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Documento BOE-A-1992-4252

Ley Orgnica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Proteccin de la Seguridad Ciudadana.

TEXTO

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren,

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley Orgnica:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La proteccin de la seguridad ciudadana y el ejercicio de las libertades pblicas constituyen un binomio inseparable, y ambos conceptos son requisitos bsicos de la convivencia en una sociedad democrtica.

La Constitucin, por otra parte, establece una atribucin genrica de competencia al Estado en materia de seguridad pblica (artculo 149.1.29) y, especficamente, atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, la tarea de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y de garantizar la seguridad ciudadana (artculo 104.1), afectando en su regulacin al ejercicio de algunos derechos fundamentales, como el derecho a la libertad, a la libre circulacin por el territorio nacional y a entrar y salir libremente de. Espaa o al derecho de reunin.

Desde la promulgacin de la Constitucin, en un proceso ininterrumpido, las Cortes Generales han tratado de mantener un positivo equilibrio entre libertad y seguridad, habilitando a las autoridades correspondientes para el cumplimiento de sus deberes constitucionales en materia de seguridad, mediante la aprobacin de Leyes Orgnicas generales como la de 1 de junio de 1981, de los estados de alarma, excepcin y sitio; la de 1 de julio de 1985. sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espaa, o la de 13 de marzo de 1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Asimismo, se han aprobado Leyes especiales, como la de 15 de julio de 1983, reguladora del derecho de reunin; la de 21 de enero de 1985, sobre Proteccin Civil, o la de 25 de julio de 1989, de Bases sobre Trfico, Circulacin de Vehculos a Motor y Seguridad Vial; incluyndose, asimismo, medidas de prevencin de la violencia en los espectculos deportivos mediante la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, que dedica a la materia su Ttulo IX.

Para completar, sin embargo, las facultades o potestades de las autoridades actualizadas y adecuadas a la Constitucin, y con la finalidad de proteger la seguridad ciudadana, se considera necesario establecer el mbito de responsabilidad de las autoridades administrativas en materias como la fabricacin, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos; concentraciones pblicas en espectculos; documentacin personal de nacionales y extranjeros en Espaa; as como regular ciertas actividades de especial inters y responsabilidad para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La consideracin de fenmenos colectivos que implican la aparicin de amenazas, coacciones o acciones violentas, con graves repercusiones en el funcionamiento de los servicios pblicos y en la vida ciudadana determina, a su vez, la necesidad de un tratamiento adecuado a la naturaleza de dichos fenmenos y adaptado a las exigencias constitucionales.

Con todo ello, viene a completarse, la derogacin formal de la Ley de Orden Pblico, tan emblemtica del rgimen poltico anterior y que ha cado prcticamente en desuso, con independencia de que en varios aspectos de su articulado haya sido expresamente derogada.

En el Captulo II de la nueva Ley, se regulan las actividades relacionadas con armas y explosivos, habilitando la intervencin del Estado en todo el proceso de produccin y venta, as como en la tenencia y uso de los mismos, reconociendo el alcance restrictivo de las autorizaciones administrativas para ello, regulando la prohibicin de ciertas armas, municiones y explosivos especialmente peligrosos y considerando como sector con regulacin especfica en materia de establecimiento la fabricacin, comercio o distribucin de armas o explosivos.

Se disponen, asimismo, las finalidades a que tendern las medidas de polica que deber dictar el Gobierno en materia de espectculos pblicos y actividades recreativas, dejando a salvo las competencias que, en este punto, tienen reconocidas las Comunidades Autnomas mediante sus correspondientes Estatutos.

Se establece, tambin, el derecho y el deber de obtener el Documento Nacional de Identidad a partir de los catorce aos, que tendr por s solo suficiente valor para acreditar la identidad de los ciudadanos, garantizando en todo caso el respeto al derecho a la intimidad de la persona, sin que los datos que en el mismo figuren puedan ser relativos a raza, religin, opinin, ideologa, afiliacin poltica o sindical, o creencias. Se regula la expedicin del pasaporte o documento que lo sustituya, y se establece, por otra parte, el deber de identificacin de los extranjeros que se hallen en Espaa, sin que puedan ser privados de esta documentacin, salvo en los mismos supuestos previstos para el Documento Nacional de Identidad.

Finalmente, se habilita al Gobierno para llevar a cabo la regulacin de ciertas actuaciones de registro documental e informacin de actividades cada vez de mayor relevancia para la seguridad ciudadana, entre las que se comprende la circulacin de embarcaciones de alta velocidad, as como el deber de determinadas entidades o establecimientos, que generen riesgos directos para terceros o sean especialmente vulnerables, de adoptar las medidas de seguridad que fueren precisas.

En el Captulo III se habilita para realizar actuaciones dirigidas al mantenimiento y al restablecimiento de la seguridad ciudadana, particularmente en supuestos de desrdenes colectivos o de inseguridad pblica graves. Quedan, as, facultadas las autoridades para el cierre de locales o establecimientos y para la evacuacin de inmuebles en situaciones de emergencia o en circunstancias que lo hagan imprescindible, as como para la suspensin de los espectculos, desalojo de locales y cierre provisional de establecimientos cuando en los mismos tuvieran lugar graves alteraciones del orden. Se prev la limitacin o restriccin de la circulacin o permanencia en vas o lugares pblicos en supuestos de alteracin del orden o la seguridad ciudadana. Se posibilita el establecimiento de controles en las vas, lugares o establecimientos pblicos, con el fin de descubrir y detener a los partcipes en un hecho delictivo y de aprehender los instrumentos, efectos o pruebas del mismo.

Se regulan las condiciones en que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, siempre que ello fuese necesario para el ejercicio de las funciones de proteccin de la seguridad que les corresponden, podrn requerir la identificacin de las personas. Si no pudieran identificarse por cualquier medio, podrn ser instadas a acudir a una dependencia policial prxima a los solos efectos de la identificacin. No se altera, pues, el rgimen vigente del instituto de la detencin, que slo podr seguir producindose cuando se trate de un sospechoso de haber cometido un delito y no por la imposibilidad de identificacin, Lo que se prevn son supuestos de resistencia o negativa infundada a la identificacin, que tendran las consecuencias que para tales infracciones derivan del Cdigo Penal vigente.

