcciones y edificaciones, comprende con carcter general, cualquiera que sea la situacin en que se encuentren, los deberes de dedicarlos a usos que sean compatibles con la ordenacin territorial y urbanstica y conservarlos en las condiciones legales para servir de soporte a dicho uso, y en todo caso, en las de seguridad, salubridad, accesibilidad universal y ornato legalmente exigibles, as como realizar obras adicionales por motivos tursticos o culturales, o para la mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano, hasta donde alcance el deber legal de conservacin. Este deber, que constituir el lmite de las obras que deban ejecutarse a costa de los propietarios cuando la Administracin las ordene por motivos tursticos o culturales, o para la mejora de la calidad o sostenibilidad del medio urbano, se establece en la mitad del valor actual de construccin de un inmueble de nueva planta, equivalente al original en relacin con las caractersticas constructivas y la superficie til, realizado con las condiciones necesarias para que su ocupacin sea autorizable o, en su caso, quede en condiciones de ser legalmente destinado al uso que le sea propio. Cuando se supere dicho lmite, corrern a cargo de los fondos de aquella Administracin, las obras que lo rebasen para obtener mejoras de inters general.

En el suelo que sea rural a los efectos de esta Ley, o est vacante de edificacin, el deber de conservarlo supone costear y ejecutar las obras necesarias para mantener los terrenos y su masa vegetal en condiciones de evitar riesgos de erosin, incendio, inundacin, as como daos o perjuicios a terceros o al inters general, incluidos los medioambientales; garantizar la seguridad o salud pblicas; prevenir la contaminacin del suelo, el agua o el aire y las inmisiones contaminantes indebidas en otros bienes y, en su caso, recuperarlos de ellas en los trminos dispuestos por su legislacin especfica; y asegurar el establecimiento y funcionamiento de los servicios derivados de los usos y las actividades que se desarrollen en el suelo. El cumplimiento de este deber no eximir de las normas adicionales de proteccin que establezca la legislacin aplicable.

En particular, cuando se trate de edificaciones, el deber legal de conservacin comprender, adems, la realizacin de los trabajos y las obras necesarias para satisfacer, con carcter general, los requisitos bsicos de la edificacin establecidos en el artculo 3.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacin de la Edificacin, y para adaptarlas y actualizar sus instalaciones a las normas legales que les sean explcitamente exigibles en cada momento. Las obras adicionales para la mejora de la calidad y sostenibilidad a que hace referencia el prrafo primero de este apartado podrn consistir en la adecuacin parcial o completa a todas, o a algunas de las exigencias bsicas establecidas en el Cdigo Tcnico de la Edificacin, debiendo fijar la Administracin, de manera motivada, el nivel de calidad que deba ser alcanzado para cada una de ellas.

2. La Administracin competente podr imponer en cualquier momento la realizacin de obras para el cumplimiento del deber legal de conservacin, de conformidad con lo dispuesto en la legislacin estatal y autonmica aplicables. El acto firme de aprobacin de la orden administrativa de ejecucin que corresponda, determinar la afeccin real directa e inmediata, por determinacin legal, del inmueble, al cumplimiento de la obligacin del deber de conservacin. Dicha afeccin real se har constar, mediante nota marginal, en el Registro de la Propiedad, con referencia expresa a su carcter de garanta real y con el mismo rgimen de preferencia y prioridad establecido para la afeccin real, al pago de cargas de urbanizacin en las actuaciones de transformacin urbanstica.

Conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable, en los casos de inejecucin injustificada de las obras ordenadas, dentro del plazo conferido al efecto, se proceder a su realizacin subsidiaria por la Administracin Pblica competente o a la aplicacin de cualesquiera otras frmulas de reaccin administrativa a eleccin de sta. En tales supuestos, el lmite mximo del deber de conservacin podr elevarse, si as lo dispone la legislacin autonmica, hasta el 75% del coste de reposicin de la construccin o el edificio correspondiente. Cuando el propietario incumpla lo acordado por la Administracin, una vez dictada resolucin declaratoria del incumplimiento y acordada la aplicacin del rgimen correspondiente, la Administracin actuante remitir al Registro de la Propiedad certificacin del acto o actos correspondientes para su constancia por nota al margen de la ltima inscripcin de dominio.

3. Cuando el suelo en situacin rural no est sometido al rgimen de una actuacin de urbanizacin, el propietario tendr, adems de lo previsto en el apartado primero, el deber de satisfacer las prestaciones patrimoniales que establezca, en su caso, la legislacin sobre ordenacin territorial y urbanstica, para legitimar los usos privados del suelo no vinculados a su explotacin primaria, as como el de costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de conexin de las instalaciones y construcciones autorizables, con las redes generales de servicios y entregarlas a la Administracin competente para su incorporacin al dominio pblico, cuando deban formar parte del mismo.

En este suelo quedan prohibidas las parcelaciones urbansticas, sin que, puedan efectuarse divisiones, segregaciones o fraccionamientos de cualquier tipo en contra de lo dispuesto en la legislacin agraria, forestal o de similar naturaleza.

4. Cuando el suelo en situacin rural est sometido al rgimen de una actuacin de transformacin urbanstica, el propietario deber asumir, como carga real, la participacin en los deberes legales de la promocin de la actuacin, en un rgimen de equitativa distribucin de beneficios y cargas, as como permitir ocupar los bienes necesarios para la realizacin de las obras, en su caso, al responsable de ejecutar la actuacin, en los trminos de la legislacin sobre ordenacin territorial y urbanstica.

5. En el suelo en situacin de urbanizado, el deber de uso supone el de completar la urbanizacin de los terrenos con los requisitos y condiciones establecidos para su edificacin. Cuando la Administracin imponga la realizacin de actuaciones de rehabilitacin edificatoria y de regeneracin y renovacin urbanas, el propietario tendr el deber de participar en su ejecucin en el rgimen de distribucin de beneficios y cargas que corresponda, en los trminos establecidos en el artculo 8.5. c).

6. En todo suelo en situacin de urbanizado en que as se prevea por la ordenacin urbanstica y en las condiciones por ella establecidas, el propietario tendr el deber de edificar en los plazos establecidos en la normativa aplicable.

7. Todo acto de edificacin requerir del acto de conformidad, aprobacin o autorizacin administrativa que sea preceptivo, segn la legislacin de ordenacin territorial y urbanstica, debiendo ser motivada su denegacin. En ningn caso podrn entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o derechos que contravengan la ordenacin territorial o urbanstica.

8. Con independencia de lo establecido en el apartado anterior, sern expresos, con silencio administrativo negativo, los actos que autoricen:

a) Movimientos de tierras, explanaciones, parcelaciones, segregaciones u otros actos de divisin de fincas en cualquier clase de suelo, cuando no formen parte de un proyecto de reparcelacin.

b) Las obras de edificacin, construccin e implantacin de instalaciones de nueva planta.

c) La ubicacin de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean provisionales o permanentes.

d) La tala de masas arbreas o de vegetacin arbustiva en terrenos incorporados a procesos de transformacin urbanstica y, en todo caso, cuando dicha tala se derive de la legislacin de proteccin del domino pblico.

9. Cuando la legislacin de ordenacin territorial y urbanstica aplicable sujete la primera ocupacin o utilizacin de las edificaciones a un rgimen de comunicacin previa o de declaracin responsable, y de dichos procedimientos no resulte que la edificacin cumple los requisitos necesarios para el destino al uso previsto, la Administracin a la que se realice la comunicacin deber adoptar las medidas necesarias para el cese de la ocupacin o utilizacin comunicada. Si no adopta dichas medidas en el plazo de seis meses, ser responsable de los perjuicios que puedan ocasionarse a terceros de buena fe por la omisin de tales medidas. La Administracin podr repercutir en el sujeto obligado a la presentacin de la comunicacin previa o declaracin responsable el importe de tales perjuicios.

Tanto la prctica de la comunicacin previa a la Administracin competente, como las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanstica que aquella pudiera adoptar en relacin con el acto comunicado, debern hacerse constar en el Registro de la Propiedad, en los trminos establecidos por la legislacin hipotecaria y por esta Ley.

Se declara la inconstitucionalidad y nulidad de los incisos destacados de las letras a) y d) y la constitucionalidad del inciso destacado de la letra b) y de la letra c) del apartado 8, interpretado conforme al f.j. 23, por Sentencia del TC 143/2017, de 14 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-605

En el mismo sentido, en cuanto a la constitucionalidad del inciso destacado de la letra b) y de la letra c) del apartado 8, Sentencia 75/2018, de 5 de julio. Ref. BOE-A-2018-11273

Se modifica por la disposicin final 12.5 de la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ref. BOE-A-2013-6938.





[Bloque 20: #tii]

TTULO II

Bases del rgimen del suelo


[Bloque 21: #a10]

Artculo 10. Criterios bsicos de utilizacin del suelo.

1. Para hacer efectivos los principios y los derechos y deberes enunciados en el Ttulo I, las Administraciones Pblicas, y en particular las competentes en materia de ordenacin territorial y urbanstica, debern:

a) Atribuir en la ordenacin territorial y urbanstica un destino que comporte o posibilite el paso de la situacin de suelo rural a la de suelo urbanizado, mediante la urbanizacin, al suelo preciso para satisfacer las necesidades que lo justifiquen, impedir la especulacin con l y preservar de la urbanizacin al resto del suelo rural.

b) Destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y para uso residencial, con reserva en todo caso de una parte proporcionada a vivienda sujeta a un rgimen de proteccin pblica que, al menos, permita establecer su precio mximo en venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda, como el derecho de superficie o la concesin administrativa.

Esta reserva ser determinada por la legislacin sobre ordenacin territorial y urbanstica o, de conformidad con ella, por los instrumentos de ordenacin, garantizar una distribucin de su localizacin respetuosa con el principio de cohesin social y comprender, como mnimo, los terrenos necesarios para realizar el 30 por ciento de la edificabilidad residencial prevista por la ordenacin urbanstica en el suelo rural que vaya a ser incluido en actuaciones de nueva urbanizacin y el 10 por ciento en el suelo urbanizado que deba someterse a actuaciones de reforma o renovacin de la urbanizacin.

No obstante, dicha legislacin podr tambin fijar o permitir excepcionalmente una reserva inferior o eximirlas para determinados Municipios o actuaciones, siempre que, cuando se trate de actuaciones de nueva urbanizacin, se garantice en el instrumento de ordenacin el cumplimiento ntegro de la reserva dentro de su mbito territorial de aplicacin y una distribucin de su localizacin respetuosa con el principio de cohesin social.

c) Atender, en la ordenacin que hagan de los usos del suelo, a los principios de accesibilidad universal, de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, de movilidad, de eficiencia energtica, de garanta de suministro de agua, de prevencin de riesgos naturales y de accidentes graves, de prevencin y proteccin contra la contaminacin y limitacin de sus consecuencias para la salud o el medio ambiente.

2. Las instalaciones, construcciones y edificaciones habrn de adaptarse, en lo bsico, al ambiente en que estuvieran situadas, y a tal efecto, en los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o martimo, o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de caractersticas histrico-artsticas, tpicos o tradicionales, y en las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se permitir que la situacin, masa, altura de los edificios, muros y cierres, o la instalacin de otros elementos, limite el campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompa la armona del paisaje o desfigure la perspectiva propia del mismo.

3. Sern nulos de pleno derecho los actos administrativos de intervencin que se dicten con infraccin de la ordenacin de las zonas verdes o espacios libres previstos en los instrumentos de ordenacin urbanstica. Mientras las obras estn en curso de ejecucin, se proceder a la suspensin de los efectos del acto administrativo legitimador y a la adopcin de las dems medidas que procedan. Si las obras estuvieren terminadas, se proceder a su revisin de oficio por los trmites previstos en la legislacin de procedimiento administrativo comn.

Se modifica la letra b) del apartado 1 por la disposicin final 12.6 de la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ref. BOE-A-2013-6938.




[Bloque 22: #a11]

Artculo 11. Publicidad y eficacia en la gestin pblica urbanstica.

1. Todos los instrumentos de ordenacin territorial y de ordenacin y ejecucin urbansticas, incluidos los de distribucin de beneficios y cargas, as como los convenios que con dicho objeto vayan a ser suscritos por la Administracin competente, deben ser sometidos al trmite de informacin pblica en los trminos y por el plazo que establezca la legislacin en la materia, que nunca podr ser inferior al mnimo exigido en la legislacin sobre procedimiento administrativo comn, y deben publicarse en la forma y con el contenido que determinen las leyes.

2. Los acuerdos de aprobacin definitiva de todos los instrumentos de ordenacin territorial y urbanstica se publicarn en el Boletn Oficial correspondiente. Respecto a las normas y ordenanzas contenidas en tales instrumentos, se estar a lo dispuesto en la legislacin aplicable.

3. En los procedimientos de aprobacin o de alteracin de instrumentos de ordenacin urbanstica, la documentacin expuesta al pblico deber incluir un resumen ejecutivo expresivo de los siguientes extremos:

a) Delimitacin de los mbitos en los que la ordenacin proyectada altera la vigente, con un plano de su situacin, y alcance de dicha alteracin.

b) En su caso, los mbitos en los que se suspendan la ordenacin o los procedimientos de ejecucin o de intervencin urbanstica y la duracin de dicha suspensin.

4. Las Administraciones Pblicas competentes impulsarn la publicidad telemtica del contenido de los instrumentos de ordenacin territorial y urbanstica en vigor, as como del anuncio de su sometimiento a informacin pblica.

5. Cuando la legislacin urbanstica abra a los particulares la iniciativa de los procedimientos de aprobacin de instrumentos de ordenacin o de ejecucin urbanstica, el incumplimiento del deber de resolver dentro del plazo mximo establecido dar lugar a indemnizacin a los interesados por el importe de los gastos en que hayan incurrido para la presentacin de sus solicitudes, salvo en los casos en que deban entenderse aprobados o resueltos favorablemente por silencio administrativo de conformidad con la legislacin aplicable.

6. Los instrumentos de ordenacin urbanstica cuyo procedimiento de aprobacin se inicie de oficio por la Administracin competente para su instruccin, pero cuya aprobacin definitiva competa a un rgano de otra Administracin, se entendern definitivamente aprobados en el plazo que seale la legislacin urbanstica.

7. En todo caso, en la tramitacin de los instrumentos de ordenacin territorial y urbanstica deber asegurarse el trmite de audiencia a las Administraciones Pblicas cuyas competencias pudiesen resultar afectadas.


[Bloque 23: #a12]

Artculo 12. Situaciones bsicas del suelo.

1. Todo el suelo se encuentra, a los efectos de esta Ley, en una de las situaciones bsicas de suelo rural o de suelo urbanizado.

