Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Está Vd. en

Documento BOE-A-1954-15431

Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiacin forzosa.

TEXTO

I. Justificacin de la reforma y nuevo mbito legal de la expropiacin

La expropiacin forzosa contempla el supuesto en que, decidida la colisin entre el inters pblico y el privado, en consideracin a la lgica prevalencia del primero, resulta obligado arbitrar el procedimiento legal adecuado para promover jurdicamente la transmisin imperativa del derecho expropiado y para hacer, consecuentemente, efectiva en favor del particular la justa indemnizacin correspondiente. Implicando la expropiacin un resultado jurdico siempre idntico, las modificaciones de sus bases legislativas proceden fundamentalmente ya de la concepcin ms o menos amplia del campo a que el inters pblico se extiende, ya de los progresos tcnicos que permiten perfeccionar el procedimiento calculado, y esto, de un lado, a fin de que encuentren satisfaccin las exigencias de la eficacia administrativa, y de otro, para hacer efectivas las garantas del particular, as en el orden de la defensa contra una expropiacin irregular, como el del reconocimiento y pago de la justa indemnizacin que por principio se reconoce.

La simple indicacin de que la expropiacin forzosa se rige en nuestro pas por una Ley promulgada en diez de enero de mil ochocientos setenta y nueve justifica sobradamente la preocupacin en torno a un posible y grave desajuste entre el orden real de fines y medios que enmarca hoy —casi setenta y cinco aos ms tarde— la accin de la Administracin y el sistema de preceptos que integran la normativa vigente. Verdad es que la subsistencia prolongada de una Ley de orden bsico no es de suyo argumento contra su calidad tcnica y ni siquiera contra su validez poltico-legal, pero aqulla y sta estn dominadas por el supuesto de que permanezcan relativamente inclumes la configuracin de los intereses en juego y los principios fundamentales que a la Ley sirven de premisas obligadas.

En cuanto a la expropiacin forzosa se refiere, el ms somero anlisis de los factores de varia ndole que hay que considerar tras el bosquejo tcnico de la institucin pone de manifiesto la general desarticulacin de las circunstancias polticas, administrativas y de todo orden que sirvieron de plataforma a la Ley hasta ahora vigente. En orden a la flexibilidad, agilidad y eficacia que dicha Ley permite a la Administracin, siquiera no sea ste el aspecto ms importante que la actual situacin suscita, es suficiente recordar cmo mediante la Ley de siete de octubre de mil novecientos treinta y nueve hubo de improvisarse, un tanto bajo el apremio de circunstancias de excepcin, un procedimiento de urgencia, a fin de conseguir evitar que la utilizacin de mecanismos legales fuera de fase pusiera trabas o entorpeciera la accin administrativa impulsada al ritmo exigido por la urgencia de la reconstruccin nacional. Pero la Ley de mil novecientos treinta y nueve, que de cualquier modo ha sido un acierto innegable de poltica legislativa que an puede dar buenos frutos, eludi conscientemente los problemas capitales que la expropiacin plantea, no slo cuando se pretende la actualizacin del inters poltico, sin otras demoras que las inevitables, sino, sobre todo, cuando una concepcin ms justa desde el punto de vista social de la estructura econmica, altera sensiblemente la base tcnica de la expropiacin y los procedimientos valorativos de la indemnizacin. El hecho de que el legislador, consciente de las obligadas limitaciones de la Ley de mil novecientos treinta y nueve, no haya promovido hasta ahora la reforma es slo indicio de la magnitud de los problemas que implica; mas, al propio tiempo, el reiterado uso que de la autorizacin de urgencia se ha hecho en los ltimos aos viene a poner de manifiesto la deficiencia con que la norma an en vigor sirve a las exigencias del momento.

Desde mil ochocientos setenta y nueve no es exagerado afirmar que las bases polticas, sociales, econmicas y de otra ndole, condicionantes de la accin de Gobierno, han experimentado desplazamientos tan significativos, que todas las instituciones del Derecho Administrativo clsico, aun sin resultad deformadas en su esquema tcnico, han tenido que ser readaptadas convenientemente, a fin de poder operar con ellas como medios idneos al servicio de una accin administrativa de signo e intensidad muy diferentes a los que se consideraron ptimos en la poca en que surgi. Con respecto a la expropiacin, esto viene a ser tanto ms apremiante precisamente por cuanto por definicin en el grado que significa un considerable sacrificio del inters privado, resulta el punto donde inmediatamente repercuten las crecientes exigencias del inters pblico.

Sobre el radio de accin que a la expropiacin fijaba el orden poltico liberal, ha venido a actuar, en primer trmino, el principio que expresa la conciencia social del nuevo Estado y que hoy se proyecta sobre toda su obra legislativa. El artculo diez de la Constitucin de mil ochocientos setenta y seis, del que el artculo primero de la hasta ahora vigente Ley de Expropiacin trae su principio de autorizacin, se expresa en los trminos de que ...nadie podr ser privado de su propiedad, sino por autoridad competente y por causa justificada de utilidad pblica, previa siempre la correspondiente indemnizacin. El artculo treinta y dos del Fuero de los Espaoles, de diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y cinco, en su prrafo segundo, ampla significativamente el principio, sin perjuicio de conseguir una ms rgida formulacin de los lmites de legalidad. Nadie podr —dice— ser expropiado, sino por causa de utilidad pblica o de inters social, previa la correspondiente indemnizacin, y de conformidad con lo dispuesto en las leyes. Al consagrar la expropiacin por inters social, la Ley fundamental viene a incorporar jurdicamente una concepcin que, habiendo superado el agrio individualismo del sistema jurdico de la propiedad privada de la economa liberal, viene a entender implcita, tras toda relacin de dominio, una funcin social de la propiedad. Consecuentemente, la expropiacin tiene ahora que ser configurada desde esta nueva perspectiva, a fin de brindar a la Administracin medios aptos para hacer efectivo el principio obtenido en el estatuto fundamental de derechos y deberes de los espaoles.

Esta concepcin ms amplia de la expropiacin ha sido proyectada sobre la legislacin hoy en vigor, al menos en aspectos parciales. Toda la legislacin del nuevo Estado en materia de colonizacin, materia tan sensible a las urgencias del inters social, est inspirada en este giro tan significativo. Se ha estimado que la Ley no estara a la altura de los principios que hoy conforman nuestra legislacin, de plantear sus problemas desde el ngulo visual angosto que da perspectiva a la de mil ochocientos setenta y nueve. Consecuentemente, se ha desarrollado, con la precisin posible, aquella fundamental distincin entre la expropiacin de utilidad pblica y la expropiacin de inters social del artculo treinta y dos del Fuero de los Espaoles, y se ha generalizado, con las garantas formales obligadas, la posibilidad –inslita de el concepto clsico de la expropiacin– de referir sus beneficios a particulares por razones de inters social.

Mas, junto a este ensanchamiento del campo de fines, el mbito de la expropiacin deba ser considerado de nuevo, en forma que pudiera acoger las ampliaciones tan notables que ha experimentado al amparo de la legislacin especial, en orden al objeto expropiable y a la ndole de los intereses afectados por el sacrificio, y llamados, por ende, a ser tenidos en cuenta en la indemnizacin. Baste aludir a la expropiacin de participaciones en el capital social, expropiacin de explotaciones afectadas por la accin del Estado sobre la economa, por exigencias de la gestin de los servicios pblicos, al preferirse establecerlos bajo el patrn de la nacionalizacin, municipalizacin o provincializacin. Por otra parte, junto a la expropiacin tpica han surgido figuras como el consorcio o el arrendamiento forzoso, en las que se aprecia la nota comn de la satisfaccin del inters pblico por una accin imperativa sobre el aprovechamiento del bien objeto de la misma, que no llega a ser tan radical y enrgica que alcance a la transmisin obligada de la propiedad, pero que implica una limitacin individualizada del dominio a la que hay que buscar su adecuada y justa compensacin. Tambin los casos en que la accin administrativa exige la expropiacin de grandes zonas requeran el arbitrar un procedimiento para hacer aqulla efectiva dentro de una tramitacin unitaria. En consecuencia, la Ley refleja una concepcin de la expropiacin, segn la cual debe ser el estatuto legal bsico de todas las formas de accin administrativa que impliquen una lesin individualizada de los contenidos econmicos del derecho del particular por razones de inters general, y como tal se estructura, sin perjuicio del obligado respeto a las peculiares caractersticas de cada figura en particular.

Llevando este principio a sus lgicas consecuencias, se ha intentado, finalmente, llamar al atencin sobre la oportunidad que esta Ley ofrece, y que no debiera malograrse, de poner remedio a una de las ms graves deficiencias de nuestro rgimen jurdico-administrativo, cual es la ausencia de una pauta legal idnea, que permita hacer efectiva la responsabilidad por daos causados por la Administracin. Bajo el imperio de criterios jurdicoadministrativos que haban caducado ya cuando fueron adoptados por nuestro ordenamiento, los lmites tcnicos dentro de los cuales se desenvuelve entre nosotros la responsabilidad por daos de la Administracin, resultan hoy tan angostos, por no decir prcticamente prohibitivos, que los resultados de la actividad administrativa, que lleva consigo una inevitable secuela accidental de daos residuales y una constante creacin de riesgos, revierten al azar sobre un patrimonio particular en verdaderas injusticias, amparadas por injustificado privilegio de exoneracin. Se ha estimado que es sta una ocasin ideal para abrir, al menos, una brecha en la rgida base legal que, perjudicando el inters general, no puede proteger intereses de la administracin insolidarios con aqul, como sin ms ha venido a demostrar la legislacin de rgimen local vigente al incorporar, en esta importante materia, los criterios ms progresivos sugeridos por la legislacin comparada y la doctrina cientfica. Se ha entendido as, no sin hacerse cargo de que la Ley de Expropiacin Forzosa no puede ser, desde luego, la base normativa en que se integren todos los preceptos jurdicos rectores a este respecto, pero s, al menos, una norma que puede muy bien recoger una serie de supuestos realmente importantes, en los que, al margen de un estrecho dogmatismo acadmico, cabe apreciar siempre el mismo fenmeno de lesin de un inters patrimonial privado, que, aun cuando resulte obligada por exigencias del inters o del orden pblico, no es justo que sea soportada a sus solas expensas por el titular del bien jurdico daado.

Unicamente edificando sobre esta amplia base, y dominndola desde una preocupacin de eficacia, puede la Administracin espaola contar con un instrumento capaz para que su accin no resulte frenada por la rigidez de concepciones dogmticas de las relaciones jurdico-privadas, y al propio tiempo para que no quede sin justa compensacin la lesin acarreada, siquiera sea por motivos fundados, al particular. Es claro, pues, que desde tal punto de vista ha de considerarse el contenido del artculo primero, pues es meramente una norma delimitadora del campo objetivo de aplicacin a que la Ley se extiende, y no una expresin conceptual de la figura jurdica de la expropiacin.

II. Procedimiento

Junto a la preocupacin por alcanzar los horizontes actuales de la expropiacin ha sido concebida la Ley bajo el signo de la eficacia. Se ha tenido en cuenta, ante todo, que el imperativo del inters pblico que gobierna toda la institucin no se agota en la transmisin imperativa del derecho o bien expropiado, sino que da por supuesto que esto ha de conseguirse en plazo que no perjudique la oportunidad de la medida. Las dificultades en este orden proceden de que, por otra parte, la Ley de Expropiacin ha de concebirse en forma que proporcione al particular interesado un adecuado sistema de garantas, lo que exige medios procesales proporcionados. Una solucin simplista, que sacrifique este ltimo aspecto, viene a ignorar el hecho de que aqu no lucha el inters pblico, que impulsa a consumar la expropiacin, y el inters privado, que tiende a demorarla. Planteada de esta forma la oposicin de intereses, no se ofrecera duda acerca del criterio llamado a prevalecer. Mas, en realidad, el legislador ha de arbitrar aqu entre las exigencias del ritmo de la ejecucin de la obra o servicio y las de no menor inters pblico, ni inferior rango, de conseguir la justa indemnizacin que por principio se reconoce al particular afectado.

La Ley procura eliminar todos los obstculos procesales que pudieran alzarse, siquiera sea lateralmente, contra el hecho de la expropiacin; modera los utilizables contra la necesidad de ocupacin y, finalmente, tiende a asegurarse contra un empleo malicioso de los medios reconocidos, evitando su utilizacin con nimo meramente perturbador. Un anlisis, siquiera sea somero, de nuestra actual situacin legislativa en relacin con los supuestos de esta Ley, resulta sumamente esclarecedor en este punto.

La Ley de 1879 adopta la estructura de cuatro perodos: declaracin de utilidad pblica, necesidad de ocupacin, justiprecio, pago y toma de posesin. Estos cuatro perodos corresponden a los cuatro momentos lgicos que cabe descubrir en la operacin jurdico-administrativa, que lleva consigo: a) su autorizacin; b) su aplicacin a un bien o derecho en concreto; c) la fijacin de la indemnizacin, y d) la consumacin de la relacin que se establece entre la Administracin y el expropiado por el pago y la toma de posesin. Pero desde el punto de vista de los intereses protegidos al concebir el procedimiento, cabe hacer la distincin de que mientras la declaracin formal de legalidad de la medida desarrolla el principio general que exige la actuacin regular de los rganos de la Administracin, los dems requisitos de actuacin protegen al particular ya individualizado contra una lesin jurdica excesiva derivada de la expropiacin. As, pues, cabe aligerar la formalizacin del requisito de actualizacin protegen al particular ya individualizado contra una lesin jurdica excesiva derivada de la expropiacin. As, pues, cabe aligerar la formalizacin del requisito de legalidad, en el grado que sea posible entender implcita la autorizacin en un acto previo de un rgano jurdicamente competente, pero en cambio deben dejarse intactas las garantas de proteccin de derecho del particular, sin perjuicio de un gil tcnica procesal. Estos criterios han servido de orientadores en la redaccin de la Ley, como comprueba el examen en concreto del procedimiento adoptado.

A) Declaracin de utilidad pblica o de inters social.

Ya la Ley de mil ochocientos setenta y nueve haba aliviado la produccin de este requisito, para el que el artculo diez exiga forma de ley, al exceptuar de la formalidad, en el artculo once, a las obras que se llevase a cabo con arreglo a las prescripciones del Captulo II de la Ley de Obras Pblicas las comprendidas en los planes generales provinciales y municipales mencionados en dicha Ley, todas aquellas cuya ejecucin hubiere sido autorizada por una ley, las designadas en las leyes especiales que se mencionan, todas las de polica urbana, y en particular las de ensanche y reforma interior de las poblaciones. El criterio de la Ley es que deben agotarse las posibilidades de entender implcita la autorizacin para expropiar, en el cumplimiento de los requisitos que condicionan la aprobacin del proyecto de obra o servicio como decisin administrativa, en la medida en que tales requisitos tengan idntica relevancia jurdica y administrativa, que la propia declaracin de utilidad. A este criterio responden los preceptos que integran el Captulo I del Ttulo II. Estas normas son expresin del lgico principio de que en el grado en que los requisitos establecidos en cada caso para la autorizacin de obras y servicios, aseguran su oportunidad y conveniencia, ya en s, ya desde el punto de vista del gasto pblico, implican que su ejecucin es de utilidad pblica, desde el momento en que no hay posibilidad de establecer sobre bases jurdicas una distincin dentro del concepto de utilidad pblica, de tal sentido que en algn caso moviera a no llevar a cabo la obra o el servicio para no herir el inters patrimonial del particular.

