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Documento BOE-A-2007-7788

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Bsico del Empleado Pblico.

TEXTO

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

EXPOSICIN DE MOTIVOS

El Estatuto Bsico del Empleado Pblico establece los principios generales aplicables al conjunto de las relaciones de empleo pblico, empezando por el de servicio a los ciudadanos y al inters general, ya que la finalidad primordial de cualquier reforma en esta materia debe ser mejorar la calidad de los servicios que el ciudadano recibe de la Administracin.

El Estatuto Bsico del Empleado Pblico contiene aquello que es comn al conjunto de los funcionarios de todas las Administraciones Pblicas, ms las normas legales especficas aplicables al personal laboral a su servicio. Partiendo del principio constitucional de que el rgimen general del empleo pblico en nuestro pas es el funcionarial, reconoce e integra la evidencia del papel creciente que en el conjunto de Administraciones Pblicas viene desempeando la contratacin de personal conforme a la legislacin laboral para el desempeo de determinadas tareas. En ese sentido, el Estatuto sintetiza aquello que diferencia a quienes trabajan en el sector pblico administrativo, sea cual sea su relacin contractual, de quienes lo hacen en el sector privado.

El Estatuto Bsico es un paso importante y necesario en un proceso de reforma, previsiblemente largo y complejo, que debe adaptar la articulacin y la gestin del empleo pblico en Espaa a las necesidades de nuestro tiempo, en lnea con las reformas que se vienen emprendiendo ltimamente en los dems pases de la Unin Europea y en la propia Administracin comunitaria.

Las Administraciones y entidades pblicas de todo tipo deben contar con los factores organizativos que les permitan satisfacer el derecho de los ciudadanos a una buena administracin, que se va consolidando en el espacio europeo, y contribuir al desarrollo econmico y social. Entre esos factores el ms importante es, sin duda, el personal al servicio de la Administracin.

El sistema de empleo pblico que permite afrontar estos retos es aquel que hace posible atraer los profesionales que la Administracin necesita, que estimula a los empleados para el cumplimiento eficiente de sus funciones y responsabilidades, les proporciona la formacin adecuada y les brinda suficientes oportunidades de promocin profesional, al tiempo que facilita una gestin racional y objetiva, gil y flexible del personal, atendiendo al continuo desarrollo de las nuevas tecnologas.

Para eso, la legislacin bsica de la funcin pblica debe crear el marco normativo que garantice la seleccin y la carrera sobre la base de los criterios constitucionales de mrito y capacidad y que establezca un justo equilibrio entre derechos y responsabilidades de los empleados pblicos. Adems, la legislacin bsica ha de prever los instrumentos que faculten a las diferentes Administraciones para la planificacin y ordenacin de sus efectivos y la utilizacin ms eficiente de los mismos.

Ahora bien, en nuestro pas especficamente, esta legislacin debe tener en cuenta el amplio proceso de descentralizacin administrativa que ha tenido lugar durante las ltimas dcadas. En virtud de l, la Administracin General del Estado es, de los tres niveles territoriales de gobierno, la que cuenta en la actualidad con menor nmero de empleados. La progresiva y drstica reduccin de sus efectivos, unida a los cambios en las funciones que realiza, no puede dejar de afectar a la estructura y articulacin de la funcin pblica a su servicio. En paralelo, la emergencia de las Administraciones autonmicas, que hoy cuentan prcticamente con la mitad de los empleados pblicos del pas, ha hecho aflorar sus propios problemas y necesidades de gestin de personal. Algo semejante puede decirse de las entidades locales, que presentan por lo dems hondas diferencias entre ellas, en las que el nmero de empleados ha experimentado tambin un importante crecimiento.

Quiere eso decir que el rgimen de la funcin pblica no puede configurarse hoy sobre la base de un sistema homogneo que tenga como modelo nico de referencia a la Administracin del Estado. Por el contrario, cada Administracin debe poder configurar su propia poltica de personal, sin merma de los necesarios elementos de cohesin y de los instrumentos de coordinacin consiguientes. Por tanto, la densidad de la legislacin bsica en materia de funcin pblica debe reducirse hoy en da, en comparacin con pocas pasadas, teniendo en cuenta en todo caso las determinaciones de los Estatutos de Autonoma y la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional.

De otra parte, la apertura de mayores espacios a la autonoma organizativa en materia de personal es tambin necesaria para posibilitar la regulacin diferenciada de los sectores del empleo pblico que lo requieran. Asistimos hoy, en efecto, a una gradual multiplicacin de las formas de gestin de las actividades pblicas dentro de cada nivel territorial de gobierno, que persigue responder adecuadamente a las exigencias que plantea, en cada caso, el servicio eficaz a los ciudadanos. La organizacin burocrtica tradicional, creada esencialmente para el ejercicio de potestades pblicas en aplicacin de las leyes y reglamentos, se ha fragmentado en una pluralidad de entidades y organismos de muy diverso tipo, dedicadas unas a la prestacin de servicios directos a la ciudadana y otras al ejercicio de renovadas funciones de regulacin y control. Esta diversidad de organizaciones ha contribuido igualmente a la heterogeneidad actual de los regmenes de empleo pblico. La correcta ordenacin de este ltimo requiere soluciones en parte diferentes en unos y otros sectores y, por eso, la legislacin general bsica no puede constituir un obstculo ni un factor de rigidez. Antes al contrario, ha de facilitar e impulsar las reformas que sean necesarias para la modernizacin administrativa en todos los mbitos.

En fin, la manifestacin ms significativa de esa tendencia a la diversidad viene siendo el recurso por muchas Administraciones Pblicas a la contratacin de personal conforme a la legislacin laboral. Si bien por imperativo constitucional no puede ser ste el rgimen general del empleo pblico en nuestro pas, ni existen razones que justifiquen hoy una extensin relevante de la contratacin laboral en el sector pblico, no debe desconocerse que un porcentaje significativo de los empleados pblicos tienen la condicin de personal laboral, conforme a la legislacin vigente. La flexibilidad que este rgimen legal introduce en el empleo pblico y su mayor proximidad a los criterios de gestin de la empresa privada explican la preferencia por l en determinadas reas de la Administracin.

Esta dualidad de regmenes, presente tambin con unas u otras peculiaridades en la mayora de los Estados europeos, suscita no obstante algunos problemas jurdicos y de gestin de personal, que no pueden dejar de contemplarse y regularse, en sus aspectos esenciales, por una ley que aspira a ordenar el sistema de empleo pblico en su conjunto. Es ms, como la experiencia demuestra y la jurisprudencia de los Tribunales subraya, la relacin laboral de empleo pblico est sujeta a ciertas especificidades y por eso algunos principios, como los de mrito y capacidad en el acceso, y ciertas normas de derecho pblico, como el rgimen de incompatibilidades, vienen siendo de aplicacin comn al personal estatutario y al laboral. Ms aun, la negociacin colectiva del personal al servicio de las Administraciones Pblicas, aunque separada para uno y otro tipo de personal hasta este momento, ha tenido como consecuencia una creciente aproximacin de las condiciones de empleo que les afectan. Por eso, sin merma de la aplicacin de la legislacin laboral general en lo que proceda y siguiendo las recomendaciones de los expertos, conviene regular en el mismo texto legal que articula la legislacin bsica del Estado sobre la funcin pblica aquellas peculiaridades de la relacin laboral de empleo pblico. El presente Estatuto contiene, pues, tambin las normas que configuran esta relacin laboral de empleo pblico, en virtud de la competencia que atribuye al Estado el artculo 149.1.7. de la Constitucin.

En desarrollo de este Estatuto Bsico, el legislador estatal y el de las Comunidades Autnomas, en el mbito de sus respectivas competencias, habrn de aprobar o modificar las leyes de funcin pblica de sus Administraciones, as como las normas aplicables a la Administracin local, respetando en este ltimo caso la autonoma organizativa de las entidades locales. Dichas leyes podrn ser, asimismo, generales o referirse a sectores especficos de la funcin pblica que lo requieran. Entre estas ltimas habr que contar necesariamente las que afecten al personal docente y al personal estatutario de los servicios de salud, constituyendo, en relacin a este ltimo colectivo, norma vigente la Ley 55/2003, de 14 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, y asimismo su normativa de desarrollo, con independencia de la vocacin universal de aplicacin y de norma de referencia, en definitiva, del Estatuto Bsico del Empleado Pblico. Por lo que se refiere al personal laboral, en lo no dispuesto por el Estatuto Bsico, que regula las especialidades del empleo pblico de esta naturaleza, habr de aplicarse la legislacin laboral comn.

La negociacin colectiva de los funcionarios pblicos y del personal laboral, en los trminos que contempla el presente Estatuto, habr de contribuir finalmente a concretar las condiciones de empleo de todo el personal al servicio de la Administracin, como ya sucede en la actualidad.

Se empieza por un conjunto de principios generales exigibles a quienes son empleados pblicos. A continuacin se incluye un listado de derechos bsicos y comunes de los empleados pblicos, diferenciando eso s el ms especfico derecho de los funcionarios de carrera a la inamovilidad en su condicin, que no debe contemplarse como un privilegio corporativo sino como la garanta ms importante de su imparcialidad. El Estatuto actualiza ese catlogo de derechos, distinguiendo entre los de carcter individual y los derechos colectivos, e incorporando a los ms tradicionales otros de reciente reconocimiento, como los relativos a la objetividad y transparencia de los sistemas de evaluacin, al respeto de su intimidad personal, especialmente frente al acoso sexual o moral, y a la conciliacin de la vida personal, familiar y laboral.

Por primera vez se establece en nuestra legislacin una regulacin general de los deberes bsicos de los empleados pblicos, fundada en principios ticos y reglas de comportamiento, que constituye un autntico cdigo de conducta. Estas reglas se incluyen en el Estatuto con finalidad pedaggica y orientadora, pero tambin como lmite de las actividades lcitas, cuya infraccin puede tener consecuencias disciplinarias. Pues la condicin de empleado pblico no slo comporta derechos, sino tambin una especial responsabilidad y obligaciones especficas para con los ciudadanos, la propia Administracin y las necesidades del servicio. Este, el servicio pblico, se asienta sobre un conjunto de valores propios, sobre una especfica cultura de lo pblico que, lejos de ser incompatible con las demandas de mayor eficiencia y productividad, es preciso mantener y tutelar, hoy como ayer.

Seguidamente el Estatuto Bsico define las clases de empleados pblicos -funcionarios de carrera e interinos, personal laboral, personal eventual- regulando la nueva figura del personal directivo. Este ltimo est llamado a constituir en el futuro un factor decisivo de modernizacin administrativa, puesto que su gestin profesional se somete a criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad y control de resultados en funcin de los objetivos. Aunque por fortuna, no han faltado en nuestras Administraciones funcionarios y otros servidores pblicos dotados de capacidad y formacin directiva, conviene avanzar decididamente en el reconocimiento legal de esta clase de personal, como ya sucede en la mayora de los pases vecinos.

Por lo que se refiere a los funcionarios, se hace preciso modificar su clasificacin actual, teniendo en cuenta la evolucin que ha experimentado en los ltimos aos nuestro sistema educativo y en previsin, particularmente, del proceso abierto de reordenacin de los ttulos universitarios. La clasificacin en tres grandes grupos, con sus subgrupos, se efecta en funcin del ttulo exigido para su ingreso, establecindose un grupo A, con dos subgrupos A1 y A2; un grupo B y un grupo C, a su vez con los subgrupos C1 y C2.

Por otra parte, el Estatuto refuerza las garantas de transparencia en lo relativo al nmero y retribuciones del personal eventual y contiene algunas normas para combatir la excesiva tasa de temporalidad en el empleo pblico que se ha alcanzado en algunas Administraciones y sectores.

En cualquier caso, por lo que se refiere a la ordenacin del empleo pblico, as como al sistema de estructuracin del mismo en cuerpos, escalas, clases o categoras y a los instrumentos de clasificacin de los puestos de trabajo, el Estatuto Bsico pretende ser escrupulosamente respetuoso de las competencias legislativas de las Comunidades Autnomas, as como de la autonoma organizativa de stas y de las Administraciones locales. Sobre la base de unos principios y orientaciones muy flexibles, la ley remite a las leyes de desarrollo y a los rganos de gobierno correspondientes el conjunto de decisiones que habrn de configurar el empleo pblico en cada Administracin.

En materia de acceso al empleo pblico ha sido preocupacin esencial garantizar en la mayor medida posible la aplicacin de los principios de igualdad, mrito y capacidad, as como la transparencia de los procesos selectivos y su agilidad, sin que esto ltimo menoscabe la objetividad de la seleccin. Ello no es, por cierto, incompatible con unas mayores posibilidades de apertura de nuestro empleo pblico a ciudadanos que carezcan de la nacionalidad espaola, en aplicacin del Derecho comunitario o por razones de inters general, ni con la necesaria adopcin de medidas positivas para promover el acceso de personas con discapacidad. En particular se hace hincapi en las garantas de imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los rganos de seleccin, para asegurar su independencia en el ejercicio de las potestades que les corresponden y de ah, que, como es regla en otros ordenamientos, se establezcan determinados lmites a su composicin. A ello se aade el criterio favorable a la paridad de gnero, en coherencia con la mayor preocupacin actual de nuestro ordenamiento por garantizar la igualdad real entre hombres y mujeres.

Criterios semejantes, esenciales para mantener el mayor grado de profesionalidad de nuestro empleo pblico, se han de aplicar tambin a la carrera de los funcionarios y a la provisin de los puestos de trabajo. Pero adems, en estas materias es preciso introducir algunas otras reformas, que pretenden mejorar la eficacia del sistema y los estmulos y expectativas de los funcionarios. Sin imponerlo a todas las Administraciones Pblicas, el Estatuto Bsico permite que se configuren modelos de carrera horizontal, desvinculada de los cambios de puesto de trabajo y basada en el desarrollo de las competencias y en el rendimiento. De esta manera podr reducirse la inflacin orgnica y la excesiva movilidad voluntaria del personal, que ha acabado por caracterizar al modelo en vigor, ya que concentra todas las oportunidades de carrera en el desempeo sucesivo de puestos de trabajo. Ello no obstante, el Estatuto permite tambin continuar con esta modalidad de carrera en aquellas Administraciones o reas del empleo pblico en que se considere conveniente y adoptar otras que combinen elementos de carrera horizontal y vertical.

Elemento fundamental de la nueva regulacin es, en cualquier caso, la evaluacin del desempeo de los empleados pblicos, que las Administraciones Pblicas debern establecer a travs de procedimientos fundados en los principios de igualdad, objetividad y transparencia. La evaluacin peridica deber tenerse en cuenta a efectos de la promocin en la carrera, la provisin y el mantenimiento de los puestos de trabajo y para la determinacin de una parte de las retribuciones complementarias, vinculadas precisamente a la productividad o al rendimiento. Generalizando algunas experiencias que ya existen en el mbito de nuestras Administraciones Pblicas, se introduce as un factor de motivacin personal y de control interno, que es comn a las reformas del empleo pblico que se han adoptado o se estn articulando en el mbito europeo. Es obvio, en efecto, que las oportunidades de promocin y, en alguna medida, las recompensas que corresponden a cada empleado pblico han de relacionarse con la manera en que realiza sus funciones, en atencin a los objetivos de la organizacin, pues resulta injusto y contrario a la eficiencia que se dispense el mismo trato a todos los empleados, cualquiera que sea su rendimiento y su actitud ante el servicio.

De ello deriva que la continuidad misma del funcionario en su puesto de trabajo alcanzado por concurso se ha de hacer depender de la evaluacin positiva de su desempeo, pues hoy resulta ya socialmente inaceptable que se consoliden con carcter vitalicio derechos y posiciones profesionales por aquellos que, eventualmente, no atiendan satisfactoriamente a sus responsabilidades.

Pero, a su vez, resulta necesario facilitar la promocin interna de todos los empleados que adquieran las competencias y requisitos necesarios para progresar en su carrera, desde los niveles inferiores a los superiores, de manera que no se limiten las oportunidades de quienes tienen inters y deseo de alcanzar con su dedicacin y esfuerzo las mayores responsabilidades. Tambin se han de establecer instrumentos de colaboracin que faciliten la movilidad voluntaria de los funcionarios entre distintas Administraciones, lo que constituye una justa y extendida reivindicacin de los empleados pblicos. En fin, es preciso flexibilizar las reglas de movilidad funcional y, en su caso, geogrfica, del personal por necesidades del servicio, con las oportunas garantas y compensaciones, cuando procedan. A todas estas necesidades responden determinados preceptos de la nueva Ley.

La gestin de personal, conforme a todas estas reglas y las que las desarrollen con la misma finalidad, podr ganar en eficiencia y equidad, lo que ha de traducirse tarde o temprano en una mejora de los servicios.

Consecuentemente con lo anterior, pero tambin a la vista de la experiencia de los ltimos aos, la nueva Ley debe introducir algunas modificaciones en el sistema retributivo de los funcionarios pblicos.

En esta materia, el Estado, a travs de las Leyes de Presupuestos Generales, debe mantener las competencias que le permitan ejercer un control sobre el gasto de personal, que es un componente esencial del gasto pblico y, por ende, de la Hacienda general. Se atiende as a la reiterada doctrina establecida al efecto por el Tribunal Constitucional. Pero ello no obsta al reconocimiento de una mayor autonoma en la determinacin de una parte de las retribuciones, las de carcter complementario, que pueden variar legtimamente en unas y otras Administraciones, como ya sucede hoy en da en la prctica. Antes bien, la flexibilidad con que se regula la carrera de los funcionarios pblicos en el Estatuto Bsico implica un margen de libre decisin para que tanto las Leyes de Funcin Pblica de la Administracin General del Estado como las de las Comunidades Autnomas adapten el sistema retributivo a la modalidad de carrera por la que opten en cada caso.

En coherencia con ello, las retribuciones complementarias podrn vincularse al grado, nivel o categora alcanzado en la carrera, a las caractersticas del puesto de trabajo que se desempea y al rendimiento, iniciativa, inters o esfuerzo aplicado al desempeo. Adems, el Estatuto satisface una antigua y permanente reivindicacin de los funcionarios determinando que la cuanta de las pagas extraordinarias comprende una mensualidad completa de las retribuciones bsicas y de las complementarias de carcter fijo, derecho que ya disfrutan hoy en muchos casos los empleados con contrato laboral.

En materia de situaciones administrativas, el nuevo texto legal simplifica y reordena la regulacin actual, estableciendo un conjunto de reglas comunes para todos los funcionarios de carrera. Sin embargo, reconoce la posibilidad de que, por ley de las Comunidades Autnomas se puedan introducir supuestos distintos, conforme a sus necesidades.

Especial referencia merece el captulo dedicado a la negociacin colectiva y a la participacin y representacin institucional de los empleados pblicos. En esta materia se ha hecho un importante esfuerzo, de acuerdo con las recomendaciones de los expertos, para clarificar los principios, el contenido, los efectos y los lmites de la negociacin colectiva y para mejorar su articulacin, a la vista de la experiencia de los ltimos aos y de la doctrina legal establecida por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Supremo.

El Estatuto recalca los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad de la negociacin, buena fe, publicidad y transparencia que han de presidir la negociacin. Introduce o consolida novedades de relieve en orden a la estructura de la negociacin colectiva, mediante la creacin de una Mesa General de las Administraciones Pblicas, en la que estn representadas todas ellas, para negociar los proyectos de legislacin bsica y otras cuestiones de inters general, legitimando la negociacin colectiva en mbitos supramunicipales y permitiendo negociar en una misma Mesa las condiciones de empleo comunes al personal funcionario y al personal laboral. Define con mayor precisin que la legislacin hasta ahora vigente las materias que han de ser objeto de negociacin y las que quedan excluidas de la misma y clarifica los efectos jurdicos de los Pactos y Acuerdos, en particular cuando versan sobre materias que han de ser reguladas por ley, supuesto en el que el rgano de gobierno competente queda vinculado a presentar el proyecto de ley correspondiente, o cuando pueden sustituir lo dispuesto por normas reglamentarias o por otras decisiones de los rganos de gobierno o administrativos, supuesto en que tienen eficacia directa, en su caso tras su aprobacin o ratificacin. Asimismo se precisa la solucin legal aplicable para el caso de que no se alcance el acuerdo en la negociacin colectiva. En fin, se regula la vigencia de los Pactos y Acuerdos, que slo pueden ser vlidamente incumplidos por la Administracin por causa excepcional y grave de inters pblico, derivada de circunstancias imprevistas cuando se firmaron.