2. Est en la situacin de suelo rural:

a) En todo caso, el suelo preservado por la ordenacin territorial y urbanstica de su transformacin mediante la urbanizacin, que deber incluir, como mnimo, los terrenos excluidos de dicha transformacin por la legislacin de proteccin o polica del dominio pblico, de la naturaleza o del patrimonio cultural, los que deban quedar sujetos a tal proteccin conforme a la ordenacin territorial y urbanstica por los valores en ellos concurrentes, incluso los ecolgicos, agrcolas, ganaderos, forestales y paisajsticos, as como aqullos con riesgos naturales o tecnolgicos, incluidos los de inundacin o de otros accidentes graves, y cuantos otros prevea la legislacin de ordenacin territorial o urbanstica.

b) El suelo para el que los instrumentos de ordenacin territorial y urbanstica prevean o permitan su paso a la situacin de suelo urbanizado, hasta que termine la correspondiente actuacin de urbanizacin, y cualquier otro que no rena los requisitos a que se refiere el apartado siguiente.

3. Se encuentra en la situacin de suelo urbanizado el que, estando legalmente integrado en una malla urbana conformada por una red de viales, dotaciones y parcelas propia del ncleo o asentamiento de poblacin del que forme parte, cumpla alguna de las siguientes condiciones:

a) Haber sido urbanizado en ejecucin del correspondiente instrumento de ordenacin.

b) Tener instaladas y operativas, conforme a lo establecido en la legislacin urbanstica aplicable, las infraestructuras y los servicios necesarios, mediante su conexin en red, para satisfacer la demanda de los usos y edificaciones existentes o previstos por la ordenacin urbanstica o poder llegar a contar con ellos sin otras obras que las de conexin con las instalaciones preexistentes. El hecho de que el suelo sea colindante con carreteras de circunvalacin o con vas de comunicacin interurbanas no comportar, por s mismo, su consideracin como suelo urbanizado.

c) Estar ocupado por la edificacin, en el porcentaje de los espacios aptos para ella que determine la legislacin de ordenacin territorial o urbanstica, segn la ordenacin propuesta por el instrumento de planificacin correspondiente.

4. Tambin se encuentra en la situacin de suelo urbanizado, el incluido en los ncleos rurales tradicionales legalmente asentados en el medio rural, siempre que la legislacin de ordenacin territorial y urbanstica les atribuya la condicin de suelo urbano o asimilada y cuando, de conformidad con ella, cuenten con las dotaciones, infraestructuras y servicios requeridos al efecto.

Se modifica el apartado 3 y se aade el apartado 4 por la disposicin final 12.7 de la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ref. BOE-A-2013-6938.




[Bloque 24: #a13]

Artculo 13. Utilizacin del suelo rural.

(Derogado).

Se deroga por la disposicin derogatoria nica.3. de la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ref. BOE-A-2013-6938.




[Bloque 25: #a14]

Artculo 14. Actuaciones de transformacin urbanstica y actuaciones edificatorias.

1. A efectos de esta Ley, se entiende por actuaciones de transformacin urbanstica:

a) Las actuaciones de urbanizacin, que incluyen:

1) Las de nueva urbanizacin, que suponen el paso de un mbito de suelo de la situacin de suelo rural a la de urbanizado para crear, junto con las correspondientes infraestructuras y dotaciones pblicas, una o ms parcelas aptas para la edificacin o uso independiente y conectadas funcionalmente con la red de los servicios exigidos por la ordenacin territorial y urbanstica.

2) Las que tengan por objeto reformar o renovar la urbanizacin de un mbito de suelo urbanizado, en los mismos trminos establecidos en el prrafo anterior.

b) Las actuaciones de dotacin, considerando como tales las que tengan por objeto incrementar las dotaciones pblicas de un mbito de suelo urbanizado para reajustar su proporcin con la mayor edificabilidad o densidad o con los nuevos usos asignados en la ordenacin urbanstica a una o ms parcelas del mbito y no requieran la reforma o renovacin de la urbanizacin de ste.

2. Siempre que no concurran las condiciones establecidas en el apartado anterior, y a los solos efectos de lo dispuesto por esta Ley, se entiende por actuaciones edificatorias, incluso cuando requieran obras complementarias de urbanizacin:

a) Las de nueva edificacin y de sustitucin de la edificacin existente.

b) Las de rehabilitacin edificatoria, entendiendo por tales la realizacin de las obras y trabajos de mantenimiento o intervencin en los edificios existentes, sus instalaciones y espacios comunes, en los trminos dispuestos por la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacin de la Edificacin.

3. A las actuaciones sobre ncleos tradicionales legalmente asentados en el medio rural les ser de aplicacin lo dispuesto en los apartados anteriores, de conformidad con la naturaleza que les atribuya su propia legislacin, en atencin a sus peculiaridades especficas.

4. A los solos efectos de lo dispuesto en esta Ley, las actuaciones de urbanizacin se entienden iniciadas en el momento en que, una vez aprobados y eficaces todos los instrumentos de ordenacin y ejecucin que requiera la legislacin sobre ordenacin territorial y urbanstica para legitimar las obras de urbanizacin, empiece la ejecucin material de stas. La iniciacin se presumir cuando exista acta administrativa o notarial que d fe del comienzo de las obras. La caducidad de cualquiera de los instrumentos mencionados restituye, a los efectos de esta Ley, el suelo a la situacin en que se hallaba al inicio de la actuacin.

La terminacin de las actuaciones de urbanizacin se producir cuando concluyan las obras urbanizadoras de conformidad con los instrumentos que las legitiman, habindose cumplido los deberes y levantado las cargas correspondientes. La terminacin se presumir a la recepcin de las obras por la Administracin o, en su defecto, al trmino del plazo en que debiera haberse producido la recepcin desde su solicitud acompaada de certificacin expedida por la direccin tcnica de las obras.

Se modifica por la disposicin final 12.8 de la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ref. BOE-A-2013-6938.




[Bloque 26: #a15]

Artculo 15. Evaluacin y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano.

1. Los instrumentos de ordenacin territorial y urbanstica estn sometidos a evaluacin ambiental de conformidad con lo previsto en la legislacin de evaluacin de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y en este artculo, sin perjuicio de la evaluacin de impacto ambiental de los proyectos que se requieran para su ejecucin, en su caso.

2. El informe de sostenibilidad ambiental de los instrumentos de ordenacin de actuaciones de urbanizacin deber incluir un mapa de riesgos naturales del mbito objeto de ordenacin.

3. En la fase de consultas sobre los instrumentos de ordenacin de actuaciones de urbanizacin, debern recabarse al menos los siguientes informes, cuando sean preceptivos y no hubieran sido ya emitidos e incorporados al expediente ni deban emitirse en una fase posterior del procedimiento de conformidad con su legislacin reguladora:

a) El de la Administracin hidrolgica sobre la existencia de recursos hdricos necesarios para satisfacer las nuevas demandas y sobre la proteccin del dominio pblico hidrulico.

b) El de la Administracin de costas sobre el deslinde y la proteccin del dominio pblico martimo-terrestre, en su caso.

c) Los de las Administraciones competentes en materia de carreteras y dems infraestructuras afectadas, acerca de dicha afeccin y del impacto de la actuacin sobre la capacidad de servicio de tales infraestructuras.

Los informes a que se refiere este apartado sern determinantes para el contenido de la memoria ambiental, que solo podr disentir de ellos de forma expresamente motivada.

4. La documentacin de los instrumentos de ordenacin de las actuaciones de nueva urbanizacin, de reforma o renovacin de la urbanizacin y de las actuaciones de dotacin deber incluir un informe o memoria de sostenibilidad econmica, en el que se ponderar, en particular, el impacto de la actuacin en las Haciendas Pblicas afectadas por la implantacin y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestacin de los servicios resultantes, as como la suficiencia y adecuacin del suelo destinado a usos productivos.

5. Las Administraciones competentes en materia de ordenacin y ejecucin urbansticas debern elevar al rgano que corresponda de entre sus rganos colegiados de gobierno, con la periodicidad mnima que fije la legislacin en la materia, un informe de seguimiento de la actividad de ejecucin urbanstica de su competencia, que deber considerar al menos la sostenibilidad ambiental y econmica a que se refiere este artculo.

Los Municipios estarn obligados al informe a que se refiere el prrafo anterior cuando lo disponga la legislacin en la materia y, al menos, cuando deban tener una Junta de Gobierno Local.

El informe a que se refieren los prrafos anteriores podr surtir los efectos propios del seguimiento a que se refiere la legislacin de evaluacin de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, cuando cumpla todos los requisitos en ella exigidos.

6. La legislacin sobre ordenacin territorial y urbanstica establecer en qu casos el impacto de una actuacin de urbanizacin obliga a ejercer de forma plena la potestad de ordenacin del municipio o del mbito territorial superior en que se integre, por trascender del concreto mbito de la actuacin los efectos significativos que genera la misma en el medio ambiente.

Se modifica el apartado 4 por la disposicin final 12.9 de la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ref. BOE-A-2013-6938.




[Bloque 27: #a16]

Artculo 16. Deberes vinculados a la promocin de las actuaciones de transformacin urbanstica y a las actuaciones edificatorias.

1. Las actuaciones de urbanizacin a que se refiere el artculo 14.1 a) comportan los siguientes deberes legales:

a) Entregar a la Administracin competente el suelo reservado para viales, espacios libres, zonas verdes y restantes dotaciones pblicas incluidas en la propia actuacin o adscritas a ella para su obtencin.

En estos suelos se incluir, cuando deban formar parte de actuaciones de urbanizacin cuyo uso predominante sea el residencial, los que el instrumento de ordenacin adscriba a la dotacin pblica de viviendas sometidas a algn rgimen de proteccin, con destino exclusivo al alquiler, tanto en los supuestos en que as se determine por la legislacin aplicable, como cuando de la memoria del correspondiente instrumento se derive la necesidad de contar con este tipo de viviendas de naturaleza rotatoria, y cuya finalidad sea atender necesidades temporales de colectivos con especiales dificultades de acceso a la vivienda.

b) Entregar a la Administracin competente, y con destino a patrimonio pblico de suelo, el suelo libre de cargas de urbanizacin correspondiente al porcentaje de la edificabilidad media ponderada de la actuacin, o del mbito superior de referencia en que sta se incluya, que fije la legislacin reguladora de la ordenacin territorial y urbanstica.

Con carcter general, el porcentaje a que se refiere el prrafo anterior no podr ser inferior al 5 por ciento ni superior al 15 por ciento.

La legislacin sobre ordenacin territorial y urbanstica podr permitir excepcionalmente reducir o incrementar este porcentaje de forma proporcionada y motivada, hasta alcanzar un mximo del 20 por ciento en el caso de su incremento, para las actuaciones o los mbitos en los que el valor de las parcelas resultantes sea sensiblemente inferior o superior, respectivamente, al medio en los restantes de su misma categora de suelo.

La legislacin sobre ordenacin territorial y urbanstica podr determinar los casos y condiciones en que quepa sustituir la entrega del suelo por otras formas de cumplimiento del deber, excepto cuando pueda cumplirse con suelo destinado a vivienda sometida a algn rgimen de proteccin pblica en virtud de la reserva a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artculo 10.

c) Costear y, en su caso, ejecutar todas las obras de urbanizacin previstas en la actuacin correspondiente, as como las infraestructuras de conexin con las redes generales de servicios y las de ampliacin y reforzamiento de las existentes fuera de la actuacin que sta demande por su dimensin y caractersticas especficas, sin perjuicio del derecho a reintegrarse de los gastos de instalacin de las redes de servicios con cargo a sus empresas prestadoras, en los trminos que se estipulen en los convenios que al efecto se suscriban y que debern ser aprobados por la Administracin actuante. En defecto de acuerdo, dicha Administracin decidir lo procedente.

Entre las obras e infraestructuras a que se refiere el prrafo anterior, se entendern incluidas las de potabilizacin, suministro y depuracin de agua que se requieran conforme a su legislacin reguladora, y la legislacin sobre ordenacin territorial y urbanstica podr incluir asimismo las infraestructuras de transporte pblico que se requieran para una movilidad sostenible.

d) Entregar a la Administracin competente, junto con el suelo correspondiente, las obras e infraestructuras a que se refiere la letra anterior, que deban formar parte del dominio pblico como soporte inmueble de las instalaciones propias de cualesquiera redes de dotaciones y servicios, as como tambin dichas instalaciones cuando estn destinadas a la prestacin de servicios de titularidad pblica.

e) Garantizar el realojamiento de los ocupantes legales que se precise desalojar de inmuebles situados dentro del rea de la actuacin y que constituyan su residencia habitual, as como el retorno cuando tengan derecho a l, en los trminos establecidos en la legislacin vigente.

f) Indemnizar a los titulares de derechos sobre las construcciones y edificaciones que deban ser demolidas y las obras, instalaciones, plantaciones y sembrados que no puedan conservarse.

2. Cuando se trate de las actuaciones de dotacin a que se refiere el artculo 14.1 b), los deberes anteriores se exigirn con las siguientes salvedades:

a) El deber de entregar a la Administracin competente el suelo libre de cargas de urbanizacin correspondiente al porcentaje de la edificabilidad media ponderada de la actuacin o del mbito superior de referencia en que sta se incluya, que fije la legislacin reguladora de la ordenacin territorial y urbanstica, se determinar atendiendo slo al incremento de la edificabilidad media ponderada que, en su caso, resulte de la modificacin del instrumento de ordenacin. Dicho deber podr cumplirse mediante la sustitucin de la entrega de suelo por su valor en metlico, con la finalidad de costear la parte de financiacin pblica que pudiera estar prevista en la propia actuacin, o a integrarse en el patrimonio pblico de suelo, con destino preferente a actuaciones de rehabilitacin o de regeneracin y renovacin urbanas.

b) El deber de entregar a la Administracin competente el suelo para dotaciones pblicas relacionado con el reajuste de su proporcin, podr sustituirse, en caso de imposibilidad fsica de materializarlo en el mbito correspondiente, por la entrega de superficie edificada o edificabilidad no lucrativa, en un complejo inmobiliario, situado dentro del mismo, tal y como prev el artculo 17.4, o por otras formas de cumplimiento del deber en los casos y condiciones en que as lo prevea la legislacin sobre ordenacin territorial y urbanstica.

3. En relacin con las actuaciones edificatorias sern exigibles, de conformidad con su naturaleza y alcance, los deberes referidos en las letras e) y f) del apartado 1 de este artculo, as como el de completar la urbanizacin de los terrenos con los requisitos y condiciones establecidos para su edificacin.

4. Con independencia de lo establecido en los apartados anteriores, con carcter excepcional y siempre que se justifique adecuadamente que no cabe ninguna otra solucin tcnica o econmicamente viable, los instrumentos de ordenacin urbanstica podrn eximir del cumplimiento de los deberes de nuevas entregas de suelo que les correspondiesen, a actuaciones sobre zonas con un alto grado de degradacin e inexistencia material de suelos disponibles en su entorno inmediato. La misma regla podr aplicarse a los aumentos de la densidad o edificabilidad que fueren precisos para sustituir la infravivienda por vivienda que rena los requisitos legalmente exigibles, con destino al realojamiento y el retorno que exija la correspondiente actuacin.

5. Las actuaciones sobre ncleos tradicionales legalmente asentados en el medio rural, comportarn los deberes legales establecidos en los nmeros anteriores, de acuerdo con las caractersticas que a stos atribuya su propia legislacin.

