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Documento BOE-A-1979-23709

Ley Orgnica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

TEXTO

DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAA,

A todos los que la presente vieren y entendieren,

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado con el carcter de Orgnica y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley:

TTULO PRIMERO
Del Tribunal Constitucional
CAPTULO PRIMERO
Del Tribunal Constitucional, su organizacin y atribuciones
Artculo primero

Uno. El Tribunal Constitucional, como intrprete supremo de la Constitucin, es independiente de los dems rganos constitucionales y est sometido slo a la Constitucin y a la presente Ley Orgnica.

Dos. Es nico en su orden y extiende su jurisdiccin a todo el territorio nacional.

Artculo segundo

Uno. El Tribunal Constitucional conocer en los casos y en la forma que esta Ley determina:

a) Del recurso y de la cuestin de inconstitucionalidad contra Leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley.

b) Del recurso de amparo por violacin de los derechos y libertades pblicos relacionados en el artculo cincuenta y tres, dos, de la Constitucin.

c) De los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las Comunidades Autnomas o de los de stas entre s.

d) De los conflictos entre los rganos constitucionales del Estado.

e) Del control previo de constitucionalidad en los casos previstos en la Constitucin y en la presente Ley.

f) De las impugnaciones previstas en el nmero dos del artculo ciento sesenta y uno de la Constitucin.

g) De la verificacin de los nombramientos de los Magistrados del Tribunal Constitucional, para juzgar si los mismos renen los requisitos requeridos por la Constitucin y la presente Ley.

h) De las dems materias que le atribuyen la Constitucin y las Leyes orgnicas.

Dos. El Tribunal Constitucional podr dictar reglamentos sobre su propio funcionamiento y organizacin, as como sobre el rgimen de su personal y servicios, dentro del mbito de la presente Ley. Estos reglamentos, que debern ser aprobados por el Tribunal en Pleno, se publicarn en el Boletn Oficial del Estado, autorizados por su Presidente.

Artculo tercero

La competencia del Tribunal Constitucional se extiende al conocimiento y decisin de las cuestiones perjudiciales e incidentales no pertenecientes al orden constitucional, directamente relacionadas con la materia de que conoce, a los solos efectos del enjuiciamiento constitucional de sta.

Artculo cuarto

Uno. En ningn caso se podr promover cuestin de jurisdiccin o competencia al Tribunal Constitucional.

Dos. El Tribunal Constitucional apreciar, de oficio o a instancia de parte, su falta de jurisdiccin o de competencia.

Artculo quinto

El Tribunal Constitucional est integrado por doce miembros, con el ttulo de Magistrados del Tribunal Constitucional.

Artculo sexto

Uno. El Tribunal Constitucional acta en Pleno o en Sala.

Dos. El Pleno est integrado por todos los Magistrados del Tribunal. Lo preside el Presidente del Tribunal y, en su defecto, el Vicepresidente y, a falta de ambos, el Magistrado ms antiguo en el cargo y, en caso de igual antigedad, el de mayor edad.

Artculo sptimo

Uno. El Tribunal Constitucional consta de dos Salas. Cada Sala est compuesta por seis Magistrados nombrados por el Tribunal en Pleno.

Dos. El Presidente del Tribunal lo es tambin de la Sala Primera, que presidir en su defecto, el Magistrado ms antiguo y, en caso de igual antigedad, el de mayor edad.

Tres. El Vicepresidente del Tribunal presidir en la Sala Segunda y, en su defecto, el Magistrado ms antiguo y, en caso de igual antigedad, el de mayor edad.

Artculo octavo

Para el despacho ordinario y la decisin sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de los recursos, el Pleno y las Salas constituirn Secciones, compuestas por el respectivo Presidente o quien le sustituya y dos Magistrados.

Artculo noveno

Uno. El Tribunal en Pleno elige de entre sus miembros por votacin secreta a su Presidente y propone al Rey su nombramiento.

Dos. En primera votacin se requerir la mayora absoluta. Si sta no se alcanzase se proceder a una segunda votacin, en la que resultar elegido quien obtuviese mayor nmero de votos. En caso de empate se efectuar una ltima votacin y si ste se repitiese, ser propuesto el de mayor antigedad en el cargo y en caso de igualdad el de mayor edad.

Tres. El nombre del elegido se elevar al Rey para su nombramiento por un perodo de tres aos, expirado el cual podr ser reelegido por una sola vez.

Cuatro. El Tribunal en Pleno elegir entre sus miembros, por el procedimiento sealado en el apartado 2 de este artculo y por el mismo perodo de tres aos, un Vicepresidente, al que incumbe sustituir al Presidente en caso de vacante, ausencia u otro motivo legal y presidir la Sala Segunda.

Artculo diez

El Tribunal en Pleno conoce de los siguientes asuntos:

a) De los recursos y de las cuestiones de inconstitucionalidad.

b) De los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las Comunidades Autnomas o de los de stas entre s.

c) De los conflictos entre los rganos constitucionales del Estado .

d) Del control previo de constitucionalidad.

e) De las impugnaciones previstas en el nmero dos del artculo ciento sesenta y uno de la Constitucin.

f) De la verificacin del cumplimiento de los requisitos exigidos para el nombramiento de Magistrado del Tribunal Constitucional.

g) Del nombramiento de los Magistrados que han de integrar cada una de las Salas.

h) De la recusacin de los Magistrados del Tribunal Constitucional.

i) Del cese de los Magistrados del Tribunal Constitucional en los casos previstos en el artculo veintitrs de la presente Ley.

j) De la aprobacin y modificacin de los reglamentos del Tribunal.

k) De cualquier otro asunto que, siendo competencia del Tribunal, recabe para s el Pleno, a propuesta del Presidente o de tres Magistrados, as como de los dems asuntos que le puedan ser atribuidos expresamente por una Ley Orgnica.

Artculo once

Uno. Las Salas del Tribunal Constitucional conocern de los asuntos que, atribuidos a la justicia constitucional, no sean de la competencia del Pleno.

Dos. Tambin conocern las Salas de aquellas cuestiones que, habiendo sido atribuidas al conocimiento de las Secciones, entiendan que por su importancia deba resolver la propia Sala.

Artculo doce

La distribucin de asuntos entre las Salas del Tribunal se efectuar segn un turno establecido por el Pleno a propuesta de su Presidente.

Artculo trece

Cuando una Sala considere necesario apartarse en cualquier punto de la doctrina constitucional precedente sentada por el Tribunal, la cuestin se someter a la decisin del Pleno.

Artculo catorce

El Tribunal en Pleno puede adoptar acuerdos cuando estn presentes, al menos, dos tercios de los miembros que en cada momento lo compongan. Los acuerdos de las Salas requerirn asimismo la presencia de dos tercios de los miembros que en cada momento las compongan. En las Secciones se requerir la presencia de dos miembros, salvo que haya discrepancia, requirindose entonces la de sus tres miembros.

Artculo quince

El Presidente del Tribunal Constitucional ostenta la representacin del mismo, convoca y preside el Tribunal en Pleno y convoca las Salas; adopta las medidas precisas para el funcionamiento del Tribunal, de las Salas y de las Secciones; comunica a las Cmaras, al Gobierno o al Consejo General del Poder Judicial, en cada caso, las vacantes; ejerce las potestades administrativas sobre el personal del Tribunal, e insta del Ministerio de Justicia la convocatoria para cubrir las plazas de Secretarios, Oficiales, Auxiliares y Subalternos.

CAPTULO II
De los Magistrados del Tribunal Constitucional
Artculo diecisis

Uno. Los Magistrados del Tribunal Constitucional sern nombrados por el Rey, a propuesta de las Cmaras, del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial, en las condiciones que establece el artculo ciento cincuenta y nueve, uno, de la Constitucin.

Dos. La designacin para el cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional se har por nueve aos, renovndose el Tribunal por terceras partes cada tres. Ningn Magistrado podr ser propuesto al Rey para otro perodo inmediato salvo que hubiera ocupado el cargo por un plazo no superior a tres aos.

Artculo diecisiete

Uno. Antes de los cuatro meses previos a la fecha de expiracin de los nombramientos, el Presidente del Tribunal solicitar de los Presidentes de los rganos que han de hacer las propuestas para la designacin de los nuevos Magistrados, que inicien el procedimiento para ello.

Dos. Los Magistrados del Tribunal Constitucional continuarn en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado posesin quienes hubieren de sucederles.

Artculo dieciocho

Los miembros del Tribunal Constitucional debern ser nombrados entre ciudadanos espaoles que sean Magistrados, Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios pblicos o Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con ms de quince aos de ejercicio profesional o en activo en la respectiva funcin.

Artculo diecinueve

Uno. El cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional es incompatible: Primero, con el de Defensor del Pueblo; segundo, con el de Diputado y Senador; tercero, con cualquier cargo poltico o administrativo del Estado, las Comunidades Autnomas, las provincias u otras Entidades locales; cuarto, con el ejercicio de cualquier jurisdiccin o actividad propia de la carrera judicial o fiscal; quinto, con empleos de todas clases en los Tribunales y Juzgados de cualquier orden jurisdiccional; sexto, con el desempeo de funciones directivas en los partidos polticos, sindicatos, asociaciones, fundaciones y colegios profesionales y con toda clase de empleo al servicio de los mismos; sptimo, con el desempeo de actividades profesionales o mercantiles. En lo dems, los miembros del Tribunal Constitucional tendrn las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial.

