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Legislación consolidada

Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la proteccin de los consumidores y usuarios.

Publicado en: BOE núm. 312, de 30/12/2006.
Entrada en vigor: 31/12/2006
Departamento: Jefatura del Estado
Referencia: BOE-A-2006-22950
Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es/l/2006/12/29/44

TEXTO ORIGINAL: Texto original publicado el 30/12/2006


[Bloque 1: #preambulo]

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

EXPOSICIN DE MOTIVOS

I

La defensa de los consumidores se configura en el artculo 51 de nuestra Constitucin como un principio rector de la poltica social y econmica, que los poderes pblicos deben garantizar. A este propsito responde esta Ley, en la que se introducen determinadas modificaciones en nuestra legislacin sobre esta materia, por una parte, para dar cumplimiento a una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y, por otra, para incorporar una serie de mejoras en la proteccin de los consumidores en una serie de mbitos en los que se ha considerado necesario.

II

Mediante sentencia de 9 de septiembre de 2004, en el Asunto C-70/2003, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas declar que el Reino de Espaa haba incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las clusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. En concreto, el Tribunal de Justicia entiende que Espaa no ha adaptado correctamente su Derecho interno a los artculos 5 y 6, apartado 2, de la citada directiva.

La Directiva 93/13/CEE ha sido incorporada a nuestro Derecho interno mediante la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de Contratacin, la cual, a travs de su disposicin adicional primera, modifica la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

III

El incumplimiento que el Tribunal de Justicia considera que se ha producido en relacin con el artculo 5 de la Directiva 93/13/CEE, obedece a que cuando dicho precepto establece la regla de interpretacin ms favorable a los consumidores de las clusulas de los contratos celebrados por stos, excepta las denominadas acciones de cesacin del artculo 7.2 de la directiva. Sin embargo, cuando el artculo 10.2 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y el artculo 6 de la Ley sobre Condiciones Generales de Contratacin incorporaron dicho principio a nuestro ordenamiento jurdico no incluyeron restriccin alguna en relacin con las acciones colectivas de cesacin.

Por esta razn, el Tribunal de Justicia ha considerado que no se ha tenido en cuenta la precisin recogida en la tercera frase del artculo 5 de la Directiva, cuando seala que la norma de interpretacin favorable al consumidor no ser aplicable en el marco de los procedimientos correspondientes a las acciones de cesacin que establece el apartado 2 del artculo 7 de la Directiva 93/13/CEE.

Como manifest en la citada sentencia de 9 de septiembre de 2004 el Tribunal de Justicia, la distincin que establece el artculo 5 de la directiva, en lo que atae a la regla de interpretacin aplicable, entre las acciones que implican a un consumidor individual y las acciones de cesacin, que implican a las personas u organizaciones representativas del inters colectivo, se explica por la distinta finalidad de ambos tipos de acciones. En el primer caso, los tribunales u rganos competentes han de efectuar una apreciacin in concreto del carcter abusivo de una clusula contenida en un contrato ya celebrado, mientras que, en el segundo caso, les incumbe efectuar una apreciacin in abstracto del carcter abusivo de una clusula cuya posible inclusin se prev en contratos que todava no se han celebrado. En el primer supuesto, una interpretacin favorable al consumidor individualmente afectado beneficia inmediatamente a ste. En el segundo supuesto, en cambio, para obtener con carcter preventivo el resultado ms favorable para el conjunto de los consumidores, no procede, en caso de duda, interpretar la clusula en el sentido de que produce efectos favorables para ellos. De este modo, una interpretacin objetiva permite prohibir con mayor frecuencia la utilizacin de una clusula oscura o ambigua, lo que tiene como consecuencia una proteccin ms amplia de los consumidores.

A la vista de esta argumentacin, resulta necesaria la modificacin de los artculos 10.2 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 6 de la Ley sobre Condiciones Generales de Contratacin, recogiendo la doctrina del Tribunal de Justicia, para matizar que el principio de interpretacin favorable al consumidor de las clusulas oscuras slo se va a aplicar en los supuestos en los que se ejerciten acciones individuales, pero no las colectivas.

IV

Por lo que se refiere al apartado 2 del artculo 6 de la Directiva 93/13/CEE, este precepto dispone que los Estados miembros adoptarn las medidas necesarias para que el consumidor no se vea privado de la proteccin que ofrece la presente directiva por el hecho de haber elegido el derecho de un Estado tercero como derecho aplicable al contrato cuando el contrato mantenga una estrecha relacin con el territorio de un Estado miembro de la Comunidad.

La incorporacin al Derecho espaol de esta norma se ha producido, por un lado, mediante el artculo 10 bis, apartado 3, de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que remite a estas normas de proteccin de los consumidores frente a las clusulas abusivas, cualquiera que sea la ley que las partes hayan elegido para regir el contrato, en los trminos previstos en el artculo 5 del Convenio de Roma de 1980, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales.

Por otro lado, la Ley sobre Condiciones Generales de Contratacin dispone en su artculo 3, prrafo segundo, que dicha norma tambin se aplicar a los contratos sometidos a legislacin extranjera cuando el adherente haya emitido su declaracin negocial en territorio espaol y tenga en ste su residencia habitual, sin perjuicio de lo establecido en Tratados o Convenios internacionales.

Frente a estos preceptos, el Tribunal de Justicia considera, en su sentencia de 9 de septiembre de 2004, que el mbito de aplicacin material de la proteccin al consumidor que otorga la directiva abarca a todos los contratos celebrados entre un profesional y un consumidor, mientras que el artculo 5 del Convenio de Roma slo se aplica a determinados contratos. Tambin considera que el concepto estrecha relacin utilizado en el apartado 2 del artculo 6 de la Directiva no debe resultar restringido por la combinacin de criterios de conexin previamente definidos, tales como los requisitos acumulativos a la residencia y celebracin del contrato, contemplados en el artculo 5 del Convenio de Roma.

Todo ello ha supuesto segn el Tribunal de Justicia que Espaa habra introducido en este mbito una restriccin incompatible con el nivel de proteccin fijado en la Directiva 93/13/CEE.

Se ha de aclarar que al objeto de cumplir con este aspecto de la sentencia se ha tenido en cuenta que la regulacin del artculo 6 de la Ley sobre Condiciones Generales de Contratacin se dirige no tanto a los consumidores como a las relaciones entre empresarios o profesionales, por lo que se matiza que los supuestos en los que el adherente sea un consumidor su regulacin se encuentra en la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

Por su parte, la redaccin del artculo 10 bis, apartado 3, de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios se aproxima a la del precepto de la Directiva 93/13/CEE, aadiendo un segundo prrafo, con un claro carcter explicativo, propuesto por la Seccin Primera de Derecho Civil de la Comisin General de Codificacin.

V

A la vista de la mencionada sentencia, es necesario que se modifiquen los preceptos que se han comentado al objeto de adecuarlos a los trminos de la Directiva 93/13/CEE. Unas modificaciones puntuales que se van a reducir a los artculos 10.2 y 10 bis, apartado 3, de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y a los artculos 3, prrafo segundo, y 6.2 de la Ley sobre Condiciones Generales de Contratacin.

VI

Por otra parte, esta Ley pretende incrementar la proteccin del consumidor en diferentes mbitos, en los que la experiencia ha puesto de manifiesto la existencia de diversos dficit de proteccin.