En cuanto a la expropiacin de bienes muebles, se mantiene en todo su rigor el principio de la declaracin ex lege de la utilidad pblica, salvando tambin el supuesto de que, tratndose de determinadas categoras de bienes, hubiera declarado con anterioridad una ley la posibilidad en abstracto de su expropiacin por razones de utilidad pblica, supuesto en el que para la expropiacin en concreto, el requisito se entiende producido por el acuerdo del Consejo de Ministros. Asimismo, el principio y la salvedad se hacen extensivos a los supuestos de expropiacin por inters social a que la ley se abre paso.

B) Necesidad de ocupacin de bienes o de adquisicin de derechos.

En este punto, la experiencia de la Ley de mil ochocientos setenta y nueve tena que valorarse desde los resultados de la Ley de siete de octubre de mil novecientos treinta y nueve. En sntesis, esta Ley integra, en la declaracin de urgencia, expedida por Decreto aprobado en Consejo de Ministros, la necesidad de ocupacin, y dejando indemne el procedimiento general para los perodos tercero y cuarto de la expropiacin, habilita uno sumario integrado por la notificacin a los propietarios y titulares de los derechos afectados, acta previa a la ocupacin, depsito sobre bases tasadas y ocupacin de inmuebles, trmites que se llevan a cabo en plazos muy rigurosos y que en total no exceden de dieciocho o veintids das, segn los casos. Justificada esta Ley en las circunstancias de excepcin en que surgi, no puede ser generalizada sin grave detrimento de garantas de mximo inters. El legislador la consider desde su promulgacin como instrumento normativo de utilizacin excepcional por razones de urgencia, ya que para todos los dems supuestos se mantuvo el pleno vigor de la Ley de mil ochocientos setenta y nueve.

Se ha estudiado tanto la conveniencia de generalizar los criterios de esta Ley como la de derogarla, excluyendo la dualidad de procedimientos: uno, de carcter ordinario, y otro aplicable previa declaracin de urgencia. Las dos posibilidades han sido rechazadas por las razones que seguidamente se exponen.

La apreciacin acerca de si es o no necesaria la ocupacin de un bien en concreto es una garanta fundamental para el particular. La declaracin de utilidad pblica explcita o implcita garantiza la concurrencia del inters general, que viene a justificar la expropiacin, pero no entra ni de lejos en apreciacin alguna acerca de la necesidad de que para llevarlo a cabo se ocupe un bien determinado con preferencia a otro. Ciertamente, la Administracin puede tomar como referencia el proyecto y los replanteos afectados, pero no siempre constarn con la precisin obligada los derechos e intereses afectados. En todo caso, es preciso dar una intervencin al interesado, cuando menos para conseguir una indemnizacin suficiente desde el punto de vista jurdico del bien o derecho afectado.

Pero aun cuando la Ley se ha inspirado en lo posible en la de mil novecientos treinta y nueve, incorporando sus criterios y construyendo los esquemas procesales a la vista de esa notable experiencia legislativa, se ha estimado que el proceder por ello a la derogacin pura y simple de dicha Ley, suprimiendo el procedimiento de urgencia, hubiera sido forzar la solucin al amparo de razones de pura tcnica legal, adoptando una base legislativa rgida, capaz de servir de freno o de contencin a la accin administrativa que puede ser solicitada por las necesidades con imperativos de la mxima urgencia. Se ha optado, pues, por incorporar prcticamente la Ley de mil novecientos treinta y nueve a la presente, y a ello responde el artculo cincuenta y dos. Ha de tenerse en cuenta que, merced a la actualizacin de la legislacin en esta materia, la utilizacin del procedimiento de urgencia podr atemperarse a su carcter estrictamente excepcional, lo que no ocurre en la actualidad, ya que, por las razones que han quedado expuestas de desajuste de la legislacin a los problemas del da, se ha visto forzada la Administracin a la utilizacin frecuente de dicha Ley. De hecho, en los casos en que del proyecto resultan perfectamente determinados los intereses afectados, se generaliza cuando menos el fin de la Ley de mil novecientos treinta y nueve, y en los dems, el procedimiento, dentro del respeto obligado a elementales garantas, es de tal agilidad que bien puede decirse que responde al mismo espritu de eficacia que inspiraba la aludida Ley.

En efecto, a fin de regular procesalmente la intervencin de los interesados en este punto, se arbitra un trmite de informacin pblica, procurando la mxima difusin.

Se ha fijado el plazo de veinte das como mximo para que la Administracin resuelva las reclamaciones promovidas en la informacin.

La decisin del recurso contra esta resolucin, que deber interponerse dentro del plazo de diez das, a contar desde la notificacin o publicacin, decisin que zanja definitivamente la cuestin debatida, lleva consigo la declaracin explcita de la necesidad de ocupacin y levanta la suspensin provocada por las reclamaciones. En el peor de los casos, esta suspensin no podr ser superior a un mes.

Salta a la vista la economa procesal conseguida sin ms que indicar que la Ley hasta ahora vigente fija los siguientes plazos: tres das para el trmite de comunicacin por el Gobernador a los Alcaldes de la relacin nominal de interesados en la expropiacin (artculo diecisis), quince o treinta das para la informacin (artculo diecisiete), quince das para la resolucin por el Gobernador (artculo dieciocho), ocho das para la interposicin del recurso de alzada, y treinta das para su resolucin (artculo diecinueve), por lo que el procedimiento puede prolongarse hasta ochenta y seis das.

C) Justiprecio.

La fijacin de la indemnizacin constituye, como es obvio, el problema capital de una Ley de expropiacin. El criterio tradicional de someter las diferencias de apreciacin pericialmente establecida a una decisin motivada y preparada por una tercera estimacin pericial ha de reconocerse que no ha sido nunca propugnado como procedimiento ideal, sino ms bien como un ltimo recurso, al que empricamente se acude en defecto de reglas tasadas que permitan una determinacin automtica del valor del objeto de la expropiacin. Los criterios automticos aaden a su intrnseca objetividad la ventaja de eliminar gran nmero de reclamaciones, ya que sustraen la base sobre la cual cabe plantearlas, que no es otra que la pluralidad abierta indefinidamente de los medios de estimacin.

No se han escatimado esfuerzos a fin de conseguir sustituir el procedimiento de la controversia pericial por otro que permitiera una determinacin ms objetiva del justo precio. Mas ya desde un principio pudo advertirse que existen supuestos de expropiacin en los que bien sea por carecerse de toda clase de estimacin general preconstituida, bien porque los criterios generales vendran a ofrecer resultados muy arbitrarios en ms o menos respecto al principio de justa indemnizacin de que se parte, es imposible prescindir de una tasacin pericial. La determinacin del justo precio sobre bases fiscales ha de partir de la premisa de que la riqueza imponible fiscalmente establecida, suponga una valoracin no slo objetiva y bien ponderada del bien de que se trate, sino adems, rigurosamente al da desde el punto de vista del poder adquisitivo de la moneda. Y se comprende que esto no es siempre posible por la forzosa complejidad de las operaciones evaluatorias, que no se pueden llevar a cabo en plazos tan moderados que se sustraigan a oscilaciones de no escasa significacin econmica.

De otro lado, salvo que se entienda que la estimacin fiscal constituye lo que desde luego no es, es decir, una declaracin administrativa de valoracin, eficaz no slo en la relacin fiscal, sino en toda relacin con la Administracin en que el valor de un bien pueda jugar algn papel, esa estimacin debe servir como uno de los elementos que concurran a la determinacin del justo precio, pero no ser el criterio de suyo, y exclusivamente, determinante. Esto implicara volver la espalda a realidades econmicas elementales, en las que precisamente el bien expropiado encuentra la referencia de valor ms adecuado. Todo ello hace que sea preciso ponderar las valoraciones fiscales con las de mercado y para casos excepcionales dejar abierta la posibilidad de apreciacin de circunstancias especficas, que de no tenerse en cuenta provocara una tasacin por completo irrazonable. Estos son los principios que en este punto inspiran la Ley.

Desde el momento en que, por las razones aludidas, hubo de renunciarse a la determinacin automtica del justo precio, para dar paso, en mayor o menor medida, a una apreciacin de circunstancias especficas del caso, pasaba al primer plano la cuestin del rgano de tasacin. Es evidente que el sistema del tercer perito que inspira la legislacin hasta ahora vigente, reduce en los ms de los caso a un papel puramente pasivo la funcin del rgano que formaliza la resolucin, aparte de llevar consigo un juego de plazos de excesivo peso para la agilidad de la accin administrativa. Como es natural, en el procedimiento actual los peritajes de las partes estn inspirados en el propio inters de stas, al que se sobrepone la mediacin arbitral del tercer perito; tericamente cabra pensar que el tercer peritaje decidiera de derecho la cuestin, cuanto que ya, las ms de las veces, lo hace de hecho. Pero esta solucin es insatisfactoria, tanto desde el punto de vista de los principios —por cuanto supone la dejacin en manos privadas de una cuestin en la que estn vivamente comprometidos intereses pblicos e intereses privados, e implica, por lo tanto, una ruptura con las bases mismas de la justicia administrativa— como en consideracin a los supuestos mismos del fallo. En efecto, en cuanto ste debe resultar de la apreciacin de bases tasadas de diferente ndole y, excepcionalmente, de circunstancias muy singulares que justifiquen en un caso dado el separarse de aqullas, no es posible dejar todos estos elementos a juicio de una persona calificada por la sola condicin de su pericia en tasaciones de cierta ndole. Por otra parte, slo una permanencia en esa funcin, una reiteracin en los criterios, un conocimiento de la economa local puede abrir el paso a lo que constituye, sin duda, el ideal en esta materia: objetivar las tasaciones en forma que sean el resultado de la aplicacin de criterios generalizados.

As se justifica una de las innovaciones ms importantes de la Ley: la constitucin de los Jurados Provinciales de Expropiacin, que vienen a ser rganos en los que se componen las dos funciones, pericial y judicial, escindidas en el sistema actual, pero que renen, adems, las ventajas que proporciona la permanencia y especializacin en la funcin, la colegiacin (que permite llevar a su seno los intereses contrapuestos) y la preparacin, al mismo tiempo en los aspectos material y jurdico, de la cuestin a decidir. Ciertamente, estas ventajas estn supeditadas en todo al acierto que presida en la composicin de estos rganos y condicionadas, por otra parte, a la carga burocrtica que lleven consigo. Se han estudiado minuciosamente los dos aspectos, para evitar que se malograr la solucin, y se cree haberlo conseguido en las normas propuestas. El artculo treinta y dos fija la composicin del Jurado, atribuyendo su presidencia a un Magistrado, con lo que garantiza la objetividad de visin y el rigor judicial del procedimiento y asegura la representacin de los intereses financieros y fiscales de la Administracin y patrimoniales de la propiedad privada, as como de los de ndole tcnica, incluyendo finalmente a un Notario, en atencin a su conocimiento de las transacciones y a la independencia de su funcin pblica.

En cuanto al coste de estos organismos, la Ley ha apurado todas las posibilidades para reducirlos al mnimo, y prcticamente se ha conseguido.

Sobre estas bases, el Jurado de expropiaciones puede llegar a corregir las mayores deficiencias del actual sistema de tasacin, del mismo modo que lo han hecho en el extranjero organismos similares; pero, sobre todo, encierra las mayores posibilidades de conseguir —por la preparacin de ndices y la fijacin ms precisa de las bases de valoracin— llegar algn da a una determinacin automtica del justo precio.

Con todo, la crtica del procedimiento depende en grado considerable del acierto que presida su configuracin procesal. Tambin en este punto, la comparacin de esta Ley con la hasta ahora vigente obliga a admitir que se ha conseguido una notable economa. En la Ley de mil ochocientos setenta y nueve se sealan como plazos: el de ocho das para la designacin de peritos (artculo veinte); el de quince, para aceptar o rehusar la oferta de la Administracin (artculo veintisis); quince, para la presentacin de la hoja de tasacin pericial del propietario (artculo veintisiete); ocho, para la eventual conciliacin (artculo veintiocho); ocho, para la designacin del tercer perito por el Juez (artculo treinta y uno); treinta, para que ste lleve a cabo la tasacin (artculo treinta y tres); treinta, para la resolucin por el Gobernador (artculo treinta y cuatro); treinta, para la interposicin del recurso, y otros tantos para la resolucin que corresponda (artculo treinta y cinco). En total, ciento setenta y cuatro das, sin contar el plazo de un mes para la notificacin de la orden resolutoria, y el de dos meses para la interposicin del recurso contencioso. El procedimiento que la Ley adopta comprende, en cambio, los siguientes plazos: veinte das, para que la Administracin acepte o rehuse y, en su caso, para que, a su vez, formule su hoja de aprecio (artculo treinta), despus del plazo de veinte das que para la presentacin de la hoja de aprecio tiene el propietario (artculo veintinueve); diez das, para que el propietario acepte o rehuse la formulada por la Administracin, en su caso (artculo treinta), y finalmente, en caso de controversia, ocho das para la resolucin ejecutoria por el Organo al efecto establecido (artculo treinta y cuatro). En total, cincuenta y ocho das como duracin mxima de los trmites.

A esta significativa aligeracin del procedimiento hay que aadir que, segn se ha dicho, cabe esperar en numerosos casos el que se consiga la conformidad de las partes desde el momento en que los aspectos controvertidos vienen, de antemano, atemperados por la necesaria motivacin sobre las bases legales de las hojas de aprecio (artculo treinta y siete)

Con respecto a los bienes inmuebles, se ha distinguido a estos efectos entre fincas urbanas y rsticas. En las primeras se consigue una determinacin automtica del justiprecio del solar al adoptarse como estimacin la que tuvieren asignada a efectos del arbitrio municipal sobre incremento del valor, corregida en un diez por ciento a favor del propietario. En cuanto a los edificios, se ponderan como factores el valor en venta debidamente justificado con arreglo a la situacin, destino y estado de la edificacin, y la capitalizacin al inters legal del lquido imponible sealado a efectos de la contribucin territorial urbana. En cuanto a las fincas rsticas, respecto a las cuales, como es notorio, las valoraciones fiscales no estn en general al da, a fin de no prescindir de todo factor automtico, se toman en consideracin los lquidos imponibles, segn catastro o amillaramiento, incrementados en un cinco por ciento en el primer caso, y en un diez por ciento, en el segundo. Estos incrementos deben considerarse teniendo en cuenta que, a efectos de depsito, la Ley de mil novecientos treinta y nueve sealaba los de cinco y veinte por ciento. Del mismo modo que en el caso de las fincas urbanas, la indemnizacin es el promedio entre este valor fiscal y el valor en venta debidamente acreditado.