Dos. Cuando concurriere causa de incompatibilidad en quien fuere propuesto como Magistrado del Tribunal, deber, antes de tomar posesin, cesar en el cargo o en la actividad incompatible. Si no lo hiciere en el plazo de diez das siguientes a la propuesta, se entender que no acepta el cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional. La misma regla se aplicar en el caso de incompatibilidad sobrevenida.

Artculo veinte

Los miembros de la Carrera Judicial y Fiscal y, en general, los funcionarios pblicos nombrados Magistrados del Tribunal, pasarn a la situacin de excedencia especial en su carrera de origen.

Artculo veintiuno

El Presidente y los dems Magistrados del Tribunal Constitucional prestarn, al asumir su cargo ante el Rey, el siguiente juramento o promesa:

Juro (o prometo) guardar y hacer guardar fielmente y en todo tiempo la Constitucin espaola, lealtad a la Corona y cumplir mis deberes como Magistrado Constitucional.

Artculo veintids

Los Magistrados del Tribunal Constitucional ejercern su funcin de acuerdo con los principios de imparcialidad y dignidad inherentes a la misma; no podrn ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones; sern inamovibles y no podrn ser destituidos ni suspendidos sino por alguna de las causas que esta Ley establece.

Artculo veintitrs

Uno. Los Magistrados del Tribunal Constitucional cesan por alguna de las causas siguientes: Primero, por renuncia aceptada por el Presidente del Tribunal; segundo, por expiracin del plazo de su nombramiento; tercero, por incurrir en alguna causa de incapacidad de las previstas para los miembros del Poder Judicial; cuarto, por incompatibilidad sobrevenida; quinto, por dejar de atender con diligencia los deberes de su cargo; sexto, por violar la reserva propia de su funcin; sptimo, por haber sido declarado responsable civilmente por dolo o condenado por delito doloso o por culpa grave.

Dos. El cese o la vacante en el cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional, en los casos primero y segundo, as como en el de fallecimiento, se decretar por el Presidente. En los restantes supuestos decidir el Tribunal en Pleno, por mayora simple en los casos tercero y cuarto y por mayora de las tres cuartas partes de sus miembros en los dems casos.

Artculo veinticuatro

Los Magistrados del Tribunal Constitucional podrn ser suspendidos por el Tribunal, como medida previa, en caso de procesamiento o por el tiempo indispensable para resolver sobre la concurrencia de alguna de las causas de cese establecidas en el artculo anterior. La suspensin requiere el voto favorable de las tres cuartas partes de los miembros del Tribunal reunido en Pleno.

Artculo veinticinco

Uno. Los Magistrados del Tribunal que hubieran desempeado el cargo durante un mnimo de tres aos tendrn derecho a una remuneracin de transicin por un ao, equivalente a la que percibieran en el momento del cese.

Dos. Cuando el Magistrado del Tribunal proceda de cualquier Cuerpo de funcionarios con derecho a jubilacin, se le computar, a los efectos de determinacin del haber pasivo, el tiempo de desempeo de las funciones constitucionales y se calcular aqul sobre el total de las remuneraciones que hayan correspondido al Magistrado del Tribunal Constitucional durante el ltimo ao.

Artculo veintisis

La responsabilidad criminal de los Magistrados del Tribunal Constitucional slo ser exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

TTULO II
De los procedimientos de declaracin de inconstitucionalidad
CAPTULO PRIMERO
Disposiciones generales
Artculo veintisiete

Uno. Mediante los procedimientos de declaracin de inconstitucionalidad regulados en este ttulo, el Tribunal Constitucional garantiza la primaca de la Constitucin y enjuicia la conformidad o disconformidad con ella de las Leyes, disposiciones o actos impugnados.

Dos. Son susceptibles de declaracin de inconstitucionalidad:

a) Los Estatutos de Autonoma y las dems Leyes orgnicas.

b) Las dems Leyes, disposiciones normativas y actos del Estado con fuerza de Ley. En el caso de los Decretos legislativos, la competencia del Tribunal se entiende sin perjuicio de lo previsto en el nmero seis del artculo ochenta y dos de la Constitucin.

c) Los Tratados Internacionales.

d) Los Reglamentos de las Cmaras y de las Cortes Generales.

e) Las Leyes, actos y disposiciones normativas con fuerza de Ley de las Comunidades Autnomas, con la misma salvedad formula en el apartado b) respecto a los casos de delegacin legislativa.

f) Los Reglamentos de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autnomas.

Artculo veintiocho

Uno. Para apreciar la conformidad o disconformidad con la Constitucin de una Ley, disposicin o acto con fuerza de Ley del Estado o de las Comunidades Autnomas, el Tribunal considerar, adems de los preceptos constitucionales, las Leyes que, dentro del marco constitucional, se hubieran dictado para delimitar las competencias del Estado y las diferentes Comunidades Autnomas o para regular o armonizar el ejercicio de las competencias de stas.

Dos. Asimismo el Tribunal podr declarar inconstitucionales por infraccin del artculo ochenta y uno de la Constitucin los preceptos de un Decreto-ley, Decreto legislativo, Ley que no haya sido aprobada con el carcter de orgnica o norma legislativa de una Comunidad Autnoma en el caso de que dichas disposiciones hubieran regulado materias reservadas a Ley Orgnica o impliquen modificacin o derogacin de una Ley aprobada con tal carcter, cualquiera que sea su contenido.

Artculo veintinueve

Uno. La declaracin de inconstitucionalidad podr promoverse mediante:

a) El recurso de inconstitucionalidad.

b) La cuestin de inconstitucionalidad promovida por Jueces o Tribunales.

Dos. La desestimacin, por razones de forma, de un recurso de inconstitucionalidad contra una Ley, disposicin o acto con fuerza de Ley no ser obstculo para que la misma Ley, disposicin o acto puedan ser objeto de una cuestin de inconstitucionalidad con ocasin de su aplicacin en otro proceso.

Artculo treinta

La admisin de un recurso o de una cuestin de inconstitucionalidad no suspender la vigencia ni la aplicacin de la Ley, de la disposicin normativa o del acto con fuerza de Ley, excepto en el caso en que el Gobierno se ampare en lo dispuesto por el artculo ciento sesenta y uno, dos, de la Constitucin para impugnar, por medio de su Presidente, Leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley de las Comunidades Autnomas.

CAPTULO II
Del recurso de inconstitucionalidad
Artculo treinta y uno

El recurso de inconstitucionalidad contra las Leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley podr promoverse a partir de su publicacin oficial.

Artculo treinta y dos

Uno. Estn legitimados para el ejercicio del recurso de inconstitucionalidad cuando se trate de Estatutos de Autonoma y dems Leyes del Estado, orgnicas o en cualesquiera de sus formas, y disposiciones normativas y actos del Estado o de las Comunidades Autnomas con fuerza de ley, Tratados Internacionales y Reglamentos de las Cmaras y de las Cortes Generales:

a) El Presidente del Gobierno.

b) El Defensor del Pueblo.

c) Cincuenta Diputados.

d) Cincuenta Senadores.

Dos. Para el ejercicio del recurso de inconstitucionalidad contra las Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley del Estado que puedan afectar a su propio mbito de autonoma, estn tambin legitimados los rganos colegiados ejecutivos y las Asambleas de las Comunidades Autnomas, previo acuerdo adoptado al efecto.

Artculo treinta y tres

El recurso de inconstitucionalidad se formular dentro del plazo de tres meses a partir de la publicacin de la Ley, disposicin o acto con fuerza de Ley impugnado mediante demanda presentada ante el Tribunal Constitucional, en la que debern expresarse las circunstancias de identidad de las personas u rganos que ejercitan la accin y, en su caso, de sus comisionados, concretar la Ley, disposicin o acto impugnado, en todo o en parte, y precisar el precepto constitucional que se entiende infringido.

Artculo treinta y cuatro

Uno. Admitida a trmite la demanda, el Tribunal Constitucional dar traslado de la misma al Congreso de los Diputados y al Senado por conducto de sus Presidentes, al Gobierno por conducto del Ministerio de Justicia y, en caso de que el objeto del recurso fuera una Ley o disposicin con fuerza de Ley dictada por una Comunidad Autnoma, a los rganos legislativo y ejecutivo de la misma a fin de que puedan personarse en el procedimiento y formular las alegaciones que estimaren oportunas.

Dos. La personacin y la formulacin de alegaciones debern hacerse en el plazo de quince das, transcurrido el cual el Tribunal dictar sentencia en el de diez, salvo que, mediante resolucin motivada, el propio Tribunal estime necesario un plazo ms amplio que, en ningn caso, podr exceder de treinta das.

