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Legislación consolidada

Ley 2/2012, de 28 de marzo, gallega de proteccin general de las personas consumidoras y usuarias.

Publicado en: DOG núm. 69, de 11/04/2012, BOE núm. 101, de 27/04/2012.
Entrada en vigor: 01/05/2012
Departamento: Comunidad Autnoma de Galicia
Referencia: BOE-A-2012-5595
Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es-ga/l/2012/03/28/2/con

TEXTO CONSOLIDADO: Última actualización publicada el 28/12/2017

Incluye la correccin de errores publicada en DOG nm. 71, de 13 de abril de 2012.


[Bloque 2: #preambulo]

I

EXPOSICIN DE MOTIVOS

En virtud del artculo 30.I.4 del Estatuto de autonoma de Galicia, y de acuerdo con las bases y la ordenacin de la actuacin econmica general y la poltica monetaria del Estado, corresponde a la Comunidad Autnoma gallega, en los trminos de lo dispuesto en los artculos 38, 131 y 149.1.11. y 13. de la Constitucin, la competencia exclusiva en materia de defensa del consumidor y usuario, todo ello sin perjuicio de la poltica general de precios y de la legislacin sobre la defensa de la competencia.

A consecuencia de esa asuncin de competencias, mediante la Ley 12/1984, de 28 de diciembre, se aprob el Estatuto gallego del consumidor y usuario, que en su momento constituy una de las primeras regulaciones autonmicas de defensa del consumidor y usuario, y se puso de manifiesto la preocupacin del legislador gallego por dar una respuesta adecuada a las situaciones de inferioridad en que podan hallarse los consumidores gallegos.

Con esta regulacin, adems de establecer el desarrollo competencial previsto en el Estatuto de autonoma, se daba cumplimiento al mandato constitucional del artculo 51 de que los poderes pblicos garantizarn la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legtimos intereses econmicos de los mismos.

Esta preocupacin del legislador autonmico por la defensa del consumidor no solo se manifest desde un punto de vista de regulacin sustantiva con la aprobacin del Estatuto gallego del consumidor y usuario, sino tambin, dando un paso ms, y ya desde el punto de vista organizativo, por medio de la promulgacin de la Ley 8/1994, de 30 de diciembre, que crea el Instituto Gallego de Consumo, y a travs de la cual vuelve a destacar la Comunidad Autnoma gallega como una de las primeras comunidades autnomas en la creacin de un organismo con personalidad jurdica propia para la defensa de los consumidores.

Pasados ms de veinticinco aos desde la aprobacin del Estatuto gallego del consumidor y usuario, los cambios producidos en la oferta, venta y prestacin de bienes y servicios en el mercado y su contratacin, as como el desarrollo normativo a nivel estatal y de la Unin Europea, hacen necesaria una revisin de dicha norma a fin de actualizarla e integrarla de forma armnica con el citado desarrollo normativo.

Resulta, pues, imprescindible que la Comunidad Autnoma siente las bases y adapte a los nuevos tiempos, en el marco de la competencia exclusiva que la Comunidad Autnoma tiene en esta materia, lo que debe ser uno de los principales cometidos de un Estado social y democrtico de derecho como es la defensa de los consumidores. Esta labor juega un papel de indudable y creciente importancia en el actual escenario del mercado, en el cual, con demasiada frecuencia, las personas que adquieren un producto o contratan un servicio se encuentran en una situacin de clara desventaja e incluso indefensin para enfrentarse a las empresas con las que contratan o para hacer valer sus derechos de modo individual.

La presente ley ha sido concebida sobre el principio pro consumatore, instaurado en los artculos 51 y 53 de la Constitucin espaola, segn el cual las normas del ordenamiento jurdico que afecten a los intereses de los consumidores han de interpretarse de la forma ms favorable para estos, si bien al mismo tiempo fue necesario tener en cuenta otros principios bsicos, como el de la autonoma privada, el de libertad de empresa o de unidad del mercado, con sus componentes de libre circulacin de bienes, personas y capitales, arraigados en los acervos legislativos estatal y comunitario, y que tienen una influencia directa en las relaciones de consumo.

En la redaccin de la presente ley se han tenido en cuenta tambin, no solo los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en lo relativo al reparto competencial entre el Estado y las comunidades autnomas en materia de defensa de los consumidores, sino tambin la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unin Europea y los pronunciamientos de la jurisdiccin espaola relativos a la aplicacin de la normativa de defensa del consumidor, recogiendo en muchos preceptos estas interpretaciones jurisdiccionales. En este sentido, ha de sealarse que la regulacin pormenorizada de determinados aspectos tiene como finalidad buscar una mayor seguridad jurdica para las partes dentro de la relacin de consumo, intentando, en la medida de lo posible, huir de diversas interpretaciones de un mismo precepto, mxime cuando, como se ha indicado, lo que se recoge en muchos preceptos son interpretaciones hechas por los rganos jurisdiccionales, especialmente los de la Comunidad Autnoma gallega.

Desde un punto de vista de la regulacin de la Unin Europea debe indicarse que el derecho originario tiene en cuenta de modo especfico la proteccin de los consumidores; as, el Tratado constitutivo de la Unin Europea dedica uno de sus ttulos, el XV, a la proteccin de los consumidores. Por otra parte, la normativa de proteccin de los consumidores del derecho derivado se plasma, de modo mayoritario, en directivas y, en menor medida, en reglamentos comunitarios, recogiendo este derecho derivado, respecto a la regulacin de las normas de proteccin de los consumidores, el principio de armonizacin mnima, siendo escasas las normas que dirijan su regulacin hacia una armonizacin mxima.

Por su parte, a nivel estatal, a travs del Real decreto legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, se aprob el texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, siendo una gran parte de sus preceptos de carcter bsico y teniendo como antecedente inmediato la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la proteccin de los consumidores y usuarios, con la que, siguiendo con la senda marcada por los artculos 51 y 53 de la Constitucin, se busca incrementar los derechos de los consumidores.

El texto de la presente Ley gallega de proteccin general de las personas consumidoras y usuarias se incardina de forma armnica dentro del ordenamiento jurdico espaol y de la Unin Europea, donde, con un respeto pleno a los derechos que en esas regulaciones se reconocen a los consumidores, se profundiza en la competencia exclusiva de la Comunidad Autnoma de Galicia de defensa de los consumidores, regulando, de un modo especial, aquellos aspectos que coadyuvan a que los derechos que los consumidores ya tienen reconocidos puedan ser ejercidos de una manera real y efectiva. En este sentido, ha de recordarse que el artculo 51 de la Constitucin proclama como principio que los poderes pblicos garantizarn la defensa de los consumidores y usuarios y el artculo 53 del mismo texto constitucional establece que el reconocimiento, el respeto y la proteccin de determinados principios, entre los que se encuentra la defensa de los consumidores y usuarios, han de informar la legislacin positiva, la prctica judicial y la actuacin de los poderes pblicos.

La ley estructura sus 115 artculos en tres ttulos, adems del preliminar, cinco disposiciones adicionales y seis transitorias, una derogatoria y cuatro finales. Con esta nueva norma se intenta dar respuesta a las nuevas necesidades del consumidor, si bien en todo lo que se refiere a las asociaciones de consumidores y a la mediacin en el mbito del consumo la ley solo hace referencias parciales y remite a las correspondientes normas especficas que para cada una de estas materias est previsto que se aprueben.

En el ttulo preliminar, de disposiciones generales, se parte del concepto de consumidor en su interpretacin tradicional del ordenamiento jurdico espaol, en el sentido de considerarlo como tal cuando la adquisicin o utilizacin de los bienes o servicios lo es para un uso personal, familiar o colectivo.

Por otra parte, en este ttulo se pone de manifiesto, para poder considerar que existe una proteccin del derecho de consumo, que la relacin entre una empresa y un consumidor se desarrolle en el mbito del mercado, siendo el concepto de mercado lo determinante de la relacin de consumo y no el carcter subjetivo de quien introduce los bienes y servicios en el mismo, salvo que, por su propia configuracin, tenga un carcter netamente mercantil o as venga establecido por normas sectoriales.

Es de destacar, dentro de este ttulo, la preocupacin en la presente ley por los colectivos en situacin de especial proteccin, entendiendo que las nuevas formas de comunicacin comercial y de contratacin pueden situar a determinados colectivos en una situacin de especial inferioridad y subordinacin que es necesario equilibrar a fin de evitar abusos que hagan ms patente esta situacin de inferioridad.

Dentro de este captulo se introduce como novedad el fomento que desde la Administracin de la Xunta de Galicia se pretende ofrecer al desarrollo de cdigos de buenas prcticas empresariales, como instrumento de autorregulacin del sector productivo, comercializador o prestador de servicios e incluso como gua para los autocontroles y los sistemas de control de la calidad que las propias empresas puedan implantar en orden a aumentar los niveles de proteccin de los intereses de los consumidores y mejorar la disciplina del mercado.

El ttulo I est dedicado a los derechos de los consumidores y se estructura en ocho captulos, siguiendo la relacin establecida de estos derechos tal como aparece enumerada en el artculo 11 de la ley. En el primer captulo se establece una regulacin general de los derechos bsicos de los consumidores, introduciendo un precepto dirigido a plasmar de forma positiva la aplicacin de normas de concurrencia en materia de proteccin de los consumidores, lo cual no viene ms que a regular de forma particular el mandato dirigido a los poderes pblicos previsto en el artculo 53 de la Constitucin espaola de que la proteccin de los consumidores ha de informar la legislacin positiva.

Es de destacar en este ttulo el captulo II, en el cual se recoge el desarrollo del primero de los derechos bsicos de los consumidores, aquel que se refiere a la proteccin de su salud y seguridad, haciendo especial hincapi en este ltimo, toda vez que en el primero convergen factores que ya estn plasmados en la normativa sanitaria.

Con las medidas recogidas en este captulo se pretende impulsar las acciones preventivas e incrementar la transparencia del mercado y la competitividad de los agentes econmicos que ofrecen sus productos y prestan sus servicios en nuestra comunidad autnoma para, de este modo, aumentar la confianza del consumidor en el funcionamiento de dicho mercado y, por ende, en los productos y servicios que en su marco le son ofrecidos. El hecho de que los productos que se ofrezcan en el mercado no supongan riesgos para los consumidores ha merecido una especial importancia en la bsqueda del elevado nivel de proteccin que se pretende alcanzar en el mbito de la Unin Europea, y un nivel similar es el que se intenta asegurar con la presente norma en la Comunidad Autnoma gallega.

El deber general de seguridad, establecido en las legislaciones estatal y comunitaria, exige tanto a las empresas productoras como a las distribuidoras que, dentro de los lmites de sus actividades, sean responsables de las consecuencias negativas que en el consumidor pueda producir un producto inseguro que hubiesen comercializado. Con el objetivo de garantizar una mayor seguridad jurdica a cada uno de los operadores, en el presente ttulo de la ley se concretan las obligaciones que en materia de seguridad tienen cada uno de los agentes que participen en la comercializacin de los productos.

En la redaccin de este ttulo se ha optado por no reproducir los preceptos contemplados en el Real decreto legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, especialmente en lo relativo a las obligaciones especficas para la proteccin de la salud y seguridad de los consumidores y usuarios, al tener este apartado carcter bsico y resultar de directa aplicacin, evitando reiteraciones innecesarias. Sin embargo, se introducen como novedades, y como reflejo de la importancia que a la seguridad se le concede, la exigencia de que, igualmente, sean seguros los servicios ofrecidos al consumidor, por un lado, y la obligacin de comunicacin de los accidentes que hubiesen sido provocados por productos inseguros, por otro. Para vehicular adecuadamente toda la informacin que con relacin a esta materia se genere, se sientan las bases para el establecimiento de un sistema de intercambio de informacin y coordinacin de actuaciones en situaciones de urgencia a nivel autonmico, con lo cual se pretende agilizar la respuesta coordinada de todos los poderes pblicos implicados ante una situacin de riesgo para la seguridad del consumidor.

Como quiera que en todo este mbito la administracin tiene un doble papel, de prevencin e intervencin ante situaciones declaradas de riesgo, se desarrollan asimismo sus actuaciones. En el primer caso, mediante el establecimiento de sistemas de vigilancia, inspeccin y control a travs de los cuales se pueda contribuir a disminuir los posibles riesgos a los que tenga que enfrentarse el consumidor, habida cuenta de que cualquier actividad humana conlleva siempre cierto grado de riesgo y que el llamado riesgo cero no existe. Y en el segundo, mediante la adopcin de medidas que resulten necesarias para disminuir o hacer desaparecer el riesgo que se constate. La limitacin de los medios con que cuenta la administracin y la lgica imposibilidad de que la totalidad de productos y servicios que se ofrecen en el mercado puedan ser controlados determinarn que las actuaciones administrativas hayan de orientarse sobre principios de la toma de decisiones basada en la evaluacin de riesgos y en la evidencia de los hechos constatados.

Dentro del presente ttulo tambin se incorpora un captulo dedicado a la proteccin de los legtimos intereses econmicos de los consumidores y la informacin sobre los diferentes bienes, productos y servicios que se ofrecen en el mercado. Este captulo trata de establecer los mecanismos para que las decisiones que adopten los consumidores, a la hora de adquirir o ser destinatarios de bienes y servicios, lo sean con plena libertad y garantizando un conocimiento sobre sus caractersticas y sobre el precio o contraprestacin que deba ser satisfecho por los mismos. Es de destacar la incorporacin en esta norma del contenido de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, en cuanto a la obligatoriedad de facilitar determinada informacin por parte de las empresas prestadoras de servicios, as como a las vas de reclamacin de los consumidores y a las obligaciones de las empresas en este mbito, especialmente respecto a la obligacin de contestar a las mismas.

El ttulo dedicado a los derechos de los consumidores se completa con otros cinco captulos referidos, respectivamente, a la reparacin e indemnizacin de los daos y perjuicios sufridos por los consumidores, la proteccin jurdica, administrativa y tcnica, el idioma, la formacin, educacin y divulgacin en materia de derechos de los consumidores, y la audiencia, consulta y representacin de los consumidores.

Respecto a las vas extrajudiciales de resolucin de conflictos, la presente ley opta de forma decidida por el arbitraje, cuya regulacin pretende, por una parte, su fomento entre las empresas como sistema extrajudicial de resolucin de conflictos y, por otra, la limitacin de determinados abusos del sistema que, en la prctica, venan producindose en algn supuesto. Todo ello sin olvidar la mediacin como sistema de resolucin de las reclamaciones de los consumidores, considerando la formacin en materia de mediacin como el canal ms apropiado para conseguir que en toda la comunidad autnoma se extienda una red de mediadores en materia de consumo.

Como captulo destacado de este ttulo se desarrolla el derecho bsico de los consumidores a la formacin y educacin en materia de derechos de los consumidores. La actuacin administrativa prevista en el presente captulo supera el concepto tradicional de formacin y educacin, ceida exclusivamente al conocimiento por los consumidores de sus derechos como tales, para entender esta formacin y educacin concebidas en un contexto ms global donde este conocimiento sobre los derechos como consumidores tiene que complementarse simbiticamente con otros conocimientos de los cuales no se puede prescindir a la hora de adquirir bienes o servicios, o, al menos, considerarlos aisladamente, como la sostenibilidad ambiental, econmica, social y cultural.

Como ltimo captulo de este ttulo se regula la audiencia, consulta y representacin de los consumidores, estableciendo una regulacin bsica de las organizaciones y remitiendo a una ley del Parlamento de Galicia su regulacin pormenorizada.

Ya en el ttulo II, dedicado a las actuaciones administrativas en materia de consumo y a la coordinacin de competencias de las administraciones pblicas, se regulan, en el captulo I del mismo, las actividades de control y vigilancia de los productos, bienes y servicios. Se pretende, con las disposiciones recogidas en el presente ttulo, sentar las bases legales del control y vigilancia del mercado, una funcin en la que las administraciones pblicas deben afrontar, con unos recursos limitados, la supervisin de sectores que han experimentado profundos e importantes cambios en las ltimas dcadas, que a buen seguro continuarn en los prximos aos. El mercado actual se caracteriza por la situacin dominante que ocupan las grandes empresas, la enorme diversificacin de productos y servicios, y la continua aparicin de nuevos productos, nuevos servicios y nuevas formas de comercializacin y contratacin. Por otro lado, en el actual mercado, absolutamente globalizado e internacionalizado, el consumidor se encuentra la mayor parte de las veces muy lejos del responsable del producto o servicio que adquiere. En este escenario, las posibilidades de que el consumidor se vea inmerso en situaciones de indefensin se multiplican. Por ello, ms que nunca hasta ahora, se hace necesaria la labor de articular instrumentos apropiados para que el control pblico pueda ser eficaz. Por esta razn, se dedica este captulo, en su totalidad, a las medidas administrativas de proteccin de los consumidores, dentro de las cuales las funciones de inspeccin y control representan un papel de indudable importancia, tanto por su rol previo al procedimiento sancionador como por sus funciones preventivas ante situaciones de riesgo. Con esta actitud proactiva de los poderes pblicos se pretende disminuir las situaciones de vulnerabilidad de los consumidores y reforzar su confianza en el mercado.

Al mismo tiempo, se incluyen algunos aspectos relativos a las competencias y al rgimen jurdico de la Inspeccin de Consumo que este nuevo marco de un elevado nivel de proteccin de los consumidores exige incorporar. En los siguientes captulos se recogen las disposiciones relativas a las tomas de muestras y su analtica, y se regulan las medidas administrativas de correccin del mercado en el mbito de la seguridad, tanto las de carcter provisional como las definitivas, de tal forma que se aumenta la eficacia de la respuesta administrativa en situaciones de urgencia y aumenta la seguridad jurdica de los diferentes agentes del mercado.

En el ltimo captulo de este segundo ttulo se regulan las competencias de las corporaciones locales en materia de consumo y la coordinacin entre las administraciones pblicas. En el mismo se describen de forma pormenorizada las competencias de las entidades locales. Es conveniente destacar su amplitud respecto a la proteccin de los consumidores en el mbito de la venta ambulante o no sedentaria, las ferias y mercados, sin olvidar las de informacin, educacin y mediacin, y que se contemplan rganos de coordinacin y cooperacin entre las distintas administraciones pblicas.

El texto de la ley finaliza con el ttulo III, dedicado a la regulacin del rgimen sancionador, que pretende, adems de actualizar las normas generales de aplicacin en Galicia, adaptarse a las nuevas formas de contratacin, todo ello con un desarrollo de mecanismos que tienda a hacer efectivos los principios de prevencin general y especial y la determinacin de los responsables de las infracciones, a la vez que se da cumplimiento a los mandatos de las normas de la Unin Europea de establecer un rgimen de sanciones que sean eficaces, proporcionadas y disuasorias.

En cuanto a las disposiciones adicionales, en la primera se recoge la doctrina del Tribunal Constitucional de que la incorporacin de Espaa a la Unin Europea no modific el reparto competencial establecido en la Constitucin espaola de 1978.

Las disposiciones adicionales segunda y tercera establecen una norma organizativa en orden a armonizar el contenido sustantivo de la ley con la ejecucin de las competencias de la Comunidad Autnoma en materia de defensa del consumidor y usuario por parte del Instituto Gallego de Consumo.

El contenido de la disposicin adicional cuarta no viene ms que a recoger lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Unin Europea en su sentencia de 19 de noviembre de 2009.

En otro orden de cosas, respecto a la disposicin adicional quinta ha de significarse que la Ley 13/2010, de 17 de diciembre, del comercio interior de Galicia, estableci la regulacin de esta materia en nuestra comunidad autnoma. Debido a unas discrepancias competenciales, la Comisin Bilateral de Cooperacin Administracin del Estado-Comunidad Autnoma de Galicia, en la reunin celebrada el 22 de marzo de 2011, acord iniciar las negociaciones correspondientes a efectos de lo que dispone el artculo 32.2 de la Ley orgnica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

Como resultado de estas negociaciones, la Comisin Bilateral de Cooperacin alcanz un acuerdo segn el cual hay que modificar algunos artculos de la Ley del comercio interior de Galicia en los trminos establecidos por dicho acuerdo. Por esta razn, se incluye una disposicin adicional quinta que modifica la citada ley en los trminos del acuerdo alcanzado.

El anteproyecto de la presente ley fue sometido al preceptivo dictamen del Consejo Econmico y Social de Galicia.

Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprob y yo, de conformidad con el artculo 13.2 del Estatuto de Galicia y con el artculo 24 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, reguladora de la Xunta y de su Presidencia, promulgo en nombre del Rey, la Ley gallega de proteccin general de las personas consumidoras y usuarias.


[Bloque 3: #tpreliminar]

TTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales


[Bloque 4: #a1]

Artculo 1. Objeto.

1. La presente ley tiene por objeto la regulacin dirigida a la defensa y proteccin general de los derechos e intereses de los consumidores en el ejercicio de la competencia exclusiva de la Comunidad Autnoma prevista en el artculo 30.I.4 del Estatuto de autonoma de Galicia.

2. Esta ley ser de aplicacin en las relaciones de consumo entre empresas y consumidores.

3. Las administraciones pblicas garantizarn, mediante la adopcin de medidas eficaces, la defensa y proteccin de los consumidores y usuarios en el mbito de su competencia.

