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Legislación consolidada

Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre rgimen jurdico de los movimientos de capitales y de las transacciones econmicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevencin del blanqueo de capitales.

Publicado en: BOE núm. 160, de 05/07/2003.
Entrada en vigor: 06/07/2003
Departamento: Jefatura del Estado
Referencia: BOE-A-2003-13471
Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es/l/2003/07/04/19

TEXTO CONSOLIDADO: Última actualización publicada el 04/09/2018

Esta norma pasa a denominarse "Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre rgimen jurdico de los movimientos de capitales y de las transacciones econmicas con el exterior", segn establece la disposicin final 2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril. Ref. BOE-A-2010-6737


[Bloque 2: #preambulo]

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICIN DE MOTIVOS

I

La Ley 40/1979, de 10 de diciembre, sobre Rgimen Jurdico de Control de Cambios, se ha caracterizado, tras ms de 20 aos de vigencia, por su singularidad, ya que, en palabras del Consejo de Estado, su ejecucin se encomend al Gobierno y su desarrollo se consum en el terreno reglamentario.

Efectivamente, nuestra Ley de Control de Cambios ni prohiba ni restringa ni impona ningn tipo de exigencia ni de requisito administrativo. Tan slo se limitaba a facultar, con carcter general, al Gobierno para que estableciese, segn las exigencias impuestas por la coyuntura econmica en cada momento, las normas de restriccin o control que estimase ms oportunas.

En definitiva, se ha tratado de una norma con rango de ley que ha permitido tanto una absoluta restriccin como una absoluta libertad.

Sin embargo, este amplio abanico de posibles medidas que sirve, ya para situaciones de libertad, ya para situaciones de prohibicin, debe limitarse definitivamente para proclamar, con carcter general, la libertad de movimientos de capitales.

Fue el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea el que proclam tal libertad, logrando as una equiparacin con las restantes libertades comunitarias bsicas. Incluso se va ms all, cuando el artculo 56 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea no slo prohbe las restricciones a los movimientos de capitales y a los pagos entre Estados miembros, sino tambin entre stos y terceros pases.

Al mismo tiempo, el propio Tratado, en su artculo 58.1.b), reconoce el derecho de los Estados miembros a establecer procedimientos de declaracin de movimientos de capitales a efectos de informacin administrativa o estadstica, o tomar medidas justificadas por razones de orden pblico o de seguridad pblica.

Esta ley trata, por tanto, de garantizar la completa adecuacin de nuestro ordenamiento jurdico al derecho comunitario.

II

Teniendo en cuenta que el objetivo principal es incorporar plenamente a nuestro ordenamiento interno las previsiones del Tratado Constitutivo, no es menos cierto que la Ley 40/1979, de 10 de diciembre, sobre Rgimen Jurdico de Control de Cambios, presentaba importantsimas disfunciones nada acordes con la nueva etapa de liberalizacin.

Se planteaban importantes contradicciones y lagunas de regulacin, adems de problemas relacionados con el propio lenguaje e imagen de la Ley 40/1979 y otros asuntos menores como eran, entre otros, las referencias a la adquisicin, tenencia y cesin de divisas o pesetas por residentes o no residentes, o los conceptos de patrimonio exterior e interior, que estaban pensados para un sistema de convertibilidad y transferibilidad limitadas.

Cabe resaltar entre estas importantes contradicciones la figura del delito monetario. Al suprimirse en 1996 el nico supuesto subsistente de delito monetario consistente en la exportacin de moneda metlica, billetes de banco y cheques bancarios al portador, en pesetas o en divisas, por importe superior a cinco millones de pesetas o su contravalor, sin haber obtenido autorizacin previa, la reforma operada en la Ley 40/1979, de 10 de diciembre, por la Ley Orgnica 10/1983, de 16 de agosto, ha quedado completamente vaca de contenido.

Igualmente, el sistema sancionador previsto en la Ley 40/1979 ha manifestado falta de coherencia y ajuste con la actual situacin de libertad de movimientos de capitales.

Esta situacin se enmend a travs de la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidacin de valores, cuya disposicin adicional cuarta abord la tipificacin de infracciones muy graves y elimin el concepto residual de infraccin leve. Sin embargo, tal modificacin hay que considerarla muy parcial y efectuada con carcter urgente para abordar el especfico supuesto de los embargos financieros impuestos por la Unin Europea y Naciones Unidas.

Es por tanto necesario establecer un nuevo cuadro sancionador en el que se incluya una tipificacin expresa de las distintas acciones y omisiones infractoras y una mayor concrecin de las sanciones aplicables en cada caso.

En definitiva, todas las circunstancias descritas suponen la necesidad de proceder a una actualizacin de la Ley 40/1979.

III

Esta ley se estructura en dos captulos perfectamente diferenciados.

El captulo I contiene, a lo largo de siete artculos, el rgimen general de los movimientos de capitales y de las transacciones econmicas con el exterior.

El artculo 1 declara, en lnea con el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, el principio de libertad de los movimientos de capitales, recogiendo desde un punto de vista objetivo lo que ha de entenderse por transacciones econmicas con el exterior.

Desde una ptica subjetiva, el criterio fundamental en materia de movimientos de capitales es el de la residencia. De ah que en el artculo 2 se definan los conceptos de residente y no residente en Espaa.

Se ha producido un acercamiento al concepto de residencia contenido en la normativa fiscal, buscando con ello una mejor identificabilidad y prueba de la condicin de residente en Espaa.

En el artculo 3 se posibilita el conocimiento de los movimientos de capitales y transacciones econmicas con el exterior a travs de un mecanismo de declaracin y, a efectos de informacin administrativa y estadstica de las operaciones, se identifican los sujetos obligados a declarar y los destinatarios de tal informacin.

Con ello se hace uso de la facultad reconocida a los Estados miembros por el artculo 58.1.b) del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea en cuanto a la posibilidad de establecer procedimientos de declaracin.