La Ley recoge tambin la regulacin vigente en materia de representacin del personal funcionario y el rgimen electoral correspondiente. Se incorporan a ella algunas mejoras tcnicas y se reduce en algunos aspectos el contenido de la legislacin bsica, pero sin desconocer la competencia que al Estado corresponde para regular estos aspectos intrnsecamente vinculados al ejercicio de los derechos sindicales.

Se establece, por ltimo, la posibilidad de acudir a medios extrajudiciales de solucin de los conflictos colectivos que puedan surgir en la interpretacin y aplicacin de los Pactos y Acuerdos, ya sea la mediacin, obligatoria a instancia de una de las partes, o el arbitraje voluntario.

En cuanto al rgimen disciplinario, el Estatuto, de conformidad con su carcter bsico, se limita a ordenar los principios a que debe someterse el ejercicio de esta potestad pblica respecto de los empleados pblicos, tipifica las infracciones muy graves y ampla el abanico de posibles sanciones. Por lo dems se remite ampliamente a la legislacin que, en su desarrollo, dicten el Estado y las Comunidades Autnomas en el mbito de sus respectivas competencias.

En su Ttulo final se establecen los rganos e instrumentos de cooperacin entre las Administraciones Pblicas que, sin merma de su respectiva autonoma, se consideran esenciales para garantizar la coherencia y comunicacin del sistema de empleo pblico en su conjunto. Se ha optado en este caso por suprimir el Consejo Superior de la Funcin Pblica, dada la escasa operatividad que ha tenido este rgano y porque las funciones de que fue dotado hace ms de veinte aos han sido ya sustituidas en la prctica por la actividad de los rganos de coordinacin entre el Estado y las Comunidades Autnomas y por las Mesas de Negociacin y otras vas de participacin de las organizaciones sindicales. En la Conferencia Sectorial correspondiente y en la Comisin de Coordinacin del Empleo Pblico se prev la presencia de una representacin de la Administracin Local que, no en vano, integra en la actualidad aproximadamente la cuarta parte de los empleados pblicos.

La mayor autonoma de que cada Administracin debe disponer para la ordenacin y gestin de su personal, en los trminos de este Estatuto, ha de ser complementada por una cooperacin ms intensa entre todas ellas, al efecto de resolver los numerosos problemas comunes, en beneficio de los ciudadanos y del conjunto de los empleados pblicos.

Por otro lado aunque este Estatuto mantiene en vigor el sistema de incompatibilidades actual se hace necesario adecuarlo en parte al nuevo rgimen jurdico establecido en nuestro Estatuto. En ese sentido, la Disposicin Final Tercera refuerza la total incompatibilidad del personal directivo, incluido el sometido a la relacin laboral de carcter especial de alta direccin, para el desempeo de cualquier actividad privada. Y adems se incluye en el personal sujeto a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades al servicio de las Administraciones Pblicas, al personal al servicio de Agencias, as como de Fundaciones y Consorcios en determinados supuestos de financiacin pblica, como consecuencia de la aparicin de nuevas figuras y entes.

El artculo 103.3 de la Constitucin establece que la ley regular el estatuto de los funcionarios pblicos y su artculo 149.1.18. atribuye al Estado la competencia sobre las bases del rgimen estatutario de los funcionarios de las Administraciones Pblicas. Pese a estas previsiones constitucionales no se ha aprobado hasta la fecha una ley general del Estado que, en cumplimiento de las mismas, regule de manera completa las bases de dicho rgimen estatutario.

Esta carencia se explica sobre todo por la dificultad que entraa abordar una reforma legislativa del sistema de empleo pblico de alcance general, habida cuenta de la diversidad de Administraciones y de sectores, de grupos y categoras de funcionarios a los que est llamada a aplicarse, ya sea de manera directa o, al menos, supletoria.

De hecho son escasas en nuestro pas las ocasiones histricas en las que se ha emprendido y culminado esta tarea, con mayor o menor fortuna. Conviene recordar ahora la regulacin o nuevo arreglo de los empleados pblicos impulsado por el Ministro de Hacienda Luis Lpez Ballesteros, que estableci el Real Decreto de 3 de abril de 1828, precedido de otras normas para los funcionarios de la Real Hacienda. Tambin debe hacerse mencin del Estatuto de Bravo Murillo, aprobado por Real Decreto de 18 de junio de 1852, de la Ley de Bases de 22 de julio de 1918 y su Reglamento de 7 de septiembre, que contienen el denominado Estatuto de Maura, y, finalmente, de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, articulada por Decreto de 7 de febrero de 1964, en desarrollo de la Ley de Bases 109/1963, de 20 de julio.

Hay que aadir, no obstante, que despus de la Constitucin han visto la luz reformas del rgimen legal de los empleados pblicos que no por parciales fueron de menor trascendencia que aqullas. Entre ellas destaca la introducida por la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funcin Pblica, una regulacin que tiene ya carcter de legislacin bsica y que naci con pretensiones de provisionalidad, aunque ha estado en vigor durante ms de dos dcadas, Ley esta que ha configurado un modelo de funcin pblica muy distinto a los anteriores, estructurado en torno al puesto de trabajo. Esta reforma fue completada por la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Pblicas y, ms tarde, por la Ley 9/1987, de 12 de junio, que regula el sistema de representacin de los funcionarios pblicos y su participacin y negociacin colectiva para la determinacin de sus condiciones de empleo. Estas tres normas legales han venido constituyendo hasta ahora el ncleo esencial de la legislacin bsica del Estado en la materia y, a su vez, han sido modificadas puntualmente, complementadas o desarrolladas por mltiples normas de distinto rango elaboradas por el Estado y por las Comunidades Autnomas.

La dispersin de la legislacin bsica en varios textos aconsejaba, desde hace tiempo, su refundicin en el marco de un modelo coordinado para las polticas de personal. Pero, adems, desde que se aprob la legislacin de los aos ochenta nuestra sociedad y nuestras Administraciones Pblicas han experimentado muy profundas transformaciones que, junto a la experiencia acumulada desde entonces, hacan imprescindible una nueva reforma general. As se intent en 1999 mediante la presentacin de un Proyecto de Ley de Estatuto Bsico de la Funcin Pblica, que no lleg a tramitarse. Y as se lleva a cabo definitivamente mediante el presente texto, que ha sido elaborado tras un intenso perodo de estudio y reflexin, encomendado a la Comisin de expertos constituida al efecto y tras un no menos sostenido proceso de discusin y dilogo con los representantes de las Comunidades Autnomas y de otras Administraciones y con los agentes sociales y organizaciones profesionales interesadas. De uno y otro se deduce la existencia de un consenso generalizado a favor de la reforma y numerosas coincidencias sobre el anlisis de los problemas que hay que resolver y acerca de las lneas maestras a las que dicha reforma debe ajustarse.

TTULO I
Objeto y mbito de aplicacin
Artculo 1. Objeto.

1. El presente Estatuto tiene por objeto establecer las bases del rgimen estatutario de los funcionarios pblicos incluidos en su mbito de aplicacin.

2. Asimismo tiene por objeto determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las Administraciones Pblicas.

3. Este Estatuto refleja, del mismo modo, los siguientes fundamentos de actuacin:

a) Servicio a los ciudadanos y a los intereses generales.

b) Igualdad, mrito y capacidad en el acceso y en la promocin profesional.

c) Sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

d) Igualdad de trato entre mujeres y hombres.

e) Objetividad, profesionalidad e imparcialidad en el servicio garantizadas con la inamovilidad en la condicin de funcionario de carrera.

f) Eficacia en la planificacin y gestin de los recursos humanos.

g) Desarrollo y cualificacin profesional permanente de los empleados pblicos.

h) Transparencia.

i) Evaluacin y responsabilidad en la gestin.

j) Jerarqua en la atribucin, ordenacin y desempeo de las funciones y tareas.

k) Negociacin colectiva y participacin, a travs de los representantes, en la determinacin de las condiciones de empleo.

l) Cooperacin entre las Administraciones Pblicas en la regulacin y gestin del empleo pblico.

Artculo 2. mbito de aplicacin.

1. Este Estatuto se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio de las siguientes Administraciones Pblicas:

- La Administracin General del Estado.

- Las Administraciones de las Comunidades Autnomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla.

- Las Administraciones de las Entidades Locales.

- Los Organismos Pblicos, Agencias y dems Entidades de derecho pblico con personalidad jurdica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Pblicas.

- Las Universidades Pblicas.

2. En la aplicacin de este Estatuto al personal investigador se podrn dictar normas singulares para adecuarlo a sus peculiaridades.

3. El personal docente y el personal estatutario de los Servicios de Salud se regirn por la legislacin especfica dictada por el Estado y por las Comunidades Autnomas en el mbito de sus respectivas competencias y por lo previsto en el presente Estatuto, excepto el Captulo II del Ttulo III, salvo el artculo 20, y los artculos 22.3, 24 y 84.

4. Cada vez que este Estatuto haga mencin al personal funcionario de carrera se entender comprendido el personal estatutario de los Servicios de Salud.

5. El presente Estatuto tiene carcter supletorio para todo el personal de las Administraciones Pblicas no incluido en su mbito de aplicacin.

Artculo 3. Personal funcionario de las Entidades Locales.

1. El personal funcionario de las Entidades Locales se rige por la legislacin estatal que resulte de aplicacin, de la que forma parte este Estatuto y por la legislacin de las Comunidades Autnomas, con respeto a la autonoma local.

2. Los Cuerpos de Polica Local se rigen tambin por este Estatuto y por la legislacin de las Comunidades Autnomas, excepto en lo establecido para ellos en la Ley Orgnica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Artculo 4. Personal con legislacin especfica propia.

Las disposiciones de este Estatuto slo se aplicarn directamente cuando as lo disponga su legislacin especfica al siguiente personal:

a) Personal funcionario de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autnomas.

b) Personal funcionario de los dems rganos Constitucionales del Estado y de los rganos Estatutarios de las Comunidades Autnomas.

c) Jueces, Magistrados, Fiscales y dems personal funcionario al servicio de la Administracin de Justicia.

d) Personal militar de las Fuerzas Armadas.

e) Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

f) Personal retribuido por arancel.

g) Personal del Centro Nacional de Inteligencia.

h) Personal del Banco de Espaa y Fondos de Garanta de Depsitos en Entidades de Crdito.

Artculo 5. Personal de la Sociedad Estatal Correos y Telgrafos.

El personal funcionario de la Sociedad Estatal Correos y Telgrafos se regir por sus normas especficas y supletoriamente por lo dispuesto en este Estatuto.

Su personal laboral se regir por la legislacin laboral y dems normas convencionalmente aplicables.

Artculo 6. Leyes de Funcin Pblica.

En desarrollo de este Estatuto, las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autnomas aprobarn, en el mbito de sus competencias, las Leyes reguladoras de la Funcin Pblica de la Administracin General del Estado y de las Comunidades Autnomas.

Artculo 7. Normativa aplicable al personal laboral.

El personal laboral al servicio de las Administraciones Pblicas se rige, adems de por la legislacin laboral y por las dems normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de este Estatuto que as lo dispongan.

TTULO II
Clases de personal al servicio de las Administraciones Pblicas
Artculo 8. Concepto y clases de empleados pblicos.

1. Son empleados pblicos quienes desempean funciones retribuidas en las Administraciones Pblicas al servicio de los intereses generales.

2. Los empleados pblicos se clasifican en:

a) Funcionarios de carrera.

b) Funcionarios interinos.

c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.

d) Personal eventual.

Artculo 9. Funcionarios de carrera.

1. Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, estn vinculados a una Administracin Pblica por una relacin estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeo de servicios profesionales retribuidos de carcter permanente.

2. En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participacin directa o indirecta en el ejercicio de las potestades pblicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Pblicas corresponden exclusivamente a los funcionarios pblicos, en los trminos que en la ley de desarrollo de cada Administracin Pblica se establezca.

Artculo 10. Funcionarios interinos.

1. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeo de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se d alguna de las siguientes circunstancias:

a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera.

b) La sustitucin transitoria de los titulares.

c) La ejecucin de programas de carcter temporal.

d) El exceso o acumulacin de tareas por plazo mximo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses.

2. La seleccin de funcionarios interinos habr de realizarse mediante procedimientos giles que respetarn en todo caso los principios de igualdad, mrito, capacidad y publicidad.

3. El cese de los funcionarios interinos se producir, adems de por las causas previstas en el artculo 63, cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento.

4. En el supuesto previsto en la letra a) del apartado 1 de este artculo, las plazas vacantes desempeadas por funcionarios interinos debern incluirse en la oferta de empleo correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no fuera posible, en la siguiente, salvo que se decida su amortizacin.

5. A los funcionarios interinos les ser aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condicin, el rgimen general de los funcionarios de carrera.

Artculo 11. Personal laboral.

1. Es personal laboral el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratacin de personal previstas en la legislacin laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Pblicas. En funcin de la duracin del contrato ste podr ser fijo, por tiempo indefinido o temporal.

2. Las Leyes de Funcin Pblica que se dicten en desarrollo de este Estatuto establecern los criterios para la determinacin de los puestos de trabajo que pueden ser desempeados por personal laboral, respetando en todo caso lo establecido en el artculo 9.2.

Artculo 12. Personal eventual.

1. Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carcter no permanente, slo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los crditos presupuestarios consignados para este fin.

2. Las leyes de Funcin Pblica que se dicten en desarrollo de este Estatuto determinarn los rganos de gobierno de las Administraciones Pblicas que podrn disponer de este tipo de personal. El nmero mximo se establecer por los respectivos rganos de gobierno. Este nmero y las condiciones retributivas sern pblicas.

3. El nombramiento y cese sern libres. El cese tendr lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la funcin de confianza o asesoramiento.

4. La condicin de personal eventual no podr constituir mrito para el acceso a la Funcin Pblica o para la promocin interna.

5. Al personal eventual le ser aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condicin, el rgimen general de los funcionarios de carrera.

SUBTTULO I
Personal directivo
Artculo 13. Personal directivo profesional.

El Gobierno y los rganos de Gobierno de las Comunidades Autnomas podrn establecer, en desarrollo de este Estatuto, el rgimen jurdico especfico del personal directivo as como los criterios para determinar su condicin, de acuerdo, entre otros, con los siguientes principios:

1. Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones Pblicas, definidas como tales en las normas especficas de cada Administracin.

2. Su designacin atender a principios de mrito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevar a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.

3. El personal directivo estar sujeto a evaluacin con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestin y control de resultados en relacin con los objetivos que les hayan sido fijados.

4. La determinacin de las condiciones de empleo del personal directivo no tendr la consideracin de materia objeto de negociacin colectiva a los efectos de esta Ley. Cuando el personal directivo rena la condicin de personal laboral estar sometido a la relacin laboral de carcter especial de alta direccin.

TTULO III
Derechos y deberes. Cdigo de conducta de los empleados pblicos
CAPTULO I
Derechos de los empleados pblicos
Artculo 14. Derechos individuales.

Los empleados pblicos tienen los siguientes derechos de carcter individual en correspondencia con la naturaleza jurdica de su relacin de servicio:

a) A la inamovilidad en la condicin de funcionario de carrera.

b) Al desempeo efectivo de las funciones o tareas propias de su condicin profesional y de acuerdo con la progresin alcanzada en su carrera profesional.

c) A la progresin en la carrera profesional y promocin interna segn principios constitucionales de igualdad, mrito y capacidad mediante la implantacin de sistemas objetivos y transparentes de evaluacin.

d) A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razn del servicio.

e) A participar en la consecucin de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar.

f) A la defensa jurdica y proteccin de la Administracin Pblica en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legtimo de sus funciones o cargos pblicos.

g) A la formacin continua y a la actualizacin permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral.

h) Al respeto de su intimidad, orientacin sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual y por razn de sexo, moral y laboral.

i) A la no discriminacin por razn de nacimiento, origen racial o tnico, gnero, sexo u orientacin sexual, religin o convicciones, opinin, discapacidad, edad o cualquier otra condicin o circunstancia personal o social.

j) A la adopcin de medidas que favorezcan la conciliacin de la vida personal, familiar y laboral.

k) A la libertad de expresin dentro de los lmites del ordenamiento jurdico.

l) A recibir proteccin eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

m) A las vacaciones, descansos, permisos y licencias.

n) A la jubilacin segn los trminos y condiciones establecidas en las normas aplicables.

o) A las prestaciones de la Seguridad Social correspondientes al rgimen que les sea de aplicacin.

p) A la libre asociacin profesional.

q) A los dems derechos reconocidos por el ordenamiento jurdico.

Artculo 15. Derechos individuales ejercidos colectivamente.

Los empleados pblicos tienen los siguientes derechos individuales que se ejercen de forma colectiva:

a) A la libertad sindical.

b) A la negociacin colectiva y a la participacin en la determinacin de las condiciones de trabajo.

c) Al ejercicio de la huelga, con la garanta del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

d) Al planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislacin aplicable en cada caso.

e) Al de reunin, en los trminos establecidos en el artculo 46 de este Estatuto.

CAPTULO II
Derecho a la carrera profesional y a la promocin interna. La evaluacin del desempeo
Artculo 16. Concepto, principios y modalidades de la carrera profesional de los funcionarios de carrera.

1. Los funcionarios de carrera tendrn derecho a la promocin profesional.

2. La carrera profesional es el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mrito y capacidad.

A tal objeto las Administraciones Pblicas promovern la actualizacin y perfeccionamiento de la cualificacin profesional de sus funcionarios de carrera.

3. Las Leyes de Funcin Pblica que se dicten en desarrollo de este Estatuto regularn la carrera profesional aplicable en cada mbito que podrn consistir, entre otras, en la aplicacin aislada o simultnea de alguna o algunas de las siguientes modalidades:

a) Carrera horizontal, que consiste en la progresin de grado, categora, escaln u otros conceptos anlogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo y de conformidad con lo establecido en la letra b) del artculo 17 y en el apartado 3 del artculo 20 de este Estatuto.

b) Carrera vertical, que consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisin establecidos en el Captulo III del Ttulo V de este Estatuto.

c) Promocin interna vertical, que consiste en el ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de clasificacin profesional en el supuesto de que ste no tenga Subgrupo, a otro superior, de acuerdo con lo establecido en el artculo 18.

d) Promocin interna horizontal, que consiste en el acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional, de acuerdo con lo dispuesto en el artculo 18.

4. Los funcionarios de carrera podrn progresar simultneamente en las modalidades de carrera horizontal y vertical cuando la Administracin correspondiente las haya implantado en un mismo mbito.

Artculo 17. Carrera horizontal de los funcionarios de carrera.

Las Leyes de Funcin Pblica que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrn regular la carrera horizontal de los funcionarios de carrera, pudiendo aplicar, entre otras, las siguientes reglas:

a) Se articular un sistema de grados, categoras o escalones de ascenso fijndose la remuneracin a cada uno de ellos. Los ascensos sern consecutivos con carcter general, salvo en aquellos supuestos excepcionales en los que se prevea otra posibilidad.

b) Se deber valorar la trayectoria y actuacin profesional, la calidad de los trabajos realizados, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluacin del desempeo. Podrn incluirse asimismo otros mritos y aptitudes por razn de la especificidad de la funcin desarrollada y la experiencia adquirida.

Artculo 18. Promocin interna de los funcionarios de carrera.

