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Legislación consolidada

Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad econmica en el sector de la industria y el comercio en Espaa.

Publicado en: BOE núm. 296, de 08/12/2018.
Entrada en vigor: 08/12/2018
Departamento: Jefatura del Estado
Referencia: BOE-A-2018-16791
Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es/rdl/2018/12/07/20/con

TEXTO ORIGINAL: Texto original publicado el 08/12/2018


[Bloque 1: #pr]

I

Un sector industrial fuerte y competitivo contribuye a generar una economa ms resiliente ante los ciclos, genera empleo estable y de calidad y es un elemento de cohesin social y bienestar y vertebrador de nuestro pas. Se configura como uno de los principales motores de nuestra economa con un gran potencial para combatir las desigualdades sociales, originadas por los bajos salarios y el desempleo, y es un vector clave para el avance en materia de desarrollo sostenible y economa circular.

La competitividad de la industria es esencial para garantizar un crecimiento sostenible e integrador. El sector industrial aporta el 14,4 por ciento del VAB, un 3,7 por ciento ms si tenemos en cuenta el sector energticoy el 14,1 por ciento del nmero de empleados en Espaa, pero las sinergias que genera y su efecto motor de la economa lo convierten en una palanca an ms relevante en trminos relativos. Sin embargo, en un entorno cada vez ms globalizado y digitalizado son mltiples los elementos que socavan la competitividad del sector, que requiere actuaciones rpidas y adaptadas a las necesidades de las empresas. As, en el ao 2018, el sector industrial, tanto en magnitud PIB como en empleo, ha moderado su crecimiento en mayor proporcin al que lo ha hecho la economa espaola en su conjunto.

La sociedad espaola est cada vez ms concienciada de que hemos de evolucionar hacia un modelo socioeconmico en el que la sostenibilidad sea el factor decisivo en las actuaciones que se lleven a cabo desde todas las reas. Por todo ello, el cambio de paradigma de la sociedad hacia un modelo de economa circular y un modelo energtico sostenible requiere un esfuerzo de transformacin por parte del sector industrial que contribuya a mantener y potenciar su competitividad.

En esta lnea, el marco estratgico para la Espaa industrial 2030 del Gobierno y las Agendas Industriales que la desarrollan contemplan medidas a corto y medio plazo con el fin de alcanzar, en este mbito, un crecimiento sostenible, justo e integrador, con los objetivos de incrementar la competitividad del tejido industrial espaol; favorecer e impulsar la adopcin de la Industria Conectada 4.0; impulsar el crecimiento y desarrollo de las PYMES industriales y profundizar en la generacin de talento y puestos de trabajo de calidad. Con ello, el Gobierno apuesta decididamente por la industria como sector generador de crecimiento y de cohesin social.

Estas actuaciones deben acometerse sin demora para evitar una prdida de competitividad de la industria espaola que conduzca a una situacin de desventaja en los mercados internacionales y con respecto del resto de socios europeos, y que permita hacer frente a los retos de la digitalizacin y globalizacin que la economa mundial est experimentando de manera cada vez ms acelerada.

Estas acciones tienen distintos tiempos de ejecucin, pero algunas de ellas requieren una intervencin inmediata del Gobierno para que su desarrollo futuro no se vea comprometido. Por ello, el presente real decreto-ley aborda los aspectos ms inaplazables que afectan a la competitividad del sector industrial, como la regulacin del contrato de relevo para adaptarlo a la singularidad de la industria manufacturera. Se adoptan, asimismo, medidas de apoyo al sector industrial y, muy especialmente, a las empresas electrointensivas y, por ltimo, se aprueban determinadas disposiciones en materia de seguridad industrial.

Este paquete regulatorio que impulsa la competitividad industrial se complementa con algunas medidas concretas que inciden en la competitividad del sector comercial. As, se regula la limitacin de la venta con prdida, adaptando la regulacin espaola a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unin Europea y se suprimen los Registros de Franquiciadores y de Ventas a Distancia.

II

La industria manufacturera es uno de los motores de crecimiento de la economa espaola y de generacin de bienestar. En una sociedad cada vez ms globalizada y digitalizada, esta industria juega un papel fundamental para afrontar los retos de la sostenibilidad y la competitividad de toda la economa espaola, por su capacidad de incorporar nuevas tecnologas, de generar trabajos estables y de calidad y de vertebrar el territorio.

Actualmente, la industria manufacturera representa el 14,1 por ciento del empleo. La aplicacin de medidas de eficiencia y la determinacin por hacer de Espaa uno de los pases con las industrias ms productivas de nuestro entorno, ha sentado las bases para la recuperacin del sector en trminos de empleo y de desarrollo social.

Si algo caracteriza a la industria manufacturera es la alta calidad de sus empleos, con un alto grado de contratacin indefinida, donde se ofrecen oportunidades de desarrollo profesional, aprovechando la mayor permeabilidad en el mercado laboral a travs de la Formacin Profesional y la Formacin Profesional Dual.

Para alcanzar ventajas competitivas sostenibles en una industria global es necesario sustentar el rendimiento de las empresas tambin sobre aquellos factores que son susceptibles de generar un xito diferenciado con respecto a los principales pases productores. La productividad y la flexibilidad se erigen como los dos ejes vertebradores del desarrollo industrial de los ltimos aos. Para seguir creando empleo y continuar siendo competitivos hay que avanzar sobre estos dos factores, en el marco del dilogo social, con medidas consensuadas que ofrezcan al sector herramientas para competir en estos mbitos, como lo es el contrato de relevo, un instrumento valioso para minorar los porcentajes de desempleo que, de forma particularmente acusada, afectan a la poblacin activa de menor edad.

Las reformas operadas en los ltimos aos en las normas reguladoras de la modalidad de jubilacin parcial con simultnea celebracin de contrato de relevo, han venido a dificultar en la prctica el acceso a dicha modalidad de jubilacin. En consecuencia, el uso del contrato de relevo ha disminuido en los ltimos aos, poniendo de manifiesto la existencia de determinadas disfuncionalidades en la actual regulacin de la figura de la jubilacin parcial con simultnea celebracin de contrato de relevo, lo que, a su vez, ha venido a frustrar en parte la finalidad perseguida por esta modalidad de jubilacin parcial, que no es otra que la de procurar el rejuvenecimiento de las plantillas, el fomento de la contratacin indefinida y el incremento de la productividad de las empresas.

El prximo 31 de diciembre de 2018 finaliza el plazo de aplicacin de la disposicin transitoria cuarta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, sin que se haya completado el ciclo, poniendo en riesgo la competitividad futura, a medio y largo plazo, de las plantas de fabricacin y montaje. Es necesario, pues, y urgente, alargar el perodo de aplicacin de la mencionada disposicin transitoria, con el fin de evitar que la misma se extinga.

Lo anterior se lleva a cabo en el artculo 1 de este real decreto-ley mediante la correspondiente modificacin del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. En concreto, la exigencia de garantizar la sostenibilidad financiera del Sistema de la Seguridad Social aconseja que esta sea una reforma transitoria y limitada de la modalidad de jubilacin parcial con simultnea celebracin de contrato de relevo, orientada particularmente a sectores profesionales industriales y, dentro de estos, a aquellos colectivos de trabajadores que vienen prestando servicios que comportan relevantes esfuerzos fsicos y, adems, han alcanzado ciertas cotas de edad, antigedad y cotizacin mnima.

La incorporacin de esta medida, alargando el periodo de aplicacin de la mencionada disposicin transitoria, impulsar la competitividad de la industria y facilitar las decisiones de nuevas inversiones en nuestras plantas productivas, inversiones orientadas en gran medida a realizar la necesaria transformacin de la industria durante la transicin ecolgica, ofreciendo productos sostenibles y nuevas soluciones para una sociedad descarbonizada, mejorando sus procesos para un mayor aprovechamiento de las materias primas y la energa, y reduciendo las emisiones contaminantes. Esta medida contribuir, sin duda, a asegurar la transicin ecolgica de la industria, manteniendo su actividad y sus empleos.

Por otra parte, esta contribucin del sector industrial a la transicin ecolgica debe ser convenientemente monitorizada, de forma que las Administraciones Pblicas, y la sociedad en su conjunto, puedan tener la informacin al respecto. Las empresas industriales deben contribuir a proporcionar informacin sobre sus polticas de empresa y planes de actuacin destinados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, as como informar sobre el cumplimiento de dichos planes y los logros obtenidos, sin que dicha exigencia de informacin suponga una carga administrativa para las pequeas y medianas empresas.

De acuerdo con lo anterior, en la disposicin adicional primera del real decreto-ley se exige a las grandes empresas industriales manufactureras cuyos empleados se hayan acogido a la modalidad de jubilacin parcial con simultnea celebracin de contrato de relevo establecida en el artculo 1, que incluyan entre la informacin no financiera de sus informes de gestin, aquella referida a las medidas que la empresa adopte en el marco de la transicin haca una economa descarbonizada. Todo ello, a efectos de favorecer una gestin equilibrada de la transicin del modelo actual de produccin y consumo de la industria manufacturera hacia un modelo sostenible en el que se integre adecuadamente la variable del cambio climtico.

III

Una industria competitiva, sostenible e integradora debe corresponderse con una asuncin de responsabilidad de las Administraciones Pblicas en el control de la seguridad industrial y en la calidad y vigilancia del mercado que garantice la competencia leal entre los productores y, a la vez, suponga una mejora en la seguridad de los productos que se ponen a disposicin de los consumidores, incluyendo su impacto medio ambiental.

En ese sentido, se han venido reforzando las polticas europeas de control administrativo previo y posterior a la puesta en servicio de los productos comercializados, lo que hace necesario y urgente establecer un rgimen sancionador en el mbito industrial que penalice de manera proporcionada, efectiva y actualizada las infracciones cometidas y acte de forma disuasoria ante posibles incumplimientos.

La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, dispone que las instalaciones, equipos, actividades y productos industriales, as como su utilizacin y funcionamiento debern ajustarse a los requisitos legales y reglamentarios de seguridad. Ello de acuerdo con los reglamentos de seguridad industrial dictados en el mbito comunitario o por organismos internacionales supranacionales con los que Espaa tiene suscritos acuerdos en materia de armonizacin tcnica, tanto de vehculos como de otros productos industriales.

La conformidad del diseo, fabricacin y puesta en servicio de productos industriales constituye no solo la base de la libre circulacin de mercancas en el mercado interior europeo, sino un factor clave de competitividad de las empresas, que les habilita para comercializar sus productos en otros mercados internacionales, y supone un impulso al desarrollo y la innovacin tecnolgica empresarial. Desde la aprobacin de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, el marco legislativo comunitario en este sector ha avanzado notablemente. En concreto, el acervo comunitario en materia de seguridad de productos abarca numerosos mbitos y se ha venido regulando por diferentes directivas y reglamentos europeos. Esta regulacin europea dispone que los Estados miembros debern establecer normas relativas a las sanciones aplicables en caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en la reglamentacin europea en materia de seguridad de productos. Adems, establece que dichas sanciones deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

En nuestro ordenamiento, las infracciones y sanciones en materia de seguridad de productos se recogen en la citada Ley 21/1992, de 16 julio, no obstante, las cuantas de las sanciones han quedado desfasadas y alejadas de los objetivos que la normativa comunitaria exige.

Por ello, y teniendo en cuenta que todas las reglamentaciones europeas en materia de seguridad de productos ya se encuentran en vigor, se considera urgente y de imperiosa necesidad la modificacin, en el artculo 2 de esta norma, del importe de las sanciones que se establecen en Ley 21/1992, de 16 de julio, para alinearlo con los objetivos marcados por las diferentes normativas europeas en cuanto a efectividad, proporcionalidad y efecto disuasorio.

IV

El Reglamento de seguridad para instalaciones frigorficas y sus instrucciones tcnicas complementarias, aprobado por Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, impone una serie de requisitos administrativos que hacen que, en la prctica, el coste de una instalacin con gas refrigerante de categora 2-L sea inviable, a pesar de ser conforme a la normativa comunitaria y tener menor potencial de calentamiento atmosfrico, lo que significa una reduccin de la contribucin de este tipo de gases refrigerantes al cambio climtico.

El Gobierno, consciente de la traba que ello supone, ha iniciado el trmite de aprobacin de un nuevo real decreto que actualice los requisitos del Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, entre otras cosas, en los aspectos referidos a los equipos con refrigerante de la categora 2-L.

Los trmites procedimentales necesarios para realizar esta reforma reglamentaria hacen que no sea posible su aprobacin hasta mediados del ao 2019. Es necesario y urgente, por tanto, llevar a cabo una actuacin de carcter transitorio que evite una rotura de stocks de estos equipos, ya que los fabricantes estn actualmente iniciando su fabricacin para el ao 2019 y necesitan, de forma urgente, seguridad jurdica sobre la aceptacin en Espaa de estos equipos con refrigerantes de categora 2-L, eliminando unos trmites y requisitos tan exigentes como los que recoge la actual reglamentacin, a la vez que se garantiza la seguridad de los aparatos. Esta medida, urgente y necesaria, se recoge en la disposicin transitoria segunda del real decreto-ley.

V

La Directiva 2009/72/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE, en su artculo 28 admite la posibilidad de la existencia de redes de distribucin cerradas, definidas como redes de distribucin que suministran energa elctrica a una zona industrial, comercial o de servicios compartidos reducida desde el punto de vista geogrfico.

Las redes de distribucin de energa elctrica cerradas son un tipo especial de redes de distribucin que se han implementado en numerosos pases de la Unin Europea con el fin de contemplar la realidad de la industria interrelacionada entre s en determinados polgonos. Este tipo de industrias, con riesgo de deslocalizacin fuera de la Unin Europea por la fuerte competencia internacional y con un elevado coste energtico en su estructura de costes, pueden constituir una red de distribucin de energa elctrica cerrada que comporte ventajas econmicas para todo el conjunto.

Aunque la Directiva 2009/72/CE no obliga a los Estados miembros a regular las redes de distribucin de energa elctrica cerradas, su regulacin en nuestro pas permitir una reduccin de costes econmicos de la energa elctrica para la mediana y gran industria concentrada en mbitos territoriales reducidos, mejorando su competitividad en unos momentos en que es clave el mantenimiento de la industria existente y la reindustrializacin e implantacin de nueva actividad industrial en nuestro pas, teniendo sus condiciones de conexin a la red pblica garanta suficiente, dado que su eventual volumen de consumo y potencia no deben constituir en modo alguno un riesgo para la seguridad de las redes.

En este sentido, mediante el artculo 3 del presente real decreto-ley se incorpora al ordenamiento jurdico espaol el artculo 28 de la Directiva 2009/72/CE. Para ello se establecen los principios bsicos que deben regir la constitucin y autorizacin de redes de distribucin de energa elctrica cerradas, fijando un plazo mximo de seis meses para que el Gobierno lleve a cabo el desarrollo reglamentario de las redes de distribucin de energa elctrica cerradas, de acuerdo con los principios de sostenibilidad econmica y financiera del sistema, eficiencia energtica y transicin justa.

Es necesario tambin reconocer una especial proteccin a la industria electrointensiva, una industria estratgica para cualquier pas desarrollado. El coste del suministro elctrico puede alcanzar hasta un 50 por ciento de sus costes productivos. Esta industria compite en mercados globales, por lo que el coste local que tengan las condiciones de suministro elctrico juega un papel fundamental a la hora de determinar su viabilidad en un pas. La Comisin Europea reconoce la sensibilidad que tienen estas industrias a factores locales de precio. En sus directrices recoge la importancia que tiene el coste del suministro elctrico en la industria electrointensiva, por lo que la mayora de los Estados miembros de la Unin Europea estn evolucionando hacia un modelo sensible al coste del suministro elctrico en la industria electrointensiva, implantando una combinacin de medidas que protejan su competitividad en todos los componentes que forman la factura final del suministro.

En este entorno global tan competitivo, Espaa no puede ser una excepcin. Por ello, es necesario y urgente arbitrar mecanismos que permitan optimizar el coste que la energa elctrica tiene para estos consumidores electrointensivos y, de esta forma, mejorar su competitividad internacional. Estos consumidores renen unas caractersticas de consumo y poseen una potencial contribucin a la mejora de la gestin tcnica del sistema que requiere de un tratamiento diferencial donde se reconozcan sus particularidades para mejorar su competitividad, de conformidad con la normativa comunitaria.

Con este fin, el presente real decreto-ley, en su artculo 4, contempla la figura del consumidor electrointensivo y da un mandato al Gobierno para que, en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor, elabore y apruebe un Estatuto de Consumidores Electrointensivos, que los caracterice y recoja sus derechos y obligaciones en relacin con su participacin en el sistema y los mercados de electricidad. La creacin y regulacin de la figura del consumidor electrointensivo permitir dotar a estos consumidores de escenarios predecibles para sus costes energticos, reduciendo la volatilidad inherente a los mercados energticos globales y dotando de seguridad a las inversiones industriales.

Como se ha sealado, el sector industrial europeo se encuentra inmerso en una profunda transformacin. A pesar de los instrumentos comunitarios y nacionales a su alcance, existe una enorme preocupacin ante las decisiones de cierre de grandes instalaciones industriales, algunas de ellas de carcter estratgico por su posicin en la cadena de valor.

Especial mencin merecen las industrias electrointensivas que soportan en mayor medida los costes derivados de las polticas climticas y energticas.

Para preservar la competitividad y evitar la deslocalizacin de las industrias electrointensivas se han establecido ya mecanismos como la compensacin de los costes indirectos y, adems, cuando se lleve a cabo el desarrollo reglamentario de este real decreto-ley, se podrn establecer otros mecanismos de apoyo, medidas o ayudas, a los que se podrn acoger estos consumidores, todo ello conforme con la normativa de la Unin Europea sobre ayudas de Estado.

Con la experiencia acumulada desde la puesta en marcha de estos mecanismos de compensacin, se concluye que para que las ayudas sean verdaderamente eficaces y cumplan con la finalidad real de las mismas, evitar la deslocalizacin, es necesario incluir obligaciones adicionales a los beneficiarios, siguiendo la lnea marcada desde la Unin Europea, de establecer criterios de condicionalidad en la concesin de ayudas, con la aprobacin de Reglamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, en las que se vincula la obtencin de ayudas para inversiones en infraestructuras o productivas con un compromiso de permanencia de los beneficiarios.

En este sentido, el artculo 5 de este real decreto-ley obliga a los beneficiarios de estas ayudas a la industria electrointensiva a mantener la actividad productiva durante un periodo de tres aos, a partir de la fecha de concesin de las mismas, salvo en los supuestos de situaciones de crisis empresarial, considerndose que esta obligacin se incumple si proceden de manera efectiva a reducir en ms de un 85 por ciento su capacidad de produccin o se produce un despido colectivo que implique una reduccin de ms de un 85 por ciento de toda su plantilla de trabajadores. Se podrn excluir del reintegro de las ayudas a las empresas que reduzcan su capacidad productiva o su plantilla en ms de un 85 por ciento, pero lo hagan de forma temporal durante el proceso de bsqueda de nuevos inversores, siempre que desemboque en el reinicio de la actividad productiva de la instalacin recuperando, al menos, el 50 por ciento de su produccin y de su nivel de empleo anteriores.

Por otro lado, la cogeneracin de alta eficiencia que utilice combustibles renovables, gas natural o de bajas emisiones, es un instrumento relevante para la mejora de la eficiencia energtica y la reduccin de las emisiones en los usos industriales de la energa.

Ante la prxima finalizacin de la vida til regulatoria de una importante parte del parque de cogeneracin actualmente en funcionamiento, resulta necesario y urgente establecer una habilitacin que permita extender su vida til, de manera que dicha capacidad siga operativa y evitando, al mismo tiempo, la necesidad de que cuantiosos recursos econmicos tengan que ser destinados a su sustitucin en un momento en que la financiacin se va a convertir en un recurso escaso que conviene dirigir de la manera ms eficiente para el conjunto de la sociedad. Lo anterior se lleva a cabo en la disposicin transitoria tercera del real decreto-ley.

La industria necesita seguir operando sus actuales instalaciones de cogeneracin con un mnimo de rentabilidad. Su cierre significara una escalada de sus costes energticos, la prdida de eficiencia del sistema energtico y un aumento de emisiones, dado que las empresas tendran que sustituir sus instalaciones actuales de cogeneracin tanto por el consumo elctrico necesario como por los equipos generadores de calor equivalente. Es urgente desarrollar un marco que posibilite su operacin al concluir su vida til actual para evitar la prdida de eficiencia del sistema y de rentabilidad de sus operadores, ya que durante 2018 y 2019 finalizarn su vida til decenas de instalaciones de cogeneracin con una potencia estimada de 248 MW, de los cuales 237 MW pertenecen a instalaciones de cogeneracin de alta eficiencia que utilizan combustibles renovables o gas natural.

Con este real decreto-ley, por tanto, se contribuye a mejorar la competitividad de nuestra industria y se establecen mecanismos que le permitan, en el mbito de los costes energticos, competir en igualdad de condiciones con los pases de nuestro entorno. Adems, de forma simultnea, se articulan mecanismos que aseguren la transicin justa, as como una relacin sinalagmtica de la industria con la sociedad, garantizando que el esfuerzo que sta realiza se traduzca en creacin y mantenimiento del empleo y en generacin de actividad econmica.

VI

En lo que al sector del comercio se refiere, recientemente se han producido una serie de circunstancias y acontecimientos que hacen necesario replantearse la regulacin de determinados aspectos dentro del mbito del comercio minorista y, por tanto, la modificacin de una serie de preceptos que se contienen en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenacin del Comercio Minorista, y la derogacin de su normativa de desarrollo.

En primer lugar, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unin Europea de 19 de octubre de 2017, como consecuencia del procedimiento prejudicial c-295/16, caso Europamur Alimentacin S. A., declar la incompatibilidad del artculo 14 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenacin del Comercio Minorista, en el que se regula la venta con prdida, con la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, sobre prcticas desleales de las empresas a los consumidores en el mercado interior. Ello obliga a realizar la modificacin del citado artculo con premura, ya que las sentencias recadas en procesos relativos a cuestiones prejudiciales constituyen interpretacin del Derecho Comunitario y solo cabe acatarlas por los Estados miembros al ser de obligado cumplimiento.

La referida sentencia declara que no puede haber prohibiciones generales de ofertar o realizar ventas con prdida, que no pueden regularse excepciones a esta prohibicin basadas en criterios que no estn recogidos en la directiva, que los Estados miembros no pueden adoptar medidas ms restrictivas que las previstas en una norma de la Unin Europea, ni siquiera con el fin de garantizar una mayor proteccin de los consumidores, y que la deslealtad de la venta con prdida debe determinarse caso por caso, atendiendo a los criterios que fija la propia Directiva. La regulacin vigente sobre la venta a prdida recogida en el artculo 14 de la Ley de Ordenacin del Comercio Minorista no se adapta a estas exigencias.

En consecuencia, urge la modificacin de su regulacin, tanto para dar cumplimiento al pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unin Europea y evitar la apertura de un procedimiento sancionador por incumplimiento del Derecho de la Unin Europea, como para que se supere la inseguridad jurdica que ahora existe en esta materia para un sector tan importante para la economa espaola como es el de la distribucin comercial.

La nueva regulacin de la venta a prdida que se establece en el artculo 6 de este real decreto-ley cumple con la referida sentencia, ya que no establece una prohibicin general, aunque s determinadas limitaciones, que son conforme a lo que dispone la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, sobre prcticas desleales de las empresas a los consumidores en el mercado interior. Tambin desaparece la automaticidad de las sanciones y la carga de la prueba recae en la Administracin que, para poder sancionar, debe acreditar que la venta a prdida incurre en uno de los supuestos que se recogen de forma taxativa, y que proceden de la propia directiva y, por tanto, son acordes con el Derecho de la Unin Europea.

Por otra parte, esta norma es respetuosa con las competencias autonmicas, ya que las Comunidades Autnomas podrn decidir cmo organizar las inspecciones de comercio y/o de consumo en funcin de sus intereses y efectivos. Asimismo, la regulacin sigue manteniendo la definicin tcnica de venta con prdida, que facilita a las Comunidades Autnomas su funcin de inspeccin y sancin, ya que les proporciona el indicio, pero dado que esto no es suficiente para imponer la sancin, debe acreditarse que adems de existir venta a prdida sta es desleal porque se incurre en los supuestos que determina la ley.

En segundo lugar, entre las medidas adoptadas en el mbito del comercio, mediante el presente real decreto-ley se lleva a cabo la modificacin de los artculos 38 y 62 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenacin del Comercio Minorista, con el objetivo de suprimir el Registro de Franquiciadores y el Registro de Empresas de Ventas a Distancia, que se encuentran previstos en los referidos artculos.

Por lo que se refiere al Registro de Franquiciadores, se encuentra actualmente regulado en el Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la actividad comercial en rgimen de franquicia y la comunicacin de datos al registro de franquiciadores. A raz de las decisiones adoptadas en la Comisin para la Reforma de las Administraciones Pblicas, en 2016 se puso en marcha el Registro de Franquiciadores telemtico. Sin embargo, las aplicaciones informticas en las que se sustenta presentan graves carencias. Su utilizacin resulta complicada y poco intuitiva para los usuarios y ha supuesto la introduccin de trabas y exigencias que haban sido superadas.

Por otra parte, la nica informacin que este Registro verifica es que la empresa franquiciadora ostenta la titularidad o el derecho de uso de la marca, cuestin que ya estaba cubierta por la Oficina Espaola de Patentes y Marcas. Ningn dato ms de los comunicados por los franquiciadores es objeto de comprobacin por el personal del Registro. No obstante, el incumplimiento de la obligacin de comunicacin de datos y alta en el mismo prevista en la Ley 7/1996, de 15 de enero y en el Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero, constituye, segn el artculo 65.1.r) de dicha ley, una infraccin grave.

En cuanto al Registro de Empresas de Ventas a Distancia, se encuentra regulado en el Real Decreto 225/2006, de 24 de febrero, por el que se regulan determinados aspectos de las ventas a distancia y la inscripcin en el registro de empresas de ventas a distancia, dictado en desarrollo de las previsiones del artculo 38.2 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenacin del Comercio Minorista.

De todos los supuestos que la Ley de Ordenacin del Comercio Minorista regula en su Ttulo III como ventas especiales (ventas a distancia, ventas ambulantes o no sedentarias, ventas automticas y ventas en pblica subasta) la nica en la que se exige registro es en la modalidad de venta a distancia, sin que exista una justificacin para esta diferenciacin.

El artculo 5 del Real Decreto 225/2006, de 24 de febrero, enumera las tcnicas de ventas a distancia que quedan incluidas en la obligacin registral, exceptuando de forma expresa las empresas de servicios de sociedad de la informacin cuando nicamente ejerzan su actividad a travs de internet. De forma que las empresas que tienen obligatoriamente que solicitar su alta en el Registro de Empresas de Ventas a Distancia son aquellas que ejercen su actividad comercial a travs de tcnicas como el catlogo, el impreso, la carta normalizada, publicidad en prensa con cupn de pedido, el telfono, la radio, la televisin, visifono, vdeo texto y fax.

Al igual que ocurre con el Registro de Franquiciadores, la informacin que facilita el Registro de Ventas a Distancia se basa nicamente en las afirmaciones de la empresa, sin que exista actividad de verificacin de ningn tipo, como tampoco se exige la presentacin de documentacin acreditativa alguna.

Se han valorado los escasos resultados de la telematizacin del Registro de Franquiciadores, el elevado coste de dicho proyecto, la carga que el mismo ha supuesto para los obligados, las limitaciones que impone la normativa vigente y la escasa relevancia de la informacin que el mismo proporciona. As mismo, debe valorarse la escasa relevancia de los mtodos de venta a distancia sobre los que incide la obligacin registral, que difcilmente justificara el gasto en recursos humanos y materiales que tiene asignados, y la inversin necesaria para la puesta en marcha del Registro de Ventas a Distancia en su versin telemtica.

A la vista de lo anterior, y tras el anlisis de la evolucin del mercado en el sector, las necesidades reales del mismo y las limitaciones tanto funcionales como competenciales que presentan ambos registros, se ha concluido que stos ya no cumplen la funcin legal de poltica administrativa correspondiente a la disciplina de mercado y dirigida a la proteccin del consumidor que justific su existencia, por lo que, con base en razones de supresin de trabas para las empresas, incentivacin de la actividad econmica y de racionalizacin de recursos, se ha adoptado la decisin de suprimirlos. Por todo lo anterior, y por la existencia de un fuerte rgimen sancionador asociado al incumplimiento de la obligacin de comunicacin de datos, es de mxima urgencia que la solucin definitiva se adopte a la mayor brevedad, para mayor garanta y seguridad jurdica de los sectores afectados.

Por lo que se refiere a las becas del Programa de Becas ICEX a la Internacionalizacin, hay que sealar que de acuerdo con la disposicin final dcima octava de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el ao 2018, estas becas que hasta entonces venan siendo reguladas por la normativa interna del organismo pblico conforme a los principios de la Ley General de Subvenciones, quedan sometidas ntegramente a esta ley, lo que implica que su normativa reguladora debe ajustarse a lo establecido en la misma.

No obstante, teniendo en cuenta la elevada dificultad conceptual y procedimental, incluso de viabilidad, que conlleva la adaptacin de la normativa interna del Programa de Becas ICEX a la Internacionalizacin, mientras dicha adaptacin no se produzca y a efectos de garantizar la convocatoria para el ao 2019, urge y es necesario recoger la previsin en la disposicin transitoria cuarta del real decreto-ley de que para dicha convocatoria no resulte de aplicacin lo establecido en la disposicin final dcima octava de la Ley 6/2018, de 3 de julio. Lo anterior constituye una medida de extraordinaria y urgente necesidad ya que, de no adoptarse, no sera posible realizar la convocatoria de becas en el ejercicio 2019, impidiendo la realizacin de las actividades y funciones que son encomendadas al ICEX, y no existiendo otro mecanismo que garantice en el prximo ao dicha actividad.

En conclusin, a la vista de los hechos descritos, en el conjunto de las medidas que se adoptan en el mbito del comercio concurren, por su naturaleza y finalidad, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artculo 86 de la Constitucin como presupuestos habilitantes para la aprobacin de un real decreto-ley.

VII

Por ltimo, la norma incluye en las disposiciones finales primera y segunda, respectivamente, sendas modificaciones de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y de la Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria, necesarias ambas a afectos de adecuar el ordenamiento jurdico estatal a los ltimos pronunciamientos del Tribunal Constitucional en la materia.

En el primer caso, la sentencia del Tribunal Constitucional 66/2017, de 25 de mayo, ha declarado nulos determinados aspectos puntuales de la disposicin adicional primera de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, que regula la Agencia de Informacin y Control Alimentarios (en adelante, AICA), interpretando, ante la ambigedad del texto legal, que el legislador estaba invadiendo competencias autonmicas. En concreto, se ha declarado inconstitucional la letra e) del apartado sexto de la referida disposicin adicional en cuanto atribuye en exclusiva a la AICA el establecimiento y desarrollo del rgimen de control necesario para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la ley. En consecuencia, resulta necesario concretar de manera expresa en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, que el mbito de aplicacin de esta funcin de control que se atribuye a la AICA se limita al propio de la Administracin General del Estado. Todo ello permitir a este organismo realizar una planificacin de sus controles, actuando proactivamente ante la posible comisin de irregularidades y no slo como consecuencia de las denuncias que le sean presentadas.

Por otra parte, y tambin con motivo de un pronunciamiento judicial que ha generado un vaco normativo que urge colmar, este real decreto-ley introduce en la Ley 28/2015, de 30 de julio, un concreto ajuste a efectos de salvaguardar el correcto encaje de las facultades de control de los poderes pblicos en materia de calidad alimentaria, un aspecto de importancia capital para la adecuada articulacin de la cadena alimentaria a que se ha hecho referencia. As, la Sentencia del Tribunal Constitucional 142/2016, de 21 de julio, vino a anular una parte concreta de la Ley 28/2015, de 30 de julio, considerando que contena un excesivo detalle en el tratamiento de las conductas tipificadas, que debiera permitir un mayor desarrollo normativo por las administraciones autonmicas en ejercicio de sus competencias. Como consecuencia de este pronunciamiento judicial, se anul entre otros extremos una parte de la disposicin transitoria nica de la referida, por lo que resulta urgente articular de modo cognoscible el rgimen de infracciones y sanciones aplicable en estos casos, garantizando al propio tiempo la seguridad jurdica de los operadores y los poderes pblicos afectados y logrando con ello la efectiva articulacin entre sistemas sancionadores en materia de calidad agroalimentaria. Esta inclusin, sin alterar el esquema general prevenido en la ley, viene a completar su contenido y acta como correlato lgico sectorial de las medidas ya previstas con carcter general por la legislacin.

Las anteriores modificaciones normativas se encuadran sin dificultad en el concepto de extraordinaria y urgente necesidad, pues los cambios normativos que se establecen no pueden demorarse debido a los perjuicios que estas lagunas jurdicas generan en el correcto funcionamiento del mercado, derivados de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Del mismo modo, la seguridad jurdica exige una pronta solucin a esta circunstancia, dotando de reglas claras y cognoscibles al sector agroalimentario, con el fin de que tanto operadores como entidades pblicas, no slo puedan actuar en la legtima confianza de que concurren los requisitos de validez de su marco regulador, sino tambin con garanta de la plena adecuacin de dicha regulacin a las concretas necesidades de su estructura.

VIII

Tal y como se ha justificado caso por caso en los apartados anteriores, se considera que la adopcin del conjunto de medidas contempladas en el presente real decreto-ley rene, por su naturaleza y finalidad, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad exigidas por el artculo 86 de la Constitucin como presupuestos habilitantes para su aprobacin.

Hay que recordar que el Tribunal Constitucional en su Sentencia 142/2014, de 11 de septiembre (FJ 5), seal la relevancia, desde la perspectiva del artculo 86.1 CE, de la ordenacin de los procesos que se desarrollan en el sector energtico (SSTC 170/2012, de 4 de octubre, FJ 6; 233/2012, de 13 de diciembre, FJ 2; y 39/2013, de 14 de febrero, FJ 8). As, en relacin con la concurrencia de la situacin de extraordinaria y urgente necesidad en la adopcin de un real decreto-ley, el Tribunal Constitucional seala que la importancia del sector energtico para el desarrollo de la actividad econmica en general determina que su ordenacin, introduciendo reformas en el mismo a fin de mejorar el funcionamiento de los distintos subsectores que lo integran, sea susceptible de constituir una necesidad cuya valoracin entra dentro del mbito de atribuciones que corresponde al Gobierno….

La extraordinaria y urgente necesidad tambin se deriva de los riesgos que afectan a la competitividad del sector industrial espaol, de los elevados precios de la factura elctrica para la industria y, en particular, para las industrias electrointensivas, as como de las situaciones de incumplimiento de los requisitos de seguridad y medioambientales exigidos a vehculos y productos industriales, y cuya vigencia inmediata es imprescindible para que la modificacin normativa pueda tener la eficacia que se pretende. En concreto, por lo que a la modificacin de sanciones en materia de seguridad industrial se refiere, hay que recordar la STC 3/1988, relativa al Real Decreto-ley 3/1979, de 26 de enero, sobre proteccin de la seguridad ciudadana, en su FJ 6 considera que el establecimiento de infracciones o sanciones administrativas por decreto-ley no afecta al artculo 25 de la Constitucin: … la utilizacin del Decreto-ley para la previsin de tipos de ilcito y las correspondientes sanciones no supondra una contradiccin con lo dispuesto en el art. 25.1, al configurarse el Decreto-ley, segn el art. 86. 1 C.E., como disposicin legislativa que se inserta en el ordenamiento jurdico (provisionalmente hasta su convalidacin, y definitivamente tras sta) como una norma dotada de fuerza y valor de ley (STC 29/1982, de 31 de mayo, fundamento jurdico 2.).

En cuanto a las medidas adoptadas en el mbito del comercio, en primer lugar, urge la modificacin de la regulacin vigente sobre la venta a prdida recogida en el artculo 14 de la Ley de Ordenacin del Comercio Minorista una vez que el Tribunal de Justicia de la Unin Europea ha declarado que no se adapta a las exigencias de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, sobre prcticas desleales de las empresas a los consumidores en el mercado interior. En segundo trmino, es necesaria la supresin de las obligaciones relativas a los registros que se contienen en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenacin del Comercio Minorista y en sus normas de desarrollo, las cuales se han revelado como poco justificadas constituyendo cargas para las empresas, pero cuyo incumplimiento, sin embargo, puede ser objeto de sancin.

En definitiva, de todo lo anterior resulta que el real decreto-ley representa un instrumento constitucionalmente lcito, en tanto que pertinente y adecuado para la consecucin del fin que justifica la legislacin de urgencia, que no es otro, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4; 137/2003, de 3 de julio, F. 3; 68/2007, F. 10; 137/2011, F. 7 y 189/2005, de 7 julio, F. 3), que subvenir a un situacin concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difciles de prever requiere una accin normativa inmediata en un plazo ms breve que el requerido por la va normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitacin parlamentaria de las leyes, mxime cuando la determinacin de dicho procedimiento no depende del Gobierno.

Adems, este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las instituciones bsicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Ttulo I de la Constitucin, al rgimen de las Comunidades Autnomas, ni al Derecho electoral general.

Por tanto, cabe concluir que en conjunto y en cada una de las medidas que se adoptan, concurren, por su naturaleza y finalidad, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artculo 86 de la Constitucin como presupuestos habilitantes para la aprobacin de un real decreto-ley.

IX

El presente real decreto-ley se dicta al amparo de las competencias atribuidas al Estado en materia de bases y coordinacin de la planificacin general de la actividad econmica, de acuerdo con lo establecido en el artculo 149.1.13. de la Constitucin, al ser la actividad industrial una parte de la actividad econmica, en la que el Estado tiene competencia exclusiva para determinar las bases y la coordinacin referente a toda clase de industrias. Asimismo, esta norma se dicta de acuerdo con las competencias estatales establecidas en los artculos 149.1.7. y 17. sobre la legislacin laboral y legislacin bsica y rgimen econmico de la Seguridad Social.

Por otro lado, la norma se fundamenta en el ttulo competencial reconocido en el artculo 149.1.25. sobre bases del rgimen minero y energtico, y se adecua a la doctrina del Tribunal Constitucional con relacin al alcance de las normas bsicas en materia de energa respetando las competencias que, en su caso, se atribuyan a las comunidades autnomas en sus respectivos estatutos de autonoma.

Las medidas adoptadas en materia de comercio se fundamentan en los artculos 149.1.6. y 8. de la Constitucin, que otorgan al Estado la competencia exclusiva para regular el derecho mercantil de la competencia y la legislacin civil. Asimismo, estas medidas tambin se amparan en el ttulo competencial otorgado al Estado en el artculo 149.1.13. sobre bases y de coordinacin de la planificacin general de la actividad econmica.

X

La presente norma se adecua a los principios de buena regulacin establecidos en el artculo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas. A estos efectos se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia dado el inters general en el que se fundamentan las medidas que se establecen, siendo el real decreto-ley el instrumento ms adecuado para garantizar su consecucin. La norma es acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulacin imprescindible para la consecucin de los objetivos previamente mencionados. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurdica, siendo coherente con el resto del ordenamiento jurdico, establecindose un marco normativo estable, integrado y claro. Por ltimo, en cumplimiento del principio de transparencia la norma identifica claramente su propsito, ofrecindose en esta Exposicin de Motivos una explicacin de las medidas que se adoptan en los distintos sectores.

En virtud de todo ello, haciendo uso de la autorizacin contenida en el artculo 86 de la Constitucin, a propuesta de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, de la Ministra para la Transicin Ecolgica y del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentacin, previa deliberacin del Consejo de Ministros en su reunin del da 7 de diciembre de 2018,

DISPONGO:


[Bloque 2: #ti]

TTULO I

Medidas en materia de industria


[Bloque 3: #ci]

CAPTULO I

Medidas de fomento de la competitividad industrial


[Bloque 4: #a1]

Artculo 1. Modificacin del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Se aade un nuevo apartado 6 a la disposicin transitoria cuarta del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, con la siguiente redaccin:

6. Se seguir aplicando la regulacin para la modalidad de jubilacin parcial con simultnea celebracin de contrato de relevo, vigente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualizacin, adecuacin y modernizacin del sistema de la Seguridad Social, a pensiones causadas antes del 1 de enero de 2023, siempre y cuando se acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Que el trabajador que solicite el acceso a la jubilacin parcial realice directamente funciones que requieran esfuerzo fsico o alto grado de atencin en tareas de fabricacin, elaboracin o transformacin, as como en las de montaje, puesta en funcionamiento, mantenimiento y reparacin especializados de maquinaria y equipo industrial en empresas clasificadas como industria manufacturera.

b) Que el trabajador que solicite el acceso a la jubilacin parcial acredite un perodo de antigedad en la empresa de, al menos, seis aos inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilacin parcial. A tal efecto, se computar la antigedad acreditada en la empresa anterior si ha mediado una sucesin de empresa en los trminos previstos en el artculo 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, o en empresas pertenecientes al mismo grupo.

c) Que en el momento del hecho causante de la jubilacin parcial el porcentaje de trabajadores en la empresa cuyo contrato de trabajo lo sea por tiempo indefinido, supere el 70 por ciento del total de los trabajadores de su plantilla.

d) Que la reduccin de la jornada de trabajo del jubilado parcial se halle comprendida entre un mnimo de un 25 por ciento y un mximo del 67 por ciento, o del 80 por ciento para los supuestos en que el trabajador relevista sea contratado a jornada completa mediante un contrato de duracin indefinida. Dichos porcentajes se entendern referidos a la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable.

e) Que exista una correspondencia entre las bases de cotizacin del trabajador relevista y del jubilado parcial, de modo que la del trabajador relevista no podr ser inferior al 65 por ciento del promedio de las bases de cotizacin correspondientes a los seis ltimos meses del perodo de base reguladora de la pensin de jubilacin parcial.

f) Que se acredite un perodo de cotizacin de treinta y tres aos en la fecha del hecho causante de la jubilacin parcial, sin que a estos efectos se tenga en cuenta la parte proporcional correspondiente por pagas extraordinarias. A estos exclusivos efectos, solo se computar el perodo de prestacin del servicio militar obligatorio o de la prestacin social sustitutoria, con el lmite mximo de un ao.

En el supuesto de personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento, el perodo de cotizacin exigido ser de veinticinco aos.


[Bloque 5: #a2]

Artculo 2. Modificacin de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria queda modificada en los siguientes trminos:

Uno. Se modifica el artculo 34 que queda redactado de la siguiente manera:

Artculo 34. Sanciones.

1. Las infracciones sern sancionadas en la forma siguiente:

a) Las infracciones leves con multas de hasta 60.000 euros.

b) Las infracciones graves con multas de hasta 6.000.000 euros.

c) Las infracciones muy graves con multas de hasta 100.000.000 euros.

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, podr actualizar, mediante real decreto, las cuantas de las sanciones.

2. Para determinar la cuanta de las sanciones se tendrn en cuenta las siguientes circunstancias:

a) La importancia del dao o deterioro causado.

b) El grado de participacin y beneficio obtenido.

c) La capacidad econmica del infractor.

d) La intencionalidad en la comisin de la infraccin.

e) La reincidencia.

f) El nmero de productos puestos en el merado objeto de la infraccin.

g) El volumen de facturacin de la entidad, incluido el grupo al que pertenezca.

3. La autoridad sancionadora competente podr acordar, adems, en las infracciones graves y muy graves, la prdida de la posibilidad de obtener subvenciones y la prohibicin para celebrar contratos con las Administraciones Pblicas, durante un plazo de hasta dos aos en las infracciones graves y hasta cinco aos en las muy graves.

4. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves, una vez firmes, sern publicadas en la forma que se determine reglamentariamente.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 30.1 las acciones u omisiones tipificadas en la presente Ley que lo estn tambin en otras, se calificarn con arreglo a la que comporte mayor sancin.

Dos. Se modifica el artculo 35 que queda redactado de la siguiente manera:

Artculo 35. Multas coercitivas.

Con independencia de las multas previstas en los artculos anteriores, los rganos sancionadores, una vez transcurridos los plazos sealados en el requerimiento correspondiente relativo a la adecuacin de productos o instalaciones a lo dispuesto en las normas o a la obtencin de autorizacin para la ejecucin de actividades, podrn imponer multas coercitivas, conforme a lo dispuesto en el artculo 103 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas.

La cuanta de cada una de dichas multas no superar el veinte por ciento de la multa fijada para la infraccin cometida.


[Bloque 6: #ci-2]

CAPTULO II

Medidas de apoyo para la transicin justa de la industria electrointensiva


[Bloque 7: #a3]

Artculo 3. Redes de distribucin de energa elctrica cerrada.

1. Se habilita al Gobierno a desarrollar reglamentariamente la figura de la red de distribucin de energa elctrica cerrada, para el suministro de electricidad a actividades industriales que, por razones fundamentalmente de seguridad, se encuentren integradas en mbitos geogrficos reducidos.

2. A tal efecto, el Gobierno desarrollar en el plazo mximo de seis meses desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley un reglamento que recoja el procedimiento y los requisitos que debern cumplirse para el otorgamiento de la autorizacin administrativa de las redes de distribucin de energa elctrica cerrada. Entre dichos requisitos debern contemplarse, al menos, los relativos a la sostenibilidad econmica y financiera del sistema elctrico, garanta de la seguridad en la operacin, la evitacin de la fragmentacin y redundancia en las redes para alimentar a los consumidores, la evitacin de la discriminacin entre grupos de consumidores que renan caractersticas similares, y la minimizacin del impacto ambiental provocado por las redes. La autorizacin podr ser revocada si dejan de cumplirse los requisitos que se establezcan para su autorizacin.

El real decreto sealado, adicionalmente, podr regular aspectos relativos a la propiedad de los activos, las condiciones de acceso a las redes de distribucin de energa elctrica cerradas, los tipos de contratos y las obligaciones econmicas y tcnicas con el sistema elctrico.

3. Las redes de distribucin cerradas debern ser autorizadas por la Direccin General de Poltica Energticas y Minas del Ministerio para la Transicin Ecolgica, previo informe de la Comisin Nacional de los Mercados y la Competencia, en el que se analice el cumplimiento de los requisitos indicados en el apartado 2 y, en particular, la sostenibilidad econmica y financiera del sistema elctrico.


[Bloque 8: #a4]

Artculo 4. Estatuto de Consumidores Electrointensivos.

1. En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley el Gobierno aprobar, mediante real decreto, un Estatuto de Consumidores Electrointensivos que reconozca las particularidades de aquellos consumidores elctricos con un elevado uso de la electricidad, un elevado consumo en horas de baja demanda elctrica y una curva de consumo estable y predecible.

2. El Estatuto de Consumidores Electrointensivos establecer la caracterizacin de dichos consumidores atendiendo a variables objetivas vinculadas a las pautas y volumen de potencia y energa demandadas, as como a su contribucin potencial a una mejor gestin tcnica y econmica del sistema elctrico.

3. El Estatuto de Consumidores Electrointensivos desarrollar mecanismos a los que se podrn acoger estos consumidores, encaminados a mitigar los efectos de los costes energticos sobre la competitividad, de conformidad con la normativa comunitaria, as como las obligaciones y compromisos que debern asumir dichos consumidores en el mbito de la eficiencia energtica, sustitucin de fuentes energticas emisoras y contaminantes, inversin en I+D+i y empleo, entre otros.


[Bloque 9: #a5]

Artculo 5. Obligaciones de los beneficiarios de ayudas a la industria electrointensiva.

1. Los beneficiarios de las ayudas a la industria electrointensiva previstas en el artculo 4 y en la disposicin adicional sexta de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el rgimen del comercio de derechos de emisin de gases de efecto invernadero, debern mantener la actividad productiva durante un periodo de tres aos, a partir de la fecha en que se dicte la resolucin de concesin de las ayudas.

2. Se entender que los beneficiarios incumplen esta obligacin de mantenimiento de la actividad cuando, durante el referido periodo de tres aos, incurran en alguno de los siguientes supuestos:

a) Procedan de manera efectiva a reducir en ms de un 85 por ciento su capacidad de produccin.

b) Se comunique la decisin empresarial de despido colectivo, conforme a lo recogido en artculo 12.1 del Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensin de contratos y reduccin de jornada, aprobado por el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, y que sta comunicacin implique una reduccin de ms de un 85 por ciento de toda su plantilla.

No se considerar incumplida esta obligacin en los supuestos de transformacin, fusin, escisin o cesin global de activos y pasivos siempre que la entidad adquirente mantenga la actividad en los trminos previstos en este apartado. Tampoco se considerar incumplida esta obligacin cuando el presupuesto de incumplimiento derive de un procedimiento de liquidacin en el marco de un proceso concursal previsto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

3. El incumplimiento de la obligacin de mantenimiento de la actividad dentro del periodo de tres aos, a partir de la fecha en que se dicte la resolucin de concesin de las ayudas, ser causa de reintegro de las mismas para lo que se seguir el procedimiento previsto en el Captulo II del Ttulo II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

4. Se podrn excluir del reintegro, en las condiciones y de acuerdo con el procedimiento que se desarrolle reglamentariamente, a aquellas empresas industriales que, a pesar de haber reducido su capacidad productiva o su plantilla en ms de un 85 por ciento, lo hagan de forma temporal durante el proceso de bsqueda de nuevos inversores, siempre que dicho proceso desemboque en el reinicio de la actividad productiva de la instalacin recuperando, al menos, el 50 ciento de su produccin y de su nivel de empleo anteriores.

5. No podrn obtener la condicin de beneficiarios de estas ayudas las empresas en las que concurra alguno de los supuestos establecidos en el apartado 2 o que estn incursas en un procedimiento concursal de conformidad con la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.


[Bloque 10: #ti-2]

TTULO II

Medidas en materia de comercio sobre precios en la distribucin comercial minorista y registros especficos


[Bloque 11: #a6]

Artculo 6. Modificacin de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenacin del Comercio Minorista.

La Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenacin del Comercio Minorista, queda modificada en los siguientes trminos:

Uno. Se modifica el artculo 14 que queda redactado como sigue:

Artculo 14. Venta con prdida.

1. No obstante lo dispuesto en el artculo anterior, no se podrn realizar ventas al pblico con prdida si stas se reputan desleales. Las ventas con prdida se reputarn desleales en los siguientes casos:

a) Cuando sea susceptible de inducir a error a los consumidores acerca del nivel de precios de otros productos del mismo establecimiento.

b) Cuando tenga por efecto desacreditar la imagen de un producto o de un establecimiento ajeno.

c) Cuando forme parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor o grupo de competidores del mercado.

d) Cuando forme parte de una prctica comercial que contenga informacin falsa sobre el precio o su modo de fijacin, o sobre la existencia de una ventaja especfica con respecto al mismo, que induzca o pueda inducir a error al consumidor medio y le haya hecho tomar la decisin de realizar una compra que, de otro modo, no hubiera realizado.

2. A los efectos sealados en el apartado anterior, se considerar que existe venta con prdida cuando el precio aplicado a un producto sea inferior al de adquisicin segn factura, deducida la parte proporcional de los descuentos que figuren en la misma, o al de reposicin si ste fuese inferior a aqul o al coste efectivo de produccin si el artculo hubiese sido fabricado por el propio comerciante, incrementados en las cuotas de los impuestos indirectos que graven la operacin.

Las facturas se entendern aceptadas en todos sus trminos y reconocidas por sus destinatarios, cuando no hayan sido objeto de reparo en el plazo de los 25 das siguientes a su remisin. En el caso de que no sean conformes se dispone sobre la anterior un plazo adicional de 10 das para su subsanacin y nueva remisin de la correspondiente factura rectificada.

Dos. Se modifica el artculo 38 que queda redactado en los siguientes trminos:

Artculo 38. Concepto.

1. Para la calificacin de las ventas a distancia se estar a lo dispuesto en el artculo 92 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

2. Para el ejercicio de las ventas a distancia ser de aplicacin el rgimen contenido en el ttulo III del libro segundo del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

Tres. Se modifica el artculo 62 que queda redactado como sigue:

Artculo 62. Regulacin del rgimen de franquicia.

1. La actividad comercial en rgimen de franquicia es la que se lleva a efecto en virtud de un acuerdo o contrato por el que una empresa, denominada franquiciadora, cede a otra, denominada franquiciada, el derecho a la explotacin de un sistema propio de comercializacin de productos o servicios.

2. Con una antelacin mnima de 20 das a la firma de cualquier contrato o precontrato de franquicia o entrega por parte del futuro franquiciado al franquiciador de cualquier pago, el franquiciador deber haber entregado al futuro franquiciado por escrito la informacin necesaria para que pueda decidir libremente y con conocimiento de causa su incorporacin a la red de franquicia y, en especial, los datos principales de identificacin del franquiciador, descripcin del sector de actividad del negocio objeto de franquicia, contenido y caractersticas de la franquicia y de su explotacin, estructura y extensin de la red y elementos esenciales del acuerdo de franquicia. Reglamentariamente se establecern las dems condiciones bsicas para la actividad de cesin de franquicias.

Cuatro. El artculo 65.1.a) queda redactado como sigue:

a) Ejercer una actividad comercial sin previa autorizacin en el caso de que esta fuera preceptiva, o no realizar las comunicaciones o notificaciones a la administracin comercial exigidas por la normativa vigente.

Cinco. El artculo 65.1.c) queda redactado como sigue:

c) Realizar ventas con prdida que sean desleales en los supuestos del artculo 14.1.


[Bloque 12: #dt]

Disposicin transitoria primera. Expedientes en curso de ayudas.

Lo dispuesto en el artculo 5 ser de aplicacin a los procedimientos de concesin de ayudas en tramitacin en los que en el momento de la entrada en vigor de este real decreto-ley no se haya dictado resolucin de concesin de las ayudas por el rgano competente.


[Bloque 13: #dt-2]

Disposicin transitoria segunda. Condiciones para las instalaciones que contengan refrigerantes del grupo A2L.

En tanto no se apruebe, mediante real decreto, el nuevo Reglamento de seguridad para instalaciones frigorficas y sus instrucciones tcnicas complementarias, en el que se establezcan medidas especficas para las instalaciones con refrigerantes de la clase A2L, segn norma UNE-EN 378-1:2017, gases refrigerantes con baja toxicidad y ligera inflamabilidad, ser de aplicacin lo siguiente:

1. Los sistemas de refrigeracin compactos (sistemas de acondicionamiento de aire porttiles, frigorficos, congeladores domsticos, etc.) que contengan refrigerantes de clase A2L con carga de refrigerante inferior al resultado de aplicar el factor 1,5 a m1 [m1=LIIx4m3], no le aplicaran los requisitos de la presente disposicin ni aquellas que pudiesen tener en funcin de la redaccin actual del Real Decreto 138/2011, en reconocimiento de que estos refrigerantes tienen una velocidad de combustin inferior, lo que conlleva una reducida probabilidad de ignicin.

Siendo m1 uno de los factores tope incluidos en la tabla C.2 del anexo C de la UNE-EN 378-1:2017 y, LII el lmite inferior de inflamabilidad, que aparece en la tabla E.1 del anexo E de la norma UNE-EN 378-1:2017 en kg/m3. El multiplicador 4 se basa en una carga de 150 gr. del refrigerante R-290.

2. Los sistemas de refrigeracin no compactos, que contengan refrigerantes de clase A2L, con carga de refrigerante inferior al resultado de aplicar el factor 1,5 a m1 [m1=LIIx4m3], en reconocimiento de que estos refrigerantes tienen una velocidad de combustin inferior, lo que conlleva una reducida probabilidad de ignicin, se les aplicar nica y exclusivamente lo siguiente:

La ejecucin, mantenimiento, reparacin, modificacin y desmantelamiento de estas instalaciones se realizar por empresas frigoristas de nivel 1, de las establecidas en el Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigorficas y sus instrucciones, o por las empresas instaladoras que se establecen en el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Trmicas en los Edificios (RITE).

La empresa que realice la instalacin deber entregar al titular del sistema o instalacin la siguiente documentacin:

a) Un certificado en el que figuren los datos de la empresa instaladora, el fabricante, modelo, ao, nmero de fabricacin, carga, denominacin y grupo del refrigerante empleado, as como las actuaciones realizadas.

b) Manual de instrucciones.

3. El titular de las instalaciones que utilicen refrigerantes pertenecientes a la clase A2L, que no sobrepasen los lmites mximos de carga conforme a las tablas C.1 y C.2 del anexo C de la norma UNE-EN 378-1:2017 y que no requieran medidas de proteccin especficas segn el anlisis de riesgos contemplado en la norma UNE-EN 378-1:2017, distintas a las medidas adicionales incluidas en el apartado C.3 del anexo C de la norma UNE-EN 378-1:2017, est exento de contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos que pudieran derivarse de la instalacin, con cuanta mnima de 500.000 €.