CAPTULO III
De la cuestin de inconstitucionalidad promovida por Jueces o Tribunales
Artculo treinta y cinco

Uno. Cuando un Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte, considere que una norma con rango de Ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitucin, plantear la cuestin al Tribunal Constitucional con sujecin a lo dispuesto en esta Ley.

Dos. El rgano judicial slo podr plantear la cuestin una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia, debiendo concretar la Ley o norma con fuerza de Ley cuya constitucionalidad se cuestiona, el precepto constitucional que se supone infringido y especificar y justificar en qu medida la decisin del proceso depende de la validez de la norma en cuestin. Antes de adoptar mediante auto su decisin definitiva, el rgano judicial oir a las partes y al Ministerio Fiscal para que en el plazo comn e improrrogable de diez das puedan alegar lo que deseen sobre la pertinencia de plantear la cuestin de inconstitucionalidad, resolviendo el Juez seguidamente y sin ms trmite en el plazo de tres das. Dicho auto no ser susceptible de recurso de ninguna clase. No obstante, la cuestin de inconstitucionalidad podr ser intentada de nuevo en las sucesivas instancias o grados en tanto no se llegue a sentencia firme.

Artculo treinta y seis

El rgano judicial elevar al Tribunal Constitucional la cuestin de inconstitucionalidad junto con testimonio de los autos principales y de las alegaciones previstas en el artculo anterior, si las hubiere.

Artculo treinta y siete

Uno. Recibidas en el Tribunal Constitucional las actuaciones, el procedimiento se sustanciar por los trmites del apartado segundo de este artculo. No obstante, podr el Tribunal rechazar, en trmite de admisin, mediante auto y sin otra audiencia que la del Fiscal General del Estado, la cuestin de inconstitucionalidad cuando faltaren las condiciones procesales o fuere notoriamente infundada la cuestin suscitada. Esta decisin ser motivada.

Dos. El Tribunal Constitucional dar traslado de la cuestin al Congreso de los Diputados y al Senado por conducto de sus Presidentes, al Fiscal General del Estado, al Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia, y, en caso de afectar a una Ley o a otra disposicin normativa con fuerza de Ley dictadas por una Comunidad Autnoma, a los rganos legislativo y ejecutivo de la misma, todos los cuales podrn personarse y formular alegaciones sobre la cuestin planteada en el plazo comn improrrogable de quince das. Concluido ste, el Tribunal dictar sentencia en el plazo de quince das, salvo que estime necesario, mediante resolucin motivada, un plazo ms amplio, que no podr exceder de treinta das.

CAPTULO IV
De la sentencia en procedimientos de inconstitucionalidad y de sus efectos
Artculo treinta y ocho

Uno. Las sentencias recadas en procedimientos de inconstitucionalidad tendrn el valor de cosa juzgada, vincularn a todos los Poderes Pblicos y producirn efectos generales desde la fecha de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

Dos. Las sentencias desestimatorias dictadas en recursos de inconstitucionalidad impedirn cualquier planteamiento ulterior de la cuestin en la misma va, fundado en infraccin de idntico precepto constitucional.

Tres. Si se tratare de sentencias recadas en cuestiones de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional lo comunicar inmediatamente al rgano judicial competente para la decisin del proceso. Dicho rgano notificar la sentencia constitucional a las partes. El Juez o Tribunal quedar vinculado desde que tuviere conocimiento de la sentencia constitucional y las partes desde el momento en que sean notificadas.

Artculo treinta y nueve

Uno. Cuando la sentencia declare la inconstitucionalidad, declarar igualmente la nulidad de los preceptos impugnados, as como, en su caso, la de aquellos otros de la misma Ley, disposicin o acto con fuerza de Ley a los que deba extenderse por conexin o consecuencia.

Dos. El Tribunal Constitucional podr fundar la declaracin de inconstitucionalidad en la infraccin de cualquier precepto constitucional, haya o no sido invocado en el curso del proceso.

Artculo cuarenta

Uno. Las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no permitirn revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicacin de las Leyes, disposiciones o actos inconstitucionales, salvo en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reduccin de la pena o de la sancin o una exclusin, exencin o limitacin de la responsabilidad.

Dos. En todo caso, la jurisprudencia de los Tribunales de Justicia recada sobre Leyes, disposiciones o actos enjuiciados por el Tribunal Constitucional habr de entenderse corregida por la doctrina derivada de las sentencias y autos que resuelvan los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad.

TTULO III
Del recurso de amparo constitucional
CAPTULO PRIMERO
De la procedencia e interposicin del recurso de amparo constitucional
Artculo cuarenta y uno

Uno. Los derechos y libertades reconocidos en los artculos catorce a veintinueve de la Constitucin sern susceptibles de amparo constitucional, en los casos y formas que esta Ley establece, sin perjuicio de su tutela general encomendada a los Tribunales de Justicia. Igual proteccin ser aplicable a la objecin de conciencia reconocida en el artculo treinta de la Constitucin.

Dos. El recurso de amparo constitucional protege a todos los ciudadanos, en los trminos que la presente Ley establece, frente a las violaciones de los derechos y libertades a que se refiere el apartado anterior, originadas por disposiciones, actos jurdicos o simple va de hecho de los poderes pblicos del Estado, las Comunidades Autnomas y dems entes pblicos de carcter territorial, corporativo o institucional, as como de sus funcionarios o agentes.

Tres. En el amparo constitucional no pueden hacerse valer otras pretensiones que las dirigidas a restablecer o preservar los derechos o libertades por razn de los cuales se formul el recurso.

Artculo cuarenta y dos

Las decisiones o actos sin valor de Ley, emanados de las Cortes o de cualquiera de sus rganos, o de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autnomas, o de sus rganos, que violen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, podrn ser recurridos dentro del plazo de tres meses desde que, con arreglo a las normas internas de las Cmaras o Asambleas, sean firmes.

Artculo cuarenta y tres

Uno. Las violaciones de los derechos y libertades antes referidos originadas por disposiciones, actos jurdicos o simple va de hecho del Gobierno o de sus autoridades o funcionarios, o de los rganos ejecutivos colegiados de las Comunidades Autnomas o de sus autoridades o funcionarios o agentes, podrn dar lugar al recurso de amparo una vez que se haya agotado la va judicial procedente, de acuerdo con el artculo cincuenta y tres, dos, de la Constitucin.

Dos. El plazo para interponer el recurso de amparo constitucional ser el de los veinte das siguientes a la notificacin de la resolucin recada en el previo proceso judicial.

Tres. El recurso slo podr fundarse en la infraccin por una resolucin firme de los preceptos constitucionales que reconocen los derechos o libertades susceptibles de amparo.

Artculo cuarenta y cuatro

Uno. Las violaciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional que tuvieran su origen inmediato y directo en un acto u omisin de un rgano judicial podrn dar lugar a este recurso siempre que se cumplan los requisitos siguientes:

a) Que se hayan agotado todos los recursos utilizables dentro de la va judicial.

b) Que la violacin del derecho o libertad sea imputable de modo inmediato y directo a una accin u omisin del rgano judicial con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que aquellas se produjeron acerca de los que, en ningn caso, entrar a conocer el Tribunal Constitucional.

c) Que se haya invocado formalmente en el proceso el derecho constitucional vulnerado, tan pronto como, una vez conocida la violacin, hubiere lugar para ello.

Dos. El plazo para interponer el recurso de amparo ser de veinte das a partir de la notificacin de la resolucin recada en el proceso judicial.

Artculo cuarenta y cinco

Uno. El recurso de amparo constitucional contra las violaciones del derecho a la objecin de conciencia slo podr interponerse una vez que sea ejecutiva la resolucin que impone la obligacin de prestar el servicio militar.

Dos. El plazo para interponer el recurso de amparo ser de veinte das a partir de la notificacin de la resolucin recada.

Artculo cuarenta y seis

Uno. Estn legitimados para interponer el recurso de amparo constitucional:

a) En los casos de los artculos cuarenta y dos y cuarenta y cinco, la persona directamente afectada, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.

b) En los casos de los artculos cuarenta y tres y cuarenta y cuatro, quienes hayan sido parte en el proceso judicial correspondiente, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.

Dos. Si el recurso se promueve por el Defensor del Pueblo o el Ministerio Fiscal, la Sala competente para conocer del amparo constitucional lo comunicara a los posibles agraviados que fueran conocidos y ordenar anunciar la interposicin del recurso en el Boletn Oficial del Estado a efectos de comparecencia de otros posibles interesados. Dicha publicacin tendr carcter preferente.

Artculo cuarenta y siete

Uno. Podrn comparecer en el proceso de amparo constitucional, con el carcter de demandado o con el de coadyuvante, las personas favorecidas por la decisin, acto o hecho en razn del cual se formule el recurso que ostenten un inters legtimo en el mismo.

Dos. El Ministerio Fiscal intervendr en todos los procesos de amparo, en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del inters pblico tutelado por la Ley.

CAPTULO II
De la tramitacin de los recursos de amparo constitucional
Artculo cuarenta y ocho

El conocimiento de los recursos de amparo constitucional corresponde a las Salas del Tribunal Constitucional.