Se regulan, asimismo, las condiciones y trminos en que, conforme a lo permitido por la Constitucin y las leyes, podr prescindirse del mandamiento judicial para penetrar en domicilios, en lo que se refiere a las tareas de persecucin de fenmenos delictivos tan preocupantes para la seguridad de los ciudadanos como son los relacionados con el narcotrfico.

El Captulo IV establece un rgimen sancionador que permite el cumplimiento de las finalidades de la Ley y de las correspondientes garantas constitucionales. Tipifica las infracciones contra la seguridad ciudadana, haciendo la graduacin entre infracciones muy graves, infracciones graves e infracciones leves; comprendindose especficamente entre las infracciones graves el consumo en lugares pblicos y la tenencia ilcita de drogas txicas o sustancias estupefacientes, las cuales podrn ser sancionadas, adems, con la suspensin del permiso de conducir de vehculos de motor hasta tres meses, y con la retirada de permisos o licencias de armas. Atendiendo al fin resocializador y no exclusivamente retributivo de la sancin, se regula en la presente Ley para estos supuestos, la posibilidad de suspensin de las sanciones en los casos en los que el infractor se someta a un tratamiento de deshabituacin en un centro o servicio debidamente acreditado. Asimismo, este Captulo IV determina las sanciones que cabe imponer y las autoridades competentes para ello, estableciendo un procedimiento sancionador con las debidas garantas. Por otra parte, se dispone la obligacin del Ministerio Fiscal de remitir testimonio de las sentencias absolutorias o autos de sobreseimiento y archivo, cuando los hechos no sean constitutivos de infraccin penal, si pudieran constituir infraccin administrativa de las previstas en esta Ley,

Por ltimo, la presente Ley, en virtud de lo dispuesto en la disposicin adicional, en las disposiciones finales primera y segunda, as como en los artculos 2 y concordantes, es claramente respetuosa con el sistema competencial que se desprende de la Constitucin, tal como es definido por los artculos 104 y 149.1.29, por la Ley Orgnica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y por los Estatutos de Autonomas de las Comunidades con competencias en esta materia. Asimismo, las autoridades locales seguirn ejerciendo las facultades que les corresponden, de acuerdo con la Ley Orgnica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la legislacin de Rgimen Local, espectculos pblicos y actividades clasificadas.

Se estima que as puede facilitarse y orientarse la tarea de proteger un mbito de seguridad y convivencia en el que sea posible el ejercicio de derechos y libertades, mediante la eliminacin de la violencia en las relaciones sociales y la remocin de los obstculos que se opongan a la plenitud de dichas libertades y derechos, todo lo cual entraa una de las principales razones de ser de las autoridades a que se refiere la presente Ley y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a sus rdenes.

CAPITULO I
Disposiciones Generales
Artculo 1.

1. De conformidad con lo dispuesto en los artculos 149.1.29 y 104 de la Constitucin corresponde al Gobierno, a travs de las autoridades y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a sus rdenes, proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, crear y mantener las condiciones adecuadas a tal efecto, y remover los obstculos que lo impidan, sin perjuicio de las facultades y deberes de otros poderes pblicos.

2. Esta competencia comprende el ejercicio de las potestades administrativas previstas en esta Ley, con la finalidad de asegurar la convivencia ciudadana, la erradicacin de la violencia y la utilizacin pacifica de las vas y espacios pblicos, as como la de prevenir la comisin de delitos y faltas.

Artculo 2.

1. A los efectos de esta Ley, son autoridades competentes en materia de seguridad:

a) El Ministro del Interior.

b) Los titulares de los rganos superiores y rganos directivos del Ministerio del Interior a los que se atribuya tal carcter, en virtud de disposiciones legales o reglamentarias.

c) Los Gobernadores Civiles y los Delegados del Gobierno en Ceuta y en Melilla.

d) Los Delegados del Gobierno en mbitos territoriales menores que la provincia.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las autoridades locales seguirn ejerciendo las facultades que les corresponden, de acuerdo con la Ley Orgnica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la legislacin de Rgimen Local, Espectculos Pblicos y Actividades Recreativas, as como de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

Artculo 3.

1. Adems de las competencias reguladas en otras leyes, corresponden al Ministerio del Interior las competencias en materias de armas y explosivos; espectculos pblicos y actividades recreativas; documentacin e identificacin personal; y prevencin, mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana, reguladas en la presente Ley.

2. Corresponde, asimismo, al Ministerio del Interior la planificacin, coordinacin y control generales de la seguridad de las personas, edificios, instalaciones, actividades y objetos de especial inters, proponiendo o disponiendo la adopcin de las medidas, o la aprobacin de las normas que sean necesarias.

Artculo 4.

1. En las materias sujetas a potestades administrativas de polica especial no atribuidas expresamente a rganos dependientes del Ministerio del Interior, stos slo podrn intervenir en la medida necesaria para asegurar la consecucin de las finalidades previstas en el apartado 2 del artculo 1.

2. Dichos rganos, a travs de sus agentes, debern prestar el auxilio ejecutivo necesario a cualesquiera otras autoridades pblicas que lo requieran para asegurar el cumplimiento de las leyes.

Artculo 5.

1. Todas las autoridades y funcionarios pblicos en el mbito de sus competencias debern colaborar con las autoridades a que se refiere el artculo 2 de la presente Ley y prestarles el auxilio que sea posible y adecuado para la consecucin de las finalidades prevenidas en el artculo 1.

2. Tambin podrn las autoridades competentes a los efectos de esta Ley y los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en caso necesario y en la medida indispensable para el cumplimiento de las funciones que les encomienda la presente Ley, recabar de los particulares su ayuda y colaboracin, siempre que no implique riesgo personal para los mismos, y disponer de lo estrictamente preciso para asegurar el cumplimiento de las leyes y el ejercicio de los derechos. Quienes sufran daos o perjuicios por estas causas, sern indemnizados de acuerdo con las leyes.

3. Todas las autoridades pblicas y sus agentes que tuvieren conocimiento de hechos que perturben gravemente la seguridad ciudadana y en consecuencia, el ejercicio de derechos constitucionales, debern ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial o gubernativa.

CAPITULO II
Medidas de Accin Preventiva y Vigilancia
SECCION PRIMERA. ARMAS Y EXPLOSIVOS
Artculo 6.