Con respecto a bienes muebles, no era posible utilizar criterios idnticos por la prcticamente ilimitada heterogeneidad del objeto a expropiar. Sin embargo, en el tipo de riqueza mobiliaria que con ms frecuencia puede quedar afectado por la expropiacin, es decir, la expropiacin de empresas cuyo capital aparece incorporado al ttulo de participacin, tambin se ha conseguido una determinacin automtica al deducir la indemnizacin de un promedio de elementos rigurosamente precisos, como son la cotizacin, la capitalizacin de los beneficios distribuidos en los tres ejercicios inmediatamente anteriores a la expropiacin y el valor terico, segn balance, obtenido por la diferencia existente entre el activo real y el pasivo exigible.

D) Pago y toma de posesin.

Por lo que al ltimo perodo del procedimiento se refiere, son de mucho menos alcance las innovaciones de la Ley. Los artculos treinta y siete, treinta y nueve, cuarenta y cuarenta y uno de la hasta ahora vigente han sido respetados, al menos en su contenido esencial, limitndose las rectificaciones a detalles de redaccin exigidos por la concordancia con los dems preceptos de la Ley. Singular dificultad ha suscitado, sin embargo, el derecho de reversin que aqulla reconoce en el artculo cuarenta y tres. Se ha visto recogido en este precepto un principio de validez inconcusa, segn el cual, frustrndose por una y otra razn la obra o servicio que dio causa a la expropiacin, deben remitir en todo lo posible al menos los efectos econmicos de sta. La dificultad radica evidentemente en la determinacin concreta del momento a partir del cual puede estimarse que de hecho concurre el supuesto de la reversin. El criterio de la legislacin hasta ahora vigente supedita el ejercicio del derecho a la notificacin por la Administracin de la no ejecucin de la obra, lo que tiene el inconveniente de dejar indefenso al expropiado, al que no se notifica tal determinacin. Pero es sumamente difcil dar con una regla adecuada sin poner en peligro todo el instituto de la expropiacin. La ley se ha limitado a intentar superar el rgido formalismo que la norma vigente supone, facilitando el ejercicio del derecho cuando la Administracin lleve a cabo actos que por su ndole impliquen de necesidad el abandono del proyecto primitivo o la imposibilidad de llevarlo a cabo, lo que, por otra parte, habr de acreditarse en va administrativa, sin que en tanto no se declare el derecho se produzca alteracin alguna en la situacin jurdica creada.

III. Procedimientos especiales

La amplia concepcin que por razones al principio expuestas conviene adoptar en la fijacin del mbito normativo de la Ley, lleva empero consigo no desconocer las peculiaridades que la expropiacin puede exigir en ciertos supuestos, sea por la ndole del objeto, por la del fin, e incluso en atencin a la Administracin que lleva a cabo la expropiacin.

El criterio de la legislacin hasta ahora vigente es, por supuesto otro. Al concebirse la ley general de expropiacin prcticamente, como limitada a las obras pblicas del Estado, la Provincia y el Municipio, el legislador se ha visto obligado a regular los supuestos especiales de la expropiacin por normas especiales, si bien con frecuencia, all donde la excepcin ha parecido innecesaria, ha adoptado el procedimiento de remitirse a la legislacin general. Esta Ley, al ser concebida desde un principio con la pretensin de abarcar en lo posible todo el campo a que pueda alcanzar la expropiacin, consta de preceptos que han sido redactados teniendo en cuenta los supuestos peculiares, e incluso, a veces, generalizando las frmulas que han ido surgiendo en estos procedimientos por estimarlas ms valiosas, desde el punto de vista tcnico, que las hasta ahora admitidas con carcter general.

En cuanto no ha sido posible la reduccin a preceptos nicos, ha parecido en todo caso preferible arbitrar, dentro de la ley, procedimientos especiales en los que en general se ha dejado intacta la legislacin vigente, salvo en materias que ningn inconveniente hay en generalizar. Y como se comprende la dificultad de recoger las singularidades de toda la variada gama de expropiaciones que sea til conservar, cual ocurre con las que llevan a cabo el Patrimonio Forestal del Estado y otras administraciones institucionales, en la clusula derogatoria se prev el procedimiento a travs del cual ha de hacerse expresa indicacin de las disposiciones anteriores sobre la materia que han de continuar en vigor.

El Captulo primero del Ttulo III responde a una necesidad que se viene haciendo patente, de da en da, por el volumen de las obras que la Administracin acomete: la expropiacin de grandes zonas. Multiplicar en estos casos los procedimientos, tomando por base la unidad del bien expropiado, no slo constituye una carga procesal considerable, sino que adems expone a diferencias de justiprecio tanto ms sensibles cuanto que la unidad de zona determina por s sola, al menos hasta cierto punto, una unidad de valor. Por ello, la valoracin en abstracto sobre polgonos de terreno o grupos de bienes proporciona la base objetiva de valoracin que elimina aquellas diferencias o al menos las somete a los lmites de precios mximos y mnimos, sin que debilite las garantas del expropiado, ya que cabe reclamar contra dichos lmites en el trmite de informacin pblica, as como despus recurrir contra la valoracin del bien expropiado dentro de ellos.

Llevando a sus obligadas consecuencias la categora de expropiacin por inters social, la Ley consagra el Captulo II de este Ttulo III a un tipo especfico dentro de aqulla, esto es, a aquel en que la expropiacin viene motivada jurdicamente por el incumplimiento, por parte del propietario, de aquella finalidad que con generalidad ha asignado la ley a determinados bienes. La peculiaridad en tales casos resulta de que la expropiacin no es aqu movida por el impulso administrativo, sino que es una consecuencia jurdica latente desde el momento en que el particular no cumple con el fin social, no obstante conminarle con la expropiacin la ley que regula su propiedad. El inters de la Administracin se centra en conseguir que, efectivamente, el fin se cumpla sin extraer la propiedad del marco jurdico de la economa privada, de modo que, en principio, la Administracin vera frustrados sus propsitos si para conseguir aquella aplicacin hubiera de expropiar a su favor.

La ley ha intentado, y cree haberlo conseguido, conciliar las exigencias idnticamente imperativas del respeto a la propiedad privada, evitando la posibilidad de expropiaciones en fraude legal, y del no menor respeto a la funcin social de esa propiedad, al procurar ordenar un procedimiento que permita hacer posible la expropiacin en favor de un particular con garanta en el cumplimiento de la finalidad impuesta por la Ley.

Los lmites estrictos que configuran esta expropiacin vienen decididos por la exigencia de que la funcin social de la propiedad de que se trate, haya sido en concreto determinada por una ley o a lo sumo, que haya sido una ley la que hubiera establecido el inters social concreto de una categora de bienes, facultando a la Administracin para considerar los casos concretos de aplicacin de la propia Ley. No se trata, pues, segn claramente se precisa en la Ley, de dejar toda propiedad supeditada a la eventualidad de una expropiacin por un inters social indefinido o enunciado de modo abstracto, sino simplemente de aquel caso en que la ley fija al propietario una directiva concreta y le conmina con la expropiacin, para el supuesto de que lo incumpla. Con ello puede asegurarse que la ley no da en ese punto ni un paso ms all en el orden de las determinaciones poltico-sociales, sino que se mantiene estrictamente en la lnea que ha alcanzado ya la legislacin vigente. La contribucin de la ley puede decirse que es, a este respecto, de orden puramente tcnico, viniendo a generalizar un procedimiento par todos estos casos, a fin de evitar el inconveniente de que el legislador tenga que improvisarlo cada vez que con razones poltico-sociales extienda la aplicacin del principio de la funcin social de la propiedad.

La estructuracin de este procedimiento no ha sido ni mucho menos tarea fcil. Una pauta legal inteligente debe partir, en este punto, de la consideracin de que slo la concurrencia, en alguna medida, del inters social legalmente establecido con el inters del particular fundado en la racional expectativa de un beneficio, puede estimular la adquisicin del bien de que se trata en el caso de que el titular, por dejacin o por cualquier otro motivo, desoiga el mandato de la ley. Normalmente, slo la Administracin impone a su costa la utilizacin de un patrimonio, incluso con sacrificio econmico, para cumplir una funcin de inters social. Esto sentado, se ha estimado que el procedimiento de subastas progresivas con tipos de licitacin decreciente es el nico, aun cuando en s mismo no sea ideal, para conseguir actualizar la finalidad social siempre que, siquiera sea en grado mnimo, pueda ser compatible con ella un inters o beneficio del adquirente.

Especial inters ha dedicado la ley a las expropiaciones que implican traslado de poblaciones motivado por obras pblicas de cierta envergadura. La materia ha sido hasta la fecha objeto de medidas adoptadas ante cada caso, y la reiteracin de stos por la poltica de transformacin de nuestra economa acometida por el Estado, denuncia la necesidad de normas generales. La Ley no poda eludir, puesto que entran en el mbito de la expropiacin, los problemas tcnicos que singularmente en orden al sistema de garantas suscitan estos traslados en masa, y aun cuando haya de contarse aqu con un desarrollo reglamentario muy cuidadoso, las lneas bsicas de la regulacin es obligado que figuren en la ley.

En otro orden de cosas, era del mayor inters considerar la posibilidad de llevar, si no a una unidad de normas, s al menos a un principio legislativo comn, aquella legislacin que en los ltimos aos ha venido surgiendo como eficaz instrumento de la accin social del Estado en el orden agrario. Pero hubiera sido poco conveniente intentar modificaciones de gran alcance en el procedimiento expropiatorio que utiliza para el cumplimiento de sus fines el Instituto Nacional de Colonizacin, mxime cuando recientemente, con ocasin de la Ley de Transformacin y Distribucin de la Propiedad de las grandes zonas regables, se han llevado a cabo las reformas precisas en la materia para conseguir una tramitacin eficaz.

El captulo dedicado a la expropiacin por entidades locales no altera fundamentalmente la legislacin hasta ahora vigente sino en cuanto sta pudiera remitirse a la legislacin general de expropiacin, respetndose las especialidades de la reciente ley de rgimen local.

Los otros dos procedimientos especiales previstos, el de la expropiacin que tenga por objeto bienes de valor artstico, histrico y arqueolgico, y el referente a expropiaciones por la administracin militar, no suponen modificaciones de alcance significativo sobre la legislacin hasta ahora vigente en la materia. Su inclusin en tal concepto de procedimientos especiales responde exclusivamente al ya razonado criterio de moderar en lo posible la dispersin de las normas legales y reglamentarias que regulan la expropiacin.

IV. Indemnizaciones por ocupacin temporal y otros daos

Asimismo, fuera de ligersimas alteraciones de redaccin para conseguir una concordancia en el contexto legal o para adaptar los preceptos a la denominacin y competencia actual de autoridades y organismos, la materia de ocupaciones temporales aparece en la Ley reproduciendo prcticamente las normas de la legislacin hasta ahora vigente. No obstante, en atencin al mismo principio de actuacin del inters social, se ha configurado tambin como supuesto de ocupacin en el caso de que la Administracin, no habiendo atendido el propietario a la finalidad social del bien de su propiedad, tal como estuviera legalmente establecida, estimara conveniente, en vez de proceder a la expropiacin, ocupar aqulla a fin de realizar los trabajos precisos para hacer efectiva la aplicacin o destino consignados por la ley. Tampoco en este punto se hace otra cosa que intentar una construccin general de numerosos preceptos aislados que han establecido esta solucin para casos concretos. La indemnizacin se determina aqu automticamente, mediante el abono de una renta apreciada en el valor del lquido imponible. La severidad que en este caso rige la compensacin obedece a que de una u otra manera se parte de una infraccin de la ley por el particular que deja incumplida la directiva social. Asimismo, se ha previsto que la Administracin se reintegre adecuadamente de su actividad caso de conseguirse mejoras, como ser lo ms frecuente. Tambin se ha incluido en este captulo la intervencin estatal de empresas mercantiles, en los supuestos excepcionales que contempla, de acuerdo con la legislacin vigente.

En el Captulo segundo del Ttulo IV es donde se ha intentado formular bases legales de la teora, razonada al principio, de la indemnizacin por daos. A lo dicho en aquel lugar conviene aadir ahora que los criterios adoptados se inspiran en normas aisladas de nuestra legislacin, a la que le falta una formulacin explcita del principio de responsabilidad, bien que por lo dems no sean numerosas tales normas.

Prescindiendo del artculo ciento veinte, en que se regula la indemnizacin por daos producidos a consecuencia de las medidas que las autoridades civiles consideren imprescindibles por graves razones de orden o seguridad pblicos, epidemias, inundaciones, etc., con lo que no se hace sino dar una forma sistemtica a preceptos aislados del Reglamento de epizootias y de la Ley de Aguas, intentando una generalizacin ms comprensiva, debe hacerse una advertencia importante: la previsin contenida en el artculo ciento veintiuno de indemnizar las lesiones provocadas por el funcionamiento normal o anormal de los servicios pblicos o la adopcin de medidas que, como discrecionales, no sean impugnables en va contenciosa, no se formula con alcance y trminos ilimitados, sino que estrictamente se contraen a las lesiones sobre los bienes y derechos objeto de la Ley de Expropiacin; en otra forma, no se hace sino extender el principio de la justa indemnizacin, desde la privacin jurdica de la propiedad por razn de utilidad pblica a la privacin o menoscabo de la misma acaecida de hecho, como inevitable efecto de la accin administrativa. Ir ms all hubiera sido desbordar los lmites tcnicos que el objeto impone a una ley de expropiacin.

V. Garantas jurisdiccionales

En la medida en que la Ley ha apreciado la necesidad de configurar la expropiacin, considerando todo el campo a que hay se extiende la accin de la Administracin, se ha hecho cargo de la necesidad de compensar jurdicamente tan amplio desarrollo con un sistema eficaz de garantas, que fueran la proyeccin tcnica del solemne principio consagrado por el artculo treinta y dos del Fuero de los Espaoles.

