Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Está Vd. en

Documento BOE-A-2010-4048

Ley 4/2010, de 10 de marzo, para la ejecucin en la Unin Europea de resoluciones judiciales de decomiso.

TEXTO

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

PREMBULO

I

La creacin de un espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unin Europea, exige un importante esfuerzo para mejorar la cooperacin judicial entre los Estados miembros, que tiene su piedra angular en el principio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales. Este principio se basa en la confianza mutua de que las resoluciones que van a reconocerse y a ejecutarse cumplen plenamente las exigencias bsicas de legalidad y proporcionalidad en todos los pases comunitarios.

De manera progresiva, la Unin ha venido adoptando instrumentos jurdicos en los que se plasma el principio de reconocimiento mutuo. El primero de ellos fue la Decisin Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detencin europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, que se incorpor al Derecho espaol a travs de la Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la orden europea de detencin y entrega, y de la Ley Orgnica 2/2003, de 14 de marzo, complementaria de la anterior.

A las citadas normas siguieron la Decisin Marco 2003/577/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la ejecucin en la Unin Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas, incorporada a nuestro Derecho mediante la Ley 18/2006, de 5 de junio, para la eficacia en la Unin Europea de las resoluciones de embargo y de aseguramiento de pruebas en procedimientos penales, complementada por la Ley Orgnica 5/2006, de 5 de junio. Y despus la Decisin Marco 2005/214/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a la aplicacin del principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias, cuya transposicin se ha realizado en la Ley 1/2008, de 4 de diciembre, para la ejecucin en la Unin Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias y la Ley Orgnica 2/2008, de 4 de diciembre, de modificacin de la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y complementaria a la Ley para la ejecucin en la Unin Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias.

El siguiente paso en este proceso viene constituido por la Decisin Marco 2006/783/JAI del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a la aplicacin del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso, cuya incorporacin a nuestro Derecho se efecta en esta ley, dirigida a garantizar en Espaa la mxima cooperacin judicial con el resto de Estados miembros de la Unin Europea.

II

El objeto de esta norma consiste, en primer lugar, en regular el procedimiento a travs del cual se van a transmitir, por parte de las autoridades judiciales espaolas, aquellas sentencias firmes por las que se imponga un decomiso, a otros Estados miembros de la Unin Europea. Y, en segundo lugar, en establecer el modo en el que las autoridades judiciales espaolas van a reconocer y a ejecutar tales resoluciones cuando le sean transmitidas por otro Estado miembro.

Al igual que en las decisiones marco sealadas, y las leyes que ya las han incorporado a nuestro Derecho, la renuncia a la exigencia de control de la doble incriminacin para las infracciones que se establecen y siempre que para ellas se prevean penas privativas de libertad cuya duracin mxima sea de al menos tres aos.

La Ley recoge novedades que provienen de la Decisin marco 2006/783/JAI y que derivan de las exigencias de eficacia que ha de acompaar al reconocimiento mutuo de las resoluciones de decomiso. La primera es la de contar con un concepto homogneo de decomiso, que viene dado por la incorporacin a los ordenamientos nacionales de los Estados miembros de la Decisin marco 2005/212/JAI, del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa al decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito. En este sentido, el alcance que tiene el decomiso en esta ley alcanza a bienes que provienen de actividades delictivas desarrolladas por la persona condenada durante un perodo anterior a la condena, o cuando se tenga constancia de que el valor de la propiedad es desproporcionado con respecto a los ingresos legales de la persona condenada y un rgano judicial nacional, basndose en hechos concretos, est plenamente convencido de su procedencia delictiva. En cambio, quedan fuera de esta ley los supuestos de restitucin de bienes a sus legtimos propietarios.

La ley tambin incorpora las novedades mediante las cuales se tratan de remediar los problemas derivados de las dudas de localizacin de los bienes objeto de decomiso, y ante los cuales se permite que una autoridad judicial transmita su resolucin simultneamente a varios Estados miembros de la Unin Europea. Una previsin que, a su vez, obliga a que haya una mayor comunicacin entre las autoridades judiciales para evitar excesos de ejecucin.

Finalmente, la ley incluye previsiones, ya contenidas en la Decisin marco 2006/783/JAI, que remiten determinados aspectos al acuerdo tanto de las autoridades competentes de los Estados miembros como de sus autoridades judiciales, en cuestiones como el destino de los bienes decomisados o el reembolso de determinados gastos.

Tambin es nueva la previsin de que el Juez de lo Penal pida informe al Ministerio Fiscal antes de reconocer y ejecutar una resolucin de decomiso procedente de otro Estado de la Unin Europea, habida cuenta de la complejidad que pueden conllevar esas resoluciones.

Junto a estas novedades, tambin la ley viene a confirmar cuestiones que ya aparecen en las leyes anteriores que incorporaban las Decisiones marco sobre reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales en la Unin Europea. Tal es el caso de las normas que han de cumplir los jueces espaoles para transmitir y ejecutar las correspondientes resoluciones judiciales y, en especial, el empleo de formularios o certificados. Las Decisiones marco ya se basan en el uso de los formularios que se han de traducir a la lengua que seale el Estado donde est la autoridad judicial que haya de ejecutar la resolucin judicial de que se trate, lo que se concibe como frmula de superacin del obstculo que puede suponer el desconocimiento por parte del juez del idioma en el que reciba una resolucin proveniente de otro Estado.