Los artculos 4 y 5 recogen las clusulas de salvaguardia y las medidas excepcionales contenidas en el ttulo III, captulo IV, del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, de forma que se establece un mecanismo gil, a travs de acuerdo del Consejo de Ministros, que permita aplicar medidas adoptadas no slo por la Comunidad Europea, sino por otros organismos internacionales de los que Espaa sea miembro.

En el artculo 6 se posibilita la realizacin de actos y negocios afectados por clusulas de salvaguardia o medidas excepcionales a travs de la correspondiente autorizacin administrativa.

En el artculo 7 se recoge una facultad de control otorgada a los Estados miembros por el artculo 58.1.b) del Tratado y que se ha traducido en la posibilidad de, en circunstancias tasadas, suspender el rgimen de liberalizacin.

Los artculos 8 a 12 constituyen el captulo II, que establece el rgimen sancionador en materia de movimientos de capitales, de acuerdo con los principios de legalidad, tipicidad y proporcionalidad y respetando la garanta de procedimiento.

En las disposiciones adicionales se modifica la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevencin del blanqueo de capitales, en el sentido de mejorar los instrumentos de control sobre el efectivo y otros medios de pago, por el riesgo que suponen desde el punto de vista de la prevencin del blanqueo de capitales y la financiacin del terrorismo. Se modifica igualmente la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, de cara a incrementar la efectividad en el desarrollo de investigaciones sobre blanqueo de capitales.


[Bloque 3: #ci]

CAPTULO I

Rgimen general de los movimientos de capitales y de las transacciones econmicas con el exterior


[Bloque 4: #a1]

Artculo 1. Principio de libertad de los movimientos de capitales y de las transacciones econmicas con el exterior.

1. Esta ley tiene por objeto establecer el rgimen jurdico de los movimientos de capitales y de las transacciones econmicas con el exterior, as como establecer determinadas medidas de prevencin del blanqueo de capitales.

2. Son libres cualesquiera actos, negocios, transacciones y operaciones entre residentes y no residentes que supongan o de cuyo cumplimiento puedan derivarse cobros y pagos exteriores, as como las transferencias de o al exterior y las variaciones en cuentas o posiciones financieras deudoras o acreedoras frente al exterior, sin ms limitaciones que las dispuestas en esta ley y en la legislacin sectorial especfica.


[Bloque 5: #a2]

Artculo 2. Definiciones de residencia y no residencia.

1. A los efectos de lo dispuesto en el artculo anterior, se consideran:

A) Residentes:

a) Las personas fsicas que residan habitualmente en Espaa, salvo lo dispuesto en el prrafo b) correspondiente al epgrafe de No residentes.

b) Los diplomticos espaoles acreditados en el extranjero y el personal espaol que preste servicios en embajadas y consulados espaoles o en organizaciones internacionales en el extranjero.

c) Las personas jurdicas con domicilio social en Espaa.

d) Las sucursales y los establecimientos permanentes en territorio espaol de personas fsicas o jurdicas residentes en el extranjero.

e) Otros que se determinen reglamentariamente en casos anlogos.

B) No residentes:

a) Las personas fsicas que tengan su residencia habitual en territorio extranjero, salvo lo dispuesto en el prrafo b) correspondiente al epgrafe de Residentes.

b) Los diplomticos extranjeros acreditados ante el Gobierno espaol y el personal extranjero que preste servicios en embajadas y consulados extranjeros o en organizaciones internacionales en Espaa.

c) Las personas jurdicas con domicilio social en el extranjero.

d) Las sucursales y los establecimientos permanentes en el extranjero de personas fsicas o jurdicas residentes en Espaa.

e) Otros que se determinen reglamentariamente en casos anlogos.

2. Por residencia habitual se entender lo establecido en la normativa fiscal con las adaptaciones que reglamentariamente se determinen.

3. La condicin de residente o no residente, a los efectos de esta ley, se acreditar en la forma que reglamentariamente se establezca.


[Bloque 6: #a3]

Artculo 3. Obligaciones de informacin.

1. Los actos, negocios, transacciones y operaciones a que se refiere el apartado 2 del artculo 1 debern ser declarados por los sujetos obligados mencionados en el apartado siguiente en la forma y plazos que se determinen reglamentariamente, a los efectos de informacin administrativa y estadstica de las operaciones.

2. Las personas fsicas o jurdicas residentes o no residentes en Espaa que realicen las operaciones sealadas en el apartado 2 del artculo 1 quedan obligadas a facilitar al Ministerio de Economa y al Banco de Espaa, en la forma y plazos que se establezcan, los datos que se les requieran, a los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior.

Adems, las entidades de crdito, las empresas de servicios de inversin y otros intermediarios financieros, que intervengan en la realizacin de las operaciones mencionadas por cuenta de sus clientes, vendrn obligados a remitir al Ministerio de Economa y al Banco de Espaa la informacin correspondiente a las transacciones de sus clientes, en la forma y plazos que se establezcan.


[Bloque 7: #a4]

Artculo 4. Clusulas de salvaguardia.

1. Se entender prohibida o limitada, en los trminos que sealen las normas comunitarias, la realizacin de determinados movimientos de capitales y sus correspondientes operaciones de cobro o pago, as como las transferencias de o al exterior o las variaciones en cuentas o posiciones financieras deudoras o acreedoras frente al exterior, respecto de terceros pases en relacin con los cuales el Consejo de la Unin Europea, de conformidad con lo establecido en el artculo 59 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, haya adoptado medidas de salvaguardia.

2. Cuando las normas comunitarias citadas en el apartado anterior reconozcan poderes a los Estados miembros o les impongan la adopcin de medidas indispensables, necesarias para la correcta aplicacin de dichas normas, el Gobierno, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, establecer las especificaciones ulteriores que resulten precisas, incluido el procedimiento de autorizacin aplicable, si procediera.