Artculo cuarenta y nueve

Uno. El recurso de amparo constitucional se iniciar mediante demanda en la que se expondrn con claridad y concisin los hechos que la fundamenten, se citarn los preceptos constitucionales que se estimen infringidos y se fijar con precisin el amparo que se solicita para preservar o restablecer el derecho o libertad que se considere vulnerado.

Dos. Con la demanda se acompaarn:

a) El documento que acredite la representacin del solicitante del amparo.

b) En su caso, la copia, traslado o certificacin de la resolucin recada en el procedimiento judicial o administrativo.

Tres. A la demanda se acompaarn tambin tantas copias literales de la misma y de los documentos presentados como partes en el previo proceso, si lo hubiere, y una ms para el Ministerio Fiscal.

Artculo cincuenta

Uno. La Sala, previa audiencia del solicitante de amparo y del Ministerio Fiscal, por plazo comn que no exceder de diez das, podr acordar motivadamente la inadmisibilidad del recurso si concurre alguno de los siguientes supuestos:

a) Que la demanda se haya presentado fuera de plazo.

b) Que la demanda presentada sea defectuosa por carecer de los requisitos legales o no ir acompaada de los documentos preceptivos, sin perjuicio de lo establecido en el artculo ochenta y cinco, dos.

Dos. Tambin podr acordarse la inadmisibilidad, con los requisitos de audiencia sealados en el nmero anterior, en los siguientes supuestos:

a) Si la demanda se deduce respecto de derechos o libertades no susceptibles de amparo constitucional.

b) Si la demanda carece manifiestamente de contenido que justifique una decisin por parte del Tribunal Constitucional.

c) Si el Tribunal Constitucional hubiera ya desestimado en el fondo un recurso o cuestin de inconstitucionalidad o un recurso de amparo en supuesto sustancialmente igual.

Tres. Contra el acuerdo de inadmisin de una demanda de amparo constitucional no cabr recurso alguno.

Artculo cincuenta y uno

Uno. Admitida la demanda de amparo, la Sala requerir con carcter urgente al rgano o a la autoridad de que dimane la decisin, el acto o el hecho, o al Juez o Tribunal que conoci del procedimiento precedente para que, en plazo que no podr exceder de diez das, remita las actuaciones o testimonio de ellas.

Dos. El rgano, autoridad, Juez o Tribunal acusar inmediato recibo del requerimiento, cumplimentar el envo dentro del plazo sealado y emplazar a quienes fueron parte en el procedimiento antecedente para que puedan comparecer en el proceso constitucional en el plazo de diez das.

Artculo cincuenta y dos

Uno. Recibidas las actuaciones y transcurrido el tiempo de emplazamiento, la Sala dar vista de las mismas a quien promovi el amparo, a los personados en el proceso, al Abogado del Estado, si estuviera interesada la Administracin Pblica, y al Ministerio Fiscal. La vista ser por plazo comn que no podr exceder de veinte das, y durante l podrn presentarse las alegaciones procedentes.

Dos. La Sala, de oficio o a instancia de parte, podr acordar la sustitucin de trmite de alegaciones por la celebracin de vista oral.

Tres. Presentadas las alegaciones o transcurrido el plazo otorgado sin otros trmites, la Sala pronunciar la sentencia que proceda en el plazo de diez das.

CAPTULO III
De la resolucin de los recursos de amparo constitucional y sus efectos
Artculo cincuenta y tres

La Sala, al conocer del fondo del asunto, pronunciar en su sentencia alguno de estos fallos:

a) Otorgamiento de amparo.

b) Denegacin de amparo.

Artculo cincuenta y cuatro

Cuando la Sala conozca del recurso de amparo respecto de decisiones de los Jueces y Tribunales limitar su funcin a concretar si se han violado derechos o libertades del demandante y a preservar o restablecer estos derechos o libertades y se abstendr de cualquier otra consideracin sobre la actuacin de los rganos jurisdiccionales.

Artculo cincuenta y cinco

Uno. La sentencia que otorgue el amparo contendr alguno o algunos de los pronunciamientos siguientes:

a) Declaracin de nulidad de la decisin, acto o resolucin que hayan impedido el pleno ejercicio de los derechos o libertades protegidos, con determinacin, en su caso, de la extensin de sus efectos.

b) Reconocimiento del derecho o libertad pblica, de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado.

c) Restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho o libertad con la adopcin de las medidas apropiadas, en su caso, para su conservacin.

Dos. En el supuesto de que se estime el recurso de amparo porque la Ley aplicada lesiona derechos fundamentales o libertades pblicas, la Sala elevar la cuestin al Pleno, que podr declarar la inconstitucionalidad de dicha Ley en nueva sentencia con los efectos ordinarios previstos en los artculos treinta y ocho y siguientes. La cuestin se sustanciar por el procedimiento establecido en los artculos treinta y siete y concordantes.

Artculo cincuenta y seis

Uno. La Sala que conozca de un recurso de amparo suspender, de oficio o a instancia del recurrente, la ejecucin del acto de los poderes pblicos por razn del cual se reclame el amparo constitucional, cuando la ejecucin hubiere de ocasionar un perjuicio que hara perder al amparo su finalidad. Podr, no obstante, denegar la suspensin cuando de sta pueda seguirse perturbacin grave de los intereses generales, o de los derechos fundamentales o libertades pblicas de un tercero.

Dos. La suspensin podr pedirse en cualquier tiempo, antes de haberse pronunciado sentencia o decidirse el amparo de otro modo. El incidente de suspensin se sustanciar con audiencia de las partes, y del Ministerio Fiscal, por plazo comn que no exceder de tres das y con informe de las autoridades responsables de la ejecucin, si la Sala lo creyera necesario. La suspensin podr acordarse con o sin afianzamiento. La Sala podr condicionar la denegacin de la suspensin en el caso de que pudiere seguirse perturbacin grave de los derechos de un tercero, a la constitucin de caucin suficiente para responder de los daos o perjuicios que pudieren originarse.

Artculo cincuenta y siete

La suspensin o su denegacin puede ser modificada durante el curso del juicio de amparo constitucional, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser conocidas al tiempo de sustanciarse el incidente de suspensin.

Artculo cincuenta y ocho

Uno. Sern competentes para resolver sobre las peticiones de indemnizacin de los daos causados como consecuencia de la concesin o denegacin de la suspensin los Jueces o Tribunales, a cuya disposicin se pondrn las fianzas constituidas.

Dos. Las peticiones de indemnizacin, que se sustanciarn por el trmite de los incidentes, debern presentarse dentro del plazo de un ao a partir de la publicacin de la sentencia del Tribunal Constitucional.

TTULO IV
De los conflictos constitucionales
CAPTULO PRIMERO
Disposiciones generales
Artculo cincuenta y nueve

El Tribunal Constitucional entender de los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitucin, los Estatutos de Autonoma o las Leyes orgnicas u ordinarias dictadas para delimitar los mbitos propios del Estado y las Comunidades Autnomas y que opongan:

Uno. Al Estado con una o ms Comunidades Autnomas.

Dos. A dos o ms Comunidades Autnomas entre s.

Tres. Al Gobierno con el Congreso de los Diputados, el Senado o el Consejo General del Poder Judicial; o a cualquiera de estos rganos constitucionales entre s.

CAPTULO II
De los conflictos entre el Estado y las Comunidades Autnomas o de stas entre s
Artculo sesenta

Los conflictos de competencia que opongan al Estado con una Comunidad Autnoma o a stas entre s, podrn ser suscitados por el Gobierno o por los rganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autnomas, en la forma que determinan los artculos siguiente. Los conflictos negativos podrn ser instados tambin por las personas fsicas o jurdicas interesadas.

Artculo sesenta y uno

Uno. Pueden dar lugar al planteamiento de los conflictos de competencia las disposiciones, resoluciones y actos emanados de los rganos del Estado o de los rganos de las Comunidades Autnomas o la omisin de tales disposiciones, resoluciones o actos.

Dos. Cuando se plantease un conflicto de los mencionados en el artculo anterior con motivo de una disposicin, resolucin o acto cuya impugnacin estuviese pendiente ante cualquier Tribunal, este suspender el curso del proceso hasta la decisin del conflicto constitucional.

Tres. La decisin del Tribunal Constitucional vincular a todos los poderes pblicos y tendr plenos efectos frente a todos.

SECCION PRIMERA. CONFLICTOS POSITIVOS
Artculo sesenta y dos

Cuando el Gobierno considere que una disposicin o resolucin de una Comunidad Autnoma no respeta el orden de competencia establecido en la Constitucin, en los Estatutos de Autonoma o en las Leyes orgnicas correspondientes, podr formalizar directamente ante el Tribunal Constitucional, en el plazo de dos meses, el conflicto de competencia, o hacer uso del previo requerimiento regulado en el artculo siguiente, todo ello sin perjuicio de que el Gobierno pueda invocar el artculo ciento sesenta y uno, dos, de la Constitucin, con los efectos correspondientes.

