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Documento BOE-A-1989-29127

Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento general para desarrollo y ejecucin de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

TEXTO

La Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, prevena en su disposicin final segunda la aprobacin por el Gobierno, a propuesta del Ministro de Obras Pblicas y Urbanismo, del Reglamento General para su desarrollo y ejecucin.

El presente Reglamento recoge en su texto todas aquellas disposiciones aplicativas o interpretativas de la Ley, de forma que se constituya en un instrumento adecuado para una aplicacin ordenada y sistemtica de la misma, y para garantizar su plena efectividad. Adems se ha dado cumplimiento al mandato legal en aquellos puntos concretos en que se ordenaba su posterior desarrollo reglamentario. De particular importancia resulta la definicin de los procedimientos administrativos relativos a la determinacin del dominio pblico martimo-terrestre y su rgimen de utilizacin, as como los relacionados con las limitaciones de la propiedad sobre terrenos contiguos a la ribera del mar por razones de proteccin de dicho dominio. Asimismo, se recoge la atribucin de las competencias administrativas que, de acuerdo con el texto legal, corresponden a la Administracin del Estado.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Obras Pblicas y Urbanismo, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberacin del Consejo de Ministros en su reunin del da 1 de diciembre de 1989,

DISPONGO:

Artculo nico.

Se aprueba el Reglamento General para desarrollo y ejecucin de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, que figura como anexo al presente Real Decreto.

DISPOSICIN DEROGATORIA

1. Quedan derogadas las disposiciones siguientes:

Los captulos VIII y IX del Reglamento para la ejecucin de la Ley General de Obras Pblicas, aprobado por Real Decreto de 6 de julio de 1877, en cuanto se refiere al dominio pblico martimo-terrestre.

El Real Decreto de 22 de enero de 1926, sobre concesiones a ttulo precario y sin plazo limitado.

Los artculos 1, 2, 3, 6, 64 a 71, 73, 75, 77, 85, 86, 87 y 92 a 102 del Reglamento para la ejecucin de la Ley de Puertos, aprobado por Real Decreto de 19 de enero de 1928, en cuanto se refiere al dominio pblico martimo-terrestre.

El Decreto de 23 de abril de 1935, sobre concesiones de casetas de baos.

El Decreto de 3 de julio de 1936, sobre extraccin de arena en los litorales.

El Reglamento para la ejecucin de la Ley 28/1969, de 26 de abril, sobre Costas, aprobado por Real Decreto 1088/1980, de 23 de mayo.

Los artculos 6, 25 y 30 del Reglamento de la Ley de Puertos Deportivos, aprobado por Real Decreto 2486/1980, de 26 de septiembre.

El Real Decreto 1156/1986, de 13 de junio, sobre inmatriculacin en el Registro de la Propiedad de fincas colindantes con el dominio pblico martimo.

2. Quedan, asimismo, derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Real Decreto.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.

Por los Ministros de Transportes, Turismo y Comunicaciones y de Obras Pblicas y Urbanismo se propondrn al Gobierno, en el plazo de tres meses, las modificaciones al Decreto de 13 de mayo de 1954, sobre ocupacin de bienes de dominio pblico para instalacin de lneas telefnicas y telegrficas, que fueren precisas para adaptarlo a lo dispuesto en la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacin de las Telecomunicaciones, y en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, en lo que se refiere al dominio pblico martimo-terrestre.

Segunda.

En el mismo plazo sealado en la disposicin anterior, a propuesta conjunta de los Ministros de Obras Pblicas y Urbanismo e Industria y Energa, el Gobierno aprobar las normas especficas de procedimiento aplicables a las autorizaciones y concesiones de ocupacin del dominio pblico martimo-terrestre, que sirvan de soporte a actividades de exploracin, investigacin y explotacin de recursos mineros y energticos.

Tercera.

Se faculta al Ministro de Obras Pblicas y Urbanismo para dictar, en el mbito de su competencia, cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicacin y desarrollo de lo establecido en el citado Reglamento.

Cuarta.

El presente Real Decreto entrar en vigor el da siguiente al de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

Dado en Madrid a 1 de diciembre de 1989.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Obras Pblicas y Urbanismo,

JAVIER LUIS SAENZ DE COSCULLUELA

REGLAMENTO GENERAL PARA DESARROLLO Y EJECUCIN DE LA LEY 22/1988, DE 28 DE JULIO, DE COSTAS
TTULO PRELIMINAR
Objeto y finalidades
Artculo 1.

El presente Reglamento tiene por objeto el desarrollo y la ejecucin de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, para la determinacin, proteccin, utilizacin y polica del dominio pblico martimo-terrestre y especialmente de la ribera del mar (artculo 1. de la Ley de Costas).

Art. 2.

La actuacin administrativa sobre el dominio pblico martimo-terrestre perseguir los siguientes fines:

a) Determinar el dominio pblico martimo-terrestre y asegurar su integridad y adecuada conservacin, adoptando, en su caso, las medidas de proteccin y restauracin necesarias.

b) Garantizar el uso pblico del mar, de su ribera y del resto del dominio pblico martimo-terrestre, sin ms excepciones que las derivadas de razones de inters pblico debidamente justificadas.

c) Regular la utilizacin racional de estos bienes en trminos acordes con su naturaleza, sus fines y con el respeto al paisaje, al medio ambiente y al patrimonio histrico.

d) Conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas y de la ribera del mar (artculo 2. de la Ley de Costas).

TTULO PRIMERO
Bienes de dominio pblico martimo-terrestre
CAPTULO PRIMERO
Clasificacin y definiciones
Art. 3.

Son bienes de dominio pblico martimo-terrestre estatal, en virtud de lo dispuesto en el artculo 132.2 de la Constitucin y 3 de la Ley de Costas:

1. La ribera del mar y de las ras, que incluye:

a) La zona martimo-terrestre o espacio comprendido entre la lnea de bajamar escorada o mxima viva equinoccial, y el lmite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos o, cuando lo supere, el de la lnea de pleamar mxima viva equinoccial. Esta zona se extiende tambin por las mrgenes de los ros hasta el sitio donde se haga sensible el efecto de las mareas.

Se consideran incluidas en esta zona las marismas, albuferas, marjales, esteros y, en general, los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas, de las olas o de la filtracin del agua del mar.

b) Las playas o zonas de depsitos de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, tengan o no vegetacin, formadas por la accin del mar o del viento martimo, u otras causas naturales o artificiales.

2. El mar territorial y las aguas interiores, con su lecho y subsuelo, definidos y regulados por su legislacin especifica.

3. Los recursos naturales de la zona econmica y la plataforma continental, definidos y regulados por su legislacin especfica (artculo 3. de la Ley de Costas).

Art. 4.

En la determinacin de la zona martimo-terrestre y de la playa, con arreglo a las definiciones contenidas en el artculo anterior, se tendrn en cuenta los siguientes criterios:

a) Para fijar el lmite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos se utilizarn las referencias comprobadas de que se disponga.

b) Las variaciones del nivel del mar debidas a las mareas incluirn los efectos superpuestos de las astronmicas y de las meteorolgicas. No se tendrn en cuenta las ondas de mayor perodo de origen ssmico o de resonancia cuya presentacin no se produzca de forma secuencial.

c) Se entender por berma la parte casi horizontal de la playa, interior al escarpe o talud de fuerte pendiente causado por el oleaje.

d) Se considerarn incluidas en la delimitacin de la playa las cadenas de dunas que estn en desarrollo, desplazamiento o evolucin debida a la accin del mar o del viento marino. Asimismo se incluirn las fijadas por vegetacin hasta el lmite que resulte necesario para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa.

Art. 5.

Pertenecen, asimismo, al dominio pblico martimo-terrestre estatal:

1. Las accesiones a la ribera del mar por depsito de materiales o por retirada del mar, cualesquiera que sean las causas.

2. Los terrenos ganados al mar como consecuencia directa o indirecta de obras y los desecados en su ribera.

3. Los terrenos invadidos por el mar que pasen a formar parte de su lecho por cualquier causa.

4. Los acantilados sensiblemente verticales que estn en contacto con el mar o con espacios de dominio pblico martimo-terrestre, hasta su coronacin.

5. Los terrenos deslindados como dominio pblico que por cualquier causa han perdido sus caractersticas naturales de playa, acantilado, o zona martimo-terrestre, salvo lo previsto en los artculos 18 de la Ley de Costas y 37 de este Reglamento.

6. Los islotes en aguas interiores y mar territorial.

7. Los terrenos incorporados por los concesionarios para completar la superficie de una concesin de dominio pblico martimo-terrestre que les haya sido otorgada, cuando as se establezca en las clusulas de la concesin.

8. Los terrenos colindantes con la ribera del mar que se adquieran para su incorporacin al dominio pblico martimo-terrestre.

9. Las obras e instalaciones construidas por el Estado en dicho dominio.

10. Las obras e instalaciones de iluminacin de costas y sealizacin martima, construidas por el Estado, cualquiera que sea su localizacin, as como los terrenos afectados al servicio de las mismas salvo lo previsto en los artculos 18 de la Ley de Costas y 37 de este Reglamento.

11. Los puertos e instalaciones portuarias de titularidad estatal, que se regularn por su legislacin especfica (artculo 4. de la Ley de Costas).

Art. 6.

1. Lo establecido en el artculo anterior se entiende aplicable a las ras y desembocaduras de los ros hasta donde sea sensible el efecto de las mareas.

2. Los terrenos inundados mediante tcnicas artificiales, cuya cota sea superior a la de la mayor pleamar, no se consideran incluidos en lo establecido en el apartado 3 del artculo anterior. Por el contrario, aquellos otros no comprendidos en el artculo 9., naturalmente inundables, cuya inundacin por efecto de las mareas haya sido impedida por medios artificiales, tales como muros, terraplenes, compuertas u otros sistemas semejantes, forman parte del dominio pblico martimo-terrestre conforme a lo establecido en los artculos 3.1, a), de la Ley de Costas y de este Reglamento.

3. A efectos de lo establecido en el apartado 4 del artculo anterior, se consideran acantilados sensiblemente verticales aquellos cuyo parmetro como promedio, pueda ser asimilado a un plano que forme un ngulo con el plano horizontal igual o superior a 60 grados sexagesimales. Se incluirn en su definicin las bermas o escalonamientos existentes antes de su coronacin.

4. Los terrenos de propiedad particular a que se refiere el apartado 7 del artculo anterior quedarn incorporados al dominio pblico a partir de la fecha en que se suscriba la correspondiente acta de entrega por el concesionario y por el representante del Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo. A estos efectos, el concesionario deber aportar la documentacin acreditativa de su dominio.

5. Los puertos e instalaciones portuarias de competencia de las Comunidades Autnomas se regularn por su legislacin especfica, sin perjuicio de la titularidad estatal sobre los bienes adscritos conforme a lo previsto en el artculo 49.1 de la Ley de Costas y sobre los espacios de dominio pblico martimo-terrestre que se otorguen en concesin de acuerdo con lo previsto en los artculos 64 y 65 de la citada Ley, para servir de soporte a una concesin de competencias de aqullas.

Art. 7.

Son tambin de dominio pblico estatal las islas que estn formadas o se formen por causas naturales, en el mar territorial o en aguas interiores o en los ros hasta donde se hagan sensibles las mareas, salvo las que sean de propiedad privada de particulares o Entidades pblicas o procedan de la desmembracin de sta, en cuyo caso sern de dominio pblico su zona martimo-terrestre, playas y dems bienes que tengan este carcter conforme a lo dispuesto en los artculos 3. y 4. de la Ley de Costas (artculo 5. de la Ley de Costas).

Art. 8.

Formarn, asimismo, parte del dominio pblico martimo-terrestre estatal, de la clase de pertenencia que corresponda en cada caso por aplicacin de lo establecido en los artculos anteriores:

a) Los espacios que deban tener ese carcter en virtud de lo previsto en las disposiciones transitorias primera y segunda de la Ley de Costas y concordantes de este Reglamento.

b) Los terrenos del Patrimonio del Estado que se afecten al uso propio del dominio pblico conforme a lo previsto en los artculos 17 de la Ley de Costas y 36 de este Reglamento.

c) Los terrenos de propiedad particular que se expropien o adquieran de acuerdo con lo establecido en el artculo 29.2 y disposicin adicional tercera de la Ley de Costas y en el artculo 57 de este Reglamento, previa afectacin, en su caso, a dicho dominio.

Art. 9.

1. Los propietarios de los terrenos amenazados por la invasin del mar o de las arenas de las playas, por causas naturales o artificiales, podrn construir obras de defensa, previa autorizacin o concesin, siempre que no ocupen playa ni produzcan fenmenos perjudiciales en sta o en la zona martimo-terrestre, ni menoscaben las limitaciones y servidumbres legales correspondientes.

2. En otro caso, los terrenos invadidos pasarn a formar parte del dominio pblico martimo-terrestre, segn resulte del correspondiente deslinde (artculo 6. de la Ley de Costas).

3. Ser precisa la obtencin de autorizacin cuando las obras hayan de emplazarse en terrenos privados y del ttulo administrativo correspondiente, cuando las mismas hayan de ocupar el dominio pblico. En caso de que afecten a terrenos de una y otra naturaleza, se instruir un solo expediente y se dictar resolucin nica.

4. La tramitacin de las solicitudes para la realizacin de las obras se suspender mientras se encuentre pendiente de resolucin el expediente de deslinde del tramo de costa correspondiente, salvo que se trate del supuesto previsto en los artculos 12.7 de la Ley de Costas y 21.3 de este Reglamento.

5. En caso de emergencia, el Servicio Perifrico de Costas podr autorizar la adopcin de medidas provisionales de defensa, previa formalizacin de las garantas econmicas que, en su caso, procedan, conforme a lo establecido en los artculos 36 de la Ley de Costas y 78 de este Reglamento, y compromiso del interesado de solicitar en el plazo de un mes la concesin o autorizacin pertinente, y de cumplir la resolucin que se derive del expediente que se instruya.

CAPTULO II
Indisponibilidad
Seccin 1. Prevalencia del dominio pblico
Art. 10.

Conforme a lo dispuesto en el artculo 132.1 de la Constitucin, los bienes de dominio pblico martimo-terrestre son inalienables, imprescriptibles e inembargables (artculo 7. de la Ley de Costas).

Art. 11.

A los efectos del artculo anterior, no se admitirn ms derechos que los de uso y aprovechamiento adquiridos de acuerdo con la Ley de Costas, careciendo de todo valor obstativo frente al dominio pblico las detentaciones privadas, por prolongadas que sean en el tiempo y aunque aparezcan amparadas por asientos del Registro de la Propiedad (artculo 8. de la Ley de Costas).

Art. 12.

1. No podrn existir terrenos de propiedad distinta de la demanial del Estado en ninguna de las pertenencias del dominio pblico martimo-terrestre, ni aun en el supuesto de terrenos ganados al mar o desecados en su ribera, sin perjuicio de lo estable-cido en los artculos 49 de la Ley de Costas y 103 de este Reglamento.

2. Sern nulos de pleno derecho los actos administrativos que infrinjan lo dispuesto en el apartado anterior. Los actos de particulares en fraude del mencionado precepto no impedirn la debida aplicacin del mismo (artculo 9. de la Ley de Costas).

Art. 13.

La Administracin del Estado estar obligada a ejercer las acciones necesarias para la integridad y proteccin del dominio pblico martimo-terrestre, no pudiendo allanarse a las demandas que afecten a la titularidad de los bienes que lo integran.

Seccin 2. Potestades de la Administracin
Art. 14.

1. La Administracin del Estado tiene el derecho y el deber de investigar la situacin de los bienes y derechos que se presuman pertenecientes al dominio pblico martimo-terrestre, a cuyo efecto podr recabar todos los datos e informes que considere necesarios y promover la prctica del correspondiente deslinde.

2. Asimismo tendr la facultad de recuperacin posesoria, de oficio y en cualquier tiempo sobre dichos bienes, segn el procedimiento establecido en el artculo 17.

3. No se admitirn interdictos contra las resoluciones dictadas por la Administracin del Estado en ejercicio de las competencias configuradas en la Ley de Costas y de acuerdo con el procedimiento establecido (artculo 10 de la Ley de Costas).

Art. 15.

1. La potestad de investigacin se ejercer por el Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo, de oficio o a instancia de cualquier persona, a la que se notificar, en su caso, la incoacin del expediente.

2. Iniciado el expediente de investigacin, el Servicio Perifrico de Costas practicar las pruebas que considere pertinentes para la constatacin de las caractersticas fsicas y de la situacin jurdica de los bienes investigados, pudiendo abrir, si lo considera oportuno, un perodo de informacin pblica por el plazo de un mes.

3. Concluida la investigacin se adoptar la resolucin que resulte procedente entre las siguientes:

a) Promover expediente de recuperacin posesoria.

b) Iniciar el correspondiente deslinde.

c) Archivar las actuaciones.

Art. 16.

1. La potestad de recuperacin posesoria se ejercer por el Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo, de oficio o a instancia de cualquier persona.

2. Dicha potestad podr ejercerse en todo caso respecto de bienes incluidos en el dominio pblico en virtud de deslinde. Cuando no exista deslinde slo podr referirse a porciones de la ribera del mar o de este ltimo, respecto de las que pueda acreditarse de forma plena e indubitada su carcter demanial.

Art. 17.

1. Iniciado el expediente mediante providencia del Servicio Perifrico de Costas, se notificar al ocupante para que en el plazo de ocho das alegue cuanto estime conveniente en su defensa.

2. La resolucin y ejecucin corresponder al Servicio Perifrico de Costas, que podr solicitar del Delegado del Gobierno o Gobernador Civil la colaboracin de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Cuando sea necesario el desahucio, se seguir el procedimiento establecido en los artculos 108 de la Ley de Costas y 201 de este Reglamento.

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de la imposicin de las sanciones administrativas que puedan resultar procedentes y de que la usurpacin se ponga en conocimiento de la autoridad judicial cuando tenga apariencia de delito o falta.

CAPTULO III
Deslindes
Seccin 1. Objeto y principios generales
Art. 18.

1. Para la determinacin del dominio pblico martimo-terrestre se practicarn por la Administracin del Estado los oportunos deslindes, atenindose a las caractersticas de los bienes que la integran conforme a lo dispuesto en los artculos 3., 4. y 5. de la Ley y concordantes de este Reglamento (artculo 11 de la Ley de Costas).

2. El Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo llevar el archivo actualizado de documentos y planos de los deslindes del dominio pblico martimo-terrestre, con fichas individuales, que podrn sustituirse por un banco de datos susceptible de tratamiento informtico, que contendrn los emplazamientos y clases de bienes que lo integran. En cada Servicio Perifrico de Costas se llevar un duplicado del correspondiente a su mbito de actuacin, que podr sustituirse por una conexin informtica con el banco de datos anteriormente mencionado.

3. En los puertos e instalaciones portuarias, cualquiera que sea su titularidad, se practicar el deslinde del dominio pblico martimo-terrestre, con sujecin a lo establecido en la Ley de Costas y este Reglamento, sea o no coincidente con la delimitacin de la zona de servicio portuaria. La definicin de la zona de servicio se ajustar a lo dispuesto en la legislacin especfica aplicable.

Art. 19.

1. El deslinde determinar siempre el lmite interior del dominio pblico martimo-terrestre, sin perjuicio de que se puedan delimitar tambin las distintas clases de pertenencias que lo integran. Cuando el mencionado lmite interior no coincida con el de la ribera del mar, se fijar en el plano, en todo caso, el de esta ltima, adems de aqul. No obstante, el amojonamiento slo reflejar el lmite interior del dominio pblico.

2. En el plano correspondiente se fijar el lmite del dominio pblico mediante una lnea poligonal que una los distintos puntos utilizados como referencia, rectificando, en su caso, las curvas naturales del terreno.

3. En el mismo plano se sealar siempre el lmite interior de la zona de servidumbre de proteccin.

Seccin 2. Procedimiento
Art. 20.

1. El deslinde se incoar de oficio o a peticin de cualquier pesona interesada, y ser aprobado por la Administracin del Estado. (artculo 12.1 de la Ley de Costas).

2. En caso de iniciacin a instancia de parte, sta deber abonar las tasas que correspondan. Estos deslindes se tramitarn con carcter preferente.

3. A efectos de la incoacin del expediente, el Servicio Perifrico de Costas elevar al Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo una propuesta, que contendr plano de delimitacin provisional del dominio pblico y de la zona de servidumbre de proteccin, acompaada de fotografas y datos resultantes de la confrontacin sobre el terreno.

4. A la vista de dicha propuesta, el citado Departamento ministerial ordenar, si lo estima procedente, la incoacin del expediente.

Art. 21.

1. La incoacin del expediente de deslinde facultar a la Administracin del Estado para realizar o autorizar, incluso en terreno privado, trabajos de toma de datos y apeos necesarios, sin perjuicio de las indemnizaciones que sean procedentes por los daos y perjuicios causados y a resultas del deslinde que se apruebe definitivamente (artculo 12.3 de la Ley de Costas).

2. La providencia de incoacin del expediente de deslinde implicar la suspensin del otorgamiento de concesiones y autorizaciones en el dominio pblico martimo-terrestre y en su zona de servidumbre de proteccin, a cuyo efecto deber publicarse acompaada de plano en que se delimite provisionalmente la superficie estimada de aqul y de sta. La resolucin del expediente de deslinde llevar implcito el levantamiento de la suspensin (artculo 12.5 de la Ley de Costas).

3. No obstante, podrn realizarse, previa autorizacin de la Administracin del Estado o por sta, obras de emergencia para prevenir o reparar daos (artculo 12.7 de la Ley de Costas).

4. Las facultades que el presente artculo atribuye a la Administracin del Estado se ejercern por el Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo a travs del Servicio Perifrico de Costas. Las autorizaciones a que se refiere el apartado 3 se otorgarn conforme al procedimiento establecido en el apartado 5 del artculo 9.

Art. 22.

1. En el procedimiento sern odos la Comunidad Autnoma y el Ayuntamiento correspondiente, los propietarios colindantes, previa notificacin, y dems personas que acrediten la condicin de interesados (artculo 12.2 de la Ley de Costas).

2. El Servicio Perifrico de Costas proceder simultneamente a:

a) La publicacin del anuncio de incoacin del expediente en el Boletn Oficial de la provincia, en su propio tabln de anuncios y en un diario de los de mayor circulacin en la zona, con el fin de que, en el plazo de un mes, cualquier interesado pueda comparecer en el expediente, examinar el plano de delimitacin provisional de la zona de dominio pblico y de la de servidumbre de proteccin y formular las alegaciones que considere oportunas.

b) La solicitud de informe a la Comunidad Autnoma y al Ayuntamiento, remitindoles a tal efecto copia de los planos de emplazamiento y delimitacin provisional del dominio pblico y de la zona de servidumbre de proteccin. Transcurrido el plazo de un mes sin que se reciba el informe se entender que es favorable. En la solicitud que se curse al Ayuntamiento se incluir la peticin de suspensin cautelar del otorgamiento de licencias de obra en el mbito afectado por el deslinde.

c) En su caso, la peticin al Ayuntamiento o al Centro de Gestin Catastral y Cooperacin Tributaria de la relacin de titulares de las fincas colindantes, con su domicilio respectivo, para su posterior remisin al Registro de la Propiedad a fin de que su titular manifieste su conformidad a dicha relacin o formule las observaciones que considere pertinentes. Transcurridos quince das desde la remisin al Registro sin que se reciba contestacin de ste, se entender otorgada su conformidad.

3. Obtenida la informacin a que se refiere la letra c) del apartado anterior, el Servicio Perifrico de Costas citar sobre el terreno con una antelacin mnima de diez das, conjuntamente o agrupados por tramos del deslinde, a los titulares individuales o a los representantes de las comunidades de propietarios cuando estuvieran constituidas, para mostrarles la delimitacin provisional del dominio pblico mediante su apeo, pudiendo dicho Servicio levantar acta, donde se har constar la conformidad o disconformidad de los asistentes, quienes, en este ltimo caso, dispondrn de un plazo de quince das para formular alegaciones y proponer motivadamente una delimitacin alternativa.

Art. 23.

1. Cuando los interesados en el expediente aporten ttulos inscritos en el Registro de la Propiedad sobre terrenos que pudieran resultar includos en el dominio pblico, el rgano que tramite el expediente lo pondr en conocmiento del Registrador a fin de que por ste se practique anotacin preventiva de esa circunstancia (artculo 12.4 de la Ley de Costas).

2. En las anotaciones preventivas se harn constar, adems de las circunstancias previstas con carcter general en la legislacin hipotecaria, las especficas que acreditan la incoacin del expediente de deslinde y la advertencia, segn proceda, de que, en su virtud, la finca puede resultar en todo o en parte de titularidad estatal o puede quedar incluida total o parcialmente en la zona de servidumbre de proteccin.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, el Servicio Perifrico de Costas podr, en todo caso, una vez iniciado el expediente de deslinde, solicitar del Registro competente que extienda anotacin preventiva acreditativa de la existencia de aqul en las fincas que pudieran resultar afectadas por el mismo. Si las fincas no estuvieran inscritas, la anotacin preventiva se tomar, adems, por la falta de previa inscripcin.

Art. 24.

1. Practicadas las actuaciones previstas en los artculos 22 y 23, el Servicio Perifrico de Costas formular el proyecto de deslinde, que comprender:

a) Memoria, con descripcin de las actuaciones practicadas e incidencias producidas y con justificacin de la lnea de deslinde propuesta y dems delimitaciones previstas en el artculo 19, en funcin de aqullas y de los informes emitidos y alegaciones presentadas.

b) Planos topogrficos a escala no inferior a 1/1.000, con el trazado de la lnea de deslinde y las delimitaciones indicadas.

c) Pliego de condiciones para el replanteo y posterior amojonamiento del deslinde.

d) Presupuesto estimado.

2. El proyecto y su ejecucin debern cumplir las instrucciones tcnicas que, en su caso, se aprueben por el Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo, incluyendo los modelos de hitos de deslinde y de otras seales o referencias.

3. El expediente de deslinde, con el proyecto y el acta de replanteo, ser elevado al Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo para su aprobacin mediante Orden ministerial.

Art. 25.

Cuando el proyecto de deslinde suponga modificacin sustancial de la delimitacin provisional realizada previamente, se abrir un nuevo perodo de informacin pblica y de los Organismos anteriormente indicados, as como de audiencia a los propietarios colindantes afectados.

Art. 26.

1. La Orden de aprobacin del deslinde deber reflejar con precisin el lmite interior del dominio pblico martimo-terrestre, as como el de la ribera del mar cuando no coincida con aqul. Adems se har constar la localizacin de las servidumbres impuestas a los terrenos colindantes.

2. Dicha Orden se notificar a los interesados que hayan comparecido en el expediente, as como a la Comunidad Autnoma, al Ayuntamiento y al Registro de la Propiedad.

Art. 27.

1. Cuando por cualquier causa se altere la configuracin del dominio pblico martimo-terrestre, se incoar expediente de deslinde o de modificacin del existente, con los efectos previstos en los apartados anteriores (artculo 12.6 de la Ley de Costas).

2. En todo caso ser necesaria la prctica de nuevo deslinde cuando se produzca el supuesto del apartado 3 del artculo 5., as como en los supuestos de desafectacin previstos en el artculo 37.

3. En los supuestos de los apartados 7 y 8 del artculo 5., y en el del artculo 36 ser suficiente con rectificar el deslinde existente, de forma que incluya los terrenos incorporados al dominio pblico martimo-terrestre.

Seccin 3. Efectos
Art. 28.

1. El deslinde aprobado, al constatar la existencia de las caractersticas fsicas relacionadas en los artculos 3., 4. y 5. de la Ley de Costas y concordantes de este Reglamento, declara la posesin y la titularidad dominical a favor del Estado, dando lugar al amojonamiento y sin que las inscripciones del Registro de la Propiedad puedan prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes deslindados (artculo 13.1 de la Ley de Costas).

2. La aprobacin del deslinde llevar implcita el levantamiento de la suspensin del otorgamiento de concesiones y autorizaciones en el dominio pblico martimo-terrestre y en su zona de servidumbre de proteccin, conforme a lo previsto en los artculos 12.5 de la Ley de Costas y 21.2 de este Reglamento.

3. Tambin llevar implcita la cancelacin de las anotaciones preventivas practicadas en el Registro con motivo del deslinde, relativas a fincas que no hayan resultado incluidas en el dominio pblico martimo-terrestre en virtud de aqul.

4. El amojonamiento se har mediante la colocacin de hitos que permitan identificar sobre el terreno la lnea perimetral del deslinde. Los hitos se sustituirn por otras seales o referencias que hagan posible dicha identificacin, cuando as lo aconsejen las circunstancias fsicas de su lugar de ubicacin.

Art. 29.

1. La resolucin de aprobacin del deslinde ser ttulo suficiente para rectificar, en la forma y condiciones que se determinan en este artculo, las situaciones jurdicas registrales contradictorias con el deslinde. Dicha resolucin ser ttulo suficiente, asimismo, para que la Administracin proceda a la inmatriculacin de los bienes de dominio pblico cuando lo estime conveniente. En todo caso los titulares inscritos afectados podrn ejercitar las acciones que estimen pertinentes en defensa de sus derechos, siendo susceptible de anotacin preventiva la correspondiente reclamacin judicial (artculo 13.2 de la Ley de Costas).