4. Las instalaciones que utilicen fluidos pertenecientes a la clase de seguridad A2L, que no tengan ningn sistema con una potencia elctrica instalada en los compresores superior a 30 kW, o la suma total de las potencias elctricas instaladas en los compresores frigorficos, de todos los sistemas, no excede de 100 kW y que no enfren ninguna cmara de atmsfera artificial, pueden ejecutarse por empresas frigoristas de nivel 1, de las establecidas en el Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, o por las empresas instaladoras que se establecen en el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

5. Para instalaciones con carga de refrigerante igual o superior al resultado de aplicar el factor 1,5 a m1 [m1=LIIx4m3], cuyos equipos utilicen fluidos pertenecientes a la clase de seguridad A2L, que no tengan ningn sistema con una potencia elctrica instalada en los compresores superior a 30 kW, o la suma total de las potencias elctricas instaladas en los compresores frigorficos, de todos los sistemas, no excede de 100 kW y que no enfren ninguna cmara de atmsfera artificial, debern comunicar a la Comunidad Autnoma la siguiente documentacin:

a) Memoria tcnica de la instalacin ejecutada firmada por el instalador frigorista o tcnico titulado competente, facilitando por escrito al usuario informacin detallada de los equipos: fabricante, modelo, tipo y carga de refrigerante y ao de fabricacin. Adjuntar un documento del clculo justificativo de que la instalacin cumple con las exigencias de la norma UNE-EN 378-1:2017, en cuanto a: dimensiones del local, altura de montaje del equipo sobre el suelo, carga mxima admitida y medidas de seguridad adoptadas. Dicho documento estar firmado por el representante legal de la empresa frigorista o por tcnico titulado competente en el caso de que no se sobrepasen los lmites de carga segn se establecen en las tablas C.1 y C.2 del anexo C de la norma UNE-EN 378-1:2017 o por un tcnico titulado competente si se sobrepasan los lmites de carga o se requiere hacer anlisis de riesgo.

b) Anlisis de riesgo de la instalacin, en caso de que no se satisfagan los criterios del punto anterior, es decir que se sobrepase la carga mxima de refrigerante admitida de acuerdo con la norma UNE-EN 378-1:2017, documentando si se trata de una zona de extensin despreciable (ED) segn la Norma UNE-EN 60079-10-1, en caso contrario deber aplicarse el Real Decreto 144/2016, de 8 de abril, por el que se establecen los requisitos esenciales de salud y seguridad exigibles a los aparatos y sistemas de proteccin para su uso en atmsferas potencialmente explosivas. En este caso la instalacin la realizara una empresa instaladora de nivel 2.

c) Certificado de la empresa frigorista, firmado por su representante legal, confirmando que dispone de personal habilitado para la instalacin y manejo de sistemas e instalaciones que utilicen gases de la clase A2L, que est familiarizado con los requisitos de este tipo de instalaciones con respecto a estos refrigerantes y ha recibido la formacin necesaria, y que la instalacin y sus componentes cumplen con las condiciones especficas que recomienda el fabricante de los equipos para la utilizacin de esta clase de refrigerantes A2L.

d) Certificado de la instalacin suscrito por la empresa frigorista.

Los certificados indicados en los apartados c) y d) anteriores podrn unificarse en un solo documento que incluya toda la informacin exigida en ambos.

e) Certificado de instalacin elctrica, que incluya la parte correspondiente a la instalacin frigorfica, firmado por un instalador en baja tensin.

f) Declaraciones de conformidad de los equipos a presin y del sistema de tuberas de acuerdo con el Real Decreto 709/2015, de 24 de julio y, en su caso, de los accesorios de seguridad o presin.

g) De acuerdo con el Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, las declaraciones de conformidad CE de la instalacin como conjunto, cuando se trate de equipos compactos, y para el resto de instalaciones, de todos los equipos a presin incluidos las declaraciones de conformidad de las tuberas cuando aplique.

h) Contrato de mantenimiento con una empresa instaladora frigorista.


[Bloque 14: #dt-3]

Disposicin transitoria tercera. Instalaciones de cogeneracin que utilicen combustibles renovables o gas natural que han agotado su vida til regulatoria.

Las instalaciones de cogeneracin de alta eficiencia que utilicen combustibles renovables o gas natural, y que superen su vida til regulatoria con fecha posterior al 1 de enero de 2018, podrn percibir el trmino de retribucin a la operacin correspondiente a su instalacin tipo por la energa que produzcan desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y hasta un periodo mximo de dos aos a contar desde la entrada en vigor de este real decreto-ley. Este derecho a la percepcin de la retribucin a la operacin se extinguir en el caso de que se desarrolle reglamentariamente un rgimen regulador de estas tecnologas.

Para la percepcin de esta retribucin, las instalaciones de produccin de energa elctrica con cogeneracin a las que sea de aplicacin esta disposicin debern mantenerse en el cumplimiento de las condiciones de eficiencia energtica y de los dems requisitos recogidos en la normativa de aplicacin.


[Bloque 15: #dt-4]

Disposicin transitoria cuarta. Convocatoria del Programa de Becas ICEX de Internacionalizacin para el ao 2019.

Lo previsto en la disposicin adicional vigsima sexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no resultar de aplicacin a la convocatoria de las becas de Internacionalizacin Empresarial de ICEX correspondiente al ejercicio 2019. Durante dicho ejercicio deber adaptarse la normativa reguladora de las mencionadas becas a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, con el fin de que la normativa de subvenciones resulte de aplicacin a las becas convocadas en 2020.


[Bloque 16: #da]

Disposicin adicional primera. Informacin no financiera de las empresas con trabajadores acogidos a la modalidad de jubilacin parcial con simultnea celebracin de contrato de relevo.

Las empresas que empleen a trabajadores que se hayan acogido a la modalidad de jubilacin parcial con simultnea celebracin de contrato de relevo establecida en el apartado 6 de la disposicin transitoria cuarta del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en la redaccin dada por el artculo 1 de este real decreto-ley, debern incluir entre la informacin no financiera contenida en el informe de gestin previsto en el artculo 262.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, el conjunto de medidas que hayan adoptado en el marco de la transicin justa hacia una economa descarbonizada.


[Bloque 17: #da-2]

Disposicin adicional segunda. Evaluacin de las medidas establecidas en el real decreto-ley.

Transcurridos cinco aos desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en colaboracin, en su caso, con los Departamentos ministeriales competentes, llevar a cabo una evaluacin de las medidas establecidas en el mismo. A estos efectos, la evaluacin contendr, al menos, los criterios establecidos en el artculo 3.2 del Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo, por el que se regulan el Plan Anual Normativo y el Informe Anual de Evaluacin Normativa de la Administracin General del Estado y se crea la Junta de Planificacin y Evaluacin Normativa.


[Bloque 18: #dd]

Disposicin derogatoria nica. Derogacin normativa.

1. Quedan derogadas expresamente las siguientes normas:

a) El artculo 65.1.r) de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenacin del Comercio Minorista.

b) El Real Decreto 225/2006, de 24 de febrero, por el que se regulan determinados aspectos de las ventas a distancia y la inscripcin en el registro de empresas de ventas a distancia.

c) El captulo III, la disposicin adicional primera, la disposicin adicional segunda, la disposicin transitoria primera y la disposicin transitoria segunda del Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la actividad comercial en rgimen de franquicia y la comunicacin de datos al registro de franquiciadores.

2. Asimismo, quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en este real decreto-ley.


[Bloque 19: #df]

Disposicin final primera. Modificacin de laLey 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

Se modifica la letra e) del apartado 6 de la disposicin adicional primera de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que queda redactada como sigue:

e) Establecer y desarrollar, en el mbito de las competencias que tiene atribuidas por esta ley la Administracin General del Estado, el rgimen de control necesario para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la misma.


[Bloque 20: #df-2]

Disposicin final segunda. Modificacin de la Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria.

La Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria queda modificada en los siguientes trminos:

Uno. Se suprime la disposicin transitoria nica.

Dos. Se introduce una nueva disposicin adicional quinta con la siguiente redaccin:

Disposicin adicional quinta. Infracciones.

La tipificacin de las infracciones en materia de calidad alimentaria ser la que al efecto se regule por la legislacin de cada comunidad autnoma en la materia.


[Bloque 21: #df-3]

Disposicin final tercera. Incorporacin de derecho de la Unin Europea.

Mediante esta norma se incorpora al derecho espaol el artculo 28 de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE.


[Bloque 22: #df-4]

Disposicin final cuarta. Ttulo competencial.

Este real decreto-ley se dicta al amparo de los artculos 149.1.6., 7., 8., 13., 17. y 25. de la Constitucin, que atribuyen al Estado competencias en materia de legislacin mercantil, legislacin laboral, legislacin civil, bases y coordinacin de la planificacin general de la actividad econmica, legislacin bsica y rgimen econmico de la Seguridad Social y bases de rgimen minero y energtico, respectivamente.


[Bloque 23: #df-5]

Disposicin final quinta. Desarrollo y ejecucin.

Se habilita al Gobierno para aprobar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecucin de lo previsto en este real decreto-ley.


[Bloque 24: #df-6]

Disposicin final sexta. Entrada en vigor.

Este real decreto-ley entrar en vigor el mismo da de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.


[Bloque 25: #fi]

Dado en Madrid, el 7 de diciembre de 2018.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,

PEDRO SNCHEZ PREZ-CASTEJN

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.

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