En este sentido y al igual que han hecho las leyes anteriores, se exige la traduccin al espaol (trmino acuado ante las instituciones comunitarias para designar a nuestro idioma) de los formularios que se remitan a nuestro pas por las autoridades competentes de los dems Estados miembros. Con ello se consolida una lnea de poltica lingstica que constituye una pieza bsica para la eficacia del sistema, consistente en optar por la lengua que conocen todos los jueces de Espaa, sin necesidad de nuevas traducciones en el supuesto de reenvos de las resoluciones dentro del territorio espaol o de desconocimiento del juez de la lengua cooficial y, en definitiva, retrasos en la eficacia de las resoluciones a las que se refiere el certificado. Asimismo, esta es la nica opcin que se ajusta a las Decisiones marco que se refieren a la traduccin a la lengua oficial del Estado de ejecucin, condicin que en Espaa slo corresponde al castellano o espaol, mientras que para las restantes lenguas espaolas la cooficialidad se reduce al territorio de la Comunidad Autnoma de que se trate. Debe destacarse, adems, que esta opcin no excluye que en las actuaciones judiciales que tengan lugar en nuestro pas resulte de aplicacin el artculo 231 de la Ley Orgnica del Poder Judicial, que posibilita la utilizacin de las lenguas oficiales propias de las Comunidades Autnomas.

III

La ley se estructura en tres captulos, a los que se aaden cinco disposiciones adicionales, otra transitoria y tres finales, ms un anexo que incluye el certificado o formulario para la aplicacin del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso.

El primer captulo contiene las disposiciones generales, referidas al objeto de la ley y la posibilidad de mejora del rgimen que establece mediante convenios entre los Estados miembros, se concretan las autoridades que en Espaa sern competentes tanto para emitir las resoluciones objeto de la ley como para ejecutarlas. Se precisa tambin el concepto de decomiso, as como el rgimen de indemnizaciones y reembolsos que deriven de la ejecucin de las resoluciones de decomiso.

El segundo captulo regula la transmisin por las autoridades judiciales espaolas de las resoluciones de decomiso a otros Estados miembros de la Unin Europea, para que stos procedan a su ejecucin. En especial se atiende a la forma de transmisin y al modo en que aqulla ha de documentarse, as como a las consecuencias que se desprenden de la transmisin de una resolucin, en especial cuando la peticin de decomiso se enva a varios Estados.

Se establece la regla de que la transmisin de la resolucin, acompaada de su certificado, no impide que la autoridad judicial espaola pueda ejecutarla, pero s la limita en cuanto a la cantidad de dinero que puede decomisar y le obliga a informar a la autoridad competente del Estado de ejecucin que ella misma o la autoridad de otro Estado al que se haya remitido la misma resolucin haya efectuado y el importe que, en su caso, no se haya ejecutado. Se prev la transformacin del decomiso que afecte a un bien en concreto en una cantidad de dinero equivalente.

Este segundo captulo se cierra con la obligacin de informacin de la autoridad judicial espaola a la autoridad competente en el Estado de ejecucin de la adopcin de cualquier medida que deje sin efecto el decomiso y los recursos que proceden ante aquella.

Por ltimo, el captulo tercero se refiere a la ejecucin en Espaa de aquellas resoluciones que le sean transmitidas por otros Estados miembros de la Unin Europea.

Esta regulacin parte del reconocimiento del principio de no sujecin al control de la doble tipificacin y por tanto del reconocimiento y ejecucin automtico de la resolucin, para admitir a continuacin la existencia de una serie de supuestos en que s se exige la doble tipificacin o en los que la autoridad competente puede denegar el reconocimiento y ejecucin del decomiso. Regula tambin las normas aplicables a la ejecucin de la resolucin. Como excepcin al automatismo de la ejecucin, la ley regula una serie de motivos que justifican la denegacin del reconocimiento y la ejecucin de la resolucin, as como la suspensin de la resolucin de decomiso, y el rgimen de revisin de la sentencia e indulto. Se ha tenido en cuenta al regular estos aspectos la modificacin que operada por la Decisin marco 2009/299/JAI, del Consejo, de 26 de febrero de 2009 por la que se modifican las Decisiones Marco 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI y 2008/947/JAI, destinada a reforzar los derechos procesales de las personas y a propiciar la aplicacin del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones dictadas a raz de juicios celebrados sin comparecencia del imputado. Esta reforma ha afectado tanto a la regulacin de las causas de denegacin del reconocimiento de una resolucin como al formulario que se incluye como anexo en esta ley.

La ley finaliza con la regulacin de la disposicin de los bienes decomisados en Espaa, ya sean dinero u otro tipo de bienes. Un rgimen que no desplaza la aplicacin de aquellas normas especiales ya existentes, tales como las que se aplican al contrabando o trfico ilcito de drogas.

La parte final de la ley contiene una disposicin adicional relativa a la remisin de informacin estadstica. Se incluyen tambin una disposicin transitoria, que determina el rgimen jurdico de las resoluciones que se encuentren en curso a la entrada en vigor de la ley, y tres disposiciones finales. La primera de ellas fundamenta la competencia estatal para dictar esta ley en el artculo 149.1.6. de la Constitucin, la segunda seala que la nueva ley incorpora al Derecho espaol la Decisin Marco 2006/783/JAI y la ltima establece el momento de su entrada en vigor. Se incluye finalmente, en el anexo, el certificado que han de remitir los tribunales espaoles para el reconocimiento de las resoluciones de decomiso impuestas por ellos en otros Estados miembros de la Unin Europea.

CAPTULO I
Disposiciones generales
Artculo 1. Objeto.

1. Esta ley tiene por objeto regular el procedimiento que deben seguir las autoridades judiciales espaolas para transmitir a las autoridades correspondientes de los dems Estados miembros de la Unin Europea, una resolucin de decomiso firme impuesta como consecuencia de la comisin de una infraccin penal.

2. Se regula, asimismo, la actuacin que han de desarrollar las autoridades judiciales espaolas cuando reciban una resolucin de decomiso firme emitida por la autoridad competente de otro Estado miembro de la Unin Europea e impuesta como consecuencia de la comisin de una infraccin penal, para su reconocimiento y ejecucin.

3. Las disposiciones de esta ley se entendern sin perjuicio de la aplicacin de aquellos Convenios con otros Estados miembros de la Unin Europea celebrados por Espaa que contribuyan a una mayor simplificacin y agilidad en los procedimientos de ejecucin de resoluciones de decomiso.

Artculo 2. Estado de emisin y Estado de ejecucin.

