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Legislación consolidada

Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reduccin de carga financiera y otras medidas de orden social.

Publicado en: BOE núm. 51, de 28/02/2015.
Entrada en vigor: 01/03/2015
Departamento: Jefatura del Estado
Referencia: BOE-A-2015-2109
Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es/rdl/2015/02/27/1

TEXTO ORIGINAL: Texto original publicado el 28/02/2015


[Bloque 1: #preambulo]

EXPOSICIN DE MOTIVOS

I

La economa espaola lleva ya algunos meses dando signos esperanzadores de recuperacin y consolidando un crecimiento econmico que, merced a las reformas estructurales llevadas a cabo en los ltimos aos, est teniendo un efecto beneficioso en el empleo y en la percepcin general de la situacin que tienen los ciudadanos, las empresas y las diferentes instituciones.

Pero ello no debe llevar a olvidar dos cosas: la primera es que la salida de la crisis es ante todo y sobre todo un xito de la sociedad espaola en su conjunto, la cual ha dado una vez ms muestras de su sobrada capacidad para sobreponerse a situaciones difciles. La segunda es que todava existen muchos espaoles que siguen padeciendo los efectos de la recesin. Y es misin de los poderes pblicos no cejar nunca en el empeo de ofrecer las mejores soluciones posibles a todos los ciudadanos, a travs de las oportunas reformas encaminadas al bien comn, a la seguridad jurdica y, en definitiva, a la justicia.

En este mbito se enmarca de manera muy especial la llamada legislacin sobre segunda oportunidad. Su objetivo no es otro que permitir lo que tan expresivamente describe su denominacin: el que una persona fsica, a pesar de un fracaso econmico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podr satisfacer.

La experiencia ha demostrado que cuando no existen mecanismos de segunda oportunidad se producen desincentivos claros a acometer nuevas actividades e incluso a permanecer en el circuito regular de la economa. Ello no favorece obviamente al propio deudor, pero tampoco a los acreedores ya sean pblicos o privados. Al contrario, los mecanismos de segunda oportunidad son desincentivadores de la economa sumergida y favorecedores de una cultura empresarial que siempre redundar en beneficio del empleo.

A esta finalidad responde la primera parte de este real decreto-ley, por el cual se regulan diversos mecanismos de mejora del Acuerdo Extrajudicial de Pagos introducido en nuestra legislacin concursal por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacin, y se introduce un mecanismo efectivo de segunda oportunidad para las personas fsicas destinado a modular el rigor de la aplicacin del artculo 1911 del Cdigo civil. Conviene explicar brevemente cules son los principios inspiradores de la regulacin introducida a este respecto.

El concepto de persona jurdica es una de las creaciones ms relevantes del Derecho. La ficcin consistente en equiparar una organizacin de bienes y personas a la persona natural ha tenido importantes y beneficiosos efectos en la realidad jurdica y econmica. Mediante dicha ficcin, las personas jurdicas, al igual que las naturales, nacen, crecen y mueren. Adems, el principio de limitacin de responsabilidad inherente a determinadas sociedades de capital hace que stas puedan liquidarse y disolverse (o morir en sentido metafrico), extinguindose las deudas que resultaren impagadas tras la liquidacin, y sin que sus promotores o socios tengan que hacer frente a las eventuales deudas pendientes una vez liquidado todo el activo.

Puede afirmarse que el principio de limitacin de responsabilidad propio de las sociedades de capital est en buena medida en el origen del desarrollo econmico de los tres ltimos siglos. En el fondo, este principio de limitacin de la responsabilidad se configur como un incentivo a la actividad empresarial y a la inversin. El legislador incentivaba la puesta en riesgo de determinados capitales garantizando que dichos capitales seran la prdida mxima del inversor, sin posibilidad de contagio a su patrimonio personal.

Pero la limitacin de responsabilidad es una limitacin de responsabilidad de los socios, que no de la sociedad, la cual habr de responder de sus deudas con todo su patrimonio presente y futuro. La cuestin que se plantea entonces es el fundamento ltimo para el diferente rgimen de responsabilidad que se produce cuando una persona natural decide acometer una actividad empresarial a travs de una persona jurdica interpuesta y cuando esa misma persona natural contrae obligaciones de forma directa. Si en el primer caso podr beneficiarse de una limitacin de responsabilidad, en el segundo quedar sujeta al principio de responsabilidad patrimonial universal recogido en el artculo 1911 del Cdigo Civil.

Adems, muchas situaciones de insolvencia son debidas a factores que escapan del control del deudor de buena fe, plantendose entonces el fundamento tico de que el ordenamiento jurdico no ofrezca salidas razonables a este tipo de deudores que, por una alteracin totalmente sobrevenida e imprevista de sus circunstancias, no pueden cumplir los compromisos contrados. No puede olvidarse con ello que cualquier consideracin tica a este respecto debe cohonestarse siempre con la legtima proteccin que el ordenamiento jurdico debe ofrecer a los derechos del acreedor, as como con una premisa que aparece como difcilmente discutible: el deudor que cumple siempre debe ser de mejor condicin que el que no lo hace.

Introducidas de este modo las premisas del problema a resolver acerca del alcance y eventual limitacin del principio de responsabilidad patrimonial universal del artculo 1911 del Cdigo civil, no est de ms acudir a los antecedentes histricos de dicho precepto, as como al contexto legislativo del mismo.

La inteligencia completa de este artculo haba de completarse con otros dos preceptos del mismo Cdigo Civil ubicados sistemticamente en el mismo captulo. Nos referimos a los hoy derogados artculos 1919 y 1920 del citado cuerpo legal que sealaban respectivamente lo siguiente: Si el deudor cumpliere el convenio, quedarn extinguidas sus obligaciones en los trminos estipulados en el mismo; pero, si dejare de cumplirlo en todo o en parte, renacer el derecho de los acreedores por las cantidades que no hubiesen percibido de su crdito primitivo, y podr cualquiera de ellos pedir la declaracin o continuacin del concurso y No mediando pacto expreso en contrario entre deudor y acreedores, conservarn stos su derecho, terminado el concurso, para cobrar, de los bienes que el deudor pueda ulteriormente adquirir, la parte de crdito no realizada.

Aparecan segn estos dos preceptos dos ideas principales: la exoneracin de pasivo ligada a un convenio entre deudor y acreedores y a su cumplimiento, as como el principio de limitacin de la exoneracin en caso de venir el deudor a mejor fortuna, pero tambin circunscrito al devenir del propio convenio. Pero paradjicamente no pareca haber ninguna previsin relativa a la exoneracin del deudor en el caso de que ste hubiese liquidado su patrimonio es decir en el caso de que, simple y llanamente, lo hubiese perdido todo.

El artculo 1920 suscit bien pronto controversias doctrinales. Manresa, en sus comentarios al Cdigo civil, sealaba lo siguiente: Esta disposicin criticada por algunos por dejar en lo incierto los derechos del deudor derivados del convenio, resulta, sin embargo, en extremo justa, si se tienen en cuenta las razones y los motivos, en virtud de los que se autoriza al deudor para celebrar convenios con los acreedores dentro o fuera del juicio de concurso (…) en consideracin a las difciles circunstancias en que se encuentra el que por carecer de bienes bastantes a cubrir su pasivo (…) no puede satisfacer puntualmente todas sus obligaciones; (…) nada extrao tiene (…) que desapareciendo dicha razn por haber cesado las dificultades (…) venga obligado el deudor a satisfacer la parte de crdito no realizada por sus acreedores. Y continuaba el mismo autor sealando que con ello se haba conseguido disipar las dudas que a los intrpretes de nuestro antiguo derecho sugera la inteligencia de la ley 3 del ttulo 15 de la Partida 5.

Pero lo cierto es que el artculo 1920 no estableca ninguna gradacin de la mejora de fortuna ni tampoco ninguna limitacin del derecho de los acreedores a cobrar, de lo que el deudor pudiera ulteriormente adquirir, la parte no satisfecha del crdito. Ello conllevaba una limitacin manifiesta de la capacidad del deudor de mejorar de fortuna y tambin un escaso incentivo para intentar efectivamente dicha mejora.

Y es que la ley de las Partidas que, en opinin de Manresa haba quedado superada por el artculo 1920 del Cdigo civil, era en cierto modo ms favorable al deudor al sealar lo siguiente: El desamparamiento que faze el debdor de sus bienes (…) ha tal fuerza que despus non puede ser el debdor emplazado, nin es tenido de responder en juyzio a aquellos a quien deuiesse algo: fueras ende si oviesse fecho tan gran ganancia, que podra pagar los debdos todos, o parte dellos, e que fincasse a el de que podiesse vivir. As pues, la Ley de Partidas ya previ la liberacin del deudor tras un proceso de liquidacin de sus bienes (que no necesariamente de convenio con los acreedores) y adems, en cierto modo, estableci una modulacin de la mejor fortuna al no permitir que sta pudiera jugar en perjuicio del deudor salvo cuando ste pudiese pagar todas sus deudas (o, en expresin ciertamente algo confusa, parte de ellas) sin perjuicio de sus propias condiciones de vida, todo ello relacionado con tan gran ganancia que en principio debiera considerarse atpica.

Se cumplen en el 2015 exactamente 750 aos desde que termin la redaccin de la gran obra legislativa de Alfonso X el Sabio, que ha inspirado durante varios siglos los ordenamientos jurdicos hispanoamericanos, pero sorprende ver cmo en esta materia haban llegado en algunos aspectos a unos preceptos ms avanzados que la codificacin decimonnica.

La segunda oportunidad que recoge este real decreto-ley responde obviamente a una tcnica legislativa ms moderna pero se inspira de unos principios ya presentes, como se acaba de demostrar, en nuestro derecho histrico. Siempre debe constituir un motivo de confianza en las normas legales el que sus principios inspiradores no obedezcan a una improvisacin, sino antes bien al resultado de muchos aos o incluso siglos de reflexin sobre la materia. Es preciso que el legislador huya siempre de toda tentacin demaggica que a la larga pueda volverse en contra de aquellos a quienes pretende beneficiar. Para que la economa crezca es preciso que fluya el crdito y que el marco jurdico aplicable d confianza a los deudores; pero sin minar la de los acreedores, pues en tal caso se producira precisamente el efecto contrario al pretendido: el retraimiento del crdito o, al menos, su encarecimiento.

Por ello, el mecanismo de segunda oportunidad diseado por este real decreto-ley establece los controles y garantas necesarios para evitar insolvencias estratgicas o facilitar daciones en pago selectivas. Se trata de permitir que aqul que lo ha perdido todo por haber liquidado la totalidad de su patrimonio en beneficio de sus acreedores, pueda verse liberado de la mayor parte de las deudas pendientes tras la referida liquidacin. Y se trata igualmente de cuantificar la mejora de fortuna que, eventualmente, permitir revocar dicho beneficio por las razones de justicia hacia los acreedores que tan acertadamente expusieron autores como Manresa.

Con ello se alcanza el debido equilibrio y la necesaria justicia que debe inspirar cualquier norma jurdica.

Adems de la regulacin del mecanismo de segunda oportunidad y de la mejora de ciertos institutos pre o paraconcursales, este real decreto-ley contiene otras disposiciones de las cuales se da detalle sistemtico a continuacin.

II

Este real decreto-ley se estructura en once artculos, agrupados en dos ttulos, seis disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposicin derogatoria nica y tres disposiciones finales.

El ttulo I, bajo la rbrica Medidas urgentes para la reduccin de la carga financiera, contiene tres artculos de carcter modificativo a travs de los que se da nueva redaccin a determinados preceptos de otras tantas normas legales: la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal; el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de proteccin de deudores hipotecarios sin recursos, y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la proteccin a los deudores hipotecarios, reestructuracin de deuda y alquiler social.

El ttulo II, Otras medidas de orden social, se estructura en tres captulos.

El primero de ellos recoge en sus cuatro artculos una serie de medidas relativas al mbito tributario y de las Administraciones Pblicas, a travs de la modificacin de aspectos concretos de las siguientes cuatro normas legales: la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas y de modificacin parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio; la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Bsico del Empleado Pblico; el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

El captulo II contiene tres medidas relativas al fomento del empleo en el mbito de la Seguridad Social. As, por un lado, se establece un nuevo incentivo para la creacin de empleo estable, consistente en la fijacin de un mnimo exento en la cotizacin empresarial por contingencias comunes a la Seguridad Social por la contratacin indefinida de trabajadores. En segundo lugar, se sita en 20 el nmero de jornadas reales cotizadas exigidas a los trabajadores eventuales agrarios de determinadas provincias para poder ser beneficiarios del subsidio por desempleo contemplado en el Real Decreto5/1997, de 10 de enero, y en el artculo tercero de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de proteccin por desempleo y mejora de la ocupabilidad, as como de la renta agraria regulada por el Real Decreto426/2003, de11 de abril. En tercer lugar, y por ltimo, se establecen beneficios de Seguridad Social para aquellos supuestos en los que el profesional autnomo deba atender obligaciones familiares que puedan influir en su actividad.

La parte dispositiva de la norma se cierra con el captulo III, Medidas relativas al mbito de la Administracin de Justicia, de su ttulo II, en cuyo nico artculo se modifica la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el mbito de la Administracin de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicologa y Ciencias Forenses, para adecuar el rgimen de tasas judiciales a la concreta situacin de los sujetos obligados al pago de la misma.

Por lo que se refiere a la parte final de esta norma, las disposiciones adicionales primera a quinta complementan las modificaciones introducidas por su ttulo I, al regular las funciones de mediacin concursal, la remuneracin del mediador concursal, la no preceptividad de la representacin del deudor en el concurso consecutivo, la aplicacin informtica destinada a actuar a modo de medidor de solvencia o la forma en que se va a producir la adhesin al Cdigo de Buenas Prcticas para la reestructuracin viable de las deudas con garanta hipotecaria sobre la vivienda habitual con las modificaciones que en l se introducen. Todas estas previsiones regulan cuestiones que estn directamente relacionadas con las contenidas en el ttulo I y que resultan necesarias para su inmediata efectividad. En la disposicin adicional sexta se regula el impulso y coordinacin de la negociacin colectiva.

Respecto a las disposiciones transitorias, la primera de ellas establece el rgimen transitorio en materia concursal mientras que en la segunda se prev el rgimen aplicable a la contratacin indefinida formalizada con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley y en la tercera las solicitudes del subsidio por desempleo o de la renta agraria presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley.

La disposicin derogatoria nica contiene la clusula derogatoria referida a cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto-ley, mientras que las tres disposiciones finales regulan respectivamente el ttulo competencial, las habilitaciones para el desarrollo, ejecucin y aplicacin de la norma y su entrada en vigor.

III

Las iniciativas contenidas en el ttulo I de este real decreto-ley para permitir que las familias y empresas reduzcan su carga financiera, suponen mejoras adicionales a las que ya se han adoptado durante esta legislatura destinadas a quienes se encuentran en una situacin ms cercana a la insolvencia por sus circunstancias econmicas y sociales de vulnerabilidad, sean PYMEs y autnomos, o personas naturales en general.

Estas iniciativas se pueden resumir agrupndolas en tres bloques.

En primer lugar, se propone flexibilizar los acuerdos extrajudiciales de pagos, y prever un verdadero mecanismo de segunda oportunidad.

En segundo trmino, se mejora tambin el Cdigo de Buenas Prcticas para la reestructuracin viable de las deudas con garanta hipotecaria sobre la vivienda habitual, introducido por el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de proteccin de deudores hipotecarios sin recursos, del que ya se han beneficiado cerca de14.000 familias.

Por ltimo, se ampla por un plazo adicional de dos aos la suspensin de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables contenido en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la proteccin a los deudores hipotecarios, reestructuracin de deuda y alquiler social, as como el colectivo que puede beneficiarse de esta medida.

Por lo que se refiere a los acuerdos extrajudiciales de pago regulados en el ttulo X de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, las modificaciones contenidas en este real decreto-ley tienen por finalidad flexibilizar su contenido y efectos, asimilando su regulacin a la de los acuerdos de refinanciacin de la disposicin adicional cuarta. Como elementos principales del nuevo rgimen estn la ampliacin de su mbito de aplicacin a las personas naturales no empresarios, regulndose adems un procedimiento simplificado para stas; la posibilidad de extender los efectos del acuerdo a los acreedores garantizados disidentes, lo que supone un avance frente al rgimen de sometimiento voluntario vigente con anterioridad; y la potenciacin de la figura del mediador concursal, introduciendo la posibilidad de que acten como tal las Cmaras de Comercio, Industria, Navegacin y Servicios, si el deudor es empresario, o los notarios, si se trata de personas naturales no empresarios.

Como novedad fundamental, se instaura un rgimen de exoneracin de deudas para los deudores persona natural en el marco del procedimiento concursal. El sistema de exoneracin tiene dos pilares fundamentales: que el deudor sea buena de fe y que se liquide previamente su patrimonio (o que se declare la conclusin del concurso por insuficiencia de masa).

Cumplidas las anteriores condiciones, el deudor podr ver exoneradas de forma automtica sus deudas pendientes cuando haya satisfecho en su integridad los crditos contra la masa, los crditos concursales privilegiados y, si no ha intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, el 25 por ciento de los crditos concursales ordinarios.