4. Toda referencia a los consumidores en la presente ley habr de entenderse realizada a los consumidores y consumidoras y a los usuarios y usuarias.


[Bloque 5: #a2]

Artculo 2. Relacin de consumo.

Se entiende por relacin de consumo aquella que se produce entre las empresas y los consumidores de acuerdo con lo establecido en la presente ley.


[Bloque 6: #a3]

Artculo 3. Concepto de consumidor.

1. A los efectos de esta norma, son consumidores las personas fsicas que acten con un propsito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesin.

Son tambin consumidores, a efectos de esta norma, las personas jurdicas y las entidades sin personalidad jurdica que acten sin nimo de lucro en un mbito ajeno a una actividad comercial o empresarial.

No obstante lo anterior, en todo caso, tendr la condicin de consumidor aquella persona o entidad que tenga dicha consideracin segn el Derecho de la Unin Europea o la norma de transposicin de este al ordenamiento jurdico interno, as como toda persona, fsica o jurdica, pblica o privada, cualquiera que sea su nacionalidad o residencia, que adquiere o utiliza, o a la cual se le oferta, como destinatario final, un bien, cualquiera que sea su naturaleza, o un servicio, cualquiera que sea la forma y la actividad en que consista, incluidos aquellos servicios de adquisiciones, depsitos o prenda de bienes o derechos de los consumidores y cualquiera que sea la naturaleza, pblica o privada, individual o colectiva, de aquellos que los produzcan, importen, faciliten, suministren o expidan, siempre que su destino final sea su uso personal, familiar o colectivo, ajeno a una actividad empresarial, profesional o artesanal.

2. No tendrn la consideracin de consumidores quienes adquieren, utilizan o disfrutan de bienes o servicios con la finalidad de integrarlos, aunque sea parcialmente, en el marco de su actividad empresarial, profesional o artesanal, ya sea pblica o privada, todo ello independientemente de la fase de produccin o distribucin de bienes y servicios en que se integren.

3. En ningn caso sern considerados como consumidores las cmaras oficiales de comercio, industria y navegacin o cualquier otra entidad, pblica o privada, representativa de intereses empresariales, profesionales, artesanales o sindicales.

Se modifica el apartado 1 por el art. 47 de la Ley 2/2017, de 8 de febrero. Ref. BOE-A-2017-3823




[Bloque 7: #a4]

Artculo 4. Concepto de empresa.

1. A efectos de la presente ley, tendrn la consideracin de empresa aquellas personas fsicas o jurdicas, pblicas o privadas, con independencia de su finalidad, que acten en el mercado de forma habitual, profesional o artesanal, promoviendo de modo directo o indirecto la contratacin de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones o mediante la oferta, venta de bienes o prestacin de servicios, incluidos los profesionales, a los consumidores.

2. En todo caso, tendrn la consideracin de empresa tanto las sociedades mercantiles coma aquellas personas, fsicas o jurdicas, que, de acuerdo con la normativa de ordenacin del comercio minorista, estn incluidas en su mbito de aplicacin.

3. Igualmente, se considerar que, en todo caso, una persona acta como empresa cuando sus actos estn sometidos a un rgimen fiscal propio del mbito empresarial o as se declaren.

4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, tambin se considerar que una persona acta como empresa cuando su actividad se incardine en la descripcin del apartado 1 del presente artculo, aunque los actos realizados se declaren como sometidos a un rgimen fiscal ajeno al mbito empresarial.


[Bloque 8: #a5]

Artculo 5. Carcter de las administraciones pblicas.

1. Las administraciones pblicas, cuando acten en el marco de una relacin de consumo, solo sern consideradas como empresa cuando presten un servicio o suministren un producto o un bien en el mercado y en rgimen de derecho privado.

No obstante lo anterior, las administraciones pblicas en ningn caso tendrn la consideracin de empresa cuando la prestacin de un servicio o el suministro de un producto se realice a consecuencia de su funcin de fomento, en la realizacin de una actividad regulada o dentro de un programa pblico en el ejercicio de sus competencias.

2. Las administraciones pblicas solo sern consideradas como consumidor cuando, estando en esta posicin, acten en el marco de la contratacin privada y no en el mbito de contratos administrativos.


[Bloque 9: #a6]

Artculo 6. mbito de aplicacin.

1. Lo dispuesto en la presente ley ser de aplicacin a todas las relaciones de consumo, incluidas aquellas con una regulacin sectorial especfica, la cual deber respetar el nivel de proteccin contemplado en esta ley.

2. En caso de relaciones de consumo, la aplicacin de una regulacin sectorial especfica no podr suponer la vulneracin de los derechos reconocidos en la presente ley, la cual tendr carcter prevalente.


[Bloque 10: #a7]

Artculo 7. Colectivos de proteccin especial.

1. Las administraciones competentes en materia de consumo velarn de modo especial y prioritario respecto a aquellos colectivos de proteccin especial, como nios, adolescentes, ancianos, mujeres vctimas de violencia de gnero, personas con discapacidad fsica, psquica o sensorial, personas con carencias econmicas o en riesgo de exclusin social y todos aquellos que se encuentren en situacin de inferioridad, subordinacin, vulnerabilidad y un mayor grado de desproteccin.

2. De acuerdo con lo establecido en el artculo anterior, la Xunta de Galicia promover la implantacin de polticas y de actuaciones dirigidas a facilitar el acceso de las personas con discapacidad a la informacin previa a la contratacin, y, en especial, a la utilizacin del sistema braille en el etiquetado de los productos.

3. Reglamentariamente podr ampliarse el catlogo de los colectivos consumidores necesitados de especial proteccin.


[Bloque 11: #a8]

Artculo 8. Situaciones de especial proteccin.

1. Las administraciones competentes en materia de consumo llevarn a cabo una vigilancia y un control, de modo especial, sobre aquellos bienes o servicios de uso o consumo comn, ordinario y generalizado, entre los cuales, en todo caso, se incluirn los servicios bsicos de inters general.

2. A fin de buscar la mayor transparencia y competitividad en el mercado, la Xunta de Galicia crear un observatorio de precios de bienes y servicios ofrecidos a los consumidores, especialmente respecto a los contemplados en el apartado anterior.

3. La Xunta de Galicia promover la adopcin de medidas destinadas a evitar situaciones de sobreendeudamiento familiar.


[Bloque 12: #a9]

Artculo 9. Cdigos de buenas prcticas.

La Xunta de Galicia promover la adopcin de cdigos de buenas prcticas, como instrumento de autorregulacin empresarial, para mejorar la defensa de los consumidores, la disciplina del mercado y el aseguramiento del cumplimiento de los requisitos de seguridad en los productos que comercialicen.

En la elaboracin de estos cdigos de conducta habrn de participar, garantizando la paridad, representantes de las organizaciones de consumidores y de los sectores afectados.


[Bloque 13: #ti]

TTULO I

Derechos de los consumidores


[Bloque 14: #ci]

CAPTULO I

Derechos de los consumidores


[Bloque 15: #a10]

Artculo 10. Derechos de los consumidores.

1. Adems de los derechos reconocidos a los consumidores en la Constitucin espaola y en las normas internacionales, comunitarias y estatales, los consumidores sern titulares de los derechos que se reconozcan en la presente ley.

2. En caso de diferencia de interpretacin sobre la aplicacin de las normas que, directa o indirectamente, afecten a los derechos de los consumidores, se aplicar la ms favorable a los intereses de los consumidores.


[Bloque 16: #a11]

Artculo 11. Derechos bsicos de los consumidores.

Son derechos bsicos de los consumidores protegidos por la ley los siguientes:

a) La proteccin frente a los riesgos que puedan comprometer su salud o seguridad derivados de las relaciones de consumo.

b) La proteccin de sus legtimos intereses econmicos y sociales, en particular frente a situaciones de desequilibrio como las prcticas comerciales desleales o abusivas, o la introduccin de clusulas abusivas en los contratos.

Con relacin a los bienes de naturaleza duradera, los consumidores tienen derecho a que se les garantice la funcionalidad de dichos bienes durante un plazo mnimo razonable, de acuerdo con lo que se establezca en la normativa de aplicacin.

c) La informacin clara, veraz y transparente sobre los diferentes bienes, productos y servicios, y, de modo especial, sobre aquellos considerados como servicios bsicos de inters general.

d) La formacin, educacin y divulgacin en materia de derechos de los consumidores.

e) La representacin de sus intereses generales a travs de las organizaciones de consumidores legalmente constituidas y la audiencia en consulta y la participacin de las mismas en el procedimiento de elaboracin de las disposiciones generales que les afecten directamente en la forma que legalmente se establezca.

f) La proteccin jurdica, administrativa y tcnica mediante procedimientos eficaces, especialmente en las situaciones de inferioridad, subordinacin, indefensin o discriminacin.

g) La reparacin e indemnizacin de los daos y perjuicios sufridos.

h) Ser tratados con correccin, consideracin y respeto en las relaciones de consumo.

i) Poder usar cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Autnoma de Galicia de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jurdico.


[Bloque 17: #a12]

Artculo 12. Interpretacin a favor del consumidor.

1. Las normas de proteccin a los consumidores se interpretarn a favor del consumidor, debiendo ser objeto de interpretacin estricta las excepciones a dichas normas de proteccin a los consumidores.

2. En el supuesto de confusin o diferencias interpretativas, toda publicidad, comunicacin comercial, oferta, prctica o clusula que sean de aplicacin a una relacin de consumo sern interpretadas a favor del consumidor.

3. La Administracin autonmica, en el ejercicio de su competencia exclusiva en materia de consumo, podr interpretar, de acuerdo con lo establecido en los apartados anteriores, las normas de proteccin de los consumidores y las clusulas que rijan las relaciones de consumo, especialmente en el ejercicio de la potestad sancionadora, sin perjuicio de su control por los tribunales de justicia.


[Bloque 18: #a13]

Artculo 13. Irrenunciabilidad de derechos.

1. La renuncia previa a los derechos que son reconocidos a los consumidores por la normativa correspondiente es nula, as como los actos realizados en fraude de ley, de acuerdo con lo establecido en el artculo 6 del Cdigo civil.

2. En aquellos supuestos en que se produzca la renuncia posterior a la adquisicin de los derechos por los consumidores, la Administracin autonmica podr exigir a quien la alegue acreditar la citada renuncia as como el carcter libre de la misma. La renuncia por parte de un consumidor no afectar a otros consumidores que puedan encontrarse en la misma situacin, salvo que conste expresamente su renuncia.


[Bloque 19: #a14]

Artculo 14. Deber de diligencia.

Las empresas, en las relaciones de consumo, debern cumplir con el deber de diligencia necesario para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones establecidas, tanto en la normativa de defensa del consumidor como en la sectorialmente aplicable, y que afecten directa o indirectamente a los consumidores.


[Bloque 20: #cii]

CAPTULO II

Proteccin de la seguridad y salud de los consumidores


[Bloque 21: #a15]

Artculo 15. Deber general de seguridad.

1. Los bienes y servicios puestos en el mercado no podrn suponer riesgo alguno para la salud o seguridad de los consumidores, siempre que se utilicen en condiciones normales o razonablemente previsibles, o supondrn nicamente riesgos mnimos, compatibles con el uso del producto o servicio y considerados admisibles dentro de un nivel elevado de proteccin de la salud y seguridad de las personas.

2. La constatacin de un riesgo en alguna unidad del producto puesto a disposicin del consumidor determinar el carcter inseguro del mismo y se presumir que dicho incumplimiento afecta a toda su produccin, salvo que el responsable acredite que el carcter inseguro afecta solo a un nmero determinado de unidades y garantice las condiciones de seguridad del resto de unidades de la produccin.


[Bloque 22: #a16]

Artculo 16. Deber de informacin a los consumidores sobre los riesgos de los bienes yservicios.

1. Las empresas que pongan bienes o servicios en el mercado proporcionarn a los consumidores, por medios apropiados y dentro de los lmites de sus respectivas actividades, informacin previa, clara y adecuada sobre sus riesgos inherentes y que no sean inmediatamente perceptibles. Para lo anterior se tendr en cuenta su naturaleza, sus condiciones de duracin y las personas a las cuales van destinados, aunque el suministro de esta informacin no eximir del cumplimiento de los dems deberes establecidos en esta disposicin y otras normas que sean de aplicacin.

2. Los productos qumicos y todos los bienes que en su composicin incluyan sustancias clasificadas como peligrosas debern ir envasados con las garantas de seguridad exigidas por la normativa de aplicacin correspondiente y llevar de forma visible las oportunas indicaciones que adviertan de los riesgos de su manipulacin.


[Bloque 23: #a17]

Artculo 17. Bienes destinados de forma exclusiva para uso profesional.

La publicidad y venta al consumidor de bienes destinados de forma exclusiva para uso profesional, cuando as se indique en su etiquetado o se declare en la informacin del producto, deber realizarse de manera claramente separada o diferenciada del resto de los bienes, de modo que no induzca a error al consumidor respecto a su carcter de uso profesional.


[Bloque 24: #a18]

Artculo 18. Obligaciones de las empresas en materia de seguridad de los consumidores.

1. Las empresas productoras e importadoras tienen el deber de poner en el mercado nicamente productos seguros y de probar dicha seguridad cuando la autoridad competente en la materia as se lo requiera. A este respecto, en la evaluacin del riesgo de un producto se valorar positivamente la implantacin de mecanismos de control interno que garanticen que las irregularidades que pudieran haberse detectado afectan nicamente a un determinado nmero de unidades producidas o importadas.

2. Las empresas distribuidoras tienen el deber de distribuir nicamente productos seguros, no suministrndolos cuando sepan o debieran saber, por la informacin que poseen y como profesionales, que no cumplen tal requisito.

3. Las empresas productoras o distribuidoras de productos, o prestadoras de servicios, que tengan o deban tener conocimiento de que un producto o servicio que han introducido en el mercado genera un riesgo para la salud o seguridad de los consumidores en condiciones de utilizacin normales o razonablemente previsibles lo comunicarn de forma inmediata al rgano competente, salvo en el caso de que la normativa estatal bsica establezca un sistema alternativo de comunicacin.

En el supuesto descrito en el prrafo anterior, las empresas productoras o distribuidoras de productos, o prestadoras de servicios, adoptarn, dentro del lmite de sus respectivas actividades, todas las medidas adecuadas para neutralizar el riesgo; en particular, aquellas dirigidas a informar a los consumidores mediante, en su caso, la publicacin de avisos especiales, a retirar los productos del mercado o a recuperarlos de los consumidores, o incluso suspender la prestacin del servicio que causa el riesgo. Todas estas actuaciones habrn de ser realizadas por los responsables sin necesidad de que sean requeridos para ello por las autoridades competentes y sin menoscabo de aquellas que, de forma expresa, les sean requeridas por dicha autoridad.

4. Las empresas productoras, importadoras y distribuidoras debern colaborar con las distintas administraciones en todas las actuaciones emprendidas por estas, tanto de carcter material como jurdico, para evitar los riesgos que presenten los productos que hayan suministrado, exhibiendo y, en su caso, facilitando copia de toda la informacin que les sea requerida por la autoridad competente, incluyendo la mercantil, industrial o contable pertinente, aunque est protegida por la normativa de proteccin de datos de carcter personal, y asumiendo todos los costes de tales actuaciones.

A este respecto, cuando en varios productos fabricados o distribuidos por un mismo agente comercializador se haya demostrado su carcter inseguro, la autoridad competente podr exigir a dicho agente que acredite la seguridad de otros productos similares antes de poder comercializarlos o de continuar con su distribucin.

5. En el etiquetado y presentacin de los bienes y servicios deber constar la informacin que la legislacin de aplicacin en cada caso establezca como obligatoria, habiendo de figurar, en todo caso, los datos de identificacin de la empresa responsable y una direccin de contacto, as como, en el supuesto de bienes, su referencia y, si procede, el lote de fabricacin, salvo en los casos en que la omisin de la citada informacin est justificada.


[Bloque 25: #a19]

Artculo 19. Responsabilidades de las empresas en materia de documentacin.

1. Los datos y documentos necesarios para que pueda comprobarse fcilmente y de forma veraz el origen y destino de los bienes, as como aquellos relacionados con el lote de fabricacin, debern mantenerse durante el periodo que establezca la normativa especfica y, en cualquier caso, al menos durante los tres aos posteriores al cese de la produccin, en el caso de la empresa productora, o del cese de la distribucin o venta del producto en cuestin, en el caso de la importadora. En los productos con fecha de caducidad o consumo preferente, este plazo podr reducirse al de un ao a partir del final de esa fecha, siempre y cuando la normativa de aplicacin no establezca plazos ms amplios.

2. Los participantes en la cadena comercial que incluyan determinadas marcas en el etiquetado de los productos que comercialicen, en particular el marcado CE, para acreditar que tales productos cumplen los requisitos mnimos de seguridad que les son de aplicacin, debern conservar la documentacin que justifique dicha acreditacin durante el periodo que establezca la normativa especfica y, en cualquier caso, un mnimo de tres aos despus de haber agotado las existencias de los productos.

3. En el caso de las ventas realizadas al consumidor final, las empresas tendrn la obligacin de conservar nicamente durante los periodos sealados en los apartados anteriores, computados desde la fecha en que hubieran agotado las existencias de los productos, la documentacin que acredite el origen de la mercanca y la identificacin de las empresas que se la hayan suministrado o provedo.

4. En cualquier caso, cuando la autoridad competente en materia de seguridad de los productos solicite la documentacin a que se refieren los apartados anteriores a una empresa de la cadena de produccin o distribucin comercial, esta deber facilitarla, identificando de forma clara e inequvoca el producto o productos a que se refiera el requerimiento.

5. En caso de que resulte necesario para la realizacin de una adecuada evaluacin de la seguridad de un producto, la autoridad competente podr igualmente requerir a la empresa productora, distribuidora o responsable del producto una traduccin de la documentacin tcnica o de cualquier otro documento que haya sido presentado en un idioma distinto de las lenguas oficiales en Galicia.


[Bloque 26: #a20]

Artculo 20. Obligacin de comunicacin de accidentes.

1. Los servicios mdicos pblicos y privados, as como los rganos competentes en materia de seguridad en el trabajo, participarn activamente en los sistemas de comunicacin que reglamentariamente se articulen, a efectos de transmitir la informacin de que dispongan a la autoridad competente en materia de seguridad de los productos en los casos en que pueda existir un riesgo derivado del uso de un determinado producto no alimenticio o en el disfrute de un servicio.

2. Las organizaciones de consumidores tienen el derecho y el deber de poner en conocimiento de la autoridad competente de consumo los accidentes comprobados de los que tuviesen conocimiento, derivados de la existencia de un riesgo no perceptible en un producto de consumo. A su vez, los consumidores podrn ejercer este mismo derecho a ttulo individual.


[Bloque 27: #a21]

Artculo 21. Red de Alerta Gallega de Productos de Consumo.

Se crea la Red de Alerta Gallega de Productos de Consumo, adscrita a la autoridad autonmica competente en materia de consumo, como estructura de coordinacin, intercambio rpido de informacin y reaccin ante situaciones de riesgo para la salud o seguridad de los consumidores.

La estructura y funcionamiento de la Red de Alerta Gallega de Productos de Consumo se desarrollar reglamentariamente mediante decreto del Consello de la Xunta que regule un sistema de respuesta rpida ante situaciones de riesgo que no admitan demora en la actuacin.


[Bloque 28: #a22]

Artculo 22. Actuaciones administrativas en materia de seguridad de los consumidores.

1. Las administraciones pblicas de Galicia competentes en materia de consumo contribuirn a la correcta aplicacin de las normas sobre proteccin de la salud y seguridad de los consumidores, para lo cual llevarn a cabo las actuaciones que se recogen en el ttuloII. A estos efectos, en situaciones de riesgo para la salud y seguridad de los consumidores, podrn adoptar cualquier medida necesaria y proporcionada para neutralizar dichos riesgos, incluida la intervencin directa sobre las cosas y la compulsin directa sobre las personas. En estos supuestos, todos los gastos que se generen sern a cuenta de quien con su conducta los haya originado, con independencia de las sanciones que, en su caso, puedan imponerse. La exaccin de tales gastos podr llevarse a cabo por el procedimiento administrativo de apremio.

2. En caso necesario, para evitar lesiones graves a los derechos a la salud y seguridad de los consumidores, los rganos competentes podrn poner en conocimiento de los consumidores potencialmente afectados los riesgos y las irregularidades, as como las precauciones necesarias para que las puedan evitar. Tambin comunicarn al resto de administraciones potencialmente afectadas las citadas irregularidades a travs de los procedimientos establecidos.

3. De las consecuencias negativas que las condiciones de inseguridad de un producto puedan causar a los consumidores sern responsables, dentro de los lmites de sus actividades respectivas, cualesquiera de los agentes de la cadena comercial que intervengan en la puesta en el mercado o la comercializacin del producto, sin perjuicio de las actuaciones previstas en los apartados anteriores.

4. Cuando el riesgo detectado exceda del mbito territorial de la Comunidad Autnoma de Galicia, el rgano autonmico competente en materia de consumo se lo comunicar lo ms rpidamente posible a la Administracin general del Estado, utilizando los medios de transmisin establecidos legalmente a tal efecto.