A los efectos regulados en esta ley, se entender por:

a) Estado de emisin: El Estado miembro en el que se ha dictado la resolucin de decomiso en relacin con una causa penal.

b) Estado de ejecucin: El Estado miembro al que se ha transmitido la resolucin de decomiso para su reconocimiento y ejecucin.

Artculo 3. Resolucin de decomiso.

1. Se entender por resolucin de decomiso la sancin o medida firme impuesta por un rgano jurisdiccional a raz de un procedimiento relacionado con una o varias infracciones penales, que tenga como resultado la privacin definitiva de bienes.

2. A los efectos de esta ley, la resolucin de decomiso podr afectar a cualquier tipo de bienes, ya sean materiales o inmateriales, muebles o inmuebles, as como los documentos con fuerza jurdica u otros documentos acreditativos de un ttulo o derecho sobre esos bienes respecto de los cuales el rgano jurisdiccional del Estado de emisin haya decidido:

a) Que constituyen el producto de una infraccin penal o equivalen total o parcialmente al valor de dicho producto.

b) Que constituyen los instrumentos de dicha infraccin.

c) Que pueden ser decomisados con motivo de la aplicacin en el Estado de emisin de cualquiera de los supuestos de potestad de decomiso ampliada que se especifican en el artculo 3, apartados 1 y 2, de la Decisin Marco 2005/212/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa al decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito.

d) O que pueden ser decomisados a tenor de cualesquiera otras disposiciones relacionadas con una potestad de decomiso ampliada de conformidad con el Derecho del Estado de emisin.

Artculo 4. Autoridades judiciales espaolas competentes.

1. Ser competente para transmitir una resolucin de decomiso firme impuesta a una persona natural o jurdica a otro Estado miembro de la Unin Europea en el que se encuentren los bienes objeto de decomiso, el juez o tribunal penal competente para su ejecucin en Espaa.

2. Son autoridades competentes para ejecutar en Espaa una resolucin de decomiso transmitida por las autoridades judiciales competentes del Estado de emisin los Jueces de lo Penal del lugar donde se encuentren los bienes objeto de dicha resolucin. Si la resolucin transmitida no concreta el lugar donde se encuentran esos bienes, ser competente el Juez de lo Penal del lugar de residencia del condenado y en tanto no se localicen aquellos bienes en otro lugar distinto.

Artculo 5. Indemnizaciones y reembolsos.

1. El Estado espaol reembolsar al Estado al que se haya transmitido la resolucin las cantidades abonadas en concepto de reparacin de daos y perjuicios causados a los titulares de derechos e intereses legtimos, siempre y cuando stos no se debieran exclusivamente a la actividad de dicho Estado.

2. El Estado espaol reclamar al Estado de la autoridad judicial de emisin el reembolso de las cantidades abonadas en concepto de reparacin de daos y perjuicios causados a los titulares de derechos e intereses legtimos, siempre y cuando stos no sean consecuencia exclusivamente del funcionamiento anormal de la Administracin de Justicia o de error judicial.

CAPTULO II
Transmisin por las autoridades judiciales espaolas de una resolucin de decomiso para su ejecucin en otro Estado miembro de la Unin Europea
Artculo 6. Transmisin de una resolucin de decomiso.

1. La autoridad judicial penal espaola competente para ejecutar un decomiso impuesto a una persona natural o jurdica transmitir la resolucin a la autoridad competente de otro Estado miembro de la Unin Europea, siempre que sta sea firme, y tenga motivos fundados de que los bienes objeto de decomiso se encuentran en dicho Estado.

En caso de que en relacin con esos bienes se hubiera dictado y ejecutado con anterioridad una resolucin en aplicacin de la Ley 18/2006, de 5 de junio, para la eficacia en la Unin Europea de las resoluciones de embargo y de aseguramiento de prueba en procedimientos penales, el Juez de lo Penal recabar los antecedentes al Juez de Instruccin a los efectos de continuar su tramitacin.

2. En el caso de que la autoridad judicial penal espaola no conozca cul es la autoridad competente para ejecutar la resolucin, efectuar todas las investigaciones que considere oportunas y se valer de todos los medios que resulten necesarios, incluidos los puntos de contacto de la Red Judicial Europea.

3. Si la autoridad judicial penal espaola no tiene motivos fundados que le permitan determinar el Estado al que pueda trasladar la resolucin de decomiso, la transmitir a la autoridad competente del Estado miembro donde la persona natural o jurdica contra la que se ha dictado la resolucin resida habitualmente o tenga su domicilio social, respectivamente.

Artculo 7. Documentacin y modo de transmisin.

1. La resolucin que se pretende ejecutar deber ir acompaada de un certificado, cuyo modelo figura en el anexo, el cual ir firmado por la autoridad judicial penal espaola que, conforme a la legislacin interna, fuere competente para su ejecucin.

2. La autoridad judicial penal espaola transmitir la resolucin original o una copia certificada de la misma, junto con el certificado, directamente a la autoridad encargada de la ejecucin, por correo certificado, fax o medios informticos o telemticos que permitan acreditar la autenticidad del contenido, la certeza de la fecha y la identidad del remitente. Todas las comunicaciones entre autoridades judiciales se efectuarn por estos medios.

La autoridad judicial penal espaola mantendr comunicacin de forma directa con la autoridad a la que se dirige la resolucin.

3. El certificado deber traducirse a la lengua oficial o a una de las lenguas oficiales del Estado al que se dirige o, en su caso, a una lengua oficial de las instituciones comunitarias que hubiera aceptado dicho Estado.

Artculo 8. Transmisin de una resolucin de decomiso a ms de un Estado miembro.

1. Una resolucin de decomiso referente a bienes concretos se podr transmitir simultneamente a ms de un Estado de ejecucin cuando se d alguno de los siguientes supuestos:

a) Que la autoridad judicial espaola competente tenga motivos fundados para creer que los distintos bienes objeto de la resolucin de decomiso se encuentran en distintos Estados de ejecucin.

b) Que el decomiso de un bien concreto incluido en la resolucin de decomiso requiera la intervencin en ms de un Estado de ejecucin.

c) Que la autoridad judicial espaola competente tenga motivos fundados para creer que un bien concreto incluido en la resolucin de decomiso est localizado en uno de los dos o ms Estados de ejecucin determinados.