Alternativamente, cuando no hayan podido satisfacer los anteriores crditos y siempre que acepte someterse a un plan de pagos durante los 5 aos siguientes, el deudor podr quedar exonerado provisionalmente de todos sus crditos, excepto los pblicos y por alimentos, contra la masa y aqullos que gocen de privilegio general. Para la liberacin definitiva de deudas, el deudor deber satisfacer en ese perodo las deudas no exoneradas o realizar un esfuerzo sustancial para ello.

Respecto al Cdigo de Buenas Prcticas para deudores hipotecarios, se ampla el mbito subjetivo, incrementndose el lmite anual de renta de las familias beneficiarias, que se calcular con base en el IPREM anual de 14 mensualidades, incluyendo como nuevo supuesto de especial vulnerabilidad que el deudor sea mayor de 60 aos e introduciendo una nueva forma de clculo del lmite del precio de los bienes inmuebles adquiridos. Adicionalmente, se introduce la inaplicacin definitiva de las clusulas suelo de aquellos deudores situados en el nuevo umbral de exclusin que las tuvieran incluidas en sus contratos.

Por ltimo, se ampla hasta 2017 el perodo de suspensin de lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables, y se posibilita, en trminos similares a los previstos para el Cdigo de Buenas Prcticas, que ms personas puedan acogerse a la suspensin.

En la presente regulacin concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad exigidas por el artculo 86 de la Constitucin Espaola para la aprobacin de los decretos-leyes. La justificacin de las medidas del ttulo I, que se complementan con las previsiones contenidas en las disposiciones adicionales primera a quinta y en la disposicin transitoria primera, se basa en la necesidad de aliviar la precaria situacin financiera que soportan algunos deudores que, a pesar de su buena fe y su esfuerzo, no alcanzan a satisfacer sus deudas pendientes an despus de la liquidacin de su patrimonio. Una mayor demora de la puesta en marcha de las medidas contenidas en este ttulo y en las disposiciones citadas no hara ms que agravar la situacin de estas personas. Asimismo, conviene que los efectos econmicos beneficiosos de la reestructuracin de la deuda y de la segunda oportunidad -como el mantenimiento de las pequeas y medianas empresas viables operativamente pero endeudadas, la reduccin de los incentivos para operar en la economa informal y o el aumento de las oportunidades para emprender nuevas actividades econmicas, por citar nicamente dos de ellos- se desplieguen tan rpido como sea posible. Diversos estudios han puesto de manifiesto que la legislacin concursal ha contribuido relativamente poco al desendeudamiento de los hogares espaoles. Tras el imprescindible saneamiento de una parte del sistema financiero espaol, la introduccin de la segunda oportunidad, la mejora del funcionamiento del acuerdo extrajudicial de pagos y la ampliacin del mbito de aplicacin del Cdigo de Buenas Prcticas contribuirn a acelerar la cada de la ratio de endeudamiento de las familias espaolas y las pequeas y medianas empresas. Por ltimo, en el presente contexto de consolidacin del crecimiento econmico, la rpida adopcin de las medidas contenidas en el ttulo I y en las concordantes disposiciones de la parte final de este real decreto-ley, que regulan determinados aspectos directamente relacionados con los previstos en el articulado, debe contribuir tan pronto como sea posible a que los beneficios de la recuperacin econmica alcancen a todos los segmentos de la poblacin.

Estas medidas estructurales se completan con la ampliacin de otras coyunturales destinadas a proteger, en particular, a deudores en situacin de especial vulnerabilidad. Aunque la mejora del escenario econmico general es apreciable, en el momento actual sigue siendo necesario hacer frente a la situacin de aquellas familias que continan sufriendo la adversidad econmica, lo que justifica que se ample el mbito subjetivo del Cdigo de Buenas Prcticas y del plazo de suspensin de lanzamientos, cuya finalizacin es inminente.

IV

El ttulo II de este real decreto-ley contiene diversas medidas de orden social.

As, en primer lugar, se acometen determinadas medidas en el mbito tributario destinadas a rebajar la carga fiscal de determinados colectivos especialmente vulnerables. De esta manera, se modifica la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas y de modificacin parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio con la finalidadde permitir a nuevos colectivos la aplicacin de las deducciones previstas en el artculo81 bis de esta Ley.

De esta forma, en primer lugar, se extiende el incentivo fiscal no solo a ascendientes que forman parte de familias numerosas sino tambin a aquellos que forman una familia monoparental con dos descendientes que, entre otros requisitos, dependen y conviven exclusivamente con aquel.

Al mismo tiempo, se permitir la aplicacin de las nuevas deducciones reguladas en dicho artculo a los contribuyentes que perciban prestaciones del sistema pblico de proteccin de desempleo o pensiones de los regmenes pblicos de previsin social o asimilados y tengan un ascendiente o descendiente con discapacidad a su cargo o formen parte de una familia numerosa o de la familia monoparental sealada anteriormente, y no slo a los trabajadores por cuenta propia o ajena.

Adicionalmente, se declaran exentas las rentas que se pudieran poner de manifiesto como consecuencia de quitas y daciones en pago de deudas, establecidas en un convenio aprobado judicialmente conforme al procedimiento establecido en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en un acuerdo de refinanciacin judicialmente homologado a que se refiere el artculo 71 bis y la disposicin adicional cuarta de dicha ley, o en un acuerdo extrajudicial de pagos a que se refiere el ttulo X de la misma ley, siempre que las deudas no deriven del ejercicio de actividades econmicas, ya que, en este caso, su rgimen est previsto en la disposicin final segunda del Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciacin y reestructuracin de deuda empresarial.

Por ltimo, debe indicarse que en las modificaciones que se introducen en el mbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad exigidas por el artculo 86 de la Constitucin como presupuesto habilitante para la aprobacin de un real decreto-ley, dada la particularidad del colectivo beneficiario y la necesidad de su proteccin por parte de los poderes pblicos, y el hecho de que se permita la solicitud anticipada de las deducciones a partir de la aprobacin de esta norma, de manera que se puedan percibir por aquel las ayudas aprobadas en el menor tiempo posible.

Por otra parte, con el objeto de aliviar del cumplimiento de obligaciones formales a las entidades parcialmente exentas, mediante el artculo 7 de este real decreto-ley se establece la exclusin de la obligacin de presentar declaracin en el Impuesto sobre Sociedades a aquellas entidades, cuyos ingresos totales del perodo impositivo no superen 50.000 euros anuales, siempre que el importe total de los ingresos correspondientes a rentas no exentas no supere 2.000 euros anuales y que todas susrentas no exentas estn sometidas a retencin, siempre que no estn sujetas a la Ley49/2002, de 23 de diciembre, de rgimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, ni se trate de partidos polticos.

Esta modificacin debe entrar en vigor para los perodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2015, lo que justifica la urgencia de la aprobacin de la misma, teniendo en cuenta, adicionalmente, que debiera evitarse su aplicacin en los pagos fraccionados correspondientes a dichos perodos impositivos.

En segundo lugar, en el mbito de las Administraciones Pblicas, el Real Decreto-ley20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, introdujo una serie de medidas en nuestro ordenamiento con la finalidad de homogeneizar los instrumentos existentes en materia de negociacin colectiva, representacin y participacin del personal al servicio de las Administraciones Pblicas. Entre otras modificaciones, dicho real decreto-ley efectu una nueva ordenacin de las unidades electorales en el mbito de la Administracin General del Estado establecindose as un marco adecuado en el que poder hacer efectivo el procedimiento de eleccin de los representantes de los empleados pblicos ante los rganos de negociacin y participacin. Estos instrumentos de negociacin y participacin configuran un abanico de garantas para la representacin del empleado pblico, de conformidad con lo previsto por nuestro ordenamiento constitucional, y que pretende afianzar la efectiva defensa de sus derechos e intereses en el mbito de las Administraciones Pblicas.

La Mesa General de Negociacin de la Administracin General del Estado para materias comunes a personal funcionario, estatutario y laboral y la Mesa General de Negociacin del personal funcionario de la Administracin General del Estado, en su sesin conjunta celebrada el 31 de julio de 2014, acordaron proponer al Gobierno tresiniciativas de reforma normativa para la mejora de los mecanismos de participacin ynegociacin colectiva en el mbito de la Administracin General del Estado. La finalidadde dicha propuesta consiste en la introduccin de una serie de adaptaciones y mejoras tcnicas en las medidas de reforma implantadas sobre esta materia por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. Precisamente la prxima celebracin de elecciones sindicales en la Administracin General del Estado justifica la necesidad de adoptar dichas modificaciones de los instrumentos de participacin y negociacin existentes, con carcter previo al inicio del proceso electoral. Estas propuestas se formulan a la vista de las necesidades detectadas en el marco de dicho proceso y con objeto de mejorar tanto el marco jurdico aplicable como el sistema de garantas que deben presidirlo.

Se trata, en definitiva, de acometer las adaptaciones legales que permitan aclarar y completar la configuracin en las unidades electorales, y que resulta preciso efectuar mediante modificacin de una norma con rango de ley. Para su adopcin, tras el oportuno perodo de negociacin, la propuesta ha contado con el voto favorable de la mayora de organizaciones sindicales presentes en dichas Mesas y, particularmente, de las organizaciones ms representativas: CCOO, UGT y CSIF.

En primer lugar, se mejora la articulacin contenida en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Bsico del Empleado Pblico, en materia de rganos de representacin del personal estatutario del mbito sanitario, del personal docente no universitario, as como aclarar el correspondiente al personal al servicio de la Administracin de Justicia; se trata de colectivos de personal especfico que precisan de esta modificacin para garantizar su adecuada representacin.

En segundo lugar, se introduce una mejora tcnica en la redaccin actual del artculo35 del Estatuto Bsico del Empleado Pblico que, al regular la composicin y constitucin de las Mesas de Negociacin, en su versin hasta ahora vigente se refiere nicamente a materias que afectan al personal funcionario, cuando resulta necesario quedicha regulacin se haga extensible tambin a las materias comunes al personal funcionario, estatutario y laboral. Con ello, se pretende dar apoyo legal a lo que hastaahora es una prctica comn en la negociacin colectiva: efectuar una negociacin global y de conjunto para las distintas tipologas de personal que concurren en la Administracin.

Y, en tercer lugar, se introduce una nueva disposicin adicional en el Estatuto Bsico del Empleado Pblico en materia de Mesas de Negociacin correspondientes a mbitos especficos de negociacin, distintos en puridad a los previstos en su artculo 34.4. En este sentido, es en dicho mbito donde se lleva a cabo la negociacin sobre las condiciones de trabajo y, si bien afecta a determinados colectivos de empleados pblicos que pueden estar adscritos a distintas Administraciones Pblicas, en realidad esta negociacin recae sobre la competencia de la Administracin General del Estado. Con la introduccin de esta disposicin adicional, se pretende suplir un importante vaco legal referido a estas Mesas, adems de completar la insuficiencia del rgimen normativo hasta ahora vigente.

Esta distinta dependencia funcional y orgnica de los empleados pblicos, determina que para conformar la representacin de las organizaciones sindicales en cada una de las Mesas deban tenerse en cuenta sus respectivos mbitos de negociacin en su conjunto y no el de una Administracin Pblica determinada como sera el caso de las Mesas Sectoriales reguladas en el artculo 34.4 del Estatuto Bsico del Empleado Pblico. Asimismo, con la incorporacin de la nueva disposicin adicional se da cumplimiento efectivo al Acuerdo suscrito entre la Secretara de Estado de Administraciones Pblicas y las organizaciones sindicales de 25 de octubre de 2012, mediante el que ambas partes se comprometen a avanzar en la estructuracin de la negociacin colectiva.

Se trata, en definitiva, de dotarse de un marco legal especfico y apropiado que permita articular adecuadamente su actividad negociadora en los distintos mbitos en los que se articula el sistema de negociacin, representacin y participacin en la Administracin General del Estado y en la Administracin de Justicia.

Esta iniciativa legislativa ha sido impulsada, adems, por las propias Mesas Generales de Negociacin de la Administracin General del Estado a las que se refieren los artculos36.3 y 34.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Bsico del Empleado Pblico, que con el acuerdo alcanzado entre la Administracin y las organizaciones con mayor representatividad presentes en las mismas, solicitaron su aprobacin.

Por cuanto se trata de una modificacin propuesta por las citadas Mesas Generales de Negociacin, esta propuesta normativa cumple con lo dispuesto en el artculo 37.1 del Estatuto Bsico del Empleado Pblico, habiendo sido objeto de negociacin y acuerdo en el seno de las mismas.

En cuanto a las razones de extraordinaria y urgente necesidad que aconsejan su inclusin en este real decreto-ley debe significarse que estas modificaciones se deben aprobar con carcter previo al inicio del proceso de elecciones sindicales que se llevarn a cabo en el presente ao en el mbito de la Administracin General del Estado. Resulta evidente, por tanto, que la tramitacin ordinaria de una norma con rango de ley que permita dar aplicacin a este conjunto de medidas dilatara durante un tiempo considerable la entrada en vigor de la reforma, dando lugar a distorsiones en el desarrollo de la propia negociacin colectiva e impidiendo su efectiva aplicacin al proceso electoral previsto para 2015.

En efecto, la prxima celebracin de elecciones sindicales en la Administracin General del Estado justifica la necesidad de adoptar estas modificaciones tcnicas en los instrumentos de participacin y negociacin existentes, con carcter previo al inicio del proceso electoral. Estas propuestas se formulan a la vista de las necesidades detectadas en el marco de dicho proceso, y con objeto de mejorar tanto el marco jurdico aplicable como el sistema de garantas que deben presidirlo. El proceso para la celebracin de elecciones sindicales en la Administracin General del Estado se ha iniciado ya con la presentacin por las organizaciones sindicales mayoritarias del Acuerdo de promocin generalizada de elecciones sindicales, de 29 de octubre de 2014. Est previsto que el inicio del proceso electoral se produzca el 30 de abril de 2015, celebrndose las elecciones, con carcter general, el prximo 18 de junio. Ello justifica la urgente necesidad de adoptar estas modificaciones tcnicas en la normativa de aplicacin en materia de participacin y negociacin existentes, con carcter previo a la finalizacin del periodo para realizar los preavisos, que concluye un mes antes del inicio del proceso electoral referido.

La naturaleza de las modificaciones propuestas requieren para su adopcin de una norma con rango de ley, por cuanto se trata de modificaciones introducidas tanto en el Real Decreto-ley 20/2012 como en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Bsico del Empleado Pblico. Por todo ello, el instrumento adecuado para llevarlo a cabo sera mediante un real decreto-ley al concurrir las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artculo 86 de la Constitucin. A la vista de la consolidada Jurisprudencia del Tribunal Constitucional emitida sobre este instrumento normativo, se considera que encaja en los supuestos habilitantes y en las causas y finalidades previstas en el Real Decreto-ley, y de forma especfica por la necesidad de que las modificaciones propuestas puedan resultar efectivas en el proceso electoral previsto para el ao prximo en la Administracin General del Estado.

Por su parte, en el mbito de las polticas pblicas de empleo y Seguridad Social, lareduccin de las cotizaciones empresariales por contingencias comunes a la SeguridadSocial por contratacin indefinida, aprobada por el Real Decreto-ley 3/2014, de28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratacin indefinida, y que se articula mediante el establecimiento de una tarifa plana de cotizacin,ha constituido una medida eficaz para contribuir a la creacin de empleo estable.

As, segn los datos de la Encuesta de Poblacin Activa del cuarto trimestre de 2014, el empleo ha crecido en 433.900 personas en los 12 ltimos meses, con un variacin anual del 2,5% y el empleo asalariado indefinido se ha incrementado en 212.800 personas, un 2,0 %.

Con el objetivo de consolidar esta evolucin positiva de la contratacin indefinida y potenciar su impacto para los colectivos con mayores dificultades para la insercin laboral estable, y en cumplimiento de la resolucin aprobada por el Congreso de los Diputados con motivo del Debate sobre el Estado de la Nacin del 25 de febrero de 2015, mediante el artculo 8 se establece un nuevo incentivo para la creacin de empleo estable, consistente en la fijacin de un mnimo exento en la cotizacin empresarial por contingencias comunes a la Seguridad Social por la contratacin indefinida de trabajadores.

El establecimiento de un mnimo exento supone la creacin de un incentivo de carcter progresivo que reduce en mayor medida las cotizaciones sociales por la contratacin estable de trabajadores con menores retribuciones. Con esta medida se pretende favorecer a aquellos colectivos con ms dificultades de insercin estable en el mercado laboral, tales como desempleados de larga duracin, trabajadores con escasa formacin y jvenes sin experiencia laboral. Estos colectivos se ven ms afectados por el desempleo y la temporalidad.

Al amparo de esta nueva regulacin, de la que se podrn beneficiar todas las empresas que contraten de forma indefinida y creen empleo neto, los primeros 500 euros de la base mensual correspondiente a contingencias comunes quedarn exentos de cotizacin empresarial cuando el contrato se celebre a tiempo completo. Cuando el contrato se celebre a tiempo parcial, dicha cuanta se reducir en proporcin al porcentaje en que disminuya la jornada de trabajo, que no podr ser inferior al 50 por 100 de la jornada de un trabajador a tiempo completo.

Este beneficio en la cotizacin consistir en una bonificacin, a cargo del Servicio Pblico de Empleo Estatal, en caso de que el contrato indefinido se formalice con jvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garanta Juvenil, y en una reduccin, a cargo del sistema de la Seguridad Social, en los dems supuestos.