[Bloque 29: #ciii]

CAPTULO III

Proteccin de los legtimos intereses econmicos de los consumidores einformacin sobre los diferentes bienes, productos y servicios


[Bloque 30: #a23]

Artculo 23. Informacin previa de las empresas prestadoras de servicios.

1. Sin perjuicio de otras exigencias de informacin establecidas reglamentariamente, las empresas prestadoras de servicios debern poner a disposicin de los consumidores de modo claro, inequvoco y accesible, antes de la celebracin del contrato o, en su caso, antes de la prestacin del servicio, la informacin siguiente:

a) El nombre, estatuto y forma jurdica de la empresa prestadora, direccin geogrfica en donde tiene su establecimiento y los datos que permitan ponerse rpidamente en contacto y comunicar directamente con ella y, en su caso, por va electrnica;

b) en caso de que el titular de la empresa prestadora est inscrito en un registro mercantil u otro registro pblico anlogo, dicho registro mercantil y su nmero de inscripcin, o los medios equivalentes de identificacin que figuren en el citado registro;

c) en caso de que la actividad est sometida a un rgimen de autorizacin, los datos de la autoridad competente o de la ventanilla nica;

d) en caso de que la empresa prestadora ejerza una actividad sujeta al IVA, el nmero de identificacin fiscal;

e) por lo que se refiere a las profesiones regladas, todo colegio profesional u organismo anlogo en el cual est inscrita la persona prestadora, as como el ttulo profesional y el Estado miembro en que fue otorgado;

f) las condiciones y clusulas generales, en su caso, utilizadas por la empresa prestadora;

g) la existencia, en su caso, de clusulas contractuales utilizadas por la empresa prestadora sobre la legislacin de aplicacin al contrato y/o sobre los rganos judiciales competentes;

h) la existencia de una garanta posventa, si existiera, no impuesta por ley;

i) el precio del servicio, cuando la empresa prestadora fije previamente un precio para un determinado tipo de servicio;

j) las principales caractersticas del servicio, si no quedan claras por el contexto;

k) el seguro o garantas exigibles, en particular, los datos de la empresa aseguradora o el garante y la cobertura geogrfica.

2. A eleccin de la empresa prestadora del servicio, se garantizar que los datos previstos en el apartado 1:

a) Sean comunicados por la empresa prestadora a iniciativa propia;

b) sean de fcil acceso para el destinatario en el lugar de prestacin o celebracin del contrato;

c) sean de fcil acceso para el destinatario por va electrnica a travs de una direccin comunicada por la empresa prestadora;

d) figuren en todo documento informativo de la empresa prestadora que se facilite al destinatario y en el cual se presenten de forma detallada sus servicios.

3. Las empresas prestadoras de servicios, a peticin del destinatario, estarn obligadas a comunicarle la siguiente informacin suplementaria:

a) Cuando el precio no lo fije previamente la empresa prestadora para un determinado tipo de servicio, el precio del servicio o, si no puede indicarse el precio exacto, el mtodo para calcular el precio, de forma que el destinatario pueda comprobarlo, o un presupuesto suficientemente desglosado;

b) en el caso de las profesiones reguladas, referencia a las normas profesionales de aplicacin en el Estado miembro de establecimiento y los medios para acceder a las mismas;

c) la informacin relativa a sus actividades multidisciplinares y asociaciones que estn directamente vinculadas con el servicio en cuestin y sobre las medidas adoptadas para evitar conflictos de intereses. Esta informacin habr de figurar en todo documento informativo de las empresas prestadoras en el cual se presenten de forma desglosada sus servicios;

d) los posibles cdigos de conducta a que est sometida la empresa prestadora, as como la direccin en que dichos cdigos pueden consultarse por va electrnica y en que idiomas estn disponibles;

e) cuando una empresa prestadora est sometida a un cdigo de conducta o sea miembro de una asociacin u organizacin profesional que prevea el recurso a medios extrajudiciales de resolucin de litigios, la informacin correspondiente. Dicha empresa detallar cmo acceder a la informacin desglosada sobre las caractersticas y condiciones para hacer uso de los medios extrajudiciales de resolucin de litigios.


[Bloque 31: #a24]

Artculo 24. Contraprestacin.

1. Se entender por contraprestacin, adems del precio, cualquier disposicin que deba ser realizada por el consumidor, con independencia del nombre que se le d, como puntos, canon, matrcula o denominaciones anlogas, para la adquisicin de un bien o la prestacin de un servicio.

2. En caso de conflicto o discrepancia en un supuesto en que se exija o pague un precio o se satisfaga o exija cualquier otra contraprestacin por un bien o servicio, la administracin competente en materia de consumo podr requerir que se acredite de forma inequvoca por parte de la empresa el consentimiento libre del consumidor a la adquisicin del bien o servicio.

3. No proceder el pago de contraprestacin alguna en los supuestos en que por la empresa no se entregue ningn bien o no se preste ninguna clase de servicio.

4. La empresa debe determinar con carcter previo a la contratacin de modo claro e inequvoco el bien o servicio objeto de venta o prestacin y la contraprestacin que, en su caso, haya de satisfacerse por el consumidor. Cuando existan dudas respecto al bien o servicio por el que se satisfaga una contraprestacin se interpretar a favor del consumidor.


[Bloque 32: #a25]

Artculo 25. Informacin del precio o contraprestacin.

1. Cualquier informacin sobre el precio o contraprestacin que haya de ser satisfecho por el consumidor por la adquisicin de un bien o la prestacin de un servicio deber cumplir, adems de las previsiones contempladas en la presente ley, con los dems requisitos legal o reglamentariamente establecidos.

En los casos en que se prevea el pago por adelantado o el pago aplazado del precio, la informacin sobre estos aspectos deber ajustarse a las previsiones legal o reglamentariamente establecidas.

2. Solo podr exigirse por parte de una empresa un precio o una contraprestacin por la adquisicin de un bien o la prestacin de un servicio siempre que la informacin sobre el precio o contraprestacin no d lugar a confusin o sea suficientemente clara sobre cul es el precio o contraprestacin a satisfacer. En estos supuestos, solo podr exigirse aquella parte no afectada por la confusin o falta de claridad.

3. En caso de contradiccin respecto al precio o contraprestacin por la adquisicin de un bien o servicio que se realice en cualquier comunicacin comercial se interpretar a favor del consumidor.

4. Cuando por parte de una empresa se indique que una prestacin de un servicio o la entrega de un bien es gratuita o se utilice algn tipo de publicidad o comunicacin comercial en este sentido, no podr exigirse por la misma ninguna contraprestacin, ni directa ni indirectamente, salvo las permitidas normativamente, cuando por el consumidor se exija su entrega o la prestacin. En este caso la empresa estar obligada a la efectiva entrega del bien o a la efectiva prestacin del servicio.


[Bloque 33: #a26]

Artculo 26. Informacin y marcado de precios en los establecimientos.

1. Sin perjuicio de lo establecido en la normativa sectorial de aplicacin, los establecimientos comerciales quedan obligados a exhibir el precio de los bienes que se encuentren expuestos para su venta a los consumidores, as como el precio por unidad de medida en los supuestos en que proceda, con las nicas excepciones establecidas en el ordenamiento jurdico.

2. El precio a que se refiere el apartado anterior se denominar precio de venta al pblico y se conocer con la sigla PVP. Este precio ser anunciado en forma tal que el posible adquirente quede informado de su contenido por la sola lectura del anuncio, sin necesidad de obtener, a tal efecto, ningn tipo de informacin complementaria.

3. El precio de venta al pblico deber comprender la cantidad total que la persona que lo adquiera est obligada a satisfacer como contraprestacin.

4. En cumplimiento de la obligacin establecida en el apartado anterior, en los precios de venta al pblico que se expongan debern incluirse todos aquellos impuestos o cargas que gravan el producto vendido.

5. En cualquier caso, el consumidor estar en condiciones de conocer el precio de los artculos expuestos en el escaparate sin necesidad de entrar en el establecimiento comercial y de conocer el precio de los artculos expuestos en estanteras o armarios del interior sin precisar aclaracin alguna al respecto por parte de quien realiza la venta.

6. Los precios de venta al pblico debern ser exhibidos mediante etiquetas fijadas sobre cada artculo, o de cualquier otro modo que permita su conocimiento y el del producto a que se refiere. Deber ser fcil para el consumidor dicho conocimiento del precio, sin que necesite realizar ningn esfuerzo para su comprobacin.

7. La venta de productos de igual naturaleza, a un mismo precio y expuestos en forma conjunta, permitir la exhibicin de un solo anuncio que comprenda todos los productos.

8. Cuando se trate de productos heterogneos pero vendidos en forma conjunta, el anuncio del precio expuesto expresar, como mnimo, el valor total del conjunto.

9. Los precios de los servicios sern objeto de publicidad en los lugares donde se presten mediante anuncios perfectamente visibles para los consumidores, en los cuales figuren relacionados los correspondientes servicios ofertados y sus precios totales, incluyendo toda carga o gravamen sobre los mismos.

10. No proceder la exigencia o cobro de un precio superior al anunciado para la venta de bienes o prestacin de un servicio. Cuando exista discordancia entre los precios anunciados para un mismo producto o servicio, solo podr exigirse el menor de ellos.


[Bloque 34: #a27]

Artculo 27. Oferta, promocin y publicidad.

1. La oferta, promocin y publicidad de los bienes o servicios ha de ajustarse a su naturaleza, caractersticas, utilidad o finalidad y a las condiciones jurdicas o econmicas de la contratacin.

2. La publicidad ha de hacerse de acuerdo con principios de suficiencia, objetividad, veracidad y autenticidad, y no puede, sea cual sea el soporte empleado, inducir a error o falsas expectativas en sus destinatarios.

3. Los consumidores pueden exigir el contenido de la oferta, promocin o publicidad, las prestaciones propias de cada bien o servicio, las condiciones jurdicas o econmicas y las garantas ofrecidas, aunque no figuren expresamente en el contrato o el documento o comprobante recibido. Estos aspectos han de tenerse en cuenta en la determinacin del principio de conformidad con el contrato.

4. Los contratos con los consumidores deben integrarse de acuerdo con el principio de la buena fe objetiva, incluso en caso de omisin de la informacin precontractual relevante.

5. No obstante lo establecido por el apartado 4, si el contrato contiene clusulas ms beneficiosas para el consumidor, estas deben prevalecer sobre el contenido de la oferta, promocin o publicidad.

6. No podr exigirse ninguna contraprestacin o generar gastos o disposicin de dinero o de cualquier otro bien a un consumidor a consecuencia de la recepcin de comunicaciones comerciales o de publicidad, con independencia del medio utilizado.

7. Con arreglo a lo establecido en el apartado 3, cuando a travs de cualquier comunicacin se indique a un consumidor que ha sido agraciado con un premio o regalo, este ser exigible por el consumidor sin que pueda exigirse contraprestacin de ningn tipo por ello.


[Bloque 35: #a28]

Artculo 28. Constancia de las condiciones de las ofertas.

1. Los consumidores tienen derecho a que se formalice por escrito de forma inmediata cualquier oferta, condicin o manifestacin realizada verbalmente por una empresa en la venta de bienes o prestacin de servicios.

2. Las grabaciones con los consumidores realizadas por las empresas solo se podrn realizar si existe consentimiento previo y libre de los mismos, y as lo pueden acreditar aquellas.

3. Cuando por las empresas se utilicen grabaciones en las relaciones con los consumidores, y sin perjuicio de lo dispuesto en las normas sectoriales de aplicacin, dichas grabaciones sern facilitadas de modo gratuito a los consumidores y debern remitirse en el plazo mximo de quince das desde su solicitud.

4. Igualmente, los consumidores tienen derecho a grabar esas conversaciones que mantengan con las empresas cuando estas utilicen grabaciones en las relaciones con los consumidores en la oferta y contratacin de bienes o servicios.


[Bloque 36: #a29]

Artculo 29. Presupuesto.

1. Los consumidores tienen derecho a la elaboracin y entrega de un presupuesto previo en la adquisicin de bienes, productos o servicios en que el precio no pueda ser determinado de forma directa o cuando as est establecido en virtud de una normativa especfica. En estos supuestos no podr exigirse contraprestacin alguna por su elaboracin, sin ms excepciones que las establecidas reglamentariamente.

2. Cuando se elabore un presupuesto, este deber formalizarse por escrito e indicar necesariamente, sin perjuicio de lo establecido en otra normativa especfica o sectorial, su periodo de validez, que no ser inferior a diez das, una descripcin general de los servicios que se prestarn, as como la identificacin de los bienes o productos que se entregan, el coste de los mismos, el de la mano de obra, cuando proceda, as como todos los dems conceptos, recargos e impuestos aplicables, debidamente desglosados.

3. No se podrn hacer recaer sobre los consumidores errores de clculo o de cualquier otro tipo cometidos en la elaboracin del presupuesto.


[Bloque 37: #a30]

Artculo 30. Resguardo de depsito.

Sin perjuicio de lo establecido en la normativa de aplicacin, en caso de entrega de un bien a una empresa en el mbito de una relacin de consumo para que se haga por esta una verificacin, comprobacin, reparacin, sustitucin o cualquier otra intervencin deber entregarse un resguardo de depsito con identificacin del depositario, el objeto depositado, una descripcin de su estado, la fecha de recepcin, el motivo del depsito y la fecha de devolucin del bien. En todo caso, se considerar que el bien se entrega en buenas condiciones, salvo que as se indique de forma detallada en el resguardo de depsito o sea incompatible con el motivo del depsito, sin que sean posibles declaraciones genricas.


[Bloque 38: #a31]

Artculo 31. Documento justificativo de la relacin de consumo.

1. Los consumidores tienen derecho a la entrega de una confirmacin documental de la contratacin realizada, que habr de ajustarse a lo dispuesto en la normativa vigente, indicando la identificacin de la empresa, con el nombre o razn social, identificacin fiscal, domicilio social y direccin del establecimiento fsico, en caso de que proceda, as como la fecha de la contratacin. A solicitud del consumidor, deber realizarse el desglose de todos los bienes, productos, servicios, mano de obra, cuando proceda, y recargos e impuestos aplicables.

2. La obligacin establecida en el apartado anterior se entender cumplida cuando los datos exigidos se incorporen a la factura o tique de compra.


[Bloque 39: #a32]

Artculo 32. Reclamaciones de los consumidores.

1. Reglamentariamente se regularn las hojas de reclamaciones y los supuestos concretos de su entrega, los requisitos y los procedimientos que se exijan para la presentacin y tramitacin de una reclamacin de un consumidor frente a una empresa.

2. En todo caso, todo establecimiento abierto al pblico deber disponer de las hojas de reclamaciones establecidas reglamentariamente y del cartel anunciador de la existencia de las mismas. Estas hojas podrn utilizarse tanto para presentar una reclamacin frente al titular del establecimiento como respecto a otras empresas, siempre que la contratacin de servicios o la adquisicin de productos de estos ltimos se realice en dicho establecimiento. Ambas empresas sern responsables del cumplimiento de lo establecido en el presente artculo.

3. Todas aquellas manifestaciones relativas al hecho objeto de reclamacin que, pudiendo ser realizadas por la empresa o el consumidor en el momento de cubrir la hoja, no lo sean, podrn no ser tenidas en cuenta por la administracin en la tramitacin de un procedimiento sancionador que, en su caso, proceda, salvo prueba en contrario y sin perjuicio del derecho de defensa en el procedimiento y de las facultades de inspeccin, investigacin y verificacin de la administracin.

4. Con independencia de la forma de presentacin de la reclamacin, las empresas debern dar respuesta adecuada a las reclamaciones de los consumidores en el plazo ms breve posible y, en todo caso, en el plazo de un mes desde la presentacin de la reclamacin, salvo en el supuesto de prestacin de servicios de carcter continuado, en el que la respuesta habr de darse en el plazo mximo de dos horas para los supuestos relativos a la continuidad del servicio o las incidencias relativas a dicha continuidad, como el corte o la suspensin del servicio, aplicndose el plazo anterior de un mes para el resto de los supuestos.

5. En el supuesto de servicios de carcter continuado, no podr suspenderse el servicio con posterioridad a la presentacin de la reclamacin hasta que la empresa d respuesta a la reclamacin presentada si esta est relacionada con el motivo de la suspensin.

6. Las empresas deben actuar diligentemente para encontrar una solucin satisfactoria a las reclamaciones presentadas.

7. La empresa deber asignar un nmero de reclamacin y acusar recibo de la misma de modo que el consumidor tenga constancia de la interposicin de la reclamacin en el momento de su presentacin, salvo que reglamentariamente se establezca un procedimiento especfico con esta finalidad, al que habr de estarse.

8. La presentacin de una reclamacin por parte de un consumidor no podr causar ningn tipo de perjuicio al mismo, directo ni indirecto, y, en caso de producirse, deber ser asumido por la empresa reclamada.


[Bloque 40: #a33]

Artculo 33. Servicios de atencin al consumidor.

1. Sin perjuicio de lo establecido en normas sectoriales reguladoras de un sector de actividad concreto o para determinadas formas de contratacin en lo relativo a la presentacin de reclamaciones o peticiones de informacin, cuando no existan establecimientos fsicos de la empresa frente a la cual se pretende presentar una reclamacin o de otras empresas a travs de los cuales puedan presentarse reclamaciones de acuerdo con el artculo anterior, las empresas debern disponer de un nmero de telfono totalmente gratuito y un correo electrnico para poder presentar las reclamaciones y dar respuesta a las mismas.

2. En los supuestos de servicios de carcter continuado, las empresas prestadoras de los mismos debern disponer, en todo caso, de un telfono de atencin al consumidor totalmente gratuito, que habr de estar en funcionamiento veinticuatro horas los trescientos sesenta y cinco das del ao.

3. Los telfonos de atencin al consumidor debern disponer de atencin personalizada sin reenvos a otros sistemas de atencin al consumidor y con un tiempo de espera no superior a un minuto.

4. Todas aquellas empresas que oferten bienes o servicios a los consumidores en la Comunidad Autnoma de Galicia y ocupen directa o indirectamente bienes de dominio pblico o sean beneficiarias de procedimientos expropiatorios en la Comunidad Autnoma de Galicia debern disponer, al menos, de una dependencia fsica en donde se entreguen los bienes o en donde se presten los servicios, a fin de llevar a cabo la atencin personal a los consumidores, sin reenvos a otros sistemas de atencin al consumidor. En su defecto, podr disponerse de la dependencia fsica de atencin al consumidor en cada una de las capitales de provincia correspondientes. El horario mnimo de atencin al pblico ser de cuarenta horas semanales.

Reglamentariamente podrn determinarse aquellos otros sectores o empresas a los cuales sea de aplicacin lo establecido en el prrafo anterior, as como las condiciones y ratios de atencin presencial a los consumidores.

5. Sin perjuicio de lo establecido en el artculo 46, la respuesta a la reclamacin deber ser realizada en la misma lengua que aquella en que se realiz el contrato o la oferta de contratacin. En todo caso, habr de garantizarse que la respuesta a las reclamaciones se realice en una de las lenguas oficiales de Galicia.

6. En los servicios de atencin al consumidor regulados en el presente artculo podrn presentarse por los consumidores peticiones o solicitudes relativas al contrato o a una oferta de contratacin.

7. Lo establecido en el artculo anterior ser de aplicacin a las previsiones establecidas en el mismo, en tanto no sean incompatibles con su regulacin.


[Bloque 41: #a34]

Artculo 34. Informacin telefnica y telemtica a las personas consumidoras.

La Xunta de Galiciapromover que las personas consumidoras tengan un acceso fcil a la informacin sobre sus derechos y deberes, debiendo favorecer la presentacin, tramitacin y, si procede, resolucin de sus quejas, reclamaciones y denuncias a travs de medios rpidos y eficaces, como los sistemas de comunicacin electrnica.


[Bloque 42: #a35]

Artculo 35. Servicios bsicos de inters general.

A efectos de la normativa de proteccin de los consumidores, sern servicios bsicos de inters general los de suministro de agua, gas, electricidad, telecomunicaciones, transporte areo, ferroviario y por carretera, as como los servicios de saneamiento y residuos, y aquellos que legal o reglamentariamente se determinen.


[Bloque 43: #a36]

Artculo 36. Manifestaciones o alegaciones de empresas.

1. La administracin competente en materia de consumo podr exigir prueba de la exactitud de las manifestaciones o alegaciones que realicen las empresas en cualquier comunicacin comercial, etiquetado o de cualquiera otra forma en que exista o pueda existir una relacin de consumo, especialmente en el supuesto de publicidad comparativa.

2. En el supuesto de no presentar las pruebas previstas en el apartado anterior, o ser estas insuficientes, se considerar por la administracin competente en materia de consumo que las manifestaciones o alegaciones realizadas son inexactas.


[Bloque 44: #a37]

Artculo 37. Manifestacin de morosidad.

Las empresas solo podrn manifestar que un consumidor se encuentra en mora cuando exista un reconocimiento del consumidor o un ttulo ejecutivo que as lo declare, sin perjuicio del derecho a la exigencia de las obligaciones por parte de aquellas.


[Bloque 45: #a38]

Artculo 38. Clusulas abusivas.

1. Se considerarn clusulas abusivas las previstas en la normativa reguladora de las mismas.

2. Con independencia de lo establecido en el apartado anterior, la Administracin autonmica competente en materia de consumo publicar en el Diario Oficial de Galicia y en su pgina web aquellas prcticas o condiciones consideradas abusivas como consecuencia de su verificacin en el mercado y que as hayan sido ratificadas por los rganos judiciales.