2. Una resolucin de decomiso referente a una cantidad de dinero podr transmitirse simultneamente a ms de un Estado de ejecucin cuando la autoridad judicial espaola competente considere que hay motivos especficos para hacerlo. Entre otros supuestos, se considera que concurren tales motivos:

a) Cuando los bienes afectados no hayan sido embargados con arreglo a la Ley 18/2006, de 5 de junio, para la eficacia en la Unin Europea de las resoluciones de embargo y de aseguramiento de pruebas en procedimientos penales.

b) Cuando el valor de los bienes que pueden ser decomisados en el Estado de emisin y en cualquier Estado de ejecucin probablemente no sea suficiente para ejecutar la cantidad total objeto de la resolucin de decomiso.

3. Cuando no fuera posible llevar a cabo la transmisin simultnea a varios Estados miembros de la Unin Europea y siempre que no se haya cumplido en su totalidad la resolucin de decomiso, se efectuar su remisin de forma sucesiva a los Estados en los que se presuma que se encuentran bienes del condenado.

Artculo 9. Consecuencias de la transmisin de una resolucin de decomiso.

1. La transmisin de una resolucin de decomiso no impedir que la autoridad judicial penal espaola pueda proceder a su ejecucin.

2. En caso de transmisin a uno o ms Estados de ejecucin de una resolucin de decomiso referente a una cantidad de dinero, la autoridad judicial espaola garantizar que el valor total derivado de la ejecucin de la resolucin no exceda del importe mximo especificado en la misma.

3. La autoridad judicial penal espaola informar de inmediato a la autoridad competente de todo Estado de ejecucin afectado, por cualquier medio que pueda dejar constancia escrita, en los siguientes casos:

a) Cuando considere que hay riesgo de que la ejecucin supere el importe mximo especificado. Informar, asimismo, cuando considere que el riesgo mencionado ha dejado de existir.

b) Cuando la totalidad o parte de la resolucin de decomiso haya sido ejecutada en Espaa o en otro Estado de ejecucin. En este caso, se especificar en la comunicacin el importe de la sentencia de decomiso que an no haya sido ejecutado.

c) Si, con posterioridad a la transmisin de una resolucin de decomiso, una autoridad espaola ha recibido una cantidad de dinero pagada voluntariamente por el condenado en cumplimiento de la resolucin de decomiso. En este caso, se indicar si queda parte de la resolucin por ejecutar y su importe.

Artculo 10. Transformacin del decomiso.

Cuando una resolucin de decomiso afecte a un bien en concreto y por cualquier circunstancia no fuera posible el decomiso del mismo, la autoridad judicial espaola solicitar a la autoridad competente del Estado de ejecucin que el decomiso adopte la forma de obligacin de pago de una cantidad de dinero equivalente al valor del bien de que se trate.

Artculo 11. Terminacin de la ejecucin.

La autoridad judicial penal espaola informar de inmediato a la autoridad competente del Estado de ejecucin de toda decisin o medida que tenga por efecto anular el carcter ejecutorio de la sentencia o retirar la resolucin del Estado de ejecucin por cualquier otro motivo.

Artculo 12. Reembolso de gastos excepcionales.

La autoridad judicial espaola que reciba una comunicacin de la autoridad del Estado de ejecucin sobre gastos especiales que ha conllevado la ejecucin de la resolucin de decomiso, lo comunicar al Ministerio de Justicia a efectos de un posible acuerdo sobre el reparto de los costes con el Estado de ejecucin.

Artculo 13. Revisin de la resolucin de decomiso.

1. En caso de impugnacin de la resolucin de decomiso, la misma se resolver por la autoridad judicial competente para el conocimiento del recurso interpuesto.

2. En caso de estimacin de un recurso que afecte a la resolucin de decomiso, la autoridad judicial penal espaola lo comunicar inmediatamente al Estado de ejecucin.

CAPTULO III
Ejecucin en Espaa de una resolucin de decomiso emitida por la autoridad judicial de otro Estado miembro de la Unin Europea
Artculo 14. Principio de doble tipificacin.

1. Las resoluciones de decomiso firmes adoptadas por el Estado de emisin para su ejecucin en Espaa no estarn sujetas a control de la doble tipificacin cuando se refieran a hechos enjuiciados como algunos de los delitos que se enuncian a continuacin, siempre que estn castigados en dicho Estado con penas privativas de libertad cuya duracin mxima sea de al menos tres aos. Estos delitos son los siguientes:

Pertenencia a una organizacin delictiva.

Terrorismo.

Trata de seres humanos.

Explotacin sexual de menores y pornografa infantil.

Trfico ilcito de drogas y sustancias psicotrpicas.

Trfico ilcito de armas, municiones y explosivos.

Corrupcin.

Fraude, incluido el que afecte a los intereses financieros de las Comunidades Europeas.

Blanqueo de los productos del delito.

Falsificacin de moneda, con inclusin del euro.

Delitos informticos.

Delitos contra el medio ambiente, incluido el trfico ilcito de especies animales protegidas y de especies y variedades vegetales protegidas.

Ayuda a la entrada y a la estancia irregulares.

Homicidio y agresin con lesiones graves.

Trfico ilcito de rganos y tejidos humanos.

Secuestro, retencin ilegal y toma de rehenes.

Racismo y xenofobia.

Robos organizados o a mano armada.

Trfico ilcito de bienes culturales, incluidas las antigedades y las obras de arte.

Estafa.

Chantaje y extorsin de fondos.

Violacin de derechos de propiedad intelectual o industrial y falsificacin de mercancas.

Falsificacin de documentos administrativos y trfico de documentos falsos.

Falsificacin de medios de pago.