Al igual que la tarifa plana de cotizacin, la bonificacin o reduccin se aplicar durante un perodo de 24 meses. En el caso de empresas con menos de diez trabajadores la medida se prolongar durante 12 meses ms, quedando exentos durante este ltimo perodo de la aplicacin del tipo de cotizacin los primeros 250 euros de la base de cotizacin o la cuanta que proporcionalmente corresponda en los supuestos de contratacin a tiempo parcial.

Respecto a los requisitos para disfrutar del nuevo beneficio en la cotizacin, a los supuestos en que no procede su aplicacin, a las incompatibilidades y el reintegro de cantidades por aplicacin indebida del mismo, son muy similares a los establecidos para la tarifa plana de cotizacin en el Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, en aras de la continuidad y simplicidad del sistema.

La aplicacin de la bonificacin o reduccin a que se refiere este artculo no afectar a la determinacin de la cuanta de las prestaciones econmicas a que puedan causar derecho los trabajadores afectados, que se calcular aplicando el importe ntegro de la base de cotizacin que les corresponda.

Para el supuesto de contratacin indefinida de beneficiarios del Sistema Nacional de Garanta Juvenil, se permite la compatibilizacin de los incentivos previstos en el artculo107 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobacin de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, y tambin se declara compatible con la ayuda econmica de acompaamiento que perciban los beneficiarios del Programa de Activacin para el Empleo, en caso de formalizarse el contrato con ellos.

El nuevo beneficio en la cotizacin por contratacin indefinida coexistir hasta el 31 de marzo de 2015 con el regulado en el Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, previndose en la disposicin transitoria segunda del real decreto-ley que los beneficios a la cotizacin a la Seguridad Social que se vinieran disfrutando por los contratos indefinidos celebrados con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor, se regirn por la normativa vigente en el momento de su celebracin.

En la presente regulacin concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad exigidas por el artculo 86 de la Constitucin Espaola para la aprobacin de los decretos-leyes, al seguir constituyendo una prioridad la contratacin indefinida de trabajadores y la necesidad de fomentar la estabilidad en el mercado laboral, lo que unido a la prxima finalizacin, el 31 de marzo de 2015, del plazo para beneficiarse de la tarifa plana de cotizacin del Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, justifican la adopcin de esta nueva medida a la mayor urgencia posible.

Por otro lado, en cuanto a la medida prevista en el artculo 9, consistente en una bonificacin a trabajadores autnomos por conciliacin de la vida profesional y familiar vinculada a la contratacin, la previsin de la disposicin final segunda de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autnomo, que establece la convergencia progresiva de los derechos de los trabajadores autnomos en relacin con los establecidos para los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el Rgimen General de la Seguridad Social, hace necesaria la adopcin de sucesivas medidas para el cumplimiento de dicho objetivo.

As, en la lnea marcada para la equiparacin de los derechos de los trabajadores por cuenta propia frente a los trabajadores por cuenta ajena, y para garantizar la proteccin en la conciliacin de la vida familiar y profesional de los trabajadores por cuenta propia, se incluye una medida de apoyo a los mismos basada en beneficios de Seguridad Social para aquellos supuestos en los que el profesional deba atender obligaciones familiares que puedan influir en su actividad.

Dicha medida consiste en una bonificacin en la cuota del trabajador por cuenta propia a la Seguridad Social, en una cuanta vinculada a la base de cotizacin media de los ltimos doce meses del trabajador autnomo, garantizando as la proporcionalidad de la medida.

Adems, el disfrute de esta bonificacin queda sujeta a la contratacin de un trabajador por cuenta ajena, con lo que se cumple un doble objetivo. Por un lado, se adoptan medidas que contribuyan a la viabilidad del proyecto profesional del trabajador autnomo, permitindole hacer frente a sus obligaciones familiares, manteniendo su actividad profesional. Por otro lado, al estar vinculada la medida a la contratacin de un trabajador por cuenta ajena, se pretende contribuir a la dinamizacin del mercado de trabajo.

En la presente regulacin concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad exigidas por el artculo 86 de la Constitucin Espaola para la aprobacin de los decretos-leyes, al seguir constituyendo una prioridad la equiparacin de los derechos de los trabajadores por cuenta propia frente a los trabajadores por cuenta ajena, especialmente en lo concerniente a la necesaria proteccin de la conciliacin de la vida familiar y profesional.

Dos de las piezas claves de la poltica de la Unin Europea son el principio de igualdad entre hombres y mujeres y el fomento del emprendimiento.

Ambos principios convergen en la Directiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de julio de 2010, sobre la aplicacin del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autnoma.

Adems, la Comisin Europea present al 9 de enero de 2013 el Plan de Accin de Emprendimiento 2020, Plan por el que la Comisin invitaba a los Estados miembros a que apliquen polticas que permitan que las mujeres consigan un equilibrio adecuado entre el trabajo y la vida cotidiana.

La citada Directiva 2010/41/UE estableca que a ms tardar el 5 de agosto de 2015 los estados miembros debern transmitir a la Comisin Europea toda la informacin disponible sobre la aplicacin de la misma.

Dado que en el mbito de la conciliacin entre la vida familiar y profesional, era patente la necesidad de regulacin especfica para el colectivo de los trabajadores y trabajadoras autnomas, y dada la cercana de la citada fecha de agosto de 2015, se constata la urgente necesidad de poner en marcha la medida que se propone.

Por ltimo, la importancia de los daos ocasionados por la sequa en la campaa de la aceituna de 2014 en las comunidades autnomas de Andaluca y Extremadura dificulta gravemente, por su incidencia en la prdida de jornadas de trabajo, la consecucin del nmero mnimo de jornadas reales cotizadas precisas para acceder al subsidio por desempleo contemplado en el Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, por el que se regulael subsidio por desempleo en favor de los trabajadores eventuales incluidos en el Rgimen Especial Agrario de la Seguridad Social y en el artculo tercero de la Ley45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de proteccin por desempleo y mejora de la ocupabilidad, as como a la renta agraria regulada por el Real Decreto 426/2003, de 11 de abril, por el que se regula la renta agraria para los trabajadores eventuales incluidos en el Rgimen Especial Agrario de la Seguridad Social residentes en las Comunidades Autnomas de Andaluca y Extremadura.

Dada la incidencia en la reduccin de produccin, considerando que el olivar es el principal sector de actividad agrcola en estas regiones y teniendo en cuenta los estudios de movilidad de trabajadores que se desplazan a trabajar a provincias limtrofes, se hace preciso arbitrar los mecanismos necesarios para facilitar con carcter urgente, excepcional y transitorio el cumplimiento de los requisitos exigidos a los trabajadores eventuales agrarios de las provincias donde se ha producido un descenso de produccin, siguiendo los precedentes de ocasiones anteriores, en los que ante circunstancias similares se aprob, mediante los Real Decretos-leyes 10/2005, de 20 de junio; 2/2010, de 19 de marzo, y 1/2013, de 25 de enero, la reduccin del nmero mnimo de jornadas realizadas para acceder a las prestaciones sealadas.

A tal finalidad responde la medida contemplada en el artculo 10, mediante la que se sita en 20 el nmero de jornadas reales cotizadas exigidas a los trabajadores eventuales agrarios de las provincias afectadas para poder ser beneficiarios del subsidio por desempleo o de la renta agraria antes indicados.

Esta medida ser de aplicacin a los trabajadores que hubieran presentado las solicitud correspondiente entre el 1 de septiembre de 2014 y la entrada en vigor de este real decreto-ley.

Finalmente, por lo que se refiere al artculo 11 de este real decreto-ley, debe indicarse que, transcurrido un plazo razonable desde la adopcin del Real Decreto-ley 3/2013, de22 de febrero, en materia de tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, se ha podido constatar que resulta inaplazable atender a la situacin econmica desfavorable de un importante nmero de ciudadanos que, no siendo beneficiarios del derecho de asistencia jurdica gratuita, debe ser objeto de atencin en cuanto al impacto que sobre ellos est teniendo el sistema de tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional.

En este sentido, la conexin entre la situacin de necesidad expuesta y las medidas que se adoptan en este real decreto-ley es clara, pues las modificaciones que se introducen conllevan un efecto favorable inmediato dado que la entrada en vigor de esta norma supondr la exencin del pago de la tasa por parte de las personas fsicas.

Por otra parte, la utilizacin del real decreto-ley para proceder a la reforma de la Ley10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el mbito de la Administracin de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicologa y Ciencias Forenses respeta la doctrina constitucional en cuanto al presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad, como necesidad relativa a un objetivo gubernamental que requiere de una accin normativa en un plazo ms breve que el requerido por el procedimiento legislativo ordinario o por el de urgencia. En este sentido, la necesidad de acudir a una disposicin legal excepcional no slo resulta justificada por las razones antes expuestas, sino que tambin puede vincularse, y as se ha hecho en ocasiones, a medidas incentivadoras de la economa o de estimulacin de los mercados, que permitan llevar a cabo objetivos gubernamentales de poltica econmica general.

La utilizacin del real decreto-ley responde, por tanto, a la urgencia detectada, otorgando inmediatez a la consecucin de un doble objetivo: poner fin a una situacin que haba generado un enorme rechazo social y, al tiempo, eliminar un elemento de retraimiento en el acceso a los Tribunales en un contexto de previsible aumento de movimientos econmicos entre los distintos operadores jurdicos.

En efecto, resulta previsible que muchos sean los asuntos cuya judicializacin decida posponerse a un momento posterior a la aprobacin de la norma con rango legal, de tramitarse esta por el procedimiento ordinario o de urgencia, producindose en ese momento una entrada masiva de causas en los Juzgados y Tribunales. En este sentido, la utilizacin de un vehculo normativo ms gil temporalmente como es el real decreto-ley permitir minimizar este efecto colateral que en la actividad de los rganos judiciales puede producir la reforma.

En su virtud, en uso de la autorizacin contenida en el artculo 86 de la Constitucin, a propuesta de los Ministros de Economa y Competitividad, de Justicia, de Empleo y Seguridad Social y de Hacienda y Administraciones Pblicas, previa deliberacin del Consejo de Ministros en su reunin del da 27 de febrero de 2015,

DISPONGO:


[Bloque 2: #ti]

TTULO I

Medidas urgentes para la reduccin de la carga financiera


[Bloque 3: #a1]

Artculo 1. Modificacin de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, se modifica en los siguientes trminos:

Primero. Modificaciones en materia de segunda oportunidad.

Uno. Se modifica la redaccin del apartado 2 del artculo 178, en los siguientes trminos:

2. Fuera de los supuestos previstos en el artculo siguiente, en los casos de conclusin del concurso por liquidacin o insuficiencia de masa activa, el deudor persona natural quedar responsable del pago de los crditos restantes. Los acreedores podrn iniciar ejecuciones singulares, en tanto no se acuerde la reapertura del concurso o no se declare nuevo concurso. Para tales ejecuciones, la inclusin de su crdito en la lista definitiva de acreedores se equipara a una sentencia de condena firme.

Dos. Se aade un nuevo artculo 178 bis, con la siguiente redaccin:

Artculo 178 bis. Beneficio de la exoneracin del pasivo insatisfecho.

1. El deudor persona natural podr obtener el beneficio de la exoneracin del pasivo insatisfecho en los trminos establecidos en este artculo, una vez concluido el concurso por liquidacin o por insuficiencia de la masa activa.

2. El deudor deber presentar su solicitud de exoneracin del pasivo insatisfecho ante el Juez del concurso dentro del plazo de audiencia que se le haya conferido de conformidad con lo establecido en el artculo 152.3.

3. Solo se admitir la solicitud de exoneracin de pasivo insatisfecho a los deudores de buena fe. Se entender que concurre buena fe en el deudor siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

1. Que el concurso no haya sido declarado culpable.

2. Que el deudor no haya sido ni condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconmico, falsedad documental, contra la Hacienda Pblica y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los 10 aos anteriores a la declaracin de concurso. Si existiera un proceso penal pendiente, el juez del concurso deber suspender su decisin respecto a la exoneracin del pasivo hasta que exista sentencia penal firme.

3. Que, reuniendo los requisitos establecidos en el artculo 231, haya celebrado o, al menos, intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos.

4. Que haya satisfecho en su integridad los crditos contra la masa, y los crditos concursales privilegiados y, si no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo, al menos, el 25 por ciento del importe de los crditos concursales ordinarios.

5. Que, alternativamente al nmero anterior:

i) Acepte someterse al plan de pagos previsto en el apartado 6.

ii) No haya incumplido las obligaciones de colaboracin establecidas en el artculo 42.

iii) No haya obtenido este beneficio dentro de los diez ltimos aos.

iv) No haya rechazado dentro de los cuatro aos anteriores a la declaracin de concurso una oferta de empleo adecuada a su capacidad.

v) Acepte de forma expresa, en la solicitud de exoneracin de pasivo insatisfecho, que la obtencin de este beneficio se har constar en la seccin especial del Registro Pblico Concursal con posibilidad de acceso pblico, por un plazo de cinco aos.

4. De la solicitud del deudor se dar traslado por el Secretario Judicial a la Administracin concursal y a los acreedores personados por un plazo de cinco das para que aleguen cuanto estimen oportuno en relacin a la concesin del beneficio.

Si la Administracin concursal y los acreedores personados muestran su conformidad a la peticin del deudor o no se oponen a la misma, el Juez del concurso conceder, con carcter provisional, el beneficio de la exoneracin del pasivo insatisfecho en la resolucin declarando la conclusin del concurso por fin de la fase de liquidacin.

La oposicin solo podr fundarse en la inobservancia de alguno o algunos de los requisitos del apartado 3 y se le dar el trmite del incidente concursal. No podr dictarse auto de conclusin del concurso hasta que gane firmeza la resolucin que recaiga en el incidente reconociendo o denegando el beneficio.

5. El beneficio de la exoneracin del pasivo insatisfecho concedido a los deudores previstos en el nmero 5. del apartado 3 se extender a la parte insatisfecha de los siguientes crditos:

1. Los crditos ordinarios y subordinados pendientes a la fecha de conclusin del concurso, aunque no hubieran sido comunicados, y exceptuando los crditos de derecho pblico y por alimentos.

2. Respecto a los crditos enumerados en el artculo 90.1, la parte de los mismos que no haya podido satisfacerse con la ejecucin de la garanta quedar exonerada salvo que quedara incluida, segn su naturaleza, en alguna categora distinta a crdito ordinario o subordinado.

Los acreedores cuyos crditos se extinguen no podrn iniciar ningn tipo de accin dirigida frente al deudor para el cobro de los mismos.

Quedan a salvo los derechos de los acreedores frente a los obligados solidariamente con el concursado y frente a sus fiadores o avalistas, quienes no podrn invocar el beneficio de exoneracin del pasivo insatisfecho obtenido por el concursado.

Si el concursado estuviera casado en rgimen de gananciales u otro de comunidad y no se hubiera procedido a la liquidacin del rgimen econmico conyugal, el beneficio de la exoneracin del pasivo insatisfecho se extender al cnyuge del concursado, aunque no hubiera sido declarado su propio concurso, respecto de las deudas anteriores a la declaracin de concurso de las que debiera responder el patrimonio comn.

6. Las deudas que no queden exoneradas conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, debern ser satisfechas por el concursado dentro de los cinco aos siguientes a la conclusin del concurso, salvo que tuvieran un vencimiento posterior. Durante los cinco aos siguientes a la conclusin del concurso las deudas pendientes no podrn devengar inters.

A tal efecto, el deudor deber presentar una propuesta de plan de pagos que, odas las partes por plazo de 10 das, ser aprobado por el juez en los trminos en que hubiera sido presentado o con las modificaciones que estime oportunas.

Respecto a los crditos de derecho pblico, la tramitacin de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se regir por lo dispuesto en su normativa especfica.

7. Cualquier acreedor concursal estar legitimado para solicitar del juez del concurso la revocacin del beneficio de exoneracin del pasivo insatisfecho cuando el deudor, durante los cinco aos siguientes a su concesin:

a) Incurriese en alguna de las circunstancias que conforme a lo establecido en el apartado 3 hubiera impedido la concesin del beneficio de la exoneracin del pasivo insatisfecho.

b) En su caso, incumpliese la obligacin de pago de las deudas no exoneradas conforme a lo dispuesto en el plan de pagos.

c) Mejorase sustancialmente la situacin econmica del deudor de manera que pudiera pagar todas las deudas pendientes sin detrimento de sus obligaciones de alimentos, o

d) Se constatase la existencia de ingresos, bienes o derechos ocultados.

La solicitud se tramitar conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para el juicio verbal. En caso de que el Juez acuerde la revocacin del beneficio, los acreedores recuperan la plenitud de sus acciones frente al deudor para hacer efectivos los crditos no satisfechos a la conclusin del concurso.

8. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior sin que se haya revocado el beneficio, el Juez del concurso, a peticin del deudor concursado, dictar auto reconociendo con carcter definitivo la exoneracin del pasivo insatisfecho en el concurso.

Tambin podr, atendiendo a las circunstancias del caso y previa audiencia de los acreedores, declarar la exoneracin definitiva del pasivo insatisfecho del deudor que no hubiese cumplido en su integridad el plan de pagos pero hubiese destinado a su cumplimiento, al menos, la mitad de los ingresos percibidos durante dicho plazo que no tuviesen la consideracin de inembargables.

A los efectos de este artculo, se entiende por ingresos inembargable los previstos en el artculo 1 del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto pblico y cancelacin de deudas con empresas y autnomos contradas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitacin y de simplificacin administrativa.

Contra dicha resolucin, que se publicar en el Registro Pblico Concursal, no cabr recurso alguno.

Tres. Se modifican los apartados 3 y 4 del artculo 176 bis, que quedan redactados en los siguientes trminos:

3. Una vez distribuida la masa activa, la administracin concursal presentar al juez del concurso un informe justificativo que afirmar y razonar inexcusablemente que el concurso no ser calificado como culpable y que no existen acciones viables de reintegracin de la masa activa ni de responsabilidad de terceros pendientes de ser ejercitadas o bien que lo que se pudiera obtener de las correspondientes acciones no sera suficiente para el pago de los crditos contra la masa. No impedir la declaracin de insuficiencia de masa activa que el deudor mantenga la propiedad de bienes legalmente inembargables o desprovistos de valor de mercado o cuyo coste de realizacin sera manifiestamente desproporcionado respecto de su previsible valor venal.

El informe se pondr de manifiesto en la oficina judicial por quince das a todas las partes personadas.

La conclusin por insuficiencia de masa se acordar por auto. Si en el plazo de audiencia concedido a las partes se formulase oposicin a la conclusin del concurso, se le dar la tramitacin del incidente concursal. Durante este plazo, el deudor persona natural podr solicitar la exoneracin del pasivo insatisfecho. La tramitacin de dicha solicitud, los requisitos para beneficiarse de la exoneracin y sus efectos se regirn por lo dispuesto en el artculo 178 bis.

4. Tambin podr acordarse la conclusin por insuficiencia de masa en el mismo auto de declaracin de concurso cuando el juez aprecie de manera evidente que el patrimonio del concursado no ser presumiblemente suficiente para la satisfaccin de los previsibles crditos contra la masa del procedimiento ni es previsible el ejercicio de accin de reintegracin, de impugnacin o de responsabilidad de terceros.

Si el concursado fuera persona natural, el juez designar un administrador concursal que deber liquidar los bienes existentes y pagar los crditos contra la masa siguiendo el orden del apartado 2. Una vez concluida la liquidacin, el deudor podr solicitar la exoneracin del pasivo insatisfecho ante el Juez del concurso. La tramitacin de la solicitud, los requisitos para beneficiarse de la exoneracin y sus efectos se regirn por lo dispuesto en el artculo 178 bis.

Contra este auto podr interponerse recurso de apelacin.

Segundo. Modificaciones en materia de acuerdo extrajudicial de pagos.

Uno. Se modifica el artculo 231, que queda redactado en los siguientes trminos:

Artculo 231. Presupuestos.

1. El deudor persona natural que se encuentre en situacin de insolvencia con arreglo a lo dispuesto en el artculo 2 de esta Ley, o que prevea que no podr cumplir regularmente con sus obligaciones, podr iniciar un procedimiento para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores, siempre que la estimacin inicial del pasivo no supere los cinco millones de euros. En el caso de deudor persona natural empresario, deber aportarse el correspondiente balance.

A los efectos de este ttulo se considerarn empresarios personas naturales no solamente aquellos que tuvieran tal condicin de acuerdo con la legislacin mercantil, sino aquellos que ejerzan actividades profesionales o tengan aquella consideracin a los efectos de la legislacin de la Seguridad Social, as como los trabajadores autnomos.

2. Tambin podrn instar el mismo acuerdo cualesquiera personas jurdicas, sean o no sociedades de capital, que cumplan las siguientes condiciones:

a) Se encuentren en estado de insolvencia.

b) En caso de ser declaradas en concurso, dicho concurso no hubiere de revestir especial complejidad en los trminos previstos en el artculo 190 de estaLey.

c) Que dispongan de activos suficientes para satisfacer los gastos propios del acuerdo.

3. No podrn formular solicitud para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos:

1. Quienes hayan sido condenados en sentencia firme por delito contra el patrimonio, contra el orden socioeconmico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pblica, la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los 10 aos anteriores a la declaracin de concurso.

2. Las personas que, dentro de los cinco ltimos aos, hubieran alcanzado un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores, hubieran obtenido la homologacin judicial de un acuerdo de refinanciacin o hubieran sido declaradas en concurso de acreedores.

El cmputo de dicho plazo comenzar a contar, respectivamente, desde la publicacin en el Registro Pblico Concursal de la aceptacin del acuerdo extrajudicial de pagos, de la resolucin judicial que homologue el acuerdo de refinanciacin o del auto que declare la conclusin del concurso.

4. No podrn acceder al acuerdo extrajudicial de pagos quienes se encuentren negociando con sus acreedores un acuerdo de refinanciacin o cuya solicitud de concurso hubiera sido admitida a trmite.

5. Los crditos con garanta real se vern afectados por el acuerdo extrajudicial conforme a lo dispuesto por los artculos 238 y 238 bis.

Los crditos de derecho pblico no podrn en ningn caso verse afectados por el acuerdo extrajudicial, aunque gocen de garanta real.

No podrn acudir al procedimiento previsto en este Ttulo las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

Dos. Se modifican los apartados 2 y 3 del artculo 232, que quedan redactados en los siguientes trminos:

2. La solicitud se har mediante formulario normalizado suscrito por el deudor e incluir un inventario con el efectivo y los activos lquidos de que dispone, los bienes y derechos de que sea titular y los ingresos regulares previstos. Se acompaar tambin de una lista de acreedores, especificando su identidad, domicilio y direccin electrnica, con expresin de la cuanta y vencimiento de los respectivos crditos, en la que se incluirn una relacin de los contratos vigentes y una relacin de gastos mensuales previstos. Lo dispuesto en el artculo 164.2.2. ser de aplicacin, en caso de concurso consecutivo, a la solicitud de acuerdo extrajudicial de pagos.

El contenido de los formularios normalizados de solicitud, de inventario y de lista de acreedores, se determinar mediante orden del Ministerio de Justicia.

Esta lista de acreedores tambin comprender a los titulares de prstamos o crditos con garanta real o de derecho pblico sin perjuicio de que puedan no verse afectados por el acuerdo. Para la valoracin de los prstamos o crditos con garanta real se estar a lo dispuesto en el artculo 94.5.

Si el deudor fuere persona casada, salvo que se encuentre en rgimen de separacin de bienes, indicar la identidad del cnyuge, con expresin del rgimen econmico del matrimonio, y si estuviera legalmente obligado a la llevanza de contabilidad, acompaar asimismo las cuentas anuales correspondientes a los tres ltimos ejercicios.

Cuando los cnyuges sean propietarios de la vivienda familiar y pueda verse afectada por el acuerdo extrajudicial de pagos, la solicitud de acuerdo extrajudicial debe realizarse necesariamente por ambos cnyuges, o por uno con el consentimiento del otro.

3. En caso de que los deudores sean empresarios o entidades inscribibles, se solicitar la designacin del mediador al Registrador Mercantil correspondiente al domicilio del deudor mediante instancia que podr ser cursada telemticamente, el cual proceder a la apertura de la hoja correspondiente, en caso de no figurar inscrito. En los dems casos, se solicitar la designacin al notario del domicilio del deudor.

En el caso de personas jurdicas o de persona natural empresario, la solicitud tambin podr dirigirse a las Cmaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegacin cuando hayan asumido funciones de mediacin de conformidad con su normativa especfica y a la Cmara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegacin de Espaa.

El receptor de la solicitud comprobar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artculo 231, los datos y la documentacin aportados por el deudor. Si estimara que la solicitud o la documentacin adjunta adolecen de algn defecto o que esta es insuficiente para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales para iniciar un acuerdo extrajudicial de pagos, sealar al solicitante un nico plazo de subsanacin, que no podr exceder de cinco das. La solicitud se inadmitir cuando el deudor no justifique el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos para solicitar la iniciacin del acuerdo extrajudicial, pudiendo presentarse una nueva solicitud cuando concurriesen o pudiera acreditarse la concurrencia de dichos requisitos.

Tres. Se modifican los apartados 1, 2 y 3 del artculo 233, que quedan redactados en los siguientes trminos:

1. El nombramiento de mediador concursal habr de recaer en la persona natural o jurdica a la que de forma secuencial corresponda de entre las que figuren en la lista oficial que se publicar en el portal correspondiente del ‘‘Boletn Oficial del Estado’’, la cual ser suministrada por el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediacin del Ministerio de Justicia. El mediador concursal deber reunir la condicin de mediador de acuerdo con la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediacin en asuntos civiles y mercantiles, y, para actuar como administrador concursal, las condiciones previstas en el artculo 27.

Reglamentariamente se determinarn las reglas para el clculo de la retribucin del mediador concursal, que deber fijarse en su acta de nombramiento. En todo caso, la retribucin a percibir depender del tipo de deudor, de su pasivo y activo y del xito alcanzado en la mediacin. En todo lo no previsto en esta Ley en cuanto al mediador concursal, se estar a lo dispuesto en materia de nombramiento de expertos independientes.

2. Al aceptar el nombramiento, el mediador concursal deber facilitar al registrador mercantil o notario, si hubiera sido nombrado por stos, una direccin electrnica que cumpla con las condiciones establecidas en el artculo 29.6 de esta Ley, en la que los acreedores podrn realizar cualquier comunicacin o notificacin.

3. El registrador o el notario proceder al nombramiento de mediador concursal. Cuando la solicitud se haya dirigido a una Cmara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegacin o a la Cmara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegacin de Espaa, la propia cmara asumir las funciones de mediacin conforme a lo dispuesto la Ley 4/2014, de 1 de abril, Bsica de las Cmaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegacin, y designar una comisin encargada de mediacin, en cuyo seno deber figurar, al menos, un mediador concursal. Una vez que el mediador concursal acepte el cargo, el registrador mercantil, el notario o la Cmara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegacin dar cuenta del hecho por certificacin o copia remitidas a los registros pblicos de bienes competentes para su constancia por anotacin preventiva en la correspondiente hoja registral, as como al Registro Civil y a los dems registros pblicos que corresponda, comunicar de oficio la apertura de negociaciones al juez competente para la declaracin de concurso y ordenar su publicacin en el ‘‘Registro Pblico Concursal’’.

Cuatro. Se elimina el apartado 4 y se modifican los apartados 1 y 2 del artculo234, que quedan redactados en los siguientes trminos:

1. En los diez das siguientes a la aceptacin del cargo, el mediador concursal comprobar los datos y la documentacin aportados por el deudor, pudiendo requerirle su complemento o subsanacin o instarle a corregir los errores que pueda haber.

En ese mismo plazo, comprobar la existencia y la cuanta de los crditos y convocar al deudor y a los acreedores que figuren en la lista presentada por el deudor o de cuya existencia tenga conocimiento por cualquier otro medio a una reunin que se celebrar dentro de los dos meses siguientes a la aceptacin, en la localidad donde el deudor tenga su domicilio. Se excluir en todo caso de la convocatoria a los acreedores de derecho pblico.

2. La convocatoria de la reunin entre el deudor y los acreedores se realizar por conducto notarial o por cualquier medio de comunicacin, individual y escrita, que asegure la recepcin.

Si constara la direccin electrnica de los acreedores por haberla aportado el deudor o facilitado aqullos al mediador concursal en los trminos que se indican en el apartado c) del artculo 235.2, la comunicacin deber realizarse a la citada direccin electrnica.

Cinco. Se modifica el artculo 235, que queda redactado en los siguientes trminos:

Artculo 235. Efectos de la iniciacin del expediente.

1. Una vez solicitada la apertura del expediente, el deudor podr continuar con su actividad laboral, empresarial o profesional. Desde la presentacin de la solicitud, el deudor se abstendr de realizar cualquier acto de administracin y disposicin que exceda los actos u operaciones propias del giro o trfico de su actividad.

2. Desde la comunicacin de la apertura de las negociaciones al juzgado competente para la declaracin del concurso, los acreedores que pudieran verse afectados por el posible acuerdo extrajudicial de pagos:

a) no podrn iniciar ni continuar ejecucin judicial o extrajudicial alguna sobre el patrimonio del deudor mientras se negocia el acuerdo extrajudicial hasta un plazo mximo de tres meses. Se exceptan los acreedores de crditos con garanta real, que no recaiga sobre bienes o derechos que resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor ni sobre su vivienda habitual. Cuando la garanta recaiga sobre los bienes citados en el inciso anterior, los acreedores podrn ejercitar la accin real que les corresponda frente a los bienes y derechos sobre los que recaiga su garanta sin perjuicio de que, una vez iniciado el procedimiento, quede paralizado mientras no hayan transcurrido los plazos previstos en este apartado.

Practicada la correspondiente anotacin de la apertura del procedimiento en los registros pblicos de bienes, no podrn anotarse respecto de los bienes del deudor instante embargos o secuestros posteriores a la presentacin de la solicitud del nombramiento de mediador concursal, salvo los que pudieran corresponder en el curso de procedimientos seguidos por los acreedores de derecho pblico.

b) debern abstenerse de realizar acto alguno dirigido a mejorar la situacin en que se encuentren respecto del deudor comn.

c) podrn facilitar al mediador concursal una direccin electrnica para que ste les practique cuantas comunicaciones sean necesarias o convenientes, produciendo plenos efectos las que se remitan a la direccin facilitada.

3. Durante el plazo de negociacin del acuerdo extrajudicial de pagos y respecto a los crditos que pudieran verse afectados por el mismo, se suspender el devengo de intereses de conformidad con lo dispuesto por el artculo 59.

4. El acreedor que disponga de garanta personal para la satisfaccin del crdito podr ejercitarla siempre que el crdito contra el deudor hubiera vencido. En la ejecucin de la garanta, los garantes no podrn invocar la solicitud del deudor en perjuicio del ejecutante.

5. El deudor que se encontrase negociando un acuerdo extrajudicial no podrser declarado en concurso, en tanto no transcurra el plazo previsto en el artculo 5 bis.5.

Seis. Se modifica el artculo 236, que queda redactado en los siguientes trminos:

Artculo 236. Propuesta de acuerdo extrajudicial de pagos.

1. Tan pronto como sea posible, y en cualquier caso con una antelacin mnima de veinte das naturales a la fecha prevista para la celebracin de la reunin, el mediador concursal remitir a los acreedores, con el consentimiento del deudor, una propuesta de acuerdo extrajudicial de pagos sobre los crditos pendientes de pago a la fecha de la solicitud. La propuesta podr contener cualquiera de las siguientes medidas:

a) Esperas por un plazo no superior a diez aos.

b) Quitas.

c) Cesin de bienes o derechos a los acreedores en pago o para pago de totalidad o parte de sus crditos.

d) La conversin de deuda en acciones o participaciones de la sociedad deudora. En este caso se estar a lo dispuesto en el apartado 3.ii) 3. de la disposicin adicional cuarta.

e) La conversin de deuda en prstamos participativos por un plazo no superior a diez aos, en obligaciones convertibles o prstamos subordinados, en prstamos con intereses capitalizables o en cualquier otro instrumento financiero de rango, vencimiento o caractersticas distintas de la deuda original.

Solo podr incluirse la cesin en pago de bienes o derechos a los acreedores siempre que los bienes o derechos cedidos no resulten necesarios para la continuacin de la actividad profesional o empresarial y que su valor razonable, calculado conforme a lo dispuesto en el artculo 94.2, sea igual o inferior al crdito que se extingue. Si fuese superior, la diferencia se deber integrar en el patrimonio del deudor. Si se tratase de bienes afectos a garanta, ser de aplicacin lo dispuesto por el artculo 155.4.

En ningn caso la propuesta podr consistir en la liquidacin global del patrimonio del deudor para satisfaccin de sus deudas ni podr alterar el orden de prelacin de crditos legalmente establecido, salvo que los acreedores postergados consientan expresamente.

2. La propuesta incluir un plan de pagos con detalle de los recursos previstos para su cumplimiento y de un plan de viabilidad y contendr una propuesta de cumplimiento regular de las nuevas obligaciones, incluyendo, en su caso, la fijacin de una cantidad en concepto de alimentos para el deudor y su familia, y de un plan de continuacin de la actividad profesional o empresarial que desarrollara. Tambin se incluir copia del acuerdo o solicitud de aplazamiento de los crditos de derecho pblico o, al menos, de las fechas de pago de los mismos, si no van a satisfacerse en sus plazos de vencimiento.

3. Dentro de los diez das naturales posteriores al envo de la propuesta de acuerdo por el mediador concursal a los acreedores, stos podrn presentar propuestas alternativas o propuestas de modificacin. Transcurrido el plazo citado, el mediador concursal remitir a los acreedores el plan de pagos y viabilidad final aceptado por el deudor.

4. El mediador concursal deber solicitar de inmediato la declaracin de concurso de acreedores si, antes de transcurrido el plazo mencionado en el apartado 3 de este artculo, decidieran no continuar con las negociaciones los acreedores que representasen al menos la mayora del pasivo que pueda verse afectada por el acuerdo y el deudor se encontrase en situacin de insolvencia actual o inminente.

Siete. Se modifica el artculo 238, que queda redactado en los siguientes trminos:

Artculo 238. El acuerdo extrajudicial de pagos

1. Para que el acuerdo extrajudicial de pagos se considere aceptado, sern necesarias las siguientes mayoras, calculadas sobre la totalidad del pasivo que pueda resultar afectado por el acuerdo:

a) Si hubiera votado a favor del mismo el 60 por ciento del pasivo que pudiera verse afectado por el acuerdo extrajudicial de pagos, los acreedores cuyos crditos no gocen de garanta real o por la parte de los crditos que exceda del valor de la garanta real, quedarn sometidos a las esperas, ya sean de principal, de intereses o de cualquier otra cantidad adeudada, con un plazo no superior a cinco aos, a quitas no superiores al 25 por ciento del importe de los crditos, o a la conversin de deuda en prstamos participativos durante el mismo plazo.

b) Si hubiera votado a favor del mismo el 75 por ciento del pasivo que pudiera verse afectado por el acuerdo extrajudicial de pagos, los acreedores cuyos crditos no gocen de garanta real o por la parte de los crditos que exceda del valor de la garanta real, quedarn sometidos a las esperas con un plazo de cinco aos o ms, pero en ningn caso superior a diez, a quitas superiores al 25 por ciento del importe de los crditos, y a las dems medidas previstas en el artculo 236.

2. Si la propuesta fuera aceptada por los acreedores, el acuerdo se elevar inmediatamente a escritura pblica, que cerrar el expediente que el notario hubiera abierto. Para los abiertos por el registrador mercantil o la Cmara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegacin, se presentar ante el Registro Mercantil copia de la escritura para que el registrador pueda cerrar el expediente. Por el notario, el registrador o la Cmara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegacin se comunicar el cierre del expediente al juzgado que hubiera de tramitar el concurso. Igualmente se dar cuenta del hecho por certificacin o copia remitidas a los registros pblicos de bienes competentes para la cancelacin de las anotaciones practicadas. Asimismo, publicar la existencia del acuerdo en el Registro Pblico Concursal por medio de un anuncio que contendr los datos que identifiquen al deudor, incluyendo su Nmero de Identificacin Fiscal, el registrador o notario competente o la Cmara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegacin, el nmero de expediente de nombramiento del mediador, el nombre del mediador concursal, incluyendo su Nmero de Identificacin Fiscal, y la indicacin de que el expediente est a disposicin de los acreedores interesados en el Registro Mercantil, Notara o Cmara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegacin correspondiente para la publicidad de su contenido.

3. Si la propuesta no fuera aceptada, y el deudor continuara incurso en insolvencia, el mediador concursal solicitar inmediatamente del juez competente la declaracin de concurso, que el juez acordar tambin de forma inmediata. En su caso, instar tambin del juez la conclusin del concurso por insuficiencia de masa activa en los trminos previstos en el artculo 176 bis de esta Ley.

4. Los acuerdos extrajudiciales de pagos adoptados por las mayoras y con los requisitos descritos en este Ttulo no podrn ser objeto de rescisin concursal en un eventual concurso de acreedores posterior.

Ocho. Se introduce un artculo 238 bis con la siguiente redaccin:

Artculo 238 bis. Extensin subjetiva.

1. El contenido del acuerdo extrajudicial vincular al deudor y a los acreedores descritos en el apartado 1 del artculo precedente.

2. Los acreedores con garanta real, por la parte de su crdito que no exceda del valor de la garanta, nicamente quedarn vinculados por el acuerdo si hubiesen votado a favor del mismo.

3. No obstante, los acreedores con garanta real que no hayan aceptado el acuerdo, por la parte de sus crditos que no excedan del valor de la garanta, quedarn vinculados a las medidas previstas en las letras a) y b) del apartado 1 del artculo anterior, siempre que las mismas hayan sido acordadas, con el alcance que se convenga, por las siguientes mayoras, calculadas en funcin de la proporcin del valor de las garantas aceptantes sobre el valor total de las garantas otorgadas:

a) Del 65 por ciento, cuando se trate de las medidas previstas en el apartado1a) del artculo anterior.

b) Del 80 por ciento, cuando se trate de las medidas previstas en el apartado1b) del artculo anterior.

Nueve. Se modifican los apartados 2 y 4 del artculo 239, que quedan redactados en los siguientes trminos:

2. La impugnacin no suspender la ejecucin del acuerdo y solo podr fundarse en la falta de concurrencia de las mayoras exigidas para la adopcin del acuerdo teniendo en cuenta, en su caso, a los acreedores que, debiendo concurrir, no hubieran sido convocados, en la superacin de los lmites establecidos por el artculo 236.1 o en la desproporcin de las medidas acordadas.

4. La sentencia de anulacin del acuerdo se publicar en el Registro Pblico Concursal.

Diez. Se modifica el artculo 240, que queda redactado en los siguientes trminos:

Artculo 240. Efectos del acuerdo sobre los acreedores.

1. Ningn acreedor afectado por el acuerdo podr iniciar o continuar ejecuciones contra el deudor por deudas anteriores a la comunicacin de la apertura del expediente. El deudor podr solicitar la cancelacin de los correspondientes embargos del juez que los hubiera ordenado.

2. Por virtud del acuerdo extrajudicial, los crditos quedarn aplazados, remitidos o extinguidos conforme a lo pactado.

3. Los acreedores que no hubieran aceptado o que hubiesen mostrado su disconformidad con el acuerdo extrajudicial de pagos y resultasen afectados por el mismo, mantendrn sus derechos frente a los obligados solidariamente con el deudor y frente a sus fiadores o avalistas, quienes no podrn invocar la aprobacin del acuerdo extrajudicial en perjuicio de aquellos.

4. Respecto de los acreedores que hayan suscrito el acuerdo extrajudicial, el mantenimiento de sus derechos frente a los dems obligados, fiadores o avalistas, depender de lo que se hubiera acordado en la respectiva relacin jurdica.

Once. Se modifica el apartado 2 del artculo 241, que queda redactado en los siguientes trminos:

2. Si el acuerdo extrajudicial de pagos fuera ntegramente cumplido, el mediador concursal lo har constar en acta notarial que se publicar en el Registro Pblico Concursal.

Doce. Se modifica el artculo 242, que queda redactado en los siguientes trminos:

Artculo 242. Especialidades del concurso consecutivo.

1. Tendr la consideracin de concurso consecutivo el que se declare a solicitud del mediador concursal, del deudor o de los acreedores por la imposibilidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos o por su incumplimiento.

Igualmente tendr la consideracin de concurso consecutivo el que sea consecuencia de la anulacin del acuerdo extrajudicial alcanzado.

2. El concurso consecutivo se regir por lo dispuesto para el procedimiento abreviado con las siguientes especialidades:

1. Si la solicitud de concurso la formulare el deudor o el mediador concursal, deber acompaarse de una propuesta anticipada de convenio o un plan de liquidacin que se regirn, respectivamente, por lo dispuesto en los captulos I y II del Ttulo V.

A la solicitud formulada por el mediador concursal se acompaarn, adems, los siguientes documentos:

a) El informe a que se refiere el artculo 75, al que se dar la publicidad prevista en el artculo 95, una vez transcurrido el plazo de comunicacin de crditos y previa incorporacin de las correcciones que fueran necesarias.

b) En caso de concurso de persona natural, deber, asimismo, pronunciarse sobre la concurrencia de los requisitos establecidos legalmente para el beneficio de la exoneracin del pasivo insatisfecho en los trminos previstos en el artculo 178 bis o, en caso de que proceda, sobre la apertura de la seccin de calificacin.

Si el cargo de administrador concursal recayera en persona distinta del mediador concursal o la solicitud de concurso se hubiera presentado por el deudor o por un acreedor, el informe del artculo 75 deber presentarse en los diez das siguientes al transcurso del plazo de comunicacin de crditos.

Si el concurso se hubiera iniciado a solicitud de los acreedores, el deudor podr presentar una propuesta anticipada de convenio o un plan de liquidacin dentro de los quince das siguientes a la declaracin de concurso.

2. Salvo justa causa, el juez designar administrador del concurso al mediador concursal en el auto de declaracin de concurso, quien no podr percibir por este concepto ms retribucin que la que le hubiera sido fijada en el expediente de mediacin extrajudicial. En el concurso consecutivo dejar de regir el principio de confidencialidad para el mediador concursal que contine con las funciones de administrador concursal.

El nombramiento de administrador, sea o no designado el mediador concursal, se efectuar por el juez en el auto de declaracin de concurso.

3. Tendrn tambin la consideracin de crditos contra la masa los gastos del expediente extrajudicial y los dems crditos que, conforme al artculo 84, tengan tal consideracin y se hubiesen generado durante la tramitacin del expediente extrajudicial, que no hubieran sido satisfechos.

4. El plazo de dos aos para la determinacin de los actos rescindibles se contar desde la fecha de la solicitud del deudor al registrador mercantil, notario o Cmaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegacin.

5. No necesitarn solicitar reconocimiento los titulares de crditos que hubieran firmado el acuerdo extrajudicial.

6. Los acreedores podrn impugnar en el plazo establecido en el artculo 96 el informe de la administracin concursal tramitndose la impugnacin con arreglo a lo establecido en el artculo 191.4.

7. Si se hubiere admitido a trmite la propuesta anticipada de convenio, se seguir la tramitacin prevista en el artculo 191 bis.

8. Si el deudor o el mediador hubieran solicitado la liquidacin, y en los casos de inadmisin a trmite, falta de presentacin, falta de aprobacin o incumplimiento de la propuesta anticipada de convenio, se abrir necesaria y simultneamente la fase de liquidacin que se regir por lo dispuesto en el Ttulo V. Si no lo hubiera hecho el deudor, el administrador concursal presentar un plan de liquidacin en el plazo improrrogable de diez das desde la apertura de la fase de liquidacin.

El concursado y los acreedores, dentro del plazo de alegaciones al plan de liquidacin, podrn formular tambin observaciones sobre la concurrencia de los requisitos exigidos para acordar el beneficio de la exoneracin del pasivo insatisfecho del concursado persona natural. Los acreedores tambin podrn solicitar, mediante escrito razonado, la apertura de la seccin de calificacin.

9. En el caso de deudor persona natural, si el concurso se calificara como fortuito, el juez en el auto de conclusin de concurso declarar la exoneracin del pasivo insatisfecho en la liquidacin, siempre que se cumplan los requisitos y con los efectos del artculo 178 bis.

Trece. Se aade un artculo 242 bis, con la siguiente redaccin:

Artculo 242 bis. Especialidades del acuerdo extrajudicial de pagos de personas naturales no empresarios.

1. El acuerdo extrajudicial de pagos de personas naturales no empresarios se regir por lo dispuesto en este ttulo con las siguientes especialidades:

1. La solicitud deber presentarse ante el notario del domicilio del deudor

2. El notario, una vez constatada la suficiencia de la documentacin aportada y la procedencia de la negociacin del acuerdo extrajudicial de pagos deber, de oficio, comunicar la apertura de las negociaciones al juzgado competente para la declaracin del concurso.

3. El notario impulsar las negociaciones entre el deudor y sus acreedores, salvo que designase, si lo estimase conveniente pudiendo designar, en su caso, un mediador concursal. El nombramiento del mediador concursal deber realizarse en los cinco das siguientes a la recepcin por el notario de la solicitud del deudor, debiendo el mediador aceptar el cargo en un plazo de cinco das.

4. Las actuaciones notariales o registrales descritas en el artculo 233 no devengarn retribucin arancelaria alguna.

5. El plazo para la comprobacin de la existencia y cuanta de los crditos y realizar la convocatoria de la reunin entre deudor y acreedores ser de quince das desde la notificacin al notario de la solicitud o de diez das desde la aceptacin del cargo por el mediador, si se hubiese designado mediador. La reunin deber celebrarse en un plazo de treinta das desde su convocatoria.

6. La propuesta de acuerdo se remitir con una antelacin mnima de quince das naturales a la fecha prevista para la celebracin de la reunin, pudiendo los acreedores remitir propuestas alternativas o de modificacin dentro de los diez das naturales posteriores a la recepcin de aqul.

7. La propuesta de acuerdo nicamente podr contener las medidas previstas en las letras a), b) y c) del artculo 236.1.

8. El plazo de suspensin de las ejecuciones previsto en el artculo 235 ser de dos meses desde la comunicacin de la apertura de las negociaciones al juzgado salvo que, con anterioridad, se adoptase o rechazase el acuerdo extrajudicial de pagos o tuviese lugar la declaracin de concurso.

9. Si al trmino del plazo de dos meses el notario o, en su caso, el mediador, considera que no es posible alcanzar un acuerdo, instar el concurso del deudor en los diez das siguientes, remitiendo al juez un informe razonado con sus conclusiones.

10. El concurso consecutivo se abrir directamente en la fase de liquidacin.

2. Reglamentariamente se determinar rgimen de responsabilidad de los notarios que intervengan en los acuerdos extrajudiciales de pagos de las personas naturales no empresarios. Su retribucin ser la prevista para los mediadores concursales.

Tercero. Otras modificaciones.

Uno. Se modifica el apartado 5. del artculo 92, que queda redactado en los siguientes trminos:

5. Los crditos de que fuera titular alguna de las personas especialmente relacionadas con el deudor a las que se refiere el artculo siguiente, excepto los comprendidos en el artculo 91.1. cuando el deudor sea persona natural y los crditos diferentes de los prstamos o actos con anloga finalidad de los que sean titulares los socios a los que se refiere el artculo 93.2.1. y 3. que renan las condiciones de participacin en el capital que all se indican.

Se exceptan de esta regla los crditos por alimentos nacidos y vencidos antes de la declaracin de concurso que tendrn la consideracin de crdito ordinario.

Dos. Se modifica el apartado 2. del artculo 93.2, que queda redactado en los siguientes trminos:

2. Los administradores, de derecho o de hecho, los liquidadores del concursado persona jurdica y los apoderados con poderes generales de la empresa, as como quienes lo hubieren sido dentro de los dos aos anteriores a la declaracin de concurso.

Los acreedores que hayan capitalizado directa o indirectamente todo o parte de sus crditos en cumplimiento de un acuerdo de refinanciacin adoptado de conformidad con el artculo 71 bis o la disposicin adicional cuarta, de un acuerdo extrajudicial de pagos o de un convenio concursal, y aunque hayan asumido cargos en la administracin del deudor por razn de la capitalizacin, no tendrn la consideracin de personas especialmente relacionadas con el concursado a los efectos de la calificacin de los crditos que ostenten contra el deudor como consecuencia de la refinanciacin que le hubiesen otorgado en virtud de dicho acuerdo o convenio. Tampoco tendrn la consideracin de administradores de hecho los acreedores que hayan suscrito un acuerdo de refinanciacin, convenio concursal o acuerdo extrajudicial de pagos por las obligaciones que asuma el deudor en relacin con el plan de viabilidad salvo que se probase la existencia de alguna circunstancia que pudiera justificar esta condicin.

Tres. Se modifica el apartado 5 del artculo 94, que queda redactado en los siguientes trminos:

5. A los efectos del artculo 90.3, se expresar el valor de las garantas constituidas en aseguramiento de los crditos que gocen de privilegio especial. Para su determinacin se deducirn, de los nueve dcimos del valor razonable del bien o derecho sobre el que est constituida la garanta, las deudas pendientes que gocen de garanta preferente sobre el mismo bien, sin que en ningn caso el valor de la garanta pueda ser inferior a cero, ni superior al valor del crdito privilegiado ni al valor de la responsabilidad mxima hipotecaria o pignoraticia que se hubiese pactado.

A estos exclusivos efectos se entiende por valor razonable:

a) En caso de valores mobiliarios que coticen en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado o de instrumentos del mercado monetario, el precio medio ponderado al que hubieran sido negociados en uno o varios mercados regulados en el ltimo trimestre anterior a la fecha de declaracin de concurso, de conformidad con la certificacin emitida por la sociedad rectora del mercado secundario oficial o del mercado regulado de que se trate.

b) En caso de bienes inmuebles, el resultante de informe emitido por una sociedad de tasacin homologada e inscrita en el Registro Especial del Banco de Espaa.

c) En caso de bienes o derechos distintos de los sealados en las letras anteriores, el resultante de informe emitido por experto independiente de conformidad con los principios y las normas de valoracin generalmente reconocidos para esos bienes.

Los informes previstos en las letras b) y c) no sern necesarios cuando dicho valor hubiera sido determinado, para bienes inmuebles por una sociedad de tasacin homologada e inscrita en el Registro Especial del Banco de Espaa dentro de los doce meses anteriores a la fecha de declaracin de concurso o, para bienes distintos de los inmuebles, por experto independiente, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de declaracin del concurso. Tampoco sern necesarios cuando se trate de efectivo, cuentas corrientes, dinero electrnico o imposiciones a plazo fijo.

Los bienes o derechos sobre los que estuviesen constituidas las garantas, que estuvieran denominados en moneda distinta al euro, se convertirn al euro aplicando el tipo de cambio de la fecha de la valoracin, entendido como el tipo de cambio medio de contado.

Si concurrieran nuevas circunstancias que pudieran modificar significativamente el valor razonable de los bienes, deber aportarse un nuevo informe de sociedad de tasacin homologada e inscrita en el Registro Especial del Banco de Espaa o de experto independiente, segn proceda.

El informe previsto en la letra b), cuando se refiera a viviendas terminadas, podr sustituirse por una valoracin actualizada siempre que, entre la fecha de la ltima valoracin disponible y la fecha de la valoracin actualizada, no hayan transcurrido ms de seis aos. La valoracin actualizada se obtendr como resultado de aplicar al ltimo valor de tasacin disponible realizado por una sociedad de tasacin homologada e inscrita en el Registro Especial del Banco de Espaa, la variacin acumulada observada en el valor razonable de los inmuebles situados en la misma zona y con similares caractersticas desde la emisin de la ltima tasacin a la fecha de valoracin.

En el supuesto de no disponerse de informacin sobre la variacin en el valor razonable proporcionado por una sociedad de tasacin o si no se considerase representativa, podr actualizarse el ltimo valor disponible con la variacin acumulada del precio de la vivienda establecido por el Instituto Nacional de Estadstica para la Comunidad Autnoma en la que se site el inmueble, diferenciando entre si es vivienda nueva o de segunda mano, y siempre que entre la fecha de la ltima valoracin disponible y la fecha de la valoracin actualizada no hayan transcurrido ms de tres aos.

El coste de los informes o valoraciones ser liquidado con cargo a la masa y deducido de la retribucin de la administracin concursal salvo que el acreedor afectado solicitase un informe de valoracin contradictorio, que deber emitirse a su costa. Tambin se emitir a su costa el informe cuando se invoque por el acreedor afectado la concurrencia de circunstancias que hagan necesaria una nueva valoracin.

En el caso de que la garanta a favor de un mismo acreedor recaiga sobre varios bienes, se sumar la resultante de aplicar sobre cada uno de los bienes la regla prevista en el primer prrafo de este apartado, sin que el valor conjunto de las garantas pueda tampoco exceder del valor del crdito del acreedor correspondiente.

En caso de garanta constituida en proindiviso a favor de dos o ms acreedores, el valor de la garanta correspondiente a cada acreedor ser el resultante de aplicar al valor total del privilegio especial la proporcin que en el mismo corresponda a cada uno de ellos, segn las normas y acuerdos que rijan el proindiviso.


[Bloque 4: #a2]

Artculo 2. Modificacin del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de proteccin de deudores hipotecarios sin recursos.

Se modifica en los siguientes trminos el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de proteccin de deudores hipotecarios sin recursos:

Uno. El artculo 3.1 queda redactado del siguiente modo:

1. Se considerarn situados en el umbral de exclusin aquellos deudores de un crdito o prstamo garantizado con hipoteca sobre su vivienda habitual, cuando concurran en ellos todas las circunstancias siguientes:

a) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el lmite de tres veces el Indicador Pblico de Renta de Efectos Mltiples anual de catorce pagas. A estos efectos se entender por unidad familiar la compuesta por el deudor, su cnyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relacin de tutela, guarda o acogimiento familiar.

El lmite previsto en el prrafo anterior ser de cuatro veces el Indicador Pblico de Renta de Efectos Mltiples anual de catorce pagas en caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situacin de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, o de cinco veces dicho indicador, en el caso de que un deudor hipotecario sea persona con parlisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad fsica o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento, as como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral.

b) Que, en los cuatro aos anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteracin significativa de sus circunstancias econmicas, en trminos de esfuerzo de acceso a la vivienda, o hayan sobrevenido en dicho perodo circunstancias familiares de especial vulnerabilidad.

A estos efectos se entender que se ha producido una alteracin significativa de las circunstancias econmicas cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,5; salvo que la entidad acredite que la carga hipotecaria en el momento de la concesin del prstamo era igual o superior a la carga hipotecaria en el momento de la solicitud de la aplicacin del Cdigo de Buenas Prcticas.

Asimismo, se entiende que se encuentran en una circunstancia familiar de especial vulnerabilidad:

1. La familia numerosa, de conformidad con la legislacin vigente.

2. La unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo.

3. La unidad familiar de la que forme parte un menor de tres aos.

4. La unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situacin de dependencia o enfermedad que le incapacite de forma permanente, de forma acreditada, para realizar una actividad laboral.

5. El deudor mayor de 60 aos, aunque no rena los requisitos para ser considerado unidad familiar segn lo previsto en la letra a) de este nmero.

c) Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. Dicho porcentaje ser del 40 por cien cuando alguno de dichos miembros sea una persona en la que concurren las circunstancias previstas en el segundo prrafo del apartado a).

A efectos de las letras a) y b) anteriores, se considerar que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensin de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensin de jubilacin o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

Dos. Los apartados 2 y 3 del artculo 5 quedan redactados del siguiente modo:

2. La aplicacin del Cdigo de Buenas Prcticas se extender a las hipotecas constituidas en garanta de prstamos o crditos, cuando el precio de adquisicin del bien inmueble hipotecado no exceda en un 20% del que resultara de multiplicar la extensin del inmueble, por el precio medio por metro cuadrado para vivienda libre que arroje el ndice de Precios de la Vivienda elaborado por el Ministerio de Fomento para el ao de adquisicin del bien inmueble y la provincia en que est radicada dicho bien, con un lmite absoluto de 300.000 euros. Los inmuebles adquiridos antes del ao 1995 tomarn como precio medio de referencia el relativo al ao 1995.

No obstante, solo podrn acogerse a las medidas previstas en el apartado 3 del Cdigo las hipotecas constituidas en garanta de prstamos o crditos concedidos, cuando el precio de adquisicin del bien inmueble hipotecado no exceda del que resultara de multiplicar la extensin del inmueble, por el precio medio por metro cuadrado para vivienda libre que arroje el ndice de Precios de la Vivienda elaborado por el Ministerio de Fomento para el ao de adquisicin del bien inmueble y la provincia en que est radicada dicho bien, con un lmite absoluto de 250.000 euros. Los inmuebles adquiridos antes del ao 1995 tomarn como precio medio de referencia el relativo al ao 1995.

3. Las entidades comunicarn su adhesin a la Secretara General del Tesoro y Poltica Financiera.

Tres. Se introduce un nuevo apartado iv en la letra b) del punto 1 del anexo, con la siguiente redaccin:

iv. En todo caso, se inaplicarn con carcter indefinido las clusulas limitativas de la bajada del tipo de inters previstas en los contratos de prstamo hipotecario.


[Bloque 5: #a3]

Artculo 3. Modificacin de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la proteccin a los deudores hipotecarios, reestructuracin de deuda y alquiler social.

Los apartados 1, 2 y 3 del artculo 1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la proteccin a los deudores hipotecarios, reestructuracin de deuda y alquiler social, quedan redactados como sigue:

1. Hasta transcurridos cuatro aos desde la entrada en vigor de esta Ley, no proceder el lanzamiento cuando en un proceso judicial o extrajudicial de ejecucin hipotecaria se hubiera adjudicado al acreedor, o a persona que acte por su cuenta, la vivienda habitual de personas que se encuentren en los supuestos de especial vulnerabilidad y en las circunstancias econmicas previstas en este artculo.

2. Los supuestos de especial vulnerabilidad a los que se refiere el apartado anterior son:

a) Familia numerosa, de conformidad con la legislacin vigente.

b) Unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo.

c) Unidad familiar de la que forme parte un menor de tres aos.

d) Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situacin de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral.

e) Unidad familiar en la que el deudor hipotecario se encuentre en situacin de desempleo y haya agotado las prestaciones por desempleo.

f) Unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o ms personas que estn unidas con el titular de la hipoteca o su cnyuge por vnculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situacin personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral.

g) Unidad familiar en que exista una vctima de violencia de gnero, conforme a lo establecido en la legislacin vigente, en el caso de que la vivienda objeto de lanzamiento constituya su domicilio habitual.

h) El deudor mayor de 60 aos.

3. Para que sea de aplicacin lo previsto en el apartado 1 debern concurrir, adems de los supuestos de especial vulnerabilidad previstos en el apartado anterior, las circunstancias econmicas siguientes:

a) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el lmite de tres veces el Indicador Pblico de Renta de Efectos Mltiples anual de catorce pagas. Dicho lmite ser de cuatro veces el Indicador Pblico de Renta de Efectos Mltiples anual de catorce pagas en los supuestos previstos en las letras d) y f) del apartado anterior, y de cinco veces dicho indicador en el caso de que el ejecutado sea persona con parlisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad fsica o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento, as como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral.

b) Que, en los cuatro aos anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteracin significativa de sus circunstancias econmicas, en trminos de esfuerzo de acceso a la vivienda.

c) Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.

d) Que se trate de un crdito o prstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la nica vivienda en propiedad del deudor y concedido para la adquisicin de la misma.


[Bloque 6: #tii]

TTULO II

Otras medidas de orden social


[Bloque 7: #ci]

CAPTULO I

Medidas en el mbito tributario y de las Administraciones Pblicas


[Bloque 8: #a4]

Artculo 4. Modificacin de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas y de modificacin parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

Con efectos desde 1 de enero de 2015 se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas y de modificacin parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio:

Uno. Se modifican los apartados 1 y 2 del artculo 81 bis, que quedan redactados de la siguiente forma:

1. Los contribuyentes que realicen una actividad por cuenta propia o ajena por la cual estn dados de alta en el rgimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad podrn minorar la cuota diferencial del impuesto en las siguientes deducciones:

a) Por cada descendiente con discapacidad con derecho a la aplicacin del mnimo por descendientes previsto en el artculo 58 de esta Ley, hasta 1.200 euros anuales.

b) Por cada ascendiente con discapacidad con derecho a la aplicacin del mnimo por ascendientes previsto en el artculo 59 de esta Ley, hasta 1.200 euros anuales.

c) Por ser un ascendiente, o un hermano hurfano de padre y madre, que forme parte de una familia numerosa conforme a la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Proteccin a las Familias Numerosas, o por ser un ascendiente separado legalmente, o sin vnculo matrimonial, con dos hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos y por los que tenga derecho a la totalidad del mnimo previsto en el artculo 58 de esta Ley, hasta 1.200 euros anuales.

En caso de familias numerosas de categora especial, esta deduccin se incrementar en un 100 por ciento. Este incremento no se tendr en cuenta a efectos del lmite a que se refiere el apartado 2 de este artculo.

Asimismo podrn minorar la cuota diferencial del impuesto en las deducciones previstas anteriormente los contribuyentes que perciban prestaciones contributivas y asistenciales del sistema de proteccin del desempleo, pensiones abonadas por el Rgimen General y los Regmenes especiales de la Seguridad Social o por el Rgimen de Clases Pasivas del Estado, as como los contribuyentes que perciban prestaciones anlogas a las anteriores reconocidas a los profesionales no integrados en el rgimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autnomos por las mutualidades de previsin social que acten como alternativas al rgimen especial de la Seguridad Social mencionado, siempre que se trate de prestaciones por situaciones idnticas a las previstas para la correspondiente pensin de la Seguridad Social.

Cuando dos o ms contribuyentes tengan derecho a la aplicacin de alguna de las anteriores deducciones respecto de un mismo descendiente, ascendiente o familia numerosa, su importe se prorratear entre ellos por partes iguales, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 de este artculo.

2. Las deducciones se calcularn de forma proporcional al nmero de meses en que se cumplan de forma simultnea los requisitos previstos en el apartado 1 anterior, y tendrn como lmite para cada una de las deducciones, en el caso de los contribuyentes a que se refiere el primer prrafo del apartado 1 anterior, las cotizaciones y cuotas totales a la Seguridad Social y Mutualidades devengadas en cada perodo impositivo. No obstante, si tuviera derecho a la deduccin prevista en las letras a) o b) del apartado anterior respecto de varios ascendientes o descendientes con discapacidad, el citado lmite se aplicar de forma independiente respecto de cada uno de ellos.

A efectos del clculo de este lmite se computarn las cotizaciones y cuotas por sus importes ntegros, sin tomar en consideracin las bonificaciones que pudieran corresponder.

Dos. Se aade una nueva disposicin adicional cuadragsima segunda, que queda redactada de la siguiente forma:

Disposicin adicional cuadragsima segunda. Procedimiento para que los contribuyentes que perciben determinadas prestaciones apliquen las deducciones previstas en el artculo 81 bis y se les abonen de forma anticipada.

1. Los contribuyentes que perciban las prestaciones a que se refiere el sexto prrafo del apartado 1 del artculo 81 bis de esta Ley podrn practicar las deducciones reguladas en dicho apartado y percibirlas de forma anticipada en los trminos previstos en el artculo 60 bis del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas, con las siguientes especialidades:

a) A efectos del cmputo del nmero de meses para el clculo del importe de la deduccin, el requisito de percibir las citadas prestaciones se entender cumplido cuando tales prestaciones se perciban en cualquier da del mes, y no ser aplicable el requisito de alta en el rgimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad.

b) Los contribuyentes con derecho a la aplicacin de estas deducciones podrn solicitar a la Agencia Estatal de Administracin Tributaria su abono de forma anticipada por cada uno de los meses en que se perciban tales prestaciones.

c) No resultar de aplicacin el lmite previsto en el apartado 1 del artculo 60 bis del Reglamento del Impuesto ni, en el caso de que se hubiera cedido a su favor el derecho a la deduccin, lo dispuesto en la letra c) del apartado 5 del artculo 60 bis del Reglamento del Impuesto.

2. El Servicio Pblico de Empleo Estatal, la Seguridad Social, y las mutualidades de previsin social alternativas a las de la Seguridad Social y cualquier otro organismo que abonen las prestaciones y pensiones a que se refiere el sexto prrafo del apartado 1 del artculo 81 bis de esta Ley, estarn obligados a suministrar por va electrnica a la Agencia Estatal de Administracin Tributaria durante los diez primeros das de cada mes los datos de las personas a las que hayan satisfecho las citadas prestaciones o pensiones durante el mes anterior.

El formato y contenido de la informacin sern los que, en cada momento, consten en la sede electrnica de la Agencia Estatal de Administracin Tributaria en Internet.

3. Lo establecido en el apartado 1 de esta disposicin adicional, as como el plazo, contenido y formato de la declaracin informativa a que se refiere el apartado2 de esta disposicin adicional, podr ser modificado reglamentariamente.

Tres. Se aade una nueva disposicin adicional cuadragsima tercera, que queda redactada de la siguiente forma:

Disposicin adicional cuadragsima tercera. Exencin de rentas obtenidas por el deudor en procedimientos concursales.

Estarn exentas de este Impuesto las rentas obtenidas por los deudores que se pongan de manifiesto como consecuencia de quitas y daciones en pago de deudas, establecidas en un convenio aprobado judicialmente conforme al procedimiento fijado en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en un acuerdo de refinanciacin judicialmente homologado a que se refiere el artculo 71 bis y la disposicin adicional cuarta de dicha ley, en un acuerdo extrajudicial de pagos a que se refiere el Ttulo X o como consecuencia de exoneraciones del pasivo insatisfecho a que se refiere el artculo 178 bis de la misma Ley, siempre que las deudas no deriven del ejercicio de actividades econmicas.


[Bloque 9: #a5]

Artculo 5. Modificacin de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Bsico del Empleado Pblico.

La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Bsico del Empleado Pblico, se modifica en los siguientes trminos:

Uno. El apartado 1 del artculo 35 queda redactado de la siguiente manera:

1. Las Mesas a que se refieren los artculos 34, 36.3 y disposicin adicional decimotercera de este Estatuto quedarn vlidamente constituidas cuando, adems de la representacin de la Administracin correspondiente, y sin perjuicio del derecho de todas las Organizaciones Sindicales legitimadas a participar en ellas en proporcin a su representatividad, tales organizaciones sindicales representen, como mnimo, la mayora absoluta de los miembros de los rganos unitarios de representacin en el mbito de que se trate.

Dos. Se introduce una nueva disposicin adicional decimotercera con la siguiente redaccin:

Disposicin adicional decimotercera. Mesas de negociacin en mbitos especficos.

1. Para la negociacin de las condiciones de trabajo del personal funcionario o estatutario de sus respectivos mbitos, se constituirn las siguientes Mesas de Negociacin:

a) Del personal docente no universitario, para las cuestiones que deban ser objeto de negociacin comprendidas en el mbito competencial del Ministerio de Educacin, Cultura y Deporte.

b) Del personal de la Administracin de Justicia, para las cuestiones que deban ser objeto de negociacin comprendidas en el mbito competencial del Ministerio de Justicia.

c) Del personal estatutario de los servicios de Salud, para las cuestiones que deban ser objeto de negociacin comprendidas en el mbito competencial del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y que asumir las competencias y funciones previstas en el artculo 11.4 del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. Mesa que se denominar mbito de Negociacin.

2. Adems de la representacin de la Administracin General del Estado, constituirn estas Mesas de Negociacin, las organizaciones sindicales a las que se refiere el prrafo segundo del artculo 33.1 de este Estatuto, cuya representacin se distribuir en funcin de los resultados obtenidos en las elecciones a los rganos de representacin propios del personal en el mbito especfico de la negociacin que en cada caso corresponda, considerados a nivel estatal.


[Bloque 10: #a6]

Artculo 6. Modificacin del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

El artculo 12 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, queda redactado de la siguiente manera:

Artculo 12. Determinacin de las unidades electorales en la Administracin General del Estado y en la Administracin de Justicia.

1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artculo 39.4 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Bsico del Empleado Pblico, en el mbito de la Administracin General del Estado se elegir una Junta Personal en cada una de las siguientes Unidades Electorales:

a) Una por cada uno de los Departamentos ministeriales incluidos en ellos, sus Organismos Autnomos, Entidades gestoras y servicios comunes de la Administracin de la Seguridad Social y todos los servicios provinciales de Madrid.

b) Una por cada Agencia, ente pblico u organismo no incluido en el apartado anterior, para todos los servicios que tenga en la provincia de Madrid.

c) Una en cada provincia, excluida la de Madrid, y en las ciudades de Ceuta y de Melilla, en la Delegacin o Subdelegacin de Gobierno, en la que se incluirn los Organismos Autnomos, Agencias comprendidas en el mbito de aplicacin de la Ley 28/2006, de 18 de julio, las Entidades gestoras y servicios comunes de la Administracin de la Seguridad Social y las unidades administrativas y servicios provinciales de todos los Departamentos Ministeriales en una misma provincia, incluidos los funcionarios civiles que presten servicios en la Administracin militar.

d) Una para cada ente u organismo pblico, no incluido en el apartado anterior, para todos los servicios que tenga en una misma provincia o en las ciudades de Ceuta y de Melilla.

e) Una para los funcionarios destinados en las misiones diplomticas en cada pas, representaciones permanentes, oficinas consulares e instituciones y servicios de la Administracin del Estado en el extranjero.

f)  Una en cada provincia y en las ciudades de Ceuta y de Melilla, para el personal estatutario de los servicios pblicos de salud.

g) Una para el personal docente de los centros pblicos no universitarios, en cada una de las ciudades de Ceuta y Melilla.

2. Aquellas Unidades Electorales a que se refiere el apartado anterior, con excepcin de las referidas en la letra d), que no alcanzasen el mnimo de 50 funcionarios, stos ejercern su representacin en la Junta de Personal del Departamento al que estuviera adscrito el Organismo o Unidad administrativa de que se trate.

Las Unidades Electorales provinciales previstas en la letra d) que no alcanzasen el mnimo de 50 funcionarios, stos ejercern su representacin en la Junta de Personal de Madrid del Organismo o Ente pblico que corresponda.

3. En la Administracin de Justicia, se elegir una Junta de Personal en cada provincia, y en las ciudades de Ceuta y de Melilla, para todo el personal funcionario a su servicio. Adems de las anteriores, en Madrid se elegir otra Junta de personal para el personal adscrito a los rganos centrales de la Administracin de Justicia.

4. En las elecciones a representantes del personal laboral en el mbito de la Administracin General del Estado y de la Administracin de Justicia, no transferida, constituir un nico centro de trabajo:

a) La totalidad de las unidades o establecimientos de cada Departamento Ministerial, incluidos en ellos los correspondientes a sus Organismos Autnomos, entidades gestoras y servicios comunes de la Administracin de la Seguridad Social y todos sus servicios provinciales, en Madrid.

b) La totalidad de las unidades o establecimientos en la provincia de Madrid de cada una de las Agencias comprendidas en el mbito de aplicacin de la Ley28/2006, organismos o entes pblicos no incluidos en la letra anterior y las dependientes de la Administracin de Justicia.

c) La totalidad de las unidades o establecimientos al servicio de las Administracin General del Estado, sus Organismos Autnomos, Entidades gestoras, servicios comunes de la Administracin de la Seguridad Social y Agencias comprendidas en el mbito de aplicacin de la Ley 28/2006 que radiquen en una misma provincia, excluida la de Madrid, o en la ciudades de Ceuta y de Melilla. Se incluirn en este apartado las unidades y establecimientos dependientes de la Administracin de Justicia.

d) Constituir, igualmente un nico centro de trabajo la totalidad de los establecimientos de cada ente u organismo pblico no incluido en los apartados anteriores, radicados en una misma provincia o en las ciudades de Ceuta y de Melilla.

5. Lo dispuesto en este artculo producir efectos al producirse el vencimiento de los mandatos electorales actualmente en vigor.

6. En todo caso las nuevas unidades electorales entrarn en vigor a partir del1 de marzo de 2015, fecha en que todos los mandatos en vigor o prorrogados se extinguirn como consecuencia de la eleccin de los nuevos rganos de representacin, eleccin que deber producirse en el plazo de 10 meses desde la fecha indicada.


[Bloque 11: #a7]

Artculo 7. Modificacin de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Con efectos para los perodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de2015, se modifica el apartado 3 del artculo 124 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, que queda redactada de la siguiente forma:

3. Los contribuyentes a que se refieren los apartados 2, 3 y 4 del artculo 9 de esta Ley estarn obligados a declarar la totalidad de sus rentas, exentas y no exentas.

No obstante, los contribuyentes a que se refiere el apartado 3 del artculo 9 de esta Ley no tendrn obligacin de presentar declaracin cuando cumplan los siguientes requisitos:

a) Que sus ingresos totales no superen 50.000 euros anuales.

b) Que los ingresos correspondientes a rentas no exentas no superen 2.000 euros anuales.

c) Que todas las rentas no exentas que obtengan estn sometidas a retencin.


[Bloque 12: #cii]

CAPTULO II

Medidas relativas al fomento del empleo indefinido, el empleo autnomo ylaproteccin social agraria.


[Bloque 13: #a8]

Artculo 8. Mnimo exento de cotizacin a la Seguridad Social para favorecer la creacin de empleo indefinido.

1. En los supuestos de contratacin indefinida en cualquiera de sus modalidades, siempre y cuando se cumplan las condiciones y requisitos establecidos en este artculo, la aportacin empresarial a la cotizacin a la Seguridad Social por contingencias comunes se determinar conforme a las siguientes reglas:

a) Si la contratacin es a tiempo completo, los primeros 500 euros de la base de cotizacin por contingencias comunes correspondiente a cada mes quedarn exentos de la aplicacin del tipo de cotizacin en la parte correspondiente a la empresa. Al resto del importe de dicha base le resultar aplicable el tipo de cotizacin vigente en cada momento.

b) Si la contratacin es a tiempo parcial, cuando la jornada de trabajo sea, al menos, equivalente a un 50 por 100 de la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable, la cuanta sealada en la letra a) se reducir de forma proporcional al porcentaje de reduccin de jornada de cada contrato.

2. El beneficio en la cotizacin previsto en este artculo consistir en una bonificacin cuando la contratacin indefinida se produzca con trabajadores inscritos en el Sistema Nacional de Garanta Juvenil que cumplan con los requisitos establecidos en el artculo105 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobacin de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, y en una reduccin para el resto de trabajadores contratados.

3. El beneficio en la cotizacin se aplicar durante un perodo de 24 meses, computados a partir de la fecha de efectos del contrato, que deber formalizarse por escrito, y respecto de los celebrados entre la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley y el 31 de agosto de 2016.

Finalizado el perodo de 24 meses, y durante los 12 meses siguientes, las empresas que en el momento de celebrar el contrato al que se aplique este beneficio en la cotizacin contaran con menos de diez trabajadores tendrn derecho a mantener la bonificacin o reduccin, si bien durante este nuevo perodo estarn exentos de la aplicacin del tipo de cotizacin los primeros 250 euros de la base de cotizacin o la cuanta proporcionalmente reducida que corresponda en los supuestos de contratacin a tiempo parcial.

Cuando las fechas del alta y de la baja del trabajador en el rgimen de Seguridad Social que corresponda no sean coincidentes con el primero o el ltimo da del mes natural, el importe al que se aplique el beneficio a que se refiere este artculo ser proporcional al nmero de das en alta en el mes.

4. Para beneficiarse de lo previsto en este artculo, las empresas debern cumplir los siguientes requisitos:

a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, tanto en la fecha de efectos del alta de los trabajadores como durante la aplicacin del beneficio correspondiente. Si durante el perodo de bonificacin o reduccin existiese un incumplimiento, total o parcial, de dichas obligaciones en plazo reglamentario, se producir la prdida automtica del beneficio respecto de las cuotas correspondientes a perodos no ingresados en dicho plazo, tenindose en cuenta tales perodos como consumidos a efectos del cmputo del tiempo mximo de bonificacin o reduccin.

b) No haber extinguido contratos de trabajo, bien por causas objetivas o por despidos disciplinarios que hayan sido declarados judicialmente improcedentes, bien por despidos colectivos que hayan sido declarados no ajustados a Derecho, en los seis meses anteriores a la celebracin de los contratos que dan derecho al beneficio previsto en este artculo. La exclusin del derecho a la bonificacin o reduccin derivada del incumplimiento de este requisito afectar a un nmero de contratos equivalente al de las extinciones producidas.

c) Celebrar contratos indefinidos que supongan un incremento tanto del nivel de empleo indefinido como del nivel de empleo total de la empresa. Para calcular dicho incremento, se tomar como referencia el promedio diario de trabajadores que hayan prestado servicios en la empresa en los treinta das anteriores a la celebracin del contrato.

d) Mantener durante un periodo de 36 meses, a contar desde la fecha de efectos del contrato indefinido con aplicacin de la bonificacin o reduccin, tanto el nivel de empleo indefinido como el nivel de empleo total alcanzado, al menos, con dicha contratacin.

Se examinar el mantenimiento del nivel de empleo indefinido y del nivel de empleo total cada doce meses. Para ello, se utilizarn el promedio de trabajadores indefinidos y el promedio de trabajadores totales del mes en que proceda examinar el cumplimiento de este requisito.

A efectos de examinar el nivel de empleo y su mantenimiento en la empresa, no se tendrn en cuenta las extinciones de contratos de trabajo por causas objetivas o por despidos disciplinarios que no hayan sido declarados improcedentes, los despidos colectivos que no hayan sido declarados no ajustados a Derecho, as como las extinciones causadas por dimisin, muerte o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de los trabajadores o por la expiracin del tiempo convenido o realizacin de la obra o servicio objeto del contrato, o por resolucin durante el periodo de prueba.

e) No haber sido excluidas del acceso a los beneficios derivados de la aplicacin de los programas de empleo por la comisin de la infraccin grave del artculo 22.2 o las infracciones muy graves de los artculos 16 y 23 del texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, aprobado por el Real Decreto Legislativo5/2000, de 4 de agosto, de conformidad con lo previsto en el artculo 46 de dicha ley.

5. El beneficio en la cotizacin previsto en este artculo no se aplicar en los siguientes supuestos:

a) Relaciones laborales de carcter especial previstas en el artculo 2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, o en otras disposiciones legales.

b) Contrataciones que afecten al cnyuge, ascendientes, descendientes y dems parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, del empresario o de quienes tengan el control empresarial, ostenten cargos de direccin o sean miembros de los rganos de administracin de las entidades o de las empresas que revistan la forma jurdica de sociedad, as como las que se produzcan con estos ltimos.

Se excepta de lo dispuesto en el prrafo anterior la contratacin de los hijos que renan las condiciones previstas en la disposicin adicional dcima de la Ley 20/2007, de11 de julio, del Estatuto del trabajo autnomo.

c) Contratacin de trabajadores cuya actividad determine su inclusin en cualquiera de los sistemas especiales establecidos en el Rgimen General de la Seguridad Social.

d) Contratacin de empleados que excepcionalmente pueda tener lugar en los trminos establecidos en los artculos 20 y 21, as como en las disposiciones adicionales dcima quinta a dcima sptima de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el ao 2015, y en preceptos equivalentes de posteriores Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

e) Contratacin de trabajadores que hubiesen estado contratados en otras empresas del grupo de empresas del que formen parte y cuyos contratos se hubieran extinguido por causas objetivas o por despidos disciplinarios que hayan sido unos u otros declarados judicialmente como improcedentes, o por despidos colectivos que hayan sido declarados no ajustados a Derecho, en los seis meses anteriores a la celebracin de los contratos que dan derecho a la reduccin.

f) Contratacin de trabajadores que en los seis meses anteriores a la fecha del contrato hubiesen prestado servicios en la misma empresa o entidad mediante un contrato indefinido.

El beneficio tampoco resultar aplicable a la cotizacin por horas complementarias que realicen los trabajadores a tiempo parcial cuyos contratos den derecho al mismo.

6. La aplicacin de la bonificacin o reduccin a que se refiere este artculo no afectar a la determinacin de la cuanta de las prestaciones econmicas a que puedan causar derecho los trabajadores afectados, que se calcular aplicando el importe ntegro de la base de cotizacin que les corresponda.

7. La aplicacin del beneficio previsto en este artculo ser incompatible con la de cualquier otro beneficio en la cotizacin a la Seguridad Social por el mismo contrato, con independencia de los conceptos a los que tales beneficios pudieran afectar, con las siguientes excepciones:

a) En el caso de que el contrato indefinido se formalice con personas beneficiarias del Sistema Nacional de Garanta Juvenil, ser compatible con la bonificacin establecida en el artculo 107 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobacin de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

b) En el caso de que el contrato indefinido se formalice con personas beneficiarias del Programa de Activacin para el Empleo, ser compatible con la ayuda econmica de acompaamiento que aquellas perciban, en los trminos previstos en el artculo 8 del Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activacin para el Empleo.

8. Lo dispuesto en los apartados anteriores ser tambin de aplicacin en el supuesto de personas que se incorporen como socios trabajadores o de trabajo de las cooperativas, siempre que estas hayan optado por un rgimen de Seguridad Social propio de trabajadores por cuenta ajena, as como a los que se incorporen como socios trabajadores de las sociedades laborales.

9. La aplicacin de este beneficio en la cotizacin ser objeto de control y revisin por el Servicio Pblico de Empleo Estatal, por la Tesorera General de la Seguridad Social y por la Inspeccin de Trabajo y Seguridad Social, en el ejercicio de las funciones que respectivamente tienen atribuidas.

10. En los supuestos de aplicacin indebida del respectivo beneficio, por incumplir las condiciones establecidas en este artculo, proceder el reintegro de las cantidades dejadas de ingresar con el recargo y el inters de demora correspondientes, conforme a lo establecido en la normativa recaudatoria de la Seguridad Social.

En caso de incumplimiento del requisito previsto en el apartado 4.d), quedar sin efecto la bonificacin o reduccin y se deber proceder al reintegro de la diferencia entre los importes correspondientes a las aportaciones empresariales a la cotizacin por contingencias comunes que hubieran procedido en caso de no aplicarse aquella y las aportaciones ya realizadas, en los siguientes trminos:

1. Si el incumplimiento de la exigencia del mantenimiento del nivel de empleo se produce desde la fecha de inicio de la aplicacin del respectivo beneficio hasta el mes 12, corresponder reintegrar el 100 por 100 de la citada diferencia.

2. Si el incumplimiento se produce desde el mes 13 y hasta el mes 24, corresponder reintegrar la citada diferencia por los meses que hayan transcurrido desde el mes 13.

3. Si el incumplimiento se produce desde el mes 25 y hasta el mes 36, corresponder reintegrar la citada diferencia por los meses que hayan transcurrido desde el mes 25.

En los supuestos de reintegro por incumplimiento del requisito previsto en el apartado4.d), que se llevarn a cabo conforme a lo establecido en la normativa recaudatoria de la Seguridad Social, no proceder exigir recargo e inters de demora.

La obligacin de reintegro prevista en este apartado se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social.

11. La bonificacin se financiar con cargo a la correspondiente partida presupuestaria del Servicio Pblico de Empleo Estatal, y ser objeto de cofinanciacin con cargo al Fondo Social Europeo cuando cumpla con los requisitos establecidos, y la reduccin se financiar por el presupuesto de ingresos de la Seguridad Social.


[Bloque 14: #a9]

Artculo 9. Modificacin de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autnomo.

Se aade un nuevo artculo 30 a la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autnomo, con la siguiente redaccin:

Artculo 30. Bonificacin a trabajadores incluidos en el Rgimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autnomos por conciliacin de la vida profesional y familiar vinculada a la contratacin.

1. Los trabajadores incluidos en el Rgimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autnomos tendrn derecho, por un plazo de hasta doce meses, a una bonificacin del 100 por cien de la cuota de autnomos por contingencias comunes, que resulte de aplicar a la base media que tuviera el trabajador en los doce meses anteriores a la fecha en la que se acoja a esta medida el tipo de cotizacin mnimo de cotizacin vigente en cada momento establecido en el citado Rgimen Especial en los siguientes supuestos:

a) Por cuidado de menores de 7 aos que tengan a su cargo.

b) Por tener a su cargo un familiar, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, en situacin de dependencia, debidamente acreditada.

En el caso de que el trabajador lleve menos de 12 meses de alta en el Rgimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autnomos, la base media de cotizacin se calcular desde la fecha de alta.

2. La aplicacin de la bonificacin recogida en elapartadoanterior estar condicionadaa la permanencia en alta en el Rgimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autnomos y a la contratacin de un trabajador, a tiempo completo o parcial, que deber mantenerse durante todo el periodo de su disfrute. En todo caso, la duracin del contrato deber ser, al menos, de 3 meses desde la fecha de inicio del disfrute de la bonificacin.

Cuando se extinga la relacin laboral, incluso durante el periodo inicial de 3 meses, el trabajador autnomo podr beneficiarse de la bonificacin si contrata a otro trabajador por cuenta ajena en el plazo mximo de 30 das.

El contrato a tiempo parcial no podrcelebrarsepor una jornada laboral inferior al 50 por ciento de la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable. Si la contratacin es a tiempo parcial, la bonificacin prevista en el apartado 1 de este artculo ser del 50 por 100.

3. En caso de incumplimiento de lo previsto en el apartado anterior, el trabajador autnomo estar obligado a reintegrar el importe de la bonificacin disfrutada.

No proceder el reintegro de la bonificacin cuando la extincin est motivada por causas objetivas o por despido disciplinario cuando unau otro sea declarado o reconocido como procedente, nien los supuestos de extincin causadapor dimisin, muerte, jubilacin o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidezdel trabajador o por resolucin durante el periodo de prueba.

Cuando proceda el reintegro, este quedar limitado exclusivamente a la parte de la bonificacin disfrutada que estuviera vinculada al contrato cuya extincin se hubiera producido en supuestos distintos a los previstos en el prrafo anterior.