2. Para la rectificacin de las inscripciones registrales que resulten contradictorias con el deslinde se aplicar el siguiente procedimiento:

a) La aprobacin del deslinde ser ttulo suficiente para la anotacin preventiva del dominio pblico sobre los bienes incluidos en aqul, cuando no hubiere sido practicada conforme a lo previsto en los artculos 12.4 de la Ley de Costas y 23 de este Reglamento.

b) La prctica de dicha anotacin se notificar por el Registrador de la Propiedad a los titulares inscritos que puedan resultar afectados.

c) Si en el plazo de un ao desde la notificacin no se produce el acceso al Registro de las anotaciones preventivas de demandas derivadas de las acciones promovidas por los titulares inscritos, la anotacin del deslinde se cancelar o se convertir en inscripcin, a criterio del Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo, rectificndose las inscripciones existentes contradictorias con el dominio pblico conforme a lo previsto en la legislacin hipotecaria. En otro caso se estar al resultado del juicio correspondiente.

3. Para la inmatriculacin de bienes de dominio pblico martimo-terrestre en el Registro de la Propiedad se estar a lo previsto en la legislacin hipotecaria, siendo la resolucin aprobatoria del deslinde, acompaada del correspondiente plano, titulo suficiente para practicarla. En caso de que existan inscripciones contradictorias se seguir el procedimiento establecido en el apartado anterior, a cuyo efecto se extender anotacin preventiva del deslinde sobre los bienes y derechos afectados por aqul.

4. Con carcter general, se considerar conveniente la inmatriculacin de los bienes cuya publicidad posesoria no sea ostensible por sus caractersticas naturales, as como cuando cualesquiera otras circunstancias fsicas o jurdicas lo aconsejen.

Art. 30.

Las acciones civiles sobre derechos relativos a terrenos incluidos en el dominio pblico deslindado prescriben a los cinco aos, computados a partir de la fecha de la aprobacin del deslinde (artculo 14 de la Ley de Costas).

Seccin 4. Inmatriculacin de fincas colindantes con el dominio pblico martimo-terrestre
Art. 31.

1. Cuando se trate de inmatricular en el Registro de la Propiedad fincas situadas en la zona de servidumbre de proteccin a que se refieren los artculos 23 de la Ley de Costas y 43 de este Reglamento, en la descripcin de aqullas se precisar si lindan o no con el dominio pblico martimo-terrestre. En caso afirmativo, no podr practicarse la inmatriculacin si no se acompaa al ttulo la certificacin de la Administracin del Estado que acredite que no se invade el dominio pblico.

2. Si en la descripcin de la finca se expresa que no linda con el dominio pblico martimo-terrestre o no se hace declaracin alguna a este respecto, el Registrador requerir al interesado para que identifique y localice la finca en el plano proporcionado al efecto por la Administracin del Estado. Si de dicha identificacin resultase la no colindancia, el Registrador practicar la inscripcin haciendo constar en ella ese extremo.

Si a pesar de esa identificacin o por no poder llevarse a efecto, el Registrador sospechase una posible invasin del dominio pblico martimo-terrestre pondr en conocimiento de la Administracin del Estado la solicitud de inscripcin, dejndola entre tanto en suspenso hasta que aqulla expida certificacin favorable (artculo 15.1 y 2 de la Ley de Costas).

3. Las certificaciones y planos a que se refieren los apartados anteriores sern expedidos por el Servicio Perifrico de Costas y podrn ser solicitados de oficio por el Registrador.

4. El Registrador archivar en el legajo correspondiente el plano en el que el propietario o persona que acredite tener poder suficiente localice la finca conforme a lo previsto en el apartado 2. Igualmente, archivar la certificacin o plano relativos a la finca que se inmatricula, salvo si consta que el original est incorporado a un protocolo notarial.

5. Cuando en la certificacin expedida por el Servicio Perifrico de Costas se haga constar la delimitacin de la zona de servidumbre de proteccin, en la descripcin de las fincas afectadas se expresar igualmente su sometimiento a dicha servidumbre.

6. Alternativamente y con los mismos efectos de lo establecido en los apartados 1 y 2, cuando en la descripcin de la finca que se pretenda inscribir se exprese que la misma linda con el dominio pblico martimo-terrestre o se sospeche que pueda lindar o invadirlo, la tramitacin anterior podr obviarse si en la descripcin se incluye de manera explcita que el lmite de dicha finca es el dominio pblico martimo-terrestre deslindado de acuerdo con la Ley de Costas, segn plano que lo identifique.

Art. 32.

1. Transcurridos treinta das desde la peticin de oficio de la certificacin a que se refiere el artculo anterior sin que se haya recibido contestacin, podr procederse a la inscripcin.

2. Si no estuviese aprobado el deslinde, se iniciar el correspondiente procedimiento, a costa del interesado, dentro de un plazo que no podr ser superior a tres meses desde la correspondiente solicitud, quedando entre tanto en suspenso la inscripcin solicitada (artculo 15.3 y 4 de la Ley de Costas).

3. El asiento de presentacin quedar prorrogado, en su caso, por el plazo de cuarenta das hbiles a contar desde el siguiente al de la peticin por el Registrador a las Demarcaciones o Servicios de Costas, hacindose constar dicha prrroga por nota marginal.

4. Iniciado el expediente de deslinde, el Servicio Perifrico de Costas podr solicitar del Registro de la Propiedad que extienda la anotacin preventiva correspondiente, conforme a lo previsto en el artculo 23.3.

Art. 33.

No ser necesaria la identificacin y localizacin a requerimiento del Registrador, prevista en el artculo 31.2, cuando el ttulo inmatriculable vaya acompaado de plano expedido por el Servicio Perifrico de Costas, igual a los que deben suministrarse al Registro, en el que se individualice la finca con precisin y se refleje su situacin con relacin a la zona de dominio pblico martimo-terrestre. Los planos sern expedidos a solicitud de los interesados.

Art. 34.

1. Las mismas reglas de los artculos anteriores se aplicarn a las inscripciones de excesos de cabida, salvo que se trate de fincas de linderos fijos o de tal naturaleza que excluyan la posibilidad de invasin del dominio pblico martimo-terrestre.

2. Siempre que el ttulo registral contenga la indicacin de que la finca linda con el mar, la colindancia se entender referida al lmite interior de la ribera del mar, incluso en los casos de exceso de cabida (artculo 16 de la Ley de Costas).

3. En el caso de que el dominio pblico martimo-terrestre incluya alguna pertenencia distinta de la ribera del mar, la colindancia a que se refiere el apartado anterior se entender que lo es con respecto al lmite interior de dicho dominio.

Art. 35.

Las reglas establecidas en los artculos anteriores para la inmatriculacin sern tambin aplicables a la segunda y posteriores inscripciones.

CAPTULO IV
Afectacin y desafectacin
Art. 36.

1. Los terrenos del Patrimonio del Estado colindantes con el dominio pblico martimo-terrestre o emplazados en su zona de influencia que resulten necesarios para la proteccin o utilizacin de dicho dominio, sern afectados al uso propio del mismo, en la forma prevista en la legislacin del Patrimonio del Estado. No se podr proceder a su enajenacin sin previa declaracin de innecesariedad a los mencionados efectos (artculo 17 de la Ley de Costas).

2. La declaracin de innecesariedad se har por el Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo y deber ser motivada.

Art. 37.

1. Slo podr procederse a la desafectacin de terrenos en el supuesto de los apartados 5 y 10 del artculo 4 de la Ley de Costas y concordantes de este Reglamento previo informe preceptivo del Ayuntamiento y de la Comunidad Autnoma afectados y previa declaracin de innecesariedad a los efectos previstos en el articulo anterior.

2. La desafectacin deber ser expresa y antes de proceder a ella habrn de practicarse los correspondientes deslindes (artculo 18 de la Ley de Costas).

Art. 38.

1. Los terrenos desafectados conforme a lo previsto en el artculo anterior se incorporarn al Patrimonio del Estado. Cuando no se juzgue previsible su afectacin, podrn ser cedidos gratuitamente al Municipio o a la Comunidad Autnoma, condicionndose la cesin a que se destinen a finalidades de uso o servicio pblico de la competencia de aqullos (artculo 19 de la Ley de Costas).

2. La cesin no tendr lugar si los terrenos desafectados se permutan por otros inmuebles susceptibles de afectacin al dominio pblico martimo-terrestre.

3. Si transcurridos cinco aos desde la formalizacin de la cesin, los terrenos no se hubieren utilizado para las finalidades que motivaron aqulla o lo hubieren sido para otras distintas, revertirn al Patrimonio del Estado con los trmites previstos en su legislacin reguladora.

4. La cesin o la reversin a que se refieren los apartados anteriores se acordar por el Gobierno a propuesta del Ministerio de Economa y Hacienda, de oficio o a iniciativa del Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo.

5. En el supuesto de que, por falta de acuerdo entre las Administraciones interesadas, no se produzca la cesin o proceda la reversin, conforme a lo previsto en el apartado 3, la Administracin del Estado podr enajenar los terrenos desafectados en la forma prevista en la legislacin del Patrimonio del Estado.

TTULO II
Limitaciones de la propiedad sobre los terrenos contiguos a la ribera del mar por razones de proteccin del dominio pblico martimo-terrestre
CAPTULO PRIMERO
Objetivos y disposiciones generales
Art. 39.

La proteccin del dominio pblico martimo-terrestre comprende la defensa de su integridad y de los fines de uso general a que est destinado; la preservacin de sus caractersticas y elementos naturales y la prevencin de las perjudiciales consecuencias de obras e instalaciones, en los trminos de la Ley de Costas (artculo 20 de la Ley de Costas).

Art. 40.

1. A los efectos de lo previsto en el artculo anterior, los terrenos colindantes con el dominio pblico martimo-terrestre estarn sujetos a las limitaciones y servidumbres que se determinan en el presente titulo, prevaleciendo sobre la interposicin de cualquier accin. Las servidumbres sern imprescriptibles en todo caso.

2. Se exceptan de esta sujecin los terrenos expresamente declarados de inters para la seguridad y la defensa nacional, conforme a su legislacin especfica.

3. Las disposiciones de este ttulo tienen el carcter de regulacin mnima y complementaria de las que dicten las Comunidades Autnomas en el mbito de sus competencias (artculo 21 de la Ley de Costas).

Art. 41.

1. La Administracin del Estado dictar normas para la proteccin de determinados tramos de costa, en desarrollo de lo previsto en los artculos 23.2, 25, 26.1, 27.2, 28.1 y 29 de la Ley de Costas (artculo 22.1 de la Ley de Costas).

2. La competencia de la Administracin del Estado para dictar las normas indicadas en el apartado anterior corresponde al Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo.

3. La longitud de costa a incluir en las normas deber referirse, como mnimo, a una unidad fisiogrfica o morfolgica relativa a la dinmica litoral o al territorio, respectivamente, o, en su caso, a uno o varios trminos municipales colindantes completos.

Art. 42.

1. Antes de la aprobacin definitiva de las normas a que se refiere el artculo anterior, se sometern a informe de las Comunidades Autnomas y de los Ayuntamientos a cuyo territorio afecten para que los mismos puedan formular las objeciones que deriven de sus instrumentos de ordenacin aprobados o en tramitacin. Cuando se observen discrepancias sustanciales entre el contenido de las normas proyectadas y las objeciones formuladas por las Comunidades Autnomas y los Ayuntamientos, se abrir un perodo de consulta entre las tres Administraciones para resolver de comn acuerdo las diferencias manifestadas (artculo 22.2 de la Ley de Costas).

2. Los informes a que se refiere el apartado anterior sern emitidos en el plazo de un mes.

3. En defecto de acuerdo expreso entre las tres Administraciones interesadas, las normas no podrn ser aprobadas.

4. Las normas se aprobarn por Orden del Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo, que se publicar en el Boletn Oficial del Estado y a la que se acompaarn como anejos los planos y dems informacin que se considere relevante para la identificacin del mbito afectado y, en general, para asegurar la eficacia de aqullas.

CAPTULO II
Servidumbres legales
Seccin 1. Servidumbre de proteccin
Art. 43.

1. La servidumbre de proteccin recaer sobre una zona de 100 metros medida tierra adentro desde el lmite interior de la ribera del mar.

2. La extensin de esta zona podr ser ampliada por la Administracin del Estado, de acuerdo con la de la Comunidad Autnoma y el Ayuntamiento correspondiente, hasta un mximo de otros 100 metros, cuando sea necesario para asegurar la efectividad de la servidumbre, en atencin a las peculiaridades del tramo de costa de que se trate (artculo 23 de la Ley de Costas).

3. La ampliacin a que se refiere el apartado anterior ser determinada por las normas de proteccin o por el planeamiento territorial o urbanstico.

4. La anchura de la zona de servidumbre de proteccin se reducir en los casos a que se refieren las disposiciones transitoria tercera de la Ley de Costas y octava y novena de este Reglamento.

5. Los terrenos afectados por la modificacin de las zonas de servidumbre de trnsito y proteccin como consecuencia, en su caso, de la variacin, por cualquier causa, de la delimitacin de la ribera del mar, que ser recogida en el correspondiente deslinde, quedarn en situacin anloga a la prevista en las disposiciones transitorias tercera y cuarta de la Ley de Costas y concordantes de este Reglamento o quedarn liberados de dichas servidumbres, segn sea el sentido de regresin hacia tierra o progresin hacia el mar que tenga dicha variacin.

6. La realizacin de obras, tales como marinas o urbanizaciones martimo-terrestres, que den origen a la invasin por el mar o por las aguas de los ros, hasta donde se haga sensible el efecto de las mareas, de terrenos que con anterioridad a dichas obras no sean de dominio pblico martimo-terrestre, ni estn afectados por la servidumbre de proteccin, producir los siguientes efectos:

a) El terreno inundado se incorporar al dominio pblico martimo-terrestre.

b) La servidumbre de proteccin preexistente con anterioridad a las obras, mantendr su vigencia.

c) En los terrenos que no sean objeto de la servidumbre a que se refiere la letra b) anterior no se generar una nueva servidumbre de proteccin en torno a los espacios inundados, sino que, exclusivamente, ser de aplicacin, en ese caso, la servidumbre de trnsito.

En cualquier caso, dichas obras precisarn del correspondiente ttulo administrativo para su realizacin.

Art. 44.

1. En los terrenos comprendidos en esta zona se podrn realizar, sin necesidad de autorizacin, cultivos y plantaciones, sin perjuicio de lo establecido en los artculos 27 de la Ley de Costas y 51 de este Reglamento.

2. En los primeros 20 metros de esta zona se podrn depositar temporalmente objetos o materiales arrojados por el mar y realizar operaciones de salvamento martimo; no podrn llevarse a cabo cerramientos, salvo en las condiciones que se determinan en el apartado 3 de este artculo.

Los daos que se ocasionen por las ocupaciones a que se refiere el prrafo anterior sern objeto de indemnizacin segn lo previsto en la Ley de Expropiacin Forzosa (artculo 24 de la Ley de Costas).

3. Slo se podrn autorizar cerramientos opacos hasta una altura mxima de un metro y debiendo ser difanos por encima de dicha altura con, al menos, un 80 por 100 de huecos, salvo que se empleen elementos vegetales vivos. Asimismo podrn autorizarse cerramientos vinculados a los de concesiones en el dominio pblico martimo-terrestre con las caractersticas que se determinen en el ttulo concesional.

En todo caso, deber quedar libre la zona afectada por la servidumbre de trnsito.

4. En dichos 20 metros estn prohibidas las instalaciones a que se refieren los artculos 44.6 de la Ley de Costas y 95 de este Reglamento.

Art. 45.

1. En la zona de servidumbre de proteccin estarn prohibidos:

a) Las edificaciones destinadas a residencia o habitacin.

b) La construccin o modificacin de vas de transporte interurbanas y las de intensidad de trfico superior a la que se determina en el apartado 3, as como de sus reas de servicio.

c) Las actividades que impliquen la destruccin de yacimientos de ridos.

d) El tendido areo de lneas elctricas de alta tensin.

e) El vertido de residuos slidos, escombros y aguas residuales sin depuracin.

f) La publicidad a travs de carteles o vallas o por medios acsticos o audiovisuales (artculo 25.1 de la Ley de Costas).

2. La prohibicin de las edificaciones destinadas a residencia o habitacin, a que se refiere la letra a) del apartado anterior, incluye las hoteleras, cualquiera que sea su rgimen de explotacin. Se excluirn de esta prohibicin los campamentos debidamente autorizados con instalaciones desmontables.

3. La prohibicin de construccin o modificacin de vas de transporte, a que se refiere la letra b) del apartado 1, se entender para aquellas cuyo trazado discurra longitudinalmente a lo largo de la zona de servidumbre de proteccin, quedando exceptuadas de dicha prohibicin aquellas otras en las que su incidencia sea transversal, accidental o puntual.

El lmite para la intensidad de trfico de las vas de transporte, se fija en 500 vehculos/da de media anual en el caso de carreteras.

4. No se entender incluido en la prohibicin de destruccin de yacimientos de ridos, a que se refiere la letra c) del apartado 1, el aprovechamiento de los mismos para su aportacin a las playas.

5. No se considerarn incluidos en la prohibicin de publicidad, a que se refiere la letra f) del apartado 1, los rtulos indicadores de establecimientos, siempre que se coloquen en su fachada y no supongan una reduccin del campo visual.

Art. 46.

1. Con carcter ordinario, slo se permitirn en esta zona, las obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicacin o presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio pblico martimo-terrestre, as como las instalaciones deportivas descubiertas. En todo caso, la ejecucin de terraplenes, desmontes o tala de rboles debern cumplir las condiciones que se determinan en el apartado siguiente para garantizar la proteccin del dominio pblico (artculo 25.2 de la Ley de Costas).

2. Slo podr permitirse la ejecucin de desmontes y terraplenes, previa autorizacin, cuando la altura de aqullos sea inferior a 3 metros, no perjudique al paisaje y se realice un adecuado tratamiento de sus taludes con plantaciones y recubrimientos. A partir de dicha altura, deber realizarse una previa evaluacin de su necesidad y su incidencia sobre el dominio pblico martimo-terrestre y sobre la zona de servidumbre de proteccin.

3. La tala de rboles slo se podr permitir cuando exista autorizacin previa del rgano competente en materia forestal y no merme significativamente las masas arboladas, debiendo recogerse expresamente en la autorizacin la exigencia de reforestacin eficaz con especies autctonas, que no daen el paisaje y el equilibrio ecolgico.

Art. 47.

Excepcionalmente y por razones de utilidad pblica debidamente acreditadas, el Consejo de Ministros podr autorizar las actividades e instalaciones a que se refieren las letras b) y d) del apartado 1 del artculo 45 de este Reglamento. En la misma forma podrn ser autorizadas las edificaciones a que se refiere la letra a) y las instalaciones industriales en las que no concurran los requisitos de los artculos 25.2 de la Ley de Costas y 46.1 de este Reglamento, que sean de excepcional importancia y que, por razones econmicas justificadas, sea conveniente su ubicacin en el litoral, siempre que, en ambos casos, se localicen en zonas de servidumbre correspondientes a tramos de costa que no constituyan playa, ni zonas hmedas u otros mbitos de especial proteccin. Las actuaciones que se autoricen conforme a lo previsto en este artculo debern acomodarse al planeamiento urbanstico que se apruebe por las Administraciones competentes (artculo 25.3 de la Ley de Costas).

Art. 48.

1. Los usos permitidos en la zona de servidumbre de proteccin estarn sujetos a autorizacin de la Administracin del Estado, que se otorgar con sujecin a lo dispuesto en la Ley de Costas, y en las normas que se dicten, en su caso, de conformidad con lo previsto en los artculos 22 de la citada Ley y 41 y 42 de este Reglamento, pudindose establecer las condiciones que se estimen necesarias para la proteccin del dominio pblico.

2. Si la actividad solicitada estuviese vinculada directamente a la utilizacin del dominio pblico martimo-terrestre ser necesario, en su caso, disponer previamente del correspondiente ttulo administrativo otorgado conforme a la Ley de Costas (artculo 26 de la Ley de Costas).

3. Las autorizaciones que se otorguen debern respetar el planeamiento urbanstico en vigor. En defecto de ordenacin, podr condicionarse su otorgamiento a la previa aprobacin del planeamiento.

Art. 49.

1. La competencia de la Administracin del Estado para otorgar las autorizaciones a que se refiere el artculo anterior corresponde al Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo.

2. Las solicitudes de autorizacin se presentarn en el Servicio Perifrico de Costas, acompaadas, por triplicado, del proyecto bsico de las obras o instalaciones, as como de certificado urbanstico con la clasificacin del suelo, fechas de aprobacin del planeamiento, estado de ejecucin del mismo y usos permitidos.

3. El Servicio Perifrico de Costas, previo abono de las tasas que procedan, examinar la documentacin presentada, requiriendo al peticionario, en el supuesto de ser aqulla incompleta, para que subsane los defectos observados; hecho lo cual, proceder a confrontar sobre el terreno los planos del proyecto bsico.

4. La resolucin del expediente corresponder al Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo, debiendo darse traslado de la resolucin adoptada en la forma establecida en el artculo 209.2.

5. El Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo podr establecer las condiciones particulares que, en cada caso, motivadamente se estime oportuno incluir para garantizar la efectividad de la servidumbre, como son las que tengan por objeto prevenir o evitar la regresin de la costa, la interrupcin del transporte elico de los ridos, el cierre de las perspectivas visuales, las sombras proyectadas sobre la ribera del mar, el vertido incontrolado y, en general, la incidencia negativa de las construcciones y de las actividades que generen.

6. De conformidad con la disposicin adicional cuarta de la Ley de Costas, las autorizaciones debern ejercitarse en el plazo sealado para ello, que no podr exceder de dos aos, transcurrido el cual quedarn sin efecto, salvo cuando la falta de ejercicio sea imputable a la Administracin.

7. No podrn inscribirse en el Registro de la Propiedad las obras y construcciones realizadas en la zona de servidumbre de proteccin sin que se acredite la autorizacin a que se refiere este artculo. Para determinar si la finca est o no incluida en la zona, se aplicarn, con las variaciones pertinentes, las reglas establecidas en relacin con las inmatriculaciones de fincas colindantes con el dominio pblico martimo-terrestre.

Art. 50.

1. Para el otorgamiento de las autorizaciones a que se refieren los artculos 25.3 de la Ley de Costas y 47 de este Reglamento, se observar el siguiente procedimiento:

a) Presentacin en el Servicio Perifrico de Costas de tres ejemplares del proyecto bsico de obras o instalaciones, acompaados de declaracin motivada de su utilidad pblica, realizada por el rgano competente de la Comunidad Autnoma, previo informe del Ayuntamiento respectivo, o, en su caso, por el Departamento de la Administracin del Estado competente por razn de la materia.

b) Elevacin del expediente, con su informe, al Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo para su tramitacin.

c) En el caso de que la solicitud proceda de un Departamento de la Administracin del Estado, el proyecto se remitir a informe de la Comunidad Autnoma y Ayuntamiento respectivos. Dichos informes debern emitirse en el plazo de un mes, transcurrido el cual sin haberse formulado, se entendern favorables.

d) Elevacin del expediente al Consejo de Ministros para su resolucin a propuesta del Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo, que, previamente y a estos efectos podr recabar cuantos datos e informes considere oportunos. En el supuesto del apartado c) la propuesta deber ser conjunta con el Departamento del que procede la solicitud.

2. El acuerdo del Consejo de Ministros, otorgando la autorizacin, ser ttulo suficiente para iniciar la actuacin de que se trate, sin perjuicio de la tramitacin del expediente de modificacin o revisin del planeamiento, que se iniciar simultneamente.

Seccin 2. Servidumbre de trnsito
Art. 51.

1. La servidumbre de trnsito recaer sobre una franja de seis metros medidos tierra adentro a partir del lmite interior de la ribera del mar. Esta zona deber dejarse permanentemente expedita para el paso pblico peatonal y para los vehculos de vigilancia y salvamento, salvo en espacios especialmente protegidos.

2. En lugares de trnsito difcil o peligroso dicha anchura podr ampliarse en lo que resulte necesario, hasta un mximo de veinte metros.

3. Esta zona podr ser ocupada excepcionalmente por obras a realizar en el dominio pblico martimo-terrestre. En tal caso se sustituir la zona de servidumbre por otra nueva en condiciones anlogas, en la forma que se seale por la Administracin del Estado. Tambin podr ser ocupada para la ejecucin de paseos martimos (artculo 27 de la Ley de Costas).

4. La competencia para ampliar o sustituir la zona afectada por la servidumbre, en los supuestos a que se refieren los apartados 2 y 3, corresponder al Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo. La ampliacin se llevar a cabo, en su caso, de conformidad con lo previsto en las normas de proteccin o, en su defecto, en el planeamiento territorial o urbanstico. La localizacin alternativa se ubicar fuera del dominio pblico martimo-terrestre y preferentemente dentro de la zona de servidumbre de proteccin, de forma que se garantice la continuidad del trnsito.

5. Los cultivos en esta zona no impedirn el ejercicio de la servidumbre. Los daos que puedan producirse no sern objeto de indemnizacin.

6. La obligacin de dejar expedita la zona de servidumbre de trnsito se refiere tanto al suelo como al vuelo y afecta a todos los usos que impidan la efectividad de la servidumbre.

Seccin 3. Servidumbre de acceso al mar
Art. 52.

1. La servidumbre de acceso pblico y gratuito al mar recaer, en la forma que se determina en los apartados siguientes, sobre los terrenos colindantes o contiguos al dominio pblico martimo-terrestre, en la longitud y anchura que demanden la naturaleza y finalidad del acceso.

2. Para asegurar el uso pblico del dominio pblico martimo-terrestre, los planes y normas de ordenacin territorial y urbanstica del litoral establecern, salvo en espacios calificados como de especial proteccin, la previsin de suficientes accesos al mar y aparcamientos, fuera del dominio pblico martimo-terrestre. A estos efectos, en las zonas urbanas y urbanizables, los de trfico rodado debern estar separados entre s, como mximo, 500 metros, y los peatonales, 200 metros. Todos los accesos debern estar sealizados y abiertos al uso pblico a su terminacin (artculo 28.1 y 2 de la Ley de Costas).

3. Se entender por terminacin la financiacin de la ejecucin de los accesos, con independencia del momento de su recepcin por el Ayuntamiento respectivo. En las urbanizaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley de Costas, se estar a lo dispuesto en las disposiciones transitorias tercera, apartados 5 y 6, de dicha Ley y undcima de este Reglamento.

4. La obtencin de los terrenos que, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2, sean necesarios para la efectividad de la servidumbre de acceso al mar, se realizar por los mecanismos previstos en la legislacin urbanstica.

Art. 53.

1. Se declaran de utilidad pblica, a efectos de la expropiacin o de la imposicin de la servidumbre de paso por la Administracin del Estado, los terrenos necesarios para la realizacin o modificacin de otros accesos pblicos al mar y aparcamientos, no incluidos en el apartado 2 del artculo anterior (artculo 28.3 de la Ley de Costas).

2. Para la realizacin o modificacin de los accesos pblicos y aparcamientos indicados en el apartado anterior, el Servicio Perifrico de Costas, formular el correspondiente proyecto y lo someter a informacin pblica durante treinta das y a informe de la Comunidad Autnoma y del Ayuntamiento. La aprobacin del mismo llevar implicita la declaracin de necesidad de ocupacin, procedindose a continuacin conforme a lo previsto en la legislacin de expropiacin forzosa.

Art. 54.

No se permitirn en ningn caso obras o instalaciones que interrumpan el acceso al mar sin que se proponga por los interesados una solucin alternativa que garantice su efectividad en condiciones anlogas a las anteriores, a juicio de la Administracin del Estado (artculo 28.4 de la Ley de Costas).

Art. 55.

Las competencias atribuidas a la Administracin del Estado en los artculos 53 y 54 corresponden al Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo. Los terrenos expropiados se incorporarn al dominio pblico martimo-terrestre.

CAPTULO III
Otras limitaciones de la propiedad
Art. 56.

1. En los tramos finales de los cauces deber mantenerse la aportacin de ridos a sus desembocaduras. Para autorizar su extraccin, hasta la distancia que en cada caso se determine, se necesitar el informe favorable de la Administracin del Estado, en cuanto a su incidencia en el dominio pblico martimo-terrestre (artculo 29.1 de la Ley de Costas).

2. El Organismo de Cuenca o la Administracin Hidrulica competente, previamente a la resolucin de un expediente de extraccin de ridos en cauce pblico, o a la ejecucin de un proyecto de acondicionamiento de cauces, solicitar informe del correspondiente Servicio Perifrico de Costas, cuando la distancia, medida a lo largo del cauce, entre los puntos de extraccin y desembocadura en el mar sea inferior a la que se haya fijado para cada cauce por acuerdo entre ambos Organismos. De la resolucin recada se dar traslado a dicho Servicio.

3. Los informes del Servicio Perifrico de Costas previstos en el apartado anterior, debern emitirse en funcin de las necesidades de aportacin de ridos a las playas.

Art. 57.

1. Los yacimientos de ridos, emplazados en la zona de influencia, quedarn sujetos al derecho de tanteo y retracto en las operaciones de venta, cesin o cualquier otra forma de transmisin, a favor de la Administracin del Estado, para su aportacin a las playas. Con esta misma finalidad, dichos yacimientos se declaran de utilidad pblica a los efectos de su expropiacin total o parcial en su caso, por el Departamento Ministerial competente y de la ocupacin temporal de los terrenos necesarios (artculo 29.2 de la Ley de Costas).

2. Las competencias atribuidas a la Administracin del Estado en el apartado anterior corresponden al Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo.

3. Para el ejercicio del derecho de tanteo establecido en el apartado 1, los propietarios de los terrenos afectados debern notificar al Servicio Perifrico de Costas su propsito de llevar a cabo su transmisin, con expresin del precio y forma de pago previstos. Dicho Servicio elevar una propuesta motivada al rgano competente del Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo, para que ste adopte la resolucin que proceda.

4. El Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo podr ejercitar el derecho de retracto dentro de los nueve das siguientes a la notificacin de la inscripcin en el Registro o, en su defecto, a la notificacin prevista en el apartado anterior y, en todo caso, cuando el precio de la transmisin hubiera sido inferior en ms de un 20 por 100 al expresado en la notificacin.