La expropiacin irregular, cuyo concepto se construye en el artculo ciento veinticinco dentro de los lmites de las garantas del artculo citado del Fuero, ha sido tratada, conforme al criterio tradicional de nuestra legislacin, como un caso en el que la normal excepcin que defiende a la Administracin, frente a los interdictos, es a su vez objeto de excepcin. Y dentro del supuesto de expropiacin no regular se ha incluido como caso concreto el de vicio en el procedimiento expropiatorio declarado por sentencia firme, siendo aqul de tal entidad que impidiere a la Administracin la legal ocupacin del bien.

La especial mencin de las acciones posesorias no implica imposibilidad de utilizar otros medios procesales reconocidos por las Leyes, sino que, como se ha dicho, aquella mencin resulta obligada a fin de neutralizar la regla general prohibitiva de los interdictos contra la Administracin. Por ello, y por aducir un ejemplo concreto, se ha omitido toda referencia al procedimiento del artculo cuarenta y uno de la Ley Hipotecaria, ya que habindose reconocido por distintas vas que puede utilizarse contra la Administracin, era innecesario aludir al mismo de modo expreso.

Cuidadosamente se ha estudiado la conveniencia de mantener o no el lmite mnimo de lesin econmica de la indemnizacin, establecido por el artculo treinta y cinco de la Ley hasta ahora vigente, al reconocer recursos contenciosos en cuanto al fondo, slo para el caso de que la lesin alcance cuando menos la sexta parte del verdadero justiprecio. En el orden de los principios se ha estimado evidente que, en general, si bien no es deseable supeditar la proteccin procesal a la entidad econmica del dao, es, desde un punto de vista de la economa procesal, negativo un sistema que obligue a poner en marcha todo el aparato procesal, incluso faltando toda base de inters o siendo ste insignificante. Se trata, empero, de una cuestin de apreciacin en la que no pueden adoptarse criterios dogmticos.

En materia de ejecucin de sentencias de la jurisdiccin contenciosa, no era lgicamente posible intentar dar un paso sobre las normas clsicas que rigen esta jurisdiccin. A ellas, pues, se remite la Ley sin ms que precisar que de la sentencia firme se remitirn copias al Departamento interesado y a los de la Presidencia del Gobierno y de Hacienda a los efectos de su ejecucin.

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Espaola.

DISPONGO:

TTULO PRIMERO
Principios generales
CAPTULO NICO
Artculo primero.

1. Es objeto de la presente Ley la expropiacin forzosa por causa de utilidad pblica o inters social a que se refiere el artculo treinta y dos del Fuero de los Espaoles, en la que se entender comprendida cualquier forma de privacin singular de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legtimos, cualesquiera que fueren las personas o Entidades a que pertenezcan, acordada imperativamente, ya implique venta, permuta, censo, arrendamiento, ocupacin temporal o mera cesacin de su ejercicio.

2. Quedan fuera del mbito de esta Ley las ventas forzosas reguladas por la legislacin especial sobre abastecimientos, comercio exterior y divisas.

Artculo segundo.

1. La expropiacin forzosa slo podr ser acordada por el Estado, la Provincia o el Municipio.

2. Adems podrn ser beneficiarios de la expropiacin forzosa por causa de utilidad pblica las entidades y concesionarios a los que se reconozca legalmente esta condicin.

3. Por causa de inters social podr ser beneficiario, aparte de las indicadas, cualquier persona natural o jurdica en la que concurran los requisitos sealados por la Ley especial necesaria a estos efectos.

Artculo tercero.

1. Las actuaciones del expediente expropiatorio se entendern, en primer lugar, con el propietario de la cosa o titular del derecho objeto de la expropiacin.

2. Salvo prueba en contrario, la Administracin expropiante considerar propietario o titular a quien con este carcter conste en registros pblicos que produzcan presuncin de titularidad, que slo puede ser destruida judicialmente, o, en su defecto, a quien aparezca con tal carcter en registro fiscales, o, finalmente, al que lo sea pblica y notoriamente.

Artculo cuarto.

1. Siempre que lo soliciten, acreditando su condicin debidamente, se entendern tambin las diligencias con los titulares de derechos reales e intereses econmicos directos sobre la cosa expropiable, as como con los arrendatarios cuando se trate de inmuebles rsticos o urbanos. En este ltimo caso se iniciar para cada uno de los arrendatarios el respectivo expediente incidental para fijar la indemnizacin que pueda corresponderle.

2. Si de los registros que menciona el artculo tercero resultare la existencia de los titulares a que se refiere el prrafo anterior, ser preceptiva su citacin en el expediente de expropiacin.

Artculo quinto.

1. Se entendern las diligencias con el Ministerio Fiscal cuando, efectuada la publicacin a que se refiere el artculo dieciocho, no comparecieren en el expediente los propietarios o titulares, o estuvieren incapacitados y sin tutor o persona que les represente, o fuere la propiedad litigiosa.

2. Tambin sern parte en el expediente quienes presenten ttulos contradictorios sobre el objeto que se trata de expropiar.

Artculo sexto.

Los que no puedan enajenar sin permiso o resolucin judicial los bienes que administren o disfruten se considerarn, sin embargo, autorizados para verificarlo en los supuestos de la presente Ley. Las cantidades a que ascienda el justo precio se depositarn a disposicin de la autoridad judicial para que les d el destino previsto en las Leyes vigentes.

Artculo sptimo.

Las transmisiones de dominio o de cualesquiera otros derechos o intereses no impedirn la continuacin de los expedientes de expropiacin forzosa. Se considerar subrogado el nuevo titular en las obligaciones y derechos del anterior.

Artculo octavo.

La cosa expropiada se adquirir libre de cargas. Sin embargo, podr conservarse algn derecho real sobre el objeto expropiado, si resultase compatible con el nuevos destino que haya de darse al mismo y existiera acuerdo entre el expropiante y el titular del derecho.

TTULO SEGUNDO
Procedimiento general
CAPTULO I
De los requisitos previos a la expropiacion forzosa
Artculo noveno.

Para proceder a la expropiacin forzosa ser indispensable la previa declaracin de utilidad pblica o inters social del fin a que haya de afectarse el objeto expropiado.

Artculo diez.

La utilidad pblica se entiende implcita, en relacin con la expropiacin de inmuebles, en todos los planes de obras y servicios del Estado, Provincia y Municipio. En los dems casos en que por Ley se haya declarado genricamente la utilidad pblica, su reconocimiento en cada caso concreto deber hacerse por acuerdo del Consejo de Ministros, salvo que para categoras determinadas de obras, servicios o concesiones las Leyes que las regulan hubieren dispuesto otra cosa.

Artculo once.

En todos los casos no previstos en el artculo anterior y relativos a bienes inmuebles, siempre que no se trate de los que con arreglo a esta Ley se regulan por disposicin especial, la declaracin de utilidad pblica deber hacerse mediante Ley aprobada en Cortes.

Artculo doce.

Respecto a los bienes muebles, la utilidad pblica habr de ser declarada expresa y singularmente mediante Ley en cada caso, a no ser que sta u otra Ley hayan autorizado la expropiacin para una categora especial de bienes, en cuyo supuesto bastar el acuerdo del Consejo de Ministros.

Artculo trece.

El inters social determinante de transmisiones forzosas de cosas o derechos, a los fines especficos de los artculos treinta y treinta del Fuero de los Espaoles, se sujetar, en cuanto a su declaracin, al mismo procedimiento previsto en el artculo anterior.

Artculo catorce.

La concesin del ttulo de Empresa de inters nacional llevar aneja, sin ms, la declaracin de utilidad pblica a efectos expropiatorios respecto a las obras y servicios que requiera el cumplimiento de sus fines.

CAPTULO II
De la necesidad de ocupacin de bienes o de adquisicin de derechos
Artculo quince.

Declarada la utilidad pblica o el inters social, la Administracin resolver sobre la necesidad concreta de ocupar los bienes o adquirir los derechos que sean estrictamente indispensables para el fin de la expropiacin. Mediante acuerdo del Consejo de Ministros podrn incluirse tambin entre los bienes de necesaria ocupacin los que sean indispensables para previsibles ampliaciones de la obre o finalidad de que se trate.

Artculo diecisis.

Cuando se trate de expropiar bienes de la Iglesia, se observar el rgimen establecido al efecto en el Concordato vigente, ajustndose en lo dems a lo preceptuado en esta ley.

Artculo diecisiete.

1. A los efectos del artculo quince, el beneficiario de la expropiacin estar obligado a formular una relacin concreta e individualizada, en la que se describan, en todos los aspectos, material y jurdico, los bienes o derechos que considere de necesaria expropiacin.

2. Cuando el proyecto de obras y servicios comprenda la descripcin material detallada a que se refiere el prrafo anterior, la necesidad de ocupacin se entender implcita en la aprobacin del proyecto, pero el beneficiario estar igualmente obligado a formular la mencionada relacin a los solos efectos de la determinacin de los interesados.

Artculo dieciocho.

1. Recibida la relacin sealada en el artculo anterior, el Gobernador civil abrir informacin pblica durante un plazo de quince das.

2. Cuando se trate de expropiaciones realizadas por el Estado, dicha relacin habr de publicarse en el Boletin Oficial del Estado y en el de la provincia respectiva y en uno de los diarios de mayor circulacin de la provincia, si lo hubiere, comunicndose adems a los Ayuntamientos en cuyo trmino radique la cosa a expropiar para que la fijen en el tabln de anuncios.

Artculo diecinueve.

1. Cualquier persona podr aportar por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relacin publicada u oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de la ocupacin. En este caso, indicar los motivos por los que deba considerarse preferente la ocupacin de otros bienes o la adquisicin de otros derechos distintos y no comprendidos en la relacin, como ms conveniente al fin que se persigue.

2. En el caso previsto en el prrafo segundo del artculo diecisiete, cualquier persona podr formular alegaciones, a los solos efectos de subsanar posibles errores en la relacin.

Artculo veinte.

A la vista de las alegaciones formuladas por quienes comparezcan en la informacin pblica, el Gobernador civil, previas las comprobaciones que estime oportunas, resolver, en el plazo mximo de veinte das, sobre la necesidad de la ocupacin, describiendo en la resolucin detalladamente los bienes y derechos a que afecta la expropiacin, y designando nominalmente a los interesados con los que hayan de entenderse los sucesivos trmites. Slo tendrn la condicin de interesados a estos efectos las personas definidas en los artculos tercero y cuarto.

Artculo veintiuno.

1. El acuerdo de necesidad de ocupacin inicia el expediente expropiatorio.

2. Dicho acuerdo se publicar en igual forma que la prevista en el artculo dieciocho para el acto por el que se ordene la apertura de la informacin pblica.

3. Adems habr de notificarse individualmente a cuantas personas aparezcan como interesadas en el procedimiento expropiatorio, si bien en la exclusiva parte que pueda afectarlas.

Artculo veintids.

1. Contra el acuerdo de necesidad de ocupacin se dar recurso de alzada ante el Ministerio correspondiente, que podrn interponer los interesados en el procedimiento expropiatorio, as como las personas que hubieran comparecido en la informacin pblica.

2. El plazo para la interposicin del recurso ser de diez das, a contar desde la notificacin personal o desde la publicacin en los Boletines Oficiales, segn los casos.

3. El recurso habr de resolverse en el plazo de veinte das. La interposicin del recurso de alzada surtir efectos suspensivos hasta tanto se dicte la resolucin expresa. Contra la orden ministerial resolutoria del recurso no cabr reclamar en la va contencioso-administrativa.

Artculo veintitrs.

Cuando la expropiacin implique slo la necesidad de ocupacin de una parte de finca rstica o urbana, de tal modo que a consecuencia de aqulla resulte antieconmica para el propietario la conservacin de la parte de finca no expropiada, podr ste solicitar de la Administracin que dicha expropiacin comprenda la totalidad de la finca, debiendo decidirse sobre ello en el plazo de diez das. Dicha resolucin es susceptible del recurso de alzada previsto en el artculo anterior, y no se dar el recurso contencioso-administrativo, estndose a lo dispuesto en el artculo cuarenta y seis.

CAPTULO III
De la determinacin del justo precio
Artculo veinticuatro.

La Administracin y el particular a quien se refiera la expropiacin podrn convenir la adquisicin de los bienes o derechos que son objeto de aqulla libremente y por mutuo acuerdo, en cuyo caso, una vez convenidos los trminos de la adquisicin amistosa, se dar por concluido el expediente iniciado. En caso de que en el plazo de quince das no se llegara a tal acuerdo se seguir el procedimiento que se establece en los artculos siguientes, sin perjuicio de que en cualquier estado posterior de su tramitacin puedan ambas parte llegar a dicho mutuo acuerdo.

Artculo veinticinco.

Una vez firme el acuerdo por el que se declara la necesidad de ocupacin de bienes o adquisicin de derechos expropiables, se proceder a determinar su justo precio.

Artculo veintisis.

1. La fijacin del justo precio se tramitar como pieza separada, encabezada por la exacta descripcin del bien concreto que haya de expropiarse.

2. A tal fin se abrir un expediente individual a cada uno de los propietarios de bienes expropiables. El expediente ser nico en los casos en que el objeto de la expropiacin pertenezca en comunidad a varias personas, o cuando varios bienes constituyan una unidad econmica.

Artculo veintisiete.

Se entender que existe unidad econmica, a los efectos del artculo anterior:

1. Si se trata de fincas rsticas o urbanas, cuando se hallen inscritas o fueren susceptibles de inscripcin bajo un mismo nmero, de acuerdo con los dispuesto en la Ley Hipotecaria.

2. En el supuesto de cosas muebles, cuando exista una universidad de hecho o de derecho.

Artculo veintiocho.

Si el objeto de la expropiacin forzosa estuviere constituido por valores mobiliarios, se formarn tantas piezas separadas como clases de ttulos hubiesen de expropiarse, atendiendo a las caractersticas que puedan influir en su valoracin.

Artculo veintinueve.

1. En cada uno de los expediente as formados la Administracin requerir a los propietarios para que en el plazo de veinte das, a contar desde el siguiente al de la notificacin, presenten hoja de aprecio, en la que se concrete el valor en que estimen el objeto que se expropia, pudiendo aducir cuantas alegaciones estimen pertinentes.

2. La valoracin habr de ser forzosamente motivada y podr estar avalada por la firma de un perito, cuyos honorarios habrn de acomodarse a las tarifas que apruebe la Administracin, siendo siempre estos gastos de cuenta de los propietarios.

Artculo treinta.

1. La Administracin expropiante habr de aceptar o rechazar la valoracin de los propietarios en igual plazo de veinte das. En el primer caso se entender determinado definitivamente el justo precio, y la Administracin proceder al pago del mismo, como requisito previo a la ocupacin o disposicin.

2. En el segundo supuesto, la Administracin extender hoja de aprecio fundada del valor del objeto de la expropiacin, que se notificar al propietario, el cual, dentro de los diez das siguientes, podr aceptarla lisa y llanamente o bien rechazarla, y en este segundo caso tendr derecho a hacer las alegaciones que estime pertinentes, empleando los mtodos valorativos que juzgue ms adecuados para justificar su propia valoracin a los efectos del artculo cuarenta y tres, y asimismo a aportar las pruebas que considere oportunas en justificacin de dichas alegaciones.