Artculo sesenta y tres

Uno. Cuando el rgano ejecutivo superior de una Comunidad Autnoma considerase que una disposicin, resolucin o acto emanado de la autoridad de otra Comunidad o del Estado no respeta el orden de competencias establecido en la Constitucin, en los Estatutos de Autonoma o en las Leyes correspondientes y siempre que afecte a su propio mbito, requerir a aqulla o a ste para que sea derogada la disposicin o anulados la resolucin o el acto en cuestin.

Dos. El requerimiento de incompetencia podr formularse dentro de los dos meses siguientes al da de la publicacin o comunicacin de la disposicin, resolucin o acto que se entiendan viciados de incompetencia o con motivo de un acto concreto de aplicacin y se dirigir directamente al Gobierno o al rgano ejecutivo superior de la otra Comunidad Autnoma, dando cuenta igualmente al Gobierno en este caso.

Tres. En el requerimiento se especificarn con claridad los preceptos de la disposicin o los puntos concretos de la resolucin o acto viciados de incompetencia, as como las disposiciones legales o constitucionales de las que el vicio resulte.

Cuatro. El rgano requerido, si estima fundado el requerimiento, deber atenderlo en el plazo mximo de un mes a partir de su recepcin, comunicndolo as al requirente y al Gobierno, si ste no actuara en tal condicin. Si no lo estimara fundado, deber igualmente rechazarlo dentro del mismo plazo, a cuyo trmino se entendern en todo caso rechazados los requerimientos no atendidos.

Cinco. Dentro del mes siguiente a la notificacin del rechazo o al trmino del plazo a que se refiere el apartado anterior, el rgano requirente, si no ha obtenido satisfaccin, podr plantear el conflicto ante el Tribunal Constitucional, certificando el cumplimiento infructuoso del trmite de requerimiento y alegando los fundamentos jurdicos en que ste se apoya.

Artculo sesenta y cuatro

Uno. En el trmino de diez das, el Tribunal comunicar al Gobierno u rgano autonmico correspondiente la iniciacin del conflicto, sealndose plazo, que en ningn caso ser mayor de veinte das, para que aporte cuantos documentos y alegaciones considere convenientes.

Dos. Si el conflicto hubiere sido entablado por el Gobierno una vez adoptada decisin por la Comunidad Autnoma y con invocacin del artculo ciento sesenta y uno, dos. de la Constitucin, su formalizacin comunicada por el Tribunal suspender inmediatamente la vigencia de la disposicin, resolucin o acto que hubiesen dado origen al conflicto.

Tres. En los restantes supuestos, el rgano que formalice el conflicto podr solicitar del Tribunal la suspensin de la disposicin, resolucin o acto objeto del conflicto, invocando perjuicios de imposible o difcil reparacin, el Tribunal acordar o denegar libremente la supension solicitada.

Cuatro. El planteamiento del conflicto iniciado por el Gobierno y, en su caso, el auto del Tribunal por el que se acuerde la suspensin de la disposicin, resolucin o acto objeto del conflicto sern notificados a los interesados y publicados en el correspondiente Diario Oficial por el propio Tribunal.

Artculo sesenta y cinco

Uno. El Tribunal podr solicitar de las partes cuantas informaciones, aclaraciones o precisiones juzgue necesarias para su decisin y resolver dentro de los quince das siguientes al trmino del plazo de alegaciones o del que, en su caso, se fijare para las informaciones, aclaraciones o precisiones complementarias antes aludidas.

Dos. En el caso previsto en el nmero dos del artculo anterior, si la sentencia no se produjera dentro de los cinco meses desde la iniciacin del conflicto, el Tribunal deber resolver dentro de este plazo, por auto motivado, acerca del mantenimiento o levantamiento de la suspensin del acto, resolucin o disposicin impugnados de incompetencia por el Gobierno.

Artculo sesenta y seis

La sentencia declarar la titularidad de la competencia controvertida y acordar, en su caso, la anulacin de la disposicin, resolucin o actos que originaron el conflicto en cuanto estuvieren viciados de incompetencia, pudiendo disponer lo que fuera procedente respecto de las situaciones de hecho o de derecho creadas al amparo de la misma.

Artculo sesenta y siete

Si la competencia controvertida hubiera sido atribuida por una Ley o norma con rango de Ley, el conflicto de competencias se tramitar desde su inicio o, en su caso, desde que en defensa de la competencia ejercida se invocare la existencia de la norma legal habilitante, en la forma prevista para el recurso de inconstitucionalidad.

SECCION SEGUNDA. CONFLICTOS NEGATIVOS
Artculo sesenta y ocho

Uno. En el caso de que un rgano de la Administracin del Estado declinare su competencia para resolver cualquier pretensin deducida ante el mismo por persona fsica o jurdica, por entender que la competencia corresponde a una Comunidad Autnoma, el interesado, tras haber agotado la va administrativa mediante recurso ante el Ministerio correspondiente, podr reproducir su pretensin ante el rgano ejecutivo colegiado de la Comunidad Autnoma que la resolucin declare competente. De anlogo modo se proceder si la solicitud se promueve ante una Comunidad Autnoma y sta se inhibe por entender competente al Estado o a otra Comunidad Autnoma.

Dos. La Administracin solicitada en segundo lugar deber admitir o declinar su competencia en el plazo de un mes. Si la admitiere, proceder a tramitar la solicitud presentada. Si se inhibiere, deber notificarlo al requirente, con indicacin precisa de los preceptos en que se funda su resolucin.

Tres. Si la Administracin a que se refiere el apartado anterior declinare su competencia o no pronunciare decisin afirmativa en el plazo establecido, el interesado podr acudir al Tribunal Constitucional. A tal efecto, deducir la oportuna demanda dentro del mes siguiente a la notificacin de la declinatoria, o si trascurriese el plazo establecido en el apartado dos del presente artculo sin resolucin expresa, en solicitud de que se tramite y resuelva el conflicto de competencia negativo.

Artculo sesenta y nueve

Uno. La solicitud de planteamiento de conflicto se formular mediante escrito, al que habrn de acompaarse los documentos que acrediten haber agotado el trmite a que se refiere el artculo anterior y las resoluciones recadas durante el mismo.

Dos. Si el Tribunal entendiere que la negativa de las Administraciones implicadas se basa precisamente en una diferencia de interpretacin de preceptos constitucionales o de los Estatutos de Autonoma o de Leyes orgnicas u ordinarias que delimiten los mbitos de competencia del Estado y de las Comunidades Autnomas declarar, mediante auto que habr de ser dictado dentro de los diez das siguientes al de la presentacin del escrito, planteado el conflicto. Dar inmediato traslado del auto al solicitante y a las Administraciones implicadas, as como a cualesquiera otras que el Tribunal considere competentes, a las que remitir adems copia de la solicitud de su planteamiento y de los documentos acompaados a la misma y fijar a todos el plazo comn de un mes para que aleguen cuanto estimen conducente a la solucin del conflicto planteado.

Artculo setenta

Uno. Dentro del mes siguiente a la conclusin del plazo sealado en el artculo anterior o, en su caso, del que sucesivamente el Tribunal hubiere concedido para responder a las peticiones de aclaracin, ampliacin o precisin que les hubiere dirigido, se dictar sentencia que declarar cul es la Administracin competente.

Dos. Los plazos administrativos agotados se entendern nuevamente abiertos por su duracin ordinaria a partir de la publicacin de la sentencia.

Artculo setenta y uno

Uno. El Gobierno podr igualmente plantear conflicto de competencias negativo cuando habiendo requerido al rgano ejecutivo superior de una Comunidad Autnoma para que ejercite las atribuciones propias de la competencia que a la Comunidad confieran sus propios estatutos o una Ley orgnica de delegacin o transferencia, sea desatendido su requerimiento por declararse incompetente el rgano requerido.

Dos. La declaracin de incompetencia se entender implcita por la simple inactividad del rgano ejecutivo requerido dentro del plazo que el Gobierno le hubiere fijado para el ejercicio de sus atribuciones, que en ningn caso ser inferior a un mes.

Artculo setenta y dos

Uno. Dentro del mes siguiente al da en que de manera expresa o tcita haya de considerarse rechazado el requerimiento a que se refiere el artculo anterior, el Gobierno podr plantear ante el Tribunal Constitucional el conflicto negativo mediante escrito en el que habrn de indicarse los preceptos constitucionales, estatutarios o legales que a su juicio obligan a la Comunidad Autnoma a ejercer sus atribuciones.

Dos. El Tribunal dar traslado del escrito al rgano ejecutivo superior de la Comunidad Autnoma, al que fijar un plazo de un mes para presentar las alegaciones que entienda oportunas.

Tres. Dentro del mes siguiente a la conclusin de tal plazo o, en su caso, del que sucesivamente hubiere fijado al Estado o a la Comunidad Autnoma para responder a las peticiones de aclaracin, ampliacin o precisiones que les hubiere dirigido, el Tribunal dictar sentencia, que contendr alguno de los siguientes pronunciamientos:

a) La declaracin de que el requerimiento es procedente, que conllevar el establecimiento de un plazo dentro del cual la Comunidad Autnoma deber ejercitar la atribucin requerida.

b) La declaracin de que el requerimiento es improcedente.