A estos efectos, el Registrador de la Propiedad y el transmitente debern notificar al Servicio Perifrico de Costas las condiciones en que se haya realizado la transmisin. Dicho Servicio elevar una propuesta motivada al Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo para su resolucin.

CAPTULO IV
Zona de influencia
Art. 58.

1. La ordenacin territorial y urbanstica sobre terrenos incluidos en una zona, cuya anchura se determinar en los instrumentos correspondientes y que ser como mnimo de 500 metros a partir del lmite interior de la ribera del mar, respetar las exigencias de proteccin del dominio pblico martimo-terrestre a travs de los siguientes criterios:

a) En tramos con playa y con acceso a trfico rodado, se prevern reservas de suelo para aparcamientos de vehculos en cuanta suficiente para agarantizar el estacionamiento fuera de la zona de servidumbre de trnsito.

b) Las construcciones habrn de adaptarse a lo establecido en la legislacin urbanstica. Se deber evitar la formacin de pantallas arquitectnicas o acumulacin de volmenes sin que, a estos efectos, la densidad de edificacin pueda ser superior a la media del suelo urbanizable programado o apto para urbanizar en el trmino municipal respectivo.

2. Para el otorgamiento de las licencias de obra o uso que impliquen la realizacin de vertidos al dominio pblico martimo-terrestre se requerir la previa obtencin de la autorizacin de vertido correspondiente (artculo 30 de la Ley de Costas).

3. A los efectos del apartado 1, b) anterior, se entender por densidad de edificacin la edificabilidad definida en el planeamiento para los terrenos incluidos en la zona.

TTULO III
Utilizacin del dominio pblico martimo-terrestre
CAPTULO PRIMERO
Disposiciones generales
Seccin 1. Rgimen general de utilizacin
Art. 59.

1. La utilizacin del dominio pblico martimo-terrestre y, en todo caso, del mar y su ribera ser libre, pblica y gratuita para los usos comunes y acordes con la naturaleza de aqul, tales como pasear, estar, baarse, navegar, embarcar y desembarcar, varar, pescar, coger plantas y mariscos y otros actos semejantes que no requieran obras e instalaciones de ningn tipo y que se realicen de acuerdo con las leyes y reglamentos o normas aprobadas conforme a la Ley de Costas.

2. Los usos que tengan especiales circunstancias de intensidad, peligrosidad o rentabilidad y los que requieran la ejecucin de obras a instalaciones slo podrn ampararse en la existencia de reserva, adscripcin, autorizacin y concesin, con sujecin a lo previsto en la Ley de Costas, en otras especiales, en su caso, y en las normas generales o especficas correspondientes, sin que pueda invocarse derecho alguno en virtud de usucapin, cualquiera que sea el tiempo transcurrido (artculo 31 de la Ley de Costas).

Art. 60.

1. Unicamente se podr permitir la ocupacin del dominio pblico martimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicacin (artculo 32.1 de la Ley de Costas).

2. Las actividades o instalaciones a que se refiere el apartado anterior son:

a) Las que desempean una funcin o presten un servicio que, por sus caractersticas, requiera la ocupacin del dominio pblico martimo-terrestre.

b) Las de servicio pblico o al pblico que, por la configuracin fsica del tramo de costa en que resulte necesario su emplazamiento, no puedan ubicarse en los terrenos colindantes con dicho dominio.

3. En todo caso la ocupacin deber ser la mnima posible.

Art. 61.

1. A los efectos del apartado 1 del artculo anterior, y cualquiera que sea el ttulo habilitante de la ocupacin y la Administracin que lo otorgue, quedarn expresamente excluidas las utilizaciones mencionadas en los artculos 25.1 de la Ley de Costas y 45.1 de este Reglamento, excepto las de la letra b), previa declaracin de utilidad pblica por el Consejo de Ministros, y el vertido de escombros utilizables en rellenos, debidamente autorizados (artculo 32.2 de la Ley de Costas).

2. Lo establecido en el apartado anterior se aplicar a todos los bienes de dominio pblico martimo-terrestre y a todos los regmenes de utilizacin del mismo, incluyendo reservas, adscripciones, concesiones y autorizaciones, cualquiera que sea la Administracin competente.

Art. 62.

Previamente al otorgamiento del ttulo administrativo habilitante para la ocupacin del dominio pblico, deber quedar garantizado el sistema de eliminacin de aguas residuales, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

El posterior incumplimiento de esta obligacin dar lugar a la declaracin de caducidad del ttulo administrativo y al levantamiento de las instalaciones, sin perjuicio de la sancin que, en su caso, corresponda (artculo 32.3 de la Ley de Costas).

Art. 63.

1. Los embarcaderos, rampas u otros tipos de atraques a utilizar por embarcaciones de lneas regulares de trfico de pasajeros en rgimen de explotacin comercial, temporal o permanente no podrn ubicarse fuera de la zona de servicio de los puertos.

2. Cuando, por causas debidamente justificadas, las instalaciones a que se refiere el apartado anterior deban situarse fuera de una zona de servicio portuaria existente, deber estar aprobada, con anterioridad al inicio de las obras, la ampliacin de la zona de servicio portuaria, de forma que incluya el dominio pblico martimo-terrestre afectado. Dichas instalaciones se ubicarn preferentemente fuera de las playas y previa evaluacin de sus efectos sobre las condiciones de proteccin del entorno.

3. La autorizacin del emplazamiento de puntos de atraque, de embarque o desembarque o de aproximacin a la costa para embarcaciones destinadas a excursiones martimas tursticas costeras fuera de la zona de servicio de los puertos corresponder al Servicio Perifrico de Costas y ser previa a la que deba emitir el rgano competente del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones en materia de Marina Mercante.

Seccin 2. Rgimen de utilizacin de las playas
Art. 64.

1. Las playas no sern de uso privado, sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Costas y en el presente Reglamento sobre las reservas demaniales.

2. Las instalaciones que en ellas se permitan, adems de cumplir con lo establecido en el artculo anterior, sern de libre acceso pblico, salvo que por razones de polica, de economa u otras de inters pblico, debidamente justificadas, se autoricen otras modalidades de uso.

3. Las edificaciones de servicio de playa se ubicarn, preferentemente, fuera de ella, con las dimensiones y distancias que se determinan en el artculo siguiente (artculo 33.1, 2 y 3, de la Ley de Costas).

4. Cuando, a juicio del Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo no fuera posible ubicar las edificaciones de servicio a que se refiere el apartado anterior fuera de la playa, sobre el paseo martimo o los terrenos colindantes, se podrn situar adosadas al lmite interior de aqulla.

Art. 65.

1. Las concesiones y autorizaciones de ocupacin del dominio pblico por establecimientos expendedores de comidas y bebidas al servicio de la playa, adems de cumplir las disposiciones que les sean aplicables con carcter general y las especficas reguladoras de su actividad, debern ajustarse a los siguientes criterios en cuanto a dimensiones y distancias:

a) Las instalaciones fijas, salvo en casos excepcionales debidamente justificados, tendrn una ocupacin msima de 150 metros cuadrados, de los cuales 100, como mximo, sern cerrados, y se situarn con una separacin mnima de 200 metros de otras similares, tanto si stas se ubican en el dominio pblico martimo-terrestre como si se encuentran en zona de servidumbre de proteccin.

b) Las instalaciones desmontables tendrn una ocupacin mxima de 20 metros cuadrados y se colocarn con una separacin mnima de 100 metros de cualquier otra instalacin fija o desmontable.

2. Todas las conducciones de servicio a estas instalaciones debern ser subterrneas.

3. El sistema de saneamiento garantizar una eficaz eliminacin de las aguas residuales, as como la ausencia de malos olores. Con este objeto, las instalaciones debern conectarse a la red de saneamiento general, si sta existe, quedando en todo caso prohibidos los sistemas de drenaje o absorcin que puedan afectar a la arena de las playas o a la calidad de las aguas de bao.

Art. 66.

No se permitirn en las playas los tendidos areos paralelos a la costa, salvo imposibilidad material debidamente justificada.

Art. 67.

La ocupacin de la playa por instalaciones de cualquier tipo, incluyendo las correspondientes a servicios de temporada, no podr exceder, en conjunto, de la mitad de la superficie de aqulla en pleamar y se distribuir de forma homognea a lo largo de la misma. Se solicitar otra distribucin de la Administracin del Estado cuando se estime que existen condiciones especiales (artculo 33.4 de la Ley de Costas).

Art. 68.

1. Quedarn prohibidos el estacionamiento y la circulacin no autorizada de vehculos, as como los campamentos y acampadas (artculo 33.5 de la Ley de Costas).

2. Dichas prohibiciones se aplicarn a todo el dominio pblico martimo-terrestre, salvo la de estacionamiento y circulacin de vehculos, que afectar solamente a las playas.

3. Se entender por acampada la instalacin de tiendas de campaa o de vehculos o remolques habitables. Se entender por campamento la acampada organizada dotada de los servicios establecidos por la normativa vigente.

4. Quienes vulneren las prohibiciones establecidas en este artculo debern desalojar de inmediato, a requerimiento verbal de los Agentes de la Administracin, el dominio pblico ocupado, sin perjuicio de la instruccin de expediente sancionador cuando sea procedente. El Servicio Perifrico de Costas podr interesar del Delegado del Gobierno o Gobernador Civil la colaboracin de la fuerza pblica cuando ello sea necesario.

Art. 69.

1. En las zonas de bao debidamente balizadas estar prohibida la navegacin deportiva y de recreo, y la utilizacin de cualquier tipo de embarcacin o medio flotante movido a vela o motor. El lanzamiento o varada de embarcaciones deber hacerse a travs de canales debidamente sealizados.

2. En los tramos de costa que no estn balizados como zona de bao se entender que sta ocupa una franja de mar contigua a la costa de una anchura de 200 metros en las playas y 50 metros en el resto de la costa.

Dentro de estas zonas no se podr navegar a una velocidad superior a tres nudos, debiendo adoptarse las precauciones necesarias para evitar riesgos a la seguridad humana. Estar prohibido cualquier tipo de vertido desde las embarcaciones.

Art. 70.

En defecto de planeamiento o de las normas a que hace referencia el artculo 71, la ocupacin de la playa por instalaciones de cualquier tipo, incluso las corres-pondientes a servicios de temporada, deber observar, adems de lo indicado en los artculos anteriores, las siguientes determinaciones:

a) Se dejar libre permanentemente una franja de 6 metros, como mnimo, desde la orilla en pleamar.

b) Las longitudes de los tramos libres de ocupacin debern ser, como mnimo, equivalentes a las que se prev en explotacin, sin que estas ltimas puedan superar los 100 metros, salvo que la configuracin de la playa aconseje otra distribucin.

c) Las zonas de lanzamiento y varada se situarn preferentemente en los extremos de la playa o en otras zonas donde se minimice su interferencia con los usos comunes a que se refiere el artculo 59.1 y en conexin con accesos rodados y canales balizados.

Seccin 3. Normas
Art. 71.

1. La Administracin del Estado, sin perjuicio de las competencias de Comunidades Autnomas o Ayuntamientos, dictar las normas generales y las especficas para tramos de costas determinados, sobre proteccin y utilizacin del dominio pblico martimo-terrestre, con sujecin a lo previsto en la Ley de Costas. Tales normas incluirn directrices sobre las siguientes materias:

a) Realizacin de actuaciones de defensa, regeneracin, recuperacin, mejora y conservacin del dominio pblico.

b) Prioridades para atender las demandas de utilizacin, existentes y previsibles, en especial sobre servicios de temporada en playas, vertidos y extracciones de ridos en la ribera del mar y en los terrenos calificados de dominio pblico en virtud de los artculos 4. y 5. de la Ley de Costas.

c) Localizacin en el dominio pblico de las infraestructuras e instalaciones, incluyendo las de eliminacin de aguas residuales y vertidos al mar.

d) Otorgamiento de concesiones y autorizaciones.

e) Rgimen de utilizacin de las playas, seguridad humana en los lugares de bao y dems condiciones generales sobre uso de aqullas y sus instalaciones.

f) Adquisicin, afectacin y desafectacin de terrenos (artculo 34.1 de la Ley de Costas).

2. Las normas especficas debern referirse, como mnimo, a una unidad fisiogrfica o morfolgica relativa a la dinmica litoral o al territorio, respectivamente, o, en su caso, a uno o varios trminos municipales colindantes completos.

Art. 72.

Cuando las normas incluyan el rgimen sobre seguridad humana y salud de las personas en los lugares de bao, el Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo los someter a informe del rgano competente en dicha materia.

Art. 73.

Las normas especficas sern sometidas a informe de la Comunidad Autnoma y del Ayuntamiento correspondiente, con carcter previo a su aprobacin (artculo 34.2 de la Ley de Costas).

Art. 74.

Los informes a que se refieren los artculos 72 y 73 sern emitidos en el plazo de un mes, transcurrido el cual sin haberse evacuado se proseguir la tramitacin del expediente. Cuando se solicite documentacin o informacin complementaria se interrumpir el cmputo de dicho plazo.

Seccin 4. Otros principios comunes
Art. 75.

Las solicitudes de utilizacin del dominio pblico martimo-terrestre que se opongan de manera notoria a lo dispuesto en la normativa en vigor se denegarn y archivarn en el plazo mximo de dos meses, sin ms trmite que la audiencia previa al peticionario.

Si se tratare de deficiencias susceptibles de subsanacin se proceder en la forma prevista en la Ley de Procedimiento Administrativo (artculo 35.1 de la Ley de Costas).

Art. 76.

1. La Administracin competente comunicar las deficiencias observadas a los peticionarios, para que stos formulen sus alegaciones o subsanen las mismas en el plazo de diez das, procediendo en otro caso a su denegacin y archivo, dando traslado de la resolucin a los interesados.

2. Cuando sea competente la Administracin del Estado, corresponde al Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo, a travs del Servicio Perifrico de Costas, el ejercicio de las facultades previstas en el apartado anterior.

Art. 77.

La Administracin no est obligada a otorgar los ttulos de utilizacin del dominio pblico martimo-terrestre que se soliciten con arreglo a las determinaciones del plan o normas aprobadas, pudiendo ser denegadas por razones de oportunidad u otras de inters pblico debidamente motivadas (artculo 35.2 de la Ley de Costas).

Art. 78.

1. En los supuestos de usos que puedan producir daos y perjuicios sobre el dominio pblico o privado, la Administracin del Estado estar facultada para exigir al solicitante la presentacin de cuantos estudios y garantas econmicas se determinan en el apartado siguiente para la prevencin de aqullos, la reposicin de los bienes afectados y las indemnizaciones correspondientes (artculo 36 de la Ley de Costas).

2. Para el establecimiento de las garantas econmicas indicadas en el apartado anterior se tendr en cuenta lo siguiente:

a) Sern determinadas por el rgano competente de la Administracin del Estado para el otorgamiento del ttulo, una vez prestada conformidad a los estudios presentados, los cuales debern contemplar las medidas correctoras adecuadas para la prevencin de los daos y la reposicin de los bienes.

b) Podrn formalizarse por cualquiera de los sistemas admitidos por la normativa vigente, tendrn carcter irrevocable, sern de ejecucin automtica y se extendern hasta el plazo de vencimiento.

Para la ejecucin forzosa, en su caso, se estar a lo dispuesto en la seccin 2. del captulo tercero del ttulo V de este Reglamento.

c) La posible afeccin sobre el dominio privado y las indemnizaciones correspondientes sern indeterminadas por la Administracin, de oficio o a instancia del posible perjudicado debidamente justificada, sin perjuicio de las acciones judiciales que el mismo pueda ejercer.

Art. 79.

1. La ocupacin del dominio pblico no implicar en ningn caso la cesin de ste, ni su utilizacin significar la cesin de las facultades demaniales de la Administracin del Estado, ni la asuncin por sta de responsabilidades de ningn tipo respecto al titular de derecho a la ocupacin o a terceros. El mencionado titular ser responsable de los daos y perjuicios que puedan ocasionar las obras y actividades al dominio pblico y al privado, salvo en el caso en que aqullos tengan su origen en alguna clusula impuesta por la Administracin al titular y que sea de ineludible cumplimiento por ste.

2. La Administracin del Estado conservar en todo momento las facultades de tutela y polica sobre el dominio pblico afectado, quedando obligado el titular de la ocupacin o actividad a informar a aqulla de las incidencias que se produzcan en relacin con dichos bienes y a cumplir las instrucciones que le dicte.

3. La Administracin competente llevar, actualizado, el Registro de usos del dominio pblico martimo-terrestre, en el que se inscribirn de oficio, en la forma que se determina en el artculo 80, las reservas, adscripciones y concesiones, as como las autorizaciones de vertidos contaminantes, revisando, al menos anualmente, el cumplimiento de las condiciones estipuladas, as como los efectos producidos. Dichos Registros tendrn carcter pblico, pudiendo interesarse las oportunas certificaciones sobre su contenido, y siendo las mismas medio de prueba de la existencia y situacin del correspondiente ttulo administrativo. Los cambios de titularidad y de caractersticas que puedan producirse debern reflejarse, asimismo, en el asiento correspondiente (artculo 37 de la Ley de Costas).

Art. 80.

1. Cuando se trate de usos cuya autorizacin corresponda a la Administracin del Estado, el Registro estar formado por fichas individuales debidamente numeradas y autenticadas y podr sustituirse por un banco de datos susceptible de tratamiento informtico. La Administracin competente podr dictar instrucciones sobre su contenido.

2. A los efectos del apartado anterior, se elaborarn fichas de cada uno de los usos indicados anteriormente, que contendrn, como mnimo, los siguientes datos: Provincia, trmino municipal, emplazamiento, destino, titular, superficie otorgada, plazo, canon y, en su caso, modificaciones de titularidad y de caractersticas, prrrogas y sanciones firmes por infracciones graves.

3. Las certificaciones sobre el contenido del Registro de Usos sern solicitadas a la Administracin competente.

4. El Registro se llevar por el Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo y las certificaciones sobre su contenido sern solicitadas al Servicio Perifrico de Costas.
A estos efectos, dicho Servicio llevar un duplicado actualizado del Registro para los ttulos radicados en su circunscripcin territorial, que podr sustituirse por una conexin informtica con el banco de datos a que se refiere el apartado 1.

Art. 81.

1. Estar prohibida la publicidad a travs de carteles o vallas o por medios acsticos o audiovisuales.

2. Tambin estar prohibido, cualquiera que sea el medio de difusin empleado, el anuncio de actividades en el dominio pblico martimo-terrestre que no cuenten con el correspondiente ttulo administrativo o que no se ajuste a sus condiciones (artculo 38 de la Ley de Costas).

3. La prohibicin establecida en los apartados anteriores es aplicable cualquiera que sea el emplazamiento o medio de difusin, incluso para la publicidad realizada desde el aire.

No se considerarn como publicidad los rtulos indicadores de los establecimientos, siempre que se coloquen en su fachada y no supongan una reduccin del campo visual.

Art. 82.

1. Las Empresas suministradoras de energa elctrica, agua, gas y telefona exigirn para la contratacin de sus respectivos servicios la presentacin del ttulo administrativo requerido segn la Ley de Costas para la realizacin de las obras o instalaciones en las playas, zona martimo-terrestre o mar (artculo 39 de la Ley de Costas).

2. Las Empresas suministradoras conservarn una copia de la concesin o autorizacin correspondiente para su exhibicin o requerimiento de la Administracin competente.

Art. 83.

Las utilizaciones no autorizadas previamente, conforme a lo establecido en la Ley de Costas, sern sancionadas con arreglo a lo previsto en el ttulo V, sin perjuicio de su legalizacin cuando sea posible y se estime conveniente, en cuyo caso, se seguir el procedimiento y los criterios establecidos en la Ley de Costas y este Reglamento para el otorgamiento del ttulo correspondiente (artculo 40 de la Ley de Costas).

Art. 84.

1. En caso de tempestad, grave riesgo, catstrofe o calamidad pblica o cualquier otro estado de necesidad, urgencia o concurrencia de situaciones anmalas o excepcionales, la Administracin competente podr disponer, inmediatamente y sin tramitacin ni indemnizacin previa, del dominio pblico ocupado y de las obras e instalaciones concedidas o autorizadas, en la medida que juzgue necesaria para la proteccin y seguridad de los bienes y personas afectadas. Para las indemnizaciones correspondientes se estar a lo dispuesto en la Ley de Expropiacin Forzosa (artculo 41 de la Ley de Costas).

2. La Administracin competente podr cerrar temporalmente el dominio al uso pblico, cuando las circunstancias as lo aconsejen, para evitar riesgos a la seguridad o salud de los usuarios o en otras situaciones anmalas o excepcionales, sin que este cierre pueda dar lugar a ningn tipo de indemnizacin.

CAPTULO II
Proyectos y obras
Art. 85.

1. Para que la Administracin competente resuelva sobre la ocupacin o utilizacin del dominio pblico martimo-terrestre, se formular el correspondiente proyecto bsico, en el que se fijarn las caractersticas de las instalaciones y obras, la extensin de la zona de dominio pblico martimo-terrestre a ocupar o utilizar y las dems especificaciones que se determinan en el artculo 88. Con posterioridad, y antes de comenzarse las obras, se formular el proyecto de construccin, sin perjuicio de que, si lo desea, el peticionario pueda presentar ste y no el bsico acompaando a su solicitud.

2. Cuando las actividades proyectadas pudieran producir una alteracin importante del dominio pblico martimo-terrestre, se requerir adems una previa evaluacin de sus efectos sobre el mismo, en la forma que se determina en el apartado siguiente (artculo 42.1 y 2 de la Ley de Costas).

3. La evaluacin comprender el estudio de la incidencia de las actividades proyectadas sobre el dominio pblico martimo-terrestre, tanto durante su ejecucin como durante su explotacin, debiendo incluir, en su caso, las medidas correctoras necesarias.

Art. 86.

El proyecto se someter preceptivamente a informacin pblica, salvo que se trate de autorizaciones o de actividades relacionadas con la defensa nacional o por razones de seguridad (artculo 42.3 de la Ley de Costas).

Art. 87.

Cuando no se trate de utilizacin por la Administracin, se acompaar un estudio econmico-financiero cuyo contenido ser el definido en el artculo 89, y el presupuesto estimado de las obras emplazadas en el dominio pblico martimo-terrestre (artculo 42.4 de la Ley de Costas).

Art. 88.

El proyecto bsico, que deber estar suscrito por tcnico competente, contendr los siguientes documentos:

a) Memoria justificativa y descriptiva con anejos, en su caso, que deber contener la declaracin a que se refiere el artculo 96, as como las especificaciones sealadas en el artculo 85 y otros datos relevantes, tales como los criterios bsicos de proyecto, el programa de ejecucin de los trabajos y, en su caso, el sistema de evacuacin de aguas residuales.

b) Planos: De situacin, a escala conveniente; de emplazamiento, con representacin del deslinde y de la zona a ocupar, a escala no inferior a 1/5.000, con la clasificacin y usos urbansticos del entorno; topogrfico del estado actual, a escala no inferior a 1/1.000; de planta general, en que se representen las instalaciones y obras proyectadas, que incluir el deslinde y la superficie a ocupar o utilizar en el dominio pblico martimo-terrestre, lneas de orilla, zonas de servidumbre de trnsito, proteccin y accesos y, cuando proceda, restablecimiento de las afectadas y terrenos a incorporar al dominio pblico martimo-terrestre; de alzados y secciones caractersticas, cuando resulten necesarios para su definicin, con la geometra de las obras e instalaciones.

c) Informacin fotogrfica de la zona.

d) Presupuesto con la valoracin de las unidades de obra y partidas ms significativas.

Art. 89.

En el caso de que no se prevea la gestin directa por la Administracin, el estudio econmico-financiero a que se refiere el artculo 87 desarrollar la evolucin previsible de la explotacin, considerando diversas alternativas de plazo de amortizacin acordes con las disposiciones de este Reglamento, y contendr:

a) Relacin de ingresos estimados, con tarifas a abonar por el pblico y, en su caso, descomposicin de sus factores constitutivos como base para futuras revisiones.

b) Relacin de gastos, incluyendo los de proyectos y obras y los de cnones y tributos a satisfacer, as como los de conservacin, consumos energticos, de personal y otros necesarios para la explotacin.

Adems se incluirn, cuando stos existan, los costes derivados de las medidas correctoras a imponer, as como los gastos derivados del plan de seguimiento para la comprobacin de la efectividad de dichas medidas.

c) Evaluacin de la rentabilidad neta, antes de impuestos.

Art. 90.

1. Las obras se ejecutarn conforme al proyecto de construccin que en cada caso se apruebe, que completar al proyecto bsico (artculo 43 de la Ley de Costas).

2. La direccin de las obras ser ejercida por Tcnico competente.

Art. 91.

1. Los proyectos se formularn conforme al planeamiento que, en su caso, desarrollen, y con sujecin a las normas generales, especficas y tcnicas que apruebe la Administracin competente, en funcin del tipo de obra y de su emplazamiento.

2. Debern prever la adaptacin de las obras al entorno en que se encuentren situadas y, en su caso, la influencia de la obra sobre la costa y los posibles efectos de regresin de sta.

3. Cuando el proyecto contenga la previsin de actuaciones en el mar o en la zona martimo-terrestre, deber comprender un estudio bsico de la dinmica litoral referido a la unidad fisiogrfica costera correspondiente y de los efectos de las actuaciones previstas.

4. Para la creacin y regeneracin de playas se deber considerar prioritariamente la actuacin sobre los terrenos colindantes, la supresin o atenuacin de las barreras al transporte marino de ridos, la aportacin artificial de stos, las obras sumergidas en el mar y cualquier otra actuacin que suponga la menor agresin al entorno natural
(artculo 44.1, 2, 3 y 4 de la Ley de Costas).

Art. 92.

El estudio bsico de dinmica litoral a que se refiere el artculo 91.3 se acompaar como anejo a la Memoria, y comprender los siguientes aspectos:

a) Estudio de la capacidad de transporte litoral.

b) Balance sedimentario y evolucin de la lnea de costa, tanto anterior como previsible.

c) Clima martimo, incluyendo estadsticas de oleaje y temporales direccionales y escalares.

d) Batimetra hasta zonas del fondo que no resulten modificadas, y forma de equilibrio, en planta y perfil, del tramo de costas afectado.

e) Naturaleza geolgica de los fondos.

f) Condiciones de la biosfera submarina.

g) Recursos disponibles de ridos y canteras y su idoneidad, previsin de dragados o trasvases de arenas.

h) Plan de seguimiento de las actuaciones previstas.

i) Propuesta para la minimizacin, en su caso, de la incidencia de las obras y posibles medidas correctoras y compensatorias.

Art. 93.

La disminucin significativa de la superficie de playa existente, causada por las actividades proyectadas, deber, en su caso, ser compensada con otra equivalente, a crear o regenerar en la zona, sin que esta compensacin sea condicin suficiente para que, en su caso, el ttulo se otorgue.

Art. 94.

1. Los paseos martimos se localizarn fuera de la ribera del mar y sern preferentemente peatonales (artculo 44.5 de la Ley de Costas).

2. En el caso de modificacin de las caractersticas de paseos martimos existentes en la ribera del mar no se admitirn vas rodadas en los mismos, salvo que no exista posibilidad de situar otras vas alternativas en las proximidades.

Art. 95.

1. Las instalaciones de tratamiento de aguas residuales se emplazarn fuera de la ribera del mar y de los primeros veinte metros de la zona de servidumbre de proteccin. No se autorizar la instalacin de colectores paralelos a la costa dentro de la ribera del mar ni de los primeros veinte metros de los terrenos colindantes (artculo 44.6 de la Ley de Costas).

2. No se entender incluida en los supuestos de prohibicin del apartado anterior la reparacin de colectores existentes, as como su construccin cuando se integren en paseos martimos u otros viales urbanos.

Art. 96.

1. Los proyectos contendrn la declaracin expresa de que cumplen las disposiciones de la Ley de Costas y de las normas generales y especficas que se dicten para su desarrollo y aplicacin (artculo 44.7 de la Ley de Costas).

2. Los autores respondern de la exactitud y veracidad de los datos tcnicos y urbansticos consignados.

Art. 97.

1. La tramitacin de los proyectos de la Administracin del Estado se realizar conforme a lo dispuesto en este artculo, con sometimiento, en su caso, a informacin pblica e informes de los Departamentos y Organismos que se determinen. Si, como consecuencia de las alegaciones formuladas en dicho trmite se introdujeran modificaciones sustanciales en el proyecto, se abrir un nuevo perodo de informacin (artculo 45.1 de la Ley de Costas).

2. Lo establecido en este artculo para los proyectos a realizar por la Administracin del Estado ser de aplicacin a los de las obras de inters general a que se refieren los artculos 111 de la Ley de Costas y 204 de este Reglamento.

3. Los proyectos debern contener los documentos sealados en la legislacin de Contratos del Estado.

4. La tramitacin de los proyectos de obras de primer establecimiento, reforma o gran reparacin comprender:

a) La fase de informacin pblica, en su caso, con plazo de veinte das.

b) Informe de la Comunidad Autnoma.

c) Informe del Ayuntamiento en cuyo trmino se emplacen las obras.

d) Informe del rgano competente del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones en materia de navegacin, en el caso de obras en el mar que puedan suponer un riesgo para la seguridad martima.

e) Informe del rgano competente en materia de costas del Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo, cuando se trate de proyectos de otros rganos o Departamentos Ministeriales.

5. Los informes podrn ser recabados durante el plazo de informacin pblica, debiendo emitirse en el plazo de un mes, transcurrido el cual sin haberse evacuado, se proseguir la tramitacin del expediente.

6. Quedarn excluidos de la tramitacin anterior los proyectos del Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo de escasa entidad, o de obras de reparaciones menores o de conservacin y mantenimiento.