3. El Gobierno, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Economa, podr prohibir o limitar la realizacin de determinados movimientos de capitales y sus correspondientes operaciones de cobro o pago, as como transferencias de o al exterior o variaciones en cuentas o posiciones financieras deudoras o acreedoras frente al exterior, respecto de un Estado, un territorio o centro extraterritorial, o grupo de Estados en aplicacin de medidas adoptadas por organismos internacionales, distintos de la Comunidad Europea, de los que Espaa sea miembro.


[Bloque 8: #a5]

Artculo 5. Medidas excepcionales.

1. Se entender prohibida o limitada, en los trminos que sealen las normas comunitarias, la realizacin de determinados movimientos de capitales y sus correspondientes operaciones de cobro o pago, as como las transferencias de o al exterior o las variaciones en cuentas o posiciones financieras deudoras o acreedoras frente al exterior, respecto a terceros pases en relacin con los cuales el Consejo de la Unin Europea haya adoptado las medidas que correspondan, de conformidad con lo establecido en el artculo 57.2 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

2. Se entendern prohibidos o limitados, en los trminos que sealen las normas comunitarias, los movimientos de capitales y pagos respecto a terceros pases en relacin con los cuales el Consejo de la Unin Europea haya adoptado las medidas urgentes que sean necesarias, de conformidad con lo establecido en el artculo 60.1 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

3. Cuando, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores de este artculo, las normas comunitarias reconozcan poderes a los Estados miembros o les impongan la adopcin de medidas indispensables, necesarias para la correcta aplicacin de dichas normas, el Gobierno, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, establecer las especificaciones ulteriores que resulten precisas, incluido el procedimiento de autorizacin aplicable, si procediera.

4. De conformidad con lo establecido en el artculo 60.2 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, el Gobierno, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Economa, podr en tanto no se hayan adoptado las medidas a que se refiere el artculo 60.1 del citado Tratado, por razones polticas graves y por motivos de urgencia, tomar medidas unilaterales contra un tercer pas en lo relativo a los movimientos de capitales y a los pagos.


[Bloque 9: #a6]

Artculo 6. Autorizaciones sobre actos, negocios, transacciones u operaciones afectados por clusulas de salvaguardia o medidas excepcionales.

1. Los actos, negocios, transacciones y operaciones afectados por las medidas previstas en los artculos 4 y 5 podrn realizarse, si as se dispone expresamente, mediante la previa obtencin de la correspondiente autorizacin administrativa y en las condiciones que sta establezca. Dicha autorizacin se otorgar por los rganos y a travs del procedimiento que se disponga reglamentariamente.

2. Si, transcurrido el plazo mximo en el que debe dictarse y notificarse la autorizacin, no se produjera resolucin expresa, se entender que la operacin no es autorizada. Consecuentemente, la solicitud se entender desestimada a los efectos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.


[Bloque 10: #a7]

Artculo 7. Suspensin del rgimen de liberalizacin.

El Gobierno podr acordar la suspensin del rgimen de liberalizacin establecido en esta ley cuando se trate de actos, negocios, transacciones u operaciones que, por su naturaleza, forma o condiciones de realizacin, afecten o puedan afectar a actividades relacionadas, aunque slo sea de modo ocasional, con el ejercicio de poder pblico, o actividades directamente relacionadas con la defensa nacional, o a actividades que afecten o puedan afectar al orden pblico, seguridad pblica y salud pblica.

Tal suspensin determinar el sometimiento de ulteriores operaciones a la obtencin de autorizacin administrativa, de acuerdo con lo sealado en el artculo 6.


[Bloque 11: #cii]

CAPTULO II

Rgimen sancionador


[Bloque 12: #a8]

Artculo 8. Infracciones.

1. Las infracciones de las disposiciones previstas en esta ley se clasifican en muy graves, graves y leves.

2. Constituirn infracciones muy graves:

a) La realizacin de actos, negocios, transacciones u operaciones prohibidas en virtud de la adopcin de las medidas a que se refieren los artculos 4, 5 y 7.

b) La realizacin de actos, negocios, transacciones u operaciones sin solicitar autorizacin cuando sea preceptiva conforme a los artculos 6 y 7, o con carcter previo a su concesin o con incumplimiento de las condiciones establecidas en la autorizacin.

c) La falta de veracidad en las solicitudes de autorizacin presentadas ante los organismos competentes, siempre que pueda estimarse como especialmente relevante.

3. Constituirn infracciones graves:

a) La falta de declaracin de operaciones cuya cuanta supere los 6.000.000 de euros.

b) La falta de veracidad, la omisin o inexactitud en los datos de las declaraciones respecto de operaciones cuya cuanta supere los 6.000.000 de euros.

c) Los incumplimientos de los requerimientos efectuados, de modo expreso y por escrito, por los organismos competentes en el cumplimiento de sus funciones.

4. Constituirn infracciones leves:

a) Las declaraciones realizadas por los sujetos obligados fuera de los plazos reglamentariamente establecidos.

b) La falta de declaracin de operaciones cuya cuanta no supere 6.000.000 de euros, as como la falta de veracidad, la omisin o inexactitud en los datos de las declaraciones que no superen dicha cuanta.


[Bloque 13: #a9]

Artculo 9. Sanciones.

1. Las infracciones a que se refiere el artculo anterior darn lugar a la imposicin de las sanciones previstas en este artculo.

2. Por la comisin de infracciones muy graves se impondrn simultneamente las siguientes sanciones:

a) Multa, que podr ascender hasta el tanto del contenido econmico de la operacin sin que pueda ser inferior a 30.000 euros, y

b) Amonestacin pblica o privada.

3. Por la comisin de infracciones graves se impondrn simultneamente las siguientes sanciones:

a) Multa, que podr ascender hasta la mitad del contenido econmico de la operacin sin que pueda ser inferior a 6.000 euros, y

b) Amonestacin pblica o privada.

4. Por la comisin de infracciones leves se impondrn simultneamente las siguientes sanciones:

a) Multa, que podr ascender hasta un cuarto del contenido econmico de la operacin sin que pueda ser inferior a 3.000 euros, y

b) Amonestacin privada.

5. Cuando la infraccin consista en la presentacin fuera de plazo de las declaraciones por los sujetos obligados, sin actuacin o requerimiento previo de la Administracin, se impondrn las siguientes sanciones:

a) Si no han transcurrido ms de seis meses, hasta 300 euros, sin que pueda ser inferior a 150 euros.

b) Si han transcurrido ms de seis meses, hasta 600 euros, sin que pueda ser inferior a 300 euros.


[Bloque 14: #a10]

Artculo 10. Graduacin de sanciones.

Las sanciones aplicables en cada caso por la comisin de infracciones muy graves, graves o leves se determinarn considerndose, adems de los criterios establecidos en el artculo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, las siguientes circunstancias:

a) La naturaleza y entidad de la infraccin.

b) El grado de responsabilidad e intencionalidad en los hechos que concurran en el interesado.

c) El tiempo que haya mediado entre la comisin de la infraccin y el intento de subsanacin de sta por iniciativa propia del interesado.

d) La capacidad econmica del interesado.

e) La conducta anterior del interesado, en relacin con las normas en materia de movimientos de capitales y pagos exteriores, tomando en consideracin al efecto las sanciones firmes que le hubieran sido impuestas durante los ltimos cinco aos.


[Bloque 15: #a11]

Artculo 11. Prescripcin de las infracciones y de las sanciones.

1. Las infracciones muy graves prescribirn a los cinco aos ; las graves, a los tres aos, y las leves, al ao.

2. El plazo de prescripcin se contar desde la fecha en que la infraccin hubiera sido cometida.

3. Las sanciones que se impongan, en virtud de resolucin firme, conforme a esta ley prescribirn a los cinco aos, las muy graves ; a los cuatro aos, las graves, y a los tres aos, las leves.


[Bloque 16: #a12]

Artculo 12. Procedimiento sancionador.

1. Los rganos competentes de las Administraciones pblicas, as como los dependientes de la Comisin de Prevencin del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias llevarn a cabo, a peticin del rgano instructor o por propia iniciativa, las actuaciones de investigacin que resulten adecuadas para el esclarecimiento de los hechos que pudieren ser constitutivos de las infracciones tipificadas en esta ley.

2. La competencia para la incoacin e instruccin de los procedimientos sancionadores resultantes de la aplicacin del rgimen previsto en la Ley y para la imposicin de las sanciones correspondientes se regir por las reglas siguientes:

a) La competencia para la incoacin e instruccin de los procedimientos sancionadores corresponder a la Secretara de la Comisin de Prevencin del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

b) La imposicin de sanciones por infracciones muy graves corresponder al Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Economa y Hacienda.

c) La imposicin de sanciones por infracciones graves corresponder al Ministro de Economa y Hacienda, a propuesta del Secretario de Estado de Economa.

d) La imposicin de sanciones por infracciones leves corresponder al Director General del Tesoro y Poltica Financiera, a propuesta del instructor.

3. El procedimiento sancionador de las infracciones contempladas en esta ley ser el previsto, con carcter general, para el ejercicio de la potestad sancionadora. El plazo mximo para resolver el procedimiento y notificar la resolucin ser de un ao a contar desde la fecha del acuerdo de incoacin, sin perjuicio de la posibilidad de suspensin por el instructor del cmputo del plazo en los supuestos sealados en el artculo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas.

Se modifica el apartado 3 por el art. 5 del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto. Ref. BOE-A-2018-12131

Se modifica el apartado 2 por la disposicin final 2.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril. Ref. BOE-A-2010-6737





[Bloque 17: #daprimera]

Disposicin adicional primera. Modificacin de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevencin del blanqueo de capitales.

Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevencin del blanqueo de capitales:

Uno. Se da nueva redaccin al apartado 1 del artculo 1, con el siguiente tenor literal:

1. Esta ley regula las obligaciones, las actuaciones y los procedimientos para prevenir e impedir la utilizacin del sistema financiero, as como de otros sectores de actividad econmica, para el blanqueo de capitales procedentes de cualquier tipo de participacin delictiva en la comisin de un delito castigado con pena de prisin superior a tres aos.

Dos. Se da nueva redaccin al apartado 2 y se adicionan dos nuevos apartados 3 y 4 al artculo 2, con el siguiente tenor literal:

2. Quedarn tambin sujetas a las obligaciones establecidas en esta ley, con las especialidades que puedan establecerse reglamentariamente, las personas fsicas o jurdicas que ejerzan aquellas otras actividades profesionales o empresariales particularmente susceptibles de ser utilizadas para el blanqueo de capitales. Se considerarn tales:

a) Los casinos de juego.

b) Las actividades de promocin inmobiliaria, agencia, comisin o intermediacin en la compraventa de inmuebles.

c) Las personas fsicas o jurdicas que acten en el ejercicio de su profesin como auditores, contables externos o asesores fiscales.

d) Los notarios, abogados y procuradores quedarn igualmente sujetos cuando:

1. Participen en la concepcin, realizacin o asesoramiento de transacciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales; la gestin de fondos, valores u otros activos; la apertura o gestin de cuentas bancarias, cuentas de ahorros o cuentas de valores ; la organizacin de las aportaciones necesarias para la creacin, el funcionamiento o la gestin de empresas o la creacin, el funcionamiento o la gestin de fiducias ("trust">1. Participen en la concepcin, realizacin o asesoramiento de transacciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales; la gestin de fondos, valores u otros activos; la apertura o gestin de cuentas bancarias, cuentas de ahorros o cuentas de valores ; la organizacin de las aportaciones necesarias para la creacin, el funcionamiento o la gestin de empresas o la creacin, el funcionamiento o la gestin de fiducias ("trust"), sociedades o estructuras anlogas, o

2. Acten en nombre y por cuenta de clientes, en cualquier transaccin financiera o inmobiliaria.

e) Las dems que, atendiendo a la utilizacin habitual de billetes u otros instrumentos al portador como medio de cobro, al alto valor unitario de los objetos o servicios ofrecidos, al emplazamiento de los establecimientos o a otras circunstancias relevantes, se determinen reglamentariamente.

3. Cuando las personas fsicas mencionadas en el apartado anterior ejerzan su profesin en calidad de empleados de una persona jurdica, las obligaciones impuestas por esta ley recaern sobre dicha persona jurdica.

4. Estarn sujetas al cumplimiento de las obligaciones sealadas en el apartado 9 del artculo 3, con las excepciones que reglamentariamente se sealen, las personas fsicas y jurdicas que, actuando por cuenta propia o de tercero, realicen los siguientes movimientos de medios de pago:

a) Salida o entrada en territorio nacional de moneda metlica, billetes de banco y cheques bancarios al portador denominados en moneda nacional o en cualquier otra moneda o cualquier medio fsico, incluidos los electrnicos, concebido para ser utilizado como medio de pago, por importe superior a 6.000 euros por persona y viaje.

b) Movimientos por territorio nacional de medios de pago consistentes en moneda metlica, billetes de banco y cheques bancarios al portador, denominados en moneda nacional o en cualquier otra moneda o cualquier medio fsico, incluidos los electrnicos, concebido para ser utilizado como medio de pago, por importe superior a 80.500 euros.

No estn sujetas a las obligaciones sealadas en este apartado 4 las personas jurdicas que desarrollen profesionalmente actividades de transporte de fondos o medios de pago, as como los sujetos obligados y actividades sealadas en el apartado 2 de este artculo y en sus normas de desarrollo.

Se autoriza al Ministro de Economa para modificar las cuantas recogidas en los prrafos a) y b) de este apartado.

Tres. Se da nueva redaccin a los apartados 1, 2, 4 y 7 y se adiciona un nuevo apartado 9 al artculo 3, con el siguiente tenor literal:

1. Exigir, mediante la presentacin de documento acreditativo, la identificacin de sus clientes en el momento de entablar relaciones de negocio, as como de cuantas personas pretendan efectuar cualesquiera operaciones, salvo aquellas que queden exceptuadas reglamentariamente. Los requisitos para la identificacin de los clientes que no hayan estado fsicamente presentes en el momento del establecimiento de la relacin de negocios o de la ejecucin de operaciones se determinarn reglamentariamente.

Los sujetos obligados recabarn de sus clientes informacin a fin de conocer la naturaleza de su actividad profesional o empresarial. Asimismo, adoptarn medidas dirigidas a comprobar razonablemente la veracidad de dicha informacin.

Cuando existan indicios o certeza de que los clientes no actan por cuenta propia, los sujetos obligados recabarn la informacin precisa a fin de conocer la identidad de las personas por cuenta de las cuales actan.

Los sujetos obligados no estarn sometidos a las obligaciones de identificacin establecidas en este apartado cuando su cliente sea una institucin financiera domiciliada en el mbito de la Unin Europea o en aquellos terceros Estados que, por establecer requisitos equivalentes a los de la legislacin espaola, determine la Comisin de Prevencin del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

2. Examinar con especial atencin cualquier operacin, con independencia de su cuanta, que, por su naturaleza, pueda estar particularmente vinculada al blanqueo de capitales procedentes de las actividades sealadas en el artculo 1. En particular, los sujetos obligados examinarn con especial atencin toda operacin compleja, inusual o que no tenga un propsito econmico o lcito aparente, reseando por escrito los resultados del examen.

4. Colaborar con el Servicio Ejecutivo de la Comisin de Prevencin del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (en adelante, el Servicio Ejecutivo), y a tal fin:

a) Comunicarle, por iniciativa propia, cualquier hecho u operacin respecto al que exista indicio o certeza de que est relacionado con el blanqueo de capitales procedentes de las actividades sealadas en el artculo 1. La comunicacin la realizar, en principio, la persona o personas que los sujetos obligados hubieran designado de conformidad con los procedimientos a que se refiere el apartado 7 de este mismo artculo. Ser dicha persona o personas las que comparecern en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales en relacin con datos recogidos en la comunicacin o cualquier otra informacin complementaria que pueda referirse a aqulla.

Reglamentariamente se determinarn aquellos supuestos o transacciones especficas que deban ser objeto de comunicacin al Servicio Ejecutivo en todo caso.

Tambin se comunicarn las operaciones que muestren una falta de correspondencia ostensible con la naturaleza, volumen de actividad o antecedentes operativos de los clientes, siempre que en el examen especial previsto en el apartado 2 no se aprecie justificacin econmica, profesional o de negocio para la realizacin de las operaciones, en relacin con las actividades sealadas en el artculo 1 de esta ley.

b) Facilitar la informacin que el Servicio Ejecutivo requiera en el ejercicio de sus competencias.

No estarn sujetos a las obligaciones establecidas en este apartado 4 los auditores, contables externos, asesores fiscales, notarios, abogados y procuradores con respecto a la informacin que reciban de uno de sus clientes u obtengan sobre l al determinar la posicin jurdica en favor de su cliente, o desempear su misin de defender o representar a dicho cliente en procedimientos administrativos o judiciales o en relacin con ellos, incluido el asesoramiento sobre la incoacin o la forma de evitar un proceso, independientemente de si han recibido u obtenido dicha informacin antes, durante o despus de tales procedimientos.

Los abogados y procuradores guardarn el deber de secreto profesional de conformidad con la legislacin vigente.

7. Establecer procedimientos y rganos adecuados de control interno y de comunicacin a fin de prevenir e impedir la realizacin de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales. En particular, los sujetos obligados establecern una poltica expresa de admisin de clientes.

La idoneidad de dichos procedimientos y rganos ser supervisada por el Servicio Ejecutivo, que podr proponer las medidas correctoras oportunas.

En todo caso, dichos procedimientos y rganos sern objeto de examen anual por un experto externo.