CAPTULO III
De los conflictos entre rganos constitucionales del Estado
Artculo setenta y tres

Uno. En el caso en que alguno de los rganos constitucionales a los que se refiere el artculo 59.3 de esta Ley, por acuerdo de sus respectivos Plenos, estime que otro de dichos rganos adopta decisiones asumiendo atribuciones que la Constitucin o las Leyes orgnicas confieren al primero, ste se lo har saber as dentro del mes siguiente a la fecha en que llegue a su conocimiento la decisin de la que se infiera la indebida asuncin de atribuciones y solicitar de l que la revoque.

Dos. Si el rgano al que se dirige la notificacin afirmare que acta en el ejercicio constitucional y legal de sus atribuciones o, dentro del plazo de un mes a partir de la recepcin de aquella, no rectificare en el sentido que le hubiere sido solicitado, el rgano que estime indebidamente asumidas sus atribuciones plantear el conflicto ante el Tribunal Constitucional. A tal efecto, presentar escrito en el que se especificarn los preceptos que considera vulnerados y formular las alegaciones que estime oportunas. A este escrito acompaar certificacin de los antecedentes que repute necesarios y de la comunicacin cursada en cumplimiento de lo prevenido en el nmero anterior de este artculo.

Artculo setenta y cuatro

Recibido el escrito, el Tribunal, dentro de los diez das siguientes, dar traslado del mismo al rgano requerido y le fijar el plazo de un mes para formular las alegaciones que estime procedentes. Idnticos traslados y emplazamientos se harn a todos los dems rganos legitimados para plantear este gnero de conflictos, los cuales podrn comparecer en el procedimiento, en apoyo del demandante o del demandado, si entendieren que la solucin del conflicto planteado afecta de algn modo a sus propias atribuciones.

Artculo setenta y cinco

Uno. El Tribunal podr solicitar de las partes cuantas informaciones, aclaraciones o precisiones juzgue necesarias para su decisin y resolver dentro del mes siguiente a la expiracin del plazo de alegaciones a que se refiere el artculo anterior o del que, en su caso, se fijare para las informaciones, aclaraciones o precisiones complementarias, que no ser superior a otros treinta das.

Dos. La sentencia del Tribunal determinar a qu rgano corresponden las atribuciones constitucionales controvertidas y declarar nulos los actos ejecutados por invasin de atribuciones y resolver, en su caso, lo que procediere sobre las situaciones jurdicas producidas al amparo de los mismos.

TTULO V
De la impugnacin de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autnomas prevista en el artculo 161.2 de la Constitucin
Artculo setenta y seis

Dentro de los dos meses siguientes a la fecha de su publicacin o, en defecto de la misma, desde que llegare a su conocimiento, el Gobierno podr impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones normativas sin fuerza de Ley y resoluciones emanadas de cualquier rgano de las Comunidades Autnomas.

Artculo setenta y siete

La impugnacin regulada en este ttulo, sea cual fuere el motivo en que se base, se formular y sustanciar por el procedimiento previsto en los artculos sesenta y dos a sesenta y siete de esta Ley. La formulacin de la impugnacin comunicada por el Tribunal producir la suspensin de la disposicin o resolucin recurrida hasta que el Tribunal resuelva ratificarla o levantarla en plazo no superior a cinco meses, salvo que, con anterioridad, hubiera dictado sentencia.

TTULO VI
Del control previo de inconstitucionalidad
CAPTULO PRIMERO
Declaracin sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales
Artculo setenta y ocho

Uno. El Gobierno o cualquiera de ambas Cmaras podrn requerir al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la existencia o inexistencia de contradiccin entre la Constitucin y las estipulaciones de un tratado internacional cuyo texto estuviera ya definitivamente fijado, pero al que no se hubiere prestado an el consentimiento del Estado.

Dos. Recibido el requerimiento, el Tribunal Constitucional emplazar al solicitante y a los restantes rganos legitimados, segn lo previsto en el apartado anterior, a fin de que, en el trmino de un mes, expresen su opinin fundada sobre la cuestin. Dentro del mes siguiente al transcurso de este plazo y salvo lo dispuesto en el apartado siguiente, el Tribunal Constitucional emitir su declaracin, que, de acuerdo con lo establecido en el artculo noventa y cinco de la Constitucin, tendr carcter vinculante.

Tres. En cualquier momento podr el Tribunal Constitucional solicitar de los rganos mencionados en el apartado anterior o de otras personas fsicas o jurdicas u otros rganos del Estado o de las Comunidades Autnomas, cuantas aclaraciones, ampliaciones o precisiones estimen necesarias, alargando el plazo de un mes antes citado en el mismo tiempo que hubiese concedido para responder a sus consultas, que no podr exceder de treinta das.

CAPTULO II
Del recurso previo de inconstitucionalidad contra proyectos de Estatutos de Autonoma y de Leyes orgnicas
Artculo setenta y nueve

Uno. Son susceptibles de recurso de inconstitucionalidad, con carcter previo, los proyectos de Estatuto de Autonoma y de Leyes orgnicas. El recurso tendr por objeto la impugnacin de:

a) El texto definitivo del proyecto de Estatuto que haya de ser sometido a referndum en el territorio de la respectiva Comunidad autnoma en el supuesto previsto por el artculo ciento cincuenta y uno coma dos, tercero de la Constitucin. En los dems casos, se entender que es texto definitivo del Estatuto de Autonoma el que, con arreglo al apartado siguiente, se establece para los dems proyectos de Leyes orgnicas.

b) El texto definitivo del proyecto de Ley orgnica tras su tramitacin en ambas Cmaras y una vez que el Congreso se haya pronunciado, en su caso, sobre las enmiendas propuestas por el Senado.

Dos. Estn legitimados para entablar el recurso previo de inconstitucionalidad quienes, de acuerdo con esta Ley, estn legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad contra Estatutos de Autonoma y Leyes orgnicas del Estado. El plazo para la interposicin del recurso ser el de tres das desde que el texto definitivo del proyecto recurrible estuviere concluido. La interposicin del recurso suspender automticamente la tramitacin del proyecto y el transcurso de los plazos.

Tres. El recurso se sustanciar en la forma prevista en el captulo II del ttulo II de esta Ley.

Cuatro. a) Cuando el pronunciamiento del Tribunal declare la inexistencia de la inconstitucionalidad alegada, seguir su curso el correspondiente procedimiento.

b) Si, por el contrario, declara la inconstitucionalidad del texto impugnado, deber concretar sta y el precepto o preceptos constitucionales infringidos. En este supuesto, la tramitacin no podr proseguir sin que tales preceptos hayan sido suprimidos o modificados por el rgano competente.

Cinco. El pronunciamiento en el recurso previo no prejuzga la decisin del Tribunal en los recursos que pudieren interponerse tras la entrada en vigor con fuerza de Ley del texto impugnado en la va previa.

TTULO VII
De las disposiciones comunes sobre procedimiento
Artculo ochenta

Se aplicarn, con carcter supletorio de la presente Ley, los preceptos de la Ley Orgnica del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en materia de comparecencia en juicio, recusacin y abstencin, publicidad y forma de los actos, comunicaciones y actos de auxilio jurisdiccional, da y horas hbiles, cmputo de plazos, deliberacin y votacin, caducidad, renuncia y desistimiento, lengua oficial y polica de estrados.

Artculo ochenta y uno

Uno. Las personas fsicas o jurdicas cuyo inters les legitime para comparecer en los procesos constitucionales, como actores o coadyuvantes, debern conferir su representacin a un Procurador y actuar bajo la direccin de Letrado. Podrn comparecer por s mismas, para defender derechos o intereses propios, las personas que tengan ttulo de Licenciado en Derecho, aunque no ejerzan la profesin de Procurador o de Abogado.

Dos. Para ejercer ante el Tribunal Constitucional en calidad de Abogado, se requerir estar incorporado a cualquiera de los Colegios de Abogados de Espaa en calidad de ejerciente.

Tres. Estarn inhabilitados para actuar como Abogado ante el Tribunal Constitucional quienes hubieren sido Magistrados o Letrados del mismo.

Artculo ochenta y dos

Uno. Los rganos o el conjunto de Diputados o Senadores investidos por la Constitucin y por esta Ley de legitimacin para promover procesos constitucionales actuarn en los mismos representados por el miembro o miembros que designen o por un comisionado nombrado al efecto.

Dos. Los rganos ejecutivos, tanto del Estado como de las Comunidades autnomas, sern representados y defendidos por sus Abogados. Por los rganos ejecutivos del Estado actuar el Abogado del Estado.

Artculo ochenta y tres

El Tribunal podr, a instancia de parte o de oficio, en cualquier momento, y previa audiencia de los comparecidos en el proceso constitucional, disponer la acumulacin de aquellos procesos con objetos conexos que justifiquen la unidad de tramitacin y decisin. La audiencia se har por plazo que no exceda de diez das.

Artculo ochenta y cuatro

El Tribunal, en cualquier tiempo anterior a la decisin, podr comunicar a los comparecidos en el proceso constitucional la eventual existencia de otros motivos distintos de los alegados, con relevancia para acordar lo procedente sobre la admisin o inadmisin y, en su caso, sobre la estimacin o desestimacin de la pretensin constitucional. La audiencia ser comn, por plazo no superior al de diez das con suspensin del trmino para dictar la resolucin que procediere.

Artculo ochenta y cinco

Uno. La iniciacin de un proceso constitucional deber hacerse por escrito fundado en el que se fijar con precisin y claridad lo que se pida.

Dos. En los supuestos subsanables a que se refiere el artculo cincuenta de la presente Ley, el Tribunal deber notificar al recurrente los motivos de inadmisin que hubiere, con objeto de que, dentro del plazo de diez das, pueda subsanar los defectos advertidos.

Artculo ochenta y seis

Uno. La decisin del proceso constitucional se producir en forma de sentencia. Sin embargo, las decisiones de inadmision inicial, desistimiento, renuncia y caducidad adoptarn la forma de auto. Las otras resoluciones adoptarn la forma de auto si son motivadas o de providencia si no lo son, segn la ndole de su contenido.

Dos. Las sentencias y las declaraciones a que se refiere el ttulo VI de esta ley se publicarn en el Boletn Oficial del Estado dentro de los treinta das siguientes a la fecha del fallo.

Artculo ochenta y siete

Uno. Todos los poderes pblicos estn obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva.

Dos. Los Juzgados y Tribunales prestarn con carcter preferente y urgente al Tribunal Constitucional el auxilio jurisdiccional que ste solicite.

Artculo ochenta y ocho

Uno. El Tribunal Constitucional podr recabar de los Poderes Pblicos y de los rganos de cualquier Administracin Pblica la remisin del expediente y de los informes y documentos relativos a la disposicin o acto origen del proceso constitucional. En tal caso, el Tribunal habilitar un plazo para que el expediente, la informacin o los documentos puedan ser conocidos por las partes para que stas aleguen lo que a su derecho convenga.

Dos. El Tribunal dispondr las medidas necesarias para preservar el secreto que legalmente afecte a determinada documentacin y el que por decisin motivada acuerde para determinadas actuaciones.

Artculo ochenta y nueve

Uno. El Tribunal, de oficio o a instancia de parte, podr acordar la prctica de prueba cuando lo estimare necesario y resolver libremente sobre la forma y el tiempo de su realizacin, sin que en ningn caso pueda exceder de treinta das.

Dos. Si un testigo, citado por el Tribunal, slo puede comparecer con autorizacin superior, la autoridad competente para otorgarla expondr al Tribunal, en su caso, las razones que justifican su denegacin. El Tribunal, odo este informe, resolver en definitiva.

Artculo noventa

Uno. Salvo en los casos para los que esta Ley establece otros requisitos, las decisiones se adoptarn por la mayora de los miembros del Pleno, Sala o Seccin que participen en la deliberacin. En caso de empate, decidir el voto del Presidente.

Dos. El Presidente y los Magistrados del Tribunal podrn reflejar en un voto particular su opinin discrepante defendida en la deliberacin, tanto por lo que se refiere a la decisin como a su fundamentacin. Los votos particulares se incorporaran a la resolucin y, cuando se trate de sentencias o de declaraciones, se publicarn con stas en el Boletn Oficial del Estado.

Artculo noventa y uno

El Tribunal podr suspender el procedimiento que se sigue ante el mismo hasta la resolucin de un proceso penal pendiente ante un juzgado o Tribunal de este orden.

Artculo noventa y dos

El Tribunal podr disponer en la sentencia, o en la resolucin, o en actos posteriores, quin ha de ejecutarla y, en su caso, resolver las incidencias de la ejecucin.

Artculo noventa y tres

Uno. Contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe recurso alguno, pero en el plazo de dos das a contar desde su notificacin, las partes podrn solicitar la aclaracin de las mismas.

Dos. Contra las providencias y los autos que dicte el Tribunal Constitucional slo proceder, en su caso, el recurso de splica, que no tendr efecto suspensivo. El recurso podr interponerse en el plazo de tres das y se resolver, previa audiencia comn de las partes por igual tiempo, en los dos siguientes.

Artculo noventa y cuatro

El Tribunal, a instancia de parte o de oficio, deber antes de pronunciar sentencia, subsanar o convalidar los defectos que hubieran podido producirse en el procedimiento.

Artculo noventa y cinco

Uno. El procedimiento ante el Tribunal Constitucional es gratuito.

Dos. El Tribunal podr imponer las costas que se derivaren de la tramitacin del proceso a la parte o partes que hayan mantenido posiciones infundadas, si apreciare temeridad o mala fe.

Tres. El Tribunal podr imponer a quien formulare recursos de inconstitucionalidad o de amparo, con temeridad o abuso de derecho, una sancin pecuniaria de cinco mil a cien mil pesetas.

Cuatro. Podr imponer multas coercitivas de cinco mil a cien mil pesetas a cualquier persona, investida o no de poder pblico, que incumpla los requerimientos del Tribunal dentro de los plazos sealados y reiterar estas multas hasta el total cumplimiento de los interesados, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad a que hubiere lugar.

Cinco. Los lmites de la cuanta de estas sanciones o multas podrn ser revisados, en todo momento, mediante Ley ordinaria.

TTULO VIII
Del personal al servicio del Tribunal Constitucional
Artculo noventa y seis

Uno. Son funcionarios al servicio del Tribunal Constitucional:

– El Secretario general.

– Los Letrados.

– Los Secretarios de Justicia.

– Los Oficiales, los Auxiliares y los Agentes.

Dos. Este personal se rige por lo establecido en esta Ley y en el Reglamento que en su desarrollo se dicte, y, con carcter supletorio, en lo que sea aplicable por la legislacin vigente para el personal al servicio de la Administracin de Justicia.

Tres. Los cargos relacionados en este artculo son incompatibles con cualquier otra funcin, destino o cargo, as como con el ejercicio profesional y con la intervencin en actividades industriales, mercantiles o profesionales, incluso las consultivas y las de asesoramiento. No obstante, podrn ejercer aquellas funciones docentes o de investigacin que, a juicio del Tribunal, no resulten incompatibles con el mejor servicio de ste.

Artculo noventa y siete

Uno. El Tribunal Constitucional estar asistido por un cuerpo de letrados constituido por medio de concurso-oposicin, que se ajustar a las normas que establezca el Reglamento del Tribunal.

Dos. En su caso, los nombrados quedarn en su carrera de origen en situacin de supernumerarios por todo el tiempo en que presten sus servicios en el Tribunal Constitucional.

Tres. El concurso se ajustar a las normas que establezca el Reglamento del Tribunal, valorndose especialmente la especializacin en Derecho pblico de los aspirantes.

Artculo noventa y ocho

El Tribunal Constitucional tendr un Secretario general elegido por el Pleno del Tribunal y nombrado por el Presidente entre los Letrados, que desempear la Secretara General del Tribunal y ostentar la Jefatura de los Letrados, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Presidente, al Tribunal y a las Salas.

Artculo noventa y nueve

Uno. Corresponde al Secretario general organizar, dirigir y distribuir los servicios jurdicos, administrativos y subalternos del Tribunal, dando conocimiento al Presidente, y dirigir, coordinar y ejercer la Jefatura de los funcionarios del Tribunal y desempear la Secretara General del mismo.

Dos. Corresponde igualmente a la Secretara General la recopilacin, clasificacin y publicacin de la doctrina constitucional del Tribunal.

Tres. Las resoluciones del Secretario general en materia de personal sern recurribles en alzada ante el Presidente del Tribunal, cuya decisin agotar la va administrativa. Esta decisin ser susceptible de ulterior recurso contencioso-administrativo.

Artculo ciento

El Tribunal y las Salas tendrn el nmero de Secretarios de Justicia que se determinen. Los Secretarios de Justicia procedern del Cuerpo de Secretarios de la Administracin de Justicia y las vacantes se cubrirn por concurso de mritos entre quienes pudieran ocupar plaza en el Tribunal Supremo.

Artculo ciento uno

Los Secretarios de Justicia ejercern en el Tribunal o en las Salas la fe pblica judicial y desempearn, respecto del Tribunal o Sala a la que estn adscritos, las funciones que la legislacin orgnica y procesal de los Juzgados y Tribunales atribuye a los Secretarios.

Artculo ciento dos

Se adscribirn al Tribunal Constitucional Oficiales, Auxiliares, Agentes y dems personal en la medida necesaria para atender el servicio.

El Reglamento fijar las condiciones necesarias para el acceso a estos cargos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera

Uno. Dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la entrada en vigor de la presente Ley, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial elevarn al Rey las propuestas de designacin de los Magistrados del Tribunal Constitucional. Este plazo se interrumpir para las Cmaras por el tiempo correspondiente a los perodos intersesiones.

Dos. El Tribunal se constituir dentro de los quince das siguientes a la fecha de publicacin de los ltimos nombramientos, si todas las propuestas se elevasen dentro del mismo perodo de sesiones. En otro caso se constituir y comenzar a ejercer sus competencias, en los quince das siguientes, al trmino del perodo de sesiones dentro del que se hubiesen efectuado los ocho primeros nombramientos, cualquiera que sea la razn que motive la falta de nombramiento de la totalidad de los Magistrados previstos en el artculo quinto de esta Ley.