Art. 98.

1. La aprobacin de dichos proyectos llevar implcita la necesidad de ocupacin de los bienes y derechos que, en su caso, resulte necesario expropiar. A tal efecto, en el proyecto deber figurar la relacin concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados, con la descripcin material de los mismos (artculo 45.2 de la Ley de Costas).

2. A los efectos del apartado anterior, el proyecto deber incluir un anejo de expropiaciones, que comprender, adems de lo especificado en dicho apartado, los siguientes datos:

a) Plano parcelario, con las fincas individualizadas y titulares afectados, debiendo figurar la lnea de deslinde del dominio pblico martimo-terrestre.

b) Valoracin econmica de los bienes y derechos afectados, acompaando, cuando proceda, certificacin del valor catastral de stos, expedida por el rgano competente del Ministerio de Economa y Hacienda.

Art. 99.

La necesidad de ocupacin se referir tambin a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo del proyecto y en las modificaciones de obra que puedan aprobarse posteriormente, con los mismos requisitos sealados en los artculos anteriores (artculo 45.3 de la Ley de Costas).

Art. 100.

Con el fin de garantizar la integridad del dominio pblico martimo-terrestre y la eficacia de las medidas de proteccin sobre el mismo, la Administracin del Estado podr aprobar planes de obras y de otras actuaciones de su competencia (artculo 46 de la Ley de Costas).

CAPTULO III
Reservas y adscripciones
Seccin 1. Reservas
Art. 101.

1. La Administracin del Estado podr reservarse la utilizacin total o parcial de determinadas pertenencias del dominio pblico martimo-terrestre exclusivamente para el cumplimiento de fines de su competencia, siempre que concurran las circunstancias prevenidas en los artculos 32 de la Ley de Costas y 60 y 61 de este Reglamento.

2. La reserva podr ser para la realizacin de estudios e investigaciones, o para obras, instalaciones o servicios. Su duracin se limitar al tiempo necesario para el cumplimiento de los fines a que se refiere el apartado anterior.

3. La declaracin de zona de reserva se har en virtud de las normas previstas en los artculos 34 de la Ley de Costas y 71 de este Reglamento, o, en su defecto, por acuerdo del Consejo de Ministros. Prevalecer frente a cualquier otra utilizacin y llevar implcita la declaracin de utilidad pblica y la necesidad de ocupacin, a efectos expropiatorios de los derechos preexistentes que resulten incompatibles con ella (artculo 47 de la Ley de Costas).

4. La solicitada de reserva deber ir acompaada del proyecto de las obras e instalaciones o, en caso de inexistencia de las mismas, de la definicin de usos o actividades que se van a desarrollar sobre la zona afectada.

5. La declaracin de zona de reserva deber ser sometida a informe de la Comunidad Autnoma y, conforme a lo establecido en los artculos 115, b) de la Ley de Costas y 208, b) de este Reglamento, de los Ayuntamientos afectados. Asimismo, deber someterse a informe preceptivo del Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo, cuando la misma se realice a favor de otro Departamento ministerial. Estos informes debern emitirse en el plazo de un mes, transcurrido el cual sin haberse evacuado, se proseguir la tramitacin del expediente.

6. En defecto de normas, la propuesta ser elevada al Consejo de Ministros por el Departamento ministerial a cuyo favor se realice la reserva.

7. Declarada la reserva, se suscribir un acta y plano por representantes del Departamento ministerial afectado y del Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo.

8. Las obras e instalaciones, o los usos o actividades, para los que se declar la reserva, no podrn ser modificados durante la duracin de la misma. Su modificacin tendr idntica tramitacin que la solicitud inicial.

Art. 102.

1. La utilizacin o explotacin de las zonas de reserva podr ser realizada por cualquiera de las modalidades de gestin directa o indirecta que se determinan en el apartado 3 de este artculo.

2. La reserva no podr amparar en ningn caso la realizacin de otros usos o actividades distintas de las que justificaron la declaracin (artculo 48.1 y 2 de la Ley de Costas).

3. A los efectos del apartado 1 se consideran las siguientes modalidades de gestin indirecta:

a) Consorcio con otras personas jurdicas, pblicas o privadas.

b) Concesin.

c) Gestin interesada.

d) Concierto.

e) Sociedad de economa mixta.

f) Cualquier otra modalidad legalmente establecida.

Seccin 2. Adscripciones
Art. 103.

1. La adscripcin de bienes de dominio pblico martimo-terrestre a las Comunidades Autnomas para la construccin de nuevos puertos y vas de transporte de titularidad de aqullas, o de ampliacin o modificacin de los existentes, se formalizar por la Administracin del Estado. La porcin de dominio pblico adscrita conservar tal calificacin jurdica, correspondiendo a la Comunidad Autnoma la utilizacin y gestin de la misma, adecuadas a su finalidad y con sujecin a las disposiciones pertinentes. En todo caso, el plazo de las concesiones que se otorguen en los bienes adscritos no podr ser superior a treinta aos (artculo 49.1 de la Ley de Costas).

2. Se proceder a la adscripcin de bienes de dominio pblico martimo-terrestre a las Comunidades Autnomas, cuando se trate de construir, ampliar o modificar puertos o vas de transporte de su competencia, mientras sean o vayan a ser gestionados directamente por las mismas. En caso de gestin indirecta, el peticionario deber obtener la correspondiente concesin de ocupacin conforme a lo establecido en los artculos 64 de la Ley de Costas y 129 de este Reglamento.

3. La adscripcin se limitar a la superficie de dominio pblico martimo-terrestre ocupada por la zona de servicio portuario o por la va de transporte, no pudiendo ser otorgada sin que est aprobado el deslinde de la zona de dominio pblico martimo-terrestre afectada.

Art. 104.

1. A los efectos previstos en el artculo anterior, los proyectos de las Comunidades Autnomas debern contar con el informe favorable de la Administracin del Estado, en cuanto a la delimitacin del dominio pblico estatal susceptible de adscripcin, usos previstos y medidas necesarias para la proteccin del dominio pblico, sin cuyo requisito aqullos no podrn entenderse definitivamente aprobados.

2. La aprobacin definitiva de los proyectos llevar implcita la adscripcin del dominio pblico en que estn emplazadas las obras y, en su caso, la delimitacin de una nueva zona de servicio portuaria. La adscripcin se formalizar mediante acta suscrita por representacin de ambas Administraciones (artculo 49.2 y 3 de la Ley de Costas).

3. La adscripcin de bienes de dominio pblico martimo-terrestre a las Comunidades Autnomas no devengar canon a favor de la Administracin del Estado, ni tampoco las concesiones o autorizaciones que las Comunidades Autnomas otorguen en el dominio pblico adscrito. Las que otorguen fuera de dicho dominio adscrito, en materias de su competencia, devengarn el correspondiente canon de ocupacin en favor de la Administracin del Estado.

Art. 105.

La adscripcin se formalizar mediante el siguiente procedimiento:

a) La Comunidad Autnoma interesada remitir el proyecto al Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo para su informe, con anterioridad a su aprobacin definitiva.

El informe deber emitirse en el plazo de dos meses contados a partir del momento en que el Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo disponga de la documentacin necesaria.

b) Aprobado definitivamente el proyecto por la Comunidad Autnoma, sta notificar al Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo dicha resolucin, tras lo que se suscribir acta y plano de adscripcin por representantes de ambas Administraciones.

c) Las obras no podrn iniciarse hasta que no se haya formalizado la adscripcin.

Art. 106.

1. Para el balizamiento de los puertos de competencia de las Comunidades Autnomas, el Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo determinar las luces y seales que deben constituir el mismo, as como su modificacin o supresin.

2. El Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo suministrar las pticas y repuestos necesarios para ello, correspondiendo a la Comunidad Autnoma su abono y la responsabilidad de su funcionamiento, mantenimiento y conservacin en los trminos previstos en los correspondientes Reales Decretos de traspaso de funciones y servicios en la materia.

3. El rgano competente del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones en materia de Marina Mercante, por razones de seguridad para la navegacin, podr decretar el cierre del puerto al trfico martimo si no se cumplen las instrucciones respecto al balizamiento, previo requerimiento y audiencia a la Comunidad Autnoma.

Art. 107.

1. Los bienes de dominio pblico martimo-terrestre adscritos a una Comunidad Autnoma, que no sean utilizados para el cumplimiento de los fines a los que se adscribieran, o que sean necesarios para la actividad econmica o el inters general, segn los artculos 131 y 149 de la Constitucin, revertirn al Estado, previa audiencia de la Comunidad Autnoma, por el procedimiento que se determina en el apartado siguiente, y se les dar el destino que en cada caso resulte procedente (artculo 50 de la Ley de Costas).

2. En el supuesto de incumplimiento de los fines que justificaron la adscripcin, la reversin se ajustar al siguiente procedimiento:

a) El Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo pondr en conocimiento de la Comunidad Autnoma, mediante escrito motivado, los hechos determinantes del incumplimiento, con la advertencia de que el mismo puede dar lugar a la reversin.

b) La Comunidad Autnoma podr formular las alegaciones que estime pertinentes en el plazo de un mes, transcurrido el cual sin que se reciba contestacin, podr proseguirse la tramitacin del expediente.

c) Cuando las alegaciones formuladas por la Comunidad Autnoma no justifiquen las desviaciones apreciadas, el Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo requerir a aqulla para que proceda a su correccin en el plazo que a tal efecto seale, que no podr ser inferior a tres meses ni superior a un ao.

d) Si las desviaciones no se corrigieren en el plazo mencionado, el Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo, previa audiencia de la Comunidad Autnoma, propondr al Consejo de Ministros la reversin.

3. Cuando la reversin se inste por la Comunidad Autnoma, la propuesta se elevar al Consejo de Ministros, a travs del Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo.

4. En los dems supuestos, la reversin requerir la previa comunicacin a la Comunidad Autnoma de las razones que la justifiquen, para que aqulla pueda formular, en el plazo de un mes, cuantas alegaciones estime pertinentes. Dichas alegaciones se incorporarn a la propuesta que se eleve al Consejo de Ministros.

5. En todo caso, la reversin surtir efectos desde la fecha en que se acuerde por el Consejo de Ministros y se formalizar mediante acta que ser suscrita por los representantes de ambas Administraciones.

CAPTULO IV
Autorizaciones
Seccin 1. Disposiciones generales
Art. 108.

1. Estarn sujetas a previa autorizacin administrativa las actividades en las que, aun sin requerir obras o instalaciones de ningn tipo, concurran circunstancias especiales de intensidad, peligrosidad o rentabilidad, y, asimismo, la ocupacin del dominio pblico martimo-terrestre con instalaciones desmontables o con bienes muebles.

2. Se entendern por instalaciones desmontables aquellas que:

a) Precisen a lo sumo obras puntuales de cimentacin, que, en todo caso, no sobresaldrn del terreno.

b) Estn constituidas por elementos de serie prefabricados, mdulos, paneles o similares, sin elaboracin de materiales en obra ni empleo de soldaduras.

c) Se monten y desmonten mediante procesos secuenciales, pudiendo realizarse su levantamiento sin demolicin y siendo el conjunto de sus elementos fcilmente transportable (artculo 51 de la Ley de Costas).

3. Se entender que concurren circunstancias especiales de intensidad, peligrosidad o rentabilidad cuando en las actividades se den, respectivamente, alguna de las siguientes:

a) Que no sean compatibles con las actividades contempladas en los artculos 31.1 de la Ley de Costas y 59.1 de este Reglamento.

b) Que su ejercicio signifique un peligro o riesgo para la integridad de personas o bienes.

c) Que la utilizacin del dominio pblico martimo-terrestre sea un factor determinante de la rentabilidad econmica de la actividad.

4. Se entender por ocupacin con bienes muebles, la producida por su estacionamiento en el dominio pblico martimo-terrestre de forma continuada o, en todo caso, por plazo superior a un da.

Art. 109.

1. Las solicitudes de autorizacin slo podrn referirse a las instalaciones y actividades previstas en las normas generales y especficas que se dicten en virtud de lo establecido en el artculo 34 de la Ley de Costas y concordantes de este Reglamento.

2. Las solicitudes podrn ser sometidas a informacin pblica segn se determina en el artculo 146.8.

3. Las autorizaciones se otorgarn con carcter personal e intransferible inter vivos, salvo en el caso de vertidos, y no sern inscribibles en el Registro de la Propiedad.

4. El plazo de vencimiento ser el que se determine en el ttulo correspondiente, y no podr exceder de un ao, salvo en los casos en que la Ley de Costas establece otro diferente (artculo 52 de la Ley de Costas).

5. En caso de no haberse dictado las normas generales o especficas a las que se refiere el apartado 1 de este artculo, las solicitudes de autorizacin se otorgarn, en su caso, con los criterios establecidos con carcter general en este Reglamento para cada tipo de instalaciones o actividades y de acuerdo con el planeamiento urbanstico aplicable.

Art. 110.

1. Las autorizaciones podrn ser revocadas unilateralmente por la Administracin en cualquier momento, sin derecho a indemnizacin, cuando resulten incompatibles con la normativa aprobada con posterioridad, produzcan daos en el dominio pblico, impidan su utilizacin para actividades de mayor inters pblico o menoscaben el uso pblico.

2. Extinguida la autorizacin, el titular tendr derecho a retirar fuera del dominio pblico y de sus zonas de servidumbre las instalaciones correspondientes y estar obligado a dicha retirada cuando as lo determine la Administracin competente, en la forma y plazo que se establecen en el apartado siguiente. En todo caso, estar obligado a restaurar la realidad fsica alterada (artculo 55 de la Ley de Costas).

3. La retirada deber llevarse a cabo por el titular en el plazo que le fije la Administracin a partir de la extincin de la autorizacin, que no sobrepasar los quince das.

4. De no llevarse a cabo la retirada en el plazo o condiciones fijados, la Administracin proceder a su ejecucin subsidiaria, aplicando para ello la garanta establecida al respecto. De ser insuficiente la misma, se requerir el abono de la diferencia en el plazo de diez das, procedindose, en otro caso, a la va de apremio.

Seccin 2. Servicios de temporada en playas
Art. 111.

1. Las autorizaciones cuyo objeto sea la explotacin de servicios de temporada en las playas, que slo requieran instalaciones desmontables, sern otorgadas a los Ayuntamientos que lo soliciten, en la forma que se determina en los apartados siguientes y con sujecin a las condiciones que se establezcan en las normas generales y especficas correspondientes.

2. En ningn caso el otorgamiento de estas autorizaciones podr desnaturalizar el principio del uso pblico de las playas (artculo 53 de la Ley de Costas).

3. Durante el primer mes de cada ao, el Servicio Perifrico de Costas del Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo se dirigir a los Ayuntamientos costeros de su mbito territorial, fijndose un plazo, que no superar los dos meses, para que soliciten, con carcter preferente, las autorizaciones para la explotacin de los servicios de temporada.

4. Los Ayuntamientos interesados en la explotacin de los referidos servicios, debern presentar la solicitud de la correspondiente autorizacin, directamente en el Servicio Perifrico de Costas o a travs de la Comunidad Autnoma, dentro del plazo establecido anteriormente, acompaada de la propuesta de delimitacin de zonas a ocupar por aqullos, de los planos de las instalaciones y servicios cuya definicin as lo requiera y del estudio econmico-financiero.

5. Otorgada la autorizacin por el Servicio Perifrico de Costas, los Ayuntamientos, previo abono del canon de ocupacin correspondiente, podrn proceder a su explotacin, por s o por terceros.

6. En caso de explotacin por terceros, el Servicio Perifrico de Costas incluir, entre las clusulas de la autorizacin, la obligacin del Ayuntamiento de exigirles la constitucin de un depsito previo a disposicin de aqul en la Caja General de Depsitos, para responder de los gastos de la ejecucin subsidiaria del levantamiento de las instalaciones si las mismas no se levantan, en el plazo que se fije por dicho Servicio.

El Ayuntamiento comunicar al Servicio Perifrico de Costas la relacin nominal de los terceros encargados de la explotacin, previamente al inicio de la misma.

7. Una vez terminada su instalacin, el Ayuntamiento requerir del Servicio Perifrico de Costas la prctica de su reconocimiento, a fin de comprobar su coincidencia con la autorizacin otorgada.

8. El Servicio Perifrico de Costas podr otorgar la autorizacin a otras personas fsicas o jurdicas, previa tramitacin conforme al procedimiento establecido en este Reglamento, en los siguientes casos:

a) Cuando no se hubiera producido la solicitud del Ayuntamiento durante el plazo a que se refiere el apartado 3 anterior.

b) Cuando dicha solicitud resultase legalmente inaceptable.

c) Cuando el Ayuntamiento hubiere incurrido en incumplimiento de las condiciones del ttulo en la temporada anterior, desatendiendo el requerimiento expreso de dicho Servicio.

En su caso, el Servicio Perifrico de Costas podr celebrar concurso para su otorgamiento, conforme a lo establecido en el artculo 152, a los que podr presentarse el Ayuntamiento en paridad con los dems concursantes.

9. En temporadas posteriores, de no mediar propuesta municipal solicitando un cambio de la delimitacin de zonas a ocupar por dichos servicios y no concurrir nuevas circunstancias, el Servicio Perifrico de Costas podr aprobar la misma delimitacin de la temporada anterior.

10. No se admitirn casetas de uso particular, cualquiera que sea su destino, ni de guarda o almacn de enseres destinados a servicios de temporadas o a cualquier otra finalidad.

11. Para los artefactos flotantes de recreo explotados comercialmente se deber obtener por los interesados la autorizacin del Servicio Perifrico de Costas para el emplazamiento de las zonas de lanzamiento y varada dentro de las delimitadas para los servicios de temporada, previamente a la de funcionamiento a otorgar por el rgano competente del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones en materia de Marina Mercante.

Art. 112.

No obstante lo dispuesto en el artculo anterior, podr otorgase la explotacin total o parcial de los servicios de temporada a los titulares de concesiones de creacin, regeneracin o acondicionamiento de playas, en los trminos que se establezcan en el ttulo correspondiente (artculo 54 de la Ley de Costas).

Seccin 3. Vertidos
Art. 113.

1. Las disposiciones de la presente seccin son de aplicacin a los vertidos, tanto lquidos como slidos, cualquiera que sea el bien de dominio pblico martimo-terrestre en que se realicen.

2. Los vertidos al mar desde buques y aeronaves se regularn por su legislacin especfica.

3. Estar prohibido el vertido de residuos slidos y escombros al mar y su ribera, as como a la zona de servidumbre de proteccin, excepto cuando stos sean utilizables como rellenos y estn debidamente autorizados (artculo 56 de la Ley de Costas).

Art. 114.

1. Todos los vertidos requerirn autorizacin de la Administracin competente, que se otorgar con sujecin a la legislacin estatal y autonmica aplicable, sin perjuicio de la concesin de ocupacin de dominio pblico, en su caso.

2. En el caso de vertidos contaminantes se estar, adems, a lo previsto en las normas a que se refieren los artculos 34 de la Ley de Costas y 71 de este Reglamento, siendo necesario que el peticionario justifique previamente la imposibilidad o dificultad de aplicar una solucin alternativa para la eliminacin o tratamiento de dichos vertidos. No podrn verterse sustancias ni introducirse formas de energa que puedan comportar un peligro o perjuicio superior al admisible para la salud pblica y el medio natural, con arreglo a la normativa vigente.

3. En funcin de los objetivos de calidad fijados para el medio receptor de contaminacin, los vertidos se limitarn en la medida que lo permitan el estado de la tcnica, las materias primas y, especialmente, en virtud de la capacidad de absorcin de la carga contaminante, sin que se produzca una alteracin significativa de dicho medio (artculo 57 de la Ley de Costas).

Art. 115.

1. Entre las condiciones a incluir en las autorizaciones de vertido debern figurar las relativas a:

a) Plazo de vencimiento, no superior a treinta aos.

b) Instalaciones de tratamiento, depuracin y evacuacin necesarias, estableciendo sus caractersticas y los elementos de control de su funcionamiento, con fijacin de las fechas de iniciacin y terminacin de su ejecucin, as como de su entrada en servicio.

c) Volumen anual de vertido.

d) Lmites cualitativos del vertido y plazos, si proceden, para la progresiva adecuacin de las caractersticas del efluente a los lmites impuestos.

e) Evaluacin de los efectos sobre el medio receptor, objetivos de calidad de las aguas en la zona receptiva y previsiones que, en caso necesario, se hayan de adoptar para reducir la contaminacin.

f) Canon de vertido.

2. La Administracin competente podr modificar las condiciones de las autorizaciones de vertido, sin derecho a indemnizacin, cuando las circunstancias que motivaron su otorgamiento se hubiesen alterado, o bien sobrevinieran otras que, de haber existido anteriormente, habran justificado su denegacin o el otorgamiento en trminos distintos. Si la Administracin lo considera necesario, podr suspender los efectos de la autorizacin hasta que se cumplan las nuevas condiciones establecidas.

3. En caso de que el titular de la autorizacin no realice las modificaciones en el plazo que al efecto le seale la Administracin competente, sta podr declarar la caducidad de la autorizacin de vertido, sin perjuicio de la imposicin de las sanciones oportunas (artculo 58, 1, 2 y 3, de la Ley de Costas).

4. La Administracin otorgante de la autorizacin de vertido controlar el estado de las obras que sirven de soporte a ste, obligando, en su caso, a la realizacin de las necesarias para asegurar que aqul funcione en las condiciones establecidas en la misma.

El incumplimiento de esta obligacin, que figurar en el condicionado de la autorizacin, ser causa de caducidad en los trminos previstos en la misma.

Art. 116.

1. La extincin de la autorizacin de vertido, cualquiera que sea la causa, llevar implcita la de la inherente concesin de ocupacin del dominio pblico martimo-terrestre (artculo 58.4 de la Ley de Costas).

2. A tal efecto, la Administracin que haya declarado extinguida la autorizacin lo pondr en conocimiento del Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo, para que ste proceda a la extincin de la concesin de ocupacin sin ms trmite.

Art. 117.

La administracin competente podr efectuar cuantos anlisis e inspecciones estime convenientes para comprobar las caractersticas del vertido y contrastar, en su caso, el cumplimiento de las condiciones impuestas en la autorizacin del vertido
(artculo 58.5 de la Ley de Costas).

Art. 118.

Cuando la importancia o complejidad de la instalacin de tratamiento as lo aconseje entre las condiciones de la autorizacin se podr incluir la exigencia de que la direccin de la explotacin se lleve a cabo por tcnico competente o que intervenga una Empresa colaboradora especializada para su mantenimiento, con la presentacin de certificados peridicos sobre su funcionamiento, as como su aseguramiento.

Art. 119.

1. Podrn constituirse Juntas de Usuarios para el tratamiento conjunto y vertido final de efluentes lquidos (artculo 58.6 de la Ley de Costas).

2. La regulacin de la composicin y funcionamiento de la Junta de Usuarios, as como las causas y forma de su variacin o disolucin, sern aprobadas por la Administracin otorgante de su autorizacin, a peticin de los propios usuarios, o, en su defecto, cuando aqulla lo estime necesario para asegurar el cumplimiento en forma debida de los trminos de la autorizacin.

Art. 120.

En aquellos casos en que el vertido pueda propiciar la infiltracin o almacenamiento de sustancias susceptibles de contaminar las aguas o capas subterrneas, se requerir la previa realizacin de un estudio hidrogeolgico que justifique su inocuidad (artculo 59 de la Ley de Costas).

Art. 121.

1. Sin perjuicio de lo establecido en otras leyes especficas y de las exigencias que comporten los programas de control y reduccin de la contaminacin por vertidos de hidrocarburos al mar, las refineras de petrleo, factoras qumicas y petroqumicas e instalaciones de abastecimiento de combustibles lquidos que posean terminales de carga y descarga de hidrocarburos en los puertos, mar territorial y aguas interiores, debern disponer, en las cercanas de los terminales, las instalaciones de recepcin de los residuos de hidrocarburos y cuantos otros medios que, para prevenir y combatir los derrames, establecen las disposiciones vigentes en materia de contaminacin de las aguas del mar. Asimismo, las plataformas e instalaciones dedicadas a la prospeccin de hidrocarburos en el mar, su explotacin o almacenamiento, debern contar con los medios precisos para prevenir y combatir los derrames que puedan producirse (artculo 60 de la Ley de Costas).

2. La disposicin de los elementos de recepcin de residuos y dems medios de prevencin ser exigida por la Administracin competente para autorizar el funcionamiento de las instalaciones a que se refiere el apartado anterior.

Art. 122.

Las autorizaciones administrativas sobre establecimiento, modificacin o traslado de instalaciones o industrias que originen o puedan originar vertidos al dominio pblico martimo-terrestre se otorgarn condicionadas a la obtencin de las correspondientes autorizaciones de vertido y concesiones de ocupacin de dicho dominio (artculo 61 de la Ley de Costas).

Art. 123.

La Administracin competente podr prohibir, en zonas concretas, aquellos procesos industriales cuyos efluentes, a pesar del tratamiento a que sean sometidos, puedan constituir riesgo de contaminacin superior a la admisible, segn la normativa vigente, para el dominio pblico martimo-terrestre, bien sea en su funcionamiento normal o, en su caso, de situaciones excepcionales previsibles (artculo 62 de la Ley de Costas).

Seccin 4. Extracciones de ridos y dragados
Art. 124.

1. Para otorgar las autorizaciones de extracciones de ridos y dragados ser necesaria la evaluacin de sus efectos sobre el dominio pblico martimo-terrestre, referida tanto al lugar de extraccin o dragados como al de descarga, en su caso. Se salvaguardar la estabilidad de la playa, considerndose preferentemente sus necesidades de aportacin de ridos.

2. Quedarn prohibidas las extracciones de ridos para la construccin, salvo para la creacin y regeneracin de playas (artculo 63, 1 y 2, de la Ley de Costas).

3. Se entendern incluidos en la prohibicin del apartado anterior los dragados o extracciones de ridos en el mar.

Art. 125.

1. Entre las condiciones de la autorizacin debern figurar las relativas a:

a) Plazo por el que se otorga.

b) Volumen a extraer, dragar o descargar al dominio pblico martimo-terrestre, ritmo de estas acciones y tiempo hbil de trabajo.

c) Procedimiento y maquinaria de ejecucin.

d) Destino y, en su caso, lugar de descarga en el dominio pblico de los productos extrados o dragados.

e) Medios y garantas para el control efectivo de estas condiciones (artculo 63, 3, de la Ley de Costas).

2. Asimismo, se incluir, como causa especfica de revocacin, la establecida en el artculo 127, con los efectos all previstos.

Art. 126.

1. La competencia para el otorgamiento de las autorizaciones a que se refiere esta seccin ser ejercida por el Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo a travs de los Servicios Perifricos de Costas.

2. La tramitacin de las autorizaciones se ajustar al procedimiento general establecido en el artculo 146, adecuando el contenido del proyecto bsico al objeto de la solicitud.

Las solicitudes de dragados para la extraccin de ridos sern sometidas a informe de los rganos competentes en materia de Pesca, Navegacin y Medio Ambiente.

3. En todo caso se tendrn especialmente en cuenta, tanto en el proyecto que acompae a la solicitud como en la resolucin que se adopte, los posibles efectos de la actuacin sobre la estabilidad de la playa, la dinmica litoral y la biosfera submarina.

Art. 127.

1. En el caso de que se produjeran efectos perjudiciales para el dominio pblico y su uso, la Administracin otorgante podr modificar las condiciones iniciales para corregirlos, o incluso revocar la autorizacin, sin derecho a indemnizacin alguna para su titular (artculo 63, 4, de la Ley de Costas).

2. En tales casos se resolver sin ms trmite que la audiencia previa al interesado.

Art. 128.

El Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo podr declarar zonas de prohibicin de extraccin de ridos y dragados por razones de proteccin de las playas y de la biosfera submarina, sin perjuicio de las prohibiciones que resulten de la aplicacin de otras leyes.

CAPTULO V
Concesiones
Art. 129.

1. Toda ocupacin de los bienes de dominio pblico martimo-terrestre estatal con obras o instalaciones no desmontables estar sujeta a previa concesin otorgada por la Administracin del Estado (artculo 64 de la Ley de Costas).

2. Asimismo necesitar el otorgamiento de concesin la ocupacin del dominio pblico martimo-terrestre por instalaciones desmontables que por su naturaleza, finalidad u otras circunstancias requieran un plazo de ocupacin superior a un ao.

3. La competencia para el otorgamiento de concesiones de ocupacin de los bienes de dominio pblico martimo-terrestre corresponde al Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo, salvo lo previsto en el artculo 206. La de otorgamiento de concesiones en el dominio pblico adscrito a una Comunidad Autnoma corresponder a sta.

Art. 130.

1. El otorgamiento de la concesin a que se refiere el artculo anterior no exime a su titular de la obtencin de las concesiones y autorizaciones que sean exigibles por otras Administraciones Pblicas en virtud de sus competencias en materia de puertos, vertidos u otras especficas (artculo 65 de la Ley de Costas).

2. Lo dispuesto en el apartado anterior ser tambin de aplicacin a las concesiones y autorizaciones que deban otorgar los Departamentos de la Administracin del Estado en virtud de sus respectivas competencias.

Art. 131.

1. Las concesiones se otorgarn sin perjuicio de tercero y dejando a salvo los derechos preexistentes.

2. El plazo ser el que se determine en el ttulo correspondiente. En el apartado 4 de este artculo se establecen los plazos mximos de duracin de las concesiones en funcin de los usos a que las mismas se destinan. En ningn caso estos plazos podrn exceder de treinta aos (artculo 66,1 y 2, de la Ley de Costas).

3. Para la fijacin del plazo se tendr en cuenta tanto el objeto de la solicitud como las circunstancias que posteriormente se indican.