Artculo treinta y uno.

Si el propietario rechazara el precio fundado ofrecido por la Administracin, se pasar el expediente de justiprecio al Jurado provincial de expropiacin.

Artculo treinta y dos.

1. El Jurado provincial de expropiacin, que se constituir en cada capital de provincia, estar formado por un Presidente, que lo ser el Magistrado que designe el Presidente de la audiencia correspondiente, y los siguientes cuatro vocales :

a) Un Abogado del Estado de la respectiva Delegacin Hacienda.

b) Un funcionario tcnico designado por la Jefatura Provincial o Distrito correspondiente, y que variar segn la naturaleza del bien objeto de la expropiacin. Este funcionario ser un ingeniero agrnomo, si se trata de fincas rsticas; un ingeniero de Caminos, cuando se trate de aprovechamientos hidrulicos u otros bienes propios de su especialidad; un ingeniero de Montes, cuando el principal aprovechamiento de la finca expropiada sea el forestal; un ingeniero de Minas, en los casos de expropiacin de concesiones mineras; un arquitecto al servicio de la Hacienda, cuando la expropiacin afecte a fincas urbanas, y un profesor mercantil al servicio de la Hacienda, cuando la expropiacin recaiga sobre valores mobiliarios. Anlogo criterio de especialidad se seguir cuando se trate de bienes distintos a los enumerados.

c) Un representante de la Cmara Agraria, cuando la expropiacin se refiera a propiedad rstica, y un representante de la C.N.S. respectiva en los dems casos

d) Un Notario de libre designacin por el Decano del Colegio Notarial correspondiente.

2. Se constituirn Jurados de expropiacin en las ciudades de Ceuta y Melilla, de composicin anloga a la expresada en los prrafos anteriores, y presididos por el Juez de Primera Instancia de cada una de dichas plazas.

Artculo treinta y tres.

1. Para que los Jurados de expropiacin puedan vlidamente constituirse y adoptar acuerdos ser precisa, en primera convocatoria, la asistencia de todos sus miembros, y en segunda, la del Presidente y dos Vocales, uno de los cuales ser el mencionado en el apartado a) o en el b) del artculo anterior, y el otro el del apartado c) o el d) de dicho artculo.

2. Los Jurados decidirn por mayora de votos sobre los asuntos objeto de su competencia.

3. En el Reglamento que se dicte en ejecucin de esta ley se regular todo lo relativo al rgimen de incompatibilidades, excusas, asistencias, dietas, que habrn de ser a cargo del expropiante, sanciones y sustituciones de los miembros de los Jurados de expropiacin.

4. Las funciones administrativas y subalternas de los Jurados que se crean por esta Ley estarn a cargo del personal adscrito a los Gobiernos civiles, en los que se organizarn los servicios necesarios, actuando de Secretario de aqul un funcionario del Cuerpo Tcnico-administrativo designado por el Gobernador.

Artculo treinta y cuatro.

El Jurado de expropiacin, a la vista de las hojas de aprecio formuladas por los propietarios y por la Administracin, decidir ejecutoriamente sobre el justo precio que corresponda a los bienes o derechos objeto de la expropiacin, en el plazo mximo de ocho das. Excepcionalmente, podr ser dicho plazo prorrogado, hasta quince das en total, cuando la importancia de los intereses en pugna en el expediente expropiatorio aconsejen la inspeccin personal sobre el terreno de los bienes o derechos expropiables, en lo que necesariamente participarn los Vocales sealados en los apartados b) y c) del artculo treinta y dos de esta Ley.

Artculo treinta y cinco.

1. La resolucin del Jurado de expropiacin habr de ser necesariamente motivada, razonndose los criterios de valoracin seguidos por el mismo en relacin con lo dispuesto en esta Ley.

2. Esta resolucin, que se notificar a la Administracin y al propietario, ultimar la va gubernativa y contra la misma proceder tan slo el recurso contencioso-administrativo.

3. La fecha del acuerdo constituir el trmino inicial para la caducidad de la valoracin establecida en el artculo 58 de esta Ley.

Artculo treinta y seis.

1. Las tasaciones se efectuarn con arreglo al valor que tengan los bienes o derechos expropiables al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio, sin tenerse en cuenta las plusvalas que sean consecuencia directa del plano o proyecto de obras que dan lugar a la expropiacin y las previsibles para el futuro.

2. Las mejoras realizadas con posterioridad a la incoacin del expediente de expropiacin no sern objeto de indemnizacin, a no ser que se demuestre que eran indispensables para la conservacin de los bienes. Las anteriores son indemnizables, salvo cuando se hubieran realizado de mala fe.

Artculo treinta y siete.

Las tasaciones del propietario, la Administracin expropiante y el Jurado Provincial de Expropiacin habrn de ajustarse en todo caso, salvo lo previsto en el artculo cuarenta y tres de esta Ley, a las normas de valoracin que se establecen en los artculos siguientes.

Artculo treinta y ocho.

1. Los solares se justipreciarn en el valor que tenga asignado para los efectos del arbitrio municipal sobre incremento de valor de los terrenos, aumentado en un diez por ciento, o, en su defecto, el valor en venta fijado a efectos de la atribucin territorial.

2. Los edificios se justipreciarn en la media aritmtica que resultare del valor actual en venta de otras fincas anlogas, en el mismo Municipio y de la capitalizacin al tipo del inters legal del lquido imponible sealado para la contribucin urbana. No tendr validez, a efectos de esta capitalizacin, todo aumento del lquido imponible producido por declaraciones de renta realizadas por el propietario con fecha posterior a la de aprobacin del proyecto de reforma o urbanizacin que sea causa de la expropiacin.

Artculo treinta y nueve.

El valor de las fincas rsticas se fijar por la media aritmtica entre la cantidad resultante de capitalizar al inters legal la renta lquida de rstica aumentada en un cinco o en un diez por ciento, segn sea catastrada o amillarada, y el valor en venta actual de fincas anlogas por su clase y situacin en el mismo trmino municipal o comarca.

Artculo cuarenta.

Las obligaciones, acciones, cuotas y dems modalidades de participacin en el capital o en los beneficios de empresas mercantiles se estimarn en la media aritmtica que resulte de aplicar los siguientes criterios valorativos:

1) La cotizacin media en el ao anterior a la fecha de apertura del expediente.

2) La capitalizacin al tipo de inters legal del beneficio promedio de la Empresa en los tres ejercicios sociales anteriores.

3) El valor terico de los ttulos objeto de expropiacin. Se entender por valor terico la diferencia entre activo real y pasivo exigible en el ltimo balance aprobado.

Artculo cuarenta y uno.

1. La determinacin del justo precio de las concesiones administrativas cuya legislacin especial no contenga normas de valoracin en casos de expropiacin o de rescate, se ajustar a las reglas siguientes:

Primera. Cuando se trate de concesiones perpetuas de bienes de dominio pblico que tengan establecido un canon concesional, se evaluar la concesin a tenor del artculo treinta y nueve, descontndose de la cantidad que resulte el importe capitalizado al inters legal del canon concesional.

Segunda. Cuando se trate de concesiones de servicios pblico o de concesiones mineras otorgadas en fecha anterior a tres aos, el precio se establecer por el importe capitalizado al inters legal de los rendimientos lquidos de la concesin en los tres ltimos aos, teniendo en cuenta, en su caso, el plazo de reversin. Sin embargo, en ningn caso el precio podr ser inferior al valor material de las instalaciones de que disponga la concesin y que estn afectas a la misma, teniendo en cuenta, en el caso de concesiones temporales, el valor de amortizacin de estas instalaciones, considerando el plazo que resta para la reversin.

Tercera. En las concesiones a que se refiere el nmero anterior, que llevasen menos de tres aos establecidas o que no estuviesen en funcionamiento por estar todava dentro del plazo de instalacin, la determinacin del precio se ajustar a las normas del artculo cuarenta y tres.

2. Las normas del prrafo anterior sern de aplicacin para la expropiacin de concesiones de minas de minerales especiales de inters militar y de minerales radiactivos, salvo en lo relativo, en cuanto a estos ltimos, a las indemnizaciones y premios por descubrimiento establecidos en la legislacin especial.

Artculo cuarenta y dos.

La determinacin del justo precio de los derechos reales sobre bienes inmuebles se practicar con arreglo a las normas de valoracin sealadas por la vigente legislacin del impuesto sobre derechos reales.

Artculo cuarenta y tres.

1. No obstante lo dispuesto en los artculos anteriores, tanto el propietario como la Administracin podrn llevar a cabo la tasacin aplicando los criterios estimativos que juzguen ms adecuados, si la evaluacin practicada por las normas que en aquellos artculos se fijan no resultare, a su juicio, conforme con el valor real de los bienes y derechos objeto de la expropiacin, por ser ste superior o inferir a aqulla. El Jurado provincial de expropiacin tambin podr hacer aplicacin de este artculo cuando considere que el precio obtenido con sujecin a las reglas de los anteriores resulte notoriamente inferior o superior al valor real de los bienes, haciendo uso de los criterios estimativos que juzgue ms adecuados.

2. Se seguir este mismo sistema estimativo en los casos de expropiacion de bienes muebles que no tengan criterio particular de valoracin sealado por leyes especiales.

3. En los supuestos previstos en el prrafo primero de este artculo comenzarn, desde luego, por evaluar los bienes o derechos expropiados con arreglo a las normas de valoracin que se sealan en esta Ley, pero al mismo tiempo podr proponer el propietario o la Administracin, y decidir en definitiva el Jurado, las rectificaciones que, a su juicio, deban ser introducidas, en alza o en baja, en el justiprecio, fundamentado, con el mayor rigor y detalle, las modificaciones propuestas.

Artculo cuarenta y cuatro.

En los casos de expropiacin de fincas arrendadas, la Administracin o entidad expropiante har efectiva al arrendatario, previa fijacin por el Jurado de Expropiacin, la indemnizacin que corresponda, aplicndose para determinar su cuanta las normas de la legislacin de Arrendamientos.

Artculo cuarenta y cinco.

Cuando en el momento de la ocupacin existan cosechas pendientes o se hubieran efectuado labores de barbechera, se indemnizar de las mismas a quien corresponda.

Artculo cuarenta y seis.

En el supuesto del artculo veintitrs, cuando la Administracin rechace la expropiacin total, se incluir en el justiprecio la indemnizacin por los perjuicios que se produzcan a consecuencia de la expropiacin parcial de la finca.

Artculo cuarenta siete.

En todos los casos de expropiacin se abonar al expropiado, adems del justo precio fijado en la forma establecida en los artculos anteriores, un cinco por ciento como premio de afeccin.

CAPTULO IV
Del pago y toma de posesin
Artculo cuarenta y ocho.

1. Una vez determinado el justo precio, se proceder al pago de la cantidad que resultare en el plazo mximo de seis meses.

2. El pago se verificar precisamente en dinero y previa acta, que se levantar ante el Alcalde del trmino en que radiquen los bienes o derechos expropiados, si bien la persona o entidad expropiante y la expropiada podrn convenir otra forma y lugar del pago.

Artculo cuarenta y nueve.

El pago del precio estar exento de toda clase de gastos, de impuestos y gravmenes o arbitrios del Estado, Provincia o Municipio, incluso el de pagos del Estado.

Artculo cincuenta.

1. Cuando el propietario rehusare recibir el precio o cuando existiere cualquier litigio o cuestin entre el interesado y la Administracin, se consignar el justiprecio por la cantidad que sea objeto de discordia en la Caja General de Depsitos, a disposicin de la autoridad o Tribunal competente.

2. El expropiado tendr derecho a que se le entregue, aunque exista litigio o recurso pendiente, la indemnizacin hasta el lmite en que exista conformidad entre aqul y la Administracin, quedando en todo caso subordinada dicha entrega provisional al resultado del litigio.

Artculo cincuenta y uno.

Hecho efectivo el justo precio, o consignado en la forma prevista en el artculo anterior, podr ocuparse la finca por va administrativa o hacer ejercicio del derecho expropiado, siempre que no se hubiera hecho ya en virtud del procedimiento excepcional regulado en el artculo siguiente.

Artculo cincuenta y dos.

Excepcionalmente, y mediante acuerdo del Consejo de Ministros, podr declararse urgente la ocupacin de los bienes afectados por la expropiacin a que d lugar la realizacin de una obra o finalidad determinada. Esta declaracin podr hacerse en cualquier momento e implicar las siguientes consecuencias:

Primera. Se entender cumplido el trmite de declaracin de necesidad de la ocupacin de los bienes que hayan de ser expropiados, segn el proyecto y replanteo aprobados y los reformados posteriormente, y dar derecho a su ocupacin inmediata.

Segunda. Se notificar a los interesados afectados, segn los artculos tercero y cuarto de esta Ley, el da y hora en que ha de levantarse el acta previa a la ocupacin. Esta notificacin se llevar a efecto con una antelacin mnima de ocho das y mediante cdula. Caso de que no conste o no se conozca el domicilio del interesado o interesados, se entregar la cdula al inquilino, colono y ocupante del bien de que se trate, sin perjuicio de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artculo quinto de esta Ley. Con la misma anticipacin se publicarn edictos en los tablones oficiales y, en resumen, en el Boletin Oficial del Estado y en el de la Provincia, en un peridico de la localidad y en dos diarios de la capital de la provincia, si los hubiere.

Tercera. En el da y hora anunciados se constituirn en la finca que se trate de ocupar, el representante de la Administracin, acompaado de un perito y del Alcalde o Concejal en que delegue, y reunidos con los propietarios y dems interesados que concurran, levantarn un acta, en la que describirn el bien o derecho expropiable y se harn constar todas las manifestaciones y datos que aporten unos y otros y que sean tiles para determinar los derechos afectados, sus titulares, el valor de aqullos y los perjuicios determinantes de la rpida ocupacin. Tratndose de terrenos cultivados se har constar el estado y extensin de la cosechas, los nombres de los cultivadores y el precio del arrendamiento o pactos de aparcera en su caso. Si son fincas urbanas se resear el nombre de los arrendatarios, el precio de alquiler y, en su caso, la industria que ejerzan . Los interesados pueden hacerse acompaar de sus peritos y un Notario.