Tres. En el primer concurso-oposicin la seleccin de los Letrados del Tribunal Constitucional se realizar por una Comisin del propio Tribunal designada por el Pleno de ste y presidida por el Presidente del Tribunal.

Segunda

Uno. Los plazos previstos en esta Ley para interponer el recurso de inconstitucionalidad o de amparo o promover un conflicto constitucional comenzarn a contarse desde el da en que quede constituido el Tribunal de acuerdo con la disposicin transitoria anterior, cuando las Leyes, disposiciones, resoluciones o actos que originen el recurso o conflicto fueran anteriores a aquella fecha y no hubieran agotado sus efectos.

Dos. En tanto no sean desarrolladas las previsiones del artculo cincuenta y tres, dos, de la Constitucin para configurar el procedimiento judicial de proteccin de los derechos y libertades fundamentales se entender que la va judicial previa a la interposicin del recurso de amparo ser la contencioso-administrativa ordinaria o la configurada en la Seccin segunda de la Ley sesenta y dos/mil novecientos setenta y ocho, de veintisis de diciembre, sobre proteccin jurisdiccional de los derechos fundamentales, a cuyos efectos el mbito de la misma se entiende extendido a todos los derechos y libertades a que se refiere el expresado artculo cincuenta y tres, dos, de la Constitucin.

Tercera

Uno. Los sorteos a que se refiere la disposicin transitoria novena de la Constitucin se efectuarn dentro del cuarto mes anterior a la fecha en que se cumplen, respectivamente, los tres o los seis aos de aquella otra en que se produjo la inicial designacin de los Magistrados de Tribunal Constitucional.

Dos. No ser aplicable la limitacin establecida en el artculo diecisis, dos, de esta Ley a los Magistrados del Tribunal que cesarn en sus cargos, en virtud de lo establecido en la disposicin transitoria novena de la Constitucin, a los tres aos de su designacin.

Cuarta

El Gobierno habilitar los crditos necesarios para el funcionamiento del Tribunal Constitucional hasta que ste disponga de presupuesto propio.

Quinta

En el caso de Navarra, y salvo que de conformidad con la disposicin transitoria cuarta de la Constitucin ejerciera su derecho a incorporarse al Consejo General Vasco o al rgimen autonmico vasco que le sustituya, la legitimacin para suscitar los conflictos previstos en el artculo segundo, uno, c), y para promover el recurso de inconstitucionalidad que el artculo treinta y dos confiere a los rganos de las Comunidades Autnomas se entender conferida a la Diputacin y al Parlamento Foral de Navarra.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera

Uno. El Tribunal Constitucional dispondr inicialmente de diecisis Letrados y de tres Secretarios de Justicia.

Dos. El Tribunal una vez instituido, establecer la plantilla de su personal, que slo podr ser modificada a travs de la Ley de Presupuestos.

Segunda

Uno. El Tribunal elaborar su presupuesto, que figurar como una seccin dentro de los Presupuestos Generales del Estado .

Dos. El Secretario general, asistido de personal tcnico, asumir la preparacin, ejecucin y liquidacin de presupuesto.

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar la presente Ley Orgnica.

Dada en Madrid a tres de octubre de mil novecientos setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

ADOLFO SUREZ GONZLEZ.

Análisis

  • Rango: Ley Orgnica
  • Fecha de disposición: 03/10/1979
  • Fecha de publicación: 05/10/1979
  • Entrada en vigor: 25 de octubre de 1979.
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • SE DECLARA:
    • en el Recurso 7466/2015, su desestimacin en relacin el art. 92.4.a), b), inciso del c) y .5, en la redaccin dada por el art. nico.3 de la Ley Orgnica 15/2015, de 16 de octubre, por Sentencia 215/2016, de 15 de diciembre (Ref. BOE-A-2017-650).
    • en el Recurso 229/2016, su desestimacin en relacin con el art. 92.4.b, c y .5, en la redaccin dada por el art. nico.3 de la Ley Orgnica 15/2015, por Sentencia 185/2016, de 3 de noviembre (Ref. BOE-A-2016-11818).
  • SE DICTA DE CONFORMIDAD los arts. 10.1.m) y 85.2, y regula sus registros general y electrnico: Acuerdo de 15 de septiembre de 2016 (Ref. BOE-A-2016-11054).
  • SE DECLARA la no inconstitucionalidad de los arts. 1 y 2 y la disposicin adicional nica de la Ley Orgnica 1/2010, de 19 de febrero, interpretados segn el fj 3 d) y la desestimacin en todo lo dems, por Sentencia 118/2016, de 23 de junio (Ref. BOE-A-2016-7295).
  • SE MODIFICA:
    • los arts. 80, 87, 92 y 95.4, por Ley Orgnica 15/2015, de 16 de octubre (Ref. BOE-A-2015-11160).
    • los arts. 2 y 10 y SE AADE el ttulo VI bis y el art. 79, por Ley Orgnica 12/2015, de 22 de septiembre (Ref. BOE-A-2015-10196).
    • el art. 16, por Ley Orgnica 8/2010, de 4 de noviembre (Ref. BOE-A-2010-16973).
  • SE AADE la disposicin adicional 5, por Ley Orgnica 1/2010, de 19 de febrero (Ref. BOE-A-2010-2739).
  • SE DECLARA la desestimacin del Recurso 6729/2007, en relacin con lo indicado del art. 16.1 y 3, por Sentencia 49/2008, de 9 de abril (Ref. BOE-T-2008-8459).
  • SE MODIFICA, por Ley Orgnica 6/2007, de 24 de mayo (Ref. BOE-A-2007-10483).
  • SE DICTA DE CONFORMIDAD:
    • con el art. 2.2, sobre horario del Registro: Acuerdo de 18 de enero de 2001 (Ref. BOE-A-2001-1614).
    • aprobando normas sobre tramitacin de los recursos de amparo a que se refiere la Ley del rgimen electoral general: Acuerdo de 20 de enero de 2000 (Ref. BOE-A-2000-1479).
  • SE MODIFICA:
    • el art. 33, por Ley Orgnica 1/2000 de 7 de enero (Ref. BOE-A-2000-411).
    • los arts. 2.1, 10, 38.2, 59 y se aaden el captulo IV al ttulo IV y las disposiciones adicionales 3 y 4, por Ley Orgnica 7/1999, de 21 de abril (Ref. BOE-A-1999-8927).
  • SE DICTA DE CONFORMIDAD:
    • sobre Asistencia Juridica Gratuita en los Procesos de Amparo: Acuerdo de 18 de junio de 1996 (Ref. BOE-A-1996-16484).
    • aprobando normas de Tramitacin del recurso de Amparo a que se refiere el art. 114.2 de la Ley de rgimen Electoral: Acuerdo de 2 de abril de 1991 (Ref. BOE-A-1991-10515).
    • aprobando el Reglamento de Organizacin y personal: Acuerdo de 5 de julio de 1990 (Ref. BOE-A-1990-18696).
  • SE MODIFICA los arts. 50 y 86.1, por Ley Orgnica 6/1988, de 9 de junio (Ref. BOE-A-1988-14328).
  • SE DICTA DE CONFORMIDAD, sobre Tramitacin de Amparo en materia Electoral: Acuerdo de 23 de mayo de 1986 (Ref. BOE-A-1986-12731).
  • SE MODIFICA el apartado E) del nm. 1 del art. 2, deroga el captulo II del ttulo VI (art. 79) y modifica el ttulo VI, por Ley Orgnica 4/1985, de 7 de junio (Ref. BOE-A-1985-10478).
  • SE DEROGA el art. 45, por Ley Orgnica 8/1984, de 26 de diciembre (Ref. BOE-A-1984-28224).
  • SE DICTA DE CONFORMIDAD:
    • con los arts. 79.2 y 85.1, aprobando normas sobre Tramitacin del recurso Previo inconstitucionalidad: Acuerdo de 14 de julio de 1982 (Ref. BOE-A-1982-17921).
    • con el art. 2.2 y 10 J), aprobando el Reglamento de Organizacin y personal: Acuerdo de 15 de enero de 1981 (Ref. BOE-A-1981-2424).
    • con los arts. 82.2 y 52.1, sobre Creacin de la Abogacia del Estado ante el Tribunal: Real Decreto 1425/1980, de 11 de julio (Ref. BOE-A-1980-15251).
    • con la disposicin transitoria cuarta, sobre Concesin de Franquicia Postal y Telegrfica al Tribunal: Real Decreto 1259/1980, de 6 de junio (Ref. BOE-A-1980-14037).
Referencias anteriores
  • CITA:
    • Ley 62/1978, de 26 de diciembre (Ref. BOE-A-1979-88).
    • Ley de Enjuiciamiento Civil aprobada por Decreto de 3 de febrero de 1881 (Gazeta) (Ref. BOE-A-1881-813).
Materias
  • Constitucin Espaola
  • Tribunal Constitucional

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