4. En cuanto al objeto de la solicitud, los plazos mximos para el otorgamiento de las concesiones sern los siguientes:

a) Usos que por su naturaleza hayan de estar ubicados en el dominio pblico martimo-terrestre, definidos en la letra a) del artculo 60, 2, o similares: hasta treinta aos.

b) Usos que presten un servicio definido en el apartado b) del artculo citado: hasta quince aos.

En ambos casos, para la determinacin de estos plazos se tendr en cuenta la entidad del objeto de la peticin, su adecuacin al medio, el grado de inters que represente para el dominio pblico o sus usuarios y el contenido del estudio econmico-financiero o, en su defecto, el volumen de la inversin a amortizar.

Art. 132.

Cuando el objeto de una concesin extinguida fuese una actividad amparada por otra concesin de explotacin de recursos mineros o energticos otorgada por la Administracin del Estado por un plazo superior, su titular tendr derecho a que se le otorgue una nueva concesin de ocupacin del dominio pblico martimo-terrestre por un plazo igual al que reste de vigencia a la concesin de explotacin, sin que en ningn caso pueda exceder de treinta aos (art. 66, 3, de la Ley de Costas).

Art. 133.

1. Previamente a la resolucin sobre la solicitud de la concesin habr informacin pblica y oferta de condiciones de la Administracin del Estado al peticionario, sin cuya aceptacin no ser otorgada. Cumplidos estos trmites, la resolucin correspondiente ser dictada, discrecionalmente, por el Departamento ministerial competente y deber hacerse pblica. Si el concesionario impugna las clusulas que fueron aceptadas por l, la Administracin estar facultada para declarar extinguido el ttulo, salvo cuando aqullas fueren ilegales (artculo 67 de la Ley de Costas).

2. El procedimiento para la tramitacin de concesiones ser el que se regula con carcter general en el artculo 146.

Art. 134.

1. El otorgamiento de la concesin podr implicar, segn se determina en los apartados siguientes, la declaracin de utilidad pblica por el Departamento ministerial competente, a efectos de ocupacin temporal o expropiacin forzosa de los bienes o derechos afectados por el objeto de aqulla (art. 68 de la Ley de Costas).

2. La necesidad de ocupacin temporal o de expropiacin forzosa de bienes y derechos afectados por el objeto de la concesin podr ser solicitada en forma justificada por el peticionario.

3. La Administracin podr asimismo declarar, de oficio y motivadamente, la necesidad de la incorporacin, temporal o permanente, al dominio pblico objeto de la solicitud, de terrenos privados colindantes que no sean propiedad del peticionario.

4. En los casos previstos en los apartados 2 y 3 anteriores, el proyecto bsico, a presentar por el peticionario, deber incorporar un anejo de expropiacin o de ocupacin temporal, con la relacin de bienes o derechos afectados, para lo cual, en el supuesto que sea a requerimiento de la Administracin, dicha incorporacin deber formalizarse en el plazo mximo de un mes.

5. La no aceptacin por parte del peticionario de la inclusin de bienes o derechos a expropiar, o la no cumplimentacin en plazo del requerimiento de la Administracin para que presente el anejo al que se refiere el apartado anterior, implicar el archivo de las actuaciones sin ms trmite que la audiencia previa al mismo.

6. El peticionario deber presentar en el Servicio Perifrico de Costas el resguardo del depsito constituido en la Caja General de Depsitos a disposicin del Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo que, de acuerdo con el proyecto bsico, sea necesario para poder indemnizar los derechos y bienes expropiados o su ocupacin temporal, conjuntamente con la aceptacin de la oferta de condiciones a que se refiere el artculo 133. En todo caso ser a cargo del peticionario el pago total del justiprecio por la expropiacin u ocupacin necesarias para la concesin.

7. Aceptadas las condiciones, la Administracin dictar la resolucin correspondiente. En caso de otorgamiento de la concesin, su eficacia quedar demorada hasta la finalizacin de los expedientes de expropiacin que, en su caso, sea necesario tramitar.

Art. 135.

1. Los bienes y derechos expropiados se incorporarn al dominio pblico martimo-terrestre desde su ocupacin, en la forma prevista en el ttulo concesional, sin que el concesionario est obligado al abono del canon de ocupacin por los terrenos expropiados a su costa para su incorporacin a la concesin (art. 69 de la Ley de Costas).

2. Los terrenos aportados por los concesionarios para completar la superficie de una concesin, cuya descripcin deber figurar en el proyecto bsico, se incorporarn al dominio pblico martimo-terrestre en la forma prevista en el artculo 6., 4, antes del replanteo de las obras e instalaciones.

Art. 136.

1. Las concesiones sern inscribibles en el Registro de la Propiedad. Extinguida la concesin, la inscripcin ser cancelada de oficio o a peticin de la Administracin o del interesado (art. 70, 1, de la Ley de Costas).

2. El vencimiento del plazo de una concesin o la resolucin firme que declare su extincin sern causa para la cancelacin de la inscripcin de la misma en el Registro de la Propiedad. Estos extremos sern comunicados por el Servicio Perifrico de Costas al Registrador y la cancelacin se llevar a efecto en los trminos exigidos por la legislacin hipotecaria.

Art. 137.

1. Las concesiones no sern transmisibles por actos inter vivos. En caso de fallecimiento del concesionario, sus causahabientes, a ttulo de herencia o legado, podrn subrogarse en los derechos y obligaciones de aqul en el plazo de un ao. Transcurrido dicho plazo sin manifestacin expresa a la Administracin concedente, se entender que renuncian a la concesin.

No obstante, sern transmisibles las concesiones que sirvan de soporte a la prestacin de un servicio pblico, cuando la Administracin autorice la cesin del correspondiente contrato de gestin del servicio, as como las reguladas en la Ley 23/1984, de 25 de junio, de Cultivos Marinos, y las vinculadas a permisos de investigacin o concesiones de explotacin previstos en la legislacin de minas e hidrocarburos.

La transmisin no ser eficaz hasta que no se haya producido el reconocimiento del cumplimiento de las condiciones establecidas en la concesin.

2. La constitucin de hipotecas y otros derechos de garanta sobre las concesiones transmisibles, as como el embargo de las mismas, debern ser comunicados previamente a la Administracin concedente por la persona o Entidad a cuyo favor se constituye el derecho (art. 70, 2 y 3, de la Ley de Costas).

3. La celebracin de cualquier contrato que implique la participacin de un tercero en la explotacin de la concesin deber notificarse al Servicio Perifrico de Costas. Dicha participacin podr ser prohibida en el citado ttulo, salvo cuando se trate de concesiones inherentes a la prestacin de un servicio pblico.

4. Cuando el concesionario sea una persona jurdica cuya actividad principal consista en el disfrute de la concesin, se considerar transmisin cualquier cambio en la titularidad de las acciones o participaciones que suponga sustitucin de los socios o accionistas que lo fueren al tiempo de otorgamiento de la concesin, en porcentaje igual o superior al 50 por 100 del capital social.

5. No se inscribir en el Registro de la Propiedad la transmisin de las concesiones o la constitucin de derechos reales sobre las mismas, sin que se acompae certificacin del Servicio Perifrico de Costas acreditativas del cumplimiento de los requisitos exigidos en este artculo y de las clusulas de la concesin.

Art. 138.

1. Las concesiones otorgadas para una pluralidad de usos, con instalaciones separables, sern, en su caso, divisibles, con la conformidad de la Administracin concedente y en las condiciones que sta dicte (art. 71.1 de la Ley de Costas).

2. La peticin de conformidad ser dirigida a la Administracin concedente por el titular o titulares de la concesin, quienes sern los nicos destinatarios de las nuevas concesiones.

3. Previamente a la resolucin sobre la solicitud de divisin habr oferta de condiciones de la Administracin a los peticionarios, sin cuya aceptacin no se producir la conformidad. El plazo no podr ser superior al que reste de la concesin primitiva.

4. Aceptadas las condiciones, la resolucin correspondiente ser dictada, discrecionalmente, por la Administracin concedente, quedando, en su caso, constituidas las nuevas concesiones.

5. En caso de denegacin de la divisin, se mantendr la concesin primitiva en los trminos en que fue otorgada.

Art. 139.

En el caso de concesiones que, por sus caractersticas, estn divididas entre diversos titulares, siendo, sin embargo, su ubicacin y destino sensiblemente coincidente, la Administracin podr interesar la constitucin de una Junta de Titulares, en cuyo caso sta les representar a todos los efectos derivados de la Ley de Costas y este Reglamento.

Art. 140.

1. El concesionario podr renunciar en cualquier momento a la ocupacin de la parte del dominio pblico incluida en el permetro de la concesin que no resulte necesaria para su objeto, con la conformidad de la Administracin concedente.

2. La declaracin de utilidad pblica, a efectos del rescate de la concesin, incluso con declaracin de urgencia, en su caso, corresponder al Departamento ministerial concedente (art. 71.2 y 71.3 de la Ley de Costas).

3. A los efectos de lo establecido en los artculos 74.3 de la Ley de Costas y 149.2 de este Reglamento, se considerar con carcter preferente la solicitud de concesin formulada como justiprecio del rescate de otra de la que sea titular el peticionario.

Art. 141.

1. En todos los casos de extincin de una concesin, la Administracin del Estado decidir sobre el mantenimiento de las obras e instalaciones o su levantamiento y retirada del dominio pblico y de su zona de servidumbre de proteccin por el interesado y a sus expensas. Dicha decisin se adoptar de oficio o a instancia de aqul, a partir del momento anterior al vencimiento que se determina en el apartado siguiente en caso de extincin normal por cumplimiento del plazo, y en los dems supuestos de extincin en el momento de la resolucin del correspondiente expediente (art. 72.1 de la Ley de Costas).

2. En caso de extincin por vencimiento del plazo concesional, el momento al que se refiere el apartado anterior ser el correspondiente a haber transcurrido las cuatro quintas partes de dicho plazo y, en todo caso, seis meses antes de que se produzca el vencimiento.

A partir de este momento, si la Administracin no se pronuncia en el plazo de tres meses, se entender que opta por la demolicin, sin perjuicio de que en cualquier momento pueda manifestarse explcitamente.

Art. 142.

1. A partir del momento a que se refiere el artculo anterior, el titular de la concesin constituir el depsito suficiente para responder de los gastos de levantamiento de las obras o instalaciones y retirada fuera del dominio pblico martimo-terrestre y su zona de servidumbre de proteccin, o de reparacin de aqullas, de acuerdo con la resolucin adoptada y la tasacin ejecutoria sealada por la Administracin y a resultas de la liquidacin que proceda (art. 72.2 de la Ley de Costas).

2. El plazo para constituir el depsito ser de quince das a partir de la notificacin de la decisin o, en caso de silencio administrativo, del final del plazo establecido en el apartado 2 del artculo anterior.

Art. 143.

1. Una vez haya transcurrido el plazo de vencimiento de la concesin, salvo en el caso de haberse optado por su mantenimiento, el titular retirar las obras e instalaciones en el plazo que le hubiera fijado la Administracin. Este plazo no ser superior a tres meses, salvo casos excepcionales debidamente justificados.

2. De no haberse llevado a cabo por el titular la demolicin, retirada o reparacin de las instalaciones, o de que se haya realizado defectuosamente, una vez transcurrido el plazo correspondiente, la Administracin ejecutar subsidiariamente los trabajos que no hubiera efectuado.

3. En caso de haber optado por el mantenimiento el titular proceder a la reparacin de las mismas en el plazo y condiciones que le hubiese indicado la Administracin. Dicho plazo no podr exceder de tres meses.

Art. 144.

1. En el caso del apartado 3 del artculo anterior, en la fecha de extincin de la concesin revertirn a la Administracin del Estado gratuitamente y libres de cargas todas las obras e instalaciones. La Administracin podr continuar la explotacin o utilizacin de las instalaciones, segn se determina en el apartado siguiente (art. 72.3 de la Ley de Costas).

2. La continuacin de la explotacin o utilizacin de las instalaciones se llevar a cabo por cualquiera de los procedimientos de gestin establecidos en la legislacin de Costas o en la de Contratos del Estado.

CAPTULO VI
Disposiciones comunes a autorizaciones y concesiones
Seccin 1. Pliegos de condiciones generales
Art. 145.

1. La Administracin competente aprobar pliegos de condiciones generales para el otorgamiento de concesiones y autorizaciones (art. 73 de la Ley de Costas).

2. La aprobacin de los referidos pliegos para el otorgamiento de concesiones y autorizaciones de competencia del Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo se har por Orden, que se publicar en el Boletn Oficial del Estado. Para el resto de concesiones y autorizaciones la competencia recaer en la Administracin otorgante de las mismas, segn lo dispuesto en este Reglamento o en su legislacin especfica.

3. Previamente a la aprobacin de los pliegos, se requerir el informe del Ministerio de Economa y Hacienda en los trminos previstos en la legislacin del Patrimonio del Estado.

Seccin 2. Tramitacin
Art. 146.

1. Las solicitudes acompaadas del proyecto bsico o de construccin, conforme a lo previsto en el artculo 42 de la Ley de Costas y concordantes de este Reglamento, y del resguardo acreditativo de la constitucin de las fianzas que, en su caso, correspondan, se tramitarn en la forma que se determina en los apartados siguientes, con las fases de informacin pblica, de informe de los Organismos que deban ser consultados, y de confrontacin previa del proyecto (art. 74.1 de la Ley de Costas).

2. En las concesiones y autorizaciones a otorgar por el Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo, el procedimiento de tramitacin se ajustar a lo dispuesto en los apartados siguientes.

La tramitacin de las restantes concesiones o autorizaciones, competencia de otros Departamentos ministeriales, se regir por su legislacin especfica, y, subsidiariamente, por lo dispuesto en este Reglamento.

3. Las solicitudes de concesiones y autorizaciones de competencia del Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo se dirigirn al Servicio Perifrico de Costas, junto con tres ejemplares del proyecto bsico o de construccin, el resguardo acreditativo de la fianza provisional y documentacin justificativa de la personalidad del peticionario y del compareciente, y de la representacin en que ste acta.

4. El Servicio Perifrico de Costas examinar el proyecto presentado, previo abono de las tasas que procedan, para comprobar si su contenido es acorde con lo dispuesto en la Ley de Costas y en este Reglamento, requiriendo al peticionario, en otro caso para que subsane los defectos observados.

Hecho lo cual, proceder a la confrontacin del proyecto sobre el terreno, a fin de determinar su adecuacin al mismo, as como su viabilidad.

5. Si el contenido del proyecto se opone de manera notoria a lo dispuesto en la normativa vigente, se aplicar lo previsto en los artculos 35.1 de la Ley de Costas y 75 y 76 de este Reglamento.

6. Para continuar la tramitacin, el Servicio Perifrico de Costas requerir el informe de los Organismos que se citan a continuacin, adems de los previstos en este Reglamento para supuestos especficos:

1. Autorizaciones:

Ayuntamientos en cuyo trmino se pretenda desarrollar el objeto de la autorizacin.

2. Concesiones:

a) Ayuntamientos en cuyo trmino se pretenda desarrollar el objeto de la concesin.

b) Comunidad Autnoma.

c) rgano competente del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones en materia de navegacin, si el objeto de la concesin es una obra fija en el mar que pueda suponer un riesgo para la seguridad martima. El informe tendr carcter vinculante.

d) Ministerio de Defensa, si se trata de usos y zonas concretas sobre las que previamente haya establecido, por razones de seguridad o defensa nacional, la necesidad de informe previo.

e) Otros Organismos cuyo informe se estime conveniente.

7. El resto de autorizaciones y concesiones a otorgar por otros Departamentos ministeriales en el dominio pblico martimo-terrestre requerir el informe previo favorable del Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo, que deber emitirlo en el plazo de un mes.

8. La informacin pblica, durante el plazo de veinte das, se practicar:

a) En la tramitacin de concesiones.

b) En la tramitacin de autorizaciones que se refieran a vertidos industriales y contaminantes desde tierra al mar y a las extracciones de ridos y dragados, as como en los dems supuestos en los que se estime conveniente.

9. La informacin pblica se llevar a cabo simultneamente con la peticin de los informes citados en el apartado 6.

10. Practicada la fase de informacin, el rgano competente resolver sobre la solicitud, previa audiencia, en su caso, a los interesados en el expediente.

En el caso de autorizaciones, este rgano ser el Servicio Perifrico de Costas del Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo.

Si se trata de concesiones, dicho Servicio elevar el expediente al Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo, con su informe y propuesta.

11. En caso de que se decida acceder al otorgamiento de la concesin, se comunicarn al peticionario las condiciones en que podra serle otorgada aqulla, dndole un plazo de diez das para que manifieste si las acepta. Si no hiciere manifestacin alguna en tal plazo, o no aceptara las condiciones ofertadas, se declarar concluido el expediente por desestimiento del peticionario, con prdida de la fianza constituida.

12. En caso de ser aceptadas las condiciones en el plazo estipulado, el Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo resolver, discrecionalmente, sobre el otorgamiento de la concesin. Si se produce el otorgamiento, la resolucin se publicar en el Boletn Oficial del Estado.

Art. 147.

1. El otorgamiento de concesiones o autorizaciones a extranjeros estar condicionado a la prueba de reciprocidad en sus pases de origen para los nacionales espaoles. En todo caso, debern concurrir los siguientes requisitos:

a) Tener domicilio fiscal en Espaa.

b) Cumplir las condiciones que la legislacin de contratos del Estado requiere para contratar con extranjeros.

c) Manifestar su sometimiento a la jurisdicin de los Tribunales espaoles para todas las incidencias derivadas del ttulo administrativo que se le otorgue.

2. Lo dispuesto en este Reglamento se entender sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales para el otorgamiento de concesiones y autorizaciones a extranjeros.

Art. 148.

Se exceptan de lo establecido en el artculo anterior los nacionales de los Estados miembros de la Comunidad Econmica Europea, a reserva de las limitaciones que por razones de orden pblico, seguridad y salud pblica puedan establecerse (artculo 74.2, prrafo 2., de la Ley de Costas).

Art. 149.

1. En el otorgamiento de las solicitudes se observar el orden de preferencia que se establezca en las normas generales y especficas correspondientes. En su defecto, sern preferidas las de mayor utilidad pblica. Slo en caso de identidad entre varias solicitudes se tendr en cuenta la prioridad en la presentacin (artculo 74.3 de la Ley de Costas).

2. Asimismo, deber tenerse en cuenta la preferencia establecida en el artculo 140.3.

Art. 150.

1. El otorgamiento de autorizaciones o concesiones competencia de las Comunidades Autnomas y que necesiten la concesin o autorizacin del Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo para la ocupacin del dominio pblico martimo-terrestre, a efectos de coordinacin administrativa, se ajustar a lo establecido en los apartados siguientes.

2. Se presentarn ante el rgano competente de la Comunidad Autnoma la solicitud de autorizacin o concesin de su competencia, as como la de concesin de ocupacin del dominio pblico martimo-terrestre dirigida al Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo. Ambas solicitudes sern acompaadas de la documentacin requerida para una y otra pretensin.

3. El rgano competente de la Comunidad Autnoma tramitar el proyecto recabando los informes que resulten preceptivos de acuerdo con lo establecido en este Reglamento.

4. En todo caso, el preceptivo informe del Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo, cuya solicitud supondr la conformidad inicial de la Comunidad Autnoma al proyecto de que se trate, se emitir en el plazo de dos meses, contados a partir del momento en que disponga de toda la documentacin necesaria para ello.

El informe incluir su pronunciamiento sobre la viabilidad de la ocupacin, as como las condiciones en que sta, en su caso, se otorgara, en lo que se refiere al mbito de sus competencias.

5. El rgano competente de la Comunidad Autnoma ofertar al peticionario, conjuntamente con las condiciones en que, en su caso, quedara a la solicitud que se formula, las que el Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo haya establecido para el otorgamiento de la concesin de ocupacin del dominio pblico.

6. En caso de ser aceptadas las referidas condiciones en su totalidad, el rgano competente de la Comunidad Autnoma remitir el expediente, con su propuesta, al Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo, a los efectos de que otorgue, en su caso, la oportuna concesin de ocupacin del dominio pblico martimo-terrestre.

7. Una vez otorgada la concesin de ocupacin el Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo devolver el expediente, junto con el ttulo concesional al rgano remitente, para que otorgue la concesin o autorizacin de su competencia, de cuya resolucin dar traslado a aqul.

Art. 151.

Los informes a los que se refieren los artculos 146.6 y 7 y 150.3 se debern emitir en el plazo de un mes, salvo para aquellos casos en los que se ha establecido expresamente otro distinto. Transcurrido dicho plazo sin haberse evacuado, se proseguir la tramitacin del expediente.

Seccin 3. Concursos para el otorgamiento
Art. 152.

1. La Administracin podr convocar concursos para el otorgamiento de concesiones y autorizaciones en el dominio pblico martimo-terrestre.

2. Si la convocatoria del concurso se produjese durante la tramitacin de una solicitud de concesin o autorizacin, el interesado tendr derecho, en caso de no resultar adjudicatario del ttulo, al cobro de los gastos del proyecto, en la forma que se determina en el apartado siguiente (artculo 75.1 y 2 de la Ley de Costas).

3. La convocatoria del concurso suspender la tramitacin de los expedientes de concesin o autorizacin que resulten afectados.

4. Los gastos del proyecto se determinarn segn la tarifa oficial que le corresponda y sern tasados en las bases del concurso. En caso de no existir tarifa oficial, se valorarn los que efectivamente se hayan producido, segn estimacin que efectuar la Administracin.

Dichos gastos sern satisfechos por el adjudicatario, para cuya constatacin le ser requerido el justificante de su abono, previamente al inicio de la tramitacin del ttulo.

Art. 153.

El concurso podr declararse desierto si ninguna de las ofertas presentadas rene las condiciones adecuadas (artculo 75.3, de la Ley de Costas).

Art. 154.

1. El Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo podr regular los concursos de su competencia mediante pliegos de bases. La regulacin se aprobar por Orden ministerial que se publicar en el Boletn Oficial del Estado.

2. Los pliegos de bases contendrn, al menos, los siguientes extremos:

a) Plazo de terminacin de las obras e instalaciones.

b) Rgimen de utilizacin de las mismas.

c) Plazo de vencimiento del ttulo.

d) Criterios para su resolucin; entre los que podrn incluirse la mejora del canon, la reduccin del plazo de vencimiento y de las tarifas a establecer para el uso o servicio pblico, as como la experiencia justificada en actividades anlogas.

3. Los proyectos se expondrn a informacin pblica y los seleccionados se tramitarn de acuerdo con lo establecido en este Reglamento.

Seccin 4. Condiciones de otorgamiento
Art. 155.

1. En todo ttulo de otorgamiento que tendr carcter de pblico, se fijarn las condiciones pertinentes y, en todo caso, las siguientes:

a) Objeto y extensin de la ocupacin.

b) Obras o instalaciones a realizar por el adjudicatario con referencia al proyecto respectivo y plazo de comienzo y terminacin de aqullas.

c) Plazo de otorgamiento y posibilidad de prrroga, si procede.

d) Cnones y tasas a abonar por el adjudicatario.

e) Rgimen de utilizacin, privada o pblica; incluyendo, en su caso, las tarifas a abonar por el pblico con descomposicin de sus factores constitutivos como base de futuras revisiones.

f) En los casos de utilizacin lucrativa, obligacin del adjudicatario de facilitar cuanta informacin le solicite la Administracin sobre los resultados econmicos de la explotacin.

g) Condiciones que, como resultado de la evaluacin de efectos, se consideren necesarias para no perjudicar al medio.

h) Sealizacin martima y de las zonas de uso pblico.

i) Obligacin del adjudicatario de mantener en buen estado el dominio pblico, obras e instalaciones.

j) Obligacin del adjudicatario de constituir un depsito suficiente para los gastos de reparacin o levantamiento y retirada, parcial o total, de las obras e instalaciones, a su costa, a la extincin del ttulo correspondiente, salvo decisin en contrario de la Administracin competente.

k) Causas de caducidad, conforme a las establecidas en los artculos 79 de la Ley de Costas y 159 de este Reglamento.

l) Prescripciones tcnicas al proyecto, en su caso (artculo 76 de la Ley de Costas).

2. Debern incluirse, adems, las siguientes condiciones:

a) En su caso, terrenos aportados por el adjudicatario para incorporar al dominio pblico martimo-terrestre.

b) Replanteo de las obras e instalaciones, previo a la ejecucin del ttulo.

c) Reconocimiento final de las mismas, previo a su utilizacin.

3. A los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1, se entender por utilizacin lucrativa el pago de cualquier cantidad por los usuarios de las obras o instalaciones o la obtencin de recursos de cualquier tipo por su utilizacin, sea cual sea el destino de los fondos recaudados, con excepcin, cuando el adjudicatario sea otra Administracin Pblica, de las posibles contribuciones especiales para la financiacin de la ejecucin de aqullas.

Seccin 5. Modificacin
Art. 156.

1. Las autorizaciones y concesiones podrn ser modificadas:

a) Cuando se hayan alterado los supuestos determinantes de su otorgamiento.

b) En casos de fuerza mayor, a peticin del titular.

c) Cuando lo exija su adecuacin a los planes o normas correspondientes.

Slo en el tercer caso, el concesionario perjudicado tendr derecho a indemnizacin, de conformidad con lo dispuesto en los artculos 89 de la Ley de Costas y 173 de este Reglamento o supletoriamente en la Legislacin general de expropiacin forzosa (artculo 74 de la Ley de Costas).

2. A los efectos de la letra b) del apartado anterior, se entender como fuerza mayor la regresin no prevista de la costa que no est originada por las obras objeto de concesin, los movimientos ssmicos o maremotos, los temporales imprevisibles superiores a los de clculo, los incendios no provocados y cualquier otra causa excepcional similar.

3. La Administracin otorgante podr autorizar modificaciones de las caractersticas de una concesin. Cuando la modificacin sea sustancial, la solicitud deber someterse al procedimiento establecido en este Reglamento para el otorgamiento de concesiones.

Seccin 6. Extincin
Art. 157.

1. El derecho a la ocupacin del dominio pblico se extinguir por:

a) Vencimiento del plazo de otorgamiento.

b) Revisin de oficio en los casos previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo.

c) Revocacin por la Administracin, cuando se trate de autorizaciones.

d) Revocacin de las concesiones por alteracin de los supuestos fsicos existentes en el momento del otorgamiento, cuando no sea posible la modificacin del ttulo.

e) Renuncia del adjudicatario, aceptada por la Administracin, siempre que no tenga incidencia negativa sobre el dominio pblico o su utilizacin o cause perjuicios a terceros.

f) Mutuo acuerdo entre la Administracin y el adjudicatario.

g) Extincin de la concesin de servicio pblico del que el ttulo demanial sea soporte.

h) Caducidad.

i) Rescate.

(Artculo 78.1 de la Ley de Costas).

2. Las actuaciones pertinentes en los supuestos de extincin contemplados en el apartado anterior se iniciarn y tramitarn por el Servicio Perifrico de Costas, correspondiendo su resolucin al rgano otorgante, salvo en el caso de la letra a), en que se aplicar lo previsto en el artculo 81 de la Ley de Costas y 164 de este Reglamento.

3. En los supuestos de extincin anticipada de la concesin, el expediente deber someterse a dictamen del Consejo de Estado, previamente a su resolucin, de acuerdo con lo previsto en su Ley Orgnica.

4. El abono de cnones, tasas y cualesquiera tributos con posterioridad a la extincin del ttulo no presupone su vigencia, sin perjuicio del derecho a su devolucin en los casos que proceda.

Art. 158.

1. Extinguido el derecho a la ocupacin del dominio pblico, la Administracin no asumir ningn tipo de obligacin laboral del titular de la actividad afectada (artculo 78.2 de la Ley de Costas).

2. Tampoco asumir la Administracin ninguna obligacin econmica del titular, vinculada o no a la actividad desarrollada en los terrenos e instalaciones objeto del ttulo extinguido.

Art. 159.

1. La Administracin, previa audiencia del titular, declarar la caducidad en los siguientes casos:

a) No iniciacin, paralizacin o no terminacin de las obras injustificadamente durante el plazo que se fije en las condiciones del ttulo.

b) Abandono o falta de utilizacin durante un ao sin que medie justa causa.

c) Impago del canon o tasas en plazo superior a un ao.

d) Alteracin de la finalidad del ttulo.

e) Incumplimiento de las condiciones que se hubieran establecido como consecuencia de la previa evaluacin de sus efectos sobre el dominio pblico martimo-terrestre.

f) El incumplimiento de las condiciones b) y d) de los artculos 63.3 de la Ley de Costas y 125.1 de este Reglamento para las extracciones de ridos y dragados.

g) Privatizacin de la ocupacin cuando la misma estuviere destinada a la prestacin de servicios al pblico.

h) Invasin del dominio pblico no otorgado.

i) Aumento de la superficie construida, volumen o altura mxima en ms del 10 por 100 sobre el proyecto autorizado.

j) No constitucin del depsito requerido por la Administracin para la reparacin o el levantamiento de las obras e instalaciones.

k) Obstaculizacin del ejercicio de las servidumbres sobre los terrenos colindantes con el dominio pblico o la aplicacin de las limitaciones establecidas sobre la zona de servidumbre de proteccin y de influencia.

l) En general, por incumplimiento de otras condiciones cuya inobservancia est expresamente sancionada con la caducidad en el ttulo correspondiente, y de las bsicas o decisorias para la adjudicacin, en su caso, del concurso convocado, segn el artculo 75 de la Ley de Costas y concordantes de este Reglamento (artculo 79.1 de la Ley de Costas).

2. A los efectos de la letra g) del apartado anterior, se entender por privatizacin de la ocupacin la modificacin de las condiciones de utilizacin de los servicios autorizados que dificulten el libre acceso pblico.