Cuarta. A la vista del acta previa a la ocupacin y de los documentos que obren o se aporten el expediente, y dentro del plazo que se fije al efecto, la Administracin formular las hojas de depsito previo a la ocupacin. El depsito equivaldr a la capitalizacin, al inters legal del lquido imponible, declarado con dos aos de antelacin, aumentado en un veinte por ciento en el caso de propiedades amillaradas. En la riqueza catastrada el importe del depsito habr de ser equivalente a la cantidad obtenida capitalizando al inters legal o lquido imponible o la renta lquida, segn se trate de fincas urbanas o rsticas, respectivamente. En los casos de que la finca en cuestin no se expropie ms que parcialmente, se prorratear el valor sealado por esta misma Regla. Si el bien no tuviera asignada riqueza imponible, servir de mdulo la fijada a los bienes anlogos del mismo trmino municipal. La cantidad as fijada, que devengar a favor del titular expropiado el inters legal, ser consignada en la Caja de Depsitos. Al efectuar el pago del justiprecio se har la liquidacin definitiva de intereses.

Quinta. La Administracin fijar igualmente las cifras de indemnizacin por el importe de los perjuicios derivados de la rapidez de la ocupacin, tales como mudanzas, cosechas pendiente y otras igualmente justificadas, contra cuya determinacin no cabr recurso alguno, si bien, caso de disconformidad del expropiado, el Jurado Provincial reconsiderar la cuestin en el momento de la determinacin del justiprecio.

Sexta. Efectuado el depsito y abonada o consignada, en su caso, la previa indemnizacin por perjuicios, la Administracin proceder a la inmediata ocupacin del bien de que se trate, lo que deber hacer en el plazo mximo de quince das, sin que sea admisible al poseedor entablar interdictos de retener y recobrar.

Sptima. Efectuada la ocupacin de las fincas se tramitar el expediente de expropiacin en sus fases de justiprecio y pago segn la regulacin general establecida en los artculos anteriores, debiendo darse preferencia a estos expediente para su rpida resolucin.

Octava. En todo caso, sobre el justiprecio acordado definitivamente para los bienes objeto de este artculo, se girar la indemnizacin establecida en el artculo cincuenta y seis de esta Ley, con la especialidad de que ser fecha inicial para el cmputo correspondiente la siguiente a aqulla en que se hubiera producido la ocupacin de que se trata.

Artculo cincuenta y tres.

El acta de pago y la de ocupacin que se extender a continuacin de aqulla, ser ttulo bastante para que en el Registro de la Propiedad y en los dems Registros Pblicos se inscriba o tome razn de la transmisin de dominio y se verifique, en su caso, la cancelacin de las cargas, gravmenes y derechos reales de toda clase a que estuviere afecta la cosa expropiada.

El acta de ocupacin, acompaada del justificante de la consignacin del precio o del correspondiente resguardo de depsito, surtir iguales efectos.

Los expresados documentos sern tambin ttulos de inmatriculacin en el Registro de la Propiedad.

Artculo cincuenta y cuatro.

En el caso de no ejecutarse la obra o no establecerse el servicio que motiv la expropiacin, as como si hubiera alguna parte sobrante de los bienes expropiados, o desapareciese la afectacin, el primitivo dueo o sus causahabientes podrn recobrar la totalidad o la parte sobrante de lo expropiado, abonando a la Administracin su justo precio. Se estimar como tal, sin perjuicio de lo que en el siguiente prrafo se dispone, el valor que tenga la finca en el momento en que se solicite su recuperacin, fijado con arreglo a las normas contenidas en el captulo tercero del ttulo segundo de esta Ley.

Cuando entre la ocupacin administrativa y la reversin prevista en este artculo no hayan transcurrido ms de dos aos, se entender que el precio debe ser el inicial, salvo que en el objeto expropiado se hubieren realizado mejoras o producido daos que afecten a dicha valoracin.

Artculo cincuenta y cinco.

El plazo para que el dueo primitivo o sus causahabientes puedan ejercer el derecho de reversin, reconocido en el artculo anterior, ser el de un mes a contar desde la fecha en que la Administracin hubiera notificado la inejecucin, terminacin o desaparicin de la obra o servicio pblico, o desde que el particular comparezca en el expediente dndose por notificado.

CAPTULO V
Responsabilidad por demora
Artculo cincuenta y seis.

Cuando hayan transcurrido seis meses desde la iniciacin legal del expediente expropiatorio sin haberse determinado por resolucin definitiva el justo precio de las cosas o derechos, la Administracin expropiante culpable de la demora estar obligada a abonar al expropiado una indemnizacin que consistir en el inters legal del justo precio hasta el momento en que se haya determinado, que se liquidar con efectos retroactivos, una vez que el justiprecio haya sido efectuado.

Artculo cincuenta y siete.

La cantidad que se fije definitivamente como justo precio devengar el inters legal correspondiente a favor del expropiado, hasta que se proceda a su pago y desde el momento en que hayan transcurrido los seis meses a que se refiere el artculo cuarenta y ocho.

Artculo cincuenta y ocho.

Si transcurrieran dos aos sin que el pago de la cantidad fijada como justo precio se haga efectivo o se consigne, habr de procederse a evaluar de nuevo las cosas o derecho objeto de expropiacin, con arreglo a los preceptos contenidos en el captulo tercero del presente ttulo.

TTULO TERCERO
Procedimientos especiales
CAPTULO I
De la expropiacion por zonas o grupos de bienes
Artculo cincuenta y nueve.

Cuando la Administracin tenga que expropiar grandes zonas territoriales o series de bienes susceptibles de una consideracin de conjunto, el Consejo de Ministros podr acordar, mediante Decreto, la aplicacin del procedimiento expropiatorio especial regulado en este captulo.

Artculo sesenta.

Por el acuerdo del Consejo de Ministros a que se refiere el artculo anterior, se entender cumplido el trmite de declaracin de la necesidad de la ocupacin de los bienes que hayan de ser expropiados segn el proyecto y replanteo aprobados, y los reformados posteriores.

Artculo sesenta y uno.

A efectos del justiprecio, la Administracin formular un proyecto de clasificacin de las zonas o clases de bienes a expropiar en polgonos o grupos determinados, segn la diferente naturaleza econmica de los mismos, asignando precios mximos y mnimos de valoracin para cada uno de estos polgonos o grupos as distinguidos, con mdulos de aplicacin en su caso.

Artculo sesenta y dos.

Sobre este proyecto de precios mximos y mnimos por polgonos o grupos debidamente razonados, se abrir informacin pblica por el plazo de un mes, a cuyo efecto la Administracin publicar edictos en el Boletn Oficial de la provincia, donde radican los bienes, y, el extracto, en el BoletIn Oficial del Estado y en dos diarios de la capital de la misma provincia, si los hubiere, notificando igualmente este proyecto a los Ayuntamientos y Entidades corporativas y sindicales con jurisdiccin sobre las zonas e intereses afectados.

Artculo sesenta y tres.

Las entidades notificadas segn el artculo anterior y cualquiera otra que justificara un inters directo, podrn presentar reclamaciones en la informacin pblica nicamente por lo que hace a la clasificacin en polgonos o grupos. Sobre los precios mximos y mnimos nicamente estarn legitimados para reclamar los que sean titulares directos de los bienes o intereses expropiables segn el Ttulo primero de esta Ley.

Artculo sesenta y cuatro.

Si no se presentan reclamaciones en el perodo de informacin pblica, la Administracin elevar el proyecto de precios mximo y mnimos a acuerdo definitivo, que ser firme a todos los efectos.

Artculo sesenta y cinco.

Las reclamaciones sobre la clasificacin de los bienes a expropiar en polgonos o grupos sern considerados por la Administracin, antes de tomar acuerdo definitivo sobre este extremo, que deber recaer antes del mes siguiente al cierre de la informacin y que ser firme a todos los efectos.

Artculo sesenta y seis.

Las reclamaciones sobre los precios mximos y mnimos darn lugar a la formulacin de una hoja de aprecio definitivo por parte de la Administracin, sobre los precios controvertidos, la cual, notificada al reclamante, podr rechazarse por l lisa y llanamente dentro de los diez das siguientes.

Artculo sesenta y siete.

Si el reclamante rechazara la hoja de aprecio de la Administracin, se pasar el expediente al Jurado Provincial de Expropiacin, que fijar definitivamente los precios mximos y mnimos controvertidos. Contra este acuerdo podr reclamarse en va contenciosa en los trminos comunes del artculo ciento veintisis.

Artculo sesenta y ocho.

Los precios mximos y mnimos del proyecto referentes a polgonos o grupos sobre los que no se hubiese suscitado discordias sern acordados como firmes por la Administracin.

Artculo sesenta y nueve.

Fijados definitivamente los precios mximos y mnimos con sus correspondientes mdulos de aplicacin, sern preceptivos para la valoracin de las fincas o bienes comprendidos en los polgonos o grupos respectivos. Unicamente sern admisibles diferencias entre las partes en cuanto a su aplicacin, que se llevar a cabo por el mismo procedimiento establecido por los artculos veintisis y siguientes de esta Ley.

Artculo setenta.

Los precios mximos y mnimos conservarn su vigencia durante los cinco aos siguientes a la fecha de su acuerdo. En casos de extraordinaria alteracin del valor de la moneda, el Consejo de Ministros, con audiencia del Consejo de Estado, podr acordar la revisin global o pormenorizada de los precios mximos y mnimos antes del vencimiento de la fecha de caducidad establecida en el prrafo anterior.

CAPTULO II
De la expropiacin por incumplimiento de la funcin social de la propiedad
Artculo setenta y uno.

Existir causa de inters social para la expropiacin forzosa, adems de en los casos en que haya lugar con arreglo a las Leyes, cuando con esta estimacin expresa se haya declarado especficamente por una Ley la oportunidad de que un bien o una clase de bienes se utilicen en el sentido positivo de una determinada funcin social y el propietario incumpla esta directiva.

Artculo setenta y dos.

Son requisitos necesarios para la aplicacin del supuesto anterior :

Primero. La declaracin positiva de que un determinado bien o categora de bienes deben sufrir determinadas transformaciones o ser utilizados de manera especfica.

Segundo. Que dicha declaracin sea formulada por Ley o por Decreto acordado en Consejo de Ministros.

Tercero. Que la Ley contenga inequvocamente la intimacin de expropiacin forzosa frente al incumplimiento.

Cuarto. Que para la realizacin de la especfica funcin sealada se haya fijado un plazo y a su vencimiento aquella funcin resultare total o sustancialmente incumplida por el propietario.

Artculo setenta y tres.

La expropiacin forzosa a que se refiere este captulo impone al beneficiario la carga de cumplir la funcin desatendida, causa de la expropiacin, en un plazo de no podr exceder del que se seal al expropiado. Unicamente cuando el beneficiario sea la Administracin, y proceda incluir el cumplimiento de dicha funcin en un plan de conjunto ms extenso, podr excederse el lmite del referido plazo.

Artculo setenta y cuatro.

Cuando el beneficiario de la expropiacin incumpla a su vez la funcin sealada la Administracin tendr la opcin a que se refiere el apartado d) del artculo siguiente, y el Gobierno podr sancionar al beneficiario con multa hasta el lmite de quinientas mil pesetas.

Artculo setenta y cinco.

El procedimiento para la expropiacin, objeto de este captulo, ser el general, con las siguientes particularidades:

a) La declaracin de necesidad de ocupacin se sustituir por la declaracin de que en el caso que se contempla, concurran los requisitos del artculo setenta y dos, debiendo observar, por lo dems, las mismas garantas de informacin pblica, notificacin, audiencia de interesados y recursos que se regulan en el ttulo segundo de esta Ley.

b) Cuando por virtud de la Ley puedan los particulares ser beneficiarios de la expropiacin, la Administracin podr expropiar la cosa directamente, por su justo precio, para adjudicarla posteriormente a tales particulares o bien sacarla a subasta pblica, en cuyo caso la determinacin del justo precio jugar a los solos efectos de fijacin del tipo de licitacin.

A esta subasta se admitir a cuantos, amparados en la determinacin de la Ley, presten las garantas que la Administracin fije para la realizacin de la funcin desatendida sobre la cosa de que se trate, arbitrndose al efecto un trmite previo al acto de subasta. Si de esta subasta resultara un precio de venta superior al fijado en el expediente de expropiacin, la diferencia quedar a beneficio del propietario expropiado.

c) Si la subasta fuese declarada desierta, se anunciar una segunda licitacin rebajando el tipo de la primera en un veinticinco por ciento, y procediendo a la apertura de un nuevo perodo de admisin de licitadores.

d) De quedar desierta la segunda subasta, la Administracin podr optar por adquirir la cosa en el tipo que en la misma hubiera servido de base de licitacin, asumiendo la carga correspondiente, o dejarla en estado pblico de venta. El derecho a la adquisicin de la cosa se determinar por la prioridad de solicitud de los correspondientes Registros oficiales.

e) El expediente de expropiacin caducar a los seis meses de declarada desierta la segunda subasta, en el caso de que la Administracin no hubiera optado por adquirir la cosa.

CAPTULO III
De la expropiacin de bienes de valor artstico, histrico y arqueolgico
Artculo setenta y seis.

La expropiacin de bienes, muebles o inmuebles, de valor artstico, histrico o arqueolgico, se llevar a cabo con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley, con las particularidades que se establecen en los artculos siguientes.

Artculo setenta y siete.

Acordada la expropiacin, el Gobernador civil de la provincia podr adoptar cuantas medidas sean necesarias para que no se alteren las condiciones caractersticas de la cosa o bien afectado.

Artculo setenta y ocho.

El justo precio de los bienes se determinar mediante tasacin pericial por una Comisin compuesta por tres acadmicos, designados, uno por la Mesa del Instituto de Espaa, otro por el Ministerio de Educacin y Cultura y el tercero por el propietario del bien afectado. La designacin podr recaer en acadmicos de las Academias de Distrito, presidiendo el primero de los indicados y decidiendo los empates con voto de calidad.

Artculo setenta y nueve.

La Comisin prevista en el artculo anterior se reunir en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de la Orden ministerial por la que se acuerde la expropiacin. En el mes siguiente deber formular, con informe motivado, el justo precio que haya de abonarse, que tendr carcter ejecutorio para la Administracin y para el expropiado. El justo precio en ningn caso ser inferior al que resulte de aplicar las disposiciones del Ttulo II de la presente Ley.

Artculo ochenta.

La determinacin del justo precio a los efectos del precio que la legislacin concede a los descubridores de objetos de inters para el Patrimonio histrico, artstico y arqueolgico de la Nacin, se llevar a efecto conforme a lo dispuesto en los anteriores artculos, mantenindose los porcentajes de participacin que se reconocen en la legislacin del Ramo.

Artculo ochenta y uno.

1. En los casos de expropiacin, venta pblica, subasta o liquidacin de los bienes a que se refiere el presente captulo, el Estado podr ejercer, para s o para otra persona pblica, el derecho de tanteo, obligndose al pago del precio en un perodo no superior a dos ejercicios econmicos, salvo que el particular interesado acepte otras formas de pago.