6. Los terrenos incluidos en el mbito de las actuaciones y los adscritos a ellas estn afectados, con carcter de garanta real, al cumplimiento de los deberes de los apartados anteriores. Estos deberes se presumen cumplidos con la recepcin por la Administracin competente de las obras de urbanizacin o de rehabilitacin y regeneracin o renovacin urbanas correspondientes, o en su defecto, al trmino del plazo en que debiera haberse producido la recepcin desde su solicitud acompaada de certificacin expedida por la direccin tcnica de las obras, sin perjuicio de las obligaciones que puedan derivarse de la liquidacin de las cuentas definitivas de la actuacin.

Se modifica por la disposicin final 12.10 de la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ref. BOE-A-2013-6938.




[Bloque 28: #a17]

Artculo 17. Formacin de fincas y parcelas y relacin entre ellas.

1. Constituye:

a) Finca: la unidad de suelo o de edificacin atribuida exclusiva y excluyentemente a un propietario o varios en proindiviso, que puede situarse en la rasante, en el vuelo o en el subsuelo. Cuando, conforme a la legislacin hipotecaria, pueda abrir folio en el Registro de la Propiedad, tiene la consideracin de finca registral.

b) Parcela: la unidad de suelo, tanto en la rasante como en el vuelo o el subsuelo, que tenga atribuida edificabilidad y uso o slo uso urbanstico independiente.

2. La divisin o segregacin de una finca para dar lugar a dos o ms diferentes slo es posible si cada una de las resultantes rene las caractersticas exigidas por la legislacin aplicable y la ordenacin territorial y urbanstica. Esta regla es tambin aplicable a la enajenacin, sin divisin ni segregacin, de participaciones indivisas a las que se atribuya el derecho de utilizacin exclusiva de porcin o porciones concretas de la finca, as como a la constitucin de asociaciones o sociedades en las que la cualidad de socio incorpore dicho derecho de utilizacin exclusiva.

En la autorizacin de escrituras de segregacin o divisin de fincas, los notarios exigirn, para su testimonio, la acreditacin documental de la conformidad, aprobacin o autorizacin administrativa a que est sujeta, en su caso, la divisin o segregacin conforme a la legislacin que le sea aplicable. El cumplimiento de este requisito ser exigido por los registradores para practicar la correspondiente inscripcin.

Los notarios y registradores de la propiedad harn constar en la descripcin de las fincas, en su caso, su cualidad de indivisibles.

3. La constitucin de finca o fincas en rgimen de propiedad horizontal o de complejo inmobiliario autoriza para considerar su superficie total como una sola parcela, siempre que dentro del permetro de sta no quede superficie alguna que, conforme a la ordenacin territorial y urbanstica aplicable, deba tener la condicin de dominio pblico, ser de uso pblico o servir de soporte a las obras de urbanizacin o pueda computarse a los efectos del cumplimiento del deber legal a que se refiere la letra a) del apartado 1 del artculo anterior. El complejo inmobiliario podr constituirse sobre una sola finca o sobre varias, sin necesidad de previa agrupacin, siempre que sean colindantes entre s o nicamente se hallen separadas por suelos que, de acuerdo con la ordenacin territorial y urbanstica, deban tener la condicin de dominio pblico, ser de uso pblico, servir de soporte a las obras de urbanizacin, o ser computables a los efectos del cumplimiento del deber de entregar a la Administracin el suelo reservado para viales, espacios libres, zonas verdes y restantes dotaciones pblicas incluidas en la propia actuacin o adscritas a ella para su obtencin.

4. Cuando los instrumentos de ordenacin urbanstica destinen superficies superpuestas, en la rasante y el subsuelo o el vuelo, a la edificacin o uso privado y al dominio pblico se constituir un complejo inmobiliario en el que aqullas y sta tendrn el carcter de fincas especiales de atribucin privativa, previa la desafectacin y con las limitaciones y servidumbres que procedan para la proteccin del dominio pblico. Tales fincas podrn estar constituidas, tanto por edificaciones ya realizadas, como por suelos no edificados, siempre que su configuracin fsica se ajuste al sistema parcelario previsto en el instrumento de ordenacin.

5. El acto administrativo que legitime la edificacin de una parcela indivisible, por agotamiento de la edificabilidad permitida en ella o por ser la superficie restante inferior a la parcela mnima, se comunicar al Registro de la Propiedad para su constancia en la inscripcin de la finca.

6. La constitucin y modificacin del complejo inmobiliario deber ser autorizada por la Administracin competente donde se ubique la finca o fincas sobre las que se constituya tal rgimen, siendo requisito indispensable para su inscripcin, que al ttulo correspondiente se acompae la autorizacin administrativa concedida o el testimonio notarial de la misma. No ser necesaria dicha autorizacin en los supuestos siguientes:

a) Cuando el nmero y caractersticas de los elementos privativos resultantes del complejo inmobiliario sean los que resulten de la licencia de obras que autorice la construccin de las edificaciones que integren aquel.

b) Cuando la modificacin del complejo no provoque un incremento del nmero de sus elementos privativos.

A los efectos previstos en este nmero se considera complejo inmobiliario todo rgimen de organizacin unitaria de la propiedad inmobiliaria en el que se distingan elementos privativos, sujetos a una titularidad exclusiva, y elementos comunes, cuya titularidad corresponda, con carcter instrumental y por cuotas porcentuales, a quienes en cada momento sean titulares de los elementos privativos.

Se modifican los apartados 3, 4 y 6 por la disposicin final 12.11 de la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ref. BOE-A-2013-6938.

Se aade el apartado 6 por el art. 25.1 del Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio. Ref. BOE-A-2011-11641.





[Bloque 29: #a18]

Artculo 18. Operaciones de distribucin de beneficios y cargas.

1. El acuerdo aprobatorio de los instrumentos de distribucin de beneficios y cargas produce el efecto de la subrogacin de las fincas de origen por las de resultado y el reparto de su titularidad entre los propietarios, el promotor de la actuacin, cuando sea retribuido mediante la adjudicacin de parcelas incluidas en ella, y la Administracin, a quien corresponde el pleno dominio libre de cargas de los terrenos a que se refieren las letras a) y b) del apartado 1 del artculo 16. En este supuesto, si procede la distribucin de beneficios y cargas entre los propietarios afectados por la actuacin, se entender que el titular del suelo de que se trata aporta tanto la superficie de su rasante como la del subsuelo o vuelo que de l se segrega.

2. En los supuestos de subrogacin real, si existiesen derechos reales o cargas que se estimen incompatibles con la ordenacin urbanstica, el acuerdo aprobatorio de la distribucin de beneficios y cargas declarar su extincin y fijar la indemnizacin correspondiente a cargo del propietario respectivo.

3. Existiendo subrogacin real y compatibilidad con la ordenacin urbanstica, si la situacin y caractersticas de la nueva finca fuesen incompatibles con la subsistencia de los derechos reales o cargas que habran debido recaer sobre ellas, las personas a que estos derechos o cargas favorecieran podrn obtener su transformacin en un derecho de crdito con garanta hipotecaria sobre la nueva finca, en la cuanta en que la carga fuera valorada. El registrador de la propiedad que aprecie tal incompatibilidad lo har constar as en el asiento respectivo. En defecto de acuerdo entre las partes interesadas, cualquiera de ellas podr acudir al Juzgado competente del orden civil para obtener una resolucin declarativa de la compatibilidad o incompatibilidad y, en este ltimo caso, para fijar la valoracin de la carga y la constitucin de la mencionada garanta hipotecaria.

4. Cuando no tenga lugar la subrogacin real, el acuerdo aprobatorio de la distribucin de beneficios y cargas producir la extincin de los derechos reales y cargas constituidos sobre la finca aportada, corriendo a cargo del propietario que la aport la indemnizacin correspondiente, cuyo importe se fijar en el mencionado acuerdo.

5. No obstante lo dispuesto en los apartados 2 y 4, las indemnizaciones por la extincin de servidumbres prediales o derechos de arrendamiento incompatibles con el instrumento de ordenacin urbanstica o su ejecucin, se considerarn gastos de urbanizacin en el instrumento de distribucin de beneficios y cargas correspondiente.

6. Una vez firme en va administrativa el acuerdo de aprobacin definitiva de la distribucin de beneficios y cargas, se proceder a su inscripcin en el Registro de la Propiedad en la forma que se establece en el artculo 54.

7. Las transmisiones de terrenos a que den lugar las operaciones distributivas de beneficios y cargas por aportacin de los propietarios incluidos en la actuacin de transformacin urbanstica, o en virtud de expropiacin forzosa, y las adjudicaciones a favor de dichos propietarios en proporcin a los terrenos aportados por los mismos, estarn exentas, con carcter permanente, si cumplen todos los requisitos urbansticos, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados, y no tendrn la consideracin de transmisiones de dominio a los efectos de la exaccin del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Cuando el valor de las parcelas adjudicadas a un propietario exceda del que proporcionalmente corresponda a los terrenos aportados por el mismo, se girarn las liquidaciones procedentes en cuanto al exceso.


[Bloque 30: #a19]

Artculo 19. Transmisin de fincas y deberes urbansticos.

1. La transmisin de fincas no modifica la situacin del titular respecto de los deberes del propietario conforme a esta Ley y los establecidos por la legislacin de la ordenacin territorial y urbanstica aplicable o exigibles por los actos de ejecucin de la misma. El nuevo titular queda subrogado en los derechos y deberes del anterior propietario, as como en las obligaciones por ste asumidas frente a la Administracin competente y que hayan sido objeto de inscripcin registral, siempre que tales obligaciones se refieran a un posible efecto de mutacin jurdico-real.

2. En las enajenaciones de terrenos, debe hacerse constar en el correspondiente ttulo:

a) La situacin urbanstica de los terrenos, cuando no sean susceptibles de uso privado o edificacin, cuenten con edificaciones fuera de ordenacin o estn destinados a la construccin de viviendas sujetas a algn rgimen de proteccin pblica que permita tasar su precio mximo de venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda.

b) Los deberes legales y las obligaciones pendientes de cumplir, cuando los terrenos estn sujetos a una de las actuaciones a que se refiere el apartado 1 del artculo 14.

3. La infraccin de cualquiera de las disposiciones del apartado anterior faculta al adquirente para rescindir el contrato en el plazo de cuatro aos y exigir la indemnizacin que proceda conforme a la legislacin civil.

4. Con ocasin de la autorizacin de escrituras pblicas que afecten a la propiedad de fincas o parcelas, los notarios podrn solicitar de la Administracin Pblica competente informacin telemtica o, en su defecto, cdula o informe escrito expresivo de su situacin urbanstica y los deberes y obligaciones a cuyo cumplimiento estn afectas. Los notarios remitirn a la Administracin competente, para su debido conocimiento, copia simple en papel o en soporte digital de las escrituras para las que hubieran solicitado y obtenido informacin urbanstica, dentro de los diez das siguientes a su otorgamiento. Esta copia no devengar arancel.

5. En los ttulos por los que se transmitan terrenos a la Administracin deber especificarse, a efectos de su inscripcin en el Registro de la Propiedad, el carcter demanial o patrimonial de los bienes y, en su caso, su incorporacin al patrimonio pblico de suelo.


[Bloque 31: #a20]

Artculo 20. Declaracin de obra nueva.

1. Para autorizar escrituras de declaracin de obra nueva en construccin, los notarios exigirn, para su testimonio, la aportacin del acto de conformidad, aprobacin o autorizacin administrativa que requiera la obra segn la legislacin de ordenacin territorial y urbanstica, as como certificacin expedida por tcnico competente y acreditativa del ajuste de la descripcin de la obra al proyecto que haya sido objeto de dicho acto administrativo.

Tratndose de escrituras de declaracin de obra nueva terminada, exigirn, adems de la certificacin expedida por tcnico competente acreditativa de la finalizacin de sta conforme a la descripcin del proyecto, los documentos que acrediten los siguientes extremos:

a) el cumplimiento de todos los requisitos impuestos por la legislacin reguladora de la edificacin para la entrega de sta a sus usuarios y

b) el otorgamiento de las autorizaciones administrativas necesarias para garantizar que la edificacin rene las condiciones necesarias para su destino al uso previsto en la ordenacin urbanstica aplicable y los requisitos de eficiencia energtica tal y como se demandan por la normativa vigente, salvo que la legislacin urbanstica sujetase tales actuaciones a un rgimen de comunicacin previa o declaracin responsable, en cuyo caso aquellas autorizaciones se sustituirn por los documentos que acrediten que la comunicacin ha sido realizada y que ha transcurrido el plazo establecido para que pueda iniciarse la correspondiente actividad, sin que del Registro de la Propiedad resulte la existencia de resolucin obstativa alguna.

2. Para practicar las correspondientes inscripciones de las escrituras de declaracin de obra nueva, los Registradores de la Propiedad exigirn el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado anterior.

3. En aquellos casos en los que la descripcin de la obra terminada no coincida con la que conste en el Registro de la Propiedad, por haberse producido modificaciones en el proyecto, la constancia registral de la terminacin de la obra se producir mediante un asiento de inscripcin, cuya extensin quedar sujeta a lo previsto en el apartado 1 en relacin con los requisitos para la inscripcin de las obras nuevas terminadas.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en el caso de construcciones, edificaciones e instalaciones respecto de las cuales ya no proceda adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanstica que impliquen su demolicin, por haber transcurrido los plazos de prescripcin correspondientes, la constancia registral de la terminacin de la obra se regir por el siguiente procedimiento:

a) Se inscribirn en el Registro de la Propiedad las escrituras de declaracin de obra nueva que se acompaen de certificacin expedida por el Ayuntamiento o por tcnico competente, acta notarial descriptiva de la finca o certificacin catastral descriptiva y grfica de la finca, en las que conste la terminacin de la obra en fecha determinada y su descripcin coincidente con el ttulo. A tales efectos, el Registrador comprobar la inexistencia de anotacin preventiva por incoacin de expediente de disciplina urbanstica sobre la finca objeto de la construccin, edificacin e instalacin de que se trate y que el suelo no tiene carcter demanial o est afectado por servidumbres de uso pblico general.

b) Los Registradores de la Propiedad darn cuenta al Ayuntamiento respectivo de las inscripciones realizadas en los supuestos comprendidos en los nmeros anteriores, y harn constar en la inscripcin, en la nota de despacho, y en la publicidad formal que expidan, la prctica de dicha notificacin.

c) Cuando la obra nueva hubiere sido inscrita sin certificacin expedida por el correspondiente Ayuntamiento, ste, una vez recibida la informacin a que se refiere la letra anterior, estar obligado a dictar la resolucin necesaria para hacer constar en el Registro de la Propiedad, por nota al margen de la inscripcin de la declaracin de obra nueva, la concreta situacin urbanstica de la misma, con la delimitacin de su contenido e indicacin expresa de las limitaciones que imponga al propietario.

La omisin de la resolucin por la que se acuerde la prctica de la referida nota marginal dar lugar a la responsabilidad de la Administracin competente en el caso de que se produzcan perjuicios econmicos al adquirente de buena fe de la finca afectada por el expediente. En tal caso, la citada Administracin deber indemnizar al adquirente de buena fe los daos y perjuicios causados.