1. La promocin interna se realizar mediante procesos selectivos que garanticen el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mrito y capacidad as como los contemplados en el artculo 55.2 de este Estatuto.

2. Los funcionarios debern poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener una antigedad de, al menos, dos aos de servicio activo en el inferior Subgrupo, o Grupo de clasificacin profesional, en el supuesto de que ste no tenga Subgrupo y superar las correspondientes pruebas selectivas.

3. Las Leyes de Funcin Pblica que se dicten en desarrollo de este Estatuto articularn los sistemas para realizar la promocin interna, as como tambin podrn determinar los cuerpos y escalas a los que podrn acceder los funcionarios de carrera pertenecientes a otros de su mismo Subgrupo.

Asimismo las Leyes de Funcin Pblica que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrn determinar los cuerpos y escalas a los que podrn acceder los funcionarios de carrera pertenecientes a otros de su mismo Subgrupo.

4. Las Administraciones Pblicas adoptarn medidas que incentiven la participacin de su personal en los procesos selectivos de promocin interna y para la progresin en la carrera profesional.

Artculo 19. Carrera profesional y promocin del personal laboral.

1. El personal laboral tendr derecho a la promocin profesional.

2. La carrera profesional y la promocin del personal laboral se har efectiva a travs de los procedimientos previstos en el Estatuto de los Trabajadores o en los Convenios Colectivos.

Artculo 20. La evaluacin del desempeo.

1. Las Administraciones Pblicas establecern sistemas que permitan la evaluacin del desempeo de sus empleados.

La evaluacin del desempeo es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados.

2. Los sistemas de evaluacin del desempeo se adecuarn, en todo caso, a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminacin y se aplicarn sin menoscabo de los derechos de los empleados pblicos.

3. Las Administraciones Pblicas determinarn los efectos de la evaluacin en la carrera profesional horizontal, la formacin, la provisin de puestos de trabajo y en la percepcin de las retribuciones complementarias previstas en el artculo 24 del presente Estatuto.

4. La continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso quedar vinculada a la evaluacin del desempeo de acuerdo con los sistemas de evaluacin que cada Administracin Pblica determine, dndose audiencia al interesado, y por la correspondiente resolucin motivada.

5. La aplicacin de la carrera profesional horizontal, de las retribuciones complementarias derivadas del apartado c) del artculo 24 del presente Estatuto y el cese del puesto de trabajo obtenido por el procedimiento de concurso requerirn la aprobacin previa, en cada caso, de sistemas objetivos que permitan evaluar el desempeo de acuerdo con lo establecido en los apartados 1 y 2 de este artculo.

CAPTULO III
Derechos retributivos
Artculo 21. Determinacin de las cuantas y de los incrementos retributivos.

1. Las cuantas de las retribuciones bsicas y el incremento de las cuantas globales de las retribuciones complementarias de los funcionarios, as como el incremento de la masa salarial del personal laboral, debern reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la correspondiente Ley de Presupuestos.

2. No podrn acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior a los lmites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el personal.

Artculo 22. Retribuciones de los funcionarios.

1. Las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en bsicas y complementarias.

2. Las retribuciones bsicas son las que retribuyen al funcionario segn la adscripcin de su cuerpo o escala a un determinado Subgrupo o Grupo de clasificacin profesional, en el supuesto de que ste no tenga Subgrupo, y por su antigedad en el mismo. Dentro de ellas estn comprendidas los componentes de sueldo y trienios de las pagas extraordinarias.

3. Las retribuciones complementarias son las que retribuyen las caractersticas de los puestos de trabajo, la carrera profesional o el desempeo, rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario.

4. Las pagas extraordinarias sern dos al ao, cada una por el importe de una mensualidad de retribuciones bsicas y de la totalidad de las retribuciones complementarias, salvo aqullas a las que se refieren los apartados c) y d) del artculo 24.

5. No podr percibirse participacin en tributos o en cualquier otro ingreso de las Administraciones Pblicas como contraprestacin de cualquier servicio, participacin o premio en multas impuestas, aun cuando estuviesen normativamente atribuidas a los servicios.

Artculo 23. Retribuciones bsicas.

Las retribuciones bsicas, que se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, estarn integradas nica y exclusivamente por:

a) El sueldo asignado a cada Subgrupo o Grupo de clasificacin profesional, en el supuesto de que ste no tenga Subgrupo.

b) Los trienios, que consisten en una cantidad, que ser igual para cada Subgrupo o Grupo de clasificacin profesional, en el supuesto de que ste no tenga Subgrupo, por cada tres aos de servicio.

Artculo 24. Retribuciones complementarias.

La cuanta y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios se establecern por las correspondientes leyes de cada Administracin Pblica atendiendo, entre otros, a los siguientes factores:

a) La progresin alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera administrativa.

b) La especial dificultad tcnica, responsabilidad, dedicacin, incompatibilidad exigible para el desempeo de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo.

c) El grado de inters, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempea su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos.

d) Los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo.

Artculo 25. Retribuciones de los funcionarios interinos.

1. Los funcionarios interinos percibirn las retribuciones bsicas y las pagas extraordinarias correspondientes al Subgrupo o Grupo de adscripcin, en el supuesto de que ste no tenga Subgrupo. Percibirn asimismo las retribuciones complementarias a que se refieren los apartados b), c) y d) del artculo 24 y las correspondientes a la categora de entrada en el cuerpo o escala en el que se le nombre.

2. Se reconocern los trienios correspondientes a los servicios prestados antes de la entrada en vigor del presente Estatuto que tendrn efectos retributivos nicamente a partir de la entrada en vigor del mismo.

Artculo 26. Retribuciones de los funcionarios en prcticas.

Las Administraciones Pblicas determinarn las retribuciones de los funcionarios en prcticas que, como mnimo, se correspondern a las del sueldo del Subgrupo o Grupo, en el supuesto de que ste no tenga Subgrupo, en que aspiren a ingresar.

Artculo 27. Retribuciones del personal laboral.

Las retribuciones del personal laboral se determinarn de acuerdo con la legislacin laboral, el convenio colectivo que sea aplicable y el contrato de trabajo, respetando en todo caso lo establecido en el artculo 21 del presente Estatuto.

Artculo 28. Indemnizaciones.

Los funcionarios percibirn las indemnizaciones correspondientes por razn del servicio.

Artculo 29. Retribuciones diferidas.

Las Administraciones Pblicas podrn destinar cantidades hasta el porcentaje de la masa salarial que se fije en las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del Estado a financiar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilacin, para el personal incluido en sus mbitos, de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora de los Planes de Pensiones.

Las cantidades destinadas a financiar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguros tendrn a todos los efectos la consideracin de retribucin diferida.

Artculo 30. Deduccin de retribuciones.

1. Sin perjuicio de la sancin disciplinaria que pueda corresponder, la parte de jornada no realizada dar lugar a la deduccin proporcional de haberes, que no tendr carcter sancionador.

2. Quienes ejerciten el derecho de huelga no devengarn ni percibirn las retribuciones correspondientes al tiempo en que hayan permanecido en esa situacin sin que la deduccin de haberes que se efectu tenga carcter de sancin, ni afecte al rgimen respectivo de sus prestaciones sociales.

CAPTULO IV
Derecho a la negociacin colectiva, representacin y participacin institucional. Derecho de reunin
Artculo 31. Principios generales.

1. Los empleados pblicos tienen derecho a la negociacin colectiva, representacin y participacin institucional para la determinacin de sus condiciones de trabajo.

2. Por negociacin colectiva, a los efectos de esta Ley, se entiende el derecho a negociar la determinacin de condiciones de trabajo de los empleados de la Administracin Pblica.

3. Por representacin, a los efectos de esta Ley, se entiende la facultad de elegir representantes y constituir rganos unitarios a travs de los cuales se instrumente la interlocucin entre las Administraciones Pblicas y sus empleados.

4. Por participacin institucional, a los efectos de esta Ley, se entiende el derecho a participar, a travs de las organizaciones sindicales, en los rganos de control y seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se determine.

5. El ejercicio de los derechos establecidos en este artculo se garantiza y se lleva a cabo a travs de los rganos y sistemas especficos regulados en el presente Captulo, sin perjuicio de otras formas de colaboracin entre las Administraciones Pblicas y sus empleados pblicos o los representantes de stos.

6. Las Organizaciones Sindicales ms representativas en el mbito de la Funcin Pblica estn legitimadas para la interposicin de recursos en va administrativa y jurisdiccional contra las resoluciones de los rganos de seleccin.

7. El ejercicio de los derechos establecidos en este Captulo deber respetar en todo caso el contenido del presente Estatuto y las leyes de desarrollo previstas en el mismo.

8. Los procedimientos para determinar condiciones de trabajo en las Administraciones Pblicas tendrn en cuenta las previsiones establecidas en los convenios y acuerdos de carcter internacional ratificados por Espaa.

Artculo 32. Negociacin colectiva, representacin y participacin del personal laboral.

La negociacin colectiva, representacin y participacin de los empleados pblicos con contrato laboral se regir por la legislacin laboral, sin perjuicio de los preceptos de este Captulo que expresamente les son de aplicacin.

Artculo 33. Negociacin colectiva.

1. La negociacin colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios pblicos que estar sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia, se efectuar mediante el ejercicio de la capacidad representativa reconocida a las Organizaciones Sindicales en los artculos 6.3.c); 7.1 y 7.2 de la Ley Orgnica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y lo previsto en este Captulo.

A este efecto, se constituirn Mesas de Negociacin en las que estarn legitimados para estar presentes, por una parte, los representantes de la Administracin Pblica correspondiente, y por otra, las Organizaciones Sindicales ms representativas a nivel estatal, las Organizaciones Sindicales ms representativas de Comunidad Autnoma, as como los Sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 o ms de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal, en las unidades electorales comprendidas en el mbito especfico de su constitucin.

2. Las Administraciones Pblicas podrn encargar el desarrollo de las actividades de negociacin colectiva a rganos creados por ellas, de naturaleza estrictamente tcnica, que ostentarn su representacin en la negociacin colectiva previas las instrucciones polticas correspondientes y sin perjuicio de la ratificacin de los acuerdos alcanzados por los rganos de gobierno o administrativos con competencia para ello.

Artculo 34. Mesas de Negociacin.

1. A los efectos de la negociacin colectiva de los funcionarios pblicos, se constituir una Mesa General de Negociacin en el mbito de la Administracin General del Estado, as como en cada una de las Comunidades Autnomas, Ciudades de Ceuta y Melilla y Entidades Locales.

2. Se reconoce la legitimacin negocial de las asociaciones de municipios, as como la de las Entidades Locales de mbito supramunicipal. A tales efectos, los municipios podrn adherirse con carcter previo o de manera sucesiva a la negociacin colectiva que se lleve a cabo en el mbito correspondiente.

Asimismo, una Administracin o Entidad Pblica podr adherirse a los Acuerdos alcanzados dentro del territorio de cada Comunidad Autnoma, o a los Acuerdos alcanzados en un mbito supramunicipal.

3. Son competencias propias de las Mesas Generales la negociacin de las materias relacionadas con condiciones de trabajo comunes a los funcionarios de su mbito.

4. Dependiendo de las Mesas Generales de Negociacin y por acuerdo de las mismas podrn constituirse Mesas Sectoriales, en atencin a las condiciones especficas de trabajo de las organizaciones administrativas afectadas o a las peculiaridades de sectores concretos de funcionarios pblicos y a su nmero.

5. La competencia de las Mesas Sectoriales se extender a los temas comunes a los funcionarios del sector que no hayan sido objeto de decisin por parte de la Mesa General respectiva o a los que sta explcitamente les reenve o delegue.

6. El proceso de negociacin se abrir, en cada Mesa, en la fecha que, de comn acuerdo, fijen la Administracin correspondiente y la mayora de la representacin sindical. A falta de acuerdo, el proceso se iniciar en el plazo mximo de un mes desde que la mayora de una de las partes legitimadas lo promueva, salvo que existan causas legales o pactadas que lo impidan.

7. Ambas partes estarn obligadas a negociar bajo el principio de la buena fe y proporcionarse mutuamente la informacin que precisen relativa a la negociacin.

Artculo 35. Constitucin y composicin de las Mesas de Negociacin.

1. Las Mesas a que se refiere el artculo anterior quedarn vlidamente constituidas cuando, adems de la representacin de la Administracin correspondiente, y sin perjuicio del derecho de todas las Organizaciones Sindicales legitimadas a participar en ellas en proporcin a su representatividad, tales organizaciones sindicales representen, como mnimo, la mayora absoluta de los miembros de los rganos unitarios de representacin en el mbito de que se trate.

2. Las variaciones en la representatividad sindical, a efectos de modificacin en la composicin de las Mesas de Negociacin, sern acreditadas por las Organizaciones Sindicales interesadas, mediante el correspondiente certificado de la Oficina Pblica de Registro competente, cada dos aos a partir de la fecha inicial de constitucin de las citadas Mesas.

3. La designacin de los componentes de las Mesas corresponder a las partes negociadoras que podrn contar con la asistencia en las deliberaciones de asesores, que intervendrn con voz, pero sin voto.

4. En las normas de desarrollo del presente Estatuto se establecer la composicin numrica de las Mesas correspondientes a sus mbitos, sin que ninguna de las partes pueda superar el nmero de quince miembros.

Artculo 36. Mesas Generales de Negociacin.

1. Se constituye una Mesa General de Negociacin de las Administraciones Pblicas. La representacin de stas ser unitaria, estar presidida por la Administracin General del Estado y contar con representantes de las Comunidades Autnomas, de las Ciudades de Ceuta y Melilla y de la Federacin Espaola de Municipios y Provincias, en funcin de las materias a negociar.

La representacin de las Organizaciones Sindicales legitimadas para estar presentes de acuerdo con lo dispuesto en los artculos 6 y 7 de la Ley Orgnica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, se distribuir en funcin de los resultados obtenidos en las elecciones a los rganos de representacin del personal, Delegados de Personal, Juntas de Personal y Comits de Empresa, en el conjunto de las Administraciones Pblicas.

2. Sern materias objeto de negociacin en esta Mesa las relacionadas en el artculo 37 de este Estatuto que resulten susceptibles de regulacin estatal con carcter de norma bsica, sin perjuicio de los acuerdos a que puedan llegar las Comunidades Autnomas en su correspondiente mbito territorial en virtud de sus competencias exclusivas y compartidas en materia de Funcin Pblica.

Ser especficamente objeto de negociacin en el mbito de la Mesa General de Negociacin de las Administraciones Pblicas el incremento global de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Pblicas que corresponda incluir en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ao.

3. Para la negociacin de todas aquellas materias y condiciones de trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y laboral de cada Administracin Pblica, se constituir en la Administracin General del Estado, en cada una de las Comunidades Autnomas, Ciudades de Ceuta y Melilla y Entidades Locales una Mesa General de Negociacin.

Son de aplicacin a estas Mesas Generales los criterios establecidos en el apartado anterior sobre representacin de las Organizaciones Sindicales en la Mesa General de Negociacin de las Administraciones Pblicas, tomando en consideracin en cada caso los resultados obtenidos en las elecciones a los rganos de representacin del personal funcionario y laboral del correspondiente mbito de representacin.

Adems, tambin estarn presentes en estas Mesas Generales, las Organizaciones Sindicales que formen parte de la Mesa General de Negociacin de las Administraciones Pblicas siempre que hubieran obtenido el 10 por 100 de los representantes a personal funcionario o personal laboral en el mbito correspondiente a la Mesa de que se trate.

Artculo 37. Materias objeto de negociacin.

1. Sern objeto de negociacin, en su mbito respectivo y en relacin con las competencias de cada Administracin Pblica y con el alcance que legalmente proceda en cada caso, las materias siguientes:

a) La aplicacin del incremento de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Pblicas que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y de las Comunidades Autnomas.

b) La determinacin y aplicacin de las retribuciones complementarias de los funcionarios.

c) Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisin, sistemas de clasificacin de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planificacin de recursos humanos.

d) Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluacin del desempeo.

e) Los planes de Previsin Social Complementaria.

f) Los criterios generales de los planes y fondos para la formacin y la promocin interna.

g) Los criterios generales para la determinacin de prestaciones sociales y pensiones de clases pasivas.

h) Las propuestas sobre derechos sindicales y de participacin.

i) Los criterios generales de accin social.

j) Las que as se establezcan en la normativa de prevencin de riesgos laborales.

k) Las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los funcionarios, cuya regulacin exija norma con rango de Ley.

l) Los criterios generales sobre ofertas de empleo pblico.

m) Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movilidad funcional y geogrfica, as como los criterios generales sobre la planificacin estratgica de los recursos humanos, en aquellos aspectos que afecten a condiciones de trabajo de los empleados pblicos.

2. Quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociacin, las materias siguientes:

a) Las decisiones de las Administraciones Pblicas que afecten a sus potestades de organizacin.

Cuando las consecuencias de las decisiones de las Administraciones Pblicas que afecten a sus potestades de organizacin tengan repercusin sobre condiciones de trabajo de los funcionarios pblicos contempladas en el apartado anterior, proceder la negociacin de dichas condiciones con las Organizaciones Sindicales a que se refiere este Estatuto.

b) La regulacin del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios de los servicios pblicos, as como el procedimiento de formacin de los actos y disposiciones administrativas.

c) La determinacin de condiciones de trabajo del personal directivo.

d) Los poderes de direccin y control propios de la relacin jerrquica.

e) La regulacin y determinacin concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, rganos y procedimientos de acceso al empleo pblico y la promocin profesional.

Artculo 38. Pactos y Acuerdos.

1. En el seno de las Mesas de Negociacin correspondientes, los representantes de las Administraciones Pblicas podrn concertar Pactos y Acuerdos con la representacin de las Organizaciones Sindicales legitimadas a tales efectos, para la determinacin de condiciones de trabajo de los funcionarios de dichas Administraciones.

2. Los Pactos se celebrarn sobre materias que se correspondan estrictamente con el mbito competencial del rgano administrativo que lo suscriba y se aplicarn directamente al personal del mbito correspondiente.

3. Los Acuerdos versarn sobre materias competencia de los rganos de gobierno de las Administraciones Pblicas. Para su validez y eficacia ser necesaria su aprobacin expresa y formal por estos rganos. Cuando tales Acuerdos hayan sido ratificados y afecten a temas que pueden ser decididos de forma definitiva por los rganos de gobierno, el contenido de los mismos ser directamente aplicable al personal incluido en su mbito de aplicacin, sin perjuicio de que a efectos formales se requiera la modificacin o derogacin, en su caso, de la normativa reglamentaria correspondiente.

Si los Acuerdos ratificados tratan sobre materias sometidas a reserva de Ley que, en consecuencia, slo pueden ser determinadas definitivamente por las Cortes Generales o las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autnomas, su contenido carecer de eficacia directa. No obstante, en este supuesto, el rgano de gobierno respectivo que tenga iniciativa legislativa proceder a la elaboracin, aprobacin y remisin a las Cortes Generales o Asambleas Legislativas de las Comunidades Autnomas del correspondiente proyecto de Ley conforme al contenido del Acuerdo y en el plazo que se hubiera acordado.

Cuando exista falta de ratificacin de un Acuerdo o, en su caso, una negativa expresa a incorporar lo acordado en el Proyecto de Ley correspondiente, se deber iniciar la renegociacin de las materias tratadas en el plazo de un mes, si as lo solicitara al menos la mayora de una de las partes.

4. Los Pactos y Acuerdos debern determinar las partes que los conciertan, el mbito personal, funcional, territorial y temporal, as como la forma, plazo de preaviso y condiciones de denuncia de los mismos.

5. Se establecern Comisiones Paritarias de seguimiento de los Pactos y Acuerdos con la composicin y funciones que las partes determinen.

6. Los Pactos celebrados y los Acuerdos, una vez ratificados, debern ser remitidos a la Oficina Pblica que cada Administracin competente determine y la Autoridad respectiva ordenar su publicacin en el Boletn Oficial que corresponda en funcin del mbito territorial.