1. En el ejercicio de la competencia que le reconoce el artculo 149.1.26 de la Constitucin, la Administracin del Estado establecer los requisitos y condiciones de la fabricacin y reparacin de armas, sus imitaciones y rplicas, y de sus piezas fundamentales; explosivos, cartuchera y artificios pirotcnicos; as como los de su circulacin, almacenamiento y comercio, su adquisicin y enajenacin; su tenencia y utilizacin. Del mismo modo podr adoptar las medidas de control necesarias para el cumplimiento de aquellos requisitos y condiciones.

2. Las autoridades y servicios a los que corresponda ejercer la intervencin, podrn efectuar en cualquier momento las inspecciones y comprobaciones que lean necesarias en los diferentes locales de las fbricas, talleres, depsitos, comercios y lugares de utilizacin de armas y explosivos.

Artculo 7.

1. Se faculta al Gobierno para reglamentar las materias y actividades a que se refiere el artculo anterior, en atencin a las circunstancias que puedan concurrir en los distintos supuestos:

a) Mediante la sujecin de la apertura y funcionamiento de las fbricas, talleres, depsitos, establecimientos de venta y lugares de utilizacin y las actividades relacionadas con ellas a requisitos de catalogacin o clasificacin, autorizacin, informacin, inspeccin, vigilancia y control, as como a requisitos especiales de habilitacin para el personal encargado de su manipulacin.

b) Mediante la obligatoriedad de licencias o permisos para la tenencia y uso de armas de fuego cuya expedicin tendr carcter restrictivo, especialmente cuando se trate de armas de defensa personal, en relacin con las cuales la concesin de las licencias o permisos se limitar a supuestos de estricta necesidad.

c) Mediante la prohibicin de ciertas armas, municiones y explosivos, especialmente peligrosos, as como el depsito de los mismos.

2. La fabricacin, comercio o distribucin de armas y explosivos constituye sector con regulacin especfica en materia de derecho de establecimiento, en los trminos del artculo 20.2 de la Ley de Inversiones Extranjeras en Espaa y en todo caso bajo el control de los Ministerios de Defensa y del Interior.

SECCION SEGUNDA. ESPECTACULOS PUBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS
Artculo 8.

1. Todos los espectculos y actividades recreativas de carcter pblico quedarn sujetos a las medidas de polica administrativa que dicte el Gobierno, en atencin a los fines siguientes:

a) Garantizar la seguridad ciudadana frente a los riesgos que, para las personas o sus bienes, se puedan derivar del comportamiento de quienes organicen un espectculo o actividad recreativa, participen en ellos o los presencien.

b) Asegurar la pacfica convivencia cuando pudiera ser perturbada por la celebracin del espectculo o el desarrollo de la actividad.

c) Limitar las actividades de los locales y establecimientos pblicos a las que tuvieren autorizadas, e impedir, en todo caso, el ejercicio en ellos de cualesquiera otras que estuvieren prohibidas.

d) Fijar las condiciones a las que habrn de ajustarse la organizacin, venta de localidades y horarios de comienzo y terminacin de los espectculos o actividades recreativas, siempre que sea necesario, para que su desarrollo transcurra con normalidad.

2. Los espectculos deportivos quedarn, en todo caso, sujetos a las medidas de prevencin de la violencia que se disponen en el Ttulo IX de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.

SECCION TERCERA. DOCUMENTACION E IDENTIFICACION PERSONAL
Artculo 9.

1. Todos los espaoles tendrn derecho a que se les expida el Documento Nacional de Identidad que gozar de la proteccin que a los documentos pblicos y oficiales otorgan las leyes y que tendr, por s solo, suficiente valor para la acreditacin de la identidad de las personas.

2. El Documento Nacional de Identidad ser obligatorio a partir de los catorce aos. Dicho documento es intransferible, correspondiendo a su titular la custodia y conservacin, sin que pueda ser privado del mismo ni siquiera temporalmente salvo los supuestos en que, conforme a lo previsto por la Ley, haya de ser sustituido por otro documento.

3. En el Documento Nacional de Identidad figurarn la fotografa y la firma de su titular, as como los datos personales que se determinen reglamentariamente, respetando el derecho a la intimidad de la persona, y sin que, en ningn caso, puedan ser relativos a raza, religin, opinin, Ideologa, afiliacin poltica o sindical o creencias.

Artculo 10.

1. Los espaoles podrn entrar en el territorio nacional, en todo caso, acreditando su nacionalidad. Los que pretendan salir de Espaa habrn de estar provistos de pasaporte o documento que reglamentariamente se establezca en los trminos de los Acuerdos internacionales suscritos por Espaa, que tendrn la misma consideracin que el Documento Nacional de Identidad.

2. El pasaporte o documento que lo supla se expedir a los ciudadanos espaoles, salvo que el solicitante haya sido condenado a penas o medidas de seguridad que conlleven la privacin o limitacin de su libertad de residencia o de movimiento, mientras ni, se hayan extinguido, o cuando haya prohibido su expedicin o la salida de Espaa la autoridad judicial respecto al interesado que se halle inculpado, en un proceso penal. A los incluidos en la primera de las excepciones indicadas, se les expedirn, no obstante, los referidos documentos siempre que obtengan autorizacin del rgano judicial competente.

3. El pasaporte o documento que lo sustituya se expedir a quien se encuentre sujeto a patria potestad o tutela si cuenta con autorizacin de quien la ejerza o, en defecto de sta, del rgano judicial competente.

4. El pasaporte o documento que lo supla podr ser retirado por la misma autoridad a quien corresponda su expedicin, si sobrevinieren las circunstancias determinantes de su denegacin, como consecuencia de las resoluciones judiciales a que se refiere el apartado 2. En tales casos, y en la medida que el Documento Nacional de Identidad sea documento supletorio del pasaporte, se proveer a su titular de otro documento a los solos efectos de identificacin.

Artculo 11.

Los extranjeros que se encuentren en territorio espaol estn obligados a disponer de la documentacin que acredite su identidad y el hecho de hallarse legalmente en Espaa, con arreglo a lo dispuesto en las normas vigentes. No podrn ser privados de esta documentacin salvo en los mismos supuestos previstos para el Documento Nacional de Identidad.

SECCION CUARTA. ACTIVIDADES RELEVANTES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA
Artculo 12.

1. Las personas naturales o jurdicas que desarrollen actividades relevantes para la seguridad ciudadana, romo las de hospedaje, el comercio o reparacin de objetos usados, el alquiler o el desguace de vehculos de motor, o la compraventa de joyas y metales preciosos, debern llevar a cabo las actuaciones de registro documental e informacin previstas en la normativa vigente.

2. Por razones de seguridad podr someterse a restricciones la navegacin de embarcaciones de alta velocidad, debiendo sus titulares realizar las actuaciones de registro documental e informacin previstas en la normativa vigente.

3. Del mismo modo el Gobierno podr acordar la necesidad de registro para la fabricacin, almacenamiento y comercio de productos qumicos susceptibles de ser utilizados en la elaboracin o transformacin de drogas txicas, estupefacientes, sustancias psicotrpicas y otras gravemente nocivas para la salud.

SECCION QUINTA. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES
Artculo 13.

1. El Ministerio del Interior podr ordenar conforme a lo que se disponga reglamentariamente, la adopcin de las medidas de seguridad necesarias en establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios, para prevenir la comisin de los actos delictivos que se puedan cometer contra ellos, cuando generen riesgos directos para terceros o sean especialmente vulnerables.

2. No obstante, las autoridades competentes podrn eximir de la implantacin o el mantenimiento de medidas de seguridad obligatorias a los establecimientos, cuando las circunstancias que concursan en el caso concreto las hicieren innecesarias o improcedentes.

3. La apertura de los establecimientos que estn obligados a la adopcin de medidas de seguridad, estar condicionada a la comprobacin, por las autoridades competentes, de la idoneidad y suficiencia de las mismas.

4. Los titulares de los establecimientos e instalaciones sern responsables de la adopcin o instalacin de las medidas de seguridad obligatorias, de acuerdo con las normas que respectivamente las regulen as como de su efectivo funcionamiento y de la consecucin de la finalidad protectora y preventiva propia de cada medida, sin perjuicio de la responsabilidad en que al respecto puedan incurrir sus empleados.

CAPITULO III
Actuaciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana
Artculo 14.

Las autoridades competentes, de acuerdo con las leyes y reglamentos, podrn dictar las rdenes o prohibiciones y disponer las actuaciones policiales estrictamente necesarias para asegurar la consecucin de las finalidades previstas en el artculo 1 de esta Ley.

Artculo 15.

La autoridad competente podr acordar, como medidas de seguridad extraordinarias, el cierre o desalojo de locales o establecimientos, la evacuacin de inmuebles o el depsito de explosivos, en situaciones de emergencia que las circunstancias del caso hagan imprescindibles y mientras stas duren.

Artculo 16.

1. Las autoridades a las que se refiere la presente Ley adoptarn las medidas necesarias para proteger la celebracin de reuniones o manifestaciones y de espectculos pblicos, procurando que no se perturbe la seguridad ciudadana. Sin embargo, podrn suspender los espectculos y disponer el desalojo de los locales y el cierre provisional de los establecimientos pblicos mientras no existan otros medios para evitar las alteraciones graves de la seguridad que se estuvieren produciendo.

2. Dichas autoridades, por medio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, podrn disolver, en la forma que menos perjudique, las reuniones en lugares de trnsito pblico y las manifestaciones, en los supuestos prevenidos en el artculo 5 de la Ley Orgnica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunin. Tambin podrn disolver las concentraciones de vehculos en las vas pblicas y retirar aqullos o cualesquiera otra clase de obstculos cuando impidieran, pusieran en peligro o dificultaran la circulacin por dichas vas.

Artculo 17.

1. Antes de llevar a efecto las medidas a que se refieren los artculos anteriores. las unidades actuantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad debern avisar de tales medidas a las personas afectadas.

2. En el caso de que se produzcan alteraciones de la seguridad ciudadana con armas o con otros medios de accin violenta, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrn disolver la reunin o manifestacin o retirar los vehculos y obstculos, sin necesidad de previo aviso.

3. En los casos a que se refieren los artculos anteriores, los empleados de empresas privadas de vigilancia y seguridad, si los hubiere, debern colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad respecto del interior de los locales o establecimientos en que prestaren servicio.

Artculo 18.

Los agentes de la autoridad podrn realizar, en todo caso comprobaciones necesarias para impedir que en las vas, lugares y establecimientos pblicos se porten o utilicen ilegalmente armas, procediendo a su ocupacin. Podrn proceder a la ocupacin temporal incluso de las que se lleven con licencia o permiso y de cualesquiera otros medios de agresin, si se estima necesario, con objeto de prevenir la comisin de cualquier delito, o cuando exista peligro para la seguridad de las personas o de las cosas.

Artculo 19.

1. Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrn limitar o restringir por el tiempo imprescindible la circulacin y permanencia en vas o lugares pblicos en supuestos de alteracin del orden, la seguridad ciudadana o la pacfica convivencia, cuando fuere necesario para su restablecimiento. Asimismo podrn ocupar preventivamente los efectos o instrumentos susceptibles de ser utilizados para acciones ilegales, dndoles el destino que legalmente proceda.

2. Para el descubrimiento y detencin de los partcipes en un hecho delictivo causante de grave alarma social y para la recogida de los instrumentos, efectos o pruebas del mismo, se podrn establecer controles en las vas, lugares o establecimientos pblicos, en la medida indispensable a los fines de este apartado, al objeto de proceder a la identificacin de las personas que transiten o se encuentren en ellos, al registro de los vehculos y al control superficial de tos efectos personales con el fin de comprobar que no se portan sustancias o instrumentos prohibidos o peligrosos. El resultado de la diligencia se pondr de inmediato en conocimiento del Ministerio Fiscal.

Artculo 20.

1. Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrn requerir, en el ejercicio de sus funciones de indagacin o prevencin, la identificacin de las personas y realizar las comprobaciones pertinentes en la va pblica o en el lugar donde se hubiere hecho el requerimiento, siempre que el conocimiento de la identidad de las personas requeridas fuere necesario para el ejercicio de las funciones de proteccin de la seguridad que a los agentes encomiendan la presente Ley y la Ley Orgnica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

2. De no lograrse la identificacin por cualquier medio, y cuando resulte necesario a los mismos fines del apartado anterior, los agentes, para impedir la comisin de un delito o falta, o al objeto de sancionar una infraccin, podrn requerir a quienes no pudieran ser identificados a que les acompaen a dependencias prximas y que cuenten con medios adecuados para realizar las diligencias de identificacin, a estos solos efectos y por el tiempo imprescindible.