Se modifica por la disposicin final 12.12 de la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ref. BOE-A-2013-6938.

Se modifica por el art. 24 del Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio. Ref. BOE-A-2011-11641.





[Bloque 32: #tiii]

TTULO III

Valoraciones


[Bloque 33: #a21]

Artculo 21. mbito del rgimen de valoraciones.

1. Las valoraciones del suelo, las instalaciones, construcciones y edificaciones, y los derechos constituidos sobre o en relacin con ellos, se rigen por lo dispuesto en esta Ley cuando tengan por objeto:

a) La verificacin de las operaciones de reparto de beneficios y cargas u otras precisas para la ejecucin de la ordenacin territorial y urbanstica en las que la valoracin determine el contenido patrimonial de facultades o deberes propios del derecho de propiedad, en defecto de acuerdo entre todos los sujetos afectados.

b) La fijacin del justiprecio en la expropiacin, cualquiera que sea la finalidad de sta y la legislacin que la motive.

c) La fijacin del precio a pagar al propietario en la venta o sustitucin forzosas.

d) La determinacin de la responsabilidad patrimonial de la Administracin Pblica.

2. Las valoraciones se entienden referidas:

a) Cuando se trate de las operaciones contempladas en la letra a) del apartado anterior, a la fecha de iniciacin del procedimiento de aprobacin del instrumento que las motive.

b) Cuando se aplique la expropiacin forzosa, al momento de iniciacin del expediente de justiprecio individualizado o de exposicin al pblico del proyecto de expropiacin si se sigue el procedimiento de tasacin conjunta.

c) Cuando se trate de la venta o sustitucin forzosas, al momento de la iniciacin del procedimiento de declaracin del incumplimiento del deber que la motive.

d) Cuando la valoracin sea necesaria a los efectos de determinar la indemnizacin por responsabilidad patrimonial de la Administracin Pblica, al momento de la entrada en vigor de la disposicin o del comienzo de la eficacia del acto causante de la lesin.


[Bloque 34: #a22]

Artculo 22. Criterios generales para la valoracin de inmuebles.

1. El valor del suelo corresponde a su pleno dominio, libre de toda carga, gravamen o derecho limitativo de la propiedad.

2. El suelo se tasar en la forma establecida en los artculos siguientes, segn su situacin y con independencia de la causa de la valoracin y el instrumento legal que la motive.

Este criterio ser tambin de aplicacin a los suelos destinados a infraestructuras y servicios pblicos de inters general supramunicipal, tanto si estuvieran previstos por la ordenacin territorial y urbanstica como si fueran de nueva creacin, cuya valoracin se determinar segn la situacin bsica de los terrenos en que se sitan o por los que discurren de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.

3. Las edificaciones, construcciones e instalaciones, los sembrados y las plantaciones en el suelo rural, se tasarn con independencia de los terrenos siempre que se ajusten a la legalidad al tiempo de la valoracin, sean compatibles con el uso o rendimiento considerado en la valoracin del suelo y no hayan sido tenidos en cuenta en dicha valoracin por su carcter de mejoras permanentes.

En el suelo urbanizado, las edificaciones, construcciones e instalaciones que se ajusten a la legalidad se tasarn conjuntamente con el suelo en la forma prevista en el apartado 2 del artculo 24.

Se entiende que las edificaciones, construcciones e instalaciones se ajustan a la legalidad al tiempo de su valoracin cuando se realizaron de conformidad con la ordenacin urbanstica y el acto administrativo legitimante que requiriesen, o han sido posteriormente legalizadas de conformidad con lo dispuesto en la legislacin urbanstica.

La valoracin de las edificaciones o construcciones tendr en cuenta su antigedad y su estado de conservacin. Si han quedado incursas en la situacin de fuera de ordenacin, su valor se reducir en proporcin al tiempo transcurrido de su vida til.

4. La valoracin de las concesiones administrativas y de los derechos reales sobre inmuebles, a los efectos de su constitucin, modificacin o extincin, se efectuar con arreglo a las disposiciones sobre expropiacin que especficamente determinen el justiprecio de los mismos; y subsidiariamente, segn las normas del derecho administrativo, civil o fiscal que resulten de aplicacin.

Al expropiar una finca gravada con cargas, la Administracin que la efecte podr elegir entre fijar el justiprecio de cada uno de los derechos que concurren con el dominio, para distribuirlo entre los titulares de cada uno de ellos, o bien valorar el inmueble en su conjunto y consignar su importe en poder del rgano judicial, para que ste fije y distribuya, por el trmite de los incidentes, la proporcin que corresponda a los respectivos interesados.


[Bloque 35: #a23]

Artculo 23. Valoracin en el suelo rural.

1. Cuando el suelo sea rural a los efectos de esta Ley:

a) Los terrenos se tasarn mediante la capitalizacin de la renta anual real o potencial, la que sea superior, de la explotacin segn su estado en el momento al que deba entenderse referida la valoracin.

La renta potencial se calcular atendiendo al rendimiento del uso, disfrute o explotacin de que sean susceptibles los terrenos conforme a la legislacin que les sea aplicable, utilizando los medios tcnicos normales para su produccin. Incluir, en su caso, como ingresos las subvenciones que, con carcter estable, se otorguen a los cultivos y aprovechamientos considerados para su clculo y se descontarn los costes necesarios para la explotacin considerada.

El valor del suelo rural as obtenido podr ser corregido al alza hasta un mximo del doble en funcin de factores objetivos de localizacin, como la accesibilidad a ncleos de poblacin o a centros de actividad econmica o la ubicacin en entornos de singular valor ambiental o paisajstico, cuya aplicacin y ponderacin habr de ser justificada en el correspondiente expediente de valoracin, todo ello en los trminos que reglamentariamente se establezcan.

b) Las edificaciones, construcciones e instalaciones, cuando deban valorarse con independencia del suelo, se tasarn por el mtodo de coste de reposicin segn su estado y antigedad en el momento al que deba entenderse referida la valoracin.

c) Las plantaciones y los sembrados preexistentes, as como las indemnizaciones por razn de arrendamientos rsticos u otros derechos, se tasarn con arreglo a los criterios de las Leyes de Expropiacin Forzosa y de Arrendamientos Rsticos.

2. En ninguno de los casos previstos en el apartado anterior podrn considerarse expectativas derivadas de la asignacin de edificabilidades y usos por la ordenacin territorial o urbanstica que no hayan sido an plenamente realizados.

Tngase en cuenta que se declara inconstitucional y nulo el inciso destacado del prrafo tercero del apartado 1.a) por Sentencia del TC 141/2014, de 11 de septiembre. Ref. BOE-A-2014-10211.




[Bloque 36: #a24]

Artculo 24. Valoracin en el suelo urbanizado.

1. Para la valoracin del suelo urbanizado que no est edificado, o en que la edificacin existente o en curso de ejecucin es ilegal o se encuentra en situacin de ruina fsica:

a) Se considerarn como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela por la ordenacin urbanstica, incluido en su caso el de vivienda sujeta a algn rgimen de proteccin que permita tasar su precio mximo en venta o alquiler.

Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenacin urbanstica, se les atribuir la edificabilidad media y el uso mayoritario en el mbito espacial homogneo en que por usos y tipologas la ordenacin urbanstica los haya incluido.

b) Se aplicar a dicha edificabilidad el valor de repercusin del suelo segn el uso correspondiente, determinado por el mtodo residual esttico.

c) De la cantidad resultante de la letra anterior se descontar, en su caso, el valor de los deberes y cargas pendientes para poder realizar la edificabilidad prevista.

2. Cuando se trate de suelo edificado o en curso de edificacin, el valor de la tasacin ser el superior de los siguientes:

a) El determinado por la tasacin conjunta del suelo y de la edificacin existente que se ajuste a la legalidad, por el mtodo de comparacin, aplicado exclusivamente a los usos de la edificacin existente o la construccin ya realizada.

b) El determinado por el mtodo residual del apartado 1 de este artculo, aplicado exclusivamente al suelo, sin consideracin de la edificacin existente o la construccin ya realizada.

3. Cuando se trate de suelo urbanizado sometido a actuaciones de reforma o renovacin de la urbanizacin, el mtodo residual a que se refieren los apartados anteriores considerar los usos y edificabilidades atribuidos por la ordenacin en su situacin de origen.


[Bloque 37: #a25]

Artculo 25. Indemnizacin de la facultad de participar en actuaciones de nueva urbanizacin.

1. Proceder valorar la facultad de participar en la ejecucin de una actuacin de nueva urbanizacin cuando concurran los siguientes requisitos:

a) Que los terrenos hayan sido incluidos en la delimitacin del mbito de la actuacin y se den los requisitos exigidos para iniciarla o para expropiar el suelo correspondiente, de conformidad con la legislacin en la materia.

b) Que la disposicin, el acto o el hecho que motiva la valoracin impida el ejercicio de dicha facultad o altere las condiciones de su ejercicio modificando los usos del suelo o reduciendo su edificabilidad.

c) Que la disposicin, el acto o el hecho a que se refiere la letra anterior surtan efectos antes del inicio de la actuacin y del vencimiento de los plazos establecidos para dicho ejercicio, o despus si la ejecucin no se hubiera llevado a cabo por causas imputables a la Administracin.

d) Que la valoracin no traiga causa del incumplimiento de los deberes inherentes al ejercicio de la facultad.

2. La indemnizacin por impedir el ejercicio de la facultad de participar en la actuacin o alterar sus condiciones ser el resultado de aplicar el mismo porcentaje que determine la legislacin sobre ordenacin territorial y urbanstica para la participacin de la comunidad en las plusvalas de conformidad con lo previsto en la letra b) del apartado primero del artculo 16 de esta Ley:

a) (Anulado).

b) A la merma provocada en el valor que correspondera al suelo si estuviera terminada la actuacin, cuando se alteren las condiciones de ejercicio de la facultad.

Se declara la inconstitucionalidad y nulidad del apartado 2.a) por Sentencia TC 218/2015, de 22 de octubre.Ref. BOE-A-2015-12883.




[Bloque 38: #a26]

Artculo 26. Indemnizacin de la iniciativa y la promocin de actuaciones de urbanizacin o de edificacin.

1. Cuando devengan intiles para quien haya incurrido en ellos por efecto de la disposicin, del acto o del hecho que motive la valoracin, los siguientes gastos y costes se tasarn por su importe incrementado por la tasa libre de riesgo y la prima de riesgo:

a) Aqullos en que se haya incurrido para la elaboracin del proyecto o proyectos tcnicos de los instrumentos de ordenacin y ejecucin que, conforme a la legislacin de la ordenacin territorial y urbanstica, sean necesarios para legitimar una actuacin de urbanizacin, de edificacin, o de conservacin o rehabilitacin de la edificacin.

b) Los de las obras acometidas y los de financiacin, gestin y promocin precisos para la ejecucin de la actuacin.

c) Las indemnizaciones pagadas.

2. Una vez iniciadas, las actuaciones de urbanizacin se valorarn en la forma prevista en el apartado anterior o en proporcin al grado alcanzado en su ejecucin, lo que sea superior, siempre que dicha ejecucin se desarrolle de conformidad con los instrumentos que la legitimen y no se hayan incumplido los plazos en ellos establecidos. Para ello, al grado de ejecucin se le asignar un valor entre 0 y 1, que se multiplicar:

a) Por la diferencia entre el valor del suelo en su situacin de origen y el valor que le correspondera si estuviera terminada la actuacin, cuando la disposicin, el acto o hecho que motiva la valoracin impida su terminacin.

b) Por la merma provocada en el valor que correspondera al suelo si estuviera terminada la actuacin, cuando slo se alteren las condiciones de su ejecucin, sin impedir su terminacin.

La indemnizacin obtenida por el mtodo establecido en este apartado nunca ser inferior a la establecida en el artculo anterior y se distribuir proporcionalmente entre los adjudicatarios de parcelas resultantes de la actuacin.

3. Cuando el promotor de la actuacin no sea retribuido mediante adjudicacin de parcelas resultantes, su indemnizacin se descontar de la de los propietarios y se calcular aplicando la tasa libre de riesgo y la prima de riesgo a la parte dejada de percibir de la retribucin que tuviere establecida.

4. Los propietarios del suelo que no estuviesen al da en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones, sern indemnizados por los gastos y costes a que se refiere el apartado 1, que se tasarn en el importe efectivamente incurrido.


[Bloque 39: #a27]

Artculo 27. Valoracin del suelo en rgimen de equidistribucin de beneficios y cargas.

1. Cuando, en defecto de acuerdo entre todos los sujetos afectados, deban valorarse las aportaciones de suelo de los propietarios partcipes en una actuacin de urbanizacin en ejercicio de la facultad establecida en la letra c) del apartado 1 del artculo 8, para ponderarlas entre s o con las aportaciones del promotor o de la Administracin, a los efectos del reparto de los beneficios y cargas y la adjudicacin de parcelas resultantes, el suelo se tasar por el valor que le correspondera si estuviera terminada la actuacin.

2. En el caso de propietarios que no puedan participar en la adjudicacin de parcelas resultantes de una actuacin de urbanizacin por causa de la insuficiencia de su aportacin, el suelo se tasar por el valor que le correspondera si estuviera terminada la actuacin, descontados los gastos de urbanizacin correspondientes incrementados por la tasa libre de riesgo y la prima de riesgo.


[Bloque 40: #a28]

Artculo 28. Rgimen de la valoracin.

La valoracin se realiza, en todo lo no dispuesto en esta Ley:

a) Conforme a los criterios que determinen las Leyes de la ordenacin territorial y urbanstica, cuando tenga por objeto la verificacin de las operaciones precisas para la ejecucin de la ordenacin urbanstica y, en especial, la distribucin de los beneficios y las cargas de ella derivadas.

b) Con arreglo a los criterios de la legislacin general de expropiacin forzosa y de responsabilidad de las Administraciones Pblicas, segn proceda, en los restantes casos.


[Bloque 41: #tiv]

TTULO IV

Expropiacin forzosa y responsabilidad patrimonial


[Bloque 42: #a29]

Artculo 29. Rgimen de las expropiaciones por razn de la ordenacin territorial y urbanstica.

1. La expropiacin por razn de la ordenacin territorial y urbanstica puede aplicarse para las finalidades previstas en la legislacin reguladora de dicha ordenacin, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en la Ley de Expropiacin Forzosa.

2. La aprobacin de los instrumentos de la ordenacin territorial y urbanstica que determine su legislacin reguladora conllevar la declaracin de utilidad pblica y la necesidad de ocupacin de los bienes y derechos correspondientes, cuando dichos instrumentos habiliten para su ejecucin y sta deba producirse por expropiacin.

Dicha declaracin se extender a los terrenos precisos para conectar la actuacin de urbanizacin con las redes generales de servicios, cuando sean necesarios.

3. Cuando en la superficie objeto de expropiacin existan bienes de dominio pblico y el destino de los mismos, segn el instrumento de ordenacin, sea distinto del que motiv su afectacin o adscripcin al uso general o a los servicios pblicos, se seguir, en su caso, el procedimiento previsto en la legislacin reguladora del bien correspondiente para la mutacin demanial o desafectacin, segn proceda.