Trfico ilcito de sustancias hormonales y otros factores de crecimiento.

Trfico ilcito de materias nucleares y radiactivas.

Trfico de vehculos robados.

Violacin.

Incendio provocado.

Delitos incluidos en la jurisdiccin de la Corte Penal Internacional.

Apoderamiento ilegal de aeronaves y buques.

Sabotaje.

2. Cuando el Juez de lo Penal competente reciba la resolucin de una autoridad judicial de otro Estado miembro de la Unin Europea para que ejecute una resolucin de decomiso impuesta por una infraccin penal no prevista en el apartado anterior, supeditar el reconocimiento y la ejecucin de la misma a la condicin de que el hecho por el que la misma se haya dictado sea tambin constitutivo de infraccin penal segn el Derecho espaol.

Artculo 15. Reconocimiento de las resoluciones.

1. El Juez de lo Penal competente estar obligado a reconocer y a ejecutar, sin ms trmite que el informe del Ministerio Fiscal, una resolucin de decomiso cuando el bien sobre el que recaiga se encuentre en Espaa, que haya sido debidamente transmitida por la autoridad competente del Estado de emisin, salvo en aquellos casos en que concurra alguno de los motivos para el no reconocimiento o la no ejecucin que se contemplan en el artculo 19.

El Juez de lo Penal, previo informe del Ministerio Fiscal emitido en el plazo de 7 das, acordar el despacho de ejecucin de la resolucin de decomiso debidamente transmitida mediante auto, en un plazo mximo de 15 das desde su recepcin. La adopcin de la resolucin de decomiso de que se trate suceder, en su caso, a las medidas que sobre los mismos bienes se hubieran acordado en aplicacin de la Ley 18/2006, de 5 de junio, para la eficacia en la Unin Europea de las resoluciones de embargo y de aseguramiento de pruebas en procedimientos penales.

Cuando el certificado que acompae a la resolucin de decomiso no venga traducido al espaol se remitir inmediatamente a la autoridad judicial que lo hubiera firmado para que lleve a cabo la traduccin correspondiente.

Los Jueces de lo Penal competentes admitirn las resoluciones de decomiso que regula esta ley que se efecten mediante correo certificado, fax o medios informticos o telemticos que permitan acreditar la autenticidad del contenido, la certeza de la fecha y la identidad del remitente.

2. Cuando un Juez de lo Penal reciba una resolucin para su reconocimiento y ejecucin y no sea competente para ello, la transmitir de oficio al que lo sea, si as se desprende de la documentacin recibida, e informar de ello inmediatamente y por cualquier medio que deje constancia escrita a la autoridad del Estado de emisin.

Artculo 16. Ejecucin de las resoluciones.

1. En caso de que una solicitud de decomiso afecte a un bien concreto y por cualquier circunstancia no fuera posible el decomiso del mismo, los Jueces de lo Penal competentes acordarn que el decomiso adopte la forma de la obligacin de pago de una cantidad de dinero correspondiente al valor del bien de que se trate.

2. En caso de que una resolucin de decomiso se refiera a una cantidad de dinero, los Jueces de lo Penal competentes, en caso de que no puedan obtener el pago, ejecutarn la resolucin de decomiso sobre cualquier bien disponible a tal efecto.

3. En caso de que una resolucin de decomiso se refiera a una cantidad de dinero, los Jueces de lo Penal competentes convertirn, cuando sea necesario, el importe que deba decomisarse a la moneda del Estado de ejecucin, aplicando el tipo de cambio vigente en el momento de dictarse la resolucin de decomiso.

4. El Juez de lo Penal competente informar a la autoridad competente del Estado de emisin, por cualquier medio que deje constancia escrita, de la ejecucin de la resolucin tan pronto como sta haya finalizado.

Artculo 17. Ejecucin de resoluciones de decomiso mltiples.

1. Cuando el Juez de lo Penal competente estuviera tramitando dos o ms resoluciones de decomiso referentes bien a una cantidad de dinero dictadas contra la misma persona natural o jurdica que no disponga de medios suficientes en Espaa para que se ejecuten todas las resoluciones, o bien referentes a un mismo bien, habr de decidir cul o cules de las resoluciones de decomiso se ejecutarn, tras considerar debidamente todas las circunstancias. Para adoptar esta decisin se tendr en cuenta principalmente y por este orden la existencia de un embargo preventivo, la gravedad relativa y el lugar de la infraccin, las fechas de las resoluciones respectivas y las fechas de su transmisin. El Juez de lo Penal competente comunicar sin dilacin su decisin a las autoridades competentes del Estado o Estados de emisin.

2. En caso de que el condenado pudiera facilitar la prueba del decomiso, total o parcial, efectuado en otro Estado, el Juez de lo Penal competente consultar a la autoridad competente del Estado de emisin por cualquiera de los medios previstos en el artculo 7.2. En caso de decomiso de productos de un delito, toda porcin del valor de los bienes afectados que se recupere en virtud de la resolucin de decomiso en otro Estado se deducir en su totalidad del valor de los bienes que se han de decomisar en Espaa.

Artculo 18. Derecho por el que se regir la ejecucin.

1. La ejecucin de la resolucin se regir por el Derecho espaol y se llevar a cabo del mismo modo que si el decomiso se hubiera impuesto por un tribunal espaol.

2. Tambin se ejecutar la resolucin de decomiso que se haya impuesto en el Estado de emisin a una persona jurdica por una infraccin para la que no se prevea su responsabilidad de acuerdo con el Derecho espaol.

3. En caso de imposibilidad de ejecucin de una resolucin de decomiso, el Juez de lo Penal informar a la autoridad competente del Estado de emisin sin dilacin, sin que se puedan ejecutar medidas alternativas no previstas en el Derecho espaol.

Artculo 19. Denegacin del reconocimiento y ejecucin de la resolucin.