3. En las dependencias a que se hace referencia en el apartado anterior se llevar un Libro-Registro en el que se harn constar las diligencias de identificacin realizadas en aqullas, as como los motivos y duracin de las mismas, y que estar en todo momento a disposicin de la autoridad judicial competente y del Ministerio Fiscal. No obstante lo anterior, el Ministerio del Interior remitir peridicamente extracto de las diligencias de identificacin al Ministerio Fiscal.

4. En los casos de resistencia o negativa infundada a identificarse o a realizar voluntariamente las comprobaciones o prcticas de identificacin, se estar a lo dispuesto en el Cdigo Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Artculo 21.

1. Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad slo podrn proceder a la entrada y registro en domicilio en los casos permitidos por la Constitucin y en los trminos que fijen las leyes.

2. A los efectos de lo dispuesto en el prrafo anterior, ser causa legtima para la entrada y registro en domicilio por delito flagrante el conocimiento fundado por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que les lleve a la constancia de que se est cometiendo o se acaba de cometer alguno de los delitos que, en materia de drogas txicas, estupefacientes o sustancias psicotrpicas, castiga el Cdigo Penal, siempre que la urgente intervencin de los agentes sea necesaria para impedir la consumacin del delito, la huida del delincuente o la desaparicin de los efectos o instrumentos del delito.

3. Ser causa legtima suficiente para la entrada en domicilio la necesidad de evitar daos inminentes y graves a las personas y a las cosas, en supuestos de catstrofe, calamidad, ruina inminente u otros semejantes de extrema y urgente necesidad.

En tales supuestos, y para la entrada en edificios ocupados por organismos oficiales o entidades pblicas, no ser preciso el consentimiento de la autoridad o funcionario que los tuviere a su cargo.

4. Cuando por las causas previstas en el presente artculo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad entrasen en un domicilio, remitirn sin dilacin el acta o atestado que redactaren a la autoridad judicial competente.

Artculo 22.

1. Para obtener el cumplimiento de las rdenes dictadas en aplicacin de la presente Ley, las autoridades competentes para imponer las sanciones en ella establecidas podrn imponer multas en los trminos del artculo 107 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

2. En todo caso, habr de darse un plazo suficiente para cumplir lo dispuesto, de acuerdo con la naturaleza y fines de la orden, transcurrido el cual se podr proceder a la imposicin de las multas en proporcin a la gravedad del incumplimiento. Tales multas no excedern de 25.000 pesetas, si bien se podr aumentar sucesivamente su importe en el 50 por 100 en caso de reiteracin del citado incumplimiento, sin que pueda sobrepasar los lmites cuantitativos mximos establecidos para las sanciones.

CAPITULO IV
Rgimen sancionador
SECCION PRIMERA. INFRACCIONES
Artculo 23.

A los efectos de la presente Ley constituyen infracciones graves:

a) La fabricacin, reparacin, almacenamiento, comercio, adquisicin o enajenacin, tenencia o utilizacin de armas prohibidas o explosivos no catalogados; de armas reglamentarias o explosivos catalogados careciendo de la documentacin o autorizacin requeridos o excedindose de los lmites permitidos, cuando tales conductas no sean constitutivas de infraccin penal.

b) La omisin o insuficiencia en la adopcin o eficacia de las medidas o precauciones obligatorias para garantizar la seguridad de las armas o de los explosivos.

c) La celebracin de reuniones en lugares de trnsito pblico o de manifestaciones, incumpliendo lo preceptuado en los artculos 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgnica 9/1983, reguladora del Derecho de Reunin, cuya responsabilidad corresponde a los organizadores o promotores, siempre que tales conductas no sean constitutivas de infraccin penal.

d) La apertura de establecimientos y la celebracin de espectculos pblicos o actividades recreativas careciendo de autorizacin o excediendo de los lmites de la misma.

e) La admisin en locales o establecimientos de espectadores o usuarios en nmero superior al que corresponda.

f) La celebracin de espectculos pblicos o actividades recreativas quebrantando la prohibicin o suspensin ordenada por la autoridad correspondiente.

g) La provocacin de reacciones en el pblico que alteren o puedan alterar la seguridad ciudadana.

h) La tolerancia del consumo ilegal o el trfico de drogas txicas, estupefacientes o sustancias psicotrpicas en locales o establecimientos pblicos o la falta de diligencia en orden a impedirlos por parte de los propietarios, administradores o encargados de los mismos.

i) El incumplimiento de las restricciones a la navegacin reglamentariamente impuestas a las embarcaciones de alta velocidad.

j) La alegacin de datos o circunstancias falsos para la obtencin de las documentaciones previstas por la presente Ley, siempre que no constituya infraccin penal.

k) La carencia de los registros previstos en el captulo II de la presente Ley para las actividades con trascendencia para la seguridad ciudadana.

l) La negativa de acceso o la obstaculizacin del ejercicio de las inspecciones o controles reglamentarios, establecidos conforme a lo dispuesto en la presente Ley, en fbricas, locales, establecimientos, embarcaciones y aeronaves.

m) Originar desrdenes graves en las vas, espacios o establecimientos pblicos o causar daos graves a los bienes de uso pblico, siempre que no constituya infraccin penal.

n) La apertura de un establecimiento, el inicio de sus actividades o el desarrollo de su funcionamiento sin autorizacin o sin adoptar total o parcialmente las medidas de seguridad obligatorias o cuando aqullas no funcionen o lo hagan defectuosamente, o antes de que la autoridad competente haya expresado su conformidad con las mismas.

) La comisin de una tercera infraccin leve dentro del plazo de un ao, que se sancionar como infraccin grave.

Artculo 24.

Las infracciones tipificadas en los apartados a), b), c), d), e), f), h), i), l) y n) del artculo anterior podrn ser consideradas muy graves, teniendo en cuenta la entidad del riesgo producido o del perjuicio causado, o cuando supongan atentado contra la salubridad pblica, hubieren alterado el funcionamiento de los servicios pblicos, los transportes colectivos o la regularidad de los abastecimientos, o se hubieren producido con violencia o amenaza colectivas.

Artculo 25.