Las vas rurales que se encuentren comprendidas en la superficie objeto de expropiacin se entendern de propiedad municipal, salvo prueba en contrario. En cuanto a las vas urbanas que desaparezcan se entendern transmitidas de pleno derecho al Organismo expropiante y subrogadas por las nuevas que resulten de la ordenacin urbanstica.

4. Tendrn la consideracin de beneficiarios de la expropiacin las personas naturales o jurdicas subrogadas en las facultades del Estado, de las Comunidades Autnomas o de las Entidades locales para la ejecucin de planes u obras determinadas.


[Bloque 43: #a30]

Artculo 30. Justiprecio.

1. El justiprecio de los bienes y derechos expropiados se fijar conforme a los criterios de valoracin de esta Ley mediante expediente individualizado o por el procedimiento de tasacin conjunta. Si hay acuerdo con el expropiado, se podr satisfacer en especie.

2. Las actuaciones del expediente expropiatorio se seguirn con quienes figuren como interesados en el proyecto de delimitacin, redactado conforme a la Ley de Expropiacin Forzosa o acrediten, en legal forma, ser los verdaderos titulares de los bienes o derechos en contra de lo que diga el proyecto. En el procedimiento de tasacin conjunta, los errores no denunciados y justificados en la fase de informacin pblica no darn lugar a nulidad o reposicin de actuaciones, conservando no obstante, los interesados su derecho a ser indemnizados en la forma que corresponda.

3. Llegado el momento del pago del justiprecio, slo se proceder a hacerlo efectivo, consignndose en caso contrario, a aquellos interesados que aporten certificacin registral a su favor, en la que conste haberse extendido la nota del artculo 32 del Reglamento Hipotecario o, en su defecto, los ttulos justificativos de su derecho, completados con certificaciones negativas del Registro de la Propiedad referidas a la misma finca descrita en los ttulos. Si existiesen cargas debern comparecer los titulares de las mismas.

4. Cuando existan pronunciamientos registrales contrarios a la realidad, podr pagarse el justiprecio a quienes los hayan rectificado o desvirtuado mediante cualquiera de los medios sealados en la legislacin hipotecaria o con acta de notoriedad tramitada conforme al artculo 209 del Reglamento Notarial.


[Bloque 44: #a31]

Artculo 31. Ocupacin e inscripcin en el Registro de la Propiedad.

1. El acta de ocupacin para cada finca o bien afectado por el procedimiento expropiatorio ser ttulo inscribible, siempre que incorpore su descripcin, su identificacin conforme a la legislacin hipotecaria, su referencia catastral y su representacin grfica mediante un sistema de coordenadas y que se acompae del acta de pago o justificante de la consignacin del precio correspondiente.

A efectos de lo dispuesto en el prrafo anterior, la referencia catastral y la representacin grfica podrn ser sustituidas por una certificacin catastral descriptiva y grfica del inmueble de que se trate.

La superficie objeto de la actuacin se inscribir como una o varias fincas registrales, sin que sea obstculo para ello la falta de inmatriculacin de alguna de estas fincas. En las fincas afectadas y a continuacin de la nota a que se refiere la legislacin hipotecaria sobre asientos derivados de procedimientos de expropiacin forzosa, se extender otra en la que se identificar la porcin expropiada si la actuacin no afectase a la totalidad de la finca.

2. Si al proceder a la inscripcin surgiesen dudas fundadas sobre la existencia, dentro de la superficie ocupada, de alguna finca registral no tenida en cuenta en el procedimiento expropiatorio, se pondr tal circunstancia en conocimiento de la Administracin competente, sin perjuicio de practicarse la inscripcin.

3. Los actos administrativos de constitucin, modificacin o extincin forzosa de servidumbres sern inscribibles en el Registro de la Propiedad, en la forma prevista para las actas de expropiacin.


[Bloque 45: #a32]

Artculo 32. Adquisicin libre de cargas.

1. Finalizado el expediente expropiatorio, y una vez levantada el acta o actas de ocupacin con los requisitos previstos en la legislacin general de expropiacin forzosa, se entender que la Administracin ha adquirido, libre de cargas, la finca o fincas comprendidas en el expediente.

La Administracin ser mantenida en la posesin de las fincas, una vez inscrito su derecho, sin que quepa ejercitar ninguna accin real o interdictal contra la misma.

2. Si con posterioridad a la finalizacin del expediente, una vez levantada el acta de ocupacin e inscritas las fincas o derechos en favor de la Administracin, aparecieren terceros interesados no tenidos en cuenta en el expediente, stos conservarn y podrn ejercitar cuantas acciones personales pudieren corresponderles para percibir el justiprecio o las indemnizaciones expropiatorias y discutir su cuanta.

3. En el supuesto de que, una vez finalizado totalmente el expediente, aparecieren fincas o derechos anteriormente inscritos no tenidos en cuenta, la Administracin expropiante, de oficio o a instancia de parte interesada o del propio registrador, solicitar de ste que practique la cancelacin correspondiente. Los titulares de tales fincas o derechos debern ser compensados por la Administracin expropiante, que formular un expediente complementario con las correspondientes hojas de aprecio, tramitndose segn el procedimiento que se haya seguido para el resto de las fincas, sin perjuicio de que tales titulares puedan ejercitar cualquier otro tipo de accin que pudiera corresponderles.

4. Si el justiprecio se hubiere pagado a quien apareciere en el expediente como titular registral, la accin de los terceros no podr dirigirse contra la Administracin expropiante si stos no comparecieron durante la tramitacin, en tiempo hbil.


[Bloque 46: #a33]

Artculo 33. Modalidades de gestin de la expropiacin.

1. Las Entidades Locales podrn promover, para la gestin de las expropiaciones, las modalidades asociativas con otras Administraciones Pblicas o particulares, de conformidad con la legislacin de rgimen local y urbanstica.

2. Para el mejor cumplimiento de la finalidad expresada en el apartado anterior, podrn igualmente encomendar el ejercicio de la potestad expropiatoria a otras Administraciones Pblicas.

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entender sin perjuicio de las facultades reconocidas expresamente por ley a determinados entes pblicos en materia expropiatoria.


[Bloque 47: #a34]

Artculo 34. Supuestos de reversin y de retasacin.

1. Si se alterara el uso que motiv la expropiacin de suelo en virtud de modificacin o revisin del instrumento de ordenacin territorial y urbanstica, procede la reversin salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que el uso dotacional pblico que hubiera motivado la expropiacin hubiera sido efectivamente implantado y mantenido durante ocho aos, o bien que el nuevo uso asignado al suelo sea igualmente dotacional pblico.

b) Haberse producido la expropiacin para la formacin o ampliacin de un patrimonio pblico de suelo, siempre que el nuevo uso sea compatible con los fines de ste.

c) Haberse producido la expropiacin para la ejecucin de una actuacin de urbanizacin.

d) Haberse producido la expropiacin por incumplimiento de los deberes o no levantamiento de las cargas propias del rgimen aplicable al suelo conforme a esta Ley.

e) Cualquiera de los restantes supuestos en que no proceda la reversin de acuerdo con la Ley de Expropiacin Forzosa.

2. En los casos en que el suelo haya sido expropiado para ejecutar una actuacin de urbanizacin:

a) Procede la reversin, cuando hayan transcurrido diez aos desde la expropiacin sin que la urbanizacin se haya concluido.

b) Procede la retasacin cuando se alteren los usos o la edificabilidad del suelo, en virtud de una modificacin del instrumento de ordenacin territorial y urbanstica que no se efecte en el marco de un nuevo ejercicio pleno de la potestad de ordenacin, y ello suponga un incremento de su valor conforme a los criterios aplicados en su expropiacin. El nuevo valor se determinar mediante la aplicacin de los mismos criterios de valoracin a los nuevos usos y edificabilidades. Corresponder al expropiado o sus causahabientes la diferencia entre dicho valor y el resultado de actualizar el justiprecio.

En lo no previsto por el prrafo anterior, ser de aplicacin al derecho de retasacin lo dispuesto para el derecho de reversin, incluido su acceso al Registro de la Propiedad.

3. No procede la reversin cuando del suelo expropiado se segreguen su vuelo o subsuelo, conforme a lo previsto en el apartado 4 del artculo 17, siempre que se mantenga el uso dotacional pblico para el que fue expropiado o concurra alguna de las restantes circunstancias previstas en el apartado primero.


[Bloque 48: #a35]

Artculo 35. Supuestos indemnizatorios.

Dan lugar en todo caso a derecho de indemnizacin las lesiones en los bienes y derechos que resulten de los siguientes supuestos:

a) La alteracin de las condiciones de ejercicio de la ejecucin de la urbanizacin, o de las condiciones de participacin de los propietarios en ella, por cambio de la ordenacin territorial o urbanstica o del acto o negocio de la adjudicacin de dicha actividad, siempre que se produzca antes de transcurrir los plazos previstos para su desarrollo o, transcurridos stos, si la ejecucin no se hubiere llevado a efecto por causas imputables a la Administracin.

Las situaciones de fuera de ordenacin producidas por los cambios en la ordenacin territorial o urbanstica no sern indemnizables, sin perjuicio de que pueda serlo la imposibilidad de usar y disfrutar lcitamente de la construccin o edificacin incursa en dicha situacin durante su vida til.

b) Las vinculaciones y limitaciones singulares que excedan de los deberes legalmente establecidos respecto de construcciones y edificaciones, o lleven consigo una restriccin de la edificabilidad o el uso que no sea susceptible de distribucin equitativa.

c) La modificacin o extincin de la eficacia de los ttulos administrativos habilitantes de obras y actividades, determinadas por el cambio sobrevenido de la ordenacin territorial o urbanstica.

d) La anulacin de los ttulos administrativos habilitantes de obras y actividades, as como la demora injustificada en su otorgamiento y su denegacin improcedente. En ningn caso habr lugar a indemnizacin si existe dolo, culpa o negligencia graves imputables al perjudicado.

e) La ocupacin de terrenos destinados por la ordenacin territorial y urbanstica a dotaciones pblicas, por el perodo de tiempo que medie desde la ocupacin de los mismos hasta la aprobacin definitiva del instrumento por el que se le adjudiquen al propietario otros de valor equivalente. El derecho a la indemnizacin se fijar en los trminos establecidos en el artculo 112 de la Ley de Expropiacin Forzosa.

Transcurridos cuatro aos desde la ocupacin sin que se hubiera producido la aprobacin definitiva del mencionado instrumento, los interesados podrn efectuar la advertencia a la Administracin competente de su propsito de iniciar el expediente de justiprecio, quedando facultados para iniciar el mismo, mediante el envo a aqulla de la correspondiente hoja de aprecio, una vez transcurridos seis meses desde dicha advertencia.


[Bloque 49: #tv]

TTULO V

Funcin social de la propiedad y gestin del suelo


[Bloque 50: #ci]

CAPTULO I

Venta y sustitucin forzosas


[Bloque 51: #a36]

Artculo 36. Procedencia y alcance de la venta o sustitucin forzosas.

1. El incumplimiento de los deberes establecidos en esta Ley habilitar a la Administracin actuante para decretar, de oficio o a instancia de interesado, y en todo caso, previa audiencia del obligado, la ejecucin subsidiaria, la expropiacin por incumplimiento de la funcin social de la propiedad, la aplicacin del rgimen de venta o sustitucin forzosas o cualesquiera otras consecuencias derivadas de la legislacin sobre ordenacin territorial y urbanstica.

2. La sustitucin forzosa tiene por objeto garantizar el cumplimiento del deber correspondiente, mediante la imposicin de su ejercicio, que podr realizarse en rgimen de propiedad horizontal con el propietario actual del suelo, en caso de incumplimiento de los deberes de edificacin o de conservacin de edificios.

3. En los supuestos de expropiacin, venta o sustitucin forzosas previstos en este artculo, el contenido del derecho de propiedad del suelo nunca podr ser minorado por la legislacin reguladora de la ordenacin territorial y urbanstica en un porcentaje superior al 50 por ciento de su valor, correspondiendo la diferencia a la Administracin.

Se modifica por la disposicin final 12.13 de la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ref. BOE-A-2013-6938.




[Bloque 52: #a37]

Artculo 37. Rgimen de la venta o sustitucin forzosas.

1. La venta o sustitucin forzosas se iniciar de oficio o a instancia de interesado y se adjudicar mediante procedimiento con publicidad y concurrencia.

2. Dictada resolucin declaratoria del incumplimiento y acordada la aplicacin del rgimen correspondiente, la Administracin actuante remitir al Registro de la Propiedad certificacin del acto o actos correspondientes para su constancia por nota al margen de la ltima inscripcin de dominio. La situacin de ejecucin subsidiaria, de expropiacin por incumplimiento de la funcin social de la propiedad, la aplicacin del rgimen de venta o sustitucin forzosas, o cualesquiera otras a las que quede sujeto el inmueble correspondiente, se consignar en las certificaciones registrales que se expidan.

3. Cuando el procedimiento determine la adjudicacin por aplicacin de la venta o sustitucin forzosas, una vez resuelto el mismo, la Administracin actuante expedir certificacin de dicha adjudicacin, que ser ttulo inscribible en el Registro de la Propiedad, en el que se harn constar las condiciones y los plazos de cumplimiento del deber a que quede obligado el adquiriente, en calidad de resolutorias de la adquisicin.

Se modifica por la disposicin final 12.14 de la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ref. BOE-A-2013-6938.




[Bloque 53: #cii]

CAPTULO II

Patrimonios pblicos de suelo


[Bloque 54: #a38]

Artculo 38. Nocin y finalidad.

1. Con la finalidad de regular el mercado de terrenos, obtener reservas de suelo para actuaciones de iniciativa pblica y facilitar la ejecucin de la ordenacin territorial y urbanstica, integran los patrimonios pblicos de suelo los bienes, recursos y derechos que adquiera la Administracin en virtud del deber a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artculo 16, sin perjuicio de los dems que determine la legislacin sobre ordenacin territorial y urbanstica.

2. Los bienes de los patrimonios pblicos de suelo constituyen un patrimonio separado y los ingresos obtenidos mediante la enajenacin de los terrenos que los integran o la sustitucin por dinero a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artculo 16, se destinarn a la conservacin, administracin y ampliacin del mismo, siempre que slo se financien gastos de capital y no se infrinja la legislacin que les sea aplicable, o a los usos propios de su destino.


[Bloque 55: #a39]

Artculo 39. Destino.

1. Los bienes y recursos que integran necesariamente los patrimonios pblicos de suelo en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artculo anterior, debern ser destinados a la construccin de viviendas sujetas a algn rgimen de proteccin pblica, salvo lo dispuesto en el artculo 16.2 a). Podrn ser destinados tambin a otros usos de inters social, de acuerdo con lo que dispongan los instrumentos de ordenacin urbanstica, slo cuando as lo prevea la legislacin en la materia especificando los fines admisibles, que sern urbansticos, de proteccin o mejora de espacios naturales o de los bienes inmuebles del patrimonio cultural, o de carcter socio-econmico para atender las necesidades que requiera el carcter integrado de operaciones de regeneracin urbana.