7. En el supuesto de que no se produzca acuerdo en la negociacin o en la renegociacin prevista en el ltimo prrafo del apartado 3 del presente artculo y una vez agotados, en su caso, los procedimientos de solucin extrajudicial de conflictos, corresponder a los rganos de gobierno de las Administraciones Pblicas establecer las condiciones de trabajo de los funcionarios con las excepciones contempladas en los apartados 11, 12 y 13 del presente artculo.

8. Los Pactos y Acuerdos que, de conformidad con lo establecido en el artculo 37, contengan materias y condiciones generales de trabajo comunes al personal funcionario y laboral, tendrn la consideracin y efectos previstos en este artculo para los funcionarios y en el artculo 83 del Estatuto de los Trabajadores para el personal laboral.

9. Los Pactos y Acuerdos en sus respectivos mbitos y en relacin con las competencias de cada Administracin Pblica, podrn establecer la estructura de la negociacin colectiva as como fijar las reglas que han de resolver los conflictos de concurrencia entre las negociaciones de distinto mbito y los criterios de primaca y complementariedad entre las diferentes unidades negociadoras.

10. Se garantiza el cumplimiento de los Pactos y Acuerdos, salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de inters pblico derivada de una alteracin sustancial de las circunstancias econmicas, los rganos de gobierno de las Administraciones Pblicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de Pactos y Acuerdos ya firmados, en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el inters pblico.

En este supuesto, las Administraciones Pblicas debern informar a las Organizaciones Sindicales de las causas de la suspensin o modificacin.

11. Salvo acuerdo en contrario, los Pactos y Acuerdos se prorrogarn de ao en ao si no mediara denuncia expresa de una de las partes.

12. La vigencia del contenido de los Pactos y Acuerdos una vez concluida su duracin, se producir en los trminos que los mismos hubieren establecido.

13. Los Pactos y Acuerdos que sucedan a otros anteriores los derogan en su integridad, salvo los aspectos que expresamente se acuerde mantener.

Artculo 39. rganos de representacin.

1. Los rganos especficos de representacin de los funcionarios son los Delegados de Personal y las Juntas de Personal.

2. En las unidades electorales donde el nmero de funcionarios sea igual o superior a 6 e inferior a 50, su representacin corresponder a los Delegados de Personal. Hasta 30 funcionarios se elegir un Delegado, y de 31 a 49 se elegirn tres, que ejercern su representacin conjunta y mancomunadamente.

3. Las Juntas de Personal se constituirn en unidades electorales que cuenten con un censo mnimo de 50 funcionarios.

4. El establecimiento de las unidades electorales se regular por el Estado y por cada Comunidad Autnoma dentro del mbito de sus competencias legislativas. Previo acuerdo con las Organizaciones Sindicales legitimadas en los artculos 6 y 7 de la Ley Orgnica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, los rganos de gobierno de las Administraciones Pblicas podrn modificar o establecer unidades electorales en razn del nmero y peculiaridades de sus colectivos, adecuando la configuracin de las mismas a las estructuras administrativas o a los mbitos de negociacin constituidos o que se constituyan.

5. Cada Junta de Personal se compone de un nmero de representantes, en funcin del nmero de funcionarios de la Unidad electoral correspondiente, de acuerdo con la siguiente escala, en coherencia con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores:

De 50 a 100 funcionarios: 5.

De 101 a 250 funcionarios: 9.

De 251 a 500 funcionarios: 13.

De 501 a 750 funcionarios: 17.

De 751 a 1.000 funcionarios: 21.

De 1.001 en adelante, dos por cada 1.000 o fraccin, con el mximo de 75.

6. Las Juntas de Personal elegirn de entre sus miembros un Presidente y un Secretario y elaborarn su propio reglamento de procedimiento, que no podr contravenir lo dispuesto en el presente Estatuto y legislacin de desarrollo, remitiendo copia del mismo y de sus modificaciones al rgano u rganos competentes en materia de personal que cada Administracin determine. El reglamento y sus modificaciones debern ser aprobados por los votos favorables de, al menos, dos tercios de sus miembros.

Artculo 40. Funciones y legitimacin de los rganos de representacin.

1. Las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, tendrn las siguientes funciones, en sus respectivos mbitos:

a) Recibir informacin, sobre la poltica de personal, as como sobre los datos referentes a la evolucin de las retribuciones, evolucin probable del empleo en el mbito correspondiente y programas de mejora del rendimiento.

b) Emitir informe, a solicitud de la Administracin Pblica correspondiente, sobre el traslado total o parcial de las instalaciones e implantacin o revisin de sus sistemas de organizacin y mtodos de trabajo.

c) Ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves.

d) Tener conocimiento y ser odos en el establecimiento de la jornada laboral y horario de trabajo, as como en el rgimen de vacaciones y permisos.

e) Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de trabajo, prevencin de riesgos laborales, Seguridad Social y empleo y ejercer, en su caso, las acciones legales oportunas ante los organismos competentes.

f) Colaborar con la Administracin correspondiente para conseguir el establecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento e incremento de la productividad.

2. Las Juntas de Personal, colegiadamente, por decisin mayoritaria de sus miembros y, en su caso, los Delegados de Personal, mancomunadamente, estarn legitimados para iniciar, como interesados, los correspondientes procedimientos administrativos y ejercitar las acciones en va administrativa o judicial en todo lo relativo al mbito de sus funciones.

Artculo 41. Garantas de la funcin representativa del personal.

1. Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, como representantes legales de los funcionarios, dispondrn en el ejercicio de su funcin representativa de las siguientes garantas y derechos:

a) El acceso y libre circulacin por las dependencias de su unidad electoral, sin que se entorpezca el normal funcionamiento de las correspondientes unidades administrativas, dentro de los horarios habituales de trabajo y con excepcin de las zonas que se reserven de conformidad con lo dispuesto en la legislacin vigente.

b) La distribucin libre de las publicaciones que se refieran a cuestiones profesionales y sindicales.

c) La audiencia en los expedientes disciplinarios a que pudieran ser sometidos sus miembros durante el tiempo de su mandato y durante el ao inmediatamente posterior, sin perjuicio de la audiencia al interesado regulada en el procedimiento sancionador.

d) Un crdito de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo, de acuerdo con la siguiente escala:

Hasta 100 funcionarios: 15.

De 101 a 250 funcionarios: 20.

De 251 a 500 funcionarios: 30.

De 501 a 750 funcionarios: 35.

De 751 en adelante: 40.

Los miembros de la Junta de Personal y Delegados de Personal de la misma candidatura que as lo manifiesten podrn proceder, previa comunicacin al rgano que ostente la Jefatura de Personal ante la que aqulla ejerza su representacin, a la acumulacin de los crditos horarios.

e) No ser trasladados ni sancionados por causas relacionadas con el ejercicio de su mandato representativo, ni durante la vigencia del mismo, ni en el ao siguiente a su extincin, exceptuando la extincin que tenga lugar por revocacin o dimisin.

2. Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal no podrn ser discriminados en su formacin ni en su promocin econmica o profesional por razn del desempeo de su representacin.

3. Cada uno de los miembros de la Junta de Personal y sta como rgano colegiado, as como los Delegados de Personal, en su caso, observarn sigilo profesional en todo lo referente a los asuntos en que la Administracin seale expresamente el carcter reservado, an despus de expirar su mandato. En todo caso, ningn documento reservado entregado por la Administracin podr ser utilizado fuera del estricto mbito de la Administracin para fines distintos de los que motivaron su entrega.

Artculo 42. Duracin de la representacin.

El mandato de los miembros de las Juntas de Personal y de los Delegados de Personal, en su caso, ser de cuatro aos, pudiendo ser reelegidos. El mandato se entender prorrogado si, a su trmino, no se hubiesen promovido nuevas elecciones, sin que los representantes con mandato prorrogado se contabilicen a efectos de determinar la capacidad representativa de los Sindicatos.

Artculo 43. Promocin de elecciones a Delegados y Juntas de Personal.

1. Podrn promover la celebracin de elecciones a Delegados y Juntas de Personal, conforme a lo previsto en el presente Estatuto y en los artculos 6 y 7 de la Ley Orgnica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical:

a) Los Sindicatos ms representativos a nivel estatal.

b) Los Sindicatos ms representativos a nivel de Comunidad Autnoma, cuando la unidad electoral afectada est ubicada en su mbito geogrfico.

c) Los Sindicatos que, sin ser ms representativos, hayan conseguido al menos el 10 por 100 de los representantes a los que se refiere este Estatuto en el conjunto de las Administraciones Pblicas.

d) Los Sindicatos que hayan obtenido al menos un porcentaje del 10 por 100 en la unidad electoral en la que se pretende promover las elecciones.

e) Los funcionarios de la unidad electoral, por acuerdo mayoritario.

2. Los legitimados para promover elecciones tendrn, a este efecto, derecho a que la Administracin Pblica correspondiente les suministre el censo de personal de las unidades electorales afectadas, distribuido por Organismos o centros de trabajo.

Artculo 44. Procedimiento electoral.

El procedimiento para la eleccin de las Juntas de Personal y para la eleccin de Delegados de Personal se determinar reglamentariamente teniendo en cuenta los siguientes criterios generales:

- La eleccin se realizar mediante sufragio personal, directo, libre y secreto que podr emitirse por correo o por otros medios telemticos.

- Sern electores y elegibles los funcionarios que se encuentren en la situacin de servicio activo. No tendrn la consideracin de electores ni elegibles los funcionarios que ocupen puestos cuyo nombramiento se efecte a travs de Real Decreto o por Decreto de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autnomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla.

- Podrn presentar candidaturas las Organizaciones Sindicales legalmente constituidas o las coaliciones de stas, y los grupos de electores de una misma unidad electoral, siempre que el nmero de ellos sea equivalente, al menos, al triple de los miembros a elegir.

- Las Juntas de Personal se elegirn mediante listas cerradas a travs de un sistema proporcional corregido, y los Delegados de Personal mediante listas abiertas y sistema mayoritario.

- Los rganos electorales sern las Mesas Electorales que se constituyan para la direccin y desarrollo del procedimiento electoral y las oficinas pblicas permanentes para el cmputo y certificacin de resultados reguladas en la normativa laboral.

- Las impugnaciones se tramitarn conforme a un procedimiento arbitral, excepto las reclamaciones contra las denegaciones de inscripcin de actas electorales que podrn plantearse directamente ante la jurisdiccin social.

Artculo 45. Solucin extrajudicial de conflictos colectivos.

1. Con independencia de las atribuciones fijadas por las partes a las comisiones paritarias previstas en el artculo 38.5 para el conocimiento y resolucin de los conflictos derivados de la aplicacin e interpretacin de los Pactos y Acuerdos, las Administraciones Pblicas y las Organizaciones Sindicales a que se refiere el presente Captulo podrn acordar la creacin, configuracin y desarrollo de sistemas de solucin extrajudicial de conflictos colectivos.

2. Los conflictos a que se refiere el apartado anterior podrn ser los derivados de la negociacin, aplicacin e interpretacin de los Pactos y Acuerdos sobre las materias sealadas en el artculo 37, excepto para aquellas en que exista reserva de Ley.

3. Los sistemas podrn estar integrados por procedimientos de mediacin y arbitraje. La mediacin ser obligatoria cuando lo solicite una de las partes y las propuestas de solucin que ofrezcan el mediador o mediadores podrn ser libremente aceptadas o rechazadas por las mismas.

Mediante el procedimiento de arbitraje las partes podrn acordar voluntariamente encomendar a un tercero la resolucin del conflicto planteado, comprometindose de antemano a aceptar el contenido de la misma.

4. El acuerdo logrado a travs de la mediacin o de la resolucin de arbitraje tendr la misma eficacia jurdica y tramitacin de los Pactos y Acuerdos regulados en el presente Estatuto, siempre que quienes hubieran adoptado el acuerdo o suscrito el compromiso arbitral tuviesen la legitimacin que les permita acordar, en el mbito del conflicto, un Pacto o Acuerdo conforme a lo previsto en este Estatuto.

Estos acuerdos sern susceptibles de impugnacin. Especficamente cabr recurso contra la resolucin arbitral en el caso de que no se hubiesen observado en el desarrollo de la actuacin arbitral los requisitos y formalidades establecidos al efecto o cuando la resolucin hubiese versado sobre puntos no sometidos a su decisin, o que sta contradiga la legalidad vigente.

5. La utilizacin de estos sistemas se efectuar conforme a los procedimientos que reglamentariamente se determinen previo acuerdo con las Organizaciones Sindicales representativas.

Artculo 46. Derecho de reunin.

1. Estn legitimados para convocar una reunin, adems de las Organizaciones Sindicales, directamente o a travs de los Delegados Sindicales:

a) Los Delegados de Personal.

b) Las Juntas de Personal.

c) Los Comits de Empresa.

d) Los empleados pblicos de las Administraciones respectivas en nmero no inferior al 40 por 100 del colectivo convocado.

2. Las reuniones en el centro de trabajo se autorizarn fuera de las horas de trabajo, salvo acuerdo entre el rgano competente en materia de personal y quienes estn legitimados para convocarlas.

La celebracin de la reunin no perjudicar la prestacin de los servicios y los convocantes de la misma sern responsables de su normal desarrollo.

CAPTULO V
Derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones
Artculo 47. Jornada de trabajo de los funcionarios pblicos.

Las Administraciones Pblicas establecern la jornada general y las especiales de trabajo de sus funcionarios pblicos. La jornada de trabajo podr ser a tiempo completo o a tiempo parcial.

Artculo 48. Permisos de los funcionarios pblicos.

1. Las Administraciones Pblicas determinarn los supuestos de concesin de permisos a los funcionarios pblicos y sus requisitos, efectos y duracin. En defecto de legislacin aplicable los permisos y su duracin sern, al menos, los siguientes:

a) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, tres das hbiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco das hbiles cuando sea en distinta localidad.

Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso ser de dos das hbiles cuando se produzca en la misma localidad y de cuatro das hbiles cuando sea en distinta localidad.

b) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un da.

c) Para realizar funciones sindicales o de representacin del personal, en los trminos que se determine.

d) Para concurrir a exmenes finales y dems pruebas definitivas de aptitud, durante los das de su celebracin.

e) Para la realizacin de exmenes prenatales y tcnicas de preparacin al parto por las funcionarias embarazadas.

f) Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendr derecho a una hora de ausencia del trabajo que podr dividir en dos fracciones. Este derecho podr sustituirse por una reduccin de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada o, en una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad. Este derecho podr ser ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores, en el caso de que ambos trabajen.

Igualmente la funcionaria podr solicitar la sustitucin del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente.

Este permiso se incrementar proporcionalmente en los casos de parto mltiple.

g) Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados a continuacin del parto, la funcionaria o el funcionario tendr derecho a ausentarse del trabajo durante un mximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones ntegras. Asimismo, tendrn derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un mximo de dos horas, con la disminucin proporcional de sus retribuciones.

h) Por razones de guarda legal, cuando el funcionario tenga el cuidado directo de algn menor de doce aos, de persona mayor que requiera especial dedicacin, o de una persona con discapacidad que no desempee actividad retribuida, tendr derecho a la reduccin de su jornada de trabajo, con la disminucin de sus retribuciones que corresponda.

Tendr el mismo derecho el funcionario que precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por s mismo y que no desempee actividad retribuida.

i) Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el funcionario tendr derecho a solicitar una reduccin de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carcter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo mximo de un mes. Si hubiera ms de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reduccin se podr prorratear entre los mismos, respetando en todo caso, el plazo mximo de un mes.

j) Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carcter pblico o personal y por deberes relacionados con la conciliacin de la vida familiar y laboral.

k) Por asuntos particulares, seis das.

2. Adems de los das de libre disposicin establecidos por cada Administracin Pblica, los funcionarios tendrn derecho al disfrute de dos das adicionales al cumplir el sexto trienio, incrementndose en un da adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo.

Artculo 49. Permisos por motivos de conciliacin de la vida personal, familiar y laboral y por razn de violencia de gnero.

En todo caso se concedern los siguientes permisos con las correspondientes condiciones mnimas:

a) Permiso por parto: tendr una duracin de diecisis semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliar en dos semanas ms en el supuesto de discapacidad del hijo y, por cada hijo a partir del segundo, en los supuestos de parto mltiple. El permiso se distribuir a opcin de la funcionaria siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor podr hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el periodo de descanso por maternidad, podr optar por que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del periodo de descanso posterior al parto, bien de forma simultnea o sucesiva con el de la madre. El otro progenitor podr seguir disfrutando del permiso de maternidad inicialmente cedido, aunque en el momento previsto para la reincorporacin de la madre al trabajo sta se encuentre en situacin de incapacidad temporal.

En los casos de disfrute simultneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podr exceder de las diecisis semanas o de las que correspondan en caso de discapacidad del hijo o de parto mltiple.

Este permiso podr disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan, y en los trminos que reglamentariamente se determinen.

En los casos de parto prematuro y en aqullos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuacin del parto, este permiso se ampliar en tantos das como el neonato se encuentre hospitalizado, con un mximo de trece semanas adicionales.

Durante el disfrute de este permiso se podr participar en los cursos de formacin que convoque la Administracin.

b) Permiso por adopcin o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple: tendr una duracin de diecisis semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliar en dos semanas ms en el supuesto de discapacidad del menor adoptado o acogido y por cada hijo, a partir del segundo, en los supuestos de adopcin o acogimiento mltiple.

El cmputo del plazo se contar a eleccin del funcionario, a partir de la decisin administrativa o judicial de acogimiento o a partir de la resolucin judicial por la que se constituya la adopcin sin que en ningn caso un mismo menor pueda dar derecho a varios periodos de disfrute de este permiso.

En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se distribuir a opcin de los interesados, que podrn disfrutarlo de forma simultnea o sucesiva, siempre en periodos ininterrumpidos.

En los casos de disfrute simultneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podr exceder de las diecisis semanas o de las que correspondan en caso de adopcin o acogimiento mltiple y de discapacidad del menor adoptado o acogido.

Este permiso podr disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades de servicio lo permitan, y en los trminos que reglamentariamente se determine.

Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al pas de origen del adoptado, en los casos de adopcin o acogimiento internacional, se tendr derecho, adems, a un permiso de hasta dos meses de duracin, percibiendo durante este periodo exclusivamente las retribuciones bsicas.

Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el prrafo anterior y para el supuesto contemplado en dicho prrafo, el permiso por adopcin o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, podr iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolucin judicial por la que se constituya la adopcin o la decisin administrativa o judicial de acogimiento.

Durante el disfrute de este permiso se podr participar en los cursos de formacin que convoque la Administracin.

Los supuestos de adopcin o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, previstos en este artculo sern los que as se establezcan en el Cdigo Civil o en las Leyes civiles de las Comunidades Autnomas que los regulen, debiendo tener el acogimiento simple una duracin no inferior a un ao.

c) Permiso de paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopcin de un hijo: tendr una duracin de quince das, a disfrutar por el padre o el otro progenitor a partir de la fecha del nacimiento, de la decisin administrativa o judicial de acogimiento o de la resolucin judicial por la que se constituya la adopcin.

Este permiso es independiente del disfrute compartido de los permisos contemplados en los apartados a) y b).

En los casos previstos en los apartados a), b), y c) el tiempo transcurrido durante el disfrute de estos permisos se computar como de servicio efectivo a todos los efectos, garantizndose la plenitud de derechos econmicos de la funcionaria y, en su caso, del otro progenitor funcionario, durante todo el periodo de duracin del permiso, y, en su caso, durante los periodos posteriores al disfrute de este, si de acuerdo con la normativa aplicable, el derecho a percibir algn concepto retributivo se determina en funcin del periodo de disfrute del permiso.

Los funcionarios que hayan hecho uso del permiso por parto o maternidad, paternidad y adopcin o acogimiento tendrn derecho, una vez finalizado el periodo de permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo en trminos y condiciones que no les resulten menos favorables al disfrute del permiso, as como a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las que hubieran podido tener derecho durante su ausencia.

d) Permiso por razn de violencia de gnero sobre la mujer funcionaria: las faltas de asistencia de las funcionarias vctimas de violencia de gnero, totales o parciales, tendrn la consideracin de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que as lo determinen los servicios sociales de atencin o de salud segn proceda.

Asimismo, las funcionarias vctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva su proteccin o su derecho de asistencia social integral, tendrn derecho a la reduccin de la jornada con disminucin proporcional de la retribucin, o la reordenacin del tiempo de trabajo, a travs de la adaptacin del horario, de la aplicacin del horario flexible o de otras formas de ordenacin del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los trminos que para estos supuestos establezca la Administracin Pblica competente en casa caso.

Artculo 50. Vacaciones de los funcionarios pblicos.

Los funcionarios pblicos tendrn derecho a disfrutar como mnimo, durante cada ao natural, de unas vacaciones retribuidas de veintids das hbiles, o de los das que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el ao fue menor.

A los efectos de lo previsto en el presente artculo, no se considerarn como das hbiles los sbados, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para los horarios especiales.

Artculo 51. Jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral.

Para el rgimen de jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral se estar a lo establecido en este Captulo y en la legislacin laboral correspondiente.

CAPTULO VI
Deberes de los empleados pblicos. Cdigo de Conducta
Artculo 52. Deberes de los empleados pblicos. Cdigo de Conducta.

Los empleados pblicos debern desempear con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujecin y observancia de la Constitucin y del resto del ordenamiento jurdico, y debern actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicacin al servicio pblico, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promocin del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Cdigo de Conducta de los empleados pblicos configurado por los principios ticos y de conducta regulados en los artculos siguientes.

Los principios y reglas establecidos en este Captulo informarn la interpretacin y aplicacin del rgimen disciplinario de los empleados pblicos.

Artculo 53. Principios ticos.

1. Los empleados pblicos respetarn la Constitucin y el resto de normas que integran el ordenamiento jurdico.

2. Su actuacin perseguir la satisfaccin de los intereses generales de los ciudadanos y se fundamentar en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el inters comn, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio.

3. Ajustarn su actuacin a los principios de lealtad y buena fe con la Administracin en la que presten sus servicios, y con sus superiores, compaeros, subordinados y con los ciudadanos.

4. Su conducta se basar en el respeto de los derechos fundamentales y libertades pblicas, evitando toda actuacin que pueda producir discriminacin alguna por razn de nacimiento, origen racial o tnico, gnero, sexo, orientacin sexual, religin o convicciones, opinin, discapacidad, edad o cualquier otra condicin o circunstancia personal o social.

5. Se abstendrn en aquellos asuntos en los que tengan un inters personal, as como de toda actividad privada o inters que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto pblico.

6. No contraern obligaciones econmicas ni intervendrn en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurdicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto pblico.

7. No aceptarn ningn trato de favor o situacin que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas fsicas o entidades privadas.

8. Actuarn de acuerdo con los principios de eficacia, economa y eficiencia, y vigilarn la consecucin del inters general y el cumplimiento de los objetivos de la organizacin.

9. No influirn en la agilizacin o resolucin de trmite o procedimiento administrativo sin justa causa y, en ningn caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos pblicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros.

10. Cumplirn con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, resolvern dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia.

11. Ejercern sus atribuciones segn el principio de dedicacin al servicio pblico abstenindose no solo de conductas contrarias al mismo, sino tambin de cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios pblicos.

12. Guardarn secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusin est prohibida legalmente, y mantendrn la debida discrecin sobre aquellos asuntos que conozcan por razn de su cargo, sin que puedan hacer uso de la informacin obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del inters pblico.

Artculo 54. Principios de conducta.

1. Tratarn con atencin y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados pblicos.

2. El desempeo de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizar de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos.

3. Obedecern las instrucciones y rdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infraccin manifiesta del ordenamiento jurdico, en cuyo caso las pondrn inmediatamente en conocimiento de los rganos de inspeccin procedentes.

4. Informarn a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, y facilitarn el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

5. Administrarn los recursos y bienes pblicos con austeridad, y no utilizarn los mismos en provecho propio o de personas allegadas. Tendrn, asimismo, el deber de velar por su conservacin.

6. Se rechazar cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya ms all de los usos habituales, sociales y de cortesa, sin perjuicio de lo establecido en el Cdigo Penal.

7. Garantizarn la constancia y permanencia de los documentos para su transmisin y entrega a sus posteriores responsables.

8. Mantendrn actualizada su formacin y cualificacin.

9. Observarn las normas sobre seguridad y salud laboral.

10. Pondrn en conocimiento de sus superiores o de los rganos competentes las propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la que estn destinados. A estos efectos se podr prever la creacin de la instancia adecuada competente para centralizar la recepcin de las propuestas de los empleados pblicos o administrados que sirvan para mejorar la eficacia en el servicio.

11. Garantizarn la atencin al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el territorio.

TTULO IV
Adquisicin y prdida de la relacin de servicio
CAPTULO I
Acceso al empleo pblico y adquisicin de la relacin de servicio
Artculo 55. Principios rectores.

1. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo pblico de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mrito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurdico.

2. Las Administraciones Pblicas, entidades y organismos a que se refiere el artculo 2 del presente Estatuto seleccionarn a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales antes expresados, as como los establecidos a continuacin:

a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases.

b) Transparencia.

c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los rganos de seleccin.

d) Independencia y discrecionalidad tcnica en la actuacin de los rganos de seleccin.

e) Adecuacin entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar.

f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de seleccin.

Artculo 56. Requisitos generales.

1. Para poder participar en los procesos selectivos ser necesario reunir los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad espaola, sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo siguiente.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeo de las tareas.

c) Tener cumplidos diecisis aos y no exceder, en su caso, de la edad mxima de jubilacin forzosa. Slo por ley podr establecerse otra edad mxima, distinta de la edad de jubilacin forzosa, para el acceso al empleo pblico.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pblicas o de los rganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autnomas, ni hallarse en inhabilitacin absoluta o especial para empleos o cargos pblicos por resolucin judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situacin equivalente ni haber sido sometido a sancin disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos trminos el acceso al empleo pblico.

e) Poseer la titulacin exigida.

2. Las Administraciones Pblicas, en el mbito de sus competencias, debern prever la seleccin de empleados pblicos debidamente capacitados para cubrir los puestos de trabajo en las Comunidades Autnomas que gocen de dos lenguas oficiales.

3. Podr exigirse el cumplimiento de otros requisitos especficos que guarden relacin objetiva y proporcionada con las funciones asumidas y las tareas a desempear. En todo caso, habrn de establecerse de manera abstracta y general.

Artculo 57. Acceso al empleo pblico de nacionales de otros Estados.

1. Los nacionales de los Estados miembros de la Unin Europea podrn acceder, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que los espaoles a los empleos pblicos, con excepcin de aquellos que directa o indirectamente impliquen una participacin en el ejercicio del poder pblico o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones Pblicas.

A tal efecto, los rganos de Gobierno de las Administraciones Pblicas determinarn las agrupaciones de funcionarios contempladas en el artculo 76 a las que no puedan acceder los nacionales de otros Estados.

2. Las previsiones del apartado anterior sern de aplicacin, cualquiera que sea su nacionalidad, al cnyuge de los espaoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unin Europea, siempre que no estn separados de derecho y a sus descendientes y a los de su cnyuge siempre que no estn separados de derecho, sean menores de veintin aos o mayores de dicha edad dependientes.

3. El acceso al empleo pblico como personal funcionario, se extender igualmente a las personas incluidas en el mbito de aplicacin de los Tratados Internaciones celebrados por la Unin Europea y ratificados por Espaa en los que sea de aplicacin la libre circulacin de trabajadores, en los trminos establecidos en el apartado 1 de este artculo.

4. Los extranjeros a los que se refieren los apartados anteriores, as como los extranjeros con residencia legal en Espaa podrn acceder a las Administraciones Pblicas, como personal laboral, en igualdad de condiciones que los espaoles.

5. Slo por ley de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autnomas podr eximirse del requisito de la nacionalidad por razones de inters general para el acceso a la condicin de personal funcionario.

Artculo 58. Acceso al empleo pblico de funcionarios espaoles de Organismos Internacionales.

Las Administraciones Pblicas establecern los requisitos y condiciones para el acceso a las mismas de funcionarios de nacionalidad espaola de Organismos Internacionales, siempre que posean la titulacin requerida y superen los correspondientes procesos selectivos. Podrn quedar exentos de la realizacin de aquellas pruebas que tengan por objeto acreditar conocimientos ya exigidos para el desempeo de su puesto en el organismo internacional correspondiente.

Artculo 59. Personas con discapacidad.

1. En las ofertas de empleo pblico se reservar un cupo no inferior al cinco por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como tales las definidas en el apartado 2 del artculo 1 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminacin y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeo de las tareas, de modo que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en cada Administracin Pblica.

2. Cada Administracin Pblica adoptar las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo y, una vez superado dicho proceso, las adaptaciones en el puesto de trabajo a las necesidades de las personas con discapacidad.

Artculo 60. rganos de seleccin.

1. Los rganos de seleccin sern colegiados y su composicin deber ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tender, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.

2. El personal de eleccin o de designacin poltica, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrn formar parte de los rganos de seleccin.

3. La pertenencia a los rganos de seleccin ser siempre a ttulo individual, no pudiendo ostentarse sta en representacin o por cuenta de nadie.

Artculo 61. Sistemas selectivos.

1. Los procesos selectivos tendrn carcter abierto y garantizarn la libre concurrencia, sin perjuicio de lo establecido para la promocin interna y de las medidas de discriminacin positiva previstas en este Estatuto.

Los rganos de seleccin velarn por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre sexos.

2. Los procedimientos de seleccin cuidarn especialmente la conexin entre el tipo de pruebas a superar y la adecuacin al desempeo de las tareas de los puestos de trabajo convocados, incluyendo, en su caso, las pruebas prcticas que sean precisas.

Las pruebas podrn consistir en la comprobacin de los conocimientos y la capacidad analtica de los aspirantes, expresados de forma oral o escrita, en la realizacin de ejercicios que demuestren la posesin de habilidades y destrezas, en la comprobacin del dominio de lenguas extranjeras y, en su caso, en la superacin de pruebas fsicas.

3. Los procesos selectivos que incluyan, adems de las preceptivas pruebas de capacidad, la valoracin de mritos de los aspirantes slo podrn otorgar a dicha valoracin una puntuacin proporcionada que no determinar, en ningn caso, por s misma el resultado del proceso selectivo.

4. Las Administraciones Pblicas podrn crear rganos especializados y permanentes para la organizacin de procesos selectivos, pudindose encomendar estas funciones a los Institutos o Escuelas de Administracin Pblica.

5. Para asegurar la objetividad y la racionalidad de los procesos selectivos, las pruebas podrn completarse con la superacin de cursos, de periodos de prcticas, con la exposicin curricular por los candidatos, con pruebas psicotcnicas o con la realizacin de entrevistas. Igualmente podrn exigirse reconocimientos mdicos.

6. Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera sern los de oposicin y concurso-oposicin que debern incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelacin.

Slo en virtud de ley podr aplicarse, con carcter excepcional, el sistema de concurso que consistir nicamente en la valoracin de mritos.

7. Los sistemas selectivos de personal laboral fijo sern los de oposicin, concurso-oposicin, con las caractersticas establecidas en el apartado anterior, o concurso de valoracin de mritos.

Las Administraciones Pblicas podrn negociar las formas de colaboracin que en el marco de los convenios colectivos fijen la actuacin de las Organizaciones Sindicales en el desarrollo de los procesos selectivos.

8. Los rganos de seleccin no podrn proponer el acceso a la condicin de funcionario de un nmero superior de aprobados al de plazas convocadas, excepto cuando as lo prevea la propia convocatoria.

No obstante lo anterior, siempre que los rganos de seleccin hayan propuesto el nombramiento de igual nmero de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o toma de posesin, el rgano convocante podr requerir del rgano de seleccin relacin complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su posible nombramiento como funcionarios de carrera.

Artculo 62. Adquisicin de la condicin de funcionario de carrera.

1. La condicin de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos:

a) Superacin del proceso selectivo.

b) Nombramiento por el rgano o autoridad competente, que ser publicado en el Diario Oficial correspondiente.

c) Acto de acatamiento de la Constitucin y, en su caso, del Estatuto de Autonoma correspondiente y del resto del Ordenamiento Jurdico.

d) Toma de posesin dentro del plazo que se establezca.

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1.b) anterior, no podrn ser funcionarios y quedarn sin efecto las actuaciones relativas a quienes no acrediten, una vez superado el proceso selectivo, que renen los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria.

CAPTULO II
Prdida de la relacin de servicio
Artculo 63. Causas de prdida de la condicin de funcionario de carrera.

Son causas de prdida de la condicin de funcionario de carrera:

a) La renuncia a la condicin de funcionario.

b) La prdida de la nacionalidad.

c) La jubilacin total del funcionario.

d) La sancin disciplinaria de separacin del servicio que tuviere carcter firme.

e) La pena principal o accesoria de inhabilitacin absoluta o especial para cargo pblico que tuviere carcter firme.

Artculo 64. Renuncia.

1. La renuncia voluntaria a la condicin de funcionario habr de ser manifestada por escrito y ser aceptada expresamente por la Administracin, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.

2. No podr ser aceptada la renuncia cuando el funcionario est sujeto a expediente disciplinario o haya sido dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisin de algn delito.

3. La renuncia a la condicin de funcionario no inhabilita para ingresar de nuevo en la Administracin Pblica a travs del procedimiento de seleccin establecido.

Artculo 65. Prdida de la nacionalidad.

La prdida de la nacionalidad espaola o la de cualquier otro Estado miembro de la Unin Europea o la de aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unin Europea y ratificados por Espaa, les sea de aplicacin la libre circulacin de trabajadores, que haya sido tenida en cuenta para el nombramiento, determinar la prdida de la condicin de funcionario salvo que simultneamente se adquiera la nacionalidad de alguno de dichos Estados.

Artculo 66. Pena principal o accesoria de inhabilitacin absoluta o especial para cargo pblico.

La pena principal o accesoria de inhabilitacin absoluta cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga produce la prdida de la condicin de funcionario respecto a todos los empleos o cargos que tuviere.

La pena principal o accesoria de inhabilitacin especial cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga produce la prdida de la condicin de funcionario respecto de aquellos empleos o cargos especificados en la sentencia.

Artculo 67. Jubilacin.

1. La jubilacin de los funcionarios podr ser:

a) Voluntaria, a solicitud del funcionario.

b) Forzosa, al cumplir la edad legalmente establecida.

c) Por la declaracin de incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias de su cuerpo o escala, o por el reconocimiento de una pensin de incapacidad permanente absoluta o, incapacidad permanente total en relacin con el ejercicio de las funciones de su cuerpo o escala.

d) Parcial. De acuerdo con lo establecido en los apartados 2 y 4.

2. Proceder la jubilacin voluntaria, a solicitud del interesado, siempre que el funcionario rena los requisitos y condiciones establecidos en el Rgimen de Seguridad Social que le sea aplicable.

Por Ley de las Cortes Generales, con carcter excepcional y en el marco de la planificacin de los recursos humanos, se podrn establecer condiciones especiales de las jubilaciones voluntaria y parcial.

3. La jubilacin forzosa se declarar de oficio al cumplir el funcionario los sesenta y cinco aos de edad.

No obstante, en los trminos de las leyes de Funcin Pblica que se dicten en desarrollo de este Estatuto, se podr solicitar la prolongacin de la permanencia en el servicio activo como mximo hasta que se cumpla setenta aos de edad. La Administracin Pblica competente deber de resolver de forma motivada la aceptacin o denegacin de la prolongacin.

De lo dispuesto en los dos prrafos anteriores quedarn excluidos los funcionarios que tengan normas estatales especficas de jubilacin.

4. Proceder la jubilacin parcial, a solicitud del interesado, siempre que el funcionario rena los requisitos y condiciones establecidos en el Rgimen de Seguridad Social que le sea aplicable.

Artculo 68. Rehabilitacin de la condicin de funcionario.

1. En caso de extincin de la relacin de servicios como consecuencia de prdida de la nacionalidad o jubilacin por incapacidad permanente para el servicio, el interesado, una vez desaparecida la causa objetiva que la motiv, podr solicitar la rehabilitacin de su condicin de funcionario, que le ser concedida.

2. Los rganos de gobierno de las Administraciones Pblicas podrn conceder, con carcter excepcional, la rehabilitacin, a peticin del interesado, de quien hubiera perdido la condicin de funcionario por haber sido condenado a la pena principal o accesoria de inhabilitacin, atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido. Si transcurrido el plazo para dictar la resolucin, no se hubiera producido de forma expresa, se entender desestimada la solicitud.

TTULO V
Ordenacin de la actividad profesional
CAPTULO I
Planificacin de recursos humanos
Artculo 69. Objetivos e instrumentos de la planificacin.

1. La planificacin de los recursos humanos en las Administraciones Pblicas tendr como objetivo contribuir a la consecucin de la eficacia en la prestacin de los servicios y de la eficiencia en la utilizacin de los recursos econmicos disponibles mediante la dimensin adecuada de sus efectivos, su mejor distribucin, formacin, promocin profesional y movilidad.

2. Las Administraciones Pblicas podrn aprobar Planes para la ordenacin de sus recursos humanos, que incluyan, entre otras, algunas de las siguientes medidas:

a) Anlisis de las disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde el punto de vista del nmero de efectivos, como del de los perfiles profesionales o niveles de cualificacin de los mismos.

b) Previsiones sobre los sistemas de organizacin del trabajo y modificaciones de estructuras de puestos de trabajo.

c) Medidas de movilidad, entre las cuales podr figurar la suspensin de incorporaciones de personal externo a un determinado mbito o la convocatoria de concursos de provisin de puestos limitados a personal de mbitos que se determinen.

d) Medidas de promocin interna y de formacin del personal y de movilidad forzosa de conformidad con lo dispuesto en el Captulo III del presente Ttulo de este Estatuto.

e) La previsin de la incorporacin de recursos humanos a travs de la Oferta de empleo pblico, de acuerdo con lo establecido en el artculo siguiente.

3. Cada Administracin Pblica planificar sus recursos humanos de acuerdo con los sistemas que establezcan las normas que les sean de aplicacin.

Artculo 70. Oferta de empleo pblico.

1. Las necesidades de recursos humanos, con asignacin presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporacin de personal de nuevo ingreso sern objeto de la Oferta de empleo pblico, o a travs de otro instrumento similar de gestin de la provisin de las necesidades de personal, lo que comportar la obligacin de convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un diez por cien adicional, fijando el plazo mximo para la convocatoria de los mismos. En todo caso, la ejecucin de la oferta de empleo pblico o instrumento similar deber desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres aos.

2. La Oferta de empleo pblico o instrumento similar, que se aprobar anualmente por los rganos de Gobierno de las Administraciones Pblicas, deber ser publicada en el Diario oficial correspondiente.

3. La Oferta de empleo pblico o instrumento similar podr contener medidas derivadas de la planificacin de recursos humanos.

Artculo 71. Registros de personal y Gestin integrada de recursos humanos.

1. Cada Administracin Pblica constituir un Registro en el que se inscribirn los datos relativos al personal contemplado en los artculos 2 y 5 del presente Estatuto y que tendr en cuenta las peculiaridades de determinados colectivos.

2. Los Registros podrn disponer tambin de la informacin agregada sobre los restantes recursos humanos de su respectivo sector pblico.

3. Mediante convenio de Conferencia Sectorial se establecern los contenidos mnimos comunes de los Registros de personal y los criterios que permitan el intercambio homogneo de la informacin entre Administraciones, con respeto a lo establecido en la legislacin de proteccin de datos de carcter personal.