En caso de no mantenerse en el empleo al trabajador contratado durante, al menos, 3 meses desde la fecha de inicio del disfrute de la bonificacin, el trabajador autnomo estar obligado a reintegrar el importe de la bonificacin disfrutada, salvo que, conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, se proceda a contratar a otra persona en el plazo de 30 das.

En caso de que el menor que dio lugar a la bonificacin prevista en este artculo alcanzase la edad de 7 aos con anterioridad a la finalizacin del disfrute de la bonificacin, esta se podr mantener hasta alcanzar el periodo mximo de 12 meses previsto, siempre que se cumplan el resto de condiciones.

En todo caso, el trabajador autnomo que se beneficie de la bonificacin prevista en este artculo deber mantenerse en alta en la Seguridad Social durante los seis meses siguientes al vencimiento del plazo de disfrute de la misma. En caso contrario el trabajador autnomo estar obligado a reintegrar el importe de la bonificacin disfrutada.

4. Solo tendrn derecho a la bonificacin los trabajadores por cuenta propia que carezcan de trabajadores asalariados en la fecha de inicio de la aplicacin de la bonificacin y durante los doce meses anteriores a la misma. No se tomar en consideracin a los efectos anteriores al trabajador contratado mediante contrato de interinidad para la sustitucin del trabajador autnomo durante los periodos de descanso por maternidad, paternidad, adopcin o acogimiento tanto preadoptivo como permanente o simple, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural.

5. Los beneficiarios de la bonificacin tendrn derecho a su disfrute una vez por cada uno de los sujetos causantes a su cargo sealados en el apartado 1, siempre que se cumplan el resto de requisitos previstos en el presente artculo.

6. La medida prevista en este artculo ser compatible con el resto de incentivos a la contratacin por cuenta ajena, conforme a la normativa vigente.

7. En lo no previsto expresamente, las contrataciones realizadas al amparo de lo establecido en este artculo se regirn por lo dispuesto en el artculo 15.1.c) del Estatuto de los Trabajadores y sus normas de desarrollo.


[Bloque 15: #a10]

Artculo 10. Reduccin del nmero mnimo de jornadas reales cotizadas necesarias para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria en favor de los trabajadores eventuales agrarios de las Comunidades Autnomas de Andaluca y Extremadura, afectados por el descenso de produccin del olivar como consecuencia de la sequa.

1. Los trabajadores agrarios por cuenta ajena de carcter eventual que residan en el mbito territorial de las Comunidades Autnomas de Andaluca y Extremadura, podrn ser beneficiarios del subsidio por desempleo regulado en el Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, por el que se regula el subsidio por desempleo en favor de los trabajadores eventuales incluidos en el Rgimen Especial Agrario de la Seguridad Social y en el artculo tercero de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de proteccin por desempleo y mejora de la ocupabilidad, o de la renta agraria establecida en el Real Decreto 426/2003, de 11 de abril, por el que se regula la renta agraria para los trabajadores eventuales incluidos en el Rgimen Especial Agrario de la Seguridad Social residentes en las Comunidades Autnomas de Andaluca y Extremadura, aun cuando no tengan cubierto el nmero mnimo de jornadas reales cotizadas establecido en el artculo 2.1.c) o en el artculo 2.1.d), respectivamente, de los citados reales decretos, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

a) Tener cubierto un mnimo de 20 jornadas reales cotizadas en los doce meses naturales inmediatamente anteriores a la situacin de desempleo.

b) Reunir el resto de los requisitos exigidos en la normativa aplicable.

c) Solicitarlo dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de este real decreto-ley.

2. Cuando se aplique lo previsto en el apartado 1 de este artculo, se considerar acreditado un nmero de 35 jornadas reales cotizadas a los efectos de lo establecido en:

a) El artculo 5.1.a) del Real Decreto 5/1997, de 10 de enero.

b) Los artculos 4.1 y 5.1.a) del Real Decreto 426/2003, de 11 de abril.

3. En las solicitudes que se presenten en los seis meses siguientes a la entrada en vigor de este real decreto-ley en el mbito territorial indicado en el apartado 1, se estar a lo siguiente:

a) Para aplicar la disposicin transitoria primera del Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, se deber completar un nmero mnimo de 20 jornadas reales cotizadas, en la forma prevista en dicha disposicin.

b) Para aplicar lo establecido en el apartado 2 de la disposicin transitoria segunda del Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, se considerar acreditado un nmero de 35 jornadas reales cotizadas cuando se acredite un nmero igual o superior a 20 jornadas reales cotizadas.


[Bloque 16: #ciii]

CAPTULO III

Medidas en el mbito de la Administracin de Justicia


[Bloque 17: #a11]

Artculo 11. Modificacin de La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el mbito de la Administracin de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicologa y Ciencias Forenses.

La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el mbito de la Administracin de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicologa y Ciencias Forenses, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el artculo 4, que queda redactado como sigue:

Artculo 4. Exenciones de la tasa.

1. Las exenciones objetivas de la tasa estn constituidas por:

a) La interposicin de demanda y la presentacin de ulteriores recursos cuando se trate de los procedimientos especialmente establecidos para la proteccin de los derechos fundamentales y libertades pblicas, as como contra la actuacin de la Administracin electoral.

b) La solicitud de concurso voluntario por el deudor.

c) La presentacin de peticin inicial del procedimiento monitorio y la demanda de juicio verbal en reclamacin de cantidad cuando la cuanta de las mismas no supere dos mil euros. No se aplicar esta exencin cuando en estos procedimientos la pretensin ejercitada se funde en un documento que tenga el carcter de ttulo ejecutivo extrajudicial de conformidad con lo dispuesto en el artculo 517 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

d) La interposicin de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administracin.

e) La interposicin de la demanda de ejecucin de laudos dictados por las Juntas Arbitrales de Consumo

f)  Las acciones que, en inters de la masa del concurso y previa autorizacin del Juez de lo Mercantil, se interpongan por los administradores concursales.

g) Los procedimientos de divisin judicial de patrimonios, salvo en los supuestos en que se formule oposicin o se suscite controversia sobre la inclusin o exclusin de bienes, devengando la tasa por el juicio verbal y por la cuanta que se discuta o la derivada de la impugnacin del cuaderno particional a cargo del opositor, y si ambos se opusieren a cargo de cada uno por su respectiva cuanta.

2. Desde el punto de vista subjetivo, estn, en todo caso, exentos de esta tasa:

a) Las personas fsicas.

b) Las personas jurdicas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurdica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora.

c) El Ministerio Fiscal.

d) La Administracin General del Estado, las de las Comunidades Autnomas, las entidades locales y los organismos pblicos dependientes de todas ellas.

e) Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autnomas.

Dos. Se suprime el prrafo segundo del apartado 2 el artculo 6.

Tres. Se modifica el prrafo primero del apartado 2, que queda redactado como sigue, y se suprime el apartado 3 del artculo 7:

2. Deber satisfacerse, adems, la cantidad que resulte de aplicar a la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en el artculo anterior, el tipo de gravamen que corresponda, segn la siguiente escala.

Cuatro. Se aade un prrafo segundo al apartado primero del artculo 8, que queda redactado como sigue:

No obstante, no tendrn que presentar autoliquidacin los sujetos a los que se refiere el apartado 2 del artculo 4.


[Bloque 18: #daprimera]

Disposicin adicional primera. Funciones de mediacin concursal.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artculo 5.3 y 21.1.i) de la Ley 4/2014, de 1 de abril, Bsica de las Cmaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegacin, las Cmaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegacin en los trminos previstos en su normativa especfica as como la Cmara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegacin de Espaa, podrn desempear las funciones de mediacin concursal previstas en el ttulo X de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

2. El sistema de mediacin desarrollado por las Cmaras deber ser transparente y se deber garantizar la inexistencia de conflictos de inters. A tal efecto, podrn constituir una comisin de sobreendeudamiento u rgano equivalente, que deber estar compuesto, al menos, por una persona que rena los requisitos exigidos por el artculo 233.1 de la Ley Concursal, para ejercer como mediador concursal.

3. Sin perjuicio de las funciones sealadas anteriormente, las Cmaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegacin, en los trminos previstos en su normativa especfica, as como la Cmara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegacin de Espaa, podrn desempear funciones adicionales que permitan auxiliar a los comerciantes en materia concursal, tales como las de asesoramiento, preparacin de solicitudes de designacin de mediador, de acuerdos extrajudiciales de pagos, preparacin de la documentacin, elaboracin de listas de acreedores, crditos y contratos, de evaluacin previa de propuestas de convenio y cuantas otras funciones auxiliares se consideren precisas a los efectos de facilitar los trmites en los procedimientos concursales que corresponda cumplir al deudor.


[Bloque 19: #dasegunda]

Disposicin adicional segunda. Remuneracin del mediador concursal.

1. La remuneracin del mediador concursal se calcular conforme a las siguientes reglas:

a) La base de remuneracin del mediador concursal se calcular aplicando sobre elactivo y el pasivo del deudor los porcentajes establecidos en el anexo del Real Decreto1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se establece el arancel de derechos de los administradores concursales.

b) Si el deudor fuera una persona natural sin actividad econmica, se aplicar una reduccin del 70% sobre la base de remuneracin del apartado anterior.

c) Si el deudor fuera una persona natural empresario, se aplicar una reduccin del50% sobre la base de remuneracin del apartado 1.

d) Si el deudor fuera una sociedad, se aplicar una reduccin del 30% sobre la base de remuneracin del apartado 1.

e) Si se aprobara el acuerdo extrajudicial de pagos, se aplicar una retribucin complementaria igual al 0,25% del activo del deudor.

2. Esta disposicin ser aplicable hasta que se desarrolle reglamentariamente el rgimen retributivo del mediador concursal.


[Bloque 20: #datercera]

Disposicin adicional tercera. Representacin del deudor en el concurso consecutivo.

Por excepcin a lo dispuesto en el apartado 2 del artculo 184 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, la representacin por procurador no ser preceptiva para el deudor persona natural en el concurso consecutivo.


[Bloque 21: #dacuaa]

Disposicin adicional cuarta. Medidor de solvencia.

Con el objetivo de facilitar que cualquier interesado pueda tener conocimiento de su situacin financiera personal, se habilitar una aplicacin informtica en la pgina web del Ministerio de Economa y Competitividad accesible de forma confidencial, gratuita y telemtica a travs de la cual se podr determinar la situacin de solvencia en la que se encuentra a los efectos de la aplicacin de lo previsto en el ttulo I de este real decreto-ley.


[Bloque 22: #daquinta]

Disposicin adicional quinta. Adhesin al Cdigo de Buenas Prcticas para la reestructuracin viable de las deudas con garanta hipotecaria sobre la vivienda habitual.

1. Todas las entidades que a la entrada en vigor de este real decreto-ley se encontrasen adheridas al Cdigo de Buenas Prcticas para la reestructuracin viable de las deudas con garanta hipotecaria sobre la vivienda habitual, regulado en el anexo del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de proteccin de deudores hipotecarios sin recursos, de conformidad con las redacciones vigentes en el momento de su adhesin, se considerarn adheridas al mencionado Cdigo en la redaccin dada en este real decreto-ley, salvo que en el plazo de un mes desde su entrada en vigor comuniquen expresamente a la Secretara General del Tesoro y Poltica Financiera el acuerdo de su rgano de administracin por el que solicitan mantenerse en el mbito de aplicacin de las versiones previas que correspondan.

2. En los diez das siguientes al transcurso del plazo de un mes establecido en el apartado anterior, el Secretario de Estado de Economa y Apoyo a la Empresa, mediante resolucin, ordenar la publicacin del listado de entidades adheridas en la sede electrnica de la Secretara General del Tesoro y Poltica Financiera y en el Boletn Oficial del Estado. Las posteriores comunicaciones se publicarn trimestralmente en la sede electrnica de la Secretara General del Tesoro y Poltica Financiera y en el Boletn Oficial del Estado, salvo que no hubiera modificacin alguna.


[Bloque 23: #dasexta]

Disposicin adicional sexta. Impulso y coordinacin de la negociacin colectiva.

La Secretara de Estado de Administraciones Pblicas estar representada en las Mesas de negociacin del personal docente no universitario, del personal de la Administracin de Justicia y del personal estatutario de los servicios de salud, a travs de la Direccin General de la Funcin Pblica.

La Secretara de Estado de Administraciones Pblicas adoptar las medidas oportunas para impulsar y asegurar la coordinacin de la negociacin de la Administracin a travs de las distintas Mesas y mbitos.


[Bloque 24: #dtprimera]

Disposicin transitoria primera. Rgimen transitorio en materia concursal.

1. Lo dispuesto en los artculos 92.5, 93.2.2 y 94.5 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en la redaccin dada por este real decreto-ley, ser de aplicacin a los procedimientos concursales en tramitacin en los que no se haya presentado el texto definitivo del informe de la administracin concursal.

2. La obligacin de presentacin de la solicitud de iniciacin de un acuerdo extrajudicial de pagos en un formulario normalizado prevista en apartado 2 del artculo232 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en la redaccin dada por este real decreto-ley, ser de aplicacin al aprobarse la orden del Ministerio de Justicia por la que se establezcan los formularios normalizados.

3. Los apartados 3 y 4 del artculo 176 bis y los artculos 178.2 y 178 bis de la Ley Concursal se aplicarn a los concursos que se encuentren en tramitacin.

En los concursos concluidos por liquidacin o por insuficiencia de masa activa antes de la entrada en vigor del presente real decreto-ley, el deudor podr beneficiarse de lo establecido en los artculos 176 bis y 178 bis de la Ley Concursal, si se instase de nuevo el concurso, voluntario o necesario.

4. Durante el ao siguiente a la entrada en vigor de este real decreto-ley, no ser exigible, para obtener el beneficio de la exoneracin previsto en el artculo 178 bis de la Ley Concursal, el requisito previsto en el apartado 3.5.iv) del mismo.

5. Durante el ao siguiente a la entrada en vigor de este real decreto-ley, no ser exigible, para solicitar un acuerdo extrajudicial de pagos, el requisito previsto en el artculo231.3.2.


[Bloque 25: #dtsegunda]

Disposicin transitoria segunda. Rgimen aplicable a la contratacin indefinida formalizada con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley.

Los beneficios a la cotizacin a la Seguridad Social que se vinieran disfrutando por los contratos indefinidos celebrados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, se regirn por la normativa vigente en el momento de su celebracin.


[Bloque 26: #dttercera]

Disposicin transitoria tercera. Solicitudes del subsidio por desempleo o de la renta agraria presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto ley.

Lo dispuesto en el artculo 10 ser tambin de aplicacin a los trabajadores referidos en el mismo que hubieran presentado entre el 1 de septiembre de 2014 y la entrada en vigor de este real decreto ley la solicitud del subsidio por desempleo regulada en el RealDecreto 5/1997, de 10 de enero, o de la renta agraria regulada en el Real Decreto426/2003, de 11 de abril, siempre que presenten una nueva solicitud a partir de dicha entrada en vigor y dentro de los seis meses siguientes a la misma.


[Bloque 27: #ddunica]

Disposicin derogatoria nica. Derogacin normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto-ley.


[Bloque 28: #dfprimera]

Disposicin final primera. Ttulo competencial.

1. Las modificaciones de textos legales contenidas en este real decreto-ley se amparan en el ttulo competencial establecido en la norma objeto de modificacin.

2. El artculo 4 se dicta al amparo de lo dispuesto en el artculo 149.1.14. de la Constitucin Espaola que atribuye al Estado la competencia en materia de Hacienda general.

3. Los artculos 8 y 10 y las disposiciones transitorias segunda y tercera se dictan al amparo de lo establecido en el artculo 149.1.17. de la Constitucin Espaola, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre el rgimen econmico de la Seguridad Social.

4. Las disposiciones adicionales primera a quinta y la disposicin transitoria primera se dictan al amparo de lo dispuesto en el artculo 149.1.6. de la Constitucin, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislacin mercantil y de legislacin procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autnomas.

5. La disposicin adicional sexta se dicta al amparo de los artculos 149.1.7. y 18. de la Constitucin Espaola.


[Bloque 29: #dfsegunda]

Disposicin final segunda. Desarrollo reglamentario, ejecucin y aplicacin.

1. El Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministros de Justicia y de Hacienda y Administraciones Pblicas, dictar las disposiciones reglamentarias complementarias que sean necesarias para la aplicacin de las tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional con las modificaciones efectuadas por este real decreto-ley.

2. Por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Pblicas se modificarn los modelos de autoliquidacin de la tasa para adaptarlos a las reformas efectuadas en este real decreto-ley.

3. Se autoriza al Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas, a travs de la Secretara de Estado de Administraciones Pblicas, para que dicte las disposiciones, instrucciones y medidas que sean necesarias para el desarrollo efectivo de los procesos electorales a los rganos de participacin y negociacin colectiva de los empleados pblicos, en el mbito de sus competencias.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores de esta disposicin, se autoriza al Gobierno y a los Ministros de Justicia, Hacienda y Administraciones Pblicas, Empleo y Seguridad Social y Economa y Competitividad, para que, en el mbito de sus competencias, dicten las disposiciones reglamentarias y medidas que sean precisas para el desarrollo y aplicacin de esta regulacin legal.


[Bloque 30: #dftercera]

Disposicin final tercera. Entrada en vigor.

Este real decreto-ley entrar en vigor el da siguiente al de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.


[Bloque 31: #firma]

Dado en Madrid, el 27 de febrero de 2015.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,

MARIANO RAJOY BREY

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.

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