2. Los terrenos adquiridos por una Administracin en virtud del deber a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artculo 16, que estn destinados a la construccin de viviendas sujetas a algn rgimen de proteccin pblica que permita tasar su precio mximo de venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda, no podrn ser adjudicados, ni en dicha transmisin ni en las sucesivas, por un precio superior al valor mximo de repercusin del suelo sobre el tipo de vivienda de que se trate, conforme a su legislacin reguladora. En el expediente administrativo y en el acto o contrato de la enajenacin se har constar esta limitacin.

3. Las limitaciones, obligaciones, plazos o condiciones de destino de las fincas integrantes de un patrimonio pblico de suelo que se hagan constar en las enajenaciones de dichas fincas son inscribibles en el Registro de la Propiedad, no obstante lo dispuesto en el artculo 27 de la Ley Hipotecaria y sin perjuicio de que su incumplimiento pueda dar lugar a la resolucin de la enajenacin.

4. El acceso al Registro de la Propiedad de las limitaciones, obligaciones, plazos o condiciones a que se refiere el apartado anterior produce los siguientes efectos:

a) Cuando se hayan configurado como causa de resolucin, sta se inscribir en virtud, bien del consentimiento del adquirente, bien del acto unilateral de la Administracin titular del patrimonio pblico de suelo del que proceda la finca enajenada, siempre que dicho acto no sea ya susceptible de recurso ordinario alguno, administrativo o judicial.

Sin perjuicio de la resolucin del contrato, la Administracin enajenante podr interesar la prctica de anotacin preventiva de la pretensin de resolucin en la forma prevista por la legislacin hipotecaria para las anotaciones preventivas derivadas de la iniciacin de procedimiento de disciplina urbanstica.

b) En otro caso, la mencin registral producir los efectos propios de las notas marginales de condiciones impuestas sobre determinadas fincas.

5. Excepcionalmente, los municipios que dispongan de un patrimonio pblico del suelo, podrn destinarlo a reducir la deuda comercial y financiera del Ayuntamiento, siempre que se cumplan todos los requisitos siguientes:

a) Haber aprobado el presupuesto de la Entidad Local del ao en curso y liquidado los de los ejercicios anteriores.

b) Tener el Registro del patrimonio municipal del suelo correctamente actualizado.

c) Que el presupuesto municipal tenga correctamente contabilizadas las partidas del patrimonio municipal del suelo.

d) Que exista un Acuerdo del Pleno de la Corporacin Local en el que se justifique que no es necesario dedicar esas cantidades a los fines propios del patrimonio pblico del suelo y que se van a destinar a la reduccin de la deuda de la Corporacin Local, indicando el modo en que se proceder a su devolucin.

e) Que se haya obtenido la autorizacin previa del rgano que ejerza la tutela financiera.

El importe del que se disponga deber ser repuesto por la Corporacin Local, en un plazo mximo de diez aos, de acuerdo con las anualidades y porcentajes fijados por Acuerdo del Pleno para la devolucin al patrimonio municipal del suelo de las cantidades utilizadas.

Asimismo, los presupuestos de los ejercicios siguientes al de adopcin del Acuerdo debern recoger, con cargo a los ingresos corrientes, las anualidades citadas en el prrafo anterior.

Se aade un apartado 5 por la disposicin final 4 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-13756.

Se modifica el apartado 1 por la disposicin final 12.15 de la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ref. BOE-A-2013-6938.





[Bloque 56: #ciii]

CAPTULO III

Derecho de superficie


[Bloque 57: #a40]

Artculo 40. Contenido, constitucin y rgimen.

1. El derecho real de superficie atribuye al superficiario la facultad de realizar construcciones o edificaciones en la rasante y en el vuelo y el subsuelo de una finca ajena, manteniendo la propiedad temporal de las construcciones o edificaciones realizadas. Tambin puede constituirse dicho derecho sobre construcciones o edificaciones ya realizadas o sobre viviendas, locales o elementos privativos de construcciones o edificaciones, atribuyendo al superficiario la propiedad temporal de las mismas, sin perjuicio de la propiedad separada del titular del suelo.

2. Para que el derecho de superficie quede vlidamente constituido se requiere su formalizacin en escritura pblica y la inscripcin de sta en el Registro de la Propiedad. En la escritura deber fijarse necesariamente el plazo de duracin del derecho de superficie, que no podr exceder de noventa y nueve aos.

El derecho de superficie slo puede ser constituido por el propietario del suelo, sea pblico o privado.

3. El derecho de superficie puede constituirse a ttulo oneroso o gratuito. En el primer caso, la contraprestacin del superficiario podr consistir en el pago de una suma alzada o de un canon peridico, o en la adjudicacin de viviendas o locales o derechos de arrendamiento de unos u otros a favor del propietario del suelo, o en varias de estas modalidades a la vez, sin perjuicio de la reversin total de lo edificado al finalizar el plazo pactado al constituir el derecho de superficie.

4. El derecho de superficie se rige por las disposiciones de este Captulo, por la legislacin civil en lo no previsto por l y por el ttulo constitutivo del derecho.


[Bloque 58: #a41]

Artculo 41. Transmisin, gravamen y extincin.

1. El derecho de superficie es susceptible de transmisin y gravamen con las limitaciones fijadas al constituirlo.

2. Cuando las caractersticas de la construccin o edificacin lo permitan, el superficiario podr constituir la propiedad superficiaria en rgimen de propiedad horizontal con separacin del terreno correspondiente al propietario, y podr transmitir y gravar como fincas independientes las viviendas, los locales y los elementos privativos de la propiedad horizontal, durante el plazo del derecho de superficie, sin necesidad del consentimiento del propietario del suelo.

3. En la constitucin del derecho de superficie se podrn incluir clusulas y pactos relativos a derechos de tanteo, retracto y retroventa a favor del propietario del suelo, para los casos de las transmisiones del derecho o de los elementos a que se refieren, respectivamente, los dos apartados anteriores.

4. El propietario del suelo podr transmitir y gravar su derecho con separacin del derecho del superficiario y sin necesidad de consentimiento de ste. El subsuelo corresponder al propietario del suelo y ser objeto de transmisin y gravamen juntamente con ste, salvo que haya sido incluido en el derecho de superficie.

5. El derecho de superficie se extingue si no se edifica de conformidad con la ordenacin territorial y urbanstica en el plazo previsto en el ttulo de constitucin y, en todo caso, por el transcurso del plazo de duracin del derecho.

A la extincin del derecho de superficie por el transcurso de su plazo de duracin, el propietario del suelo hace suya la propiedad de lo edificado, sin que deba satisfacer indemnizacin alguna cualquiera que sea el ttulo en virtud del cual se hubiera constituido el derecho. No obstante, podrn pactarse normas sobre la liquidacin del rgimen del derecho de superficie.

La extincin del derecho de superficie por el transcurso de su plazo de duracin determina la de toda clase de derechos reales o personales impuestos por el superficiario.

Si por cualquier otra causa se reunieran los derechos de propiedad del suelo y los del superficiario, las cargas que recayeren sobre uno y otro derecho continuarn gravndolos separadamente hasta el transcurso del plazo del derecho de superficie.


[Bloque 59: #tvi]

TTULO VI

Rgimen jurdico


[Bloque 60: #ci-2]

CAPTULO I

Actuaciones con el Ministerio Fiscal


[Bloque 61: #a42]

Artculo 42. Infracciones constitutivas de delito o falta.

Cuando con ocasin de los expedientes administrativos que se instruyan por infraccin urbanstica o contra la ordenacin del territorio aparezcan indicios del carcter de delito o falta del propio hecho que motiv su incoacin, el rgano competente para imponer la sancin lo pondr en conocimiento del Ministerio Fiscal, a los efectos de exigencia de las responsabilidades de orden penal en que hayan podido incurrir los infractores, abstenindose aqul de proseguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado. La sancin penal excluir la imposicin de sancin administrativa sin perjuicio de la adopcin de medidas de reposicin a la situacin anterior a la comisin de la infraccin.


[Bloque 62: #cii-2]

CAPTULO II

Peticiones, actos y acuerdos


[Bloque 63: #a43]

Artculo 43. Peticiones.

Las Entidades locales y Organismos urbansticos habrn de resolver las peticiones fundadas que se les dirijan.


[Bloque 64: #a44]

Artculo 44. Administracin demandada en subrogacin.

Las decisiones que adoptaren los rganos autonmicos mediante subrogacin se considerarn como actos del Ayuntamiento titular, a los solos efectos de los recursos admisibles.


[Bloque 65: #a45]

Artculo 45. Ejecucin forzosa y va de apremio.

1. Los Ayuntamientos podrn utilizar la ejecucin forzosa y la va de apremio para exigir el cumplimiento de sus deberes a los propietarios, individuales o asociados, y a los promotores de actuaciones de transformacin urbanstica.

2. Los procedimientos de ejecucin y apremio se dirigirn ante todo contra los bienes de las personas que no hubieren cumplido sus obligaciones, y slo en caso de insolvencia, frente a la asociacin administrativa de propietarios.

3. Tambin podrn ejercer las mismas facultades, a solicitud de la asociacin, contra los propietarios que incumplieren los compromisos contrados con ella.


[Bloque 66: #a46]

Artculo 46. Revisin de oficio.

Las Entidades locales podrn revisar de oficio sus actos y acuerdos en materia de urbanismo con arreglo a lo dispuesto en la legislacin de rgimen jurdico de las Administraciones Pblicas.


[Bloque 67: #ciii-2]

CAPTULO III

Acciones y recursos


[Bloque 68: #a47]

Artculo 47. Carcter de los actos y convenios regulados en la legislacin urbanstica.

Tendrn carcter jurdico administrativo todas las cuestiones que se suscitaren con ocasin o como consecuencia de los actos y convenios regulados en la legislacin urbanstica aplicable entre los rganos competentes de las Administraciones Pblicas y los propietarios, individuales o asociados, o promotores de actuaciones de transformacin urbanstica, incluso las relativas a cesiones de terrenos para urbanizar o edificar.


[Bloque 69: #a48]

Artculo 48. Accin pblica.

1. Ser pblica la accin para exigir ante los rganos administrativos y los Tribunales Contencioso-Administrativos la observancia de la legislacin y dems instrumentos de ordenacin territorial y urbanstica.

2. Si dicha accin est motivada por la ejecucin de obras que se consideren ilegales, podr ejercitarse durante la ejecucin de las mismas y hasta el transcurso de los plazos establecidos para la adopcin de las medidas de proteccin de la legalidad urbanstica.


[Bloque 70: #a49]

Artculo 49. Accin ante Tribunales ordinarios.

Los propietarios y titulares de derechos reales, adems de lo previsto en el artculo anterior, podrn exigir ante los Tribunales ordinarios la demolicin de las obras e instalaciones que vulneren lo dispuesto respecto a la distancia entre construcciones, pozos, cisternas, o fosas, comunidad de elementos constructivos u otros urbanos, as como las disposiciones relativas a usos incmodos, insalubres o peligrosos que estuvieren directamente encaminadas a tutelar el uso de las dems fincas.


[Bloque 71: #a50]

Artculo 50. Recurso contencioso-administrativo.

1. Los actos de las Entidades Locales, cualquiera que sea su objeto, que pongan fin a la va administrativa sern recurribles directamente ante la jurisdiccin contencioso-administrativa.

2. Los actos de aprobacin definitiva de los instrumentos de ordenacin territorial y de los de ordenacin y ejecucin urbansticas, sin perjuicio de los recursos administrativos que puedan proceder, podrn ser impugnados ante la jurisdiccin contencioso-administrativa, en los trminos prevenidos por su legislacin reguladora.


[Bloque 72: #civ]

CAPTULO IV

Registro de la Propiedad


[Bloque 73: #a51]

Artculo 51. Actos inscribibles.

1. Sern inscribibles en el Registro de la Propiedad:

a) Los actos firmes de aprobacin de los expedientes de ejecucin de la ordenacin urbanstica en cuanto supongan la modificacin de las fincas registrales afectadas por el instrumento de ordenacin, la atribucin del dominio o de otros derechos reales sobre las mismas o el establecimiento de garantas reales de la obligacin de ejecucin o de conservacin de la urbanizacin y de las edificaciones.

b) Las cesiones de terrenos con carcter obligatorio en los casos previstos por las Leyes o como consecuencia de transferencias de aprovechamiento urbanstico.

c) La incoacin de expediente sobre disciplina urbanstica o restauracin de la legalidad urbanstica, o de aqullos que tengan por objeto el apremio administrativo para garantizar, tanto el cumplimiento de las sanciones impuestas, como de las resoluciones para restablecer el orden urbanstico infringido.

d) Las condiciones especiales a que se sujeten los actos de conformidad, aprobacin o autorizacin administrativa, en los trminos previstos por las Leyes.

e) Los actos de transferencia y gravamen del aprovechamiento urbanstico.

f) La interposicin de recurso contencioso-administrativo que pretenda la anulacin de instrumentos de ordenacin urbanstica, de ejecucin, o de actos administrativos de intervencin.

g) Los actos administrativos y las sentencias, en ambos casos firmes, en que se declare la anulacin a que se refiere la letra anterior, cuando se concreten en fincas determinadas y haya participado su titular en el procedimiento.

h) Cualquier otro acto administrativo que, en desarrollo de los instrumentos de ordenacin o ejecucin urbansticos modifique, desde luego o en el futuro, el dominio o cualquier otro derecho real sobre fincas determinadas o la descripcin de stas.

2. En todo caso, en la incoacin de expedientes de disciplina urbanstica que afecten a actuaciones por virtud de las cuales se lleve a cabo la creacin de nuevas fincas registrales por va de parcelacin, reparcelacin en cualquiera de sus modalidades, declaracin de obra nueva o constitucin de rgimen de propiedad horizontal, la Administracin estar obligada a acordar la prctica en el Registro de la Propiedad de la anotacin preventiva a que se refiere el artculo 53.2.

La omisin de la resolucin por la que se acuerde la prctica de esta anotacin preventiva dar lugar a la responsabilidad de la Administracin competente en el caso de que se produzcan perjuicios econmicos al adquirente de buena fe de la finca afectada por el expediente. En tal caso, la citada Administracin deber indemnizar al adquirente de buena fe los daos y perjuicios causados.

3. Inscrita la parcelacin o reparcelacin de fincas, la declaracin de nuevas construcciones o la constitucin de regmenes de propiedad horizontal, o inscritos, en su caso, los conjuntos inmobiliarios, el Registrador de la Propiedad notificar a la Comunidad Autnoma competente la realizacin de las inscripciones correspondientes, con los datos resultantes del Registro. A la comunicacin, de la que se dejar constancia por nota al margen de las inscripciones correspondientes, se acompaar certificacin de las operaciones realizadas y de la autorizacin administrativa que se incorpore o acompae al ttulo inscrito.

Se modifica por la disposicin final 12.16 de la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ref. BOE-A-2013-6938.