[Bloque 46: #a39]

Artculo 39. Imagen de una empresa.

Toda publicidad o comunicacin dirigida a los consumidores realizada por una empresa a fin de mostrar una imagen favorable sobre la misma deber ajustarse al principio de veracidad, sin que pueda generar cualquier tipo de engao o confusin en los consumidores.


[Bloque 47: #civ]

CAPTULO IV

Reparacin e indemnizacin de los daos y perjuicios sufridos porlosconsumidores


[Bloque 48: #a40]

Artculo 40. Indemnizacin y reparacin de daos.

1. Los consumidores tienen derecho, de acuerdo con lo establecido por la normativa de aplicacin, a la reparacin o indemnizacin de los daos y perjuicios que sufran a consecuencia de la adquisicin o utilizacin de bienes o servicios.

2. El incumplimiento por una empresa de lo establecido en el apartado anterior ser considerado como infraccin en materia de consumo, sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieran exigirse.

3. Los daos derivados de la actuacin de las administraciones pblicas estarn sometidos a las reglas de aplicacin sobre responsabilidad patrimonial de la administracin.


[Bloque 49: #cv]

CAPTULO V

Proteccin jurdica, administrativa y tcnica


[Bloque 50: #a41]

Artculo 41. Administracin electrnica.

1. La Xunta de Galicia fomentar el uso de las nuevas tecnologas para la presentacin por los consumidores de las reclamaciones y denuncias, y su comunicacin con ellos, estableciendo procedimientos adecuados que garanticen la autenticidad de las mismas.

2. La Xunta de Galicia potenciar el arbitraje electrnico.

3. De acuerdo con el rgimen establecido en la normativa general de arbitraje, la Junta Arbitral de Consumo de Galicia utilizar en las comunicaciones con las empresas y consumidores el fax y las comunicaciones electrnicas.


[Bloque 51: #a42]

Artculo 42. Formas extrajudiciales de resolucin de conflictos.

La Xunta de Galicia fomentar las vas extrajudiciales de resolucin de conflictos en materia de consumo, especialmente a travs de la mediacin y el arbitraje.


[Bloque 52: #a43]

Artculo 43. El arbitraje.

1. Corresponder a la Xunta de Galicia regular el funcionamiento de la Junta Arbitral de Consumo de Galicia.

2. La Xunta de Galicia podr crear, en el mbito de su competencia de consumo, rganos arbitrales al amparo de lo establecido en la legislacin general de arbitraje.

3. Cuando una empresa lleve a cabo cualquier comunicacin o difusin en que se haga referencia a su adhesin al arbitraje de consumo o utilice el distintivo pblico de adhesin al mismo, los consumidores podrn solicitar que las controversias que se susciten con esa empresa se resuelvan a travs de dicho sistema, quedando vlidamente formalizado el convenio arbitral por la mera solicitud realizada por el consumidor durante todo el tiempo en que la empresa hizo referencia a su adhesin o utiliz el distintivo de adhesin al arbitraje de consumo.

4. Las sociedades mercantiles pblicas autonmicas que mantengan relaciones de consumo debern adherirse al arbitraje de consumo.

5. La adhesin al arbitraje de consumo o a otro institucional que tenga la misma finalidad que aquel se tendr en cuenta como criterio de valoracin en las bases reguladoras de la concesin de ayudas o subvenciones por parte de la Administracin general de la Comunidad Autnoma y las entidades instrumentales del sector pblico autonmico siempre que se dirijan a empresas que mantengan relaciones de consumo con consumidores.

6. Los rganos de contratacin de la Administracin general de la Comunidad Autnoma y de las entidades instrumentales del sector pblico autonmico incorporarn como criterio de valoracin de las ofertas la adhesin al arbitraje de consumo o a otro institucional que tenga la misma finalidad que aquel, siempre que el objeto del contrato suponga que la empresa adjudicataria mantenga relaciones de consumo con consumidores.

7. La Administracin general de la Comunidad Autnoma y las entidades instrumentales del sector pblico autonmico deben incorporar la adhesin al arbitraje de consumo o a otro institucional que tenga la misma finalidad que aquel, como condicin de ejecucin en la adjudicacin de contratos, siempre que la contratacin se haga con empresas que mantengan relaciones de consumo con consumidores.

8. El incumplimiento de laudos arbitrales por parte de las empresas a que hacen referencia los tres apartados anteriores legitimar para solicitar el reintegro de la ayuda o subvencin o la resolucin del contrato, a menos que en las condiciones o bases se establezca otra previsin para este supuesto.

9. La Administracin autonmica deber promover que las empresas o entidades privadas que gestionan servicios pblicos o servicios de inters general bajo el rgimen de concesin incluyan en los pliegos de condiciones la obligacin de que en los contratos con personas consumidoras se contemple la adhesin al arbitraje de consumo.


[Bloque 53: #a44]

Artculo 44. La mediacin.

1. La mediacin del consumo se concibe como una va alternativa y voluntaria dirigida a solucionar los conflictos que puedan surgir en la relacin de consumo de conformidad con la legalidad vigente y presidida por los principios de voluntariedad, imparcialidad, confidencialidad y universalidad.

2. La Xunta de Galicia fomentar la formacin en materia de mediacin en el mbito de los derechos de las personas consumidoras a fin de crear una red de mediacin.

3. Los acuerdos adoptados entre las partes en el curso de un procedimiento de mediacin se documentarn por escrito y vincularn a las dos partes a atenerse a lo acordado dentro de dicho procedimiento.


[Bloque 54: #cvi]

CAPTULO VI

Idioma


[Bloque 55: #a45]

Artculo 45. Idioma en las relaciones con la administracin.

1. Todas las comunicaciones que realice la administracin competente en materia de consumo sern realizadas en gallego, salvo eleccin manifestada de forma expresa del destinatario de la comunicacin respecto a uno de los idiomas oficiales de la Comunidad Autnoma de Galicia.

2. Aquellos actos o comunicaciones que hayan de producir efectos fuera del territorio de la Comunidad Autnoma se realizarn en idioma espaol, cualquiera que sea el lugar en donde hayan de producir sus efectos.

3. Las solicitudes o comunicaciones que se dirijan a la administracin de consumo de Galicia debern redactarse en uno de los idiomas oficiales de Galicia.

4. Cualquier documento remitido a la administracin de consumo en un idioma distinto a los oficiales de Galicia deber ir acompaado de una traduccin no jurada, salvo en aquellos casos en que se exija su traduccin jurada, justificada por una razn imperiosa de inters general.


[Bloque 56: #a46]

Artculo 46. Derechos lingsticos de los consumidores.

1. Los consumidores, en sus relaciones de consumo, tienen derecho a usar cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Autnoma de Galicia, siempre que la contratacin se haya realizado o el consentimiento se haya manifestado en el territorio de la Comunidad Autnoma de Galicia, as como en los supuestos de publicidad, ofertas, promociones o comunicaciones comerciales recibidas en Galicia.

2. Sin perjuicio de las exigencias legales y reglamentarias relativas a la utilizacin del castellano en el etiquetado y presentacin de los bienes y servicios comercializados en Espaa y sus excepciones, en el etiquetado de los productos, as como en la publicidad, ofertas, promociones o comunicaciones comerciales realizadas en Galicia podr utilizarse cualquiera de los idiomas oficiales de la Comunidad Autnoma de Galicia.

3. La Administracin autonmica incentivar la utilizacin de la lengua gallega en la oferta de compra, la informacin de carcter fijo y documentacin, las relaciones entre los consumidores, y de estos con los ofertantes.


[Bloque 57: #cvii]

CAPTULO VII

Formacin, educacin y divulgacin en materia de derechos de los consumidores


[Bloque 58: #a47]

Artculo 47. Educacin y formacin en materia de consumo.

La Comunidad Autnoma de Galicia, a travs del rgano competente en materia de consumo, fomentar la formacin y educacin de los consumidores, cuidando la integracin de la perspectiva de gnero, y de modo especial el conocimiento de sus derechos para que puedan ejercerlos de acuerdo con pautas de consumo responsable en un mercado global, altamente tecnificado y cambiante.


[Bloque 59: #a48]

Artculo 48. Actuacin administrativa.

La formacin y educacin en materia de consumo, entendidas como un consumo informado y responsable de bienes y servicios, con criterios de sostenibilidad ambiental, econmica, social y cultural, estarn orientadas a la consecucin de los fines siguientes:

a) El conocimiento de los derechos, as como de los instrumentos de proteccin y la forma adecuada de ejercerlos.

b) El conocimiento y prevencin de los riesgos derivados del uso y consumo de los bienes y servicios.

c) El desarrollo de habilidades para ejercer una capacidad de eleccin libre, racional e informada de los bienes, productos y servicios ofertados en el mercado.

d) La orientacin hacia pautas de consumo responsables, con criterios de sostenibilidad medioambiental, econmica y social, y de forma especial la prevencin del sobreendeudamiento.


[Bloque 60: #a49]

Artculo 49. Planes y programas.

Para el cumplimiento de los fines establecidos en el artculo anterior, la administracin competente en materia de consumo elaborar planes y programas de actuacin, en especial a travs de las nuevas tecnologas, conducentes a:

a) La formacin continua para profesionales y tcnicos de las administraciones pblicas con competencias en materia de consumo y de las asociaciones de consumidores.

b) La formacin permanente del personal docente en el mbito de la educacin reglada.

c) La formacin de formadores.

d) La formacin directa dirigida a todas las colectividades interesadas y, de modo especial, a las organizaciones de consumidores y colectivos definidos como de proteccin especial.

e) El impulso del tratamiento de la educacin para el consumo en los diferentes niveles y etapas de la enseanza reglada.

f) La elaboracin y publicacin de material didctico dirigido especialmente a la infancia y juventud, as como a los colectivos de proteccin especial.


[Bloque 61: #a50]

Artculo 50. Colaboracin y cooperacin.

1. Los rganos competentes en materia de consumo establecern la colaboracin con las entidades pblicas y privadas autonmicas, estatales, comunitarias e internacionales, a la hora de llevar a cabo los diferentes planes y programas formativos y educativos en materia de consumo.

2. La administracin competente en materia de consumo establecer un plan de formacin especfico con la competente en materia educativa, orientado a favorecer el tratamiento de la educacin para el consumo en los currculos de las diferentes etapas y niveles de enseanza reglada en la forma que mejor se ajuste a la finalidad pedaggica de cada uno de ellos.

3. La Xunta de Galicia incentivar y potenciar, dentro de sus disponibilidades presupuestarias, el mantenimiento de una red de centros de educacin para el consumo responsable, que se desarrollar reglamentariamente.

4. La administracin competente en materia de consumo colaborar con las entidades locales y las organizaciones de consumidores en la elaboracin y coordinacin de los programas y planes de formacin y educacin. Para tal fin se crea la Mesa para el Fomento del Consumo Responsable, la cual se desarrollar reglamentariamente.


[Bloque 62: #a51]

Artculo 51. Divulgacin en materia de consumo.

1. La Administracin autonmica competente en materia de consumo llevar a cabo actuaciones de divulgacin en materia de proteccin de los derechos e intereses econmicos de los consumidores gallegos. Igualmente, realizar e impulsar la difusin de la informacin a los consumidores en colaboracin con entidades pblicas y privadas, y, de manera especial, con las organizaciones de consumidores.

2. La Administracin autonmica competente en materia de consumo promover la existencia de espacios y programas divulgativos sobre consumo en los medios de comunicacin de titularidad pblica y privada, especialmente en los de mbito autonmico y local de Galicia.

3. Los medios de comunicacin de titularidad pblica debern poner a disposicin de las administraciones competentes en materia de consumo espacios de forma gratuita y en bandas horarias adecuadas para ofrecer a los consumidores gallegos informacin sobre sus derechos.


[Bloque 63: #cviii]

CAPTULO VIII

Audiencia, consulta y representacin de los consumidores


[Bloque 64: #a52]

Artculo 52. Audiencia, consulta y representacin de los consumidores.

Sin perjuicio de las competencias de las administraciones competentes en materia de consumo, la audiencia, consulta, representacin y participacin para la defensa de los derechos e intereses generales de los consumidores corresponde exclusivamente a las organizaciones de consumidores.


[Bloque 65: #a53]

Artculo 53. Las organizaciones de consumidores.

1. Son organizaciones de consumidores las siguientes entidades:

a) Las asociaciones sin nimo de lucro constituidas legalmente de acuerdo con la normativa de asociaciones y de proteccin al consumidor que, segn sus estatutos, tengan por fines la defensa, informacin, educacin, formacin, asistencia y representacin de los intereses colectivos de los consumidores en sus relaciones de consumo, as como de sus miembros.

b) Las entidades constituidas de acuerdo con la normativa de aplicacin en materia de cooperativas y de proteccin al consumidor que incluyan en sus estatutos, como objeto social, la defensa, informacin, educacin, formacin, asistencia y representacin de los consumidores, y que hayan constituido un fondo con este objeto, conforme a su legislacin especfica.

2. Ser requisito imprescindible para que una entidad sea considerada como organizacin de consumidores su inscripcin en el registro que reglamentariamente se determine.

3. Las administraciones pblicas fomentarn las organizaciones de consumidores previstas en el apartado anterior.

4. Mediante una ley del Parlamento de Galicia se establecern los requisitos concretos, finalidades y derechos y obligaciones de las organizaciones de consumidores en la Comunidad Autnoma de Galicia.


[Bloque 66: #a54]

Artculo 54. rgano representativo de las organizaciones de consumidores.

Reglamentariamente se crear un rgano autonmico de representacin y consulta de las organizaciones de consumidores a fin de garantizar su representacin institucional ante la Administracin autonmica y dems administraciones, entidades y organismos. En la composicin de este rgano se procurar el respeto del reparto equilibrado de los gneros.


[Bloque 67: #tii]

TTULO II

Actuaciones administrativas en materia de consumo y coordinacin delascompetencias de las administraciones pblicas


[Bloque 68: #ci-2]

CAPTULO I

Control y vigilancia de los productos, bienes y servicios


[Bloque 69: #a55]

Artculo 55. Actuacin de las administraciones pblicas de Galicia en la proteccin de los derechos de los consumidores.

1. La Administracin autonmica y las administraciones locales de Galicia velarn para hacer efectivos los derechos de los consumidores consagrados en la presente ley y en la legislacin general o sectorial, recurriendo, cuando sea preciso, al ejercicio de las acciones judiciales oportunas para poner fin a la vulneracin de estos derechos.

2. El rgano autonmico competente en materia de consumo coordinar las actuaciones que las diferentes entidades, rganos y administraciones desarrollen en las diversas materias contempladas en la presente ley y tramitar los correspondientes procedimientos sancionadores que le correspondan segn lo dispuesto en el ttulo III.

3. El rgano autonmico competente en materia de consumo podr colaborar en la ejecucin de las medidas que hayan sido acordadas por la autoridad sanitaria en los casos en que exista en el mercado algn producto o servicio que pueda comprometer la salud de los consumidores.

4. En las notificaciones que los rganos administrativos hayan de realizar al amparo de la presente ley ser de aplicacin lo establecido en el artculo 114.


[Bloque 70: #a56]

Artculo 56. Vigilancia del mercado.

1. La Administracin autonmica y las administraciones locales, en el mbito de sus respectivas competencias en materia de defensa del consumidor, realizarn actuaciones de inspeccin y control para comprobar que las empresas o establecimientos que producen, distribuyen o comercializan bienes o servicios cumplen con la legislacin vigente con relacin a los derechos e intereses de los consumidores.

2. La Administracin autonmica competente en materia de consumo y las administraciones locales podrn realizar, directamente o en colaboracin con otras entidades pblicas o privadas, estudios, controles, ensayos, anlisis y comprobaciones sobre los productos, bienes, servicios y establecimientos en donde estos se comercialicen y se presten, as como requerir a los implicados toda la informacin que se estime necesaria en el curso de tales comprobaciones.

3. Las actuaciones de vigilancia del mercado podrn recaer sobre todos los bienes y servicios ofertados o puestos a disposicin de los consumidores, as como tambin sobre los elementos, condiciones e instalaciones utilizados para su produccin, distribucin y comercializacin.


[Bloque 71: #a57]

Artculo 57. Advertencias y requerimientos.

La Administracin autonmica competente en materia de consumo y las administraciones locales podrn advertir a todos aquellos que incumplan alguno de los preceptos contemplados en esta ley o en cualquier otra norma que pueda afectar directa o indirectamente a los derechos de los consumidores y requerirles su cumplimento, todo ello sin perjuicio de la adopcin de otras medidas de las contempladas en la presente ley o la exigencia de las responsabilidades administrativas o de otro orden que, en su caso, procedan.

La existencia o inexistencia de advertencias o requerimientos previos no impedir la iniciacin de un procedimiento sancionador por las irregularidades detectadas.


[Bloque 72: #a58]

Artculo 58. Plan anual de vigilancia del mercado.

1. La Administracin autonmica competente en materia de consumo elaborar un plan anual de vigilancia del mercado, en el cual se incluirn actuaciones de control e inspeccin sobre los productos, bienes y servicios que hayan sido puestos a disposicin del consumidor, sin perjuicio de otras medidas que pudieran resultar oportunas. Del contenido y de los resultados de este plan se informar a las entidades u rganos representativos de los intereses de los consumidores y de los empresarios.

2. Para la mejora de los sectores afectados y de los intereses generales de los consumidores se podr hacer publicidad de estas actividades.


[Bloque 73: #a59]

Artculo 59. La Inspeccin de Consumo de la Xunta de Galicia.

1. La Inspeccin de Consumo, adscrita al rgano autonmico competente en materia de consumo, se regir por su regulacin especfica, sin perjuicio de lo dispuesto en la presente ley y disposiciones que la desarrollen.

2. Las actuaciones de la Inspeccin de Consumo se planificarn y se ejecutarn observando los principios de legalidad, objetividad, proporcionalidad, coordinacin y eficacia.

3. El personal de la Inspeccin de Consumo, en el ejercicio de sus funciones, tendr el carcter de autoridad.

4. Reglamentariamente podr establecerse el rgimen de disponibilidad del personal adscrito a la Inspeccin de Consumo, a efectos de garantizar el adecuado cumplimiento de sus funciones.

5. El personal de la Inspeccin de Consumo est obligado a cumplir de modo estricto el deber de sigilo profesional y a observar estricto secreto sobre los asuntos que conozca en razn de su cargo.


[Bloque 74: #a60]

Artculo 60. Actuacin de la Inspeccin de Consumo.

1. La Administracin autonmica competente en materia de consumo, as como su personal de la Inspeccin de Consumo, podrn solicitar, cuando sea precisa para el ejercicio de sus funciones, la ayuda o colaboracin de cualquier otra administracin, autoridad o de sus agentes, quienes debern prestrsela, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de rgimen jurdico de las administraciones pblicas y del procedimiento administrativo comn. A estos efectos, podrn solicitar cualquier informacin que conste en registros de carcter pblico, o en bases de datos de las diferentes administraciones, que les habr de ser facilitada sin coste alguno.

2. Las actuaciones de la Inspeccin de Consumo se llevarn a cabo en cualquier lugar del territorio de la Comunidad Autnoma de Galicia. Cuando una actuacin de la Inspeccin de Consumo haya de producir efectos fuera de la Comunidad Autnoma de Galicia, y sin perjuicio de la posibilidad de realizar requerimientos de forma directa, la inspeccin podr solicitar la colaboracin de las autoridades competentes en dicho territorio cuando fuese necesario para el esclarecimiento o comprobacin de los hechos e incluso acompaar presencialmente al personal de otras administraciones en las actuaciones que tengan que llevar a cabo.

3. La administracin, dentro de sus posibilidades, dotar a la Inspeccin de Consumo de los medios materiales y tcnicos para el mejor desarrollo de sus funciones, medios a los que el personal de la Inspeccin de Consumo adaptar sus actuaciones.

4. Cuando los medios tcnicos empleados por la Inspeccin de Consumo no permitan proporcionar una copia del acta al inspeccionado en el momento de la visita, se le deber facilitar el contenido y resultados de la actuacin inspectora efectuada para que pueda realizar las manifestaciones que considere necesarias para la defensa de sus derechos e intereses.

5. El personal de la Inspeccin de Consumo podr adoptar de forma inmediata y proporcionada, en el curso de sus actuaciones, las medidas provisionales a que se refiere el artculo 69, motivando su adopcin en la correspondiente acta de inspeccin, en aquellos casos en que la urgencia o existencia de indicios racionales de presencia de un riesgo para la seguridad de los consumidores aconsejen tal adopcin para evitar posibles perjuicios irreparables a los consumidores, sin perjuicio de que estas actas deban ser confirmadas, modificadas o levantadas por medio de un acuerdo del rgano competente en el plazo de quince das y que deber ser notificado a la persona inspeccionada.

6. Cuando el personal de la inspeccin tenga que acceder, para el ejercicio de cualquiera de sus actuaciones, a viviendas particulares o a locales que no estn abiertos al pblico en general, deber contar con el consentimiento del inspeccionado, sin perjuicio de la necesidad de contar con la correspondiente autorizacin judicial, conforme a lo dispuesto en el artculo 91 de la Ley orgnica del poder judicial cuando esta resulte preceptiva.