3. El incumplimiento de la prohibicin establecida en el artculo 137, sobre transmisin de concesiones, se incluir preceptivamente como causa de caducidad en el ttulo correspondiente.

Art. 160.

En los dems supuestos de incumplimiento o en caso de infraccin grave conforme a la Ley de Costas, la Administracin podr declarar la caducidad, previa audiencia del titular y dems trmites reglamentarios (artculo 79.2 de la Ley de Costas).

Art. 161.

1. En los casos cuya competencia corresponda al Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo, el procedimiento para declarar la caducidad ser el siguiente:

a) Constatada la existencia de los supuestos referidos, el Servicio Perifrico de Costas, tras dictar providencia de incoacin de expediente, lo pondr en conocimiento del titular, al que se le conceder un plazo de ocho das para que formule las alegaciones que estime convenientes.

b) Formuladas las alegaciones o transcurrido el plazo para llevarlas a cabo, el Servicio Perifrico de Costas resolver el expediente cuando sea competente o, en otro caso, lo elevar al Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo, con su propuesta de resolucin.

c) Cuando se trate de concesiones de ocupacin de dominio pblico martimo-terrestre que sirvan de soporte a actividades objeto de concesin o autorizacin por otros Departamentos ministeriales o por las Comunidades Autnomas, previamente se solicitar su informe.

d) Cuando se trate de concesiones, ser preceptivo el dictamen del Consejo de Estado.

2. Las autorizaciones de vertido y las concesiones cuya competencia no sea del Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo se regirn, en cuanto a la tramitacin del expediente de caducidad, por su normativa especfica y, subsidiariamente, por lo establecido en este artculo.

3. En ningn caso proceder la rehabilitacin del ttulo.

Art. 162.

1. Incoado el expediente de caducidad, la Administracin podr disponer la paralizacin inmediata de las obras, o la suspensin del uso y explotacin de las instalaciones, previa audiencia en este ltimo caso del titular afectado y una vez desestimadas sus alegaciones (artculo 80.1 de la Ley de Costas).

2. En el escrito de notificacin a que se refiere el apartado 1, a), del artculo anterior se incluir la orden de paralizacin de las obras o la iniciacin del expediente de suspensin del uso y explotacin de las instalaciones, segn proceda. El trmite de audiencia, as como la resolucin de suspensin corresponden al Servicio Perifrico de Costas.

Art. 163.

1. La declaracin de caducidad comportar la prdida de la fianza si la hubiere.

2. Para la suspensin de la ejecucin de la caducidad, el interesado quedar obligado al depsito previo del importe que se fije en cada caso (artculo 80.2 y 3 de la Ley de Costas).

3. El importe del depsito previo no podr ser superior al 30 por 100 del valor actualizado de las obras e instalaciones que figure en el proyecto que sirvi de base a su otorgamiento.

Art. 164.

1. El plazo de vencimiento ser improrrogable, salvo que en el ttulo de otorgamiento se haya previsto expresamente lo contrario, en cuyo caso, a peticin del titular y a juicio de la Administracin competente, podr ser prorrogado siempre que aqul no haya sido sancionado por infraccin grave y no se superen en total los plazos mximos reglamentarios (artculo 81.1 de la Ley de Costas).

2. En los supuestos de competencia del Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo, el Servicio Perifrico de Costas comunicar al titular el vencimiento de la concesin y le citar en el lugar de la obra o instalacin para llevar a cabo el acta de reversin. En la misma se formalizar la recepcin por la Administracin en las condiciones exigibles segn la decisin adoptada conforme a lo establecido en el artculo 72.1 de la Ley de Costas y 141 de este Reglamento.

En el caso de que se observaran deficiencias en las condiciones de entrega de los bienes en cuestin, la Administracin se sealar un plazo para su subsanacin en dicha acta, que no exceder de lo establecido en el artculo 143.3. De no llevarla a cabo en el referido plazo, se proceder a la ejecucin subsidiaria a costa del interesado.

Art. 165.

A la extincin de la autorizacin o concesin, la Administracin del Estado, sin ms trmite, tomar posesin de las instalaciones, pudiendo obtener de las Empresas suministradoras de energa elctrica, agua, gas y telefona la suspensin del suministro (artculo 81.2 de la Ley de Costas).

TTULO IV
Rgimen econmico-financiero de la utilizacin del dominio pblico martimo-terrestre
CAPTULO PRIMERO
Financiacin de obras y otras actuaciones
Art. 166.

Las obras de competencia del Estado se financiarn con cargo a los correspondientes crditos presupuestarios y, en su caso, con las aportaciones de las Comunidades Autnomas, Corporaciones Locales, Organismos internacionales y particulares (artculo 82 de la Ley de Costas).

Art. 167.

1. Cuando la financiacin sea compartida, la aportacin correspondiente a cada partcipe se fijar de comn acuerdo, detallndose la cuanta y modalidad de los compromisos asumidos.

2. Estos acuerdos podrn referirse tambin a la elaboracin del planeamiento y de los proyectos de obras correspondientes (artculo 83 de la Ley de Costas).

3. Los acuerdos de financiacin compartida se establecern mediante convenios, debiendo cada una de las Administraciones o particulares que participan en la financiacin de la obra de que se trate garantizar su aportacin.

Los convenios podrn incluir la financiacin de estudios y de trabajos de planeamiento y proyectos, as como compromisos que se refieran a la aportacin de los terrenos, conservacin y explotacin de las obras.

CAPTULO II
Fianzas
Art. 168.

1. Los peticionarios de concesiones y autorizaciones en el dominio pblico martimo-terrestre reguladas por la Ley de Costas acreditarn ante la Administracin competente, al presentar la solicitud, la prestacin de la fianza provisional, por un importe del 2 por 100 del presupuesto de las obras o instalaciones a realizar en el dominio de que se trate, en la forma que se determina a continuacin (artculo 88.1 de la Ley de Costas).

2. La fianza provisional se constituir en la forma prevista en la normativa vigente, ser irrevocable y de ejecucin automtica por resolucin del rgano a favor del cual se constituy, quien ordenar asimismo su devolucin si se deniega la solicitud presentada.

Art. 169.

1. Otorgada la concesin o autorizacin, se constituir la fianza definitiva, elevando la provisional al 5 por 100 del presupuesto correspondiente de las obras o instalaciones. Si el peticionario hubiera prestado fianza por la solicitud de otras concesiones o autorizaciones a otorgar por la Administracin del Estado, que sean exigibles para la realizacin de la actividad que motiva la solicitud de ocupacin del dominio pblico, la cuanta total acumulada de dichas fianzas no podr exceder del 5 por 100 del referido presupuesto (artculo 88.2 de la Ley de Costas).

2. En el caso de que sean exigibles diversas fianzas para la realizacin de la actividad, a efectos de lo previsto en el apartado anterior, slo se tendrn en cuenta las fianzas que se hayan prestado por plazo igual o superior al exigible por el ttulo demanial.

3. Si, a juicio de la Administracin competente, el presupuesto de las obras e instalaciones no respondiera a la realidad, aqulla valorar ejecutoriamente stas, a los efectos de la determinacin de las fianzas.

Art. 170.

Si el interesado desistiera de la peticin o renunciara al ttulo, perder la fianza constituida (artculo 88.3 de la Ley de Costas).

Art. 171.

1. En el caso de vertidos, la Administracin competente podr exigir la constitucin de una fianza complementaria, para responder del cumplimiento de las condiciones de aqul, en cuanta equivalente al importe de un semestre del canon de vertido, y ser susceptible de revisiones peridicas en funcin de las variaciones de este (artculo 88.4 de la Ley de Costas).

2. Dicha fianza se constituir a favor de la Administracin competente, tendr carcter irrevocable y ser de ejecucin automtica por orden de dicha Administracin, que asimismo ordenar su devolucin en la cuanta y forma que proceda.

Art. 172.

1. La fianza definitiva ser devuelta al ao de la aprobacin del reconocimiento de las obras, en caso de concesin o de autorizacin con plazo de vencimiento superior al ao, y en otro caso, a su vencimiento, salvo en los supuestos de renuncia y caducidad, con deduccin de las cantidades que, en su caso, deban hacerse efectivas en concepto de penalidades y responsabilidades en que haya podido incurrir el concesionario.

2. El derecho a la devolucin de la fianza prescribir si no ha sido solicitada en el plazo de cinco aos, a partir del momento en que sea procedente (artculo 88.5 y 6 de la Ley de Costas).

CAPTULO III
Valoracin de rescates
Art. 173.

1. La valoracin de las concesiones en caso de rescate total o parcial, se atendr a las siguientes reglas:

a) Se indemnizar por el valor de las obras no amortizadas, incluidas en el acta de reconocimiento de la concesin, suponiendo una amortizacin lineal para el perodo de duracin de aqulla, actualizando los precios del proyecto, incluso honorarios del mismo y direccin de obras, con arreglo a las normas oficiales y considerando el estado de las obras.

b) Se indemnizar tambin por la prdida de beneficios en el ejercicio econmico o ao en curso, en el que se realiza el rescate, debidamente justificada con las declaraciones presentadas a efectos fiscales.

c) En cualquier caso, no se tendrn en cuenta las obras e instalaciones realizadas por el concesionario sin previa autorizacin, que pasarn al dominio pblico sin derecho a indemnizacin (art. 89 de la Ley de Costas).

2. A los efectos de lo previsto en la letra b) del apartado anterior, el Servicio Perifrico de Costas interesar del concesionario, para determinar el beneficio medio anual, los datos de las declaraciones presentadas en los cinco aos anteriores. Cuando se observe diferencia entre los beneficios declarados y los comprobados por la Administracin Tributaria se estar a estos ltimos.

3. Asimismo se indemnizar por los siguientes motivos:

a) Por las cantidades abonadas por los bienes expropiados e incorporados al dominio pblico martimo-terrestre, en aplicacin de lo previsto en el artculo 134, suponiendo una amortizacin lineal para el plazo concesional y aplicando los tipos de inters legal que correspondan.

b) Por el valor de los bienes incorporados al dominio pblico martimo-terrestre, a los que se refiere el artculo 5.7 y no amortizados, determinado de acuerdo con los criterios del artculo 84.3 de la Ley de Costas, suponiendo una amortizacin lineal para el plazo concesional.

4. En ningn caso sern indemnizables los derechos derivados de las relaciones a que se refiere el artculo 137.3, ni las plusvalas que sean consecuencia de las obras realizadas por la Administracin salvo cuando se hayan repercutido en el canon.

5. En las concesiones otorgadas por el Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo, la valoracin se realizar por el Servicio Perifrico de Costas y se someter a conocimiento del concesionario para que manifieste su conformidad o exponga las alegaciones que estime oportunas, previamente a su aprobacin por el citado Ministerio.

TTULO V
Infracciones y sanciones
CAPTULO PRIMERO
Infracciones
Art. 174.

Se considerarn infracciones conforme a la Ley de Costas, las siguientes:

a) Las acciones u omisiones que causen daos o menoscabo a los bienes del dominio pblico martimo-terrestre o a su uso, as como la ocupacin sin el debido ttulo administrativo.

b) La ejecucin de trabajos, obras, instalaciones, vertidos, cultivos, plantaciones o talas en el dominio pblico martimo-terrestre sin el debido ttulo administrativo.

c) El incumplimiento de lo establecido en materia de servidumbres y de las determinaciones contenidas en las normas aprobadas conforme a la Ley de Costas.

d) El incumplimiento de las condiciones de los correspondientes ttulos administrativos, sin perjuicio de su caducidad.

e) La publicidad prohibida en el dominio pblico martimo-terrestre o en la zona de servidumbre de proteccin.

f) El anuncio de actividades a realizar en el dominio pblico y sus zonas de servidumbre sin el debido ttulo administrativo o en pugna con sus condiciones.

g) La obstruccin al ejercicio de las funciones de polica que corresponden a la Administracin.

h) El falseamiento de la informacin suministrada a la Administracin por propia iniciativa o a requerimiento de sta.

i) El incumplimiento total o parcial de otras prohibiciones establecidas en la Ley de Costas y la omisin de actuaciones que fueren obligatorias conforme a ella (artculo 90 de la Ley de Costas).

Art. 175.

1. Las infracciones se clasificarn en leves y graves.

2. Sern infracciones graves:

a) La alteracin de hitos de los deslindes.

b) La ejecucin no autorizada de obras e instalaciones en el dominio pblico martimo-terrestre as como el aumento de superficie, volumen o altura construidos sobre los autorizados.

c) La extraccin no autorizada de ridos y el incumplimiento de las limitaciones a la propiedad sobre los mismos.

d) La interrupcin de los accesos pblicos al mar y de la servidumbre de trnsito.

e) La realizacin de construcciones no autorizadas en la zona de servidumbre de proteccin.

f) Las acciones u omisiones que impliquen un riesgo para la salud o seguridad de vidas humanas, siempre que no constituyan delito, y, en todo caso, el vertido no autorizado de aguas residuales.

g) La utilizacin del dominio pblico martimo-terrestre y de sus zonas de servidumbre para los usos no permitidos por la Ley de Costas.

h) La realizacin, sin el ttulo administrativo exigible conforme a la Ley de Costas, de cualquier tipo de obras o instalaciones en las zonas de servidumbre definidas en la Ley, siempre que se hubiera desatendido el requerimiento expreso de la Administracin para la cesacin de la conducta abusiva o que, habindose notificado la incoacin de expediente sancionador, se hubiere persistido en tal conducta.

i) Las acciones u omisiones que produzcan daos irreparables o de difcil reparacin en el dominio pblico o supongan grave obstculo al ejercicio de las funciones de la Administracin.

j) La reincidencia en faltas leves antes del plazo establecido para su prescripcin.

3. Tendrn el carcter de infracciones leves las acciones u omisiones previstas en los artculos 90 de la Ley de Costas y 174 de este Reglamento que no estn comprendidas en la enumeracin del apartado anterior (artculo 91 de la Ley de Costas).

Art. 176.

1. El plazo de prescripcin de las infracciones ser de cuatro aos para las graves y un ao para las leves a partir de su total consumacin. No obstante, se exigir la restitucin de las cosas y su reposicin a su estado anterior, cualquiera que sea el tiempo transcurrido (artculo 92 de la Ley de Costas).

2. El cmputo del plazo se iniciar en la fecha en que se hubiese cometido la infraccin o, cuando se trate de una actividad continuada, a su finalizacin. En el caso de que el hecho o actividad, constitutivos de infraccin, fueran desconocidos por carecer de signos externos, dicho plazo se computar cuando stos se manifiesten.

3. Se considerar que una construccin o instalacin est totalmente terminada, cuando estuviera dispuesta para servir al fin previsto, sin necesidad de ninguna actuacin posterior. A tal efecto, se considerar como fecha de terminacin la comprobada por el organismo sancionador y, subsidiariamente y por este orden, la de licencia, permiso o autorizaciones de funcionamiento o servicio, o el certificado final de obra suscrito por tcnico competente.

Art. 177.

1. Sern responsables de la infraccin las personas fsicas o jurdicas siguientes:

a) En el caso de incumplimiento de las condiciones de un ttulo administrativo, el titular de ste.

b) En otros casos, el promotor de la actividad, el empresario que la ejecuta y el tcnico director de la misma.

c) En las infracciones derivadas del otorgamiento de ttulos administrativos que resulten contrarios a lo establecido en la Ley de Costas y cuyo ejercicio ocasione daos graves al dominio pblico o a terceros, sern igualmente responsables:

1. Los funcionarios o empleados de cualquier Administracin Pblica que informen favorablemente el otorgamiento del correspondiente ttulo que sern sancionados por falta grave en va disciplinaria, previo el correspondiente expediente.

2. Las autoridades y los miembros de rganos colegiados de cualesquiera Corporaciones o Entidades pblicas que resuelvan o voten a favor del otorgamiento del ttulo, desoyendo informes preceptivos y unnimes en que se advierta expresamente de la ilegalidad, o cuando no se hubieran recabado dichos informes. La sancin ser de multa de la cuanta que corresponda en cada caso por aplicacin de los criterios de la Ley de Costas y de este Reglamento.

La procedencia de indemnizacin por los daos y perjuicios que sufran los particulares en los supuestos contemplados en este apartado se determinar conforme a las normas que regulan con carcter general la responsabilidad de la Administracin. En ningn caso habr lugar a indemnizacin si existe dolo, culpa o negligencia graves imputables al perjudicado (artculo 93 de la Ley de Costas).

2. En caso de existir ms de un sujeto responsable de la infraccin, se impondr la multa con carcter independiente a cada uno de ellos.

3. Los ttulos administrativos a que se refiere el apartado 1, c), anterior sern todos aquellos que amparen la actuacin ilegal, cualquiera que sea su normativa reguladora y la Administracin que los otorgue.

CAPTULO II
Sanciones
Seccin 1. Disposiciones generales
Art. 178.

1. Toda accin u omisin que sea constitutiva de infraccin ser sancionada con multa que proceda segn los artculos 97 y 98 de la Ley de Costas y concordantes de este Reglamento.

2. Si un mismo hecho u omisin fuera constitutivo de dos o ms infracciones, se tomar en consideracin nicamente aquella que comporte la mayor sancin. No obstante los titulares de concesiones otorgadas con arreglo a la Ley de Costas podrn ser siempre sancionados por las infracciones que en ella se establecen, con independencia de otras responsabilidades que, en su caso, sean exigibles.

3. Cuando, a juicio de la Administracin, la infraccin pudiera ser constitutiva de delito o falta, el rgano administrativo dar traslado al Ministerio Fiscal, abstenindose aqul de proseguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado. La sancin penal excluir la imposicin de sancin administrativa.

4. En caso de reincidencia en infracciones graves se podr declarar la inhabilitacin para ser titular de autorizaciones y concesiones por un plazo de uno a tres aos (artculo 94 de la Ley de Costas).

Art. 179.

1. Sin perjuicio de la sancin penal o administrativa que se imponga, el infractor estar obligado a la restitucin de las cosas y reposicin a su estado anterior, con la indemnizacin de daos irreparables y perjuicios causados, en el plazo que en cada caso se fije en la resolucin correspondiente (art. 95.1 de la Ley de Costas).

2. En todo caso la restitucin comporta la obligacin de devolver a la Administracin la totalidad del beneficio ilcitamente obtenido.

3. Las obligaciones de restitucin, reposicin e indemnizacin sern exigibles en primer trmino al promotor de la actividad y subsidiariamente a los dems responsables.

Art. 180.

1. Cuando la infraccin derive del incumplimiento de las condiciones del ttulo administrativo se declarar su caducidad, cuando sea procedente, conforme a lo previsto en los artculos 79 de la Ley de Costas y 159 y 160 de este Reglamento.

2. Asimismo se iniciarn los procedimientos de suspensin de los efectos y anulacin de los actos administrativos en los que presuntamente pudiera ampararse la actuacin ilegal (art. 95.2 y 3 de la Ley de Costas).

Art. 181.

El Servicio Perifrico de Costas notificar al Registro de la Propiedad las resoluciones administrativas que ordenen la reposicin o restitucin, para que aqul tome la correspondiente nota marginal respecto a las construcciones o instalaciones afectadas que hayan podido ser objeto de inmatriculacin. Cuando la resolucin sea firme se proceder a la cancelacin del asiento correspondiente.

Art. 182.

1. Las sanciones impuestas por infracciones graves, una vez firmes, se harn pblicas en la forma que se determina en el apartado siguiente (art. 96 de la Ley de Costas).

2. Las publicaciones se efectuarn en un peridico diario de los de mayor circulacin en la zona y contendrn los siguientes datos: Importe de la sancin, nombre del infractor o infractores, tipificacin de la infraccin, localizacin del hecho sancionado y, en su caso, obligacin de restitucin e indemnizacin.

Seccin 2. Multas
Art. 183.

Para las infracciones graves, la sancin ser:

a) En los supuestos de los apartados a), d), f), g) e i) de los artculos 91.2 de la Ley de Costas y 175.2 de este Reglamento, multa de hasta 50 millones de pesetas.

b) En los supuestos de los apartados b), e) y h) de los citados artculos, multa del 50 por 100 del valor de las obras e instalaciones cuando estn en dominio pblico o en la zona de servidumbre de trnsito, y del 25 por 100 en el resto de la zona de servidumbre de proteccin.

c) En los supuestos del apartado c), multa equivalente al 100 por 100 del valor de los materiales extrados o hasta 50 millones de pesetas en caso de incumplimiento de las limitaciones a la propiedad.

d) En los supuestos del apartado j), la multa que proceda por aplicacin de lo establecido en los apartados anteriores, segn la naturaleza de la infraccin (art. 97.1 de la Ley de Costas).

Art. 184.

Para el clculo de la cuanta de la multa se tendrn en cuenta los siguientes criterios:

a) En el caso de alteracin de hitos, 50.000 pesetas por hito afectado, ms el valor de la superficie de dominio pblico disminuida o desplazada calculado con los mismos criterios de valoracin que a los efectos de determinacin del canon de ocupacin.

b) En el caso de interrupcin de los accesos pblicos al mar y de la servidumbre de trnsito, se tendr en cuenta el nmero aproximado de posibles afectados por da a los que se impide el acceso o trnsito. Su importe se obtendr multiplicando dicho nmero por el de das en que est interrumpida la servidumbre y por 100 pesetas.

c) En el caso de acciones u omisiones que impliquen un riesgo para la salud o seguridad de vidas humanas, la magnitud del riesgo producido, la cuanta de los daos ocasionados y el grado de intencionalidad apreciable en el infractor.

En el caso de incumplimiento de las normas de balizamiento martimo, 50.000 pesetas diarias.

En el supuesto de vertidos no autorizados de aguas residuales, el coste del tratamiento de vertido que hubiera sido impuesto, en su caso, para otorgar la autorizacin.

d) En el supuesto de la utilizacin del dominio pblico martimo-terrestre y de sus zonas de servidumbre para usos no permitidos por la Ley de Costas y este Reglamento, no contemplados en otros apartados, el beneficio estimado que obtenga el infractor y cuando ste no sea cuantificable, el valor de los daos y perjuicios causados al dominio pblico y como mnimo 5.000 pesetas.

En el caso de acampada, 5.000 pesetas por metro cuadrado ocupado y da.

En el caso de circulacin no autorizada de vehculos, entre 5.000 y 20.000 pesetas, salvo que el dao causado sea mayor.

e) En el supuesto de acciones u omisiones que produzcan daos irreparables o de difcil reparacin en el dominio pblico o supongan grave obstculo del ejercicio de las funciones de la Administracin, no contemplados en otros apartados, la cuanta de la multa se graduar en funcin de la gravedad de la accin u omisin. Para su clculo se podrn tener en cuenta los criterios establecidos en el artculo 190.2.

f) En el supuesto de realizacin de obras o instalaciones en zonas de servidumbres sin ttulo habilitante, se tendrn en cuenta los criterios establecidos en los artculos 97.1, b), de la Ley de Costas y 183, b), de este Reglamento.

g) En el caso de extraccin no autorizada de ridos, la cuanta se calcular con los criterios empleados a los efectos de determinacin del canon de aprovechamiento. En caso de incumplimiento de las limitaciones a la propiedad sobre los ridos, su importe ser el 10 por 100 del valor de la transmisin.

h) En el supuesto de infraccin grave por reincidencia en faltas leves antes del plazo establecido para su prescripcin, la multa se obtendr por la suma de las establecidas para cada una de stas, considerando nicamente, en su caso, la reduccin a que hace referencia el artculo 187.1, para la primera de ellas.

Art. 185.

1. Para las infracciones leves la sancin ser de multa, en la cuanta que se determina en este Reglamento para cada tipo de infraccin aplicando los criterios de los apartados anterirores de modo que aqulla no sea superior a la mitad de la que resultara con arreglo a dichos criterios, ni en todo caso, a 10.000.000 de pesetas (art. 97.2 de la Ley de Costas).

2. En los casos siguientes la sancin ser:

a) En los supuestos del apartado e) del artculo 174, multa de 25.000 pesetas, cuando la publicidad se realice por medios audiovisuales y de 10.000 pesetas por metro cuadrado, cuando sea a travs de vallas o carteles.

b) En los supuestos del apartado f) del citado artculo, el 25 por 100 del coste del anuncio, cuando se trate de actividades sin el debido ttulo administrativo y, cuando sea en contra de las condiciones establecidas en dicho ttulo, la que se prevea en las clusulas concesionales.

c) En los supuestos del apartado g) del citado artculo, la multa mnima, por obstruccin al ejercicio de las funciones de polica que corresponden a la Administracin, ser de 25.000 pesetas, incrementada en el beneficio obtenido por el infractor.

d) En los supuestos del apartado h) del citado artculo, la multa mnima por falseamiento de la informacin suministrada a la Administracin ser de 25.000 pesetas, incrementada en el beneficio obtenido por el infractor.

e) En los supuestos del apartado 3 del artculo 175, la multa ser equivalente al valor del dao causado y, en caso de ocupacin sin ttulo, de 20.000 pesetas por metro cuadrado y da.

Art. 186.

La imposicin de la multa, cualquiera que sea su cuanta, no excluir la obligacin de entregar a la Administracin la totalidad del beneficio obtenido, conforme a lo dispuesto en el artculo 179.

Art. 187.

1. Se considerar como circunstancia atenuante, pudiendo reducirse la cuanta de la multa hasta la mitad, el haber procedido a corregir la situacin creada por la comisin de la infraccin en el plazo que se seale en el correspondiente requerimiento (art. 97.3 de la Ley de Costas).

2. El requerimiento al interesado se efectuar en la propia notificacin de la incoacin del expediente sancionador.

Art. 188.

1. El incumplimiento por parte de las empresas suministradoras de servicios de las obligaciones establecidas en los artculos 39 y 103 de la Ley de Costas y 82 y 194 de este Reglamento, dar lugar a que por la Administracin competente se les imponga una multa del tanto al quntuplo del importe de la acometida, sin perjuicio de otras sanciones que resultasen procedentes (art. 98 de la Ley de Costas).

2. Para su fijacin se tendr en cuenta el nmero de requerimientos anteriores desatendidos, el tiempo transcurrido en materializar la interrupcin del suministro y los perjuicios causados por la demora.

3. Se entender por Administracin competente la facultada para sancionar la infraccin principal que motiva la interrupcin del suministro.

Art. 189.

1. La imposicin de las multas corresponder a la Administracin competente por razn de la materia. Cuando lo sea la Administracin del Estado, estarn facultados, con arreglo a los lmites que se fijan a continuacin, los siguientes rganos:

a) Jefe del Servicio Perifrico, hasta 1.000.000 de pesetas.

b) Delegado insular del Gobierno, Gobernador civil o Delegado del Gobierno en la Comunidad Autnoma, en su caso hasta 5.000.000 de pesetas.

c) Director general, hasta 25.000.000 de pesetas.

d) Ministro, hasta 100.000.000 de pesetas.

e) Consejo de Ministros, ms de 100.000.000 de pesetas.

2. Estos lmites podrn ser actualizados mediante Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros.

3. Las Comunidades Autnomas podrn imponer multas de hasta 200.000.000 millones de pesetas en el mbito de su competencia de ejecucin de la legislacin estatal en materia de vertidos industriales y contaminantes.

4. Los Alcaldes, en materia de competencia municipal segn la Ley de Costas, podrn imponer multas de hasta 1.000.000 de pesetas (art. 99 de la Ley de Costas).

5. Asimismo podr actualizarse por Real Decreto la cuanta de las multas fijadas en este Reglamento.

Seccin 3. Restitucin y reposicin e indemnizacin
Art. 190.

1. Cuando la restitucin y reposicin a que se refieren los artculos 95.1 de la Ley de Costas y 179.1 de este Reglamento no fueran posibles y, en todo caso, cuando subsistan daos irreparables y perjuicios, los responsables de la infraccin debern abonar las indemnizaciones que procedan, fijadas ejecutoriamente por la Administracin.

2. Cuando los daos fueren de difcil evaluacin, se tendrn en cuenta los siguientes criterios:

a) Coste terico de la restitucin y reposicin.

b) Valor de los bienes daados.

c) Coste del proyecto o actividad causante del dao.

d) Beneficio obtenido con la actividad infractora.

3. Cuando el beneficio sea superior a la indemnizacin, se tomar para sta, como mnimo, la cuanta de aqul (art. 100 de la Ley de Costas).

4. La valoracin de los daos se realizar por el rgano sancionador. Para su cuantificacin, en el caso de tener que aplicar las previsiones del apartado 2, se optar por el mayor valor entre los que resulten de aplicar los criterios establecidos en el mismo.

Seccin 4. Abono de las multas e indemnizaciones
Art. 191.

1. El abono de cantidades procedentes de multas e indemnizaciones impuestas por la Administracin del Estado, derivadas de las responsabilidades exigibles en virtud de la aplicacin de la Ley de Costas y de este Reglamento, se efectuar en el Tesoro Pblico, debiendo presentarse los justificantes de su pago en el organismo sancionador.

2. El ingreso se har en el plazo que se fije en la resolucin correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Recaudacin.

3. Los ingresos que se produzcan por el concepto de indemnizaciones generarn automticamente un incremento en el crdito del captulo presupuestario de inversiones en la costa del Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo.

CAPTULO III
Procedimiento y medios de ejecucin
Seccin 1. Procedimiento
Art. 192.

1. Los funcionarios y autoridades correspondientes estarn obligados a formular las denuncias, tramitar las que se presenten y resolver las de su copetencia, imponiendo las sanciones procedentes.

2. A los efectos indicados, los funcionarios y agentes de la Administracin estarn facultados para acceder a los terrenos de propiedad privada en que hubieren de realizarse las comprobaciones y actuaciones correspondientes (artculo 101 de la Ley de Costas).

3. Cuando los particulares formulen una denuncia debern fundamentar suficientemente los hechos denunciados para que pueda tramitarse la misma. En este caso, se les comunicar la iniciacin del expediente sancionador, si ste procede.