4. Las Administraciones Pblicas impulsarn la gestin integrada de recursos humanos.

5. Cuando las Entidades Locales no cuenten con la suficiente capacidad financiera o tcnica, la Administracin General del Estado y las Comunidades Autnomas cooperarn con aqullas a los efectos contemplados en este artculo.

CAPTULO II
Estructuracin del empleo pblico
Artculo 72. Estructuracin de los recursos humanos.

En el marco de sus competencias de autoorganizacin, las Administraciones Pblicas estructuran sus recursos humanos de acuerdo con las normas que regulan la seleccin, la promocin profesional, la movilidad y la distribucin de funciones y conforme a lo previsto en este Captulo.

Artculo 73. Desempeo y agrupacin de puestos de trabajo.

1. Los empleados pblicos tienen derecho al desempeo de un puesto de trabajo de acuerdo con el sistema de estructuracin del empleo pblico que establezcan las leyes de desarrollo del presente Estatuto.

2. Las Administraciones Pblicas podrn asignar a su personal funciones, tareas o responsabilidades distintas a las correspondientes al puesto de trabajo que desempeen siempre que resulten adecuadas a su clasificacin, grado o categora, cuando las necesidades del servicio lo justifiquen sin merma en las retribuciones.

3. Los puestos de trabajo podrn agruparse en funcin de sus caractersticas para ordenar la seleccin, la formacin y la movilidad.

Artculo 74. Ordenacin de los puestos de trabajo.

Las Administraciones Pblicas estructurarn su organizacin a travs de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprendern, al menos, la denominacin de los puestos, los grupos de clasificacin profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estn adscritos, los sistemas de provisin y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos sern pblicos.

Artculo 75. Cuerpos y escalas.

1. Los funcionarios se agrupan en cuerpos, escalas, especialidades u otros sistemas que incorporen competencias, capacidades y conocimientos comunes acreditados a travs de un proceso selectivo.

2. Los cuerpos y escalas de funcionarios se crean, modifican y suprimen por Ley de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autnomas.

3. Cuando en esta Ley se hace referencia a cuerpos y escalas se entender comprendida igualmente cualquier otra agrupacin de funcionarios.

Artculo 76. Grupos de clasificacin profesional del personal funcionario de carrera.

Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulacin exigida para el acceso a los mismos, en los siguientes grupos:

Grupo A, dividido en dos Subgrupos A1 y A2.

Para el acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo se exigir estar en posesin del ttulo universitario de Grado. En aquellos supuestos en los que la Ley exija otro ttulo universitario ser ste el que se tenga en cuenta.

La clasificacin de los cuerpos y escalas en cada Subgrupo estar en funcin del nivel de responsabilidad de las funciones a desempear y de las caractersticas de las pruebas de acceso.

Grupo B. Para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo B se exigir estar en posesin del ttulo de Tcnico Superior.

Grupo C. Dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, segn la titulacin exigida para el ingreso.

C1: ttulo de bachiller o tcnico.

C2: ttulo de graduado en educacin secundaria obligatoria.

Artculo 77. Clasificacin del personal laboral.

El personal laboral se clasificar de conformidad con la legislacin laboral.

CAPTULO III
Provisin de puestos de trabajo y movilidad
Artculo 78. Principios y procedimientos de provisin de puestos de trabajo del personal funcionario de carrera.

1. Las Administraciones Pblicas proveern los puestos de trabajo mediante procedimientos basados en los principios de igualdad, mrito, capacidad y publicidad.

2. La provisin de puestos de trabajo en cada Administracin Pblica se llevar a cabo por los procedimientos de concurso y de libre designacin con convocatoria pblica.

3. Las Leyes de Funcin Pblica que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrn establecer otros procedimientos de provisin en los supuestos de movilidad a que se refiere el artculo 81.2, permutas entre puestos de trabajo, movilidad por motivos de salud o rehabilitacin del funcionario, reingreso al servicio activo, cese o remocin en los puestos de trabajo y supresin de los mismos.

Artculo 79. Concurso de provisin de los puestos de trabajo del personal funcionario de carrera.

1. El concurso, como procedimiento normal de provisin de puestos de trabajo, consistir en la valoracin de los mritos y capacidades y, en su caso, aptitudes de los candidatos por rganos colegiados de carcter tcnico. La composicin de estos rganos responder al principio de profesionalidad y especializacin de sus miembros y se adecuar al criterio de paridad entre mujer y hombre. Su funcionamiento se ajustar a las reglas de imparcialidad y objetividad.

2. Las Leyes de Funcin Pblica que se dicten en desarrollo del presente Estatuto establecern el plazo mnimo de ocupacin de los puestos obtenidos por concurso para poder participar en otros concursos de provisin de puestos de trabajo.

3. En el caso de supresin o remocin de los puestos obtenidos por concurso se deber asignar un puesto de trabajo conforme al sistema de carrera profesional propio de cada Administracin Pblica y con las garantas inherentes de dicho sistema.

Artculo 80. Libre designacin con convocatoria pblica del personal funcionario de carrera.

1. La libre designacin con convocatoria pblica consiste en la apreciacin discrecional por el rgano competente de la idoneidad de los candidatos en relacin con los requisitos exigidos para el desempeo del puesto.

2. Las Leyes de Funcin Pblica que se dicten en desarrollo del presente Estatuto establecern los criterios para determinar los puestos que por su especial responsabilidad y confianza puedan cubrirse por el procedimiento de libre designacin con convocatoria pblica.

3. El rgano competente para el nombramiento podr recabar la intervencin de especialistas que permitan apreciar la idoneidad de los candidatos.

4. Los titulares de los puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designacin con convocatoria pblica podrn ser cesados discrecionalmente. En caso de cese, se les deber asignar un puesto de trabajo conforme al sistema de carrera profesional propio de cada Administracin Pblica y con las garantas inherentes de dicho sistema.

Artculo 81. Movilidad del personal funcionario de carrera.

1. Cada Administracin Pblica, en el marco de la planificacin general de sus recursos humanos, y sin perjuicio del derecho de los funcionarios a la movilidad podr establecer reglas para la ordenacin de la movilidad voluntaria de los funcionarios pblicos cuando considere que existen sectores prioritarios de la actividad pblica con necesidades especficas de efectivos.

2. Las Administraciones Pblicas, de manera motivada, podrn trasladar a sus funcionarios, por necesidades de servicio o funcionales, a unidades, departamentos u organismos pblicos o entidades distintos a los de su destino, respetando sus retribuciones, condiciones esenciales de trabajo, modificando, en su caso, la adscripcin de los puestos de trabajo de los que sean titulares. Cuando por motivos excepcionales los planes de ordenacin de recursos impliquen cambio de lugar de residencia se dar prioridad a la voluntariedad de los traslados. Los funcionarios tendrn derecho a las indemnizaciones establecidas reglamentariamente para los traslados forzosos.

3. En caso de urgente e inaplazable necesidad, los puestos de trabajo podrn proveerse con carcter provisional debiendo procederse a su convocatoria pblica dentro del plazo que sealen las normas que sean de aplicacin.

Artculo 82. Movilidad por razn de violencia de gnero.

Las mujeres vctimas de violencia de gnero que se vean obligadas a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venan prestando sus servicios, para hacer efectiva su proteccin o el derecho a la asistencia social integral, tendrn derecho al traslado a otro puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala o categora profesional, de anlogas caractersticas, sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura. Aun as, en tales supuestos la Administracin Pblica competente, estar obligada a comunicarle las vacantes ubicadas en la misma localidad o en las localidades que la interesada expresamente solicite.

Este traslado tendr la consideracin de traslado forzoso.

En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de gnero, se proteger la intimidad de las vctimas, en especial, sus datos personales, los de sus descendientes y las de cualquier persona que est bajo su guarda o custodia.

Artculo 83. Provisin de puestos y movilidad del personal laboral.

La provisin de puestos y movilidad del personal laboral se realizar de conformidad con lo que establezcan los convenios colectivos que sean de aplicacin y, en su defecto por el sistema de provisin de puestos y movilidad del personal funcionario de carrera.

Artculo 84. La movilidad voluntaria entre Administraciones Pblicas.

1. Con el fin de lograr un mejor aprovechamiento de los recursos humanos, que garantice la eficacia del servicio que se preste a los ciudadanos, la Administracin General del Estado y las Comunidades Autnomas y las Entidades Locales establecern medidas de movilidad interadministrativa, preferentemente mediante Convenio de Conferencia Sectorial u otros instrumentos de colaboracin.

2. La Conferencia Sectorial de Administracin Pblica podr aprobar los criterios generales a tener en cuenta para llevar a cabo las homologaciones necesarias para hacer posible la movilidad

3. Los funcionarios de carrera que obtengan destino en otra Administracin Pblica a travs de los procedimientos de movilidad quedarn respecto de su Administracin de origen en la situacin administrativa de servicio en otras Administraciones Pblicas. En los supuestos de cese o supresin del puesto de trabajo, permanecern en la Administracin de destino, que deber asignarles un puesto de trabajo conforme a los sistemas de carrera y provisin de puestos vigentes en dicha Administracin.

TTULO VI
Situaciones administrativas
Artculo 85. Situaciones administrativas de los funcionarios de carrera.

1. Los funcionarios de carrera se hallarn en alguna de las siguientes situaciones:

a) Servicio activo.

b) Servicios especiales.

c) Servicio en otras Administraciones Pblicas.

d) Excedencia.

e) Suspensin de funciones.

2. Las Leyes de Funcin Pblica que se dicten en desarrollo de este Estatuto podrn regular otras situaciones administrativas de los funcionarios de carrera, en los supuestos, en las condiciones y con los efectos que en las mismas se determinen, cuando concurra, entre otras, alguna de las circunstancias siguientes:

a) Cuando por razones organizativas, de reestructuracin interna o exceso de personal, resulte una imposibilidad transitoria de asignar un puesto de trabajo o la conveniencia de incentivar la cesacin en el servicio activo.

b) Cuando los funcionarios accedan, bien por promocin interna o por otros sistemas de acceso, a otros cuerpos o escalas y no les corresponda quedar en alguna de las situaciones previstas en este Estatuto, y cuando pasen a prestar servicios en organismos o entidades del sector pblico en rgimen distinto al de funcionario de carrera.

Dicha regulacin, segn la situacin administrativa de que se trate, podr conllevar garantas de ndole retributiva o imponer derechos u obligaciones en relacin con el reingreso al servicio activo.

Artculo 86. Servicio activo.

1. Se hallarn en situacin de servicio activo quienes, conforme a la normativa de funcin pblica dictada en desarrollo del presente Estatuto, presten servicios en su condicin de funcionarios pblicos cualquiera que sea la Administracin u Organismo Pblico o entidad en el que se encuentren destinados y no les corresponda quedar en otra situacin.

2. Los funcionarios de carrera en situacin de servicio activo gozan de todos los derechos inherentes a su condicin de funcionarios y quedan sujetos a los deberes y responsabilidades derivados de la misma. Se regirn por las normas de este Estatuto y por la normativa de funcin pblica de la Administracin Pblica en que presten servicios.

Artculo 87. Servicios especiales.

1. Los funcionarios de carrera sern declarados en situacin de servicios especiales:

a) Cuando sean designados miembros del Gobierno o de los rganos de gobierno de las Comunidades Autnomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, miembros de las Instituciones de la Unin Europea o de las Organizaciones Internacionales, o sean nombrados altos cargos de las citadas Administraciones Pblicas o Instituciones.

b) Cuando sean autorizados para realizar una misin por periodo determinado superior a seis meses en Organismos Internacionales, Gobiernos o Entidades Pblicas extranjeras o en programas de cooperacin internacional.

c) Cuando sean nombrados para desempear puestos o cargos en Organismos Pblicos o entidades, dependientes o vinculados a las Administraciones Pblicas que, de conformidad con lo que establezca la respectiva Administracin Pblica, estn asimilados en su rango administrativo a altos cargos.

d) Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo o destinados al Tribunal de Cuentas en los trminos previstos en el artculo 93.3 de la ley 7/1988, de 5 de abril.

e) Cuando accedan a la condicin de Diputado o Senador de las Cortes Generales, miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autnomas si perciben retribuciones peridicas por la realizacin de la funcin.

f) Cuando se desempeen cargos electivos retribuidos y de dedicacin exclusiva en las Asambleas de las Ciudades de Ceuta y Melilla y en las Entidades Locales, cuando se desempeen responsabilidades de rganos superiores y directivos municipales y cuando se desempeen responsabilidades de miembros de los rganos locales para el conocimiento y la resolucin de las reclamaciones econmico-administrativas.

g) Cuando sean designados para formar parte del Consejo General del Poder Judicial o de los Consejos de Justicia de las Comunidades Autnomas.

h) Cuando sean elegidos o designados para formar parte de los rganos Constitucionales o de los rganos Estatutarios de las Comunidades Autnomas u otros cuya eleccin corresponda al Congreso de los Diputados, al Senado o a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autnomas.

i) Cuando sean designados como personal eventual por ocupar puestos de trabajo con funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento poltico y no opten por permanecer en la situacin de servicio activo.

j) Cuando adquieran la condicin de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales.

k) Cuando sean designados asesores de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autnomas.

l) Cuando sean activados como reservistas voluntarios para prestar servicios en las Fuerzas Armadas.

2. Quienes se encuentren en situacin de servicios especiales percibirn las retribuciones del puesto o cargo que desempeen y no las que les correspondan como funcionarios de carrera, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que tengan reconocidos en cada momento. El tiempo que permanezcan en tal situacin se les computar a efectos de ascensos, reconocimiento de trienios, promocin interna y derechos en el rgimen de Seguridad Social que les sea de aplicacin. No ser de aplicacin a los funcionarios pblicos que, habiendo ingresado al servicio de las instituciones Comunitarias Europeas, o al de Entidades y Organismos asimilados, ejerciten el derecho de transferencia establecido en el estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas.

3. Quienes se encuentren en situacin de servicios especiales tendrn derecho, al menos, a reingresar al servicio activo en la misma localidad, en las condiciones y con las retribuciones correspondientes a la categora, nivel o escaln de la carrera consolidados, de acuerdo con el sistema de carrera administrativa vigente en la Administracin Pblica a la que pertenezcan. Tendrn, asimismo, los derechos que cada Administracin Pblica pueda establecer en funcin del cargo que haya originado el pase a la mencionada situacin. En este sentido, las Administraciones Pblicas velarn para que no haya menoscabo en el derecho a la carrera profesional de los funcionarios pblicos que hayan sido nombrados altos cargos, miembros del Poder Judicial o de otros rganos constitucionales o estatutarios o que hayan sido elegidos Alcaldes, retribuidos y con dedicacin exclusiva, Presidentes de Diputaciones o de Cabildos o Consejos Insulares, Diputados o Senadores de las Cortes Generales y miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autnomas. Como mnimo, estos funcionarios recibirn el mismo tratamiento en la consolidacin del grado y conjunto de complementos que el que se establezca para quienes hayan sido Directores Generales y otros cargos superiores de la correspondiente Administracin Pblica.

4. La declaracin de esta situacin proceder en todo caso, en los supuestos que se determinen en el presente Estatuto y en las Leyes de Funcin Pblica que se dicten en desarrollo del mismo.

Artculo 88. Servicio en otras Administraciones Pblicas.

1. Los funcionarios de carrera que, en virtud de los procesos de transferencias o por los procedimientos de provisin de puestos de trabajo, obtengan destino en una Administracin Pblica distinta, sern declarados en la situacin de servicio en otras Administraciones Pblicas. Se mantendrn en esa situacin en el caso de que por disposicin legal de la Administracin a la que acceden se integren como personal propio de sta.

2. Los funcionarios transferidos a las Comunidades Autnomas se integran plenamente en la organizacin de la Funcin Pblica de las mismas, hallndose en la situacin de servicio activo en la Funcin Pblica de la Comunidad Autnoma en la que se integran.

Las Comunidades Autnomas al proceder a esta integracin de los funcionarios transferidos como funcionarios propios, respetarn el Grupo o Subgrupo del cuerpo o escala de procedencia, as como los derechos econmicos inherentes a la posicin en la carrera que tuviesen reconocido.

Los funcionarios transferidos mantienen todos sus derechos en la Administracin Pblica de origen como si se hallaran en servicio activo de acuerdo con lo establecido en los respectivos Estatutos de Autonoma.

Se reconoce la igualdad entre todos los funcionarios propios de las Comunidades Autnomas con independencia de su Administracin de procedencia.

3. Los funcionarios de carrera en la situacin de servicio en otras Administraciones Pblicas que se encuentren en dicha situacin por haber obtenido un puesto de trabajo mediante los sistemas de provisin previstos en este Estatuto, se rigen por la legislacin de la Administracin en la que estn destinados de forma efectiva y conservan su condicin de funcionario de la Administracin de origen y el derecho a participar en las convocatorias para la provisin de puestos de trabajo que se efecten por esta ltima. El tiempo de servicio en la Administracin Pblica en la que estn destinados se les computar como de servicio activo en su cuerpo o escala de origen.

4. Los funcionarios que reingresen al servicio activo en la Administracin de origen, procedentes de la situacin de servicio en otras Administraciones Pblicas, obtendrn el reconocimiento profesional de los progresos alcanzados en el sistema de carrera profesional y sus efectos sobre la posicin retributiva conforme al procedimiento previsto en los Convenios de Conferencia Sectorial y dems instrumentos de colaboracin que establecen medidas de movilidad interadministrativa, previstos en el artculo 84 del presente Estatuto. En defecto de tales Convenios o instrumentos de colaboracin, el reconocimiento se realizar por la Administracin Pblica en la que se produzca el reingreso.

Artculo 89. Excedencia.

1. La excedencia de los funcionarios de carrera podr adoptar las siguientes modalidades:

a) Excedencia voluntaria por inters particular.

b) Excedencia voluntaria por agrupacin familiar.

c) Excedencia por cuidado de familiares.

d) Excedencia por razn de violencia de gnero.

2. Los funcionarios de carrera podrn obtener la excedencia voluntaria por inters particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Pblicas durante un periodo mnimo de cinco aos inmediatamente anteriores.

No obstante, las Leyes de Funcin Pblica que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrn establecer una duracin menor del periodo de prestacin de servicios exigido para que el funcionario de carrera pueda solicitar la excedencia y se determinarn los periodos mnimos de permanencia en la misma.

La concesin de excedencia voluntaria por inters particular quedar subordinada a las necesidades del servicio debidamente motivadas. No podr declararse cuando al funcionario pblico se le instruya expediente disciplinario.

Proceder declarar de oficio la excedencia voluntaria por inters particular cuando finalizada la causa que determin el pase a una situacin distinta a la de servicio activo, se incumpla la obligacin de solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo en que se determine reglamentariamente.

Quienes se encuentren en situacin de excedencia por inters particular no devengarn retribuciones, ni les ser computable el tiempo que permanezcan en tal situacin a efectos de ascensos, trienios y derechos en el rgimen de Seguridad Social que les sea de aplicacin.

3. Podr concederse la excedencia voluntaria por agrupacin familiar sin el requisito de haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Pblicas durante el periodo establecido a los funcionarios cuyo cnyuge resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeando un puesto de trabajo de carcter definitivo como funcionario de carrera o como laboral fijo en cualquiera de las Administraciones Pblicas, Organismos pblicos y Entidades de Derecho pblico dependientes o vinculados a ellas, en los rganos Constitucionales o del Poder Judicial y rganos similares de las Comunidades Autnomas, as como en la Unin Europea o en Organizaciones Internacionales.

Quienes se encuentren en situacin de excedencia voluntaria por agrupacin familiar no devengarn retribuciones, ni les ser computable el tiempo que permanezcan en tal situacin a efectos de ascensos, trienios y derechos en el rgimen de Seguridad Social que les sea de aplicacin.

4. Los funcionarios de carrera tendrn derecho a un perodo de excedencia de duracin no superior a tres aos para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopcin o acogimiento permanente o preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolucin judicial o administrativa.

Tambin tendrn derecho a un perodo de excedencia de duracin no superior a tres aos, para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por s mismo y no desempee actividad retribuida.

El perodo de excedencia ser nico por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del perodo de la misma pondr fin al que se viniera disfrutando.

En el caso de que dos funcionarios generasen el derecho a disfrutarla por el mismo sujeto causante, la Administracin podr limitar su ejercicio simultneo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios.

El tiempo de permanencia en esta situacin ser computable a efectos de trienios, carrera y derechos en el rgimen de Seguridad Social que sea de aplicacin. El puesto de trabajo desempeado se reservar, al menos, durante dos aos. Transcurrido este periodo, dicha reserva lo ser a un puesto en la misma localidad y de igual retribucin.

Los funcionarios en esta situacin podrn participar en los cursos de formacin que convoque la Administracin.

5. Las funcionarias vctimas de violencia de gnero, para hacer efectiva su proteccin o su derecho a la asistencia social integral, tendrn derecho a solicitar la situacin de excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mnimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma.

Durante los seis primeros meses tendrn derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempearan, siendo computable dicho perodo a efectos de antigedad, carrera y derechos del rgimen de Seguridad Social que sea de aplicacin.

Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podr prorrogar este periodo por tres meses, con un mximo de dieciocho, con idnticos efectos a los sealados anteriormente, a fin de garantizar la efectividad del derecho de proteccin de la vctima.

Durante los dos primeros meses de esta excedencia la funcionaria tendr derecho a percibir las retribuciones ntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.

Artculo 90. Suspensin de funciones.

1. El funcionario declarado en la situacin de suspensin quedar privado durante el tiempo de permanencia en la misma del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condicin. La suspensin determinar la prdida del puesto de trabajo cuando exceda de seis meses.

2. La suspensin firme se impondr en virtud de sentencia dictada en causa criminal o en virtud de sancin disciplinaria. La suspensin firme por sancin disciplinaria no podr exceder de seis aos.

3. El funcionario declarado en la situacin de suspensin de funciones no podr prestar servicios en ninguna Administracin Pblica ni en los Organismos pblicos, Agencias, o Entidades de derecho pblico dependientes o vinculadas a ellas durante el tiempo de cumplimiento de la pena o sancin.

4. Podr acordarse la suspensin de funciones con carcter provisional con ocasin de la tramitacin de un procedimiento judicial o expediente disciplinario, en los trminos establecidos en este Estatuto.

Artculo 91. Reingreso al servicio activo.

Reglamentariamente se regularn los plazos, procedimientos y condiciones, segn las situaciones administrativas de procedencia, para solicitar el reingreso al servicio activo de los funcionarios de carrera, con respeto al derecho a la reserva del puesto de trabajo en los casos en que proceda conforme al presente Estatuto.

Artculo 92. Situaciones del personal laboral.

El personal laboral se regir por el Estatuto de los Trabajadores y por los Convenios Colectivos que les sean de aplicacin.

Los convenios colectivos podrn determinar la aplicacin de este Captulo al personal incluido en su mbito de aplicacin en lo que resulte compatible con el Estatuto de los Trabajadores.

TTULO VII
Rgimen disciplinario
Artculo 93. Responsabilidad disciplinaria.

1. Los funcionarios pblicos y el personal laboral quedan sujetos al rgimen disciplinario establecido en el presente Ttulo y en las normas que las Leyes de Funcin Pblica dicten en desarrollo de este Estatuto.

2. Los funcionarios pblicos o el personal laboral que indujeren a otros a la realizacin de actos o conductas constitutivos de falta disciplinaria incurrirn en la misma responsabilidad que stos.

3. Igualmente, incurrirn en responsabilidad los funcionarios pblicos o personal laboral que encubrieren las faltas consumadas muy graves o graves, cuando de dichos actos se derive dao grave para la Administracin o los ciudadanos.

4. El rgimen disciplinario del personal laboral se regir, en lo no previsto en el presente Ttulo, por la legislacin laboral.

Artculo 94. Ejercicio de la potestad disciplinaria.

1. Las Administraciones Pblicas corregirn disciplinariamente las infracciones del personal a su servicio sealado en el artculo anterior cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal que pudiera derivarse de tales infracciones.

2. La potestad disciplinaria se ejercer de acuerdo con los siguientes principios:

a) Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, a travs de la predeterminacin normativa o, en el caso del personal laboral, de los convenios colectivos.

b) Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de retroactividad de las favorables al presunto infractor.

c) Principio de proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificacin de las infracciones y sanciones como a su aplicacin.

d) Principio de culpabilidad.

e) Principio de presuncin de inocencia.

3. Cuando de la instruccin de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de criminalidad, se suspender su tramitacin ponindolo en conocimiento del Ministerio Fiscal.

Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la Administracin.

Artculo 95. Faltas disciplinarias.

1. Las faltas disciplinarias pueden ser muy graves, graves y leves.

2. Son faltas muy graves:

a) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitucin y a los respectivos Estatutos de Autonoma de las Comunidades Autnomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de la funcin pblica.

b) Toda actuacin que suponga discriminacin por razn de origen racial o tnico, religin o convicciones, discapacidad, edad u orientacin sexual, lengua, opinin, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condicin o circunstancia personal o social, as como el acoso por razn de origen racial o tnico, religin o convicciones, discapacidad, edad u orientacin sexual y el acoso moral, sexual y por razn de sexo.

c) El abandono del servicio, as como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas.

d) La adopcin de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administracin o a los ciudadanos.

e) La publicacin o utilizacin indebida de la documentacin o informacin a que tengan o hayan tenido acceso por razn de su cargo o funcin.

f) La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados as por Ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicacin o que provoque su difusin o conocimiento indebido.

g) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.

h) La violacin de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y mbito.

i) La desobediencia abierta a las rdenes o instrucciones de un superior, salvo que constituyan infraccin manifiesta del Ordenamiento jurdico.

j) La prevalencia de la condicin de empleado pblico para obtener un beneficio indebido para s o para otro.

k) La obstaculizacin al ejercicio de las libertades pblicas y derechos sindicales.

l) La realizacin de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.

m) El incumplimiento de la obligacin de atender los servicios esenciales en caso de huelga.

n) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello d lugar a una situacin de incompatibilidad.

) La incomparecencia injustificada en las Comisiones de Investigacin de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autnomas.

o) El acoso laboral.

p) Tambin sern faltas muy graves las que queden tipificadas como tales en Ley de las Cortes Generales o de la Asamblea Legislativa de la correspondiente Comunidad Autnoma o por los convenios colectivos en el caso de personal laboral.

3. Las faltas graves sern establecidas por Ley de las Cortes Generales o de la Asamblea Legislativa de la correspondiente Comunidad Autnoma o por los convenios colectivos en el caso de personal laboral, atendiendo a las siguientes circunstancias:

a) El grado en que se haya vulnerado la legalidad.

b) La gravedad de los daos causados al inters pblico, patrimonio o bienes de la Administracin o de los ciudadanos.

c) El descrdito para la imagen pblica de la Administracin.

4. Las Leyes de Funcin Pblica que se dicten en desarrollo del presente Estatuto determinarn el rgimen aplicable a las faltas leves, atendiendo a las anteriores circunstancias.

Artculo 96. Sanciones.

1. Por razn de las faltas cometidas podrn imponerse las siguientes sanciones:

a) Separacin del servicio de los funcionarios, que en el caso de los funcionarios interinos comportar la revocacin de su nombramiento, y que slo podr sancionar la comisin de faltas muy graves.

b) Despido disciplinario del personal laboral, que slo podr sancionar la comisin de faltas muy graves y comportar la inhabilitacin para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeaban.

c) Suspensin firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, con una duracin mxima de 6 aos.

d) Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, por el perodo que en cada caso se establezca.

e) Demrito, que consistir en la penalizacin a efectos de carrera, promocin o movilidad voluntaria.

f) Apercibimiento.

g) Cualquier otra que se establezca por Ley.

2. Proceder la readmisin del personal laboral fijo cuando sea declarado improcedente el despido acordado como consecuencia de la incoacin de un expediente disciplinario por la comisin de una falta muy grave.

3. El alcance de cada sancin se establecer teniendo en cuenta el grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta, el dao al inters pblico, la reiteracin o reincidencia, as como el grado de participacin.

Artculo 97. Prescripcin de las faltas y sanciones.

Las infracciones muy graves prescribirn a los 3 aos, las graves a los 2 aos y las leves a los 6 meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirn a los 3 aos, las impuestas por faltas graves a los 2 aos y las impuestas por faltas leves al ao.

El plazo de prescripcin comenzar a contarse desde que la falta se hubiera cometido, y desde el cese de su comisin cuando se trate de faltas continuadas.

El de las sanciones, desde la firmeza de la resolucin sancionadora.

Artculo 98 Procedimiento disciplinario y medidas provisionales.

1. No podr imponerse sancin por la comisin de faltas muy graves o graves sino mediante el procedimiento previamente establecido.

La imposicin de sanciones por faltas leves se llevar a cabo por procedimiento sumario con audiencia al interesado.

2. El procedimiento disciplinario que se establezca en el desarrollo de este Estatuto se estructurar atendiendo a los principios de eficacia, celeridad y economa procesal, con pleno respeto a los derechos y garantas de defensa del presunto responsable.

En el procedimiento quedar establecido la debida separacin entre la fase instructora y la sancionadora, encomendndose a rganos distintos.

3. Cuando as est previsto en las normas que regulen los procedimientos sancionadores, se podr adoptar mediante resolucin motivada medidas de carcter provisional que aseguren la eficacia de la resolucin final que pudiera recaer.

La suspensin provisional como medida cautelar en la tramitacin de un expediente disciplinario no podr exceder de 6 meses, salvo en caso de paralizacin del procedimiento imputable al interesado. La suspensin provisional podr acordarse tambin durante la tramitacin de un procedimiento judicial, y se mantendr por el tiempo a que se extienda la prisin provisional u otras medidas decretadas por el juez que determinen la imposibilidad de desempear el puesto de trabajo. En este caso, si la suspensin provisional excediera de seis meses no supondr prdida del puesto de trabajo.

El funcionario suspenso provisional tendr derecho a percibir durante la suspensin las retribuciones bsicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.

4. Cuando la suspensin provisional se eleve a definitiva, el funcionario deber devolver lo percibido durante el tiempo de duracin de aqulla. Si la suspensin provisional no llegara a convertirse en sancin definitiva, la Administracin deber restituir al funcionario la diferencia entre los haberes realmente percibidos y los que hubiera debido percibir si se hubiera encontrado con plenitud de derechos.

El tiempo de permanencia en suspensin provisional ser de abono para el cumplimiento de la suspensin firme.

Cuando la suspensin no sea declarada firme, el tiempo de duracin de la misma se computar como de servicio activo, debiendo acordarse la inmediata reincorporacin del funcionario a su puesto de trabajo, con reconocimiento de todos los derechos econmicos y dems que procedan desde la fecha de suspensin.

TTULO VIII
Cooperacin entre las Administraciones Pblicas
Artculo 99. Relaciones de cooperacin entre las Administraciones Pblicas.

Las Administraciones Pblicas actuarn y se relacionarn entre s en las materias objeto de este Estatuto de acuerdo con los principios de cooperacin y colaboracin, respetando, en todo caso, el ejercicio legtimo por las otras Administraciones de sus competencias.

Artculo 100. rganos de cooperacin.

1. La Conferencia Sectorial de Administracin Pblica, como rgano de cooperacin en materia de administracin pblica de la Administracin General del Estado, de las Administraciones de las Comunidades Autnomas, de las Ciudades de Ceuta y Melilla, y de la Administracin Local, cuyos representantes sern designados por la Federacin Espaola de Municipios y Provincias, como asociacin de entidades locales de mbito estatal con mayor implantacin, sin perjuicio de la competencia de otras Conferencias Sectoriales u rganos equivalentes, atender en su funcionamiento y organizacin a lo establecido en la vigente legislacin sobre rgimen jurdico de las Administraciones Pblicas.

2. Se crea la Comisin de Coordinacin del Empleo Pblico como rgano tcnico y de trabajo dependiente de la Conferencia Sectorial de Administracin Pblica. En esta Comisin se har efectiva la coordinacin de la poltica de personal entre la Administracin General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autnomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, y las entidades locales y en concreto le corresponde:

a) Impulsar las actuaciones necesarias para garantizar la efectividad de los principios constitucionales en el acceso al empleo pblico.

b) Estudiar y analizar los proyectos de legislacin bsica en materia de empleo pblico, as como emitir informe sobre cualquier otro proyecto normativo que las Administraciones Pblicas le presenten.

c) Elaborar estudios e informes sobre el empleo pblico. Dichos estudios e informes se remitirn a las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa General de Negociacin de las Administraciones Pblicas.

3. Componen la Comisin de Coordinacin del Empleo Pblico los titulares de aquellos rganos directivos de la poltica de recursos humanos de la Administracin General del Estado, de las Administraciones de las Comunidades Autnomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, y los representantes de la Administracin Local designados por la Federacin Espaola de Municipios y Provincias, como asociacin de entidades locales de mbito estatal con mayor implantacin, en los trminos que se determinen reglamentariamente, previa consulta con las Comunidades Autnomas.

4. La Comisin de Coordinacin del Empleo Pblico elaborar sus propias normas de organizacin y funcionamiento.

Disposicin Adicional Primera. mbito especfico de aplicacin.

Los principios contenidos en los artculos 52, 53, 54, 55 y 59 sern de aplicacin en las entidades del sector pblico estatal, autonmico y local, que no estn incluidas en el artculo 2 del presente Estatuto y que estn definidas as en su normativa especfica.

Disposicin Adicional Segunda. Funcionarios con habilitacin de carcter estatal.

1. Funciones pblicas en las Corporaciones Locales:

1.1 Son funciones pblicas, cuyo cumplimiento queda reservado exclusivamente a funcionarios, las que impliquen ejercicio de autoridad, las de fe pblica y asesoramiento legal preceptivo, las de control y fiscalizacin interna de la gestin econmico-financiera y presupuestaria, las de contabilidad y tesorera.

1.2 Son funciones pblicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa est reservada a funcionarios con habilitacin de carcter estatal:

a) La de secretara, comprensiva de la fe pblica y el asesoramiento legal preceptivo.

b) El control y la fiscalizacin interna de la gestin econmico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorera y recaudacin.

2. La escala de funcionarios con habilitacin de carcter estatal se subdivide en las siguientes subescalas:

a) Secretara a la que corresponde las funciones contenidas en el apartado 1.2.a).

b) Intervencin-tesorera a la que corresponde las funciones contenidas en el apartado 1.2.b).

c) Secretara-intervencin a la que corresponde las funciones contenidas en los apartados 1.2.a) y 1.2.b), salvo la funcin de tesorera.

Los funcionarios de las subescalas de secretara e intervencin-tesorera estarn integrados en una de estas dos categoras: entrada o superior.

3. La creacin, clasificacin y supresin de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitacin de carcter estatal corresponde a cada Comunidad Autnoma, de acuerdo con los criterios bsicos que se establezcan por ley.

4. La convocatoria de la oferta de empleo, con el objetivo de cubrir las vacantes existentes de las plazas correspondientes a los funcionarios a que se refiere el apartado 1.2, corresponde a las Comunidades Autnomas. Asimismo es de competencia de las Comunidades Autnomas la seleccin de dichos funcionarios, conforme a los ttulos acadmicos requeridos y programas mnimos aprobados reglamentariamente por el Ministerio de Administraciones Pblicas. Las Comunidades Autnomas publicarn las convocatorias de las pruebas selectivas de los funcionarios con habilitacin de carcter estatal en sus Diarios Oficiales y las remitirn al Ministerio de Administraciones Pblicas para su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

Las Comunidades Autnomas remitirn la relacin de funcionarios nombrados por las mismas al Ministerio de Administraciones Pblicas para que ste proceda a acreditar la habilitacin estatal obtenida y a su inscripcin en el correspondiente registro.

A estos efectos, en el Ministerio de Administraciones Pblicas existir un registro de funcionarios con habilitacin de carcter estatal en el que debern inscribirse los nombramientos efectuados por las Comunidades Autnomas, situaciones administrativas, tomas de posesin, cese, y cuantas incidencias afecten a la carrera profesional de dichos funcionarios. Este registro integrar las inscripciones practicadas en los registros propios de las Comunidades Autnomas.

Los funcionarios habilitados estn legitimados para participar en los concursos de mritos convocados para la provisin de los puestos de trabajo reservados a estos funcionarios en las plantillas de las Entidades Locales.

5. Provisin de puestos reservados a funcionarios con habilitacin de carcter estatal.

5.1 El concurso ser el sistema normal de provisin de puestos de trabajo y en l se tendrn en cuenta los mritos generales, los mritos correspondientes al conocimiento de las especialidades de la organizacin territorial de cada Comunidad Autnoma y del derecho propio de la misma, el conocimiento de la lengua oficial en los trminos previstos en la legislacin autonmica respectiva, y los mritos especficos directamente relacionados con las caractersticas del puesto.

Existirn dos concursos anuales: el concurso ordinario y el concurso unitario.

Las Comunidades Autnomas en su mbito territorial regularn las bases comunes del concurso ordinario as como el porcentaje de puntuacin que corresponda a cada uno de los mritos enumerados anteriormente.

Las Corporaciones locales aprobarn el concurso ordinario anual con inclusin de las plazas vacantes que estimen necesario convocar. El mbito territorial del concurso ordinario ser el de la Comunidad Autnoma a la que pertenezca la Corporacin local.

Los Presidentes de las Corporaciones Locales efectuarn las convocatorias del concurso ordinario y las remitirn a la correspondiente Comunidad Autnoma para su publicacin. Las resoluciones de los concursos se efectuarn por las Corporaciones Locales y las remitirn a la respectiva Comunidad Autnoma quien, previa coordinacin de las mismas para evitar la pluralidad simultnea de adjudicaciones a favor de un mismo concursante, proceder a su publicacin en su Diario Oficial, dando traslado de la misma al Ministerio de Administraciones Pblicas para su publicacin en el Boletn Oficial del Estado y para su inclusin en el registro de funcionarios con habilitacin de carcter estatal.

El Ministerio de Administraciones Pblicas efectuar, supletoriamente, en funcin de los mritos generales y los de valoracin autonmica y de acuerdo con lo establecido por las Comunidades Autnomas respecto del requisito de la lengua, la convocatoria anual de un concurso unitario de los puestos de trabajo vacantes, reservados a funcionarios con habilitacin de carcter estatal que deban proveerse por concurso, en los trminos que establezca reglamentariamente el Ministerio de Administraciones Pblicas.

El mbito territorial del concurso unitario ser de carcter estatal.

5.2 Excepcionalmente, para los municipios de gran poblacin previstos en el artculo 121 de la Ley 7/1985, as como las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, podrn cubrirse por el sistema de libre designacin, entre funcionarios con habilitacin de carcter estatal de la subescala y categora correspondientes, los puestos a ellos reservados que se determinen en las relaciones de puestos de trabajo en los trminos previstos en la legislacin bsica sobre funcin pblica.

5.3 Las Comunidades Autnomas efectuarn, de acuerdo con su normativa, los nombramientos provisionales de funcionarios con habilitacin de carcter estatal, as como las comisiones de servicios, acumulaciones, nombramientos de personal interino y de personal accidental.

6. El rgimen disciplinario aplicable a los funcionarios con habilitacin de carcter estatal se regular por lo dispuesto por cada Comunidad Autnoma, correspondiendo al Ministerio de Administraciones Pblicas la resolucin de los expedientes disciplinarios en los que el funcionario se encuentre destinado en una Comunidad distinta a aqulla en la que se le inco el expediente.

7. Los funcionarios con habilitacin de carcter estatal se regirn por los sistemas de acceso, carrera, provisin de puestos y agrupacin de funcionarios aplicables en su correspondiente Comunidad Autnoma, respetando lo establecido en esta Ley.