Se modifica por el art. 25.2 del Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio. Ref. BOE-A-2011-11641.





[Bloque 74: #a52]

Artculo 52. Certificacin administrativa.

Salvo en los casos que la legislacin establezca otra cosa, los actos a que se refiere el artculo anterior podrn inscribirse en el Registro de la Propiedad mediante certificacin administrativa expedida por rgano urbanstico actuante, en la que se harn constar en la forma exigida por la legislacin hipotecaria las circunstancias relativas a las personas, los derechos y las fincas a que afecte el acuerdo.


[Bloque 75: #a53]

Artculo 53. Clases de asientos.

1. Se harn constar mediante inscripcin los actos y acuerdos a que se refieren las letras a), b), g) y h) del artculo 51, as como la superficie ocupada a favor de la Administracin, por tratarse de terrenos destinados a dotaciones pblicas por la ordenacin territorial y urbanstica.

2. Se harn constar mediante anotacin preventiva los actos de las letras c) y f) del artculo 51, que se practicar sobre la finca en la que recaiga el correspondiente expediente. Tales anotaciones caducarn a los cuatro aos y podrn ser prorrogadas a instancia del rgano urbanstico actuante o resolucin del rgano jurisdiccional, respectivamente.

3. Se harn constar mediante nota marginal los dems actos y acuerdos a que se refiere el artculo 51. Salvo que otra cosa se establezca expresamente, las notas marginales tendrn vigencia indefinida, pero no producirn otro efecto que dar a conocer la situacin urbanstica en el momento a que se refiere el ttulo que las originara

Se modifica por la disposicin final 12.17 de la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ref. BOE-A-2013-6938.

Se modifican los apartados 1 y 2 por el art. 25.3 del Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio. Ref. BOE-A-2011-11641.





[Bloque 76: #a54]

Artculo 54. Expedientes de distribucin de beneficios y cargas.

1. La iniciacin del expediente de distribucin de beneficios y cargas que corresponda o la afeccin de los terrenos comprendidos en una actuacin de transformacin urbanstica al cumplimiento de las obligaciones inherentes a la forma de gestin que proceda, se harn constar en el Registro por nota al margen de la ltima inscripcin de dominio de las fincas correspondientes.

2. La nota marginal tendr una duracin de tres aos y podr ser prorrogada por otros tres aos a instancia del rgano o agrupacin de inters urbanstico que hubiera solicitado su prctica.

3. La inscripcin de los ttulos de distribucin de beneficios y cargas podr llevarse a cabo, bien mediante la cancelacin directa de las inscripciones y dems asientos vigentes de las fincas originarias, con referencia al folio registral de las fincas resultantes del proyecto, bien mediante agrupacin previa de la totalidad de la superficie comprendida en la actuacin de transformacin urbanstica y su divisin en todas y cada una de las fincas resultantes de las operaciones de distribucin.

4. Tomada la nota a la que se refiere el apartado 1, se producirn los siguientes efectos:

a) Si el ttulo adjudicare la finca resultante al titular registral de la finca originaria, la inscripcin se practicar a favor de ste.

b) Si el ttulo atribuyere la finca resultante al titular registral de la finca originaria segn el contenido de la certificacin que motiv la prctica de la nota, la inscripcin se practicar a favor de dicho titular y se cancelarn simultneamente las inscripciones de dominio o de derechos reales sobre la finca originaria que se hubieren practicado con posterioridad a la fecha de la nota.

c) En el caso a que se refiere la letra anterior, se har constar al margen de la inscripcin o inscripciones de las fincas de resultado, la existencia de los asientos posteriores que han sido objeto de cancelacin, el ttulo que los motiv y su respectiva fecha.

d) Para la prctica de la inscripcin de la finca o fincas de resultado a favor de los adquirentes de la finca originaria bastar la presentacin del ttulo que motiv la prctica de asientos cancelados posteriores a la nota, con la rectificacin que corresponda y en la que se hagan constar las circunstancias y descripcin de la finca o fincas resultantes del proyecto, as como el consentimiento para tal rectificacin del titular registral y de los titulares de los derechos cancelados conforme a la letra b). Mientras no se lleve a cabo la expresada rectificacin, no podr practicarse ningn asiento sobre las fincas objeto de la nota marginal a que se refiere la letra c).

5. El ttulo en cuya virtud se inscribe el proyecto de distribucin de beneficios y cargas ser suficiente para la modificacin de entidades hipotecarias, rectificacin de descripciones registrales, inmatriculacin de fincas o de excesos de cabida, reanudacin del tracto sucesivo, y para la cancelacin de derechos reales incompatibles, en la forma que reglamentariamente se determine.


[Bloque 77: #daprimera]

Disposicin adicional primera. Sistema de informacin urbana.

Con el fin de promover la transparencia, la Administracin General del Estado, en colaboracin con las Comunidades Autnomas, definir y promover la aplicacin de aquellos criterios y principios bsicos que posibiliten, desde la coordinacin y complementacin con las administraciones competentes en la materia, la formacin y actualizacin permanente de un sistema pblico general e integrado de informacin sobre suelo y urbanismo, procurando, asimismo, la compatibilidad y coordinacin con el resto de sistemas de informacin y, en particular, con el Catastro Inmobiliario.


[Bloque 78: #dasegunda]

Disposicin adicional segunda. Bienes afectados a la Defensa Nacional, al Ministerio de Defensa o al uso de las fuerzas armadas.

1. Los instrumentos de ordenacin territorial y urbanstica, cualquiera que sea su clase y denominacin, que incidan sobre terrenos, edificaciones e instalaciones, incluidas sus zonas de proteccin, afectos a la Defensa Nacional debern ser sometidos, respecto de esta incidencia, a informe vinculante de la Administracin General del Estado con carcter previo a su aprobacin.

2. No obstante lo dispuesto en esta Ley, los bienes afectados al Ministerio de Defensa o al uso de las Fuerzas Armadas y los puestos a disposicin de los organismos pblicos que dependan de aqul, estn vinculados a los fines previstos en su legislacin especial.


[Bloque 79: #datercera]

Disposicin adicional tercera. Potestades de ordenacin urbanstica en Ceuta y Melilla.

Las Ciudades de Ceuta y Melilla ejercern sus potestades normativas reglamentarias en el marco de lo establecido por las respectivas Leyes Orgnicas por las que se aprueban sus Estatutos de Autonoma, esta Ley y las dems normas que el Estado promulgue al efecto.

En todo caso, corresponder a la Administracin General del Estado la aprobacin definitiva del Plan General de Ordenacin Urbana de estas Ciudades y de sus revisiones, as como de sus modificaciones que afecten a las determinaciones de carcter general, a los elementos fundamentales de la estructura general y orgnica del territorio o a las determinaciones a que se refiere el apartado cuarto de la disposicin final primera de esta Ley.

La aprobacin definitiva de los Planes Especiales no previstos en el Plan General, y de sus modificaciones, as como de las modificaciones del Plan General no comprendidas en el prrafo anterior, corresponder a los rganos competentes de las Ciudades de Ceuta y Melilla, previo informe preceptivo de la Administracin General del Estado, el cual ser vinculante en lo relativo a cuestiones de legalidad o a la afectacin a intereses generales de competencia estatal, deber emitirse en el plazo de tres meses y se entender favorable si no se emitiera en dicho plazo.

Se modifica por la disposicin final 12.18 de la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ref. BOE-A-2013-6938.




[Bloque 80: #dacuarta]

Disposicin adicional cuarta. Gestin de suelos del patrimonio del Estado.

1. Ser aplicable a los bienes inmuebles del patrimonio del Estado lo dispuesto en el artculo 39 de esta Ley sobre el acceso al Registro de la Propiedad de las limitaciones, obligaciones, plazos o condiciones de destino en las enajenaciones de fincas destinadas a la construccin de viviendas sujetas a algn rgimen de proteccin pblica que permita tasar su precio mximo de venta o alquiler.

2. Se aade un nuevo artculo 190 bis en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Pblicas, con la siguiente redaccin:

Artculo 190 bis. Rgimen urbanstico de los inmuebles afectados.

Cuando los instrumentos de ordenacin territorial y urbanstica incluyan en el mbito de las actuaciones de urbanizacin o adscriban a ellas terrenos afectados o destinados a usos o servicios pblicos de competencia estatal, la Administracin General del Estado o los organismos pblicos titulares de los mismos que los hayan adquirido por expropiacin u otra forma onerosa participarn en la equidistribucin de beneficios y cargas en los trminos que establezca la legislacin sobre ordenacin territorial y urbanstica.

3. Se modifica el apartado 5 de la disposicin final segunda de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Pblicas, que queda redactado en los siguientes trminos:

5. Tienen el carcter de la legislacin bsica, de acuerdo con lo preceptuado en el artculo 149.1.18. de la Constitucin, las siguientes disposiciones de esta Ley: artculo 1; artculo 2; artculo 3; artculo 6; artculo 8, apartado 1; artculo 27; artculo 28; artculo 29, apartado 2; artculo 32, apartados 1 y 4; artculo 36, apartado 1; artculo 41; artculo 42; artculo 44; artculo 45; artculo 50; artculo 55; artculo 58; artculo 61; artculo 62; artculo 84; artculo 91, apartado 4; artculo 92, apartados 1, 2, y 4; artculo 93, apartados 1, 2, 3 y 4; artculo 94; artculo 97; artculo 98; artculo 100; artculo 101, apartados 1, 3 y 4; artculo 102, apartados 2 y 3; artculo 103, apartados 1 y 3; artculo 106, apartado 1; artculo 107, apartado 1; artculo 109, apartado 3; artculo 121, apartado 4; artculo 183; artculo 184; artculo 189; artculo 190; artculo 190 bis; artculo 191; disposicin transitoria primera, apartado 1; disposicin transitoria quinta.

4. Se aade una letra e) al apartado 2 del artculo 71 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, con la siguiente redaccin:

e) Coadyuvar, con la gestin de los bienes inmuebles que sean puestos a su disposicin, al desarrollo y ejecucin de las distintas polticas pblicas en vigor y, en particular, de la poltica de vivienda, en colaboracin con las Administraciones competentes. A tal efecto, podr suscribir con dichas Administraciones convenios, protocolos o acuerdos tendentes a favorecer la construccin de viviendas sujetas a algn rgimen de proteccin que permita tasar su precio mximo en venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda. Dichos acuerdos debern ser autorizados por el Consejo Rector.

5. Se aade un ordinal 7. en el apartado 2 del artculo 53 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, con la siguiente redaccin:

7. Coadyuvar, con la gestin de los bienes inmuebles que sean puestos a su disposicin, al desarrollo y ejecucin de las distintas polticas pblicas en vigor y, en particular, de la poltica de vivienda, en colaboracin con las Administraciones competentes. A tal efecto, podr suscribir con dichas Administraciones convenios, protocolos o acuerdos tendentes a favorecer la construccin de viviendas sujetas a algn rgimen de proteccin que permita tasar su precio mximo en venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda.


[Bloque 81: #daquinta]

Disposicin adicional quinta. Modificacin del artculo 43 de la Ley de Expropiacin Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

Se modifica el apartado 2 del artculo 43 de la Ley de Expropiacin Forzosa de 16 de diciembre de 1954, que queda redactado en los trminos siguientes:

2. El rgimen estimativo a que se refiere el prrafo anterior:

a) No ser en ningn caso de aplicacin a las expropiaciones de bienes inmuebles, para la fijacin de cuyo justiprecio se estar exclusivamente al sistema de valoracin previsto en la Ley que regule la valoracin del suelo.

b) Slo ser de aplicacin a las expropiaciones de bienes muebles cuando stos no tengan criterio particular de valoracin sealado por Leyes especiales.


[Bloque 82: #dasexta]

Disposicin adicional sexta. Suelos forestales incendiados.

1. Los terrenos forestales incendiados se mantendrn en la situacin de suelo rural a los efectos de esta Ley y estarn destinados al uso forestal, al menos durante el plazo previsto en el artculo 50 de la Ley de Montes, con las excepciones en ella previstas.

2. La Administracin forestal deber comunicar al Registro de la Propiedad esta circunstancia, que ser inscribible conforme a lo dispuesto por la legislacin hipotecaria.

3. Ser ttulo para la inscripcin la certificacin emitida por la Administracin forestal, que contendr los datos catastrales identificadores de la finca o fincas de que se trate y se presentar acompaada del plano topogrfico de los terrenos forestales incendiados, a escala apropiada.

La constancia de la certificacin se har mediante nota marginal que tendr duracin hasta el vencimiento del plazo a que se refiere el apartado primero. El plano topogrfico se archivar conforme a lo previsto por el artculo 51.4 del Reglamento Hipotecario, pudiendo acompaarse copia del mismo en soporte magntico u ptico.


[Bloque 83: #daseptima]

Disposicin adicional sptima. Reglas para la capitalizacin de rentas en suelo rural.

1. Para la capitalizacin de la renta anual real o potencial de la explotacin a que se refiere el apartado1 del artculo23, se utilizar como tipo de capitalizacin el valor promedio de los datos anuales publicados por el Banco de Espaa de la rentabilidad de las Obligaciones del Estado a30 aos, correspondientes a los tres aos anteriores a la fecha a la que deba entenderse referida la valoracin.

2. Este tipo de capitalizacin podr ser corregido aplicando a la referencia indicada en el apartado anterior un coeficiente corrector en funcin del tipo de cultivo, explotacin o aprovechamiento del suelo, cuando el resultado de las valoraciones se aleje de forma significativa respecto de los precios de mercado del suelo rural sin expectativas urbansticas.

Los trminos de dicha correccin se determinarn reglamentariamente.

Se modifica el apartado 1 por la disposicin final 3 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre. Ref. BOE-A-2015-10439.

Se modifica por el art. 10.2 del Real Decreto-Ley 6/2010, de 9 de abril. Ref. BOE-A-2010-5879

Se modifica el apartado 1, con efectos de 1 de enero de 2009, por la disposicin final 16 de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2008-20744






[Bloque 84: #daoctava]

Disposicin adicional octava. Participacin del Estado en la ordenacin territorial y urbanstica.

La Administracin General del Estado podr participar en los procedimientos de ordenacin territorial y urbanstica en la forma que determine la legislacin en la materia. Cuando as lo prevea esta legislacin, podrn participar representantes de la Administracin General del Estado, designados por ella, en los rganos colegiados de carcter supramunicipal que tengan atribuidas competencias de aprobacin de instrumentos de ordenacin territorial y urbanstica.


[Bloque 85: #danovena]

Disposicin adicional novena. Modificacin de la Ley Reguladora de las Bases del Rgimen Local.

Se modifican los siguientes artculos y apartados de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Rgimen Local, que quedan redactados en los trminos siguientes:

1. Modificacin del artculo 22.2.

Corresponden, en todo caso, al Pleno municipal en los Ayuntamientos, y a la Asamblea vecinal en el rgimen de Concejo Abierto, las siguientes atribuciones:

(...)

c) La aprobacin inicial del planeamiento general y la aprobacin que ponga fin a la tramitacin municipal de los planes y dems instrumentos de ordenacin previstos en la legislacin urbanstica, as como los convenios que tengan por objeto la alteracin de cualesquiera de dichos instrumentos.