[Bloque 75: #a61]

Artculo 61. Colaboracin con la administracin competente en materia de consumo.

Las cmaras oficiales de comercio, industria y navegacin, los colegios profesionales y otras organizaciones profesionales, las empresas o entidades concesionarias de servicios pblicos, las asociaciones empresariales y profesionales y las organizaciones de consumidores, as como otros rganos de las administraciones pblicas, organismos oficiales o empresas con participacin pblica, debern colaborar con la Administracin autonmica competente en materia de consumo en el ejercicio de sus funciones de control y vigilancia, facilitndole la informacin o documentacin que les sea solicitada.


[Bloque 76: #cii-2]

CAPTULO II

Toma de muestras y analtica


[Bloque 77: #a62]

Artculo 62. Tomas de muestras.

1. En el curso de las actuaciones inspectoras deber permitirse que se practique la toma de muestras o que se efecte cualquier otro tipo de control o ensayo sobre los productos y bienes en cualquier fase de su comercializacin, a fin de comprobar la adecuacin a la normativa que les sea de aplicacin en lo que respecta a su funcionalidad, composicin, etiquetado, presentacin, publicidad y a los niveles de seguridad que ofrecen al consumidor. La administracin indemnizar a quien se le hubiera realizado una toma de muestras por el valor de coste de los productos utilizados como muestra o inutilizados durante los controles, con posterioridad a su realizacin. La obligacin anterior no ser de aplicacin en aquellos casos en que las tomas de muestras se lleven a cabo bien sobre productos que estn sujetos a medidas provisionales que limiten su fabricacin, distribucin o venta, o bien en instalaciones o sobre productos que sean propiedad del responsable del producto investigado.

2. En cualquier caso, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en el supuesto de que en los anlisis o verificaciones se constate cualquier irregularidad, los gastos derivados de la realizacin de toma de muestras por la Inspeccin de Consumo de Galicia sern por cuenta de la persona o entidad infractora o del responsable del producto, respectivamente.

3. Las irregularidades que se detecten en el marco de estas actividades sern objeto de las actuaciones administrativas y de las acciones judiciales que, en su caso, procedan, sin perjuicio de que puedan ponerse en conocimiento de los responsables para que adopten las medidas adecuadas y las corrijan inmediatamente.

4. De acuerdo con lo dispuesto en el artculo 15.2, cuando a consecuencia de un ensayo analtico se detecte una irregularidad, se presumir que dicho incumplimiento afecta a toda la produccin, salvo en el caso de que el responsable del producto pueda acreditar que puede limitarse a un lote, a un nmero determinado de unidades o se trata de un fallo puntual del control de calidad, mediante la aportacin, en el plazo de un mes desde la recepcin de la notificacin de los resultados analticos, de la documentacin o cualquier otro medio de prueba que acredite esos extremos.

No obstante lo anterior, podr entenderse que el carcter inseguro solo afecta a un determinado lote o grupo de fabricacin del producto cuando el responsable acredite, de forma fehaciente, que tiene implantado un sistema de control de la calidad que asegure que el problema detectado no afecta a otras unidades del producto.


[Bloque 78: #a63]

Artculo 63. Prctica de la toma de muestras.

1. La prctica de la toma de muestras y las pruebas analticas se realizarn de acuerdo con este artculo y con lo que se establezca en el desarrollo normativo de la presente ley y, en su defecto, con el procedimiento establecido en la legislacin general.

2. El acto de la toma de muestras ser documentado por el personal de la Inspeccin de Consumo, y en el documento resultante se transcribirn cuantos datos y circunstancias sean necesarios para la identificacin de las muestras.

3. Cada muestra constar de tres ejemplares homogneos, que sern precintados y etiquetados, de tal forma que quede garantizada la integridad de su contenido y la trazabilidad de cada ejemplar.

4. El depsito de los ejemplares se har del modo siguiente:

a) Si la empresa o el titular del establecimiento donde se levante el acta fueran fabricantes, envasadores o marquistas de las muestras recogidas, quedar en depsito bajo su poder uno de los ejemplares de las muestras recogidas, con la obligacin de conservarlo en perfecto estado para su posterior utilizacin en una prueba de carcter contradictorio si fuera necesario. Dicho ejemplar de la muestra se entregar junto con una copia del acta. La desaparicin, destruccin o deterioro de ese ejemplar de la muestra se presumir maliciosa, salvo prueba en contrario. Los otros dos ejemplares de la muestra quedarn en poder del personal de la inspeccin, que remitir uno de ellos al laboratorio que vaya a realizar el anlisis inicial.

b) Por el contrario, si el titular del establecimiento o la empresa inspeccionada actuasen como meros distribuidores del producto investigado, quedar en su poder una copia del acta pero los tres ejemplares de la muestra sern retirados por el personal de la inspeccin. En este caso, uno de los ejemplares se pondr a disposicin de la persona titular de la empresa fabricante, envasadora o marquista interesada o persona debidamente autorizada que la represente para que la retire si desea practicar una prueba contradictoria, y otro ejemplar se remitir al laboratorio en que vaya a realizarse el anlisis inicial.


[Bloque 79: #a64]

Artculo 64. Prctica de las pruebas analticas.

1. Las pruebas analticas se realizarn en laboratorios oficiales, en los privados acreditados o en los que fueran designados para ello por la autoridad competente en materia de consumo.

2. El laboratorio que recibiese la primera de las muestras, a la vista de la misma y de la documentacin que la acompae, realizar el anlisis y emitir, a la mayor brevedad posible, los resultados analticos correspondientes y, en caso de que se le solicite, un informe tcnico en que se pronunciar de forma clara y precisa sobre la calificacin que le merezca la muestra analizada.

3. Cuando del resultado del anlisis inicial se deduzcan incumplimientos y en el supuesto de que la empresa no acepte dichos resultados, sin perjuicio de acreditar lo que convenga a su derecho por cualquier medio de prueba, podr solicitar la realizacin del anlisis contradictorio, de acuerdo con una de las dos posibilidades siguientes:

a) Designando, en el plazo de cinco das hbiles, a una persona perita de parte para su realizacin en el laboratorio que practic el anlisis inicial, siguiendo las mismas tcnicas empleadas por este y en presencia del tcnico que certific dicho anlisis o persona designada por l. A tal fin, se comunicar a la persona interesada la fecha y hora para la realizacin del anlisis contradictorio.

b) Comunicando, en el plazo de ocho das hbiles, su intencin de realizar el anlisis contradictorio en un laboratorio oficial o privado autorizado, utilizando las mismas tcnicas empleadas en el anlisis inicial. El resultado analtico y, en su caso, el informe tcnico complementario debern ser remitidos en el plazo mximo de un mes a contar a partir de la comunicacin de su intencin de realizar el anlisis contradictorio. Si transcurriera dicho plazo sin que se remitiese el resultado del anlisis se entender que renuncia a su derecho de realizacin del anlisis contradictorio.

La renuncia expresa o tcita a efectuar el anlisis contradictorio o la no aportacin de la muestra que est en poder del interesado supone la aceptacin de los resultados a los cuales se hubiese llegado en la prctica del primer anlisis.

4. Si existiera desacuerdo entre los dictmenes de los anlisis inicial y contradictorio, el rgano competente designar otro laboratorio oficial u oficialmente acreditado que, teniendo a la vista los antecedentes de los anteriores anlisis y utilizando la tercera muestra, realizar con carcter urgente un tercer anlisis, el cual ser dirimente y definitivo.

5. Los gastos que se deriven de la realizacin del anlisis contradictorio sern por cuenta de quien lo promueva; los originados por la realizacin de los anlisis inicial y dirimente sern por cuenta de la empresa, salvo que los resultados de la dirimente rectifiquen los del anlisis inicial, caso en que los dos sern sufragados por la administracin.


[Bloque 80: #a65]

Artculo 65. Casos especiales en la realizacin de las pruebas analticas.

1. En el supuesto de productos de difcil conservacin en su estado inicial o de productos perecederos en general, cuando razones de urgencia por los peligros que pudiesen existir para la seguridad de los consumidores o circunstancias tcnicas lo aconsejen, se podrn convocar en un mismo acto y en el mismo laboratorio tres personas peritas en la materia, dos de ellas nombradas por la administracin y una en representacin del interesado, para que practiquen los anlisis inicial, contradictorio y, en su caso, el dirimente, sin solucin de continuidad.

2. Con independencia de lo previsto en el artculo anterior, cuando el motivo de la toma de muestras sea la realizacin de ensayos analticos sobre productos sometidos a certificacin u homologacin que se sometan a investigacin para determinar su seguridad o aptitud funcional, o en los supuestos en que no sea posible su obtencin por triplicado en el momento de la toma de muestras, el resultado de los ensayos podr quedar acreditado con un nico resultado analtico obtenido en un laboratorio oficial de una muestra compuesta de un nico ejemplar.

En estos casos, la realizacin de las pruebas se notificar previamente a las partes interesadas de las que se tenga conocimiento, al objeto de que puedan personarse y efectuar cuantas alegaciones estimen oportunas.


[Bloque 81: #ciii-2]

CAPTULO III

Medidas administrativas de correccin del mercado


[Bloque 82: #a66]

Artculo 66. Medidas administrativas para la correccin del mercado.

1. La Administracin autonmica competente en materia de consumo podr adoptar las medidas de correccin del mercado dirigidas a la neutralizacin de los riesgos que puedan comprometer la seguridad de los consumidores, as como a esclarecer las responsabilidades que en cada caso pudieran concurrir.

2. Las medidas a que se refiere el presente artculo podrn afectar tanto a los responsables de la prestacin del servicio como, en su caso, a los responsables de la produccin, distribucin o comercializacin del producto, bien o servicio, o a cualquier otra persona que est contribuyendo al riesgo o de la cual dependa la efectividad de las medidas adoptadas.

3. Las medidas provisionales pueden tener una o varias personas destinatarias concretas o una pluralidad indeterminada de personas, o incluso carcter general.

4. Los gastos que se deriven de la adopcin y ejecucin de las medidas previstas en este artculo sern por cuenta de quienes con sus conductas los hayan originado.

5. Ninguna de las medidas a que se refieren los apartados anteriores tiene carcter sancionador y, salvo en el supuesto de que se levanten de oficio, se mantendrn mientras la empresa productora, fabricante, importadora del producto o prestadora del servicio no pruebe que han cesado las condiciones que aconsejaron su adopcin.

6. La adopcin de cualquiera de las medidas anteriores es compatible con la iniciacin previa, simultnea o posterior de un procedimiento sancionador.


[Bloque 83: #a67]

Artculo 67. Tipos de medidas de correccin del mercado.

Sin perjuicio de que pueda emprenderse cualquier otra actuacin que se considere oportuna, las medidas previstas en el artculo anterior consistirn en una o varias de las siguientes:

a) Acordar la inmovilizacin, la retirada del mercado e incluso la recuperacin de los consumidores de un producto inseguro, asegurndose, si fuera preciso, de su posterior destruccin.

b) Para todo producto sobre el cual existan indicios razonables de que pueda ser inseguro se podr prohibir temporalmente que se comercialice mientras se efecten las inspecciones o verificaciones necesarias para clarificar de forma suficiente las condiciones de seguridad del producto.

c) Cuando se haya comprobado de forma suficiente el carcter inseguro de un producto o el incumplimiento de la normativa que le sea de aplicacin en una actividad de prestacin de servicios se podr prohibir la puesta en el mercado del producto o la prestacin de dichos servicios.

d) Imponer condiciones previas a la comercializacin de un producto o a la prestacin de un servicio en los casos en que los incumplimientos normativos puedan ser corregidos o el posible riesgo disminuya de forma ostensible mediante la inclusin de advertencias adecuadas.

e) Suspender o prohibir la actividad, oferta, promocin o venta de bienes o la prestacin de servicios.

f) Disponer, incluso mediante la publicacin de avisos especiales, que las personas expuestas al riesgo o cuyos intereses econmicos o sociales pudiesen haber resultado perjudicados sean informadas convenientemente.

g) Clausurar de forma temporal establecimientos o instalaciones.


[Bloque 84: #a68]

Artculo 68. Procedimiento de adopcin de medidas definitivas.

1. La tramitacin del procedimiento administrativo correspondiente se realizar de acuerdo con lo previsto en la legislacin de aplicacin, entendindose las actuaciones con las personas interesadas de las que se tenga conocimiento.

2. Atendiendo a la gravedad de los hechos y a fin de evitar daos irreparables, podr acordarse la tramitacin de urgencia del procedimiento administrativo. En cualquier fase del mismo, el rgano competente podr ordenar la prctica de las inspecciones y controles necesarios para la clarificacin de los hechos.

3. La resolucin del procedimiento administrativo no impedir la iniciacin de un procedimiento sancionador si se comprueba la concurrencia de infracciones administrativas.

4. El responsable deber asumir los gastos derivados de la adopcin de las medidas provisionales cuando sean definitivas por una resolucin administrativa firme, mientras que los gastos derivados de las pruebas y ensayos corrern a cargo de quien los promueva.

5. Al objeto de garantizar la eficacia de las resoluciones adoptadas, el interesado deber aportar justificacin documental que acredite el cumplimiento de las obligaciones impuestas. Si se considera necesario, estas se practicarn en presencia del personal de la Inspeccin de Consumo.

6. Cuando el procedimiento de adopcin de medidas haya sido iniciado por motivos relacionados con la seguridad de un producto, no ser necesaria la realizacin de los trmites de audiencia y prueba cuando hayan sido realizados ante el mismo supuesto de hecho y ante idntica medida en el procedimiento administrativo que haya sido tramitado por otra Administracin autonmica, la Administracin del Estado u otra de mbito superior. En este caso, en el expediente administrativo se incluir una identificacin del procedimiento y del rgano donde se realizaron dichos trmites, as como toda la documentacin que se haya recibido al respecto. Tampoco se realizar el trmite de audiencia en aquellos casos en que fuese imposible la localizacin o identificacin de las personas productoras o distribuidoras del producto o prestadoras del servicio de que se trate, causantes del riesgo.


[Bloque 85: #a69]

Artculo 69. Medidas provisionales.

1. Iniciado el procedimiento, el rgano administrativo competente para su resolucin podr adoptar las medidas provisionales que estime oportunas de entre las sealadas en el artculo 67, para asegurar la eficacia de la resolucin que pudiese recaer, si existieran elementos de juicio para ello.

2. Antes de la iniciacin del procedimiento administrativo, el rgano competente podr adoptar las medidas correspondientes en aquellos casos en que la urgencia, la incertidumbre cientfica derivada de la aplicacin del principio de cautela sobre la existencia de un riesgo para la salud o la seguridad o los dems derechos de los consumidores, o la constatacin de una irregularidad en el transcurso de una actuacin de inspeccin aconsejen tal adopcin para evitarles posibles perjuicios irreparables. En particular, podr ordenarse la inmovilizacin y retirada de productos, su recuperacin de los consumidores, la suspensin de actividades o del suministro a los consumidores del bien o servicio que est causando el dao o ponga en riesgo la seguridad de los consumidores, sin perjuicio de que puedan aplicarse todas aquellas medidas que se estimen necesarias y proporcionadas al riesgo o al dao presunto o demostrado.

3. En el supuesto de adopcin de medidas provisionales con anterioridad al inicio del procedimiento, estas debern ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciacin del procedimiento, que habr de efectuarse en el plazo de quince das siguientes a su adopcin.


[Bloque 86: #a70]

Artculo 70. Multas coercitivas.

1. A fin de garantizar la eficacia de las resoluciones contempladas en el artculo anterior y, de modo especial, aquellas que se hayan emitido a consecuencia de conductas reiteradas de puesta en el mercado de productos que generen riesgos para la seguridad de los consumidores, el rgano autonmico competente en materia de consumo podr, de conformidad con la legislacin vigente, imponer multas coercitivas.

2. La imposicin de una multa coercitiva ir precedida del preceptivo requerimiento de ejecucin de la resolucin por la que se adopt la medida provisional, advirtiendo al destinatario del plazo de que dispone para su cumplimiento y de la cuanta de la multa coercitiva que puede serle impuesta en caso de incumplimiento. El plazo sealado ha de ser, en todo caso, suficiente para el cumplimiento de la obligacin de que se trate, y la multa proporcionada a la gravedad y alarma social generada, no pudiendo exceder nunca de 3.000 euros.

3. Si la administracin comprobara el incumplimiento de lo ordenado, podr reiterar las citadas multas por periodos que no pueden ser inferiores a lo indicado en el primer requerimiento.

4. Estas multas sern independientes de las que puedan imponerse en concepto de sancin y son compatibles con las mismas.


[Bloque 87: #civ-2]

CAPTULO IV

Competencias de las entidades locales y coordinacin y cooperacin con la Administracin autonmica competente en materia de consumo


[Bloque 88: #a71]

Artculo 71. Competencias de las corporaciones locales en materia de consumo.

1. Corresponde a las entidades locales promover y desarrollar la proteccin y defensa de los consumidores en sus respectivos mbitos territoriales, con el alcance y contenido que les atribuye la presente ley y el resto de las normas jurdicas de aplicacin, en el marco de la planificacin y programacin que se establezca por la Administracin autonmica.

2. Las administraciones locales ejercern, en particular, las siguientes competencias:

a) La ejecucin de las medidas que hayan sido adoptadas por la Administracin autonmica competente en materia de consumo en colaboracin con la Inspeccin de Consumo.

b) La inspeccin, verificacin, correccin y sancin del incumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa de proteccin de los consumidores en el mbito de la venta ambulante o no sedentaria, ferias y mercados.

c) La fijacin, de acuerdo con los lmites establecidos legalmente, del importe de las sanciones a que se refiere la letra anterior, pudiendo ser objeto de regulacin por medio de la correspondiente ordenanza local de consumo.

d) La adopcin de medidas urgentes, que debern ser comunicadas de forma inmediata al rgano autonmico competente en materia de consumo.

e) La informacin y asesoramiento a los consumidores, su formacin y educacin.

f) El establecimiento de oficinas o servicios de atencin al consumidor, hecho que deber comunicarse al rgano autonmico competente en materia de consumo.

g) La recepcin de las reclamaciones de los consumidores de su mbito territorial y la realizacin de mediacin entre los consumidores y las empresas de todas ellas, como paso previo a su derivacin a la administracin competente para su tramitacin.

h) El fomento de los sistemas de resolucin extrajudicial de conflictos, en particular del sistema arbitral de consumo.

i) El apoyo y fomento de las organizaciones de consumidores ubicadas en su territorio.

j) La promocin de rganos de participacin ciudadana en materia de consumo.

3. Las entidades locales, con respeto a la normativa estatal y autonmica de aplicacin, podrn aprobar ordenanzas en materia de consumo para el mejor cumplimiento de la normativa de defensa del consumidor.

4. De forma general, las administraciones locales podrn ordenar la realizacin de actuaciones de inspeccin en su mbito competencial. De los resultados de estas actuaciones se dar cuenta al rgano de la Administracin autonmica competente en materia de consumo.

5. En aquellos casos en que la Administracin local afectada no disponga de los medios tcnicos o econmicos necesarios podr solicitar al rgano autonmico competente la ejecucin subsidiaria de determinadas funciones de las mencionadas en los apartados anteriores.

6. La Administracin autonmica, de acuerdo con la normativa de aplicacin, podr delegar competencias autonmicas a las entidades locales.


[Bloque 89: #a72]

Artculo 72. rganos de cooperacin y coordinacin.

La Administracin autonmica competente en materia de consumo promover la creacin de rganos de cooperacin y coordinacin entre las distintas administraciones en Galicia para el mejor cumplimento de sus competencias en materia de defensa del consumidor.


[Bloque 90: #a73]

Artculo 73. Coordinacin y cooperacin de actuaciones en materia de consumo con las entidades locales.

1. Las diferentes administraciones locales ejercern sus actuaciones en materia de consumo a que hace referencia el artculo 71 de forma coordinada, sin perjuicio del respeto de la autonoma que a tales entidades les atribuya la legislacin vigente, por el rgano autonmico competente en esta materia.

2. La Administracin autonmica competente en materia de consumo crear un rgano colegiado de coordinacin, cooperacin y participacin entre la Administracin autonmica y las entidades locales, con las caractersticas y composicin que se determinen de acuerdo con lo establecido en la Ley de Administracin local de Galicia.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la Administracin autonmica competente en materia de consumo podr establecer foros de coordinacin con las entidades locales, as como celebrar con ellas los protocolos o convenios de colaboracin que consideren oportunos en orden a desarrollar y coordinar las competencias en materia de consumo.

4. La coordinacin prevista en los apartados anteriores respetar, en todo caso, la autonoma local y se limitar a aquellas competencias concurrentes de las dos administraciones en el mbito de la defensa del consumidor y aquellas que as se determinen conjuntamente, pudiendo ser objeto de control por el Parlamento de Galicia. La mencionada coordinacin respetar igualmente las competencias que en la coordinacin, asistencia y cooperacin correspondan a las provincias, mancomunidades, reas metropolitanas y dems figuras de organizacin supramunicipal.


[Bloque 91: #tiii]

TTULO III

Rgimen sancionador


[Bloque 92: #ci-3]

CAPTULO I

Disposiciones generales


[Bloque 93: #a74]

Artculo 74. Competencias sancionadoras.

Corresponde a la Comunidad Autnoma de Galicia la potestad para sancionar las conductas tipificadas como infracciones en materia de defensa de los consumidores, incluso aquellas que afecten a sectores que cuenten con regulacin especfica, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otra ndole en que pueda incurrirse.


[Bloque 94: #a75]

Artculo 75. Administracin competente.

1. La Comunidad Autnoma de Galicia sancionar las infracciones en materia de defensa de los consumidores cometidas en su territorio o a consecuencia de ofertas, comunicaciones comerciales o cualquier otro tipo de propuestas dirigidas a los consumidores de la Comunidad Autnoma de Galicia, cualquiera que sea la nacionalidad, el domicilio de quien los realice e independientemente del lugar en que se ubiquen sus establecimientos.

2. Las infracciones se entendern cometidas en cualquiera de los lugares en que se desarrollen las acciones u omisiones constitutivas de las mismas y, adems, salvo en el caso de infracciones relativas a los requisitos de los establecimientos e instalaciones o del personal, en todos aquellos en que se manifieste la lesin o riesgo para los intereses de los consumidores protegidos por la norma sancionadora.

3. Las autoridades competentes en materia de consumo sancionarn, asimismo, las conductas tipificadas como infracciones en materia de defensa de los consumidores de las empresas de los sectores que cuenten con regulacin especfica y las prcticas comerciales desleales con los consumidores.


[Bloque 95: #a76]

Artculo 76. Actuaciones u omisiones infractoras.

1. Cada hecho infractor, ya sea una actuacin u omisin, ser sancionado independientemente aplicando la sancin correspondiente, salvo en el supuesto de que un hecho constituya dos o ms infracciones o cuando una sea el medio necesario para cometer otra, caso en que se aplicar la sancin prevista para la infraccin ms grave en su mitad superior.

2. Se considera que un hecho infractor es independiente de otro cuando la comisin de uno pueda realizarse sin la realizacin del otro y viceversa. En este supuesto se impondrn tantas sanciones como hechos realizados.


[Bloque 96: #a77]

Artculo 77. Non bis in idem.

1. En ningn caso se producir una doble sancin por los mismos hechos, siempre que se aprecie identidad de sujeto y fundamento en funcin de los mismos intereses pblicos protegidos, todo ello sin perjuicio de que puedan exigirse las dems responsabilidades que se deduzcan de otros hechos o infracciones concurrentes.

En este supuesto, el rgano competente resolver la no exigibilidad de responsabilidad administrativa en cualquier momento de la instruccin del procedimiento en que queden acreditadas estas circunstancias.

2. De acuerdo con el principio de territorialidad, el hecho de que una Comunidad Autnoma distinta de la gallega hubiese impuesto una sancin no supondr la imposibilidad de que la Comunidad Autnoma de Galicia pueda imponer nuevas sanciones polos mismos hechos, salvo que se acredite que durante la tramitacin del procedimiento sancionador se tuvieron en cuenta los derechos de los consumidores de la Comunidad Autnoma de Galicia para su imposicin.


[Bloque 97: #a78]

Artculo 78. Concurrencia de procedimientos.

1. Si, iniciado un procedimiento sancionador, se considera que los hechos pudieran ser constitutivos de ilcito penal, se comunicar al Ministerio Fiscal, suspendindose el procedimiento y los plazos de prescripcin y caducidad hasta que recaiga resolucin judicial y esta sea comunicada a la administracin competente en materia de consumo.

2. El rgano competente suspender igualmente la resolucin del procedimiento y los plazos de prescripcin y caducidad cuando, por los mismos hechos, se est instruyendo una causa penal ante los tribunales de justicia hasta que recaiga resolucin judicial. Las medidas administrativas que hubiesen sido adoptadas para salvaguardar la salud y seguridad de las personas se mantendrn en tanto la autoridad judicial no se pronuncie sobre las mismas.

3. En todo caso, los hechos declarados probados por resolucin judicial penal firme vinculan a los rganos administrativos respecto a los procedimientos sancionadores que tramiten.

4. Si se acreditara que se est siguiendo un procedimiento por los mismos hechos ante los rganos de la Unin Europea, se aplazar la resolucin del procedimiento suspendiendo el mismo as como los plazos de prescripcin y caducidad. La suspensin se levantar una vez que aquellos dicten resolucin firme.

5. En caso de que los rganos comunitarios hubiesen impuesto una sancin, el rgano competente para resolver habr de tenerla en cuenta a efectos de graduar la sancin que, en su caso, deba imponer, y podr compensarla, sin perjuicio de declarar la comisin de la infraccin.


[Bloque 98: #cii-3]

CAPTULO II

Infracciones y sanciones


[Bloque 99: #a79]

Artculo 79. Carcter de las infracciones en materia de defensa de los consumidores.

Las infracciones en materia de defensa del consumidor se considerarn, en todo caso, infracciones en materia de disciplina de mercado.


[Bloque 100: #a80]

Artculo 80. Clasificacin de las infracciones.

Las infracciones en materia de defensa del consumidor se clasifican como leves, graves y muy graves, de acuerdo con lo establecido en los artculos siguientes.


[Bloque 101: #a81]

Artculo 81. Infracciones leves.

Las infracciones siguientes se calificarn como leves:

1. La obstruccin o negativa a suministrar datos o a facilitar la informacin requerida por las autoridades competentes o sus agentes para el cumplimiento de las funciones de informacin, vigilancia, inspeccin, tramitacin y ejecucin.

2. El incumplimiento de la normativa reguladora de los precios o contraprestaciones que no tengan el carcter de graves o muy graves.

3. La ausencia de correccin en el trato, consideracin o respeto a los consumidores que no tengan el carcter de graves o muy graves.

4. Exigir alguna contraprestacin o generar gastos o disposicin de dinero o cualquier otro bien a un consumidor a consecuencia de la recepcin de comunicaciones comerciales o publicidad, con independencia del medio utilizado.

5. La negativa injustificada a satisfacer las demandas del consumidor, producidas de buena fe o conforme al uso establecido, cuando su satisfaccin est dentro de las disponibilidades de la empresa vendedora o prestadora de un servicio, as como cualquier forma de discriminacin con respecto a las referidas demandas.

6. La no entrega del resguardo de depsito a los consumidores en caso de depsito de un bien para cualquier tipo de intervencin u operacin, la no elaboracin de un presupuesto previo, la no extensin de la correspondiente factura por la venta de bienes o prestacin de servicios o la no entrega del documento justificativo de la relacin de consumo en los casos en que sea preceptivo o cuando lo solicite el consumidor, o la entrega sin cumplir con los requisitos normativamente establecidos.

7. El incumplimiento de las disposiciones relativas a la normalizacin o tipificacin de bienes o servicios que se produzcan, comercialicen o existan en el mercado.

8. El incumplimiento de las disposiciones que regulen el marcado, etiquetado y envasado de productos, as como la publicidad sobre bienes y servicios, que no tengan el carcter de graves o muy graves.

9. El incumplimiento de las disposiciones sobre utilizacin de marchamos, cuos y contramarcas.

10. El incumplimiento de las normas relativas a documentacin, informacin, libros o registros establecidos obligatoriamente para el adecuado rgimen y funcionamiento de la empresa, instalacin o servicio y como garanta para la proteccin del consumidor.

11. No disponer de las hojas de reclamacin establecidas normativamente, o no exhibir de modo visible el cartel anunciador de su existencia, as como negar la entrega de las mismas a los consumidores que lo soliciten.

12. No dar respuesta a las reclamaciones de los consumidores o realizarlo fuera del plazo establecido.

13. No formalizar por escrito las ofertas, condiciones o manifestaciones cuando as se exija en la normativa de aplicacin.

14. No acusar recibo de una reclamacin o hacerlo con incumplimiento de lo exigido reglamentariamente.

15. Los incumplimientos de los requisitos, obligaciones o prohibiciones contempladas en la presente ley u otras normas de proteccin de los consumidores que no tengan la calificacin de infracciones graves o muy graves en los artculos siguientes.


[Bloque 102: #a82]

Artculo 82. Infracciones graves.

Las infracciones siguientes se calificarn como graves:

1. La reincidencia en infracciones leves.

2. Facilitar informacin falsa, inexacta o engaosa a las administraciones con relacin a la defensa de los derechos de los consumidores.

3. La obstruccin o negativa reiterada a suministrar datos o a facilitar las funciones de informacin, vigilancia o inspeccin. En todo caso, se entender que existe reiteracin cuando, despus de haber realizado dos requerimientos por parte de la inspeccin, no se diera cumplimento a lo requerido en los mismos.

4. La resistencia, coaccin, amenaza, represalia o cualquier otra forma de presin a consumidores u organizaciones de consumidores que hayan promovido o pretendan promover cualquier clase de accin legal, denuncia, reclamacin o participacin en procedimientos ya iniciados, as como la tentativa de ejercitar tales actos.

5. El fraude en la prestacin de toda clase de servicios, de forma que se incumplan las condiciones, calidad, cantidad, intensidad o naturaleza de los mismos, conforme a la categora con que estos se ofrezcan o correspondan a su naturaleza. A los efectos anteriores, se considerar fraude el mero incumplimiento de lo pactado o exigible sin necesidad de existencia de un nimo especfico.

6. La exigencia de cualquier contraprestacin por una empresa aprovechndose de una posicin de poder respecto a un consumidor o en una situacin en que se encuentre mermada la libertad de eleccin del consumidor por cualquier circunstancia o en el supuesto en que se vincule la ejecucin de otro contrato a la satisfaccin de dicha contraprestacin, siempre que no tenga el carcter de muy grave.

7. Las limitaciones o exigencias injustificadas al derecho del consumidor de poner fin a los contratos de prestacin de servicios o suministro de productos de tracto sucesivo o continuado, la obstaculizacin al ejercicio de tal derecho del consumidor a travs del procedimiento pactado, la falta de previsin de este o la falta de comunicacin al consumidor del procedimiento para darse de baja en el servicio.

8. La elaboracin, distribucin, suministro o venta de bienes o servicios cuando su composicin o calidad o caractersticas no se ajusten a las disposiciones vigentes o difieran de las declaradas por cualquier medio, o de las que objetivamente pudiera esperar el consumidor.

9. La realizacin de transacciones en las cuales se imponga injustificadamente al consumidor la condicin expresa o tcita de comprar una cantidad mnima o productos no solicitados, o la de prestarle o prestar l un servicio no pedido o no ofrecido.

10. La venta al pblico de bienes o la prestacin de servicios a precios superiores a los mximos legalmente establecidos.

11. El acaparamiento o detraccin injustificada al mercado de materias o productos destinados directa o indirectamente al suministro o venta al pblico, cuando tales actividades puedan causar un perjuicio para el consumidor.

12. El incumplimiento de las disposiciones administrativas sobre prohibicin de elaborar y/o comercializar determinados productos o servicios y la comercializacin o distribucin de aquellos que precisen autorizacin administrativa y, en especial, su inscripcin en el Registro General Sanitario, sin disponer de ella.

13. La elaboracin, distribucin, suministro o venta de bienes a los cuales se les haya aadido o sustrado cualquier sustancia o elemento para variar su composicin, estructura, peso o volumen con fines fraudulentos, para corregir defectos mediante procesos o procedimientos que no estn expresa y reglamentariamente autorizados, o para encubrir la inferior calidad o alteracin de los productos utilizados.

14. El fraude en cuanto al origen, calidad, composicin, cantidad, peso o medida de cualquier clase de bienes o servicios destinados al pblico. A los efectos anteriores, se considerar fraude el mero incumplimiento de lo exigible sin necesidad de existencia de un nimo especfico.

15. La presentacin mediante determinados envases, etiquetas, rtulos, cierres, precintos o cualquier otra informacin o publicidad que induzca a engao o confusin o enmascare la verdadera naturaleza del producto o servicio.

16. No remitir las grabaciones de las conversaciones con los consumidores en el plazo establecido o hacerlo sin cumplir con los requisitos exigidos para ello.

17. El incumplimiento de las disposiciones sobre salud o seguridad en cuanto afecten o puedan suponer un riesgo para el consumidor.

18. El incumplimiento de las disposiciones y rgimen sobre garanta o conformidad de los productos de consumo, as como la insuficiencia de la asistencia tcnica con relacin a la ofrecida o exigible por el consumidor en la adquisicin de tales bienes.

19. La omisin de la informacin necesaria en la publicidad u oferta comercial de bienes y servicios.

20. Salvo que suponga la comisin de una infraccin muy grave, el incumplimiento del rgimen establecido en materia de contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles o el de contratacin a distancia, en especial, en el supuesto de pago mediante tarjeta, la no anulacin inmediata del cargo exigido por el consumidor con las correspondientes anotaciones de adeudo y reabono en las cuentas del empresario y del consumidor titular de la tarjeta.

21. La exhibicin o introduccin en cualquier comunicacin del distintivo de adhesin al sistema arbitral de consumo sin encontrarse adherido al mismo o el de adhesin sin limitaciones a dicho sistema cuando existieran.

22. El incumplimiento de laudos arbitrales o de cualquier acuerdo al cual se hubiese llegado con el consumidor despus de la presentacin de la reclamacin.

23. La realizacin de prcticas comerciales desleales o publicidad ilcita.

24. La suspensin del servicio de carcter continuado con posterioridad a la presentacin de una reclamacin mientras no se diera respuesta a la misma si esta est relacionada con el motivo de la suspensin.

25. La ausencia de correccin, consideracin o respeto a los consumidores con actuaciones ofensivas.

26. La realizacin de cualquier tipo de publicidad por parte de una empresa a fin de mostrar una imagen favorable sobre ella, con independencia del mbito a que se refiera, sin ser cierto, siempre que no deba calificarse como muy grave.

27. La exhibicin de un sello de confianza o calidad o de un distintivo equivalente sin haber obtenido la necesaria autorizacin, o la exhibicin de distintivos o menciones que evoquen directa o indirectamente un sello de confianza, de calidad o un distintivo equivalente que es objeto de regulacin.

28. La realizacin de prcticas abusivas.

29. La introduccin de clusulas abusivas.

30. La no constitucin de avales, seguros o garantas a favor de los consumidores establecidos reglamentariamente.

31. Causar cualquier perjuicio, directo o indirecto, a un consumidor, a consecuencia de la presentacin por parte de este de una reclamacin, as como la no satisfaccin a los consumidores de las indemnizaciones, compensaciones o reparaciones establecidas reglamentariamente.

32. En la contratacin con consumidores, obligarlos a personarse para realizar cobros, pagos u otros trmites similares, o no garantizarse, por parte del empresario, la constancia del acto celebrado.

33. La vulneracin de los derechos lingsticos de los consumidores.

34. El incumplimiento o no acreditacin de haber facilitado al consumidor la informacin previa al contrato exigida reglamentariamente.

35. La manipulacin, traslado o disposicin en cualquier forma de mercanca cautelarmente intervenida.

36. Las conductas discriminatorias en el acceso a bienes y a la prestacin de servicios y, en especial, las previstas como tales en la Ley orgnica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.

37. La manifestacin unilateral de la demora por la empresa en contra de lo establecido en el artculo 37 de la presente ley.

38. El incumplimiento de las disposiciones sobre crdito al consumo.

39. El corte de suministro de servicios de inters general de tracto sucesivo o continuado, sin constancia efectiva de recepcin previa por la persona consumidora de una notificacin concediendo plazo suficiente para alegar el motivo que pueda esgrimirse como fundamento del corte, y sin las previas autorizaciones administrativas o judiciales que, en su caso, pudieran proceder.

40. El incumplimiento, por parte de los proveedores y proveedoras de servicios de acceso a redes de telecomunicaciones y titulares de medios de pago utilizados en las transacciones electrnicas, de las obligaciones impuestas en la presente ley o leyes sectoriales relevantes en materia de consumo.

41. La imposicin injustificada a las personas consumidoras del deber de personarse para ejercer sus derechos o realizar cobros, pagos o trmites similares, o exigirles de forma abusiva la cumplimentacin de impresos y la aportacin de datos que impongan molestias desproporcionadas, as como obstaculizar, impedir o dificultar que las personas consumidoras puedan ejercer sus derechos.


[Bloque 103: #a83]

Artculo 83. Infracciones muy graves.

Las infracciones siguientes se calificarn como muy graves:

1. La reincidencia en infracciones graves.

2. El incumplimiento del rgimen establecido en materia de contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles o el de contratacin a distancia se clasificarn como infracciones muy graves cuando el volumen de la facturacin realizada a que se refiere la infraccin sea superior a 601.012,10 euros.

3. La negativa absoluta a facilitar informacin o prestar colaboracin a los servicios de control e inspeccin.

4. La resistencia, coaccin, amenaza, represalia o cualquier otra forma de presin al personal de las administraciones pblicas encargado de las funciones de inspeccin o vigilancia, tramitacin y correccin del mercado, as como la tentativa de ejercitar tales actos.

5. No disponer de oficinas fsicas de atencin personal al consumidor cuando as sea obligatorio o incumplir los requisitos exigidos para su funcionamiento.

6. No disponer de un nmero de telfono totalmente gratuito de atencin al consumidor o de un correo electrnico cuando sea preceptivo, o incumplir los requisitos reglamentariamente establecidos para su funcionamiento.


[Bloque 104: #a84]

Artculo 84. Infracciones muy graves por concurrir determinadas circunstancias.

Las infracciones graves se clasificarn como muy graves cuando se d alguna de las circunstancias siguientes:

a) Que produzcan una alteracin social grave que origine alarma o desconfianza en los consumidores o que les perjudique con carcter general con relacin a un sector econmico.

b) Que se hayan cometido aprovechando la situacin especial de desequilibrio o indefensin de determinados consumidores o de colectivos especialmente protegidos.

c) Que se hayan cometido valindose de situaciones de necesidad de determinadas personas o de bienes o servicios de uso o consumo ordinario y generalizado.

d) Que hayan creado u originado situaciones de necesidad a los consumidores.

e) Que las personas infractoras las hayan cometido valindose de su situacin de predominio en un sector del mercado.

f) Que exista reincidencia en infracciones graves, siempre y cuando no sean a la vez consecuencia de la reincidencia en infracciones leves.

g) Que se haya creado una situacin de desabastecimiento de un sector o de una zona de mercado.

h) Que la cuanta del beneficio obtenido como consecuencia directa o indirecta de la infraccin sobrepase el importe mximo establecido para las sanciones aplicables a las infracciones calificadas como graves.

i) La aplicacin de precios o mrgenes comerciales en cuanta muy superior a los lmites autorizados o comunicados a la administracin competente, as como la concurrencia en la mayora de los bienes y servicios ofrecidos por una empresa de precios que excedan de tales lmites aunque, individualmente considerados, no resulten excesivos.


[Bloque 105: #a85]

Artculo 85. Reincidencia y reiteracin.

1. La reincidencia se aplicar en la clasificacin de las infracciones, entendiendo que existe reincidencia cuando se cometa en el plazo de cinco aos ms de una infraccin de la misma naturaleza y as se haya declarado por resolucin firme en va administrativa.

2. La reiteracin se aplicar en la graduacin de las sanciones, entendiendo que, dentro de un procedimiento, existe reiteracin cuando, habindose iniciado con anterioridad otro procedimiento por la comisin de una infraccin, el responsable de la misma persista en la comisin de la misma infraccin.

3. No podr apreciarse la circunstancia de reiteracin cuando para determinar la clasificacin de la infraccin se considere que existe reincidencia.


[Bloque 106: #a86]

Artculo 86. Sanciones.

1. Las sanciones aplicables a las infracciones previstas en la presente ley sern las siguientes:

Las infracciones leves sern sancionadas con multa de 150 a 3.000 euros y podrn sobrepasar esta cantidad, hasta alcanzar el triple del valor de los bienes o servicios objeto de infraccin, o del coste de la campaa publicitaria o comunicaciones comerciales, siempre que la infraccin se cometa a travs de estos medios.

Las infracciones graves sern sancionadas con multa de 3.001 a 15.000 euros y podrn sobrepasar esta cantidad, hasta alcanzar el quntuplo del valor de los bienes o servicios objeto de infraccin, o del coste de la campaa publicitaria o comunicaciones comerciales, siempre que la infraccin se cometa a travs de estos medios.

Las infracciones muy graves sern sancionadas con multa de 15.001 a 600.000 euros y podrn sobrepasar esta cantidad, hasta alcanzar el quntuplo del valor de los bienes o servicios objeto de infraccin, o del coste de la campaa publicitaria o comunicaciones comerciales, siempre que la infraccin se cometa a travs de estos medios.

2. Aquellas empresas que hayan sido sancionadas por la comisin de infracciones graves o muy graves incurrirn, adems, de conformidad con la Ley de contratos del sector pblico, en la prohibicin establecida en la misma para las empresas sancionadas en materia de disciplina del mercado.

3. Aquellas empresas que hayan sido sancionadas por la comisin de infracciones muy graves no podrn recibir ayudas de ninguna clase, ni directas ni indirectas, de la Administracin autonmica durante el plazo de cuatro aos desde que la sancin fuera firme en va administrativa o, en su caso, judicial.

4. No ser de aplicacin lo establecido en los apartados 2 y 3 de este precepto si, iniciado un procedimiento a consecuencia de una reclamacin, en el periodo de alegaciones al acuerdo de iniciacin del procedimiento se dio satisfaccin a todas las personas reclamantes y as consta acreditado en el expediente, o la empresa somete la resolucin de la controversia al arbitraje de consumo o a cualquier otro institucional.