Disposicin Adicional Tercera. Aplicacin de las disposiciones de este Estatuto a las Instituciones Forales.

1. El presente Estatuto se aplicar a la Comunidad Foral de Navarra en los trminos establecidos en el artculo 149.1.18. y disposicin adicional primera de la Constitucin, y en la Ley Orgnica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegracin y Amejoramiento del Rgimen Foral de Navarra.

2. En el mbito de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco el presente Estatuto se aplicar de conformidad con la disposicin adicional primera de la Constitucin, con el artculo 149.1.18. de la Constitucin y con la Ley Orgnica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonoma para el Pas Vasco. Las facultades previstas en la disposicin adicional segunda respecto a los funcionarios con habilitacin de carcter estatal sern ostentadas por las Instituciones Forales de sus territorios histricos o por las Instituciones Comunes de la Comunidad Autnoma, en los trminos que establezca la normativa autonmica.

Disposicin Adicional Cuarta. Funcionarios pblicos propios de las ciudades de Ceuta y Melilla.

1. Los funcionarios pblicos propios de las administraciones de las ciudades de Ceuta y Melilla se rigen por lo dispuesto en este Estatuto, por las normas de carcter reglamentario que en su desarrollo puedan aprobar sus Asambleas en el marco de sus estatutos respectivos, por las normas que en su desarrollo pueda dictar el Estado y por la Ley de Funcin Pblica de la Administracin General del Estado.

2. En el marco de lo previsto en el nmero anterior, las Asambleas de Ceuta y Melilla tendrn, adems, las siguientes funciones:

a) El establecimiento, modificacin y supresin de Escalas, Subescalas y clases de funcionarios, y la clasificacin de los mismos.

b) La aprobacin de las plantillas y relaciones de puestos de trabajo.

c) La regulacin del procedimiento de provisin de puestos directivos as como su rgimen de permanencia y cese.

d) La determinacin de las faltas y sanciones disciplinarias leves.

3. Los funcionarios transferidos se regirn por la Ley de Funcin Pblica de la Administracin General del Estado y sus normas de desarrollo. No obstante, podrn integrarse como funcionarios propios de la ciudad a la que hayan sido transferidos quedando en la situacin administrativa de servicio en otras administraciones pblicas.

Disposicin Adicional Quinta. Aplicacin de este Estatuto a organismos reguladores.

Lo establecido en el presente Estatuto se aplicar a los organismos reguladores de la disposicin adicional dcima, 1 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizacin y Funcionamiento de la Administracin General del Estado en la forma prevista en sus leyes de creacin.

Disposicin Adicional Sexta. Jubilacin de los funcionarios.

El Gobierno presentar en el Congreso de los Diputados un estudio sobre los distintos regmenes de acceso a la jubilacin de los funcionarios que contenga, entre otros aspectos, recomendaciones para asegurar la no discriminacin entre colectivos con caractersticas similares y la conveniencia de ampliar la posibilidad de acceder a la jubilacin anticipada de determinados colectivos.

Disposicin Adicional Sptima. Otras agrupaciones profesionales sin requisito de titulacin.

1. Adems de los Grupos clasificatorios establecidos en el artculo 76 del presente Estatuto, las Administraciones Pblicas podrn establecer otras agrupaciones diferentes de las enunciadas anteriormente, para cuyo acceso no se exija estar en posesin de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educativo.

2. Los funcionarios que pertenezcan a estas agrupaciones cuando renan la titulacin exigida podrn promocionar de acuerdo con lo establecido en el artculo 18 de este Estatuto.

Disposicin Adicional Octava. Planes de igualdad.

1. Las Administraciones Pblicas estn obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el mbito laboral y, con esta finalidad, debern adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminacin laboral entre mujeres y hombres.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las Administraciones Pblicas debern elaborar y aplicar un plan de igualdad a desarrollar en el convenio colectivo o acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario que sea aplicable, en los trminos previstos en el mismo.

Disposicin Adicional Novena.

Los funcionarios de carrera tendrn garantizados los derechos econmicos alcanzados o reconocidos en el marco de los sistemas de carrera profesional establecidos por las leyes de cada Administracin Pblica.

Disposicin Adicional Dcima.

La carrera profesional de los funcionarios de carrera se iniciar en el grado, nivel, categora, escaln y otros conceptos anlogos correspondientes a la plaza inicialmente asignada al funcionario tras la superacin del correspondiente proceso selectivo, que tendrn la consideracin de mnimos. A partir de aquellos, se producirn los ascensos que procedan segn la modalidad de carrera aplicable en cada mbito.

Disposicin Adicional Undcima. mbito de aplicacin del artculo 87.3.

Al personal contemplado en el artculo 4 de este Estatuto que sea declarado en servicios especiales o en situacin administrativa anloga, se le aplicarn los derechos establecidos en el artculo 87.3 del presente Estatuto en la medida en que dicha aplicacin resulte compatible con lo establecido en su legislacin especfica.

Disposicin Transitoria Primera. Garanta de derechos retributivos.

1. El desarrollo del presente Estatuto no podr comportar para el personal incluido en su mbito de aplicacin, la disminucin de la cuanta de los derechos econmicos y otros complementos retributivos inherentes al sistema de carrera vigente para los mismos en el momento de su entrada en vigor, cualquiera que sea la situacin administrativa en que se encuentren.

2. Si el personal incluido en el mbito de aplicacin del presente Estatuto no se encontrase en la situacin de servicio activo, se le reconocern los derechos econmicos y complementos retributivos a los que se refiere el apartado anterior a partir del momento en el que se produzca su reingreso al servicio activo.

Disposicin Transitoria Segunda. Personal Laboral fijo que desempea funciones o puestos clasificados como propios de personal funcionario.

El personal laboral fijo que a la entrada en vigor del presente Estatuto est desempeando funciones de personal funcionario, o pase a desempearlos en virtud de pruebas de seleccin o promocin convocadas antes de dicha fecha, podrn seguir desempendolos.

Asimismo, podr participar en los procesos selectivos de promocin interna convocados por el sistema de concurso-oposicin, de forma independiente o conjunta con los procesos selectivos de libre concurrencia, en aquellos Cuerpos y Escalas a los que figuren adscritos las funciones o los puestos que desempee, siempre que posea la titulacin necesaria y rena los restantes requisitos exigidos, valorndose a estos efectos como mrito los servicios efectivos prestados como personal laboral fijo y las pruebas selectivas superadas para acceder a esta condicin.

Disposicin Transitoria Tercera. Entrada en vigor de la nueva clasificacin profesional.

1. Hasta tanto no se generalice la implantacin de los nuevos ttulos universitarios a que se refiere el artculo 76, para el acceso a la funcin pblica seguirn siendo vlidos los ttulos universitarios oficiales vigentes a la entrada en vigor de este Estatuto.

2. Transitoriamente, los Grupos de clasificacin existentes a la entrada en vigor del presente Estatuto se integrarn en los Grupos de clasificacin profesional de funcionarios previstos en el artculo 76, de acuerdo con las siguientes equivalencias:

- Grupo A: Subgrupo A1

- Grupo B: Subgrupo A2

- Grupo C: Subgrupo C1

- Grupo D: Subgrupo C2

- Grupo E: Agrupaciones Profesionales a que hace referencia la disposicin adicional sptima.

3. Los funcionarios del Subgrupo C1 que renan la titulacin exigida podrn promocionar al Grupo A sin necesidad de pasar por el nuevo Grupo B, de acuerdo con lo establecido en el artculo 18 de este Estatuto.

Disposicin Transitoria Cuarta. Consolidacin de empleo temporal.

1. Las Administraciones Pblicas podrn efectuar convocatorias de consolidacin de empleo a puestos o plazas de carcter estructural correspondientes a sus distintos cuerpos, escalas o categoras, que estn dotados presupuestariamente y se encuentren desempeados interina o temporalmente con anterioridad a 1 de enero de 2005.

2. Los procesos selectivos garantizarn el cumplimiento de los principios de igualdad, mrito, capacidad y publicidad.

3. El contenido de las pruebas guardar relacin con los procedimientos, tareas y funciones habituales de los puestos objeto de cada convocatoria. En la fase de concurso podr valorarse, entre otros mritos, el tiempo de servicios prestados en las Administraciones Pblicas y la experiencia en los puestos de trabajo objeto de la convocatoria.

Los procesos selectivos se desarrollarn conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del artculo 61 del presente Estatuto.

Disposicin Transitoria Quinta. Procedimiento Electoral General.

En tanto se determine el procedimiento electoral general previsto en el artculo 39 del presente Estatuto, se mantendrn con carcter de normativa bsica los siguientes artculos de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de rganos de representacin, determinacin de las condiciones de trabajo y participacin del personal al servicio de las Administraciones Pblicas: 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 y 29.

Disposicin Transitoria Sexta. Ampliacin del permiso de paternidad.

Las Administraciones Pblicas ampliarn de forma progresiva y gradual la duracin del permiso de paternidad regulado en el apartado c) del artculo 49 hasta alcanzar el objetivo de cuatro semanas de este permiso a los seis aos de entrada en vigor de este Estatuto.

Disposicin Transitoria Sptima. Funcionarios con habilitacin de carcter estatal.

En tanto no se aprueben las normas de desarrollo de la Disposicin Adicional Segunda de este Estatuto, sobre el rgimen jurdico de los funcionarios con habilitacin de carcter estatal, continuarn en vigor las disposiciones que en la actualidad regulan la Escala de Funcionarios de Administracin Local con habilitacin de carcter nacional, que se entendern referidas a la Escala de Funcionarios con habilitacin de carcter estatal.

Disposicin Transitoria Octava. Personal funcionario de centros docentes dependientes de otras administraciones.

Cuando se hayan incorporado, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgnica, 2/2006, de 3 de mayo, de Educacin, o se incorporen durante los tres primeros aos de su aplicacin, centros previamente dependientes de cualquier Administracin Pblica a las redes de centros docentes dependientes de las Administraciones educativas el personal docente que tenga la condicin de funcionario y preste sus servicios en dichos centros podr integrarse en los cuerpos docentes a los que se refiere la Ley Orgnica de Educacin siempre y cuando tengan la titulacin requerida para ingreso en los respectivos cuerpos o la que en el momento de su ingreso en la Administracin pblica de procedencia se exiga para el ingreso a los cuerpos docentes de mbito estatal.

Estos funcionarios se ordenarn en el cuerpo en el que se integren respetando la fecha del nombramiento como funcionarios de la Administracin de procedencia y continuarn desempeando los destinos que tengan asignados en el momento de su integracin y quedarn, en lo sucesivo, sujetos a la normativa sobre provisin de puestos de trabajo de los funcionarios docentes.

Disposicin Derogatoria nica.

Quedan derogadas con el alcance establecido en la disposicin final cuarta las siguientes disposiciones:

a) De la Ley de Funcionarios Civiles del Estado aprobada por Decreto 315/1964, de 7 de febrero, los artculos 1, 2, 3, 4, 5.2, 7, 29, 30, 36, 37, 38, 39.2, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 68, 71, 76, 77, 78, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 102, 104 y 105.

b) De la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funcin Pblica, los artculos 3.2.e) y f); 6; 7; 8; 11; 12; 13.2, 3 y 4; 14.4 y 5; 16; 17; 18.1 a 5; 19.1 y 3; 20.1, a) b) prrafo primero, c), e) y g) en sus prrafos primero a cuarto, e i), 2 y 3; 21; 22.1 a excepcin de los dos ltimos prrafos; 23; 24; 25; 26; 29, a excepcin del ltimo prrafo de sus apartados 5, 6 y 7; 30.3 y 5; 31; 32; 33; disposiciones adicionales tercera, 2 y 3, cuarta duodcima y decimoquinta, disposiciones transitorias segunda, octava y novena.

c) La Ley 9/1987, de 12 de junio, de rganos de representacin, determinacin de las condiciones de trabajo y participacin del personal al servicio de las Administraciones Pblicas excepto su artculo 7 y con la excepcin contemplada en la disposicin transitoria quinta de este Estatuto.

d) La Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre incorporacin a la funcin pblica espaola de los nacionales de otros Estados miembros de la Unin Europea.

e) De la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Rgimen Local, el artculo 92 y el Captulo III del Ttulo VII.

f) Del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Rgimen Local, el Captulo III del Ttulo VII.

g) Todas las normas de igual o inferior rango que contradigan o se opongan a lo dispuesto en este Estatuto.

Disposicin Final Primera. Habilitacin competencial.

Las disposiciones de este Estatuto se dictan al amparo del artculo 149.1.18. de la Constitucin, constituyendo aquellas bases del rgimen estatutario de los funcionarios; al amparo del artculo 149.1.7. de la Constitucin, por lo que se refiere a la legislacin laboral, y al amparo del artculo 149.1.13. de la Constitucin, bases y coordinacin de la planificacin general de la actividad econmica.

Disposicin Final Segunda.

Las previsiones de esta Ley son de aplicacin a todas las Comunidades Autnomas respetando en todo caso las posiciones singulares en materia de sistema institucional y las competencias exclusivas y compartidas en materia de funcin pblica y de autoorganizacin que les atribuyen los respectivos Estatutos de Autonoma, en el marco de la Constitucin.

Disposicin Final Tercera. Modificacin de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Pblicas.

1. Se modifican las letras a) y g) del apartado 1 del artculo 2, que quedan redactadas de la siguiente forma.

a) El personal civil y militar al servicio de la Administracin del Estado y de sus Organismos Pblicos.

g) El personal al servicio de entidades, corporaciones de derecho pblico, fundaciones y consorcios cuyos presupuestos se doten ordinariamente en ms de un 50 por cien con subvenciones u otros ingresos procedentes de las Administraciones Pblicas.

2. Se modifica el apartado 1 del artculo 16, que queda redactado de la siguiente forma:

No podr autorizarse o reconocerse compatibilidad al personal funcionario, al personal eventual y al personal laboral cuando las retribuciones complementarias que tengan derecho a percibir del apartado b) del artculo 24 del presente Estatuto incluyan el factor de incompatibilidad al retribuido por arancel y al personal directivo, incluido el sujeto a la relacin laboral de carcter especial de alta direccin.

Disposicin Final Cuarta. Entrada en vigor.

1. El presente Estatuto entrar en vigor en el plazo de un mes a partir de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

2. No obstante lo establecido en los Captulos II y III del Ttulo III, excepto el artculo 25.2, y en el Captulo III del Ttulo V producir efectos a partir de la entrada en vigor de las Leyes de Funcin Pblica que se dicten en desarrollo de este Estatuto.

La disposicin final tercera 2 del presente Estatuto producir efectos en cada Administracin Pblica a partir de la entrada en vigor del Captulo III del Ttulo III con la aprobacin de las Leyes de Funcin Pblica de las Administraciones Pblicas que se dicten en desarrollo de este Estatuto. Hasta que se hagan efectivos esos supuestos la autorizacin o denegacin de compatibilidades continuar rigindose por la actual normativa.

3. Hasta que se dicten las Leyes de Funcin Pblica y las normas reglamentarias de desarrollo se mantendrn en vigor en cada Administracin Pblica las normas vigentes sobre ordenacin, planificacin y gestin de recursos humanos en tanto no se opongan a lo establecido en este Estatuto.

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 12 de abril de 2007.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOS LUIS RODRGUEZ ZAPATERO

Análisis

  • Rango: Ley
  • Fecha de disposición: 12/04/2007
  • Fecha de publicación: 13/04/2007
  • Entrada en vigor, con la salvedad indicada, el 13 de mayo de 2007.
  • Fecha de derogación: 01/11/2015
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • SE DECLARA en la Cuestin 6423/2014, su desestimacin en relacin con el art. 48.k) en la redaccin dada por el art. 8.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, por Sentencia 9/2016, de 21 de enero (Ref. BOE-A-2016-1835).
  • SE DEROGA, por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (Ref. BOE-A-2015-11719).
  • SE MODIFICA:
    • el art. 50 y SE AADE la disposicin adicional 16, por Ley 48/2015, de 29 de octubre (Ref. BOE-A-2015-11644).
    • el art. 48.k y SE AADE las disposiciones adicionales 14 y 15, por Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre (Ref. BOE-A-2015-9801).
    • el art. 48.e), por Ley 26/2015, de 28 de julio (Ref. BOE-A-2015-8470).
    • el art. 35.1 y SE AADE la disposicin adicional 13, por Ley 25/2015, de 28 de julio (Ref. BOE-A-2015-8469).
    • los arts. 49, 79, 89 y SE AADE el art. 82 bis, por Ley Orgnica 9/2015, de 28 de julio (Ref. BOE-A-2015-8468).
    • el art. 35.1 y SE AADE la disposicin adicional 13, por Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero (Ref. BOE-A-2015-2109).
    • los arts. 10, 48.k) y 84.3 y SE AADE la disposicin adicional 12 , por Ley 15/2014, de 16 de septiembre (Ref. BOE-A-2014-9467).
  • SE DEROGA la disposicin adicional 2 y la disposicin transitoria 7, por Ley 27/2013, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2013-13756).
  • SE MODIFICA el art. 48.k), por Ley Orgnica 9/2013, de 20 de diciembre (Ref. BOE-A-2013-13425).
  • SE DECLARA:
    • la DESESTIMACION de la CUESTION 1320/2011, en relacin con el art. 26 a) de la Ley 8/2006, de 5 de julio, en la redaccin dada por el art. 48.1 h), por Sentencia 191/2012, de 29 de octubre (Ref. BOE-A-2012-14595).
    • la DESESTIMACIN de la CUESTIN 5673/2011, en relacin con el art. 26 a) de la Ley 8/2006, de 5 de julio, en la redaccin dada por el art. 48.1 h), por Sentencia 181/2012, de 15 de octubre (Ref. BOE-A-2012-14056).
  • SE DEROGA lo indicado del art. 67 y SE MODIFICAN los arts. 32, 48 y 50, por Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio (Ref. BOE-A-2012-9364).
  • SE MODIFICA:
    • el art. 49.e), por Ley 27/2011, de 1 de agosto (Ref. BOE-A-2011-13242).
    • el art. 59.1, por Ley 26/2011, de 1 de agosto (Ref. BOE-A-2011-13241).
    • con efectos desde el 1 de enero de 2011, el art. 49, por Ley 39/2010, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-2010-19703).
    • la disposicin adicional 2.5, por Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo (Ref. BOE-A-2010-8228).
    • el art. 87.1.e), por Ley 40/2007, de 4 de diciembre (Ref. BOE-A-2007-20910).
  • SE DICTA EN RELACION sobre instrucciones para su aplicacin: Resolucin de 21 de junio de 2007 (Ref. BOE-A-2007-12356).
Referencias anteriores
  • DEROGA:
    • En la forma indicada, la Ley 17/1993, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-1993-30622).
    • En la forma indicada, salvo el art. 7, la Ley 9/1987, de 12 de junio (Ref. BOE-A-1987-14115).
    • En la forma indicada, el captulo III del ttulo VII del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (Ref. BOE-A-1986-9865).
    • En la forma indicada, el art. 92 y el captulo III del ttulo VII de la Ley 7/1985, de 2 de abril (Ref. BOE-A-1985-5392).
    • En la forma indicada, determinados preceptos Ley 30/1984, de 2 de agosto (Ref. BOE-A-1984-17387).
    • En la forma indicada, determinados preceptos de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, texto articulado aprobado por Decreto 315/1964, de 7 de febrero (Ref. BOE-A-1964-2140).
  • MODIFICA los arts. 2.1 a) y g) y 16.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre (Ref. BOE-A-1985-151).
Materias
  • Administraciones Pblicas
  • Cuerpos y Escalas de la Administracin
  • Elecciones sindicales
  • Empleados pblicos
  • Excedencias
  • Funcionarios pblicos
  • Incompatibilidades
  • Jornada laboral
  • Negociacin colectiva
  • Oposiciones y concursos
  • Procedimiento Electoral
  • Promocin profesional
  • Rgimen disciplinario
  • Retribuciones
  • Vacaciones

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