2. Igualmente el Estado podr ejercer, para s o para otra persona pblica, el derecho de retracto en un plazo de seis meses, a partir de la fecha en que tenga conocimiento fehaciente de la transmisin, en las condiciones de pago sealadas en el prrafo anterior.

Artculo ochenta y dos.

Se aplicar el procedimiento general establecido en esta Ley a las expropiaciones de edificios y terrenos que impidan la contemplacin de monumentos histrico-artsticos, constituyan causa de riesgo o de cualquier perjuicio para el mismo, y cuantos puedan destruir o aminorar la belleza o seguridad de los conjuntos de inters histrico-artstico.

Artculo ochenta y tres.

La determinacin de la indemnizacin que preceda abonar por la ocupacin temporal de inmuebles por causa de excavaciones arqueolgicas se verificar con arreglo a lo dispuesto en el captulo sptimo de este ttulo.

Artculo ochenta y cuatro.

Las cuestiones derivadas de la aplicacin de lo dispuesto en este captulo se reservan a la jurisdiccin contencioso-administrativa, con arreglo al ttulo quinto de esta Ley.

CAPTULO IV
De la expropiacin por Entidades locales o por razn de urbanismo
Artculo ochenta y cinco.

Las expropiaciones que se lleven a cabo por razn de urbanismo y las que en cualquier caso realicen las entidades locales, se ajustarn a lo expresamente dispuesto en la Ley de Rgimen Local y dems aplicables, y en lo no previsto en ellas, al contenido de la presente, con las modificaciones siguientes.

Primera. Para la determinacin del justo precio se seguirn las reglas y el procedimiento establecidos en el captulo tercero del ttulo segundo de esta Ley.

Segunda. En el Jurado Provincial de Expropiacin el funcionario tcnico a que se refiere el apartado b) del artculo treinta y dos ser designado por la Corporacin local interesada.

Tercera. Las facultades atribuidas en esta Ley a la Administracin o autoridades gubernativas que en ella se mencionan, correspondern ntegramente, en los asuntos de las Corporaciones Locales, a sta o a los organismos especiales que en los mismos intervienen, y sin limitacin de la autonoma que se les concede en las disposiciones vigentes.

CAPTULO V
De la expropiacin que d lugar a traslado de poblaciones
Artculo ochenta y seis.

Cuando fuere preciso expropiar las tierras que sirvan de base principal de sustento a todas o a la mayor parte de las familias de un Municipio o de una Entidad local menor, el Consejo de Ministros acordar, de oficio o a instancia de las Corporaciones pblicas interesadas, el traslado de la poblacin.

Los preceptos del presente captulo sern de aplicacin en los casos de expropiacin de instalaciones industriales, siempre que concurran las circunstancias que en este artculo se requieren.

Artculo ochenta y siete.

La expropiacin se llevar a cabo con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley, y se entender no slo a las tierras de necesaria ocupacin, sino a la totalidad de los bienes inmuebles que estn sitos en el territorio de la Entidad afectada, salvo que los interesados soliciten que la expropiacin se limite a aqullas.

Artculo ochenta y ocho.

Los vecinos de la Entidad local tendrn derecho a una indemnizacin por los perjuicios que les ocasione el traslado y a ser instalados en una porcin de terreno de caractersticas similares al territorio de la Entidad afectada.

Artculo ochenta y nueve.

A los efectos del artculo anterior, se estimarn como perjuicios indemnizables los definidos en los conceptos siguientes:

A) Cambio forzoso de residencia.

a) Gastos de viaje por traslado familiar.

b) Transportes de ajuar y elementos de trabajo.

c) Jornales perdidos durante el tiempo a invertir en los referidos transportes.

B) Reduccin del patrimonio familiar, referida a las bajas en la produccin agropecuaria por mermas de la superficie personalmente aprovechada en los aspectos de propiedad, arrendamiento y derecho de disfrute de terrenos comunales por razn de vecindad.

C) Quebrantos por interrupcin de actividades profesionales, comerciales y manuales ejercidas personalmente por el interesado en el lugar de su residencia.

Artculo noventa.

Los tipos de indemnizacin abonables por cada uno de los conceptos a que se refiere el artculo anterior se fijarn, a propuesta del rgano que reglamentariamente se determine por el Consejo de Ministros, previo dictamen de la Comisin Permanente del Consejo de Estado.

Artculo noventa y uno.

Fijados los tipos de indemnizacin, se anunciar por el Gobernador civil o autoridad competente en cada caso, y en la forma prevista en el artculo dieciocho, que los interesados, en un plazo de quince das, podrn solicitar la indemnizacin a que crean tener derecho, precisando las circunstancias de hecho en que se fundan.

Artculo noventa y dos.

Presentadas las solicitudes previstas en el artculo anterior, se fijar la indemnizacin abonable a cada interesado. Contra el acuerdo que al efecto se adopte se podr reclamar en el plazo de quince das, contados desde el siguiente a la notificacin del acuerdo, ante el Jurado Provincial de expropiacin, cuando se hayan aplicado indebidamente los tipos aprobados por el Consejo de Ministros.

Artculo noventa y tres.

El pago de la indemnizacin se llevar a cabo con arreglo a las normas generales establecidas en esta Ley.

Artculo noventa y cuatro.

Los vecinos podrn solicitar su instalacin en el nuevo territorio de la Entidad, al presentar la solicitud de indemnizacin a que se refiere el artculo noventa y uno. A tal efecto, al publicarse el anuncio previsto en el mismo artculo se expresar la necesidad de que dentro del plazo en l fijado, se presenten las solicitudes de los interesados acerca de tal extremo.

Artculo noventa y cinco.

Transcurrido el plazo a que se alude en el artculo anterior, se formar una relacin de vecinos con descripcin detallada de las viviendas que ocupaban y de las fincas que personal y directamente explotaban, la cual se expondr al pblico por un plazo de quince das, a fin a que puedan rectificarse errores materiales. Hechas las rectificaciones a que en su caso hubiere lugar, se elevar la relacin al Consejo de Ministros, para que, a travs del Instituto Nacional de Colonizacin, se proceda a la adquisicin de fincas adecuadas para el establecimiento de los vecinos que as lo hayan solicitado y para la ereccin de la nueva Entidad local que venga a sustituir a la desaparecida como consecuencia de las obras determinantes del traslado de la poblacin.

Artculo noventa y seis.

1. Por el Instituto Nacional de Colonizacin se proceder a instalar a los vecinos en el nuevo territorio de la Entidad, proporcionndose a cada uno de ellos, en arrendamiento o en propiedad, una vivienda o local de negocio de caractersticas similares a la que ocupaban en la zona expropiada. Se les adjudicar tambin una finca o fincas de caractersticas anlogas a las que como propietarios o a ttulo distinto vinieren cultivando directa y personalmente, pudiendo adquirir su propiedad con arreglo a lo dispuesto en la legislacin especial de colonizacin.

2. Respecto a la nueva Entidad local, la adjudicacin de los bienes que hayan de constituir su patrimonio se verificar conforme a lo establecido en la legislacin especial de colonizacin, destinndose a tal objeto las cantidades que debe percibir en concepto de indemnizacin por las expropiaciones la Corporacin local desaparecida como consecuencia de las obras determinantes del traslado de poblacin.

CAPTULO VI
De las expropiaciones por causa de colonizacin o de obras pblicas
Seccin 1. De las expropiaciones por causa de colonizacin
Artculo noventa y siete.

Las expropiaciones por causa de colonizacin y de fincas mejorables se regularn por su legislacin especial, incluso en lo relativo a los rganos, medios de valoracin y recursos. En lo no previsto en dicha legislacin especial regir como supletoria la presente ley.

Seccin 2. De las expropiaciones por causa de obras pblicas
Artculo noventa y ocho.

Las facultades de incoacin y tramitacin de expedientes relacionados con los servicios de Obras Pblicas correspondern a los Ingenieros Jefes de los Servicios respectivos, asumiendo stos en esa materia las facultades que en esta ley se atribuyen con carcter general a los Gobernadores civiles.

CAPTULO VII
De la expropiacin en materia de propiedad industrial
Artculo noventa y nueve.

Siempre que el inters general aconseje la difusin de un invento o su uso exclusivo por parte del Estado, podr acordarse la expropiacin de la patente o, en su caso, del modelo de utilidad, mediante una ley que declare la utilidad pblica, en la que se determinar la indemnizacin que ha de percibir, el concesionario de una u otro y a quin deber abonarse.

Las restantes modalidades de la propiedad industrial sern expropiables cuando concurran los requisitos que en esta ley se establecen y en la forma que en la misma se previenen.

CAPTULO VIII
De la expropiacin por razones de defensa nacional y seguridad del Estado
Seccin 1. De las expropiaciones por necesidades militares
Artculo ciento.

Cuando el Gobierno acuerde la adquisicin de inmuebles situados en la zona militar de costas y fronteras, o por otras necesidades urgentes de la defensa y seguridad nacional, las expropiaciones que a tales fines fuere preciso realizar se ajustarn a lo dispuesto en los artculos cincuenta y dos y cincuenta y tres de esta Ley, y el expediente respectivo ser tramitado por la Administracin militar que corresponda en razn al ejrcito a cuyos servicios queden afectos los bienes ocupados y con sujecin al reglamento que se dicte en aplicacin de esta Ley.

En estas expropiaciones, el funcionario tcnico comprendido en el apartado b) del artculo treinta y dos ser sustituido en el Jurado Provincial de Expropiacin por un tcnico militar del Departamento respectivo, que formar parte de aqul como Vocal siempre que al ser remitido el expediente, en cumplimiento del artculo treinta y uno, se comunique al mismo tiempo por el Gobierno Militar de la provincia el nombramiento correspondiente.

Seccin 2. De las requisas militares
Artculo ciento uno.

En tiempo de guerra y en caso de movilizacin total o parcial que no sea para maniobras, las autoridades militares podrn utilizar, previa requisa, toda clase de bienes muebles, inmuebles, derechos, empresas, industrias, alojamientos, prestaciones personales y, en general, todo cuanto sirva directa o indirectamente a los fines militares.

Artculo ciento dos.

1. Fuera de los casos previstos en el artculo anterior, nicamente podrn ser objeto de requisa: los alojamientos para personal, ganado y material; las raciones de pan, y pienso, as como el combustible y el alumbrado, el alojamiento y cuanto sea necesario para la asistencia a enfermos o heridos; los medios terrestres, martimos o areos para locomocin o transporte de personal, ganado o material de los ejrcitos o sus servicios. La duracin mxima de estas dos ltimas prestaciones no exceder de veinticuatro horas cada vez.

2. En perodos de grandes maniobras de concentracin de fuerzas se podrn tambin requisar por la autoridad militar correspondiente propiedades rsticas y urbanas como medios auxiliares para las maniobras, con las limitaciones y formas sealadas en los reglamentos especiales. Las requisas a que se refiere este prrafo slo se podrn exigir en el territorio y en el perodo de tiempo que previamente se seale.

3. Tambin se podr acordar por Decreto la requisa, en va de ensayo, de todos los medios tiles de locomocin y transporte, tanto de ndole animal como mecnica.

Artculo ciento tres.

En ningn caso se podr exigir la requisa de recursos superiores a los que posean los Municipios, debindoseles respetar siempre los vveres necesarios para alimentacin civil durante un tiempo prudencial.

Artculo ciento cuatro.

El derecho de requisa corresponde a la autoridad militar reglamentariamente determinada, la cual podr delegar su ejercicio dentro de los lmites autorizados.

Artculo ciento cinco.

1. Toda prestacin por requisa da derecho a una indemnizacin por el importe del servicio prestado, del valor objetivo de lo requisado, o de los daos y desperfectos que por su causa se produzcan.

2. Las cantidades que hayan de abonarse por este concepto y cuyo pago no se haya verificado en un plazo de tres meses, a partir de la fecha en que se efectu la requisa, devengarn el inters legal.

3. No ser indemnizable la prestacin de alojamiento, tanto en casas particulares como en edificios pblicos, de las fuerzas de los Ejrcitos de Tierra, Mar y Aire y dems personas afectas a los mismos.

Artculo ciento seis.

1. El importe de las indemnizaciones se fijar por la Comisin Central de Valoraciones de requisas y por las provinciales.

2. La Comisin Central de Valoraciones de requisas militares, que se nombrar por Decreto, estar compuesta por representantes de los Ministerios militares y de los civiles y dems organismos ms directamente relacionados con las requisas, formando parte de ella un General y un Jefe de los Cuerpos de Intendencia e Intervencin y un Auditor. Ser misin de esta Comisin el establecer tarifas uniformes para las prestaciones que lo requieran, redactar las bases de valoracin para que sirvan de norma a las Comisiones provinciales, examinar y aprovechar sic las tarifas que stas les sealen, as como fijar a las mismas los precios que son objeto de consultas.

3. Las Comisiones provinciales estarn compuestas por cinco diputados provinciales designados por el Presidente de la respectiva Diputacin Provincial, y un Jefe de Intendencia y otro de Intervencin de cualquiera de los Ejrcitos, y ser presidida por quien designe la autoridad militar. Estas Comisiones sealarn los precios a las prestaciones para las que no exista tarifa general, elevndolas a la aprobacin de la Central, sealando tambin con posterioridad las indemnizaciones de requisas que no figuren en tarifa alguna.

4. Podrn constituirse, en su caso, en territorios ocupados, Comisiones especiales de valoracin, limitando su actuacin en las reclamaciones que se hayan presentado, a hacer las valoraciones con las comprobaciones pertinentes, a los fines de que, terminado el perodo de guerra, se resuelva sobre el derecho a percibo de indemnizacin.

Artculo ciento siete.

Un Reglamento especial dictado por la Presidencia del Gobierno, previo informe del Consejo de Estado, desarrollar para su aplicacin las normas contenidas en este captulo.

TTULO CUARTO
Indemnizaciones por ocupacion temporal y otros daos
CAPTULO I
Ocupaciones temporales
Artculo ciento ocho.

La Administracin, as como las personas o entidades que se hubieran subrogado en su derechos, podrn ocupar temporalmente los terrenos propiedad del particular, en los casos siguientes:

1. Con objeto de llevar a cabo estudios o practicar operaciones facultativas de corta duracin, para recoger datos para la formacin del proyecto o para el replanteo de una obra.

2. Para establecer estaciones y caminos provisionales, talleres, almacenes, depsitos de materiales y cualesquiera otros ms que requieran las obras previamente declaradas de utilidad pblica, as por lo que se refiere a su construccin como a su reparacin o conservacin ordinarias.

3. Para la extraccin de materiales de toda clase necesarios para la ejecucin de dichas obras, que se hallen diseminados por la propiedad, o hayan de ser objeto de una explotacin formalmente organizada.