1. El Juez de lo Penal competente denegar el reconocimiento y la ejecucin de las resoluciones de decomiso en los siguientes casos:

a) Cuando se haya dictado en Espaa o en otro Estado distinto al de emisin una resolucin firme, condenatoria o absolutoria contra la misma persona y respecto de los mismos hechos, y su ejecucin vulnerase el principio non bis in idem en los trminos previstos en las leyes y en los convenios o tratados internacionales ratificados por Espaa, y aun cuando el condenado hubiera sido posteriormente indultado.

b) Cuando se trate de una resolucin de decomiso impuesta por una infraccin distinta de las reguladas en el apartado 1 del artculo 14 y sta no se encuentre tipificada en el Derecho espaol.

No obstante lo anterior, cuando la resolucin de decomiso se haya impuesto por una infraccin penal en materia tributaria o de control de cambios, no podr denegarse la ejecucin de la resolucin de decomiso si el fundamento fuere que la legislacin espaola no establece el mismo tributo o no contiene la misma regulacin en materia tributaria y de control de cambios que la legislacin del Estado de emisin.

c) Cuando exista una inmunidad que impida la ejecucin de la resolucin.

d) Cuando los derechos de las partes interesadas, incluidos los terceros de buena fe con arreglo a la legislacin espaola, impiden la ejecucin de la resolucin de decomiso.

e) Cuando, segn el certificado, el imputado no compareci en el juicio del que deriva la resolucin de decomiso, salvo que en el certificado conste, con arreglo a otros requisitos procesales definidos en la legislacin nacional del Estado de emisin alguna de las siguientes circunstancias:

1. Que, con la suficiente antelacin, el imputado fue citado en persona e informado del lugar y la fecha previstos para el juicio del que deriva la resolucin, o recibi informacin oficial de la fecha y lugar previstos para el juicio por otros medios que dejen constancia de su efectivo conocimiento, y fue informado de que podra dictarse una resolucin en caso de incomparecencia.

2. Que, teniendo conocimiento de la celebracin prevista del juicio, dio mandato a un letrado bien designado por l mismo o por el Estado, para que le defendiera en juicio, y fue efectivamente defendido por dicho letrado en el juicio.

3. Que, tras serle notificada la resolucin de decomiso y ser informado expresamente de su derecho a un nuevo juicio o a interponer un recurso con la posibilidad de que de ese nuevo proceso, en el que tendra derecho a comparecer, derivase una resolucin contraria a la inicial, el imputado declar expresamente que no impugnaba la resolucin, o no solicit la apertura de un nuevo juicio ni interpuso recurso dentro del plazo previsto para ello.

f) Cuando la resolucin se refiera a hechos que el Derecho espaol considere cometidos en su totalidad o en parte en territorio espaol o cuando se hayan cometido fuera del Estado emisor y el Derecho espaol no permita la persecucin de dichas infracciones cuando se hayan cometido fuera de su territorio.

g) Cuando el Juez considere incompatible con los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitucin la resolucin adoptada en aplicacin de las disposiciones sobre la potestad de decomiso ampliada a que se refiere la letra d) del apartado 2 del artculo 3.

h) Cuando la resolucin se refiera a hechos para cuyo enjuiciamiento sean competentes las autoridades espaolas y, de haberse dictado la condena por un rgano jurisdiccional espaol, la sancin impuesta hubiese prescrito de conformidad con el Derecho espaol.

i) Cuando falte el certificado que ha de acompaar a la solicitud de ejecucin de la resolucin, sea incompleto o no se corresponda manifiestamente con la resolucin.

2. En los casos a que hacen referencia las letras a), e), f), g) e i), as como de la letra d) cuando no se hubiera informado de la interposicin de un recurso en Espaa, del apartado 1 de este artculo, antes de denegar el reconocimiento y la ejecucin de la resolucin, el Juez de lo Penal habr de consultar a la autoridad del Estado de emisin, por cualquiera de los medios previstos en el artculo 7.2, para que aclare la situacin y, en su caso, subsane el defecto en que se hubiera incurrido. En los dems casos del apartado 1 de este artculo, la consulta ser potestativa para el Juez de lo Penal.

Artculo 20. Supuestos de imposibilidad de ejecucin de la resolucin de decomiso.

Cuando no sea posible ejecutar la resolucin de decomiso debido a que el bien al que se refiera ya haya sido decomisado, hubiera desaparecido, haya sido destruido o no se encontrara en la localizacin indicada en el certificado o a que no se indicara con la suficiente precisin dnde se encuentra el bien, incluso tras consultar con el Estado de emisin, el Juez de lo Penal competente informar de ello sin demora a la autoridad competente del Estado de emisin.

Artculo 21. Suspensin de la ejecucin.

1. El Juez de lo Penal competente podr suspender la ejecucin de una resolucin de decomiso transmitida en los siguientes supuestos:

a) Cuando, en el caso de una resolucin de decomiso referente a una cantidad de dinero, considere que hay riesgo de que el valor total derivado de su ejecucin pueda exceder del importe especificado en la resolucin como consecuencia de su ejecucin simultnea en ms de un Estado miembro.

b) Cuando la ejecucin de la resolucin de decomiso pueda impedir el buen desarrollo de una investigacin o actuacin penal en curso, durante el tiempo que estime razonable.

c) Cuando considere necesario traducir, sin repercutir su coste al Estado de emisin, la resolucin de decomiso o partes de ella, por el tiempo necesario para obtener su traduccin.

d) Cuando el bien ya fuera objeto de un procedimiento de decomiso en Espaa.

2. El Juez de lo Penal competente adoptar, durante el perodo de suspensin, las medidas necesarias para asegurar la ejecucin de la resolucin de decomiso.

3. En caso de suspensin de conformidad con la letra a) del apartado 1 de este artculo, el Juez de lo Penal competente informar de ello sin dilacin a la autoridad competente del Estado de emisin por cualquier medio que pueda dejar constancia escrita.

4. En los casos contemplados en letras b), c) y d) del apartado 1 de este artculo, el Juez de lo Penal comunicar sin dilacin la suspensin de la ejecucin de la resolucin de decomiso, sus motivos y, si es posible, su duracin prevista, a la autoridad competente del Estado de emisin por cualquier medio que pueda dejar constancia escrita.

5. Tan pronto como hayan dejado de existir los motivos de suspensin, el Juez de lo Penal competente tomar de inmediato las medidas oportunas para ejecutar la resolucin de decomiso e informar de ello a la autoridad competente del Estado de emisin por cualquier medio que pueda dejar constancia escrita.

Artculo 22. Comunicacin al Ministerio Fiscal.

Cualquiera que sea la decisin adoptada, el Juez de lo Penal la notificar al Ministerio Fiscal al mismo tiempo que la transmite a la autoridad competente del Estado de emisin.

Artculo 23. Recursos.

1. Contra las resoluciones dictadas por el Juez de lo Penal que resuelvan acerca del reconocimiento y ejecucin de las resoluciones emitidas por una autoridad de otro Estado miembro de la Unin Europea, el Ministerio Fiscal, el condenado o los titulares de derechos e intereses legtimos que puedan verse afectados podrn interponer el recurso de reforma y el de apelacin, que no suspendern la ejecucin.

El recurso de apelacin podr interponerse subsidiariamente con el de reforma o por separado. En ningn caso ser necesario interponer previamente el de reforma para presentar la apelacin. Todos estos recursos se tramitarn de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la recurribilidad de los autos de los Jueces de lo Penal en el procedimiento abreviado.

2. Tan pronto como se interpongan los recursos de reforma o de apelacin, el Juez de lo Penal comunicar esta circunstancia al rgano judicial del Estado emisor, por cualquier medio que deje constancia escrita, en condiciones que permitan a la autoridad judicial a la que se dirige establecer su autenticidad, para que exponga, en su caso, las consideraciones que estime oportunas en el plazo de cinco das desde la recepcin del certificado.

3. El Juez de lo Penal informar a la autoridad judicial del Estado de emisin, de la resolucin del recurso de reforma o apelacin.

4. Los motivos de fondo por los que se haya adoptado la resolucin slo podrn ser impugnados mediante un recurso interpuesto en el Estado miembro de la autoridad judicial de emisin.

Artculo 24. Disposicin de los bienes decomisados.

1. El Juez de lo Penal competente dispondr del dinero obtenido de la ejecucin de la resolucin de decomiso de acuerdo con las siguientes reglas:

a) Si el importe obtenido de la ejecucin de la resolucin de decomiso es inferior a 10.000 euros o al equivalente a dicho importe, el mismo se ingresar en la cuenta de depsitos y consignaciones judiciales.

b) En todos los dems casos, se transferir al Estado de emisin el 50 por 100 del importe que se haya obtenido de la ejecucin de la resolucin de decomiso. El 50 por 100 restante se ingresar en la cuenta de depsitos y consignaciones judiciales.

Las cantidades que, en aplicacin de lo dispuesto anteriormente, correspondan a Espaa sern transferidas por el Secretario judicial al Tesoro Pblico con aplicacin, en su caso, de lo que se establezca en normas especiales y, particularmente, en lo previsto por el artculo 374 del Cdigo Penal y por la Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el Fondo de bienes decomisados por trfico ilcito de drogas y otros delitos relacionados y en su normativa de desarrollo.

2. El Juez de lo Penal competente decidir que los bienes que no sean dinero u otros instrumentos de pago al portador obtenidos de la ejecucin de la resolucin de decomiso sean enajenados y aplicados de la forma prevista en el apartado anterior.

La enajenacin de los bienes se realizar de acuerdo con la legislacin espaola, observndose, cuando proceda, lo previsto por la Ley Orgnica 12/1995, de 12 de diciembre, de represin del contrabando y su normativa de desarrollo.

3. Cuando de la ejecucin de la resolucin de decomiso resulten afectados bienes integrantes del patrimonio histrico espaol, el Juez de lo Penal, en ningn caso, proceder a su enajenacin o restitucin al Estado de emisin. En tal supuesto, lo comunicar a las autoridades espaolas competentes y sern de aplicacin las disposiciones de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histrico Espaol y su normativa de desarrollo.

4. El Estado espaol no reclamar al Estado de emisin el reembolso de los gastos que resulten de la ejecucin de la resolucin de decomiso. No obstante, si la ejecucin de la resolucin ha conllevado gastos que considera de ndole sustancial o excepcional, el Juez de lo Penal lo comunicar al Ministerio de Justicia para que ste llegue a un acuerdo con las autoridades competentes del Estado de emisin sobre el reparto de costes.

Disposicin adicional primera. Remisin de informacin estadstica.

De conformidad con las directrices que, en su caso, se fijen por la Comisin Nacional de Estadstica Judicial, los Juzgados o Tribunales que transmitan o reciban resoluciones de decomiso en los casos previstos en esta Ley, lo comunicarn al Consejo General del Poder Judicial.

El Consejo General del Poder Judicial remitir semestralmente la informacin a la que se refiere el prrafo anterior al Ministerio de Justicia.

Disposicin adicional segunda.

Se modifica el artculo 98 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que queda redactado como sigue:

Artculo 98. Resolucin judicial.

Transcurrido el plazo de impugnacin del inventario y de la lista de acreedores sin que se hubieren presentado impugnaciones o, de haberse presentado, una vez puestos de manifiesto en la Oficina judicial los textos definitivos de aquellos documentos, el Juez dictar la resolucin que proceda de conformidad con lo dispuesto en este ttulo.

Esta resolucin ser apelable y tendr la consideracin de apelacin ms prxima a los solos efectos de reproducir las cuestiones planteadas en los recursos de reposicin o incidentes concursales durante la fase comn a que se refiere el artculo 197.4.

Disposicin adicional tercera.

Se modifica la disposicin adicional octava de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del rgimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, que queda redactada como sigue:

Disposicin adicional octava.