9. Declarar el origen, destino y tenencia de los fondos en los supuestos sealados en el apartado 4 del artculo 2 de esta ley, en la forma y con las excepciones que reglamentariamente se determinen.

Cuatro. Se da la siguiente redaccin al apartado 2 del artculo 5:

2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado siguiente, constituirn infracciones graves el incumplimiento de las obligaciones previstas en los apartados 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9 del artculo 3, incluida la no adopcin de medidas correctoras propuestas por el Servicio Ejecutivo a las que se alude en el artculo 3.7, anterior.

Cinco. Se introduce un nuevo apartado 3 en el artculo 8, con el siguiente tenor literal:

3. En el caso de incumplimiento de la obligacin sealada en el apartado 9 del artculo 3 de esta ley podr imponerse la sancin de multa cuyo importe mnimo ser de 600 euros y cuyo importe mximo podr ascender hasta la mitad del contenido econmico de los medios de pago empleados.

En el caso de que los medios de pago fueran hallados en lugar o situacin que mostrase una clara intencin de ocultarlos o no resulte debidamente acreditado el origen de los fondos, la sancin podr llegar al tanto del contenido econmico de los medios empleados.

Seis. Se da nueva redaccin al artculo 12, con el siguiente tenor literal:

Artculo 12. Procedimiento sancionador y medidas cautelares.

1. La incoacin e instruccin de los procedimientos sancionadores a que hubiera lugar por la comisin de infracciones previstas en esta ley corresponder a la Secretara de la Comisin de Prevencin del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, segn dispone el artculo 15.

Ser competente para imponer las sanciones por infracciones muy graves el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Economa. Ser competente para imponer las sanciones por infracciones graves el Ministro de Economa, a propuesta de la Comisin de Prevencin del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

Cuando la entidad infractora sea una entidad financiera o precise de autorizacin administrativa para operar, ser preceptivo para la imposicin de la correspondiente sancin el informe de la institucin u rgano administrativo responsable de su supervisin.

La competencia para instruir los procedimientos sancionadores por infracciones graves por el incumplimiento de las obligaciones previstas en el apartado 9 del artculo 3 corresponder a la Secretara. La competencia para resolver dichos procedimientos corresponder al Presidente del Comit Permanente de la Comisin de Prevencin del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, previo informe del Servicio Ejecutivo.

2. En lo relativo al procedimiento sancionador se estar a lo previsto en la normativa reguladora de dicho procedimiento aplicable a los sujetos que actan en los mercados financieros, y en lo relativo a la ejecucin y publicidad de las sanciones y dems cuestiones atinentes al rgimen sancionador se estar a lo previsto en las leyes especficas aplicables a los distintos sujetos obligados y, en su defecto, a lo dispuesto en la Ley 26/1988, de 29 de julio, de disciplina e intervencin de las entidades de crdito.

El procedimiento sancionador aplicable al incumplimiento de las obligaciones previstas en el apartado 9 del artculo 3 ser el previsto, con carcter general, para el ejercicio de la potestad sancionadora por las Administraciones pblicas. El plazo para dictar resolucin y notificarla ser de seis meses. Excepcionalmente podr prorrogarse dicho plazo hasta 12 meses mediante acuerdo motivado de la Secretara, cuando concurran circunstancias que obliguen a ello y se hayan agotado todos los medios a disposicin posibles.

3. Ante la falta de declaracin sealada en el apartado 9 del artculo 3 de esta ley, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales podrn intervenir los medios de pago, dando traslado inmediato del acta de intervencin al Servicio Ejecutivo, para su investigacin.

Durante la instruccin del procedimiento sancionador podr acordarse la constitucin de garanta suficiente para hacer frente a las responsabilidades a que hubiera lugar, devolvindose, en su caso, el resto de la cantidad inicialmente intervenida.

Siete. Se da nueva redaccin al apartado 1 del artculo 16, con el siguiente tenor literal:

1. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, toda autoridad o fun cionario, incluidos los de arancel, que descubra hechos que puedan constituir indicio o prueba de blanqueo de capitales procedentes de las actividades sealadas en el artculo 1, ya sea durante las inspecciones efectuadas a las entidades objeto de supervisin, o de cualquier otro modo, deber informar de ello al Servicio Ejecutivo. El incumplimiento de esta obligacin tendr la consideracin de infraccin muy grave y se sancionar disciplinariamente como tal segn lo previsto en la legislacin especfica que les sea de aplicacin. La obligacin sealada en este prrafo se extender igualmente a la informacin que el Servicio Ejecutivo le requiera en el ejercicio de sus competencias.

La obligacin que se establece en el prrafo anterior se entender sin perjuicio de lo establecido en el prrafo j) del artculo 113.1 de la Ley General Tributaria, as como del secreto del protocolo notarial, que abarca los instrumentos pblicos a los que se refiere el artculo 34 de la Ley de 28 de mayo de 1862, as como los relativos al reconocimiento de hijos no matrimoniales.

En todo caso, el Banco de Espaa, la Comisin Nacional del Mercado de Valores, la Direccin General de Seguros y Fondos de Pensiones, la Direccin General de los Registros y del Notariado, el Instituto de Contabilidad y Auditora de Cuentas, los colegios profesionales y los rganos estatales o autonmicos competentes, segn corresponda, informarn razonadamente al Servicio Ejecutivo cuando en el ejercicio de su labor inspectora o supervisora aprecien posibles infracciones de las obligaciones establecidas en esta ley.

Los rganos judiciales, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, remitirn testimonio al Servicio Ejecutivo cuando en el curso del proceso aprecien indicios de incumplimiento de la normativa de prevencin del blanqueo de capitales.

Ocho. Queda derogado el prrafo segundo del apartado 1 del artculo 13.

Nueve. Se modifica la disposicin adicional segunda, que queda redactada como sigue:

El Protectorado y el Patronato, en ejercicio de las funciones que le atribuye la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y el personal con responsabilidades en la gestin de las fundaciones velarn para que stas no sean utilizadas para canalizar fondos o recursos a las personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas, de acuerdo con lo previsto en la legislacin reguladora de la prevencin y bloqueo de la financiacin del terrorismo.