4. Cuando por causa de inters social, y dndose los requisitos sealados en el artculo setenta y dos, la Administracin estime conveniente, no hacindolo por s el propietario, la realizacin por su cuenta de los trabajos necesarios para que la propiedad cumpla con las exigencias sociales de que se trate.

Artculo ciento nueve.

Las viviendas quedan exceptuadas de la ocupacin temporal e imposicin de servidumbres. En los casos en que su franqueamiento pueda ser de necesidad para los fines aludidos en el artculo anterior, deber obtenerse el permiso expreso de su morador.

Artculo ciento diez.

1. En el caso primero del artculo ciento ocho, el funcionario pblico encargado de llevar a cabo los estudios, o el particular debidamente autorizado al efecto, debern ir provistos de los documentos que acrediten la misin confiada, expedidos por la autoridad delegada del Gobierno en el lugar, a fin de que se les preste toda clase de auxilio, y muy especialmente el de procurar el permiso de los respectivos propietarios para que la Comisin de estudios pase por sus fincas. Los perjuicios que con las operaciones pudieran causarse en ellas sern abonados en el acto, previa tasacin por peritos designados por el propietario y el facultativo encargado de las operaciones, y, caso de no llegar a un avenencia, por el Alcalde o persona en quien ste hubiera delegado sus facultades.

2. Si el propietario opusiese resistencia a conceder el permiso, o si despus de tasados los perjuicios en la forma prevista en el prrafo anterior, insistiese en su negativa, se dar cuenta al Gobernador civil de la provincia o a la autoridad competente por razn del caso, para que adopte las medidas pertinentes. Sin embargo, el mismo Gobernador podr retirar, a instancia de parte, la autorizacin otorgada, exigiendo la responsabilidad que procediese por cualquier abuso cometido.

Artculo ciento once.

1. A los efectos del nmero segundo del artculo ciento ocho, la declaracin de utilidad pblica o de inters social lleva consigo el derecho a las ocupaciones temporales que el fin concreto de la expropiacin exija.

2. La necesidad de tales ocupaciones ser objeto de un procedimiento ajustado a lo previsto en el captulo II del ttulo II, pero la resolucin de la Administracin, a que se alude en el artculo veintiuno, ser ejecutiva, sin perjuicio de los procedimientos ulteriores para determinar el justo precio. Cuando se trate de una finca con cuyo dueo se hayan practicado anteriores diligencias, se suprimir la publicidad de las notificaciones, que sern personales, o, en su caso, por medio del Alcalde.

Artculo ciento doce.

1. Para las ocupaciones a que se refiere el artculo anterior, y siempre que fuere posible evaluar de antemano la indemnizacin, se intentar por la Administracin, antes de la ocupacin, un convenio con el propietario acerca del importe de la misma. A tales efectos, se har por el representante de la Administracin, o por el autorizado para la ocupacin, la oferta de la cantidad que se considere ajustada al caso concedindose al interesado el plazo de diez das para que conteste lisa y llanamente si acepta o rehusa la expresada oferta.

2. De aceptarse la oferta expresamente, o de no contestar en dicho plazo, se har el pago o consignacin de la cantidad ofrecida y la finca podr ser ocupada, desde luego, sin que pueda haber lugar a reclamacin de ndole alguna.

Artculo ciento trece.

Siempre que se rechace expresamente la oferta a que se alude en el artculo anterior, las partes elevarn al Jurado Provincial de Expropiacin sus tasaciones, fundadas, el cual resolver con carcter ejecutorio en el plazo de diez das, siguindose los trmites establecidos en los artculos treinta y cuatro y siguientes de esta Ley.

Artculo ciento catorce.

En los casos en que no fuere posible sealar de antemano la importancia y duracin de la ocupacin, se intentar un convenio con el propietario para fijar una cantidad alzada suficiente para responder del importe de aqulla. En caso de desacuerdo, as como para determinar en su da el importe definitivo, se proceder en la forma indicada en el artculo anterior. Antes de que se proceda a la ocupacin, sin haberse pagado el importe definitivo de la indemnizacin, se har constar el estado de la finca, con relacin a cualquier circunstancia que pudiera ofrecer dudas para la valoracin definitiva de los daos causados.

Artculo ciento quince.

Las tasaciones, en los casos de ocupacin temporal, se referirn siempre a la apreciacin de los rendimientos que el propietario hubiere dejado de percibir por las rentas vencidas durante la ocupacin, agregando, adems, los perjuicios causados en la finca, o los gastos que suponga restituirla a su primitivo estado. Nunca deber alcanzar la tasacin de una ocupacin el valor de la finca, y la Administracin, en los casos en que le parezca excesiva, podr pedir la valoracin de la expropiacin pura y simple por los procedimientos que esta Ley determina, y optar por ella siempre que su importe no exceda de una mitad de la de los daos y perjuicios causados.

Artculo ciento diecisis.

1. En los casos comprendidos en el nmero tercero del artculo ciento ocho, el valor de los materiales recogidos en una finca o arrancados de canteras existentes en la misma, slo se abonar cuando aqullos estuvieren recogidos y apilados por el propietario, antes de la notificacin de su necesidad para la Administracin, o cuando las canteras se encontrasen abiertas y en explotacin con anterioridad a la misma fecha, acreditndose en uno y otro caso la necesidad de los materiales y los productos para su uso.

Fuera de este supuesto, para que proceda el abono del valor de los materiales que se extraigan de una finca deber acreditar el propietario :

Primero. Que dichos materiales tienen un valor conocido en el mercado.

Segundo. Que ha satisfecho la contribucin correspondiente a la industria que por razn de dicha explotacin ejerza en el trimestre anterior a aquel en que fue declarada la necesidad de la ocupacin.

2. No bastar, por tanto, para declarar procedente el abono de los materiales el que en algn tiempo se haya podido utilizar alguno con permiso del propietario o mediante una retribucin cualquiera.

3. Tampoco se tendrn en cuenta las reclamaciones por indemnizacin de beneficios que se presuman como efecto de arriendos para establecer determinadas industrias, si no estuvieran establecidos en las condiciones expresadas.

Artculo ciento diecisiete.

Cuando la conservacin o reparacin de una obra de utilidad pblica exijan, en todo o en parte, la explotacin permanente de una cantera, proceder la expropiacin por los trmites de la presente Ley.

Artculo ciento dieciocho.

1. Si la ocupacin a que se refiere el caso cuarto del artculo ciento ocho implicase para el propietario la prdida temporal de los beneficios que la propiedad ocupada sea susceptible de producir, la Administracin deber abonarle una renta que se determinar automticamente en el valor del lquido imponible registrado.

2. Si las obras realizadas por la Administracin determinasen en el futuro un aumento de los rendimientos econmicos de la propiedad ocupada, la Administracin ocupante tendr derecho al reembolso de la capitalizacin de dicho aumento, que estar garantizado mediante una hipoteca legal sobre la finca.

Este gravamen ser redimible en cualquier momento por el propietario.

Artculo ciento diecinueve.

1. Cuando, de acuerdo con la legislacin vigente, el Estado decidiese, por razones de inters pblico, la intervencin de una empresa mercantil que por cualquier causa hubiese cesado en el trabajo o que por sancin gubernativa hubiese sido temporalmente clausurada, deber indemnizarse a sus titulares el valor efectivo de los daos y deterioros extraordinarios sufridos por la maquinaria e instalaciones, siempre que tales daos se produzcan precisamente a causa de la intervencin.

2. Desaparecida la causa de la intervencin, los titulares de la Empresa podrn solicitar que cese la ocupacin de la misma, pero si no encontrasen conveniente la continuacin del negocio, lo manifestarn as a la Administracin, que podr decretar, si ello fuese oportuno, su expropiacin, de acuerdo con los preceptos de esta Ley.

CAPTULO II
De la indemnizacin por otros daos
Artculo ciento veinte.

Cuando por consecuencias de graves razones de orden o seguridad pblicos, epidemias, inundaciones u otras calamidades, hubiesen de adoptarse por las Autoridades civiles medidas que implicasen destruccin, detrimento efectivo o requisas de bienes o derechos de particulares sin las formalidades que para los diversos tipos de expropiacin exige esta Ley, el particular daado tendr derecho a indemnizacin de acuerdo con las normas que se sealan en los preceptos relativos a los daos de la ocupacin temporal de inmuebles y al justiprecio de los muebles, debiendo iniciarse el expediente a instancia del perjudicado y de acuerdo con tales normas.

Artculo ciento veintiuno.

1. Dar tambin lugar a indemnizacin con arreglo al mismo procedimiento toda lesin que los particulares sufran en los bienes y derechos a que esta Ley se refiere, siempre que aqulla sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios pblicos, o la adopcin de medidas de carcter discrecional no fiscalizables en va contenciosa, sin perjuicio de las responsabilidades que la Administracin pueda exigir de sus funcionarios con tal motivo.

2. En los servicios pblicos concedidos correr la indemnizacin a cargo del concesionario, salvo en el caso en que el dao tenga su origen en alguna clusula impuesta por la Administracin al concesionario y que sea de ineludible cumplimiento para ste.

Artculo ciento veintids.

1. En todo caso, el dao habr de ser efectivo, evaluado econmicamente e individualizado con relacin a una persona o grupo de personas.

2. El derecho de reclamar prescribe al ao del hecho que lo motiv. Presentada reclamacin, se entender desestimada por el transcurso de cuatro meses sin que la Administracin resuelva. A partir de este momento, o de la notificacin de la resolucin expresa, en su caso, empezar a correr el plazo para el procedente recurso contencioso-administrativo.

Artculo ciento veintitrs.

Cuando se trate de servicios concedidos, la reclamacin se dirigir a la Administracin que otorg la concesin, en la forma prevista en el prrafo segundo del artculo ciento veintids, la cual resolver tanto sobre la procedencia de la indemnizacin como sobre quin debe pagarla, de acuerdo con el prrafo segundo del artculo ciento veintiuno. Esta resolucin dejar abierta la va contencioso-administrativa, que podr utilizar el particular o el concesionario, en su caso.

TTULO QUINTO
Garantas jurisdiccionales
Artculo ciento veinticuatro.

Con arreglo a lo previsto en el artculo treinta y dos, prrafo segundo, del Fuero de los Espaoles, nadie podr ser expropiado, sino por causas de utilidad pblica o inters social, previa la correspondiente indemnizacin y de conformidad con lo dispuesto en las Leyes.

Artculo ciento veinticinco.

Siempre que sin haberse cumplido los requisitos sustanciales de declaracin de utilidad pblica o inters social, necesidad de ocupacin y previo pago o depsito, segn proceda, en los trminos establecidos en esta Ley, la Administracin ocupare o intentase ocupar la cosa objeto de la expropiacin, el interesado podr utilizar, aparte de los dems medios legales procedentes, los interdictos de retener y recobrar, para que los Jueces le amparen y, en su caso, le reintegren en su posesin amenazada o perdida.

Artculo ciento veintisis.

1. Contra la resolucin administrativa que ponga fin al expediente de expropiacin o a cualquiera de las piezas separadas, se podr interponer recurso contencioso-administrativo, con excepcin del caso previsto en el nmero tercero del artculo veintids.

2. Asimismo ambas partes podrn interponer recurso contencioso-administrativo contra los acuerdos que sobre el justo precio se adopten. En este caso el recurso deber fundarse en lesin cuando la cantidad fijada como justo precio sea inferior o superior en ms de una sexta parte al que en tal concepto se haya alegado por el recurrente o en trmite oportuno.

3. En todo caso, el recurso podr fundarse en vicio sustancial de forma o en la violacin u omisin de los preceptos establecidos en la presente Ley.

4. Se considerarn de turno preferente los recursos comprendidos en este artculo.

Artculo ciento veintisiete.

Firme la sentencia dictada en va contencioso-administrativa, se remitirn copias de la misma al Ministerio interesado, a la Presidencia del Gobierno y al de Hacienda, a los efectos oportunos.

Si la sentencia se refiere a Entidades locales, se ejecutar con arreglo a su legislacin especial.

Artculo ciento veintiocho.

En todos aquellos casos en que, con arreglo a esta Ley, la Administracin est obligada a indemnizar daos y perjuicios, la jurisdiccin competente ser la contencioso-administrativa.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.

La presente Ley entrar en vigor a los cuatro meses de su promulgacin.

Segunda.

Dentro de los seis meses de la entrada en vigor se dictar el Reglamento general para la aplicacin de la Ley.

Tercera.

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo dispuesto en la misma, y autorizado el Gobierno para que, a propuesta de una Comisin designada por el Ministro de Justicia, determine mediante Decreto cules de las disposiciones vigentes sobre expropiacin forzosa habrn de continuar en vigor.

DISPOSICIN TRANSITORIA

Los expedientes de expropiacin iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ley se regirn por la legislacin anterior. No obstante, si el particular y la Entidad afectados por la expropiacin lo solicitaren durante la tramitacin del expediente, y una vez en vigor esta Ley, ser aplicable la nueva legislacin, siguindose en ese supuesto los trmites y normas que en la misma se establecen.

Dada en el Palacio de El Pardo a diecisis de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

Análisis

  • Rango: Ley
  • Fecha de disposición: 16/12/1954
  • Fecha de publicación: 17/12/1954
  • Entrada en vigor: 17 de abril de 1955.
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • SE MODIFICA:
    • el art. 43.2, por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre (Ref. BOE-A-2015-11723).
    • los arts. 32.1, 58 y SE AADE una disposicin adicional, por Ley 17/2012, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2012-15651).
    • el art. 43.2, por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio (Ref. BOE-A-2008-10792).
  • SE DEROGA los arts. 38 y 39 y SE MODIFICA el 43.2, por Ley 8/2007, de 28 de mayo (Ref. BOE-A-2007-10701).
  • SE MODIFICA:
  • SE DEROGA el art. 99, por Ley 11/1986, de 20 de marzo (Ref. BOE-A-1986-7900).
  • SE MODIFICA el art. 32.1.C, por Real Decreto 3112/1978, de 7 de diciembre (Ref. BOE-A-1979-476).
  • SE DICTA EN RELACION:
    • sobre expropiacin y sanciones en materia de instalaciones elctricas.: Ley 10/1966, de 18 de marzo (Ref. BOE-A-1966-3497).
    • con el art. 86 sobre ncleos de poblacin que no sean entidades locales menores: Decreto 61/1960, de 14 de enero (Ref. BOE-A-1960-1170).
Materias
  • Arrendamientos
  • Bienes inmuebles
  • Bienes muebles
  • Caja General de Depsitos
  • Concesiones administrativas
  • Daos y perjuicios
  • Expropiacin forzosa
  • Indemnizaciones
  • Jurisdiccin Contencioso-Administrativa
  • Obras
  • Obras y objetos de arte
  • Obras y Servicios de las Corporaciones Locales
  • Ocupacin
  • Propiedad
  • Tanteo

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid