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Legislación consolidada

Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Regin de Murcia.

Publicado en: BORM núm. 146, de 25/06/1996, BOE núm. 238, de 02/10/1996.
Entrada en vigor: 15/07/1996
Departamento: Comunidad Autnoma de la Regin de Murcia
Referencia: BOE-A-1996-21850
Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es-mc/l/1996/06/14/4

TEXTO CONSOLIDADO: Última actualización publicada el 14/09/2017


[Bloque 1: #pr]

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTNOMA DE LA REGIN DE MURCIA

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Regin de Murcia que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Regin de Murcia.

Por consiguiente, al amparo del artculo 30.Dos del Estatuto de Autonoma, en nombre del Rey, promulgo y ordeno la publicacin de la siguiente Ley:

EXPOSICIN DE MOTIVOS

El artculo 51 de la Constitucin Espaola, apartados 1 y 2, dispone que los poderes pblicos garantizarn la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legtimos intereses econmicos de los mismos, as como que promovern la informacin y la educacin de los consumidores y usuarios, fomentarn sus organizaciones y oirn a stas en las cuestiones que puedan afectar a aqullos, en los trminos que la ley establezca.

Con el fin de dar cumplimiento al citado mandato constitucional, se aprob la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que establece un marco legal general, el cual, para cumplir con sus objetivos (establecer procedimientos eficaces para la defensa de los consumidores y usuarios, favorecer el movimiento asociativo en este campo, etctera), viene siendo desarrollado por normas de carcter estatal, y cada vez en mayor grado por otras de mbito autonmico en relacin con la evolucin que el proceso de traspaso de competencias ha tenido.

La Comunidad Autnoma de la Regin de Murcia, en virtud de lo dispuesto en el artculo 11.10 de su Estatuto de Autonoma, asume la funcin ejecutiva en materia de comercio interior y defensa de los consumidores en los trminos establecidos en las leyes y normas reglamentarias que en desarrollo de su legislacin dicte el Estado.

El Real Decreto 4165/1982, de 29 de diciembre, sobre transferencias de funciones y servicios de la Administracin del Estado a la Comunidad Autnoma de la Regin de Murcia en materia de disciplina de mercado, atribuye a esta ltima las funciones inherentes a las infracciones administrativas en materia de disciplina de mercado cometidas en el mbito territorial de la Regin.

La Ley Orgnica 4/1994, de 24 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonoma de la Comunidad Autnoma de la Regin de Murcia, confiere a nuestra Comunidad Autnoma en el marco de la legislacin bsica del Estado, y, en su caso, en los trminos que la misma establezca, el desarrollo legislativo y la ejecucin de la defensa del consumidor y usuario, de acuerdo con las bases y ordenacin de la actividad econmica general de la poltica del Estado, las bases y coordinacin general de la sanidad, en los trminos de lo dispuesto en los artculos 38 y 131, y en los nmeros 11, 13 y 16 del apartado uno del artculo 149 de la Constitucin.

Adems en esta materia, hemos de tener presente, entre otras disposiciones legales, las siguientes:

a) Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.

b) Ley 22/1994, de 6 de julio, de Responsabilidad Civil por Daos Causados por productos defectuosos.

c) Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Normas Reguladoras de Crdito al Consumo.

El ejercicio de esta competencia exige el establecimiento de un marco normativo regional al ms alto nivel jerrquico que sistematice los mecanismos y medidas de defensa del consumidor y usuario, a desplegar por las administraciones pblicas de la Regin de Murcia.

Del mismo modo, una norma de rango legal resulta el instrumento jurdico adecuado para plasmar determinadas previsiones, como son las referentes al deber de colaboracin de los ciudadanos ante las actuaciones inspectoras, a la potestad sancionadora de la Administracin y a la necesaria coordinacin entre las diferentes administraciones pblicas, tanto por exigencias constitucionales como por la aplicacin de los criterios de la Ley 30/1996, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

La presente Ley pretende conseguir un elevado grado de proteccin de los consumidores y usuarios, entendidos stos en la estricta concepcin que se va imponiendo en Espaa y en la legislacin europea, y ello mediante frmulas de participacin y colaboracin con todos los agentes sociales, principalmente con las organizaciones de consumidores y usuarios, y mediante frmulas de coordinacin a todos los niveles.

Por ello, el objetivo prioritario de la Ley es el de conjugar el necesario protagonismo de los ciudadanos en la promocin de una poltica de consumo racional, con la defensa de los productos y servicios que se ofrecen, dentro de un marco de abordaje integral de los medios y fines que se habilitan para ello.

La Ley se estructura en tres ttulos. El I est dedicado a las disposiciones generales. El ttulo II a las acciones pblicas a desarrollar en cada uno de los supuestos que constituyen los derechos esenciales de los consumidores y usuarios, conteniendo precisiones concretas en desarrollo de las formulaciones bsicas estatales, sin pretender reiterar los preceptos de la Ley 26/1984 ms all de lo estrictamente necesario para asegurar la inteligibilidad del texto. El ttulo III, que desarrolla las infracciones y sanciones en materia de consumo y la potestad sancionadora de la Administracin, cierra el crculo normativo en el que se mueven todas las relaciones jurdicas referidas a la defensa del consumidor y usuario.


[Bloque 2: #ti]

TTULO I

Disposiciones generales


[Bloque 3: #a1]

Artculo 1. Objeto.

La presente Ley tiene por objeto la defensa y proteccin de los consumidores y usuarios y el establecimiento de los principios y normas para la mejora de la calidad de vida de quienes ostenten tal condicin en el territorio de la Regin de Murcia.


[Bloque 4: #a2]

Artculo 2. mbito de aplicacin y definiciones.

1. La presente Ley ser de aplicacin a las relaciones entre consumidores o usuarios y empresarios en la Regin de Murcia.

2. A los efectos de la presente Ley son consumidores o usuarios las personas fsicas o jurdicas que actan en un mbito ajeno a una actividad empresarial o profesional.

3. A los efectos de la presente Ley se considera empresario a toda persona fsica o jurdica que acta en el marco de su actividad empresarial o profesional, ya sea pblica o privada.

4. A los efectos de la presente Ley se considera productor al fabricante del bien o al prestador del servicio o intermediario, o al importador del bien o servicio en el territorio de la Unin Europea, as como a cualquier persona que se presente como tal al indicar en el bien, ya sea en el envase, el envoltorio o cualquier otro elemento de proteccin o presentacin, o servicio su nombre, marca u otro signo distintivo.

5. A los efectos de la presente Ley es producto todo bien mueble conforme a lo previsto en el artculo 335 del Cdigo Civil.

6. A los efectos de la presente Ley es proveedor el empresario que suministra o distribuye productos en el mercado, cualquiera que sea el ttulo o contrato en virtud del cual realice dicha distribucin.

7. Resolucin extrajudicial de conflictos: cualquier procedimiento alternativo al jurisdiccional que permita poner fin a las controversias surgidas en el marco de una relacin de consumo.

8. Pobreza energtica: incapacidad de un hogar para satisfacer el mnimo de servicios energticos y, de esta forma, garantizar las necesidades bsicas teniendo en cuenta los factores personales, geogrficos y materiales que concurren. Estos parmetros deben definirse por reglamento.

Se aaden los apartados 7 y 8 por el art. 2.1 de la Ley 10/2016, de 7 de junio. Ref. BOE-A-2016-6647.

Se modifica por el art. 1 de la Ley 1/2008, de 21 de abril. Ref. BOE-A-2011-2209.





[Bloque 5: #a3]

Artculo 3. Derechos de los consumidores y usuarios.

Son derechos esenciales de los consumidores y usuarios los siguientes:

1. La proteccin frente a los riesgos que puedan afectar a su salud y seguridad, concebida aqulla de forma integral, incluyendo, por tanto, los riesgos que amenacen al medio ambiente y a la calidad de vida.

2. La proteccin de sus legtimos intereses econmicos y sociales.

3. La informacin y la educacin en materia de consumo.

4. La representacin, a travs de sus organizaciones, para la defensa de sus intereses y la participacin y la consulta en las materias que les afecten.

5. La proteccin jurdica, administrativa y tcnica y la reparacin e indemnizacin de daos y perjuicios sufridos.


[Bloque 6: #a4]

Artculo 4. Colectivos especiales.

Los colectivos de consumidores y usuarios que, por circunstancias especiales, se encuentran en una posicin de inferioridad, subordinacin, indefensin o desproteccin ms acusada, sern objeto de actuaciones especficas en el marco de lo dispuesto en la presente Ley, en especial los nios y adolescentes, las mujeres gestantes, las personas mayores, los enfermos, los discapacitados y los inmigrantes.


[Bloque 7: #a5]

Artculo 5. Irrenunciabilidad.

Quedan prohibidos la renuncia previa al ejercicio de derechos e intereses reconocidos en la presente Ley y reglamentos de desarrollo y los pactos que tengan por objeto la exclusin de su aplicacin que, en todo caso, sern nulos de pleno derecho.


[Bloque 8: #ti-2]

TTULO II

Proteccin jurdica, administrativa y tcnica de los Derechos del Consumidor y Usuario


[Bloque 9: #ci]

CAPTULO I

Derecho a la proteccin de la salud y la seguridad


[Bloque 10: #a6]

Artculo 6. Requisitos de los productos, bienes y servicios.

1. Los productos, bienes y servicios puestos en el mercado a disposicin de los consumidores y usuarios no implicarn riesgos para su salud o seguridad.

2. Los productores e importadores quedan obligados a comercializar nicamente productos, bienes y servicios seguros.

3. Los distribuidores debern actuar con diligencia para contribuir a la comercializacin de productos, bienes y servicios seguros, en particular abstenindose de comercializar aquellos respecto de los cuales conozcan o deban conocer que no son seguros, observando las normas de manipulacin, envasado, transporte y conservacin, y transmitiendo correctamente la informacin sobre riesgos.


[Bloque 11: #a7]

Artculo 7. Producto seguro.

Por producto seguro se entender el que se ajusta con idoneidad a las disposiciones especficas sobre seguridad, a los reglamentos o normas de calidad que le resulten de aplicacin. En defecto de tales normas, se entender por producto seguro aquel que, en condiciones de utilizacin normales o razonablemente previsibles, incluida la duracin, no presente riesgo alguno o nicamente riesgos mnimos, compatibles con el uso del producto y considerados admisibles dentro del respeto de un elevado nivel de proteccin de la salud y de la seguridad de las personas, teniendo en cuenta, en particular, los siguientes elementos:

a) Caractersticas del producto y, entre ellas, su composicin, embalaje e instrucciones para su montaje y mantenimiento.

b) Efectos sobre otros productos cuando, razonablemente, se pueda prever la utilizacin del primero junto con los segundos.

c) Presentacin del producto, etiquetado, instrucciones de uso y eliminacin, as como cualquier otra informacin del productor.

d) Colectivos de consumidores y usuarios que estn en condiciones de mayor riesgo en la utilizacin del producto. En particular, los indicados en el artculo 4.


[Bloque 12: #ci-2]

CAPTULO II

Derecho a la proteccin de los legtimos intereses econmicos y sociales


[Bloque 13: #a8]

Artculo 8. Contenido.

Las Administraciones Pblicas de la Regin de Murcia, con competencia en materia de defensa del consumidor y usuario, promovern acciones que aseguren el respeto de los legtimos intereses econmicos y sociales de los consumidores y usuarios y, en particular, las encaminadas a garantizar:

a) La entrega de recibo o documento acreditativo de las operaciones realizadas, debidamente desglosado, en su caso.

b) La entrega de presupuesto previo a la operacin que indique, necesariamente, su plazo de validez.

c) La entrega de resguardo de depsito de bienes proporcionados por el consumidor y usuario, como consecuencia de una operacin concertada.

d) La entrega del documento de garanta cuando sea obligado.

e) La tenencia de hojas de reclamaciones en todos los establecimientos y su entrega cuando sea exigida por el consumidor y usuario.

f) La exposicin pblica y visible de los precios y tarifas, junto a los productos, bienes y servicios ofertados.

g) La prohibicin del corte del suministro de servicios pblicos o de inters econmico general de prestacin continua, sin constancia fehaciente de recepcin previa por el consumidor y usuario de una notificacin concedindole plazo suficiente para subsanar el motivo que pueda esgrimirse como fundamento del corte y sin las previas autorizaciones administrativas o judiciales que, en su caso, puedan proceder. La citada prohibicin incluye, en particular, los servicios de agua potable, electricidad, telfono y gas, y no estar referida a los cortes de suministro de carcter general por averas, reparaciones u otros anlogos.

h) La prohibicin de publicidad ilcita.

i) La inexistencia de contrataciones que contengan clusulas abusivas o contra la buena fe y el justo equilibrio de las contraprestaciones.

j) La prohibicin de comercializacin de productos en los que no se asegure la existencia de repuestos y el adecuado servicio tcnico cuando sean obligatorios.

k) La eliminacin de los mtodos especiales de venta que limiten la libertad de eleccin del consumidor y usuario.

l) La prohibicin de acciones que provoquen inexactitud en precio, peso o medida.

ll) La libertad de eleccin entre los distintos suministradores de productos, bienes y servicios existentes y a que se respeten las reglas de la economa de mercado.

Se modifica la letra g) y se aade la ll) por el art. 2 de la Ley 1/2008, de 21 de abril. Ref. BOE-A-2011-2209.




[Bloque 14: #ci-3]

CAPTULO III

Derecho a la informacin y a la educacin


[Bloque 15: #a9]

Artculo 9. Informacin en productos.

1. Los bienes, productos y, en su caso, los servicios puestos a disposicin de los consumidores y usuarios debern incorporar, llevar consigo o permitir de forma cierta y objetiva una informacin veraz, eficaz y suficiente sobre sus caractersticas esenciales.

2. Los productores, importadores, distribuidores y suministradores quedan obligados a comercializar nicamente productos, bienes y servicios que contengan dicha informacin.


[Bloque 16: #a1-2]

Artculo 10. Oficinas de informacin.

1. Las administraciones pblicas, con competencia en materia de defensa del consumidor y usuario, fomentarn la creacin de Oficinas de Informacin al Consumidor y Usuario, de titularidad pblica o de las Organizaciones de Consumidores y Usuarios que presten o puedan en el futuro prestar sus servicios o realicen sus actividades en la Comunidad Autnoma de la Regin de Murcia.

2. Se crear, dentro de la Consejera competente, una Oficina Regional de Informacin al Consumidor y Usuario, con la finalidad fundamental de atender a los ciudadanos de localidades donde no existan oficinas de informacin al consumidor y usuario de otro tipo.

3. Igualmente, se establecer un Registro de Oficinas de Informacin al Consumidor y Usuario de la Regin de Murcia, que depender de la Consejera competente en la materia, en el que debern inscribirse las oficinas del consumidor y usuario que existan en la Regin de Murcia.


[Bloque 17: #a1-3]

Artculo 11. Campaas de difusin e informacin.

1. Las administraciones pblicas, con competencia en materia de defensa del consumidor y usuario, llevarn a cabo acciones o campaas orientativas de difusin de informacin referida a los derechos y deberes de los consumidores y usuarios y los medios para ejercerlos, promoviendo especialmente la existencia de espacios y programas divulgativos sobre consumo en los medios de titularidad pblica y privada, especialmente en los dependientes de la Administracin Regional.

2. La Comunidad Autnoma fomentar, en colaboracin con las organizaciones empresariales, la existencia de distintivos para productos, bienes y servicios de la Regin, caracterizados por incorporar un elevado nivel de calidad.


[Bloque 18: #a1-4]

Artculo 12. Educacin.

Las administraciones pblicas, con competencia en materia de defensa del consumidor y usuario, adoptarn las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho a la educacin en materia de consumo, que se orientar hacia la formacin integral de la persona, fomentando prioritariamente:

1. La inclusin de la educacin del consumidor y usuario, en todos los ciclos y niveles de la educacin obligatoria, y, en la medida de lo posible, en los de educacin no obligatoria.

2. La formacin permanente en materia de consumo del personal docente.

3. La elaboracin y publicacin de materiales didcticos de apoyo a la educacin y formacin de los consumidores y usuarios.


[Bloque 19: #a1-5]

Artculo 13. Formacin.

Las administraciones pblicas, con competencia en materia de defensa del consumidor y usuario, potenciarn la formacin permanente en materia de consumo del personal que ejerza funciones de informacin, inspeccin, control de calidad o cualquier otra responsabilidad, en aplicacin de la presente Ley.


[Bloque 20: #ci-4]

CAPTULO IV

Derecho a la representacin, participacin y consulta


[Bloque 21: #a1-6]

Artculo 14. Asociaciones de consumidores y usuarios.

1. Las Asociaciones de consumidores y usuarios constituyen el cauce idneo de representacin, participacin y consulta de los consumidores y usuarios.

2. A los efectos de esta ley, tienen la consideracin de asociaciones de consumidores y usuarios las siguientes:

a) Las entidades sin nimo de lucro constituidas conforme a la legislacin sobre asociaciones cuya finalidad, recogida en sus estatutos, sea la informacin, educacin, formacin, defensa y proteccin de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, bien con carcter general bien en relacin con productos o servicios determinados. Su organizacin y funcionamiento sern democrticos.

b) Las entidades constituidas por consumidores y usuarios conforme a la legislacin de cooperativas, en cuyo objeto social se incluya la informacin, educacin, formacin, defensa y proteccin de los derechos e intereses de sus socios como consumidores y usuarios, y que dispongan de un fondo social de, al menos, el 15 por ciento de los excedentes netos de cada ejercicio econmico destinado exclusivamente a tales fines.

3. Las asociaciones de consumidores y usuarios debern figurar inscritas en un registro administrativo, cuya regulacin reglamentaria fijar igualmente los requisitos mnimos de implantacin territorial, nmero de asociados y programas de actividades a desarrollar que debern acreditar para su inscripcin. Tras su denominacin, estas asociaciones de consumidores y usuarios indicarn su nmero de inscripcin registral.

4. La Administracin podr pedir a las asociaciones de consumidores y usuarios inscritas o a las que soliciten su inscripcin cuanta documentacin e informacin sea precisa para verificar el cumplimiento y mantenimiento de los requisitos exigidos. Asimismo, las asociaciones y la administracin podrn realizar, por s o mediante la contratacin con entidades externas e independientes, auditoras de cuentas con idntica finalidad.

5. En particular, como instrumento de transparencia, las asociaciones inscritas debern depositar en el rgano competente en materia de consumo de la Administracin regional los marcos de colaboracin con operadores del mercado que establezcan los convenios o acuerdos de colaboracin que suscriban con stos o sus asociaciones o fundaciones, as como sus modificaciones, prrrogas o denuncias, y las cuentas anuales de la asociacin; todo ello conforme a los artculos 29 a 31 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. La informacin depositada ser pblica.

Se modifica por el art. 3 de la Ley 1/2008, de 21 de abril. Ref. BOE-A-2011-2209.




[Bloque 22: #a1-7]

Artculo 15. Derechos y funciones de las asociaciones de consumidores y usuarios.

1. Son funciones y derechos de las asociaciones de consumidores y usuarios, entre otros:

a) Informar, formar y educar a sus socios, pudiendo hacerlo extensible al conjunto de los ciudadanos en su calidad de consumidores y usuarios.

b) Asesorar y, en su caso, prestar asistencia jurdica a sus socios en el ejercicio y defensa de sus derechos e intereses pudiendo hacerlo extensible al conjunto de los ciudadanos en su calidad de consumidores y usuarios.

c) Propiciar y participar en la resolucin extrajudicial de conflictos entre consumidores y usuarios y empresarios y profesionales, de conformidad con lo previsto por la normativa aplicable.

d) Presentar ante los rganos judiciales o administrativos correspondientes las denuncias que estimen oportunas para la proteccin y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios.

e) Ejercer las correspondientes acciones judiciales o extrajudiciales en defensa de sus socios, de la asociacin y, en general, de los intereses y derechos de los consumidores y usuarios, de conformidad con la legislacin aplicable.

f) Ser odas preceptivamente en consulta en el procedimiento de elaboracin de proyectos de ley y de disposiciones administrativas de carcter general que afecten a los intereses que representan; en el procedimiento de fijacin de precios y tarifas sujetos a control de las administraciones pblicas de la Regin de Murcia, en cuanto afecten directamente a los consumidores y usuarios; y en el procedimiento de elaboracin de condiciones generales de la contratacin de servicios prestados por las administraciones pblicas de la Regin de Murcia, bien directamente o a travs de empresas de capital mayoritariamente pblico. En el caso de existir consejos de consumo, el derecho de consulta se ejercer preferentemente a travs de los mismos.

g) Tener presencia en los rganos de consulta y participacin donde se conozcan asuntos que afecten directamente a los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, de conformidad con las reglamentaciones especficas de los rganos de consulta, y con las reglas de reparto que determine el Consejo Asesor.

h) Obtener informacin y datos de las administraciones pblicas de la Regin de Murcia sobre los asuntos que afecten directamente a los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, en el marco de la regulacin estatal sobre el derecho de acceso a los registros y archivos administrativos y la proteccin de datos de carcter personal.

i) Ser declaradas de utilidad pblica.

j) Integrarse en agrupaciones y federaciones de idnticos fines y, en su caso, de mbito territorial ms amplio.

k) Participar en sociedades mercantiles de acuerdo con los requisitos previstos en el artculo 28 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

2. Las asociaciones de consumidores y usuarios ajustarn sus actuaciones a los principios de veracidad, buena fe, lealtad, diligencia e independencia frente a los operadores del mercado y a los poderes pblicos conforme a lo dispuesto en el artculo 27 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. No podrn divulgar datos que no se encuentren respaldados por procedimientos, resultados analticos o ensayos suficientemente contrastados ni podr mermar su independencia la obtencin de subvenciones u otros recursos pblicos concedidos en base a criterios de objetividad. Todo ello de acuerdo con los principios y criterios establecidos en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

3. El incumplimiento de estos principios, requisitos y normas de actuacin ser causa de baja de la correspondiente inscripcin en el Registro, con la imposibilidad de volverse a inscribir en un plazo de cinco a siete aos, en funcin de los perjuicios y alarma social ocasionados. La baja ser acordada por el titular de la direccin general competente en materia de defensa al consumidor y usuario, previa audiencia a la entidad afectada.

4. Las asociaciones empresariales sern odas en consulta en el procedimiento de elaboracin de las disposiciones de carcter general relativas a materias que les afecten directamente. Se entender cumplido dicho trmite cuando se encuentren representadas en los rganos colegiados que participen en la elaboracin de la disposicin. En los dems casos, la notificacin o comunicacin se dirigir a la federacin o agrupacin empresarial correspondiente.

Se modifica por el art. 3 de la Ley 1/2008, de 21 de abril. Ref. BOE-A-2011-2209.




[Bloque 23: #a1-8]

Artculo 16. Colaboracin entre las administraciones pblicas y las asociaciones de consumidores y usuarios.

1. Las administraciones pblicas de la Regin de Murcia fomentarn el fortalecimiento del movimiento asociativo en el mbito de la proteccin y defensa de los consumidores y usuarios.

2. Las administraciones pblicas de la Regin de Murcia, en el mbito de sus respectivas competencias, establecern un marco de cooperacin y colaboracin con las asociaciones de consumidores y usuarios, a los efectos de desarrollar programas conjuntos de proteccin de los consumidores.

3. Las asociaciones de consumidores y usuarios podrn acceder a los instrumentos de colaboracin previstos en el apartado anterior y a las subvenciones y ayudas que para la consecucin de sus fines concedan las administraciones pblicas de la Regin de Murcia cuando estn inscritas en el Registro de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Regin de Murcia y cumplan con las condiciones o requisitos que en cada caso se establezcan.

Se modifica por el art. 3 de la Ley 1/2008, de 21 de abril. Ref. BOE-A-2011-2209.




[Bloque 24: #a1-9]

Artculo 17. Consejo Asesor Regional de Consumo.

1. Se configura el Consejo Asesor Regional de Consumo como mximo rgano colegiado de consulta, coordinacin, participacin, dilogo y concertacin en materia de consumo, adscrito a la Consejera competente en materia de defensa del consumidor y usuario.

2. El consejo estar integrado por representantes de las organizaciones ms representativas, tanto empresariales como de consumidores y usuarios, de las consejeras con los mbitos de actuacin ms relacionados con la proteccin del consumidor y de las administraciones municipales.

3. Reglamentariamente, se establecer su composicin, funciones y rgimen de funcionamiento. En cualquier caso, los criterios sustantivos y de inscripcin en el Registro de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Regin de Murcia que deban cumplir estas asociaciones para formar parte del Consejo se fijarn en funcin de que su fin sea la defensa de los intereses de los consumidores y usuarios con carcter general o en relacin con productos o servicios determinados; de sus socios al corriente de pago; de las oficinas de informacin a consumidores y usuarios de las que sean titulares; de sus delegaciones territoriales; de las actividades de consumo que hayan organizado; de su autofinanciacin; de su pertenencia a rganos consultivos pblicos y de su presupuesto.

Se modifica por el art. 3 de la Ley 1/2008, de 21 de abril. Ref. BOE-A-2011-2209.




[Bloque 25: #a1-10]

Artculo 18. Consejos municipales de consumo.

1. Los municipios impulsarn la creacin de consejos de consumo, como rganos colegiados de carcter consultivo en el diseo y aplicacin de las polticas pblicas que afecten al mbito de la defensa del consumidor y usuario.

2. Estos consejos estarn integrados por representantes de los sectores implicados y, en todo caso, por las ms representativas de su mbito territorial.

Se modifica por el art. 3 de la Ley 1/2008, de 21 de abril. Ref. BOE-A-2011-2209.




[Bloque 26: #a1-11]

Artculo 19. Mesa de las asociaciones de consumidores y usuarios de la Regin de Murcia.

1. Se configura la Mesa de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Regin de Murcia como instrumento de dilogo, coordinacin, colaboracin y cooperacin.

2. La Mesa estar presidida por la Administracin e integrada por representantes de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios en funcin de su representatividad y que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa en vigor.

3. Reglamentariamente se determinar su funcionamiento, composicin, estructura, periodicidad de sus reuniones y funciones, ostentando en todo caso las siguientes:

a) Fijar posicin comn de las Asociaciones de Consumidores de la Regin en relacin a temas que afectan a los intereses de Consumidores y Usuarios.

b) Formular propuestas de inters en materia de proteccin de los Consumidores y Usuarios.

c) Solicitar informacin a las Administraciones Pblicas competentes sobre materias de inters general o sectorial que afecten a los Consumidores y Usuarios.

d) Cuantas otras funciones se le asignen reglamentariamente.

Se modifica por el art. 3 de la Ley 1/2008, de 21 de abril. Ref. BOE-A-2011-2209.




[Bloque 27: #a19bis]

Artculo 19 bis.

En situaciones de sobreendeudamiento derivado de relaciones de consumo, se establece un procedimiento de mediacin al que se sometern las entidades adheridas al convenio que al efecto ser redactado segn lo establecido en el desarrollo reglamentario de esta ley y se sustanciar ante las comisiones de sobreendeudamiento reguladas por su legislacin especfica. Si las comisiones de sobreendeudamiento no alcanzan un acuerdo entre el consumidor y los acreedores, queda abierta la correspondiente va judicial para hacer efectivo lo dispuesto por este cdigo y la legislacin complementaria.

Se levanta la suspensin de la vigencia y aplicacin de este precepto, en la redaccin dada por el art. 2.2 de la Ley 10/2016, de 7 de junio, por Auto del TC de 6 de septiembre de 2017. Ref. BOE-A-2017-10491

Tngase en cuenta que se declara la desestimacin del recurso de inconstitucionalidad 1302/2017, por Sentencia del TC 102/2018, de 4 de octubre. Ref. BOE-A-2018-15006

Se suspende la vigencia y aplicacin de este precepto,en la redaccin dada por el art. 2.2 de la Ley 10/2016, de 7 de junio, desde el 15 de marzo de 2017 para las partes y desde el 4 de mayo de 2017 para los dems por providencia del TC de 25 de abril de 2017, que admite a trmite el recurso de inconstitucionalidad 1302/2017. Ref. BOE-A-2017-4818

Se aade por el art. 2.2 de la Ley 10/2016, de 7 de junio. Ref. BOE-A-2016-6647.




Texto aadido, publicado el 15/06/2016, en vigor a partir del 15/09/2016.


[Bloque 28: #cv]

CAPTULO V

Proteccin jurdica y reparacin de daos y perjuicios


[Bloque 29: #a2-2]

Artculo 20. Actuaciones de proteccin.

Las administraciones pblicas, en el mbito de sus competencias, adoptarn las medidas adecuadas para equilibrar las situaciones de inferioridad, subordinacin o indefensin en que pueda encontrarse el consumidor y usuario, individual o colectivamente. Sin perjuicio de las que en cada caso resulten oportunas, procedern las siguientes actuaciones:

1. Creacin de oficinas de informacin al consumidor y usuario en los trminos del artculo 10 de la presente Ley.

2. Realizacin de campaas de difusin e informacin en los trminos del artculo 11 de la presente Ley.

3. Realizacin de actuaciones de inspeccin y control de calidad de productos, bienes y servicios, en particular de aquellos considerados como de uso o consumo comn, ordinario y generalizado, y de aquellos que sean objeto de un mayor nmero de reclamaciones, quejas o denuncias.

4. Ante situaciones de riesgo inaceptable para la salud y seguridad de los consumidores y usuarios, o de lesin real de sus intereses econmicos y sociales o de aspectos sustanciales de su derecho a la informacin, las administraciones pblicas competentes en materia de defensa del consumidor y usuario debern adoptar, con la mxima celeridad e incluso inmediatamente, las medidas adecuadas, proporcionadas y estrictamente necesarias para eliminar o reducir dicho riesgo o lesin. Entre otras, estas medidas podrn consistir en el establecimiento de condiciones previas a la comercializacin de un producto, bien o servicio; la suspensin cautelar o prohibicin definitiva de la oferta, puesta en el mercado o comercializacin o prestacin de productos, bienes o servicios; la clausura de establecimientos; la inmovilizacin cautelar; la retirada del mercado y, en su caso, recuperacin de los consumidores y usuarios de bienes o productos; su destruccin; y cualesquiera otras medidas instrumentales que garanticen la plena eficacia de las anteriores. Igualmente, las situaciones de riesgo inaceptable para la salud debern comunicarse de forma inmediata a las autoridades sanitarias. Todo ello sin perjuicio de las competencias que ostenten otros rganos en virtud de normas sectoriales que tambin tengan como finalidad la proteccin del consumidor.

Los responsables de la elaboracin, distribucin, comercializacin o prestacin de bienes y servicios debern colaborar con las administraciones pblicas competentes en la ejecucin de las medidas adoptadas y realizar las actuaciones necesarias para su mayor eficacia. Los gastos que genere la ejecucin de estas medidas sern a cargo de los responsables de los riesgos detectados, pudiendo acudirse al procedimiento administrativo de apremio para su exaccin.

En todo caso, las administraciones pblicas competentes en materia de defensa del consumidor y usuario podrn advertir a los empresarios o profesionales del incumplimiento de alguno de sus deberes y, si resultara procedente, requerirles su subsanacin en un concreto plazo.

5. Fomento de servicios destinados a la solucin amistosa de los conflictos privados de los consumidores y usuarios, principalmente a travs del ejercicio de funciones de mediacin y conciliacin por las oficinas de informacin al consumidor y usuario por las organizaciones de consumidores y usuarios, y participando las Administraciones Pblicas de la Regin de Murcia en el desarrollo del Sistema Arbitral de Consumo, de conformidad con la legislacin vigente en la materia.

6. Potenciacin de la coordinacin entre las diversas administraciones pblicas con competencia en la ejecucin de la presente Ley y de la cooperacin tcnica y jurdica con centros y entidades colaboradoras.

7. Las Administraciones Pblicas de la Comunidad Autnoma de la Regin de Murcia, en el mbito de sus competencias, propiciarn que las entidades o empresas pblicas que dependan de ellas y las entidades o empresas privadas que gestionen servicios pblicos establezcan en sus contratos la opcin de acogerse al sistema arbitral de consumo para resolver los conflictos y las reclamaciones derivadas de la prestacin de servicios a los consumidores y usuarios.

Se modifica el apartado 4 por el art. 4.1 de la Ley 1/2008, de 21 de abril. Ref. BOE-A-2011-2209.




[Bloque 30: #a2-3]

Artculo 21. Daos y perjuicios.

Los consumidores y usuarios tienen derecho a la indemnizacin por los daos y perjuicios sufridos, de acuerdo con la legislacin vigente.


[Bloque 31: #a2-4]

Artculo 22. mbito de la inspeccin de consumo.

1. La actividad de inspeccin de consumo podr recaer sobre todos los productos, bienes y servicios que se ofrecen, estn destinados a ofrecerse o es razonablemente previsible que puedan ser utilizados por los consumidores y usuarios; as como sobre los establecimientos, el personal, las materias primas y cualesquiera otros elementos que se utilicen para su produccin, distribucin, comercializacin o prestacin; y ello con la finalidad de verificar el cumplimiento de los deberes, prohibiciones y limitaciones impuestos normativamente o voluntariamente asumidos mediante la oferta, promocin y publicidad, que tengan por objeto proteger cualquiera de los derechos esenciales de los consumidores y usuarios establecidos en esta ley. Igualmente, ser objeto de la inspeccin de consumo la perfeccin y ejecucin de los contratos entre los consumidores y empresarios o profesionales, en cuanto en ello estn implicados los deberes impuestos a las administraciones pblicas por esta ley, sin perjuicio de las inspecciones que, para ciertos sectores o aspectos, correspondan a otras administraciones pblicas o a otros rganos o servicios de la propia Administracin Regional.

2. La actividad de inspeccin de consumo se realizar preferentemente sobre aquellos bienes, productos y servicios considerados como de uso o consumo comn, ordinario y generalizado; y especialmente en aquellas fases o mbitos donde no existan otras inspecciones administrativas con finalidades concurrentes, como la de carcter sanitario.

3. Los distintos servicios de inspeccin de las Administraciones pblicas de la Regin de Murcia actuarn coordinadamente, colaborarn entre s y se informarn recprocamente de las irregularidades que detecten y cuya represin corresponda a otros rganos. Igualmente, prestarn la asistencia, especialmente de carcter tcnico, que les requieran los rganos competentes en materia de defensa del consumidor y usuario. Las actuaciones realizadas conforme a su normativa por otros servicios de inspeccin tendrn plena validez en los procedimientos seguidos para la aplicacin de esta ley.

4. Los inspectores de consumo, adems de la actividad de verificacin a la que se refiere el apartado primero, en el curso de sus actuaciones inspectoras, podrn:

a) Informar y asesorar a los inspeccionados sobre sus deberes y la forma de cumplirlos.

b) Efectuar las advertencias y requerimientos a que se refiere el prrafo tercero del artculo 20.4.

c) Proponer a los rganos administrativos competentes las medidas que consideren adecuadas a las irregularidades que hayan detectado y colaborar en la ejecucin de las que se acuerden.

d) Realizar las actuaciones inspectoras previas a un procedimiento sancionador o de otro tipo que considere necesarias el rgano competente para la incoacin, as como colaborar en la tramitacin de estos procedimientos, practicando las diligencias materiales que acuerde el instructor, as como la ratificacin del contenido de las actas de inspeccin formalizadas.

e) Colaborar en la toma o suministro de datos con finalidad estadstica o de estudios de mercado y en la programacin y evaluacin de las campaas de inspeccin.

Se modifica por el art. 4.2 de la Ley 1/2008, de 21 de abril. Ref. BOE-A-2011-2209.




[Bloque 32: #a2-5]

Artculo 23. El estatuto del inspector de consumo.

1. El inspector de consumo es aquel funcionario que con la correspondiente habilitacin, incluso de carcter ocasional, realiza las actuaciones de inspeccin de consumo. En el ejercicio de sus funciones tendr la consideracin de agente de la autoridad a todos los efectos y podr solicitar el apoyo, concurso, auxilio y proteccin de cualquier otra autoridad o sus agentes, que resulte precisa y stos debern prestarlo. Asimismo, en el desarrollo de las actuaciones inspectoras, podr ser acompaado y auxiliado por personal tcnico.

2. El inspector de consumo, en el ejercicio de sus funciones, tendr las siguientes facultades:

a) Acceder sin previo aviso, pero en el horario laboral ordinario, a los locales y dependencias en los que se realicen actividades con trascendencia para los consumidores y usuarios. En el caso de apreciar indicios de irregularidad que lo justifiquen, podr acceder a los lugares en que pudieran encontrarse pruebas relevantes, aunque no estn abiertos al pblico en general, sin perjuicio de la necesidad de contar con el consentimiento del afectado o con la correspondiente autorizacin judicial conforme a lo dispuesto en el artculo 91 de la Ley Orgnica del Poder Judicial cuando resulten preceptivas.

b) Exigir la exhibicin de los documentos que sean obligatorios segn las normas cuyo cumplimiento vigila, as como obtener copias y reproducciones. En el caso de apreciar indicios de irregularidad que lo justifiquen, podr examinar la documentacin mercantil, industrial o contable del inspeccionado y sacar notas o copias.

c) Requerir informacin sobre cualquier aspecto de la actividad inspeccionada que tenga relacin con la investigacin que est llevando a cabo.

d) En el caso de apreciar indicios de irregularidad que lo justifiquen, solicitar de terceros datos o antecedentes tiles para la investigacin. En particular, podr requerir informacin de los datos transmitidos, las actividades realizadas y la identificacin de los destinatarios de sus servicios a los intermediarios de servicios de la sociedad de la informacin, en el marco de lo establecido por la legislacin estatal aplicable.

e) Requerir la remisin a las dependencias administrativas de la documentacin necesaria.

f) Requerir la presencia de los inspeccionados o sus representantes en las dependencias administrativas a fin de completar las diligencias de inspeccin e investigacin.

g) Realizar in situ las pruebas, anlisis, ensayos, mediciones o exmenes necesarios, as como tomar muestras para su realizacin posterior, en la forma y condiciones que se determine reglamentariamente.

h) Adoptar provisionalmente, en los casos de urgencia, aquellas medidas a que se refiere el artculo 20.4 que sean imprescindibles para la proteccin del derecho a la salud y seguridad de los consumidores y usuarios, con sometimiento al rgimen establecido en el artculo 72.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

3. Los sujetos inspeccionados debern permitir, facilitar y colaborar con las actuaciones inspectoras, debiendo a estos efectos adoptar las medidas que sean necesarias y, entre otras, garantizar que el personal tiene las instrucciones oportunas y establecer la organizacin interna necesaria que permita una comunicacin efectiva con el inspector de consumo.

4. El inspector de consumo deber actuar en todo momento con respeto y deferencia hacia los sujetos inspeccionados o quienes atendieran la inspeccin, debiendo mantener estricto sigilo profesional respecto a los datos o informaciones obtenidas en el ejercicio de sus funciones. Sin perjuicio de responsabilidades de otro tipo, la inobservancia de este deber de sigilo supondr infraccin disciplinaria muy grave.

Se modifica por el art. 4.3 de la Ley 1/2008, de 21 de abril. Ref. BOE-A-2011-2209.




[Bloque 33: #a2-6]

Artculo 24. Las actuaciones inspectoras y su formalizacin.

1. Las actuaciones inspectoras, salvo que se realicen como una diligencia dentro de un procedimiento administrativo sancionador, se regirn por las siguientes reglas:

a) Se desarrollarn en la forma y momento que mejor permita conocer la realidad, con o sin previo aviso, y por los medios lcitos que en cada caso se consideren ms adecuados para la averiguacin de los hechos relevantes, tales como: la observacin de las ofertas o la publicidad en cualquier medio de comunicacin o servicio de la sociedad de la informacin; la solicitud o demanda de bienes o servicios, incluso los ofrecidos a distancia; la indagacin entre los consumidores y usuarios o los empresarios que puedan suministrar datos de inters; la consulta de registros y archivos pblicos; el examen de documentos o de otro material escrito; las visitas a establecimientos o lugares; la toma de muestras; o la realizacin de anlisis, ensayos o mediciones.

b) Se ajustarn a los principios de congruencia y proporcionalidad, perturbando slo lo imprescindible la actividad laboral, empresarial o profesional.

c) El inspector de consumo deber identificarse previamente en su condicin, salvo en aquellos supuestos excepcionales en que la finalidad de la inspeccin pudiera frustrarse por tal motivo y sta se realice en lugares de acceso pblico. En estos casos, se recogern por escrito las causas que justifican tal forma de proceder.

d) La toma de muestras se indemnizar con el valor de coste, incluidos gravmenes, salvo que se detectara infraccin de la presente ley, en cuyo caso, deber exigirse al responsable el pago de los gastos ocasionados, incluidos los de los anlisis y ensayos, adems de la sancin que se le imponga.

2. El inspector de consumo levantar acta de sus actuaciones de inspeccin en los siguientes supuestos:

a) Cuando aprecie indicios de infraccin.

b) Cuando realice advertencias o requerimientos de subsanacin de las irregularidades detectadas.

c) Cuando, de conformidad con lo previsto en el artculo anterior, adopte alguna medida provisional para la proteccin de la salud y seguridad de los consumidores y usuarios.

d) Cuando tome muestras o haga diligencias similares para posteriores anlisis o ensayos.

e) Cuando exija la remisin de documentacin o informacin que no haya podido ser facilitada en el momento de la inspeccin, o requiera la presencia del inspeccionado en las dependencias administrativas.

f) Cuando ejerza las potestades de acceso a locales cerrados o las de examen de la documentacin mercantil, industrial o contable, sin perjuicio de la necesidad de contar con el consentimiento del afectado o con la correspondiente autorizacin judicial conforme a lo dispuesto en el artculo 91 de la Ley Orgnica del Poder Judicial.

g) En los dems casos que se establezca reglamentariamente.

3. El acta es un documento pblico administrativo que deber ir en todo caso firmada por el inspector que la cumplimente, as como por el personal auxiliar que, en su caso, le haya acompaado. Cuando en la inspeccin haya estado presente el titular, un representante o un empleado de la empresa, se le entregar copia y firmar el acta a los nicos efectos de reconocer esa presencia, la recepcin de la copia y dems circunstancias de la inspeccin, incluida la toma de muestras. Si se negare a firmar, el inspector lo har constar en el acta. A las actas se unirn los documentos o copias de documentos, recogidos en cualquier tipo de soporte material, incluidos los soportes informticos, las fotografas o el material que en cada caso resulte procedente, con la debida identificacin.

4. Los hechos recogidos en el acta de inspeccin, que hayan sido directamente constatados por el inspector de consumo en el ejercicio de sus funciones y que se formalicen con observancia de los requisitos establecidos en este precepto y la normativa que lo desarrolle, tendrn valor probatorio y podrn constituir por s mismos prueba de cargo suficiente para imponer la sancin correspondiente, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos o intereses puedan proponer o aportar los administrados.

Se modifica por el art. 4.4 de la Ley 1/2008, de 21 de abril. Ref. BOE-A-2011-2209.




[Bloque 34: #ti-3]

TTULO III

Infracciones y sanciones


[Bloque 35: #ci-5]

CAPTULO I

Tipificacin de las infracciones


[Bloque 36: #a2-7]

Artculo 25. Infracciones por alteracin, adulteracin, fraude o engao.

Son infracciones por alteracin, adulteracin, fraude o engao las siguientes:

1. La elaboracin, la distribucin o el suministro y la venta de productos o bienes a los que se haya adicionado o sustrado cualquier sustancia o elemento para variar su composicin, su estructura, su peso o su volumen, en detrimento de sus cualidades; para corregir defectos mediante procesos o procedimientos no autorizados, o para encubrir la inferior calidad, la alteracin o el origen de los productos utilizados.

2. El incumplimiento de las disposiciones administrativas sobre la prohibicin de comercializar, distribuir o suministrar determinados productos, bienes o servicios, y la comercializacin, distribucin o suministro de los que precisen autorizacin administrativa y no la posean.

3. La presencia en el mercado de productos, bienes o servicios que incumplan las normas relativas al origen, la calidad, la composicin, la cantidad, el peso o la medida, y la presentacin de los mismos mediante envases, etiquetas, rtulos, cierres, precintos o cualquier informacin o publicidad que induzca a engao o confusin, o que oculte su verdadera naturaleza.

4. La alteracin de la composicin de bienes y productos destinados al mercado con respecto a la normativa vigente, a las correspondientes autorizaciones administrativas o a las declaraciones registradas.

5. El incumplimiento en la prestacin de todo tipo de servicio, de las condiciones de calidad, cantidad, intensidad o naturaleza, de conformidad con la normativa vigente o las condiciones en que se ofrece al mercado.

6. El incumplimiento de la normativa vigente en materia de reparacin de bienes de consumo duraderos, la insuficiencia de asistencia tcnica o inexistencia de piezas de repuesto dentro de las exigencias dispuestas por la normativa vigente.

7. La no asuncin o incumplimiento de la garanta entregada al consumidor y usuario en el momento de la adquisicin de bienes o servicios.

8. La no entrega de garanta escrita o entrega de garanta escrita que no respete los requisitos mnimos, dispuestos por la normativa vigente, en la adquisicin de bienes o suministro de servicios que obligatoriamente conlleven su entrega.

9. La oferta de productos, bienes o servicios mediante publicidad o informacin, de cualquier clase y por cualquier medio, en que se les atribuya calidades, caractersticas, comprobaciones, certificaciones o resultados que difieran de los que realmente tienen o puedan obtenerse, y toda la publicidad que, de cualquier forma, incluida la presentacin de los mismos, induzca a error o sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige.

10. La utilizacin en las etiquetas, envases o propaganda de nombres, clase, indicaciones de procedencia u otras que no correspondan al producto, bien o servicio, e induzcan a confusin al consumidor y usuario.

11. La oferta de premios o de regalos, si el coste de los mismos ha repercutido en el precio de la transaccin, si se compensa la ventaja ofrecida o se disminuye la calidad o la cantidad del objeto principal de la transaccin, y si, de cualquier otra forma, no recibe el consumidor y usuario, real y efectivamente lo que se le ha prometido en la oferta.

12. La falta de garanta de los bienes o servicios ofrecidos como premio u obsequio, o la minoracin de la misma respecto a la que es exigible segn la normativa vigente para los mismos tipos de bienes o servicios que los obsequiados.

13. La minoracin en las prestaciones cuando se ofrezcan mejores condiciones y formas de pago de los productos, bienes o servicios.

14. El fraude en la prestacin de servicios de instalacin o reparacin de bienes y de asistencia en el hogar por la innecesaria realizacin de trabajos o sustitucin de piezas para conseguir un aumento del precio, aunque el usuario haya prestado su consentimiento por las falsas indicaciones del sujeto responsable, o por la facturacin de trabajos no realizados o ejecutados con accesorios de peor calidad que los indicados al usuario.

15. El incremento de los precios de los repuestos o piezas al aplicarlos en las reparaciones o instalaciones de bienes y el cobro injustificado por mano de obra, traslado o visita de cantidades muy superiores a los costes medios estimados de cada sector.

16. La manipulacin fraudulenta en los aparatos o sistemas de medicin de los productos o servicios suministrados a los consumidores y usuarios.

17. La distribucin, suministro, venta u oferta de bienes que hayan superado su fecha de caducidad o de consumo idneo, salvo las excepciones que reglamentariamente se prevean para este ultimo supuesto.

Se aaden los apartados 14 a 17 por el art. 5.1 de la Ley 1/2008, de 21 de abril. Ref. BOE-A-2011-2209.




[Bloque 37: #a2-8]

Artculo 26. Infracciones en materia de transacciones comerciales y condiciones tcnicas de venta y en materia de precios.

Son infracciones en materia de transacciones comerciales y condiciones tcnicas de venta y en materia de precios:

1. La venta de bienes o la prestacin de servicios a precios superiores a los establecidos o autorizados por la Administracin, comunicados, anunciados al pblico, presupuestados o pactados con el consumidor y usuario; y, en general, el incumplimiento de las disposiciones o las normas vigentes en materia de precios y mrgenes comerciales.

2. La ocultacin al consumidor y usuario de parte del precio o mediante rebajas en la cantidad o la calidad reales respecto a las prestaciones aparentemente convenidas.

3. La realizacin de transacciones en que se imponga al consumidor y usuario la condicin expresa o tcita de comprar una cantidad mnima de productos no solicitados, distintos de los que son objeto de la transaccin, o bien, la condicin de prestarle un servicio no solicitado u ofrecido.

4. La intervencin en la venta de productos y bienes o en la prestacin de servicios sujetos a regulacin, de cualquier persona, firma o empresa que suponga la aparicin de un nuevo grado intermedio dentro del proceso habitual de distribucin, siempre que ello constituya o propicie un aumento no autorizado de los precios o de los mrgenes comerciales mximos fijados.

5. El acaparamiento y la retirada injustificada de materias, productos, bienes o servicios destinado directa o indirectamente al suministro o a la venta, con perjuicio directo o inmediato para el consumidor y usuario,

6. La negativa injustificada a satisfacer las demandas del consumidor y usuario, de los expendedores o de los distribuidores, y cualquier tipo de discriminacin respecto a las demandas referidas.

7. La no entrega de presupuesto previo, documento acreditativo de la operacin, resguardo de depsito, factura o comprobante de la venta de productos y bienes o de la prestacin de servicios, en los casos que sea preceptivo o cuando lo solicite el consumidor y usuario.

8. El corte del suministro al abonado de servicios pblicos o de inters econmico general sin respetar lo dispuesto en el artculo 8.g).

9. La realizacin de actividades sin los seguros, avales u otras garantas similares impuestas legalmente en beneficio de los consumidores y usuarios.

Se modifican los apartados 1 y 8 y se aade el 9 por el art. 5.1 a 4 de la Ley 1/2008, de 21 de abril. Ref. BOE-A-2011-2209.




[Bloque 38: #a2-9]

Artculo 27. Infracciones en materia de normalizacin, documentacin y condiciones de venta y en materia de suministros o de prestacin de servicios.

Son infracciones en materia de normalizacin, documentacin y condiciones de venta y en materia de suministros o de prestacin de servicios:

1. El incumplimiento de las disposiciones relativas a la normalizacin y a la tipificacin de los productos, bienes o servicios que se comercialicen o existan en el mercado.

2. El incumplimiento de las disposiciones de ordenacin sobre requisitos para la apertura de establecimientos comerciales o de servicios y para el ejercicio de actividades mercantiles, cualquiera que sea su naturaleza.

3. El incumplimiento de las disposiciones administrativas que prohben la venta de ciertos productos, bienes o servicios en determinados establecimientos o a determinadas personas.

4. El incumplimiento de las disposiciones que regulan el marcado de precios, el etiquetado, el envasado y la publicidad sobre productos, bienes y servicios.

5. El incumplimiento de las disposiciones sobre utilizacin de marchamos, contrastes, precintos y contramarcas en los productos puestos a disposicin del mercado.

6. El incumplimiento, con relacin a la proteccin del consumidor y usuario, de las normas relativas a documentacin, informacin, libros o registros establecidos obligatoriamente para el adecuado rgimen y funcionamiento de la empresa, la instalacin o el servicio, en particular la no tenencia o no facilitacin al consumidor y usuario de hoja de reclamaciones.

7. El incumplimiento de las disposiciones sobre seguridad de los productos, bienes y servicios puestos a disposicin en el mercado, cuando ello afecte al consumidor y usuario o pueda suponer un riesgo para el mismo.

8. El incumplimiento de la normativa vigente que regule todo tipo de ventas especiales y actividades de promocin de ventas cuando afecten al consumidor y usuario.

9. La elaboracin, distribucin, suministro u oferta de productos, bienes o servicios sin cumplir correctamente los deberes de informacin al consumidor o usuario que impongan las leyes y los reglamentos en relacin con cualquiera de los datos o menciones obligatorios y por cualquiera de los medios previstos para tal informacin.

10. La facilitacin al consumidor o usuario de informacin de carcter no obligatorio sin atenerse a las normas que, en su caso, la regule; as como la inclusin en el etiquetado de marcados o smbolos que no estn avalados por las correspondientes certificaciones.

11. La inclusin en los contratos con consumidores o usuarios de reenvos a condiciones generales contenidas en textos o documentos que no se faciliten previa o simultneamente a la conclusin del contrato o sin que se permita al adherente una posibilidad efectiva de conocer su existencia y contenido en el momento de la celebracin.

12. La inclusin o aplicacin de clusulas abusivas en la oferta o promocin de productos o servicios, en los contratos o en la propia ejecucin de stos.

13. Las limitaciones o exigencias injustificadas al derecho del consumidor de poner fin a los contratos de prestacin de servicios o suministro de bienes de tracto sucesivo o continuado, la obstaculizacin al ejercicio de tal derecho del consumidor a travs del procedimiento pactado, la falta de previsin de ste o la falta de comunicacin al usuario del procedimiento para darse de baja en el servicio, de conformidad con la legislacin estatal aplicable.

Se aaden los apartados 9 a 13 por el art. 5.5 de la Ley 1/2008, de 21 de abril. Ref. BOE-A-2011-2209.




[Bloque 39: #a2-10]

Artculo 28. Otras infracciones.

Tambin son infracciones:

1. La resistencia, negativa u obstruccin a las labores de inspeccin; la no remisin a las oficinas administrativas de la documentacin requerida; el suministro de informacin o documentacin falsa o inexacta; la excusa reiterada, la negativa o la resistencia a la comparecencia formalmente requerida en las dependencias administrativas; as como el incumplimiento de cualesquiera de los deberes impuestos en el artculo 23.3 de la presente ley.

2. La coaccin, la amenaza, la represalia y cualquier otra forma de presin ejercida sobre los funcionarios encargados de las actuaciones a que se refiere la presente Ley, o bien, a las empresas, a los particulares o a las entidades representativas de consumidores y usuarios y comerciantes que hayan iniciado o pretendan iniciar cualquier accin legal o que participen en procedimientos ya incoados.

3. La manipulacin, el traslado y la desaparicin, o bien la disposicin en cualquier forma no autorizada legalmente de las muestras depositadas reglamentariamente o de la mercanca intervenida por los funcionarios competentes como medida cautelar.

4. La falta de toda la documentacin reglamentaria exigida, o de parte de la misma, o el hecho de llevarla defectuosamente, cuando afecte a la determinacin de los hechos imputados o a la calificacin de los mismos.

5. El incumplimiento o la falta de colaboracin de los responsables de la elaboracin, distribucin, comercializacin o prestacin de bienes y servicios en la ejecucin de las medidas a que se refieren el prrafo primero del artculo 20.4 y el artculo 36.4.

6. Toda actuacin discriminatoria contra consumidores o usuarios por sus circunstancias personales o sociales.

7. Aquellas conductas ilegtimamente limitadoras de la libertad de eleccin del consumidor o usuario.

8. Cualquier otro incumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley y en las disposiciones que la desarrollen.

Se modifican los apartados 1 y 5 y se aaden el 6, 7 y 8 por el art. 5.6 a 8 de la Ley 1/2008, de 21 de abril. Ref. BOE-A-2011-2209.




[Bloque 40: #ci-6]

CAPTULO II

Clasificacin de las infracciones


[Bloque 41: #a2-11]

Artculo 29. Infracciones leves.

Son infracciones leves las tipificadas en esta ley que no estn calificadas expresamente como graves o muy graves. En todo caso, ser infraccin leve la recogida en el artculo 28.8 de esta ley.

Se modifica por el art. 5.9 de la Ley 1/2008, de 21 de abril. Ref. BOE-A-2011-2209.




[Bloque 42: #a3-2]

Artculo 30. Infracciones graves.

1. Son infracciones graves las tipificadas en esta ley cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Aquellas recogidas en el artculo 25 que sean concurrentes, total o parcialmente, con infracciones sanitarias graves o hayan servido para facilitarlas o encubrirlas.

b) Haberse cometido dolosamente o con grave negligencia por falta de los controles, precauciones, actuaciones o conocimientos ms elementales exigibles segn la actividad de que se trate; salvo los supuestos de incumplimiento de los deberes formales impuestos a los operadores econmicos o de irregularidades menores que no hayan originado una lesin efectiva del derecho a la salud y seguridad o de los derechos o intereses econmicos de los consumidores y usuarios.

c) Haberse realizado explotando la especial situacin de inferioridad o indefensin de los consumidores o usuarios incluidos en alguno de los colectivos especiales a que se refiere el artculo 4.

d) Haberse realizado prevalindose el infractor de su situacin de predominio en un sector del mercado.

e) Cuando en el plazo de un ao anterior a la comisin de una nueva infraccin inicialmente calificable como leve, el presunto infractor hubiera sido sancionado de manera firme en va administrativa por la comisin de otra infraccin de las tipificadas en esta ley, salvo que la dimensin o extensin de la actividad del infractor no haga especialmente reprochable esta reiteracin.

f) Si calificando la infraccin como leve, su comisin resultara para el infractor ms beneficiosa que el cumplimiento de las normas infringidas.

g) La infraccin tipificada en el artculo 27.7, cuando produzca un riesgo o dao efectivo y grave para la salud y seguridad de los consumidores y usuarios.

h) La infraccin tipificada en el artculo 27.12, cuando se trate de los contratos de compraventa de vivienda o de arrendamiento para vivienda habitual.

i) La aplicacin de precios o de mrgenes comerciales en cuanta superior a los establecidos o autorizados por la Administracin comunicados, anunciados al pblico, presupuestados o pactados, cuando haya generado un beneficio ilcito global superior a los 5.000 euros.

2. Ser siempre calificada como infraccin grave la resistencia, negativa u obstruccin a las labores de inspeccin.

Se modifica por el art. 5.10 de la Ley 1/2008, de 21 de abril. Ref. BOE-A-2011-2209.




[Bloque 43: #a3-3]

Artculo 31. Infracciones muy graves.

Son infracciones muy graves las tipificadas en esta ley cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Aquellas recogidas en el artculo 25 que sean concurrentes, total o parcialmente, con infracciones sanitarias muy graves o hayan servido para facilitarlas o encubrirlas.

b) Haber concurrido con una resistencia, negativa u obstruccin a la labor inspectora, que haya originado especiales dificultades en la deteccin, investigacin o persecucin de la conducta infractora.

c) Haberse realizado aprovechando situaciones de necesidad de determinadas personas o de bienes, productos y servicios de uso o consumo comn, ordinario y generalizado, as como haber originado igual situacin en un sector o en una zona del mercado.

d) Haber originado una grave alteracin social, previsible en el momento de la comisin, originando alarma o grave desconfianza en los consumidores y usuarios o afectando muy desfavorablemente a un sector econmico.

e) Cuando en el plazo de los tres aos anteriores a la comisin de la nueva infraccin inicialmente calificable como grave, el presunto infractor hubiera sido sancionado de manera firme en va administrativa por la comisin de otra infraccin grave o muy grave de las tipificadas en esta ley o condenado ejecutoriamente por un delito en el que hubieran resultado perjudicados sujetos en su condicin de consumidores o usuarios.

f) La aplicacin de precios o de mrgenes comerciales en cuanta superior a los establecidos o autorizados por la Administracin, comunicados, anunciados al pblico, presupuestados o pactados, cuando haya generado un beneficio ilcito global superior a los 50.000 euros.

Se modifica por el art. 5.11 de la Ley 1/2008, de 21 de abril. Ref. BOE-A-2011-2209.




[Bloque 44: #ci-7]

CAPTULO III

Responsables de las infracciones


[Bloque 45: #a3-4]

Artculo 32. Responsabilidad por infracciones.

Son responsables de las infracciones los que, por accin u omisin, hayan participado en las mismas, con las siguientes particularidades:

1. En las infracciones cometidas en productos envasados, la firma o razn social cuyo nombre figure en la etiqueta se considerar responsable, salvo que se demuestre la falsificacin o la mala conservacin del producto por un tenedor y siempre que se especifiquen en el envasado original las condiciones de conservacin. Se considerar responsable el envasador si se prueba su connivencia con el propietario de la marca.

2. Si el producto envasado no lleva los datos necesarios para identificar al responsable, segn lo establecido en la normativa vigente, sern considerados responsables los que hayan comercializado el producto, salvo que se pueda identificar al envasador.

3. En las infracciones cometidas en productos a granel, el tenedor se considerar responsable, salvo que se pueda demostrar que dicha responsabilidad corresponda a un tenedor anterior.

4. En las infracciones cometidas en la prestacin de servicios se considerar responsable a la empresa o la razn social obligada a la prestacin del servicio.

5. Si una infraccin es imputada a una persona jurdica se considerarn tambin como responsables sus gestores, directores o administradores, as como los tcnicos responsables de la elaboracin y control del producto o servicio. En ambos supuestos, siempre que sus conductas dolosas o gravemente negligentes hayan sido necesarias para la comisin de la infraccin.

6. Si la infraccin se refiere a materia de precios y se ha cometido con relacin a los productos sometidos a regulacin y vigilancia de los mismos sern considerados responsables tanto la empresa que haya aumentado indebidamente el precio, como aquella otra que haya comercializado el producto con dicho aumento.

7. Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley corresponda a varias personas conjuntamente, respondern de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan.

8. Lo previsto en los puntos 1, 2, 3 y 4 se entender sin perjuicio de que cuando en relacin con los mismos bienes o servicios hayan intervenido distintos sujetos como productores, importadores, distribuidores, minoristas u otros, cada uno ser responsable como autor de la infraccin que, en su caso, haya cometido y por ella ser sancionado de manera independiente.

9. Ser responsable subsidiaria de las sanciones pecuniarias la persona o entidad que, mediante participaciones u otros mecanismos societarios o jurdicos, controle o dirija las actividades de la responsable principal de la infraccin, siempre y cuando no se les considere coautores.

Se modifica el apartado 5 y se aaden el 8 y 9 por el art. 5.12 y 13 de la Ley 1/2008, de 21 de abril. Ref. BOE-A-2011-2209.




[Bloque 46: #ci-8]

CAPTULO IV

Sanciones


[Bloque 47: #a3-5]

Artculo 33. Clasificacin de las sanciones.

1. Las infracciones tipificadas en la presente ley podrn ser sancionadas en los siguientes trminos:

a) Las infracciones leves, con amonestacin por escrito o multa de 200 a 5.000 euros.

b) Las infracciones graves, con multa comprendida entre 5.001 euros y 30.000 euros, cantidad que podr rebasarse hasta alcanzar el quntuplo del valor de los productos o servicios objeto de la infraccin.

c) Las infracciones muy graves, con multa comprendida entre 30.001 y 600.000 euros, cantidad que podr rebasarse hasta alcanzar el quntuplo del valor de los productos o servicios objeto de la infraccin.

2. Las infracciones a que se refiere la presente Ley podrn ser tambin corregidas con las siguientes sanciones, con carcter de accesorias o autnomas:

a) Decomiso o destruccin de la mercanca.

b) Cierre temporal de la empresa infractora.

c) Publicidad de las sanciones.

d) Rectificaciones pblicas.

Se modifica el apartado 1 por el art. 5.14 de la Ley 1/2008, de 21 de abril. Ref. BOE-A-2011-2209.




[Bloque 48: #a3-6]

Artculo 34. Graduacin de las sanciones.

1. Para la determinacin de las sanciones que proceda imponer y su extensin, se valorarn todas las circunstancias objetivas y subjetivas con trascendencia para el injusto y la reprochabilidad que todava no hayan sido consideradas. En particular, se apreciar la concurrencia de las agravantes y atenuantes previstas en los siguientes apartados.

2. Son circunstancias agravantes:

a) Los criterios enumerados en los artculos 30 y 31, aunque no se tendr en cuenta aqul que haya sido utilizado para calificar la gravedad de la infraccin.

b) El efecto perjudicial que la infraccin haya podido producir sobre los precios y sobre los mismos sectores implicados.

c) La generalizacin en el nmero de consumidores y usuarios afectados.

d) La reincidencia.

e) El incumplimiento de las advertencias o requerimientos acordados por las administraciones pblicas competentes para la subsanacin de las irregularidades detectadas.

f) Haber persistido en la conducta infractora de forma continuada o permanente.

g) La concurrencia de elementos que dificulten gravemente la deteccin o persecucin de la infraccin.

h) No formular la propuesta obligatoria de alquiler social en los supuestos en que el artculo 59 quter de la Ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el mbito de la vivienda y la pobreza energtica lo requiera.

i) Incumplir en la formulacin de la propuesta obligatoria de alquiler social los requisitos establecidos por la definicin del alquiler social del artculo 59 quter 7 de la Ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el mbito de la vivienda y la pobreza energtica.

3. Son circunstancias atenuantes las siguientes, siempre que se realicen con anterioridad a la resolucin que ponga fin al procedimiento administrativo sancionador:

a) La correccin diligente de las irregularidades en que consista la infraccin.

b) La devolucin de las cantidades indebidamente cobradas.

c) La reparacin de los daos y perjuicios ocasionados al consumidor y usuario.

d) La colaboracin activa con los rganos competentes para evitar o disminuir los efectos de la infraccin.

4. A efectos de graduacin de la sancin de multa, el margen sancionador correspondiente a cada tipo de infraccin segn su gravedad se dividir en dos tramos, inferior y superior, de igual extensin. Sobre esta base, se observarn las siguientes reglas:

a) Si concurre una circunstancia atenuante, la sancin se impondr en su mitad inferior. Cuando sean varias, en la cuanta mnima de dicha mitad.

b) Si concurre una circunstancia agravante, la sancin se impondr en su mitad superior. Cuando sean varias o una muy cualificada, podr alcanzar la cuanta mxima de dicha mitad.

c) Si no concurren circunstancias atenuantes ni agravantes, el rgano sancionador individualizar la sancin dentro de la mitad inferior, atendiendo a todas las circunstancias de la infraccin.

d) Si concurren tanto circunstancias atenuantes como agravantes, el rgano sancionador las valorar conjuntamente, pudiendo imponer la multa entre la cuanta mnima y mxima correspondiente.

5. El rgano sancionador podr prescindir de las reglas establecidas en el apartado anterior, siempre que ello sea necesario para evitar que la comisin de la infraccin resulte ms beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.

6. Cuando la aplicacin del rgimen sancionador establecido por la presente ley origine una desproporcin manifiesta entre la sancin que deba imponerse y la capacidad econmica del infractor, el rgano sancionador podr imponer la multa en su grado mnimo.

Se aaden la letras h) e i) al apartado 2 por el art. 2.3 de la Ley 10/2016, de 7 de junio. Ref. BOE-A-2016-6647.

Se modifica por el art. 5.15 de la Ley 1/2008, de 21 de abril. Ref. BOE-A-2011-2209.





[Bloque 49: #a3-7]

Artculo 35. Decomiso y destruccin de la mercanca.

1. La autoridad a quien corresponda resolver el expediente podr acordar, como sancin accesoria, el decomiso de la mercanca adulterada, falsificada, fraudulenta o no identificada o que pueda suponer riesgo para el consumidor. Dichas mercancas debern destruirse si su utilizacin o su consumo constituyen un peligro para la salud pblica. En todo caso, el rgano sancionador determinar el destino final que deba darse a las mercancas decomisadas.

2. Los gastos que originen las operaciones de intervencin, depsito, decomiso, transporte y destruccin de la mercanca objeto de la sancin sern de cuenta del infractor.


[Bloque 50: #a3-8]

Artculo 36. Cierre de la empresa infractora.

1. En el caso de infracciones calificadas de muy graves podr decretarse como sancin accesoria o autnoma, el cierre temporal de la empresa, el establecimiento o la industria infractores, cuando radiquen en el territorio de la Regin de Murcia, por un perodo de hasta cinco aos.

2. La facultad de acordar el cierre se atribuye al Consejo de Gobierno. El acuerdo podr determinar medidas complementarias para la plena eficacia de la decisin adoptada.

3. Del acuerdo de cierre deber darse traslado a la corporacin local del trmino en que se ubique la citada empresa.

4. La autoridad competente podr adoptar, sin que tenga el carcter de sancin, previa incoacin del correspondiente expediente administrativo, la medida de cerrar las instalaciones o los establecimientos que no cuenten con las autorizaciones o los registros preceptivos, o la suspensin de su funcionamiento hasta que se rectifiquen los defectos o se cumplan los requisitos exigidos.

Del mismo modo, podr suspender la venta o prestacin de servicios cuando se den en su ejercicio las mismas irregularidades.


[Bloque 51: #a3-9]

Artculo 37. Publicidad de las sanciones.

1. En el caso de infracciones graves o muy graves, la autoridad que haya resuelto el expediente podr acordar, como sancin accesoria, por razones de ejemplaridad y en previsin de futuras conductas infractoras, la publicacin de las sanciones impuestas, una vez sean firmes en la va administrativa.

2. Dicha publicidad deber dar referencia de los nombres o los apellidos, la denominacin o la razn social de las personas naturales o jurdicas responsables, la clase y la naturaleza de las infracciones y la sancin principal impuesta, y deber realizarse mediante el Boletn Oficial de la Regin de Murcia y los medios de comunicacin social de mayor difusin. Tambin deber comunicarse a las organizaciones de consumidores y usuarios. El coste de dicha publicidad correr de cuenta del sancionado.


[Bloque 52: #a3-10]

Artculo 38. Rectificaciones pblicas.

Si como consecuencia de la incoacin de un expediente administrativo se sanciona el incumplimiento de lo que establece la presente Ley en materia de publicidad, el rgano competente exigir al infractor, de oficio o a instancia de las organizaciones de consumidores y usuarios, la publicacin a sus expensas de un comunicado en que se rectifique la publicidad efectuada, que deber realizarse en las mismas o similares condiciones en que se produjo la actuacin sancionada.


[Bloque 53: #a3-11]

Artculo 39. Multas coercitivas.

1. Las Administraciones pblicas competentes podrn imponer multas coercitivas de conformidad con la legislacin bsica estatal vigente, destinadas a la ejecucin de resoluciones dictadas en aplicacin de la presente Ley y las dems disposiciones relativas a la defensa de los consumidores y usuarios.

2. El rgano competente deber cursar por escrito un previo requerimiento de ejecucin de los actos o resoluciones de que se trate, advirtiendo a su destinatario del plazo de que dispone para cumplirlo y de la cuanta de la multa coercitiva que, en caso de incumplimiento, le podr ser impuesta. El plazo sealado deber ser, en todo caso, suficiente para el cumplimiento de la obligacin de que se trate, y la multa no podr exceder de 600 euros.

3. Si la Administracin comprobase el incumplimiento de lo ordenado, podr reiterar las citadas multas por perodos que no puedan ser inferiores al sealado en el primer requerimiento.

4. Estas multas son independientes de las que se puedan imponer en concepto de sancin, y son compatibles con las mismas.

Se modifica el apartado 2 por el art. 5.16 de la Ley 1/2008, de 21 de abril. Ref. BOE-A-2011-2209.




[Bloque 54: #a4-2]

Artculo 40. Restitucin de cantidades percibidas indebidamente.

Independientemente de las sanciones a que se refiere la presente Ley, el rgano sancionador impondr al infractor la obligacin de restituir inmediatamente la cantidad percibida indebidamente, en los casos de aplicacin de precios superiores a los autorizados, a los comunicados, a los presupuestados o a los anunciados al pblico.


[Bloque 55: #a4-3]

Artculo 41. Efectos de las sanciones.

1. Independientemente de las sanciones impuestas, el rgano sancionador podr proponer a la autoridad correspondiente, en el caso de las infracciones muy graves, la supresin, la cancelacin o la suspensin total o parcial de ayudas oficiales, tales como crditos, subvenciones, desgravaciones fiscales y otros que tuviese reconocidos o que hubiese solicitado la empresa sancionada.

2. Si corresponde a las Administraciones de la Regin de Murcia otorgar una ayuda solicitada por una empresa que haya sido objeto de una sancin firme por infraccin grave o muy grave, el rgano al que corresponda resolver la solicitud podr denegar la concesin de la ayuda, siempre y cuando no se haya producido la cancelacin de los antecedentes en los trminos previstos por la Ley.

3. De la misma forma, y de conformidad con lo que establezca la legislacin de contratos del Estado, en el caso de infracciones muy graves las empresas sancionadas podrn quedar, adems, inhabilitadas para contratar con las Administraciones de la Regin de Murcia, total o parcialmente, durante cinco aos a contar desde la fecha en que sea firme la sancin impuesta.

4. Las sanciones impuestas sern objeto de ejecucin de acuerdo con lo dispuesto en el artculo 138 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn y dems normas aplicables.

Se modifica el apartado 4 por el art. 5.17 de la Ley 1/2008, de 21 de abril. Ref. BOE-A-2011-2209.




[Bloque 56: #cv-2]

CAPTULO V

Procedimiento, prescripciones, caducidad y competencias


[Bloque 57: #a4-4]

Artculo 42. El procedimiento sancionador.

Las Administraciones pblicas competentes ejercern la potestad sancionadora en el mbito establecido por la presente Ley, mediante el procedimiento legal o reglamentariamente establecido, quedando facultado el Consejo de Gobierno para, en su caso, regular un procedimiento con sujecin a los criterios de la legislacin bsica estatal.


[Bloque 58: #a4-5]

Artculo 43. Prescripcin y caducidad.

1. Las infracciones a que se refiere la presente ley prescribirn por el transcurso de los siguientes plazos: las muy graves, a los tres aos; las graves, a los dos; y las leves, a los seis meses. El plazo de prescripcin comenzar a contarse desde el da en que la infraccin se hubiera cometido. En cuanto a la interrupcin de este plazo se estar a lo dispuesto en el artculo 132 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn. Adems, interrumpirn la prescripcin las actuaciones judiciales penales y la tramitacin de otros procedimientos administrativos sancionadores en cuanto tales actuaciones impidan iniciar o continuar el procedimiento para sancionar las infracciones de esta ley.

2. La accin para perseguir las infracciones caducar si, conocida por la Administracin competente la existencia de una infraccin y finalizadas las diligencias dirigidas al esclarecimiento de los hechos, transcurren seis meses sin que la autoridad competente ordene incoar el procedimiento oportuno. A tal efecto, si hubiera toma de muestras, las actuaciones de la inspeccin se entendern finalizadas despus de recibidos los resultados del anlisis inicial.

3. El plazo mximo para resolver y notificar la resolucin sancionadora ser de nueve meses.

4. Las sanciones por faltas muy graves prescribirn a los tres aos; las impuestas por faltas graves, a los dos aos, y las impuestas por faltas leves, al ao.

5. La prescripcin y la caducidad se apreciarn de oficio por parte del rgano competente, sin perjuicio de la posibilidad de ser alegadas por el interesado.

6. Si se produjera la prescripcin o la caducidad, el rgano competente podr ordenar la incoacin de las oportunas diligencias para determinar el grado de responsabilidad del funcionario o los funcionarios causantes de la demora.

Se modifica por el art. 5.18 de la Ley 1/2008, de 21 de abril. Ref. BOE-A-2011-2209.




[Bloque 59: #a4-6]

Artculo 44. Competencia sancionadora.

1. En el mbito de la Administracin regional, los rganos competentes para la imposicin de las sanciones a que se refiere la presente ley son: el Director General de Consumo para imponer sanciones por infracciones leves y graves; el Consejero competente en materia de defensa del consumidor para imponer sanciones por infracciones muy graves hasta 250.000 euros; y el Consejo de Gobierno para imponer sanciones por infracciones muy graves que superen dicha cuanta.

2. Las Administraciones locales tendrn competencia sancionadora respecto a las infracciones leves cometidas en su trmino municipal, en relacin con las empresas y establecimientos en l domiciliados, y sobre cualesquiera infracciones tipificadas en esta ley en las que se incurra en el ejercicio de la actividad de venta ambulante en su territorio. No obstante, esta competencia podr ser asumida directamente por los rganos competentes de la Administracin regional cuando sea conveniente una actuacin integral a causa de la extensin de la conducta infractora, de su gravedad, del nmero de municipios afectados o de la urgencia, previa y preceptiva notificacin del acuerdo de incoacin a las administraciones locales afectadas. Los rganos locales competentes para sancionar se determinarn conforme a la legislacin de rgimen local y a sus propias normas de organizacin.

Se modifica por el art. 5.19 de la Ley 1/2008, de 21 de abril. Ref. BOE-A-2011-2209.




[Bloque 60: #tiv-2]

TTULO IV

La Administracin Local en la defensa y proteccin de los consumidores y usuarios

Se aade por el art. 6 de la Ley 1/2008, de 21 de abril. Ref. BOE-A-2011-2209.

Texto aadido, publicado el 24/05/2008, en vigor a partir del 24/07/2008.


[Bloque 61: #a45]

Artculo 45. Competencias locales.

1. Sin perjuicio de las competencias propias de la Administracin regional como Administracin pblica competente en materia de defensa del consumidor y usuario, corresponde a las Administraciones locales de la Regin de Murcia velar y promover la proteccin y defensa de los consumidores y usuarios, en sus respectivos mbitos territoriales, con el alcance y contenido que les atribuye la presente ley y el resto de las normas jurdicas aplicables.

2. En particular, las Administraciones locales tienen las siguientes competencias:

a) El desarrollo de actuaciones singulares y generales de informacin y formacin dirigidas a los consumidores y usuarios a travs de los instrumentos que se consideren adecuados y, en particular, mediante la creacin de Oficinas Municipales de Informacin al Consumidor o la utilizacin de los medios de comunicacin pblica de titularidad local. Con este objeto, podrn recabar la colaboracin de las Asociaciones de consumidores y usuarios.

b) La inspeccin de consumo con el alcance y facultades previstos en esta ley y, en particular, la inspeccin y control del cumplimiento de la normativa de proteccin del consumidor y usuario en la venta ambulante o no sedentaria. La Consejera competente en materia de defensa del consumidor y usuario coordinar la actuacin de la inspeccin de consumo local, conforme a lo dispuesto en la presente Ley y en las relativas a rgimen local.

c) La adopcin de las medidas administrativas no sancionadoras previstas en los artculos 20.4 y 36.4, siempre que la situacin a la que respondan sea estrictamente de mbito local y se pueda afrontar en su totalidad dentro del trmino municipal. En caso contrario, slo podrn adoptar provisionalmente las que sean urgentes, ponindolo en conocimiento inmediato de la Direccin General competente en materia de defensa del consumidor y usuario para que sta adopte los acuerdos procedentes.

d) La colaboracin en la aplicacin y ejecucin de las medidas administrativas no sancionadoras a las que se refiere el apartado anterior adoptadas por la Administracin regional, en los trminos que sta determine.

e) El ejercicio de las acciones judiciales que en defensa de los consumidores y usuarios le reconozca la legislacin estatal aplicable, tales como las acciones de cesacin, retractacin y declarativas de condiciones generales de la contratacin.

f) El apoyo y fomento de las Asociaciones de consumidores y usuarios radicadas en su territorio o en cuanto a las actividades que realicen en l.

g) El ejercicio de la potestad sancionadora con el alcance previsto en el artculo44.2.

h) Las dems que le atribuyan las leyes, as como el ejercicio de las que les delegue la Administracin regional de conformidad con la legislacin estatal y autonmica de rgimen local.

3. Todas las actividades y competencias de los municipios relacionadas con la defensa y proteccin de los consumidores y usuarios podrn desarrollarse por medio de mancomunidades u otras frmulas asociativas.

Se aade por el art. 6 de la Ley 1/2008, de 21 de abril. Ref. BOE-A-2011-2209.

Texto aadido, publicado el 24/05/2008, en vigor a partir del 24/07/2008.


[Bloque 62: #a46]

Artculo 46. De la colaboracin, coordinacin y cooperacin interadministrativa.

1. Las administraciones pblicas de la Regin de Murcia con competencias en materia de defensa del consumidor y usuario ajustarn su actuacin a los principios de colaboracin, coordinacin y cooperacin que rigen las relaciones interadministrativas, haciendo posible una utilizacin eficaz y eficiente de los recursos humanos y materiales de que dispongan y con el objetivo de alcanzar un elevado nivel de proteccin a los consumidores y usuarios.

2. Las administraciones locales podrn solicitar la cooperacin, asistencia y auxilio de la Administracin regional para el eficaz ejercicio de sus competencias y sta slo podr negarla por las causas previstas en la legislacin general sobre rgimen jurdico de las administraciones pblicas y en la legislacin sobre rgimen local. Asimismo, podrn intimar a la Administracin regional el ejercicio de sus propias competencias.

3. Las administraciones locales debern poner en conocimiento de los rganos regionales de defensa del consumidor cualesquiera datos o informaciones que pudieran ser relevantes para el ejercicio por aqullos de sus competencias.

Se aade por el art. 6 de la Ley 1/2008, de 21 de abril. Ref. BOE-A-2011-2209.

Texto aadido, publicado el 24/05/2008, en vigor a partir del 24/07/2008.


[Bloque 63: #a47]

Artculo 47. Planes sectoriales de coordinacin.

1. Si los instrumentos regulados resultaran insuficientes para asegurar la coherencia de la actuacin de las administraciones pblicas de la Regin de Murcia en el mbito de la proteccin y defensa de los consumidores y usuarios, el Consejo de Gobierno, de conformidad con lo previsto en la legislacin estatal y autonmica de rgimen local, podr coordinar la actividad de las administraciones locales en esta materia mediante la aprobacin de planes sectoriales en los que se fijen los objetivos y se determinen las prioridades de la accin pblica en esta materia.

2. Estos planes sern informados preceptivamente por el Consejo Asesor Regional de Consumo y en ningn caso podrn suponer menoscabo de las competencias que esta ley u otras leyes atribuyan a las administraciones locales.

Se aade por el art. 6 de la Ley 1/2008, de 21 de abril. Ref. BOE-A-2011-2209.

Texto aadido, publicado el 24/05/2008, en vigor a partir del 24/07/2008.


[Bloque 64: #daunica]

Disposicin adicional nica

Al efecto, entre otros, de lo previsto en el artculo 4 de la presente ley, todas las instalaciones de venta al pblico de gasolinas y gasleo de automocin debern disponer en la propia instalacin, mientras permanezcan abiertas y en servicio, al menos de una persona responsable de los servicios que en ellas se prestan, al objeto de garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos en esta ley.

Las personas con alguna discapacidad que les impida el suministro de combustible en rgimen de autoservicio sern atendidas por una persona responsable de las instalaciones. Todo ello sin perjuicio de lo establecido para las instalaciones que disfrutan de un rgimen especial de distribucin y, en particular, las cooperativas que no presten servicios a terceros.

Se aade por el art. nico de la Ley 7/2015, de 24 de marzo.Ref. BOE-A-2015-4748.

Texto aadido, publicado el 27/03/2015, en vigor a partir del 27/09/2015.


[Bloque 65: #dt]

Disposicin transitoria primera.

En tanto no se disponga reglamentariamente otra cosa, el Consejo Regional de Consumo se regir por lo dispuesto en el Decreto Regional 1/1995, de 20 de enero.


[Bloque 66: #dt-2]

Disposicin transitoria segunda.

Hasta que no se establezca reglamentariamente otra cosa, la actuacin de la inspeccin de consumo, incluida la de carcter analtico, se llevar a cabo de acuerdo con lo dispuesto por el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la produccin agroalimentaria.


[Bloque 67: #dt-3]

Disposicin transitoria tercera.

En tanto no se disponga reglamentariamente otra cosa, el procedimiento sancionador de consumo se regir por lo dispuesto en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.


[Bloque 68: #dt-4]

Disposicin transitoria cuarta.

Hasta que no se establezca reglamentariamente otra cosa, las competencias de los rganos administrativos regionales, en el ejercicio de la potestad sancionadora, se regirn por lo dispuesto en el Decreto regional 66/1984, de 20 de junio, y sus modificaciones por Decreto 97/1984, de 13 de septiembre.


[Bloque 70: #dfprimera]

Disposicin final primera. Desarrollo reglamentario

El Consejo de Gobierno queda facultado para proceder al desarrollo reglamentario de cualquiera de los preceptos de la presente Ley que as lo requieran.

Se numera por el art. 7 de de la Ley 1/2008, de 21 de abril. Ref. BOE-A-2011-2209.

Su anterior denominacin era disposicin final.

Texto aadido, publicado el 24/05/2008, en vigor a partir del 24/07/2008.


[Bloque 71: #dfsegunda]

Disposicin final segunda. Actualizacin de las cuantas de las sanciones.

El Consejo de Gobierno revisar y actualizar peridicamente las cuantas previstas para las sanciones pecuniarias, teniendo en cuenta la evolucin del ndice de precios al consumo.

Se aade por el art. 7 de de la Ley 1/2008, de 21 de abril. Ref. BOE-A-2011-2209.

Texto aadido, publicado el 24/05/2008, en vigor a partir del 24/07/2008.


[Bloque 72: #fi]

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicacin esta Ley, que la cumplan y a los Tribunales y autoridades que correspondan que la hagan cumplir.

Murcia, 14 de junio de 1996.

RAMN LUIS VALCRCEL SISO,

Presidente

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.

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