(...)

2. Adicin de un nuevo artculo 70 ter.

1. Las Administraciones pblicas con competencias de ordenacin territorial y urbanstica debern tener a disposicin de los ciudadanos o ciudadanas que lo soliciten, copias completas de los instrumentos de ordenacin territorial y urbanstica vigentes en su mbito territorial, de los documentos de gestin y de los convenios urbansticos.

2. Las Administraciones pblicas con competencias en la materia, publicarn por medios telemticos el contenido actualizado de los instrumentos de ordenacin territorial y urbanstica en vigor, del anuncio de su sometimiento a informacin pblica y de cualesquiera actos de tramitacin que sean relevantes para su aprobacin o alteracin.

En los municipios menores de 5.000 habitantes, esta publicacin podr realizarse a travs de los entes supramunicipales que tengan atribuida la funcin de asistencia y cooperacin tcnica con ellos, que debern prestarles dicha cooperacin.

3. Cuando una alteracin de la ordenacin urbanstica, que no se efecte en el marco de un ejercicio pleno de la potestad de ordenacin, incremente la edificabilidad o la densidad o modifique los usos del suelo, deber hacerse constar en el expediente la identidad de todos los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco aos anteriores a su iniciacin, segn conste en el registro o instrumento utilizado a efectos de notificaciones a los interesados de conformidad con la legislacin en la materia.

3. Modificacin del artculo 75.7.

Los representantes locales, as como los miembros no electos de la Junta de Gobierno Local, formularn declaracin sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos econmicos.

Formularn asimismo declaracin de sus bienes patrimoniales y de la participacin en sociedades de todo tipo, con informacin de las sociedades por ellas participadas y de las liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades.

Tales declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por los plenos respectivos, se llevarn a cabo antes de la toma de posesin, con ocasin del cese y al final del mandato, as como cuando se modifiquen las circunstancias de hecho.

Las declaraciones anuales de bienes y actividades sern publicadas con carcter anual, y en todo caso en el momento de la finalizacin del mandato, en los trminos que fije el Estatuto municipal.

Tales declaraciones se inscribirn en los siguientes Registros de intereses, que tendrn carcter pblico:

a) La declaracin sobre causas de posible incompatibilidad y actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos econmicos, se inscribir, en el Registro de Actividades constituido en cada Entidad local.

b) La declaracin sobre bienes y derechos patrimoniales se inscribir en el Registro de Bienes Patrimoniales de cada Entidad local, en los trminos que establezca su respectivo estatuto.

Los representantes locales y miembros no electos de la Junta de Gobierno Local respecto a los que, en virtud de su cargo, resulte amenazada su seguridad personal o la de sus bienes o negocios, la de sus familiares, socios, empleados o personas con quienes tuvieran relacin econmica o profesional podrn realizar la declaracin de sus bienes y derechos patrimoniales ante el Secretario o la Secretaria de la Diputacin Provincial o, en su caso, ante el rgano competente de la Comunidad Autnoma correspondiente. Tales declaraciones se inscribirn en el Registro Especial de Bienes Patrimoniales, creado a estos efectos en aquellas instituciones.

En este supuesto, aportarn al Secretario o Secretaria de su respectiva entidad mera certificacin simple y sucinta, acreditativa de haber cumplimentado sus declaraciones, y que stas estn inscritas en el Registro Especial de Intereses a que se refiere el prrafo anterior, que sea expedida por el funcionario encargado del mismo.

4. Inclusin de un nuevo apartado 8 en el artculo 75.

8. Durante los dos aos siguientes a la finalizacin de su mandato, a los representantes locales a que se refiere el apartado primero de este artculo que hayan ostentado responsabilidades ejecutivas en las diferentes reas en que se organice el gobierno local, les sern de aplicacin en el mbito territorial de su competencia las limitaciones al ejercicio de actividades privadas establecidas en el artculo 8 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulacin de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administracin General del Estado.

A estos efectos, los Ayuntamientos podrn contemplar una compensacin econmica durante ese periodo para aqullos que, como consecuencia del rgimen de incompatibilidades, no puedan desempear su actividad profesional, ni perciban retribuciones econmicas por otras actividades.

5. Inclusin de una nueva Disposicin adicional Decimoquinta. Rgimen de incompatibilidades y declaraciones de actividades y bienes de los Directivos locales y otro personal al servicio de las Entidades locales.

1. Los titulares de los rganos directivos quedan sometidos al rgimen de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Pblicas, y en otras normas estatales o autonmicas que resulten de aplicacin.

No obstante, les sern de aplicacin las limitaciones al ejercicio de actividades privadas establecidas en el artculo 8 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulacin de los Conflictos de Intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administracin General del Estado, en los trminos en que establece el artculo 75.8 de esta Ley.

A estos efectos, tendrn la consideracin de personal directivo los titulares de rganos que ejerzan funciones de gestin o ejecucin de carcter superior, ajustndose a las directrices generales fijadas por el rgano de gobierno de la Corporacin, adoptando al efecto las decisiones oportunas y disponiendo para ello de un margen de autonoma, dentro de esas directrices generales.

2. El rgimen previsto en el artculo 75.7 de esta Ley ser de aplicacin al personal directivo local y a los funcionarios de las Corporaciones Locales con habilitacin de carcter estatal que, conforme a lo previsto en el artculo 5.2 de la Disposicin Adicional Segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Bsico del Empleado Pblico, desempeen en las Entidades locales puestos que hayan sido provistos mediante libre designacin en atencin al carcter directivo de sus funciones o a la especial responsabilidad que asuman.


[Bloque 86: #dadecima]

Disposicin adicional dcima. Actos promovidos por la Administracin General del Estado.

1. Cuando la Administracin General del Estado o sus Organismos Pblicos promuevan actos sujetos a intervencin municipal previa y razones de urgencia o excepcional inters pblico lo exijan, el Ministro competente por razn de la materia podr acordar la remisin al Ayuntamiento correspondiente del proyecto de que se trate, para que en el plazo de un mes notifique la conformidad o disconformidad del mismo con la ordenacin urbanstica en vigor.

En caso de disconformidad, el expediente se remitir por el Departamento interesado al Ministro de Vivienda, quien lo elevar al Consejo de Ministros, previo informe del rgano competente de la Comunidad Autnoma, que se deber emitir en el plazo de un mes. El Consejo de Ministros decidir si procede ejecutar el proyecto, y en este caso, ordenar la iniciacin del procedimiento de alteracin de la ordenacin urbanstica que proceda, conforme a la tramitacin establecida en la legislacin reguladora.

2. El Ayuntamiento podr en todo caso acordar la suspensin de las obras a que se refiere el apartado 1 de este artculo cuando se pretendiesen llevar a cabo en ausencia o en contradiccin con la notificacin, de conformidad con la ordenacin urbanstica y antes de la decisin de ejecutar la obra adoptada por el Consejo de Ministros, comunicando dicha suspensin al rgano redactor del proyecto y al Ministro de Vivienda, a los efectos prevenidos en el mismo.

3. Se exceptan de esta facultad las obras que afecten directamente a la defensa nacional, para cuya suspensin deber mediar acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Vivienda, previa solicitud del Ayuntamiento competente e informe del Ministerio de Defensa.


[Bloque 87: #daundecima]

Disposicin adicional undcima. Realojamiento y retorno.

(Derogada).

Se deroga por la disposicin derogatoria nica.3. de la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ref. BOE-A-2013-6938.




[Bloque 88: #dtprimera]

Disposicin transitoria primera. Aplicacin de la reserva de suelo para vivienda protegida.

La reserva para vivienda protegida exigida en la letra b) del apartado primero del artculo 10 de esta Ley se aplicar a todos los cambios de ordenacin cuyo procedimiento de aprobacin se inicie con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, en la forma dispuesta por la legislacin sobre ordenacin territorial y urbanstica. En aquellos casos en que las Comunidades Autnomas no hubieren establecido reservas iguales o superiores a la que se establece en la letra b) del apartado primero del artculo 10 de esta Ley, desde el 1 de julio de 2008 y hasta su adaptacin a la misma, ser directamente aplicable la reserva del 30 por ciento prevista en esta Ley con las siguientes precisiones:

a) Estarn exentos de su aplicacin los instrumentos de ordenacin de los Municipios de menos de 10.000 habitantes en los que, en los dos ltimos aos anteriores al del inicio de su procedimiento de aprobacin, se hayan autorizado edificaciones residenciales para menos de 5 viviendas por cada mil habitantes y ao, siempre y cuando dichos instrumentos no ordenen actuaciones residenciales para ms de 100 nuevas viviendas; as como los que tengan por objeto actuaciones de reforma o mejora de la urbanizacin existente en las que el uso residencial no alcance las 200 viviendas.

b) Los instrumentos de ordenacin podrn compensar motivadamente minoraciones del porcentaje en las actuaciones de nueva urbanizacin no dirigidas a atender la demanda de primera residencia prevista por ellos con incrementos en otras de la misma categora de suelo.


[Bloque 89: #dtsegunda]

Disposicin transitoria segunda. Deberes de las actuaciones de dotacin.

(Derogada).

Se deroga por la disposicin derogatoria nica.3. de la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ref. BOE-A-2013-6938.




[Bloque 90: #dttercera]

Disposicin transitoria tercera. Valoraciones.

1. Las reglas de valoracin contenidas en esta Ley sern aplicables en todos los expedientes incluidos en su mbito material de aplicacin que se inicien a partir de la entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.

2. Los terrenos que, a la entrada en vigor de aqulla, formen parte del suelo urbanizable incluido en mbitos delimitados para los que el planeamiento haya establecido las condiciones para su desarrollo, se valorarn conforme a las reglas establecidas en la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Rgimen de Suelo y Valoraciones, tal y como quedaron redactadas por la Ley 10/2003, de 20 de mayo, siempre y cuando en el momento a que deba entenderse referida la valoracin no hayan vencido los plazos para la ejecucin del planeamiento o, si han vencido, sea por causa imputable a la Administracin o a terceros.

De no existir previsin expresa sobre plazos de ejecucin en el planeamiento ni en la legislacin de ordenacin territorial y urbanstica, se aplicar el de cinco aos contados desde la entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.

3. Mientras no se desarrolle reglamentariamente lo dispuesto en esta Ley sobre criterios y mtodo de clculo de la valoracin y en lo que sea compatible con ella, se estar a lo dispuesto en el apartado 3 del artculo 137 del Reglamento de Gestin Urbanstica aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, y a las normas de valoracin de bienes inmuebles y de determinados derechos contenidas en la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, o disposicin que la sustituya.

Se modifica el apartado 2 por la disposicin final.9 del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-2011-20638.

Se modifica el apartado 2 por el art. 10.1 del Real Decreto-Ley 6/2010, de 9 de abril. Ref. BOE-A-2010-5879





[Bloque 91: #dtcuarta]

Disposicin transitoria cuarta. Criterios mnimos de sostenibilidad.

Si, trascurrido un ao desde la entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, la legislacin sobre ordenacin territorial y urbanstica no estableciera en qu casos el impacto de una actuacin de urbanizacin obliga a ejercer de forma plena la potestad de ordenacin, esta nueva ordenacin o revisin ser necesaria cuando la actuacin conlleve, por s misma o en unin de las aprobadas en los dos ltimos aos, un incremento superior al 20 por ciento de la poblacin o de la superficie de suelo urbanizado del municipio o mbito territorial.


[Bloque 92: #dtquinta]

Disposicin transitoria quinta. Edificaciones existentes.

(Derogada)

Se deroga por la disposicin derogatoria nica.3. de la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ref. BOE-A-2013-6938.




[Bloque 93: #dfprimera]

Disposicin final primera. Ttulo competencial y mbito de aplicacin.

1. Tienen el carcter de condiciones bsicas de la igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los correspondientes deberes constitucionales y, en su caso, de bases del rgimen de las Administraciones Pblicas, de la planificacin general de la actividad econmica y de proteccin del medio ambiente, dictadas en ejercicio de las competencias reservadas al legislador general en el artculo 149.1.1., 13., 18. y 23. de la Constitucin, los artculos 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10, apartados 1 y 2; 11, apartados 1, 2, 3, 4, 6 y 7; 12; 13; apartados 1, 2, 3, letra a) prrafo primero y letra b) y apartado 4; 14; 15; 16; 29, apartados 2, prrafo segundo y 3; 33; 36, apartado 3; 42; las disposiciones adicionales primera; sexta, apartados 1 y 2, y undcima, y las disposiciones transitorias primera; segunda; cuarta y quinta.

2. Los artculos 38 y 39, apartados 1 y 2, tienen el carcter de bases de la planificacin general de la actividad econmica dictadas en ejercicio de la competencia reservada al legislador estatal en el artculo 149. 1. 13. de la Constitucin, sin perjuicio de las competencias exclusivas sobre suelo y urbanismo que tengan atribuidas las Comunidades Autnomas.

3. Tienen el carcter de disposiciones establecidas en ejercicio de la competencia reservada al legislador estatal por el artculo 149.1.4., 8. y 18. sobre defensa, legislacin civil, expropiacin forzosa y sistema de responsabilidad de las Administraciones Pblicas, los artculos 10, apartado 3; 11, apartado 5; 13, apartado 3, letra a), prrafo segundo; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29, apartados 1, 2 prrafo primero y 4; 30; 31; 32; 34; 35; 36, apartados 1 y 2; 37; 39, apartados 3 y 4; 40; 41; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53 y 54 y las disposiciones adicionales segunda; quinta; sexta, apartado 3; sptima y dcima y la disposicin transitoria tercera.

4. El contenido normativo ntegro de esta Ley es de aplicacin directa en los territorios de las Ciudades de Ceuta y Melilla, con las siguientes precisiones:

a) La potestad que la letra b) del apartado primero del artculo 10 reconoce a la Ley para reducir el porcentaje de reserva de vivienda sometida a algn rgimen de proteccin pblica y la de determinar los posibles destinos del patrimonio pblico del suelo, de entre los previstos en el apartado 1 del artculo 39, podrn ser ejercidas directamente en el Plan General.

b) El porcentaje a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artculo 16 ser, con carcter general, el 15 por ciento. No obstante, el Plan General podr, de forma proporcionada y motivada, reducirlo hasta un 10 por ciento, o incrementarlo hasta un mximo del 20 por ciento, en las actuaciones o mbitos en los que el valor de los solares resultantes sea sensiblemente inferior, o superior al medio de los incluidos en su misma clase de suelo, respectivamente.

5. Lo dispuesto en esta Ley se aplicar sin perjuicio de los regmenes civiles, forales o especiales, all donde existen.

Se modifica la letra b) del apartado 4 por la disposicin final 12.19 de la ley 8/2013, de 26 de junio. Ref. BOE-A-2013-6938.




[Bloque 94: #dfsegunda]

Disposicin final segunda. Desarrollo.

Se autoriza al Gobierno para proceder, en el marco de sus atribuciones, al desarrollo de esta Ley.

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.

Dudas o sugerencias: Servicio de atención al ciudadano

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