Art. 193.

Advertida la existencia de una posible infraccin, el rgano competente, previas las diligencias oportunas incoar al presunto infractor expediente sancionador y le notificar el pliego de cargos para que aqul formule las alegaciones que estime oportunas, comunicndole seguidamente la resolucin (artculo 102 de la Ley de Costas).

Art. 194.

1. Cuando se trate de obras ilegales en curso de ejecucin, el rgano competente ordenar su paralizacin en el momento de la incoacin del expediente sancionador. Cuando se trate de instalaciones en explotacin, dispondr la suspensin del uso o actividad indebidos, una vez desestimadas, en su caso, las alegaciones pertinentes. En ambos casos se podr proceder al precinto de las obras o instalaciones.

2. Las Empresas de servicios a que se refieren los artculos 39 de la Ley de Costas y 82 de este Reglamento suspendern el suministro a requerimiento de la Administracin (artculo 103 de la Ley de Costas).

3. En caso de competencia del Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo, la incoacin del expediente corresponder al Jefe del Servicio Perifrico de Costas, bien por propia iniciativa o por orden del superior.

4. No constituir impedimento para incoar expediente sancionador la presentacin de licencias, permisos u otras autorizaciones otorgadas al amparo de otras disposiciones legales, as como tampoco el que se solicite o se encuentre en tramitacin una autorizacin o concesin exigible de acuerdo con la Ley de Costas y este Reglamento.

5. Acordada la incoacin del expediente, el rgano competente nombrar Instructor y secretario. En su caso, ordenar la paralizacin de las obras ilegales advirtiendo que, en otro caso, se adoptarn las medidas previstas en los artculos 104 de la Ley de Costas y 195 de este Reglamento e indicar la posibilidad de considerar la circunstancia atenuante prevista en los artculos 97.3 y 187.1, respectivamente, de los citados Ley y Reglamento, fijando el plazo correspondiente. Dichos extremos sern notificados a los presuntos responsables.

6. El Instructor, cuando lo estime necesario para el esclarecimiento de los hechos practicar las diligencias y pruebas convenientes y solicitar los informes que resulten imprescindibles.

7. El Instructor formular el pliego de cargos que contendr una exposicin de los hechos imputados, los preceptos supuestamente infringidos, los daos causados y las sanciones que proceden, as como el resultado de las pruebas, en el caso de que se hubiesen practicado.

8. El presunto infractor dispondr de un plazo de ocho das para formular las alegaciones pertinentes al pliego de cargos.

Cuando no se lleven a cabo las actuaciones previstas en el apartado 6, el pliego de cargos se notificar conjuntamente con la incoacin del expediente sancionador.

9. Cuando se trate de instalaciones ilegales en explotacin y la alegaciones formuladas al pliego de cargos sean desestimadas, el Instructor, sin perjuicio de continuar el expediente, comunicar las actuaciones al rgano que acord incoar el expediente sancionador, con el fin de que disponga la suspensin del uso o actividad indebidos e indique el recurso que proceda, sin perjuicio de la inmediata ejecutividad de la suspensin.

10. Una vez contestado el pliego de cargos, o transcurrido el plazo para ello, el Instructor del expediente formular propuesta de resolucin, que remitir al rgano que orden la iniciacin del mismo, para su resolucin o elevacin al rgano competente, previa audiencia del interesado.

11. La resolucin fijar, en su caso, los plazos para hacer efectivas las sanciones, as como, cuando proceda, las condiciones y plazos para la restitucin de las cosas y reposicin a su anterior estado, o, de ser ello imposible, la indemnizacin por daos irreparables y perjuicios causados.

12. En el caso de que la determinacin de las indemnizaciones procedentes no se hubiesen fijado en la resolucin del expediente sancionador, se tramitar en expediente independiente, con audiencia al infractor, en el que nicamente podr cuestionarse la cuanta de los daos.

13. Si en la fase de alegaciones a que se refiere el apartado 8, el interesado acreditara que tiene pendiente de resolucin una solicitud de concesin o autorizacin, se proseguirn todas las actuaciones sealadas con anterioridad, finalizndose el expediente, en su caso, con la imposicin de la multa pertinente. El resto de las medidas sobre restitucin, reposicin e indemnizacin quedarn pospuestas a la resolucin del expediente de concesin o autorizacin. En el caso de que la resolucin fuese denegatoria, la misma deber incluir las medidas correspondientes.

14. La suspensin del suministro a que se refiere el apartado 2 se realizar a requerimiento de la Administracin que instruya el expediente sancionador.

Art. 195.

1. Para la efectividad de la paralizacin, prohibicin o suspensin previstas en el artculo anterior, as como para la recuperacin de oficio del dominio pblico a que se refieren los artculos 10.2 de la Ley de Costas y 14.2 de este Reglamento, el rgano competente interesar, cuando sea necesario, la colaboracin de la fuerza pblica.

2. Cuando el interesado hubiese incumplido la orden de paralizacin, se proceder al precinto o la retirada de los materiales preparados para ser utilizados en las obras y la maquinaria afecta a las mismas. En este ltimo caso el interesado podr recuperar los materiales retirados, previo abono de los gastos de transporte y custodia (artculo 104 de la Ley de Costas).

Art. 196.

Cuando no fuera procedente la paralizacin o suspensin de una instalacin de tratamiento y depuracin de vertidos y se derivasen graves inconvenientes del incumplimiento de las condiciones estipuladas, la Administracin, previo requerimiento al titular para que corrija las deficiencias en el plazo que se le indique, y en caso de que no las corrigiese, proceder a su ejecucin subsidiaria a costa de aqul (artculo 105 de la Ley de Costas).

Art. 197.

Durante el tiempo de paralizacin, prohibicin o suspensin, la Administracin no asumir ningn tipo de obligacin laboral del titular de la actividad afectada, sin perjuicio de lo establecido en el artculo 39 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones de orden social (artculo 106 de la Ley de Costas).

Seccin 2. Ejecucin forzosa
Art. 198.

1. Tanto el importe de las multas como el de las responsabilidades administrativas podrn ser exigidas por la va administrativa de apremio.

2. En el caso de que se acuerde la suspensin de la ejecucin de la multa o de la reparacin, el interesado estar obligado a garantizar su importe para que la suspensin sea efectiva (artculo 107.1 y 2 de la Ley de Costas).

3. En el supuesto de competencia de la Administracin del Estado, la garanta se constituir en la Caja General de depsitos, a disposicin del rgano sancionador, mediante fianza o aval, por la cuanta de la multa y dems obligaciones.

Art. 199.

Los rganos sancionadores podrn imponer multas coercitivas cuando transcurran los plazos sealados en el requerimiento correspondiente, y conforme a lo previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo. La cuanta de cada una de ellas no superar el 20 por 100 de la multa fijada para la infraccin cometida (artculo 107.3 de la Ley de Costas).

Art. 200.

Asimismo podr procederse a la ejecucin subsidiaria por cuenta del infractor y a su costa (artculo 107.4 de la Ley de Costas).

Art. 201.

1. El desahucio administrativo de quienes ocupen de forma indebida y sin ttulo bastante bienes del dominio pblico martimo-terrestre se decretar por el rgano competente, previo requerimiento al usurpador para que cese en su actuacin, con un plazo de ocho das para que pueda presentar alegaciones, y en caso de resistencia activa o pasiva a dicho requerimiento. Los gastos que se causen sern a cuenta de los desahuciados (artculo 108 de la Ley de Costas).

2. El rgano competente para sancionar acordar el desahucio. Cuando pertenezca a la Administracin del Estado, solicitar del Delegado del Gobierno o Gobernador Civil la colaboracin de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuando sea necesario.

Seccin 3. Accin pblica
Art. 202.

1. Ser pblica la accin para exigir ante los rganos administrativos y los Tribunales la observancia de lo establecido en la Ley de Costas y en las disposiciones que se dicten para su desarrollo y aplicacin.

2. La Administracin, comprobada la existencia de la infraccin y siempre que el hecho denunciado no sea materia de un expediente sancionador ya finalizado o en trmite, abonar a los particulares denunciantes los gastos justificados en que hubieran incurrido (artculo 109 de la Ley de Costas).

3. Para que pueda darse la tramitacin oportuna a la accin pblica ejercida por los particulares, stos debern fundamentar suficientemente los hechos que supongan infraccin de la Ley de Costas, de este Reglamento o de otras disposiciones que se dicten para su desarrollo.

Si la Administracin considera que no existen pruebas suficientes, se archivar el expediente sin ms trmite, excepto cuando los hechos manifestados por el interesado se imputen al mismo rgano en el que se presentan, que en este caso lo elevar al inmediato superior.

TTULO VI
Competencia administrativas
CAPTULO PRIMERO
Competencias de la Administracin del Estado
Art. 203.

1. Corresponde a la Administracin del Estado, en los trminos establecidos en la Ley de Costas:

a) El deslinde de los bienes de dominio pblico martimo-terrestre, as como su afectacin y desafectacin, y la adquisicin y expropiacin de terrenos para su incorporacin a dicho dominio.

b) La gestin del dominio pblico martimo-terrestre, incluyendo el otorgamiento de adscripciones, concesiones y autorizaciones para su ocupacin y aprovechamiento, la declaracin de zonas de reserva, las autorizaciones en las zonas de servidumbre y, en todo caso, las concesiones de obras fijas en el mar, as como las de instalaciones martimas menores, tales como embarcaderos, pantalanes, varaderos y otras anlogas que no formen parte de un puerto o estn adscritas al mismo.

c) La tutela y polica del dominio pblico martimo-terrestre y de sus servidumbres, as como la vigilancia del cumplimiento de las condiciones con arreglo a las cuales hayan sido otorgadas las concesiones y autorizaciones correspondientes.

d) El ejercicio de los derechos de tanteo y retracto en las transmisiones de los yacimientos de ridos y, en su caso, la expropiacin de los mismos.

e) La realizacin de mediciones y aforos, estudios de hidrulica martima e informacin sobre el clima martimo.

f) La aprobacin de las normas elaboradas conforme a lo establecido en los artculos 22 y 34 de la Ley de Costas y 41 y 71 de este Reglamento.

g) Las obras y actuaciones de inters general o las que afecten a ms de una Comunidad Autnoma.

h) La autorizacin de vertidos, salvo los industriales y contaminantes desde tierra al mar.

i) La elaboracin y aprobacin de las disposiciones sobre vertidos, seguridad humana en lugares de bao y salvamento maritimo.

j) La iluminacin de costas y seales martimas.

k) La prestacin de toda clase de servicios tcnicos relacionados con el ejercicio de las competencias anteriores y el asesoramiento a las Comunidades Autnomas, Corporaciones Locales y dems Entidades pblicas o privadas y a los particulares que lo soliciten.

l) La ejecucin de los acuerdos y convenios internacionales en las materias de su competencia y, en su caso, la coordinacin e inspeccin de su cumplimiento por las Comunidades Autnomas pudiendo adoptar, si procede, las medidas adecuadas para su observancia.

m) La implantacin de un Banco de Datos Oceanogrficos que sirva para definir las condiciones de clima martimo en la costa espaola, para lo cual las distintas Administraciones Pblicas debern suministrar la informacin que se les recabe.

El procedimiento de acceso a la informacin ser el que se determina en el apartado siguiente (art. 110 de la Ley de Costas).

2. El contenido del Banco de Datos Oceanogrficos, en cuanto afecte directamente a problemas de ingeniera de costas, incluyendo aspectos del clima martimo, tales como vientos, oleajes, corrientes o mareas, se desarrollar por el Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo.

El acceso al Banco de Datos Oceanogrficos se realizar mediante peticin de los interesados, con descripcin del tipo y contenido de la informacin que se solicita, acompaada de justificante del abono de las tasas que procedan.

3. El ejercicio de las competencias de la Administracin del Estado relacionadas en el apartado 1 corresponde al Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo, salvo las atribuidas en este Reglamento a otros Departamentos Ministeriales.

4. El ejercicio de las competencias de la Administracin del Estado en el mar territorial, aguas interiores, zona econmica y plataforma continental, se ajustar a lo dispuesto en el artculo 206, salvo en lo relativo a obras fijadas y dragados que corresponder al Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo.

Art. 204.

1. Tendrn la calificacin de obras de inters general y sern competencia de la Administracin del Estado:

a) Las que sean necesarias para la proteccin, defensa y conservacin del dominio pblico martimo-terrestre, as como su uso.

b) Las de creacin, regeneracin y recuperacin de playas.

c) Las de acceso pblico al mar no previstas en el planteamiento urbanstico.

d) Las emplazadas en el mar y aguas interiores, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autnomas sobre acuicultura, en su caso.

e) Las de iluminacin de costas y seales martimas.

2. La ejecucin de las obras de inters general enumeradas en el apartado anterior no podr ser suspendida por otras Administraciones Pblicas, sin perjuicio de la interposicin de los recursos que procedan.

3. La Administracin del Estado quedar exenta del abono de tasas por la expedicin de las licencias que sean exigibles con arreglo a la legislacin urbanstica (art. 111 de la Ley de Costas).

4. La competencia que el apartado 1 atribuye a la Administracin del Estado corresponde al Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo.

5. Se considerarn incluidos en las obras de creacin, regeneracin y recuperacin de playas, a que se refiere la letra b) del apartado 1, los trabajos de dragado, en su caso, necesarios.

6. Cuando las obras de inters general a las que se refiere el apartado 1 afecten a los recursos marinos, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacin informar preceptivamente en el plazo de un mes.

Art. 205.

1. Corresponde tambin a la Administracin del Estado emitir informe, con carcter preceptivo y vinculante, en los siguientes supuestos:

a) Planes y normas de ordenacin territorial o urbanstica y su modificacin o revisin, en cuanto al cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Costas, de este Reglamento y de las normas que se dicten para su desarrollo y aplicacin.

b) Planes y autorizaciones de vertidos industriales y contaminantes al mar desde tierra, a efectos del cumplimiento de la legislacin estatal y de la ocupacin del dominio pblico martimo-terrestre.

c) Proyectos de construccin de nuevos puertos y vas de transporte de competencia de las Comunidades Autnomas, ampliacin de los existentes o de su zona de servicio y modificacin de su configuracin exterior, conforme a lo previsto en el artculo 49 de la Ley de Costas y concordantes de este Reglamento.

d) Declaraciones de zonas de inters para cultivos marinos, concesiones y autorizaciones, de acuerdo con la legislacin especfica (art. 112 de la Ley de Costas).

2. El planeamiento a que se refiere el apartado 1, a), comprende todos los instrumentos de ordenacin territorial y urbanstica, incluyendo los Proyectos de Delimitacin de Suelo Urbano y los Estudios de Detalle u otros de similar contenido, que incidan sobre el dominio pblico martimo-terrestre y sus zonas de servidumbre.

3. Los informes indicados en el apartado 1, que se limitarn a los aspectos relacionados con la gestin y proteccin del dominio pblico martimo-terrestre, sern emitidos por el Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo, en la forma y plazo establecidos en los artculos correspondientes a este Reglamento.

En el caso de que se solicite documentacin o informacin complementaria se interrumpir el cmputo de dichos plazos.

Cuando el informe se refiera al supuesto contemplado en la letra d) del apartado 1, informar adems el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacin, en lo referente a la pesca martima y conservacin de recursos pesqueros.

4. En el caso de las concesiones y autorizaciones a que se refieren las letras b) y d) del apartado 1, cuando no se den los supuestos previstos en el artculo 129, el informe favorable del Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo supondr el otorgamiento de la autorizacin necesaria para la ocupacin del dominio pblico martimo-terrestre.

Art. 206.

1. Las competencias que la Ley de Costas y el presente Reglamento atribuyen a la Administracin del Estado sern ejercidas por los Departamentos ministeriales correspondientes a travs de la estructura administrativa que se determine en sus disposiciones orgnicas respectivas (art. 113 de la Ley de Costas).

2. Las funciones de la Administracin del Estado en el mar territorial, aguas interiores, zona econmica y plataforma continental en materia de defensa, pesca y cultivos marinos, salvamento, lucha contra la contaminacin, seguridad de la vida humana en el mar, extracciones de restos, proteccin del patrimonio arqueolgico espaol, investigacin y explotacin de recursos u otras no reguladas en la Ley de Costas y este Reglamento, se ejercern en la forma y por los Departamentos u Organismos que las tuvieran encomendadas a la entrada en vigor de la Ley de Costas, sin perjuicio de lo establecido en su legislacin especfica o en los convenios internacionales que, en su caso, sean de aplicacin (disposicin final primera, primer prrafo, de la Ley de Costas).

3. Lo dispuesto en el presente Reglamento se entiende sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento de la Ley de Zonas e Instalaciones de Inters para la Defensa Nacional.

Corresponde al Ministerio de Defensa la autorizacin de usos y actividades en los terrenos de dominio pblico martimo-terrestre afectos a la Defensa Nacional, a travs del citado Departamento.

El Ministerio de Defensa ejercer, asimismo, la vigilancia militar de costas, velando por el cumplimiento de los convenios internacionales de tal naturaleza.

4. Corresponde al Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones el ejercicio de las funciones relativas a la navegacin, lucha contra la contaminacin y la seguridad humana y salvamento en el mar, as como las previstas en la disposicin adicional octava de la Ley de Costas y las de ejecucin de los acuerdos y convenios internacionales en estas materias.

La utilizacin del dominio pblico martimo-terrestre para la explotacin de los servicios de telecomunicacin se regir por su legislacin especfica.

CAPTULO II
Competencias de las Comunidades Autnomas
Art. 207.

1. Las Comunidades Autnomas ejercern las competencias que en las materias de ordenacin territorial y del litoral, puertos, urbanismo, vertidos al mar y dems relacionadas con el mbito de la Ley de Costas tengan atribuidas en virtud de sus respectivos Estatutos (art. 114 de la Ley de Costas).

2. Los procedimientos para el otorgamiento de concesiones y autorizaciones y para la imposicin de sanciones de su competencia se ajustarn a la legislacin que en cada caso resulte aplicable.

CAPTULO III
Competencias municipales
Art. 208.

Las competencias municipales, en los trminos previstos por la legislacin que dicten las Comunidades Autnomas, podrn abarcar los siguientes extremos:

a) Informar los deslindes del dominio pblico martimo-terrestre.

b) Informar las solicitudes de reservas, adscripciones, autorizaciones y concesiones para la ocupacin y aprovechamiento del dominio pblico martimo-terrestre.

c) Explotar, en su caso, los servicios de temporada que puedan establecerse en las playas por cualquiera de las formas de gestin directa o indirecta previstas en la legislacin de Rgimen Local.

d) Mantener las playas y lugares pblicos de bao en las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad, as como vigilar la observancia de las normas e instrucciones dictadas por la Administracin del Estado sobre salvamento y seguridad de las vidas humanas (artculo 115 de la Ley de Costas).

CAPTULO IV
Relaciones interadministrativas
Art. 209.

1. Las Administraciones Pblicas cuyas competencias incidan sobre el mbito espacial contemplado en la Ley de Costas ajustarn sus relaciones recprocas a los deberes de informacin mutua, colaboracin, coordinacin y respeto a aqullas (artculo 116 de la Ley de Costas).

2. A estos efectos, el otorgamiento de toda clase de ttulos administrativos por la Administracin del Estado, Comunidades Autnomas y Ayuntamientos sobre el dominio pblico martimo-terrestre y sus zonas de servidumbre se notificar por la Administracin otorgante a las otras Administraciones.

3. La notificacin deber ser hecha en el plazo de diez das. Cuando sea de un Ayuntamiento y corresponda recibirla al Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo, se realizar a travs del Servicio Perifrico de Costas.

Art. 210.

1. En la tramitacin de todo planeamiento territorial y urbanstico que ordene el litoral, el rgano competente, para su aprobacin inicial, deber enviar, con anterioridad a dicha aprobacin, el contenido del proyecto correspondiente a la Administracin del Estado para que sta emita, en el plazo de un mes, informe comprensivo de las sugerencias y observaciones que estime convenientes.

2. Concluida la tramitacin del plan o normas de que se trate e inmediatamente antes de la aprobacin definitiva, la Administracin competente dar traslado a la del Estado del contenido de aqul para que en el plazo de dos meses se pronuncie sobre el mismo. En caso de que el informe no sea favorable en aspectos de su competencia, se abrir un perodo de consultas, a fin de llegar a un acuerdo. Si, como resultado de este acuerdo, del plan o normas, deber someterse nuevamente a informacin pblica y audiencia de los Organismos que hubieran interviniendo preceptivamente en la elaboracin.

3. El cumplimiento de los trmites a que se refiere el apartado anterior interrumpir el cmputo de los plazos que para la aprobacin de los planes de ordenacin se establecen en la legislacin urbanstica (artculo 117 de la Ley de Costas).

4. Los informes a que se refieren los apartados 1 y 2 se tramitarn en la forma siguiente:

a) La documentacin deber remitirse, en todo caso, al Servicio Perifrico de Costas del Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo, precisando la fase del procedimiento en la que se encuentra el expediente. Se enviar un ejemplar completo del instrumento de ordenacin territorial y urbanstica objeto del informe, debidamente diligenciado. En los planos correspondientes deber estar representada la lnea del deslinde del dominio pblico martimo-terrestre, definida conforme lo dispuesto en la Ley de Costas.

En caso de que se incumplan las condiciones anteriores, el rgano que emita el informe, lo comunicar al remitente, no inicindose el cmputo del plazo para su emisin hasta que la documentacin se remita en forma.

b) El Servicio Perifrico de Costas emitir el informe cuando se trate de Estudios de Detalle, Proyectos de Delimitacin de Suelo Urbano u otros instrumentos de similar contenido.

c) En los dems casos, el Servicio Perifrico de Costas elevar el expediente al Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo para que ste emita el preceptivo informe.

5. La interrupcin del cmputo de los plazos a que se refiere el apartado 3, se entender aplicable a cualquier instrumento de ordenacin territorial o urbanstica.

Art. 211.

A fin de asegurar la coherencia de la actuacin de las Administraciones Pblicas en la zona litoral, se atribuye a la Administracin del Estado la facultad de coordinar la actividad de la Administracin Local implicada, en los trminos del artculo 59 de la Ley Reguladora de las Bases de Rgimen Local (artculo 118 de la Ley de Costas).

CAPTULO V
Impugnacin de actos y acuerdos
Art. 212.

Se declaran contrarios al inters general los actos y acuerdos que infrinjan la Ley de Costas, este Reglamento o las Normas aprobadas conforme a la misma, y podrn ser impugnados directamente por la Administracin del Estado, autonmica o local, ante los rganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, con peticin expresa de suspensin. El Tribunal se pronunciar sobre dicha suspensin en el primer trmite siguiente a la peticin de la misma (artculo 119 de la Ley de Costas).

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.

1. En virtud de lo dispuesto en el artculo 132.2 de la Constitucin, los titulares de espacios de la zona martimo-terrestre, playa y mar territorial que hubieran sido declarados de propiedad particular por sentencia judicial firme anterior a la entrada en vigor de la Ley de Costas pasarn a ser titulares de un derecho de ocupacin y aprovechamiento del dominio pblico martimo-terrestre, a cuyo efecto debern solicitar la correspondiente concesin en el plazo de un ao a contar desde la mencionada fecha. La concesin se otorgar por treinta aos prorrogables por otros treinta, respetando los usos y aprovechamientos existentes, sin obligacin de abonar canon, y se inscribir en el Registro a que se refieren los artculos 37.3 de la Ley de Costas y 79.3 de este Reglamento (disposicin transitoria primera de la Ley de Costas).

2. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior sin que se haya solicitado la concesin, la misma se otorgar de oficio por el Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo, salvo renuncia expresa del interesado.

3. La concesin se otorgar con arreglo a lo previsto en la Ley de Costas, aunque limitada a los usos y aprovechamientos existentes a la entrada en vigor de la misma, quedando el resto de la superficie de antigua propiedad privada sujeto al rgimen general de utilizacin del dominio pblico martimo-terrestre. La prrroga por un nuevo plazo de treinta aos deber ser solicitada por el interesado, dentro de los seis meses anteriores al vencimiento, y se otorgar salvo que la concesin estuviere incursa en caducidad.

4. El anterior propietario tendr derecho preferente, durante un perodo de sesenta aos, para la obtencin de las concesiones para nuevos usos o aprovechamientos que puedan otorgarse sobre la totalidad de la superficie de antigua propiedad privada. Dichas concesiones se ajustarn ntegramente a lo previsto en la Ley de Costas y en este Reglamento, incluyendo la limitacin de plazo y la obligacin de abonar canon. La preferencia para la obtencin de estas concesiones podr instrumentarse mediante cualquiera de las modalidades previstas en la disposicin transitoria segunda, apartado 4, de este Reglamento.

Segunda.

1. Los terrenos de la zona martimo-terrestre o playa que no hayan podido ser ocupados por la Administracin al practicar un deslinde anterior a la entrada en vigor de la Ley de Costas, por estar amparados por los ttulos a que se refiere el artculo 6.3 de la Ley de Costas de 26 de abril de 1969, quedarn sujetos al rgimen establecido en la nueva Ley para la utilizacin del dominio pblico, si bien los titulares inscritos podrn solicitar, en el plazo de un ao, a contar desde la entrada en vigor de la Ley, la legalizacin de usos existentes, mediante la correspondiente concesin, en los trminos de la disposicin transitoria cuarta de la Ley y duodcima de este Reglamento. Asimismo tendrn preferencia, durante un perodo de diez aos, para la obtencin de los derechos de ocupacin o aprovechamiento que, en su caso, puedan otorgarse sobre dichos terrenos. Todo ello sin perjuicio de las acciones civiles que aqullos puedan ejercitar en defensa de sus derechos (disposicin transitoria primera, 2, de la Ley de Costas).

2. Se entiende que no han podido ser ocupados por la Administracin los terrenos respecto de los que, al practicar el deslinde, se aportaron ttulos amparados por el artculo 34 de la Ley Hipotecaria, a los que la Administracin reconoci su virtualidad en la resolucin aprobatoria del deslinde.

3. La legislacin prevista en el apartado 1 de esta disposicin podr referirse tambin a los usos debidamente autorizados, aunque no se hubiera ejercitado todava el derecho correspondiente. Las situaciones que, en su caso, resulten incompatibles con la Ley de Costas, se acomodarn a lo establecido en la disposicin transitoria cuarta de la misma y decimotercera de este Reglamento.

4. La preferencia para la obtencin de los derechos de ocupacin o aprovechamiento durante el plazo de diez aos, slo se reconocer a aquellos que hubieren legalizado los usos existentes conforme a lo establecido en el apartado 1 de esta disposicin, y podr instrumentarse, bien mediante la solicitud de los ttulos correspondientes, bien mediante el ejercicio del derecho de tanteo sobre los usos o aprovechamientos solicitados por terceros. A tal efecto, el Servicio Perifrico de Costas deber notificar a los interesados la presentacin de dichas solicitudes, para que en el plazo de un mes puedan ejercitar su derecho. Transcurrido dicho plazo sin que medie pronunciamiento expreso del interesado, se entender que renuncia a su derecho.

Tercera.

1. En los tramos de costa en que el dominio pblico martimo-terrestre no est deslindado o lo est parcialmente a la entrada en vigor de la Ley de Costas, se proceder a la prctica del correspondiente deslinde, cuya aprobacin surtir los efectos previstos en los artculos 13 de la Ley y 28 y 29 de este Reglamento para todos los terrenos que resulten incluidos en el dominio pblico, aunque hayan sido ocupados por obras (disposicin transitoria primera, 3, de la Ley de Costas).

2. Se considerar parcial el deslinde cuando no se hubieran incluido en l todos los bienes calificados como dominio pblico segn la Ley de Costas de 26 de abril de 1969.

3. Las obras e instalaciones ilegales quedarn sujetas a lo establecido en la disposicin transitoria cuarta, apartado 1, de la Ley y duodcima de este Reglamento. Se considerarn, en todo caso, ilegales las construidas con infraccin de lo previsto en la disposicin transitoria segunda del Reglamento de Costas, aprobado por Real Decreto 1088/1980, de 23 de mayo.

4. Las obras e instalaciones legalmente construidas o que puedan construirse en el dominio pblico y en la zona de servidumbre de proteccin, que resulten contrarias a lo previsto en la Ley de Costas, quedarn sujetas al rgimen que en cada caso corresponde conforme a lo previsto en la disposicin transitoria cuarta, apartado 2, de la Ley y decimotercera de este Reglamento. Si no hubieran sido objeto de concesin por emplazarse ms all de la lnea de deslinde que debiera haberse fijado con arreglo a la Ley de Costas de 26 de abril de 1969, se otorgar dicha concesin conforme a lo establecido en la disposicin transitoria cuarta de este Reglamento.

Cuarta.

1. En los tramos de costa en que est contemplado el deslinde del dominio pblico martimo-terrestre a la entrada en vigor de la Ley de Costas, pero haya de practicarse uno nuevo para adecuarlo a las caractersticas establecidas en aqulla para los distintos bienes, los terrenos que resulten comprendidos entre la antigua y la nueva delimitacin quedarn sujetos al rgimen establecido en la disposicin transitoria primera de este Reglamento, computndose el plazo de un ao para la solicitud de la concesin a que el mismo se refiere, a partir de la fecha de aprobacin del correspondiente deslinde (disposicin transitoria primera, 4, de la Ley de Costas).

2. Transcurrido dicho plazo sin que se solicite la concesin, se otorgar de oficio, previa oferta de condiciones, por el Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo con sujecin a lo establecido en el apartado 3 de la citada disposicin transitoria, salvo que medie renuncia expresa del interesado.

3. Los anteriores propietarios tendrn, asimismo, derecho preferente para la obtencin de las nuevas concesiones que puedan otorgarse durante un perodo de sesenta aos, en los trminos de la disposicin transitoria primera, apartado 4.