A estos efectos, todas las fundaciones conservarn durante seis aos registros con las identidades de todas las personas que reciban fondos o recursos de la fundacin. Estos registros estarn a disposicin del Protectorado, de la Comisin de Vigilancia de Actividades de Financiacin del Terrorismo, as como de los rganos administrativos o judiciales con competencias en el mbito de prevencin o persecucin del terrorismo.

Lo dispuesto en los prrafos anteriores ser asimismo de aplicacin a las asociaciones de utilidad pblica, correspondiendo en tales casos al rgano de gobierno o asamblea general, a los miembros del rgano de representacin que gestione los intereses de la asociacin y al organismo encargado de verificar su constitucin, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas por el artculo 34 de la Ley Orgnica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociacin, cumplir con lo que establece esta disposicin.


[Bloque 18: #dasegunda]

Disposicin adicional segunda. Modificacin de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria.

Uno. Se introduce un nuevo prrafo j) en el artculo 113.1 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, con el siguiente tenor literal:

Artculo 113.

1. Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administracin tributaria en el desempeo de sus funciones tienen carcter reservado y slo podrn ser utilizados para la efectiva aplicacin de los tributos o recursos cuya gestin tenga encomendada, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la cesin tenga por objeto:

[...]

j) La colaboracin con el Servicio Ejecutivo creado por la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevencin del blanqueo de capitales, en las actividades que dicho servicio lleve a cabo en el mbito de lo previsto en el artculo 1 de la mencionada ley.

Dos. Se introduce un nuevo apartado 5 en el artculo 112 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, con el siguiente tenor literal:

5. El Servicio Ejecutivo de la Comisin de Prevencin del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias facilitar a la Administracin tributaria cuantos datos con trascendencia tributaria obtenga en el ejercicio de sus funciones, con carcter general o mediante requerimiento individualizado.


[Bloque 19: #datercera]

Disposicin adicional tercera. Modificacin de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversin, recursos propios y obligaciones de informacin de los intermediarios financieros.

Se introduce una nueva disposicin adicional segunda en la Ley 13/1985, con el siguiente tenor literal:

Disposicin adicional segunda.

1. Las participaciones preferentes a que se refiere el artculo sptimo de esta ley tendrn que cumplir los siguientes requisitos:

a) Ser emitidas por una entidad de crdito o por una entidad residente en Espaa o en un territorio de la Unin Europea, que no tenga la condicin de paraso fiscal, y cuyos derechos de voto correspondan en su totalidad directa o indirectamente a una entidad de crdito dominante de un grupo o subgrupo consolidable de entidades de crdito y cuya actividad u objeto exclusivos sea la emisin de participaciones preferentes.

b) En los supuestos de emisiones realizadas por una entidad filial, los recursos obtenidos debern estar depositados en su totalidad, descontados los gastos de emisin y gestin, y de forma permanente en la entidad de crdito dominante o en otra entidad del grupo o subgrupo consolidable. El depsito as constituido deber ser aplicado por la entidad depositaria a la compensacin de prdidas, tanto en su liquidacin como en el saneamiento general de aqulla o de su grupo o subgrupo consolidable, una vez agotadas las reservas y reducido a cero el capital ordinario. En estos supuestos las participaciones debern contar con la garanta solidaria e irrevocable de la entidad de crdito dominante o de la entidad depositaria.

c) Tener derecho a percibir una remuneracin predeterminada de carcter no acumulativo. El devengo de esta remuneracin estar condicionado a la existencia de beneficios distribuibles en la entidad de crdito dominante o en el grupo o subgrupo consolidable.

d) No otorgar a sus titulares derechos polticos, salvo en los supuestos excepcionales que se establezcan en las respectivas condiciones de emisin.

e) No otorgar derechos de suscripcin preferente respecto de futuras nuevas emisiones.

f) Tener carcter perpetuo, aunque se pueda acordar la amortizacin anticipada a partir del quinto ao desde su fecha de desembolso, previa autorizacin del Banco de Espaa.

g) Cotizar en mercados secundarios organizados.

h) En los supuestos de liquidacin o disolucin, u otros que den lugar a la aplicacin de las prioridades contempladas en el Cdigo de Comercio, de la entidad de crdito emisora o de la dominante del grupo o subgrupo consolidable de las entidades de crdito, las participaciones preferentes darn derecho a obtener exclusivamente el reembolso de su valor nominal junto con la remuneracin devengada y no satisfecha y se situarn, a efectos del orden de prelacin de crditos, inmediatamente detrs de todos los acreedores, subordinados o no, de la entidad de crdito emisora o de la dominante del grupo o subgrupo consolidable de entidades de crdito y delante de los accionistas ordinarios y, en su caso, de los cuotapartcipes.

i) En el momento de realizar una emisin, el importe nominal en circulacin no podr ser superior al 30 por ciento de los recursos propios bsicos del grupo o subgrupo consolidable, incluido el importe de la propia emisin, sin perjuicio de las limitaciones adicionales que puedan establecerse a efectos de solvencia. Si dicho porcentaje se sobrepasara una vez realizada la emisin, la entidad de crdito deber presentar ante el Banco de Espaa para su autorizacin un plan para retornar al cumplimiento de dicho porcentaje. El Banco de Espaa podr modificar el indicado porcentaje.