1. Constituyen infracciones graves a la seguridad ciudadana el consumo en lugares, vas, establecimientos o transportes pblicos, as como la tenencia ilcita, aunque no estuviera destinada al trfico, de drogas txicas, estupefacientes o sustancias psicotrpicas, siempre que no constituya infraccin penal, as como el abandono en los sitios mencionados de tiles o instrumentos utilizados para su consumo.

2. Las sanciones impuestas por estas infracciones podrn suspenderse si el infractor se somete a un tratamiento de deshabituacin en un centro o servicio debidamente acreditado, en la forma y por el tiempo que reglamentariamente se determine.

Artculo 26.

Constituyen infracciones leves de la seguridad ciudadana:

a) El incumplimiento de la obligacin de obtener la documentacin personal.

b) La negativa a entregar la documentacin personal cuando hubiere sido acordada su retirada o retencion.

c) La omisin o la insuficiencia de medidas para garantizar la conservacin de las documentaciones de armas o explosivos, as como la falta de denuncia de la prdida o sustraccin de tales documentaciones.

d) La admisin de menores en establecimientos pblicos o en locales de espectculos, cuando est prohibida, y la venta o servicio de bebidas alcohlicas a los mismos.

e) El exceso en los horarios establecidos para la apertura de establecimientos y la celebracin de espectculos pblicos o actividades recreativas.

f) Las irregularidades en la cumplimentacin de los registros prevenidos en las actividades con trascendencia para la seguridad ciudadana y la omisin de los datos o comunicaciones obligatorios dentro de los plazos establecidos.

g) La exhibicin de objetos peligrosos para la integridad fsica de las personas con la finalidad de causar intimidacin.

h) Desobedecer los mandatos de la autoridad o de sus agentes, dictados en directa aplicacin de lo dispuesto en la presente Ley, cuando ello no constituya infraccin penal.

i) Alterar la seguridad colectiva u originar desrdenes en las vas, espacios o establecimientos pblicos.

j) Todas aquellas que, no estando calificadas como graves o muy graves, constituyan incumplimientos de las obligaciones o vulneracin de las prohibiciones establecidas en la presente Ley o en leyes especiales relativas a la seguridad ciudadana, en las reglamentaciones especficas o en las normas de polica dictadas en ejecucin de las mismas.

Artculo 27.

Las infracciones administrativas contempladas en la presente Ley prescribirn a los tres meses, al ao o a los dos aos de haberse cometido, segn sean leves, graves o muy graves, respectivamente.

SECCION SEGUNDA. SANCIONES
Artculo 28.

1. Las infracciones determinadas de acuerdo con lo dispuesto en la Seccin anterior podrn ser corregidas por las autoridades competentes con una o ms de las sanciones siguientes:

a) Multa de cinco millones una pesetas a cien millones de pesetas, para infracciones muy graves. De cincuenta mil una pesetas a cinco millones de pesetas, para infracciones graves. De hasta cincuenta mil pesetas, para infracciones leves.

b) Retirada de las armas y de las licencias o permisos correspondientes a las mismas.

c) Incautacin de los instrumentos o efectos utilizados para la comisin de las infracciones, y, en especial, de las armas, de los explosivos, de las embarcaciones de alta velocidad o de las drogas txicas, estupefacientes o sustancias psicotrpicas.

d) Suspensin temporal de las licencias o autorizaciones o permisos desde seis meses y un da a dos aos para infracciones muy graves, y hasta seis meses para las infracciones graves en el mbito de las materias reguladas en el captulo II de esta Ley.

e) Clausura de las fbricas, locales o establecimientos, desde seis meses y un da a dos aos por infracciones muy graves y hasta seis meses por infracciones graves, en el mbito de las materias reguladas en el captulo II de esta Ley.

En casos graves de reincidencia, la suspensin y clausura a que se refieren los dos apartados anteriores podrn ser de dos aos y un da hasta seis aos por infracciones muy graves y hasta dos aos por infracciones graves.

2. Las infracciones previstas en el artculo 25 podrn ser sancionadas, adems, con la suspensin del permiso de conducir vehculos de motor hasta tres meses y con la retirada del permiso o licencia de armas, procedindose desde luego a la incautacin de las drogas txicas, estupefacientes o sustancias psicotrpicas.

3. En casos de infracciones graves o muy graves, las sanciones que correspondan podrn sustituirse por la expulsin del territorio espaol, cuando los infractores sean extranjeros, de acuerdo con lo previsto en la legislacin sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espaa.

4. Las sanciones prescribirn al ao, dos aos o cuatro aos, segn que las correspondientes infracciones hayan sido calificadas de leves, graves o muy graves.

Artculo 29.

1. Sern competentes para imponer las sanciones a que se refiere el artculo anterior:

a) El Consejo de Ministros para imponer cualquiera de las sanciones previstas en esta Ley, por infracciones muy graves, graves o leves.

b) El Ministro del Interior para imponer multas de hasta cincuenta millones de pesetas y cualquiera de las restantes sanciones previstas, por infracciones muy graves, graves o leves.

c) Los titulares de los rganos a que se refiere el artculo 2.b) de esta Ley para imponer multas de hasta diez millones de pesetas y cualquiera de las restantes sanciones previstas, por infracciones muy graves, graves o leves.

d) Los Gobernadores Civiles y los Delegados del Gobierno en Ceuta y en Melilla, para imponer multas de hasta un milln de pesetas, las sanciones previstas en los apartados b) y c) del artculo anterior y la suspensin temporal de las licencias o autorizaciones de hasta seis meses de duracin, por infracciones graves o leves.

e) Los Delegados del Gobierno en mbitos territoriales menores que la provincia, para imponer multas de hasta cien mil pesetas, y las sanciones previstas en los apartados b) y c) del artculo anterior, por infracciones graves o leves.

2. Por infracciones graves o leves en materia de espectculos pblicos y actividades recreativas, tenencia ilcita y consumo pblico de drogas y por las infracciones leves tipificadas en los apartados g), h), i) y j) del artculo 26, los Alcaldes sern competentes, previa audiencia de la Junta Local de Seguridad, para imponer las sanciones de suspensin de las autorizaciones o permisos que hubieran concedido los municipios y de multa en las cuantas mximas siguientes:

– Municipios de ms de quinientos mil habitantes, de hasta un milln de pesetas.

– Municipios de cincuenta mil a quinientos mil habitantes, de hasta cien mil pesetas.