En aras a reforzar la proteccin de los consumidores y la leal competencia se introducen en materia de contratos con los consumidores, diversas modificaciones destinadas a regular aspectos esenciales de las relaciones jurdico privadas con los consumidores.

Para evitar la imposicin a los consumidores de obstculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos en el contrato y en coherencia con lo previsto en la Directiva 2005/29/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, sobre prcticas comerciales desleales, que prohbe los obstculos no contractuales para el ejercicio de tales derechos, y en tal sentido deber ser transpuesta a nuestro ordenamiento jurdico, se prohben las clusulas contractuales que establezcan estas limitaciones y, en particular, la imposicin de plazos de duracin excesiva o las limitaciones que excluyan u obstaculicen el derecho del consumidor a poner fin al contrato.

En los contratos de prestacin de servicios o suministro de bienes de tracto sucesivo o continuado, se han observado prcticas obstruccionistas al derecho del consumidor a ponerles fin. Para evitarlas, se introducen reformas para que quede claramente establecido, tanto en la fase previa de informacin como en la efectiva formalizacin contractual, el procedimiento mediante el cual el consumidor puede ejercitar este derecho y se asegura que pueda ejercitarlo en la misma forma en que contrat, sin sanciones o cargas.

Estas reglas se completan con dos previsiones. De un lado, la integracin del contrato conforme a la buena fe objetiva, segn las reglas de interpretacin e integracin del Cdigo Civil y las exigencias de la leal competencia. Se refuerza as la posicin contractual del consumidor y se establece con claridad en la norma la interpretacin que del artculo 1258 del Cdigo Civil mantenan la doctrina y jurisprudencia ms avanzada.

De otro lado, estableciendo la necesidad de que la informacin precontractual obligatoria se facilite al consumidor de forma gratuita, sin costes adicionales. Esta previsin tiene por objeto evitar prcticas lesivas, conforme a las cuales el cumplimiento de las obligaciones legales de los empresarios no slo suponen costes adicionales a los consumidores, sino una retribucin adicional al operador, mediante la utilizacin de las nuevas tecnologas. Nuevas tecnologas que, por otra parte, permiten la prestacin gratuita de la informacin mnima exigible, conforme ya est previsto en algunos mbitos de la actividad econmica.

Se refuerza, asimismo, la proteccin del consumidor adquirente de vivienda al precisar el carcter abusivo de las clusulas que les trasladen gastos que corresponden al vendedor, tal es el caso de los impuestos en los que el sujeto pasivo es el vendedor, o los gastos de las conexiones a los suministros generales de la vivienda, tales como enganche del suministro de agua, alcantarillado, etc., con el fin de evitar prcticas desleales que trasladan dichos gastos al consumidor por clusulas no negociadas.

Esta Ley pretende, igualmente, dar mayor claridad en las modalidades de clculo del precio de los contratos, evitando la facturacin de servicios no prestados efectivamente.

En materia contractual, por ltimo, se clarifica en el artculo 10 bis 1 la equiparacin entre las estipulaciones contractuales no negociadas y las prcticas no consentidas expresamente con idnticos efectos para los usuarios.

VII

Por otro lado, tambin se ha constatado la ineficacia del artculo 10.4 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, para prevenir la imposicin al consumidor de arbitrajes distintos del Sistema Arbitral de Consumo. Esto justifica la modificacin que ahora se realiza, suprimiendo este precepto y reconduciendo, en el artculo 31, los pactos de sumisin al momento en el que el consumidor puede evaluar correctamente el alcance de la decisin que, en la mayor parte de los casos, se ve obligado a adoptar, y que es aqul en el que surge la controversia. Se eleva con ello la proteccin del usuario ante frmulas arbitrales no siempre lcitas y se garantiza la no renuncia previa a los derechos reconocidos legalmente. Esta regla se completa con la determinacin de la nulidad de los pactos suscritos contravinindola, en aplicacin de las previsiones de la propia Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios sobre la irrenunciabilidad de los derechos reconocidos por la ley al consumidor. La tipificacin de su vulneracin, como infraccin de consumo, se deduce claramente del artculo 34, apartado 11, segn la modificacin efectuada por esta norma, en el que se califica como tal el incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidas en esta Ley y disposiciones que la desarrollen.

Se aclara, asimismo, la eficacia de esta previsin en todos los sectores, incluido el de seguros, a cuyo efecto es preciso introducir una ligera modificacin en el artculo 61, apartado 3 del Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de ordenacin y supervisin de los seguros privados.

Transcurridos cuatro aos desde la entrada en vigor de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se facilita el ejercicio de las acciones en defensa de los intereses difusos de los consumidores y usuarios, y se da cumplimiento a lo previsto en el artculo 11. 3 de dicha norma. En materia de legitimacin procesal, se ampla la concedida al Instituto Nacional del Consumo para el ejercicio de acciones de cesacin.

VIII

Asimismo, se modifica la regulacin del captulo VI de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para establecer, conforme a lo dispuesto en el artculo 1.3 de la Ley Orgnica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociacin, la regulacin especfica bsica a que quedan sometidas las asociaciones de consumidores, conforme a la actual distribucin de competencias entre el Estado y las comunidades autnomas, y modificar el rgimen jurdico de las asociaciones de consumidores de mbito nacional y de todas aqullas que no desarrollen principalmente sus funciones en el mbito de una comunidad autnoma, aclarando algunos aspectos oscuros o no abordados por las normas preexistentes y las relaciones entre el registro nacional y los registros autonmicos y reforzando las obligaciones de transparencia de las asociaciones de consumidores, obligaciones estrictamente precisas para asegurar su independencia, mxime en los supuestos de colaboracin con empresas o instituciones que directa o indirectamente intervienen en el mercado.

Se establece, por otra parte, con absoluto respeto a las competencias autonmicas, un rgimen mnimo sobre reglas de competencia en las infracciones interautonmicas, acompaado de la obligacin del Gobierno de presentar ante las Cortes Generales, en el plazo de dos aos, un proyecto de ley que, en el marco de las competencias estatales, establezca las reglas sobre infracciones y sanciones.

Con objeto de superar cualquier dificultad en el cumplimiento de las obligaciones impuestas a las administraciones pblicas por el artculo 8 de la Directiva 2001/95/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, relativa a la seguridad general de productos, y de conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992 de 20 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, se aclara el alcance de las competencias atribuidas a stas por el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de productos.

Se modifica tambin el artculo 8 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para eliminar del texto de la Ley el inciso constituidas de acuerdo con lo establecido en esta Ley, en cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Constitucional 15/1989, de 26 de enero, y para adecuar la redaccin del precepto a la posterior legislacin sobre publicidad, conforme a la cual los procedimientos establecidos para hacer cesar la publicidad falsa o engaosa son de carcter judicial.

IX

Por ltimo, en relacin al contrato de aparcamiento de vehculos, se determinan legalmente, sin necesidad de desarrollo reglamentario, los requisitos que debe contener el justificante o resguardo que debe entregar el titular del aparcamiento, flexibilizando las formas de identificacin del vehculo; as como las formas admisibles de clculo del precio que debe pagar el consumidor en los estacionamientos rotatorios. Se ampla, asimismo, el mbito de aplicacin de la ley a todas las actividades de estacionamiento realizadas en el marco de una actividad empresarial o profesional.