2. El rgimen fiscal de las participaciones preferentes emitidas en las condiciones establecidas en el apartado anterior ser el siguiente:

a) La remuneracin a que se refiere el prrafo c) del apartado anterior tendr la consideracin de gasto deducible para la entidad emisora.

b) Las rentas derivadas de las participaciones preferentes se calificarn como rendimientos obtenidos por la cesin a terceros de capitales propios de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artculo 23 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas y otras Normas Tributarias.

c) Los rendimientos generados por el depsito a que se refiere el prrafo b) del apartado 1 anterior no estarn sometidos a retencin alguna, siendo de aplicacin, en su caso, la exencin establecida en el prrafo e) del apartado 1 del artculo 13 de la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y Normas Tributarias.

d) Las rentas derivadas de las participaciones preferentes obtenidas por sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento permanente estarn exentas de dicho impuesto en los mismos trminos establecidos para los rendimientos derivados de la deuda pblica en el artculo 13 de la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y Normas Tributarias.

e) Las operaciones derivadas de la emisin de participaciones preferentes estarn exentas de la modalidad de operaciones societarias del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados.

3. La entidad de crdito dominante de un grupo o subgrupo consolidable de entidades de crdito tendr la obligacin de informar a la Administracin tributaria y a las instituciones encargadas de la supervisin financiera, en la forma en que reglamentariamente se establezca, de las actividades realizadas por las filiales a que se refiere el prrafo a) del apartado 1 de esta disposicin adicional y de la identidad de los titulares de los valores emitidos por aqullas.

4. Lo dispuesto en esta disposicin adicional ser igualmente aplicable en los supuestos en los que la entidad dominante a que se refiere el prrafo a) de su apartado 1 sea una entidad que se rija por el derecho de otro Estado.

5. El rgimen previsto en los apartados 2 y 3 de esta disposicin ser tambin aplicable a las emisiones de instrumentos de deuda realizados por entidades que cumplan los requisitos del prrafo a) del apartado 1 y cuya actividad u objeto exclusivo sea la emisin de participaciones preferentes y/u otros instrumentos financieros, siempre que se cumplan los requisitos de cotizacin en mercados organizados y, en su caso, de depsito permanente y garanta de la entidad dominante, que se establecen en los prrafos g) y b) de dicho apartado.

6. Lo dispuesto en esta disposicin adicional ser aplicable, igualmente, a las participaciones preferentes o a otros instrumentos de deuda emitidos por una sociedad residente en Espaa o en un territorio de la Unin Europea, que no tenga la condicin de paraso fiscal y cuyos derechos de voto correspondan en su totalidad, directa o indirectamente, a entidades cotizadas que no sean de crdito. En estos casos, para proceder a la amortizacin anticipada no ser necesaria la autorizacin prevista en el prrafo f) del apartado 1, y no ser de aplicacin el lmite establecido en el prrafo i) del mismo apartado 1.


[Bloque 20: #dacuarta]

Disposicin adicional cuarta. Modificacin de la Ley 46/2002, de 18 de diciembre.

Se modifica la disposicin adicional cuarta de la Ley 46/2002, de 18 de diciembre, de reforma parcial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas y por la que se modifican las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes, que quedar redactada en los siguientes trminos:

Disposicin adicional cuarta.

El Gobierno elaborar y aprobar en el plazo de un ao a partir de la entrada en vigor de esta ley los textos refundidos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y del Impuesto sobre Sociedades.


[Bloque 21: #daquinta]

Disposicin adicional quinta. Modificacin de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre.

Se aade una nueva disposicin adicional decimotercera a la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, que quedar redactada en los siguientes trminos:

Disposicin adicional decimotercera.

El Gobierno elaborar y aprobar en el plazo de un ao a partir de la entrada en vigor de esta ley el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.


[Bloque 22: #dtprimera]

Disposicin transitoria primera. Vigencia temporal de las disposiciones normativas de desarrollo de la Ley 40/1979, de 10 de diciembre, sobre Rgimen Jurdico de Control de Cambios.

Hasta tanto no se publiquen las normas de desarrollo de esta ley y siempre que no se opongan a lo dispuesto en ella, se mantendrn vigentes las disposiciones normativas dictadas en desarrollo de la Ley 40/1979, de 10 de diciembre, sobre Rgimen Jurdico de Control de Cambios. En particular, permanecern vigentes durante este perodo transitorio el artculo 10.4 del Reglamento de Armas, as como el artculo 5 del Reglamento de Explosivos.


[Bloque 23: #dtsegunda]

Disposicin transitoria segunda.

Lo establecido en el apartado 2 de la disposicin adicional segunda de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversin, recursos propios y obligaciones de informacin de los intermediarios financieros, ser aplicable, igualmente, a los ejercicios iniciados y a las emisiones de participaciones preferentes y de deuda realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley por cualquier entidad, sea o no residente en Espaa, cuya actividad exclusiva sea la emisin de participaciones preferentes y/u otros instrumentos financieros y cuyos derechos de voto correspondan en su totalidad directa o indirectamente a una entidad de crdito dominante de un grupo o subgrupo consolidable de entidades de crditos o a sociedades cotizadas. Para dichas emisiones las obligaciones de informacin establecidas en el Real Decreto 1285/1991 se deben cumplir nicamente respecto de las entidades financieras que intermedien la emisin.


[Bloque 24: #ddunica]

Disposicin derogatoria nica. Derogacin normativa.

A la entrada en vigor de esta ley quedarn derogadas la Ley 40/1979, de 10 de diciembre, sobre Rgimen Jurdico de Control de Cambios, con excepcin de su captulo II, en la redaccin dada por la Ley Orgnica 10/1983, la disposicin adicional cuarta de la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidacin de valores, as como las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en esta ley.


[Bloque 25: #dfunica]

Disposicin final nica. Habilitacin y entrada en vigor.

1. El Gobierno dictar las disposiciones de desarrollo y ejecucin de esta ley en el plazo de seis meses a partir de su entrada en vigor.

2. La presente ley entrar en vigor el da siguiente al de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

No obstante, la obligacin de declarar el origen, destino y tenencia de fondos establecida en el apartado tres de la disposicin adicional primera de esta ley slo se aplicar a supuestos que se produzcan con posterioridad a la entrada en vigor de la disposicin reglamentaria prevista en dicho apartado.


[Bloque 26: #firma]

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 4 de julio de 2003.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOS MARA AZNAR LPEZ

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.

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