– Municipios de veinte mil a cincuenta mil habitantes, de hasta cincuenta mil pesetas.

– Municipios de menos de veinte mil habitantes, de hasta veinticinco mil pesetas.

Cuando no concurran las circunstancias previstas en el prrafo anterior en las materias a que el mismo se refiere, los Alcaldes pondrn los hechos en conocimiento de las autoridades competentes o, previa la sustanciacin del oportuno expediente, propondrn la imposicin de las sanciones que correspondan.

Artculo 30.

1. Las respectivas normas reglamentarias podrn determinar, dentro de los lmites establecidos por la presente Ley, la cuanta de las multas y la duracin de las sanciones temporales por la comisin de las infracciones, teniendo en cuenta la gravedad de las mismas, la cuanta del perjuicio causado y su posible trascendencia para la prevencin, mantenimiento o restablecimiento de la seguridad ciudadana.

2. Idnticos criterios tendrn en cuenta las autoridades sancionadoras, atendiendo adems al grado de culpabilidad, reincidencia y capacidad econmica del infractor, para concretar las sanciones que proceda imponer y, en su caso, para graduar la cuanta de las multas y la duracin de las sanciones temporales.

SECCION TERCERA. PROCEDIMIENTO
Artculo 31.

1. No podr imponerse ninguna sancin por las infracciones previstas en esta Ley, sino en virtud de procedimiento instruido al efecto y de acuerdo con los principios de audiencia al interesado, economa, celeridad y sumariedad.

2. Salvo lo dispuesto en la presente Seccin, el procedimiento sancionador se tramitar de acuerdo con lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo.

3. Ser competente para ordenar la incoacin de los expedientes sancionadores, independientemente de la sancin que en definitiva proceda imponer, cualquiera de las autoridades relacionadas en el artculo 2 de la presente Ley, dentro de los respectivos mbitos territoriales.

Artculo 32.

1. No se podrn imponer sanciones penales y administrativas por unos mismos hechos.

2. Cuando las conductas a que se refiere la presente Ley pudieran revestir caracteres de infraccin penal, se remitirn al Ministerio Fiscal los antecedentes necesarios de las actuaciones practicadas, aunque ello no impedir la tramitacin de expedientes sancionadores por los mismos hechos. No obstante, la resolucin definitiva del expediente slo podr producirse cuando sea firme la resolucin recada en el mbito penal, quedando hasta entonces interrumpido el plazo de prescripcin.

3. Las medidas cautelares adoptadas por las autoridades sancionadoras antes de la intervencin judicial podrn mantenerse en vigor mientras no recaiga pronunciamiento expreso al respecto de las autoridades judiciales.

Artculo 33.

En los procesos penales en que intervenga el Ministerio Fiscal, cuando se acordase el archivo o se dictase auto de sobreseimiento o sentencia absolutoria por acreditarse que los hechos no sean constitutivos de infraccin penal, deber aqul remitir a la autoridad sancionadora copia de la resolucin y de los particulares que estime necesarios, cuando aqullos pudieran ser objeto de sancin administrativa conforme a lo previsto en esta Ley.

Artculo 34.

En los supuestos de los dos artculos anteriores, la autoridad sancionadora quedar vinculada por los hechos declarados probados en va judicial.

Artculo 35.

En todo procedimiento sancionador que se instruya en las materias objeto de la presente Ley, la autoridad que haya ordenado su iniciacin podr optar por nombrar instructor y secretario, conforme a lo establecido en el artculo 135 de la Ley de Procedimiento Administrativo, o encargar de la instruccin del mismo a la unidad administrativa correspondiente.

Artculo 36.

1. Iniciado el expediente sancionador, se podrn adoptar las medidas cautelares imprescindibles para el normal desarrollo del procedimiento, evitar la comisin de nuevas infracciones o asegurar el cumplimiento de la sancin que pudiera imponerse.

2. Dichas medidas, que debern ser proporcionadas a la naturaleza y gravedad de la infraccin, podrn consistir en la adopcin de medidas de accin preventiva y en la realizacin de actuaciones para el mantenimiento o restablecimiento de la seguridad ciudadana, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y especialmente en:

a) El depsito en lugar seguro de los instrumentos o efectos utilizados para la comisin de las infracciones y, en particular, de las armas, explosivos, embarcaciones de alta velocidad, o drogas txicas, estupefacientes o sustancias psicotrpicas.

b) La adopcin de medidas provisionales de seguridad de las personas, los bienes, los establecimientos o las instalaciones que se encuentren en situacin de peligro, a cargo de sus titulares.

c) La suspensin o clausura preventiva de fbricas, locales o establecimientos.

d) La suspensin, parcial o total, de las actividades de los establecimientos que sean notoriamente vulnerables y no tengan en funcionamiento las medidas de seguridad obligatorias.

e) La retirada preventiva de autorizaciones, permisos, licencias y otros documentos expedidos por las autoridades administrativas, en el marca de lo dispuesto por la presente Ley.

3. La duracin de las medidas cautelares de carcter temporal no podr exceder de la mitad del plazo previsto en esta Ley para la sancin que pudiera corresponder a la infraccin cometida.

4. Excepcionalmente, en supuestos de posible desaparicin de las armas o explosivos, de grave riesgo o de peligro inminente para personas o bienes, las medidas previstas en la letra a) del apartado 2 anterior podrn ser ordenadas directamente por los agentes de la autoridad, debiendo ser ratificadas o revocadas por sta en el plazo mximo de cuarenta y ocho horas.

Artculo 37.

En los procedimientos sancionadores que se instruyan en las materias objeto de la presente Ley, las informaciones aportadas por los agentes de la autoridad que hubieren presenciado los hechos, previa ratificacin en el caso de haber sido negados por los inculpados, constituirn base suficiente para adoptar la resolucin que proceda, salvo prueba en contrario y sin perjuicio de que aqullos deban aportar al expediente todos los elementos probatorios disponibles.

Artculo 38.

1. Las sanciones impuestas en las materias objeto de la presente Ley sern ejecutivas desde que la resolucin adquiera firmeza en la va administrativa.

2. Cuando la sancin sea de naturaleza pecuniaria y no se halle legal o reglamentariamente previsto plazo para satisfacerla, la autoridad que la impuso lo sealar, sin que pueda ser inferior a quince ni superior a treinta das hbiles.