Quinta.

1. Los terrenos sobrantes y desafectados del dominio pblico martimo, conforme a lo previsto en el artculo 5.2 de la Ley de Costas de 26 de abril de 1969, que no hayan sido enajenados o recuperados por sus antiguos propietarios a la entrada en vigor de la Ley de Costas, y los del Patrimonio del Estado en que concurran las circunstancias previstas en los artculos 17 de la misma y 36 de este Reglamento, sern afectados al dominio pblico martimo-terrestre, de acuerdo con lo establecido en los citados artculos, una vez que se proceda a la actualizacin del deslinde, no pudiendo, mientras tanto ser enajenados ni afectados a otras finalidades de uso o servicio pblico (disposicin transitoria segunda, 1, de la Ley de Costas).

2. La aprobacin del expediente de afectacin llevar implcita la actualizacin del deslinde, sin necesidad de tramitar un nuevo expediente.

Sexta.

1. Los terrenos ganados o a ganar en propiedad al mar y los desecados en su ribera, en virtud de clusula concesional establecida con anterioridad a la promulgacin de la Ley de Costas, sern mantenidos en tal situacin jurdica, si bien sus playas y zona martimo-terrestre continuarn siendo de dominio pblico, en todo caso. Los terrenos ganados al mar y los desecados en su ribera sin ttulo administrativo suficiente continuarn siendo de dominio pblico.

2. Los islotes de propiedad particular con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas conservarn esta condicin, si bien sus playas y zona martimo-terrestre seguirn siendo de dominio pblico, en todo caso (disposicin transitoria segunda, 2 y 3, de la Ley de Costas).

Sptima.

1. Las disposiciones contenidas en el ttulo II sobre las zonas de servidumbre de proteccin y de influencia sern aplicables a los terrenos que a la entrada en vigor de la Ley de Costas estn clasificados como suelo urbanizable no programado y suelo no urbanizable. Las posteriores revisiones de la ordenacin que prevean la futura urbanizacin de dichos terrenos y su consiguiente cambio de clasificacin debern respetar ntegramente las citadas disposiciones (disposicin transitoria tercera, 1, de la Ley de Costas).

2. Las servidumbres de trnsito y acceso al mar y las dems limitaciones de la propiedad establecidas en el capitulo III del ttulo II sern aplicables, en todo caso, cualquiera que sea la clasificacin del suelo.

3. En los municipios que carezcan de instrumentos de ordenacin se aplicarn ntegramente las disposiciones de la Ley de Costas y de este Reglamento sobre las zonas de servidumbre de proteccin y de influencia, salvo que se acredite que en la fecha de entrada en vigor de la citada Ley los terrenos reunan los requisitos exigidos por la legislacin urbanstica para su clasificacin como suelo urbano.

Octava.

1. En los terrenos que, a la entrada en vigor de la Ley de Costas, estn clasificados como suelo urbanizable programado o apto para la urbanizacin, se mantendr el aprovechamiento urbanstico que tengan atribuido, aplicndose las siguientes reglas:

a) Si no cuentan con plan parcial aprobado definitivamente, dicho plan deber respetar ntegramente y en los trminos de la disposicin transitoria anterior las disposiciones de la Ley de Costas, siempre que no se d lugar a indemnizacin de acuerdo con la legislacin urbanstica.

b) Si cuentan con plan parcial aprobado definitivamente, se ejecutarn las determinaciones del plan respectivo, con sujecin a lo previsto en la disposicin transitoria novena, apartado 1, de este Reglamento, para el suelo urbano. No obstante, los planes parciales aprobados definitivamente con posterioridad al 1 de enero de 1988 y antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas, que resulten contrarios a lo previsto en ella, debern ser revisados para adaptarlos a sus disposiciones, siempre que no se d lugar a indemnizacin de acuerdo con la legislacin urbanstica. La misma regla se aplicar a los planes parciales cuya ejecucin no se hubiera llevado a efecto en el plazo previsto por causas no imputables a la Administracin, cualquiera que sea la fecha de su aprobacin definitiva (disposicin transitoria tercera, 2, de la Ley de Costas).

A efectos de lo establecido en el apartado anterior, slo se tendrn en consideracin las disminuciones o reducciones del aprovechamiento urbanstico que, resultando exigibles por la estricta aplicacin de la Ley de Costas, supondran una modificacin del planeamiento vigente indemnizable, con arreglo a la legislacin urbanstica. En consecuencia, no sern obstculo para la aplicacin de la citada Ley las indemnizaciones que, en su caso, sean exigibles por los gastos realizados en la redaccin de planes o proyectos, expedicin de licencias u otros derivados del cumplimiento de obligaciones impuestas por la normativa vigente.

3. A los mismos efectos, la aplicacin de las disposiciones de la Ley de Costas podr hacerse de forma gradual, de tal modo que, atendidas las circunstancias del caso, la anchura de la zona de proteccin, aunque inferior a cien metros, sea la mxima posible, dentro del respeto al aprovechamiento urbanstico atribuido por el planeamiento.

4. La revisin de los planes parciales, cuya ejecucin no se lleve a efecto por causas no imputables a la Administracin, se referir tanto a los aprobados definitivamente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas como a los que lo sean posteriormente.

5. La revisin del planeamiento, en lo que afecta al cumplimiento de la presente disposicin se ajustar a las siguientes reglas:

a) La Administracin urbanstica competente de oficio o a instancia del Servicio Perifrico de Costas o del promotor del plan, determinar motivadamente y teniendo en cuenta, en todo caso, los criterios del apartado 3, si la revisin es o no posible sin dar lugar a indemnizacin.

b) En caso de que se determine la imposibilidad, la resolucin correspondiente pondr fin al procedimiento. En otro caso, se continuar la tramitacin con arreglo a la legislacin urbanstica.

6. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de que por las Administraciones urbansticas puedan acordar la revisin o modificacin del planeamiento en ejercicio de sus competencias respectivas, aunque se diera lugar a indemnizacin.

Novena.

1. Los terrenos clasificados como suelo urbano a la entrada en vigor de la Ley de Costas, estarn sujetos a las servidumbres establecidas en ella, con la salvedad de que la anchura de la servidumbre de proteccin ser de veinte metros. No obstante, se respetarn los usos y construcciones existentes, as como las autorizaciones ya otorgadas, en los trminos previstos en la disposicin transitoria cuarta de la Ley de Costas y concordantes de este Reglamento. Asimismo, se podrn autorizar nuevos usos y construcciones de conformidad con los planes de ordenacin en vigor, siempre que se garantice la efectividad de la servidumbre y no se perjudique el dominio pblico martimo-terrestre, segn se establece en el apartado siguiente. El sealamiento de alineaciones y rasantes, la adaptacin o reajuste de los existentes, la ordenacin de los volmenes y el desarrollo de la red viaria se llevar a cabo mediante estudios de detalle y otros instrumentos urbansticos adecuados, que debern respetar las disposiciones de la Ley de Costas y las determinaciones de las normas que se aprueben con arreglo a la misma (disposicin transitoria tercera, 3, de la Ley de Costas).

2. Para la autorizacin de nuevos usos y contrucciones, de acuerdo con los instrumentos de ordenacin en los trminos del apartado anterior, se aplicarn las siguientes reglas:

1. Cuando se trate de usos o construcciones no prohibidas en el artculo 25 de la Ley y concordantes de este Reglamento, se estar al rgimen general en ella establecido y a las determinaciones del planeamiento urbanstico.

2. Cuando la lnea de las edificaciones existentes est situada a una distancia inferior a 20 metros desde el lmite interior de la ribera del mar, para el otorgamiento de nuevas autorizaciones se debern cumplir los siguientes requisitos:

a) Con carcter previo o simultneo a la autorizacin deber aprobarse un plan especial, estudio de detalle u otro instrumento urbanstico adecuado, cuyo objetivo primordial sea el proporcional un tratamiento urbanstico homogneo al conjunto de la fachada martima.

b) La nuevas construcciones debern mantener la misma alineacin, siempre que se trate de edificacin cerrada y que la longitud del conjunto de solares susceptibles de albergar dichas edificaciones no exceda de la cuarta parte de la longitud total de la fachada existente.

c) Lo establecido en la regla anterior slo ser de aplicacin cuando se trate de solares aislados con medianeras de edificacin consolidada a uno o ambos lados, siempre que sta sea conforme con la alineacin establecida en la ordenacin urbanstica vigente.

3. En los ncleos que hayan sido objeto de una declaracin de conjunto histrico o de otro rgimen anlogo de especial proteccin sern de aplicacin las medidas derivadas de dicho rgimen con preferencia a las contenidas en la Ley de Costas.

3. A los efectos de la aplicacin del apartado 1 anterior, slo se considerar como suelo urbano el que tenga expresamente establecida esta clasificacin en los instrumentos de ordenacin vigentes en la fecha de entrada en vigor de la Ley de Costas, salvo que se trate de reas urbanas en las que la edificacin estuviera consolidada o los terrenos dispusieran de los servicios exigidos en la legislacin urbanstica competente les hubiera reconocido expresamente ese carcter.

Dcima.

Sin perjuicio de lo dispuesto en las disposiciones anteriores, la ordenacin territorial y urbanstica del litoral existente a la entrada en vigor de la Ley de Costas deber adecuarse a las normas generales y especficas que se aprueben conforme a lo previsto en los artculos 22 y 34 de la citada Ley y concordantes de este Reglamento. (Disposicin transitoria tercera, 4, de la Ley de Costas.)

Undcima.

1. Las servidumbres de paso al mal actualmente existentes se mantendrn en los trminos en que fueron impuestas.

2. Los accesos pblicos al mar actualmente existentes y los construidos en virtud de planeamiento urbanstico aprobado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas permanecern destinados al uso pblico, abrindose al mismo cuando no lo estuvieren. (Disposicin transitoria tercera, 5 y 6, de la Ley de Costas.)

3. En los tramos de costa en que no estuviesen abiertos al pblico accesos suficientes para dar cumplimiento a lo establecido en los artculos 28.2 de la Ley de Costas y 52.2 de este Reglamento sobre distancias mximas entre aqullos, los Servicios Perifricos de Costas procedern al sealamiento de los que hayan de servir a dicha finalidad. Cuando se trate de viales que an no hayan sido recibidos por los Ayuntamientos, el Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo podr asumir la carga de la conservacin de aqullos hasta que se produzca dicha recepcin. Cuando no existan viales suficientes para hacer efectivo el acceso en los trminos expuestos, se actuar conforme a lo previsto en los artculos 28.3 de la Ley de Costas y 53.1 de este Reglamento.

Duodcima.

1. Las obras e instalaciones construidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas, sin la autorizacin o concesin exigible con arreglo a la legislacin de costas entonces vigente sern demolidas cuando no proceda de su legalizacin por razones de inters pblico. (Disposicin transitoria cuarta, 4, de la Ley de Costas.)

2. El procedimiento para la legalizacin ser el que corresponda segn la clase de autorizacin o concesin de que se trate. La autorizacin competente para resolver en cada caso deber apreciar, motivamente, las razones que concurren para adoptar una u otra resolucin. Para la legalizacin, que podr ser total o parcial, las razones de inters pblico debern ser apreciadas por acuerdo entre las tres Administraciones (estatal, autonmica y local), a cuyo efecto el rgano competente para dictar la resolucin recabar el informe de las otras Administraciones, que se entender desfavorable a la legalizacin si no se emite en el plazo de un mes.

3. Cuando se trate de obras o instalaciones construidas sin licencia municipal en la franja comprendida entre los 20 y 100 metros de la zona de proteccin, el procedimiento de legalizacin se tramitar por la Corporacin o autoridad correspondiente, conforme a lo establecido en la legislacin urbanstica y se iniciar de oficio o a instancias del Servicio Perifrico de Costas.

Decimotercera.

1. En las obras e instalaciones legalizadas conforme a lo previsto en la disposicin transitoria anterior, as como en las construidas o que puedan construirse al amparo de licencia municipal, y cuando fuera exigible, autorizacin de la Administracin del Estado otorgada con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas que resulten contrarias a lo establecido en la misma, se aplicarn las siguientes reglas:

a) Si ocupan terrenos de dominio pblico martimo-terrestre, sern demolidas al extinguirse la concesin.

b) Si se emplazan en la zona de servidumbre de trnsito, no se permitirn obras de consolidacin aumento de volumen, modernizacin o incremento de su valor de expropiacin, pero si las pequeas reparaciones que exija la higiene, ornato y conservacin previa autorizacin de la Administracin del Estado. Esta no se otorgar si no se garantiza cuando sea necesario la localizacin alternativa de la servidumbre.

c) En el resto de la zona de servidumbre de proteccin, y en los trminos en que la misma se aplica a las diferentes clases de suelo conforme a lo establecido en la disposicin transitoria tercera de la Ley de Costas y concordantes de este Reglamento, podrn realizarse, previa autorizacin de la Administracin del Estado, obras de reparacin y mejora siempre que no implique aumento de volumen de las construcciones existentes y sin que el incremento de valor que aqullas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios. En caso de demolicin total o parcial, las nuevas construcciones debern ajustarse ntegramente a las disposiciones de la Ley de Costas. (Disposicin transitoria cuarta, 2, de la Ley de Costas).

2. Lo establecido en la letra a) del apartado anterior ser tambin aplicable a las concesiones que se otorguen en virtud de lo previsto en la disposicin transitoria primera de la Ley de Costas y concordantes de este Reglamento en cuanto los usos o aprovechamientos objeto de las mismas resulten incompatibles con las disposiciones legales reguladoras de la utilizacin del dominio pblico martimo-terrestre.

3. Las autorizaciones a que se refieren las letras b) y c) del apartado 1 se otorgarn por el Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo, con sujecin al procedimiento establecido en este Reglamento segn la zona de servidumbre de que se trate.

4. Lo establecido en el ltimo prrafo de la letra c) del apartado 1 para los supuestos de demolicin total o parcial, se entiende sin perjuicio de lo prevenido en la disposicin transitoria octava, apartado 3, de este Reglamento, en cuyo caso la reedificacin ser posible en los trminos previstos en la citada disposicin.

5. El Servicio Perifrico de Costas podr solicitar del Registrador de la Propiedad toma de nota marginal expresiva de las circunstancias que concurren en los inmuebles afectados por lo previsto en la presente disposicin.

Decimocuarta.

1. En el plazo de dos aos y previamente a la inscripcin, en su caso, en el Registro a que se refieren los artculos 37.3 de la Ley de Costas y 79.3 de este Reglamento, las Comunidades Autnomas adoptarn las resoluciones administrativas correspondientes para que se adecuen a lo establecido en el apartado 2 de los artculos 57 de la Ley de Costas y 114 de este Reglamento las autorizaciones o concesiones de vertidos directos contaminantes al mar desde tierra, de forma que se culmine el proceso de adaptacin en el plazo mximo de cuatro aos.

2. Asimismo en el plazo de dos aos y previamente a la inscripcin, en su caso, en el correspondiente Registro, la Administracin del Estado revisar las caractersticas y el cumplimiento de las condiciones de las reservas, adscripciones y concesiones vigentes a la promulgacin de la Ley de Costas. Las concesiones podrn ser revocadas total o parcialmente, adems de por las causas previstas en el ttulo correspondiente, cuando resulten incompatibles con los criterios de ocupacin del dominio pblico establecidos en la citada Ley. La indemnizacin se determinar, en su caso, por aplicacin en las clusulas de la concesin o, en su defecto, en la legislacin en cuya virtud se otorg aqulla. (Disposicin transitoria quinta, 1 y 2, de la Ley de Costas.)

3. Se considerar en todo caso incompatible con los criterios de ocupacin del dominio pblico establecidos en la Ley de Costas el mantenimiento de concesiones a perpetuidad por tiempo indefinido, sin plazo limitado o por plazo superior a treinta aos, a contar desde la entrada en vigor de la Ley, siempre que no hayan superado o superen el plazo mximo de noventa y nueve aos. En todos estos casos, las concesiones vigentes se entendern otorgadas por el plazo mximo de treinta aos, a contar desde la entrada en vigor de la Ley de Costas, sin perjuicio de la posibilidad de revisin de otras clusulas conforme a lo previsto en el apartado anterior.

4. En los dems casos, la revisin de las clusulas concesionales requerir la tramitacin de un expediente con audiencia al interesado y oferta de condiciones revisadas adaptadas a los criterios de la Ley de Costas y de este Reglamento, formulada por el Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo. Si el concesionario no acepta las nuevas condiciones, se proceder a la revocacin total o parcial de la concesin, tramitndose en pieza separada el correspondiente expediente indemnizatorio.

5. El Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo resolver sobre el mantenimiento o la revocacin de las concesiones otorgadas en precario. En caso de que opte por el mantenimiento deber otorgar una concesin firme con arreglo a los criterios y al procedimiento establecido en la Ley de Costas y en el presente Reglamento.

6. Las concesiones otorgadas para la construccin de accesos artificiales a islas o islotes de propiedad particular por medio de obras de rellenos o de fbrica, se revisarn de oficio por el Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo, para que dichos accesos queden abiertos al uso pblico gratuito en las mismas condiciones de utilizacin que se hayan establecido para acceder a las propiedades privadas, de forma que se garantice el acceso al dominio pblico martimo-terrestre insular y a los espacios sometidos a la servidumbre de trnsito. Esta modificacin de sus condiciones no dar lugar a indemnizacin.

7. Los titulares de creacin, regeneracin o acondicionamiento de playas podrn solicitar la revisin de sus clusulas para incluir en ellas la previsin contenida en los artculos 54 de la Ley de Costas y 112 de este Reglamento.

8. La revisin de las concesiones de competencia de las Comunidades Autnomas se realizar por stas de conformidad con los criterios establecidos en los apartados 1, 2 y 3 de la presente disposicin.

Decimoquinta.

1. En ningn caso podr otorgarse prrroga del plazo de concesin existente a la entrada en vigor de la Ley de Costas en condiciones que se opongan a lo establecido en la misma o en las disposiciones que la desarrollen. (Disposicin transitoria sexta, 1, de la Ley de Costas.)

2. Se entender, en todo caso contraria a lo establecido en la Ley de Costas la prrroga por plazo que acumulado al inicialmente otorgado exceda del lmite de treinta aos.

Decimosexta.

Extinguidas las concesiones otorgadas con anterioridad a la Ley de Costas, y que no resulten contrarias a lo dispuesto en ella la Administracin competente resolver sobre el mantenimiento o levantamiento de las instalaciones. En caso de que se opte por el mantenimiento ser de aplicacin lo previsto en los artculos 72.3 de la citada Ley y 144.1 de este Reglamento (disposicin transitoria sexta, 2, de la Ley de Costas).

Decimosptima.

1. Los que a la promulgacin de la Ley de Costas hayan adquirido el derecho a la utilizacin o aprovechamiento del dominio pblico martimo al amparo del artculo 57 del Decreto-ley de Puertos de 1928 debern solicitar de la Administracin del Estado, dentro del plazo de un ao desde la entrada en vigor de aqulla, la expedicin del ttulo correspondiente que les ser otorgado a la vista del acta de notoriedad que a tal efecto aporten. Si no lo solicitaren en dicho plazo se entender que han desistido de tal derecho. El ttulo se otorgar por un plazo mximo de diez aos (disposicin transitoria sexta, 3, de la Ley de Costas).

2. El acta de notoriedad deber acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artculo 57 de la citada Ley de Puertos y, en particular, que se trate de aprovechamiento para industria martima y que no ha sufrido variacin ni alteracin en el transcurso de los veinte aos necesarios para la adquisicin del derecho.

Decimoctava.

1. En los supuestos de obras, instalaciones o actividades en zona de servidumbre de proteccin en tramos de costa no deslindados conforme a lo previsto en la Ley de Costas, la Administracin del Estado exigir la autorizacin a que se refieren los artculos 26 de aqulla y 48 de este Reglamento, a cuyo efecto definir provisionalmente y har pblica, acompaada del correspondiente plano, la lnea probable de deslinde y la extensin de la zona de servidumbre en el plazo mximo de un mes, a contar desde la fecha de solicitud de la autorizacin o del requerimiento para que sta se solicite. No obstante, en caso de discrepancia, el otorgamiento de la autorizacin quedar condicionado a la aprobacin previa o simultnea del deslinde, que se tramitar con carcter preferente (disposicin transitoria sptima, 1, de la Ley de Costas).

2. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, el Servicio Perifrico de Costas anunciar la incoacin del expediente de autorizacin en el Boletn Oficial de la provincia, en un diario de los de mayor circulacin y en su propio tabln de anuncios, indicando que el plano de definicin provisional de la lnea probable de deslinde se encuentra a disposicin de cualquier persona que quiera consultarlo y formular alegaciones durante un perodo de quince das. Cuando el promotor de la actuacin no sea el propietario del terreno, se dar audiencia a ste por el mismo plazo. Todo ello sin perjuicio de lo que pueda resultar en el correspondiente expediente de deslinde.

Decimonovena.

1. En los casos en que se pretenda la ocupacin de terrenos de dominio pblico todava no deslindados conforme a lo previsto en la Ley de Costas el peticionario deber solicitar el deslinde, a su costa, simultneamente con la solicitud de concesin o autorizacin, pudiendo tramitarse al mismo tiempo ambos expedientes de deslinde y concesin. En caso de solicitud de concesin, su otorgamiento no podr ser previo a la aprobacin del deslinde.

Igualmente las obras a realizar por las Administraciones Pblicas no podrn ejecutarse sin que exista deslinde aprobado (disposicin transitoria sptima, 2, de la Ley de Costas).

2. Se entender que un tramo de costas no est deslindado conforme a lo previsto en la Ley de Costas, cuando no exista deslinde o no incluya todos los bienes que pertenecen al dominio pblico martimo-terrestre en virtud de aqulla.

3. Los informes del Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo sobre planes y normas de ordenacin territorial y urbanstica, que afecten a tramos de costa no deslindados conforme a la Ley de Costas, se emitirn previa delimitacin de la lnea probable de deslinde por el Servicio Perifrico de Costas competente.

Vigsima.

1. Los artculos 44.5 de la Ley de Costas y 94 de este Reglamento no sern de aplicacin a las zonas clasificadas como urbanas a la promulgacin de esta Ley, en casos debidamente justificados (disposicin transitoria sptima, 3, de la Ley de Costas).

2. Lo establecido en el apartado anterior se referir a los paseos martimos ya construidos y en servicio y a los que estuviesen en construccin de conformidad con el planeamiento urbanstico. En los dems casos, la justificacin de la excepcin deber hacerse en el instrumento de planeamiento correspondiente o en su modificacin o revisin.

Vigsima primera.

1. Las acciones u omisiones cometidas con anterioridad a la Ley de Costas que supongan infraccin segn la legislacin anterior sern corregidas aplicando la sancin que resulte ms benvola entre ambas legislaciones (disposicin transitoria octava de la Ley de Costas).

2. Lo establecido en el apartado anterior se entender sin perjuicio de la obligacin de la restitucin y reposicin del terreno a su anterior estado, segn el procedimiento establecido en el presente Reglamento.

Vigsima segunda.

Los expedientes en tramitacin, a la entrada en vigor de este Reglamento, de conformidad con lo previsto en la disposicin transitoria novena, apartado 1, de la Ley de Costas, sern resueltos por el rgano competente segn lo establecido en l, sin que en ningn caso puedan incluirse en la resolucin clusulas que resulten contrarias a dicha Ley.

Vigsima tercera.

En el plazo de tres meses, a contar desde la entrada en vigor del presente Reglamento, se proceder a regular los cnones y tasas establecidos en los artculos 84 a 87 de la Ley de Costas, de conformidad con lo previsto en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Pblicos. Entre tanto continuarn exigindose dichos cnones y tasas conforme a lo establecido en la Ley de Costas y en la normativa especfica vigente.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.

1. La Administracin del Estado tendr derecho de tanteo y retracto en las transmisiones onerosas inter vivos de los bienes mencionados en el apartado 1, de la disposicin adicional tercera de la Ley de Costas, a cuyo efecto deber ser notificada por escrito. El derecho de tanteo podr ejercerse en el plazo de tres meses y el de retracto en el de un ao, ambos a contar desde la correspondiente notificacin, que comprender las condiciones esenciales de la transmisin (disposicin transitoria tercera, 3, de la Ley de Costas).

2. Para el ejercicio del derecho de tanteo establecido en el apartado anterior, el Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo har pblico en el Boletn Oficial de la provincia las reas en que los propietarios de terrenos debern notificar al Servicio Perifrico de Costas su propsito de enajenarlos, notificacin que deber incluir el precio y forma de pago previstos. El Servicio elevar al Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo propuesta motivada, debiendo adoptarse la resolucin que proceda en el plazo sealado.

3. A estos efectos, el Registrador de la Propiedad y el transmitente debern notificar al Servicio Perifrico de Costas las condiciones en que se haya realizado la enajenacin y el nombre del adquirente. El Servicio elevar al Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo propuesta motivada para su resolucin.

Segunda.

El rgano administrativo que instruya o resuelva un expediente podr requerir la comparecencia de los interesados por s o mediante representante acreditado, haciendo constar en dicho requerimiento el objeto de la comparecencia.

Análisis

  • Rango: Real Decreto
  • Fecha de disposición: 01/12/1989
  • Fecha de publicación: 12/12/1989
  • Entrada en vigor: 13 de diciembre de 1989.
  • Fecha de derogación: 12/10/2014
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • SE DEROGA, por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre (Ref. BOE-A-2014-10345).
  • SE MODIFICA arts. 11.6, 149.1 y 152.1, por Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo (Ref. BOE-A-2010-5037).
  • SE ACTUALIZA:
    • sobre conversin a euros de las cuantas indicadas: Resolucin de 21 de noviembre de 2001 (Ref. BOE-A-2001-23479).
    • sobre conversin a euros de las cuantas indicadas: Resolucin de 22 de octubre de 2001 (Ref. BOE-A-2001-21533).
  • SE MODIFICA:
    • el art. 189.1, por Real Decreto 268/1995, de 24 de febrero (Ref. BOE-A-1995-7245).
    • los arts. 146, 177, 192 y 194, por Real Decreto 1771/1994, de 5 de agosto (Ref. BOE-A-1994-19135).
  • SE DICTA DE CONFORMIDAD:
    • con el art. 203.3, aprobando la Instruccin para las Conducciones de Vertidos desde tierra al Mar: Orden de 13 de julio 1993 (Ref. BOE-A-1993-19593).
    • con la disposicin transitoria 23, sobre Regularizacin de Tasas por Actividades en materia de Dominio pblico Maritimo-Terrestre: Real Decreto 735/1993, de 14 de mayo (Ref. BOE-A-1993-15395).
    • con la disposicin transitoria 23, determinando la cuanta del Canon de Ocupacin y Aprovechamiento del Dominio pblico Maritimo Terrestre: Orden de 30 de octubre de 1992 (Ref. BOE-A-1992-27283).
  • SE MODIFICA por el Real Decreto 1112/1992, de 18 de septiembre (Ref. BOE-A-1992-22411).
  • SE DECLARA en los CONFLICTOS acumulados 866, 897, 902 y 903/1990, que se invaden las competencias de las comunidades autnomas, la nulidad de determinados preceptos y la constitucionalidad de los que menciona interpretados en el sentido expuesto en los fundamentos jurdicos, por Sentencia 198/1991, de 17 de octubre (Ref. BOE-T-1991-27590).
  • SE DICTA DE CONFORMIDAD, sobre delegacin de competencias establecidas en el art. 49.4, por Resolucin de 26 de enero de 1990 (Ref. BOE-A-1990-2812).
  • CORRECCIN de errores en BOE nm. 20, de 23 de enero de 1990 (Ref. BOE-A-1990-1717).
Referencias anteriores
  • DEROGA:
    • Decreto de 3 de julio de 1936 (Gazeta).
    • Real Decreto 1156/1986, de 13 de junio (Ref. BOE-A-1986-16208).
    • los arts. 6, 25 y 30 del Reglamento aprobado por Real Decreto 2486/1980, de 26 de septiembre (Ref. BOE-A-1980-25004).
    • el Reglamento aprobado por Real Decreto 1088/1980, de 23 de mayo (Ref. BOE-A-1980-11885).
    • Decreto de 23 de abril de 1935 (Gazeta) (Ref. BOE-A-1935-3889).
    • determinados arts., en cuanto se Refieren al Dominio Pblico Maritimo-Terrestre, del Reglamento aprobado por Real Decreto de 19 de enero de 1928 (Gazeta) (Ref. BOE-A-1928-725).
    • Real Decreto de 22 de enero de 1926 (Gazeta) (Ref. BOE-A-1926-767).
    • captulos VIII y IX, en cuanto se refiere al Dominio Pblico Maritimo-Terrestre, del Reglamento aprobado por Real Decreto de 6 de julio de 1877 (Gazeta) (Ref. BOE-A-1877-5191).
  • DESARROLLA la Ley 22/1988, de 28 de julio (Ref. BOE-A-1988-18762).
  • CITA:
Materias
  • Administracin Local
  • Aguas jurisdiccionales
  • Ayuntamientos
  • Baos
  • Centros y Zonas de Inters Turstico
  • Comunidades Autnomas
  • Contaminacin de las aguas
  • Costas martimas
  • Cultivos marinos
  • Demarcaciones de costas
  • Expropiacin forzosa
  • Industrias
  • Instalaciones deportivas
  • Mar
  • Mariscos
  • Marismas
  • Medio ambiente
  • Obras
  • Patrimonio del Estado
  • Pesca martima
  • Plataforma continental
  • Playas
  • Publicidad
  • Puertos
  • Registros de la Propiedad
  • Salvamento
  • Seales martimas
  • Servidumbres
  • Suelo
  • Urbanismo
  • Zona Martimo Terrestre

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