[Bloque 2: #a1]

Artculo 1. Modificacin de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios:

Uno. Se incorpora un nuevo artculo, el sexto bis, del siguiente tenor:

1. Ante situaciones de riesgo para la salud y seguridad de los consumidores y usuarios, las administraciones pblicas competentes podrn adoptar las medidas que resulten necesarias y proporcionadas para la desaparicin del riesgo, incluida la intervencin directa sobre las cosas y la compulsin directa sobre las personas. En estos supuestos, todos los gastos que se generen sern a cargo de quien con su conducta los hubiera originado, con independencia de las sanciones que, en su caso, puedan imponerse. La exaccin de tales gastos y sanciones podr llevarse a cabo por el procedimiento administrativo de apremio.

2. Los responsables de la coordinacin de los sistemas estatales de intercambio de informacin integrados en los sistemas europeos de alertas, trasladarn las comunicaciones que reciban a las autoridades aduaneras cuando, conforme a la informacin facilitada en las comunicaciones, los bienes o servicios alertados procedan de terceros pases.

Dos. Se modifica el artculo octavo, apartado 3, en los siguientes trminos:

3. La oferta, promocin y publicidad falsa o engaosa de productos, actividades y servicios ser perseguida y sancionada como fraude. Las asociaciones de consumidores estarn legitimadas para iniciar e intervenir en los procedimientos legalmente habilitados para hacerlas cesar.

Tres. Se modifica el artculo dcimo, suprimiendo su apartado 4 y dando a su apartado 2 la siguiente redaccin:

2. Cuando se ejerciten acciones individuales, en caso de duda sobre el sentido de una clusula prevalecer la interpretacin ms favorable al consumidor.

Cuatro. Los apartados 1, prrafo primero, 2 y 3 del artculo 10 bis, quedan redactados de la siguiente manera:

1. Se considerarn clusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aqullas prcticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. En todo caso, se considerarn clusulas abusivas los supuestos de estipulaciones que se relacionan en la disposicin adicional primera de esta Ley.

2. Sern nulas de pleno derecho y se tendrn por no puestas las clusulas abusivas. La parte del contrato afectada por la nulidad se integrar con arreglo a lo dispuesto por el artculo 1.258 del Cdigo Civil y al principio de buena fe objetiva. A estos efectos, el Juez que declare la nulidad de dichas clusulas integrar el contrato y dispondr de facultades moderadoras respecto de los derechos y obligaciones de las partes, cuando subsista el contrato, y de las consecuencias de su ineficacia en caso de perjuicio apreciable para el consumidor o usuario. Slo cuando las clusulas subsistentes determinen una situacin no equitativa en la posicin de las partes que no pueda ser subsanada podr declarar la ineficacia del contrato.

3. Las normas de proteccin de los consumidores frente a las clusulas abusivas sern aplicables cualquiera que sea la ley que las partes hayan elegido para regir el contrato, cuando el mismo mantenga una estrecha relacin con el territorio de un Estado miembro del Espacio Econmico Europeo.

Se entender, en particular, que existe un vnculo estrecho cuando el profesional ejerciere sus actividades en uno o varios Estados miembros del Espacio Econmico Europeo, o por cualquier medio de publicidad o comunicacin dirigiere tales actividades a uno o varios Estados miembros y el contrato estuviere comprendido en el marco de esas actividades. En los contratos relativos a inmuebles se entender, asimismo, que existe un vnculo estrecho cuando se encuentren situados en el territorio de un Estado miembro.

Cinco. El apartado 1 del artculo decimoprimero pasa a tener la siguiente redaccin:

El rgimen de comprobacin, reclamacin, garanta y posibilidad de renuncia o de evolucin que se establezca en los contratos, deber permitir que el consumidor o usuario se asegure de la naturaleza, caractersticas, condiciones y utilidad o finalidad del producto o servicio; pueda reclamar con eficacia en caso de error, defecto o deterioro; pueda hacer efectivas las garantas de calidad y nivel de prestacin y obtener la devolucin equitativa del precio de mercado del producto o servicio, total o parcialmente, en caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato.

La devolucin del precio del producto habr de ser total en el caso de que se encuentre dentro del plazo de garanta legal, en los trminos previstos en la Ley de Garantas en la Venta de de Bienes de Consumo.

Seis. Se modifica el artculo duodcimo que pasa a quedar redactado en los siguientes trminos:

1. En la contratacin con consumidores debe constar de forma inequvoca su voluntad de contratar o, en su caso, de poner fin al contrato.

2. Se prohben, en los contratos con consumidores, las clusulas que impongan obstculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos al consumidor en el contrato.

3. En particular, en los contratos de prestacin de servicios o suministro de bienes de tracto sucesivo o continuado se prohben las clusulas que establezcan plazos de duracin excesiva o limitaciones que excluyan u obstaculicen el derecho del consumidor a poner fin al contrato.

El consumidor podr ejercer su derecho a poner fin al contrato en la misma forma en que lo celebr, sin ningn tipo de sancin o de cargas onerosas o desproporcionadas, tales como la prdida de las cantidades abonadas por adelantado, el abono de cantidades por servicios no prestados efectivamente, la ejecucin unilateral de las clusulas penales que se hubieran fijado contractualmente o la fijacin de indemnizaciones que no se correspondan con los daos efectivamente causados.

4. Los contratos de prestacin de servicios o suministro de bienes de tracto sucesivo o continuado debern contemplar expresamente el procedimiento a travs del cual el consumidor puede ejercer su derecho a poner fin al contrato.

5. Salvo lo previsto legalmente en relacin con los contratos que, por prescripcin legal, deban formalizarse en escritura pblica, la formalizacin del contrato ser gratuita para el consumidor, cuando legal o reglamentariamente deba documentarse ste por escrito o en cualquier otro soporte de naturaleza duradera.

6. Los contratos con los consumidores se integrarn, en beneficio del consumidor, conforme al principio de buena fe objetiva, tambin en los supuestos de omisin de informacin precontractual relevante.

7. No se podr hacer obligatoria la comparecencia personal del consumidor o usuario para realizar cobros, pagos o trmites similares.

Siete. Se modifica el artculo decimotercero, adicionando una nueva letra, la g), en su apartado 1, y dos nuevos apartados, el 3 y el 4, y modificando la letra d) del apartado 1, con la siguiente redaccin:

d) Las condiciones esenciales del contrato, en particular sobre sus condiciones jurdicas y econmicas y la informacin sobre el precio completo, incluidos los impuestos, o presupuesto, en su caso. En toda informacin al consumidor sobre el precio de los bienes o servicios, incluida la publicidad, se informar del precio final completo, desglosando, en su caso, el importe de los incrementos o descuentos que sean de aplicacin, de los gastos que se repercutan al consumidor y usuario y de los gastos adicionales por servicios accesorios, financiacin u otras condiciones de pago similares.

g) Procedimiento de que dispone el consumidor para poner fin al contrato.

3. La informacin precontractual debe facilitarse al consumidor de forma gratuita.

4. Las oficinas y servicios de informacin y atencin al cliente que las empresas pongan a disposicin del consumidor debern asegurar que ste tenga constancia de sus quejas y reclamaciones. Si tales servicios utilizan la atencin telefnica o electrnica para llevar a cabo sus funciones debern garantizar una atencin personal directa, ms all de la posibilidad de utilizar complementariamente otros medios tcnicos a su alcance.

Ocho. Se modifica el Captulo VI que pasa a tener el siguiente contenido:

Artculo vigsimo.

El presente captulo tiene por objeto adoptar, conforme a lo previsto en el artculo 1.3 de la Ley Orgnica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociacin, el rgimen bsico de las asociaciones de consumidores y la regulacin especfica a la que quedan sometidas las asociaciones de consumidores y usuarios de mbito supraautonmico.

Artculo vigsimo bis.

1. Son asociaciones de consumidores y usuarios las organizaciones sin nimo lucro que, constituidas conforme a lo previsto en la legislacin sobre asociaciones, y reuniendo los requisitos especficos exigidos en esta Ley y sus normas de desarrollo y, en su caso, en la legislacin autonmica que les resulte de aplicacin, tengan como finalidad la defensa de los derechos e intereses legtimos de los consumidores, incluyendo su informacin, formacin y educacin, bien sea con carcter general, bien en relacin con productos o servicios determinados.

Tambin son asociaciones de consumidores y usuarios las entidades constituidas por consumidores con arreglo a la legislacin de cooperativas, que respeten los requisitos bsicos exigidos en esta Ley y entre cuyos fines figure, necesariamente, la educacin y formacin de sus socios, y estn obligadas a constituir un fondo con tal objeto, segn su legislacin especfica.

2. Las asociaciones de consumidores y usuarios podrn integrarse en uniones, federaciones o confederaciones que tengan idnticos fines y cumplan los requisitos especficos exigidos por esta Ley.

3. Las asociaciones de consumidores y usuarios constituidas conforme a lo previsto en este captulo son las nicas legitimadas para actuar en nombre y representacin de los consumidores y usuarios.

Las asociaciones o cooperativas que no renan los requisitos exigidos en esta Ley o en la normativa autonmica que les resulte de aplicacin, slo podrn representar los intereses de sus asociados o de la asociacin, pero no los intereses generales, colectivos o difusos, de los consumidores.

4. Se prohbe utilizar los trminos consumidor o usuario, la denominacin de asociacin de consumidores y usuarios o cualquier otra expresin similar que induzca a error o confusin sobre su naturaleza o su legitimidad para la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, a aquellas organizaciones que no renan los requisitos exigidos en esta Ley o en la normativa autonmica que les resulte de aplicacin.

Artculo vigsimo primero.

1. Las asociaciones de consumidores y usuarios deben actuar para el cumplimiento de sus fines con independencia frente a los operadores del mercado y a los poderes pblicos, sin que la obtencin de subvenciones u otros recursos pblicos concedidos en base a criterios de objetividad puedan mermar tal independencia.

2. En particular, las asociaciones de consumidores no podrn:

a) Incluir como asociados a personas jurdicas con nimo de lucro.

b) Percibir ayudas econmicas o financieras de las empresas o grupo de empresas que suministran bienes o servicios a los consumidores o usuarios.

No tendrn la consideracin de ayudas econmicas las aportaciones que se realicen en las condiciones de transparencia establecidas en esta Ley y normas reglamentarias, no mermen la independencia de la asociacin y tengan su origen en los convenios o acuerdos de colaboracin a que se refiere el artculo siguiente.

c) Realizar comunicaciones comerciales de bienes y servicios.

A estos efectos se entiende por comunicacin comercial todo acto, conducta o manifestacin, incluida la publicidad, no meramente informativa, que se relacione directamente con la promocin o venta de bienes y servicios.

d) Autorizar el uso de su denominacin, imagen o cualquier otro signo representativo en la publicidad comercial realizada por los operadores del mercado, o no realizar las actuaciones tendentes a impedir dicha utilizacin, a partir del momento en que se tenga conocimiento de esta conducta.

A estos efectos no se considerarn operadores de mercado las sociedades mercantiles en las que participen las asociaciones de consumidores en los trminos contemplados en el apartado 3.

e) Dedicarse a actividades distintas de la defensa de los intereses de los consumidores o usuarios, salvo lo previsto en el artculo 20 bis 1, prrafo segundo.

f) Incumplir las obligaciones de transparencia previstas en el artculo 21 bis.

g) Actuar la organizacin o sus representantes legales con manifiesta temeridad, judicialmente apreciada.

h) Incumplir cualquier otra obligacin impuesta a las asociaciones de consumidores y usuarios, legal o reglamentariamente.

3. Las asociaciones de consumidores podrn participar en sociedades mercantiles siempre que renan los siguientes requisitos:

a) Tengan como objeto social exclusivo el desarrollo de actividades instrumentales concretamente delimitadas que sirvan a los fines de informacin, formacin y defensa de los consumidores y usuarios.

b) Su capital social corresponda ntegramente a asociaciones de consumidores que renan los requisitos exigidos por la legislacin que les resulte de aplicacin y cuyos beneficios slo se repartan entre las asociaciones de consumidores que participen en el capital social.

Estas sociedades mercantiles estn sometidas a las prohibiciones previstas en el apartado anterior y a la obligacin de depositar sus cuentas, que en todo caso debern ajustarse a la normativa que les resulte de aplicacin segn su naturaleza, en el Instituto Nacional del Consumo de conformidad con lo dispuesto en el artculo vigsimo primero bis, 3.

Del cumplimiento por estas sociedades mercantiles de lo dispuesto en esta Ley sern responsables las asociaciones de consumidores que participen en su capital social en los trminos previstos en ella, pudiendo derivar, en su caso, en la prdida de la condicin de asociacin de consumidores.

4. Las organizaciones que incurran en alguna de las prohibiciones previstas por la legislacin que les resulte de aplicacin perdern, en todo caso y por un perodo no inferior a los cinco aos siguientes desde que dejaron de concurrir tales circunstancias, su condicin de asociacin de consumidores y usuarios.

Artculo vigsimo primero bis.

1. Estatutariamente, o por acuerdo adoptado en asamblea general, las asociaciones de consumidores y usuarios definirn, con pleno respeto a lo establecido en esta Ley, cul es el marco legtimo de su colaboracin con los operadores del mercado de cualquier sector de actividad, en defensa de los derechos de los consumidores y la leal competencia, as como los supuestos en que podrn celebrarse convenios o acuerdos de colaboracin con stos, su alcance y modo de instrumentarlos.

Los estatutos o acuerdos de asamblea general en los que se establezca este marco de colaboracin con los operadores del mercado de las asociaciones de mbito supraautonmico, se depositarn en el Instituto Nacional del Consumo y en la Secretara del Consejo de Consumidores y Usuarios.

2. Los convenios o acuerdos de colaboracin, de duracin temporal o indefinida, de las asociaciones de consumidores y usuarios con empresas, agrupaciones o asociaciones de empresas, fundaciones o cualquier organizacin sin nimo de lucro debern cumplir los siguientes requisitos:

a) Tener como finalidad exclusiva el desarrollo de proyectos especficos de informacin, formacin y defensa de los consumidores y usuarios, mejorando su posicin en el mercado.

b) Respetar los principios de independencia y transparencia.

c) Consistir en la realizacin de actuaciones, trabajos, estudios o publicaciones de inters general para los consumidores y usuarios.

d) Ser depositados, as como sus modificaciones, prrrogas o denuncias, en el Instituto Nacional del Consumo y en la Secretara del Consejo de Consumidores y Usuarios.

3. Las cuentas anuales de la entidad se depositarn en el Instituto Nacional del Consumo en el plazo de un mes desde el da siguiente a la fecha de su aprobacin por los rganos estatutarios correspondientes.

Tales cuentas anuales, integradas por el balance, la cuenta de resultados y la memoria, debern formalizarse cumpliendo las exigencias del Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, por el que se aprueban las normas de adaptacin del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y las normas de informacin presupuestaria de estas entidades.

4. La informacin a que se refieren los apartados precedentes ser pblica.

5. Reglamentariamente podrn establecerse los plazos, condiciones y requisitos adicionales de las obligaciones de depsito y acceso reguladas en este artculo.

Artculo vigsimo primero ter.

1. Las asociaciones de consumidores y usuarios de mbito estatal y todas aqullas que no desarrollen principalmente sus funciones en el mbito de una comunidad autnoma, debern figurar inscritas en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores que se gestiona en el Instituto Nacional del Consumo.

Tras su denominacin, estas asociaciones de consumidores y usuarios indicarn su nmero de inscripcin registral.

2. El cumplimiento de los requisitos exigidos en este captulo ser condicin indispensable para acceder a la inscripcin en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores.

No obstante lo previsto en el prrafo anterior, reglamentariamente se establecern los requisitos mnimos de implantacin territorial, nmero de asociados y programas de actividades a desarrollar que debern acreditar las asociaciones de consumidores y usuarios para su inscripcin en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores.

3. A los exclusivos efectos de publicidad, en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores podr figurar informacin sobre las asociaciones de consumidores inscritas en los registros que, con tal finalidad, pudieran crearse en las comunidades autnomas.

4. El Instituto Nacional del Consumo cooperar con las comunidades autnomas para que la informacin a que se refiere el apartado anterior figure en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y les facilitar informacin de las asociaciones de consumidores de mbito nacional o que no desarrollen principalmente sus funciones en el mbito de una comunidad autnoma inscritas en l.

5. El Instituto Nacional del Consumo podr pedir a las asociaciones de consumidores y usuarios que soliciten su inscripcin en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores o a las ya inscritas en l, cuanta documentacin e informacin sea precisa para verificar el cumplimiento y mantenimiento de los requisitos exigidos en este captulo.

Asimismo podrn realizar, por s o mediante la contratacin con entidades externas e independientes, auditoras de cuentas con idntica finalidad.

6. La realizacin por las asociaciones de consumidores y usuarios inscritas en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores de alguna de las actuaciones prohibidas por el artculo 21 dar lugar a su exclusin de dicho registro, previa tramitacin del procedimiento administrativo previsto reglamentariamente.

La resolucin de exclusin del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores determinar la prdida de esta condicin, en todo caso, y por un perodo no inferior a cinco aos desde la fecha de la exclusin, sin perjuicio del mantenimiento de su personalidad jurdica con arreglo a la legislacin general de asociaciones o cooperativas.

Artculo vigsimo segundo.

1. Las asociaciones de consumidores y usuarios de mbito supraautonmico, legalmente constituidas e inscritas en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores regulado en el artculo 21 ter, tendrn derecho, en los trminos que legal o reglamentariamente se determinen, a:

a) Ser declaradas de utilidad pblica.

b) Percibir ayudas y subvenciones pblicas.

c) Representar, como asociacin de consumidores y usuarios, a sus asociados y ejercer las correspondientes acciones en defensa de los mismos, de la asociacin o de los intereses generales, colectivos o difusos, de los consumidores y usuarios.

d) Disfrutar del derecho de asistencia jurdica gratuita en la forma prevista en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurdica Gratuita.

e) Integrarse, en los trminos que reglamentariamente se determine, en el Consejo de Consumidores y Usuarios.

2. A efectos de lo previsto en el artculo 11.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil tendrn la consideracin legal de asociaciones de consumidores y usuarios representativas las que formen parte del Consejo de Consumidores y Usuarios, salvo que el mbito territorial del conflicto afecte fundamentalmente a una comunidad autnoma, en cuyo caso se estar a su legislacin especfica.

Artculo vigsimo segundo bis.

1. Como rgano nacional de consulta y representacin institucional de los consumidores y usuarios a travs de sus organizaciones, el Consejo de Consumidores y Usuarios integrar las asociaciones de consumidores y usuarios de mbito supraautonmico que, atendiendo a su implantacin territorial, nmero de socios, trayectoria en el mbito de la proteccin de los consumidores y usuarios y programas de actividades a desarrollar, sean ms representativas.

Reglamentariamente se determinar la composicin y funciones del Consejo de Consumidores y Usuarios.

2. La Administracin fomentar la colaboracin entre el Consejo de Consumidores y Usuarios y las asociaciones de consumidores que lo integran con las organizaciones de empresarios.

3. El Consejo de Consumidores y Usuarios articular mecanismos de cooperacin con los rganos de consulta y representacin de los consumidores constituidos por las Comunidades Autnomas. A travs de los mecanismos habilitados por el Consejo de Consumidores y Usuarios, ste y los respectivos rganos consultivos podrn colaborar en la elaboracin de los dictmenes que les sean solicitados en trmite de audiencia.

Artculo vigsimo segundo ter.

1. El Consejo de Consumidores y Usuarios ser odo en consulta, en el procedimiento de elaboracin de disposiciones de carcter general de mbito estatal relativas a materias que afecten directamente a los consumidores y usuarios.

2. Ser preceptiva su audiencia en los siguientes casos:

a) Reglamentos de aplicacin de esta Ley.

b) Reglamentaciones sobre bienes o servicios de uso y consumo.

c) Ordenacin del mercado interior y disciplina del mercado.

d) Precios y tarifas de servicios, en cuanto afecten directamente a los consumidores o usuarios, y se encuentren legalmente sujetos a control de las administraciones pblicas.

e) Condiciones generales de los contratos o modelos de contratos regulados o autorizados por los poderes pblicos en servicios de inters general o prestados a los consumidores por empresas pblicas.

f) En los dems casos en que una ley as lo establezca.

3. Las asociaciones empresariales sern odas en consulta en el procedimiento de elaboracin de las disposiciones de carcter general relativas a materias que les afecten directamente.

Ser preceptiva su audiencia en los supuestos contenidos en los apartados a), b), c) y f) del apartado anterior.

4. Se entender cumplido dicho trmite preceptivo de audiencia cuando las asociaciones citadas se encuentren representadas en los rganos colegiados que participen en la elaboracin de la disposicin. En los dems casos, la notificacin o comunicacin se dirigir a la federacin o agrupacin empresarial correspondiente.

Nueve. Se modifica el artculo trigsimo primero, adicionndole un nuevo apartado, el cuarto, del siguiente tenor:

4. Los convenios arbitrales con los consumidores distintos del arbitraje de consumo previsto en este artculo, slo podrn pactarse una vez surgido el conflicto material o controversia entre las partes del contrato, salvo que se trate de la sumisin a rganos de arbitraje institucionales creados por normas legales o reglamentarias para un sector o un supuesto especfico.

Los convenios arbitrales pactados contraviniendo lo dispuesto en el prrafo precedente sern nulos.