Artculo 39.

La resolucin firme en va administrativa de los expediente sancionadores por faltas graves y muy graves podr ser hecha pblica, en virtud de acuerdo de las autoridades competentes, en los trminos que reglamentariamente se determinen.

DISPOSICIN ADICIONAL

Tendrn la consideracin de autoridades a los efectos de la presente Ley las correspondientes de las Comunidades Autnomas con competencias para proteccin de personas y bienes y para el mantenimiento de la seguridad ciudadana, con arreglo a lo dispuesto en los correspondientes Estatutos y en la Ley Orgnica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y podrn imponer las sanciones y dems medidas determinadas en esta Ley en las materias sobre las que tengan competencia.

DISPOSICIN DEROGATORIA

Quedan derogados:

– La Ley 45/1959, de 30 de julio, de Orden Pblico.

– La Ley 36/1971, de 21 de julio, sobre modificacin de determinados artculos de la Ley de Orden Pblico.

– El Real Decreto-ley 6/1977, de 25 de enero, por el que se modifican determinados artculos de la Ley de Orden Pblico.

– El apartado 5 del artculo 7 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de proteccin jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona.

– El Real Decreto 3/1979, de 26 de enero, sobre Proteccin de la Seguridad Ciudadana.

– Cuantas otras disposiciones, de igual o inferior rango, se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.

Las disposiciones de la presente Ley y las que en ejecucin de la misma apruebe el Gobierno, determinadas por razones de seguridad pblica, se entendern dictadas aI amparo del artculo 149.1.29 de la Constitucin.

Segunda.

1. Las disposiciones relativas a los espectculos pblicos y actividades recreativas contenidas en la presente Ley, as como las normas de desarrollo de las mismas, sern de aplicacin general en defecto de las que puedan dictar las Comunidades Autnomas con competencia normativa en esta materia.

2. En todo caso, la aplicacin de lo establecido en las referidas disposiciones corresponder a las Comunidades Autnomas con competencia en la materia.

Tercera.

La presente Ley tendr carcter de Ley Orgnica excepto en tos artculos 2; 3; 4; 5.1: 6; 7; 8; 9. 12; 13; 22; 23, en todos los apartados del prrafo 1, excepto el c): 25; 26; 27; 28.1 y 3; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35: 36; 37; 38; 39; disposicin derogatoria y disposiciones finales primera, segunda, cuarta y quinta, los cuales tendrn carcter ordinario.

Cuarta.

El Gobierno dictar las normas reglamentarias que sean precisas para determinar las medidas de seguridad y control que pueden ser impuestas a entidades o establecimientos.

Quinta.

Se autoriza al Gobierno para actualizar las cuantas de las sanciones pecuniarias previstas en la presente Ley, teniendo en cuenta las variaciones de ndice de Precios al Consumo.

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley Orgnica.

Madrid, 21 de febrero de 1992.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

Análisis

  • Rango: Ley Orgnica
  • Fecha de disposición: 21/02/1992
  • Fecha de publicación: 22/02/1992
  • Entrada en vigor: 13 de marzo de 1992.
  • Fecha de derogación: 01/07/2015
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • SE DEROGA:
    • por Ley Orgnica 4/2015, de 30 de marzo (Ref. BOE-A-2015-3442).
    • el art. 23.p) y q) y la referencia indicada del art. 24, por Ley Orgnica 3/2013, de 20 de junio (Ref. BOE-A-2013-6732).
  • SE MODIFICA los arts. 23 y 24, por Ley Orgnica 7/2006, de 21 de noviembre (Ref. BOE-A-2006-20263).
  • SE DICTA DE CONFORMIDAD:
    • con el art. 9, regulando la expedicin de DNI y sus certificados de firma electrnica: Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2005-21163).
    • regulando la expedicin del pasaporte ordinario y sus caractersticas: Real Decreto 896/2003, de 11 de julio (Ref. BOE-A-2003-13978).
  • SE ACTUALIZA:
    • sobre conversin a euros de las cuantas indicadas: Resolucin de 22 de octubre de 2001 (Ref. BOE-A-2001-21533).
    • sobre conversin a euros de las cuantas indicadas: Resolucin de 22 de octubre de 2001 (Ref. BOE-A-2001-20475).
  • SE MODIFICA el art. 29.2, por Ley 10/1999, de 21 de abril (Ref. BOE-A-1999-8931).
  • SE DICTA DE CONFORMIDAD con los arts. 6 y 7, aprobando el Reglamento de Explosivos: Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero (Ref. BOE-A-1998-5934).
  • SE MODIFICA el art. 23, por Ley Orgnica 4/1997, de 4 de agosto (Ref. BOE-A-1997-17574).
  • SE DECLARA:
    • en la Cuestin 1845/1993 (Ref.1993/18744), la extincin por desaparicin sobrevenida de su objeto en relacin con el art. 21.2, por Sentencia 387/1993, de 23 de diciembre (Ref. BOE-T-1994-1907).
    • en los Recursos 1045 y 1279/1992, y en las Cuestiones 2810/1992 y 1372/1993 (Refs. 1993/01563 y 19993/14469), la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 21.2 y el inciso final del 26.j) y en el Recurso 1314/1992 (Ref. 1992/13861) su inadmisin, por Sentencia 341/1993, de 18 de noviembre (Ref. BOE-T-1993-29248).
  • SE DESARROLLA el art. 25.2, por Real Decreto 1079/1993, de 2 de julio (Ref. BOE-A-1993-18951).
  • SE DICTA DE CONFORMIDAD, aprobando el Reglamento de Armas: Real Decreto 137/1993, de 29 de enero (Ref. BOE-A-1993-6202).
Referencias anteriores
Materias
  • Alcalde
  • Alquiler de vehculos automviles
  • Armas
  • Comercio
  • Documento Nacional de Identidad
  • Domicilio
  • Drogas
  • Espectculos
  • Estupefacientes
  • Explosivos
  • Extranjeros
  • Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
  • Gobiernos civiles
  • Hostelera
  • Joyera
  • Manifestaciones
  • Menores
  • Metales preciosos
  • Ministerio del Interior
  • Orden pblico
  • Pasaportes
  • Polica
  • Productos qumicos
  • Reuniones
  • Seguridad ciudadana
  • Sustancias psicotrpicas
  • Vehculos de motor

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