[Bloque 107: #a87]

Artculo 87. Graduacin de las sanciones.

Para determinar la cuanta de la sancin dentro de los lmites mnimos y mximos establecidos, deben tenerse en cuenta las circunstancias agravantes, atenuantes y mixtas contempladas en los artculos siguientes, sin que estas circunstancias puedan, en ningn caso, suponer un cambio en la calificacin de la infraccin.


[Bloque 108: #a88]

Artculo 88. Circunstancias agravantes.

Son circunstancias agravantes las siguientes:

a) La reiteracin de las conductas infractoras.

b) La existencia de advertencias o requerimientos previos formulados por la administracin para que se subsanen las irregularidades detectadas.

c) La posicin relevante de la empresa infractora en el mercado.

d) El hecho de aprovecharse de que las personas afectadas pertenezcan a colectivos especialmente protegidos.

e) El incumplimiento generalizado dentro de un sector.

f) La utilizacin de mtodos, sistemas de contratacin o interpretaciones normativas a fin de eludir la aplicacin de una norma de proteccin al consumidor.

g) La voluntad manifiesta de no reparar los perjuicios causados al consumidor.

h) La existencia de dolo.

i) Aprovecharse de una posicin de poder respecto a un consumidor o a una situacin en que se encuentre mermada la libertad de eleccin del consumidor por cualquier circunstancia.

j) La existencia de riesgo para la salud.


[Bloque 109: #a89]

Artculo 89. Circunstancias atenuantes.

Son circunstancias atenuantes las siguientes:

a) La reparacin de los perjuicios producidos al consumidor y que originaron la incoacin del procedimiento sancionador.

b) El acuerdo de reparacin con el consumidor.

c) El sometimiento de los hechos al arbitraje de consumo o a cualquier otro institucional.

d) La simple inobservancia de las normas por error o ignorancia.


[Bloque 110: #a90]

Artculo 90. Circunstancias mixtas.

Son circunstancias mixtas las siguientes:

a) El volumen de negocio en relacin a los hechos objeto de la infraccin y la capacidad econmica de la empresa.

b) La cuanta del beneficio obtenido.

c) Los daos o perjuicios causados a los consumidores.

d) El nmero de consumidores afectados.

e) El grado de intencionalidad.

f) El periodo durante el cual se cometi la infraccin.


[Bloque 111: #a91]

Artculo 91. Imposicin de las sanciones.

1. Las sanciones pecuniarias, dentro de los lmites mnimos y mximos establecidos, se dividirn en tres tramos iguales.

Cuando no concurriera ninguna circunstancia ni agravante ni atenuante se impondr la sancin en su grado medio. Si concurrieran circunstancias atenuantes, se impondr la sancin en su grado mnimo, sin perjuicio de lo establecido en el artculo siguiente. Si concurrieran circunstancias agravantes, se impondr la sancin en su grado mximo.

En la imposicin de las sanciones se podrn compensar las circunstancias agravantes con las atenuantes, salvo cuando se acredite la existencia de dolo, lo que supondr la imposicin de la sancin en su grado mximo.

2. Las sanciones han de imponerse de modo que la comisin de la infraccin no resulte ms beneficiosa para la persona infractora que el cumplimiento de las normas infringidas.


[Bloque 112: #a92]

Artculo 92. Reduccin y eficacia de las sanciones.

1. Las sanciones pecuniarias solo podrn ser objeto de reduccin en los siguientes casos:

a) Con una reduccin de un setenta por ciento en los supuestos de conformidad con el contenido del acuerdo de iniciacin del expediente sancionador, siempre que este no se inicie como consecuencia de denuncia o reclamacin de una persona perjudicada y se justifique haber rectificado las circunstancias de la infraccin cometida.

El importe resultante de dicha reduccin nunca podr, en ningn caso y bajo ninguna circunstancia, ser inferior al lmite mnimo establecido en el artculo 86 para las sanciones previstas en l segn la gravedad de la infraccin imputada, esto es, para las infracciones leves 150 euros, para las infracciones graves 3.001euros y para las infracciones muy graves 15.001euros.

Para poder acogerse a tal reduccin, deber manifestarse dicha conformidad y justificarse el ingreso de la sancin con la deduccin o solicitar el fraccionamiento de la misma en el plazo de alegaciones al acuerdo de iniciacin del expediente sancionador. En todo caso, tanto el ingreso de la sancin con la deduccin como la solicitud de fraccionamiento de la misma en el plazo indicado, supondr la conformidad con el contenido del acuerdo de iniciacin. El cumplimiento de los requisitos anteriores para acogerse a la reduccin pondr fin al procedimiento.

b) En el lmite mnimo para la sancin prevista para la infraccin imputada en los supuestos de conformidad con el contenido del acuerdo de iniciacin de expediente sancionador, siempre que se hubiese procedido a satisfacer a los consumidores perjudicados por la infraccin y se justifique haber rectificado las circunstancias de la infraccin cometida.

En este supuesto deber manifestarse dicha conformidad, justificarse la satisfaccin a los perjudicados por la infraccin y el ingreso de la sancin con la deduccin o solicitar el fraccionamiento de la misma, en el plazo de un mes desde la notificacin del acuerdo. En todo caso, tanto el ingreso de la sancin con la deduccin como la solicitud de fraccionamiento de la misma en el plazo indicado supondr la conformidad con el contenido del acuerdo de iniciacin. El cumplimiento de los requisitos anteriores para acogerse a la reduccin pondr fin al procedimiento.

c) Con una reduccin de un veinticinco por ciento en los supuestos de conformidad con la resolucin sancionadora, caso en que deber manifestarse dicha conformidad y justificarse el ingreso de la sancin con la reduccin o solicitar el fraccionamiento de la misma en el plazo de un mes desde la notificacin de la resolucin. El ingreso de la sancin con la deduccin en el plazo indicado supondr la conformidad con la resolucin sancionadora. El importe resultante de esta reduccin no podr ser, en ningn caso y bajo ninguna circunstancia, inferior al lmite mnimo establecido en el artculo 86 para las sanciones previstas en l segn la gravedad de la infraccin imputada, esto es, para las infracciones leves150 euros, para las infracciones graves 3.001euros y para las infracciones muy graves 15.001euros.

2. La interposicin de recursos administrativos o ante la jurisdiccin contencioso-administrativa supondr la prdida de las reducciones determinadas en el nmero anterior.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 5 del presente artculo, las resoluciones sancionadoras suspendern su ejecutividad sin necesidad de caucin hasta la resolucin, en su caso, del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra ellas y ganen firmeza en va jurisdiccional, salvo que, siendo firmes en va administrativa, no proceda por cualquier circunstancia recurso contencioso-administrativo contra las mismas.

4. En el supuesto establecido en el apartado 1 de este artculo, y en el del ingreso de la sancin con carcter previo a que las resoluciones sancionadoras sean plenamente ejecutivas de acuerdo con el apartado anterior, no supondr indemnizacin alguna a favor de quien haya hecho el ingreso. En su caso, proceder la devolucin de la cantidad efectivamente ingresada sin que proceda ningn abono de intereses.

5. Desde la firmeza en va administrativa de las resoluciones sancionadoras, la cuanta de las sanciones pecuniarias generar a favor de la administracin los intereses de demora correspondientes.

Se modifican los apartados 1 y 2 por el art. 27.1 de la Ley 9/2017, de 26 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-1753




[Bloque 113: #a93]

Artculo 93. Sanciones accesorias.

1. La administracin pblica competente podr acordar, como sanciones accesorias, frente a las infracciones en materia de defensa de los consumidores previstas en esta norma:

a) El decomiso de la mercanca adulterada, deteriorada, falsificada, fraudulenta, no identificada o que pueda entraar riesgo para el consumidor.

Los gastos derivados de las medidas adoptadas en el prrafo anterior, incluidas, entre otras, las derivadas del transporte, distribucin y destruccin, sern por cuenta de la persona infractora.

b) La publicidad de las sanciones impuestas, una vez que hayan adquirido firmeza en va administrativa, as como los nombres, apellidos, denominacin o razn social de las personas naturales o jurdicas responsables y la ndole y naturaleza de las infracciones, siempre que concurra riesgo para la salud o seguridad de los consumidores, reincidencia en infracciones de naturaleza anloga o acreditada intencionalidad en la infraccin.

2. No tendrn el carcter de sanciones la publicacin, por cualquier medio, por parte de la administracin competente en materia de consumo de los pronunciamientos judiciales firmes que ratifiquen sanciones impuestas en va administrativa.


[Bloque 114: #a94]

Artculo 94. Prescripcin de las infracciones.

1. Las infracciones tipificadas por la presente ley prescriben a los cinco aos, a contar desde el da en que se cometi la infraccin, o desde la finalizacin del periodo de comisin si se tratara de infracciones continuadas o de efectos continuados.

2. Excepcionalmente, si los hechos constitutivos de infraccin son totalmente desconocidos por falta de signos externos, el plazo empieza a computarse en el momento en que los hechos se manifiestan o son conocidos.

3. Las actuaciones judiciales penales y la tramitacin de otros procedimientos administrativos sancionadores, si impiden iniciar o continuar el procedimiento para sancionar las infracciones tipificadas por la presente ley, suspenden el plazo de prescripcin de las infracciones.

4. La denuncia o reclamacin de una persona perjudicada, la incoacin del procedimiento sancionador y las dems actuaciones que legalmente conlleven la interrupcin supondrn la interrupcin de la prescripcin de la infraccin.


[Bloque 115: #a95]

Artculo 95. Prescripcin de las sanciones.

1. Las sanciones prescriben en el plazo de cuatro aos a partir del da siguiente al da en que la resolucin sancionadora deviene firme, administrativa o, en su caso, judicialmente.

2. Cualquier actuacin de la administracin pblica que exija el cumplimiento de las sanciones supondr la interrupcin de la prescripcin de la sancin.


[Bloque 116: #ciii-3]

CAPTULO III

Responsabilidad por las infracciones


[Bloque 117: #a96]

Artculo 96. Responsables.

1. Son responsables de las infracciones tipificadas por la presente ley las personas fsicas o jurdicas que por accin u omisin hayan participado en su comisin.

2. Son responsables de las infracciones tipificadas por la presente ley, como autores, las personas fsicas o jurdicas que las cometan.

3. Si en la cadena de produccin o comercializacin de los bienes o prestacin de los servicios intervienen diferentes sujetos, cada uno de ellos es responsable de las infracciones que haya cometido.

No obstante lo anterior, si en la cadena de produccin o comercializacin de los bienes o prestacin de los servicios un sujeto conoca o deba conocer la comisin de una infraccin en un eslabn anterior y no adopta las medidas necesarias para su correccin o para evitar su continuacin, ser responsable de la misma, independientemente de las responsabilidades del resto de intervinientes en la cadena de produccin o comercializacin de los bienes o prestacin de los servicios.

4. Tambin se considerarn responsables de las infracciones aquellas personas o entidades, independientemente de su naturaleza jurdica o de su carcter o no de empresa o titular de empresa, que cooperen en la comisin de una conducta u omisin infractora o la encubran, y que sugieran, impongan, recomienden o induzcan a la realizacin de una conducta u omisin infractora.

5. Si una infraccin es imputada a una persona jurdica, pueden ser consideradas tambin como responsables las personas que integran sus organismos rectores o de direccin o administracin. A efectos de la presente ley, integran los rganos rectores o de direccin o administracin las personas que consten en los registros pblicos como tales, las que hiciesen ostentacin pblica de esta condicin o las que actuasen como si la tuvieran.

6. A efectos de la aplicacin de la presente ley, la actuacin de una empresa es tambin imputable a las empresas o personas que la controlen.

7. En caso de infracciones cometidas por personas jurdicas que se extingan o se encuentren en situacin concursal antes de ser sancionadas, la responsabilidad administrativa deber exigirse tambin a las personas fsicas que compongan los rganos de direccin o administracin en el momento de la comisin de la infraccin.

8. Las sanciones impuestas antes de la extincin de la personalidad jurdica, si no fueran satisfechas en la liquidacin, se transmiten a los socios, socias o partcipes en el capital, quienes deben responder mancomunadamente y hasta el lmite del valor de la cuota de liquidacin que se les haya adjudicado.

9. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores y en los artculos siguientes, en los supuestos de ventas automticas de bienes o servicios sern responsables los determinados en la normativa de ordenacin del comercio minorista de aplicacin en la Comunidad Autnoma de Galicia.


[Bloque 118: #a97]

Artculo 97. Bienes identificados.

1. En las infracciones cometidas en bienes envasados o identificados, se considera responsable la firma o razn social que figura en la etiqueta o identificacin, salvo que se demuestre que se falsific o que es responsable algn otro integrante de la cadena de distribucin o comercializacin.

2. La primera empresa comercializadora en la Comunidad Autnoma de Galicia de un bien envasado o identificado puede ser considerado responsable de la infraccin cometida.


[Bloque 119: #a98]

Artculo 98. Bienes no identificados.

Si el bien no lleva los datos necesarios para identificar al responsable de la infraccin, de acuerdo con lo establecido por la normativa, se consideran responsables los que comercializaron el bien, sin perjuicio de su derecho de repeticin.


[Bloque 120: #a99]

Artculo 99. Servicios.

En las infracciones cometidas en la prestacin de servicios, la empresa o razn social obligada a prestarlos, legalmente o por medio de un contrato con el consumidor, ser considerada responsable.


[Bloque 121: #a100]

Artculo 100. Otros responsables.

1. Cuando se desconozca el domicilio de un responsable o este no disponga de ninguno en territorio espaol, las actuaciones que, en su caso, procedan, podrn dirigirse a cualquier persona que acte como representante o en nombre de dicho responsable en territorio espaol, de hecho o de derecho, o que haga ostentacin pblica de esta condicin o que actuase como si la tuviera, y tambin podr ser considerado responsable de las actividades de la empresa, sin perjuicio de su derecho de repeticin frente a esta.

2. Cuando una empresa o cualquier persona se presente en el mercado como representante o que acta en nombre de otra empresa o que haga ostentacin pblica de esta condicin o actuase como si la tuviera, sern responsables solidarios de las actividades de la empresa de la que aparece como representante tanto la empresa o persona representante como la representada, salvo que por parte de esta se acredite la ausencia de vinculacin con ella y justifique la interposicin de acciones frente a la misma.

Se considerar que existe vinculacin si en cualquier comunicacin comercial de la empresa representada se hace referencia a la representante como parte de la estructura empresarial de hecho o de derecho de la empresa representada.


[Bloque 122: #a101]

Artculo 101. Responsabilidad del receptor de la contraprestacin.

Sin perjuicio de lo establecido en los preceptos anteriores, quien reciba una contraprestacin de un consumidor derivada de una relacin de consumo ser responsable del cumplimiento de la normativa de defensa del consumidor y de la sectorial de aplicacin derivada de esa relacin de consumo, sin perjuicio de su derecho de repeticin frente a quien considere responsable.


[Bloque 123: #civ-3]

CAPTULO IV

Procedimiento sancionador


[Bloque 124: #a102]

Artculo 102. Iniciacin del procedimiento sancionador.

1. Los procedimientos sancionadores se iniciarn siempre de oficio, sea por propia iniciativa o a consecuencia de orden superior, peticin razonada de otros rganos o denuncia.

Se entiende por:

a) Propia iniciativa: la actuacin derivada del conocimiento directo o indirecto de las conductas o hechos susceptibles de constituir infraccin por el rgano que tiene atribuida la competencia de iniciacin, sea ocasionalmente o por tener la condicin de autoridad pblica o atribuidas funciones de inspeccin, indagacin o investigacin.

b) Orden superior: la orden emitida por un rgano administrativo superior jerrquico de la unidad administrativa que constituye el rgano competente para la iniciacin, y que deber expresar, en la medida de lo posible, la persona o personas presuntamente responsables, las conductas o hechos que puedan constituir infraccin administrativa y su tipificacin, as como el lugar, y la fecha, fechas o periodo de tiempo continuado en que los hechos se produjeron.

c) Peticin razonada: la propuesta de iniciacin del procedimiento formulada por cualquier rgano administrativo que no tiene competencia para iniciarlo y que tuvo conocimiento de las conductas o hechos que pudiesen constituir infraccin, sea ocasionalmente o por tener atribuidas funciones de inspeccin, indagacin o investigacin.

Las peticiones habrn de especificar, en la medida de lo posible, la persona o personas presuntamente responsables, las conductas o hechos que pudiesen constituir infraccin administrativa y su tipificacin, as como el lugar, y la fecha, fechas o periodo de tiempo continuado en que los hechos se produjeron.

d) Denuncia: el acto por el cual cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligacin legal, pone en conocimiento de un rgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiese constituir infraccin administrativa.

Las denuncias debern expresar la identidad de la persona o personas que las presentan, el relato de los hechos que pudiesen constituir infraccin y la fecha de su comisin y, cuando sea posible, la identificacin de los presuntos responsables.

2. La formulacin de una peticin no vincula al rgano competente para iniciar el procedimiento sancionador.

3. Cuando se presente una denuncia, se deber comunicar al denunciante la iniciacin o no del procedimiento y su resolucin cuando la denuncia vaya acompaada de una solicitud de iniciacin.

4. Podrn iniciarse sucesivos expedientes sancionadores mientras el sujeto responsable persista en la realizacin de una actuacin u omisin infractora, aplicndose la reincidencia o reiteracin segn proceda.


[Bloque 125: #a103]

Artculo 103. Actuaciones previas.

1. Con anterioridad a la iniciacin del procedimiento podrn realizarse actuaciones previas, incluidas las previstas en los artculos 62 y siguientes de la presente ley, al objeto de determinar con carcter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen tal iniciacin. En especial, estas actuaciones se orientarn a determinar, con la mayor precisin posible, los hechos susceptibles de motivar la incoacin del procedimiento, la identificacin de la persona o personas que pudiesen resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros.

2. Las actuaciones previas sern realizadas por los rganos que tengan atribuidas funciones de investigacin, indagacin e inspeccin en la materia o por la persona u rgano administrativo que determine el rgano competente para la iniciacin o resolucin del procedimiento.


[Bloque 126: #a104]

Artculo 104. Archivo de actuaciones.

1. Proceder el archivo definitivo de las actuaciones cuando no existan indicios de haberse realizado el hecho denunciado que dara lugar a la iniciacin de un expediente sancionador o el hecho denunciado no supondra la comisin de una infraccin en materia de consumo.

2. Proceder el archivo provisional de las actuaciones cuando no existan indicios de prueba necesarios de un hecho denunciado para la iniciacin de un expediente sancionador o se desconozcan los presuntos responsables del mismo.

3. En los supuestos de archivo provisional, si con posterioridad al mismo aparecieran indicios de prueba necesarios del hecho denunciado para la iniciacin de un expediente sancionador o se identificara a los presuntos responsables del mismo, podr iniciarse el expediente sancionador correspondiente.


[Bloque 127: #a105]

Artculo 105. Acuerdo de iniciacin de procedimiento.

1. Los acuerdos de iniciacin de los procedimientos sancionadores se formalizarn con el contenido mnimo siguiente:

a) La identificacin de la persona o personas presuntamente responsables.

b) Los hechos sucintamente expuestos que motivan la incoacin del procedimiento, su posible calificacin y las sanciones que pudiesen corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instruccin.

c) La persona designada para la instruccin del procedimiento y, en su caso, la de la persona designada para la secretara del procedimiento, indicando expresamente el rgimen de recusacin de las mismas.

d) El rgano competente para la resolucin del procedimiento y la norma que le atribuya tal competencia, indicando la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, lo que dara lugar a la resolucin del procedimiento con la imposicin de la sancin que proceda.

e) Las medidas de carcter provisional que haya acordado el rgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que puedan adoptarse durante el mismo.

f) La indicacin del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio.

2. El acuerdo de iniciacin se comunicar a la persona designada para la instruccin del procedimiento, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y a la persona que formul la denuncia, en su caso, y se notificar a las personas interesadas, entendiendo, en todo caso, por tal a la persona inculpada. En la notificacin se advertir a las personas interesadas que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciacin del procedimiento en el plazo previsto en el artculo 108.1, la iniciacin podr ser considerada propuesta de resolucin cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.


[Bloque 128: #a106]

Artculo 106. Colaboracin en la tramitacin de los procedimientos.

En los trminos previstos por el artculo 4 de la Ley 30/1992, de rgimen jurdico de las administraciones pblicas y del procedimiento administrativo comn, los rganos pertenecientes a cualquiera de las administraciones pblicas facilitarn al rgano instructor los antecedentes e informes necesarios, as como los medios personales y materiales necesarios para el desarrollo de sus actuaciones.


[Bloque 129: #a107]

Artculo 107. Medidas de carcter provisional.

1. Con independencia de lo establecido en artculo 69, en el procedimiento sancionador y con arreglo a lo previsto en los artculos 72 y 136 de la Ley de rgimen jurdico de las administraciones pblicas y del procedimiento administrativo comn, el rgano competente para resolver podr adoptar en cualquier momento, mediante acuerdo motivado, las medidas de carcter provisional que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolucin que pudiese recaer, el buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infraccin y las exigencias de los intereses generales.

Cuando as venga exigido por razones de urgencia inaplazable, el rgano competente para iniciar el procedimiento o el rgano instructor podrn adoptar las medidas provisionales que resulten necesarias.

2. Las medidas de carcter provisional podrn consistir en la suspensin temporal de actividades y la prestacin de fianzas, as como en la retirada de productos o suspensin temporal de servicios por razones de seguridad, y en las dems previstas en las correspondientes normas especficas.


[Bloque 130: #a108]

Artculo 108. Actuaciones y alegaciones al acuerdo de iniciacin.

1. Una vez notificado el acuerdo de iniciacin, las personas interesadas dispondrn de un plazo de quince das para presentar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretendan valerse. En la notificacin del acuerdo de iniciacin se indicar a las personas interesadas dicho plazo, as como la puesta de manifiesto del procedimiento y la posibilidad de obtener copia de los documentos que consten en el mismo, indicando el lugar para ello.

2. La persona designada para la instruccin del procedimiento podr realizar de oficio cuantas actuaciones resulten necesarias para el examen o valoracin de los hechos, recabando los datos e informaciones que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidades susceptibles de sancin.

3. Si a consecuencia de la instruccin del procedimiento resultara modificada la determinacin inicial de los hechos, su posible calificacin, las sanciones imponibles o las responsabilidades susceptibles de sancin se notificar todo ello a la persona inculpada en la propuesta de resolucin.


[Bloque 131: #a109]

Artculo 109. Prueba.

1. Recibidas las alegaciones al acuerdo de iniciacin o transcurrido el plazo previsto en el apartado 1 del artculo anterior, la persona designada para la instruccin del procedimiento podr acordar la apertura de un periodo de prueba.

2. En la propuesta de resolucin podr rechazarse de forma motivada la prctica de aquellas pruebas que sean improcedentes de acuerdo con lo dispuesto en el artculo137.4 de la Ley 30/1992, de rgimen jurdico de las administraciones pblicas y del procedimiento administrativo comn. En general, sern rechazadas todas aquellas pruebas cuya finalidad sea la reproduccin de actuaciones ya realizadas en la fase de actuaciones previas.

3. La prctica de las pruebas que el rgano instructor considere pertinentes, entendindose por tales aquellas distintas de los documentos que las personas interesadas puedan aportar en cualquier momento de la tramitacin del procedimiento, se realizar de conformidad con lo establecido en el artculo 81 de la Ley 30/1992, de rgimen jurdico de las administraciones pblicas y del procedimiento administrativo comn.

4. Cuando la prueba consista en la emisin de un informe de un rgano administrativo o entidad pblica, y sea admitida a trmite, se entender que tiene carcter preceptivo y podr entenderse que tiene carcter determinante para la resolucin del procedimiento, con los efectos previstos en el artculo 83.3 de la Ley 30/1992, de rgimen jurdico de las administraciones pblicas y del procedimiento administrativo comn.

5. Los hechos constatados por la Inspeccin de Consumo o el personal funcionario a los cuales se les reconoce la condicin de autoridad, y que se formalicen en documento pblico observando los requisitos legales pertinentes, tendrn valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan sealar o aportar las propias personas interesadas.

6. Para el caso de tomas de muestras, a la prctica de prueba consistente en la realizacin de pruebas analticas le ser de aplicacin lo establecido en el captulo II del ttulo II de la presente ley.

7. Cuando, a consecuencia de una reclamacin o por cualquier otra circunstancia, el objeto de valoracin o comprobacin sea una unidad concreta de un producto, las pruebas analticas que procedan se realizarn con arreglo a lo establecido en el artculo64.3.a), cuyos resultados se valorarn dentro del procedimiento.

8. Cuando la valoracin de las pruebas practicadas pueda constituir el fundamento bsico de la decisin que se adopte en el procedimiento, por ser pieza imprescindible para la evaluacin de los hechos, deber incluirse en la propuesta de resolucin.

9. Corresponder a la empresa probar el cumplimiento de sus obligaciones establecidas reglamentariamente, as como las manifestaciones realizadas de acuerdo con lo establecido en el artculo 36 de la presente ley.

10. No ser necesaria la prueba de aquellos hechos notorios o que la persona inculpada haya reconocido.


[Bloque 132: #a110]

Artculo 110. Propuesta de resolucin.

Concluida, en su caso, la prueba, el rgano instructor del procedimiento formular propuesta de resolucin, en la cual se fijarn de forma motivada los hechos, especificndose los que se consideren probados y su exacta calificacin jurdica; se determinar la infraccin que, en su caso, aquellos constituyan y la persona o personas que resulten responsables, y se especificar la sancin que propone que se imponga y las medidas provisionales que hayan sido adoptadas, en su caso, por el rgano competente para iniciar el procedimiento o por la persona designada para la instruccin del mismo, o bien se propondr la declaracin de no existencia de infraccin o responsabilidad.


[Bloque 133: #a111]

Artculo 111. Audiencia a la propuesta de resolucin.

1. La propuesta de resolucin se notificar a las personas interesadas, concedindose un plazo de quince das para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que consideren pertinentes ante la persona designada para la instruccin del procedimiento.

2. Podr prescindirse de notificar la propuesta de resolucin cuando solo figuren en el procedimiento los documentos existentes en el momento de acordar el inicio del procedimiento y solo sean tenidos en cuenta los hechos, alegaciones y pruebas aducidas, en su caso, por la persona interesada.

3. La propuesta de resolucin se remitir al rgano competente para resolver el procedimiento, junto con todos los documentos, alegaciones e informaciones que consten en el mismo.


[Bloque 134: #a112]

Artculo 112. Resolucin del procedimiento.

1. Antes de emitir resolucin, el rgano competente para resolver podr decidir, mediante acuerdo motivado, la realizacin de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento.

El plazo para resolver el procedimiento quedar suspendido hasta la terminacin de las actuaciones complementarias. No tendrn la consideracin de actuaciones complementarias los informes que preceden inmediatamente a la resolucin final del procedimiento.

2. El rgano competente dictar resolucin, la cual ser motivada, y decidir todas las cuestiones formuladas por las personas interesadas y aquellas otras derivadas del procedimiento.

3. En la resolucin no podrn aceptarse hechos distintos de los determinados en la fase de instruccin del procedimiento, sin perjuicio de su fijacin concreta, salvo los que resulten, en su caso, de la aplicacin de lo previsto en el apartado 1 de este artculo, independientemente de su diferente valoracin jurdica. No obstante, cuando el rgano competente para resolver considere que la infraccin reviste mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolucin, se notificar al imputado para que presente cuantas alegaciones estime convenientes, al cual se le conceder un plazo de quince das.

4. Las resoluciones de los procedimientos sancionadores incluirn la valoracin de las pruebas practicadas, y especialmente de aquellas que constituyan los fundamentos bsicos de la decisin, fijarn los hechos y, en su caso, la persona o personas responsables, la infraccin o infracciones cometidas y la sancin o sanciones que se imponen, o bien la declaracin de no existencia de infraccin o responsabilidad.

5. Las resoluciones se notificarn a las personas interesadas. Si el procedimiento se inici a consecuencia de orden superior o peticin razonada, la resolucin se comunicar al rgano administrativo autor de la misma.


[Bloque 135: #a113]

Artculo 113. Caducidad del procedimiento.

1. Iniciado el procedimiento sancionador y transcurridos seis meses desde la notificacin a la parte interesada de cada uno de los trmites previstos en el procedimiento de aplicacin sin que se impulse el trmite siguiente, y sin mediar culpa de la parte interesada, se producir su caducidad, salvo en el caso de la resolucin, en el cual podr transcurrir hasta un ao desde que se notifica la propuesta.

2. La prctica de pruebas, la solicitud de informes o la realizacin de anlisis suspender los plazos de caducidad.

3. Tambin suspender los plazos de caducidad, una vez iniciado el procedimiento, el tiempo necesario solicitado por la empresa para llegar a un acuerdo con el consumidor, que no podr ser superior a dos meses. A estos efectos, la persona inculpada deber solicitar la suspensin y justificar la propuesta de resolucin extrajudicial del conflicto realizada al consumidor, indicando el plazo propuesto para llegar a un acuerdo.

Si, solicitada la suspensin por la persona inculpada, no se justifica simultneamente a ella la propuesta al consumidor de resolucin extrajudicial del conflicto, se considerar que existe una voluntad manifiesta de no reparar los perjuicios causados al mismo, lo cual supondr la agravacin de la sancin.

4. Una vez producida la caducidad de un procedimiento y declarada esta, podr iniciarse otro en tanto no haya prescrito la infraccin.


[Bloque 136: #a114]

Artculo 114. Notificaciones.

1. Las notificaciones se realizarn en el domicilio de las personas interesadas, siempre que estas se encuentren en territorio espaol. Tambin podrn realizarse en cualquier lugar en donde dispongan de establecimiento abierto al pblico o representante autorizado para actuar en su nombre o que acte pblicamente como tal representante. Cuando no puedan realizarse las notificaciones en los lugares indicados anteriormente, proceder la notificacin de acuerdo con lo establecido en el apartado siguiente.

2. Cuando proceda la notificacin por medio de anuncios o la publicacin de un acto, esta se realizar mediante la publicacin en el Diario Oficial de Galicia de una somera referencia sobre el contenido del acto y la indicacin del lugar en donde los interesados podrn comparecer, en el plazo de diez das, para conocimiento del contenido ntegro del mencionado acto y la constancia de tal conocimiento.


[Bloque 137: #a115]

Artculo 115. Inmovilizacin y decomiso de bienes o derechos.

En va de apremio, la Xunta de Galicia podr embargar cualquier bien o derecho que se encuentre en el territorio de la Comunidad Autnoma de Galicia. A estos efectos, la Inspeccin de Consumo podr, a solicitud de los rganos competentes, proceder a su inmovilizacin y decomiso.


[Bloque 138: #daprimera]

Disposicin adicional primera.

Corresponde a la Comunidad Autnoma de Galicia la competencia para la transposicin de las directivas de la Unin Europea de proteccin de los consumidores de acuerdo con el reparto competencial establecido en la Constitucin espaola.


[Bloque 139: #dasegunda]

Disposicin adicional segunda.

La competencia exclusiva de la Comunidad Autnoma prevista en el artculo 30.I.4 del Estatuto de autonoma de Galicia en el mbito de la Administracin autonmica ser ejercida por el Instituto Gallego de Consumo, sin perjuicio de las competencias previstas en la presente ley atribuidas a otros rganos o administraciones.


[Bloque 140: #datercera]

Disposicin adicional tercera.

Todas las actuaciones del Instituto Gallego de Consumo en materia de formacin y educacin se realizarn a travs de la Escuela Gallega de Consumo, como rgano integrado en el Instituto Gallego de Consumo.

El Laboratorio de Consumo de Galicia, que estar adscrito al Instituto Gallego de Consumo, tendr el carcter de laboratorio oficial a todos los efectos.


[Bloque 141: #dacuaa]

Disposicin adicional cuarta.

A efectos de lo establecido en el artculo 82 como infraccin grave, se considerarn, en todo caso, como indemnizaciones a favor de los consumidores el derecho de compensacin previsto en el Reglamento (CE) 261/2004, siempre que sus destinatarios tengan aquel carcter y segn la interpretacin del citado reglamento del Tribunal de Justicia de la Unin Europea.


[Bloque 142: #daquinta]

Disposicin adicional quinta.

Modificacin de la Ley 13/2010, de 17 de diciembre, del comercio interior de Galicia:

Uno. Se modifica el apartado 4 del artculo 25, el cual pasar a tener la redaccin siguiente:

4. Salvo en los supuestos previstos en la letra c) del apartado 1 de este artculo, en los productos ofertados en el outlet debern figurar con claridad, en cada uno de ellos, el precio anterior de venta en establecimiento comercial ordinario junto al precio actual de venta en establecimiento comercial outlet; este ltimo precio deber ser inferior al fijado en establecimiento ordinario.

Dos. La letra d) del apartado 2 del artculo 32 queda redactada en los trminos siguientes:

d) La disposicin de, al menos, una plaza de aparcamiento por cada 20 m2 de superficie til de exposicin y venta al pblico. Esta previsin ser desarrollada mediante reglamento, cuya aprobacin condicionar el momento de entrada en vigor de la misma estableciendo los supuestos en que podr excepcionarse este criterio de valoracin. Asimismo, deber preverse la reserva de plazas para personas discapacitadas en los trminos que establece la normativa vigente.

Tres. Se suprime la letra g) del apartado 2 del artculo 32.

Cuatro. La letra h) del apartado 2 del artculo 32 pasa a ser la letra g) y tendr la redaccin siguiente:

g) La materializacin en el establecimiento pretendido de instalaciones y medidas de conciliacin de la vida familiar y laboral, tales como la creacin de guarderas, ludotecas o salas de lactancia.

Cinco. Se suprime la letra b) del artculo 47.

Seis. Se modifica el apartado 2 del artculo 57, el cual pasa a tener el tenor literal siguiente:

2. La comunicacin no tendr carcter constitutivo para el acceso a la actividad y se realizar conforme al modelo normalizado que se establezca reglamentariamente, que contendr los datos siguientes:

a) La identificacin de la empresa, as como de la persona titular de la misma.

b) La estructura y composicin de los rganos de administracin y gobierno de la persona jurdica.

c) La relacin de productos o servicios que configuran la oferta comercial.

d) El mbito de actuacin.

e) La clase o clases de medios de comunicacin para transmitir las propuestas de contratos y para recibir las respuestas de las personas consumidoras.

f) La referencia al sistema comercial previsto y al lugar para atender las reclamaciones de los consumidores y para atender el ejercicio por parte de estos del derecho de desistimiento o revocacin.

g) Los lugares en donde la empresa tenga establecidos almacenes y, en su caso, locales comerciales relacionados con la actividad para la que se solicita autorizacin.

Asimismo, la comunicacin de datos incluir la manifestacin de que la persona comerciante interesada dispone de la documentacin acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en las reglamentaciones y normas especficas de aplicacin a los productos objeto de comercializacin y en cualquier otra reglamentacin sectorial que resulte aplicable.

Siete. Se modifican los apartados 2 y 5 del artculo 94, los cuales quedan redactados como sigue:

2. La celebracin de las ferias de oportunidades requerir comunicacin previa a la direccin general competente en materia de comercio, que deber realizarse con una antelacin mnima de un mes a la fecha de desarrollo de la feria. En dicha comunicacin se indicar el nmero de puestos a instalar, las personas comerciantes participantes y el municipio en donde desarrollan su actividad, los productos objeto de venta, as como la duracin y ubicacin de la feria y la dimensin espacial de la misma y de cada uno de los puestos. Asimismo, deber aportarse la correspondiente comunicacin previa o declaracin responsable al respectivo ayuntamiento y el informe de la Mesa Local del Comercio.

5. Las ferias de oportunidades tendrn una duracin mxima de tres das, pudiendo celebrarse nicamente una vez al ao, preferentemente en periodo de rebajas. Excepcionalmente, previo informe del Observatorio del Comercio de Galicia y de la Mesa Local del Comercio, podr autorizarse por la direccin general competente en materia de comercio la realizacin de una segunda feria de oportunidades en el periodo de un ao.


[Bloque 143: #da]

Disposicin adicional sexta.

1. Al amparo de lo dispuesto en la disposicin adicional primera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo comn de las administraciones pblicas, el rgimen sancionador regulado en la Ley 2/2012, de 28 de marzo, gallega de proteccin general de las personas consumidoras y usuarias, se regir por esta ley especial por razn de la materia en cuanto regule trmites adicionales o distintos del procedimiento administrativo comn o no exija alguno de los trmites previstos en la Ley 39/2015. Todo ello sin perjuicio del obligado respeto a la legislacin bsica.

2. A la vista de lo dispuesto en el artculo 1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de rgimen jurdico del sector pblico, el rgimen sancionador regulado en la Ley 2/2012, de 28 de marzo, gallega de proteccin general de las personas consumidoras y usuarias, se regir por esta ley especial por razn de la materia como desarrollo de las bases de la potestad sancionadora reguladas en la Ley 39/2015. Todo ello sin perjuicio del obligado respeto a la legislacin bsica. En todo caso, la remisin prevista en el artculo 30 de la Ley 40/2015 a las leyes que establezcan las infracciones y sanciones en cuanto a su prescripcin deber entenderse referida a la regulacin prevista a estos efectos en la Ley 2/2012.

Se aade por el art. 40 de la Ley 2/2017, de 8 de febrero. Ref. BOE-A-2017-3823

Texto aadido, publicado el 09/02/2017, en vigor a partir del 10/02/2017.


[Bloque 144: #da-2]

Disposicin adicional sptima. Servicios de informacin y atencin de las empresas.

1. De acuerdo con la sentencia de 2 de marzo de 2017 del Tribunal de Justicia de la Unin Europea relativa a la interpretacin del artculo 21 de la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, asunto C568/15, cuando el servicio de informacin y atencin al cliente que las empresas ponen a disposicin de los consumidores se proporcione telefnicamente a travs de una lnea fija, deber prestarse a travs de una lnea con rango de numeracin geogrfica o, en el supuesto de una lnea mvil, deber prestarse a travs de una lnea con rango de numeracin para servicios de comunicaciones mvil estndar.

Lo establecido en el prrafo anterior no impedir que el servicio de informacin y atencin pueda realizarse a travs de otros rangos de numeracin. En estos casos deber garantizarse para los consumidores que la utilizacin de estos rangos de numeracin sea totalmente gratuita o no suponga un coste superior al de una lnea con rango de numeracin geogrfica o con rango de numeracin para servicios de comunicaciones mvil estndar, segn los casos. Corresponde a la empresa la prueba, tanto de forma genrica para los rangos de numeracin aplicados, como para cada llamada recibida concreta, de que la numeracin aplicada no supone un coste superior al de una lnea con rango de numeracin geogrfica o de una lnea con rango de numeracin para servicios de comunicaciones mvil, segn los casos. En el caso de falta de prueba por parte de la empresa de este extremo, se presumir que el coste es superior a los efectos previstos en el nmero siguiente de este artculo.

2. El incumplimiento de lo establecido en el nmero anterior supondr la comisin de la infraccin prevista en el artculo 82.5 de esta ley.

3. Lo establecido en los nmeros anteriores no ser de aplicacin cuando una norma exija que el nmero de telfono sea gratuito, caso en que ser aplicable dicha norma y no podr suponer ningn coste para el consumidor por ningn concepto.

Se aade por el art. 27.2 de la Ley 9/2017, de 26 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-1753

Texto aadido, publicado el 28/12/2017, en vigor a partir del 01/01/2018.


[Bloque 145: #dtprimera]

Disposicin transitoria primera.

Mientras no se aprueben la ley y la normativa prevista en el artculo 53 y siguientes, relativas a las organizaciones de consumidores, seguir aplicndose la normativa actual reguladora de las mismas.


[Bloque 146: #dtsegunda]

Disposicin transitoria segunda.

El Consejo Gallego de Consumidores y Usuarios ser el rgano representativo de las organizaciones de consumidores mientras no se desarrolle reglamentariamente el artculo54.


[Bloque 147: #dttercera]

Disposicin transitoria tercera.

Las sociedades mercantiles pblicas autonmicas recogidas en el apartado 4 del artculo 43 debern adherirse al sistema arbitral de consumo en el plazo de un ao desde la entrada en vigor de la presente ley.


[Bloque 148: #dtcuaa]

Disposicin transitoria cuarta.

Los procedimientos sancionadores iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley se tramitarn de acuerdo con la normativa anterior.


[Bloque 149: #dtquinta]

Disposicin transitoria quinta.

Mientras no se desarrolle lo establecido en el artculo 32, relativo a las hojas de reclamaciones, se mantendr en vigor el Decreto 375/1998, de 12 de diciembre, de hojas de reclamaciones, sin perjuicio de la aplicacin de lo establecido en aquel precepto.


[Bloque 150: #dtsexta]

Disposicin transitoria sexta.

Las empresas a que hace referencia el apartado 4 del artculo 33 debern adaptarse al mismo en el plazo de dieciocho meses desde la entrada en vigor de la presente ley.


[Bloque 151: #ddunica]

Disposicin derogatoria nica.

Se deroga la Ley 12/1984, de 28 de diciembre, del Estatuto gallego del consumidor y usuario, y las disposiciones de rango igual o inferior a la misma que se opongan a lo que la presente ley establece.


[Bloque 152: #dfprimera]

Disposicin final primera.

Se autoriza al Gobierno gallego a dictar las normas precisas de desarrollo y aplicacin de la ley.


[Bloque 153: #dfsegunda]

Disposicin final segunda.

Se autoriza a la Xunta de Galicia a modificar las cuantas establecidas en esta norma.


[Bloque 154: #dftercera]

Disposicin final tercera.

En el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de la presente ley la Xunta de Galicia elaborar, para su remisin al Parlamento de Galicia, un proyecto de ley regulador de las organizaciones de consumidores en Galicia.


[Bloque 155: #dfcuaa]

Disposicin final cuarta.

La presente ley entrar en vigor a los veinte das naturales de su publicacin en el Diario Oficial de Galicia.


[Bloque 156: #fi]

Santiago de Compostela, 28 de marzo de 2012.

El Presidente,

Alberto Nez Feijo.

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.

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