Diez. Se modifica el artculo trigsimo segundo para aadir los nuevos apartados 3, 4 y 5, con la siguiente redaccin:

3. Las Administraciones espaolas que en cada caso resulten competentes sancionarn las infracciones de consumo cometidas en territorio espaol cualquiera que sea la nacionalidad, el domicilio o el lugar en que radiquen los establecimientos del responsable.

4. Las infracciones se entendern cometidas en cualquiera de los lugares en que se desarrollen las acciones u omisiones constitutivas de las mismas y, adems, salvo en el caso de infracciones relativas a los requisitos de los establecimientos e instalaciones o del personal, en todos aquellos en que se manifieste la lesin o riesgo para los intereses de los consumidores y usuarios protegidos por la norma sancionadora.

5. Las autoridades competentes en materia de consumo sancionarn, asimismo, las infracciones tipificadas como infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios de los empresarios y profesionales de los sectores que cuenten con regulacin especfica.

Once. El apartado 10 del artculo trigsimo cuarto pasa a ser el apartado 11, de manera que el apartado 10 queda redactado de la siguiente forma:

10. Las limitaciones o exigencias injustificadas al derecho del consumidor de poner fin a los contratos de prestacin de servicios o suministro de bienes de tracto sucesivo o continuado, la obstaculizacin al ejercicio de tal derecho del consumidor a travs del procedimiento pactado, la falta de previsin de ste o la falta de comunicacin al usuario del procedimiento para darse de baja en el servicio.

Doce. Se aade un apartado, el 4, al artculo trigsimo sexto, del siguiente tenor:

4. Conforme a lo previsto en el artculo 130.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, en el procedimiento sancionador podr exigirse al infractor la reposicin de la situacin alterada por la infraccin a su estado original y, en su caso, la indemnizacin de daos y perjuicios probados causados al consumidor que sern determinados por el rgano competente para imponer la sancin, debiendo notificarse al infractor para que en el plazo de un mes proceda a su satisfaccin, quedando, de no hacerse as, expedita la va judicial.

Trece. Se aade un nuevo artculo 42, con la siguiente redaccin:

Artculo 42. La Conferencia Sectorial de Consumo.

1. La Conferencia Sectorial de Consumo, presidida por el Ministro de Sanidad y Consumo e integrada por ste y los Consejeros competentes en esta materia por las Comunidades Autnomas, es el mximo rgano de cooperacin institucional del Estado con las Comunidades Autnomas.

2. Son funciones de la Conferencia Sectorial de Consumo:

a) Servir de cauce de colaboracin, comunicacin e informacin entre las Comunidades Autnomas y la Administracin del Estado en materia de consumo.

b) Aprobar los criterios comunes de actuacin y coordinacin, as como las propuestas en relacin con la poltica del sector.

c) Aprobar los planes, proyectos y programas conjuntos.

d) Hacer efectiva la participacin de las Comunidades Autnomas en los asuntos comunitarios europeos en la materia.

e) Facilitar la informacin recproca en materia de consumo, disear estadsticas comunes y poner a disposicin de los ciudadanos los datos de las estadsticas estatales obtenidas por ella.

f) Cooperar e impulsar las Campaas Nacionales de Inspeccin y Control.

g) Promover la promulgacin de la normativa oportuna en materia de consumo o su reforma e informar, en su caso, las disposiciones reglamentarias sobre la materia.

h) Establecer criterios de actuacin cuando resulten competentes varias Comunidades Autnomas.

i) Programar el empleo racional de medios materiales de posible utilizacin comn.

j) Articular un sistema de formacin y perfeccionamiento del personal con tareas especficas en el mbito de consumo.

k) Cuantas otras funciones le atribuya la legislacin vigente.

Catorce. Se aaden dos nuevas clusulas, la 7 bis y la 17 bis, a la disposicin adicional primera, y se modifica la clusula nmero 22, en los siguientes trminos:

7 bis. Las estipulaciones que prevean el redondeo al alza en el tiempo consumido o en el precio de los productos o servicios o cualquier otra estipulacin que prevea el cobro por productos o servicios no efectivamente usados o consumidos de manera efectiva.

En aquellos sectores en los que el inicio del servicio conlleve indisolublemente unido un coste para las empresas o los profesionales no repercutido en el precio, no se considerar abusiva la facturacin por separado de tales costes, cuando se adecuen al servicio efectivamente prestado.

17 bis. Las estipulaciones que impongan obstculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos al consumidor en el contrato, en particular en los contratos de prestacin de servicios o suministro de bienes de tracto sucesivo o continuado, la imposicin de plazos de duracin excesiva, la renuncia o el establecimiento de limitaciones que excluyan u obstaculicen el derecho del consumidor a poner fin a estos contratos, as como la obstaculizacin al ejercicio de este derecho a travs del procedimiento pactado, cual es el caso de las que prevean la imposicin de formalidades distintas de las previstas para contratar o la prdida de las cantidades abonadas por adelantado, el abono de cantidades por servicios no prestados efectivamente, la atribucin al profesional de la facultad de ejecucin unilateral de las clusulas penales que se hubieran fijado contractualmente o la fijacin de indemnizaciones que no se correspondan con los daos efectivamente causados.

22. La imposicin al consumidor de los gastos de documentacin y tramitacin que por ley corresponda al profesional. En particular, en la compraventa de viviendas:

a) La estipulacin de que el consumidor ha de cargar con los gastos derivados de la preparacin de la titulacin que por su naturaleza correspondan al profesional (obra nueva, propiedad horizontal, hipotecas para financiar su construccin o su divisin y cancelacin).

b) La estipulacin que obligue al consumidor a subrogarse en la hipoteca del profesional de la vivienda o imponga penalizaciones en los supuestos de no subrogacin.

c) La estipulacin que imponga al consumidor el pago de tributos en los que el sujeto pasivo es el profesional.

d) La estipulacin que imponga al consumidor los gastos derivados del establecimiento de los accesos a los suministros generales de la vivienda, cuando sta deba ser entregada en condiciones de habitabilidad.

Quince. Se modifica el apartado 3 de la disposicin adicional tercera, que quedar redactado en los siguientes trminos:

3. La legitimacin para el ejercicio de esta accin se regir por lo dispuesto en el artculo 11, apartados 2 y 3, de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Asimismo estarn legitimados para el ejercicio de esta accin:

a) El Instituto Nacional del Consumo y los rganos o entidades correspondientes de las comunidades autnomas y de las corporaciones locales competentes en materia de defensa de los consumidores.

b) El Ministerio Fiscal.


[Bloque 3: #a2]

Artculo 2. Modificacin de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de Contratacin.

Los artculos 3 y 6.2 de la Ley sobre Condiciones Generales de Contratacin se modifican en los siguientes trminos:

Uno. El prrafo segundo del artculo 3 de la Ley sobre Condiciones Generales de Contratacin queda redactado de la siguiente manera:

Tambin se aplicar a los contratos sometidos a legislacin extranjera cuando el adherente haya emitido su declaracin negocial en territorio espaol y tenga en ste su residencia habitual, sin perjuicio de lo establecido en los tratados o convenios internacionales. Cuando el adherente sea un consumidor se aplicar lo dispuesto en el apartado 3 del artculo 10 bis de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

Dos. El artculo 6, apartado 2, de la Ley sobre Condiciones Generales de Contratacin, queda redactado de la siguiente manera:

Las dudas en la interpretacin de las condiciones generales oscuras se resolvern a favor del adherente. En los contratos con consumidores esta norma de interpretacin slo ser aplicable cuando se ejerciten acciones individuales.


[Bloque 4: #a3]

Artculo 3. Modificacin de la Ley 40/2002, de 14 de noviembre, reguladora del Contrato de Aparcamiento de Vehculos.

Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 40/2002, de 14 de noviembre, reguladora del Contrato de Aparcamiento de Vehculos:

Uno. Se modifica el artculo 1 y se le adiciona un nuevo apartado, en los siguientes trminos:

1. Esta Ley establece el rgimen jurdico aplicable a los aparcamientos en los que una persona cede, como actividad mercantil, un espacio en un local o recinto del que es titular para el estacionamiento de vehculos de motor, con los deberes de vigilancia y custodia durante el tiempo de ocupacin, a cambio de un precio determinado en funcin del tiempo real de prestacin del servicio.

2. A los efectos de esta Ley, se consideran como modalidades de la prestacin de este servicio:

a) Estacionamiento con reserva de plaza en el que el titular del aparcamiento se obliga a mantener durante todo el perodo de tiempo pactado una plaza de aparcamiento a disposicin plena del usuario.

b) Estacionamiento rotatorio, en el que el titular del aparcamiento se obliga a facilitar una plaza de aparcamiento por un periodo de tiempo variable, no prefijado.

En esta modalidad de estacionamiento rotatorio el precio se pactar por minuto de estacionamiento, sin posibilidad de redondeos a unidades de tiempo no efectivamente consumidas o utilizadas.

Dos. La letra b) del artculo 2 queda redactada de la siguiente manera:

b) Los estacionamientos no retribuidos directa o indirectamente.

Tres. Las letras b) y d) del artculo 3.1 quedan redactados de la siguiente manera:

b) Entregar al usuario en formato papel o en cualquier otro soporte duradero que permita su conservacin, incluidos los soportes que permitan el acceso a registros telemticos o electrnicos, un justificante o resguardo del aparcamiento. En el justificante se har constar, en todo caso, la identificacin del vehculo y si el usuario hace entrega al responsable del aparcamiento de las llaves del vehculo. De esta obligacin de identificacin estarn exentos los aparcamientos de uso exclusivo para clientes de establecimientos comerciales con sistemas de control de acceso y cuyo horario coincida con el del establecimiento. El vehculo se identificar mediante su matrcula o cualquier marcador que permita tal identificacin en el justificante o resguardo del aparcamiento entregado al usuario.

En el estacionamiento rotatorio se har constar en el justificante, adems, el da, hora y minuto de entrada.

d) Indicar por cualquier medio que posibilite su conocimiento antes de contratar y de manera fcilmente perceptible los precios, horarios y las normas de uso y funcionamiento del aparcamiento, incluido si es prctica habitual del aparcamiento requerir al usuario la entrega de las llaves del vehculo.

Cuatro. Se modifica la letra a) del artculo 4, que queda redactada en los siguientes trminos:

a) Abonar el precio fijado para el aparcamiento en las condiciones acordadas.


[Bloque 5: #daprimera]

Disposicin adicional primera. Devolucin extraordinaria del Impuesto sobre Hidrocarburos para agricultores y ganaderos.

1. Se reconoce el derecho a la devolucin de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos satisfechas o soportadas por los agricultores con ocasin de las adquisiciones de gasleo que haya tributado al tipo del epgrafe 1.4 del artculo 50.1 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, que hayan efectuado durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2005 y el 30 de septiembre de 2006. El importe de las cuotas a devolver ser igual al resultado de aplicar el tipo de 78,71 euros por 1000 litros sobre una base constituida por el resultado de multiplicar el volumen de gasleo efectivamente empleado en la agricultura, incluida la horticultura, ganadera y silvicultura durante el periodo indicado, expresado en miles de litros, por el coeficiente 0,998.

2. A los efectos de esta devolucin se consideran agricultores las personas o entidades que, en el periodo indicado, hayan tenido derecho a la utilizacin de gasleo que tributa al tipo del epgrafe 1.4 del artculo 50.1 de la Ley 38/1992, y que, efectivamente, lo hayan empleado como carburante en la agricultura, incluida la horticultura, ganadera y silvicultura, y que, adems, hayan estado inscritos, en relacin con el ejercicio de dichas actividades, en el Censo de Obligados Tributarios al que se refiere la Disposicin adicional quinta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

3. El procedimiento para efectuar la devolucin ser establecido por el Ministro de Economa y Hacienda y podr comprender la obligacin de que los interesados presenten declaraciones tributarias, incluso de carcter censal.


[Bloque 6: #dasegunda]

Disposicin adicional segunda. Competencia sancionadora en materia de telecomunicaciones.

La sancin por las infracciones previstas en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, corresponder, en todo caso, a los organismos previstos en el artculo 58 de dicha Ley.


[Bloque 7: #dtprimera]

Disposicin transitoria primera. Rgimen transitorio en materia de contratos celebrados con los consumidores.

Los contratos con los consumidores debern adaptarse a las modificaciones introducidas por esta ley, en el plazo de dos meses desde su entrada en vigor. Transcurrido dicho plazo, las clusulas contrarias a lo previsto en esta Ley sern, por tanto, nulas de pleno derecho.


[Bloque 8: #dtsegunda]

Disposicin transitoria segunda. Rgimen transitorio en materia de aparcamientos.

1. Las nuevas obligaciones impuestas por el artculo 3 de esta Ley no sern exigibles a los titulares de los aparcamientos hasta transcurridos cinco meses desde su entrada en vigor.

A los aparcamientos que operen en rgimen de concesin administrativa, las obligaciones impuestas en el artculo 1.2 de la Ley 40/2002, de 14 de noviembre, reguladora del contrato de aparcamiento de vehculos, no les sern exigibles hasta transcurridos ocho meses desde la entrada en vigor de esta Ley.

2. A los titulares de los aparcamientos dependientes o accesorios de otras instalaciones no les sern exigibles las obligaciones establecidas en el artculo 3.1.b) de la Ley 40/2002, de 14 de noviembre, reguladora del Contrato de Aparcamiento de Vehculos, hasta transcurridos ocho meses desde su entrada en vigor.


[Bloque 9: #dttercera]

Disposicin transitoria tercera. Rgimen transitorio en materia de asociaciones de consumidores y usuarios.

1. Las obligaciones previstas en el artculo 21 bis de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios son exigibles desde la entrada en vigor de esta Ley.

No obstante lo previsto en el prrafo precedente, los convenios o acuerdos de colaboracin que se hubieran suscrito con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley y estuvieran vigentes en dicha fecha, debern depositarse en el Instituto Nacional del Consumo en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de esta Ley.

2. En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley las asociaciones de consumidores y usuarios debern adaptarse a lo dispuesto en ella.


[Bloque 10: #dtcuaa]

Disposicin transitoria cuarta. Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores.

Sin perjuicio de la regulacin que reglamentariamente se establezca del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores, ste adaptar su funcionamiento a lo previsto en esta Ley en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor.


[Bloque 11: #dfprimera]

Disposicin final primera. Reforma del texto refundido de la Ley de Ordenacin y Supervisin de los Seguros Privados.

El artculo 61, apartado 3, del Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenacin y Supervisin de los Seguros Privados, quedar redactado en los siguientes trminos:

3. En cualquier caso, y salvo aquellos supuestos en que la legislacin de proteccin de los consumidores y usuarios lo impida, tambin podrn someter a arbitraje las cuestiones litigiosas, surgidas o que puedan surgir, en materia de libre disposicin conforme a derecho, en los trminos de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre de Arbitraje.


[Bloque 12: #dfsegunda]

Disposicin final segunda. Ttulo competencial.

1. El artculo 1, apartado uno, de esta Ley tiene su fundamento constitucional en el artculo 149.1.16.

2. El artculo 1, apartado ocho, artculos vigsimo bis, apartados 1 y 4, y vigsimo primero, apartados 1 y 4, se dictan al amparo de lo previsto en el artculo 149.1.1. de la Constitucin.

El artculo 1, apartado ocho, artculo vigsimo bis, apartado 3, se dicta en base a lo dispuesto en el artculo 149.1.1. y 6.

Los dems preceptos del artculo 1, apartado ocho, sern de aplicacin a las asociaciones de consumidores y usuarios de competencia estatal.

3. El resto de los preceptos de esta Ley se dictan al amparo de lo dispuesto en el artculo 149, apartado 1, 6. y 8. de la Constitucin.


[Bloque 13: #dftercera]

Disposicin final tercera. Incorporacin de Derecho comunitario.

En los apartados tres y cuatro del artculo 1 y en el artculo 2 de esta Ley se incorporan aquellas disposiciones de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las clusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, que, de conformidad con la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 9 de septiembre de 2004, en el Asunto C-70/2003, no haban sido correctamente transpuestas al Derecho espaol.


[Bloque 14: #dfcuaa]

Disposicin final cuarta. Infracciones y sanciones en materia de consumo.

En el plazo de dos aos, desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno remitir a las Cortes Generales un proyecto de ley de modificacin de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que establezca, en el ejercicio de las competencias estatales, las reglas sobre infracciones y sanciones en materia de consumo.


[Bloque 15: #dfquinta]

Disposicin final quinta. Habilitacin al Gobierno para elaborar un texto refundido.

Se habilita al Gobierno para que en el plazo de 12 meses proceda a refundir en un nico texto la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y las normas de transposicin de las directivas comunitarias dictadas en materia de proteccin de los consumidores y usuarios, que inciden en los aspectos regulados en ella, regularizando, aclarando y armonizando los textos legales que tengan que ser refundidos.


[Bloque 16: #dfsexta]

Disposicin final sexta. Regulacin del Sistema Arbitral del Consumo.

1. En el plazo de un ao, desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno, contando con el parecer de las Comunidades Autnomas a travs de la Conferencia Sectorial de Consumo y con audiencia del Consejo de Consumidores y Usuarios, dictar una nueva regulacin del sistema arbitral de consumo, regulando tambin el arbitraje virtual.

2. Reglamentariamente se determinarn los supuestos en que podr interponerse reclamacin ante la Junta Arbitral Nacional frente a las resoluciones de las juntas arbitrales territoriales sobre admisin o inadmisin de las solicitudes de arbitraje.

3. Reglamentariamente se establecern los supuestos en que actuar un rbitro nico en la administracin del arbitraje de consumo.


[Bloque 17: #dfseptima]

Disposicin final sptima. Actualizacin del catlogo de bienes y servicios de uso ordinario, comn y generalizado.

En el plazo de un ao se proceder a la actualizacin del catlogo de bienes y servicios de uso comn, ordinario y generalizado, incluidos en el Anexo I del Real Decreto 1507/2000, de 1 de septiembre, que actualiza los catlogos de productos y servicios de uso comn, ordinario y generalizado y de bienes de naturaleza duradera, incorporando a l los servicios de la sociedad de la informacin.


[Bloque 18: #dfoctava]

Disposicin final octava. Modificacin de la Ley 11/2001, de 5 de julio, por la que se crea la Agencia Espaola de Seguridad Alimentaria.

Uno. Desde la entrada en vigor de esta Ley, la Agencia Espaola de Seguridad Alimentaria cambia su denominacin por la de Agencia Espaola de Seguridad Alimentaria y Nutricin.

Dos. Se modifica la letra a) del artculo 2.1, en los trminos siguientes:

a) Propiciar la colaboracin y coordinacin de las Administraciones Pblicas competentes en materia de seguridad alimentaria y nutricin.

Tres. Se aade un nuevo apartado al artculo 2.1, con la siguiente redaccin:

a.bis) Planificar, coordinar y desarrollar estrategias y actuaciones que fomenten la informacin, educacin y promocin de la salud en el mbito de la nutricin y en especial la prevencin de la obesidad.

Cuatro. Se modifican las letras a), d), e), g), h), k), p), t) y u) del artculo 2.2, sustituyendo el trmino seguridad alimentaria por el trmino seguridad alimentaria y nutricin.

Cinco. Se aaden dos apartados al artculo 2, con la siguiente redaccin:

3. La Agencia Espaola de Seguridad Alimentaria y Nutricin estar legitimada para el ejercicio de la accin de cesacin frente a conductas que lesionen los intereses colectivos o difusos de los consumidores y usuarios tanto en el mbito de la seguridad de los alimentos dirigidos al consumo humano como en lo referido a las alegaciones nutricionales.

La accin de cesacin se dirigir a obtener una sentencia que condene al demandado a cesar en la conducta y a prohibir su reiteracin futura. Asimismo, la accin podr ejercerse para prohibir la realizacin de una conducta cuando sta haya finalizado al tiempo de ejercitar la accin, si existen indicios suficientes que hagan temer su reiteracin de modo inmediato.

4. En los trminos de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, la Agencia Espaola de Seguridad Alimentaria y Nutricin podr solicitar al anunciante la cesacin o rectificacin de la publicidad ilcita que afecte a los intereses colectivos o difusos de los consumidores y usuarios tanto en el mbito de la seguridad de los alimentos dirigidos al consumo humano como en lo referido a las alegaciones nutricionales. En este mismo mbito la Agencia estar legitimada para el ejercicio de la accin de cesacin prevista en el artculo 29 y siguientes de la Ley 34/1988.


[Bloque 19: #dfnovena]

Disposicin final novena. Modificacin de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales.

Se modifica el apartado 3 del artculo 5 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, que pasar a tener la redaccin siguiente:

3. Las Comunidades Autnomas podrn modificar lo dispuesto en el apartado anterior en funcin de sus necesidades comerciales, incrementando o reduciendo la superficie de venta de los establecimientos y limitndolos cuando as lo estimasen, a un determinado tipo de producto o productos, sin que en ningn caso esta limitacin pueda establecerse por debajo de los 150 metros cuadrados.


[Bloque 20: #dfdecima]

Disposicin final dcima. Habilitacin normativa.

Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicacin de esta Ley.


[Bloque 21: #dfundecima]

Disposicin final undcima. Entrada en vigor.

La presente Ley entrar en vigor el da siguiente al de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.


[Bloque 22: #firma]

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 29 de diciembre de 2006.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOS LUIS RODRGUEZ ZAPATERO

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.

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