Los Jueces de adscripcin territorial a los que se refiere el artculo 347 bis de la Ley Orgnica del Poder Judicial percibirn, en concepto de retribuciones complementarias fijadas en esta Ley:

1. Por grupo de poblacin, el complemento de destino correspondiente a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia al que estuvieran adscritos.

2. Por representacin, el complemento de destino correspondiente a los Magistrados de los rganos unipersonales del grupo de poblacin que les corresponda conforme a lo previsto en el apartado anterior.

Las retribuciones bsicas sern las previstas en esta Ley de acuerdo con su categora.

Disposicin adicional cuarta.

Se modifica la disposicin adicional primera y se aade una nueva disposicin adicional cuarta, en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgnico del Ministerio Fiscal, quedando redactadas como siguen:

Disposicin adicional primera.

En cuanto a la adquisicin y prdida de la condicin de miembro de la Carrera Fiscal, incapacidades, situaciones administrativas, deberes y derechos, incompatibilidades, prohibiciones y responsabilidades de los mismos, ser de aplicacin supletoria lo dispuesto para Jueces y Magistrados en la Ley Orgnica del Poder Judicial.

Disposicin adicional cuarta.

1. Los miembros de la Carrera Fiscal se sustituirn entre s, de acuerdo con lo dispuesto en este Estatuto, en las normas reglamentarias que lo desarrollen y en las Instrucciones que, con carcter general, dicte el Fiscal General del Estado.

2. Cuando no pueda acudirse al sistema de sustituciones ordinarias, podrn ser nombrados con carcter excepcional Fiscales sustitutos en los casos de vacantes, licencias, servicios especiales u otras causas que lo justifiquen.

3. El rgimen jurdico de los Fiscales sustitutos ser objeto de desarrollo reglamentario en trminos anlogos a lo previsto para los Magistrados suplentes y Jueces sustitutos en la Ley Orgnica del Poder Judicial, que ser aplicable supletoriamente en esta materia.

Disposicin adicional quinta.

Se adicionan un nuevo artculo 2 bis a la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcacin y Planta Judicial, con la siguiente redaccin:

Artculo 2 bis.

1. En cada Tribunal Superior de Justicia, y para el mbito territorial de la provincia, se crean las plazas de Jueces de adscripcin territorial que se fijan en el anexo IV de esta Ley, de acuerdo con lo previsto en el artculo 347 bis de la LOPJ.

2. El desarrollo posterior de estas plazas de Jueces de adscripcin territorial as como su modificacin se efectuar mediante Real Decreto, de acuerdo con lo establecido en el artculo 20 de esta Ley.

Disposicin transitoria nica. Resoluciones en curso.

1. Esta ley ser aplicable a las resoluciones que se transmitan o reciban con posterioridad a su entrada en vigor, con independencia de que hubieran sido dictadas con anterioridad.

2. Las resoluciones de decomiso que se encuentren en ejecucin en el momento de la entrada en vigor de esta ley, seguirn tramitndose hasta su conclusin conforme a las normas vigentes en aquel momento.

Disposicin final primera. Ttulo competencial.

Esta ley se dicta en ejercicio de la competencia atribuida al Estado en materia de legislacin procesal por el artculo 149.1.6. de la Constitucin.

Disposicin fina segunda. Incorporacin de Derecho de la Unin Europea.

En esta ley se incorpora al Derecho espaol la Decisin Marco 2006/783/JAI del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a la aplicacin del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso, as como la modificacin que de esta norma efecta la Decisin marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero, por la que se modifican las Decisiones Marco 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI y 2008/947/JAI, destinada a reforzar los derechos procesales de las personas y a propiciar la aplicacin del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones dictadas a raz de juicios celebrados sin comparecencia del imputado.

Disposicin final tercera. Entrada en vigor.

La presente ley entrar en vigor a los veinte das de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

Lo dispuesto en las disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta y quinta entrar en vigor el da siguiente del que lo haga la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislacin procesal para la implantacin de la Nueva Oficina Judicial.

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid,10 de marzo de 2010.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOS LUIS RODRGUEZ ZAPATERO

ANEXO
Certificado para la ejecucin de resoluciones de decomiso en otro Estado miembro de la Unin Europea

Imagen: /datos/imagenes/disp/2010/61/04048_001.png

Imagen: /datos/imagenes/disp/2010/61/04048_002.png

Imagen: /datos/imagenes/disp/2010/61/04048_003.png

Imagen: /datos/imagenes/disp/2010/61/04048_004.png

Imagen: /datos/imagenes/disp/2010/61/04048_005.png

Imagen: /datos/imagenes/disp/2010/61/04048_006.png

Imagen: /datos/imagenes/disp/2010/61/04048_007.png

Imagen: /datos/imagenes/disp/2010/61/04048_008.png

Análisis

  • Rango: Ley
  • Fecha de disposición: 10/03/2010
  • Fecha de publicación: 11/03/2010
  • Entrada en vigor, con la salvedad indicada, el 31 de marzo de 2010.
  • Fecha de derogación: 11/12/2014
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

Referencias anteriores
  • MODIFICA:
    • art. 98 de la Ley 22/2003, de 9 de julio (Ref. BOE-A-2003-13813).
    • Disposicin adicional 8 de la Ley 15/2003 de 26 de mayo (Ref. BOE-A-2003-10524).
    • la disposicin adicional 1 y AADE una disposicin adicional 4 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-1982-837).
  • AADE el art. 2. bis a la Ley 38/1988, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-1988-29622).
  • DE CONFORMIDAD con Decisin 2006/783/JAI, de 6 de octubre (Ref. DOUE-L-2006-82231).
Materias
  • Administracin de Justicia
  • Bienes decomisados
  • Carrera Fiscal
  • Carrera Judicial
  • Certificaciones
  • Consejo General del Poder Judicial
  • Cooperacin judicial internacional
  • Delitos
  • Demarcacin judicial
  • Documentos
  • Formularios administrativos
  • Juzgados de lo Penal
  • Ministerio Fiscal
  • Procedimiento concursal
  • Retribuciones
  • Unin Europea

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid