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Legislación consolidada

Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Publicado en: BOE núm. 157, de 02/07/1985.
Entrada en vigor: 03/07/1985
Departamento: Jefatura del Estado
Referencia: BOE-A-1985-12666
Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es/lo/1985/07/01/6/con

TEXTO CONSOLIDADO: Última actualización publicada el 15/01/2019

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren,

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley Orgnica:

EXPOSICIN DE MOTIVOS

I

El artculo 1. de la Constitucin afirma que Espaa se constituye en un Estado social y democrtico de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurdico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo poltico.

El Estado de Derecho, al implicar, fundamentalmente, separacin de los poderes del Estado, imperio de la Ley como expresin de la soberana popular, sujecin de todos los poderes pblicos, a la Constitucin y al resto del ordenamiento jurdico y garanta procesal efectiva de los derechos fundamentales y de las libertades pblicas, requiere la existencia de unos rganos que, institucionalmente caracterizados por su independencia, tengan un emplazamiento constitucional que les permita ejecutar y aplicar imparcialmente las normas que expresan la voluntad popular, someter a todos los poderes pblicos al cumplimiento de la ley, controlar la legalidad de la actuacin administrativa y ofrecer a todas las personas tutela efectiva en el ejercicio de sus derechos e intereses legtimos.

El conjunto de rganos que desarrollan esa funcin constituye el Poder Judicial del que se ocupa el ttulo VI de nuestra Constitucin, configurndolo como uno de los tres poderes del Estado y encomendndole, con exclusividad, el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, segn las normas de competencia y procedimiento que las leyes establezcan.

El artculo 122 de la Constitucin espaola dispone de que la Ley Orgnica del Poder Judicial determinar la constitucin, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, el estatuto jurdico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarn un cuerpo nico, y del personal al servicio de la Administracin de Justicia, as como el estatuto y el rgimen de incompatibilidades de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspeccin y rgimen disciplinario.

Las exigencias del desarrollo constitucional demandaron la aprobacin de una Ley Orgnica que regulara la eleccin, composicin y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, aun antes de que se procediese a la organizacin integral del Poder Judicial. Tal Ley Orgnica tiene, en no pocos aspectos, un carcter provisional que se reconoce explcitamente en sus disposiciones transitorias, las cuales remiten a la futura Ley Orgnica del Poder Judicial.

La presente Ley Orgnica satisface, por tanto, un doble objetivo: pone fin a la situacin de provisionalidad hasta ahora existente en la organizacin y funcionamiento del Poder Judicial y cumple el mandato constitucional.

II

En la actualidad, el Poder Judicial est regulado por la Ley Provisional sobre organizacin del Poder Judicial de 18 de septiembre de 1870, por la Ley Adicional a la Orgnica del Poder Judicial de 14 de octubre de 1882, por la Ley de Bases para la reforma de la Justicia Municipal de 19 de Julio de 1944 y por numerosas disposiciones legales y reglamentarias que, con posterioridad, se dictaron de forma dispersa en relacin con la misma materia.

Estas normas no se ajustan a las demandas de la sociedad espaola de hoy. Desde el rgimen liberal de separacin de poderes, entonces recin conquistado, que promulg aquellas Leyes, se ha transitado, un siglo despus, a un Estado Social y Democrtico de Derecho, que es la organizacin poltica de una Nacin que desea establecer una sociedad democrtica avanzada y en la que los poderes pblicos estn obligados a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos sean reales y efectivas, a remover los obstculos que impidan o dificulten su plenitud y a facilitar la participacin de todos los ciudadanos en la vida poltica, econmica y social. El cumplimiento de estos objetivos constitucionales precisa de un Poder Judicial adaptado a una sociedad predominantemente industrial y urbana y diseado en atencin a los cambios producidos en la distribucin territorial de su poblacin, en la divisin social del trabajo y en las concepciones ticas de los ciudadanos.

A todo ello hay que aadir la notable transformacin que se ha producido, por obra de la Constitucin, en la distribucin territorial del poder. La existencia de Comunidades Autnomas que tienen asignadas por la Constitucin y los Estatutos competencias en relacin con la Administracin de Justicia obliga a modificar la legislacin vigente a ese respecto. Tanto la Constitucin como los Estatutos de Autonoma prevn la existencia de los Tribunales Superiores de Justicia que, segn nuestra Carta Magna, culminarn la organizacin judicial en el mbito territorial de la Comunidad Autnoma.

La ineludible e inaplazable necesidad de acomodar la organizacin del Poder Judicial a estas previsiones constitucionales y estatutarias es, pues, un imperativo ms que justifica la aprobacin de la presente Ley Orgnica.

Por ltimo, hay que sealar que sta es solamente una de las normas que, en unin de otras muchas, tiene que actualizar el cuerpo legislativo –tanto sustantivo como procesal– espaol y adecuarlo a la realidad jurdica, econmica y social. Ser preciso para ello una ardua labor de reforma de la legislacin espaola, parte de la cual ha sido ya acometida, al objeto de lograr un todo armnico caracterizado por su uniformidad.

III

Las grandes lneas de la Ley estn expresadas en su ttulo preliminar. Se recogen en l los principios que se consagran en la Constitucin. El primero de ellos es la independencia, que constituye la caracterstica esencial del Poder Judicial en cuanto tal. Sus exigencias se desenvuelven a travs de mandatos concretos que delimitan con el rigor preciso su exacto contenido. As, se precisa que la independencia en el ejercicio de la funcin jurisdiccional se extiende frente a todos, incluso frente a los propios rganos jurisdiccionales, lo que implica la imposibilidad de que ni los propios Jueces o Tribunales corrijan, a no ser con ocasin del recurso que legalmente proceda, la actuacin de sus inferiores, quedando igualmente excluida la posibilidad de circulares o instrucciones con carcter general y relativas a la aplicacin o interpretacin de la ley.

De la forma en que la Ley Orgnica regula la independencia del Poder Judicial se puede afirmar que posee una caracterstica: su plenitud. Plenitud que se deriva de la obligacin que se impone a los poderes pblicos y a los particulares de respetar la independencia del Poder Judicial y de la absoluta sustraccin del estatuto jurdico de Jueces y Magistrados a toda posible interferencia que parta de los otros poderes del Estado, de tal suerte que a la clsica garanta –constitucionalmente reconocida– de inamovilidad se aade una regulacin, en virtud de la cual se excluye toda competencia del poder ejecutivo sobre la aplicacin del estatuto orgnico de aqullos. En lo sucesivo, pues, la carrera profesional de Jueces y Magistrados estar plena y regladamente gobernada por la norma o depender, con exclusividad absoluta, de las decisiones que en el mbito discrecional estatutariamente delimitado adopte el Consejo General del Poder Judicial.

La importancia que la plenitud de la independencia judicial tendr en nuestro ordenamiento debe ser valorada completndola con el carcter de totalidad con que la Ley dota a la potestad jurisdiccional. Los Tribunales, en efecto, controlan sin excepciones la potestad reglamentaria y la actividad administrativa, con lo que ninguna actuacin del poder ejecutivo quedar sustrada a la fiscalizacin de un poder independiente y sometido exclusivamente al imperio de la Ley. Habr que convenir que el Estado de Derecho proclamado en la Constitucin alcanza, como organizacin regida por la ley que expresa la voluntad popular y como sistema en el que el Gobierno de los hombres es sustituido por el imperio de la ley, la mxima potencialidad posible.

Corolarios de la independencia judicial son otros preceptos del ttulo preliminar que concretan sus distintas perspectivas. As, la unidad de la jurisdiccin, que, en consecuencia con el mandato constitucional, es absoluta, con la nica salvedad de la competencia de la jurisdiccin militar, que queda limitada al mbito estrictamente castrense regulado por la ley y a los supuestos de estado de sitio; la facultad que se reconoce a los Jueces y Tribunales de requerir la colaboracin de particulares y poderes pblicos; y, en fin, la regulacin del procedimiento y de las garantas en l previstas, para los supuestos de expropiacin de los derechos reconocidos frente a la Administracin Pblica en una sentencia firme.

IV

Una de las caractersticas de la Constitucin espaola es la superacin del carcter meramente programtico que antao se asign a las normas constitucionales, la asuncin de una eficacia jurdica directa e inmediata y, como resumen, la posicin de indiscutible supremaca de que goza en el ordenamiento jurdico. Todo ello hace de nuestra Constitucin una norma directamente aplicable, con preferencia a cualquier otra.

Todos estos caracteres derivan del propio tenor del texto constitucional. En primer lugar, del artculo 9.1 que prescribe que los ciudadanos y los poderes pblicos estn sujetos a la Constitucin y al resto del ordenamiento. Otras disposiciones constitucionales, como la que deroga cuantas normas se opongan al texto constitucional o la que regula los procedimientos de declaracin de inconstitucionalidad, completan el efecto del citado prrafo 1 del Artculo 9. y cierran el sistema que hace de la Carta Magna la norma suprema de nuestro ordenamiento con todos los efectos jurdicos a ello inherentes.

El Ttulo preliminar de la presente Ley Orgnica singulariza en el Poder Judicial la vinculacin genrica del Artculo 9.1 de la Constitucin, disponiendo que las Leyes y Reglamentos habrn de aplicarse segn los preceptos y principios constitucionales y conforme a la interpretacin de los mismos que realice el Tribunal Constitucional. Se ratifica as la importancia de los valores propugnados por la Constitucin como superiores, y de todos los dems principios generales del Derecho que de ellos derivan, como fuente del Derecho, lo que dota plenamente al ordenamiento de las caractersticas de plenitud y coherencia que le son exigibles y garantiza la eficacia de los preceptos constitucionales y la uniformidad en la interpretacin de los mismos.

Adems, se dispone que slo proceder el planteamiento de la cuestin de inconstitucionalidad cuando no sea posible acomodar, por la va interpretativa, la norma controvertida al mandato constitucional. Se refuerza, con ello, la vinculacin del juzgador para con la norma fundamental, y se introduce en esa sujecin un elemento dinmico de proteccin activa, que trasciende del mero respeto pasivo por la Ley suprema.

El valor de la Constitucin como norma suprema del ordenamiento se manifiesta, tambin, en otros preceptos complementarios. As, se configura la infraccin de precepto constitucional como motivo suficiente del recurso de casacin y se menciona expresamente la directa aplicabilidad de los derechos fundamentales, hacindose explcita proteccin del contenido esencial que salvaguarda la Constitucin.

V

El Estado se organiza territorialmente, a efectos judiciales, en municipios, partidos, provincias y Comunidades Autnomas, sobre los que ejercen potestad jurisdiccional Juzgados de Paz, Juzgados de Primera Instancia e Instruccin, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, de Vigilancia Penitenciaria y de Menores, Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia. Sobre todo el territorio nacional ejercen potestad jurisdiccional la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

La Ley contiene en este punto innovaciones importantes. As, se democratiza el procedimiento de designacin de los Jueces de Paz; se suprimen los Juzgados de Distrito, que se transforman en Juzgados de Primera Instancia o de Instruccin; se crean Juzgados unipersonales de lo Contencioso-Administrativo, as como de lo Social, sustitutivos estos ltimos de las Magistraturas de Trabajo; se atribuyen competencias en materia civil a las Audiencias Provinciales y, en fin, se modifica la esfera de la Audiencia Nacional, creando en la misma una Sala de lo Social, y manteniendo las Salas de lo Penal y de lo Contencioso-Administrativo.

Sin embargo, las modificaciones ms relevantes son las derivadas de la configuracin territorial del Estado en Comunidades Autnomas que realiza la Constitucin y que, lgicamente, se proyecta sobre la organizacin territorial del Poder Judicial.

La Ley Orgnica cumple en este punto las exigencias constitucionales y estatutarias. Por ello, y como decisiones ms relevantes, se crean los Tribunales Superiores de Justicia, que culminarn la organizacin judicial en la Comunidad Autnoma, lo que implica la desaparicin de las Audiencias Territoriales hasta ahora existentes como rganos jurisdiccionales supraprovinciales de mbito no nacional.

A ello hay que aadir la regulacin de la participacin reconocida a las Comunidades Autnomas en la delimitacin de las demarcaciones territoriales, as como las competencias que se les asignan en referencia a la gestin de los medios materiales.

Con esta nueva organizacin judicial, necesitada del desarrollo que llevar a cabo la futura Ley de planta y demarcacin judicial –que el Gobierno se compromete a remitir a las Cortes Generales en el plazo de un ao–, se pretende poner a disposicin del pueblo espaol una red de rganos judiciales que, junto a la mayor inmediacin posible, garantice sobre todo la realizacin efectiva de los derechos fundamentales reconocidos en el artculo 24 de la Constitucin Espaola, entre ellos, destacadamente, el derecho a un juicio pblico sin dilaciones indebidas y con todas las garantas.

VI

Para garantizar la independencia del Poder Judicial, la Constitucin crea el Consejo General del Poder Judicial, al que encomienda el gobierno del mismo, y remite a la Ley Orgnica el desarrollo de las normas contenidas en su artculo 122.2 y 3.

En cumplimiento de tales mandatos, la presente Ley Orgnica reconoce al Consejo General todas las atribuciones necesarias para la aplicacin del estatuto orgnico de los Jueces y Magistrados, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspeccin y rgimen disciplinario. La Ley concibe las facultades de inspeccin de Juzgados y Tribunales, no como una mera actividad represiva, sino, ms bien, como una potestad que incorpora elementos de perfeccionamiento de la organizacin que se inspecciona.

Para la eleccin de los doce miembros del Consejo General del Poder Judicial que, de acuerdo con el artculo 122.2 de la Constitucin Espaola, deben ser elegidos entre Jueces y Magistrados de todas las categoras judiciales, la Ley, informada por un principio democrtico, partiendo de la base de que se trata del rgano de gobierno de un Poder del Estado, recordando que los poderes del Estado emanan del pueblo y en atencin al carcter de representantes del pueblo soberano que ostentan las Cortes Generales, atribuye a stas la seleccin de dichos miembros de procedencia judicial del Consejo General. La exigencia de una muy cualificada mayora de tres quintos –a la que la Constitucin requiere para la eleccin de los otros miembros– garantiza, a la par que la absoluta coherencia con el carcter general del sistema democrtico, la convergencia de fuerzas diversas y evita la conformacin de un Consejo General que responda a una mayora parlamentaria concreta y coyuntural. La Ley regula tambin el estatuto de los miembros del Consejo y la composicin y atribuciones de los rganos en que se articula. Igualmente, se refuerza la mayora necesaria para la propuesta de nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y otros cargos institucionales. Por ltimo, se atribuye a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo la competencia para conocer de los recursos que se interpongan contra los actos y disposiciones emanados del pleno o de la comisin disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial no susceptibles de alzada.

Resta aadir que la entrada en vigor de esta Ley Orgnica significar la derogacin de la Ley del mismo carcter 1/1980, de 10 de enero, cuya provisionalidad ya ha sido puesta de manifiesto.

La Ley Orgnica modifica el sistema de designacin de las Salas de Gobierno, introduciendo parcialmente los mtodos electivos. Ello est aconsejado por las funciones gubernativas y no jurisdiccionales que vienen llamadas a cumplir, as como por las nuevas competencias que esta misma Ley Orgnica les atribuye. En estas condiciones, habida cuenta de que la actividad de las Salas de Gobierno afecta fundamentalmente a Jueces y Magistrados y no incide directamente sobre los particulares, se adopta un sistema parcial de eleccin abierto y mayoritario, en el que desempea un papel notable el conocimiento personal de electores y elegidos.

La materializacin de los principios de pluralismo y participacin de que se quiere impregnar el gobierno del Poder Judicial impone una profunda modificacin de la actual regulacin del derecho de asociacin profesional que el artculo 127.1 de la Constitucin reconoce a Jueces, Magistrados y Fiscales. El rgimen transitorio de libertad asociativa hasta ahora existente contiene restricciones injustificadas a las que se pone fin. De ah que esta Ley Orgnica reconozca el derecho de libre asociacin profesional con la nica limitacin de no poder llevar a cabo actuaciones polticas ni tener vinculaciones con partidos polticos o sindicatos. Las asociaciones profesionales quedarn vlidamente constituidas desde que se inscriban en el registro que ser llevado al efecto por el Consejo General del Poder Judicial.

VII

La realizacin prctica del derecho, constitucionalmente reconocido, a la tutela judicial efectiva, requiere como presupuesto indispensable que todos los rganos jurisdiccionales estn provistos de sus correspondientes titulares, Jueces o Magistrados. Muy graves perjuicios se producen en la seguridad jurdica, en el derecho a un juicio sin dilaciones, cuando los Juzgados y Tribunales se encuentran vacantes durante prolongados lapsos de tiempo, con la correspondiente acumulacin de asuntos pendientes y retraso en la Administracin de Justicia. Ello ha obligado a recurrir a frmulas de sustituciones o prrrogas de jurisdiccin especialmente inconvenientes en aquellos territorios en los que tiene lugar un progresivo y creciente incremento del trabajo. Resulta por todo ello indemorable afrontar y resolver tal problema.

Los hechos demuestran que los clsicos mecanismos de seleccin de personal judicial no permiten que la sociedad espaola se dote de Jueces y Magistrados en nmero suficiente. Es obligado, pues, recurrir a mecanismos complementarios. A tal fin, la Ley Orgnica prev un sistema de acceso a la carrera judicial de juristas de reconocido prestigio. Ello permitir, en primer lugar, hacer frente a las necesidades y cubrir las vacantes que de otra forma no podran serlo; en segundo trmino, incorporar a funcin tan relevante como la judicial a quienes, en otros campos jurdicos, han demostrado estar en condiciones de ofrecer capacidad y competencia acreditadas; por ltimo, lograr entre la carrera judicial y el resto del universo jurdico la smosis que, a buen seguro, se dar cuando se integren en la judicatura quienes, por haber ejercido el Derecho en otros sectores, aportarn perspectivas diferentes e incorporarn distintas sensibilidades a un ejercicio que se caracteriza por la riqueza conceptual y la diversidad de enfoques. Los requisitos exigidos, y el hecho de que operarn aqu las mismas garantas de seleccin objetiva y rigurosa que rigen el clsico camino de la oposicin libre, aseguran simultneamente la imparcialidad del elector y la capacidad del elegido. No se hace con ello, en definitiva, otra cosa que incorporar a nuestro sistema de seleccin mecanismos experimentados con xito de antiguo no solo en varios pases, sino, incluso, entre nosotros mismos, y precisamente en el Tribunal Supremo.

Sin embargo, el sistema bsico de ingreso en la carrera judicial sigue siendo el de oposicin libre entre licenciados en Derecho, completada por la aprobacin de un curso en el centro de estudios judiciales y con las prcticas en un rgano jurisdiccional.

El acceso a la categora de Magistrado se verifica en las proporciones siguientes: de cada cuatro vacantes, dos se proveern con los Jueces que ocupen el primer lugar en el escalafn dentro de la categora; la tercera, por medio de pruebas selectivas y de especializacin en los rdenes contencioso-administrativo y social entre los Jueces, y la cuarta, por concurso entre juristas de reconocida competencia y con ms de diez aos de ejercicio.

Por lo que se refiere al rgimen de provisin de destinos, se sigue manteniendo como criterio bsico, en lo que respecta a Juzgados, Audiencias y Tribunales Superiores de Justicia, el de la antigedad. Ello no obsta, sin embargo, para que se introduzca tambin, como sistema de promocin en la carrera judicial, la especializacin que es, por un lado, necesaria a la vista de la magnitud y complejidad de la legislacin de nuestros das y, por otra parte, conveniente en cuanto introduce elementos de estmulo en orden a la permanente formacin de Jueces y Magistrados.

Por lo dems, la regulacin de la carrera judicial se realiza bajo el criterio bsico de su homologacin con las normas comunes que rigen el resto de los funcionarios pblicos, manteniendo tan solo aquellas peculiaridades que se derivan de su especfica funcin.

VIII

Los cuatro primeros Libros de la Ley regulan cuanto se refiere a la organizacin, gobierno y rgimen de los rganos que integran el Poder Judicial y de su rgano de gobierno. Los Libros V y VI establecen el marco bsico regulador de aquellos otros rganos, cuerpos de funcionarios y profesionales que, sin integrar el Poder Judicial, colaboran de diversas formas con l, haciendo posible la efectividad de su tutela en los trminos establecidos por la Constitucin.

La Ley se refiere as, en primer lugar, al Ministerio Fiscal, que tiene por misin promover la accin de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y el inters pblico, y la de velar por la independencia de los Tribunales y la satisfaccin del inters social conforme a lo previsto por el artculo 124 de la Constitucin.

Consagra tambin la Ley de la funcin de los Abogados y Procuradores, a los que se reserva la direccin y defensa de la representacin de las partes, pues a ellos corresponde garantizar la asistencia jurdica al ciudadano en el proceso, de forma obligatoria cuando as lo exija y, en todo caso, como derecho a la defensa y asistencia letrada expresamente reconocido por la Constitucin.

La Polica Judicial, como institucin que coopera y auxilia a la Administracin de Justicia, se ve potenciada por el establecimiento de unidades funcionalmente dependientes de las autoridades judiciales y del Ministerio Fiscal.

Regula tambin la Ley el personal que sirve a la Administracin de Justicia, comprendiendo en l a los Secretarios, as como a los Mdicos Forenses, Oficiales, Auxiliares y Agentes, cuerpos todos ellos de funcionarios que en sus respectivas competencias auxilian y colaboran con los Jueces y Tribunales.

Las funciones de los Secretarios merecen especial regulacin en el Ttulo IV del Libro III, pues a ellos corresponde la fe pblica judicial al mismo tiempo que la ordenacin e impulso del procedimiento, vindose reforzadas sus funciones de direccin procesal.

Junto a las previsiones bsicas sobre la estructura y funciones de los cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes, as como de los Mdicos Forenses, la Ley establece la previsin de que otros tcnicos puedan servir a la Administracin de Justicia, constituyendo al efecto cuerpos y escalas, o bajo contrato laboral. Con ello se trata de garantizar y potenciar la estructura del personal al servicio de los rganos judiciales y su cada vez ms necesaria especializacin.

IX

El ciudadano es el destinatario de la Administracin de Justicia. La Constitucin exige y esta Ley Orgnica consagra los principios de oralidad y publicidad, para lo que se acenta la necesaria inmediacin que ha de desarrollarse en las leyes procesales y, junto a ello, se regula por primera vez la responsabilidad patrimonial del Estado que pueda derivarse del error judicial o del funcionamiento anormal de la Administracin de Justicia, sin perjuicio de la responsabilidad individual de Jueces y Magistrados de carcter civil, penal y disciplinaria, complementndose de esta forma un Poder Judicial plenamente responsable.

X

Las disposiciones adicionales, transitorias y final de la Ley regulan los problemas de su aplicacin sincrnica, haciendo posible la adecuacin de la organizacin judicial vigente a la que esta Ley establece y previendo expresamente las leyes de desarrollo que han de implantar en su totalidad la nueva organizacin del Poder Judicial.

TTULO PRELIMINAR

Del Poder Judicial y del ejercicio de la potestad jurisdiccional

Artculo 1.

La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos nicamente a la Constitucin y al imperio de la ley.

Artculo 2.

1. El ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados en las leyes y en los tratados internacionales.

2. Los Juzgados y Tribunales no ejercern ms funciones que las sealadas en el prrafo anterior, y las dems que expresamente les sean atribuidas por ley en garanta de cualquier derecho.

Artculo 3.

1. La jurisdiccin es nica y se ejerce por los Juzgados y Tribunales previstos en esta Ley, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitucin a otros rganos.

2. Los rganos de la jurisdiccin militar, integrante del Poder Judicial del Estado, basan su organizacin y funcionamiento en el principio de unidad jurisdiccional y administran Justicia en el mbito estrictamente castrense y, en su caso, en las materias que establezca la declaracin del estado de sitio, de acuerdo con la Constitucin y lo dispuesto en las leyes penales, procesales y disciplinarias militares.

Artculo 4.

La jurisdiccin se extiende a todas las personas, a todas las materias y a todo el territorio espaol, en la forma establecida en la Constitucin y en las leyes.

Artculo 4 bis.

1. Los Jueces y Tribunales aplicarn el Derecho de la Unin Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unin Europea.

2. Cuando los Tribunales decidan plantear una cuestin prejudicial europea lo harn de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unin Europea y, en todo caso, mediante auto, previa audiencia de las partes.

Artculo 5.

1. La Constitucin es la norma suprema del ordenamiento jurdico, y vincula a todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretarn y aplicarn las leyes y los reglamentos segn los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretacin de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos.

2. Cuando un rgano judicial considere, en algn proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitucin, plantear la cuestin ante el Tribunal Constitucional, con arreglo a lo que establece su Ley Orgnica.

3. Proceder el planteamiento de la cuestin de inconstitucionalidad cuando por va interpretativa no sea posible la acomodacin de la norma al ordenamiento constitucional.

4. En todos los casos en que, segn la ley, proceda recurso de casacin, ser suficiente para fundamentarlo la infraccin de precepto constitucional. En este supuesto, la competencia para decidir el recurso corresponder siempre al Tribunal Supremo, cualesquiera que sean la materia, el derecho aplicable y el orden jurisdiccional.

Artculo 5 bis.

Se podr interponer recurso de revisin ante el Tribunal Supremo contra una resolucin judicial firme, con arreglo a las normas procesales de cada orden jurisdiccional, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolucin ha sido dictada en violacin de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Proteccin de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violacin, por su naturaleza y gravedad, entrae efectos que persistan y no puedan cesar de ningn otro modo que no sea mediante esta revisin.

Artculo 6.

Los Jueces y Tribunales no aplicarn los reglamentos o cualquier otra disposicin contrarios a la Constitucin, a la ley o al principio de jerarqua normativa.

Artculo 7.

1. Los derechos y libertades reconocidos en el Captulo Segundo del Ttulo I de la Constitucin vinculan, en su integridad, a todos los Jueces y Tribunales y estn garantizados bajo la tutela efectiva de los mismos.

2. En especial, los derechos enunciados en el artculo 53.2 de la Constitucin se reconocern, en todo caso, de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado, sin que las resoluciones judiciales puedan restringir, menoscabar o inaplicar dicho contenido.

3. Los Juzgados y Tribunales protegern los derechos e intereses legtimos, tanto individuales como colectivos, sin que en ningn caso pueda producirse indefensin. Para la defensa de estos ltimos se reconocer la legitimacin de las corporaciones, asociaciones y grupos que resulten afectados o que estn legalmente habilitados para su defensa y promocin.

Artculo 8.

Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuacin administrativa, as como el sometimiento de sta a los fines que la justifican.

Artculo 9.

1. Los Juzgados y Tribunales ejercern su jurisdiccin exclusivamente en aquellos casos en que les venga atribuida por esta u otra Ley.

2. Los Tribunales y Juzgados del orden civil conocern, adems de las materias que les son propias, de todas aquellas que no estn atribuidas a otro orden jurisdiccional.

En este orden civil, corresponder a la jurisdiccin militar la prevencin de los juicios de testamentara y de abintestato de los miembros de las Fuerzas Armadas que, en tiempo de guerra, fallecieren en campaa o navegacin, limitndose a la practica de la asistencia imprescindible para disponer el sepelio del difunto y la formacin del inventario y aseguramiento provisorio de sus bienes, dando siempre cuenta a la Autoridad judicial civil competente.

3. Los del orden jurisdiccional penal tendrn atribuido el conocimiento de las causas y juicios criminales, con excepcin de los que correspondan a la jurisdiccin militar.

4. Los del orden contencioso-administrativo conocern de las pretensiones que se deduzcan en relacin con la actuacin de las Administraciones pblicas sujeta al derecho administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la ley y con los reales decretos legislativos en los trminos previstos en el artculo 82.6 de la Constitucin, de conformidad con lo que establezca la Ley de esa jurisdiccin. Tambin conocern de los recursos contra la inactividad de la Administracin y contra sus actuaciones materiales que constituyan va de hecho. Quedan excluidos de su conocimiento los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las Normas Forales fiscales de las Juntas Generales de los Territorios Histricos de lava, Guipzcoa y Vizcaya, que correspondern, en exclusiva, al Tribunal Constitucional, en los trminos establecidos por la disposicin adicional quinta de su Ley Orgnica.

Conocern, asimismo, de las pretensiones que se deduzcan en relacin con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones pblicas y del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relacin de que se derive. Si a la produccin del dao hubieran concurrido sujetos privados, el demandante deducir tambin frente a ellos su pretensin ante este orden jurisdiccional. Igualmente conocern de las reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado accione directamente contra la aseguradora de la Administracin, junto a la Administracin respectiva.

Tambin ser competente este orden jurisdiccional si las demandas de responsabilidad patrimonial se dirigen, adems, contra las personas o entidades pblicas o privadas indirectamente responsables de aqullas.

5. Los del orden jurisdiccional social conocern de las pretensiones que se promuevan dentro de la rama social del derecho, tanto en conflictos individuales como colectivos, as como las reclamaciones en materia de Seguridad Social o contra el Estado cuando le atribuya responsabilidad la legislacin laboral.

6. La jurisdiccin es improrrogable. Los rganos judiciales apreciarn de oficio la falta de jurisdiccin y resolvern sobre la misma con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal. En todo caso, esta resolucin ser fundada y se efectuar indicando siempre el orden jurisdiccional que se estime competente.

Artculo 10.

1. A los solos efectos prejudiciales, cada orden jurisdiccional podr conocer de asuntos que no le estn atribuidos privativamente.

2. No obstante, la existencia de una cuestin prejudicial penal de la que no pueda prescindirse para la debida decisin o que condicione directamente el contenido de sta determinar la suspensin del procedimiento mientras aqulla no sea resuelta por los rganos penales a quienes corresponda, salvo las excepciones que la ley establezca.

Artculo 11.

1. En todo tipo de procedimiento se respetarn las reglas de la buena fe. No surtirn efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales.

2. Los Juzgados y Tribunales rechazarn fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entraen fraude de ley o procesal.

3. Los Juzgados y Tribunales, de conformidad con el principio de tutela efectiva consagrado en el artculo 24 de la Constitucin, debern resolver siempre sobre las pretensiones que se les formulen, y solo podrn desestimarlas por motivos formales cuando el defecto fuese insubsanable o no se subsanare por el procedimiento establecido en las leyes.

Artculo 12.

1. En el ejercicio de la potestad jurisdiccional, los Jueces y Magistrados son independientes respecto a todos los rganos judiciales y de gobierno del Poder Judicial.

2. No podrn los Jueces y Tribunales corregir la aplicacin o interpretacin del ordenamiento jurdico hecha por sus inferiores en el orden jerrquico judicial sino cuando administren justicia en virtud de los recursos que las leyes establezcan.

3. Tampoco podrn los Jueces y Tribunales, rganos de gobierno de los mismos o el Consejo General del Poder Judicial dictar instrucciones, de carcter general o particular, dirigidas a sus inferiores, sobre la aplicacin o interpretacin del ordenamiento jurdico que lleven a cabo en el ejercicio de su funcin jurisdiccional.

Artculo 13.

Todos estn obligados a respetar la independencia de los Jueces y Magistrados.

Artculo 14.

1. Los Jueces y Magistrados que se consideren inquietados o perturbados en su independencia lo pondrn en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial, dando cuenta de los hechos al Juez o Tribunal competente para seguir el procedimiento adecuado, sin perjuicio de practicar por s mismos las diligencias estrictamente indispensables para asegurar la accin de la justicia y restaurar el orden jurdico.

2. El Ministerio Fiscal, por s o a peticin de aqullos, promover las acciones pertinentes en defensa de la independencia judicial.

Artculo 15.

Los Jueces y Magistrados no podrn ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados sino por alguna de las causas y con las garantas previstas en esta Ley.

Artculo 16.

1. Los Jueces y Magistrados respondern penal y civilmente en los casos y en la forma determinada en las leyes, y disciplinariamente de conformidad con lo establecido en esta Ley.

2. Se prohben los Tribunales de Honor en la Administracin de Justicia.

Artculo 17.

1. Todas las personas y entidades pblicas y privadas estn obligadas a prestar, en la forma que la ley establezca, la colaboracin requerida por los Jueces y Tribunales en el curso del proceso y en la ejecucin de lo resuelto, con las excepciones que establezcan la Constitucin y las leyes, y sin perjuicio del resarcimiento de los gastos y del abono de las remuneraciones debidas que procedan conforme a la ley.

2. Las Administraciones Pblicas, las autoridades y funcionarios, las corporaciones y todas las entidades pblicas y privadas, y los particulares, respetarn y, en su caso, cumplirn las sentencias y las dems resoluciones judiciales que hayan ganado firmeza o sean ejecutables de acuerdo con las leyes.

Artculo 18.

1. Las resoluciones judiciales solo podrn dejarse sin efecto en virtud de los recursos previstos en las leyes.

2. Las sentencias se ejecutarn en sus propios trminos. Si la ejecucin resultare imposible, el Juez o Tribunal adoptar las medidas necesarias que aseguren la mayor efectividad de la ejecutoria, y fijar en todo caso la indemnizacin que sea procedente en la parte en que aqulla no pueda ser objeto de cumplimiento pleno. Solo por causa de utilidad pblica o inters social, declarada por el Gobierno, podrn expropiarse los derechos reconocidos frente a la Administracin Pblica en una sentencia firme, antes de su ejecucin. En este caso, el Juez o Tribunal a quien corresponda la ejecucin ser el nico competente para sealar por va incidental la correspondiente indemnizacin.

3. Lo dispuesto en este artculo se entiende sin perjuicio del derecho de gracia, cuyo ejercicio, de acuerdo con la Constitucin y las leyes, corresponde al Rey.

Artculo 19.

1. Los ciudadanos de nacionalidad espaola podrn ejercer la accin popular, en los casos y formas establecidos en la ley.

2. Asimismo, podrn participar en la Administracin de Justicia: mediante la institucin del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la Ley determine; en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales y en los dems casos previstos en esta Ley.

3. Tiene el carcter de Tribunal consuetudinario y tradicional el Tribunal de las Aguas de la Vega Valenciana.

4. Se reconoce el carcter de Tribunal consuetudinario y tradicional al denominado Consejo de Hombres Buenos de Murcia.

Artculo 20.

1. La justicia ser gratuita en los supuestos que establezca la ley.

2. Se regular por ley un sistema de justicia gratuita que de efectividad al derecho declarado en los artculos 24 y 119 de la Constitucin, en los casos de insuficiencia de recursos para litigar.

3. No podrn exigirse fianzas que por su inadecuacin impidan el ejercicio de la accin popular, que ser siempre gratuita.

LIBRO I

DE LA EXTENSIN Y LMITES DE LA JURISDICCIN Y DE LA PLANTA Y ORGANIZACIN DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES

TTULO I

De la extensin y lmites de la jurisdiccin

Artculo 21.

1. Los Tribunales civiles espaoles conocern de las pretensiones que se susciten en territorio espaol con arreglo a lo establecido en los tratados y convenios internacionales en los que Espaa sea parte, en las normas de la Unin Europea y en las leyes espaolas.

2. No obstante, no conocern de las pretensiones formuladas respecto de sujetos o bienes que gocen de inmunidad de jurisdiccin y de ejecucin de conformidad con la legislacin espaola y las normas de Derecho Internacional Pblico.

Artculo 22.

Con carcter exclusivo, los Tribunales espaoles sern competentes en todo caso y con preferencia de cualquier otro, para conocer de las pretensiones relativas a las siguientes materias:

a) Derechos reales y arrendamientos de bienes inmuebles que se hallen en Espaa. No obstante, en materia de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles celebrados para un uso particular durante un plazo mximo de seis meses consecutivos, sern igualmente competentes los rganos jurisdiccionales espaoles si el demandado estuviera domiciliado en Espaa, siempre que el arrendatario sea una persona fsica y que ste y el propietario estn domiciliados en el mismo Estado.

b) Constitucin, validez, nulidad o disolucin de sociedades o personas jurdicas que tengan su domicilio en territorio espaol, as como respecto de los acuerdos y decisiones de sus rganos.

c) Validez o nulidad de las inscripciones practicadas en un registro espaol.

d) Inscripciones o validez de patentes, marcas, diseos o dibujos y modelos y otros derechos sometidos a depsito o registro, cuando se hubiera solicitado o efectuado en Espaa el depsito o el registro.

e) Reconocimiento y ejecucin en territorio espaol de sentencias y dems resoluciones judiciales, decisiones arbitrales y acuerdos de mediacin dictados en el extranjero.

Artculo 22 bis.

1. En aquellas materias en que una norma expresamente lo permita, los Tribunales espaoles sern competentes cuando las partes, con independencia de su domicilio, se hayan sometido expresa o tcitamente a ellos. No surtirn efectos los acuerdos que atribuyan la competencia a los Tribunales espaoles ni las estipulaciones similares incluidas en un contrato si son contrarios a lo establecido en los artculos22 quter,22 quinquies,22 sexies y22 septies, o si excluyen la competencia de los rganos judiciales espaoles exclusivamente competentes conforme lo establecido en el artculo22, en cuyo caso se estar a lo establecido en dichos preceptos.

La sumisin a los Tribunales espaoles en las materias contempladas en las letras d) y e) del artculo22 quinquies slo ser vlida si se fundamenta en un acuerdo de sumisin posterior a que surja la controversia, o ambos contratantes tuvieran ya su domicilio o residencia habitual en Espaa en el momento de celebracin del contrato o el demandante fuera el consumidor, asegurado o tomador del seguro.

2. Se entender por acuerdo de sumisin expresa aquel pacto por el cual las partes deciden atribuir a los Tribunales espaoles el conocimiento de ciertas o todas las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relacin jurdica, contractual o no contractual. La competencia establecida por sumisin expresa se extender a la propia validez del acuerdo de sumisin.

El acuerdo de sumisin expresa deber constar por escrito, en una clusula incluida en un contrato o en un acuerdo independiente, o verbalmente con confirmacin escrita, as como en alguna forma que se ajuste a los hbitos que las partes tengan establecidos entre ellas, o en el comercio internacional sea conforme a los usos que las partes conozcan o deban conocer y que, en dicho comercio, sean ampliamente conocidos y regularmente observados por las partes en los contratos del mismo tipo en el sector comercial considerado. Se entender que media acuerdo escrito cuando resulte de una transmisin efectuada por medios electrnicos que proporcione un registro duradero.

Se considerar igualmente que hay acuerdo escrito cuando est consignado en un intercambio de escritos de demanda y contestacin dentro del proceso iniciado en Espaa, en los cuales la existencia del acuerdo sea afirmada por una parte y no negada por la otra.

3. Con independencia de los casos en los que su competencia resulte de otras disposiciones, sern competentes los Tribunales espaoles cuando comparezca ante ellos el demandado. Esta regla no ser de aplicacin si la comparecencia tiene por objeto impugnar la competencia.

Artculo 22 ter.

1. En materias distintas a las contempladas en los artculos22,22 sexies y22 septies y si no mediare sumisin a los Tribunales espaoles de conformidad con el artculo22 bis, stos resultarn competentes cuando el demandado tenga su domicilio en Espaa o cuando as venga determinado por cualquiera de los foros establecidos en los artculos22 quter y22 quinquies.

2. Se entender, a los efectos de este artculo, que una persona fsica est domiciliada en Espaa cuando tenga en ella su residencia habitual.

Se entender que una persona jurdica est domiciliada en Espaa cuando radique en ella su sede social, su centro de administracin o administracin central o su centro de actividad principal.

3. En caso de pluralidad de demandados, sern competentes los Tribunales espaoles cuando al menos uno de ellos tenga su domicilio en Espaa, siempre que se ejercite una sola accin o varias entre las que exista un nexo por razn del ttulo o causa de pedir que aconsejen su acumulacin.

4. No obstante, la competencia establecida conforme a lo dispuesto en el apartado1 de este artculo podr ser excluida mediante un acuerdo de eleccin de foro a favor de un Tribunal extranjero. En tal caso, los Tribunales suspendern el procedimiento y slo podrn conocer de la pretensin deducida en el supuesto de que los Tribunales extranjeros designados hubieren declinado su competencia.

5. No tendr efecto la exclusin de la competencia de los Tribunales espaoles en aquellas materias en que no cabe sumisin a ellos.

Artculo 22 quter.

En defecto de los criterios anteriores, los Tribunales espaoles sern competentes:

a) En materia de declaracin de ausencia o fallecimiento, cuando el desaparecido hubiera tenido su ltimo domicilio en territorio espaol o tuviera nacionalidad espaola.

b) En materia relacionada con la capacidad de las personas y las medidas de proteccin de las personas mayores de edad o de sus bienes, cuando estos tuviesen su residencia habitual en Espaa.

c) En materia de relaciones personales y patrimoniales entre cnyuges, nulidad matrimonial, separacin y divorcio y sus modificaciones, siempre que ningn otro Tribunal extranjero tenga competencia, cuando ambos cnyuges posean residencia habitual en Espaa al tiempo de la interposicin de la demanda o cuando hayan tenido en Espaa su ltima residencia habitual y uno de ellos resida all, o cuando Espaa sea la residencia habitual del demandado, o, en caso de demanda de mutuo acuerdo, cuando en Espaa resida uno de los cnyuges, o cuando el demandante lleve al menos un ao de residencia habitual en Espaa desde la interposicin de la demanda, o cuando el demandante sea espaol y tenga su residencia habitual en Espaa al menos seis meses antes de la interposicin de la demanda, as como cuando ambos cnyuges tengan nacionalidad espaola.

d) En materia de filiacin y de relaciones paterno-filiales, proteccin de menores y de responsabilidad parental, cuando el hijo o menor tenga su residencia habitual en Espaa al tiempo de la interposicin de la demanda o el demandante sea espaol o resida habitualmente en Espaa o, en todo caso, al menos desde seis meses antes de la presentacin de la demanda.

e) En materia de adopcin, en los supuestos regulados en la Ley54/2007, de28 de diciembre, de adopcin internacional.

f) En materia de alimentos, cuando el acreedor o el demandado de los mismos tenga su residencia habitual en Espaa o, si la pretensin de alimentos se formula como accesoria a una cuestin sobre el estado civil o de una accin de responsabilidad parental, cuando los Tribunales espaoles fuesen competentes para conocer de esta ltima accin.

g) En materia de sucesiones, cuando el causante hubiera tenido su ltima residencia habitual en Espaa o cuando los bienes se encuentren en Espaa y el causante fuera espaol en el momento del fallecimiento. Tambin sern competentes cuando las partes se hubieran sometido a los Tribunales espaoles, siempre que fuera aplicable la ley espaola a la sucesin. Cuando ninguna jurisdiccin extranjera sea competente, los Tribunales espaoles lo sern respecto de los bienes de la sucesin que se encuentren en Espaa.

Artculo 22 quinquies.

Asimismo, en defecto de sumisin expresa o tcita y aunque el demandado no tuviera su domicilio en Espaa, los Tribunales espaoles sern competentes:

a) En materia de obligaciones contractuales, cuando la obligacin objeto de la demanda se haya cumplido o deba cumplirse en Espaa.

b) En materia de obligaciones extracontractuales, cuando el hecho daoso se haya producido en territorio espaol.

c) En las acciones relativas a la explotacin de una sucursal, agencia o establecimiento mercantil, cuando ste se encuentre en territorio espaol.

d) En materia de contratos celebrados por consumidores, estos podrn litigar en Espaa si tienen su residencia habitual en territorio espaol o si lo tuviera la otra parte contratante; esta ltima solo podr litigar en Espaa si el consumidor tiene su residencia habitual en territorio espaol.

e) En materia de seguros, cuando el asegurado, tomador o beneficiario del seguro tuviera su domicilio en Espaa; tambin podr el asegurador ser demandado ante los Tribunales espaoles si el hecho daoso se produjere en territorio espaol y se tratara de un contrato de seguro de responsabilidad o de seguro relativo a inmuebles, o, tratndose de un seguro de responsabilidad civil, si los Tribunales espaoles fueran competentes para conocer de la accin entablada por el perjudicado contra el asegurado en virtud de lo dispuesto en la letra b) de este artculo.

f) En las acciones relativas a derechos reales sobre bienes muebles, si estos se encontraren en territorio espaol al tiempo de la interposicin de la demanda.

Respecto a los supuestos previstos en las letras d) y e) tambin sern competentes los Tribunales espaoles cuando el consumidor, asegurado o tomador del seguro sea demandante y las partes hayan acordado la sumisin a los Tribunales espaoles despus de surgir la controversia, o ambos contratantes tuvieran ya su domicilio en Espaa en el momento de celebracin del contrato o el demandante fuera el consumidor, asegurado o tomador del seguro.

Artculo 22 sexies.

Los Tribunales espaoles sern competentes cuando se trate de adoptar medidas provisionales o de aseguramiento respecto de personas o bienes que se hallen en territorio espaol y deban cumplirse en Espaa. Sern tambin competentes para adoptar estas medidas si lo son para conocer del asunto principal.

Artculo 22 septies.

En materia concursal y dems procedimientos de insolvencia se estar a lo que disponga su legislacin reguladora.

Artculo 22 octies.

1. No sern competentes los Tribunales espaoles en aquellos casos en que los fueros de competencia previstos en las leyes espaolas no contemplen dicha competencia.

2. Los Tribunales espaoles apreciarn, de oficio o a instancia de parte, su competencia de conformidad con las normas vigentes y las circunstancias concurrentes en el momento de presentacin de la demanda, y el proceso se sustanciar hasta su conclusin aunque dichas normas o circunstancias hayan sido modificadas con posterioridad, salvo que expresamente se determine lo contrario.

3. Los Tribunales espaoles se declararn incompetentes si su competencia no estuviera fundada en las disposiciones de las leyes espaolas, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales.

Los Tribunales espaoles no podrn abstenerse o declinar su competencia cuando el supuesto litigioso presente vinculacin con Espaa y los Tribunales de los distintos Estados conectados con el supuesto hayan declinado su competencia. Tampoco lo podrn hacer cuando se trate del reconocimiento y la ejecucin de resoluciones judiciales, decisiones arbitrales y acuerdos de mediacin dictados por los Tribunales extranjeros.

Artculo 22 nonies.

Las excepciones de litispendencia y de conexidad internacionales se alegarn y tramitarn con arreglo a las normas generales que regulen las leyes procesales.

Artculo 23.

1. En el orden penal corresponder a la jurisdiccin espaola el conocimiento de las causas por delitos y faltas cometidos en territorio espaol o cometidos a bordo de buques o aeronaves espaoles, sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en los que Espaa sea parte.

2. Tambin conocer la jurisdiccin espaola de los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueren espaoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad espaola con posterioridad a la comisin del hecho y concurrieren los siguientes requisitos:

a) Que el hecho sea punible en el lugar de ejecucin, salvo que, en virtud de un Tratado internacional o de un acto normativo de una Organizacin internacional de la que Espaa sea parte, no resulte necesario dicho requisito, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados siguientes.

b) Que el agraviado o el Ministerio Fiscal interpongan querella ante los Tribunales espaoles.

c) Que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero, o, en este ltimo caso, no haya cumplido la condena. Si slo la hubiere cumplido en parte, se le tendr en cuenta para rebajarle proporcionalmente la que le corresponda.

3. Conocer la jurisdiccin espaola de los hechos cometidos por espaoles o extranjeros fuera del territorio nacional cuando sean susceptibles de tipificarse, segn la ley penal espaola, como alguno de los siguientes delitos:

a) De traicin y contra la paz o la independencia del Estado.

b) Contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor o el Regente.

c) Rebelin y sedicin.

d) Falsificacin de la firma o estampilla reales, del sello del Estado, de las firmas de los Ministros y de los sellos pblicos u oficiales.

e) Falsificacin de moneda espaola y su expedicin.

f) Cualquier otra falsificacin que perjudique directamente al crdito o intereses del Estado, e introduccin o expedicin de lo falsificado.

g) Atentado contra autoridades o funcionarios pblicos espaoles.

h) Los perpetrados en el ejercicio de sus funciones por funcionarios pblicos espaoles residentes en el extranjero y los delitos contra la Administracin Pblica espaola.

i) Los relativos al control de cambios.

4. Igualmente, ser competente la jurisdiccin espaola para conocer de los hechos cometidos por espaoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, segn la ley espaola, como alguno de los siguientes delitos cuando se cumplan las condiciones expresadas:

a) Genocidio, lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, siempre que el procedimiento se dirija contra un espaol o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en Espaa, o contra un extranjero que se encontrara en Espaa y cuya extradicin hubiera sido denegada por las autoridades espaolas.

b) Delitos de tortura y contra la integridad moral de los artculos 174 a 177 del Cdigo Penal, cuando:

1. el procedimiento se dirija contra un espaol; o,

2. la vctima tuviera nacionalidad espaola en el momento de comisin de los hechos y la persona a la que se impute la comisin del delito se encuentre en territorio espaol.

c) Delitos de desaparicin forzada incluidos en la Convencin internacional para la proteccin de todas las personas contra las desapariciones forzadas, hecha en Nueva York el 20 de diciembre de 2006, cuando:

1. el procedimiento se dirija contra un espaol; o,

2. la vctima tuviera nacionalidad espaola en el momento de comisin de los hechos y la persona a la que se impute la comisin del delito se encuentre en territorio espaol.

d) Delitos de piratera, terrorismo, trfico ilegal de drogas txicas, estupefacientes o sustancias psicotrpicas, trata de seres humanos, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y delitos contra la seguridad de la navegacin martima que se cometan en los espacios marinos, en los supuestos previstos en los tratados ratificados por Espaa o en actos normativos de una Organizacin Internacional de la que Espaa sea parte.

e) Terrorismo, siempre que concurra alguno de los siguientes supuestos:

1. el procedimiento se dirija contra un espaol;

2. el procedimiento se dirija contra un extranjero que resida habitualmente o se encuentre en Espaa o, sin reunir esos requisitos, colabore con un espaol, o con un extranjero que resida o se encuentre en Espaa, para la comisin de un delito de terrorismo;

3. el delito se haya cometido por cuenta de una persona jurdica con domicilio en Espaa;

4. la vctima tuviera nacionalidad espaola en el momento de comisin de los hechos;

5. el delito haya sido cometido para influir o condicionar de un modo ilcito la actuacin de cualquier Autoridad espaola;

6. el delito haya sido cometido contra una institucin u organismo de la Unin Europea que tenga su sede en Espaa;

7. el delito haya sido cometido contra un buque o aeronave con pabelln espaol; o,

8. el delito se haya cometido contra instalaciones oficiales espaolas, incluyendo sus embajadas y consulados.

A estos efectos, se entiende por instalacin oficial espaola cualquier instalacin permanente o temporal en la que desarrollen sus funciones pblicas autoridades o funcionarios pblicos espaoles.

f) Los delitos contenidos en el Convenio para la represin del apoderamiento ilcito de aeronaves, hecho en La Haya el 16 de diciembre de 1970, siempre que:

1. el delito haya sido cometido por un ciudadano espaol; o,

2. el delito se haya cometido contra una aeronave que navegue bajo pabelln espaol.

g) Los delitos contenidos en el Convenio para la represin de actos ilcitos contra la seguridad de la aviacin civil, hecho en Montreal el 23 de septiembre de 1971, y en su Protocolo complementario hecho en Montreal el 24 de febrero de 1988, en los supuestos autorizados por el mismo.

h) Los delitos contenidos en el Convenio sobre la proteccin fsica de materiales nucleares hecho en Viena y Nueva York el 3 de marzo de 1980, siempre que el delito se haya cometido por un ciudadano espaol.

i) Trfico ilegal de drogas txicas, estupefacientes o sustancias psicotrpicas, siempre que:

1. el procedimiento se dirija contra un espaol; o,

2. cuando se trate de la realizacin de actos de ejecucin de uno de estos delitos o de constitucin de un grupo u organizacin criminal con miras a su comisin en territorio espaol.

j) Delitos de constitucin, financiacin o integracin en grupo u organizacin criminal o delitos cometidos en el seno de los mismos, siempre que se trate de grupos u organizaciones que acten con miras a la comisin en Espaa de un delito que est castigado con una pena mxima igual o superior a tres aos de prisin.

k) Delitos contra la libertad e indemnidad sexual cometidos sobre vctimas menores de edad, siempre que:

1. el procedimiento se dirija contra un espaol;

2. el procedimiento se dirija contra ciudadano extranjero que resida habitualmente en Espaa;

3. el procedimiento se dirija contra una persona jurdica, empresa, organizacin, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en Espaa; o,

4. el delito se hubiera cometido contra una vctima que, en el momento de comisin de los hechos, tuviera nacionalidad espaola o residencia habitual en Espaa.

l) Delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa de 11 de mayo de 2011 sobre prevencin y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia domstica, siempre que:

1. el procedimiento se dirija contra un espaol;

2. el procedimiento se dirija contra un extranjero que resida habitualmente en Espaa; o,

3. el delito se hubiera cometido contra una vctima que, en el momento de comisin de los hechos, tuviera nacionalidad espaola o residencia habitual en Espaa, siempre que la persona a la que se impute la comisin del hecho delictivo se encuentre en Espaa.

m) Trata de seres humanos, siempre que:

1. el procedimiento se dirija contra un espaol;

2. el procedimiento se dirija contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en Espaa;

3. el procedimiento se dirija contra una persona jurdica, empresa, organizacin, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en Espaa; o,

4. el delito se hubiera cometido contra una vctima que, en el momento de comisin de los hechos, tuviera nacionalidad espaola o residencia habitual en Espaa, siempre que la persona a la que se impute la comisin del hecho delictivo se encuentre en Espaa.

n) Delitos de corrupcin entre particulares o en las transacciones econmicas internacionales, siempre que:

1. el procedimiento se dirija contra un espaol;

2. el procedimiento se dirija contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en Espaa;

3. el delito hubiera sido cometido por el directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa mercantil, o de una sociedad, asociacin, fundacin u organizacin que tenga su sede o domicilio social en Espaa; o,

4. el delito hubiera sido cometido por una persona jurdica, empresa, organizacin, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en Espaa.

o) Delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa de 28 de octubre de 2011, sobre falsificacin de productos mdicos y delitos que supongan una amenaza para la salud pblica, cuando:

1. el procedimiento se dirija contra un espaol;

2. el procedimiento se dirija contra un extranjero que resida habitualmente en Espaa;

3. el procedimiento se dirija contra una persona jurdica, empresa, organizacin, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en Espaa;

4. la vctima tuviera nacionalidad espaola en el momento de comisin de los hechos; o,

5. el delito se haya cometido contra una persona que tuviera residencia habitual en Espaa en el momento de comisin de los hechos.

p) Cualquier otro delito cuya persecucin se imponga con carcter obligatorio por un Tratado vigente para Espaa o por otros actos normativos de una Organizacin Internacional de la que Espaa sea miembro, en los supuestos y condiciones que se determine en los mismos.

Asimismo, la jurisdiccin espaola ser tambin competente para conocer de los delitos anteriores cometidos fuera del territorio nacional por ciudadanos extranjeros que se encontraran en Espaa y cuya extradicin hubiera sido denegada por las autoridades espaolas, siempre que as lo imponga un Tratado vigente para Espaa.

5. Los delitos a los que se refiere el apartado anterior no sern perseguibles en Espaa en los siguientes supuestos:

a) Cuando se haya iniciado un procedimiento para su investigacin y enjuiciamiento en un Tribunal Internacional constituido conforme a los Tratados y Convenios en que Espaa fuera parte.

b) Cuando se haya iniciado un procedimiento para su investigacin y enjuiciamiento en el Estado del lugar en que se hubieran cometido los hechos o en el Estado de nacionalidad de la persona a que se impute su comisin, siempre que:

1. la persona a la que se impute la comisin del hecho no se encontrara en territorio espaol; o,

2. se hubiera iniciado un procedimiento para su extradicin al pas del lugar en que se hubieran cometido los hechos o de cuya nacionalidad fueran las vctimas, o para ponerlo a disposicin de un Tribunal Internacional para que fuera juzgado por los mismos, salvo que la extradicin no fuera autorizada.

Lo dispuesto en este apartado b) no ser de aplicacin cuando el Estado que ejerza su jurisdiccin no est dispuesto a llevar a cabo la investigacin o no pueda realmente hacerlo, y as se valore por la Sala 2. del Tribunal Supremo, a la que elevar exposicin razonada el Juez o Tribunal.

A fin de determinar si hay o no disposicin a actuar en un asunto determinado, se examinar, teniendo en cuenta los principios de un proceso con las debidas garantas reconocidos por el Derecho Internacional, si se da una o varias de las siguientes circunstancias, segn el caso:

a) Que el juicio ya haya estado o est en marcha o que la decisin nacional haya sido adoptada con el propsito de sustraer a la persona de que se trate de su responsabilidad penal.

b) Que haya habido una demora injustificada en el juicio que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intencin de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia.

c) Que el proceso no haya sido o no est siendo sustanciado de manera independiente o imparcial y haya sido o est siendo sustanciado de forma en que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intencin de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia.

A fin de determinar la incapacidad para investigar o enjuiciar en un asunto determinado, se examinar si el Estado, debido al colapso total o sustancial de su administracin nacional de justicia o al hecho de que carece de ella, no puede hacer comparecer al acusado, no dispone de las pruebas y los testimonios necesarios o no est por otras razones en condiciones de llevar a cabo el juicio.

6. Los delitos a los que se refieren los apartados 3 y 4 solamente sern perseguibles en Espaa previa interposicin de querella por el agraviado o por el Ministerio Fiscal.

Artculo 24.

En el orden contencioso-administrativo ser competente, en todo caso, la jurisdiccin espaola cuando la pretensin que se deduzca se refiera a disposiciones de carcter general o a actos de las Administraciones Pblicas espaolas. Asimismo conocer de las que se deduzcan en relacin con actos de los poderes pblicos espaoles, de acuerdo con lo que dispongan las leyes.

Artculo 25.

En el orden social, los Juzgados y Tribunales espaoles sern competentes:

1. En materia de derechos y obligaciones derivados de contrato de trabajo, cuando los servicios se hayan prestado en Espaa o el contrato se haya celebrado en territorio espaol; cuando el demandado tenga su domicilio en territorio espaol o una agencia, sucursal, delegacin o cualquier otra representacin en Espaa; cuando el trabajador y el empresario tengan nacionalidad espaola, cualquiera que sea el lugar de prestacin de los servicios o de celebracin del contrato; y, adems, en el caso de contrato de embarque, si el contrato fue precedido de oferta recibida en Espaa por trabajador espaol.

2. En materia de control de legalidad de los convenios colectivos de trabajo celebrados en Espaa y de pretensiones derivadas de conflictos colectivos de trabajo promovidos en territorio espaol.

3. En materia de pretensiones de Seguridad Social frente a entidades espaolas o que tengan domicilio, agencia, delegacin o cualquier otra representacin en Espaa.

TTULO II

De la planta y organizacin territorial

CAPTULO I

De los Juzgados y Tribunales

Artculo 26.

El ejercicio de la potestad jurisdiccional se atribuye a los siguientes juzgados y Tribunales:

Juzgados de Paz.

Juzgados de Primera Instancia e Instruccin, de lo Mercantil, de Violencia sobre la Mujer, de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, de Menores y de Vigilancia Penitenciaria.

Audiencias Provinciales.

Tribunales Superiores de Justicia.

Audiencia Nacional.

Tribunal Supremo.

Artculo 27.

1. En las Salas de los Tribunales en las que existan dos o ms Secciones, se designarn por numeracin ordinal.

2. En las poblaciones en que existan dos o ms Juzgados del mismo orden jurisdiccional y de la misma clase, se designarn por numeracin cardinal.

Artculo 28.

(Derogado)

Artculo 29.

1. La planta de los juzgados y tribunales se establecer por ley. Ser revisada, al menos, cada cinco aos, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, para adaptarla a las nuevas necesidades.

2. La revisin de la planta de los juzgados y tribunales podr ser instada por las comunidades autnomas con competencia en materia de Justicia para adaptarla a las necesidades de su mbito territorial.

CAPTULO II

De la divisin territorial en lo judicial

Artculo 30.

El Estado se organiza territorialmente, a efectos judiciales, en Municipios, Partidos, Provincias y Comunidades Autnomas.

Artculo 31.

El municipio se corresponde con la demarcacin administrativa del mismo nombre.

Artculo 32.

1. El partido es la unidad territorial integrada por uno o ms municipios limtrofes, pertenecientes a una misma provincia.

2. La modificacin de partidos se realizar, en su caso, en funcin del nmero de asuntos, de las caractersticas de la poblacin, medios de comunicacin y comarcas naturales.

3. El partido podr coincidir con la demarcacin provincial.

Artculo 33.

La provincia se ajustar a los lmites territoriales de la demarcacin administrativa del mismo nombre.

Artculo 34.

La Comunidad Autnoma ser el mbito territorial de los Tribunales Superiores de Justicia.

Artculo 35.

1. La demarcacin judicial, que determinar la circunscripcin territorial de los rganos judiciales, se establecer por ley o, en los casos expresamente contemplados en esta norma, por real decreto.

2. A tal fin, las Comunidades Autnomas participarn en la organizacin de la demarcacin judicial de sus territorios respectivos, remitiendo al Gobierno, a solicitud de ste, una propuesta de la misma en la que fijarn los partidos judiciales.

3. El Ministerio de Justicia, vistas las propuestas de las Comunidades Autnomas, redactar la correspondiente disposicin normativa, que ser informada por el Consejo General del Poder Judicial en el plazo de dos meses.

4. Emitidos los precitados informes, el Gobierno proceder a la tramitacin del oportuno proyecto normativo.

5. La demarcacin judicial ser revisada cada cinco aos o antes si las circunstancias lo aconsejan, mediante ley elaborada conforme al procedimiento anteriormente establecido.

6. Las Comunidades Autnomas, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, determinarn, por ley, la capitalidad de los partidos judiciales.

Artculo 36.

La creacin de Secciones y Juzgados corresponder al Gobierno cuando no suponga alteracin de la demarcacin judicial, odos preceptivamente la Comunidad Autnoma afectada y el Consejo General del Poder Judicial.

Artculo 37.

1. Corresponde al Ministerio de Justicia o al rgano competente de la comunidad autnoma con competencias en materia de justicia proveer a los juzgados y tribunales de los medios precisos para el desarrollo de su funcin con independencia y eficacia.

2. A tal efecto, el Consejo General del Poder Judicial remitir anualmente al Ministerio de Justicia o al rgano competente de la comunidad autnoma con competencias en materia de justicia una relacin circunstanciada de las necesidades que estime existentes.

TTULO III

De los conflictos de jurisdiccin y de los conflictos y cuestiones de competencia

CAPTULO I

De los conflictos de jurisdiccin

Artculo 38.

1. Los conflictos de jurisdiccin entre los Juzgados o Tribunales y la Administracin sern resueltos por un rgano colegiado constituido por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidir, y por cinco vocales, de los que dos sern Magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, designados por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, y los otros tres sern Consejeros Permanentes de Estado, actuando como Secretario el de Gobierno del Tribunal Supremo.

2. El Presidente tendr siempre voto de calidad en caso de empate.

Artculo 39.

1. Los conflictos de jurisdiccin entre los Juzgados o Tribunales de cualquier orden jurisdiccional de la jurisdiccin ordinaria y los rganos judiciales militares, sern resueltos por la Sala de Conflictos de Jurisdiccin, compuesta por el Presidente del Tribunal Supremo, que la presidir, dos Magistrados de la Sala del Tribunal Supremo del orden jurisdiccional en conflicto y dos Magistrados de la Sala de lo Militar, todos ellos designados por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. Actuar como Secretario de esta Sala el de Gobierno del Tribunal Supremo.

2. El Presidente tendr siempre voto de calidad en caso de empate.

Artculo 40.

Anualmente se renovarn los componentes de los rganos colegiados decisorios previstos en los dos artculos anteriores.

Artculo 41.

El planteamiento, tramitacin y decisin de los conflictos de jurisdiccin se ajustar a lo dispuesto en la ley.

CAPTULO II

De los conflictos de competencia

Artculo 42.

Los conflictos de competencia que puedan producirse entre Juzgados o Tribunales de distinto orden jurisdiccional, integrados en el Poder Judicial, se resolvern por una Sala especial del Tribunal Supremo, presidida por el Presidente y compuesta por dos Magistrados, uno por cada orden jurisdiccional en conflicto, que sern designados anualmente por la Sala de Gobierno. Actuar como Secretario de esta Sala especial el de Gobierno del Tribunal Supremo.

Artculo 43.

Los conflictos de competencia, tanto positivos como negativos, podrn ser promovidos de oficio o a instancia de parte o del Ministerio Fiscal, mientras el proceso no haya concluido por sentencia firme, salvo que el conflicto se refiera a la ejecucin del fallo.

Artculo 44.

El orden jurisdiccional penal es siempre preferente. Ningn Juez o Tribunal podr plantear conflicto de competencia a los rganos de dicho orden jurisdiccional.

Artculo 45.

Suscitado el conflicto de competencia en escrito razonado, en el que se expresarn los preceptos legales en que se funde, el Juez o Tribunal, odas las partes y el Ministerio Fiscal por plazo comn de diez das, decidir por medio de auto si procede declinar el conocimiento del asunto o requerir al rgano jurisdiccional que est conociendo para que deje de hacerlo.

Artculo 46.

1. Al requerimiento de inhibicin se acompaar testimonio del auto dictado por el Juez o Tribunal requirente, de los escritos de las partes y del Ministerio Fiscal y de los dems particulares que se estimen conducentes para justificar la competencia de aqul.

2. El requerido, con audiencia del Ministerio Fiscal y de las partes por plazo comn de diez das, dictar auto resolviendo sobre su competencia.

Artculo 47.

1. Si no se accediere al requerimiento, se comunicar as al requirente y se elevarn por ambos las actuaciones a la Sala de Conflictos, conservando ambos rganos, en su caso, los testimonios necesarios para cumplir lo previsto en el apartado 2 del artculo 48.

2. La Sala, odo el Ministerio Fiscal por plazo no superior a diez das, dictar auto en los diez siguientes, sin que contra l quepa recurso alguno. El auto que se dicte resolver definitivamente el conflicto de competencia.

Artculo 48.

1. Desde que se dicte el auto declinando la competencia o acordando el requerimiento, y desde que se tenga conocimiento de este por el Juez o Tribunal requerido, se suspender el procedimiento en el asunto a que se refiere aqul.

2. No obstante, la suspensin no alcanzar a las actuaciones preventivas o preparatorias ni a las cautelares, cualesquiera que sean los ordenes jurisdiccionales en eventual conflicto, que tengan carcter urgente o necesario, o que, de no adoptarse, pudieran producir un quebranto irreparable o de difcil reparacin. En su caso, los Jueces o Tribunales adoptarn las garantas procedentes para asegurar los derechos o intereses de las partes o de terceros o el inters pblico.

Artculo 49.

Las resoluciones recadas en la tramitacin de los conflictos de competencia no sern susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario.

Artculo 50.

1. Contra la resolucin firme en que el rgano del orden jurisdiccional indicado en la resolucin a que se refiere el apartado 6 del artculo 9 declare su falta de jurisdiccin en un proceso cuyos sujetos y pretensiones fuesen los mismos, podr interponerse en el plazo de diez das recurso por defecto de jurisdiccin.

2. El recurso se interpondr ante el rgano que dict la resolucin, quien, tras or a las partes personadas, si las hubiere, remitir las actuaciones a la Sala de Conflictos.

3. La Sala reclamar del Juzgado o Tribunal que declar en primer lugar su falta de jurisdiccin que le remita las actuaciones y, odo el Ministerio Fiscal por plazo no superior a diez das, dictar auto dentro de los diez siguientes.

CAPTULO III

De las cuestiones de competencia

Artculo 51.

1. Las cuestiones de competencia entre Juzgados y Tribunales de un mismo orden jurisdiccional se resolvern por el rgano inmediato superior comn, conforme a las normas establecidas en las leyes procesales.

2. En la resolucin en que se declare la falta de competencia se expresar el rgano que se considere competente.

Artculo 52.

No podrn suscitarse cuestiones de competencia entre Jueces y Tribunales subordinados entre s. El Juez o Tribunal Superior fijar, en todo caso, y sin ulterior recurso, su propia competencia, odas las partes y el Ministerio Fiscal por plazo comn de diez das. Acordado lo procedente, recabarn las actuaciones del Juez o Tribunal inferior o le remitirn las que se hallare conociendo.

TTULO IV

De la composicin y atribuciones de los rganos jurisdiccionales

CAPTULO I

Del Tribunal Supremo

Artculo 53.

El Tribunal Supremo, con sede en la villa de Madrid, es el rgano jurisdiccional superior en todos los rdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantas Constitucionales. Tendr jurisdiccin en toda Espaa y ningn otro podr tener el ttulo de Supremo.

Artculo 54.

El Tribunal Supremo se compondr de su Presidente, de los Presidentes de Sala y los Magistrados que determine la ley para cada una de las Salas y, en su caso, Secciones en que las mismas puedan articularse.

Artculo 55.

El Tribunal Supremo estar integrado por las siguientes Salas:

Primera: De lo Civil.

Segunda: De lo Penal.

Tercera: De lo Contencioso-Administrativo.

Cuarta: De lo Social.

Quinta: De lo Militar, que se regir por su Iegislacin especfica y supletoriamente por la presente Ley y por el ordenamiento comn a las dems Salas del Tribunal Supremo.

Artculo 55 bis.

Adems de las competencias atribuidas a las Salas de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Supremo en los artculos 56 y 57, dichas Salas conocern de la tramitacin y enjuiciamiento de las acciones civiles y penales, respectivamente, dirigidas contra la Reina consorte o el consorte de la Reina, la Princesa o Prncipe de Asturias y su consorte, as como contra el Rey o Reina que hubiere abdicado y su consorte.

Artculo 56.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo conocer:

1. De los recursos de casacin, revisin y otros extraordinarios en materia civil que establezca la ley.

2. De las demandas de responsabilidad civil por hechos realizados en el ejercicio de su cargo, dirigidas contra el Presidente del Gobierno, Presidentes del Congreso y del Senado, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, Diputados y Senadores, Vocales del Consejo General del Poder Judicial, Magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, Presidentes de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas y de los Tribunales Superiores de Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas, Presidente y Consejeros del Consejo de Estado, Defensor del Pueblo y Presidente y Consejeros de una Comunidad Autnoma, cuando as lo determinen su Estatuto de Autonoma.

3. De las demandas de responsabilidad civil dirigidas contra Magistrados de la Audiencia Nacional o de los Tribunales Superiores de Justicia por hechos realizados en el ejercicio de sus cargos.

Artculo 57.

1. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conocer:

1. De los recursos de casacin, revisin y otros extraordinarios en materia penal que establezca la ley.

2. De la instruccin y enjuiciamiento de las causas contra el Presidente del Gobierno, Presidentes del Congreso y del Senado, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, Diputados y Senadores, Vocales del Consejo General del Poder Judicial, Magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, Presidente de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas y de los Tribunales Superiores de Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas, Presidente y Consejeros del Consejo de Estado y Defensor del Pueblo, as como de las causas que, en su caso, determinen los Estatutos de Autonoma.

3. De la instruccin y enjuiciamiento de las causas contra Magistrados de la Audiencia Nacional o de un Tribunal Superior de Justicia.

4. De los dems asuntos que le atribuya esta Ley.

5. De los procedimientos de decomiso autnomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.

2. En las causas a que se refieren los nmeros segundo y tercero del prrafo anterior se designar de entre los miembros de la Sala, conforme a un turno preestablecido, un instructor, que no formar parte de la misma para enjuiciarlas.

Artculo 58.

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo conocer:

Primero. En nica instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra actos y disposiciones del Consejo de Ministros, de las Comisiones Delegadas del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial y contra los actos y disposiciones de los rganos competentes del Congreso de los Diputados y del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo en los trminos y materias que la Ley establezca y de aquellos otros recursos que excepcionalmente le atribuya la Ley.

Segundo. De los recursos de casacin y revisin en los trminos que establezca la Ley.

Tercero. De la solicitud de autorizacin para la declaracin prevista en la disposicin adicional quinta de la Ley Orgnica de Proteccin de Datos Personales y Garanta de los Derechos Digitales, cuando tal solicitud sea formulada por el Consejo General del Poder Judicial.

Artculo 59.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo conocer de los recursos de casacin y revisin y otros extraordinarios que establezca la ley en materias propias de este orden jurisdiccional.

Artculo 60.

1. Conocer adems cada una de las Salas del Tribunal Supremo de las recusaciones que se interpusieren contra los Magistrados que las compongan, y de las cuestiones de competencia entre Juzgados o Tribunales del propio orden jurisdiccional que no tengan otro superior comn.

2. A estos efectos, los Magistrados recusados no formarn parte de la Sala.

Artculo 61.

1. Una Sala formada por el Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y el Magistrado ms antiguo y el ms moderno de cada una de ellas conocer:

1. De los recursos de revisin contra las sentencias dictadas en nica instancia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de dicho Tribunal.

2. De los incidentes de recusacin del Presidente del Tribunal Supremo, o de los Presidentes de Sala, o de ms de dos Magistrados de una Sala. En este caso, los afectados directamente por la recusacin sern sustituidos por quienes corresponda.

3. De las demandas de responsabilidad civil que se dirijan contra los Presidentes de Sala o contra todos o la mayor parte de los Magistrados de una Sala de dicho Tribunal por hechos realizados en el ejercicio de su cargo.

4. De la instruccin y enjuiciamiento de las causas contra los Presidentes de Sala o contra los Magistrados de una Sala, cuando sean Juzgados todos o la mayor parte de los que la constituyen.

5. Del conocimiento de las pretensiones de declaracin de error judicial cuando ste se impute a una Sala del Tribunal Supremo.

6. De los procesos de declaracin de ilegalidad y consecuente disolucin de los partidos polticos, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgnica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Polticos.

2. En las causas a que se refiere el nmero 4 del apartado anterior se designar de entre los miembros de la Sala, conforme a un turno preestablecido, un instructor que no formar parte de la misma para enjuiciarlos.

3. Una Seccin, formada por el Presidente del Tribunal Supremo, el de la Sala de lo Contencioso-administrativo y cinco Magistrados de esta misma Sala, que sern los dos ms antiguos y los tres ms modernos, conocer del recurso de casacin para la unificacin de doctrina cuando la contradiccin se produzca entre sentencias dictadas en nica instancia por Secciones distintas de dicha Sala.

Artculo 61 bis.

1. Al servicio del Tribunal Supremo existir un Gabinete Tcnico, que asistir a la Presidencia y a sus diferentes Salas en los procesos de admisin de los asuntos de que conozcan y mediante la elaboracin de estudios e informes que se le soliciten. Tambin prestar apoyo a las Salas especiales en el despacho de asuntos que les estn atribuidos.

2. El Gabinete Tcnico estar integrado por un Director y por miembros de la Carrera judicial y otros juristas que ostentarn la denominacin de Letrados del Gabinete Tcnico.

3. A los efectos anteriores, en el Gabinete Tcnico existirn tantas reas como rdenes jurisdiccionales. Dentro de cada rea podr existir una seccin de Admisin y otra seccin de Estudios e Informes. En la Sala Quinta de lo Militar podr haber un Letrado del Gabinete Tcnico.

Los Letrados prestarn sus servicios en las diferentes reas atendiendo a su especializacin profesional.

4. En cada una de las reas habr uno o varios Letrados del Gabinete Tcnico que asuman funciones de coordinacin de los miembros del Gabinete que formen parte de la misma. Sern designados por el Presidente del Tribunal Supremo, preferentemente de entre los Letrados que pertenezcan a la Carrera Judicial, y debern tener una antigedad mnima de diez aos en el ejercicio de su respectiva profesin.

5. El Ministerio de Justicia, oda la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y previo informe del Consejo General del Poder Judicial e informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas, determinar la composicin y plantilla del Gabinete Tcnico.

Excepcionalmente, por razones coyunturales y debidamente justificadas, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y oda la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, podr el Ministerio de Justicia adscribir temporalmente, con el lmite mximo de un ao, un nmero adicional de miembros al servicio del Gabinete Tcnico.

Artculo 61 ter.

La superior direccin del Gabinete Tcnico ser ejercida por el Presidente del Tribunal Supremo o, en caso de delegacin de ste, por el Vicepresidente del Tribunal Supremo.

Artculo 61 quter.

1. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial nombrar al Director del Gabinete Tcnico, a propuesta vinculante del Presidente del Tribunal Supremo, debiendo acreditar los requisitos legalmente exigidos para poder acceder a la categora de Magistrado del Tribunal Supremo, teniendo dicha consideracin, a efectos representativos, mientras desempee el cargo.

2. Los Letrados que hayan de prestar servicio en el Gabinete Tcnico sern seleccionados mediante concurso de mritos, establecindose en el anuncio de la convocatoria los criterios de seleccin.

Los Letrados que no pertenezcan a la Carrera Judicial o Fiscal debern ser funcionarios del Cuerpo de Letrados de la Administracin de Justicia o funcionarios de las Administraciones Pblicas u rganos constitucionales, con titulacin en Derecho, pertenecientes a Cuerpos del Subgrupo A1 o asimilados.

La Comisin Permanente del Consejo General del Poder Judicial realizar la convocatoria a propuesta del Presidente del Tribunal Supremo, quien oir previamente, a los efectos de fijar los criterios de seleccin, a la Sala de Gobierno de dicho Tribunal.

3. El Presidente del Tribunal Supremo, odos los Presidentes de Sala y el Director del Gabinete Tcnico, someter a la Sala de Gobierno, para su aprobacin, la propuesta de candidatos a cubrir las plazas de Letrado del Gabinete Tcnico.

4. El Presidente del Tribunal Supremo elevar al Pleno del Consejo General del Poder Judicial la propuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, para que proceda al nombramiento de quienes vayan a ocupar las plazas de Letrado del Gabinete Tcnico.

Artculo 61 quinquies.

1. Los Letrados que fueren seleccionados sern nombrados por un ao. Una vez cumplido ese plazo, el Presidente del Tribunal Supremo, odos el Presidente de Sala respectivo y el Director del Gabinete Tcnico, propondr, en su caso, la prrroga en la plaza, de conformidad con el procedimiento establecido para el nombramiento inicial. Los Letrados podrn ser prorrogados por sucesivos periodos de tres aos. Sin perjuicio de lo anterior, los Letrados podrn ser cesados por el Presidente del Tribunal Supremo por incumplimiento grave de los deberes de su funcin.

2. El Director del Gabinete Tcnico y los Letrados sern declarados en situacin administrativa de servicios especiales en la Carrera o Cuerpo de procedencia.

3. A los efectos del cmputo de la antigedad en la Carrera Judicial, a los Jueces o Magistrados que ocupen plaza de Letrado en el Gabinete Tcnico se les tendrn en cuenta los servicios prestados en el orden jurisdiccional correspondiente al rea del Gabinete Tcnico en que estuvieran adscritos.

Esta previsin ser tambin de aplicacin a los efectos del cmputo de la antigedad en el Cuerpo a los Letrados de la Administracin de Justicia que ocupen plaza de Letrado en el Gabinete Tcnico.

Artculo 61 sexies.

La Sala de Gobierno, a propuesta del Presidente del Tribunal Supremo, aprobar las normas de funcionamiento del Gabinete Tcnico.

CAPTULO II

De la Audiencia Nacional

Artculo 62.

La Audiencia Nacional, con sede en la villa de Madrid, tiene jurisdiccin en toda Espaa.

Artculo 63.

1. La Audiencia Nacional se compondr de su Presidente, los Presidentes de Sala y los magistrados que determine la ley para cada una de sus Salas y Secciones.

2. El Presidente de la Audiencia Nacional, que tendr la consideracin de Presidente de Sala del Tribunal Supremo, es el Presidente nato de todas sus Salas.

Artculo 64.

1. La Audiencia Nacional estar integrada por las siguientes Salas:

De Apelacin.

De lo Penal.

De lo Contencioso-Administrativo.

De lo Social.

2. En el caso de que el nmero de asuntos lo aconseje, podrn crearse dos o ms Secciones dentro de una Sala.

Artculo 64 bis.

1. La Sala de Apelacin de la Audiencia Nacional conocer de los recursos de esta clase que establezca la ley contra las resoluciones de la Sala de lo Penal.

2. Cuando la sensible y continuada diferencia en el volumen de trabajo lo aconseje, los magistrados de esta Sala, con el acuerdo favorable de la Sala de Gobierno, previa propuesta del Presidente del Tribunal, podrn ser adscritos por el Consejo General del Poder Judicial, total o parcialmente, y sin que ello signifique incremento retributivo alguno, a otra Sala de diferente orden.

Para la adscripcin se valorarn la antigedad en el escalafn y la especialidad o experiencia de los magistrados afectados y, a ser posible, sus preferencias.

Artculo 65.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conocer:

1. Del enjuiciamiento, salvo que corresponda en primera instancia a los Juzgados Centrales de lo Penal, de las causas por los siguientes delitos:

a) Delitos contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor, altos organismos de la Nacin y forma de Gobierno.

b) Falsificacin de moneda y fabricacin de tarjetas de crdito y dbito falsas y cheques de viajero falsos, siempre que sean cometidos por organizaciones o grupos criminales.

c) Defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusin en la seguridad del trfico mercantil, en la economa nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de ms de una Audiencia.

d) Trfico de drogas o estupefacientes, fraudes alimentarios y de sustancias farmacuticas o medicinales, siempre que sean cometidos por bandas o grupos organizados y produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas Audiencias.

e) Delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los Tribunales espaoles.

En todo caso, la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional extender su competencia al conocimiento de los delitos conexos con todos los anteriormente reseados.

2. De los procedimientos penales iniciados en el extranjero, de la ejecucin de las sentencias dictadas por Tribunales extranjeros o del cumplimiento de pena de prisin impuesta por Tribunales extranjeros, cuando en virtud de un tratado internacional corresponda a Espaa la continuacin de un procedimiento penal iniciado en el extranjero, la ejecucin de una sentencia penal extranjera o el cumplimiento de una pena o medida de seguridad privativa de libertad, salvo en aquellos casos en que esta Ley atribuya alguna de estas competencias a otro rgano jurisdiccional penal.

3. De las cuestiones de cesin de jurisdiccin en materia penal derivadas del cumplimiento de tratados internacionales en los que Espaa sea parte.

4. De los recursos respecto a los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unin Europea que les atribuya la ley, y la resolucin de los procedimientos judiciales de extradicin pasiva, sea cual fuere el lugar de residencia o en que hubiese tenido lugar la detencin del afectado por el procedimiento.

5. De los recursos establecidos en la Ley contra las sentencias y otras resoluciones de los Juzgados Centrales de lo Penal, de los Juzgados Centrales de Instruccin y del Juzgado Central de Menores.

6. De los recursos contra las resoluciones dictadas por los Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria de conformidad con lo previsto en la disposicin adicional quinta.

7. De los procedimientos de decomiso autnomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.

8. De cualquier otro asunto que le atribuyan las leyes.

Artculo 66.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional conocer:

a) En nica instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra disposiciones y actos de los Ministros y Secretarios de Estado que la ley no atribuya a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.

b) En nica instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra los actos dictados por la Comisin de Vigilancia de Actividades de Financiacin del Terrorismo. Conocer, asimismo, de la posible prrroga de los plazos que le plantee dicha Comisin de Vigilancia respecto de las medidas previstas en los artculos 1 y 2 de la Ley 12/2003, de prevencin y bloqueo de la financiacin del terrorismo.

c) De los recursos devolutivos que la ley establezca contra las resoluciones de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.

d) De los recursos no atribuidos a los Tribunales Superiores de Justicia en relacin a los convenios entre las Administraciones pblicas y a las resoluciones del Tribunal Econmico-Administrativo Central.

e) De las cuestiones de competencia que se puedan plantear entre los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo y de aquellos otros recursos que excepcionalmente le atribuya la ley.

f) De la solicitud de autorizacin para la declaracin prevista en la disposicin adicional quinta de la Ley Orgnica de Proteccin de Datos Personales y Garanta de los Derechos Digitales, cuando tal solicitud sea formulada por la Agencia Espaola de Proteccin de Datos.

Artculo 67.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional conocer en nica instancia:

1. De los procesos especiales de impugnacin de convenios colectivos cuyo mbito territorial de aplicacin sea superior al territorio de una Comunidad Autnoma.

2. De los procesos sobre conflictos colectivos cuya resolucin haya de surtir efecto en un mbito territorial superior al de una Comunidad Autnoma.

Artculo 68.

1. Conocer adems cada una de las Salas de la Audiencia Nacional de las recusaciones que se interpusieren contra los Magistrados que las compongan.

2. A estos efectos, los Magistrados recusados no formarn parte de la Sala.

Artculo 69.

Una Sala formada por el Presidente de la Audiencia Nacional, los Presidentes de las Salas y el Magistrado ms antiguo y el ms moderno de cada una, o aquel que, respectivamente, le sustituya, conocer de los incidentes de recusacin del Presidente, de los Presidentes de Sala o de ms de dos Magistrados de una Sala.

CAPTULO III

De los Tribunales Superiores de Justicia

Artculo 70.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autnoma culminar la organizacin judicial en el mbito territorial de aqulla, sin perjuicio de la jurisdiccin que corresponde al Tribunal Supremo.

Artculo 71.

El Tribunal Superior de Justicia tomar el nombre de la Comunidad Autnoma y extender su jurisdiccin al mbito territorial de sta.

Artculo 72.

1. El Tribunal Superior de Justicia estar integrado por las siguientes Salas: de lo Civil y Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social.

2. Se compondr de un Presidente, que lo ser tambin de su Sala de lo Civil y Penal, y tendr la consideracin de Magistrado del Tribunal Supremo mientras desempee el cargo; de los Presidentes de Sala y de los Magistrados que determine la ley para cada una de las Salas y, en su caso, de las Secciones que puedan dentro de ellas crearse.

Artculo 73.

1. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia conocer, como Sala de lo Civil:

a) Del recurso de casacin que establezca la ley contra resoluciones de rganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autnoma, siempre que el recurso se funde en infraccin de normas del derecho civil, foral o especial, propio de la comunidad, y cuando el correspondiente Estatuto de Autonoma haya previsto esta atribucin.

b) Del recurso extraordinario de revisin que establezca la ley contra sentencias dictadas por rganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autnoma, en materia de derecho civil, foral o especial, propio de la comunidad autnoma, si el correspondiente Estatuto de Autonoma ha previsto esta atribucin.

c) De las funciones de apoyo y control del arbitraje que se establezcan en la ley, as como de las peticiones de exequtur de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros, a no ser que, con arreglo a lo acordado en los tratados o las normas de la Unin Europea, corresponda su conocimiento a otro Juzgado o Tribunal.

2. Esta Sala conocer igualmente:

a) En nica instancia, de las demandas de responsabilidad civil, por hechos cometidos en el ejercicio de sus respectivos cargos, dirigidas contra el Presidente y miembros del Consejo de Gobierno de la comunidad autnoma y contra los miembros de la Asamblea legislativa, cuando tal atribucin no corresponda, segn los Estatutos de Autonoma, al Tribunal Supremo.

b) En nica instancia, de las demandas de responsabilidad civil, por hechos cometidos en el ejercicio de su cargo, contra todos o la mayor parte de los magistrados de una Audiencia Provincial o de cualesquiera de sus secciones.

c) De las cuestiones de competencia entre rganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autnoma que no tenga otro superior comn.

3. Como Sala de lo Penal, corresponde a esta Sala:

a) El conocimiento de las causas penales que los Estatutos de Autonoma reservan al conocimiento de los Tribunales Superiores de Justicia.

b) La instruccin y el fallo de las causas penales contra jueces, magistrados y miembros del Ministerio Fiscal por delitos o faltas cometidos en el ejercicio de su cargo en la comunidad autnoma, siempre que esta atribucin no corresponda al Tribunal Supremo.

c) El conocimiento de los recursos de apelacin contra las resoluciones dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales, as como el de todos aquellos previstos por las leyes.

d) La decisin de las cuestiones de competencia entre rganos jurisdiccionales del orden penal con sede en la comunidad autnoma que no tengan otro superior comn.

e) De los procedimientos de decomiso autnomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.

4. Para la instruccin de las causas a que se refieren los prrafos a) y b) del apartado anterior se designar de entre los miembros de la Sala, conforme a un turno preestablecido, un instructor que no formar parte de la misma para enjuiciarlas.

5. Le corresponde, igualmente, la decisin de las cuestiones de competencia entre Juzgados de Menores de distintas provincias de la comunidad autnoma.

6. En el caso de que el nmero de asuntos lo aconseje, podrn crearse una o ms Secciones e incluso Sala de lo Penal con su propia circunscripcin territorial en aquellas capitales que ya sean sedes de otras Salas del Tribunal Superior, a los solos efectos de conocer los recursos de apelacin a los que se refiere la letra c) del apartado3 de este artculo y aquellas otras apelaciones atribuidas por las leyes al Tribunal Superior de Justicia.

Los nombramientos para Magistrados de estas Secciones o Salas, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, recaern en aquellos Magistrados que, ostentando la condicin de especialista en el orden penal obtenida mediante la superacin de las pruebas selectivas que reglamentariamente determine el Consejo General del Poder Judicial, tengan mejor puesto en su escalafn. A falta de stos, recaer en aquellos Magistrados que habiendo prestado sus servicios en el orden jurisdiccional penal durante diez aos dentro de los quince aos inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria, tengan mejor puesto en el escalafn. La antigedad en rganos mixtos se computar de igual manera a estos efectos. En su defecto, se nombrar a quien ostente mejor puesto en el escalafn.

Artculo 74.

1. Las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocern, en nica instancia, de los recursos que se deduzcan en relacin con:

a) Los actos de las Entidades locales y de las Administraciones de las Comunidades Autnomas, cuyo conocimiento no est atribuido a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo.

b) Las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autnomas y de las Entidades locales.

c) Los actos y disposiciones de los rganos de gobierno de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autnomas y de las instituciones autonmicas anlogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, en materia de personal, administracin y gestin patrimonial.

d) Los actos y resoluciones dictados por los Tribunales Econmico-Administrativos Regionales y Locales que pongan fin a la va econmicoadministrativa.

e) Las resoluciones dictadas en alzada por el Tribunal Econmico-Administrativo Central en materia de tributos cedidos.

f) Los actos y disposiciones de las Juntas Electorales Provinciales y de Comunidades Autnomas, as como los recursos contencioso-electorales contra acuerdos de las Juntas Electorales sobre proclamacin de electos y eleccin y proclamacin de Presidentes de Corporaciones locales en los trminos de la legislacin electoral.

g) Los convenios entre Administraciones pblicas cuyas competencias se ejerzan en el mbito territorial de la correspondiente Comunidad Autnoma.

h) La prohibicin o la propuesta de modificacin de reuniones previstas en la Ley Orgnica reguladora del Derecho de Reunin.

i) Los actos y resoluciones dictados por rganos de la Administracin General del Estado cuya competencia se extienda a todo el territorio nacional y cuyo nivel orgnico sea inferior a Ministro o Secretario de Estado, en materias de personal, propiedades especiales y expropiacin forzosa.

j) Cualesquiera otras actuaciones administrativas no atribuidas expresamente a la competencia de otros rganos de este orden jurisdiccional.

k) De la solicitud de autorizacin para la declaracin prevista en la disposicin adicional quinta de la Ley Orgnica de Proteccin de Datos Personales y Garanta de los Derechos Digitales, cuando tal solicitud sea formulada por la autoridad de proteccin de datos de la Comunidad Autnoma respectiva.

2. Conocern, en segunda instancia, de las apelaciones promovidas contra sentencias y autos dictados por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y de los correspondientes recursos de queja.

3. Tambin les corresponde, con arreglo a lo establecido en esta Ley, el conocimiento de los recursos de revisin contra las sentencias firmes de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo.

4. Conocern de las cuestiones de competencia entre los Juzgados de lo Contencioso-administrativo con sede en la Comunidad Autnoma.

5. Conocern del recurso de casacin para la unificacin de doctrina en los casos previstos en la Ley reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-administrativa.

6. Conocern del recurso de casacin en inters de la Ley en los casos previstos en la Ley reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-administrativa.

7. Corresponde a las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia autorizar, mediante auto, el requerimiento de informacin por parte de autoridades autonmicas de proteccin de datos a los operadores que presten servicios de comunicaciones electrnicas disponibles al pblico y de los prestadores de servicios de la sociedad de la informacin, cuando ello sea necesario de acuerdo con la legislacin especfica.

Artculo 75.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia conocer:

1. En nica instancia, de los procesos que la ley establezca sobre controversias que afecten a intereses de los trabajadores y empresarios en mbito superior al de un Juzgado de lo Social y no superior al de la Comunidad Autnoma.

2. De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de lo Social de la comunidad autnoma, as como de los recursos de suplicacin y los dems que prev la ley contra las resoluciones de los juzgados de lo mercantil de la comunidad autnoma en materia laboral, y las que resuelvan los incidentes concursales que versen sobre la misma materia.

3. De las cuestiones de competencia que se susciten entre los Juzgados de lo Social de la Comunidad Autnoma.

Artculo 76.

Cada una de las Salas del Tribunal Superior de Justicia conocer de las recusaciones que se formulen contra sus Magistrados cuando la competencia no corresponda a la Sala a que se refiere el artculo siguiente.

Artculo 77.

1. Una Sala constituida por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, los Presidentes de Sala y el Magistrado ms moderno de cada una de ellas conocer de las recusaciones formuladas contra el Presidente, los Presidentes de Sala o de Audiencias Provinciales con sede en la Comunidad Autnoma o de dos o ms Magistrados de una Sala o Seccin o de una Audiencia Provincial.

2. El recusado no podr formar parte de la Sala, producindose, en su caso, su sustitucin con arreglo a lo previsto en esta ley.

Artculo 78.

Cuando el nmero de asuntos procedentes de determinadas provincias u otras circunstancias lo requieran podrn crearse, con carcter excepcional, Salas de lo Contencioso-Administrativo o de lo Social con jurisdiccin limitada a una o varias provincias de la misma Comunidad Autnoma, en cuya capital tendrn su sede. Dichas Salas estarn formadas, como mnimo, por su Presidente, y se completarn, en su caso, con Magistrados de la Audiencia Provincial de su sede.

Artculo 79.

La Ley de planta podr, en aquellos Tribunales Superiores de Justicia en que el nmero de asuntos lo justifique, reducir el de Magistrados, quedando compuestas las Salas por su respectivo Presidente y por los Presidentes y Magistrados, en su caso, que aqulla determine.

CAPTULO IV

De las Audiencias Provinciales

Artculo 80.

1. Las Audiencias Provinciales, que tendrn su sede en la capital de la provincia, de la que tomarn su nombre, extendern su jurisdiccin a toda ella, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artculo 82.

2. Podrn crearse Secciones de la Audiencia Provincial fuera de la capital de la provincia, a las que quedarn adscritos uno o varios partidos judiciales.

3. En todo caso, y previo informe de la correspondiente Sala de Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial podr acordar que el conocimiento de determinadas clases de asuntos se atribuya en exclusiva a una seccin de la Audiencia Provincial, que extender siempre su competencia a todo su mbito territorial aun cuando existieren secciones desplazadas. Este acuerdo se publicar en el "Boletn Oficial del Estado".

Artculo 81.

1. Las Audiencias Provinciales se compondrn de un Presidente y dos o ms magistrados. Tambin podrn estar integradas por dos o ms Secciones de la misma composicin, en cuyo caso el Presidente de la Audiencia presidir una de las Secciones que determinar al principio de su mandato.

2. Cuando el escaso nmero de asuntos de que conozca una Audiencia Provincial lo aconseje, podr constar su plantilla de uno a dos magistrados, incluido el Presidente. En este caso, la Audiencia Provincial se completar para el enjuiciamiento y fallo, y cuando la naturaleza de la resolucin a dictar lo exija, con el nmero de magistrados que se precisen del Tribunal Superior de Justicia. A estos efectos, la Sala de Gobierno establecer un turno para cada ao judicial.

3. Del mismo modo, cuando as lo aconseje la mejor Administracin de Justicia, las Secciones de la Audiencia podrn estar formadas por cuatro o ms magistrados.

4. La adscripcin de los magistrados a las distintas secciones tendr carcter funcional cuando no estuvieren separadas por orden jurisdiccional o por especialidad. Si lo estuvieren, la adscripcin ser funcional exclusivamente dentro de las del mismo orden o especialidad.

Artculo 82.

1. Las Audiencias Provinciales conocern en el orden penal:

1. De las causas por delito, a excepcin de los que la Ley atribuye al conocimiento de los Juzgados de lo Penal o de otros Tribunales previstos en esta Ley.

2. De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Instruccin y de lo Penal de la provincia.

Para el conocimiento de los recursos contra resoluciones de los Juzgados de Instruccin en juicios por delitos leves la Audiencia se constituir con un solo Magistrado, mediante un turno de reparto.

3. De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones en materia penal dictadas por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia. A fin de facilitar el conocimiento de estos recursos, y atendiendo al nmero de asuntos existentes, debern especializarse una o varias de sus secciones de conformidad con lo previsto en el artculo 98 de la presente Ley Orgnica. Esta especializacin se extender a aquellos supuestos en que corresponda a la Audiencia Provincial el enjuiciamiento en primera instancia de asuntos instruidos por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia.

4. Las Audiencias Provinciales conocern tambin de los recursos contra las resoluciones de los Juzgados de Menores con sede en la provincia y de las cuestiones de competencia entre los mismos.

5. De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, cuando la competencia no corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

6. De los procedimientos de decomiso autnomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.

2. Las Audiencias Provinciales conocern en el orden civil:

1. De los recursos que establezca la ley contra resoluciones dictadas en primera instancia por los Juzgados de Primera Instancia de la provincia.

Para el conocimiento de los recursos contra resoluciones de los Juzgados de Primera Instancia que se sigan por los trmites del juicio verbal por razn de la cuanta, la Audiencia se constituir con un solo Magistrado, mediante un turno de reparto.

2. De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los Juzgados de lo Mercantil, salvo las que se dicten en incidentes concursales que resuelvan cuestiones de materia laboral, debiendo especializarse a tal fin una o varias de sus Secciones, de conformidad con lo previsto en el artculo98 de la presente Ley Orgnica. Estas Secciones especializadas conocern tambin de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de primera instancia en los procedimientos relativos a concursos de personas fsicas y a acciones individuales relativas a condiciones generales de la contratacin.

3. Asimismo, la Seccin o Secciones de la Audiencia Provincial de Alicante que se especialicen al amparo de lo previsto en el prrafo anterior conocern, adems, en segunda instancia y de forma exclusiva, de todos aquellos recursos a los que se refiere el artculo 101 del Reglamento n. 40/94, del Consejo de la Unin Europea, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, y el Reglamento 6/2002, del Consejo de la Unin Europea, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios. En el ejercicio de esta competencia extendern su jurisdiccin a todo el territorio nacional, y a estos solos efectos se denominarn Tribunales de Marca Comunitaria.

4. Las Audiencias Provinciales tambin conocern de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en materia civil por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia. A fin de facilitar el conocimiento de estos recursos, y atendiendo al nmero de asuntos existentes, podrn especializarse una o varias de sus secciones de conformidad con lo previsto en el artculo 98 de la presente Ley Orgnica.

3. Corresponde igualmente a las Audiencias Provinciales el conocimiento:

1. De las cuestiones de competencia en materia civil y penal que se susciten entre juzgados de la provincia que no tengan otro superior comn.

2. De las recusaciones de sus Magistrados, cuando la competencia no est atribuida a la Sala especial existente a estos efectos en los Tribunales Superiores de Justicia.

Artculo 83.

1. El juicio del Jurado se celebrar en el mbito de la Audiencia Provincial u otros Tribunales y en la forma que establezca la ley.

2. La composicin y competencia del Jurado es la regulada en la Ley Orgnica del Tribunal del Jurado.

CAPTULO V

De los Juzgados de Primera Instancia e Instruccin, de lo Mercantil, de lo Penal, de Violencia sobre la Mujer, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, de Vigilancia Penitenciaria y de Menores

Artculo 84.

En cada partido habr uno o ms Juzgados de Primera Instancia e Instruccin con sede en la capital de aqul y jurisdiccin en todo su mbito territorial. Tomarn su designacin del municipio de su sede.

Artculo 85.

Los Juzgados de Primera Instancia conocern en el orden civil:

1. En primera instancia, de los juicios que no vengan atribuidos por esta ley a otros juzgados o tribunales.

2. De los actos de jurisdiccin voluntaria en los trminos que prevean las leyes.

3. De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones de los Juzgados de Paz del partido.

4. De las cuestiones de competencia en materia civil entre los Juzgados de Paz del partido.

5. De las solicitudes de reconocimiento y ejecucin de sentencias y dems resoluciones judiciales extranjeras y de la ejecucin de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros, a no ser que, con arreglo a lo acordado en los tratados y otras normas internacionales, corresponda su conocimiento a otro Juzgado o Tribunal.

6. De los concursos de persona natural que no sea empresario en los trminos previstos en su Ley reguladora.

Artculo 86.

(Derogado)

Artculo 86 bis.

1. Con carcter general, en cada provincia, con jurisdiccin en toda ella y sede en su capital, habr uno o varios juzgados de lo mercantil.

2. Tambin podrn establecerse en poblaciones distintas de la capital de provincia cuando, atendidas la poblacin, la existencia de ncleos industriales o mercantiles y la actividad econmica, lo aconsejen, delimitndose en cada caso el mbito de su jurisdiccin.

3. Podrn establecerse juzgados de lo mercantil que extiendan su jurisdiccin a dos o ms provincias de la misma comunidad autnoma, con la salvedad de lo previsto en el apartado 4 de este artculo.

4. Los juzgados de lo mercantil de Alicante tendrn competencia, adems, para conocer, en primera instancia y de forma exclusiva, de todos aquellos litigios que se promuevan al amparo de lo previsto en los Reglamentos nmeros 40/94, del Consejo de la Unin Europea, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, y 6/2002, del Consejo de la Unin Europea, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios. En el ejercicio de esta competencia dichos Juzgados extendern su jurisdiccin a todo el territorio nacional, y a estos solos efectos se denominarn Juzgados de Marca Comunitaria.

Artculo 86 ter.

1. Los Juzgados de lo mercantil conocern de cuantas cuestiones se susciten en materia concursal, en los trminos previstos en su Ley reguladora y sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo85.6. En todo caso, la jurisdiccin del juez del concurso ser exclusiva y excluyente en las siguientes materias:

1. Las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado, con excepcin de las que se ejerciten en los procesos sobre capacidad, filiacin, matrimonio y menores a las que se refiere el ttulo I del libro IV de la Ley1/2000, de7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Con el mismo alcance conocer de la accin a que se refiere el artculo17.1 de la Ley22/2003, de9 de julio, Concursal.

2. Las acciones sociales que tengan por objeto la extincin, modificacin o suspensin colectivas de los contratos de trabajo en los que sea empleador el concursado, as como la suspensin o extincin de contratos de alta direccin, sin perjuicio de que cuando estas medidas supongan modificar las condiciones establecidas en convenio colectivo aplicable a estos contratos se requerir el acuerdo de los representantes de los trabajadores. En el enjuiciamiento de estas materias, y sin perjuicio de la aplicacin de las normas especficas de la Ley Concursal, debern tenerse en cuenta los principios inspiradores de la ordenacin normativa estatutaria y del proceso laboral.

3. Toda ejecucin frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el rgano que la hubiera ordenado.

4. Toda medida cautelar que afecte al patrimonio del concursado, excepto las que se adopten en los procesos civiles que quedan excluidos de su jurisdiccin en el nmero1. y sin perjuicio de las medidas cautelares que puedan decretar los rbitros durante un procedimiento arbitral.

5. Las que en el procedimiento concursal debe adoptar en relacin con la asistencia jurdica gratuita.

6. Las acciones tendentes a exigir responsabilidad civil a los administradores sociales, a los auditores o, en su caso, a los liquidadores, por los perjuicios causados al concursado durante el procedimiento.

2. Los Juzgados de lo Mercantil conocern, asimismo, de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil, respecto de:

a) Las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, as como todas aquellas cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas.

b) Las pretensiones que se promuevan al amparo de la normativa en materia de transportes, nacional o internacional.

c) Aquellas pretensiones relativas a la aplicacin del Derecho martimo.

d) Las acciones colectivas previstas en la legislacin relativa a condiciones generales de la contratacin y a la proteccin de consumidores y usuarios.

e) Los recursos contra las resoluciones de la Direccin General de los Registros y del Notariado en materia de recurso contra la calificacin del Registrador Mercantil, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria para este procedimiento.

f) De los procedimientos de aplicacin de los artculos81 y82 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y su Derecho derivado, as como los procedimientos de aplicacin de los artculos que determine la Ley de Defensa de la Competencia.

3. Los Juzgados de lo Mercantil tendrn competencia para el reconocimiento y ejecucin de sentencias y dems resoluciones judiciales extranjeras, cuando stas versen sobre materias de su competencia, a no ser que, con arreglo a lo acordado en los tratados y otras normas internacionales, corresponda su conocimiento a otro Juzgado o Tribunal.

Artculo 87.

1. Los Juzgados de Instruccin conocern, en el orden penal:

a) De la instruccin de las causas por delito cuyo enjuiciamiento corresponda a las Audiencias Provinciales y a los Juzgados de lo Penal, excepto de aquellas causas que sean competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

b) Les corresponde asimismo dictar sentencia de conformidad con la acusacin en los casos establecidos por la Ley y en los procesos por aceptacin de decreto.

c) Del conocimiento y fallo de los juicios de faltas, salvo los que sean competencia de los Jueces de Paz, o de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

d) De los procedimientos de ''habeas corpus''.

e) De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Paz del partido y de las cuestiones de competencia entre stos.

f) De la adopcin de la orden de proteccin a las vctimas de violencia sobre la mujer cuando est desarrollando funciones de guardia, siempre que no pueda ser adoptada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

g) De la emisin y la ejecucin de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unin Europea que les atribuya la ley.

h) De los procedimientos de decomiso autnomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.

2. Asimismo, los juzgados de instruccin conocern de la autorizacin del internamiento de extranjeros en los centros de internamiento, as como del control de la estancia de stos en los mismos y en las salas de inadmisin de fronteras. Tambin conocern de las peticiones y quejas que planteen los internos en cuanto afecten a sus derechos fundamentales.

3. Los procedimientos de revisin de medidas por modificacin de circunstancias podrn ser tramitados por el juez o jueza inicialmente competente.

Artculo 87 bis.

1. En cada partido habr uno o ms Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con sede en la capital de aqul y jurisdiccin en todo su mbito territorial. Tomarn su designacin del municipio de su sede.

2. Sin perjuicio de lo previsto en la legislacin vigente sobre demarcacin y planta judicial, el Gobierno, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y en su caso, con informe de la Comunidad Autnoma con competencias en materia de Justicia, podr establecer mediante real decreto que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer que se determinen extiendan su jurisdiccin a dos o ms partidos dentro de la misma provincia.

3. El Consejo General del Poder Judicial podr acordar, previo informe de las Salas de Gobierno, que, en aquellas circunscripciones donde sea conveniente en funcin de la carga de trabajo existente, el conocimiento de los asuntos referidos en el artculo 87 ter de la presente Ley Orgnica, corresponda a uno de los Juzgados de Primera Instancia e Instruccin, o de Instruccin en su caso, determinndose en esta situacin que uno solo de estos rganos conozca de todos estos asuntos dentro del partido judicial, ya sea de forma exclusiva o conociendo tambin de otras materias.

4. En los partidos judiciales en que exista un solo Juzgado de Primera Instancia e Instruccin ser ste el que asuma el conocimiento de los asuntos a que se refiere el artculo 87 ter de esta Ley.

Artculo 87 ter.

1. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer conocern, en el orden penal, de conformidad en todo caso con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de los siguientes supuestos:

a) De la instruccin de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los ttulos del Cdigo Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales, contra la intimidad y el derecho a la propia imagen, contra el honor o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidacin, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que est o haya estado ligada al autor por anloga relacin de afectividad, aun sin convivencia, as como de los cometidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas con la capacidad modificada judicialmente que con l convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando tambin se haya producido un acto de violencia de gnero.

b) De la instruccin de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier delito contra los derechos y deberes familiares, cuando la vctima sea alguna de las personas sealadas como tales en la letra anterior.

c) De la adopcin de las correspondientes rdenes de proteccin a las vctimas, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Juez de Guardia.

d) Del conocimiento y fallo de los delitos leves que les atribuya la ley cuando la vctima sea alguna de las personas sealadas como tales en la letra a) de este apartado.

e) Dictar sentencia de conformidad con la acusacin en los casos establecidos por la ley.

f) De la emisin y la ejecucin de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unin Europea que les atribuya la ley.

g) De la instruccin de los procesos para exigir responsabilidad penal por el delito de quebrantamiento previsto y penado en el artculo468 del Cdigo Penal cuando la persona ofendida por el delito cuya condena, medida cautelar o medida de seguridad se haya quebrantado sea o haya sido su esposa, o mujer que est o haya estado ligada al autor por una anloga relacin de afectividad aun sin convivencia, as como los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas con la capacidad modificada judicialmente que con l convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente.

2. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer podrn conocer en el orden civil, en todo caso de conformidad con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, de los siguientes asuntos:

a) Los de filiacin, maternidad y paternidad.

b) Los de nulidad del matrimonio, separacin y divorcio.

c) Los que versen sobre relaciones paterno filiales.

d) Los que tengan por objeto la adopcin o modificacin de medidas de trascendencia familiar.

e) Los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos e hijas menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos e hijas menores.

f) Los que versen sobre la necesidad de asentimiento en la adopcin.

g) Los que tengan por objeto la oposicin a las resoluciones administrativas en materia de proteccin de menores.

3. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tendrn de forma exclusiva y excluyente competencia en el orden civil cuando concurran simultneamente los siguientes requisitos:

a) Que se trate de un proceso civil que tenga por objeto alguna de las materias indicadas en el nmero 2 del presente artculo.

b) Que alguna de las partes del proceso civil sea vctima de los actos de violencia de gnero, en los trminos a que hace referencia el apartado 1 a) del presente artculo.

c) Que alguna de las partes del proceso civil sea imputado como autor, inductor o cooperador necesario en la realizacin de actos de violencia de gnero.

d) Que se hayan iniciado ante el Juez de Violencia sobre la Mujer actuaciones penales por delito o falta a consecuencia de un acto de violencia sobre la mujer, o se haya adoptado una orden de proteccin a una vctima de violencia de gnero.

4. Cuando el Juez apreciara que los actos puestos en su conocimiento, de forma notoria, no constituyen expresin de violencia de gnero, podr inadmitir la pretensin, remitindola al rgano judicial competente.

5. En todos estos casos est vedada la mediacin.

6. El Consejo General del Poder Judicial deber estudiar, en el mbito de sus competencias, la necesidad o carencia de dependencias que impidan la confrontacin de la vctima y el agresor durante el proceso, as como impulsar, en su caso, la creacin de las mismas, en colaboracin con el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autnomas competentes. Se procurar que estas mismas dependencias sean utilizadas en los casos de agresiones sexuales y de trata de personas con fines de explotacin sexual. En todo caso, estas dependencias debern ser plenamente accesibles, condicin de obligado cumplimiento de los entornos, productos y servicios con el fin de que sean comprensibles, utilizables y practicables por todas las mujeres y menores vctimas sin excepcin.

Artculo 87 quter.

1. El Consejo General del Poder Judicial encomendar al Observatorio contra la Violencia Domstica y de Gnero la evaluacin de los datos provenientes de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, as como de aquellos asuntos relacionados con esta materia en juzgados no especficos.

2. Anualmente se elaborar un informe sobre los datos relativos a violencia de gnero y violencia sexual, que ser publicado y remitido a la Comisin de Seguimiento y Evaluacin de los acuerdos del Pacto de Estado contra la Violencia de Gnero del Congreso de los Diputados, as como a la Comisin Especial de seguimiento y evaluacin de los acuerdos del Informe del Senado sobre las estrategias contra la Violencia de Gnero aprobadas en el marco del Pacto de Estado.

3. La informacin mencionada en el apartado anterior se incorporar a la Memoria Anual del Consejo General del Poder Judicial.

4. La informacin estadstica obtenida en aplicacin de este artculo deber poder desagregarse con un indicador de discapacidad de las vctimas.

Igualmente, permitir establecer un registro estadstico de los menores vctimas de violencia de gnero, que permita tambin la desagregacin con indicador de discapacidad.

Artculo 88.

En la villa de Madrid podr haber uno o ms Juzgados Centrales de Instruccin, con jurisdiccin en toda Espaa, que instruirn las causas cuyo enjuiciamiento corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o, en su caso, a los Juzgados Centrales de lo Penal y tramitarn los expedientes de ejecucin de las rdenes europeas de detencin y entrega, los procedimientos de extradicin pasiva, los relativos a la emisin y la ejecucin de otros instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unin Europea que les atribuya la ley, as como las solicitudes de informacin entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unin Europea cuando requieran autorizacin judicial, en los trminos previstos en la ley.

Artculo 89.

La Ley de planta y demarcacin puede establecer, como rganos distintos, en aquellos partidos en que fuere conveniente, los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de Instruccin.

Artculo 89 bis.

1. En cada provincia, y con sede en su capital, habr uno o varios Juzgados de lo Penal. Podrn establecerse Juzgados de lo Penal cuya jurisdiccin se extienda a uno o varios partidos de la misma provincia, conforme a lo que disponga la legislacin sobre demarcacin y planta judicial, que fijar la ciudad donde tendrn su sede. Los Juzgados de lo Penal tomarn su denominacin de la poblacin donde tengan su sede.

2. Los Juzgados de lo Penal enjuiciarn las causas por delito que la ley determine.

A fin de facilitar el conocimiento de los asuntos instruidos por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, y atendiendo al nmero de asuntos existentes, debern especializarse uno o varios Juzgados en cada provincia, de conformidad con lo previsto en el artculo98 de la presente Ley.

Corresponde asimismo a los Juzgados de lo Penal la ejecucin de las sentencias dictadas en causas por delito grave o menos grave por los Juzgados de Instruccin, el reconocimiento y ejecucin de las resoluciones que impongan sanciones pecuniarias transmitidas por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unin Europea, cuando las mismas deban cumplirse en territorio espaol, y los procedimientos de decomiso autnomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.

3. En la Villa de Madrid, con jurisdiccin en toda Espaa, habr uno o varios Juzgados Centrales de lo Penal que conocern, en los casos en que as lo establezcan las leyes procesales, de las causas por los delitos a que se refiere el artculo65 y de los dems asuntos que sealen las leyes.

Corresponde asimismo a los Juzgados Centrales de lo Penal la ejecucin de las sentencias dictadas en causas por delito grave o menos grave por los Juzgados Centrales de Instruccin, y los procedimientos de decomiso autnomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.

4. Corresponde a los Juzgados de lo Penal la emisin y la ejecucin de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unin Europea que les atribuya la ley.

Artculo 90.

1. En cada provincia, con jurisdiccin en toda ella y sede en su capital, habr uno o ms Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

2. Cuando el volumen de asuntos lo requiera, se podrn establecer uno o mas Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en las poblaciones que por ley se determine. Tomarn la denominacin del municipio de su sede, y extendern su jurisdiccin al partido correspondiente.

3. Tambin podrn crearse excepcionalmente Juzgados de lo Contencioso-Administrativo que extiendan su jurisdiccin a ms de una provincia dentro de la misma Comunidad Autnoma.

4. En la villa de Madrid, con jurisdiccin en toda Espaa, habr Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo que conocern, en primera o nica instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra disposiciones y actos emanados de autoridades, organismos, rganos y entidades pblicas con competencia en todo el territorio nacional, en los trminos que la Ley establezca.

5. Corresponde tambin a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo autorizar, mediante auto, la cesin de los datos que permitan la identificacin a que se refiere el artculo 8.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Informacin y de Comercio Electrnico, as como la ejecucin material de las resoluciones adoptadas por la Seccin Segunda de la Comisin de Propiedad Intelectual para que se interrumpa la prestacin de servicios de la sociedad de la informacin o para que se retiren contenidos que vulneran la propiedad intelectual, en aplicacin de la citada Ley 34/2002 y del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.

6. Igualmente conocern los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo del procedimiento previsto en el artculo 12 bis de la Ley Orgnica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Polticos.

7. Corresponde a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo autorizar, mediante auto, el requerimiento de informacin por parte de la Agencia Espaola de Proteccin de Datos y otras autoridades administrativas independientes de mbito estatal a los operadores que presten servicios de comunicaciones electrnicas disponibles al pblico y de los prestadores de servicios de la sociedad de la informacin, cuando ello sea necesario de acuerdo con la legislacin especfica.

Artculo 91.

1. Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocern, en primera o nica instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra actos que expresamente les atribuya la Ley.

2. Corresponde tambin a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo autorizar, mediante auto, la entrada en los domicilios y en los restantes edificios o lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, cuando ello proceda para la ejecucin forzosa de actos de la Administracin, salvo que se trate de la ejecucin de medidas de proteccin de menores acordadas por la Entidad Pblica competente en la materia.

Artculo 92.

1. En cada provincia, con jurisdiccin en toda ella y sede en su capital, habr uno o ms Juzgados de lo Social, tambin podrn establecerse en poblaciones distintas de la capital de provincia cuando las necesidades del servicio o la proximidad a determinados ncleos de trabajo lo aconsejen, delimitndose, en tal caso, el mbito de su jurisdiccin.

2. Los Juzgados de lo Social podrn excepcionalmente extender su jurisdiccin a dos o ms provincias dentro de la misma Comunidad Autnoma.

Artculo 93.

Los Juzgados de lo Social conocern, en primera o nica instancia, de los procesos sobre materias propias de este orden jurisdiccional que no estn atribuidos a otros rganos del mismo.

Artculo 94.

1. En cada provincia, y dentro del orden jurisdiccional penal, habr uno o varios Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, que tendrn las funciones jurisdiccionales previstas en la Ley General Penitenciaria en materia de ejecucin de penas privativas de libertad y medidas de seguridad, emisin y ejecucin de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unin Europea que les atribuya la ley, control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las autoridades penitenciarias, amparo de los derechos y beneficios de los internos en los establecimientos penitenciarios y dems que seale la ley.

2. Podrn establecerse Juzgados de Vigilancia Penitenciaria que extiendan su jurisdiccin a dos o ms provincias de la misma Comunidad Autnoma.

3. Tambin podrn crearse Juzgados de Vigilancia Penitenciaria cuya jurisdiccin no se extienda a toda la provincia.

4. En la villa de Madrid, con jurisdiccin en toda Espaa, habr uno o varios Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria que tendrn las funciones jurisdiccionales previstas en la Ley General Penitenciaria, descritas en el apartado 1 de este artculo, la competencia para la emisin y ejecucin de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unin Europea que les atribuya la ley y dems funciones que seale la ley, en relacin con los delitos competencia de la Audiencia Nacional. En todo caso, la competencia de estos Juzgados Centrales ser preferente y excluyente cuando el penado cumpla tambin otras condenas que no hubiesen sido impuestas por la Audiencia Nacional.

5. El cargo de Juez de Vigilancia Penitenciaria ser compatible con el desempeo de un rgano del orden jurisdiccional penal.

Artculo 95.

1. El nmero de Juzgados de Vigilancia Penitenciaria se determinar en la Ley de planta, atendiendo principalmente a los establecimientos penitenciarios existentes y a la clase de stos.

2. El Gobierno establecer la sede de estos Juzgados, previa audiencia de la Comunidad Autnoma afectada y del Consejo General del Poder Judicial.

Artculo 96.

1. En cada provincia, con jurisdiccin en toda ella y sede en su capital, habr uno o ms Juzgados de Menores. No obstante, cuando el volumen de trabajo lo aconseje, podrn establecerse Juzgados de Menores cuya jurisdiccin se extienda o bien a un partido determinado o agrupacin de partidos, o bien a dos o ms provincias de la misma Comunidad Autnoma. Tomarn su nombre de la poblacin donde radique su sede.

2. En la villa de Madrid, con jurisdiccin en toda Espaa, habr un Juzgado Central de Menores, que conocer de las causas que le atribuya la legislacin reguladora de la responsabilidad penal de los menores, as como de la emisin y la ejecucin de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unin Europea que le atribuya la ley.

Artculo 97.

Corresponde a los Jueces de Menores el ejercicio de las funciones que establezcan las leyes para con los menores que hubieren incurrido en conductas tipificadas por la ley como delito o falta y aquellas otras que, en relacin con los menores de edad, les atribuyan las leyes as como de la emisin y la ejecucin de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unin Europea que les atribuya la ley.

Artculo 98.

1. El Consejo General del Poder Judicial podr acordar, previo informe de las Salas de Gobierno, que en aquellas circunscripciones donde exista ms de un Juzgado de la misma clase, uno o varios de ellos asuman con carcter exclusivo, el conocimiento de determinadas clases de asuntos, o de las ejecuciones propias del orden jurisdiccional de que se trate, sin perjuicio de las labores de apoyo que puedan prestar los servicios comunes que al efecto se constituyan.

2. El Consejo General del Poder Judicial podr acordar, con informe favorable del Ministerio de Justicia, oda la Sala de Gobierno y, en su caso, la Comunidad Autnoma con competencias en materia de Justicia, que uno o varios juzgados de la misma provincia y del mismo orden jurisdiccional, estn o no en el mismo partido judicial y previa delimitacin del mbito de competencia territorial en este ltimo caso, asuman el conocimiento de determinadas materias o clases de asuntos y, en su caso, de las ejecuciones que de los mismos dimanen, sin perjuicio de las labores de apoyo que puedan prestar los servicios comunes constituidos o que se constituyan. En estos casos, el rgano u rganos especializados asumirn la competencia para conocer de todos aquellos asuntos que sean objeto de tal especializacin, aun cuando su conocimiento inicial estuviese atribuido a rganos radicados en distinto partido judicial. No podr adoptarse este acuerdo para atribuir a los rganos as especializados asuntos que por disposicin legal estuviesen atribuidos a otros de diferente clase. Tampoco podrn ser objeto de especializacin por esta va los Juzgados de Instruccin, sin perjuicio de cualesquiera otras medidas de exencin de reparto o de refuerzo que fuese necesario adoptar por necesidades del servicio.

3. Este acuerdo se publicar en el Boletn Oficial del Estado y producir efectos desde el inicio del ao siguiente a aquel en que se adopte, salvo que razonadamente se justifique otro momento anterior por razones de urgencia.

4. Los Juzgados afectados continuarn conociendo de todos los procesos pendientes ante los mismos hasta su conclusin.

CAPTULO VI

De los Juzgados de Paz

Artculo 99.

1. En cada municipio donde no exista Juzgado de Primera Instancia e Instruccin, y con jurisdiccin en el trmino correspondiente, habr un Juzgado de Paz.

2. Podr existir una sola Oficina judicial para varios juzgados.

Artculo 100.

1. Los Juzgados de Paz conocern, en el orden civil, de la sustanciacin en primera instancia, fallo y ejecucin de los procesos que la ley determine y cumplirn tambin las dems funciones que la ley les atribuya.

2. En el orden penal, conocern en primera instancia de los procesos por faltas que les atribuya la ley. Podrn intervenir, igualmente, en actuaciones penales de prevencin, o por delegacin, y en aquellas otras que sealen las leyes.

Artculo 101.

1. Los Jueces de Paz y sus sustitutos sern nombrados para un periodo de cuatro aos por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente. El nombramiento recaer en las personas elegidas por el respectivo Ayuntamiento.

2. Los Jueces de Paz y sus sustitutos sern elegidos por el Pleno del Ayuntamiento, con el voto favorable de la mayora absoluta de sus miembros, entre las personas que, reuniendo las condiciones legales, as lo soliciten. Si no hubiere solicitante, el pleno elegir libremente.

3. Aprobado el acuerdo correspondiente, ser remitido al Juez de Primera Instancia e Instruccin, quien lo elevar a la Sala de Gobierno.

4. Si en el plazo de tres meses, a contar desde que se produjera la vacante en un Juzgado de Paz, el Ayuntamiento correspondiente no efectuase la propuesta prevenida en los apartados anteriores, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia proceder a designar al Juez de Paz. Se actuar de igual modo cuando la persona propuesta por el Ayuntamiento no reuniera, a juicio de la misma Sala de Gobierno y odo el Ministerio Fiscal, las condiciones exigidas por esta ley.

5. Los Jueces de Paz prestarn juramento ante el Juez de Primera Instancia e Instruccin y tomarn posesin ante quien se hallara ejerciendo la jurisdiccin.

Artculo 102.

Podrn ser nombrados Jueces de Paz, tanto titular como sustituto, quienes, aun no siendo licenciados en Derecho, renan los requisitos establecidos en esta ley para el ingreso en la Carrera Judicial, y no estn incursos en ninguna de las causas de incapacidad o de incompatibilidad previstas para el desempeo de las funciones judiciales, a excepcin del ejercicio de actividades profesionales o mercantiles.

Artculo 103.

1. Los Jueces de Paz sern retribuidos por el sistema y en la cuanta que legalmente se establezca, y tendrn, dentro de su circunscripcin, el tratamiento y precedencia que se reconozcan en la suya a los Jueces de Primera Instancia e Instruccin.

2. Los Jueces de Paz y los sustitutos, en su caso, cesarn por el transcurso de su mandato y por las mismas causas que los Jueces de carrera en cuanto les sean de aplicacin.

LIBRO II

DEL GOBIERNO DEL PODER JUDICIAL

TTULO I

De los rganos de Gobierno del Poder Judicial

CAPTULO NICO

Disposiciones generales

Artculo 104.

1. El Poder Judicial se organiza y ejerce sus funciones con arreglo a los principios de unidad e independencia.

2. El gobierno del Poder Judicial corresponde al Consejo General del Poder Judicial, que ejerce sus competencias en todo el territorio nacional, de acuerdo con la Constitucin y lo previsto en la presente ley. Con subordinacin a l, las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia ejercern las funciones que esta ley les atribuye, sin perjuicio de las que correspondan a los Presidentes de dichos Tribunales y a los titulares de los restantes rganos jurisdiccionales.

Artculo 105.

El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial es la primera autoridad judicial de la nacin y ostenta la representacin del Poder Judicial y del rgano de gobierno del mismo. Su categora y honores sern los correspondientes al titular de uno de los tres poderes del Estado.

Artculo 106.

1. Las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional ejercen sus atribuciones en dichos Tribunales. La de la Audiencia Nacional las ejerce, adems, sobre los Juzgados Centrales de Instruccin.

2. Las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia ejercen sus competencias en el propio Tribunal con respecto a los Juzgados y Tribunales radicados en la respectiva Comunidad Autnoma.

3. El resto de los rganos jurisdiccionales ejercen sus atribuciones gubernativas con respecto a su propio mbito orgnico.

TTULO II

Del Consejo General del Poder Judicial

Artculos 107 a 148.

(Derogados)

TTULO III

Del Gobierno interno de los Tribunales y Juzgados

CAPTULO I

De las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia

Seccin primera. De la composicin de las Salas de Gobierno y de la designacin y sustitucin de sus miembros

Artculo 149.

1. Las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional estarn constituidas por el Presidente de dichos rganos, que las presidir, por los Presidentes de las Salas en ellos existentes y por un nmero de magistrados igual al de stos.

2. Las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia estarn constituidas por el Presidente de stos, que las presidir, por los Presidentes de las Salas en ellos existentes, por los Presidentes de las Audiencias Provinciales de la comunidad autnoma, y por un nmero igual de magistrados o jueces, elegidos por todos los miembros de la Carrera Judicial destinados en ella. Uno, al menos, de los componentes de la Sala ser de la categora de juez, salvo que no hubiera candidatos de dicha categora.

Adems de stos se integrarn tambin, con la consideracin de miembros electos a todos los efectos, los decanos que de conformidad con lo establecido en el artculo 166.3 hayan sido liberados totalmente del trabajo que les corresponda realizar en el orden jurisdiccional respectivo.

3. Las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, cuando el nmero de miembros exceda de 10, se constituirn en Pleno o en Comisin.

La Comisin estar integrada por seis miembros, tres natos y tres electos. La designacin de sus componentes corresponder al Pleno, y de producirse vacantes, la de sus sustitutos. No obstante, formar parte de la misma el Decano liberado totalmente de tareas jurisdiccionales, o uno de ellos de existir varios.

La Comisin se renovar anualmente en la misma proporcin y la presidir el Presidente del Tribunal Superior de Justicia.

4. El Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los respectivos Tribunales Superiores de Justicia ejercer las funciones de Secretario de la Sala de Gobierno, sin perjuicio de todas aqullas que expresamente esta ley le atribuya.

Artculo 150.

Los miembros electivos de las Salas de Gobierno se renovarn en su totalidad cada cinco aos, computados desde la fecha de constitucin de aqulla. Transcurrido dicho plazo, la Sala de Gobierno continuar en el ejercicio de sus funciones hasta la fecha de constitucin de la nueva.

Artculo 151.

1. La eleccin de miembros de las Salas de Gobierno se llevar a cabo conforme a las siguientes reglas:

1. La eleccin se llevar a cabo mediante voto personal, libre, igual, directo y secreto, admitindose el voto por correo. Deber convocarse con dos meses de antelacin a la terminacin del mandato de los anteriores miembros electivos.

2. Las candidaturas podrn incluir uno o varios candidatos, junto con su correspondiente sustituto, hasta un nmero igual al de puestos a cubrir, y bastar para que puedan ser presentadas que conste el consentimiento de quienes las integren, aunque tambin podrn ser avaladas por un grupo de electores o por una asociacin profesional legalmente constituida. Las candidaturas sern abiertas, y los electores podrn votar a tantos candidatos y a otros tantos suplentes como plazas a cubrir.

3. Resultarn elegidos los candidatos que hubieren obtenido mayor nmero de votos. Si por aplicacin estricta de esta regla no resultare elegido para la Sala de Gobierno de un Tribunal Superior de Justicia ningn Juez, el Magistrado que hubiere resultado elegido con menor nmero de votos ceder su puesto en la misma al Juez que hubiere obtenido mayor nmero de votos entre los que fueren candidatos, salvo que no se hubieran presentado a eleccin candidatos de dicha categora.

2. A los efectos de lo dispuesto en este artculo, existir en cada Tribunal una Junta electoral, presidida por su Presidente e integrada, adems, por el Magistrado ms antiguo y el ms moderno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional o del Tribunal Superior de Justicia correspondiente.

3. Corresponde al Consejo General del Poder Judicial convocar las elecciones y dictar las instrucciones necesarias para su organizacin y, en general, para la correcta realizacin del proceso electoral.

4. A cada Junta Electoral corresponde proclamar las candidaturas, actuar como mesa electoral en el acto de la eleccin, proceder al escrutinio y proclamar los resultados, que se comunicarn al Consejo, y, en general, la direccin y ordenacin de todo el proceso electoral. Contra los acuerdos de la Junta Electoral podr interponerse recurso contencioso-administrativo electoral.

5. En los supuestos de cese anticipado, por cualquier causa, de alguno de los miembros elegidos de la Sala de Gobierno, su puesto ser cubierto por el correspondiente sustituto.

6. Si se tratase de un miembro electo y el sustituto tambin cesare, el puesto ser cubierto por el candidato no elegido que hubiera obtenido mayor nmero de votos. Si no restaren candidatos electos, se convocarn elecciones parciales para cubrir el puesto o puestos vacantes.

Seccin segunda. De las atribuciones de las Salas de Gobierno

Artculo 152.

1. Las Salas de Gobierno, tambin las constituidas en rgimen de Comisin, desempearn la funcin de gobierno de sus respectivos tribunales, y en particular les compete:

1. Aprobar las normas de reparto de asuntos entre las distintas Secciones de cada Sala.

2. Establecer anualmente con criterios objetivos los turnos precisos para la composicin y funcionamiento de las Salas y Secciones del Tribunal y de las Audiencias Provinciales del territorio, as como de modo vinculante las normas de asignacin de las Ponencias que deban turnar los Magistrados.

3. Adoptar, con respeto a la inamovilidad judicial, las medidas necesarias en los casos de disidencia entre magistrados que puedan influir en el buen orden de los tribunales o en la Administracin de Justicia.

4. Completar provisionalmente la composicin de las Salas en los casos en que, por circunstancias sobrevenidas, fuera necesario para el funcionamiento del servicio, siempre sin perjuicio de respetar el destino especfico de los magistrados de cada Sala.

Asimismo, tomar conocimiento, aprobar provisionalmente y remitir al Consejo General del Poder Judicial para su aprobacin definitiva, en los trminos y, en su caso, con las correcciones que procedan, la relacin de jueces y magistrados propuestos de conformidad con lo previsto en los tres primeros apartados del artculo200 de la presente Ley, as como velar por su cumplimiento.

5. Proponer motivadamente al Consejo General del Poder Judicial a los magistrados suplentes expresando las circunstancias personales y profesionales que en ellos concurran, su idoneidad para el ejercicio del cargo y para su actuacin en uno o varios rdenes jurisdiccionales, las garantas de un desempeo eficaz de la funcin y la aptitud demostrada por quienes ya hubieran actuado en el ejercicio de funciones judiciales o de sustitucin en la Carrera Fiscal, con razonada exposicin del orden de preferencia propuesto y de las exclusiones de solicitantes. Las propuestas de adscripcin de magistrados suplentes como medida de refuerzo estarn sujetas a idnticos requisitos de motivacin de los nombres y del orden de preferencia propuestos y de las exclusiones de solicitantes.

6. Ejercer las facultades disciplinarias sobre magistrados en los trminos establecidos en esta ley.

7. Proponer al Presidente la realizacin de las visitas de inspeccin e informacin que considere procedentes.

8. Promover los expedientes de jubilacin por causa de incapacidad de los Magistrados, e informarlos.

9. Elaborar los informes que le solicite el Consejo General del Poder Judicial y la memoria anual expositiva sobre el funcionamiento del Tribunal, con expresin detallada del nmero y clase de asuntos iniciados y terminados por cada Sala, as como de los que se hallaren pendientes, precisando el ao de su iniciacin, todo ello referido al 31 diciembre. La memoria deber contener, en todo caso, la indicacin de las medidas que se consideren necesarias para la correccin de las deficiencias advertidas.

10. Proponer al Consejo General del Poder Judicial la adopcin de las medidas que juzgue pertinentes para mejorar la Administracin de Justicia en cuanto a los respectivos rganos jurisdiccionales.

11. Recibir el juramento o promesa legalmente prevenidos de los magistrados que integran los respectivos tribunales y darles posesin.

12. Recibir informes del Secretario de Gobierno, por iniciativa de ste o de la propia Sala, en todos aquellos asuntos que, por afectar a las oficinas judiciales o letrados de la Administracin de Justicia que de l dependan, exijan de algn tipo de actuacin. En este caso, el Secretario de Gobierno tendr voto en el acuerdo que pueda llegar a adoptarse.

13. Promover ante el rgano competente la exigencia de las responsabilidades disciplinarias que procedan de letrados de la Administracin de Justicia, del personal al servicio de la Administracin de Justicia o de cualquier otro que, sin ostentar esta condicin, preste sus servicios de forma permanente u ocasional en sta.

14. En general, cumplir las dems funciones que las leyes atribuyan a los rganos de gobierno interno de los tribunales y que no estn atribuidas expresamente a los Presidentes.

2. A las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, en Pleno o en Comisin, compete adems:

1. Aprobar las normas de reparto de asuntos entre las Salas del Tribunal y entre las Secciones de las Audiencias Provinciales y Juzgados del mismo orden jurisdiccional, con sede en la comunidad autnoma correspondiente.

Excepcionalmente, de forma motivada, y cuando las necesidades del servicio as lo exigieren, la Sala de Gobierno podr ordenar que se libere del reparto de asuntos, total o parcialmente, por tiempo limitado, a una Seccin o a un juez determinado.

2. Ejercer las facultades de los nmeros quinto al decimocuarto del apartado anterior, pero referidas tambin a los rganos jurisdiccionales con sede en la comunidad autnoma correspondiente a los jueces y magistrados en ellos destinados.

3. Expedir los nombramientos de los Jueces de Paz.

4. Tomar conocimiento de los planes anuales de sustitucin elaborados por las Juntas de Jueces, aprobarlos provisionalmente en los trminos y, en su caso, con las correcciones que procedan y remitirlos al Consejo General del Poder Judicial para su aprobacin definitiva. Adems, velarn por su cumplimiento.

5. Resolver las cuestiones que pueda suscitar el funcionamiento de las secciones previstas en el artculo 437.2, sin perjuicio de la facultad de uniformizacin que por va reglamentaria pueda ejercitar el Consejo General del Poder Judicial, as como del control de legalidad que corresponda efectuar a dicho rgano.

Seccin tercera. Del funcionamiento de las Salas de Gobierno y del rgimen de sus actos

Artculo 153.

1. Las Salas de Gobierno se reunirn, al menos, dos veces por mes, a no ser que no hubiere asuntos pendientes, y cuantas veces, adems, tengan que tratar de asuntos urgentes de inters para la Administracin de Justicia, cuando lo considere necesario el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, cuando lo solicite la tercera parte de sus miembros mediante propuesta razonada y con expresin de lo que deba ser objeto de deliberacin y decisin, o cuando lo solicite el Secretario de Gobierno a fin de tratar cuestiones que afecten a oficinas judiciales o Letrados de la Administracin de Justicia que de l dependan. La convocatoria se har por el Presidente, con expresin de los asuntos a tratar.

2. Las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, constituidas en Comisin, se reunirn semanalmente. La Comisin trimestralmente, pondr en conocimiento del Pleno, previamente convocado, todos aquellos asuntos que han sido tratados y resueltos. Podr reunirse, asimismo, el Pleno cuando, a juicio del Presidente o de la Comisin, la trascendencia, importancia o inters para la Administracin de Justicia de los asuntos a tratar as lo aconsejen, cuando lo solicite la mayora de sus miembros mediante propuesta razonada y con expresin de lo que debe ser objeto de deliberacin y decisin o cuando lo solicite el Secretario de Gobierno a fin de tratar cuestiones que afecten a oficinas judiciales o a Letrados de la Administracin de Justicia que de l dependan. La convocatoria del Pleno o de la Comisin se har por el Presidente, con expresin de los asuntos a tratar.

3. La Sala podr constituirse por el Presidente y dos miembros para las actuaciones no decisorias de carcter formal, tales como la recepcin de juramento o promesa o la toma de posesin de jueces y magistrados u otras de carcter anlogo.

4. En los dems casos, para su vlida constitucin, se requerir la presencia, al menos, de la mayora de sus miembros, que debern ser citados personalmente con 24 horas de anticipacin como mnimo.

Artculo 154.

No podrn estar presentes en las discusiones y votaciones los que tuvieren inters directo o indirecto en el asunto de que se trate, siendo de aplicacin en este caso lo dispuesto en la ley para la abstencin y recusacin.

Artculo 155.

El Presidente designar un ponente para cada asunto a tratar, que informar a la Sala y presentar, en su caso, la propuesta de acuerdo o resolucin, salvo que, por razones de urgencia, no sea posible, o por la escasa importancia del asunto, a juicio del Presidente, no lo requiera.

Artculo 156.

El Presidente, por propia iniciativa, a peticin del ponente o por acuerdo de la Sala, pasar a dictamen del Ministerio Fiscal aquellos asuntos en los que deba intervenir o en los que la ndole de los mismos lo haga conveniente. El ponente, a la vista del dictamen del fiscal, del que dar cuenta a la Sala, formular la correspondiente propuesta.

Artculo 157.

1. Concluida la discusin de cada asunto, se proceder a la votacin, que comenzar por el Juez o Magistrado ms moderno y seguir por orden de menor antigedad, hasta el que presidiere. La votacin ser secreta si lo solicitase cualquiera de los miembros.

2. El Juez o Magistrado que disintiere de la mayora podr pedir que conste su voto en el acta. Si lo desea, podr formular voto particular, escrito y fundado, que se insertar en el acta, si la Sala lo estimare procedente por razn de su naturaleza o de las circunstancias concurrentes, siempre que lo presente dentro del plazo que fije la Sala, que no ser superior a tres das.

3. El Presidente tendr voto de calidad en caso de empate.

Artculo 158.

1. El Secretario de Gobierno dar cuenta de los asuntos que se lleven a la Sala; estar presente en su discusin y votacin; redactar las actas, en que se har mencin de todos los acuerdos, refirindolos a los expedientes en que se insertare; anotar al margen los apellidos de los que estn presentes en la sesin; custodiar el libro de actas y dar, en su caso, las certificaciones correspondientes.

2. Los actos de las Salas de Gobierno gozarn de ejecutoriedad, sern recurribles en alzada ante el Consejo General del Poder Judicial y les sern de aplicacin supletoria las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Artculo 159.

1. Los acuerdos de las Salas de Gobierno se llevarn a un libro de actas, que estar a cargo del Secretario de Gobierno y que no tendr otra publicidad que la que se efecte a instancia del que tenga un inters directo, legtimo y personal.

2. No obstante, a los acuerdos sobre normas de reparto entre Secciones y entre Juzgados de un orden jurisdiccional se les dar publicidad suficiente.

CAPTULO II

De los Presidentes de los Tribunales y Audiencias

Artculo 160.

Los Presidentes tendrn las siguientes funciones:

1. Convocar, presidir y dirigir las deliberaciones de la Sala de Gobierno.

2. Fijar el orden del da de las sesiones de la Sala de Gobierno, en el que debern incluirse los asuntos que propongan al menos dos de sus componentes.

3. Someter cuantas propuestas considere oportunas en materia de competencia de la Sala de Gobierno.

4. Autorizar con su firma los acuerdos de la Sala de Gobierno y velar por su cumplimiento.

5. Cuidar del cumplimiento de las medidas adoptadas por la Sala de Gobierno para corregir los defectos que existieren en la Administracin de Justicia, si estuvieren dentro de sus atribuciones, y, en otro caso, proponer al Consejo, de acuerdo con la Sala, lo que considere conveniente.

6. Despachar los informes que le pida el Consejo General del Poder Judicial.

7. Adoptar las medidas necesarias, cuando surjan situaciones que por su urgencia lo requieran, dando cuenta en la primera reunin de la Sala de Gobierno.

8. Dirigir la inspeccin de los Juzgados y Tribunales en los trminos establecidos en esta Ley.

9. Determinar el reparto de asuntos entre las Salas del Tribunal del mismo orden jurisdiccional y entre las Secciones de stas de acuerdo con las normas aprobadas por la Sala de Gobierno.

10. Presidir diariamente la reunin de los Presidentes de Salas y Magistrados y cuidar de la composicin de las Salas y Secciones conforme al artculo 198 de esta Ley.

11. Ejercer todos los poderes dirigidos al buen orden del Tribunal o Audiencia respectivo, as como al cumplimiento de sus deberes por el personal de los mismos.

12. Comunicar al Consejo General las vacantes judiciales y las plazas vacantes de personal auxiliar del respectivo Tribunal o Audiencia.

13. Or las quejas que les hagan los interesados en causas o pleitos, adoptando las prevenciones necesarias.

14. Las dems previstas en la ley.

Artculo 161.

1. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia ostenta la representacin del Poder Judicial en la Comunidad Autnoma correspondiente, siempre que no concurra el Presidente del Tribunal Supremo.

2. El Presidente de Sala a que se refiere el artculo 78 de esta Ley representa al Poder Judicial en las provincias a que se extiende la jurisdiccin de aqulla, salvo cuando concurra el del Tribunal Superior de Justicia o el del Tribunal Supremo. En el caso de que existan, conforme a dicho artculo, Salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social, tal representacin corresponde al Presidente de Sala que designe el Consejo General del Poder Judicial.

3. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia podr delegar en el de Sala a que se refiere el artculo anterior las funciones gubernativas que tenga por conveniente, referidas a la Sala o Salas correspondientes y a los rganos jurisdiccionales con sede en las provincias a los que aqulla o aqullas extiendan su jurisdiccin.

Artculo 162.

Podrn los Presidentes del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias y, en su caso, las Salas de Gobierno, por conducto de aqullos, dirigir a los Juzgados y Tribunales a ellos inferiores, que estn comprendidos en su respectiva circunscripcin, dentro del mbito de sus competencias gubernativas, las prevenciones que estimen oportunas para el mejor funcionamiento de los Juzgados y Tribunales, dando cuenta sin dilacin al Tribunal Supremo, en su caso, y directamente al Consejo General del Poder Judicial.

Artculo 163.

(Suprimido)

Artculo 164.

Los Presidentes de las Audiencias Provinciales presiden las mismas, adoptan las medidas precisas para su funcionamiento y ejercen las dems funciones que les atribuye la ley, sin perjuicio, en todo caso, de las facultades de los rganos de gobierno del Tribunal Superior de Justicia.

CAPTULO III

De los Presidentes de las Salas y de los Jueces

Artculo 165.

Los Presidentes de las Salas de Justicia y los jueces tendrn en sus respectivos rganos jurisdiccionales la direccin e inspeccin de todos los asuntos, adoptarn, en su mbito competencial, las resoluciones que la buena marcha de la Administracin de Justicia aconseje, darn cuenta a los Presidentes de los respectivos Tribunales y Audiencias de las anomalas o faltas que observen y ejercern las funciones disciplinarias que les reconozcan las leyes procesales sobre los profesionales que se relacionen con el tribunal.

Con respecto al personal adscrito al servicio de la sala o juzgado correspondiente se estar a lo previsto en su respectivo rgimen disciplinario.

CAPTULO IV

De los Jueces Decanos y de las Juntas de Jueces

Artculo 166.

1. En las poblaciones donde haya diez o ms Juzgados, sus titulares elegirn por mayora de tres quintos a uno de ellos como Decano. De no obtenerse dicha mayora en la primera votacin, bastar la mayora simple en la segunda, resolvindose los empates en favor del que ocupe el mejor puesto en el escalafn. La eleccin deber renovarse cada cuatro aos o cuando el elegido cesare por cualquier causa.

2. Donde haya menos de diez Juzgados, ejercer las funciones de Decano el Juez o Magistrado con mejor puesto en el escalafn.

3. Excepcionalmente, y cuando las circunstancias del decanato lo justifiquen, el Consejo General del Poder Judicial, oda la Junta de Jueces, podr liberar a su titular total o parcialmente del trabajo que le corresponda realizar en el orden jurisdiccional respectivo.

Artculo 167.

1. Donde hubiere dos o ms Juzgados del mismo orden jurisdiccional, los asuntos se distribuirn entre ellos conforme a normas de reparto prefijadas. Las normas de reparto se aprobarn por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, a propuesta de la Junta de Jueces del respectivo orden jurisdiccional. A solicitud del interesado, la Junta de Jueces podr proponer que se libere, total o parcialmente, a un Juez del reparto de asuntos, por tiempo limitado, cuando la buena administracin de justicia lo haga necesario. El acuerdo se trasladar a la Sala de Gobierno para que sta, si lo entiende pertinente, proceda a su aprobacin. Las modificaciones que se adopten en las normas de reparto no podrn afectar a los procedimientos en trmite.

2. La Sala de Gobierno podr acordar las modificaciones precisas en las normas de reparto de los Juzgados de lo Mercantil, de lo Penal, de Menores, de Vigilancia Penitenciaria, de lo Contencioso-administrativo o de lo Social, para equilibrar la distribucin de asuntos que por materia les corresponde a cada uno de ellos segn su clase, aun cuando alguno tuviese atribuido, por disposicin legal o por acuerdo del Pleno del propio Consejo General del Poder Judicial, el despacho de asuntos de su competencia a una circunscripcin de mbito inferior a la provincia.

3. El reparto se realizar por el Letrado de la Administracin de Justicia bajo la supervisin del Juez Decano, al cual corresponder resolver con carcter gubernativo interno las cuestiones que se planteen y corregir las irregularidades que puedan producirse, adoptando las medidas necesarias y promoviendo, en su caso, la exigencia de las responsabilidades que procedan.

Artculo 168.

1. Los Decanos velarn por la buena utilizacin de los locales judiciales y de los medios materiales; cuidarn de que el servicio de guardia se preste continuadamente; adoptarn las medidas urgentes en los asuntos no repartidos cuando, de no hacerlo, pudiera quebrantarse algn derecho o producirse algn perjuicio grave e irreparable; oirn las quejas que les hagan los interesados en causas o pleitos, adoptando las prevenciones necesarias, y ejercern las restantes funciones que les atribuya la ley.

2. En todo caso, corresponde a los Jueces Decanos:

a) Resolver en nica instancia los recursos gubernativos que quepa interponer contra las decisiones de los Letrados de la Administracin de Justicia en materia de reparto.

b) Poner en conocimiento de la Sala de Gobierno toda posible anomala en el funcionamiento de servicios comunes procesales de su territorio.

c) Resolver cuantos recursos les atribuyan las leyes procesales.

d) Velar por la correcta ejecucin de las sustituciones y de los planes anuales de sustitucin en los trminos previstos en esta Ley, resolver con carcter gubernativo interno las cuestiones que se planteen y corregir las irregularidades que puedan producirse adoptando las medidas necesarias y promoviendo, en su caso, la exigencia de las responsabilidades que procedan.

Artculo 169.

El Decano ostentar ante los poderes pblicos la representacin de todos y presidir la Junta de Jueces para tratar asuntos de inters comn relativos a la actividad jurisdiccional de los titulares de todos o de alguno de los rganos judiciales. Esta Junta habr de convocarse por el Decano siempre que lo solicitare la cuarta parte de los jueces de la poblacin.

Artculo 170.

1. Los Jueces de cada orden jurisdiccional podrn reunirse en Junta, bajo la presidencia del Decano, para proponer las normas de reparto entre los mismos, unificar criterios y prcticas, y para tratar asuntos comunes o sobre los que estimaren conveniente elevar exposicin a la Sala de Gobierno correspondiente o al Consejo General del Poder Judicial por conducto del Presidente del Tribunal Superior de Justicia o aqul les solicitare informe.

2. El Decano convocar la Junta cuando lo estime necesario o cuando lo solicite, al menos, la cuarta parte de los miembros de derecho de la misma.

3. Tambin podrn reunirse los Jueces de una misma provincia o Comunidad Autnoma, presididos por el ms antiguo en el destino, para tratar aquellos problemas que les sean comunes.

4. La Junta se considerar vlidamente constituida para tomar acuerdos cuando asistan la mitad ms uno de sus miembros, adoptndose los acuerdos por mayora simple.

5. La Junta elegir como Secretario a uno de sus miembros, que ser el encargado de redactar las actas de los acuerdos de las Juntas, as como de conservarlas y de expedir las certificaciones de las mismas.

6. Corresponde a la Junta de Jueces elaborar los planes anuales de sustitucin entre jueces titulares a que se refiere el artculo211 para su remisin a la Sala de Gobierno.

CAPTULO V

De la inspeccin de los Juzgados y Tribunales

Artculo 171.

1. El Consejo General del Poder Judicial ejerce la superior inspeccin y vigilancia sobre todos los Juzgados y Tribunales para la comprobacin y control del funcionamiento de la Administracin de Justicia.

2. El Presidente del Consejo y los Vocales del mismo, por acuerdo del Pleno, podrn realizar visitas de informacin a dichos rganos.

3. El Consejo o su Presidente, cuando lo consideren necesario, podrn ordenar que el Servicio de Inspeccin dependiente de aqul, o los Presidentes, Magistrados o Jueces de cualquier Tribunal o Juzgado, realicen inspecciones a Juzgados o Tribunales o recaben informacin sobre el funcionamiento y el cumplimiento de los deberes del personal judicial.

4. El Ministerio de Justicia, cuando lo considere necesario, podr instar del Consejo que ordene la inspeccin de cualquier Juzgado o Tribunal. En este caso, el Consejo notificar al Ministerio de Justicia la resolucin que adopte y, en su caso, las medidas adoptadas. Todo ello sin perjuicio de las facultades que la presente ley concede al Ministerio Fiscal.

Artculo 172.

1. El Presidente del Tribunal Supremo dirige la inspeccin ordinaria y vigila el funcionamiento de las Salas y Secciones de este Tribunal.

2. Los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia ejercen las mismas funciones en sus respectivos mbitos territoriales.

3. El Presidente de la Audiencia Nacional tiene las facultades de los apartados anteriores, respecto a las Salas de la misma y los Juzgados Centrales.

4. Los Presidentes de las Audiencias Provinciales podrn ejercer por delegacin la inspeccin sobre los juzgados y tribunales en su respectivo mbito y aquellas otras funciones de carcter administrativo que se les encomienden.

Artculo 173.

Se encomendar la inspeccin a Juez o Magistrado de igual o superior categora a la del titular del rgano inspeccionado.

Artculo 174.

1. Los Jueces y Presidentes de Secciones y Salas ejercern su inspeccin en los asuntos de que conozcan.

2. Cuando a su juicio conviniere, para evitar abusos, adoptar alguna medida que no sea de su competencia o despachar visitas a algn Juzgado o Tribunal, lo manifestarn al Presidente del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional o del Tribunal Superior de Justicia, para que ste decida lo que corresponda.

Artculo 175.

1. Los Jueces y Magistrados y el personal al servicio de la Administracin de Justicia deben prestar la colaboracin necesaria para el buen fin de la inspeccin.

2. Las facultades inspectoras se ejercern sin merma de la autoridad del Juez, Magistrado o Presidente.

3. El expediente de inspeccin se completar con los informes sobre el rgano inspeccionado, que podrn presentar los respectivos colegios de abogados, procuradores o, en el caso de la jurisdiccin social, graduados sociales en todo aquello que les afecte. A tal fin, sern notificados, con la suficiente antelacin, respecto a las circunstancias en que se lleve a cabo la actividad inspectora.

Artculo 176.

1. La inspeccin comprender el examen de cuanto resulte necesario para conocer el funcionamiento del Juzgado o Tribunal y el cumplimiento de los deberes del personal judicial, atendiendo especialmente a las exigencias de una pronta y eficaz tramitacin de todos los asuntos.

2. La interpretacin y aplicacin de las leyes hechas por los Jueces o Tribunales, cuando administran Justicia, no podr ser objeto de aprobacin, censura o correccin, con ocasin o a consecuencia de actos de inspeccin.

Artculo 177.

1. El Juez o Magistrado que realice la inspeccin redactar un informe que elevar a quien la hubiere decretado.

2. De las visitas de inspeccin se levantar acta, en que se detallar el resultado de aqulla, y de la que se entregar copia al Juez o Presidente del rgano jurisdiccional inspeccionado. Estos, con respecto a dicha acta, podrn formular las correspondientes observaciones o precisiones y remitirlas a la Autoridad que hubiere ordenado la prctica de la inspeccin, dentro de los diez das siguientes.

3. El Presidente de la Sala de Gobierno, a la que, en su caso, se dar cuenta, adoptar, a la vista del informe, cuando proceda, las medidas que estime convenientes dentro de sus atribuciones, y, cuando no tuviere competencia para resolver, propondr al Consejo General del Poder Judicial lo que considere procedente. La comunicacin al Consejo General se har por conducto de su Presidente. El Consejo General adoptar por s mismo las medidas que procedan, cuando hubiere ordenado la inspeccin.

CAPTULO VI

De las Secretaras de Gobierno

Artculo 178.

1. En el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia existir una Secretara de Gobierno, dependiente del Secretario de Gobierno respectivo, que estar auxiliado por el personal al servicio de la Administracin de Justicia que determine la correspondiente relacin de puestos de trabajo.

2. En estos tribunales podr existir, adems, un Vicesecretario de Gobierno.

LIBRO III

DEL RGIMEN DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES

TTULO I

Del tiempo de las actuaciones judiciales

CAPTULO I

Del perodo ordinario de actividad de los Tribunales

Artculo 179.

El ao judicial, perodo ordinario de actividad de los Tribunales, se extender desde el 1 de septiembre, o el siguiente da hbil, hasta el 31 de julio de cada ao natural.

Artculo 180.

1. Durante el perodo en que los Tribunales interrumpan su actividad ordinaria, se formar en los mismos una Sala compuesta por su Presidente y el nmero de Magistrados que determine el Consejo General del Poder Judicial, la cual asumir las atribuciones de las Salas de gobierno y de Justicia, procurando que haya Magistrados de las diversas Salas.

2. Los Magistrados que no formen parte de esta Sala podrn ausentarse, a partir del fin del perodo ordinario de actividad, una vez ultimados los asuntos sealados.

Artculo 181.

1. Al inicio del ao judicial se celebrar un acto solemne en el Tribunal Supremo.

2. El Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo presentar en dicho acto la Memoria anual sobre el estado, funcionamiento y actividades de los Juzgados y Tribunales de Justicia.

3. El Fiscal General del Estado leer tambin en este acto la Memoria anual sobre su actividad, la evolucin de la criminalidad, la prevencin del delito y las reformas convenientes para una mayor eficacia de la Justicia.

CAPTULO II

Del tiempo hbil para las actuaciones judiciales

Artculo 182.

1. Son inhbiles a efectos procesales los sbados y domingos, los das 24 y 31 de diciembre, los das de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva comunidad autnoma o localidad.

El Consejo General del Poder Judicial, mediante reglamento, podr habilitar estos das a efectos de actuaciones judiciales en aquellos casos no previstos expresamente por las leyes.

2. Son horas hbiles desde las ocho de la maana a las ocho de la tarde, salvo que la ley disponga lo contrario.

Artculo 183.

Sern inhbiles los das del mes de agosto para todas las actuaciones judiciales, excepto las que se declaren urgentes por las leyes procesales. No obstante, el Consejo General del Poder Judicial, mediante reglamento, podr habilitarlos a efectos de otras actuaciones.

Artculo 184.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artculos anteriores, todos los das del ao y todas las horas sern hbiles para la instruccin de las causas criminales, sin necesidad de habilitacin especial.

2. Los das y horas inhbiles podrn habilitarse con sujecin a lo dispuesto en las leyes procesales.

Artculo 185.

1. Los plazos procesales se computarn con arreglo a lo dispuesto en el Cdigo Civil. En los sealados por das quedarn excluidos los inhbiles.

2. Si el ltimo da de plazo fuere inhbil, se entender prorrogado al primer da hbil siguiente.

TTULO II

Del modo de constituirse los Juzgados y Tribunales

CAPTULO I

De la audiencia pblica

Artculo 186.

Los Juzgados y Tribunales celebrarn audiencia pblica todos los das hbiles para la prctica de pruebas, las vistas de los pleitos y causas, la publicacin de las sentencias dictadas y dems actos que seale la ley.

Artculo 187.

1. En audiencia pblica, reuniones del Tribunal y actos solemnes judiciales, los Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios, Abogados y Procuradores usarn toga y, en su caso, placa y medalla de acuerdo con su rango.

2. Asimismo, todos ellos, en estrados, se sentarn a la misma altura.

Artculo 188.

1. Los Jueces y los Presidentes de las Audiencias y Tribunales, dentro de los lmites fijados por el Consejo General del Poder Judicial, sealarn las horas de audiencia pblica que sean necesarias para garantizar que la tramitacin de los procesos se produzca sin indebidas dilaciones. Se darn a conocer a travs de un edicto fijado ostensiblemente en la parte exterior de las salas de los Juzgados y Tribunales.

2. Los Jueces y Magistrados que formen Sala asistirn a la audiencia, de no mediar causa justificada.

Artculo 189.

Los jueces y magistrados, presidentes, letrados de la Administracin de Justicia, y dems personal al servicio de la Administracin de Justicia debern ejercer su actividad respectiva en los trminos que exijan las necesidades del servicio, sin perjuicio de respetar el horario establecido.

Artculo 190.

1. Corresponde al Presidente del Tribunal o al juez mantener el orden en la Sala, a cuyo efecto acordar lo que proceda.

2. Asimismo ampararn en sus derechos a los presentes.

3. Estas mismas obligaciones recaern sobre el Secretario en todas aquellas actuaciones que se celebren nicamente ante l en las dependencias de la Oficina judicial.

Artculo 191.

A los efectos de lo dispuesto en el artculo anterior, los que perturbaren la vista de algn proceso, causa u otro acto judicial, dando seales ostensibles de aprobacin o desaprobacin, faltando al respeto y consideraciones debidas a los jueces, tribunales, Ministerio Fiscal, abogados, procuradores, letrados de la Administracin de Justicia, mdicos forenses o resto del personal al servicio de la Administracin de Justicia, sern amonestados en el acto por quien presida y expulsados de la sala o de las dependencias de la Oficina judicial, si no obedecieren a la primera advertencia, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que incurran.

Artculo 192.

Los que se resistieren a cumplir la orden de expulsin sern, adems, sancionados con multa cuyo mximo ser la cuanta de la multa ms elevada prevista en el Cdigo Penal como pena correspondiente a las faltas.

Artculo 193.

1. Con la misma multa sern sancionados los testigos, peritos o cualquiera otro que, como parte o representndola, faltaran en las vistas y actos judiciales de palabra, obra o por escrito a la consideracin, respeto y obediencia debidos a jueces, fiscales, letrados de la Administracin de Justicia y resto del personal al servicio de la Administracin de Justicia, cuando sus actos no constituyan delito.

2. No estn comprendidos en esta disposicin los abogados y procuradores de las partes, respecto de los cuales se observar lo dispuesto en el ttulo V del libro VII.

Artculo 194.

1. Se har constar en el acta el hecho que motiva la sancin, la explicacin que, en su caso, d el sancionado y el acuerdo que se adopte por quien presida el acto.

2. Contra el acuerdo de imposicin de sancin podr interponerse en el plazo de tres das recurso de audiencia en justicia ante el propio juez, Presidente o Letrado de la Administracin de Justicia, que lo resolver en el siguiente da. Contra el acuerdo resolviendo la audiencia en justicia o contra el de imposicin de la sancin, si no se hubiese utilizado aquel recurso, cabr recurso de alzada, en el plazo de cinco das, ante la Sala de Gobierno, que lo resolver, previo informe del juez, Presidente o letrado de la Administracin de Justicia que impuso la sancin, en la primera reunin que se celebre.

Artculo 195.

Cuando los hechos de que tratan los artculos anteriores llegaren a constituir delito, sus autores sern detenidos en el acto y puestos a disposicin del Juez competente.

CAPTULO II

De la formacin de las Salas y de los Magistrados suplentes

Artculo 196.

En los casos en que la ley no disponga otra cosa bastarn tres Magistrados para formar la Sala.

Artculo 197.

Ello no obstante, podrn ser llamados, para formar Sala, todos los Magistrados que la componen, aunque la ley no lo exija, cuando el Presidente, o la mayora de aqullos, lo estime necesario para la administracin de Justicia.

Artculo 198.

1. La composicin de las Secciones se determinar por el Presidente segn los criterios aprobados anualmente por la Sala de Gobierno, a propuesta de aqul.

2. Sern presididas por el Presidente de la Sala, por el Presidente de Seccin o, en su defecto, por el Magistrado ms antiguo de los que la integren.

Artculo 199.

1. Cuando no asistieren magistrados en nmero suficiente para constituir Sala en las Audiencias Provinciales o Tribunales Superiores de Justicia, concurrirn para completarla aquellos miembros de la carrera judicial que designe el Presidente del rgano colegiado respectivo, por el orden y de conformidad con las reglas siguientes:

En primer lugar, se llamar a los magistrados del mismo rgano que obren en la relacin de suplentes profesionales a los que se refiere el artculosiguiente, comenzando por los de la misma Seccin, si los hubiere, llamando a continuacin al resto siempre que se encuentren libres de sealamiento.

En segundo, a los jueces y magistrados ajenos al rgano que obren en la relacin de miembros de la carrera judicial a los que se refiere el artculosiguiente, por el orden que all se establezca.

En tercero, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, por iniciativa propia, o a propuesta del Presidente de la Audiencia Provincial respectiva en la que no pueda constituirse Sala, llamar a los jueces de adscripcin territorial a que se refiere el artculo347 bis.

En cuarto, el Presidente de Tribunal Superior o, en su caso, el Presidente de la Audiencia Provincial respectiva, llamar a los miembros de la carrera judicial del orden correspondiente que tengan menor carga de trabajo en el respectivo territorio, de conformidad con los datos que obren en el Servicio de Inspeccin, siempre que no exista incompatibilidad de sealamientos.

En quinto lugar, los del mismo rgano en el turno que se establezca, en el que sern preferidos los que se hallaren libres de sealamiento y, entre estos, los ms modernos.

En ltimo trmino y excepcionalmente, cuando no resulte posible la formacin de Sala con un miembro de la carrera judicial de conformidad con lo anterior y exista disponibilidad presupuestaria, se llamar a un magistrado suplente no profesional conforme a lo previsto en la presente Ley.

2. En la Audiencia Nacional, cuando no asistieren Magistrados en nmero suficiente para constituir Sala, concurrirn para completarla otros Magistrados que designe el Presidente de la Sala o, en su caso, del Tribunal, con arreglo a un turno en el que sern preferidos los que se hallaren libres de sealamiento y, entre stos, los ms modernos. En su defecto, se llamar a un Magistrado suplente de conformidad con lo previsto en el apartado2 del artculo siguiente.

3. Cuantas dudas puedan surgir en la aplicacin de las anteriores reglas se resolvern dando preferencia en todo caso a la sustitucin profesional entre miembros de la carrera judicial y atendiendo al criterio de mximo aprovechamiento de los recursos pblicos.

4. Los llamamientos que tengan lugar conforme a lo establecido en este precepto sern retribuidos en los casos y cuanta que se determinen reglamentariamente. En ningn caso lo sern cuando la carga de trabajo asumida por el llamado, computada junto con la de su rgano de procedencia, no alcance el mnimo fijado segn los criterios tcnicos establecidos por el Consejo General del Poder Judicial.

5. El coste total de los llamamientos anuales no podr sobrepasar el lmite fijado anualmente en los Presupuestos del Ministerio de Justicia. A tal efecto, dicho Ministerio, tras la aprobacin de la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, comunicar al Consejo General del Poder Judicial dicho lmite, quien velar por su estricto cumplimiento.

6. El Consejo General del Poder Judicial antes del da uno de enero deber haber aprobado las relaciones a las que se refieren los apartados anteriores, que le fueran remitidas por las Salas de Gobierno correspondientes con arreglo a lo dispuesto en el artculo152 de la presente Ley.

7. Dentro de los lmites del llamamiento o adscripcin, los magistrados designados actuarn, como miembros de la Sala que sean llamados a formar, con los mismos derechos y deberes que los magistrados titulares.

Artculo 200.

1. En los Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales se elaborar anualmente una relacin de miembros de la carrera judicial que voluntariamente quieran participar para ser llamados a completar Sala. La relacin comprender, para cada orden jurisdiccional, la prelacin con la que deban hacerse los llamamientos.

En todo caso, los solicitantes de integrar dicha relacin debern justificar, en el momento de la solicitud, el estado de la agenda de sealamientos y pendencia de asuntos del rgano de que son titulares, as como el nmero y razn de las resoluciones pendientes de dictar que les corresponden.

2. A los efectos de lo previsto en el artculo anterior podr haber en la Audiencia Nacional, en los Tribunales Superiores de Justicia y en las Audiencias Provinciales una relacin de Magistrados suplentes no integrantes de la Carrera judicial, que sern llamados a formar Sala segn la prelacin que se establezca dentro de cada orden u rdenes jurisdiccionales para el que hubieren sido nombrados.

Para su llamamiento habr de respetarse la disponibilidad presupuestaria y la prioridad establecida en el artculo anterior, sin que nunca pueda concurrir a formar Sala ms de un Magistrado suplente.

3. Corresponde a los Presidentes de las Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia elaborar ambas relaciones, tanto de titulares como de suplentes no profesionales, que contemplarn la prelacin de llamamientos y las remitir a la Sala de Gobierno respectiva para su aprobacin provisional. Verificada sta se elevarn al Consejo General del Poder Judicial para su aprobacin definitiva en los trminos que procedan.

Artculo 201.

1. El cargo de Magistrado suplente ser remunerado en la forma que reglamentariamente se determine por el Gobierno, dentro de las previsiones presupuestarias.

2. Slo podr recaer en quienes renan las condiciones necesarias para el ingreso en la Carrera Judicial, excepto las derivadas de la jubilacin por edad. No podr ser propuesto ni actuar como suplente quien haya alcanzado la edad de 70 aos y, para el Tribunal Supremo, quien no tenga, como mnimo, 15 aos de experiencia jurdica.

3. Tendrn preferencia los que hayan desempeado funciones judiciales o de Letrados de la Administracin de Justicia o de sustitucin en la Carrera Fiscal, con aptitud demostrada o ejercido profesiones jurdicas o docentes, siempre que estas circunstancias no resulten desvirtuadas por otras que comporten su falta de idoneidad. En ningn caso recaer el nombramiento en quienes ejerzan las profesiones de abogado o procurador.

4. El cargo de Magistrado suplente ser sujeto al rgimen de incompatibilidades y prohibiciones regulado en los artculos 389 a 397 de esta Ley. Se excepta:

a) Lo dispuesto en el artculo 394, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 5, letra d), del presente artculo.

b) La causa de incompatibilidad relativa a la docencia o investigacin jurdica, que en ningn caso ser aplicable, cualquiera que sea la situacin administrativa de quienes las ejerzan.

5. Los Magistrados suplentes estarn sujetos a las mismas causas de remocin que los Jueces y Magistrados, en cuanto les fueren aplicables. Cesarn, adems:

a) Por el transcurso del plazo para el que fueron nombrados.

b) Por renuncia, aceptada por el Consejo General del Poder Judicial.

c) Por cumplir la edad de setenta y dos aos.

d) Por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, previa una sumaria informacin con audiencia del interesado y del Ministerio Fiscal, cuando se advirtiere en ellos falta de aptitud o idoneidad para el ejercicio de cargo, incurrieren en causa de incapacidad o de incompatibilidad o en la infraccin de una prohibicin, o dejaren de atender diligentemente los deberes del cargo.

Artculo 202.

La designacin de los Magistrados que no constituyan plantilla de la Sala se har saber inmediatamente a los mismos y a las partes, a efectos de su posible abstencin o recusacin.

CAPTULO III

Del Magistrado ponente

Artculo 203.

1. En cada pleito o causa que se tramite ante un Tribunal o Audiencia habr un Magistrado ponente, designado segn el turno establecido para la Sala o Seccin al principio del ao judicial, exclusivamente sobre la base de criterios objetivos.

2. La designacin se har en la primera resolucin que se dicte en el proceso y se notificar a las partes el nombre del Magistrado ponente y, en su caso, del que con arreglo al turno ya establecido le sustituya, con expresin de las causas que motiven la sustitucin.

Artculo 204.

En la designacin de ponente turnarn todos los Magistrados de Sala o Seccin, incluidos los Presidentes.

Artculo 205.

Corresponder al ponente, en los pleitos o causas que le hayan sido turnadas:

1. El despacho ordinario y el cuidado de su tramitacin.

2. Examinar los interrogatorios, pliegos de posiciones y proposicin de pruebas presentadas por las partes e informar sobre su pertinencia.

3. Presidir la prctica de las pruebas declaradas pertinentes, siempre que no deban practicarse ante el Tribunal.

4. Informar los recursos interpuestos contra las decisiones de la Sala o Seccin.

5. Proponer los autos decisorios de incidentes, las sentencias y las dems resoluciones que hayan de someterse a discusin de la Sala o Seccin, y redactarlos definitivamente, si se conformase con lo acordado.

6. Pronunciar en Audiencia Pblica las sentencias.

Artculo 206.

1. Cuando el ponente no se conformare con el voto de la mayora, declinar la redaccin de la resolucin, debiendo formular motivadamente su voto particular.

2. En este caso, el Presidente encomendar la redaccin a otro Magistrado y dispondr la rectificacin necesaria en el turno de ponencias para restablecer la igualdad en el mismo.

CAPTULO IV

De las sustituciones

Artculo 207.

Proceder la sustitucin de los Jueces y Magistrados en los casos de vacante, licencia, servicios especiales u otras causas que lo justifiquen. Las sustituciones se harn en la forma establecida en el presente Captulo, sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley para la composicin de las Salas y Secciones de los Tribunales.

Artculo 208.

1. El Presidente del Tribunal Supremo, el Presidente de la Audiencia Nacional y los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia sern sustituidos por el Presidente de la Sala de la misma sede ms antiguo en el cargo. No obstante, la Sala de Gobierno ser convocada y presidida por el Presidente de Sala ms antiguo en el cargo, aunque sea de distinta sede.

2. Los Presidentes de las Audiencias Provinciales sern sustituidos por el Presidente de Seccin ms antiguo o, si no las hubiere, por el Magistrado con mejor puesto en el escalafn.

3. Cuando la plantilla de la Audiencia no comprenda otra plaza que la de su Presidente, le sustituir el Magistrado titular que se hallare en turno para acudir a completar la Audiencia.

Artculo 209.

1. Los Presidentes de las Salas y de las Secciones sern sustituidos por el Magistrado con mejor puesto en el escalafn de la Sala o Seccin de que se trate.

2. En caso de vacante, asumir la presidencia de la Sala el Presidente de la Audiencia o Tribunal, si lo estimare procedente.

Artculo 210.

1. Las sustituciones de jueces y magistrados en rganos judiciales unipersonales se regirn por las siguientes reglas y orden de prelacin:

a) Por su orden, quienes participen voluntariamente en los planes anuales de sustitucin.

En todo caso, los solicitantes de integrar dicha relacin debern justificar, en el momento de la solicitud, el estado de la agenda de sealamientos y pendencia de asuntos del rgano de que son titulares, as como el nmero y razn de las resoluciones pendientes de dictar que les corresponden.

b) De existir compatibilidad en los sealamientos, ser llamado el correspondiente sustituto ordinario o natural del sustituido, segn lo propuesto por la Junta de Jueces y aprobado por la Sala de Gobierno respectiva.

c) A continuacin, sern llamados por el siguiente orden: los jueces de adscripcin territorial a los que se refiere el artculo347 bis que se encontrasen disponibles, comenzando por el ms antiguo en el escalafn; los jueces en expectativa de destino que regula el artculo308.2 por idntica prelacin; y los jueces que estn desarrollando prcticas conforme al artculo307.2 de esta Ley por el orden que al efecto haya establecido la Escuela Judicial.

d) En cuarto lugar, se estar al rgimen de sustituciones previsto en el artculosiguiente con respecto al resto de miembros de la carrera judicial del mismo partido judicial.

e) En todo caso y sin sujecin al orden referido en los anteriores apartados de este nmero, podr prorrogarse la jurisdiccin de otro Juzgado, conforme a lo previsto en esta Ley.

f) En ltimo trmino y agotadas las anteriores posibilidades, se proceder al llamamiento de un sustituto no profesional de conformidad con lo previsto en el artculo213 de esta Ley.

2. Los planes anuales de sustitucin a los que se refiere el nmero anterior consistirn en la elaboracin de calendarios en los que se fijarn turnos rotatorios de sustitucin y se coordinarn los sealamientos y las funciones de guardia, de forma que quede asegurada la disponibilidad de aquellos jueces y magistrados titulares que voluntariamente participen en los mismos para cubrir de forma inmediata las ausencias que puedan producirse. La previsin de las sustituciones se har, en todo caso, conforme a las preferencias que establece el artculosiguiente.

3. Los planes anuales de sustitucin se elaborarn a propuesta de las correspondientes Juntas de Jueces y sern remitidos a la respectiva Sala de Gobierno para su aprobacin provisional, que se llevar a cabo, en su caso, previa audiencia de la Fiscala correspondiente a fin de coordinar en lo posible los sealamientos que afecten a procedimientos en los que las Leyes prevean su intervencin. Verificada tal aprobacin provisional, se elevarn al Consejo General del Poder Judicial para su aprobacin definitiva en los trminos que procedan.

4. Los Jueces Decanos, Presidentes de Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencia Nacional velarn, en el mbito de sus respectivas competencias, por la exacta ejecucin del rgimen de sustituciones previsto en este precepto y, especialmente, de los planes anuales de sustitucin.

5. El Consejo General del Poder Judicial, de oficio o a instancia de cualquiera de los anteriores, proceder a adoptar las medidas correspondientes en caso de incumplimiento del rgimen de sustituciones previsto en este precepto. Tambin adoptar las medidas que sean precisas para corregir cualquier disfuncin que pudiera acaecer en la ejecucin de los planes anuales de sustitucin.

Artculo 211.

A los efectos de lo previsto en los apartados 1.b) y 1.d) del artculoanterior, se observarn las siguientes reglas:

1. Los Jueces de Primera Instancia y de Instruccin, de lo Mercantil, de lo Penal, de Violencia sobre la Mujer, de lo Contencioso-Administrativo, de Menores y de lo Social se sustituirn entre s en las poblaciones donde existan varios del mismo orden jurisdiccional en la forma que acuerde la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, a propuesta de la Junta de Jueces.

Si fuere el Decano el que deba ser sustituido sus funciones se ejercern por el Juez que le sustituya en el Juzgado de que aqul sea titular, conforme a lo dispuesto en el prrafo anterior, o, en su caso, por el ms antiguo en el cargo.

2. Cuando en una poblacin no hubiere otro Juez de la misma clase la sustitucin corresponder a un Juez de clase distinta.

3. Tambin sustituirn los de distinto orden jurisdiccional, aun existiendo varios Jueces pertenecientes al mismo, cuando se agotaren las posibilidades de sustitucin entre ellos.

4. Corresponder a los Jueces de Primera Instancia e Instruccin la sustitucin de los Jueces de los dems rdenes jurisdiccionales y de los Jueces de Menores, cuando no haya posibilidad de que la sustitucin se efecte entre los del mismo orden.

5. La sustitucin de los Jueces de lo Penal corresponder, en el caso del artculo89, a los de Primera Instancia. En los dems casos, los Jueces de lo Penal e, igualmente, los de Primera Instancia e Instruccin sern sustituidos por los Jueces de lo Mercantil, de Menores, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social, segn el orden que establezca la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.

6. Los Jueces de Violencia sobre la Mujer sern sustituidos por los Jueces de Instruccin o de Primera Instancia e Instruccin, segn el orden que acuerde la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia respectivo.

Artculo 212.

1. Cuando resultare aconsejable para un mejor despacho de los asuntos, atendida la escasa carga de trabajo de un juzgado de otra localidad del mismo grado y orden del que deba ser sustituido, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia prorrogar, previa audiencia, la jurisdiccin del titular de aqul, quien desempear ambos cargos con derecho a la retribucin correspondiente dentro de las previsiones presupuestarias en los trminos que se establezcan reglamentariamente.

En todo caso, cualquier titular de un juzgado del mismo grado y orden del que deba ser sustituido podr interesar del Presidente del Tribunal Superior de Justicia que se le prorrogue su jurisdiccin a fin de desempear ambos cargos, con idntico derecho a la retribucin prevista en el prrafo anterior.

2. Las prrrogas de jurisdiccin se comunicarn, por conducto de la Sala de Gobierno respectiva, al Consejo General del Poder Judicial para su aprobacin, sin perjuicio de empezar a desempearlas, si as lo acordase motivadamente el Presidente.

Artculo 213.

1. Solo en casos excepcionales, cuando no resulte posible la sustitucin por un miembro de la carrera judicial o por un juez en prcticas conforme a lo previsto en los artculosprecedentes, ejercer la jurisdiccin con idntica amplitud que si fuese titular del rgano un juez sustituto.

2. Los jueces sustitutos sern nombrados en la misma forma que los magistrados suplentes y sometidos a su mismo rgimen jurdico.

3. En el caso de ser varios los sustitutos nombrados para la localidad y orden jurisdiccional correspondiente, sern llamados por el orden de prelacin establecido en el nombramiento.

4. En ningn caso proceder efectuar llamamiento a jueces sustitutos sin constatar previamente la existencia de disponibilidad presupuestaria.

5. Reglamentariamente se determinar por el Gobierno la remuneracin de los jueces sustitutos dentro de las previsiones presupuestarias.

Artculo 214.

Los jueces desempearn las funciones inherentes a su juzgado, tanto en calidad de titulares como en expectativa de destino o de apoyo, y al cargo que sustituyan.

Las sustituciones profesionales, cuando se produzcan, sern retribuidas en los casos y cuanta que se determinen reglamentariamente.

Artculo 215.

Los jueces de paz sern sustituidos por los respectivos jueces sustitutos.

Artculo 216.

1. No podrn conferirse comisiones de servicios para Juzgados o Tribunales si no es por tiempo determinado, concurriendo circunstancias de especial necesidad y previa conformidad del interesado.

2. Las comisiones se otorgarn por el Consejo General del Poder Judicial, odas las Salas de Gobierno correspondientes.

3. No se conferirn comisiones para los cargos de Presidente y Presidentes de Sala de la Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia, ni para el Presidente de Audiencia Provincial.

CAPTULO IV BIS

De las medidas de refuerzo en la titularidad de los rganos judiciales

Artculo 216 bis.

1. Cuando el excepcional retraso o la acumulacin de asuntos en un determinado juzgado o tribunal no puedan ser corregidos mediante el reforzamiento de la plantilla de la Oficina judicial o la exencin temporal de reparto prevista en el artculo167.1, el Consejo General del Poder Judicial podr acordar excepcionales medidas de apoyo judicial consistentes en la adscripcin de jueces y magistrados titulares de otros rganos judiciales mediante el otorgamiento de comisiones de servicio.

2. Los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia podrn proponer como medida de apoyo la adscripcin obligatoria, en rgimen de comisin sin relevacin de funciones, de aquellos jueces y magistrados titulares de rganos que tuviesen escasa carga de trabajo de conformidad con los criterios tcnicos establecidos por el Consejo General del Poder Judicial. Dicha comisin no ser retribuida, an siendo aprobada, si la carga de trabajo asumida por el adscrito, computada junto con la de su rgano de procedencia, no alcanza el mnimo establecido en los referidos criterios tcnicos.

3. Tambin se podr acordar la adscripcin en calidad de jueces de apoyo, por este orden, a los jueces en expectativa de destino conforme al artculo 308.2, a los jueces que estn desarrollando prcticas conforme al artculo 307.2, a los jueces de adscripcin territorial a que se refiere el artculo 347 bis y excepcionalmente a jueces sustitutos y magistrados suplentes.

4. Quien participase en una medida de apoyo en rgimen de comisin de servicio sin relevacin de funciones quedarn exentos, salvo peticin voluntaria, de realizar las sustituciones que le pudiesen corresponder en el rgano del que sea titular, conforme al plan anual de sustitucin.

5. La aprobacin por parte del Consejo General del Poder Judicial de cualquier medida de apoyo precisar la previa aprobacin del Ministerio de Justicia quien nicamente podr oponerse por razones de disponibilidad presupuestaria, todo ello dentro del marco que establezca el Protocolo que anualmente suscribirn ambos a los efectos de planificar las medidas de este tipo que sea posible adoptar.

6. Si la causa del retraso tuviera carcter estructural, el Consejo General del Poder Judicial, junto con la adopcin de las referidas medidas provisionales, formular las oportunas propuestas al Ministerio de Justicia o a las Comunidades Autnomas con competencias en la materia, en orden a la adecuacin de la plantilla del juzgado o tribunal afectado o a la correccin de la demarcacin o planta que proceda.

Artculo 216 bis 2.

Las propuestas de medidas de apoyo judicial, que han de elevarse al Consejo General del Poder Judicial a travs de las correspondientes Salas de Gobierno, debern contener:

1. Explicacin sucinta de la situacin por la que atraviesa el rgano jurisdiccional de que se trate.

2. Expresin razonada de las causas que hayan originado el retraso o la acumulacin de asuntos.

3. Resea del volumen de trabajo del rgano jurisdiccional y del nmero y clase de asuntos pendientes.

4. Plan de actualizacin del Juzgado o Tribunal con indicacin de su extensin temporal y del proyecto de ordenacin de la concreta funcin del Juez o equipo de apoyo, cuyo cometido, con plena jurisdiccin, se proyectar en el trmite y resolucin de los asuntos de nuevo ingreso o pendientes de sealamiento, quedando reservados al titular o titulares del rgano los asuntos en tramitacin que no hubieren alcanzado aquel estado procesal.

Artculo 216 bis 3.

1. Las Salas de Gobierno que proyecten el establecimiento de medidas de apoyo mediante comisin de servicio habrn de dar adecuada publicidad a su propsito para que los Jueces y Magistrados que pudieran estar interesados en el nombramiento tengan oportunidad de deducir la correspondiente peticin.

2. En el supuesto de que existan varios peticionarios para el otorgamiento de la misma comisin de servicio, la Sala de Gobierno correspondiente, al proponer con preferencia a aquel que estime ms idneo, habr de valorar las siguientes circunstancias:

a) Pertenencia del Juez o Magistrado solicitante al mismo orden jurisdiccional en que est integrado el Juzgado o Tribunal a reforzar.

b) El lugar y distancia del destino del peticionario.

c) La situacin del rgano el que es titular.

d) El conocimiento del derecho o de la lengua y el derecho sustantivo propios de la Comunidad Autnoma en que vaya a tener lugar la comisin.

En todos los casos en que la comisin vaya a proponerse con relevacin de funciones, ser requisito previo para su otorgamiento que, a juicio del Consejo General del Poder Judicial, previo informe de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia bajo cuya jurisdiccin se encuentre el rgano de procedencia, la ausencia del Juez o Magistrado a quien afecte vaya a cubrirse, al tiempo de producirse, de forma satisfactoria mediante sustitucin o cualquiera otra de las frmulas previstas en esta Ley.

De dichas apreciaciones se har la oportuna mencin en la propuesta de la Sala de Gobierno que, adems, habr de reflejar la aceptacin del Juez o Magistrado cuya comisin se propone y expresar si ste ha de quedar o no relevado de sus funciones, en su propio destino.

3. Toda propuesta de comisin de servicio habr de expresar si su concesin debe acordarse o no con derecho al percibo de dietas y gastos de desplazamiento, as como el rgimen retributivo correspondiente.

4. Excepcionalmente, cuando las peculiaridades del refuerzo impidan que la comisin de servicio pueda ser atendida por un nico Juez durante toda su extensin temporal, el Consejo General del Poder Judicial podr autorizar que su desempeo se realice por quienes participen voluntariamente en los planes de sustitucin del rgano judicial que haya de ser reforzado, con sujecin a la secuencia de llamamiento entre ellos que el propio Consejo General del Poder Judicial establezca.

Artculo 216 bis 4.

Las comisiones de servicio y las adscripciones en rgimen de apoyo de Jueces y Magistrados suplentes se solicitarn y se otorgarn por un plazo mximo de seis meses, que comenzar a correr desde el momento de la incorporacin de los designados a los Juzgados o Tribunales objeto de refuerzo.

No obstante, si durante dicho plazo no se hubiere logrado la actualizacin pretendida, podr proponerse la nueva aplicacin de la medida por otro plazo igual o inferior si ello bastase a los fines de la normalizacin perseguida.

Las propuestas de renovacin se sujetarn a las mismas exigencias que las previstas para las medidas de apoyo judicial originarias.

CAPTULO V

De la abstencin y recusacin

Artculo 217.

El juez o magistrado en quien concurra alguna de las causas establecidas legalmente se abstendr del conocimiento del asunto sin esperar a que se le recuse.

Artculo 218.

nicamente podrn recusar:

1. En los asuntos civiles, sociales y contencioso-administrativos, las partes ; tambin podr hacerlo el Ministerio Fiscal siempre que se trate de un proceso en el que, por la naturaleza de los derechos en conflicto, pueda o deba intervenir.

2. En los asuntos penales, el Ministerio Fiscal, el acusador popular, particular o privado, el actor civil, el procesado o inculpado, el querellado o denunciado y el tercero responsable civil.

Artculo 219.

Son causas de abstencin y, en su caso, de recusacin:

1. El vnculo matrimonial o situacin de hecho asimilable y el parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado con las partes o el representante del Ministerio Fiscal.

2. El vnculo matrimonial o situacin de hecho asimilable y el parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del segundo grado con el letrado o el procurador de cualquiera de las partes que intervengan en el pleito o causa.

3. Ser o haber sido defensor judicial o integrante de los organismos tutelares de cualquiera de las partes, o haber estado bajo el cuidado o tutela de alguna de stas.

4. Estar o haber sido denunciado o acusado por alguna de las partes como responsable de algn delito o falta, siempre que la denuncia o acusacin hubieran dado lugar a la incoacin de procedimiento penal y ste no hubiera terminado por sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento.

5. Haber sido sancionado disciplinariamente en virtud de expediente incoado por denuncia o a iniciativa de alguna de las partes.

6. Haber sido defensor o representante de alguna de las partes, emitido dictamen sobre el pleito o causa como letrado, o intervenido en l como fiscal, perito o testigo.

7. Ser o haber sido denunciante o acusador de cualquiera de las partes.

8. Tener pleito pendiente con alguna de stas.

9. Amistad ntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes.

10. Tener inters directo o indirecto en el pleito o causa.

11. Haber participado en la instruccin de la causa penal o haber resuelto el pleito o causa en anterior instancia.

12. Ser o haber sido una de las partes subordinado del juez que deba resolver la contienda litigiosa.

13. Haber ocupado cargo pblico, desempeado empleo o ejercido profesin con ocasin de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo.

14. En los procesos en que sea parte la Administracin pblica, encontrarse el juez o magistrado con la autoridad o funcionario que hubiese dictado el acto o informado respecto del mismo o realizado el hecho por razn de los cuales se sigue el proceso en alguna de las circunstancias mencionadas en las causas 1. a 9., 12., 13. y 15. de este artculo.

15. El vnculo matrimonial o situacin de hecho asimilable, o el parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, con el juez o magistrado que hubiera dictado resolucin o practicado actuacin a valorar por va de recurso o en cualquier fase ulterior del proceso.

16. Haber ocupado el juez o magistrado cargo pblico o administrativo con ocasin del cual haya podido tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad.

Artculo 220.

(Derogado)

Artculo 221.

1. El magistrado o juez comunicar la abstencin, respectivamente, a la Seccin o Sala de la que forme parte o al rgano judicial al que corresponda la competencia funcional para conocer de los recursos contra las sentencias que el juez dicte. La comunicacin de la abstencin se har por escrito razonado tan pronto como sea advertida la causa que la motive.

El rgano competente para resolver sobre la abstencin resolver en el plazo de 10 das.

2. La abstencin suspender el curso del proceso hasta que se resuelva sobre ella o transcurra el plazo previsto para su resolucin.

3. Si la Seccin o Sala o el rgano judicial a que se refiere el apartado 1 de este artculo no estimare justificada la abstencin, ordenar al juez o magistrado que contine el conocimiento del asunto, sin perjuicio del derecho de las partes a hacer valer la recusacin. Recibida la orden, el juez o magistrado dictar la providencia poniendo fin a la suspensin del proceso.

4. Si se estimare justificada la abstencin por el rgano competente segn el apartado 1, el abstenido dictar auto apartndose definitivamente del asunto y ordenando remitir las actuaciones al que deba sustituirle. Cuando el que se abstenga forme parte de un rgano colegiado, el auto lo dictar la Sala o Seccin a que aqul pertenezca. El auto que se pronuncie sobre la abstencin no ser susceptible de recurso alguno.

5. En todo caso, la suspensin del proceso terminar cuando el sustituto reciba las actuaciones o se integre en la Sala o Seccin a que perteneca el abstenido.

Artculo 222.

La abstencin y la sustitucin del juez o magistrado que se ha abstenido sern comunicadas a las partes, incluyendo el nombre del sustituto.

Artculo 223.

1. La recusacin deber proponerse tan pronto como se tenga conocimiento de la causa en que se funde, pues, en otro caso, no se admitir a trmite.

Concretamente, se inadmitirn las recusaciones:

1. Cuando no se propongan en el plazo de 10 das desde la notificacin de la primera resolucin por la que se conozca la identidad del juez o magistrado a recusar, si el conocimiento de la concurrencia de la causa de recusacin fuese anterior a aqul.

2. Cuando se propusieren, pendiente ya un proceso, si la causa de recusacin se conociese con anterioridad al momento procesal en que la recusacin se proponga.

2. La recusacin se propondr por escrito que deber expresar concreta y claramente la causa legal y los motivos en que se funde, acompaando un principio de prueba sobre los mismos. Este escrito estar firmado por el abogado y por procurador si intervinieran en el pleito, y por el recusante, o por alguien a su ruego, si no supiera firmar. En todo caso, el procurador deber acompaar poder especial para la recusacin de que se trate. Si no intervinieren procurador y abogado, el recusante habr de ratificar la recusacin ante el secretario del tribunal de que se trate.

3. Formulada la recusacin, se dar traslado a las dems partes del proceso para que, en el plazo comn de tres das, manifiesten si se adhieren o se oponen a la causa de recusacin propuesta o si, en aquel momento, conocen alguna otra causa de recusacin. La parte que no proponga recusacin en dicho plazo, no podr hacerlo con posterioridad, salvo que acredite cumplidamente que, en aquel momento, no conoca la nueva causa de recusacin.

El da hbil siguiente a la finalizacin del plazo previsto en el prrafo anterior, el recusado habr de pronunciarse sobre si admite o no la causa o causas de recusacin formuladas.

Artculo 224.

1. Instruirn los incidentes de recusacin:

1. Cuando el recusado sea el Presidente o un Magistrado del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional o de un Tribunal Superior de Justicia, un magistrado de la Sala a la que pertenezca el recusado designado en virtud de un turno establecido por orden de antigedad.

2. Cuando el recusado sea un Presidente de Audiencia Provincial, un Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia correspondiente designado en virtud de un turno establecido por orden de antigedad.

3. Cuando el recusado sea un Magistrado de una Audiencia, un Magistrado de esa misma Audiencia designado en virtud de un turno establecido por orden de antigedad, siempre que no pertenezca a la misma Seccin que el recusado.

4. Cuando se recusare a todos los magistrados de una Sala de Justicia, un magistrado de los que integren el tribunal correspondiente designado en virtud de un turno establecido por orden de antigedad, siempre que no estuviere afectado por la recusacin.

5. Cuando el recusado sea un juez o magistrado titular de rgano unipersonal, un magistrado del rgano colegiado que conozca de sus recursos, designado en virtud de un turno establecido por orden de antigedad.

6. Cuando el recusado fuere un Juez de Paz, el Juez de Primera Instancia del partido correspondiente o, si hubiere varios Juzgados de Primera Instancia, el designado en virtud de un turno establecido por orden de antigedad.

La antigedad se regir por el orden de escalafn en la carrera judicial.

2. En los casos en que no fuere posible cumplir lo prevenido en el apartado anterior, la Sala de Gobierno del Tribunal correspondiente designar al instructor, procurando que sea de mayor cate gora o, al menos, de mayor antigedad que el recusado o recusados.

Artculo 225.

1. Dentro del mismo da en que finalice el plazo a que se refiere el apartado 3 del artculo 223, o en el siguiente da hbil, pasar el pleito o causa al conocimiento del sustituto, debiendo remitirse al tribunal al que corresponda instruir el incidente el escrito y los documentos de la recusacin.

Tambin deber acompaarse un informe del recusado relativo a si admite o no la causa de recusacin.

2. No se admitirn a trmite las recusaciones en las que no se expresaren los motivos en que se funden, o a las que no se acompaen los documentos a que se refiere el apartado 2 del artculo 223.

3. Si el recusado aceptare como cierta la causa de recusacin, se resolver el incidente sin ms trmites.

En caso contrario, el instructor, si admitiere a trmite la recusacin propuesta, ordenar la prctica, en el plazo de 10 das, de la prueba solicitada que sea pertinente y la que estime necesaria y, acto seguido, remitir lo actuado al tribunal competente para decidir el incidente.

Recibidas las actuaciones por el tribunal competente para decidir la recusacin, se dar traslado de las mismas al Ministerio Fiscal para informe por plazo de tres das. Transcurrido ese plazo, con o sin informe del Ministerio Fiscal, se decidir el incidente dentro de los cinco das siguientes. Contra dicha resolucin no cabr recurso alguno.

4. La recusacin suspender el curso del pleito hasta que se decida el incidente de recusacin salvo en el orden jurisdiccional penal, en el que el juez de instruccin que legalmente sustituya al recusado continuar con la tramitacin de la causa.

Artculo 226.

1. En los procesos que se sustancien por los cauces del juicio verbal cualquiera que sea el orden jurisdiccional, y en los de faltas, si el juez recusado no aceptare en el acto como cierta la causa de recusacin, pasarn las actuaciones al que corresponda instruir el incidente, quedando entretanto en suspenso el asunto principal. El instructor acordar que comparezcan las partes a su presencia el da y hora que fije, dentro de los cinco siguientes, y, odas las partes y practicada la prueba declarada pertinente, resolver mediante providencia en el mismo acto sobre si ha o no lugar a la recusacin.

2. Para la recusacin de jueces o magistrados posterior al sealamiento de vistas, se estar a lo dispuesto en los artculos 190 a 192 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Artculo 227.

Decidirn los incidentes de recusacin:

1. La Sala prevista en el artculo 61 de esta ley cuando el recusado sea el Presidente del Tribunal Supremo, Presidente de la Sala o dos o ms magistrados de una misma Sala.

2. La Sala del Tribunal Supremo de que se trate, cuando se recuse a uno de los Magistrados que la integran. A estos efectos, el recusado no formar parte de la Sala.

3. La Sala prevista en el artculo 69 cuando el recusado sea el Presidente de la Audiencia Nacional, Presidentes de Sala o ms de dos magistrados de una Sala.

4. La Sala de la Audiencia Nacional de que se trate, cuando se recuse a los Magistrados que la integran, de conformidad con lo previsto en el artculo 68 de esta ley.

5. La Sala a que se refiere el artculo 77 de esta ley, cuando se hubiera recusado al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, al Presidente de cualquiera de sus Salas, al Presidente de la Audiencia Provincial con sede en la comunidad autnoma correspondiente o a dos o ms magistrados de una misma Sala de los Tribunales Superiores de Justicia o a dos o ms magistrados de una misma Seccin de una Audiencia Provincial. El recusado no podr formar parte de la Sala, producindose, en su caso, su sustitucin con arreglo a lo previsto en esta ley.

6. La Sala de los Tribunales Superiores de Justicia de que se trate, cuando se recusara a uno de los magistrados que la integran. A estos efectos, el recusado no formar parte de la Sala.

7. Cuando el recusado sea magistrado de una Audiencia Provincial, la Audiencia Provincial, sin que forme parte de ella el recusado ; si sta se compusiere de dos o ms Secciones, la Seccin en la que no se encuentre integrado el recusado o la Seccin que siga en orden numrico a aquella de la que el recusado forme parte.

8. Cuando el recusado sea un Juez de Primera Instancia, de Primera Instancia e Instruccin, de lo Mercantil, de Instruccin, de lo Penal, de Menores, de Vigilancia Penitenciaria, de lo Contencioso-Administrativo o de lo Social, la Seccin de la Audiencia Provincial o Sala del Tribunal Superior de Justicia o de la Audiencia Nacional respectiva que conozca de los recursos contra sus resoluciones, y, si fueren varias, se establecer un turno comenzando por la Seccin o Sala de nmero ms bajo.

9. Cuando el recusado sea un Juez de Paz, resolver el mismo juez instructor del incidente de recusacin.

Artculo 228.

1. El auto que desestime la recusacin acordar devolver al recusado el conocimiento del pleito o causa, en el estado en que se hallare y condenar en las costas al recusante, salvo que concurrieren circunstancias excepcionales que justifiquen otro pronunciamiento. Cuando la resolucin que decida el incidente declare expresamente la existencia de mala fe en el recusante, se podr imponer a ste una multa de 180 a 6.000 euros.

2. El auto que estime la recusacin apartar definitivamente al recusado del conocimiento del pleito o causa. Continuar conociendo de l, hasta su terminacin, aquel a quien corresponda sustituirle.

3. Contra la decisin del incidente de recusacin no se dar recurso alguno, sin perjuicio de hacer valer, al recurrir contra la resolucin que decida el pleito o causa, la posible nulidad de sta por concurrir en el juez o magistrado que dict la resolucin recurrida, o que integr la Sala o Seccin correspondiente, la causa de recusacin alegada.

TTULO III

De las actuaciones judiciales

CAPTULO I

De la oralidad, publicidad y lengua oficial

Artculo 229.

1. Las actuaciones judiciales sern predominantemente orales, sobre todo en materia criminal, sin perjuicio de su documentacin.

2. Las declaraciones, interrogatorios, testimonios, careos, exploraciones, informes, ratificacin de los periciales y vistas, se llevarn a efecto ante juez o tribunal con presencia o intervencin, en su caso, de las partes y en audiencia pblica, salvo lo dispuesto en la ley.

3. Estas actuaciones podrn realizarse a travs de videoconferencia u otro sistema similar que permita la comunicacin bidireccional y simultnea de la imagen y el sonido y la interaccin visual, auditiva y verbal entre dos personas o grupos de personas geogrficamente distantes, asegurando en todo caso la posibilidad de contradiccin de las partes y la salvaguarda del derecho de defensa, cuando as lo acuerde el juez o tribunal.

En estos casos, el letrado de la Administracin de Justicia del juzgado o tribunal que haya acordado la medida acreditar desde la propia sede judicial la identidad de las personas que intervengan a travs de la videoconferencia mediante la previa remisin o la exhibicin directa de documentacin, por conocimiento personal o por cualquier otro medio procesal idneo.

Artculo 230.

1. Los juzgados y tribunales y las fiscalas estn obligados a utilizar cualesquiera medios tcnicos, electrnicos, informticos y telemticos, puestos a su disposicin para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones, con las limitaciones que a la utilizacin de tales medios establecen el captulo I bis de este ttulo y la normativa orgnica de proteccin de datos personales.

Las instrucciones generales o singulares de uso de las nuevas tecnologas que el Consejo General del Poder Judicial o la Fiscala General del Estado dirijan a los jueces y magistrados o a los fiscales, respectivamente, determinando su utilizacin, sern de obligado cumplimiento.

2. Los documentos emitidos por los medios anteriores, cualquiera que sea su soporte, gozarn de la validez y eficacia de un documento original siempre que quede garantizada su autenticidad e integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales.

3. Las actuaciones orales y vistas grabadas y documentadas en soporte digital no podrn transcribirse, salvo en los casos expresamente previstos en la ley.

4. Los procesos que se tramiten con soporte informtico garantizarn la identificacin y el ejercicio de la funcin jurisdiccional por el rgano que la ejerce, as como la confidencialidad, privacidad y seguridad de los datos de carcter personal que contengan en los trminos que establezca la ley.

5. Las personas que demanden la tutela judicial de sus derechos e intereses se relacionarn obligatoriamente con la Administracin de Justicia, cuando as se establezca en las normas procesales, a travs de los medios tcnicos a que se refiere el apartado 1 cuando sean compatibles con los que dispongan los juzgados y tribunales y se respeten las garantas y requisitos previstos en el procedimiento que se trate.

6. Los sistemas informticos que se utilicen en la Administracin de Justicia debern ser compatibles entre s para facilitar su comunicacin e integracin, en los trminos que determine el Comit Tcnico Estatal de la Administracin de Justicia Electrnica.

La definicin y validacin funcional de los programas y aplicaciones se efectuar por el Comit Tcnico Estatal de la Administracin de Justicia Electrnica.

Artculo 231.

1. En todas las actuaciones judiciales, los Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios y dems funcionarios de Juzgados y Tribunales usarn el castellano, lengua oficial del Estado.

2. Los Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios y dems funcionarios de Juzgados y Tribunales podrn usar tambin la lengua oficial propia de la Comunidad Autnoma, si ninguna de las partes se opusiere, alegando desconocimiento de ella que pudiere producir indefensin.

3. Las partes, sus representantes y quienes les dirijan, as como los testigos y peritos, podrn utilizar la lengua que sea tambin oficial en la Comunidad Autnoma en cuyo territorio tengan lugar las actuaciones judiciales, tanto en manifestaciones orales como escritas.

4. Las actuaciones judiciales realizadas y los documentos presentados en el idioma oficial de una Comunidad Autnoma tendrn, sin necesidad de traduccin al castellano, plena validez y eficacia. De oficio se proceder a su traduccin cuando deban surtir efecto fuera de la jurisdiccin de los rganos judiciales sitos en la Comunidad Autnoma, salvo si se trata de Comunidades Autnomas con lengua oficial propia coincidente. Tambin se proceder a su traduccin cuando as lo dispongan las leyes o a instancia de parte que alegue indefensin.

5. La habilitacin como intrprete en las actuaciones orales o en lengua de signos se realizar de conformidad con lo dispuesto en la ley procesal aplicable.

Artculo 232.

1. Las actuaciones judiciales sern pblicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento.

2. La relacin de sealamientos del rgano judicial deber hacerse pblica. Los Letrados de la Administracin de Justicia velarn por que los funcionarios competentes de la Oficina judicial publiquen en un lugar visible al pblico, el primer da hbil de cada semana, la relacin de sealamientos correspondientes a su respectivo rgano judicial, con indicacin de la fecha y hora de su celebracin, tipo de actuacin y nmero de procedimiento.

3. Excepcionalmente, por razones de orden pblico y de proteccin de los derechos y libertades, los Jueces y Tribunales, mediante resolucin motivada, podrn limitar el mbito de la publicidad y acordar el carcter secreto de todas o parte de las actuaciones.

Artculo 233.

Las deliberaciones de los Tribunales son secretas. Tambin lo ser el resultado de las votaciones, sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley sobre la publicacin de los votos particulares.

Artculo 234.

1. Los Letrados de la Administracin de Justicia y funcionarios competentes de la Oficina judicial facilitarn a los interesados cuanta informacin soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales, que podrn examinar y conocer, salvo que sean o hubieren sido declaradas secretas o reservadas conforme a la ley.

2. Las partes y cualquier persona que acredite un inters legtimo y directo tendrn derecho a obtener, en la forma dispuesta en las leyes procesales y, en su caso, en la Ley18/2011, de5 de julio, reguladora del uso de las tecnologas de la informacin y la comunicacin en la Administracin de Justicia, copias simples de los escritos y documentos que consten en los autos, no declarados secretos ni reservados. Tambin tendrn derecho a que se les expidan los testimonios y certificados en los casos y a travs del cauce establecido en las leyes procesales.

Artculo 235.

Los interesados tendrn acceso a los libros, archivos y registros judiciales que no tengan carcter reservado, mediante las formas de exhibicin, testimonio o certificacin que establezca la ley.

Artculo 235 bis.

Sin perjuicio de lo establecido en el prrafo segundo del apartado1 del artculo236 quinquies y de las restricciones que, en su caso, pudieran establecerse en las leyes procesales, el acceso al texto de las sentencias, o a determinados extremos de las mismas, o a otras resoluciones dictadas en el seno del proceso, slo podr llevarse a cabo previa disociacin de los datos de carcter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garanta del anonimato de las vctimas o perjudicados, cuando proceda.

En todo caso se adoptarn las medidas necesarias para evitar que las sentencias y el resto de resoluciones dictadas en el seno del proceso puedan ser usadas con fines contrarios a las leyes.

Artculo 235 ter.

1. Es pblico el acceso a los datos personales contenidos en los fallos de las sentencias firmes condenatorias, cuando se hubieren dictado en virtud de los delitos previstos en los siguientes artculos:

a) Los artculos 305, 305 bis y 306 de la Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre, del Cdigo Penal.

b) Los artculos 257 y 258 de la Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre, del Cdigo Penal, cuando el acreedor defraudado hubiese sido la Hacienda Pblica.

c) El artculo 2 de la Ley Orgnica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represin del Contrabando, siempre que exista un perjuicio para la Hacienda Pblica estatal o de la Unin Europea.

2. En los casos previstos en el apartado anterior, el Letrado de la Administracin de Justicia emitir certificado en el que se harn constar los siguientes datos:

a) Los que permitan la identificacin del proceso judicial.

b) Nombre y apellidos o denominacin social del condenado y, en su caso, del responsable civil.

c) Delito por el que se le hubiera condenado.

d) Las penas impuestas.

e) La cuanta correspondiente al perjuicio causado a la Hacienda Pblica por todos los conceptos, segn lo establecido en la sentencia.

Mediante diligencia de ordenacin el Letrado de la Administracin de Justicia ordenar su publicacin en el "Boletn Oficial del Estado".

3. Lo dispuesto en este artculo no ser de aplicacin en el caso de que el condenado o, en su caso, el responsable civil, hubiera satisfecho o consignado en la cuenta de depsitos y consignaciones del rgano judicial competente la totalidad de la cuanta correspondiente al perjuicio causado a la Hacienda Pblica por todos los conceptos, con anterioridad a la firmeza de la sentencia.

Artculo 236.

1. La publicidad de los edictos se realizar a travs del Tabln Edictal Judicial nico, en la forma en que se disponga reglamentariamente.

2. La publicacin en cualquier otro medio se podr acordar a peticin y a costa de la parte que lo solicite.

CAPTULO I BIS

Proteccin de datos de carcter personal en el mbito de la Administracin de Justicia

Artculo236 bis.

El tratamiento de datos llevado a cabo con ocasin de la tramitacin por los Tribunales de los procesos de los que sean competentes, as como el realizado dentro de la gestin de la Oficina judicial se sometern a lo dispuesto en la Ley Orgnica15/1999, de13 de diciembre, de Proteccin de Datos de Carcter Personal y su normativa de desarrollo, sin perjuicio de las especialidades establecidas en el presente Captulo.

Artculo236 ter.

1. Los Tribunales podrn tratar datos de carcter personal con fines jurisdiccionales o no jurisdiccionales. En el primer caso, el tratamiento se limitar a los datos en tanto se encuentren incorporados a los procesos de que conozcan y su finalidad se relacione directamente con el ejercicio de la potestad jurisdiccional.

2. Los Tribunales mantendrn, con pleno respeto a las garantas y derechos establecidos en la normativa de proteccin de datos de carcter personal, los ficheros que resulten necesarios para la tramitacin de los procesos que en ellos se siguen, as como los que se precisen para su adecuada gestin.

Dichos ficheros se clasificarn en jurisdiccionales y no jurisdiccionales atendiendo a la naturaleza del tratamiento de los datos que los integran.

Artculo236 quter.

De conformidad con lo dispuesto en el artculo11.2 de la Ley Orgnica15/1999, de13 de diciembre, no ser necesario el consentimiento del interesado para que los Tribunales procedan al tratamiento de los datos en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, ya sean stos facilitados por las partes o recabados a solicitud del propio Tribunal, sin perjuicio de lo dispuesto en las normas procesales para la validez de la prueba.

Cuando se trate de datos tratados con fines no jurisdiccionales se estar a lo dispuesto en la Ley Orgnica15/1999, de13 de diciembre.

Artculo236 quinquies.

1. Los Jueces y Tribunales, y los Letrados de la Administracin de Justicia conforme a sus competencias procesales, podrn adoptar las medidas que sean necesarias para la supresin de los datos personales de los documentos a los que puedan acceder las partes durante la tramitacin del proceso siempre que no sean necesarios para garantizar su derecho a la tutela judicial efectiva.

Del mismo modo procedern respecto del acceso por las partes a los datos personales que pudieran contener las sentencias y dems resoluciones dictadas en el seno del proceso, sin perjuicio de la aplicacin en los dems supuestos de lo establecido en el artculo235 bis.

2. En todo caso ser de aplicacin lo dispuesto en la legislacin de proteccin de datos de carcter personal al tratamiento que las partes lleven a cabo de los datos que les hubieran sido revelados en el desarrollo del proceso.

3. Podrn cederse al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia, en lo que proceda, los datos tratados con fines jurisdiccionales que sean estrictamente necesarios para el ejercicio de las funciones de inspeccin y control establecidas en esta Ley.

4. Los datos tratados con fines no jurisdiccionales podrn cederse entre los rganos jurisdiccionales o por stos al Consejo General del Poder Judicial o al Ministerio de Justicia cuando ello est justificado por la interposicin de un recurso o sea necesario para el ejercicio de las competencias que tengan legalmente atribuidas.

Artculo236 sexies.

1. A los efectos previstos en la Ley Orgnica15/1999, de13 de diciembre, ser responsable de los ficheros jurisdiccionales el rgano jurisdiccional u Oficina judicial ante el que se tramiten los procesos cuyos datos se incorporen al fichero, y dentro de l decidir quien tenga la competencia atribuida por la normativa vigente de acuerdo a la solicitud que se reciba del ciudadano.

Igualmente, ser responsable de los ficheros no jurisdiccionales la Oficina judicial correspondiente al rgano judicial con el que se relacionen los datos que a los mismos se incorporen.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que pudiera corresponder a quien hubiera sido, en su caso, causante de la comisin de una infraccin en materia de proteccin de datos de carcter personal, a la que se refiere el artculo46.2 de la Ley Orgnica15/1999, de13 de diciembre.

3. En todo caso corresponder al Letrado de la Administracin de Justicia que se indique en el acuerdo de creacin velar por la adopcin de las medidas que impidan la alteracin, prdida, tratamiento o acceso no deseado a los datos de carcter personal incorporados a los ficheros, tanto jurisdiccionales como no jurisdiccionales, ostentando aqul la condicin de responsable de seguridad a los efectos previstos en la legislacin de proteccin de datos de carcter personal.

Artculo236 septies.

1. Los ficheros de datos de carcter personal de los Tribunales sern creados, modificados o suprimidos por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, adoptado a propuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional o del Tribunal Superior de Justicia u rgano de la Administracin competente en materia de Justicia correspondiente.

El acuerdo de creacin, de modificacin o de supresin de los ficheros se ajustar a lo dispuesto en la legislacin vigente en materia de proteccin de datos de carcter personal y se publicar en el Boletn Oficial del Estado y, en su caso, en los diarios oficiales de las Comunidades Autnomas.

2. Una vez publicado el acuerdo, el Consejo General del Poder Judicial dar traslado del mismo para su inscripcin en el Registro General de Proteccin de Datos de la Agencia Espaola de Proteccin de Datos.

Artculo236 octies.

1. Las solicitudes de ejercicio de los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin en relacin con los datos tratados con fines jurisdiccionales se tramitarn conforme a las normas que resulten de aplicacin al proceso en que los datos fueron recabados, no siendo de aplicacin las disposiciones establecidas al efecto por la legislacin vigente en materia de proteccin de datos de carcter personal.

En todo caso se denegar el acceso a los datos objeto de tratamiento con fines jurisdiccionales cuando las diligencias judiciales en que se haya recabado la informacin hayan sido declaradas secretas o reservadas.

2. Tratndose de datos sometidos a tratamiento con fines no jurisdiccionales, los interesados podrn ejercitar sus derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin en los trminos establecidos en la normativa vigente en materia de proteccin de datos de carcter personal, dirigiendo su solicitud ante el funcionario competente para decidir conforme a la normativa vigente que sea responsable del fichero al que se refiere el prrafo segundo del apartado1 del artculo236 sexies.

Artculo236 nonies.

1. Las competencias que la Ley Orgnica15/1999, de13 de diciembre, atribuye a la Agencia Espaola de Proteccin de Datos, sern ejercidas, respecto de los tratamientos efectuados con fines jurisdiccionales y los ficheros de esta naturaleza, por el Consejo General del Poder Judicial.

2. Los tratamientos de datos llevados a cabo con fines no jurisdiccionales y sus correspondientes ficheros quedarn sometidos a la competencia de la Agencia Espaola de Proteccin de Datos, prestando el Consejo General del Poder Judicial a la misma la colaboracin que al efecto precise.

El Consejo General del Poder Judicial podr adoptar las medidas reglamentarias que estime necesarias para garantizar el cumplimiento, en los tratamientos de datos con fines no jurisdiccionales y los ficheros no jurisdiccionales, de las medidas de seguridad establecidas en la normativa vigente en materia de proteccin de datos de carcter personal.

3. Cuando con ocasin de la realizacin de actuaciones de investigacin relacionadas con la posible comisin de una infraccin de la normativa de proteccin de datos las autoridades competentes a las que se refieren los dos apartados anteriores apreciasen la existencia de indicios que supongan la competencia de la otra autoridad, darn inmediatamente traslado a esta ltima a fin de que prosiga con la tramitacin del procedimiento.

Artculo236 decies.

1. Los tratamientos de datos llevados a cabo por el Consejo General del Poder Judicial en el ejercicio de sus competencias quedarn sometidos a lo dispuesto en la legislacin vigente en materia de proteccin de datos de carcter personal. Dichos tratamientos no sern considerados en ningn caso realizados con fines jurisdiccionales.

2. Los ficheros de datos de carcter personal del Consejo General del Poder Judicial y de los rganos integrantes del mismo sern creados, modificados o suprimidos por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de la Secretara General, que ostentar la condicin de responsable del tratamiento respecto de los mismos.

Una vez publicado el acuerdo, el Consejo General del Poder Judicial dar traslado del mismo para su inscripcin en el Registro General de Proteccin de Datos de la Agencia Espaola de Proteccin de Datos.

CAPTULO II

Del impulso procesal

Artculo 237.

Salvo que la ley disponga otra cosa, se dar de oficio al proceso el curso que corresponda, dictndose al efecto las resoluciones necesarias.

CAPTULO III

De la nulidad de los actos judiciales

Artculo 238.

Los actos procesales sern nulos de pleno derecho en los casos siguientes:

1. Cuando se produzcan por o ante tribunal con falta de jurisdiccin o de competencia objetiva o funcional.

2. Cuando se realicen bajo violencia o intimidacin.

3. Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, haya podido producirse indefensin.

4. Cuando se realicen sin intervencin de abogado, en los casos en que la ley la establezca como preceptiva.

5. Cuando se celebren vistas sin la preceptiva intervencin del letrado de la Administracin de Justicia.

6. En los dems casos en los que las leyes procesales as lo establezcan.

Artculo 239.

1. Los tribunales cuya actuacin se hubiere producido con intimidacin o violencia, tan luego como se vean libres de ella, declararn nulo todo lo practicado y promovern la formacin de causa contra los culpables, poniendo los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal.

2. Tambin se declararn nulos los actos de las partes o de personas que intervengan en el proceso si se acredita que se produjeron bajo intimidacin o violencia.

La nulidad de estos actos entraar la de todos los dems relacionados con l o que pudieren haberse visto condicionados o influidos sustancialmente por el acto nulo.

Artculo 240.

1. La nulidad de pleno derecho, en todo caso, y los defectos de forma en los actos procesales que impliquen ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o determinen efectiva indefensin, se harn valer por medio de los recursos legalmente establecidos contra la resolucin de que se trate, o por los dems medios que establezcan las leyes procesales.

2. Sin perjuicio de ello, el juzgado o tribunal podr, de oficio o a instancia de parte, antes de que hubiere recado resolucin que ponga fin al proceso, y siempre que no proceda la subsanacin, declarar, previa audiencia de las partes, la nulidad de todas las actuaciones o de alguna en particular.

En ningn caso podr el juzgado o tribunal, con ocasin de un recurso, decretar de oficio una nulidad de las actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, salvo que apreciare falta de jurisdiccin o de competencia objetiva o funcional o se hubiese producido violencia o intimidacin que afectare a ese tribunal.

Artculo 241.

1. No se admitirn con carcter general incidentes de nulidad de actuaciones. Sin embargo, excepcionalmente, quienes sean parte legtima o hubieran debido serlo podrn pedir por escrito que se declare la nulidad de actuaciones fundada en cualquier vulneracin de un derecho fundamental de los referidos en el artculo 53.2 de la Constitucin, siempre que no haya podido denunciarse antes de recaer resolucin que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolucin no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario.

Ser competente para conocer de este incidente el mismo juzgado o tribunal que dict la resolucin que hubiere adquirido firmeza. El plazo para pedir la nulidad ser de 20 das, desde la notificacin de la la resolucin o, en todo caso, desde que se tuvo conocimiento del defecto causante de indefensin, sin que, en este ltimo caso, pueda solicitarse la nulidad de actuaciones despus de transcurridos cinco aos desde la notificacin de la resolucin.

El juzgado o tribunal inadmitir a trmite, mediante providencia sucintamente motivada, cualquier incidente en el que se pretenda suscitar otras cuestiones. Contra la resolucin por la que se inadmita a trmite el incidente no cabr recurso alguno.

2. Admitido a trmite el escrito en que se pida la nulidad fundada en los vicios a que se refiere el apartado anterior de este artculo, no quedar en suspenso la ejecucin y eficacia de la sentencia o resolucin irrecurribles, salvo que se acuerde de forma expresa la suspensin para evitar que el incidente pudiera perder su finalidad, y se dar traslado de dicho escrito, junto con copia de los documentos que se acompaasen, en su caso, para acreditar el vicio o defecto en que la peticin se funde, a las dems partes, que en el plazo comn de cinco das podrn formular por escrito sus alegaciones, a las que acompaarn los documentos que se estimen pertinentes.

Si se estimara la nulidad, se repondrn las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la haya originado y se seguir el procedimiento legalmente establecido. Si se desestimara la solicitud de nulidad, se condenar, por medio de auto, al solicitante en todas las costas del incidente y, en caso de que el juzgado o tribunal entienda que se promovi con temeridad, le impondr, adems, una multa de 90 a 600 euros.

Contra la resolucin que resuelva el incidente no cabr recurso alguno.

Artculo 242.

Las actuaciones judiciales realizadas fuera del tiempo establecido slo podrn anularse si lo impusiere la naturaleza del trmino o plazo.

Artculo 243.

1. La nulidad de un acto no implicar la de los sucesivos que fueren independientes de aqul ni la de aqullos cuyo contenido hubiese permanecido invariado aun sin haberse cometido la infraccin que dio lugar a la nulidad.

2. La nulidad parcial de un acto no implicar la de las partes del mismo independientes de la declarada nula.

3. El juzgado o tribunal cuidar de que puedan ser subsanados los defectos en que incurran los actos procesales de las partes, siempre que en dichos actos se hubiese manifestado la voluntad de cumplir los requisitos exigidos por la ley.

4. Los actos de las partes que carezcan de los requisitos exigidos por la ley sern subsanables en los casos, condiciones y plazos previstos en las leyes procesales.

CAPTULO IV

De las resoluciones judiciales

Artculo 244.

1. Las resoluciones de los Tribunales cuando no estn constituidos en Sala de Justicia, las de las Salas de Gobierno y las de los Jueces y Presidentes cuando tuvieren carcter gubernativo, se llamarn acuerdos.

2. La misma denominacin se dar a las advertencias y correcciones que por recaer en personas que estn sujetas a la jurisdiccin disciplinaria se impongan en las sentencias o en otros actos judiciales.

Artculo 245.

1. Las resoluciones de los Jueces y Tribunales que tengan carcter jurisdiccional se denominarn:

a) Providencias, cuando tengan por objeto la ordenacin material del proceso.

b) Autos, cuando decidan recursos contra providencias, cuestiones incidentales, presupuestos procesales, nulidad del procedimiento o cuando, a tenor de las leyes de enjuiciamiento, deban revestir esta forma.

c) Sentencias, cuando decidan definitivamente el pleito o causa en cualquier instancia o recurso, o cuando, segn las leyes procesales, deban revestir esta forma.

2. Las sentencias podrn dictarse de viva voz cuando lo autorice la ley.

3. Son sentencias firmes aquellas contra las que no quepa recurso alguno, salvo el de revisin u otros extraordinarios que establezca la ley.

4. Llmase ejecutoria el documento pblico y solemne en que se consigna una sentencia firme. Las ejecutorias se encabezarn en nombre del Rey.

Artculo 246.

(Suprimido)

Artculo 247.

Las resoluciones judiciales que se dicten oralmente y deban ser documentadas en acta en los juicios verbales, vistas de los pleitos o causas y dems actos solemnes incluirn la fundamentacin que proceda.

Artculo 248.

1. La frmula de las providencias se limitar a la determinacin de lo mandado y del Juez o Tribunal que las disponga, sin ms fundamento ni adiciones que la fecha en que se acuerden, la firma o rbrica del Juez o Presidente y la firma del Secretario. No obstante, podrn ser sucintamente motivadas sin sujecin a requisito alguno cuando se estime conveniente.

2. Los autos sern siempre fundados y contendrn en prrafos separados y numerados los hechos y los razonamientos jurdicos y, por ultimo, la parte dispositiva. Sern firmados por el Juez, Magistrado o Magistrados que los dicten.

3. Las sentencias se formularn expresando, tras un encabezamiento, en prrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho, hechos probados, en su caso, los fundamentos de derecho y, por ltimo, el fallo. Sern firmadas por el Juez, Magistrado o Magistrados que las dicten.

4. Al notificarse la resolucin a las partes se indicar si la misma es o no firme y, en su caso, los recursos que procedan, rgano ante el que deben interponerse y plazo para ello.

CAPTULO V

De la vista, votacin y fallo

Artculo 249.

Las vistas de los asuntos se sealarn por el orden de su conclusin, salvo que en la ley se disponga otra cosa.

Artculo 250.

Corresponder a los Presidentes de Sala y a los de Seccin el sealamiento de las vistas o trmite equivalente y el del comienzo de las sesiones del juicio oral.

Artculo 251.

1. El Juez o el ponente tendrn a su disposicin los autos para dictar sentencia o resolucin decisoria de incidentes o de recursos.

2. El Presidente y los Magistrados podrn examinar los autos en cualquier tiempo.

Artculo 252.

1. Concluida la vista de los autos, pleitos o causas o desde el da sealado para la votacin y fallo, podr cualquiera de los Magistrados pedirlos para su estudio.

2. Cuando los pidieren varios, fijar el que presida el plazo que haya de tenerlos cada uno, de modo que puedan dictarse las sentencias dentro del tiempo sealado para ello.

Artculo 253.

Los autos y sentencias se deliberarn y votarn inmediatamente despus de las vistas y, cuando as no pudiera hacerse, sealar el Presidente el da en que deban votarse, dentro del plazo sealado para dictar la resolucin.

Artculo 254.

1. La votacin, a juicio del Presidente, podr tener lugar separadamente sobre los distintos pronunciamientos de hecho o de derecho que hayan de hacerse, o parte de la decisin que haya de dictarse.

2. Votar primero el ponente y despus los dems Magistrados por orden inverso al de su antigedad. El que presida votar el ltimo.

3. Empezada la votacin, no podr interrumpirse sino en caso de fuerza mayor.

Artculo 255.

1. Los autos y sentencias se dictarn por mayora absoluta de votos, salvo que expresamente la ley seale una mayor proporcin.

2. En ningn caso podr exigirse un nmero determinado de votos conformes que altere la regla de la mayora.

Artculo 256.

Cuando fuere trasladado o jubilado algn Juez o Magistrado deliberar, votar, redactar y firmar las sentencias, segn proceda, en los pleitos a cuya vista hubiere asistido y que an no se hubieren fallado, salvo que concurriera causa de incompatibilidad o proceda la anulacin de aqulla por otro motivo.

Artculo 257.

1. Si despus de la vista y antes de la votacin algn Magistrado se imposibilitare y no pudiere asistir al acto, dar un voto fundado y firmado y lo remitir directamente al Presidente.

2. Si no pudiere escribir ni firmar, lo extender ante un Secretario de la Sala.

3. El voto as emitido se unir a los dems y se conservar, rubricado por el que presida, con el libro de sentencias.

4. Cuando el impedido no pudiere votar ni aun de este modo, se votar el pleito o la causa por los no impedidos que hubieren asistido a la vista y, si hubiere los necesarios para formar mayora, estos dictarn sentencia.

Artculo 258.

Cuando no hubiere votos bastantes para constituir la mayora que exige el artculo 255, se ver de nuevo el asunto, sustituyndose el impedido, separado o suspenso en la forma establecida en esta Ley.

Artculo 259.

Las sentencias se firmarn por el Juez o por todos los Magistrados no impedidos dentro del plazo establecido para dictarlas.

Artculo 260.

1. Todo el que tome parte en la votacin de una sentencia o auto definitivo firmar lo acordado, aunque hubiere disentido de la mayora; pero podr, en este caso, anuncindolo en el momento de la votacin o en el de la firma, formular voto particular, en forma de sentencia, en la que podrn aceptarse, por remisin, los puntos de hecho y fundamentos de derecho de la dictada por el Tribunal con los que estuviere conforme.

2. El voto particular, con la firma del autor, se incorporar al libro de sentencias y se notificar a las partes junto con la sentencia aprobada por mayora. Cuando, de acuerdo con la ley, sea preceptiva la publicacin de la sentencia, el voto particular, si lo hubiere, habr de publicarse junto a ella.

3. Tambin podr formularse voto particular, con sujecin a lo dispuesto en el prrafo anterior, en lo que resulte aplicable, respecto de los autos decisorios de incidentes.

Artculo 261.

Cuando, despus de fallado un pleito por un Tribunal, se imposibilite algn Magistrado de los que votaron y no pudiere firmar, el que hubiere presidido el Tribunal lo har por l, expresando el nombre de aquel por quien firme y despus las palabras voto en Sala y no pudo firmar.

Artculo 262.

1. Cuando en la votacin de una sentencia o auto no resultare mayora de votos sobre cualquiera de los pronunciamientos de hecho o de derecho que deban hacerse, volvern a discutirse y a votarse los puntos en que hayan disentido los votantes.

2. Si no se obtuviere acuerdo, la discordia se resolver mediante celebracin de nueva vista, concurriendo los Magistrados que hubieran asistido a la primera, aumentndose dos mas, si hubiese sido impar el numero de los discordantes, y tres en el caso de haber sido par. Concurrir para ello, en primer lugar, el Presidente de la Sala, si no hubiere ya asistido; en segundo lugar, los Magistrados de la misma Sala que no hayan visto el pleito; en tercer lugar, el Presidente de la Audiencia, y, finalmente, los Magistrados de las dems Salas, con preferencia de los del mismo orden jurisdiccional.

Artculo 263.

1. El que deba presidir la Sala de discordia har el sealamiento de las vistas de discordia y designaciones oportunas.

2. Cuando en la votacin de una sentencia o auto por la Sala de discordia o, en su caso, por el pleno de la Sala no se reuniere tampoco mayora sobre los puntos discordados, se proceder a nueva votacin, sometiendo solo a sta los dos pareceres que hayan obtenido mayor nmero de votos en la precedente.

Artculo 264.

1. Los Magistrados de las diversas Secciones de una misma Sala se reunirn para la unificacin de criterios y la coordinacin de prcticas procesales, especialmente en los casos en que los Magistrados de las diversas Secciones de una misma Sala o Tribunal sostuvieren en sus resoluciones diversidad de criterios interpretativos en la aplicacin de la ley en asuntos sustancialmente iguales. A esos efectos, el Presidente de la Sala o Tribunal respectivo, por s o a peticin mayoritaria de sus miembros, convocar Pleno jurisdiccional para que conozca de uno o varios de dichos asuntos al objeto de unificar el criterio.

2. Formarn parte de este Pleno todos los Magistrados de la Sala correspondiente que por reparto conozcan de la materia en la que la discrepancia se hubiera puesto de manifiesto.

3. En todo caso, quedar a salvo la independencia de las Secciones para el enjuiciamiento y resolucin de los distintos procesos de que conozcan, si bien debern motivar las razones por las que se aparten del criterio acordado.

Artculo 265.

En cada juzgado o tribunal se llevar, bajo la custodia del letrado de la Administracin de Justicia respectivo, un libro de sentencias, en el que se incluirn firmadas todas las definitivas, autos de igual carcter, as como los votos particulares que se hubieren formulado, que sern ordenados correlativamente segn su fecha. Cuando la tramitacin de los procedimientos se realice a travs de un sistema de gestin procesal electrnico, el mismo deber generar automticamente, sin necesidad de la intervencin del letrado de la Administracin de Justicia, un fichero en el que se incluyan las sentencias y autos numerados por el orden en el que han sido firmados.

Artculo 266.

1. Las sentencias, una vez extendidas y firmadas por el juez o por todos los Magistrados que las hubieren dictado, sern depositadas en la Oficina judicial y se permitir a cualquier interesado el acceso al texto de las mismas.

El acceso al texto de las sentencias, o a determinados extremos de las mismas, podr quedar restringido cuando el mismo pudiera afectar al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garanta del anonimato de las vctimas o perjudicados, cuando proceda, as como, con carcter general, para evitar que las sentencias puedan ser usadas con fines contrarios a las leyes.

2. Los secretarios pondrn en los autos certificacin literal de la sentencia.

Artculo 267.

1. Los tribunales no podrn variar las resoluciones que pronuncien despus de firmadas, pero s aclarar algn concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan.

2. Las aclaraciones a que se refiere el apartado anterior podrn hacerse de oficio dentro de los dos das hbiles siguientes al de la publicacin de la resolucin, o a peticin de parte o del Ministerio Fiscal formulada dentro del mismo plazo, siendo en este caso resuelta por el tribunal dentro de los tres das siguientes al de la presentacin del escrito en que se solicite la aclaracin.

3. Los errores materiales manifiestos y los aritmticos en que incurran las resoluciones judiciales podrn ser rectificados en cualquier momento.

4. Las omisiones o defectos de que pudieren adolecer sentencias y autos y que fuere necesario remediar para llevarlas plenamente a efecto podrn ser subsanadas, mediante auto, en los mismos plazos y por el mismo procedimiento establecido en el apartado anterior.

5. Si se tratase de sentencias o autos que hubieren omitido manifiestamente pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en el proceso, el tribunal, a solicitud escrita de parte en el plazo de cinco das a contar desde la notificacin de la resolucin, previo traslado de dicha solicitud a las dems partes, para alegaciones escritas por otros cinco das, dictar auto por el que resolver completar la resolucin con el pronunciamiento omitido o no haber lugar a completarla.

6. Si el tribunal advirtiese, en las sentencias o autos que dictara, las omisiones a que se refiere el apartado anterior, podr, en el plazo de cinco das a contar desde la fecha en que se dicten, proceder de oficio, mediante auto, a completar su resolucin, pero sin modificar ni rectificar lo que hubiere acordado.

7. Del mismo modo al establecido en los apartados anteriores se proceder por el Letrado de la Administracin de Justicia cuando se precise aclarar, rectificar, subsanar o completar los decretos que hubiere dictado.

8. No cabr recurso alguno contra los autos o decretos en que se resuelva acerca de la aclaracin, rectificacin, subsanacin o complemento a que se refieren los anteriores apartados de este artculo, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, contra la sentencia, auto o decreto a que se refiera la solicitud o actuacin de oficio del Tribunal o del Letrado de la Administracin de Justicia.

9. Los plazos para los recursos que procedan contra la resolucin de que se trate se interrumpirn desde que se solicite su aclaracin, rectificacin, subsanacin o complemento y, en todo caso, comenzarn a computarse desde el da siguiente a la notificacin del auto o decreto que reconociera o negase la omisin del pronunciamiento y acordase o denegara remediarla.

CAPTULO VI

Del lugar en que deben practicarse las actuaciones

Artculo 268.

1. Las actuaciones judiciales debern practicarse en la sede del rgano jurisdiccional.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los Juzgados y Tribunales podrn constituirse en cualquier lugar del territorio de su jurisdiccin para la prctica de aqullas, cuando fuere necesario o conveniente para la buena administracin de justicia.

Artculo 269.

1. Los Juzgados y Tribunales slo podrn celebrar juicios o vistas de asuntos fuera de la poblacin de su sede cuando as lo autorice la ley.

2. Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial, cuando las circunstancias o el buen servicio de la administracin de justicia lo aconsejen, y a peticin de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, podr disponer que los Juzgados y las Secciones o Salas de los Tribunales o Audiencias se constituyan en poblacin distinta de su sede para despachar los asuntos correspondientes a un determinado mbito territorial comprendido en la circunscripcin de aqullos.

3. Igualmente, las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, previa determinacin del nmero de causas que justifican los traslados de los Tribunales fuera de su sede y siempre que su desplazamiento venga justificado por una mejor administracin de justicia, dispondrn que los Jueces de lo Penal, asistidos del Letrado de la Administracin de Justicia, se constituyan para celebrar juicios orales en las ciudades donde tengan sede los Juzgados que hayan instruido las causas de las que les corresponde conocer. Los Juzgados de Instruccin y los funcionarios que en ellos sirvieren prestarn en estos casos cuanta colaboracin sea precisa.

CAPTULO VII

De las notificaciones

Artculo 270.

Las resoluciones dictadas por jueces y tribunales, as como las que lo sean por letrados de la Administracin de Justicia en el ejercicio de las funciones que le son propias, se notificarn a todos los que sean parte en el pleito, causa o expediente, y tambin a quienes se refieran o puedan parar perjuicios, cuando as se disponga expresamente en aquellas resoluciones, de conformidad con la ley.

Artculo 271.

Los actos de comunicacin se practicarn por medios electrnicos cuando los sujetos intervinientes en un proceso estn obligados al empleo de los sistemas telemticos o electrnicos existentes en la Administracin de Justicia conforme a lo establecido en las leyes procesales y en la forma que estas determinen.

Cuando los sujetos intervinientes en un proceso no se hallen obligados al empleo de medios electrnicos, o cuando la utilizacin de los mismos no fuese posible, los actos de comunicacin podrn practicarse por cualquier otro medio que permita la constancia de su prctica y de las circunstancias esenciales de la misma segn determinen las leyes procesales.

Artculo 272.

Podr establecerse un local de notificaciones comn a los varios juzgados y tribunales de una misma poblacin, aunque sean de distinto orden jurisdiccional. En este supuesto, el Colegio de Procuradores organizar un servicio para recibir las notificaciones que no hayan podido hacerse en aquel local comn por incomparecencia del procurador que deba ser notificado. La recepcin de la notificacin por este servicio producir plenos efectos.

CAPTULO VIII

De la cooperacin jurisdiccional

Artculo 273.

Los Jueces y Tribunales cooperarn y se auxiliarn entre s en el ejercicio de la funcin jurisdiccional.

Artculo 274.

1. Se recabar la cooperacin judicial cuando debiere practicarse una diligencia fuera de la circunscripcin del Juzgado o Tribunal que la hubiere ordenado o sta fuere de la especfica competencia de otro Juzgado o Tribunal.

2. La peticin de cooperacin, cualquiera que sea el Juzgado o Tribunal a quien se dirija, se efectuar siempre directamente, sin dar lugar a traslados ni reproducciones a travs de rganos intermedios.

Artculo 275.

No obstante, podrn los Jueces realizar cualesquiera diligencias de instruccin penal en lugar no comprendido en el territorio de su jurisdiccin, cuando el mismo se hallare prximo y ello resultare conveniente, dando inmediata noticia al Juez competente. Los Jueces y Tribunales de otros rdenes jurisdiccionales podrn tambin practicar diligencias de instruccin o prueba fuera del territorio de su jurisdiccin cuando no se perjudique la competencia del Juez correspondiente y venga justificado por razones de economa procesal.

Artculo 276.

Las peticiones de cooperacin internacional se tramitarn de conformidad con lo previsto en los tratados internacionales, las normas de la Unin Europea y las leyes espaolas que resulten de aplicacin.

Artculo 277.

Los Juzgados y Tribunales espaoles prestarn a las autoridades judiciales extranjeras la cooperacin que les soliciten para el desempeo de su funcin jurisdiccional, de conformidad con lo establecido en los tratados y convenios internacionales en los que Espaa sea parte, las normas de la Unin Europea y las leyes espaolas sobre esta materia.

Artculo 278.

1. La prestacin de cooperacin internacional slo ser denegada por los Juzgados y Tribunales espaoles:

1. Cuando el objeto o finalidad de la cooperacin solicitada sea manifiestamente contrario al orden pblico.

2. Cuando el proceso de que dimane la solicitud de cooperacin sea de la exclusiva competencia de la jurisdiccin espaola.

3. Cuando el contenido del acto a realizar no corresponda a las atribuciones propias de la autoridad judicial espaola requerida. En tal caso, sta remitir la solicitud a la autoridad judicial competente, informando de ello a la autoridad judicial requirente.

4. Cuando la solicitud de cooperacin internacional no rena el contenido y requisitos mnimos exigidos por las leyes para su tramitacin.

TTULO IV

De la fe pblica judicial y de la documentacin

Artculo 279 a 291.

(Derogados)

TTULO V

De la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administracin de Justicia

Artculo 292.

1. Los daos causados en cualesquiera bienes o derechos por error judicial, as como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administracin de Justicia, darn a todos los perjudicados derecho a una indemnizacin a cargo del estado, salvo en los casos de fuerza mayor, con arreglo a lo dispuesto en este Ttulo.

2. En todo caso, el dao alegado habr de ser efectivo, evaluable econmicamente e individualizado con relacin a una persona o grupo de personas.

3. La mera revocacin o anulacin de las resoluciones judiciales no presupone por s sola derecho a indemnizacin.

Artculo 293.

1. La reclamacin de indemnizacin por causa de error deber ir precedida de una decisin judicial que expresamente lo reconozca. Esta previa decisin podr resultar directamente de una sentencia dictada en virtud de recurso de revisin. En cualquier otro caso distinto de ste se aplicaran las reglas siguientes:

a) La accin judicial para el reconocimiento del error deber instarse inexcusablemente en el plazo de tres meses, a partir del da en que pudo ejercitarse.

b) La pretensin de declaracin del error se deducir ante la Sala del Tribunal Supremo correspondiente al mismo orden jurisdiccional que el rgano a quien se imputa el error, y si ste se atribuyese a una Sala o Seccin del Tribunal Supremo la competencia corresponder a la Sala que se establece en el artculo 61. Cuando se trate de rganos de la jurisdiccin militar, la competencia corresponder a la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo.

c) El procedimiento para sustanciar la pretensin ser el propio del recurso de revisin en materia civil, siendo partes, en todo caso, el Ministerio Fiscal y la Administracin del Estado.

d) El Tribunal dictara sentencia definitiva, sin ulterior recurso, en el plazo de quince das, con informe previo del rgano jurisdiccional a quien se atribuye el error.

e) Si el error no fuera apreciado se impondrn las costas al peticionario.

f) No proceder la declaracin de error contra la resolucin judicial a la que se impute mientras no se hubieren agotado previamente los recursos previstos en el ordenamiento.

g) La mera solicitud de declaracin del error no impedir la ejecucin de la resolucin judicial a la que aqul se impute.

2. Tanto en el supuesto de error judicial declarado como en el de dao causado por el anormal funcionamiento de la Administracin de Justicia, el interesado dirigir su peticin indemnizatoria directamente al Ministerio de Justicia, tramitndose la misma con arreglo a las normas reguladoras de la responsabilidad patrimonial del estado. Contra la resolucin cabr recurso contencioso-administrativo. El derecho a reclamar la indemnizacin prescribir al ao, a partir del da en que pudo ejercitarse.

Artculo 294.

1. Tendrn derecho a indemnizacin quienes, despus de haber sufrido prisin preventiva, sean absueltos por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se le hayan irrogado perjuicios.

2. La cuanta de la indemnizacin se fijar en funcin del tiempo de privacin de libertad y de las consecuencias personales y familiares que se hayan producido.

3. La peticin indemnizatoria se tramitar de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artculo anterior.

Artculo 295.

En ningn caso habr lugar a la indemnizacin cuando el error judicial o el anormal funcionamiento de los servicios tuviera por causa la conducta dolosa o culposa del perjudicado.

Artculo 296.

1. Los daos y perjuicios causados por los Jueces y Magistrados en el ejercicio de sus funciones darn lugar, en su caso, a responsabilidad del Estado por error judicial o por funcionamiento anormal de la Administracin de Justicia sin que, en ningn caso, puedan los perjudicados dirigirse directamente contra aqullos.

2. Si los daos y perjuicios provinieren de dolo o culpa grave del Juez o Magistrado, la Administracin General del Estado, una vez satisfecha la indemnizacin al perjudicado, podr exigir, por va administrativa a travs del procedimiento reglamentariamente establecido, al Juez o Magistrado responsable el reembolso de lo pagado sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que ste pudiera incurrir, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley.

El dolo o culpa grave del Juez o Magistrado se podr reconocer en sentencia o en resolucin dictada por el Consejo General del Poder Judicial conforme al procedimiento que ste determine. Para la exigencia de dicha responsabilidad se ponderarn, entre otros, los siguientes criterios: el resultado daoso producido y la existencia o no de intencionalidad.

Artculo 297.

(Suprimido)

LIBRO IV

DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS

TTULO I

De la Carrera Judicial y de la provisin de destinos

CAPTULO I

De la Carrera Judicial

Artculo 298.

1. Las funciones jurisdiccionales en los juzgados y tribunales de todo orden regulados en esta ley se ejercern nicamente por jueces y magistrados profesionales, que forman la Carrera Judicial.

2. Tambin ejercen funciones jurisdiccionales sin pertenecer a la Carrera Judicial, con sujecin al rgimen establecido en esta ley, sin carcter de profesionalidad y con inamovilidad temporal, los magistrados suplentes, los que sirven plazas de jueces como sustitutos, los jueces de paz y sus sustitutos.

Artculo 299.

1. La Carrera Judicial consta de tres categoras:

– Magistrado del Tribunal Supremo.

– Magistrado.

– Juez.

2. Los Magistrados del Tribunal Supremo, sin perjuicio de su pertenencia a la Carrera Judicial, tendr el estatuto especial regulado en la presente Ley Orgnica.

3. Slo adquirirn la categora de Magistrado del Tribunal Supremo quienes efectivamente pasen a ejercer funciones jurisdiccionales como miembros de este Tribunal.

Artculo 300.

El Consejo General del Poder Judicial aprobar cada tres aos, como mximo, y por perodos menores cuando fuere necesario, el escalafn de la Carrera Judicial, que ser publicado en el Boletn Oficial del Estado, y comprender los datos personales y profesionales que se establezcan reglamentariamente.

CAPTULO II

Del ingreso y ascenso en la Carrera Judicial

Artculo 301.

1. El ingreso en la carrera judicial estar basado en los principios de mrito y capacidad para el ejercicio de la funcin jurisdiccional.

2. El proceso de seleccin para el ingreso en la carrera judicial garantizar, con objetividad y transparencia, la igualdad en el acceso a la misma de todos los ciudadanos que renan las condiciones y aptitudes necesarias, as como la idoneidad y suficiencia profesional de las personas seleccionadas para el ejercicio de la funcin jurisdiccional.

3. El ingreso en la Carrera Judicial por la categora de juez se producir mediante la superacin de oposicin libre y de un curso terico y prctico de seleccin realizado en la Escuela Judicial.

4. La convocatoria para el ingreso en la Carrera Judicial, que se realizar conjuntamente con la de ingreso en la Carrera Fiscal, comprender todas las plazas vacantes existentes en el momento de la misma y un nmero adicional que permita cubrir las que previsiblemente puedan producirse hasta la siguiente convocatoria.

Los candidatos aprobados, de acuerdo con las plazas convocadas, optarn, segn el orden de la puntuacin obtenida, por una u otra Carrera en el plazo que se fije por la Comisin de Seleccin.

5. Tambin ingresarn en la Carrera Judicial por la categora de magistrado del Tribunal Supremo, o de magistrado, juristas de reconocida competencia en los casos, forma y proporcin respectivamente establecidos en la ley. Quienes pretendan el ingreso en la carrera judicial en la categora de magistrado precisarn tambin superar un curso de formacin en la Escuela Judicial.

6. En todos los casos se exigir no estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad que establece esta ley y no tener la edad de jubilacin en la Carrera Judicial ni alcanzarla durante el tiempo mximo previsto legal y reglamentariamente para la duracin del proceso selectivo, hasta la toma de posesin incluido, si es el caso, el curso de seleccin en la Escuela Judicial.

7. El Ministerio de Justicia, en colaboracin, en su caso, con las comunidades autnomas competentes, podr instar del Consejo General del Poder Judicial la convocatoria de las oposiciones, concursos y pruebas selectivas de promocin y de especializacin necesarios para la cobertura de las vacantes existentes en la plantilla de la Carrera Judicial.

Iguales facultades que el Ministerio de Justicia, ostentarn las comunidades autnomas con competencias en la materia.

8. Tambin se reservar en la convocatoria un cupo no inferior al cinco por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad en grado igual o superior al33 por ciento, siempre que superen las pruebas selectivas y que acrediten el grado de discapacidad y la compatibilidad para el desempeo de las funciones y tareas correspondientes en la forma que se determine reglamentariamente. El ingreso de las personas con discapacidad en las Carreras judicial y fiscal se inspirar en los principios de igualdad de oportunidades, no discriminacin y compensacin de desventajas, procedindose, en su caso, a la adaptacin de los procesos selectivos a las necesidades especiales y singularidades de estas personas, mediante las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en los procesos selectivos.

Asimismo, una vez superados dichos procesos, se proceder a las adaptaciones y ajustes razonables para las necesidades de las personas con discapacidad de cualquier tipo en los puestos de trabajo y en el entorno laboral del centro o dependencia pblica donde desarrollen su actividad.

Artculo 302.

Para concurrir a la oposicin libre de acceso a la Escuela Judicial se requiere ser espaol, mayor de edad y licenciado en Derecho, as como no estar incurso en alguna de las causas de incapacidad que establece la ley.

Artculo 303.

Estn incapacitados para el ingreso en la Carrera Judicial los impedidos fsica o psquicamente para la funcin judicial; los condenados por delito doloso mientras no hayan obtenido la rehabilitacin; los procesados o inculpados por delito doloso en tanto no sean absueltos o se dicte auto de sobreseimiento, y los que no estn en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.

Artculo 304.

1. El tribunal que evaluar las pruebas de ingreso en las Carreras Judicial y Fiscal, por las categoras de juez y de abogado fiscal respectivamente, estar presidido por un magistrado del Tribunal Supremo o de un Tribunal Superior de Justicia o un fiscal de Sala o fiscal del Tribunal Supremo o de una Fiscala de Tribunal Superior de Justicia, y sern vocales dos magistrados, dos fiscales, un catedrtico de universidad de disciplina jurdica en que consistan las pruebas de acceso, un abogado del Estado, un abogado con ms de diez aos de ejercicio profesional y un letrado de la Administracin de Justicia de la categora primera o segunda, que actuar como secretario.

2. Los miembros del tribunal a que se refiere el apartado anterior sern designados de la siguiente manera: el Presidente, de forma conjunta por el Presidente del Consejo General del Poder Judicial y el Fiscal General del Estado; los dos magistrados, por el Consejo General del Poder Judicial; los dos fiscales, por el Fiscal General del Estado; el catedrtico, a propuesta del Consejo de Universidades; el abogado del Estado y el letrado de la Administracin de Justicia, por el Ministerio de Justicia; y el abogado, a propuesta del Consejo General de la Abogaca. El Consejo de Universidades y el Consejo General de la Abogaca elaborarn ternas, que remitirn a la Comisin de Seleccin para la designacin por esta de los respectivos integrantes del tribunal, salvo que existan causas que justifiquen proponer solo a una o dos personas.

Artculo 305.

1. La Comisin de Seleccin, a la que se refiere el artculo anterior, estar compuesta por un vocal del Consejo General del Poder Judicial y un Fiscal de Sala, que la presidirn anualmente con carcter alternativo, por un Magistrado, un Fiscal, el Director de la Escuela Judicial, el Director del Centro de Estudios Jurdicos de la Administracin de Justicia y un miembro de los rganos tcnicos del Consejo General del Poder Judicial, as como un funcionario del Ministerio de Justicia con nivel mnimo de Subdirector general, ambos licenciados en Derecho, que actuarn alternativamente como secretarios de la Comisin.

2. La composicin de la Comisin de Seleccin se publicar en el "Boletn Oficial del Estado", mediante Orden del Ministro de Justicia. Los miembros de la misma sern designados por un perodo de cuatro aos, de acuerdo con las siguientes reglas:

a) El vocal del Consejo General del Poder Judicial, el Magistrado y el miembro de los rganos tcnicos del Consejo General del Poder Judicial, por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial.

b) Los Fiscales, por el Fiscal General del Estado.

c) El funcionario del Ministerio de Justicia, por el Ministro de Justicia.

3. Los acuerdos de la Comisin de Seleccin sern adoptados por mayora de sus miembros. En caso de empate, decidir el voto de su Presidente.

4. La Comisin de Seleccin, adems de lo dispuesto en el artculo anterior, ser competente para:

a) Proponer el temario, el contenido de los ejercicios y las normas complementarias que han de regir la oposicin para el acceso a las Carreras Judicial y Fiscal, sometindolos a la aprobacin del Ministerio de Justicia y del Pleno del Consejo General del Poder Judicial.

b) Realizar los trmites administrativos precisos para la distribucin de los aprobados a las respectivas Escuelas segn la opcin que hayan realizado, conforme se dispone en el artculo 301.2.

5. Las resoluciones previstas en el presente artculo y en el apartado 2 del artculo anterior agotarn la va administrativa y sern susceptibles de recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

Artculo 306.

1. La oposicin para el ingreso en las Carreras Judicial y Fiscal por la categora de juez y de abogado fiscal se convocar al menos cada dos aos, realizndose la convocatoria por la Comisin de Seleccin prevista en el apartado 1 del artculo 305, previa propuesta del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia, atendiendo al nmero mximo de plazas que corresponda ofrecer de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del artculo 301 y en atencin a las disponibilidades presupuestarias.

2. En ningn caso podr el tribunal seleccionar en las pruebas previstas en el artculo 301 a un nmero de candidatos superior al de las plazas que hubieran sido convocadas segn lo dispuesto en dicho artculo.

3. Los que hubiesen superado la oposicin como aspirantes al ingreso en la Carrera Judicial, tendrn la consideracin de funcionarios en prcticas.

Artculo 307.

1. La Escuela Judicial, configurada como centro de seleccin y formacin de jueces y magistrados dependiente del Consejo General del Poder Judicial, tendr como objeto proporcionar una preparacin integral, especializada y de alta calidad a los miembros de la Carrera Judicial, as como a los aspirantes a ingresar en ella.

La Escuela Judicial llevar a cabo la coordinacin e imparticin de la enseanza inicial, as como de la formacin continua, en los trminos establecidos en el artculo433 bis.

2. El curso de seleccin incluir necesariamente: un programa terico de formacin multidisciplinar, un perodo de prcticas tuteladas en diferentes rganos de todos los rdenes jurisdiccionales y un perodo en el que los jueces en prcticas desempearn funciones de sustitucin y refuerzo. Solamente la superacin de cada uno de ellos posibilitar el acceso al siguiente.

En la fase terica de formacin multidisciplinar se incluir el estudio en profundidad de las materias que integran el principio de no discriminacin y la igualdad entre hombres y mujeres, y en particular de la legislacin especial para la lucha contra la violencia sobre la mujer en todas sus formas.

3. Superada la fase terica de formacin multidisciplinar, se iniciar el perodo de prcticas. En su primera fase, los jueces en prcticas tuteladas, que se denominarn jueces adjuntos, ejercern funciones de auxilio y colaboracin con sus titulares. En este perodo sus funciones no podrn exceder de la redaccin de borradores o proyectos de resolucin que el juez o ponente podr, en su caso, asumir con las modificaciones que estime pertinentes. Tambin podrn dirigir vistas o actuaciones bajo la supervisin y direccin del juez titular.

4. Superada asimismo esta fase de prcticas tuteladas, existir un periodo obligatorio en el que los jueces en prcticas desempearn labores de sustitucin y refuerzo conforme a lo previsto en los artculos210 y 216 bis, teniendo preferencia sobre los jueces sustitutos en cualquier llamamiento para el ejercicio de tales funciones.

En esta ltima fase ejercern la jurisdiccin con idntica amplitud a la de los titulares del rgano judicial y quedarn a disposicin del Presidente del Tribunal Superior de Justicia correspondiente, quien deber elaborar un informe sobre la dedicacin y rendimiento en el desempeo de sus funciones, para su valoracin por la Escuela Judicial.

El Consejo General del Poder Judicial y los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia velarn porque el desempeo de tales labores tenga lugar, preferentemente, en rganos judiciales de similares caractersticas a los que los jueces en prcticas puedan luego ser destinados.

5. La duracin del perodo de prcticas, sus circunstancias, el destino y las funciones de los jueces en prcticas sern regulados por el Consejo General del Poder Judicial a la vista del programa elaborado por la Escuela Judicial.

En ningn caso la duracin del curso terico de formacin ser inferior a nueve meses. Las prcticas tuteladas tendrn una duracin mnima de cuatro meses; idntica duracin mnima tendr la destinada a realizar funciones de sustitucin o apoyo.

6. Los que superen el curso terico y prctico sern nombrados jueces por el orden de la propuesta hecha por la Escuela Judicial.

7. El nombramiento se extender por el Consejo General del Poder Judicial, mediante orden, y con la toma de posesin quedarn investidos de la condicin de juez.

Artculo 308.

1. La Escuela Judicial elaborar una relacin con los aspirantes que aprueben el curso terico y prctico, segn su orden de calificacin, que se elevar al Consejo General del Poder Judicial.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el artculo301.4, aquellos aspirantes aprobados que no pudieran ser nombrados jueces titulares de rganos judiciales ingresarn en la Carrera Judicial en calidad de jueces en expectativa de destino, tomando posesin ante el Presidente del Consejo General del Poder Judicial, al que quedarn adscritos a los efectos previstos en los artculos210.1, 216, 216 bis, 216 bis 2, 216 bis 3 y 216 bis 4.

Los jueces en expectativa de destino tendrn preferencia sobre los jueces sustitutos en cualquier llamamiento para el ejercicio de las funciones a las que se refieren los artculosindicados en el prrafo anterior y cesarn en su cometido en el momento en el que sean nombrados jueces titulares y destinados a las vacantes que se vayan produciendo, segn el orden numrico que ocupen en la lista de aspirantes aprobados.

Artculo 309.

1. Los que no superen el curso podrn repetirlo en el siguiente, al que se incorporarn con la nueva promocin.

2. Si tampoco superaren este curso, quedarn definitivamente excluidos y decados en la expectativa de ingreso en la Carrera Judicial derivada de las pruebas de acceso que hubiesen aprobado.

Artculo 310.

Todas las pruebas selectivas para el ingreso y la promocin en las Carreras Judicial y Fiscal contemplarn el estudio del principio de igualdad entre mujeres y hombres, incluyendo las medidas en materia de violencia sobre la mujer, y su aplicacin con carcter transversal en el mbito de la funcin jurisdiccional.

El temario deber garantizar la adquisicin de conocimientos sobre el principio de no discriminacin y especialmente de igualdad entre mujeres y hombres y, en particular, de la normativa especfica dictada para combatir la violencia sobre la mujer, incluyendo la de la Unin Europea y la de tratados e instrumentos internacionales en materia de igualdad, discriminacin y violencia contra las mujeres ratificados por Espaa.

Artculo 311.

1. De cada cuatro vacantes que se produzcan en la categora de Magistrado, dos darn lugar al ascenso de los Jueces que ocupen el primer lugar en el escalafn dentro de esta categora.

El Magistrado as ascendido podr optar por continuar en la plaza que vena ocupando o por ocupar la vacante que en el momento del ascenso le sea ofertada, comunicndolo al Consejo General del Poder Judicial en la forma y plazo que ste determine. En el primer supuesto no podr participar en los concursos ordinarios de traslado durante tres aos si la plaza que vena ocupando es de categora de Juez y un ao si es de categora de Magistrado.

La tercera vacante se proveer, entre jueces, por medio de pruebas selectivas en los rdenes jurisdiccionales civil y penal, y de especializacin en los rdenes contencioso-administrativo y social, y en materia mercantil y de violencia sobre la mujer.

La cuarta vacante se proveer por concurso entre juristas de reconocida competencia y con ms de diez aos de ejercicio profesional que superen el curso de formacin al que se refiere el apartado 5 del artculo 301. A su vez, una tercera parte de estas vacantes se reservar a miembros del Cuerpo de Letrados de la Administracin de Justicia de primera o segunda categora.

Por este procedimiento slo podr convocarse un nmero de plazas que no supere el total de las efectivamente vacantes ms las previsibles que vayan a producirse durante el tiempo en que se prolongue la resolucin del concurso.

En las Comunidades Autnomas en las que exista ms de una lengua oficial o tengan Derecho Civil propio se aplicarn, para la provisin de estas plazas, las previsiones establecidas a tal efecto en la presente Ley.

2. Para el ascenso por escalafn ser necesario que hayan prestado tres aos de servicios efectivos como jueces. Para presentarse a las pruebas selectivas o de especializacin bastar, sin embargo, con dos aos de servicios efectivos, cualquiera que fuere la situacin administrativa del candidato. Podrn presentarse tambin a las pruebas selectivas o de especializacin en los rdenes contencioso-administrativo, social, civil y penal y en las materias mercantil y de violencia sobre la mujer, los miembros de la Carrera Judicial con categora de magistrado y, como forma de acceso a la Carrera Judicial, los de la Carrera Fiscal; en ambos casos, ser necesario haber prestado al menos dos aos de servicios efectivos en sus respectivas carreras. Igual exigencia se requerir a quienes se presenten a las pruebas selectivas a las que se refiere el apartado 4 del artculo 329.

3. El Consejo General del Poder Judicial podr realizar por especialidades todas o algunas de las convocatorias de concurso para el acceso a la Carrera Judicial por la categora de magistrado de juristas de reconocida competencia, limitando aqullas a la valoracin de mritos relativos a la materia correspondiente y reservando al efecto plazas de caractersticas adecuadas dentro de la proporcin general establecida en el apartado 1.

4. Quienes accedieran a la categora de magistrado sin pertenecer con anterioridad a la Carrera Judicial se incorporarn al escalafn inmediatamente a continuacin del ltimo magistrado que hubiese accedido a la categora. No podrn obtener la situacin de excedencia voluntaria, salvo en los casos previstos en el artculo 356 d) y e), hasta haber completado el tiempo de servicios efectivos en la Carrera Judicial que establece el prrafo c) del citado artculo.

5. A quienes superen las pruebas de especializacin en los rdenes contencioso-administrativo y social perteneciendo con anterioridad a la carrera fiscal, se les computar en la carrera judicial el tiempo de servicios prestados en aqulla cuando participen en concursos que tengan por objeto la provisin de plazas y cargos de nombramiento discrecional.

6. Quienes, de acuerdo con las previsiones del apartado 4, en lo sucesivo ingresen en la carrera judicial en concurso limitado conforme al apartado 3, no podrn ocupar plazas correspondientes a un orden jurisdiccional o una especialidad distinta, salvo que superen las pruebas selectivas o de especializacin previstas en esta Ley en materia contencioso-administrativa, social, civil, mercantil, penal y de violencia sobre la mujer.

7. Las vacantes que no resultaren cubiertas por este procedimiento acrecern al turno de pruebas selectivas y de especializacin, si estuvieren convocadas, o, en otro caso, al de antigedad.

8. En los rdenes contencioso-administrativo y social, el nmero de plazas de magistrado especialista que se convoquen no podr ser superior al del nmero de vacantes a la fecha de la convocatoria.

Artculo 312.

1. Las pruebas selectivas para la promocin de la categora de juez a la de magistrado en los rdenes jurisdiccionales civil y penal se celebrarn en la Escuela Judicial, y tendern a apreciar el grado de capacidad y la formacin jurdica de los candidatos, as como sus conocimientos en las distintas ramas del derecho. Podrn consistir en la realizacin de estudios, superacin de cursos, elaboracin de dictmenes o resoluciones y su defensa ante el Tribunal, exposicin de temas y contestacin a las observaciones que el Tribunal formule o en otros ejercicios similares.

2. Las pruebas de especializacin en los rdenes contencioso–administrativo y de lo social y en materia mercantil y de violencia sobre la mujer tendern adems a apreciar, en particular, aquellos conocimientos que sean propios de cada especialidad.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el artculo 310, para acceder a las pruebas selectivas o de especializacin ser preciso acreditar haber participado en actividades de formacin continua con perspectiva de gnero.

4. Las normas por las que han de regirse estas pruebas, los ejercicios y, en su caso, los programas se aprobarn por el Consejo General del Poder Judicial.

Artculo 313.

1. El Consejo General del Poder Judicial, al tiempo de convocar los concursos de mritos a que se refiere el artculo 311, aprobar las bases a que deba sujetarse la celebracin de los mismos, en las que graduar la puntuacin mxima con arreglo al baremo que se establece en el siguiente apartado.

2. El baremo establecer la valoracin de los siguientes mritos:

a) Ttulo de Licenciado en Derecho con calificacin superior a aprobado, incluido el expediente acadmico.

b) Ttulo de Doctor en Derecho y calificacin alcanzada en su obtencin, incluido el expediente acadmico.

c) Aos de ejercicio efectivo de la abogaca ante los juzgados y tribunales, dictmenes emitidos y asesoramientos prestados.

d) Aos de servicio efectivo como catedrticos o como profesores titulares de disciplinas jurdicas en universidades pblicas o en categoras similares en universidades privadas, con dedicacin a tiempo completo.

e) Aos de servicio como funcionario de carrera en cualesquiera otros cuerpos de las Administraciones pblicas para cuyo ingreso se exija expresamente estar en posesin del ttulo de Doctor o Licenciado en Derecho e impliquen intervencin ante los Tribunales de Justicia, en la Carrera Fiscal o en el Cuerpo de Letrados de la Administracin de Justicia, destinos servidos y funciones desempeadas en los mismos.

f) Aos de ejercicio efectivo de funciones judiciales sin pertenecer a la Carrera Judicial y nmero de resoluciones dictadas, valorndose adems la calidad de las mismas.

g) Publicaciones cientfico-jurdicas.

h) Ponencias y comunicaciones en congresos y cursos de relevante inters jurdico.

i) Realizacin de cursos de especializacin jurdica de duracin no inferior a trescientas horas, as como la obtencin de la suficiencia investigadora acreditada por la Agencia Nacional de la Calidad y Acreditacin.

j) Haber aprobado alguno de los ejercicios que integren las pruebas de acceso por el turno libre a la Carrera Judicial.

3. Tambin se incluirn en las bases la realizacin de pruebas prcticas relativas a la elaboracin de un dictamen que permita al tribunal valorar la aptitud del candidato.

4. El Consejo General del Poder Judicial, al tiempo de convocarse el concurso, determinar la puntuacin mxima de los mritos comprendidos en cada una de las letras del apartado 2 anterior, de modo que no supere la mxima que se atribuya a la suma de otros dos. La puntuacin de los mritos comprendidos en los prrafos c), d), e) y f) de dicho apartado, no podr ser inferior a la mxima que se atribuya a cualesquiera otros mritos de las restantes letras del mismo.

5. Slo podrn apreciarse por el tribunal calificador los mritos que, estando comprendidos en el baremo, guarden relacin con las materias propias del orden jurisdiccional a que se refiere la convocatoria del concurso, siempre que hubieran sido debidamente acreditados por el interesado.

6. En las bases se establecern las previsiones necesarias para que el tribunal calificador pueda tener conocimiento de cuantas incidencias hayan podido afectar a los concursantes durante su vida profesional y que pudieran tener importancia para valorar su aptitud en el desempeo de la funcin judicial.

7. Para valorar los mritos a que se refiere el apartado 2 de este artculo, que hubiesen sido aducidos por los solicitantes, las bases de las convocatorias establecern la facultad del tribunal de convocar a los candidatos o a aquellos que alcancen inicialmente una determinada puntuacin a una entrevista, de una duracin mxima de una hora, en la que se debatirn los mritos aducidos por el candidato y su "currculum" profesional. La entrevista tendr como exclusivo objeto el acreditar la realidad de la formacin jurdica y capacidad para ingresar en la Carrera Judicial, aducida a travs de los mritos alegados, y no podr convertirse en un examen general de conocimientos jurdicos.

8. En las bases se fijar la forma de valoracin de los mritos profesionales que se pongan de manifiesto con ocasin de la entrevista.

Dicha valoracin tendr como lmite el aumento o disminucin de la puntuacin inicial de aqullos en la proporcin mxima que se fije, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 10 de este artculo.

9. El tribunal levantar acta suficientemente expresiva del contenido y del resultado de la entrevista, en la que se expresarn los criterios aplicados para la calificacin definitiva del candidato.

10. En las bases se establecer el procedimiento a que se ajustar el tribunal para excluir a un candidato por no concurrir en l la cualidad de jurista de reconocida competencia, ya por insuficiencia o falta de aptitud deducible de los datos objetivos del expediente, ya por existir cincunstancias que supongan un demrito incompatible con aquella condicin, aun cuando hubiese superado, a tenor del baremo fijado, la puntuacin mnima exigida. En este caso, el acuerdo del tribunal se motivar por separado de la propuesta, a la que se acompaar, y se notificar al interesado por el Consejo General del Poder Judicial.

11. El Consejo podr de forma motivada rechazar a un candidato, previa audiencia, pese a la propuesta favorable del tribunal calificador, siempre que, con posterioridad a la misma, se haya tenido conocimiento de alguna circunstancia que suponga un demrito insuperable.

Artculo 314.

El Tribunal de las pruebas selectivas previstas en el artculo 312 de esta Ley ser nombrado por el Consejo General del Poder Judicial, estar presidido por el Presidente del Tribunal Supremo o Magistrado del Tribunal Supremo o del Tribunal Superior de Justicia en quien delegue, y sern vocales: dos Magistrados, un Fiscal, dos catedrticos de universidad designados por razn de la materia, un abogado con ms de diez aos de ejercicio profesional, un Abogado del Estado, un Letrado de la Administracin de Justicia de primera categora y un miembro de los rganos tcnicos del Consejo General del Poder Judicial, licenciado en Derecho, que actuar como Secretario. Cuando no sea posible designar los catedrticos de universidad, podrn nombrarse, excepcionalmente, profesores titulares.

Artculo 315.

Las oposiciones y concursos para cubrir las vacantes de la Carrera Judicial del Secretariado y del resto del personal al servicio de la Administracin de Justicia sern convocadas, a instancia de la Comunidad Autnoma en cuyo mbito territorial se produzcan las vacantes, por el rgano competente y de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley.

CAPTULO III

Del nombramiento y posesin de los Jueces y Magistrados

Artculo 316.

1. Los Jueces sern nombrados, mediante Orden, por el Consejo General del Poder Judicial.

2. Los Magistrados y los Presidentes sern nombrados por Real Decreto, a propuesta de dicho Consejo.

3. La presentacin a Real Decreto se har por el Ministro de Justicia, que refrendar el nombramiento.

Artculo 317.

1. Los nombramientos se remitirn al Presidente del Tribunal o Audiencia a quien corresponda dar o mandar dar posesin a los nombrados.

2. Tambin se comunicar a stos y a los Presidentes del Tribunal o Audiencia de su destino anterior.

3. Cuando los Presidentes de la Sala y Seccin o Jueces cesen en su destino, por ser nombrados para otro cargo, elaborarn un alarde o relacin de los asuntos que queden pendientes en el respectivo rgano, consignando la fecha de su iniciacin y el estado en que se hallen, remitiendo copia al Presidente del Tribunal o de la Audiencia.

4. Al tomar posesin, el nuevo titular del rgano, examinar el alarde elaborado por el anterior, suscribindolo en caso de conformidad.

Artculo 318.

1. Los miembros de la Carrera Judicial prestarn, antes de posesionarse del primer destino, el siguiente juramento o promesa:

Juro (o prometo) guardar y hacer guardar fielmente y en todo tiempo la Constitucin y el resto del ordenamiento jurdico, lealtad a la Corona, administrar recta e imparcial justicia y cumplir mis deberes judiciales frente a todos.

2. El mismo juramento o promesa se prestar cuando se ascienda de categora en la carrera.

Artculo 319.

1. Los Presidentes, Magistrados y Jueces se presentaran a tomar posesin de sus respectivos cargos dentro de los veinte das naturales siguientes al de la fecha de la publicacin de su nombramiento en el Boletn Oficial del Estado. Para los destinados a la misma poblacin en que hubieran servido el cargo, el plazo ser de ocho das. Los que hayan de jurar o prometer el cargo tomaran posesin dentro de los tres das siguientes al del juramento o promesa.

2. El Consejo General del Poder Judicial podr prorrogar tales plazos, mediando justa causa.

Artculo 320.

1. La toma de posesin del Presidente, Presidentes de Sala y Magistrados de los Tribunales y Audiencias se har en audiencia pblica ante la Sala de Gobierno del Tribunal al que fueren destinados o ante la del Tribunal Superior de Justicia en la Comunidad Autnoma correspondiente.

2. Los Magistrados del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia que fuesen nombrados sin haber pertenecido con anterioridad a la Carrera Judicial, en el mismo acto de su toma de posesin ante las Salas de Gobierno respectivas, prestarn el juramento o promesa en los terminos previstos en el artculo 318.

Artculo 321.

1. Los Jueces prestarn el juramento o promesa, cuando proceda, ante la Sala de Gobierno del Tribunal o Audiencia a que pertenezca el Juzgado para el que hayan sido nombrados y, asimismo, en audiencia pblica.

2. La posesin ser en el Juzgado al que fueren destinados, en audiencia pblica y con asistencia del personal del Juzgado. Dar la posesin el Juez que estuviere ejerciendo la jurisdiccin.

Artculo 322.

1. El que se negare a prestar juramento o promesa o sin justa causa dejare de tomar posesin se entender que renuncia al cargo y a la Carrera Judicial.

2. El Presidente del Tribunal o Audiencia dar cuenta al Consejo General del juramento o promesa y posesin o, en su caso, del transcurso del tiempo sin hacerlo.

Artculo 323.

1. Si concurriese justo impedimento en la falta de presentacin, podr ser rehabilitado el renunciante. La rehabilitacin se acordar por el Consejo General, a solicitud del interesado.

2. En tal caso, el rehabilitado deber presentarse a prestar juramento o promesa y posesionarse de su cargo en el plazo que se le seale, que no podr ser superior a la mitad del plazo normal.

3. Si la plaza a la que fuere destinado hubiere sido cubierta, ser destinado a la que elija, de las correspondientes a su categora y para la que rena las condiciones legales que hubiere quedado desierta en concurso. En otro caso, ser destinado forzoso.

CAPTULO IV

De los honores y tratamientos de los Jueces y Magistrados

Artculo 324.

El Presidente y los Magistrados del Tribunal Supremo, el Presidente de la Audiencia Nacional y los de los Tribunales Superiores de Justicia tienen el tratamiento de excelencia. Los Presidentes de las Audiencias Provinciales y dems Magistrados, de seora ilustrsima. Los Jueces, el de seora.

Artculo 325.

En los actos de oficio, los Jueces y Magistrados no podrn recibir mayor tratamiento que el que corresponda a su empleo efectivo en la Carrera Judicial, aunque lo tuvieren superior en diferente carrera o por otros ttulos.

CAPTULO V

De la provisin de plazas en los Juzgados, en las Audiencias y en los Tribunales Superiores de Justicia

Artculo 326.

1. El ascenso y promocin profesional de los jueces y magistrados dentro de la carrera judicial estar basado en los principios de mrito y capacidad, as como en la idoneidad y especializacin para el ejercicio de las funciones jurisdiccionales correspondientes a los diferentes destinos.

2. La provisin de destinos de la carrera judicial se har por concurso, en la forma que determina esta Ley, salvo los de Presidentes de las Audiencias, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencia Nacional, y Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo. La provisin de Presidentes de las Audiencias, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencia Nacional y Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo se basar en una convocatoria abierta que se publicar en el “Boletn Oficial del Estado”, cuyas bases, aprobadas por el Pleno, establecern de forma clara y separada cada uno de los mritos que se vayan a tener en consideracin, diferenciando las aptitudes de excelencia jurisdiccional de las gubernativas, y los mritos comunes de los especficos para determinado puesto. La convocatoria sealar pormenorizadamente la ponderacin de cada uno de los mritos en la valoracin global del candidato. La comparecencia de los aspirantes para la explicacin y defensa de su propuesta se efectuar en trminos que garanticen la igualdad y tendr lugar en audiencia pblica, salvo que por motivos extraordinarios debidamente consignados y documentados en el acta de la sesin, deba quedar restringida al resto de los candidatos a la misma plaza. Toda propuesta que se haya de elevar al Pleno deber estar motivada y consignar individualmente la ponderacin de cada uno de los mritos de la convocatoria. En todo caso, se formular una evaluacin de conjunto de los mritos, capacidad e idoneidad del candidato. Asimismo, la propuesta contendr una valoracin de su adecuacin a lo dispuesto en la Ley Orgnica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

3. El Consejo General del Poder Judicial, mediante acuerdo motivado, podr no sacar temporalmente a concurso determinadas vacantes, siempre que estuvieren adecuadamente atendidas mediante magistrados suplentes o jueces sustitutos, cuando las necesidades de la Administracin de Justicia aconsejasen dar preferencia a otras de mayor dificultad o carga de trabajo.

4. Los Presidentes de las Audiencias, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencia Nacional y Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo estn sujetos al deber de efectuar una declaracin de bienes y derechos y al control y gestin de activos financieros de los que sean titulares en los trminos previstos en los artculos 17 y 18 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administracin General del Estado, en las mismas condiciones que las establecidas para el Presidente, los Vocales y el Secretario General del Consejo General del Poder Judicial.

Artculo 327.

1. No podrn concursar los electos, ni los que se encontraren en una situacin de las previstas en esta ley que se lo impida.

2. Tampoco podrn concursar los jueces y magistrados que no lleven en el destino ocupado el tiempo que reglamentariamente se determine por el Consejo General del Poder Judicial, teniendo en cuenta su naturaleza y las necesidades de la Administracin de Justicia, sin que en ningn caso aquel plazo pueda ser inferior a un ao en destino forzoso y dos en voluntario.

3. No obstante, en los dems casos, el Consejo General del Poder Judicial, por resolucin motivada, podr aplazar la efectividad de la provisin de una plaza de juez o magistrado cuando el que hubiere ganado el concurso a dicha plaza debiera dedicar atencin preferente al rgano de procedencia atendidos los retrasos producidos por causa imputable al mismo. Dicho aplazamiento tendr una duracin mxima de tres meses, transcurridos los cuales si la situacin de pendencia no hubiere sido resuelta en los trminos fijados por la resolucin motivada de aplazamiento, el juez o magistrado perder su derecho al nuevo destino.

Artculo 328.

La ley que fije la planta determinar los criterios para clasificar los Juzgados y establecer la categora de quienes deban servirlos.

Artculo 329.

1. Los concursos para la provisin de los juzgados se resolvern en favor de quienes, ostentando la categora necesaria, tengan mejor puesto en el escalafn.

2. Los concursos para la provisin de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo o de lo Social, se resolvern en favor de quienes, ostentando la categora de magistrado especialista en los respectivos rdenes jurisdiccionales o habiendo pertenecido al extinguido Cuerpo de Magistrados de Trabajo, para los de lo Social, tengan mejor puesto en su escalafn. En su defecto, se cubrirn con magistrados que hayan prestado al menos tres aos de servicio, dentro de los cinco anteriores a la fecha de la convocatoria, en los rdenes contencioso-administrativo o social, respectivamente. A falta de stos se cubrirn por el orden de antigedad establecido en el apartado 1. Los que obtuvieran plaza debern participar antes de tomar posesin en su nuevo destino en las actividades especficas de formacin que el Consejo General del Poder Judicial establezca reglamentariamente para los supuestos de cambio de orden jurisdiccional. En el caso de que las vacantes hubieran de cubrirse por ascenso, el Consejo General del Poder Judicial establecer igualmente actividades especficas y obligatorias de formacin que debern realizarse antes de la toma de posesin de dichos destinos por aquellos jueces a quienes corresponda ascender.

3. Los concursos para la provisin de los Juzgados de Menores se resolvern en favor de quienes, ostentando la categora de Magistrado y acreditando la correspondiente especializacin en materia de menores en la Escuela Judicial, tengan mejor puesto en su escalafn. En su defecto, se cubrirn por magistrados que hayan prestado al menos tres aos de servicio, dentro de los cinco anteriores a la fecha de la convocatoria, en la jurisdiccin de menores. A falta de stos se cubrirn por el orden de antigedad establecido en el apartado1.

Los que obtuvieran plaza, as como los que la obtuvieran cuando las vacantes tuvieran que cubrirse por ascenso, debern participar antes de tomar posesin de su nuevo destino en las actividades de especializacin en materia de menores y en materia de violencia de gnero que establezca el Consejo General del Poder Judicial.

4. Los concursos para la provisin de los Juzgados de lo Mercantil se resolvern en favor de quienes, acreditando la especializacin en los asuntos propios de dichos Juzgados obtenida mediante la superacin de las pruebas de especializacin que reglamentariamente determine el Consejo General del Poder Judicial, tengan mejor puesto en su escalafn. En su defecto, se cubrirn con los magistrados que acrediten haber permanecido ms aos en el orden jurisdiccional civil. A falta de stos, por el orden de antigedad establecido en el apartado 1.

Los que obtuvieran plaza debern participar antes de tomar posesin en su nuevo destino en las actividades especficas de formacin que el Consejo General del Poder Judicial establezca reglamentariamente.

En el caso de que las vacantes hubieran de cubrirse por ascenso, el Consejo General del Poder Judicial establecer igualmente actividades especficas y obligatorias de formacin que debern realizarse antes de la toma de posesin de dichos destinos por aquellos jueces a quienes corresponda ascender.

5. Los concursos para la provisin de plazas de los Juzgados Centrales de Instruccin, Centrales de lo Penal, Centrales de Menores y de Vigilancia Penitenciaria se resolvern a favor de quienes hayan prestado servicios en el orden jurisdiccional penal durante ocho aos dentro de los doce aos inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria; en defecto de este criterio, en favor de quien ostente mejor puesto en el escalafn.

Los concursos para la provisin de plazas de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo se resolvern en favor de quienes ostenten la especialidad en dicho orden jurisdiccional; en su defecto, por quienes hayan prestado servicios en dicho orden durante ocho aos dentro de los doce aos inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria; y en defecto de estos criterios, por quien ostente mejor puesto en el escalafn. En ese ltimo caso los que obtuvieren plaza debern participar antes de tomar posesin en su nuevo destino en las actividades especficas de formacin que el Consejo General del Poder Judicial establezca reglamentariamente para los supuestos de cambio de orden jurisdiccional.

6. Los miembros de la carrera judicial que, destinados en Juzgados de lo Contencioso Administrativo, Juzgados de lo Social, Juzgados de lo Mercantil, Juzgados de Violencia sobre la Mujer o Juzgados de Primera Instancia con competencias en materias mercantiles, adquieran condicin de especialista en sus respectivos rdenes, podrn continuar en su destino.

7. Los concursos para la provisin de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y Juzgados de lo Penal especializados en Violencia sobre la Mujer se resolvern en favor de quienes, acreditando la especializacin en los asuntos propios de dichos juzgados obtenida mediante la superacin de las pruebas selectivas que reglamentariamente determine el Consejo General del Poder Judicial, tengan mejor puesto en su escalafn.

En su defecto, se cubrirn con los magistrados que acrediten haber permanecido ms aos ocupando plaza en el orden jurisdiccional penal. A falta de stos, por el orden de antigedad establecido en el apartado 1. Los que obtuvieran plaza de estas dos ltimas formas debern participar antes de tomar posesin en su nuevo destino en las actividades especficas de formacin que el Consejo General del Poder Judicial establezca reglamentariamente.

En el caso de que las vacantes hubieran de cubrirse por ascenso, el Consejo General del Poder Judicial establecer igualmente actividades especficas y obligatorias de formacin que debern realizarse antes de la toma de posesin de dichos destinos por aquellos jueces a quienes corresponda ascender.

Artculo 330.

1. Los concursos para la provisin de las plazas de magistrados de las Salas o Secciones de la Audiencia Nacional, de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias se resolvern en favor de quienes, ostentando la categora necesaria, tengan mejor puesto en el escalafn, sin perjuicio de las excepciones que establecen los apartados siguientes.

2. En cada Sala o Seccin de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, una de las plazas se reservar a magistrado especialista en dicho orden jurisdiccional, con preferencia del que ocupe mejor puesto en su escalafn. Si la Sala o Seccin se compusiera de cinco o ms magistrados, el nmero de plazas cubiertas por este sistema ser de dos, mantenindose idntica proporcin en los incrementos sucesivos.

No obstante, si un miembro de la Sala o Seccin adquiriese la condicin de especialista en este orden, podr continuar en su destino hasta que se le adjudique la primera vacante de especialista que se produzca. En los concursos para la provisin del resto de plazas tendrn preferencia aquellos magistrados que hayan prestado sus servicios en dicho orden jurisdiccional durante ocho aos dentro de los doce aos inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria.

3. En cada Sala o Seccin de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, una de las plazas se reservar a magistrado especialista en dicho orden jurisdiccional o que haya pertenecido al extinguido Cuerpo de Magistrados de Trabajo, con preferencia del que ocupe el mejor puesto en su escalafn. Si la Sala o Seccin se compusiera de cinco o ms magistrados, el nmero de plazas cubiertas por este sistema ser de dos, mantenindose idntica proporcin en los incrementos sucesivos.

No obstante, si un miembro de la Sala o Seccin adquiriese la condicin de especialista en este orden, podr continuar en su destino hasta que se le adjudique la primera vacante de especialista que se produzca. En los concursos para la provisin del resto de plazas tendrn preferencia aquellos magistrados que hayan prestado sus servicios en dicho orden jurisdiccional durante ocho aos dentro de los doce aos inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria.

4. En las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, una de cada tres plazas se cubrir por un jurista de reconocido prestigio con ms de 10 aos de ejercicio profesional en la comunidad autnoma, nombrado a propuesta del Consejo General del Poder Judicial sobre una terna presentada por la Asamblea legislativa ; las restantes plazas sern cubiertas por magistrados nombrados a propuesta del Consejo General del Poder Judicial entre los que lleven 10 aos en la categora y en el orden jurisdiccional civil o penal y tengan especiales conocimientos en derecho civil, foral o especial, propio de la Comunidad Autnoma.

En el caso de existir las secciones de apelacin a las que se refiere el artculo73.6, una de ellas conocer de manera exclusiva de las causas de violencia contra la mujer en sus diversas formas, y las plazas de dicha seccin se cubrirn por magistrados o magistradas que ostenten la condicin de especialistas en violencia sobre la mujer. A falta de estos, los nombramientos se realizarn con arreglo a lo establecido en el apartado 5; los que obtuvieran plaza de esta forma debern participar antes de tomar posesin en su nuevo destino en las actividades especficas de formacin que el Consejo General del Poder Judicial establezca reglamentariamente.

Cuando la sensible y continuada diferencia en el volumen de trabajo de las distintas Salas de los Tribunales Superiores de Justicia lo aconseje, los magistrados de cualquiera de ellas, con el acuerdo favorable de la Sala de Gobierno previa propuesta del Presidente del Tribunal, podrn ser adscritos por el Consejo General del Poder Judicial, total o parcialmente, y sin que ello signifique incremento retributivo alguno, a otra Sala del mismo Tribunal Superior de Justicia. Para la adscripcin se valorarn la antigedad en el escalafn y la especialidad o experiencia de los magistrados afectados y, a ser posible, sus preferencias.

5. Los concursos para la provisin de plazas de Audiencias Provinciales se ajustarn a las siguientes reglas:

a) Si hubiera varias secciones y stas estuvieren divididas por rdenes jurisdiccionales, tendrn preferencia en el concurso aquellos magistrados que hayan prestado sus servicios en el orden jurisdiccional correspondiente durante seis aos dentro de los diez aos inmediatamente anteriores a fecha de la convocatoria. La antigedad en rganos mixtos se computar por igual para ambos rdenes jurisdiccionales.

b) Si hubiera varias secciones y stas no estuvieren divididas por rdenes jurisdiccionales, tendrn preferencia en el concurso aquellos magistrados que hayan prestado sus servicios en el orden jurisdiccional correspondiente durante seis aos dentro de los diez aos inmediatamente anteriores a fecha de la convocatoria. La antigedad en rganos mixtos se computar por igual para ambos rdenes jurisdiccionales.

c) Si hubiere una o varias secciones de las Audiencias Provinciales que conozcan en segunda instancia de los recursos interpuestos contra todo tipo de resoluciones dictadas por los Juzgados de lo Mercantil, una de las plazas se reservar a magistrado que, acreditando la especializacin en los asuntos propios de dichos juzgados, obtenida mediante la superacin de las pruebas selectivas que reglamentariamente determine el Consejo General del Poder Judicial, tengan mejor puesto en su escalafn. Si la Seccin se compusiera de cinco o ms magistrados, el nmero de plazas cubiertas por este sistema ser de dos, mantenindose idntica proporcin en los incrementos sucesivos. No obstante, si un miembro de la Sala o Seccin adquiriese la condicin de especialista en este orden, podr continuar en su destino hasta que se le adjudique la primera vacante de especialista que se produzca. En los concursos para la provisin del resto de plazas tendrn preferencia aquellos magistrados que acrediten haber permanecido ms tiempo en el orden jurisdiccional civil. A falta de stos, por los magistrados que acrediten haber permanecido ms tiempo en rganos jurisdiccionales mixtos.

d) En la Seccin o Secciones a las que en virtud del articulo 80.3 de esta Ley se les atribuya nica y exclusivamente el conocimiento en segunda instancia de los recursos interpuestos contra todo tipo de resoluciones dictadas por los Juzgados de lo Mercantil, tendrn preferencia en el concurso para la provisin de sus plazas aquellos Magistrados que, acreditando la especializacin en los asuntos propios de dichos juzgados, obtenida mediante la superacin de las pruebas selectivas que reglamentariamente determine el Consejo General del Poder Judicial, tengan mejor puesto en su escalafn. En su defecto, se cubrirn con los magistrados que acrediten haber permanecido ms tiempo en el orden jurisdiccional civil. A falta de stos, por los magistrados que acrediten haber permanecido ms tiempo en rganos jurisdiccionales mixtos.

e) Los concursos para la provisin de plazas de magistrados o magistradas de las Secciones de las Audiencias Provinciales que, en virtud de lo dispuesto en el artculo 80.3, conozcan en segunda instancia y en exclusiva de los recursos interpuestos contra todo tipo de resoluciones dictadas por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer o Juzgados de lo Penal especializados en Violencia sobre la Mujer, se resolvern en favor de quienes, acreditando la especializacin en los asuntos propios de dichos Juzgados obtenida mediante la superacin de las pruebas selectivas que reglamentariamente determine el Consejo General del Poder Judicial, tengan mejor puesto en su escalafn. En su defecto, por los magistrados o magistradas que acrediten haber permanecido ms tiempo en el orden jurisdiccional penal. A falta de estos, por los magistrados o magistradas que acrediten haber permanecido ms tiempo en rganos mixtos.

6. En defecto de los criterios previstos en los apartados 2 a 5, la provisin de plazas se resolver de conformidad con lo previsto en el apartado 1 de este artculo.

7. Los concursos para la provisin de plazas de las salas de la Audiencia Nacional se resolvern a favor de quienes ostenten la correspondiente especializacin en el orden respectivo; en su defecto por quienes hayan prestado servicios en el orden jurisdiccional correspondiente durante ocho aos dentro de los doce aos inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria; y en defecto de todos estos criterios, por quien ostente mejor puesto en el escalafn.

La provisin de plazas de la Sala de Apelacin de la Audiencia Nacional se resolver a favor de quienes, con ms de quince aos de antigedad en la carrera, hayan prestado servicios al menos durante diez aos en el orden jurisdiccional penal, prefirindose entre ellos a quienes ostenten la condicin de especialista.

8. En los rdenes contencioso-administrativo y social, el nmero de plazas de magistrado especialista que se convoquen no podr ser superior al del nmero de vacantes a la fecha de la convocatoria.

Artculo 331.

1. Quienes accedieren a un Tribunal Superior de Justicia sin pertenecer con anterioridad a la Carrera Judicial, lo harn a los solos efectos de prestar servicios en el mismo, sin que puedan optar ni ser nombrados para destino distinto, salvo su posible promocin al Tribunal Supremo, por el turno de Abogados y otros juristas de reconocida competencia a que se refiere el artculo 343.

2. A todos los dems efectos sern considerados miembros de la Carrera Judicial.

Artculo 332.

Los que asciendan a la categora de Magistrado mediante prueba selectiva con especializacin en el orden contencioso-administrativo o social, conservarn los derechos a concursar a plazas de otros ordenes jurisdiccionales, de acuerdo con su antigedad en el escalafn comn. Para ocupar plaza de su especialidad slo se les computar el tiempo desempeado en sta.

Artculo 333.

1. Las plazas de Presidente de Sala de la Audiencia Nacional, as como las de Presidente de Sala de los Tribunales Superiores de Justicia, se proveern, por un perodo de cinco aos renovable por un nico mandato de otros cinco aos, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, entre magistrados que hubieren prestado diez aos de servicios en esta categora y ocho en el orden jurisdiccional de que se trate. No obstante, la Presidencia de la Sala de Apelacin de la Audiencia Nacional se proveer entre magistrados con ms de quince aos de antigedad en la carrera que hayan prestado servicios al menos durante diez aos en el orden jurisdiccional penal, prefirindose entre ellos a quien ostente la condicin de especialista. Las de Presidente de Seccin de la Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales se cubrirn por concurso, que se resolver de conformidad con las reglas establecidas en el artculo 330.

2. No podrn acceder a tales Presidencias quienes se encuentren sancionados disciplinariamente por comisin de falta grave o muy grave, cuya anotacin en el expediente no hubiere sido cancelada.

Artculo 334.

Las plazas que quedaren vacantes por falta de solicitantes se proveern por los que sean promovidos o asciendan a la categora necesaria, con arreglo al turno que corresponda.

Aquellas vacantes que con arreglo a lo previsto en el prrafo segundo del apartado primero del artculo 311 no fueran cubiertas por los jueces ascendidos a la categora de Magistrado sern ofrecidas mediante concurso ordinario de traslado a los miembros de la carrera con categora de Juez; de no ser cubiertas, se ofertarn a los Jueces egresados de la Escuela Judicial, sin que en ningn caso las vacantes en rganos judiciales colegiados puedan ser solicitadas como primer destino.

Artculo 335.

1. Las plazas de Presidente de Sala de la Audiencia Nacional se proveern en la forma prevista en el artculo 333.

2. La Presidencia de la Audiencia Nacional se proveer por el Consejo General del Poder Judicial, por un perodo de cinco aos renovable por un nico mandato de otros cinco aos, entre magistrados con quince aos de servicios prestados en la categora, que renan las condiciones idneas para el cargo, en los trminos previstos en esta Ley para los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia.

3. La plaza de Jefe del Servicio de Inspeccin del Consejo General del Poder Judicial se proveer por un Magistrado del Tribunal Supremo con una antigedad en la categora de dos aos o por un Magistrado con diez aos de servicios en la categora. En este ltimo caso, mientras desempee el cargo, tendr la consideracin de Magistrado del Tribunal Supremo.

Artculo 336.

1. Los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia se nombrarn por un perodo de cinco aos renovable por un nico mandato de otros cinco aos, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial entre magistrados que hubieren prestado diez aos de servicios en la categora, lo hubieren solicitado y lleven, al menos, quince aos perteneciendo a la Carrera Judicial.

2. El nombramiento de Presidente de un Tribunal Superior de Justicia tendr efectos desde su publicacin en el Boletn Oficial del Estado, sin perjuicio de la preceptiva publicacin en el Boletn Oficial de la Comunidad Autnoma.

Artculo 337.

Los Presidentes de las Audiencias Provinciales sern nombrados por un perodo de cinco aos renovable por un nico mandato de otros cinco aos, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, entre los magistrados que lo soliciten, de entre los que lleven diez aos de servicios en la carrera.

Artculo 338.

Los Presidentes de la Audiencia Nacional, de los Tribunales Superiores de Justicia, de las Audiencias, de Sala de la Audiencia Nacional y de Sala de los Tribunales Superiores de Justicia, cesarn por alguna de las causas siguientes:

1. Por expiracin de su mandato, salvo que sean confirmados por un nico mandato de otros cinco aos.

2. Por dimisin, aceptada por el Consejo General.

3. Por resolucin acordada en expediente disciplinario.

Artculo 339.

El Presidente de la Audiencia Nacional y los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, cuando cesen en el cargo, quedarn adscritos, a su eleccin, al Tribunal o Audiencia en que cesen o a aqul del que provinieran en su ltimo destino, hasta la adjudicacin de la plaza correspondiente del que hubieren elegido. Si hubieren agotado la totalidad del primer perodo para el que fueron nombrados, tendrn preferencia, adems, durante los tres aos siguientes al cese, a cualquier plaza de su categora de las que deben proveerse por concurso voluntario y para las que no se reconozca especial preferencia o reserva a especialista.

Artculo 340.

Los Presidentes de Sala de la Audiencia Nacional, los Presidentes de Sala de los Tribunales Superiores de Justicia y los Presidentes de las Audiencias Provinciales que cesaren en su cargo quedarn adscritos, a su eleccin, al Tribunal o Audiencia en que cesen o a aqul del que provinieran en su ltimo destino, hasta la adjudicacin de la plaza correspondiente del que hubieren elegido. Si hubieren agotado la totalidad del primer perodo para el que fueron nombrados, tendrn preferencia, adems, durante los dos aos siguientes al cese, a cualquier plaza de su categora de las que deben proveerse por concurso voluntario y para las que no se reconozca especial preferencia o reserva a especialista.

Artculo 341.

1. Para la provisin de las plazas de Presidente de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias, en aquellas Comunidades Autnomas que gocen de Derecho Civil Especial o Foral, as como de idioma oficial propio, el Consejo General del Poder Judicial valorar como mrito la especializacin de estos Derechos Civil Especial o Foral y el conocimiento del idioma propio de la Comunidad.

2. Reglamentariamente se determinarn los criterios de valoracin sobre el conocimiento del idioma y el Derecho Civil Especial o Foral de las referidas Comunidades Autnomas, como mrito preferente en los concursos para rganos jurisdiccionales de su territorio.

CAPTULO VI

De la provisin de plazas en el Tribunal Supremo

Artculo 342.

Los Presidentes de Sala del Tribunal Supremo se nombrarn, por un perodo de cinco aos, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, entre Magistrados de dicho Tribunal que cuenten con tres aos de servicios en la categora.

Artculo 342 bis.

El Magistrado del Tribunal Supremo competente para conocer de la autorizacin de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia que afecten a los derechos fundamentales reconocidos en el artculo 18.2 y 3 de la Constitucin se nombrar por un perodo de cinco aos, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, entre Magistrados de dicho Tribunal que cuenten con tres aos de servicios en la categora.

Artculo 343.

En las distintas Salas del Tribunal, de cada cinco plazas de sus Magistrados, cuatro se proveern entre miembros de la Carrera Judicial con diez aos, al menos, de servicios en la categora de Magistrado y no menos de quince en la Carrera, y la quinta entre Abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia.

Artculo 344.

De cada cuatro plazas reservadas a la Carrera Judicial, correspondern:

a) Dos a magistrados que hubieren accedido a la categora mediante las correspondientes pruebas de seleccin en el orden jurisdiccional civil y penal o que las superen ostentando esa categora, o, en funcin del orden jurisdiccional, dos a magistrados especialistas en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo y social o que pertenezca en este ltimo caso al extinguido Cuerpo de Magistrados de Trabajo. En este turno se exigirn 15 aos en la Carrera y slo cinco en la categora.

A los efectos de la reserva de plazas en el orden jurisdiccional civil, los magistrados que hubiesen superado las pruebas de especializacin en materia mercantil se equipararn a los que hubiesen superado las pruebas de seleccin en el orden jurisdiccional civil.

b) Dos a magistrados que reunieren las condiciones generales para el acceso al Tribunal Supremo sealadas en el artculo anterior.

Artculo 344 bis.

1. Los Magistrados procedentes del Cuerpo Jurdico Militar sern nombrados para ocupar plazas en la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo por real decreto, refrendado por el Ministro de Justicia y a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, entre Generales Consejeros Togados y Generales Auditores con aptitud para el ascenso en situacin de servicio activo.

2. A efectos de motivacin de la propuesta de nombramiento, el Consejo General del Poder Judicial solicitar con carcter previo a los aspirantes una exposicin de sus mritos en los trminos de esta Ley, as como al Ministerio de Defensa la documentacin que en su caso considere necesaria.

Artculo 345.

Podrn ser nombrados Magistrados del Tribunal Supremo los Abogados y juristas de prestigio que, cumpliendo los requisitos establecidos para ello, renan mritos suficientes a juicio del Consejo General del Poder Judicial y hayan desempeado su actividad profesional por tiempo superior a quince aos preferentemente en la rama del Derecho correspondiente al orden jurisdiccional de la Sala para la que hubieran de ser designados.

Artculo 346.

Cuando el numero de Magistrados de una Sala no sea mltiplo de cinco, se adjudicar una plaza ms al grupo b) del artculo 344; al grupo a) del mismo artculo; o al grupo de juristas de prestigio, sucesivamente y por este orden.

Artculo 347.

Quienes tuvieran acceso al Tribunal Supremo sin pertenecer con anterioridad a la Carrera Judicial, se incorporarn al escalafn de la misma ocupando el ltimo puesto en la categora de Magistrados del Tribunal Supremo. Se les reconocer a todos los efectos quince aos de servicios.

CAPTULO VI bis

De los Jueces de adscripcin territorial

Artculo 347 bis.

1. En cada Tribunal Superior de Justicia, y para el mbito territorial de la provincia, se crearn las plazas de jueces de adscripcin territorial que determine la Ley de demarcacin y de planta judicial. Dichas plazas de jueces de adscripcin territorial no podrn ser objeto de sustitucin.

2. Los jueces de adscripcin territorial ejercern sus funciones jurisdiccionales en las plazas que se encuentren vacantes o en aquellas plazas cuyo titular est ausente por cualquier circunstancia. Excepcionalmente, podrn ser llamados a realizar funciones de refuerzo, en los trminos establecidos en el apartado 5. La designacin para estas funciones corresponder al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del que dependan, que posteriormente dar cuenta a la respectiva Sala de Gobierno. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia informar al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia de la situacin y destinos de los jueces de adscripcin territorial de su respectivo territorio.

3. En las Comunidades Autnomas pluriprovinciales y cuando las razones del servicio lo requieran, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia podr realizar llamamientos para rganos judiciales de otra provincia perteneciente al mbito territorial de dicho Tribunal.

4. Cuando el juez de adscripcin territorial desempee funciones de sustitucin, lo har con plenitud de jurisdiccin en el rgano correspondiente. Tambin le corresponder asistir a las Juntas de Jueces y dems actos de representacin del rgano judicial en el que sustituya, en ausencia de su titular.

5. Excepcionalmente, los jueces de adscripcin territorial podrn realizar funciones de refuerzo, cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) cuando todas las plazas del mbito territorial del Tribunal Superior de Justicia estn cubiertas y, por tanto, no pueda el juez de adscripcin territorial desempear funciones de sustitucin, cesando el refuerzo automticamente cuando concurra cualquiera de las situaciones del apartado 2 y el juez de adscripcin territorial deba ser llamado a sustituir en dicho rgano judicial;

b) previa aprobacin por el Ministerio de Justicia, que se podr oponer por razones de disponibilidad presupuestaria.

En este caso, corresponder a la Sala de Gobierno fijar los objetivos de dicho refuerzo y el adecuado reparto de asuntos, previa audiencia del juez de adscripcin y del titular o titulares del rgano judicial reforzado, sin que la dotacin del refuerzo pueda conllevar adems la asignacin de medios materiales o personales distintos de aquellos con los que cuente el juzgado al que se adscriba.

Cuando est realizando funciones de sustitucin podr ser llamado a reforzar simultneamente otro rgano judicial, conforme al procedimiento ordinario establecido en los artculos 216 bis a 216 bis.4, cesando el refuerzo automticamente cuando finalice su sustitucin.

6. Los desplazamientos del juez de adscripcin territorial darn lugar a las indemnizaciones que por razn del servicio se determinen reglamentariamente.

7. En las Comunidades Autnomas en las que exista ms de una lengua oficial o tengan Derecho civil propio se aplicarn, para la provisin de estas plazas, las previsiones establecidas a tal efecto en la presente Ley.

CAPTULO VII

De la situacin de los Jueces y Magistrados

Artculo 348.

Los jueces y magistrados pueden hallarse en alguna de las situaciones siguientes:

a) Servicio activo

b) Servicios especiales

c) Excedencia voluntaria

d) Suspensin de funciones.

e) Excedencia por razn de violencia sobre la mujer.

Artculo 348 bis.

Se pasar de la categora de Magistrado del Tribunal Supremo a la de Magistrado al desempear cualesquiera otras actividades pblicas o privadas con las nicas excepciones que a continuacin se sealan:

1. Vocal del Consejo General del Poder Judicial.

2. Magistrado del Tribunal Constitucional.

3. Miembro de Altos Tribunales de Justicia internacionales.

4. Fiscal General del Estado.

5. Jefe del Servicio de Inspeccin del Consejo General del Poder Judicial.

Artculo 349.

1. Los jueces y magistrados estarn en situacin de servicio activo cuando ocupen plaza correspondiente a la Carrera Judicial, cuando se encuentren adscritos provisionalmente, cuando hayan sido nombrados jueces adjuntos, o cuando les haya sido conferida comisin de servicio con carcter temporal.

2. Cuando se produzca la supresin o reconversin con cambio de orden jurisdiccional de una plaza de la que sea titular un juez o magistrado, ste quedar adscrito a disposicin del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, en los trminos establecidos en el artculo 118.2 y 3.

Artculo 350.

1. El Consejo General del Poder Judicial podr conferir comisin de servicio a los jueces y magistrados, que no podr exceder de un ao, prorrogable por otro:

a) para prestar servicios en otro juzgado o tribunal, con o sin relevacin de funciones ;

b) para prestar servicios en el Ministerio de Justicia, con o sin relevacin de funciones ;

c) para participar en misiones de cooperacin jurdica internacional, cuando no proceda la declaracin de servicios especiales.

2. Las comisiones de servicio requieren la conformidad del interesado, as como el informe de su superior jerrquico y el del Servicio de Inspeccin del Consejo General del Poder Judicial. Slo podrn conferirse, en resolucin motivada, si el prevalente inters del servicio y las necesidades de la Administracin de Justicia lo permiten.

3. A los jueces y magistrados en comisin de servicio se les computar el tiempo que permanezcan en tal situacin a efectos de ascensos, antigedad y derechos pasivos. Tendrn derecho a la reserva de la plaza que ocupasen al pasar a esa situacin o la que pudieren obtener durante su permanencia en la misma, a cuyo efecto el tiempo de permanencia en comisin tendr la consideracin de servicios prestados en el destino reservado.

Artculo 351.

Los jueces y magistrados sern declarados en la situacin de servicios especiales:

a) Cuando sean nombrados Presidente del Tribunal Supremo, Fiscal General del Estado, Vocal del Consejo General del Poder Judicial, Magistrado del Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo o sus Adjuntos, Consejero del Tribunal de Cuentas, Consejero de Estado, Presidente o Vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia, Director de la Agencia de Proteccin de Datos o miembro de Altos Tribunales Internacionales de Justicia, o titulares o miembros de los rganos equivalentes de las Comunidades Autnomas.

b) Cuando sean autorizados por el Consejo General del Poder Judicial para realizar una misin internacional por perodo determinado, superior a seis meses, en organismos internacionales, gobiernos o entidades pblicas extranjeras o en programas de cooperacin internacional, previa declaracin de inters por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

c) Cuando adquieran la condicin de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales o de carcter supranacional.

d) Cuando sean nombrados o adscritos como letrados al servicio del Tribunal de Justicia de la Unin Europea, del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Supremo, o magistrados del Gabinete Tcnico del Tribunal Supremo, o al servicio del Defensor del Pueblo u rgano equivalente de las Comunidades Autnomas.

e) Cuando presten servicio, en virtud de nombramiento por Real Decreto, o por Decreto en las Comunidades Autnomas, en cargos que no tengan rango superior a director general.

f) Cuando sean nombrados para cargo poltico o de confianza en virtud de Real Decreto, Decreto autonmico o acuerdo de Pleno de Entidad Local, o elegidos para cargos pblicos representativos en el Parlamento Europeo, Congreso de los Diputados, Senado, Asambleas legislativas de las Comunidades Autnomas, Juntas Generales de los Territorios Histricos o Corporaciones locales.

En este caso, as como en el supuesto previsto en la letra f) del artculo 356, los jueces y magistrados, y los funcionarios de otros cuerpos, que reingresen en la Carrera correspondiente debern abstenerse, y en su caso podrn ser recusados, de intervenir en cualesquiera asuntos en los que sean parte partidos o agrupaciones polticas, o aquellos de sus integrantes que ostenten o hayan ostentado cargo pblico.

Artculo 352.

Los Magistrados del Tribunal Supremo sern declarados en la situacin de servicios especiales si fueran designados para desempear alguno de los cargos siguientes:

a) Vocal del Consejo General del Poder Judicial.

b) Magistrado del Tribunal Constitucional.

c) Miembro de Altos Tribunales Internacionales de Justicia.

d) Fiscal General del Estado.

e) Jefe del Servicio de Inspeccin del Consejo General del Poder Judicial.

Artculo 353.

La situacin de servicios especiales se declarar de oficio por el Consejo General del Poder Judicial, o a instancia del interesado, una vez se verifique el supuesto que la determina, y con efectos desde el momento en que se produjo el nombramiento correspondiente.

Artculo 354.

1. Los jueces y magistrados en situacin de servicios especiales percibirn la retribucin del puesto o cargo que desempeen, sin perjuicio del derecho a la remuneracin por su antigedad en la carrera judicial.

2. A los jueces y magistrados en situacin de servicios especiales se les computar el tiempo que permanezcan en tal situacin a efectos de ascensos, antigedad y derechos pasivos. Tendrn derecho a la reserva de la plaza que ocupasen al pasar a esa situacin o la que pudieren obtener durante su permanencia en la misma y se les tendrn en cuenta los servicios prestados en los mismos, a efectos de promocin y de provisin de plazas, como si hubieran sido efectivamente prestados en el orden jurisdiccional de la plaza que ocupasen al pasar a esa situacin o la que pudieren obtener durante su permanencia en la misma.

3. A los jueces y magistrados en situacin de servicios especiales por el desempeo en rgimen de adscripcin temporal del puesto de Letrado del Tribunal Constitucional, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o del Tribunal de Justicia de la Unin Europea, se les tendrn en cuenta los servicios prestados en los mismos, a efectos de promocin y de provisin de plazas, como si hubieran sido efectivamente prestados en el orden jurisdiccional de la plaza que ocupasen al pasar a esa situacin o la que pudieren obtener durante su permanencia en la misma.

Artculo 355.

Al cesar en el puesto o cargo determinante de la situacin de servicios especiales debern solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo mximo de 10 das a contar desde el siguiente al cese e incorporarse a su destino dentro de los 20 das inmediatamente siguientes; de no hacerlo, sern declarados en situacin de excedencia voluntaria con efectos desde el da en que cesaron en el puesto o cargo desempeados. El reingreso tendr efectos econmicos y administrativos desde la fecha de la solicitud.

Artculo 355 bis.

1. Los destinos cuyos titulares se encuentren en situacin de servicios especiales se podrn cubrir por los mecanismos ordinarios de sustitucin, mediante comisiones de servicio con o sin relevacin de funciones o a travs de los mecanismos ordinarios de provisin, incluso con las promociones pertinentes, para el tiempo que permanezcan los titulares en la referida situacin.

2. Si la vacante se cubre mediante los mecanismos ordinarios de provisin, quienes ocupen los referidos destinos quedarn, cuando se reintegre a la plaza su titular, adscritos al Tribunal colegiado en que se hubiera producido la reserva o, si se tratase de un Juzgado, a disposicin del Presidente del Tribunal Superior de Justicia correspondiente y sin merma de las retribuciones que vinieren percibiendo. Mientras permanezcan en esta situacin prestarn sus servicios en los puestos que determinen las respectivas Salas de Gobierno, devengando las indemnizaciones correspondientes por razn del servicio cuando stos se prestaren en lugar distinto del de su residencia, que permanecer en el de la plaza reservada que hubiere ocupado.

Mientras desempean la plaza reservada, una vez transcurrido un ao desde que accedieran a la misma, o en cualquier momento cuando se encuentren en situacin de adscripcin, podrn acceder en propiedad a cualesquiera destinos por los mecanismos ordinarios de provisin y promocin. Ocuparn definitivamente la plaza reservada que sirvieren cuando vaque por cualquier causa. Cuando queden en situacin de adscritos, sern destinados a la primera vacante que se produzca en el Tribunal colegiado de que se trate o en los Juzgados del mismo orden jurisdiccional del lugar de la plaza reservada, a no ser que se trate de las plazas de Presidente o legalmente reservadas a Magistrados procedentes de pruebas selectivas, si no reunieren esta condicin.

3. Quienes hallndose en una situacin administrativa distinta del servicio activo obtuvieran mediante concurso una plaza ofertada al amparo de lo dispuesto en este artculo, necesariamente debern reincorporarse al servicio activo para proceder al desempeo efectivo de funciones judiciales en dicha plaza.

Artculo 356.

Proceder declarar en la situacin de excedencia voluntaria, a peticin del juez o magistrado, en los siguientes casos:

a) Cuando se encuentre en situacin de servicio activo en un cuerpo o escala de las Administraciones pblicas o en la carrera fiscal.

b) Cuando pase a desempear cargos o prestar servicios en organismos o entidades del sector pblico, y no le corresponda quedar en otra situacin. En este supuesto, producido el cese en el cargo o servicio, deber solicitar el reingreso en el servicio activo en el plazo mximo de 10 das a contar desde el siguiente al cese. De no hacerlo as se le declarar en situacin de excedencia voluntaria por inters particular.

c) Por inters particular, siempre que haya prestado servicios en la carrera judicial durante los cinco aos inmediatamente anteriores, sin que en esta situacin se pueda permanecer menos de dos aos.

La declaracin de esta situacin quedar subordinada a las necesidades de la Administracin de Justicia. No podr declararse cuando al juez o magistrado se le instruya expediente disciplinario.

d) Para el cuidado de los hijos, por un perodo no superior a tres aos para atender a cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, por adopcin, por acogimiento permanente o preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o desde la fecha de la resolucin judicial o administrativa que lo acuerde, respectivamente. Los sucesivos hijos darn derecho a un nuevo perodo de excedencia que, en su caso, pondr fin al que se viniera disfrutando. Cuando el padre y la madre trabajen, slo uno podr ejercer este derecho.

e) Tambin tendrn derecho a un perodo de excedencia, de duracin no superior a tres aos, para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse por s mismo y no desempee actividad retribuida.

El perodo de excedencia ser nico por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del perodo de la misma pondr fin al que se viniera disfrutando.

Esta excedencia y la regulada en el apartado anterior constituyen un derecho individual de los miembros de la carrera judicial. En caso de que dos de sus miembros generasen el derecho a disfrutarlas por el mismo sujeto causante, el Consejo General del Poder Judicial podr limitar su ejercicio simultneo por razones justificadas relacionadas con las necesidades y el funcionamiento de los servicios.

f) Cuando se presente como candidato en elecciones para acceder a cargos pblicos representativos en el Parlamento Europeo, Congreso de los Diputados, Senado, Asambleas legislativas de las Comunidades Autnomas o Corporaciones locales. De no resultar elegido, deber optar, comunicndolo as al Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de treinta das, por continuar en la situacin de excedencia voluntaria o por reingresar en el servicio activo.

Artculo 357.

Cuando un magistrado del Tribunal Supremo solicitara la excedencia voluntaria y le fuere concedida, perder su condicin de tal, salvo en el supuesto previsto en las letras d) y e) del artculo anterior y en el artculo 360 bis. En los dems casos quedar integrado en situacin de excedencia voluntaria, dentro de la categora de Magistrado.

Artculo 358.

1. La excedencia voluntaria, en sus distintas modalidades, no produce reserva de plaza. El juez o magistrado, mientras se encuentre en ella, no devengar retribuciones ni le ser computado el tiempo que haya permanecido en tal situacin a efectos de ascensos, antigedad y derechos pasivos, salvo lo dispuesto en el apartado 2 de este artculo y lo que establece la normativa de clases pasivas.

2. Se exceptan de lo previsto en el apartado anterior las excedencias voluntarias para el cuidado de hijos y para atender al cuidado de un familiar a que se refieren los apartados d) y e) del artculo 356, en las que el perodo de permanencia en dichas situaciones ser computable a efectos de trienios y derechos pasivos. En este mismo perodo se permitir participar en cursos de formacin. Durante los dos primeros aos se tendr derecho a la reserva de la plaza en la que se ejerciesen sus funciones y al cmputo de la antigedad, as como a participar en los concursos de traslado. Transcurrido este periodo, dicha reserva lo ser a un puesto en la misma provincia y de igual categora, debiendo solicitar, en el mes anterior a la finalizacin del perodo mximo de permanencia en la misma, el reingreso al servicio activo; de no hacerlo, ser declarado de oficio en la situacin de excedencia voluntaria por inters particular.

3. Los que se encuentren en la situacin de excedencia a la que se refiere el prrafo f) del artculo 356, en caso de que soliciten el reingreso al servicio activo, quedarn adscritos al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autnoma de su ltimo destino, teniendo preferencia para obtener puesto de su categora en la provincia o, en su defecto, Comunidad Autnoma de dicho ltimo destino.

Artculo 359.

1. El reingreso en el servicio activo del juez o magistrado en situacin de excedencia voluntaria por inters particular de duracin superior a 10 aos exigir la previa declaracin de aptitud por el Consejo General del Poder Judicial, quien recabar los informes y practicar las actuaciones necesarias para su comprobacin.

2. Los jueces y magistrados en situacin administrativa de excedencia voluntaria que soliciten el reingreso al servicio activo y, en su caso, obtengan la correspondiente declaracin de aptitud, vendrn obligados a participar en todos los concursos que se anuncien para cubrir plazas de su categora hasta obtener destino. De no hacerlo as, se les declarar en situacin de excedencia voluntaria por inters particular, quedando sin efecto la declaracin de aptitud de haberse producido.

Artculo 360.

Una vez reincorporado al servicio activo el juez o magistrado en situacin de excedencia voluntaria por la causa prevista en el prrafo f) del artculo 356, no podr acceder, durante los cinco aos siguientes, a puesto de la carrera judicial que no sea de los que se proveen por estricta antigedad.

Artculo 360 bis.

1. Las juezas y magistradas vctimas de violencia de gnero tendrn derecho a solicitar la situacin de excedencia por razn de violencia sobre la mujer sin necesidad de haber prestado un tiempo mnimo de servicios previos. En esta situacin administrativa se podr permanecer un plazo mximo de tres aos.

2. Durante los seis primeros meses tendrn derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempearan, siendo computable dicho periodo a efectos de ascensos, trienios y derechos pasivos.

Esto no obstante, cuando de las actuaciones de tutela judicial resultase que la efectividad del derecho de proteccin de la vctima lo exigiere, se podr prorrogar por periodos de tres meses, con un mximo de dieciocho, el periodo en el que, de acuerdo con el prrafo anterior, se tendr derecho a la reserva del puesto de trabajo, con idnticos efectos a los sealados en dicho prrafo.

3. Las juezas y magistradas en situacin de excedencia por razn de violencia sobre la mujer percibirn, durante los dos primeros meses de esta excedencia, las retribuciones ntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.

4. El reingreso en el servicio activo de las juezas y magistradas en situacin administrativa de excedencia por razn de violencia sobre la mujer de duracin no superior a seis meses se producir en el mismo rgano jurisdiccional respecto del que tenga reserva del puesto de trabajo que desempearan con anterioridad; si el periodo de duracin de la excedencia es superior a 6 meses el reingreso exigir que las juezas y magistradas participen en todos los concursos que se anuncien para cubrir plazas de su categora hasta obtener destino. De no hacerlo as, se les declarar en situacin de excedencia voluntaria por inters particular.

Artculo 361.

1. El juez o magistrado ser declarado en situacin de suspensin de funciones, provisional o definitiva, en los casos y en la forma establecidos en esta Ley.

2. El juez o magistrado declarado suspenso quedar privado del ejercicio de sus funciones durante el tiempo que dure la suspensin.

Artculo 362.

1. La suspensin provisional podr acordarse durante la tramitacin de un procedimiento judicial o disciplinario.

2. La suspensin provisional durante la tramitacin de un procedimiento disciplinario no podr exceder de seis meses, salvo en caso de paralizacin del procedimiento por causa imputable al interesado.

Artculo 363.

El suspenso provisional tendr derecho a percibir sus retribuciones bsicas, excepto en el caso de paralizacin del procedimiento disciplinario por causa imputable al mismo, que comportar la prdida de toda retribucin mientras se mantenga dicha paralizacin. Asimismo, no se acreditar haber alguno en caso de incomparecencia o de rebelda.

Artculo 364.

Cuando la suspensin no sea declarada definitiva ni se acuerde la separacin, el tiempo de duracin de aqulla se computar como de servicio activo y se acordar la inmediata incorporacin del suspenso a su plaza, con reconocimiento de todos los derechos econmicos y dems que procedan desde la fecha en que la suspensin produjo efectos.

Artculo 365.

1. La suspensin tendr carcter definitivo cuando se imponga en virtud de condena o como sancin disciplinaria, computndose el tiempo de suspensin provisional.

2. La suspensin definitiva superior a seis meses implicar la prdida del destino. La vacante producida se cubrir en forma ordinaria.

3. La suspensin definitiva supondr la privacin de todos los derechos inherentes a la condicin de juez o magistrado hasta, en su caso, su reingreso al servicio activo.

4. En tanto no transcurra el plazo de suspensin no proceder cambio alguno de situacin administrativa.

Artculo 366.

1. El juez o magistrado suspenso definitivamente deber solicitar el reingreso al servicio activo con un mes de antelacin a la finalizacin del perodo de suspensin. El reingreso producir efectos econmicos y administrativos desde la fecha de extincin de la responsabilidad penal o disciplinaria.

2. Si no fuera solicitado el reingreso en el tiempo sealado en el apartado anterior, se le declarar en situacin de excedencia voluntaria por inters particular, con efectos desde la fecha en que finalizare el perodo de suspensin.

Artculo 367.

1. (Anulado).

2. Tras la declaracin de aptitud, el juez o magistrado vendr obligado a participar en todos los concursos que se anuncien para cubrir plazas de su categora hasta obtener destino. De no hacer lo as, se le declarar en situacin de excedencia voluntaria por inters particular, quedando sin efecto la declaracin de aptitud.

Tngase en cuenta que se declaran inconstitucionales y nulos el apartado 1 y los incisos destacados del apartado 2, por Sentencia del TC 135/2018, de 13 de diciembre. Ref. BOE-A-2019-460

Artculo 368.

La concurrencia de peticiones para la adjudicacin de vacantes entre quienes deban reingresar al servicio activo, se regir por el siguiente orden:

a) Suspensos.

b) Rehabilitados.

c) Excedentes voluntarios.

Artculo 369.

El cambio de la situacin administrativa en que se hallen los jueces o magistrados podr tener lugar siempre que se renan los requisitos exigidos en cada caso sin necesidad de reingreso al servicio activo.

CAPTULO VIII

De las licencias y permisos

Artculo 370.

(Suprimido)

Artculo 371.

1. Los jueces y magistrados tendrn derecho a disfrutar, durante cada ao natural, de unas vacaciones retribuidas de veintids das hbiles, o de los das que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el ao fue menor. A los efectos previstos en este artculo no se considerarn como hbiles los sbados. Asimismo, tendrn derecho a un da hbil adicional al cumplir quince aos de servicio, aadindose un da hbil ms al cumplir los veinte, veinticinco y treinta aos de servicio, respectivamente, hasta un total de veintisis das hbiles por ao natural.

2. Los Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo y del resto de los Tribunales disfrutarn del permiso de vacaciones durante el mes de agosto; se exceptan aquellos a quienes corresponda formar la Sala prevista en los artculos 61 y 180 de esta Ley.

Artculo 372.

El permiso anual de vacaciones podr denegarse para el tiempo en que se solicite cuando por los asuntos pendientes en un Juzgado o Tribunal, por la acumulacin de peticiones de licencias en el territorio o por otras circunstancias excepcionales, pudiera perjudicarse el regular funcionamiento de la Administracin de Justicia.

Artculo 373.

1. Los jueces y magistrados tendrn derecho a licencias por razn de matrimonio de 15 das de duracin.

2. Tambin tendrn derecho a una licencia en caso de parto, guarda con fines de adopcin, acogimiento o adopcin, cuya duracin y condiciones se regularn por la legislacin general en esta materia. El Consejo General del Poder Judicial, mediante reglamento, adaptar dicha normativa a las particularidades de la carrera judicial. En los supuestos de adopcin internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los padres al pas de origen del adoptado, el permiso previsto en este artculo podr iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolucin por la que se constituya la adopcin.

3. Tendrn tambin derecho a licencia para realizar estudios relacionados con la funcin judicial, previo informe favorable del Presidente del Tribunal correspondiente, que tendr en cuenta las necesidades del servicio.

Finalizada la licencia, se elevar al Consejo General del Poder Judicial memoria de los trabajos realizados, y si su contenido no fuera bastante para justificarla, se compensar la licencia con el tiempo que se determine de las vacaciones del interesado.

4. Tambin podrn disfrutar de permisos de tres das, sin que puedan exceder de seis permisos en el ao natural, ni de uno al mes. Los tres das podrn disfrutarse, separada o acumuladamente, siempre dentro del mismo mes.

Para su concesin, el peticionario deber justificar la necesidad a los superiores respectivos, de quienes habr de obtener autorizacin, que podrn denegar cuando coincidan con sealamientos, vistas o deliberaciones salvo que se justifique que la peticin obedece a una causa imprevista o de urgencia.

5. Por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves del cnyuge, de persona a la que estuviese unido por anloga relacin de afectividad o de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, los jueces o magistrados podrn disponer de un permiso de tres das hbiles, que podr ser de hasta cinco das hbiles cuando a tal efecto sea preciso un desplazamiento a otra localidad, en cuyo caso ser de cinco das hbiles.

Estos permisos quedarn reducidos a dos y cuatro das hbiles, respectivamente, cuando el fallecimiento y las otras circunstancias sealadas afecten a familiares en segundo grado de afinidad o consanguinidad.

6. Por el nacimiento, guarda con fines de adopcin, acogimiento o adopcin, los jueces y magistrados tendrn derecho a un permiso de paternidad de cuatro semanas de duracin, a disfrutar por el padre o el otro progenitor a partir de la fecha del nacimiento, de la decisin administrativa de guarda con fines de adopcin o acogimiento, o de la resolucin judicial por la que se constituya la adopcin.

Este permiso es independiente del disfrute compartido de la licencia en caso de parto, guarda con fines de adopcin, acogimiento o adopcin prevista en el apartado2.

7. Los jueces y magistrados dispondrn, al menos, de todos los derechos establecidos para los miembros de la Administracin General del Estado y que supongan una mejora en materia de conciliacin, permisos, licencias y cualquier otro derecho reconocido en dicho mbito. El Consejo General del Poder Judicial tendr la obligacin de adaptar de manera inmediata, mediante acuerdo del Pleno, cualquier modificacin que, cumpliendo esos requisitos, se produzca en dicho rgimen. Todo ello, sin perjuicio e independientemente de las particularidades propias del estatuto profesional de jueces y magistrados, as como de la promocin de mejoras propias por los cauces correspondientes.

Artculo 374.

El que por hallarse enfermo no pudiera asistir al despacho, lo comunicar al Presidente del que inmediatamente dependa y solicitar la licencia acreditando la enfermedad y la previsin mdica sobre el tiempo preciso para su restablecimiento.

Artculo 375.

1. Las licencias por enfermedad, transcurrido el sexto mes, slo darn derecho al percibo de las retribuciones bsicas y por razn de familia, sin perjuicio de su complemento, en lo que corresponda, con arreglo al rgimen de seguridad social aplicable.

2. Las licencias para realizar estudios en general darn derecho a percibir las retribuciones bsicas y por razn de familia. Las licencias para realizar estudios relacionados con la funcin jurisdiccional lo sern sin limitacin de haberes.

No obstante lo anterior, los das de licencia para realizar estudios, relacionados o no con la funcin jurisdiccional, por tiempo superior a 20 das anuales no darn derecho a retribucin alguna, salvo aquellas que tengan por objeto actividades formativas obligatorias por cambio de orden o especialidad, que lo sern sin limitacin de haberes en todo caso.

3. Las dems licencias y permisos no afectarn al rgimen retributivo de quien los disfrute, sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley. En el caso de las licencias por enfermedad, los integrantes de la Carrera Judicial, en situacin de incapacidad temporal por contingencias comunes, percibirn el cincuenta por ciento de las retribuciones tanto bsicas como complementarias, como, en su caso, la prestacin por hijo a cargo, desde el primer al tercer da de la situacin de incapacidad temporal, tomando como referencia aqullas que perciban en el mes inmediato anterior al de causarse la situacin de incapacidad temporal. Desde el da cuarto al vigsimo da, ambos inclusive, percibirn el setenta y cinco por ciento de las retribuciones tanto bsicas como complementarias, como de la prestacin por hijo a cargo, en su caso. A partir del da vigsimo primero y hasta el da ciento ochenta, ambos inclusive, percibirn la totalidad de las retribuciones bsicas, de la prestacin por hijo a cargo, en su caso, y de las retribuciones complementarias. Cuando la situacin de incapacidad temporal derive de contingencias profesionales, la retribucin a percibir podr ser complementada desde el primer da, hasta alcanzar como mximo las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse la incapacidad.

A partir del da ciento ochenta y uno ser de aplicacin el subsidio establecido en el apartado 1.B) del artculo20 del Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre el Rgimen especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administracin de Justicia.

Por el rgano competente se determinarn los supuestos en los que con carcter excepcional y debidamente justificados se pueda establecer un complemento hasta alcanzar, como mximo, el cien por cien de las retribuciones que vinieran disfrutando en cada momento. A estos efectos, se considerarn en todo caso debidamente justificados los supuestos de hospitalizacin e intervencin quirrgica.

En ningn caso los funcionarios adscritos a los regmenes especiales de seguridad social gestionados por el mutualismo administrativo podrn percibir una cantidad inferior en situacin de incapacidad temporal por contingencias comunes a la que corresponda a los funcionarios adscritos al rgimen general de la seguridad social, incluidos, en su caso, los complementos que les resulten de aplicacin a estos ltimos.

Las referencias a das incluidas en el presente nmero se entendern realizadas a das naturales.

Artculo 376.

Cuando circunstancias excepcionales lo impongan, podr suspenderse o revocarse el disfrute de las licencias o de los permisos, ordenndose a los Jueces y Magistrados la incorporacin al Juzgado o Tribunal.

Artculo 377.

Reglamentariamente se desarrollar el rgimen jurdico de las licencias y permisos, determinando la autoridad a quien corresponde otorgarlos y su duracin, y cuanto no se halle establecido en la presente ley.

TTULO II

De la independencia judicial

CAPTULO I

De la inamovilidad de los Jueces y Magistrados

Artculo 378.

1. Gozarn de inamovilidad los Jueces y Magistrados que desempeen cargos judiciales.

2. Los que hayan sido nombrados por plazo determinado gozarn de inamovilidad slo por ese tiempo.

3. Los casos de renuncia, excedencia, traslado y promocin se regirn por sus normas especficas establecidas en esta ley.

Artculo 379.

1. La condicin de Jueces o Magistrados se perder por las siguientes causas:

a) Por renuncia a la Carrera Judicial. Se entendern incursos en este supuesto los previstos en los 322 y 357-3.

b) Por prdida de la nacionalidad espaola.

c) En virtud de sancin disciplinaria de separacin de la Carrera Judicial.

d) Por la condena a pena privativa de libertad por razn de delito doloso. En los casos en que la pena no fuera superior a seis meses, el Consejo General del Poder Judicial, de forma motivada y atendiendo a la entidad del delito cometido, podr sustituir la prdida de la condicin de Magistrado o Juez por la sancin prevista en el artculo 420.1, d).

e) Por haber incurrido en alguna de las causas de incapacidad, salvo que proceda su jubilacin.

f) Por jubilacin.

2. La separacin en los casos previstos en las letras b), c), d) y e) del apartado anterior se acordar previo expediente, con intervencin del Ministerio Fiscal.

Artculo 380.

Quienes hubieren perdido la condicin de Juez o Magistrado por cualquiera de las causas previstas en los apartados a), b), c) y d) del artculo anterior, podrn solicitar del Consejo General del Poder Judicial su rehabilitacin, una vez obtenida la establecida en el Cdigo Penal, si procediere.

Artculo 381.

1. La rehabilitacin se conceder por el Consejo General del Poder Judicial cuando se acredite el cese definitivo o la inexistencia, en su caso, de la causa que dio lugar a la separacin, valorando las circunstancias de todo orden.

2. Si la rehabilitacin se denegare, no podr iniciarse nuevo procedimiento para obtenerla en los tres aos siguientes, plazo que se computar a partir de la resolucin denegatoria inicial del Consejo General del Poder Judicial.

Artculo 382.

El Juez o Magistrado que hubiere sido rehabilitado ser destinado con arreglo a lo dispuesto en esta ley.

Artculo 383.

La suspensin de los Jueces y Magistrados slo tendr lugar en los casos siguientes:

1. Cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

2. Cuando por cualquier otro delito doloso se hubiere dictado contra ellos auto de prisin, de libertad bajo fianza o de procesamiento.

3. Cuando se decretare en expediente disciplinario o de incapacidad, ya con carcter provisional, ya definitivo.

4. Por sentencia firme condenatoria en que se imponga como pena principal o accesoria la de suspensin, cuando no procediere la separacin.

Artculo 384.

1. En los supuestos de los dos primeros apartados del artculo anterior, el Juez o Tribunal que conociera de la causa lo comunicar al Consejo General del Poder Judicial, quien har efectiva la suspensin, previa audiencia del Ministerio Fiscal.

2. En el caso del apartado 4, el Tribunal remitir testimonio de la sentencia al Consejo General del Poder Judicial.

3. La suspensin durar, en los casos de los apartados 1 y 2 del artculo anterior, hasta que recaiga en la causa sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento. En los dems casos, por todo el tiempo a que se extienda la pena, sancin o medida cautelar.

Artculo 385.

Los Jueces y Magistrados slo podrn ser jubilados:

1. Por edad.

2. Por incapacidad permanente para el ejercicio de sus funciones.

Artculo 386.

1. La jubilacin por edad de los Jueces y Magistrados es forzosa y se decretar con la antelacin suficiente para que el cese en la funcin se produzca efectivamente al cumplir la edad de setenta aos.

No obstante, podrn solicitar con dos meses de antelacin a dicho momento la prolongacin de la permanencia en el servicio activo hasta que cumplan como mximo setenta y dos aos de edad. Dicha solicitud vincular al Consejo General del Poder Judicial quien solo podr denegarla cuando el solicitante no cumpla el requisito de edad o cuando presentase la solicitud fuera del plazo indicado.

2. Tambin podrn jubilarse a partir de los sesenta y cinco aos siempre que as lo hubieren manifestado al Consejo y General del Poder Judicial con seis meses de antelacin, todo ello sin perjuicio de los dems supuestos de jubilacin voluntaria legalmente previstos.

3. Los Jueces y Magistrados conservarn los honores y tratamientos correspondientes a la categora alcanzada en el momento de la jubilacin.

Artculo 387.

1. Cuando en un Juez o Magistrado se apreciare incapacidad permanente, la Sala de Gobierno respectiva, por s, a instancia del Ministerio Fiscal o del interesado, formular propuesta de jubilacin al Consejo General del Poder Judicial.

2. El expediente de jubilacin por incapacidad permanente podr ser iniciado, asimismo, por el Consejo General de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal.

3. Los jubilados por incapacidad permanente podrn ser rehabilitados y volver al servicio activo si acreditaren haber desaparecido la causa que hubiere motivado la jubilacin.

Artculo 388.

Los procedimientos de separacin, traslado, jubilacin por incapacidad permanente y rehabilitacin se formarn con audiencia del interesado e informe del Ministerio Fiscal y de la Sala de Gobierno respectiva, sin perjuicio de las dems justificaciones que procedan, y se resolvern por el Consejo General del Poder Judicial.

CAPTULO II

De las incompatibilidades y prohibiciones

Artculo 389.

El cargo de Juez o Magistrado es incompatible:

1. Con el ejercicio de cualquier otra jurisdiccin ajena a la del Poder Judicial.

2. Con cualquier cargo de eleccin popular o designacin poltica del Estado, Comunidades Autnomas, Provincias y dems entidades locales y organismos dependientes de cualquiera de ellos.

3. Con los empleos o cargos dotados o retribuidos por la Administracin del Estado, las Cortes Generales, la Casa Real, Comunidades Autnomas, Provincias, Municipios y cualesquiera entidades, organismo o empresas dependientes de unos u otras.

4. Con los empleos de todas clases en los Tribunales y Juzgados de cualquier orden jurisdiccional.

5. Con todo empleo, cargo o profesin retribuida, salvo la docencia o investigacin jurdica, as como la produccin y creacin literaria, artstica, cientfica y tcnica, y las publicaciones derivadas de aqulla, de conformidad con lo dispuesto en la legislacin sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Pblicas.

6. Con el ejercicio de la Abogaca y de la Procuradura.

7. Con todo tipo de asesoramiento jurdico, sea o no retribuido.

8. Con el ejercicio de toda actividad mercantil, por s o por otro.

9. Con las funciones de Director, Gerente, Administrador, Consejero, socio colectivo o cualquier otra que implique intervencin directa, administrativa o econmica en sociedades o empresas mercantiles, pblicas o privadas, de cualquier gnero.

Artculo 390.

1. Los que ejerciendo cualquier empleo, cargo o profesin de los expresados en el artculo anterior fueren nombrados Jueces o Magistrados, debern optar, en el plazo de ocho das, por uno u otro cargo, o cesar en el ejercicio de la actividad incompatible.

2. Quienes no hicieren uso de dicha opcin en el indicado plazo se entender que renuncian al nombramiento judicial.

Artculo 391

No podrn pertenecer a una misma Sala de Justicia o Audiencia Provincial, Magistrados que estuvieren unidos por vnculo matrimonial o situacin de hecho equivalente, o tuvieren parentesco entre s dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, salvo que, por previsin legal o por aplicacin de lo dispuesto en los artculos 155 y 198.1 de esta Ley existieren varias secciones, en cuyo caso podrn integrarse en secciones diversas, pero no formar Sala juntos.

Tampoco podrn pertenecer a una misma Sala de Gobierno Jueces o Magistrados unidos entre s por cualquiera de los vnculos a que se refiere el prrafo anterior. Esta disposicin es aplicable a los Presidentes.

Artculo 392

1. Los Jueces o Magistrados no podrn intervenir en la resolucin de recursos relativos a resoluciones dictadas por quienes tengan con ellos alguna de las relaciones a que hace referencia el artculo anterior, ni en fases ulteriores del procedimiento que, por su propia naturaleza, impliquen una valoracin de lo actuado anteriormente por ellas.

En virtud de este principio, adems de la obligacin de abstencin, siempre que concurra cualquiera de los vnculos a que se refiere el artculo anterior, son incompatibles:

a) Los Jueces de Instruccin con los Jueces unipersonales de lo Penal que hubieran de conocer en juicio oral de lo instruido por ellos y con los Magistrados de la Seccin que se hallen en el mismo caso.

b) Los Magistrados de cualquier Sala de Justicia, constituya o no seccin orgnica, a la que se halle atribuido el conocimiento de los recursos respecto de las resoluciones de un rgano jurisdiccional, cualquiera que sea el orden a que pertenezca, con los Jueces o Magistrados de dicho rgano. Se exceptan de esta incompatibilidad las Salas y Secciones del Tribunal Supremo.

2. Sern incompatibles cuando concurra entre ellas cualquiera de las relaciones a que se refiere el artculo anterior:

a) Los Presidentes y Magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y los de las Audiencias Provinciales, respecto de los miembros del Ministerio Fiscal de la correspondiente Fiscala, salvo cuando en la Audiencia Provincial hubiere ms de tres secciones.

b) Los Presidentes y Magistrados de la Sala de lo Civil y Penal respecto del Fiscal Jefe y Teniente Fiscal de dicho rgano.

c) Los Jueces de Instruccin y los Jueces unipersonales de lo Penal, respecto de los Fiscales destinados en Fiscalas en cuyo mbito territorial ejerzan su jurisdiccin, con excepcin de los Partidos donde existan ms de cinco rganos de la clase que se trate.

d) Los Presidentes, Magistrados y Jueces respecto de los Secretarios y dems personal al servicio de la Administracin de Justicia que dependan de ellos directamente.

Artculo 393.

No podrn los Jueces y Magistrados desempear su cargo:

1. En las Salas de Tribunales y Juzgados donde ejerzan habitualmente, como Abogado o Procurador, su cnyuge o un pariente dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad. Esta incompatibilidad no ser aplicable en las poblaciones donde existan diez o ms Juzgados de Primera Instancia e Instruccin o Salas con tres o ms Secciones.

2. En una Audiencia Provincial o Juzgado que comprenda dentro de su circunscripcin territorial una poblacin en la que, por poseer el mismo, su cnyuge o parientes de segundo grado de consanguinidad intereses econmicos, tengan arraigo que pueda obstaculizarles el imparcial ejercicio de la funcin jurisdiccional. Se exceptan las poblaciones superiores a cien mil habitantes en las que radique la sede del rgano jurisdiccional.

3. En una Audiencia o Juzgado en que hayan ejercido la abogaca o el cargo de procurador en los dos aos anteriores a su nombramiento.

Artculo 394.

1. Cuando un nombramiento d lugar a una situacin de incompatibilidad de las previstas en los artculos anteriores quedar el mismo sin efecto y se destinar con carcter forzoso al Juez o Magistrado, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que hubiera podido incurrirse.

2. Cuando la situacin de incompatibilidad apareciere en virtud de circunstancias sobrevenidas, el Consejo General del Poder Judicial proceder al traslado forzoso del Juez o Magistrado, en el caso del nmero 1 del artculo anterior, o del ltimo nombrado en los restantes. En su caso podr proponer al Gobierno el traslado del miembro del Ministerio Fiscal incompatible, si fuera de menor antigedad en el cargo. El destino forzoso ser a cargo que no implique cambio de residencia si existiera vacante, y en tal caso sta no ser anunciada a concurso de provisin.

Artculo 395.

No podrn los Jueces o Magistrados pertenecer a partidos polticos o sindicatos o tener empleo al servicio de los mismos, y les estar prohibido:

1. Dirigir a los poderes, autoridades y funcionarios pblicos o Corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, ni concurrir, en su calidad de miembros del Poder Judicial, a cualesquiera actos o reuniones pblicos que no tengan carcter judicial, excepto aqullas que tengan por objeto cumplimentar al Rey o para las que hubieran sido convocados o autorizados a asistir por el Consejo General del Poder Judicial.

2. Tomar en las elecciones legislativas o locales ms parte que la de emitir su voto personal. Esto no obstante, ejercern las funciones y cumplimentarn los deberes inherentes a sus cargos.

Artculo 396.

Los Jueces y Magistrados no podrn revelar los hechos o noticias referentes a personas fsicas o jurdicas de los que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones.

Artculo 397.

La competencia para la autorizacin, reconocimiento o denegacin de compatibilidades, con arreglo a lo dispuesto en este captulo, corresponde al Consejo General del Poder Judicial, previo informe del Presidente del Tribunal o Audiencia respectiva.

CAPTULO III

De la inmunidad judicial

Artculo 398.

1. Los Jueces y Magistrados en servicio activo slo podrn ser detenidos por orden de Juez competente o en caso de flagrante delito. En este ltimo caso se tomarn las medidas de aseguramiento indispensables y se entregar inmediatamente el detenido al Juez de Instruccin ms prximo.

2. De toda detencin se dar cuenta, por el medio mas rpido, al Presidente del Tribunal o de la Audiencia de quien dependa el Juez o Magistrado. Se tomarn por la autoridad judicial que corresponda las prevenciones que procedan para atender a la sustitucin del detenido.

Artculo 399.

1. Las autoridades civiles y militares se abstendrn de intimar a los Jueces y Magistrados y de citarlos para que comparezcan a su presencia.

Cuando una Autoridad civil o militar precise de datos o declaraciones que pueda facilitar un Juez o Magistrado, y que no se refieran a su cargo o funcin, se solicitarn por escrito o se recibirn en el despacho oficial de aqul, previo aviso.

2. Cuando se trate de auxilio o cooperacin por razn del cargo o de la funcin jurisdiccional, se prestar sin tardanza, salvo que el acto a ejecutar no est legalmente permitido o se perjudique la competencia propia del Juez o Tribunal. La denegacin se comunicar a la autoridad peticionaria con expresin suficiente de la razn que la justifique.

Artculo 400.

Cuando en la instruccin de una causa penal fuere necesaria la declaracin de un Juez o Magistrado, y esta pudiera prestarse legalmente, no podr excusarse aqul de hacerlo. Si la autoridad judicial que hubiera de recibir la declaracin fuere de categora inferior, acudir al despacho oficial del Juez o Magistrado, previo aviso, sealndose da y hora.

CAPTULO IV

Del rgimen de asociacin profesional de los Jueces y Magistrados

Artculo 401.

De acuerdo con lo establecido en el artculo 127 de la Constitucin, se reconoce el derecho de libre asociacin profesional de jueces y magistrados integrantes de la Carrera Judicial, que se ejercer de acuerdo con las reglas siguientes:

1. Las asociaciones de jueces y magistrados tendrn personalidad jurdica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

2. Podrn tener como fines lcitos la defensa de los intereses profesionales de sus miembros en todos los aspectos y la realizacin de actividades encaminadas al servicio de la Justicia en general. No podrn llevar a cabo actividades polticas ni tener vinculaciones con partidos polticos o sindicatos.

3. Las asociaciones de jueces y magistrados debern tener mbito nacional, sin perjuicio de la existencia de secciones cuyo mbito coincida con el de un Tribunal Superior de Justicia.

4. Los jueces y magistrados podrn libremente asociarse o no a asociaciones profesionales.

5. Slo podrn formar parte de las mismas quienes ostenten la condicin de jueces y magistrados en servicio activo. Ningn juez o magistrado podr estar afiliado a ms de una asociacin profesional.

6. Las asociaciones profesionales de jueces y magistrados integrantes de la Carrera Judicial quedarn vlidamente constituidas desde que se inscriban en el registro que ser llevado al efecto por el Consejo General del Poder Judicial. La inscripcin se practicar a solicitud de cualquiera de los promotores, a la que se acompaar el texto de los estatutos y una relacin de afiliados.

Slo podr denegarse la inscripcin cuando la asociacin o sus estatutos no se ajustaren a los requisitos legalmente exigidos.

7. Los estatutos debern expresar, como mnimo, las siguientes menciones:

a) Nombre de la asociacin.

b) Fines especficos.

c) Organizacin y representacin de la asociacin. Su estructura interna y funcionamiento debern ser democrticos.

d) Rgimen de afiliacin.

e) Medios econmicos y rgimen de cuotas.

f) Formas de elegirse los cargos directivos de la asociacin.

8. La suspensin o disolucin de las asociaciones profesionales quedar sometida al rgimen establecido para el derecho de asociacin en general.

9. Sern de aplicacin supletoria las normas reguladoras del derecho de asociacin en general.

CAPTULO V

De la independencia econmica

Artculo 402.

1. El Estado garantiza la independencia econmica de los Jueces y Magistrados mediante una retribucin adecuada a la dignidad de la funcin jurisdiccional.

2. Tambin garantizar un rgimen de Seguridad Social que proteja a los Jueces y Magistrados y a sus familiares durante el servicio activo y la jubilacin.

Artculo 403.

1. El rgimen de retribuciones de los jueces y magistrados se inspirar en los principios de objetividad, equidad, transparencia y estabilidad, atendiendo para su fijacin a la dedicacin a la funcin jurisdiccional, a la categora y al tiempo de prestacin de servicios. Se retribuir, adems, la responsabilidad del cargo y el puesto de trabajo.

2. En todo caso, las retribuciones de los jueces y magistrados estarn integradas, con carcter general, por un componente fijo y otro variable por objetivos, que valore especficamente su rendimiento individual.

3. Las retribuciones fijas, que se descompondrn en bsicas y complementarias, remunerarn la categora y antigedad en la carrera judicial de cada uno de sus miembros, as como las caractersticas objetivas de las plazas que ocupen.

Son retribuciones bsicas el sueldo y la antigedad. Son retribuciones complementarias el complemento de destino, el complemento especfico y el complemento de carrera profesional.

4. Las retribuciones variables por objetivos estarn vinculadas al rendimiento individual acreditado por cada juez o magistrado en el desempeo de sus funciones jurisdiccionales y profesionales.

5. Asimismo, los jueces y magistrados podrn percibir retribuciones especiales por servicios de guardia, servicios extraordinarios sin relevacin de funciones y sustituciones.

6. Una ley desarrollar, conforme a lo previsto en los apartados anteriores, las retribuciones de los miembros de la carrera judicial.

Artculo 404.

Junto a las dems partidas correspondientes a retribuciones de jueces y magistrados, los Presupuestos Generales del Estado contendrn una consignacin anual para la dotacin de los jueces de paz, otras atenciones de personal judicial a que den lugar los preceptos de esta ley y dems exigencias de la Administracin de Justicia.

Artculo 404 bis.

De conformidad con el principio de supremaca jurisdiccional que se recoge en el artculo 123 de la Constitucin y de acuerdo con el carcter de magistratura de ejercicio contemplado en la presente Ley, las remuneraciones de los Magistrados del Tribunal Supremo se establecern en cuanta similar a las de los titulares de otros altos rganos Constitucionales, atendiendo a la naturaleza de sus funciones.

TTULO III

De la responsabilidad de los Jueces y Magistrados

CAPTULO I

De la responsabilidad penal

Artculo 405.

La responsabilidad penal de los Jueces y Magistrados por delitos o faltas cometidos en el ejercicio de las funciones de su cargo se exigir conforme a lo dispuesto en esta ley.

Artculo 406.

El juicio de responsabilidad penal contra Jueces y Magistrados podr incoarse por providencia del Tribunal competente o en virtud de querella del Ministerio Fiscal, o del perjudicado u ofendido, o mediante el ejercicio de la accin popular.

Artculo 407.

Cuando el Tribunal Supremo, por razn de los pleitos o causas de que conozca o por cualquier otro medio, tuviere noticia de algn acto de Jueces o Magistrados realizado en el ejercicio de su cargo y que pueda calificarse de delito o falta, lo comunicar, oyendo previamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, a los efectos de incoacin de la causa. Lo mismo harn, en su caso, los Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias.

Artculo 408.

Cuando otras Autoridades judiciales tuvieren conocimiento, a travs de las actuaciones en que intervinieren, de la posible comisin de un delito o falta por un Juez o Magistrado en el ejercicio de su cargo, lo comunicarn al Juez o Tribunal competente, odo el Ministerio Fiscal, con remisin de los antecedentes necesarios.

Artculo 409.

Cuando el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno u otro rgano o autoridad del Estado o de una Comunidad Autnoma considere que un Juez o Magistrado ha realizado, en el ejercicio de su cargo, un hecho que puede ser constitutivo de delito o falta, lo pondr en conocimiento del Ministerio Fiscal por si procediere el ejercicio de la accin penal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 406.

Artculo 410.

En el caso de que alguna de las partes en un proceso, o persona que tuviese inters en l, formulasen querella contra el juez o magistrado que deba resolver en dicho proceso, con carcter previo a la admisin de sta el rgano competente para su instruccin podr recabar los antecedentes que considere oportunos a fin de determinar su propia competencia as como la relevancia penal de los hechos objeto de la misma o la verosimilitud de la imputacin.

CAPTULO II

De la responsabilidad civil

Artculos 411 a 413.

(Suprimidos).

CAPTULO III

De la responsabilidad disciplinaria

Artculo 414.

Los Jueces y Magistrados estn sujetos a responsabilidad disciplinaria en los casos y con las garantas establecidas en esta ley.

Artculo 415.

1. La responsabilidad disciplinaria slo podr exigirse por la autoridad competente, mediante el procedimiento establecido en este captulo.

2. La incoacin de un procedimiento penal no ser obstculo para la iniciacin de un expediente disciplinario por los mismos hechos, pero no se dictar resolucin en ste hasta tanto no haya recado sentencia o auto de sobreseimiento firmes en la causa penal.

En todo caso, la declaracin de hechos probados contenida en la resolucin que pone trmino al procedimiento penal vincular a la resolucin que se dicte en el expediente disciplinario, sin perjuicio de distinta calificacin jurdica que puedan merecer en una y otra va.

3. Slo podrn recaer sancin penal y disciplinaria sobre los mismos hechos cuando no hubiere identidad de fundamento jurdico y de bien jurdico protegido.

Artculo 416.

1. Las faltas cometidas por los Jueces y Magistrados en el ejercicio de sus cargos podrn ser muy graves, graves y leves.

2. Las faltas muy graves prescribirn a los dos aos, las graves al ao y las leves a los seis meses.

El plazo de prescripcin comenzar a contarse desde que la falta se hubiera cometido. No obstante, en el supuesto previsto en el artculo417.5, el plazo de prescripcin se iniciar a partir de la firmeza de la sentencia o de la resolucin dictada por el Consejo General del Poder Judicial que declare la responsabilidad civil del Juez o Magistrado.

3. La prescripcin se interrumpir desde la fecha de notificacin del acuerdo de iniciacin del procedimiento disciplinario o, en su caso, de las diligencias informativas relacionadas con la conducta investigada del Juez o Magistrado.

El plazo de prescripcin vuelve a correr si las diligencias o el procedimiento permanecen paralizados durante seis meses por causa no imputable al Juez o Magistrado sujeto al expediente disciplinario.

Artculo 417.

Son faltas muy graves:

1. El incumplimiento consciente del deber de fidelidad a la Constitucin establecido en el artculo 5.1 de esta ley, cuando as se apreciare en sentencia firme.

2. La afiliacin a partidos polticos o sindicatos, o el desempeo de empleos o cargos a su servicio.

3. La provocacin reiterada de enfrentamientos graves con las autoridades de la circunscripcin en que el juez o magistrado desempee el cargo, por motivos ajenos al ejercicio de la funcin jurisdiccional.

4. La intromisin, mediante rdenes o presiones de cualquier clase, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional de otro juez o magistrado.

5. Las acciones y omisiones que hayan dado lugar, en sentencia firme o en resolucin firme dictada por el Consejo General del Poder Judicial, a una declaracin de responsabilidad civil contrada en el ejercicio de la funcin por dolo o culpa grave conforme al apartado2 del artculo296.

6. El ejercicio de cualquiera de las actividades incompatibles con el cargo de juez o magistrado, establecidas en el artculo 389 de esta ley, salvo las que puedan constituir falta grave con arreglo a lo dispuesto en el artculo 418.14 de la misma.

7. Provocar el propio nombramiento para juzgados y tribunales cuando concurra en el nombrado alguna de las situaciones de incompatibilidad o prohibicin previstas en los artculos 391 a 393 de esta ley, o mantenerse en el desempeo del cargo en dichos rganos sin poner en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial las circunstancias necesarias para proceder al traslado forzoso previsto en el artculo 394.

8. La inobservancia del deber de abstencin a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente previstas.

9. La desatencin o el retraso injustificado y reiterado en la iniciacin, tramitacin o resolucin de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales.

10. El abandono de servicio o la ausencia injustificada y continuada, por siete das naturales o ms, de la sede del rgano judicial en que el juez o magistrado se halle destinado.

11. Faltar a la verdad en la solicitud de obtencin de permisos, autorizaciones, declaraciones de compatibilidad, dietas y ayudas econmicas.

12. La revelacin por el juez o magistrado de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su funcin o con ocasin de ste, cuando se cause algn perjuicio a la tramitacin de un proceso o a cualquier persona.

13. El abuso de la condicin de juez para obtener un trato favorable e injustificado de autoridades, funcionarios o profesionales.

14. La ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales.

15. La absoluta y manifiesta falta de motivacin de las resoluciones judiciales que la precisen, siempre que dicha falta haya sido apreciada en resolucin judicial firme. Si la resolucin inmotivada no fuese recurrible, ser requisito para proceder la denuncia de quien fue parte en el procedimiento.

16. La comisin de una falta grave cuando el juez o magistrado hubiere sido anteriormente sancionado por otras dos graves, que hayan adquirido firmeza, sin que hubieran sido canceladas o procedido la cancelacin de las correspondientes anotaciones, conforme a lo establecido en el artculo 427 de esta ley.

Artculo 418.

Son faltas graves:

1. La falta de respeto a los superiores en el orden jerrquico, en su presencia, en escrito que se les dirija o con publicidad.

2. Interesarse, mediante cualquier clase de recomendacin, en el ejercicio de la actividad jurisdiccional de otro juez o magistrado.

3. Dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios pblicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condicin de juez, o sirvindose de esta condicin.

4. Corregir la aplicacin o interpretacin del ordenamiento jurdico hecha por los inferiores en el orden jurisdiccional, salvo cuando acten en el ejercicio de la jurisdiccin.

5. El exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideracin respecto de los ciudadanos, instituciones, secretarios, mdicos forenses o del resto del personal al servicio de la Administracin de Justicia, de los miembros del Ministerio Fiscal, abogados y procuradores, graduados sociales y funcionarios de la Polica Judicial.

6. La utilizacin en las resoluciones judiciales de expresiones innecesarias o improcedentes, extravagantes o manifiestamente ofensivas o irrespetuosas desde el punto de vista del razonamiento jurdico. En este caso, el Consejo General del Poder Judicial solo proceder previo testimonio deducido o comunicacin remitida por el tribunal superior respecto de quien dict la resolucin, y que conozca de la misma en va de recurso.

7. Dejar de promover la exigencia de responsabilidad disciplinaria que proceda a los secretarios y personal auxiliar subordinado, cuando conocieren o debieren conocer el incumplimiento grave por los mismos de los deberes que les corresponden.

8. Revelar el juez o magistrado y fuera de los cauces de informacin judicial establecidos, hechos o datos de los que conozcan en el ejercicio de su funcin o con ocasin de sta cuando no constituya la falta muy grave del apartado 12 del artculo 417 de esta ley.

9. El abandono del servicio o la ausencia injustificada y continuada por ms de tres das naturales y menos de siete de la sede del rgano judicial en que el juez o magistrado se halle destinado.

10. El incumplimiento injustificado y reiterado del horario de audiencia pblica y la inasistencia injustificada a los actos procesales con audiencia pblica que estuvieren sealados, cuando no constituya falta muy grave.

11. El retraso injustificado en la iniciacin o en la tramitacin de los procesos o causas de que conozca el juez o magistrado en el ejercicio de su funcin, si no constituye falta muy grave.

12. El incumplimiento o desatencin reiterada a los requerimientos que en el ejercicio de sus legtimas competencias realizasen el Consejo General del Poder Judicial, el Presidente del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia o Salas de Gobierno, o la obstaculizacin de sus funciones inspectoras.

13. El incumplimiento de la obligacin de elaborar alarde o relacin de asuntos pendientes en el supuesto establecido en el apartado 3 artculo 317 de esta ley.

14. El ejercicio de cualquier actividad de las consideradas compatibilizables a que se refiere el artculo 389.5. de esta ley, sin obtener cuando est prevista la pertinente autorizacin o habindola obtenido con falta de veracidad en los presupuestos alegados.

15. La abstencin injustificada, cuando as sea declarada por la Sala de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 221.3 de esta ley.

16. Adoptar decisiones que, con manifiesto abuso procesal, generen ficticios incrementos del volumen de trabajo en relacin con los sistemas de medicin fijados por el Consejo General del Poder Judicial.

17. Obstaculizar las labores de inspeccin.

18. La comisin de una falta de carcter leve habiendo sido sancionado anteriormente por resolucin firme por otras dos leves sin que hubieran sido canceladas o procedido la cancelacin de las correspondientes anotaciones, conforme a lo establecido en el artculo 427.

Artculo 419.

Son faltas leves:

1. La falta de respeto a los superiores jerrquicos cuando no concurran las circunstancias que calificaran la conducta de falta grave.

2. La desatencin o desconsideracin con iguales o inferiores en el orden jerrquico, con los ciudadanos, los miembros del Ministerio Fiscal, mdicos forenses, abogados y procuradores, graduados sociales, con los secretarios o dems personal que preste servicios en la Oficina judicial, o con los funcionarios de la Polica Judicial.

3. El incumplimiento injustificado o inmotivado de los plazos legalmente establecidos para dictar resolucin en cualquier clase de asunto que conozca el juez o magistrado.

4. La ausencia injustificada y continuada por ms de un da natural y menos de cuatro de la sede del rgano judicial en que el juez o magistrado se halle destinado.

5. La desatencin a los requerimientos que en el ejercicio de sus legtimas competencias realizasen el Consejo General del Poder Judicial, el Presidente del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia o Salas de Gobierno.

Artculo 420.

1. Las sanciones que se pueden imponer a los Jueces y Magistrados por faltas cometidas en el ejercicio de sus cargos son:

a) Advertencia.

b) Multa de hasta 6.000 euros.

c) Traslado forzoso a Juzgado o Tribunal con sede separada, al menos, en cien kilmetros de aquella en que estuviera destinado.

d) Suspensin de hasta tres aos.

e) Separacin.

El Juez o Magistrado sancionado con traslado forzoso no podr concursar en el plazo de uno a tres aos. La duracin de la prohibicin de concursar habr de determinarse necesariamente en la resolucin que ponga fin al procedimiento.

2. Las faltas leves slo podrn sancionarse con advertencia o multa de hasta500 euros o con ambas; las graves con multa de501 a6.000 euros, y las muy graves con suspensin, traslado forzoso o separacin.

3. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirn a los dos aos; las impuestas por faltas graves al ao, y por faltas leves en el plazo previsto en el Cdigo Penal para la prescripcin de las faltas. Dichos plazos de prescripcin comenzarn a computarse desde el da siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolucin por la que se impusieron las sanciones.

Artculo 421.

1. Sern competentes para la imposicin de sanciones:

a) Para la sancin de advertencia, el Presidente del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia, a los jueces y magistrados dependientes de los mismos.

b) Para la sancin de multa o de advertencia y multa correspondiente a faltas leves, las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia respecto a los jueces y magistrados dependientes de cada una de ellas.

c) Para las sanciones correspondientes a faltas graves, la Comisin Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial.

d) Para las muy graves, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de la Comisin Disciplinaria.

2. No obstante, los rganos a que hacen referencia las anteriores reglas pueden imponer sanciones de menor gravedad que las que tienen ordinariamente atribuidas si, al examinar un expediente que inicialmente est atribuido a su competencia, resulta que los hechos objeto del mismo merecen un inferior reproche disciplinario.

3. En la imposicin de sanciones por las autoridades y rganos competentes deber observarse la debida adecuacin o proporcionalidad entre la gravedad del hecho constitutivo de la infraccin y la sancin aplicada.

Artculo 422.

1. La sancin de advertencia se impondr sin ms trmite que la audiencia del interesado, previa una informacin sumaria.

Contra la resolucin que recaiga sobre dicha clase de sancin podr interponer el sancionado con carcter potestativo, antes de acudir a la va contencioso-administrativa, recurso administrativo y el denunciante, en su caso, acudir a la va contencioso-administrativa de acuerdo con las normas de legitimacin establecidas en la ley reguladora de la expresada jurisdiccin.

2. Las restantes sanciones debern ser impuestas por el procedimiento establecido en los artculos siguientes.

3. Las sanciones a que alude el artculo 421.1,d) de esta Ley se impondrn por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de la Comisin Disciplinaria y previa audiencia del juez o magistrado contra el que se dirija el expediente, que podr alegar y presentar los documentos que estime pertinentes en un plazo no inferior a 10 das ni superior a quince si la propuesta se separase de la formulada por el instructor.

Artculo 423.

1. El procedimiento disciplinario se impulsar de oficio en todos sus trmites, y se iniciar, por acuerdo de la Sala de Gobierno o Presidente que corresponda o, en su caso, de la Comisin Disciplinaria o del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, bien por propia iniciativa, como consecuencia de orden o peticin razonada de distinto rgano, o de denuncia. Tambin se iniciar a instancia del Ministerio Fiscal.

2. Toda denuncia sobre el funcionamiento de la Administracin de Justicia en general y de la actuacin de los jueces y magistrados en particular ser objeto, en el plazo de un mes, de informe del Jefe del Servicio de Inspeccin del Consejo General del Poder Judicial, en el que se podr proponer el archivo de plano, la apertura de diligencias informativas o la incoacin directa de expediente disciplinario.

3. La resolucin motivada que dicte la Sala de Gobierno o la Comisin Disciplinaria sobre la iniciacin del expediente se notificar al denunciante, que no podr impugnarla en va administrativa, sin perjuicio de la legitimacin que ostente como interesado en la va jurisdiccional.

Si se incoare expediente disciplinario se notificarn al denunciante las resoluciones que recaigan y podr formular alegaciones, pero no recurrir la decisin del expediente en va administrativa, sin perjuicio de la legitimacin que ostente como interesado en la va jurisdiccional.

4. En el acuerdo que mande iniciar el procedimiento se designar un instructor delegado de igual categora, al menos, a la de aqul contra el que se dirija el procedimiento. A propuesta del instructor delegado se designar un secretario.

Artculo 424.

1. La Comisin Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, por propia iniciativa, odo el instructor delegado o a propuesta de ste, previa audiencia del juez o magistrado contra el que se dirija el expediente y del Ministerio Fiscal, en un plazo comn no superior a cinco das, podr acordar cautelarmente la suspensin provisional del expedientado por un perodo mximo de seis meses, cuando aparezcan indicios racionales de la comisin de una falta muy grave.

2. Contra el acuerdo a que se refiere el nmero anterior, el interesado podr interponer recurso de alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en los trminos establecidos en los artculos 142 y 143 de esta ley.

Artculo 425.

1. El instructor delegado practicar cuantas pruebas y actuaciones sean necesarias para la determinacin y comprobacin de los hechos y responsabilidades susceptibles de sancin, con intervencin del Ministerio Fiscal y del interesado, que podr valerse de abogado desde el inicio del expediente.

2. A la vista de las pruebas y actuaciones practicadas, el instructor delegado formular, si procediere, pliego de cargos, en el que se expondrn los hechos impugnados con expresin, en su caso, de la falta presuntamente cometida y de las sanciones que puedan ser de aplicacin.

El pliego de cargos se notificar al interesado para que, en el plazo de ocho das, pueda contestarlo y proponer la prueba que precise, cuya pertinencia ser calificada por el instructor delegado.

3. Contestado el pliego o transcurrido el plazo sin hacerlo, y practicadas, en su caso, las pruebas propuestas por el interesado, el instructor delegado, previa audiencia del Ministerio Fiscal, formular propuesta de resolucin, en la que fijar con precisin los hechos, har la valoracin jurdica de los mismos e indicar la sancin que estime procedente.

Dicha propuesta de resolucin se notificar al interesado para que, en el plazo de ocho das, alegue lo que a su derecho convenga.

4. Evacuado el referido trmite, o transcurrido el plazo para ello, se remitir lo actuado a la autoridad que hubiere ordenado la iniciacin del procedimiento para la decisin que proceda. Cuando esta autoridad entienda procedente una sancin de mayor gravedad que las que estn dentro de su competencia, elevar el procedimiento, con su propuesta, a la que sea competente.

5. Podrn las autoridades competentes devolver el expediente al instructor delegado para que comprenda otros hechos en el pliego de cargos, complete la instruccin o someta al interesado una propuesta de resolucin que incluya una calificacin jurdica de mayor gravedad.

6. La duracin del procedimiento sancionador no exceder de un ao.

7. La resolucin que ponga trmino al procedimiento disciplinario ser motivada y en ella no se podrn contemplar hechos distintos de los que sirvieron de base a la propuesta de resolucin, sin perjuicio de su distinta valoracin jurdica siempre que no sea de mayor gravedad.

8. La resolucin que recaiga deber ser notificada al interesado y al Ministerio Fiscal, quienes si el acuerdo procede de la Sala de Gobierno o de la Comisin Disciplinaria podrn interponer contra l recurso potestativo en va administrativa, sin perjuicio de los que legalmente procedan en va jurisdiccional. Asimismo se notificar al denunciante, si lo hubiere, quien nicamente podr recurrir, en su caso, en va contencioso-administrativa.

Las asociaciones de Jueces y Magistrados estarn tambin legitimadas para interponer, en nombre de sus asociados, recurso contencioso-administrativo, siempre que se acredite la expresa autorizacin de stos.

9. La resolucin sancionadora ser ejecutiva cuando agote la va administrativa, an cuando se hubiere interpuesto recurso contencioso-administrativo, salvo que el Tribunal acuerde su suspensin.

Artculo 425 bis.

1. Las normas relativas a la abstencin y recusacin establecidas en los artculos 28 y 29 de la Ley de Rgimen Jurdico de las Administraciones pblicas y del procedimiento administrativo comn sern de aplicacin al instructor delegado y al secretario del expediente disciplinario.

2. El derecho de recusacin podr ejercitarse desde el momento en que el interesado tenga conocimiento formal de la identidad del instructor delegado y del secretario.

3. La abstencin y recusacin se plantearn ante el rgano que acord el nombramiento, el cual, tras or al instructor delegado o al secretario, resolver en el trmino de tres das.

4. Contra los acuerdos adoptados en materia de abstencin y recusacin no proceder recurso alguno, sin perjuicio de que el interesado pueda alegar la recusacin en el escrito de interposicin del correspondiente recurso que se interponga contra el acuerdo que ponga fin al procedimiento disciplinario.

Artculo 426.

1. Las sanciones disciplinarias sern anotadas en el expediente personal del interesado, con expresin de los hechos imputados.

2. La autoridad que las impusiere cuidar de que se cumpla lo anterior.

Artculo 427.

1. La anotacin de la sancin de advertencia quedar cancelada por el transcurso del plazo de seis meses desde que adquiri firmeza, si durante ese tiempo no hubiere dado lugar el sancionado a otro procedimiento disciplinario que termine con la imposicin de sancin.

2. La anotacin de las restantes sanciones, con excepcin de la de separacin, podr cancelarse, a instancia del interesado y odo el Ministerio Fiscal, cuando hayan transcurrido al menos uno, dos o cuatro aos desde la imposicin firme de la sancin, segn que se trate de falta leve, grave o muy grave, y durante este tiempo no hubiere dado lugar el sancionado a nuevo procedimiento disciplinario que termine con la imposicin de sancin.

3. La cancelacin borrar el antecedente a todos los efectos.

TTULO IV

De los Jueces en rgimen de provisin temporal

Artculo 428.

1. Podrn cubrirse en rgimen de provisin temporal las vacantes de Jueces que resulten desiertas en los concursos, y hasta tanto se cubran por los procedimientos ordinarios.

2. En las convocatorias de oposiciones habrn de incluirse todas las plazas vacantes, incluidas las servidas por Jueces de provisin temporal. Estas ltimas debern anunciarse en los concursos de traslado al menos una vez al ao.

Artculo 429.

Las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia ponderarn si los rganos jurisdiccionales vacantes pueden ser servidos adecuadamente mediante sustitucin, prrrogas de jurisdiccin o comisiones de servicio, o si stos son insuficientes para asegurar su regular funcionamiento. En este supuesto, elevarn al Consejo General del Poder Judicial una relacin de los Juzgados que exijan su provisin temporal inmediata, en unin de un informe razonado que lo justifique.

Artculo 430.

El Consejo General, valorando dicho informe y todos los antecedentes de que disponga o estime necesario recabar, decidir si procede o no utilizar la aplicacin del rgimen extraordinario de provisin regulado en este ttulo, comunicando su decisin a la Sala de Gobierno correspondiente.

Artculo 431.

1. Cuando se autorizare este rgimen de provisin, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia anunciar concurso de todas las vacantes a cubrir por este medio dentro de la Comunidad Autnoma, en el que slo podrn tomar parte aquellos licenciados en Derecho que soliciten una, varias o todas las plazas convocadas y que renan los dems requisitos exigidos para el ingreso en la Carrera Judicial, excepto los derivados de la jubilacin por edad. No podr ser propuesto ni actuar como Juez en rgimen de provisin temporal quien haya alcanzado la edad de setenta y dos aos.

2. Tendrn preferencia aquellos en quienes concurran ms mritos de acuerdo al baremo siguiente, siempre que no concurran otras circunstancias que comporten su falta de idoneidad:

a) Los que ostenten el ttulo de Doctor en Derecho.

b) Los que hayan ejercido funciones judiciales, de Letrados de la Administracin de Justicia o de sustitucin en la Carrera Fiscal con aptitud demostrada o ejercido otras profesiones jurdicas.

c) Los que hubieran aprobado oposiciones para el desempeo de puestos de trabajo en cualquier Administracin Pblica en las que se exija el ttulo de licenciado en Derecho.

d) Los que acrediten docencia universitaria de disciplina jurdica.

e) Los que tengan mejor expediente acadmico.

f) En las Comunidades Autnomas con derecho o con lengua y derecho propios su conocimiento se considerar como mrito.

Los anteriores mritos sern valorados de forma que ninguno de ellos, por s solo, pueda superar la valoracin conjunta de otros dos.

3. De los nombramientos efectuados se dar cuenta al Consejo General, que los dejar sin efecto si no se ajustaren a la ley.

Artculo 432.

1. Los nombrados Jueces con carcter temporal quedarn sujetos, durante el tiempo en que desempearen dichos cargos, al estatuto jurdico de los miembros de la Carrera Judicial y tendrn derecho a percibir las remuneraciones que reglamentariamente se sealen por el Gobierno dentro de las previsiones presupuestarias.

2. Los nombramientos se harn por un ao, que podr prorrogarse por otro ms, con arreglo al mismo procedimiento, salvo lo previsto en la letra e) del apartado 1 del artculo siguiente.

Artculo 433.

1. Quienes ocuparen plazas judiciales en rgimen de provisin temporal cesarn:

a) Por transcurso de plazo para el que fueron nombrados.

b) Por dimisin, aceptada por la Sala de Gobierno que los nombr.

c) Por cumplir la edad de setenta y dos aos.

d) Por decisin de dicha Sala, cuando incurrieren en alguna de las causas de incapacidad, incompatibilidad o prohibicin establecida en esta Ley, previa una sumaria informacin con audiencia del interesado y del Ministerio Fiscal.

e) Por acuerdo de aqulla, cuando se advirtiere en ellos falta de aptitud o idoneidad para el ejercicio de cargo y cuando dejaren de atender diligentemente los deberes de ste con las mismas garantas en cuanto a procedimiento establecidas en la letra anterior.

f) Cuando fuere nombrado un Juez titular para la plaza servida en rgimen de provisin temporal.

2. Los ceses, cualquiera que fuere la causa que los determine, se comunicarn al Consejo General del Poder Judicial.

TTULO V

De la formacin continua de los jueces y magistrados

Artculo 433 bis.

1. El Consejo General del Poder Judicial garantizar que todos los Jueces y Magistrados reciban una formacin continuada, individualizada, especializada y de alta calidad durante toda su carrera profesional.

2. El Consejo General del Poder Judicial establecer reglamentariamente un Plan de Formacin Continuada de la Carrera Judicial en el que se detallarn los objetivos, contenidos, prioridades formativas y la programacin plurianual de estas actuaciones.

3. Cada miembro de la Carrera Judicial contar con un Plan Especializado en Formacin Continuada mediante el cual se programarn de forma individualizada, en perodos de cinco aos, los objetivos formativos, garantizndose la plena adaptacin a las innovaciones jurdicas con incidencia en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

El cumplimiento de los objetivos del Plan Especializado de Formacin de cada uno de los jueces y magistrados ser evaluado por el Consejo General del Poder Judicial en la forma reglamentariamente establecida, a efectos de ascensos y promocin profesional.

4. La Escuela Judicial desarrollar los programas e impartir los cursos de formacin que integren el Plan de Formacin Continuada de la Carrera Judicial, pudiendo, por ello, celebrar actividades formativas de manera descentralizada, en el mbito autonmico o provincial, y mediante colaboracin, en su caso, con entidades y organismos expertos en la imparticin de la formacin de que se trate.

5. El Plan de Formacin Continuada de la Carrera Judicial contendr cursos especficos de naturaleza multidisciplinar sobre la tutela judicial del principio de igualdad entre mujeres y hombres, la discriminacin por cuestin de sexo, la mltiple discriminacin y la violencia ejercida contra las mujeres, as como la trata en todas sus formas y manifestaciones y la capacitacin en la aplicacin de la perspectiva de gnero en la interpretacin y aplicacin del Derecho, adems de incluir dicha formacin de manera transversal en el resto de cursos.

TTULO VI

Del Centro de Estudios Jurdicos de la Administracin de Justicia

Artculo 434.

1. El Centro de Estudios Jurdicos de la Administracin de Justicia es una entidad de Derecho pblico con personalidad jurdica propia dependiente del Ministerio de Justicia.

2. Tendr como funcin la colaboracin con el Ministerio de Justicia en la seleccin, formacin inicial y continuada de los miembros de la Carrera Fiscal, del Secretariado y dems personal al servicio de la Administracin de Justicia.

El Centro de Estudios Jurdicos impartir anualmente cursos de formacin sobre el principio de igualdad entre mujeres y hombres y su aplicacin con carcter transversal por los miembros de la Carrera Fiscal, el Cuerpo de Secretarios y dems personal al servicio de la Administracin de Justicia, as como sobre la deteccin y el tratamiento de situaciones de violencia de gnero.

3. Reglamentariamente se establecer la organizacin del Centro y designacin del personal directivo. Asimismo, se establecern las relaciones permanentes del Centro con los rganos competentes de las Comunidades Autnomas.

LIBRO V

DE LOS LETRADOS DE LA ADMINISTRACIN DE JUSTICIA Y DE LA OFICINA JUDICIAL

TTULO I

Rgimen de organizacin y funcionamiento de la administracin al servicio de jueces y tribunales

CAPTULO I

De la oficina judicial

Artculo 435.

1. La Oficina judicial es la organizacin de carcter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales.

2. La estructura bsica de la Oficina judicial, que ser homognea en todo el territorio nacional como consecuencia del carcter nico del Poder al que sirve, estar basada en los principios de jerarqua, divisin de funciones y coordinacin.

3. La Oficina judicial funcionar con criterios de agilidad, eficacia, eficiencia, racionalizacin del trabajo, responsabilidad por la gestin, coordinacin y cooperacin entre Administraciones, de manera que los ciudadanos obtengan un servicio prximo y de calidad, con respeto a los principios recogidos en la Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia.

4. Los puestos de trabajo de la Oficina judicial solo podrn ser cubiertos por personal de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administracin de Justicia, y se ordenarn de acuerdo con lo establecido en las relaciones de puestos de trabajo.

Los funcionarios que prestan sus servicios en las oficinas judiciales, a excepcin de los letrados de la Administracin de Justicia, sin perjuicio de su dependencia funcional, dependen orgnicamente del Ministerio de Justicia o de las Comunidades Autnomas con competencias asumidas en sus respectivos mbitos.

Artculo 436.

1. El elemento organizativo bsico de la estructura de la Oficina judicial ser la unidad, que comprender los puestos de trabajo de la misma, vinculados funcionalmente por razn de sus cometidos.

2. En atencin a sus funciones se distinguirn dos tipos de unidades: unidades procesales de apoyo directo y servicios comunes procesales. La actividad principal de estas unidades viene determinada por la aplicacin de normas procesales.

3. El diseo de la Oficina judicial ser flexible. Su dimensin y organizacin se determinarn, por la Administracin pblica competente, en funcin de la actividad que en la misma se desarrolle.

4. La Oficina judicial podr prestar su apoyo a rganos de mbito nacional, de comunidad autnoma, provincial, de partido judicial o de municipio, extendindose su mbito competencial al de los rganos a los que presta su apoyo. Su mbito competencial tambin podr ser comarcal.

5. Las unidades que componen la Oficina judicial podrn desempear sus funciones al servicio de rganos de una misma jurisdiccin, de varias jurisdicciones o a rganos especializados, sin que, en ningn caso, el mbito de la Oficina judicial, pueda modificar el nmero y composicin de los rganos judiciales que constituyen la planta judicial ni la circunscripcin territorial de los mismos establecida por la ley.

6. Los jueces y magistrados, en las causas cuyo conocimiento tengan atribuido, podrn requerir en todo momento al funcionario responsable cuanta informacin consideren necesaria.

Artculo 437.

1. A los efectos de esta ley orgnica se entiende por unidad procesal de apoyo directo aqulla unidad de la Oficina judicial que directamente asiste a jueces y magistrados en el ejercicio de las funciones que les son propias, realizando las actuaciones necesarias para el exacto y eficaz cumplimiento de cuantas resoluciones dicten.

2. Existirn tantas unidades procesales de apoyo directo como juzgados o, en su caso, salas o secciones de tribunales estn creados y en funcionamiento, integrando junto a sus titulares el respectivo rgano judicial.

No obstante, cuando las circunstancias de volumen de trabajo lo justifiquen, el Ministerio de Justicia, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y de las Comunidades Autnomas con competencias en materia de Justicia, podr acordar que una unidad procesal de apoyo directo preste servicio a varios rganos unipersonales del mismo orden jurisdiccional, y, dentro del mismo, por especialidades, conformando los jueces del mismo orden o especialidad una seccin, presidida por el ms antiguo, quien tendr las mismas competencias que los presidentes de seccin de rganos colegiados.

3. Las unidades procesales de apoyo directo contarn con un letrado de la Administracin de Justicia que ejercer las competencias y funciones que le son propias. Por motivos de racionalizacin del servicio, un mismo letrado de la Administracin de Justicia podr actuar en ms de una de estas unidades.

4. Cada unidad contar, adems, con los puestos de trabajo necesarios para la atencin del rgano de que se trate, de acuerdo con el orden jurisdiccional al que pertenezca, que se determinarn en las respectivas relaciones de puestos de trabajo.

5. El Ministerio de Justicia, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y de las comunidades autnomas con competencias asumidas, determinar las dotaciones bsicas de estas unidades procesales de apoyo directo, que garantizarn, en todo caso, el correcto funcionamiento del rgano jurisdiccional.

Artculo 438.

1. A los efectos de esta ley, se entiende por servicio comn procesal, toda aquella unidad de la Oficina judicial que, sin estar integrada en un rgano judicial concreto, asume labores centralizadas de gestin y apoyo en actuaciones derivadas de la aplicacin de las leyes procesales.

2. Prestarn su apoyo a todos o a alguno de los rganos judiciales de su mbito territorial, con independencia del orden jurisdiccional al que pertenezcan y la extensin de su jurisdiccin.

3. El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autnomas en sus respectivos territorios sern competentes para el diseo, creacin y organizacin de los servicios comunes procesales, con funciones de registro y reparto, actos de comunicacin, auxilio judicial, ejecucin de resoluciones judiciales, jurisdiccin voluntaria, mediacin y ordenacin del procedimiento. Las Salas de Gobierno y las Juntas de Jueces podrn solicitar al Ministerio y a las Comunidades Autnomas la creacin de servicios comunes, conforme a las especficas necesidades.

Asimismo, podrn crear servicios comunes procesales que asuman otras funciones distintas a las relacionadas en este nmero, en cuyo caso ser preciso el informe favorable del Consejo General del Poder Judicial.

4. En razn de la actividad concreta que realicen, los servicios comunes procesales, podrn estructurarse en secciones, a las que se dotar de los correspondientes puestos de trabajo y stas, a su vez, si el servicio lo requiere, en equipos.

5. Al frente de cada servicio comn procesal constituido en el seno de la Oficina judicial habr un letrado de la Administracin de Justicia, de quien dependern funcionalmente el resto de los letrados de la Administracin de Justicia y el personal destinado en los puestos de trabajo en que se ordene el servicio de que se trate y que, en todo caso, deber ser suficiente y adecuado a las funciones que tiene asignado el mismo.

En aquellos partidos judiciales en que el escaso nmero de rganos judiciales lo aconseje, el mismo Letrado de la Administracin de Justicia de la unidad procesal de apoyo directo podr estar al frente de los servicios comunes procesales que se constituyan con las funciones relacionadas en el apartado 3 de este artculo.

6. El letrado de la Administracin de Justicia que dirija un servicio comn procesal deber hacer cumplir, en el mbito organizativo y funcional que le es propio, las rdenes y circulares que reciba de sus superiores jerrquicos. En el mbito jurisdiccional, respondern del estricto cumplimiento de cuantas actuaciones o decisiones adopten jueces o tribunales en el ejercicio de sus competencias.

7. El Consejo General del Poder Judicial podr establecer criterios generales que permitan la homogeneidad en las actuaciones de los servicios comunes procesales de la misma clase en todo el territorio nacional que, en ningn caso, podrn incidir en el ejercicio de la funcin jurisdiccional o en las competencias de las Administraciones pblicas en el mbito de la Administracin de Justicia.

CAPTULO II

De las unidades administrativas

Artculo 439.

1. A los efectos de esta ley, se entiende por unidad administrativa aqulla que, sin estar integrada en la Oficina judicial, se constituye en el mbito de la organizacin de la Administracin de Justicia para la jefatura, ordenacin y gestin de los recursos humanos de la Oficina judicial sobre los que se tienen competencias, as como sobre los medios informticos, nuevas tecnologas y dems medios materiales.

Asimismo, dentro de dichas unidades, el Ministerio de Justicia y las comunidades autnomas en sus respectivos mbitos, podrn establecer oficinas comunes de apoyo a una o varias oficinas judiciales, para la prestacin de servicios, cuya naturaleza no exija la realizacin de funciones encomendadas como propias por esta ley orgnica a los funcionarios de los Cuerpos de la Administracin de Justicia y que se consideren necesarios o convenientes para el buen funcionamiento de las mismas.

2. Corresponde a cada Administracin en su propio mbito territorial, el diseo, la creacin y organizacin de las unidades administrativas necesarias y de las oficinas comunes de apoyo, la determinacin de su forma de integracin en la Administracin pblica de que se trate, su mbito de actuacin, dependencia jerrquica, establecimiento de los puestos de trabajo, as como la dotacin de los crditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.

3. Los puestos de trabajo de estas unidades Administrativas, cuya determinacin corresponder al Ministerio de Justicia y a las comunidades autnomas con competencias asumidas, en sus respectivos mbitos, podrn ser cubiertos con personal de los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administracin de Justicia, de la Administracin del Estado y de las comunidades autnomas que renan los requisitos y condiciones establecidas en la respectiva relacin de puestos de trabajo.

TTULO II

Del cuerpo de los letrados de la Administracin de Justicia

CAPTULO I

Estatuto personal

Artculo 440.

Los Letrados de la Administracin de Justicia son funcionarios pblicos que constituyen un Cuerpo Superior Jurdico, nico, de carcter nacional, al servicio de la Administracin de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia, y que ejercen sus funciones con el carcter de autoridad, ostentando la direccin de la Oficina judicial.

Artculo 441.

1. Los puestos de trabajo cuyo desempeo est reservado al Cuerpo de Letrados de la Administracin de Justicia, se clasifican en tres categoras, teniendo lugar el ingreso en el mismo por la tercera categora.

2. Todo Letrado de la Administracin de Justicia poseer una categora personal.

La consolidacin de la categora personal exige el desempeo de puestos de trabajo correspondientes a dicha categora al menos durante cinco aos continuados o siete con interrupcin.

3. No se podr comenzar a consolidar una categora superior sin previamente haber consolidado la inferior, si bien el tiempo de desempeo de un puesto de categora superior ser computable a efectos de la consolidacin de la inferior.

4. No ser posible utilizar el mismo periodo de tiempo para consolidar categoras diferentes.

5. En ningn caso un Letrado de la Administracin de Justicia de la tercera categora podr optar a una plaza de la primera.

6. La categora consolidada solo opera como garanta de la percepcin del sueldo correspondiente a la misma, cuando se ocupe un puesto de inferior categora.

7. El Ministerio de Justicia establecer los tres grupos en los que se clasificarn los puestos de trabajo a desempear por los Letrados de la Administracin de Justicia.

Artculo 442.

1. Los funcionarios del Cuerpo de Letrados de la Administracin de Justicia sern seleccionados mediante convocatoria del Ministerio de Justicia, a travs de los sistemas de oposicin, que ser el sistema ordinario de ingreso, o de concurso-oposicin libre, que tendr carcter excepcional y en el que las pruebas de conocimiento tendrn un contenido anlogo a las de la oposicin libre. Ambos procedimientos debern garantizar, en todo caso, los principios de igualdad, mrito, capacidad y tambin de publicidad, en la forma en que dispone esta ley orgnica y las disposiciones reglamentarias que la desarrollen.

2. Se reservar el treinta por ciento de las plazas vacantes para su provisin, previa autorizacin por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas, por promocin interna mediante el sistema de concurso-oposicin por los funcionarios de carrera del Cuerpo de Gestin Procesal y Administrativa que lleven, al menos, dos aos de servicios efectivos en el mismo. A estos efectos se computarn los servicios prestados en el Cuerpo de Oficiales de la Administracin de Justicia del que, en su caso, procedan.

Las restantes vacantes, acrecentadas por las que no se cubran por promocin interna, si las hubiere, se cubrirn en turno libre mediante oposicin o, en su caso, concurso-oposicin, siempre con sujecin a las previsiones presupuestarias vigentes en materia de oferta de empleo pblico.

De no existir oferta de empleo pblico, el Ministerio de Justicia, con carcter extraordinario y previa autorizacin del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas, podr convocar un proceso de promocin interna especfico cuando las circunstancias en la Administracin de Justicia lo aconsejen. El nmero de plazas convocadas por este sistema no podr ser superior al quince por ciento de las plazas vacantes. En este caso, las plazas que no se cubran no podrn ofertarse para que lo sean por turno libre.

3. Para el ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Administracin de Justicia, cualquiera que sea su forma de acceso, se requiere ser espaol, licenciado en Derecho, no estar incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, as como superar las pruebas selectivas que se establezcan y el correspondiente curso terico-prctico que podr tener carcter selectivo.

Artculo 443.

1. El ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Administracin de Justicia se produce por el cumplimiento de las siguientes condiciones:

a) Reunir los requisitos y cumplir las condiciones exigidas en la convocatoria.

b) Superacin de los procesos selectivos.

c) Nombramiento expedido por el Ministro de Justicia y publicado en el Boletn Oficial del Estado.

d) Juramento o promesa de cumplir fielmente las obligaciones del cargo y guardar y hacer guardar la Constitucin como norma fundamental.

e) Toma de posesin dentro del plazo establecido.

2. La condicin de letrado de la Administracin de Justicia se pierde en los siguientes supuestos:

a) Por renuncia voluntaria manifestada por escrito y aceptada expresamente por el Ministerio de Justicia.

b) Por prdida de la nacionalidad espaola.

c) Por sancin disciplinaria de separacin del servicio.

d) Por inhabilitacin absoluta o especial impuesta como pena principal o accesoria por los tribunales cuando la misma sea firme.

e) Por jubilacin, sea voluntaria o forzosa, o por incapacidad permanente para el servicio.

f) Por condena a pena de privativa de libertad superior a tres aos por razn de delito doloso.

Artculo 443 bis.

El Ministerio de Justicia aprobar cada ao el escalafn del Cuerpo de Letrados de la Administracin de Justicia, que se publicar en el “Boletn Oficial del Estado” y comprender los datos personales y profesionales que se establezcan reglamentariamente.

Artculo 444.

1. Los funcionarios del Cuerpo de Letrados de la Administracin de Justicia tendrn iguales derechos individuales, colectivos y deberes, que los establecidos en el Libro VI de esta Ley, rigiendo con carcter supletorio lo dispuesto en el Estatuto Bsico del Empleado Pblico y el resto de la normativa estatal sobre funcin pblica.

2. Sin perjuicio de su desarrollo y concrecin en el reglamento orgnico, se reconocen los siguientes derechos profesionales:

a) Libranzas, en aquellos casos en que se preste una dedicacin o servicio no retribuido, en los trminos que se determinen reglamentariamente.

b) Especializacin profesional en aquellos mbitos, rdenes y materias que reglamentariamente se determinen.

c) Libre asociacin profesional.

d) A que sus asociaciones profesionales sean odas en todas aquellas materias que afecten a su estatuto orgnico.

3. El rgimen establecido en los apartados anteriores ser aplicable a los Letrados de la Administracin de Justicia sustitutos, en la medida en que la naturaleza del derecho lo permita.

Artculo 445.

1. Las situaciones administrativas en que se puedan hallar los Letrados de la Administracin de Justicia, as como su jubilacin, sern iguales y proceder su declaracin en los supuestos y con los efectos establecidos en esta Ley Orgnica para Jueces y Magistrados.

No obstante, los Letrados de la Administracin de Justicia que se presenten como candidatos para acceder a cargos pblicos representativos en el Parlamento Europeo, Congreso de los Diputados, Senado, Asambleas Legislativas de las Comunidades Autnomas o Corporaciones locales, podrn ser dispensados, previa solicitud, de la prestacin del servicio en sus respectivas oficinas judiciales, durante el tiempo de duracin de la campaa electoral. Este permiso podr ser concedido por el Secretario General de la Administracin de Justicia.

Asimismo, podrn hallarse en situacin de servicios especiales los Letrados de la Administracin de Justicia que sean designados Encargados del Registro Civil conforme a lo dispuesto en la Ley del Registro Civil y sus normas de desarrollo.

2. Estarn sujetos a las mismas incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones con excepcin de las previstas en el artculo 395.

Artculo 446.

1. Los Letrados de la Administracin de Justicia debern abstenerse en los casos establecidos para los Jueces y Magistrados y, si no lo hicieran, podrn ser recusados.

2. La abstencin se formular por escrito motivado dirigido al Secretario Coordinador Provincial, quien decidir la cuestin.

En caso de confirmarse la abstencin, el Letrado de la Administracin de Justicia que se haya abstenido debe ser reemplazado por su sustituto legal; en caso de denegarse, deber aqul continuar actuando en el asunto.

3. Sern aplicables a la recusacin de los Letrados de la Administracin de Justicia las prescripciones que establece esta Ley para Jueces y Magistrados en el artculo223, con las siguientes excepciones:

a) Los Letrados de la Administracin de Justicia no podrn ser recusados durante la prctica de cualquier diligencia o actuacin de que estuvieren encargados.

b) La pieza de recusacin se resolver por el Secretario de Gobierno.

c) Presentado el escrito de recusacin, el Letrado de la Administracin de Justicia recusado informar detalladamente por escrito si reconoce o no como cierta y legtima la causa alegada.

d) Cuando el recusado reconozca como cierta la causa de la recusacin, el Secretario de Gobierno le tendr por recusado mediante decreto, si estima que la causa es legal. Si estima que la causa no es de las tipificadas en la ley, declarar no haber lugar a la recusacin. Contra el decreto sobre recusacin no se dar recurso alguno.

e) Cuando el recusado niegue la certeza de la causa alegada como fundamento de la recusacin, el instructor, si admitiere a trmite la recusacin propuesta, ordenar la prctica, en el plazo de diez das, de la prueba solicitada que sea pertinente y la que estime necesaria, dndose traslado de las mismas al Ministerio Fiscal para informe por plazo de tres das. Transcurrido ese plazo, con o sin informe del Ministerio Fiscal, se decidir la recusacin dentro de los cinco das siguientes. Contra dicha resolucin no cabr recurso alguno.

f) El Letrado de la Administracin de Justicia recusado, desde el momento en que sea presentado el escrito de recusacin, ser reemplazado por su sustituto legal.

Artculo 447.

1. Las retribuciones sern bsicas y complementarias.

2. Los conceptos retributivos bsicos sern iguales a los establecidos en la Ley para la Carrera Judicial.

3. Los conceptos retributivos complementarios sern los siguientes:

a) El complemento general de puesto, que retribuye las caractersticas generales de los mismos;

b) El complemento especfico, nico para cada puesto de trabajo y destinado a retribuir las condiciones particulares de los mismos;

c) El complemento de productividad, destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el inters o iniciativa con que el funcionario desempee su trabajo, as como su participacin en los programas concretos de actuacin y en la consecucin de los objetivos que se determinen por el Ministerio de Justicia, odo el Consejo General del Poder Judicial, y negociados con las organizaciones sindicales ms representativas.

Tambin se podr retribuir mediante este complemento la participacin de los letrados de la Administracin de Justicia en los programas o en la consecucin de los objetivos que se hayan determinado por los rganos competentes de las comunidades autnomas con competencias asumidas para las oficinas judiciales de su territorio, siempre que exista autorizacin previa del Ministerio de Justicia.

A tal efecto, se establecern los mecanismos de coordinacin necesarios entre las Administraciones competentes.

d) Las gratificaciones, destinadas a retribuir los servicios de carcter extraordinario prestados fuera de la jornada normal de trabajo.

e) El complemento de carrera profesional, destinado a retribuir la progresin alcanzada por la persona funcionaria dentro del sistema de carrera horizontal.

4. Adems de las retribuciones sealadas anteriormente, los letrados de la Administracin de Justicia podrn percibir las siguientes retribuciones, que tienen la condicin de especiales:

a) Las correspondientes a desempeo de servicios de guardia.

b) Las correspondientes a sustituciones que impliquen el desempeo conjunto de otra funcin, adems de aquellas de las que sea titular.

Estas retribuciones sern compatibles con todos los conceptos retributivos previstos anteriormente.

5. Los Letrados de la Administracin de Justicia sustitutos percibirn las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo desempeado.

Se reconocern los trienios correspondientes a los servicios prestados que tendrn efectos retributivos conforme a lo establecido en la normativa vigente para los funcionarios de la Administracin General del Estado. Este reconocimiento se efectuar previa solicitud del interesado.

Artculo 448.

1. La cuanta del sueldo se establecer para cada una de las categoras en que se estructura el Cuerpo de Letrados de la Administracin de Justicia y la antigedad se remunerar mediante un incremento sucesivo del cinco por ciento del sueldo inicial correspondiente a la categora de ingreso por cada tres aos de servicio. En todo caso se respetar la cuanta de los trienios reconocida a los letrados de la Administracin de Justicia pertenecientes al extinguido Cuerpo de los Secretarios de Magistratura de Trabajo. Los letrados de la Administracin de Justicia tendrn derecho a percibir dos pagas extraordinarias al ao por importe, cada una de ellas, de una mensualidad de sueldo y antigedad y, en su caso, una cantidad proporcional del complemento general de puesto, en los trminos que se fijen por ley para la Administracin de Justicia, que se harn efectivas en los meses de junio y diciembre, siempre que los perceptores estuvieran en servicio activo o con derecho a devengo del sueldo el da primero de los meses indicados.

2. La cuanta de las retribuciones bsicas y de los complementos generales de puesto vendr determinada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ao.

3. Por el Gobierno, mediante real decreto, a propuesta conjunta de los Ministros de Justicia y Hacienda, se determinarn los diferentes tipos de puestos adscritos a los letrados de la Administracin de Justicia a efectos del complemento general de puesto, la asignacin inicial de los complementos especficos que correspondan y las retribuciones que procedan por sustituciones que impliquen el desempeo conjunto de otra funcin.

4. La concrecin de la cuanta individual del complemento de productividad y la determinacin del nmero de funcionarios con derecho a su percepcin, se llevarn a cabo mediante resolucin del Ministerio de Justicia, previa negociacin con las organizaciones sindicales ms representativas.

5. Mediante orden ministerial, a propuesta conjunta de los Ministros de Justicia y de Hacienda, previa negociacin con las organizaciones sindicales, se proceder a la determinacin de la remuneracin por servicio de guardia.

6. La asignacin individual de la cuanta de las gratificaciones y la fijacin de los criterios para su percepcin se determinarn por resolucin del Ministerio de Justicia.

Artculo 449.

1. Los funcionarios que se encuentren en periodo de prcticas o desarrollando cursos selectivos a los que se refiere el artculo 485 sern nombrados funcionarios en prcticas y percibirn una retribucin equivalente al sueldo y las pagas extraordinarias correspondientes al Cuerpo de Letrados de la Administracin de Justicia de la tercera categora.

2. Los funcionarios en prcticas que ya estuviesen prestando servicios remunerados en la Administracin de Justicia, durante el periodo de prcticas no podrn percibir remuneracin alguna por el puesto de trabajo de origen y podrn optar por una remuneracin de igual importe a la que les corresponda en el puesto de trabajo de origen o por la que les corresponda como funcionario en prcticas, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior.

3. Si las prcticas se realizasen desempeando un puesto de trabajo, el importe sealado en el apartado primero se incrementar en las retribuciones complementarias de dicho puesto.

Artculo 450.

1. La provisin de puestos de trabajo se llevar a cabo por el procedimiento de concurso, que ser el sistema ordinario de provisin.

Cuando se trate de puestos de carcter directivo o de especial responsabilidad, podrn cubrirse por el procedimiento de libre designacin.

Los puestos de trabajo de Letrado de la Administracin de Justicia en el Tribunal Supremo se cubrirn por el sistema de libre designacin entre aquellos candidatos que pertenezcan a la primera o segunda categora, con una antigedad de al menos veinte aos en una de ellas o entre ambas y quince aos de servicio en el orden jurisdiccional correspondiente.

El nombramiento de Letrados de la Administracin de Justicia para puestos de trabajo radicados en el mbito territorial de una Comunidad Autnoma con competencias asumidas, que hayan de cubrirse por este procedimiento, requerir el informe previo del rgano competente de dicha Comunidad. En todo caso, el sistema de provisin deber estar determinado en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.

2. Excepcionalmente y cuando las necesidades del servicio lo requieran, los puestos de trabajo tambin podrn cubrirse de forma temporal mediante adscripcin provisional o en comisin de servicios.

3. Reglamentariamente se establecern las normas y requisitos a los que habrn de ajustarse los procedimientos de provisin de puestos de trabajo.

En todo caso, para poder concursar deber haber transcurrido un perodo mnimo de dos aos, a contar desde la fecha de la resolucin por la que se convoc el concurso de traslados en el que el funcionario obtuvo su ltimo destino definitivo, desde el que participa, o desde la fecha de la resolucin en la que se le adjudic destino definitivo, si se trata de funcionarios de nuevo ingreso. Los letrados de la Administracin de Justicia que no tenga destino definitivo, obligados a participar en los concursos de acuerdo con la normativa vigente, estn excluidos de esta limitacin temporal.

4. En aquellas comunidades autnomas que gocen de derecho civil, foral o especial, y de idioma oficial propios, el conocimiento de los mismos se valorar como mrito.

Artculo 451.

1. Las suplencias por ausencia, enfermedad, suspensin o vacante de Letrados de la Administracin de Justicia sern cubiertas por quien designe su inmediato superior jerrquico.

2. Esta designacin deber recaer en otro Letrado de la Administracin de Justicia, que se denominar Letrado suplente. A tal efecto los Secretarios de Gobierno elaborarn una relacin de los miembros del Cuerpo de Letrados de la Administracin de Justicia que voluntariamente quieran participar en los planes anuales de suplencias. De no existir voluntario, se designar, con carcter forzoso, al suplente ordinario que se designe conforme a lo previsto en el nmero anterior. Los llamamientos que tengan lugar conforme a lo establecido en este precepto sern retribuidos en los casos y cuanta que se determinen reglamentariamente.

3. Excepcionalmente, cuando no hubiera suficiente nmero de Letrados de la Administracin de Justicia, en los supuestos de entradas y registros en lugares cerrados acordados por un nico rgano judicial de la Audiencia Nacional y que deban ser realizados de forma simultnea, podrn los funcionarios del Cuerpo de Gestin Procesal y Administrativa, en sustitucin del Letrado de la Administracin de Justicia, intervenir en calidad de fedatarios y levantar la correspondiente acta.

4. Cuando no fuera posible proceder a la suplencia conforme a lo previsto en los apartados1 y2, y exista disponibilidad presupuestaria, podr procederse al nombramiento de un Letrado de la Administracin de Justicia sustituto, siempre que cumpla los requisitos de titulacin exigidos para el ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Administracin de Justicia.

5. A los Letrados de la Administracin de Justicia sustitutos se les aplicar el mismo rgimen jurdico que a los titulares, en la medida en que su naturaleza lo permita, quedando integrados en el Rgimen General de la Seguridad Social.

6. De existir funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Gestin Procesal y Administrativa incluidos en la correspondiente bolsa, sern llamados como Letrados de la Administracin de Justicia sustitutos con preferencia sobre el resto de sustitutos, manteniendo su inclusin obligatoria tanto en el rgimen de la Seguridad Social que resulte aplicable como en el Mutualismo Judicial.

CAPTULO II

De las funciones de los letrados de la Administracin de Justicia

Artculo 452.

1. Los letrados de la Administracin de Justicia desempearn sus funciones con sujecin al principio de legalidad e imparcialidad en todo caso, al de autonoma e independencia en el ejercicio de la fe pblica judicial, as como al de unidad de actuacin y dependencia jerrquica en todas las dems que les encomienden esta ley y las normas de procedimiento respectivo, as como su reglamento orgnico. Las funciones de los letrados de la Administracin de Justicia no sern objeto de delegacin ni de habilitacin, sin perjuicio de lo establecido en el artculo 451.3.

2. En el ejercicio de sus funciones, los letrados de la Administracin de Justicia cumplirn y velarn por el cumplimiento de todas las decisiones que adopten los jueces o tribunales en el mbito de sus competencias.

3. Los letrados de la Administracin de Justicia colaborarn con las comunidades autnomas con competencias asumidas para la efectividad de las funciones que estas ostentan en materia de medios personales y materiales, dando cumplimiento a las instrucciones que a tal efecto reciban de sus superiores jerrquicos. Para una mejor coordinacin podrn constituirse Comisiones Mixtas de Letrados de la Administracin de Justicia y representantes de las comunidades autnomas con competencias asumidas, en sus respectivos mbitos territoriales.

Artculo 453.

1. Corresponde a los Letrados de la Administracin de Justicia, con exclusividad y plenitud, el ejercicio de la fe pblica judicial. En el ejercicio de esta funcin, dejarn constancia fehaciente de la realizacin de actos procesales en el Tribunal o ante ste y de la produccin de hechos con trascendencia procesal mediante las oportunas actas y diligencias.

Cuando se utilicen medios tcnicos de grabacin o reproduccin, las vistas se podrn desarrollar sin la intervencin del Letrado de la Administracin de Justicia, en los trminos previstos en la ley. En todo caso, el Letrado de la Administracin de Justicia garantizar la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido.

2. Los letrados de la Administracin de Justicia expedirn certificaciones o testimonios de las actuaciones judiciales no declaradas secretas ni reservadas a las partes, con expresin de su destinatario y el fin para el cual se solicitan.

3. Autorizarn y documentarn el otorgamiento de poderes para pleitos, en los trminos establecidos en las leyes procesales.

4. En el ejercicio de esta funcin no precisarn de la intervencin adicional de testigos.

Artculo 454.

1. Los letrados de la Administracin de Justicia son responsables de la funcin de documentacin que les es propia, as como de la formacin de los autos y expedientes, dejando constancia de las resoluciones que dicten los jueces y magistrados, o ellos mismos cuando as lo autorice la ley.

2. Los letrados de la Administracin de Justicia ejercern competencias de organizacin, gestin, inspeccin y direccin del personal en aspectos tcnicos procesales, asegurando en todo caso la coordinacin con los rganos de gobierno del Poder Judicial y con las comunidades autnomas con competencias transferidas.

3. Garantizarn que el reparto de asuntos se realiza de conformidad con las normas que a tal efecto aprueben las Salas de Gobierno de los Tribunales de Justicia y sern responsables del buen funcionamiento del registro de recepcin de documentos, expidiendo en su caso las certificaciones que en esta materia sean solicitadas por las partes.

4. Facilitarn a las partes interesadas y a cuantos manifiesten y justifiquen un inters legtimo y directo, la informacin que soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales no declaradas secretas ni reservadas.

5. Promovern el empleo de los medios tcnicos, audiovisuales e informticos de documentacin con que cuente la unidad donde prestan sus servicios.

Artculo 455.

Ser responsabilidad del Letrado de la Administracin de Justicia organizar la dacin de cuenta, que se realizar en los trminos establecidos en las leyes procesales.

Artculo 456.

1. El Letrado de la Administracin de Justicia impulsar el proceso en los trminos que establecen las leyes procesales.

2. A tal efecto, dictar las resoluciones necesarias para la tramitacin del proceso, salvo aqullas que las leyes procesales reserven a Jueces o Tribunales. Estas resoluciones se denominarn diligencias, que podrn ser de ordenacin, de constancia, de comunicacin o de ejecucin.

3. Se llamar decreto a la resolucin que dicte el Letrado de la Administracin de Justicia con el fin de admitir la demanda, poner trmino al procedimiento del que tenga atribuida exclusiva competencia, o cuando sea preciso o conveniente razonar su decisin. Ser siempre motivado y contendr, en prrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en que se basa.

4. Las diligencias de ordenacin y los decretos sern recurribles en los casos y formas previstos en las leyes procesales.

5. Las resoluciones de carcter gubernativo de los Letrados de la Administracin de Justicia se denominarn acuerdos.

6. Los Letrados de la Administracin de Justicia, cuando as lo prevean las leyes procesales, tendrn competencias en las siguientes materias:

a) Ejecucin, salvo aquellas competencias que excepten las leyes procesales por estar reservadas a Jueces y Magistrados.

b) Jurisdiccin voluntaria, asumiendo su tramitacin y resolucin, sin perjuicio de los recursos que quepa interponer.

c) Conciliacin, llevando a cabo la labor mediadora que les sea propia.

d) Tramitacin y, en su caso, resolucin de los procedimientos monitorios.

e) Mediacin.

f) Cualesquiera otras que expresamente se prevean.

Artculo 457.

Los letrados de la Administracin de Justicia dirigirn en el aspecto tcnico-procesal al personal integrante de la Oficina judicial, ordenando su actividad e impartiendo las rdenes e instrucciones que estime pertinentes en el ejercicio de esta funcin.

Artculo 458.

1. Los letrados de la Administracin de Justicia sern responsables del Archivo Judicial de Gestin, en el que, de conformidad con la normativa establecida al efecto, se conservarn y custodiarn aquellos autos y expedientes cuya tramitacin no est finalizada, salvo el tiempo en que estuvieren en poder del juez o del magistrado ponente u otros magistrados integrantes del tribunal.

2. Por real decreto se establecern las normas reguladoras de la ordenacin y archivo de autos y expedientes que no estuviesen pendientes de actuacin alguna, as como del expurgo de los archivos judiciales.

Con carcter general se proceder a la destruccin de autos y expedientes judiciales transcurridos seis aos desde la firmeza de la resolucin que de manera definitiva puso trmino al procedimiento que dio lugar a la formacin de aqullos. Se exceptan de lo anterior aqullos formados para la instruccin de causas penales seguidas por delito, as como los supuestos que reglamentariamente pudiesen ser contemplados, especialmente en atencin al valor cultural, social o histrico de lo archivado.

Previamente, el Letrado de la Administracin de Justicia conceder audiencia por un tiempo no inferior a quince das a las partes que estuvieron personadas para que interesen, en su caso, el desglose de aquellos documentos originales que hubiesen aportado o ejerciten los derechos que esta Ley les reconoce en los artculos234 y235.

3. Corresponde al Ministerio de Justicia la determinacin de los libros de registro que han de existir en los juzgados y tribunales y establecer las normas reguladoras de la llevanza de los mismos mediante los reglamentos oportunos.

4. El letrado de la Administracin de Justicia ser responsable de la llevanza de los libros de registro a travs de las aplicaciones informticas correspondientes y, en su defecto, manualmente, impartiendo las oportunas instrucciones al personal de l dependiente.

Artculo 459.

1. Los letrados de la Administracin de Justicia respondern del depsito de los bienes y objetos afectos a los expedientes judiciales, as como del de las piezas de conviccin en las causas penales, en los locales dispuestos a tal fin. Todo ello, sin perjuicio de las excepciones que puedan establecerse reglamentariamente en cuanto al destino que deba darse a stos en supuestos especiales.

2. Los letrados de la Administracin de Justicia respondern del debido depsito en las instituciones que se determinen de cuantas cantidades y valores, consignaciones y fianzas se produzcan, siguiendo las instrucciones que al efecto se dicten.

Artculo 460.

Los letrados de la Administracin de Justicia colaborarn con la Administracin tributaria en la gestin de los tributos que les sea encomendada en la normativa especfica.

Artculo 461.

1. La estadstica judicial, que se elaborar conforme a los criterios que se establezcan, ser responsabilidad de los letrados de la Administracin de Justicia. Los Secretarios de Gobierno respectivos velarn por su cumplimiento contrastando la veracidad de los datos.

2. La Estadstica Judicial constituye un instrumento bsico al servicio de las Administraciones pblicas y del Consejo General del Poder Judicial para la planificacin, desarrollo y ejecucin de las polticas pblicas relativas a la Administracin de Justicia y, en particular, para las siguientes finalidades:

a) El ejercicio de la poltica legislativa del Estado en materia de justicia.

b) La modernizacin de la organizacin judicial.

c) La planificacin y gestin de los recursos humanos y medios materiales al servicio de la Administracin de Justicia.

d) El ejercicio de la funcin de inspeccin sobre los juzgados y tribunales.

La Estadstica Judicial asegurar, en el marco de un plan de transparencia, la disponibilidad permanente y en condiciones de igualdad por las Cortes Generales, el Gobierno, las Comunidades Autnomas, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscala General del Estado de informacin actualizada, rigurosa y debidamente contrastada sobre la actividad y carga de trabajo de todos los rganos, servicios y oficinas judiciales de Espaa, as como sobre las caractersticas estadsticas de los asuntos sometidos a su conocimiento. Los ciudadanos tendrn pleno acceso a la estadstica judicial, mediante la utilizacin de medios electrnicos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

3. La Comisin Nacional de Estadstica Judicial, integrada por el Ministerio de Justicia, una representacin de las Comunidades Autnomas con competencias en la materia, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscala General del Estado, aprobar los planes estadsticos, generales y especiales, de la Administracin de Justicia y establecer criterios uniformes que, en su caso, tengan en cuenta la perspectiva de gnero y la variable de sexo, y sean de obligado cumplimiento para todos sobre la obtencin, tratamiento informtico, transmisin y explotacin de los datos estadsticos del sistema judicial espaol.

La estructura, composicin y funciones de la Comisin Nacional de Estadstica Judicial sern establecidas reglamentariamente por el Gobierno, mediante real decreto, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, del Fiscal General del Estado, de la Agencia de Proteccin de Datos y de las Comunidades Autnomas con competencias en la materia.

Los sistemas informticos de gestin procesal de la Administracin de Justicia permitirn en todo caso la extraccin automatizada de la totalidad de los datos exigidos en los correspondientes boletines estadsticos.

4. No obstante, las Administraciones pblicas con competencias en materias de Administracin de Justicia podrn llevar a cabo las explotaciones de otros datos estadsticos que puedan ser recabados a travs de los sistemas informticos, siempre que se consideren necesarias o tiles para su gestin.

Artculo 462.

Los letrados de la Administracin de Justicia asumirn todas aqullas otras funciones que legal y reglamentariamente se establezcan.

CAPTULO III

De la ordenacin del Cuerpo de Secretarios

Artculo 463.

1. Bajo la superior dependencia del Ministerio de Justicia el Cuerpo de Letrados de la Administracin de Justicia se ordena jerrquicamente en la forma que se determine en las relaciones de puestos de trabajo. En este sentido, realizarn todas aquellas funciones de naturaleza anloga a las que les son propias, inherentes al puesto de trabajo que ocupen y que les sean encomendadas por sus superiores.

2. Los rganos superiores de gobierno del Cuerpo de Letrados de la Administracin de Justicia son, por orden jerrquico, los siguientes:

a) El Secretario General de la Administracin de Justicia.

b) Los Secretarios de Gobierno.

c) Los Secretarios Coordinadores Provinciales.

3. Cuando en un servicio comn procesal prestaren servicios varios letrados de la Administracin de Justicia, la relacin de puestos de trabajo determinar su dependencia jerrquica y funcional.

4. Como instrumento de participacin democrtica del colectivo del Cuerpo de Letrados de la Administracin de Justicia, se constituir un Consejo del Secretariado en el seno del Ministerio de Justicia, con funciones consultivas en las materias que afecten al mencionado cuerpo. Su organizacin, funcionamiento y competencias se desarrollarn reglamentariamente.

Artculo 464.

1. Habr un Secretario de Gobierno en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional y en cada Tribunal Superior de Justicia, as como en las ciudades de Ceuta y Melilla, elegido entre miembros integrantes del Cuerpo de Letrados de la Administracin de Justicia que, como mnimo, hayan prestado servicio durante diez aos en puestos de segunda categora, el cual ejercer adems las funciones de Secretario de la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal.

2. El Secretario de Gobierno ostentar, como superior jerrquico, la direccin de los letrados de la Administracin de Justicia que prestan sus servicios en las oficinas judiciales dependientes de dichos Tribunales y en las Ciudades de Ceuta y Melilla. Para ello ejercer las competencias que esta ley orgnica les reconoce, as como todas aqullas que reglamentariamente se establezcan.

3. Ser nombrado y removido libremente por el Ministerio de Justicia. Dicho nombramiento se realizar a propuesta del rgano competente de las Comunidades Autnomas cuando stas tuvieren competencias asumidas en materia de Administracin de Justicia, que tambin podrn proponer su cese.

En todo caso para su nombramiento se recabar informe sobre el candidato que ha de ser nombrado por el Ministerio de Justicia, de la Sala de Gobierno del Tribunal respectivo as como del Consejo del Secretariado. Para el de las Ciudades de Ceuta y Melilla el informe ser emitido por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andaluca.

No se podr ocupar ms de diez aos el mismo puesto de Secretario de Gobierno.

4. En caso de ausencia, enfermedad, suspensin o vacante del Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo o de la Audiencia Nacional as como de las Ciudades de Ceuta y Melilla, asumir sus funciones el Secretario de mayor antigedad escalafonal. En estos mismos supuestos y respecto al Secretario de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, asumir sus funciones el Secretario Coordinador de la provincia en donde tenga su sede el respectivo tribunal o, en su defecto, el Secretario de mayor antigedad escalafonal.

5. A los Letrados de la Administracin de Justicia que sean nombrados Secretarios de Gobierno se les reservar, durante el tiempo que ocuparen dicho cargo, la plaza que vinieren ocupando con anterioridad a dicho nombramiento.

Durante su mandato, dicha plaza podr ser cubierta en rgimen de comisin de servicios.

6. Las Administraciones pblicas competentes, en sus respectivos territorios, dotarn a los Secretarios de Gobierno, de los medios materiales y recursos humanos necesarios para el ejercicio de las funciones que tienen atribuidas.

Artculo 465.

Sern competencias de los Secretarios de Gobierno:

1. La inspeccin de los servicios que sean responsabilidad de los letrados de la Administracin de Justicia de su respectivo mbito competencial, sin perjuicio de la que corresponda al Consejo General del Poder Judicial, a las Salas de Gobierno o, en su caso, al Presidente del Tribunal o de la Sala respectivos.

2. La incoacin de expedientes disciplinarios por las posibles infracciones que los letrados de la Administracin de Justicia puedan cometer en el ejercicio de sus funciones, as como la imposicin de la sancin de apercibimiento.

3. Proponer al Ministerio de Justicia el nombramiento de los letrados de la Administracin de Justicia de libre designacin en su mbito territorial, que hubiesen participado en la correspondiente convocatoria, as como su cese cuando ste proceda.

4. Control y seguimiento estadstico.

5. Direccin y organizacin de los letrados de la Administracin de Justicia que de l dependan, respetando y tutelando su independencia en el ejercicio de la fe pblica.

6. Impartir instrucciones a los letrados de la Administracin de Justicia de su respectivo mbito territorial, a solicitud de las comunidades autnomas con competencias asumidas, cuando sea precisa la colaboracin de aquellos para garantizar la efectividad de las funciones que tienen stas en materia de medios personales y materiales al servicio de la Administracin de Justicia.

7. Proponer al Ministerio de Justicia, o en su caso a la comunidad autnoma con competencias transferidas, las medidas que, a su juicio, deberan adoptarse para el mejor funcionamiento de la Administracin de Justicia que fueren de su respectiva competencia, comunicando al Ministerio de Justicia cuantas incidencias afecten a los letrados de la Administracin de Justicia que de l dependan.

8. Cursar circulares e instrucciones de servicio a los letrados de la Administracin de Justicia de su territorio, as como velar por el correcto cumplimiento de las que, a su vez, dirija el Ministerio de Justicia, las cuales en ningn caso podrn suponer una intromisin en el desarrollo de la actividad procesal de jueces o magistrados, ni contradecir las decisiones adoptadas por la Sala de Gobierno en el mbito de sus competencias. Tampoco podrn impartir instrucciones particulares relativas a asuntos concretos en los que un letrado de la Administracin de Justicia intervenga en calidad de fedatario o en el ejercicio de sus competencias de ordenacin y direccin del proceso.

9. Concesin de permisos y licencias a los Letrados de la Administracin de Justicia de su territorio, pudiendo delegar en el Secretario Coordinador.

10. Conocer de los incidentes de recusacin de los Letrados de la Administracin de Justicia.

11. Elaborar los planes anuales de suplencias de Letrados de la Administracin de Justicia y proponer al Ministerio de Justicia la lista de candidatos considerados idneos para ejercer como Letrados de la Administracin de Justicia sustitutos en el mbito territorial de cada Comunidad Autnoma.

12. Las dems previstas en el reglamento orgnico del Cuerpo de Letrados de la Administracin de Justicia.

Artculo 466.

1. En cada provincia existir un Secretario Coordinador, nombrado por el Ministerio de Justicia por el procedimiento de libre designacin, a propuesta del Secretario de Gobierno, de acuerdo con las Comunidades Autnomas con competencias asumidas, elegido entre miembros integrantes del Cuerpo de Letrados de la Administracin de Justicia que lleven al menos diez aos en el Cuerpo, y como mnimo hayan estado cinco aos en puestos de segunda categora.

Antes del nombramiento se oir al Consejo del Secretariado sobre el candidato que ha de ser nombrado por el Ministerio de Justicia.

Adems, en la Comunidad Autnoma de Illes Balears habr un Secretario Coordinador en las islas de Menorca e Ibiza, y en la Comunidad Autnoma de Canarias, otro en las islas de Lanzarote y de La Palma.

En las Comunidades Autnomas uniprovinciales, las funciones del Secretario Coordinador sern asumidas por el Secretario de Gobierno, salvo en aquellas que, por razn del servicio, sea aconsejable su existencia.

No se podr ocupar ms de diez aos el mismo puesto de Secretario Coordinador.

2. Los requisitos y procedimiento para su nombramiento se determinarn en el reglamento orgnico del Cuerpo de Letrados de la Administracin de Justicia, si bien en todo caso deber contar con al menos cinco aos de antigedad en la segunda categora.

3. En casos de ausencia, enfermedad, suspensin o vacante, ser sustituido por el letrado de la Administracin de Justicia que designe el Secretario de Gobierno de entre los destinados en su provincia respectiva, que rena los requisitos exigidos para su nombramiento.

4. A los Letrados de la Administracin de Justicia que sean nombrados Secretarios Coordinadores se les reservar, durante el tiempo que ocuparen dicho cargo, la plaza que vinieren ocupando con anterioridad a dicho nombramiento.

Durante su mandato, dicha plaza podr ser cubierta en rgimen de comisin de servicios.

Artculo 467.

Bajo la dependencia directa del Secretario de Gobierno, el Secretario Coordinador ejercer las siguientes competencias:

1. Dictar instrucciones de servicio a los Letrados de la Administracin de Justicia de su mbito territorial para el adecuado funcionamiento de los servicios que tienen encomendados.

2. Controlar la correcta ejecucin de las circulares e instrucciones de servicio que dicte el Secretario de Gobierno del que dependa.

3. Dar cuenta de forma inmediata al Secretario de Gobierno de cuantos hechos sean relevantes al buen funcionamiento de la Administracin de Justicia, as como de las necesidades de medios personales y materiales de las secretaras ubicadas en su territorio.

4. Colaborar con las comunidades autnomas con competencias asumidas, para la efectividad de las funciones que stas ostenten en materia de medios personales y materiales.

5. Coordinar el funcionamiento de cuantos servicios comunes procesales se encuentren ubicados en su territorio, o en su caso, asumir directamente su direccin cuando exista un nico servicio comn procesal provincial.

6. Proponer al Ministerio de Justicia las comisiones de servicio de Letrados de la Administracin de Justicia que, dentro de su territorio, sean precisas para el correcto funcionamiento de las oficinas judiciales.

7. Resolver las suplencias y sustituciones de los Letrados de la Administracin de Justicia de su mbito.

8. Resolver los incidentes de abstencin de los Letrados de la Administracin de Justicia que de l dependan de acuerdo con lo previsto en esta Ley.

9. Conceder, por delegacin del Secretario de Gobierno, los permisos y licencias a los Letrados de la Administracin de Justicia de su territorio.

10. Las dems que establezcan las leyes y su propio reglamento orgnico.

CAPTULO IV

De la responsabilidad disciplinaria

Artculo 468.

1. Los Letrados de la Administracin de Justicia estarn sujetos a responsabilidad disciplinaria, en los supuestos y de acuerdo con los principios que se establecen en este Libro.

2. No podr imponerse sancin por la comisin de una falta grave o muy grave, sino en virtud de expediente disciplinario instruido al efecto, mediante el procedimiento que se establezca en el reglamento orgnico del Cuerpo de Letrados de la Administracin de Justicia que se dicte en desarrollo de esta Ley.

Para la imposicin de sanciones por faltas leves, no ser preceptiva la previa instruccin del expediente, salvo el trmite de audiencia al interesado.

Adems de los autores, sern responsables disciplinariamente los superiores que teniendo conocimiento de los hechos, los consintieren, as como quienes indujeran o encubrieran las faltas muy graves y graves cuando de dichos actos se deriven graves daos para la Administracin o los ciudadanos.

3. Las Comunidades Autnomas con competencias asumidas podrn poner en conocimiento de los superiores jerrquicos de los Letrados de la Administracin de Justicia con destino en oficinas judiciales radicadas en su territorio, aquellas conductas de los mismos que puedan ir en detrimento del deber de colaboracin establecido en esta Ley Orgnica con las Comunidades Autnomas.

La autoridad competente para la incoacin y tramitacin de los expedientes disciplinarios dar cuenta a aqullas de las decisiones que se adopten.

4. El procedimiento disciplinario que se establezca en desarrollo de esta ley orgnica deber garantizar al letrado de la Administracin de Justicia expedientado, adems de los reconocidos por el artculo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, los siguientes derechos:

a) A la presuncin de inocencia.

b) A ser notificado del nombramiento de instructor y secretario, as como a recusar a los mismos.

c) A ser notificado de los hechos imputados, de la infraccin que constituyan y de las sanciones que, en su caso, puedan imponerse, as como de la resolucin sancionadora.

d) A formular alegaciones.

e) A proponer cuantas pruebas sean adecuadas para la determinacin de los hechos.

f) A poder actuar en el procedimiento asistido de letrado o de los representantes sindicales que determine.

5. Cuando de la instruccin de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de la comisin de una infraccin penal, se suspender su tramitacin, ponindolo en conocimiento del Ministerio Fiscal.

6. La incoacin de un procedimiento penal no ser obstculo para la iniciacin de un expediente disciplinario por los mismos hechos, pero no se dictar resolucin en ste hasta tanto no haya recado sentencia firme o auto de sobreseimiento en la causa penal.

En todo caso, la declaracin de hechos probados contenida en la resolucin que pone trmino al procedimiento penal, vincular a la resolucin que se dicte en el expediente disciplinario, sin perjuicio de la distinta calificacin jurdica que pueda merecer una y otra va.

Slo podr recaer sancin penal y disciplinaria sobre los mismos hechos cuando no hubiere identidad de fundamento jurdico y bien jurdico protegido.

Artculo 468 bis.

1. Las faltas podrn ser muy graves, graves y leves.

1. Se consideran faltas muy graves:

a) El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitucin en el ejercicio de la funcin pblica.

b) Toda actuacin que suponga discriminacin por razn de nacimiento, origen racial o tnico, gnero, sexo u orientacin sexual, religin o convicciones, opinin, discapacidad, edad o cualquier otra condicin o circunstancia personal o social.

c) El abandono del servicio.

d) La adopcin de acuerdos o resoluciones manifiestamente ilegales, cuando se cause perjuicio grave al inters pblico o lesionen derechos fundamentales de los ciudadanos.

e) La revelacin o utilizacin por el Letrado de la Administracin de Justicia de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su funcin o con ocasin de sta, cuando se cause perjuicio a la tramitacin de un proceso o a cualquier persona.

f) La utilizacin indebida de la documentacin o informacin a que tengan o hayan tenido acceso por razn de su cargo o funcin.

g) La negligencia en la custodia de documentos que d lugar a su difusin o conocimiento indebido.

h) El retraso, la desatencin o el incumplimiento reiterados de las funciones inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.

i) La utilizacin de las facultades que tenga atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y mbito.

j) El incumplimiento grave de las decisiones judiciales cuya ejecucin tengan encomendadas.

k) La desobediencia grave o reiterada a las rdenes o instrucciones verbales o escritas de un superior emitidas por ste en el ejercicio de sus competencias, referidas a funciones o tareas propias del puesto de trabajo del interesado, salvo que sean manifiestamente ilegales.

l) La utilizacin de la condicin de Letrado de la Administracin de Justicia para la obtencin de un beneficio indebido para s o para un tercero.

m) La realizacin de actividades declaradas incompatibles por ley.

n) La inobservancia del deber de abstencin, a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente previstas.

o) Los actos que impidan el ejercicio de los derechos fundamentales, de las libertades pblicas y de los derechos sindicales.

p) El incumplimiento del deber de atender los servicios esenciales en caso de huelga.

q) El acoso sexual.

r)  La agresin grave a cualquier persona con la que se relacionen en el ejercicio de sus funciones.

s) La arbitrariedad en el uso de autoridad que cause perjuicio grave a los subordinados o al servicio.

t) Las acciones y omisiones que hayan dado lugar en sentencia firme a una declaracin de responsabilidad civil contrada en el ejercicio de la funcin por dolo o culpa grave.

u) La comisin de una falta grave cuando hubiere sido anteriormente sancionado por otras dos graves que hayan adquirido firmeza, sin que hubieren sido canceladas o procedido la cancelacin de las anotaciones correspondientes.

2. Se consideran faltas graves:

a) La desobediencia expresa a las rdenes o instrucciones de un superior, emitidas por ste en el ejercicio de sus competencias, referidas a funciones o tareas propias del puesto de trabajo del interesado, salvo que sean manifiestamente ilegales.

b) El incumplimiento de las decisiones judiciales cuya ejecucin les ha sido encomendada, cuando no constituya falta muy grave.

c) La arbitrariedad en el uso de autoridad en el ejercicio de sus funciones cuando no constituya falta muy grave.

d) La negligencia en la custodia de documentos, as como la utilizacin indebida de los mismos o de la informacin que conozcan por razn del cargo, cuando tales conductas no constituyan falta muy grave.

e) La tercera falta injustificada de asistencia en un perodo de tres meses.

f) La negligencia, la desatencin o retraso injustificado en el cumplimiento de las funciones inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas cuando no constituya falta muy grave.

g) El ejercicio de cualquier actividad susceptible de compatibilidad, conforme a lo dispuesto en la Ley53/1984, de26 de diciembre, sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones pblicas, sin obtener la pertinente autorizacin o habindola obtenido con falta de veracidad en los presupuestos alegados.

h) La falta de consideracin grave con los superiores, iguales o subordinados, as como con los profesionales o ciudadanos.

i) Causar dao grave en los documentos o material de trabajo, as como en los locales destinados a la prestacin del servicio.

j) La utilizacin inadecuada de los medios informticos y materiales empleados en el ejercicio de sus funciones y el incumplimiento de las instrucciones facilitadas para su utilizacin, as como la indebida utilizacin de las claves de acceso a los sistemas informticos.

k) Las acciones u omisiones dirigidas a eludir los sistemas de control de horarios o a impedir que sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo.

l) Dejar de promover la exigencia de la responsabilidad disciplinaria que proceda al personal que integre su oficina, cuando conocieran o debieran conocer el incumplimiento grave por los mismos de los deberes que les correspondan.

m) Obstaculizar las labores de inspeccin.

n) Promover su abstencin de forma claramente injustificada.

o) El reiterado incumplimiento del horario de trabajo sin causa justificada.

p) La comisin de una falta de carcter leve, habiendo sido sancionado anteriormente por resolucin firme por otras dos leves, sin que hubieran sido canceladas o procedido la cancelacin de las correspondientes anotaciones.

3. Se consideran faltas leves:

a) La falta de consideracin con los superiores, iguales o subordinados, as como con los profesionales o ciudadanos, cuando no constituya una infraccin ms grave.

b) El incumplimiento de los deberes propios de su cargo o puesto de trabajo o la negligencia en su desempeo, siempre que tales conductas no constituyan infraccin ms grave.

c) La desatencin o retraso injustificado en el cumplimiento de sus funciones, cuando no constituya falta ms grave.

d) La ausencia injustificada por un da.

e) El incumplimiento del horario de trabajo sin causa justificada cuando no constituya falta grave.

Artculo 468 ter.

En la imposicin de sanciones por los rganos competentes deber observarse la debida adecuacin o proporcionalidad entre la gravedad del hecho constitutivo de la infraccin y la sancin aplicada, considerndose especialmente los siguientes criterios para la graduacin de la sancin a aplicar:

a) Intencionalidad.

b) Perjuicio causado a la Administracin o a los ciudadanos.

c) Grado de participacin en la comisin de la falta.

d) Reiteracin o reincidencia.

Artculo 468 quter.

1. Las sanciones que se pueden imponer a los Letrados de la Administracin de Justicia por las faltas cometidas en el ejercicio de su cargo son:

a) Apercibimiento.

b) Multa de hasta3.000 euros.

c) Suspensin de empleo y sueldo.

d) Traslado forzoso fuera del municipio de destino.

e) Separacin del servicio.

f) Cese en el puesto de trabajo.

2. Las sanciones previstas en las letras c) y d) del apartado anterior podrn imponerse por la comisin de faltas graves y muy graves, gradundose su duracin en funcin de las circunstancias que concurran en el hecho objeto de sancin.

La sancin de separacin de servicio slo podr imponerse por faltas muy graves.

La suspensin de funciones impuesta por la comisin de una falta muy grave no podr ser superior a tres aos ni inferior a un ao. Si se impone por falta grave, no exceder de un ao.

Los Letrados de la Administracin de Justicia a los que se sancione con traslado forzoso no podrn obtener nuevo destino en el municipio de origen durante tres aos, cuando hubiese sido impuesta por falta muy grave, y durante uno, cuando hubiera correspondido a la comisin de una falta grave.

La sancin de cese en el puesto de trabajo slo ser aplicable a los Letrados de la Administracin de Justicia suplentes por comisin de faltas graves o muy graves.

La sancin de multa solo podr imponerse por la comisin de faltas graves.

La sancin de apercibimiento slo podr imponerse por la comisin de faltas leves.

Artculo 469.

1. Son competentes para la incoacin de expedientes disciplinarios a los funcionarios del Cuerpo de Letrados de la Administracin de Justicia, el Ministerio de Justicia, el Secretario de Gobierno y los Secretarios Coordinadores Provinciales. La tramitacin de los mismos corresponde al Ministerio de Justicia.

2. Para la imposicin de las sanciones sern competentes:

a) El Secretario General de la Administracin de Justicia, el Secretario de Gobierno y el Secretario Coordinador Provincial, para la sancin de apercibimiento respecto de quienes dependiesen de ellos.

b) El Secretario General de la Administracin de Justicia, para la sancin de multa.

c) El Ministro de Justicia, para la sancin de suspensin, traslado forzoso, separacin del servicio y cese en el puesto de trabajo.

Artculo 469 bis.

1. Las faltas muy graves prescribirn a los dos aos, las graves al ao y las leves a los seis meses.

2. El plazo de prescripcin comenzar a contarse desde que la falta se haya cometido.

En los casos en los que un mismo hecho d lugar a la apertura de causa penal y a procedimiento disciplinario, los plazos de prescripcin de la falta disciplinaria no comenzarn a computarse sino desde la conclusin de la causa penal.

3. El plazo de prescripcin se interrumpir en el momento de notificacin del acuerdo de iniciacin del expediente disciplinario, volviendo a computarse el plazo si el procedimiento permaneciera paralizado durante ms de dos meses por causas no imputables al expedientado.

4. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirn a los dos aos; las impuestas por faltas graves al ao, y las impuestas por faltas leves a los seis meses. El plazo de prescripcin comenzar a computarse desde el da siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolucin en que se imponga la sancin.

LIBRO VI

De los Cuerpos de Funcionarios al Servicio de la Administracin de Justicia y de otro personal

TTULO I

Disposiciones comunes

CAPTULO I

Del personal de los Cuerpos de Mdicos Forenses, de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicologa y Ciencias Forenses, de Gestin Procesal y Administrativa, de Tcnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicologa y Ciencias Forenses, de Tramitacin Procesal y Administrativa y de Auxilio Procesal, de Ayudantes de Laboratorio y de otro personal al servicio de la Administracin de Justicia

Artculo 470.

1. Este Libro tiene por objeto la determinacin del estatuto jurdico, de conformidad con lo previsto en el artculo122 de la Constitucin Espaola, de los funcionarios que integran los Cuerpos de Mdicos Forenses, de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicologa y Ciencias Forenses, de Gestin Procesal y Administrativa, de Tcnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicologa y Ciencias Forenses, de Tramitacin Procesal y Administrativa, de Auxilio Judicial y de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicologa y Ciencias Forenses.

2. Los citados Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administracin de Justicia, tendrn el carcter de Cuerpos Nacionales.

Artculo 471.

1. Las competencias respecto de todo el personal al servicio de la Administracin de Justicia al que se refiere el artculo anterior, corresponden en los trminos establecidos en esta ley, al Ministerio de Justicia o, en su caso, a las comunidades autnomas con competencias asumidas, en todas las materias relativas a su estatuto y rgimen jurdico, comprendidas la seleccin, formacin inicial y continuada, provisin de destinos, ascensos, situaciones administrativas, jornada laboral, horario de trabajo y rgimen disciplinario.

2. En los mismos trminos, el Gobierno o, en su caso, las comunidades autnomas con competencias en la materia, aprobarn los reglamentos que exija el desarrollo de este libro.

Artculo 472.

1. Los funcionarios de carrera de los cuerpos mencionados, estn vinculados a la Administracin de Justicia en virtud de nombramiento legal, por una relacin estatutaria de carcter permanente, para el desempeo de servicios retribuidos.

2. Por razones de urgencia o necesidad, podrn nombrarse funcionarios interinos, que desarrollarn las funciones propias de dichos cuerpos, en tanto no sea posible su desempeo por funcionarios de carrera o permanezcan las razones que motivaron su nombramiento.

Artculo 473.

1. Podrn prestar servicios en la Administracin de Justicia funcionarios de otras Administraciones que, con carcter ocasional o permanente, sean necesarios para auxiliarla en el desarrollo de actividades concretas que no sean las propias de los cuerpos de funcionarios a que se refiere este libro y que requieran conocimientos tcnicos o especializados.

2. Asimismo, cuando no existan cuerpos o escalas de funcionarios cuyos miembros tengan la preparacin tcnica necesaria para el desempeo de determinadas actividades especficas o para la realizacin de actividades propias de oficios, as como de carcter instrumental, correspondientes a reas de mantenimiento y conservacin de edificios, equipos o instalaciones u otras anlogas, podr prestar servicios retribuidos en la Administracin de Justicia personal contratado en rgimen laboral.

Artculo 474.

1. El personal funcionario de carrera de los Cuerpos al servicio de la Administracin de Justicia se regir por las normas contenidas en esta ley orgnica, en las disposiciones que se dicten en su desarrollo y, con carcter supletorio, en lo no regulado expresamente en las mismas, por la normativa del Estado sobre Funcin Pblica.

2. A los funcionarios interinos les ser aplicable el rgimen de los funcionarios de carrera en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condicin y no les ser de aplicacin el rgimen de clases pasivas.

3. Al personal funcionario de otras Administraciones que preste servicios en la Administracin de Justicia, para la realizacin de funciones concretas y especializadas, les ser de aplicacin lo dispuesto para estas situaciones en la normativa de la Administracin pblica de la que procedan.

4. El personal laboral se regir por las disposiciones legales y reglamentarias, por el convenio colectivo que les sea de aplicacin y por las estipulaciones de su contrato de trabajo.

Artculo 475.

Los cuerpos de funcionarios a que se refiere el artculo anterior se clasificarn en:

a) Cuerpos Generales, cuando su cometido consista esencialmente en tareas de contenido procesal, sin perjuicio de la realizacin de funciones administrativas vinculadas a las anteriores.

Son Cuerpos Generales:

El Cuerpo de Gestin Procesal y Administrativa. La titulacin exigida para el acceso a este Cuerpo es la de Diplomado Universitario, Ingeniero Tcnico, Arquitecto Tcnico o equivalente.

El Cuerpo de Tramitacin Procesal y Administrativa. Para el acceso a este Cuerpo se exigir estar en posesin del ttulo de Bachiller o equivalente.

El Cuerpo de Auxilio Judicial. Para cuyo ingreso se exigir estar en posesin del ttulo de graduado en E.S.O. o equivalente.

b) Cuerpos Especiales, cuando su cometido suponga esencialmente el desempeo de funciones objeto de una profesin o titulacin especfica.

Son Cuerpos Especiales:

El Cuerpo de Mdicos Forenses. Para el acceso al Cuerpo de Mdicos Forenses se exige estar en posesin de los ttulos oficiales de Licenciado o Graduado en Medicina y de especialista en Medicina Forense.

El Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicologa y Ciencias Forenses. Para el ingreso en este cuerpo se deber ser licenciado en una carrera universitaria en Ciencias Experimentales y de la Salud, que se determinar en las correspondientes convocatorias, segn la especialidad por la que se acceda al cuerpo.

El Cuerpo de Tcnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicologa y Ciencias Forenses. Para el acceso a este Cuerpo se exigir estar en posesin del ttulo de Tcnico Superior en Formacin Profesional o equivalente de las familias profesionales que se determinen en las bases de las convocatorias de los procesos selectivos, de conformidad con el contenido de los puestos de trabajo que se oferten.

El Cuerpo de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicologa y Ciencias Forenses. Para el acceso a este cuerpo se exigir estar en posesin del ttulo de Tcnico en Formacin Profesional o equivalente de las familias profesionales que se determinen en las bases de las convocatorias de los procesos selectivos, de conformidad con el contenido de los puestos de trabajo que se oferten.

Artculo 476.

1. Corresponde al Cuerpo de Gestin Procesal y Administrativa colaborar en la actividad procesal de nivel superior, as como la realizacin de tareas procesales propias.

Con carcter general y bajo el principio de jerarqua, y sin perjuicio de las funciones concretas del puesto de trabajo que desempeen, le corresponde:

a) Gestionar la tramitacin de los procedimientos, de la que dar cuenta al Letrado de la Administracin de Justicia, en particular cuando determinados aspectos exijan una interpretacin de ley o de normas procesales, sin perjuicio de informar al titular del rgano judicial cuando fuera requerido para ello.

b) Practicar y firmar las comparecencias que efecten las partes en relacin con los procedimientos que se sigan en el rgano judicial, respecto a las cuales tendr capacidad de certificacin.

c) Documentar los embargos, lanzamientos y dems actos cuya naturaleza lo requiera, con el carcter y representacin que le atribuyan las leyes, salvo que el Letrado de la Administracin de Justicia considere necesaria su intervencin, ostentando en dichos actos la consideracin de agente de la autoridad.

d) Extender las notas que tengan por objeto unir al procedimiento datos o elementos que no constituyan prueba en el mismo, a fin de garantizar su debida constancia y posterior tramitacin, dando cuenta de ello, a tal efecto, a la autoridad superior, as como elaborar notas, que podrn ser de referencia, de resumen de los autos y de examen del trmite a que se refieran.

e) Realizar las tareas de registro, recepcin y distribucin de escritos y documentos, relativos a asuntos que se estuvieran tramitando en Juzgados y Tribunales.

f) Expedir, con conocimiento del Letrado de la Administracin de Justicia, y a costa del interesado, copias simples de escritos y documentos que consten en autos no declarados secretos ni reservados.

g) Ocupar, de acuerdo con lo establecido en las relaciones de puestos de trabajo, las jefaturas en que se estructuran las unidades de apoyo directo y servicios comunes procesales, en las que, sin perjuicio de realizar las funciones asignadas al puesto concreto, gestionarn la distribucin de las tareas del personal, respondiendo del desarrollo de las mismas.

h) Colaborar con los rganos competentes en materia de gestin administrativa, desempeando funciones relativas a la gestin del personal y medios materiales de la unidad de la Oficina judicial en que se presten los servicios, siempre que dichas funciones estn contempladas expresamente en la descripcin que la relacin de puestos de trabajo efecte del puesto de trabajo.

i) Desempear la Secretara de la Oficina judicial de las Agrupaciones de Secretaras de Juzgados de Paz, de Juzgados de Paz de ms de7.000 habitantes y de Juzgados de Paz de menos de7.000 habitantes en los que la carga de trabajo justifique su establecimiento, as como los restantes puestos de trabajo de los citados centros de destino adscritos al Cuerpo de Gestin Procesal y Administrativa, todo ello de conformidad con lo que se determine en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo, as como desempear puestos de las unidades administrativas, cuando las relaciones de puestos de trabajo de las citadas unidades as lo establezcan, siempre que se renan los requisitos de conocimiento y preparacin exigidos para su desempeo.

j) Realizar cuantas funciones puedan asumir en orden a la proteccin y apoyo a las vctimas, as como de apoyo a actuaciones de justicia restaurativa y de solucin extraprocesal.

k) Realizar todas aquellas funciones que legal o reglamentariamente se establezcan y cualesquiera otras funciones de naturaleza anloga a las anteriores que, inherentes al puesto de trabajo que se desempee, sean encomendadas por los superiores jerrquicos, orgnicos o funcionales, en el ejercicio de sus competencias.

2. Los funcionarios del Cuerpo de Gestin Procesal y Administrativa podrn ser nombrados Letrados de la Administracin de Justicia sustitutos, siempre que se renan los requisitos de titulacin y dems exigidos, y conforme al procedimiento y con la retribucin que reglamentariamente se establezca.

Artculo 477.

Corresponde con carcter general al Cuerpo de Tramitacin Procesal y Administrativa la realizacin de cuantas actividades tengan carcter de apoyo a la gestin procesal, segn el nivel de especializacin del puesto desempeado, bajo el principio de jerarqua y de conformidad con lo establecido en las relaciones de puestos de trabajo.

Sin perjuicio de las funciones concretas del puesto de trabajo que desempeen, le corresponde:

a) La tramitacin general de los procedimientos, mediante el empleo de los medios mecnicos u ofimticos que corresponda, para lo cual confeccionar cuantos documentos, actas, diligencias, notificaciones y otros le sean encomendados, as como copias de documentos y unin de los mismos a los expedientes.

b) El registro y la clasificacin de la correspondencia.

c) La formacin de autos y expedientes, bajo la supervisin del superior jerrquico.

d) La confeccin de las cdulas pertinentes para la prctica de los actos de comunicacin que hubieran de realizarse.

e) El desempeo de aquellas jefaturas que en las relaciones de puestos de trabajo de la Oficina judicial estn asignadas a este Cuerpo, en la forma y condiciones que en las mismas se establezcan.

f) La posibilidad de ocupar puestos de las unidades administrativas, siempre que se renan los requisitos y conocimientos necesarios exigidos para su desempeo en las relaciones de puestos de trabajo de las mismas.

g) Cuantas funciones puedan asumir en orden a la proteccin y apoyo a las vctimas, as como de apoyo a actuaciones de justicia restaurativa y de solucin extraprocesal.

h) La realizacin de todas aquellas funciones que legal o reglamentariamente se establezcan y de cualesquiera otras funciones de naturaleza anloga a las anteriores que, inherentes al puesto de trabajo que se desempee, sean encomendadas por los superiores jerrquicos, orgnicos o funcionales, en el ejercicio de sus competencias.

Artculo 478.

Corresponde al Cuerpo de Auxilio Judicial con carcter general, bajo el principio de jerarqua y de acuerdo con lo establecido en las relaciones de puestos de trabajo, la realizacin de cuantas tareas tengan carcter de auxilio a la actividad de los rganos judiciales. Asimismo, y entre otras funciones, le corresponder:

a) La prctica de los actos de comunicacin que consistan en notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos, en la forma prevista en las leyes procesales, a cuyo efecto ostentar capacidad de certificacin y dispondr de las credenciales necesarias.

b) Como agente de la autoridad, proceder a la ejecucin de embargos, lanzamientos y dems actos cuya naturaleza lo requiera, con el carcter y representacin que le atribuyan las leyes.

c) Actuar como Polica Judicial con el carcter de agente de la autoridad, sin perjuicio de las funciones que, en la averiguacin de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes, competen a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

d) Realizar funciones de archivo de autos y expedientes judiciales, bajo la supervisin del letrado de la Administracin de Justicia.

e) Velar por las condiciones de utilizacin de las salas de vistas y mantener el orden en las mismas.

f) Comprobar que los medios tcnicos necesarios para el proceso judicial se encuentren en condiciones de utilizacin, requiriendo, en su caso, la presencia de los servicios tcnicos que correspondan, para permitir el adecuado funcionamiento de dichos dispositivos, poniendo en conocimiento del letrado de la Administracin de Justicia las anomalas detectadas que pudieran impedir la celebracin de actos procesales.

g) El desempeo de aquellas jefaturas que en las relaciones de puestos de trabajo de la Oficina judicial estn asignadas a este cuerpo, en la forma y condiciones que en las mismas se establezcan.

h) La posibilidad de ocupar puestos de las unidades administrativas, siempre que se renan los requisitos y conocimientos exigidos para su desempeo en las relaciones de puestos de trabajo en las mismas.

i) La realizacin de todas aquellas funciones que legal o reglamentariamente se establezcan y de cualesquiera otras funciones de naturaleza anloga a todas las anteriores que, inherentes al puesto de trabajo que se desempee, sean encomendadas por los superiores jerrquicos, orgnicos o funcionales, en el ejercicio de sus competencias.

Artculo 479.

1. Los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses son rganos tcnicos adscritos al Ministerio de Justicia, o en su caso a aquellas Comunidades Autnomas con competencia en la materia, cuya misin principal es auxiliar a la Administracin de Justicia en el mbito de su disciplina cientfica y tcnica.

2. Existir un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en cada ciudad donde tenga su sede oficial un Tribunal Superior de Justicia.

No obstante, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, previa peticin, en su caso, de una Comunidad Autnoma con competencia en la materia, podr autorizar que dicha sede sea la de la capitalidad administrativa de la Comunidad Autnoma de que se trate, cuando sea distinta de la del Tribunal Superior de Justicia.

Asimismo, el Gobierno podr autorizar, previa peticin, en su caso, de una Comunidad Autnoma con competencia en la materia, el establecimiento de Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses en las restantes ciudades del mbito territorial del Tribunal Superior de Justicia de que se trate, con el mbito de actuacin que se determine.

Con sede en Madrid existir un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que prestar servicio a los diversos rganos de jurisdiccin estatal.

3. Mediante real decreto, a propuesta del Ministro de Justicia y previo informe del Consejo General del Poder Judicial y de las Comunidades Autnomas que han recibido los traspasos de medios para el funcionamiento de la Administracin de Justicia, se determinarn las normas generales de organizacin y funcionamiento de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses y de actuacin de los mdicos forenses y del resto del personal funcionario o laboral adscrito a los mismos, pudiendo el Ministerio de Justicia o el rgano competente de la Comunidad Autnoma dictar, en el mbito de sus respectivas competencias, las disposiciones pertinentes para su desarrollo y aplicacin. En todo caso los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses contarn con unidades de valoracin forense integral, de las que podrn formar parte los psiclogos y trabajadores sociales que se determinen para garantizar, entre otras funciones, la asistencia especializada a las vctimas de violencia de gnero y el diseo de protocolos de actuacin global e integral en casos de violencia de gnero. Asimismo dentro de los Institutos podrn integrarse el resto de equipos psicosociales que prestan servicios a la Administracin de Justicia, incluyendo los equipos tcnicos de menores, cuyo personal tendr formacin especializada en familia, menores, personas con discapacidad y violencia de gnero y domstica. Su formacin ser orientada desde la perspectiva de la igualdad entre hombres y mujeres.

4. Los mdicos forenses son funcionarios de carrera que constituyen un Cuerpo Nacional de Titulados Superiores al servicio de la Administracin de Justicia.

5. Son funciones de los mdicos forenses:

a) La asistencia tcnica a Juzgados, Tribunales y Fiscalas en las materias de su disciplina profesional, emitiendo informes y dictmenes en el marco del proceso judicial o en las actuaciones de investigacin criminal que aquellos soliciten.

b) La asistencia o vigilancia facultativa de los detenidos, lesionados o enfermos, que se hallaren bajo la jurisdiccin de Juzgados, Tribunales y Fiscalas, en los supuestos y en la forma que determinen las leyes.

c) La emisin de informes y dictmenes a solicitud del Registro Civil, en los supuestos y condiciones que determine su legislacin especfica.

d) La emisin de informes y dictmenes, a solicitud de particulares en las condiciones que se determinen reglamentariamente.

e) La realizacin de funciones de docencia, periciales o de investigacin, por motivos de inters general, de acuerdo con las instrucciones que establezca el Ministerio de Justicia o la Comunidad Autnoma con competencias en materia de Justicia, en el marco de posibles acuerdos o convenios.

f) La realizacin de funciones de investigacin y colaboracin que deriven de su propia funcin, en los trminos contemplados reglamentariamente.

6. En el curso de las actuaciones procesales o de investigacin de cualquier naturaleza incoadas por el Ministerio Fiscal, el personal destinado en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses estar a las rdenes de los Jueces y Fiscales, ejerciendo sus funciones con plena independencia y bajo criterios estrictamente cientficos.

7. Los mdicos forenses estarn destinados en un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses o en el Instituto Nacional de Toxicologa y Ciencias Forenses. Asimismo, en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses estar destinado el personal funcionario que se determine en las relaciones de puestos de trabajo. Tambin podrn prestar servicios en los citados Institutos los psiclogos, trabajadores sociales y resto de personal laboral que se determine.

Artculo 480.

1. El Instituto Nacional de Toxicologa y Ciencias Forenses es un rgano tcnico adscrito al Ministerio de Justicia, cuya misin principal es auxiliar a la Administracin de Justicia y contribuir a la unidad de criterio cientfico, a la calidad de la pericia analtica y al desarrollo de las ciencias forenses. Adems, desarrollar las siguientes funciones:

a) Emitir los informes y dictmenes que soliciten las autoridades judiciales y el Ministerio Fiscal.

b) Practicar los anlisis e investigaciones toxicolgicas que sean ordenados por las autoridades judiciales, las gubernativas, el Ministerio Fiscal y los mdicos forenses en el curso de las actuaciones judiciales o en las diligencias previas de investigacin efectuadas por el Ministerio Fiscal.

c) Realizar igualmente los anlisis e investigaciones interesados por organismos o empresas pblicas en cuestiones que afecten al inters general, en los supuestos que se prevean segn instrucciones del Ministerio de Justicia o en los trminos de los acuerdos o convenios realizados al efecto.

d) Realizar los informes, anlisis e investigaciones solicitados por particulares en el curso de procesos judiciales, o incluso al margen de stos en las condiciones que se determinen.

e) Difundir los conocimientos en materia toxicolgica, contribuir a la prevencin de las intoxicaciones y atender cuantas consultas se le formulen sobre las mismas.

f) Actuar como centro de referencia en materias propias de su actividad en relacin con los Institutos de Medicina Legal, as como con otros organismos nacionales y extranjeros.

g) Efectuar estudios de toxicologa y ciencias forenses, en las condiciones que se determinen reglamentariamente.

h) Podrn colaborar con las universidades y las instituciones sanitarias y con organismos nacionales e internacionales en todas aquellas materias que contribuyan al desarrollo de la toxicologa y las ciencias forenses, de acuerdo con las instrucciones del Ministerio de Justicia o los acuerdos o convenios realizados al efecto.

2. La organizacin y supervisin del Instituto Nacional de Toxicologa y Ciencias Forenses corresponde al Ministerio de Justicia. Tiene su sede en Madrid y su mbito de actuacin se extiende a todo el territorio nacional.

Su estructura orgnica se determinar mediante real decreto.

En el mismo prestarn servicios funcionarios de los Cuerpos Especiales a que se refieren los apartados siguientes de este artculo. Adems, podrn prestar servicios funcionarios de los restantes Cuerpos al servicio de la Administracin de Justicia, as como de otras Administraciones, en las condiciones y con los requisitos que se establezcan en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo, as como, en su caso, profesionales o expertos que sean necesarios para el desempeo de sus funciones u otro personal para la realizacin de actividades propias de oficios o de carcter instrumental, contratados en rgimen laboral.

3. Los Facultativos del Instituto Nacional de Toxicologa y Ciencias Forenses son funcionarios de carrera que constituyen un Cuerpo Nacional de Titulados Superiores al servicio de la Administracin de Justicia. Atendiendo a la actividad tcnica y cientfica del Instituto, dentro del citado Cuerpo podrn establecerse especialidades.

Son funciones del Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicologa y Ciencias Forenses la asistencia tcnica en las materias de sus disciplinas profesionales a autoridades judiciales, gubernativas, al Ministerio Fiscal y a los mdicos forenses, en el curso de las actuaciones judiciales o en las diligencias previas de investigacin. A tal efecto llevarn a cabo los anlisis e investigacin que les sean solicitados, emitirn los dictmenes e informes pertinentes y evacuarn las consultas que les sean planteadas por las autoridades citadas, as como por los particulares en el curso de procesos judiciales y por organismos o empresas pblicas que afecten al inters general, y contribuirn a la prevencin de intoxicaciones.

Prestarn sus servicios en el Instituto Nacional de Toxicologa y Ciencias Forenses, as como en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en los supuestos y condiciones que se determinen en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.

4. Los Tcnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicologa y Ciencias Forenses son funcionarios de carrera que constituyen un Cuerpo Nacional de auxilio especializado al servicio de la Administracin de Justicia.

Son funciones del Cuerpo de Tcnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicologa y Ciencias Forenses aquellas de auxilio tcnico especializado en las actividades cientficas y de investigacin propias del Instituto Nacional de Toxicologa y Ciencias Forenses.

Prestarn sus servicios en el Instituto Nacional de Toxicologa y Ciencias Forenses, as como en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en los supuestos y condiciones que se determinen en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.

5. Los Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicologa y Ciencias Forenses son funcionarios de carrera que constituyen un Cuerpo Nacional al servicio de la Administracin de Justicia, para la realizacin de funciones de apoyo propias de su formacin, en las actividades cientficas y de investigacin de este Instituto, as como de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en la forma y con los requisitos y condiciones que se establezcan en las relaciones de puestos de trabajo de los citados organismos.

6. Los funcionarios de los Cuerpos Especiales del Instituto Nacional de Toxicologa y Ciencias Forenses dependern jerrquicamente del Director de este Instituto o, en su caso, del Director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en que presten servicios.

CAPTULO II

Registro de personal

Artculo 481.

1. En el Ministerio de Justicia existir un Registro Central de personal funcionario al servicio de la Administracin de Justicia, en el que se inscribir a todo el personal funcionario de los Cuerpos al servicio de la Administracin de Justicia y en el que se anotarn preceptivamente todos los actos que afecten a la vida administrativa de los mismos.

Este Registro Central incluir la informacin relativa a los puestos de trabajo correspondientes a la Administracin de Justicia, su situacin, ocupacin y evolucin.

2. Las Comunidades Autnomas podrn establecer en sus mbitos territoriales registros respecto del personal al servicio de la Administracin de Justicia que preste servicios en los mismos.

3. El Ministerio de Justicia aprobar las normas que determinarn la informacin que habr de figurar en el Registro Central de Personal y las cautelas que hayan de establecerse para garantizar la confidencialidad de los datos en los trminos que establezca la legislacin vigente.

Para la actualizacin de datos en los registros, el Ministerio de Justicia con la colaboracin de las Comunidades Autnomas con competencias asumidas establecer los procedimientos e instrumentos de cooperacin necesarios que garanticen, por una parte, la inmediata anotacin de los datos de todo el personal, con independencia del lugar de prestacin de servicios, y por otra, la anotacin de las creaciones, modificaciones o estados de ocupacin actual e histrica de los puestos de trabajo asignados a la Administracin de Justicia.

4. Todo el personal tendr libre acceso a su expediente individual, en el que, en ningn caso, figurar dato alguno relativo a su raza, religin u opinin ni cualquier otra circunstancia personal o social que no sea relevante para su trabajo.

5. Los funcionarios de carrera de la Administracin de Justicia figurarn en el escalafn por orden de ingreso en el Cuerpo con mencin de, al menos, los siguientes datos:

a) Documento nacional de identidad.

b) Nombre y apellidos.

c) Tiempo de servicios en el Cuerpo.

TTULO II

De la oferta de empleo pblico, ingreso y promocin profesional

CAPTULO I

Oferta de empleo pblico

Artculo 482.

1. Las necesidades de recursos humanos con asignacin presupuestaria sern objeto de una nica oferta de empleo pblico anual, que se elaborar de conformidad con los criterios para el sector pblico estatal establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

2. Las comunidades autnomas determinarn en sus respectivos mbitos territoriales las necesidades de recursos humanos respecto de los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administracin de Justicia sobre los que han asumido competencias y lo pondrn en conocimiento del Ministerio de Justicia.

3. El Ministerio de Justicia elaborar la oferta de empleo pblico integrando las necesidades de recursos determinadas por las Comunidades Autnomas con las existentes en el resto del territorio del Estado que no haya sido objeto de traspaso y la presentar al Ministerio de Hacienda y Funcin Pblica, quien la elevar al Gobierno para su aprobacin.

4. Aprobada la oferta de empleo pblico, el Ministerio de Justicia proceder a la convocatoria de los procesos selectivos.

5. En las ofertas de empleo pblico se reservar un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, consideradas como tales las definidas en el apartado2 del artculo4 del Real Decreto Legislativo1/2013, de29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusin Social, siempre que superen las pruebas selectivas y que acrediten el grado de discapacidad y la compatibilidad para el desempeo de las funciones y tareas correspondientes en la forma que se determine reglamentariamente.

CAPTULO II

Seleccin del personal funcionario al servicio de la Administracin de Justicia

Artculo 483.

1. De acuerdo con los principios contenidos en el artculo 103.1 de la Constitucin Espaola, el personal funcionario de carrera ser seleccionado con criterios de objetividad y con arreglo a los principios de igualdad, mrito, capacidad y tambin de publicidad.

2. El contenido del temario, as como de las pruebas a realizar sern nicos para cada cuerpo en todo el territorio del Estado, salvo las pruebas que puedan establecerse para la acreditacin del conocimiento de la lengua y del derecho civil, foral o especial, propios de las comunidades autnomas con competencias asumidas, que tendrn carcter optativo y, en ningn caso, sern eliminatorias, tenindose en cuenta la puntuacin obtenida conforme al baremo que se establezca, a los solos efectos de adjudicacin de destino dentro de la comunidad autnoma correspondiente.

3. Las pruebas selectivas, se convocarn y resolvern por el Ministerio de Justicia y se realizarn, de forma territorializada en los distintos mbitos en los que se hayan agrupado las vacantes. Las convocatorias y sus bases, que sern nicas para cada cuerpo, se ajustarn, en todo caso, a lo dispuesto en esta ley y en el real decreto por el que se apruebe el "Reglamento General de Ingreso, Provisin de Puestos de Trabajo y Promocin Profesional de los funcionarios al servicio de la Administracin de Justicia" y se publicarn en el "Boletn Oficial del Estado" y en los "Boletines Oficiales" de las comunidades autnomas, de forma simultnea. Si dicha simultaneidad no fuese posible, los trminos y plazos establecidos en la convocatoria, se contarn, en todo caso, a partir de la publicacin en el "Boletn Oficial del Estado".

4. Las bases de la convocatoria sern elaboradas por la Comisin de Seleccin de Personal y aprobadas por el Ministerio de Justicia, previa negociacin con las organizaciones sindicales ms representativas.

Las citadas bases, que vincularn a la Administracin y a los tribunales que han de juzgar las pruebas selectivas, slo podrn ser modificadas con estricta sujecin a las normas de la Ley de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

5. En las convocatorias, el Ministerio de Justicia determinar el nmero de vacantes y el mbito territorial por el que se ofertan.

Asimismo, cuando el nmero de plazas o el mejor desarrollo de los procesos selectivos lo aconseje, el Ministerio de Justicia podr agrupar las vacantes correspondientes a uno o varios territorios.

Los aspirantes podrn solicitar exclusivamente su participacin por uno de los mbitos territoriales que se expresen en la convocatoria.

En ningn caso podr declararse superado el proceso selectivo en cada mbito a un nmero mayor de aspirantes que el de plazas objeto de la convocatoria. Los aspirantes que hubieran superado el proceso selectivo obtendrn destino en alguna de las vacantes radicadas en el mismo territorio por el que hubieran solicitado su participacin.

En el caso de que hubieran quedado plazas sin cubrir en alguno de los territorios, el Ministerio de Justicia podr convocar una prueba selectiva adicional con dichas plazas a la que solo podrn concurrir los aspirantes que hubieran realizado el ltimo ejercicio del proceso anterior.

6. En los procesos selectivos sern admitidas las personas con minusvalas en igualdad de condiciones con los dems aspirantes. Las convocatorias no establecern exclusiones por limitaciones psquicas o fsicas, sin perjuicio de las incompatibilidades con el desempeo de las tareas o funciones correspondientes. Para la realizacin de las pruebas se establecern para las personas con minusvala que lo soliciten las adaptaciones posibles en cuanto a tiempo y medios.

Artculo 484.

El acceso a los cuerpos generales y especiales de la Administracin de Justicia se efectuar a travs de los sistemas y en los trminos establecidos en el texto refundido del Estatuto Bsico del Empleado Pblico.

Artculo 485.

1. Los procesos de seleccin podrn incluir la realizacin de un curso terico-prctico o de un periodo de prcticas, que podrn tener carcter selectivo.

La calificacin obtenida servir para fijar el orden de prelacin. No obstante, si tuviesen carcter selectivo, los aspirantes que no superen el mismo podrn repetirlo en el siguiente, al que se incorporarn con la nueva promocin. Si tampoco superaren este curso perdern el derecho a su nombramiento como funcionarios de carrera.

2. Durante su realizacin, los aspirantes tendrn la consideracin de funcionarios en prcticas, con los derechos y obligaciones que se establezcan reglamentariamente.

3. El curso selectivo o en su caso el periodo de prcticas, podrn desarrollarse en los centros, institutos o servicios de formacin dependientes de las comunidades autnomas, o en las Oficinas judiciales ubicadas en el mbito territorial de las mismas.

Artculo 486.

1. La elaboracin de los temarios y de las bases de convocatoria por las que han de regirse los procesos selectivos para ingreso en los cuerpos de funcionarios a que se refiere este libro, se encomendar a una Comisin de Seleccin de Personal, que estar formada por:

Cuatro vocales representantes del Ministerio de Justicia, uno de los cuales asumir la Presidencia de la Comisin y tendr voto dirimente en caso de empate en la adopcin de acuerdos.

Cuatro representantes de las comunidades autnomas con competencias en materias de Administracin de Justicia, uno de los cuales asumir la Vicepresidencia de la Comisin.

2. Esta Comisin determinar asimismo el programa formativo correspondiente al periodo de prcticas o curso selectivo en su caso.

3. Las normas de funcionamiento de la Comisin de Seleccin y la forma de designacin de sus miembros, se establecern en el real decreto por el que se apruebe el Reglamento de Ingreso, Provisin de Puestos de Trabajo y Promocin Profesional de los funcionarios al servicio de la Administracin de Justicia. La composicin de dicha Comisin, cuando se trate de la seleccin de Cuerpos cuya gestin no hayan sido objeto de traspaso, se fijar asimismo en el citado reglamento.

4. Los temarios sern aprobados por la Comisin de Seleccin y sern nicos para todo el territorio del Estado.

Artculo 487.

1. El desarrollo y calificacin de las pruebas selectivas corresponde a los tribunales calificadores que, a tal efecto, se constituyan.

Estos tribunales gozarn de autonoma funcional y respondern de la objetividad del procedimiento y del cumplimiento de las normas contenidas en la convocatoria.

2. En el Reglamento General de Ingreso, Provisin de Puestos de Trabajo y Promocin Profesional se establecer, la composicin de los tribunales que, en todo caso estarn formados por un nmero impar de miembros, as como sus normas de funcionamiento, garantizndose la especializacin de los integrantes del mismo y la agilidad del proceso selectivo, sin perjuicio de su objetividad, as como el rgimen de incompatibilidades, los derechos y deberes de sus miembros.

Los miembros de los tribunales sern nombrados por el Ministerio de Justicia. En los tribunales que se constituyan en los territorios de las comunidades autnomas con competencias asumidas, dos de cada cinco vocales sern propuestos por el rgano competente de dicha comunidad.

Artculo 488.

1. Concluido el proceso selectivo, los aspirantes que lo hubiesen superado, cuyo nmero no podr exceder en ningn caso al de plazas convocadas en cada mbito, y que dentro del plazo que se establezca acrediten reunir los requisitos exigidos en la convocatoria, sern nombrados funcionarios de carrera por el rgano competente del Ministerio de Justicia.

2. Los nombramientos sern objeto de publicacin, simultneamente, en el "Boletn Oficial del Estado" y en los Boletines o Diarios Oficiales de las comunidades autnomas con competencias asumidas.

3. La adjudicacin de puestos de trabajo a los funcionarios de nuevo ingreso se efectuar de acuerdo con sus peticiones entre los puestos ofertados a los mismos, segn el orden obtenido en el proceso selectivo.

Los destinos adjudicados tendrn carcter definitivo equivalente a todos los efectos a los obtenidos por concurso.

Los puestos de trabajo que se oferten a los funcionarios de nuevo ingreso debern haber sido objeto de concurso de traslado previo entre quienes ya tuvieran la condicin de funcionario.

4. Para adquirir la condicin de funcionario de carrera se deber tomar posesin del destino adjudicado en el plazo que reglamentariamente se establezca.

Artculo 489.

1. El Ministerio de Justicia o, en su caso, los rganos competentes de las Comunidades Autnomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administracin de Justicia, podrn nombrar funcionarios interinos por necesidades del servicio, cuando no sea posible, con la urgencia exigida por las circunstancias, la prestacin por funcionario de carrera y siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera.

b) La sustitucin transitoria de los titulares.

c) El exceso o acumulacin de asuntos en los rganos judiciales.

La seleccin de funcionarios interinos habr de realizarse de acuerdo con los criterios objetivos que se fijen en la orden ministerial o, en su caso, la disposicin de la Comunidad Autnoma que haya recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administracin de Justicia mediante procedimientos giles que respetarn en todo caso los principios de igualdad, mrito, capacidad y publicidad.

2. Los nombrados debern reunir los requisitos y titulacin necesarios para el ingreso en el cuerpo; tomarn posesin en el plazo que reglamentariamente se establezca y tendrn los mismos derechos y deberes que los funcionarios, salvo la fijeza en el puesto de trabajo y las mismas retribuciones bsicas y complementarias.

Se reconocern los trienios correspondientes a los servicios prestados que tendrn efectos retributivos conforme a lo establecido en la normativa vigente para los funcionarios de la Administracin General del Estado. Este reconocimiento se efectuar previa solicitud del interesado.

3. Sern cesados segn los trminos que establezca la orden ministerial o, en su caso, la disposicin de la Comunidad Autnoma y, en todo caso, cuando se provea la vacante, se incorpore su titular, desaparezcan las razones de urgencia o se cumpla el periodo mximo establecido en el apartado 1.c).

4. Peridicamente, la Administracin competente, previa negociacin con las organizaciones sindicales, analizar la conveniencia o no de prorrogar el refuerzo, comprobando que an persiste el exceso o acumulacin de asuntos pendientes. Al cabo de tres aos desde el nombramiento, se propondr su conversin en las relaciones de puestos de trabajo como incremento de plantilla si se constatara que la necesidad de personal tiene carcter estructural.

CAPTULO II BIS

De la cooperacin y coordinacin en la Administracin de Justicia

Artculo 489 bis.

1. La Conferencia Sectorial de Administracin de Justicia, como rgano de cooperacin entre la Administracin General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autnomas con competencias asumidas en materia de provisin de medios materiales, econmicos y personales necesarios para la Administracin de Justicia, atender en su funcionamiento y organizacin a lo establecido en la vigente legislacin sobre rgimen jurdico de las Administraciones Pblicas.

2. Se crea la Comisin de Recursos Humanos de la Administracin de Justicia como rgano tcnico y de trabajo dependiente de la Conferencia Sectorial de Administracin de Justicia. En esta Comisin se har efectiva la cooperacin de la poltica de personal entre el Ministerio de Justicia y las Administraciones de las Comunidades Autnomas con competencias asumidas, y en concreto le corresponde:

a) Impulsar las actuaciones necesarias para garantizar la efectividad de los principios constitucionales en el acceso al empleo pblico, as como su integridad y coherencia, en el conjunto de las necesidades de la Administracin de Justicia.

b) Emitir informe sobre cualquier proyecto normativo que las Administraciones Pblicas le presenten.

c) Elaborar estudios e informes sobre empleo pblico en la Administracin de Justicia.

d) Cualquier otra funcin de consulta o participacin que reglamentariamente pudiera serle atribuida.

3. Componen la Comisin de Recursos Humanos de la Administracin de Justicia los titulares de aquellos rganos directivos con competencia en materia de recursos humanos de la Administracin General del Estado y de las Administraciones de las Comunidades Autnomas con competencias asumidas en materia de Justicia.

4. La Comisin de Recursos Humanos de la Administracin de Justicia elaborar sus propias normas de organizacin y funcionamiento en el marco de lo previsto en la presente Ley Orgnica y en su desarrollo reglamentario.

CAPTULO III

De la promocin interna

Artculo 490.

1. Se garantiza la promocin interna, mediante el ascenso desde un cuerpo para cuyo ingreso se ha exigido determinada titulacin a otro cuerpo para cuyo acceso se exige la titulacin inmediata superior o, en el caso de los cuerpos especiales, mediante la posibilidad de acceder a las diferentes especialidades de un mismo cuerpo.

2. Adems de las plazas que se incluyan para la incorporacin de nuevo personal de conformidad con lo previsto en el artculo 482, el Ministerio de Justicia convocar anualmente procesos de promocin interna para la cobertura de un nmero de plazas equivalente al treinta por ciento de las que, para cada cuerpo, sean objeto de la Oferta de Empleo Pblico.

Con independencia de lo sealado en el prrafo anterior, el Ministerio de Justicia, con carcter extraordinario y previa autorizacin del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas, podr convocar procesos de promocin interna especficos cuando las circunstancias en la Administracin de Justicia lo aconsejen.

En ambos casos, las plazas convocadas por el turno de promocin interna que no resulten cubiertas, no podrn en ningn caso acrecer a las convocadas por turno libre ni incorporarse a la Oferta de Empleo Pblico.

3. La promocin interna se efectuar mediante el sistema de concurso-oposicin en los trminos que se establezcan en el Real Decreto por el que se apruebe el reglamento de ingreso, provisin de puestos y promocin profesional. En todo caso, se respetarn los principios de igualdad, mrito, capacidad y publicidad.

4. La promocin interna para el acceso a diferente especialidad del mismo cuerpo tendr lugar entre funcionarios que desempeen actividades sustancialmente coincidentes o anlogas en su contenido profesional y en su nivel tcnico.

5. En todo caso, los funcionarios debern poseer la titulacin acadmica requerida para el acceso a los cuerpos o especialidades de que se trate, tener una antigedad de al menos dos aos en el cuerpo al que pertenezcan y reunir los requisitos y superar las pruebas que se establezcan. Dichas pruebas podrn llevarse a cabo en convocatoria independiente de las de ingreso general.

Los funcionarios que accedan por promocin interna tendrn, en todo caso, preferencia para la ocupacin de los puestos de trabajo vacantes ofertados sobre los aspirantes que no procedan de este turno.

Las convocatorias podrn establecer la exencin de las pruebas encaminadas a acreditar los conocimientos ya exigidos para el acceso al cuerpo de origen, pudiendo valorarse los cursos y programas de formacin superados.

6. Los funcionarios del Cuerpo de Tcnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicologa y Ciencias Forenses podrn acceder mediante promocin interna al Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicologa y Ciencias Forenses, siempre que renan los requisitos para ello.

TTULO III

Adquisicin y prdida de la condicin de funcionario

Artculo 491.

1. La condicin de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los requisitos establecidos en el libro V de esta ley orgnica para el Cuerpo de Letrados de la Administracin de Justicia.

2. La condicin de funcionario de carrera se pierde en los mismos supuestos que los contemplados en el libro V para el Cuerpo de Letrados de la Administracin de Justicia.

Artculo 492.

1. La jubilacin de los funcionarios podr ser:

a) Voluntaria, a solicitud del funcionario

b) Forzosa, al cumplir la edad legalmente establecida

c) Por incapacidad permanente para el servicio.

2. Proceder la jubilacin voluntaria, a solicitud del interesado, siempre que el funcionario rena los requisitos y condiciones establecidos en el rgimen de seguridad social que le sea de aplicacin.

3. La jubilacin forzosa se declarar de oficio al cumplir el funcionario los 65 aos de edad. No obstante, los funcionarios podrn prolongar voluntariamente su permanencia en el servicio activo, como mximo hasta que cumplan 70 aos de edad, siguiendo el procedimiento legal o reglamentariamente establecido.

4. Proceder asimismo la jubilacin del funcionario cuando ste padezca incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias de su cuerpo. Ser preceptiva la instruccin del oportuno expediente de incapacidad, que podr ser iniciado de oficio o a solicitud del interesado.

Artculo 493.

Podrn ser rehabilitados mediante el procedimiento que reglamentariamente se establezca:

Los funcionarios que hubiesen perdido la condicin de tales, como consecuencia de la prdida de la nacionalidad espaola o por incapacidad permanente para el servicio, una vez desaparecida la causa objetiva que la motiv.

Quienes hubiesen perdido la condicin de funcionario por inhabilitacin absoluta o especial como pena principal o accesoria o por condena a pena privativa de libertad por razn de delito doloso, una vez extinguidas sus responsabilidades civiles y penales y, en su caso, cancelados los antecedentes penales.

Asimismo podrn ser rehabilitados, los funcionarios que hayan sido separados del servicio como consecuencia de sancin disciplinaria.

Artculo 494.

1. El Ministro de Justicia ser competente para el nombramiento de los funcionarios de carrera. Asimismo, ser competente para acordar la prdida de la condicin de funcionario, y en su caso la rehabilitacin, en los supuestos contemplados en esta Ley Orgnica en la forma y mediante el procedimiento que reglamentariamente se determine, atendiendo a las circunstancias y entidad del delito o falta cometida.

2. La jubilacin voluntaria, forzosa, o por incapacidad permanente, as como la posible prrroga de permanencia en el servicio activo ser acordada por el rgano competente del Ministerio de Justicia o, en su caso, de la Comunidad Autnoma con competencias asumidas. Ello sin perjuicio de que la rehabilitacin procedente de jubilacin por incapacidad permanente para el personal al servicio de la Administracin de Justicia ser acordada, en todo caso, por el Ministerio de Justicia, en la forma y de acuerdo con el procedimiento que se establezca reglamentariamente.

TTULO IV

Derechos, deberes e incompatibilidades

CAPTULO I

Derechos, deberes e incompatibilidades

Artculo 495.

1. Los funcionarios de carrera tienen los siguientes derechos profesionales:

a) Al mantenimiento de su condicin funcionarial, al desempeo efectivo de tareas o funciones propias de su cuerpo y a no ser removidos del puesto de trabajo que desempeen sino en los supuestos y condiciones establecidos legalmente.

b) A percibir la retribucin y las indemnizaciones por razn del servicio establecidas en la normativa vigente.

c) A la carrera profesional, a travs de los mecanismos de promocin profesional que se establezcan de acuerdo con los principios de igualdad, mrito, capacidad y publicidad.

d) A recibir por parte de la Administracin la formacin necesaria, inicial y continuada, con el fin de mejorar sus capacidades profesionales de forma que les permita una mejor y ms pronta adaptacin a sus puestos de trabajo y les posibilite su promocin profesional.

Con el fin de asegurar la homogeneidad y que las acciones formativas que se establezcan por las distintas Administraciones pblicas competentes en materia de gestin de personal no representen obstculos en la promocin y en la movilidad del personal al servicio de la Administracin de Justicia en el territorio del Estado, se adoptarn medidas de coordinacin y homologacin en materia de formacin continua.

e) A ser informados por sus jefes o superiores de las tareas o cometidos a desempear y a participar en la consecucin de los objetivos atribuidos a la unidad donde presten sus servicios.

f) Al respeto de su intimidad y a la consideracin debida a su dignidad, comprendida la proteccin frente a ofensas verbales o fsicas de naturaleza sexual.

g) A la no discriminacin por razn de nacimiento, origen racial o tnico, gnero, sexo u orientacin sexual, religin o convicciones, opinin, discapacidad, edad o cualquier otra condicin o circunstancia personal o social.

h) A vacaciones, permisos y licencias.

i) A recibir proteccin en materia de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual las Administraciones competentes adoptarn aquellas medidas que sean necesarias para la aplicacin efectiva de la normativa vigente sobre prevencin de riesgos y salud laboral, procediendo a la evaluacin de los riesgos iniciales y al establecimiento de planes de emergencia, as como a la creacin de servicios de prevencin y de un Comit Central de Seguridad y Salud.

j) A la jubilacin.

k) A un rgimen de Seguridad Social, que para los funcionarios de carrera y funcionarios en prcticas estar integrado por el Rgimen General de la Seguridad Social o el Rgimen de Clases Pasivas del Estado, en funcin de la fecha en la que hayan adquirido tal condicin, y el Mutualismo Judicial, regulado por Real Decreto Legislativo3/2000, de23 de junio, y disposiciones de desarrollo.

l) A los derechos previstos en el artculo444.2 de esta Ley.

2. El rgimen de derechos contenido en el apartado anterior ser aplicable a los funcionarios interinos en la medida que la naturaleza del derecho lo permita, quedando integrados, a efectos de seguridad social, en el Rgimen General de la Seguridad Social.

Artculo 496.

Los funcionarios tienen los siguientes derechos colectivos, en los trminos establecidos por la Constitucin y las leyes:

a) A la libre asociacin profesional.

b) A la libre sindicacin.

c) A la actividad sindical.

d) De huelga, en los trminos contenidos en la legislacin general del Estado para funcionarios pblicos, garantizndose el mantenimiento de los servicios esenciales de la Administracin de Justicia.

e) A la negociacin colectiva, a la participacin en la determinacin de las condiciones de trabajo, para lo cual se establecern los marcos adecuados que permitan una mayor y ms intensa participacin de los representantes de los funcionarios al servicio de la Administracin de Justicia, a travs de grupos de trabajo, mesas o cualquier otro foro de dilogo y negociacin.

f) De reunin.

Artculo 497.

Los funcionarios de la Administracin de Justicia estn obligados a:

a) Respetar la Constitucin y el resto del ordenamiento jurdico.

b) Ejercer sus tareas, funciones o cargo con lealtad e imparcialidad y servir con objetividad los intereses generales.

c) Cumplir con diligencia las instrucciones profesionales recibidas de su superior jerrquico en el mbito de sus competencias.

d) Realizar con la debida aplicacin las funciones o tareas propias de su puesto de trabajo y aquellas otras que, relacionadas con las anteriores, les encomienden sus jefes o superiores para el cumplimiento de los objetivos de la unidad.

e) Cumplir el rgimen de jornada y horario que se establezca.

f) Mantener sigilo de los asuntos que conozcan por razn de sus cargos o funciones y no hacer uso indebido de la informacin obtenida as como guardar secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusin est prohibida legalmente.

g) Dar cuenta a las autoridades competentes de aquellas rdenes que, a su juicio, fuesen contrarias a la legalidad o constitutivas de delito.

h) Cumplir el rgimen de incompatibilidades y prohibiciones.

i) Tratar con atencin y respeto a los ciudadanos.

j) Dar a conocer su identidad y categora a los interesados que lo requieran, salvo cuando ello no fuera posible por razones de seguridad.

k) Velar por la conservacin y uso correcto de los locales, material, documentos e informacin a su cargo, no utilizando los medios propiedad de la Administracin en provecho propio ni ejercer sus cometidos de forma que puedan beneficiar ilegtimamente a s mismos o a otras personas.

l) Tratar con correccin y consideracin a los superiores jerrquicos, compaeros y subordinados, as como a Abogados, Procuradores y Graduados Sociales.

Artculo 498.

1. Los funcionarios estarn sujetos al rgimen de incompatibilidades previsto en la legislacin general aplicable a los funcionarios al servicio de las Administraciones pblicas.

2. El ejercicio de cualquier actividad que requiera declaracin de compatibilidad, exigir la previa autorizacin del Ministerio de Justicia o de la Comunidad Autnoma con competencias asumidas.

No se podr autorizar la compatibilidad para el ejercicio de una actividad privada cuando se desempeen puestos con dedicacin especial. Tampoco proceder esta autorizacin, para los mdicos forenses y tcnicos facultativos que desempeen puestos de Director o Subdirector en los Institutos de Medicina Legal o en el Instituto Nacional de Toxicologa y Ciencias Forenses y sus departamentos.

3. En todo caso, su funcin ser incompatible con:

a) Por lo que se refiere a Cuerpos Especiales:

1. La intervencin como particulares en los casos que pudieran tener relacin con sus funciones.

2. La funcin de mdico de empresa, de entidades aseguradoras o el desempeo de empleos en dichas entidades.

3. Cualquier actividad pericial privada.

4. Emisin de certificados mdicos de defuncin, salvo que presten servicios en el Registro Civil y nicamente en el ejercicio de sus funciones.

b) Por lo que se refiere a Cuerpos Generales:

1. El ejercicio de la abogaca, procuradura, o de la profesin de Graduado Social y empleos al servicio de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales o cualquier otra profesin que habilite para actuar ante Juzgados y Tribunales.

2. El desempeo de todo tipo de asesoramiento jurdico, sea retribuido o no.

3. La condicin de agentes de seguros y la de empleado de los mismos o de una compaa de seguros.

4. El desempeo de los cargos de gerentes, consejeros o asesores de empresas que persigan fines lucrativos.

5. El desempeo de servicios de gestora administrativa, ya sea como titular o como empleado de tales oficinas.

6. El ejercicio de funciones periciales privadas ante los Tribunales y Juzgados.

Artculo 499.

1. La abstencin del funcionario se comunicar por escrito motivado a quien sea competente para dictar la resolucin que ponga trmino al pleito o causa en la respectiva instancia. En caso de ser estimada la abstencin, ser reemplazado en el proceso por quien legalmente deba sustituirle. De ser desestimada, habr de continuar actuando en el asunto.

2. Su recusacin slo ser posible por las causas legalmente previstas y por los trmites previstos para la recusacin de los letrados de la Administracin de Justicia con las siguientes excepciones:

a) El incidente gubernativo se instruir por el secretario del juzgado del que jerrquicamente dependa, y lo decidir quien sea competente para dictar la resolucin que ponga trmino al pleito o causa en la respectiva instancia.

b) Si, a la vista del escrito de recusacin, el letrado de la Administracin de Justicia estimare que la causa no es de las tipificadas en la ley, inadmitir en el acto la peticin expresando las razones en que se funde tal inadmisin. Contra esta resolucin no se dar recurso alguno.

c) Admitido a trmite el escrito de recusacin, y en el da siguiente a su recepcin, el recusado manifestar al letrado de la Administracin de Justicia si se da o no la causa alegada. Cuando reconozca como cierta la causa de recusacin, el letrado de la Administracin de Justicia acordar reemplazar al recusado por quien legalmente le deba sustituir. Contra esta resolucin no cabr recurso alguno.

d) Si el recusado niega la certeza de la causa alegada como fundamento de la recusacin, el letrado de la Administracin de Justicia, odo lo que el recusado alegue, dentro del quinto da y practicadas las comprobaciones que el recusado proponga y sean pertinentes o las que l mismo considere necesarias, remitir lo actuado a quien haya de resolver para que decida el incidente.

3. A los funcionarios del Cuerpo de Mdicos Forenses, les sern de aplicacin las prescripciones que establezcan las normas procesales respecto a la recusacin de peritos.

CAPTULO II

Jornada y horarios

Artculo 500.

1. La duracin de la jornada general de trabajo efectivo en cmputo anual y de aquellas jornadas que hayan de ser realizadas en rgimen de dedicacin especial, as como sus especificidades, ser fijada por resolucin del rgano competente del Ministerio de Justicia, previo informe de las comunidades autnomas con competencias asumidas y negociacin con las organizaciones sindicales ms representativas.

Los funcionarios debern ejercer su actividad en los trminos que exijan las necesidades del servicio. A tal efecto, por el Ministerio de Justicia, previo informe de las comunidades autnomas con competencias asumidas y negociacin con las organizaciones sindicales, se determinarn las compensaciones horarias y cmputos especiales cuando la atencin de actuaciones procesales urgentes e inaplazables suponga un exceso de horas sobre la jornada a realizar.

2. La duracin de la jornada general semanal ser igual a la establecida para la Administracin General del Estado. Los funcionarios podrn realizar jornadas reducidas, en los supuestos y con las condiciones establecidas legal y reglamentariamente.

3. Se podrn establecer jornadas slo de maana o jornadas de maana y tarde para determinados servicios u rganos jurisdiccionales, cuando las necesidades del servicio as lo aconsejen, y en especial en las unidades de atencin al pblico, en las que se tender a aumentar el tiempo de atencin a los ciudadanos.

La incorporacin de los funcionarios a la jornada de maana y tarde ser voluntaria y deber ir acompaada de medidas incentivadoras.

4. La distribucin de la jornada y la fijacin de los horarios se determinar a travs del calendario laboral que, con carcter anual, se aprobar por el rgano competente del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autnomas con competencias asumidas, en sus respectivos mbitos, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y negociacin con las organizaciones sindicales. El calendario laboral se determinar en funcin del nmero de horas anuales de trabajo efectivo. Podrn establecerse flexibilidades horarias a la entrada y salida del trabajo, garantizndose en todo caso un nmero de horas de obligada concurrencia continuada.

Los horarios que se establezcan debern respetar en todo caso el horario de audiencia pblica.

5. Cuando las peculiaridades de algunos servicios u rganos jurisdiccionales as lo aconsejen, podrn establecerse horarios especiales, que figurarn en las relaciones de puestos de trabajo y sern objeto del complemento retributivo que se determine.

6. El incumplimiento de la jornada dar lugar al descuento automtico de las retribuciones correspondientes al tiempo no trabajado, calculado en la forma establecida por la normativa de aplicacin. A estos efectos, se considera trabajo efectivo el prestado dentro del horario establecido en la forma que se determine, teniendo en cuenta las compensaciones horarias que procedan y el que corresponda a permisos retribuidos, as como los crditos de horas retribuidas por funciones sindicales.

Artculo 501.

1. El Consejo General del Poder Judicial, odos el Ministerio de Justicia y las comunidades autnomas con competencias asumidas, as como los Colegios de Abogados y Procuradores de cada demarcacin, determinar los rganos jurisdiccionales y otros servicios de la Administracin de Justicia que han de permanecer en servicio de guardia, as como los horarios y las condiciones en que se realizar el mismo.

2. El Ministerio de Justicia y las comunidades autnomas en sus respectivos territorios garantizarn la asistencia necesaria a los rganos o servicios judiciales en funciones de guardia. A tal efecto previa negociacin con las organizaciones sindicales determinarn el nmero de funcionarios que han de prestar dicho servicio, la permanencia en el rgano judicial o servicio o la situacin de disponibilidad de los mismos y organizarn y distribuirn el horario a realizar.

CAPTULO III

Vacaciones, permisos y licencias

Artculo 502.

1. Los funcionarios tendrn derecho a disfrutar, durante cada ao natural, de unas vacaciones retribuidas en las mismas condiciones que las previstas a los funcionarios de la Administracin General del Estado en su normativa.

2. El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autnomas en sus respectivos mbitos territoriales, sern competentes para dictar las normas respecto a la forma de disfrute de las vacaciones, as como sobre los procedimientos para su concesin.

Artculo 503.

1. Por causas justificadas, los funcionarios tendrn derecho a iguales permisos y con la misma extensin que los establecidos en la normativa vigente aplicable a los funcionarios de la Administracin General del Estado, con excepcin del permiso por asuntos particulares que tendr una duracin de nueve das, los cuales no podrn acumularse en ningn caso a las vacaciones anuales retribuidas.

2. El disfrute de estos permisos tendr los mismos derechos econmicos que los funcionarios de la Administracin General del Estado.

Artculo 504.

1. Por razn de matrimonio, los funcionarios tendrn derecho a una licencia de quince das de duracin y se conceder con plenitud de derechos econmicos.

2. Podrn concederse licencias para formacin y perfeccionamiento en los siguientes casos:

a) Para la asistencia a cursos de formacin incluidos en los planes de formacin que se celebren anualmente, organizados por el Ministerio de Justicia, las comunidades autnomas, las organizaciones sindicales u otras entidades pblicas o privadas.

La duracin y forma de disfrute estarn determinadas por la duracin y programacin de los cursos a realizar y no supondrn limitacin alguna de haberes.

b) Para la asistencia a cursos, congresos o jornadas, siempre que estn relacionadas con las funciones propias del cuerpo al que pertenece el funcionario y supongan completar su formacin para el ejercicio de las mismas.

Su concesin estar subordinada a las necesidades del servicio y a las disponibilidades presupuestarias y su duracin vendr determinada por la de los cursos, congresos o jornadas.

Estas licencias darn derecho a percibir las retribuciones bsicas y las prestaciones por hijo a cargo.

3. Los funcionarios podrn disfrutar de licencias por asuntos propios sin derecho a retribucin alguna, cuya duracin acumulada no podr, en ningn caso, exceder de tres meses cada dos aos de servicios efectivos y su concesin estar subordinada a las necesidades del servicio.

4. Quienes, tras la superacin de las correspondientes pruebas selectivas hubiesen sido nombrados funcionarios en prcticas y ya estuviesen prestando servicios remunerados en la Administracin de Justicia como funcionarios, tendrn derecho a una licencia extraordinaria durante el tiempo que se prolongue dicha situacin y percibirn las retribuciones que para los funcionarios en prcticas establezca la normativa vigente.

5. La enfermedad o accidente que impida el normal desempeo de las funciones, darn lugar a licencias por enfermedad.

Sin perjuicio de la obligacin de comunicar, en la forma que reglamentariamente se determine, la imposibilidad de asistencia al trabajo por razn de enfermedad durante la jornada laboral del da en que sta se produzca, los funcionarios debern solicitar de la autoridad competente licencia por enfermedad en el cuarto da consecutivo a aquel en que se produjo la ausencia del puesto de trabajo.

La licencia inicial se conceder por el tiempo que el facultativo haya considerado como previsible para la curacin y, en ningn caso, por perodo superior a quince das. Si el estado de enfermedad persistiera, la licencia inicial se prorrogar automticamente en la forma que se determine por la autoridad competente para su concesin, quedando sin efecto si con anterioridad se produce la curacin.

Tanto la licencia inicial como las prrrogas se concedern previa presentacin del parte de baja o certificacin mdica que acredite la certeza de la enfermedad y la imposibilidad de asistir al trabajo.

Se concedern licencias por enfermedad derivadas de un mismo proceso patolgico, hasta un mximo de doce meses prorrogables por otros seis, cuando se presuma que durante ellos pueda el trabajador ser dado de alta mdica por curacin. Transcurridos dichos plazos, se prorrogarn las licencias hasta el momento de la declaracin de la jubilacin por incapacidad permanente o del alta mdica sin que, en ningn caso, puedan exceder de treinta meses desde la fecha de la solicitud de la licencia inicial.

A estos efectos, se entender que existe nueva licencia por enfermedad cuando el proceso patolgico sea diferente y, en todo caso, cuando las licencias se hayan interrumpido durante un mnimo de un ao.

Las licencias por enfermedad darn lugar a plenitud de derechos econmicos durante los seis primeros meses desde la fecha en que se solicit la licencia inicial, siempre que las mismas se deriven del mismo proceso patolgico y de forma continuada o con una interrupcin de hasta un mes.

A partir del da ciento ochenta y uno ser de aplicacin el subsidio establecido en el apartado 1.B) del artculo 20 del Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre el Rgimen especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administracin de Justicia.

En ningn caso los funcionarios adscritos a los regmenes especiales de seguridad social gestionados por el mutualismo administrativo podrn percibir una cantidad inferior en situacin de incapacidad temporal por contingencias comunes a la que corresponda a los funcionarios adscritos al rgimen general de la seguridad social, incluidos, en su caso, los complementos que les resulten de aplicacin a estos ltimos.

Durante el tiempo de duracin de la licencia por enfermedad se aplicar al personal funcionario cualquier incremento retributivo, incluido el abono del perfeccionamiento de los trienios, que le pudiera corresponder si no se encontrase en esa situacin de incapacidad temporal.

En cualquier caso, el responsable de personal podr solicitar nicamente de la correspondiente inspeccin mdica la revisin de un proceso para determinar que las causas que originaron la concesin de la licencia continan subsistiendo.

Artculo 505.

1. El Ministerio de Justicia y las comunidades autnomas con competencias asumidas, sern competentes para la concesin de los permisos y licencias establecidos en esta ley orgnica, respecto de los funcionarios que presten servicios en sus respectivos mbitos territoriales, en la forma y mediante el procedimiento que se establezca en las disposiciones que se dicten al efecto por las mismas.

2. As mismo les corresponde el control de la incapacidad temporal del personal funcionario al servicio de la Administracin de Justicia, pudiendo solicitar el asesoramiento facultativo que en su caso estime necesario, a cuyo fin podrn establecer sistemas de colaboracin con aquellos organismos pblicos o entidades que en sus respectivos mbitos asumen la inspeccin, evaluacin y seguimiento del control de la incapacidad temporal del rgimen general de la seguridad social y de los regmenes especiales.

TTULO V

Situaciones administrativas

Artculo 506.

Los funcionarios de carrera de los cuerpos a los que se refiere este libro, pueden hallarse en alguna de las siguientes situaciones administrativas:

a) Servicio activo.

b) Servicios especiales.

c) Excedencia voluntaria por cuidado de familiares.

d) Excedencia voluntaria por prestacin de servicios en el sector pblico.

e) Excedencia voluntaria por inters particular.

f) Excedencia voluntaria por agrupacin familiar.

g) Suspensin de funciones.

Artculo 507.

1. Los funcionarios de los cuerpos a que se refiere este libro se hallarn en situacin de servicio activo cuando desempeen un puesto de trabajo en alguno de los centros de destino que se determinan en el artculo 521 de esta ley.

2. Adems, tambin se considerarn en servicio activo, los citados funcionarios:

a) Cuando presten servicios en el Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal de Cuentas, salvo que, de conformidad con lo previsto en las legislaciones especficas de los citados rganos constitucionales les corresponda quedar en otra situacin.

b) Cuando presten sus servicios en las Cortes Generales, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto General de las mismas y no les corresponda quedar en otra situacin.

c) Cuando accedan a la condicin de miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autnomas y no perciban retribuciones peridicas por el desempeo de las funciones.

d) Cuando accedan a la condicin de miembros de las corporaciones locales, salvo que desempeen cargo retribuido y de dedicacin exclusiva en las mismas.

e) Cuando presten servicios en los Gabinetes de la Presidencia del Gobierno, de los Ministros y de los Secretarios de Estado y opten por permanecer en dicha situacin.

f) Cuando accedan a puestos de trabajo de otras Administraciones pblicas en tanto las relaciones de puestos de trabajo, contengan expresa previsin al efecto.

g) Cuando ocupen un puesto de trabajo en la Mutualidad General Judicial, adscrito a funcionarios de la Administracin de Justicia.

h) Cuando cesen en un puesto de trabajo por haber obtenido otro mediante procedimientos de provisin de puestos de trabajo, durante el plazo posesorio.

i) Cuando por razn de su condicin de funcionarios presten servicios en organismos o entes pblicos.

j) Cuando as se determine en una norma con rango de ley.

3. El disfrute de licencias o permisos reglamentarios, no alterar la situacin de servicio activo.

4. Los funcionarios en situacin de servicio activo tienen todos los derechos, prerrogativas, deberes y responsabilidades inherentes a su condicin.

Artculo 508.

1. Los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administracin de Justicia sern declarados en la situacin de servicios especiales, en iguales supuestos a los establecidos en la legislacin aplicable para los funcionarios de la Administracin General del Estado, salvo que de conformidad con lo establecido en esta ley les corresponda quedar en otra situacin.

2. A los funcionarios en situacin de servicios especiales se les computar el tiempo que permanezcan en tal situacin, a efectos de ascensos, trienios y derechos pasivos, excepto para los funcionarios pblicos que, habiendo ingresado al servicio de instituciones comunitarias europeas o al de entidades y organismos asimilados, ejerciten el derecho de transferencias establecido en el artculo 11.2 del anexo 8, del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas, sin perjuicio de los efectos econmicos que puedan derivar de los ascensos y trienios consolidados hasta el momento del ejercicio de este derecho.

3. Los funcionarios declarados en esta situacin tendrn derecho a reserva de un puesto de trabajo en la misma localidad, en condiciones y con retribuciones similares a las que disfrutaban al pasar a ella, siempre que hubieran pasado a dicha situacin, desde la de servicio activo u otra que tuviera reconocido este mismo derecho. Si durante el tiempo de permanencia en la situacin de servicios especiales participasen en concursos, la reincorporacin se efectuar, con referencia a la localidad y condiciones del destino obtenidas en ellos.

4. Los funcionarios en la situacin de servicios especiales recibirn la retribucin del puesto o cargo efectivo que desempeen y no la que les corresponda como funcionarios, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que tuviesen reconocidos.

5. En ningn caso podrn asesorar pericialmente a rganos jurisdiccionales mientras permanezcan en esta situacin.

Artculo 509.

1. Los funcionarios tendrn derecho a un perodo de excedencia no superior a tres aos para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando sea por naturaleza como por adopcin o acogimiento permanente o preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolucin judicial o administrativa. La concesin de la excedencia estar condicionada a la previa declaracin de no desempear otra actividad que impida o menoscabe el cuidado del hijo.

2. Tambin tendrn derecho a un perodo de excedencia, de duracin no superior a tres aos, los funcionarios para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse por s mismo, y no desempee actividad retribuida.

3. En ambos casos, el perodo de excedencia ser nico por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del periodo de la misma pondr fin al que se viniera disfrutando.

Esta excedencia constituye un derecho individual de los funcionarios. En caso de que dos funcionarios generasen el derecho a disfrutarlo por el mismo sujeto causante, la Administracin podr limitar su ejercicio simultneo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios.

El tiempo de permanencia en esta situacin ser computable a efectos de trienios, carrera y derechos en el rgimen de Seguridad Social que sea de aplicacin. El puesto desempeado se reservar al menos dos aos. Transcurrido este periodo, dicha reserva lo ser a un puesto en la misma localidad y de igual retribucin. Los funcionarios en esta situacin podrn participar en los cursos de formacin que convoque la Administracin.

Artculo 510.

1. Los funcionarios de los cuerpos a que se refiere este libro sern declarados en situacin de excedencia voluntaria, de oficio o a peticin del interesado, cuando lo soliciten por inters particular, cuando se encuentren en servicio activo en otro cuerpo o escala de cualquiera de las Administraciones pblicas o pasen a prestar servicios en organismos o entidades del sector pblico y no les corresponda quedar en otra situacin y por agrupacin familiar, con iguales requisitos y efectos a los establecidos en la legislacin aplicable a los funcionarios de la Administracin General del Estado.

2. Asimismo, se declarar de oficio la situacin de excedencia voluntaria por inters particular de los funcionarios pblicos, cuando finalizada la causa que determin el pase a una situacin distinta de la del servicio activo, incumplan la obligacin de solicitar el reingreso en el mismo, en los plazos que reglamentariamente se determinen.

Artculo 511.

1. El funcionario declarado en situacin de suspensin, quedar privado, durante el tiempo de permanencia en la misma, del ejercicio de sus funciones y no podr prestar servicios en ninguna Administracin pblica ni en organismos pblicos o entidades de derecho pblico vinculadas a ellas.

2. La situacin de suspensin de funciones podr ser provisional o definitiva.

3. La suspensin provisional, podr acordarse preventivamente, durante la tramitacin de un procedimiento judicial o disciplinario y tendr lugar en los casos siguientes:

a) Cuando por cualquier delito doloso el instructor del proceso penal la adopte como medida cautelar. En todo caso se acordar cuando se hubiere dictado auto de prisin, de libertad bajo fianza, de procesamiento o de apertura de juicio oral en el procedimiento abreviado.

b) Durante la tramitacin de un expediente disciplinario, por la autoridad que orden la incoacin del expediente, no pudiendo exceder esta suspensin de seis meses, salvo en caso de paralizacin del procedimiento imputable al interesado.

c) Cuando el funcionario no pudiese acudir a su puesto de trabajo como consecuencia de haber sido privado por un juez o tribunal, con ocasin de un proceso penal, del derecho a residir en determinados lugares o de acercarse a determinadas personas.

4. La suspensin tendr carcter definitivo cuando se imponga en virtud de condena criminal firme o sancin disciplinaria firme.

5. Los efectos derivados de la situacin de suspensin, ya sea provisional o definitiva, sern los establecidos para los funcionarios de la Administracin General del Estado declarados en esta situacin.

Artculo 512.

Corresponder al Ministerio de Justicia o a las comunidades autnomas con competencias asumidas acordar la concesin o declaracin en estas situaciones administrativas a los funcionarios que prestan servicios en sus respectivos mbitos territoriales, dictando a tal efecto, las disposiciones necesarias referentes a la forma y el procedimiento aplicable.

Artculo 513.

1. Los cambios de situaciones administrativas debern ser comunicados, en todo caso, al Registro Central de Personal a que se refiere el artculo 481, para su anotacin y podrn tener lugar, siempre que renan los requisitos exigidos en cada caso, sin necesidad del reingreso previo al servicio activo.

2. En el supuesto de que la nueva situacin conlleve el derecho a la reserva de un puesto de trabajo, los funcionarios podrn participar en convocatorias de concurso para la provisin de puestos de trabajo, permaneciendo en la situacin que corresponda y reservndoseles un puesto de igual nivel y similares retribuciones a las del puesto obtenido y en el mismo municipio.

Artculo 514.

1. Los funcionarios procedentes de situaciones administrativas con derecho a reserva de puesto de trabajo se reincorporarn al servicio activo en la forma y condiciones que se determinen por la autoridad competente para su concesin.

2. El reingreso al servicio activo desde situaciones que no comporten reserva, se producir mediante la participacin en los procedimientos de concurso general o especfico o por la adjudicacin de un puesto por el sistema de libre designacin.

3. Proceder asimismo el reingreso al servicio activo, con carcter provisional, mediante la adscripcin a una plaza vacante, para cuya ocupacin rena el funcionario los requisitos exigidos en las relaciones de puestos de trabajo.

El reingreso por adscripcin provisional estar, en todo caso, condicionado a las necesidades del servicio y el funcionario adscrito quedar obligado, para obtener destino definitivo, a participar en los concursos que se convoquen para la provisin de puestos de trabajo y a solicitar, entre otros, el puesto que ocupa provisionalmente.

Si no obtuviera destino definitivo se le adscribir, de nuevo de forma provisional, a un puesto de trabajo vacante de cualquier Oficina judicial ubicada en la provincia o en el rea territorial en la que se hubiesen agrupado las vacantes a efecto de concurso.

De no participar en el primer concurso convocado con posterioridad a la adscripcin provisional, pasar a la situacin de excedencia voluntaria por inters particular.

TTULO VI

Rgimen retributivo

Artculo 515.

Los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administracin de Justicia a que se refiere este libro, slo podrn ser remunerados por los conceptos retributivos que se establecen en esta ley orgnica.

Artculo 516.

Las retribuciones sern bsicas y complementarias.

A) Los conceptos retributivos bsicos, sern iguales a los establecidos por ley para las Carreras Judicial y Fiscal.

B) Las retribuciones complementarias podrn ser: fijas en su cuanta y de carcter peridico en su devengo y variables.

1. Son retribuciones complementarias fijas en su cuanta y de carcter peridico:

a) El complemento general de puesto, que retribuir los distintos tipos de puestos que se establezcan para cada cuerpo.

b) El complemento especfico, destinado a retribuir las condiciones particulares de los mismos, en atencin a su especial dificultad tcnica, dedicacin, responsabilidad, incompatibilidad, penosidad o peligrosidad.

c) El complemento de carrera profesional.

2. Son retribuciones complementarias variables:

a) El complemento de productividad, destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el inters o iniciativa con que el funcionario desempee su trabajo, as como su participacin en los programas concretos de actuacin y en la consecucin de los objetivos que se determinen por el Ministerio de Justicia y las comunidades autnomas con competencias asumidas, en sus respectivos mbitos, odo el Consejo General del Poder Judicial y previa negociacin con las organizaciones sindicales ms representativas. El devengo de este complemento en un perodo, no originar derecho alguno a su mantenimiento para perodos sucesivos.

b) Las gratificaciones por servicios extraordinarios, destinadas a retribuir los servicios de carcter extraordinario prestados fuera de la jornada normal de trabajo, no podrn, en ningn caso, ser fijas en su cuanta ni peridicas en su devengo, ni originarn derecho alguno a su mantenimiento para perodos sucesivos.

Artculo 517.

1. Adems de las retribuciones sealadas en el artculo anterior, los funcionarios que presten sus servicios en aquellos rganos judiciales o servicios en los que el Consejo General del Poder Judicial, odos el Ministerio de Justicia y las comunidades autnomas con competencias asumidas, haya considerado necesaria la atencin permanente y continuada, tendrn derecho a percibir, en concepto de guardia, una remuneracin cuya cuanta se fijar por orden ministerial a propuesta conjunta de los Ministros de Justicia y Hacienda, previa negociacin con las organizaciones sindicales, en funcin del tipo de guardia de que se trate.

Este complemento ser igual en todo el territorio y su percepcin depender de la prestacin del servicio de guardia, procediendo su abono una vez se haya acreditado su realizacin. Su devengo no originar derechos individuales para sucesivos perodos.

2. El personal a que se refiere este libro percibir, en su caso, las indemnizaciones correspondientes por razn del servicio.

Artculo 518.

1. Los funcionarios que se encuentren en perodo de prcticas o desarrollando cursos selectivos de los previstos en el artculo 485, sern nombrados funcionarios en prcticas y su rgimen retributivo ser el establecido en esta ley para los funcionarios que estn realizando el perodo de prcticas para acceso al Cuerpo de Letrados de la Administracin de Justicia.

2. Si las prcticas se realizasen desempeando un puesto de trabajo, la cuanta correspondiente a la retribucin complementaria del mismo ser abonada por el Ministerio de Justicia o las comunidades autnomas con competencias asumidas, en cuyo mbito territorial est el puesto que se desempea.

Artculo 519.

1. La cuanta de las retribuciones bsicas ser igual para cada uno de los cuerpos, con independencia del lugar de prestacin de los servicios o del puesto que se desempee, y vendrn determinadas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ao, en funcin de la especialidad de los Cuerpos al servicio de la Administracin de Justicia.

La cuanta por antigedad consistir en un cinco por ciento del sueldo por cada tres aos de servicio.

Cuando un funcionario preste sus servicios sucesivamente en diferentes cuerpos, percibir los trienios devengados en los mismos, con el valor correspondiente al cuerpo en el que se perfeccionaron.

Cuando un funcionario cambie de cuerpo antes de completar un trienio, la fraccin de tiempo transcurrida se considerar como tiempo de servicios prestados en el nuevo.

Los funcionarios tendrn derecho a percibir dos pagas extraordinarias al ao por importe, cada una de ellas, de una mensualidad de sueldo y antigedad y, en su caso, una cantidad proporcional del complemento general del puesto en los trminos que se fijen por ley para la Administracin de Justicia, que se harn efectivas en los meses de junio y diciembre, siempre que los perceptores estuvieran en servicio activo o con derecho a devengo del sueldo el da primero de los meses indicados.

2. A efectos de complemento general de puesto, mediante real decreto se determinarn los puestos tipo de las distintas unidades que integran las Oficinas judiciales, as como otros servicios no jurisdiccionales, establecindose las valoraciones de cada uno de ellos. La cuanta se fijar en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

3. Mediante Real Decreto, previa negociacin con las organizaciones sindicales, se establecern los criterios, requisitos y las cuantas iniciales del complemento de carrera profesional que ser igual para todos los cuerpos con independencia de dnde presten sus servicios.

4. La cuanta individualizada del complemento especfico se fijar por el Ministerio de Justicia o el rgano competente de la Comunidad Autnoma, previa negociacin con las organizaciones sindicales en sus respectivos mbitos, al elaborar las relaciones de puestos de trabajo en funcin de la valoracin de las condiciones particulares de los mismos. Todos los puestos de trabajo tendrn asignado un complemento especfico. En ningn caso podr asignarse ms de un complemento especfico a un puesto de trabajo.

5. Corresponde al Ministerio de Justicia o al rgano competente de la Comunidad Autnoma, en sus respectivos mbitos, la concrecin individual de las cuantas del complemento de productividad y la determinacin de los funcionarios con derecho a su percepcin, de acuerdo con los criterios de distribucin que se establezcan para los diferentes programas y objetivos. Por las citadas autoridades se establecern frmulas de participacin de los representantes sindicales en su determinacin concreta y el control formal de la asignacin.

6. El Ministerio de Justicia y el rgano competente de las Comunidades Autnomas, en sus respectivos mbitos, procedern a la asignacin individual de las cuantas de las gratificaciones y a la determinacin de los criterios para su percepcin.

TTULO VII

Ordenacin de la actividad profesional

Artculo 520.

1. Los funcionarios de los Cuerpos a que se refiere este libro desempearn los puestos de trabajo de las unidades en que se estructuren las Oficinas judiciales y, en su caso, en los correspondientes a las unidades administrativas y oficinas comunes a que se refiere el artculo 439; los de los Institutos de Medicina Legal, los del Instituto de Toxicologa y sus departamentos.

2. Adems podrn prestar servicios en el Consejo General del Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal de Cuentas en los trminos y con las condiciones previstas en la normativa reguladora del personal al servicio de los citados rganos constitucionales, y en la Mutualidad General Judicial en los puestos que se determinen en la relacin de puestos de trabajo del citado organismo pblico.

3. Tambin podrn acceder a puestos de trabajo de otras Administraciones pblicas en tanto las relaciones de puestos de trabajo contengan expresa previsin al efecto. Les ser de aplicacin, mientras se mantengan en dichos puestos, la legislacin en materia de Funcin Pblica de la Administracin en que se encuentren destinados y permanecern en servicio activo en su Administracin de origen.

Artculo 521.

1. La ordenacin del personal y su integracin en las distintas unidades que conforman la estructura de las Oficinas judiciales se realizar a travs de las relaciones de puestos de trabajo que se aprueben y que, en todo caso, sern pblicas.

2. Las relaciones de puestos de trabajo contendrn la dotacin de todos los puestos de trabajo de las distintas unidades que componen la Oficina judicial, incluidos aquellos que hayan de ser desempeados por Letrados de la Administracin de Justicia, e indicarn su denominacin, ubicacin, los requisitos exigidos para su desempeo, el complemento general de puesto y el complemento especfico.

3. Las relaciones de puestos de trabajo debern contener necesariamente las siguientes especificaciones:

A) Centro Gestor. Centro de destino.

A efectos de la ordenacin de los puestos de trabajo y de su ocupacin por el personal funcionario, tendrn la consideracin de centros gestores los rganos competentes del Ministerio de Justicia o el rgano competente de las Comunidades Autnomas para la gestin del personal, a quienes corresponder la formulacin de la relacin de puestos de trabajo en sus respectivos mbitos territoriales.

Se entender por centro de destino:

Cada uno de los servicios comunes procesales.

El conjunto de unidades procesales de apoyo directo a rganos judiciales que radiquen en el mismo municipio.

El Registro Civil Central y los Registros Civiles nicos de cada localidad, donde los hubiese.

Cada una de las Fiscalas o Adscripciones de Fiscalas.

En los Institutos de Medicina Legal, aquellos que su norma de creacin establezca como tales.

En el Instituto Nacional de Toxicologa y Ciencias Forenses, aquellos que su norma de creacin establezca como tales.

La Mutualidad General Judicial.

Cada Oficina judicial de apoyo directo a Juzgados de Paz de ms de7.000 habitantes o de menos de7.000 habitantes, dotados de plantilla funcionarial en razn de su carga de trabajo.

El Gabinete Tcnico del Tribunal Supremo.

Las Secretaras de Gobierno.

B) Tipo de puesto. A estos efectos los puestos se clasifican en genricos y singularizados.

Son puestos genricos los que no se diferencian dentro de la estructura orgnica y que implican la ejecucin de tareas o funciones propias de un cuerpo, y por tanto no tienen un contenido funcional individualizado. Los puestos correspondientes a las unidades procesales de apoyo directo a rganos judiciales como norma general sern genricos.

Son puestos singularizados los diferenciados dentro de la estructura orgnica y que implican la ejecucin de tareas o funciones asignadas de forma individualizada. A estos efectos, en aquellas comunidades autnomas que posean lengua propia, el conocimiento de la misma slo constituir elemento determinante de la naturaleza singularizada del puesto, cuando su exigencia se derive de las funciones concretas asignadas al mismo en las relaciones de puestos de trabajo.

C) Sistema de provisin. A efectos de las relaciones de puestos de trabajo, se concretar su forma de provisin definitiva por el procedimiento de concurso o de libre designacin.

D) Cuerpo o cuerpos a los que se adscriben los puestos. Los puestos de trabajo se adscribirn como norma general a un solo cuerpo. No obstante, pudiendo existir puestos de trabajo en los que la titulacin no se considere requisito esencial y la cualificacin requerida se pueda determinar por factores ajenos a la pertenencia a un cuerpo determinado, es posible la adscripcin de un puesto de trabajo a dos cuerpos.

Los puestos de trabajo de las relaciones de puestos de trabajo de las Oficinas judiciales se adscribirn con carcter exclusivo a los cuerpos al servicio de la Administracin de Justicia en razn de sus conocimientos especializados.

4. Adems de los requisitos anteriormente sealados, las relaciones de puestos de trabajo podrn contener:

1. Titulacin acadmica especfica, adems de la genrica correspondiente al Grupo al que se haya adscrito el puesto, cuando su necesidad se deduzca objetivamente de la ndole de las funciones a desempear.

2. Formacin especfica, cuando de la naturaleza de las funciones del puesto se deduzca su exigencia y pueda ser acreditada documentalmente.

3. Conocimiento oral y escrito de la lengua oficial propia en aquellas comunidades autnomas que la tengan reconocida como tal.

4. Conocimientos informticos cuando sean necesarios para el desempeo del puesto.

5. Aquellas otras condiciones que se consideren relevantes en el contenido del puesto o su desempeo.

Artculo 522.

1. El Ministerio de Justicia elaborar y aprobar, previa negociacin con las organizaciones sindicales ms representativas, las relaciones de puestos de trabajo en que se ordenen los puestos de las Oficinas judiciales correspondientes a su mbito de actuacin.

Asimismo, ser competente para la ordenacin de los puestos de trabajo de las Oficinas judiciales asignados al Cuerpo de Letrados de la Administracin de Justicia en todo el territorio del Estado, previa negociacin con las organizaciones sindicales ms representativas.

2. Las Comunidades Autnomas con competencias asumidas, previa negociacin con las organizaciones sindicales, procedern a la aprobacin inicial de las relaciones de puestos de trabajo de las Oficinas judiciales de sus respectivos mbitos territoriales. La aprobacin definitiva corresponder al Ministerio de Justicia, que solo podr denegarla por razones de legalidad.

3. El Ministerio de Justicia, con anterioridad a la aprobacin definitiva de cada relacin de puestos de trabajo determinar aquellos que deban ser asignados al Cuerpo de Letrados de la Administracin de Justicia.

4. Para la elaboracin y aprobacin de las relaciones de puestos de trabajo correspondientes a las unidades administrativas a que se refiere el artculo 439, sern competentes el Ministerio de Justicia y las comunidades autnomas con competencias asumidas en sus respectivos mbitos territoriales.

Artculo 523.

1. Aprobadas las relaciones de puestos de trabajo iniciales las comunidades autnomas y el Ministerio de Justicia podrn, en sus respectivos mbitos:

1. Redistribuir los puestos de trabajo no singularizados dentro de cada Oficina judicial.

2. Redistribuir los puestos de trabajo de unidades suprimidas de la Oficina judicial, como consecuencia de la modificacin de las estructuras orgnicas.

3. Reordenar los puestos de trabajo entre diferentes oficinas judiciales.

4. Amortizar puestos de trabajo.

2. En todo caso, las modificaciones de las relaciones iniciales de puestos de trabajo que se produzcan debern tener en cuenta los principios contenidos en esta Ley para la redistribucin y reordenacin de efectivos, y en concreto las siguientes reglas:

1. Por las Administraciones competentes se elaborar un proyecto motivado, que ser negociado con las organizaciones sindicales ms representativas.

2. Se deber respetar la denominacin, retribuciones y dems caractersticas de los puestos afectados y, en ningn caso, supondrn cambio de municipio para el personal.

3. En todo caso, respetarn las dotaciones mnimas que para las unidades procesales de apoyo directo se hayan establecido.

4. Se requerir informe previo del Consejo General del Poder Judicial y para su efectividad ser preceptiva la comunicacin previa al Ministerio de Justicia.

TTULO VIII

Provisin de puestos de trabajo y movilidad

Artculo 524.

1. La provisin de los puestos de trabajo se llevar a cabo por los procedimientos de concurso, que ser el sistema ordinario, o de libre designacin, de conformidad con lo que determinen las relaciones de puestos de trabajo y en atencin a la naturaleza de las funciones a desempear.

2. Los puestos de trabajo podrn cubrirse temporalmente mediante adscripcin provisional o en comisin de servicios.

3. Asimismo y por razones organizativas, los puestos de trabajo podrn ser provistos mediante redistribucin o reordenacin de efectivos.

Artculo 525.

Sern competentes para la provisin de los puestos de trabajo ubicados en sus respectivos mbitos territoriales, el Ministerio de Justicia y las comunidades autnomas con competencias asumidas, en los supuestos, condiciones y conforme a los procedimientos que se establezcan en esta ley orgnica y en el Reglamento General de Ingreso, Provisin de Puestos de Trabajo y Promocin Profesional.

Artculo 526.

1. El concurso consiste en la comprobacin y valoracin de los mritos que puedan alegarse, de acuerdo con las bases de la convocatoria y conforme al baremo que se establezca en la misma.

Atendiendo a la naturaleza y funciones de los puestos cuya cobertura se pretende, el concurso podr ser:

a) Concurso de traslado: por este procedimiento se cubrirn los puestos de trabajo genricos.

La valoracin de los mritos se realizar, en la forma y conforme al baremo que determine el real decreto por el que se apruebe el Reglamento General de Ingreso, Provisin de Puestos de Trabajo y Promocin Profesional.

b) Concurso especfico: por este procedimiento se cubrirn los puestos de trabajo singularizados. Constar de dos fases:

1. En la primera se proceder a la comprobacin y valoracin de los mritos generales, conforme a lo establecido en el prrafo a) de este artculo.

2. En la segunda fase, se proceder a la valoracin de aptitudes concretas, a travs de conocimientos, experiencia, titulaciones acadmicas y aquellos otros elementos que garanticen la adecuacin del aspirante para el desempeo del puesto. Estas aptitudes se valorarn en la forma que se determine en la convocatoria sin que, en ningn caso, esta segunda fase pueda suponer ms del 40 por ciento de la puntuacin mxima total de ambas fases.

2. En el procedimiento de libre designacin, el rgano competente apreciar la idoneidad de los candidatos, en relacin con los requisitos exigidos para el desempeo del puesto.

Podrn proveerse por este sistema, los puestos directivos y aquellos para los que, por su especial responsabilidad y dedicacin, as se establezca en las relaciones de puestos de trabajo.

3. Ser preceptiva, en todo caso, la convocatoria pblica en el "Boletn Oficial del Estado" y Boletn Oficial de la comunidad autnoma, con indicacin de la denominacin del puesto, localizacin, y retribucin, as como, en su caso, de los requisitos mnimos exigibles.

Artculo 527.

Sin perjuicio de la posibilidad de nombramiento de funcionarios interinos por razones de urgencia o necesidad a que refiere el artculo 472.2, los puestos de trabajo vacantes o en caso de ausencia de su titular podrn ser provistos temporalmente de la siguiente manera:

1. Los puestos de trabajo vacantes, hasta tanto se resuelvan los sistemas de provisin en curso o cuando resueltos no se hayan cubierto por no existir candidato idneo, podrn ser provistos por funcionarios que renan los requisitos exigidos para su desempeo, mediante el otorgamiento de una comisin de servicio, que podr tener carcter voluntario o forzoso.

Los funcionarios que se encuentren en comisin de servicio, conservarn su puesto de origen y tendrn derecho a las retribuciones complementarias del puesto que desempeen.

Si la comisin tiene carcter forzoso y las retribuciones del puesto que se desempea fuesen inferiores al de origen, se garantizarn, en todo caso, las retribuciones complementarias que resulten superiores.

2. Con carcter excepcional podrn ser cubiertos temporalmente mediante sustitucin los puestos de trabajo que se encuentren vacantes o cuando su titular est ausente.

Para ser nombrado sustituto se debern reunir los requisitos establecidos para el desempeo del puesto de trabajo de que se trate en la relacin de puestos de trabajo.

Reglamentariamente se establecern los supuestos y el procedimiento aplicable a las sustituciones. Cuando se trate de un puesto de trabajo adscrito al Cuerpo de Letrados de la Administracin de Justicia el procedimiento y requisitos aplicables a la sustitucin ser el establecido expresamente para el nombramiento de secretarios sustitutos.

Asimismo, los puestos de trabajo se podrn desempear temporalmente mediante adscripcin provisional, en los supuestos de cese y renuncia.

Los funcionarios nombrados para puestos de libre designacin, podrn ser cesados con carcter discrecional, mediante resolucin en la que la motivacin se referir exclusivamente a la competencia para adoptarla.

Los titulares de un puesto de trabajo obtenido por concurso especfico o por libre designacin, podrn renunciar a los mismos, mediante solicitud razonada en la que harn constar, los motivos profesionales o personales y siempre que hayan desempeado el citado puesto, al menos un ao.

En los anteriores supuestos, los funcionarios sern adscritos provisionalmente, en tanto no obtengan otro con carcter definitivo, a un puesto de trabajo correspondiente a su cuerpo, dentro del mismo municipio y con efectos del da siguiente al de la resolucin del cese o aceptacin de la renuncia.

Tambin podrn ser adscritos provisionalmente a un puesto de trabajo correspondiente a su cuerpo, los funcionarios de carrera que reingresen al servicio activo desde situaciones que no comportaran reserva de puesto de trabajo. En este supuesto, la adscripcin estar condicionada a las necesidades del servicio.

Artculo 528.

1. Redistribucin de efectivos.

Los funcionarios que ocupen con carcter definitivo puestos genricos podrn ser adscritos por necesidades del sevicio a otros de iguales naturaleza, complemento general de puesto y complemento especfico del mismo centro de destino.

El puesto de trabajo al que se accede a travs de redistribucin tendr carcter definitivo, inicindose el cmputo del tiempo mnimo de permanencia en un puesto para poder concursar desde la fecha en que se accedi con carcter definitivo, computndose el tiempo mnimo de permanencia, conforme a lo dispuesto en el artculo 529.3, con referencia al puesto que se desempeaba en el momento de producirse la redistribucin.

2. Reordenacin de efectivos.

Por razones organizativas y a travs de las correspondientes modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo, los puestos de trabajo genricos y los titulares de los mismos podrn ser adscritos a otros centros de destino.

Este proceso de movilidad se realizar en base a un proyecto presentado por las Administraciones competentes y negociado con las organizaciones sindicales ms representativas mediante procedimientos de movilidad voluntaria.

Los puestos o plazas que no sean cubiertos sern posteriormente asignados mediante un proceso de reasignacin forzosa, en los trminos que reglamentariamente se establezcan.

Los funcionarios afectados por una reordenacin forzosa estarn exentos de la obligacin de permanencia mnima en el puesto de trabajo sealada en el artculo 529, gozando de preferencia para obtener un puesto de trabajo en su centro de destino de origen en el primer concurso en que se oferten plazas de dicho centro.

A efectos de determinacin del puesto afectado por la reordenacin, cuando exista ms de uno de la misma naturaleza, se aplicar el criterio de voluntariedad por parte de los funcionarios que los desempeen y, en su defecto, de antigedad en la ocupacin.

3. Por motivos excepcionales, el Ministerio de Justicia, o en su caso las Comunidades Autnomas con competencias en materia de justicia, podrn acordar planes de ordenacin de recursos humanos en los trminos y conforme a lo previsto en la normativa vigente para los funcionarios de la Administracin General del Estado.

Artculo 529.

1. El Ministerio de Justicia y las comunidades autnomas convocarn concursos de mbito nacional para la provisin de puestos de trabajo vacantes en sus mbitos territoriales.

El Reglamento General de Ingreso, Provisin de Puestos de Trabajo y Promocin Profesional de los funcionarios de la Administracin de Justicia establecer las normas a que han de ajustarse las convocatorias, as como los mritos generales a valorar.

2. Podrn participar en estos concursos los funcionarios, cualquiera que sea su situacin administrativa, excepto los declarados suspensos en firme que no podrn participar mientras dure la suspensin, siempre que renan las condiciones generales exigidas y los requisitos determinados en la convocatoria, en la fecha en que termine el plazo de presentacin de instancias y sin ninguna limitacin por razn de la localidad de destino.

3. No se podr tomar parte en un concurso de traslado para la provisin de puestos de trabajo genricos hasta tanto no hayan trancurrido dos aos desde que se dict la resolucin por la que se convoc el concurso de traslado en el que el funcionario obtuvo su ltimo destino definitivo, desde el que participa, o la resolucin en la que se le adjudic destino definitivo, si se trata de funcionarios de nuevo ingreso.

Para el cmputo de los aos se considerar como primer ao el ao natural en que se dictaron las resoluciones de que se trate, con independencia de su fecha, y como segundo ao, el ao natural siguiente.

4. Los funcionarios que no tengan destino definitivo, obligados a participar en los concursos de acuerdo con la normativa vigente, estarn excluidos de la limitacin temporal prevista en el apartado anterior.

Artculo 530.

En las convocatorias para puestos de trabajo de las comunidades autnomas con competencias asumidas cuya lengua propia tenga carcter oficial, se valorar como mrito el conocimiento oral y escrito de la misma. En determinados puestos, podr considerarse requisito exigible para el acceso a los mismos, cuando de la naturaleza de las funciones a desempear se derive dicha exigencia y as se establezca en las relaciones de puestos de trabajo.

Artculo 531.

1. La provisin de puestos genricos vacantes se efectuar mediante concursos de traslados, que sern convocados y resueltos en sus mbitos respectivos por el Ministerio de Justicia y por las comunidades autnomas que hayan recibido los traspasos de medios personales y en los que podrn participar todos los funcionarios que renan los requisitos exigidos, cualquiera que sea el territorio en que se encuentren destinados.

2. Estos concursos se convocarn al menos una vez al ao, en la misma fecha en todo el territorio del Estado, y se resolvern por cada Administracin convocante de modo que los interesados no puedan tomar posesin ms que en un nico destino y en un mismo cuerpo.

A tal efecto, el Reglamento General de Ingreso, Provisin de Puestos de Trabajo y Promocin Profesional de los funcionarios de la Administracin de Justicia contendr las normas aplicables a los concursos de traslados, que asegurarn la efectiva participacin en condiciones de igualdad de todos los funcionarios, estableciendo un sistema que garantice de manera permanente la inmediatez y agilidad en la provisin de las vacantes, as como un calendario para la convocatoria y resolucin de los concursos de traslados que permita determinar los puestos de trabajo a ofertar a los funcionarios de nuevo ingreso, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 488.3.

3. Las convocatorias se harn pblicas a travs del "Boletn Oficial del Estado" y de los Boletines o Diarios Oficiales de las comunidades autnomas.

4. En los concursos se ofertarn las plazas vacantes que determinen las Administraciones competentes y las que resulten del propio concurso, siempre que no est prevista su amortizacin.

5. Con carcter excepcional, se podrn convocar con antelacin suficiente concursos de traslados sin resultas para los rganos judiciales de nueva creacin al objeto de que a su entrada en funcionamiento estn dotados de personal.

Artculo 532.

1. Los concursos especficos sern convocados y resueltos por cada Administracin competente en su mbito territorial, procurando que las convocatorias y su resolucin no interfieran en los resultados de los concursos convocados por las respectivas Administraciones, y podrn participar en ellos los funcionarios de la Administracin de Justicia, cualquiera que sea el mbito territorial en que estn destinados.

2. Se valorarn aquellos mritos generales que se determinen en el Reglamento General de Ingreso, Provisin de Puestos de Trabajo y Promocin Profesional de los funcionarios de la Administracin de Justicia, conforme a los criterios que en el mismo se establezcan.

3. Los mritos especficos sern adecuados a las caractersticas de cada puesto y se determinarn en la convocatoria, sin que en ningn caso puedan sobrepasar el porcentaje mximo de la puntuacin total establecido en el artculo 526.

Artculo 533.

1. Los citados mritos sern comprobados y valorados por una comisin, que estar constituida por cuatro miembros en representacin de la Administracin convocante designados por la misma, de los que al menos uno ser funcionario al servicio de la Administracin de Justicia.

Las organizaciones sindicales ms representativas en el mbito correspondiente participarn como miembros de la Comisin de valoracin, en nmero inferior al de los miembros designados a propuesta de la Administracin.

2. Todos los miembros debern pertenecer a cuerpos de igual o superior titulacin al que est adscrito el puesto convocado y desempearn puestos de igual o superior categora al convocado.

El Presidente y Secretario sern nombrados por la autoridad convocante entre los miembros designados por la Administracin.

TTULO IX

Responsabilidad disciplinaria

Artculo 534.

1. Los letrados de la Administracin de Justicia y los funcionarios de los cuerpos a que se refiere este libro estarn sujetos a responsabilidad disciplinaria y sern sancionados en los supuestos y de acuerdo con los principios que se establecen en esta ley orgnica.

2. Adems de los autores, sern responsables disciplinariamente los superiores que consintieren, as como quienes indujeran o encubrieran, las faltas muy graves y graves cuando de dichos actos se deriven graves daos para la Administracin o los ciudadanos.

3. No podr imponerse sancin por la comisin de falta muy grave o grave, sino en virtud de expediente disciplinario instruido al efecto mediante el procedimiento que se establezca en el Reglamento General de Rgimen Disciplinario de los funcionarios al servicio de la Administracin de Justicia que se dicte en desarrollo de esta ley.

Para la imposicin de sanciones por faltas leves, no ser preceptiva la previa instruccin del expediente, salvo el trmite de audiencia al interesado.

4. Cuando de la instruccin de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de criminalidad, se suspender su tramitacin, ponindolo en conocimiento del Ministerio Fiscal.

5. La incoacin de un procedimiento penal no ser obstculo para la iniciacin de un expediente disciplinario por los mismos hechos, pero no se dictar resolucin en ste hasta tanto no haya recado sentencia firme o auto de sobreseimiento en la causa penal.

En todo caso, la declaracin de hechos probados contenida en la resolucin que pone trmino al procedimiento penal vincular a la resolucin que se dicte en el expediente disciplinario, sin perjuicio de la distinta calificacin jurdica que puedan merecer en una y otra va.

Slo podr recaer sancin penal y disciplinaria sobre los mismos hechos, cuando no hubiere identidad de fundamento jurdico y bien jurdico protegido.

6. Durante la tramitacin del procedimiento se podr acordar la suspensin provisional como medida cautelar, que requerir resolucin motivada.

7. Las sanciones disciplinarias sern anotadas en el registro de personal, con expresin de los hechos imputados. Dichas anotaciones sern canceladas por el transcurso de los plazos que se determinen reglamentariamente.

Artculo 535.

El procedimiento disciplinario que se establezca en desarrollo de esta ley orgnica deber garantizar al funcionario expedientado, adems de los reconocidos por el artculo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, los siguientes derechos:

1. A la presuncin de inocencia.

2. A ser notificado del nombramiento de instructor y secretario, as como a recusar a los mismos.

3. A ser notificado de los hechos imputados, de la infraccin que constituyan y de las sanciones que, en su caso, puedan imponerse, as como de la resolucin sancionadora.

4. A formular alegaciones.

5. A proponer cuantas pruebas sean adecuadas para la determinacin de los hechos.

6. A poder actuar en el procedimiento asistido de letrado o de los representantes sindicales que determine.

Artculo 536.

Las faltas podrn ser muy graves, graves y leves.

a) Se consideran faltas muy graves:

1. El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitucin en el ejercicio de la funcin pblica.

2. Toda actuacin que suponga discriminacin por razn de sexo, raza, religin, lengua, opinin, lugar de nacimiento o vecindad o cualquier otra condicin o circunstancia personal o social.

3. El abandono del servicio.

4. La emisin de informes o adopcin de acuerdos o resoluciones manifiestamente ilegales, cuando se cause perjuicio grave al inters pblico o lesionen derechos fundamentales de los ciudadanos.

5. La utilizacin indebida de la documentacin o informacin a que tengan o hayan tenido acceso por razn de su cargo o funcin.

6. La negligencia en la custodia de documentos que d lugar a su difusin o conocimiento indebidos.

7. El incumplimiento reiterado de las funciones inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.

8. La utilizacin de las facultades que tenga atribuidas, para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y mbito.

9. El incumplimiento grave de las decisiones judiciales cuya ejecucin tengan encomendadas.

10. La desobediencia grave o reiterada a las rdenes o instrucciones verbales o escritas de un superior emitidas por ste en el ejercicio de sus competencias, referidas a funciones o tareas propias del puesto de trabajo del interesado, salvo que sean manifiestamente ilegales.

11. La utilizacin de la condicin de funcionario para la obtencin de un beneficio indebido para s o para un tercero.

12. La realizacin de actividades declaradas incompatibles por ley.

13. La inobservancia del deber de abstencin, a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente previstas.

14. Los actos que impidan el ejercicio de los derechos fundamentales, de las libertades pblicas y de los derechos sindicales.

15. El incumplimiento del deber de atender los servicios esenciales en caso de huelga.

16. El acoso sexual.

17. La agresin grave a cualquier persona con la que se relacionen en el ejercicio de sus funciones.

18. La arbitrariedad en el uso de autoridad que cause perjuicio grave a los subordinados o al servicio.

19. Las acciones y omisiones que hayan dado lugar en sentencia firme a una declaracin de responsabilidad civil contrada en el ejercicio de la funcin por dolo o culpa grave.

20. La comisin de una falta grave cuando hubiere sido anteriormente sancionado por otras dos graves que hayan adquirido firmeza, sin que hubieren sido canceladas o procedido la cancelacin de las anotaciones correspondientes.

b) Se consideran faltas graves:

1. La desobediencia expresa a las rdenes o instrucciones de un superior, emitidas por ste en el ejercicio de sus competencias, referidas a funciones o tareas propias del puesto de trabajo del interesado, salvo que sean manifiestamente ilegales.

2. El incumplimiento de las decisiones judiciales cuya ejecucin les ha sido encomendada, cuando no constituya falta muy grave.

3. El abuso de autoridad en el ejercicio de sus funciones cuando no constituya falta muy grave.

4. La negligencia en la custodia de documentos, as como la utilizacin indebida de los mismos o de la informacin que conozcan por razn del cargo, cuando tales conductas no constituyan falta muy grave.

5. La tercera falta injustificada de asistencia en un perodo de tres meses.

6. La negligencia o retraso injustificado en el cumplimiento de las funciones inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas cuando no constituya un notorio incumplimiento de las mismas.

7. El ejercicio de cualquier actividad susceptible de compatibilidad, conforme a lo dispuesto en la Ley53/1984, de26 de diciembre, sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones pblicas, sin obtener la pertinente autorizacin o habindola obtenido con falta de veracidad en los presupuestos alegados.

8. La falta de consideracin grave con los superiores, iguales o subordinados, as como con los profesionales o ciudadanos.

9. Causar dao grave en los documentos o material de trabajo, as como en los locales destinados a la prestacin del servicio.

10. La utilizacin inadecuada de los medios informticos y materiales empleados en el ejercicio de sus funciones y el incumplimiento de las instrucciones facilitadas para su utilizacin, as como la indebida utilizacin de las claves de acceso a los sistemas informticos.

11. Las acciones u omisiones dirigidas a eludir los sistemas de control de horarios o a impedir que sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo.

12. Dejar de promover la exigencia de la responsabilidad disciplinaria que proceda al personal que integre su oficina, cuando conocieran o debieran conocer el incumplimiento grave por los mismos de los deberes que les correspondan.

13. Obstaculizar las labores de inspeccin.

14. Promover su abstencin de forma claramente injustificada.

15. El reiterado incumplimiento del horario de trabajo sin causa justificada.

16. La comisin de una falta de carcter leve habiendo sido sancionado anteriormente por resolucin firme por otras dos leves, sin que hubieran sido canceladas o procedido la cancelacin de las correspondientes anotaciones.

c) Se consideran faltas leves:

1. La falta de consideracin con los superiores, iguales o subordinados, as como con los profesionales o ciudadanos, cuando no constituya una infraccin ms grave.

2. El incumplimiento de los deberes propios de su cargo o puesto de trabajo o la negligencia en su desempeo, siempre que tales conductas no constituyan infraccin ms grave.

3. El retraso injustificado en el cumplimiento de sus funciones, cuando no constituya falta ms grave.

4. La ausencia injustificada por un da.

5. El incumplimiento del horario de trabajo sin causa justificada cuando no constituya falta grave.

Artculo 537.

En el Reglamento General de Rgimen Disciplinario de los funcionarios al servicio de la Administracin de Justicia se fijarn los criterios para la determinacin de la graduacin de las sanciones que, en todo caso, se basarn en los siguientes principios:

1. Intencionalidad.

2. Perjuicio causado a la Administracin o a los ciudadanos.

3. Grado de participacin en la comisin de la falta.

4. Reiteracin o reincidencia.

Artculo 538.

Las sanciones que se pueden imponer a los funcionarios por las faltas cometidas en el ejercicio de su cargo son:

a) Apercibimiento.

b) Suspensin de empleo y sueldo.

c) Traslado forzoso fuera del municipio de destino.

d) Separacin del servicio.

e) Cese en el puesto de trabajo.

Las sanciones de los prrafos b) y c) podrn imponerse por la comisin de faltas graves y muy graves, gradundose su duracin en funcin de las circunstancias que concurran en el hecho objeto de sancin.

La sancin de separacin de servicio slo podr imponerse por faltas muy graves.

La suspensin de funciones impuesta por la comisin de una falta muy grave no podr ser superior a tres aos ni inferior a un ao. Si se impone por falta grave, no exceder de un ao.

Los funcionarios a los que se sancione con traslado forzoso no podrn obtener nuevo destino en el municipio de origen durante tres aos, cuando hubiese sido impuesta por falta muy grave, y durante uno, cuando hubiera correspondido a la comisin de una falta grave.

La sancin de cese en el puesto de trabajo, slo ser aplicable a los funcionarios interinos por comisin de faltas graves o muy graves.

Las faltas leves slo podrn ser corregidas con apercibimiento.

Artculo 539.

Sern competentes para la incoacin y tramitacin de expedientes disciplinarios as como para la imposicin de sanciones de los funcionarios de los cuerpos incluidos en el mbito de aplicacin de este libro, el Ministerio de Justicia y los rganos que se determinen por las comunidades autnomas con competencias asumidas, en sus respectivos mbitos territoriales y respecto de los funcionarios destinados en los mismos.

La separacin del servicio, ser acordada por el Ministro de Justicia en todo caso.

Cuando la sancin de traslado forzoso suponga la movilidad del territorio de una comunidad autnoma al de otra con competencias asumidas, ser competente para acordarla el Ministro de Justicia, previo informe favorable de la comunidad autnoma a cuyo territorio se traslada al funcionario sancionado.

Artculo 540.

1. Las faltas leves prescribirn a los dos meses; las graves, a los seis meses, y las muy graves, al ao. El plazo se computar desde al fecha de su comisin.

2. En los casos en los que un hecho d lugar a la apertura de causa penal, los plazos de prescripcin no comenzarn a computarse sino desde la conclusin de la misma.

3. El plazo de prescripcin se interrumpir en el momento en que se inicie el procedimiento disciplinario volviendo a computarse el plazo si el expediente permaneciera paralizado durante ms de seis meses por causas no imputables al funcionario sujeto a procedimiento.

4. Las sanciones impuestas prescribirn a los cuatro meses en el caso de las faltas leves; al ao, en los casos de faltas graves y a los dos aos, en los casos de faltas muy graves. El plazo de prescripcin se computar a partir del da siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolucin en que se imponga.

LIBRO VII

Del Ministerio Fiscal y dems personas e instituciones que cooperan con la Administracin de Justicia

TTULO I

Del Ministerio Fiscal

Artculo 541.

1. Sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros rganos, el Ministerio Fiscal tiene por misin promover la accin de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del inters pblico tutelado por la ley, de oficio o a peticin de los interesados, as como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante stos la satisfaccin del inters social.

2. El Ministerio Fiscal se regir por lo que disponga su Estatuto Orgnico.

TTULO II

De los Abogados, Procuradores y Graduados Sociales

Artculo 542.

1. Corresponde en exclusiva la denominacin y funcin de abogado al licenciado en Derecho que ejerza profesionalmente la direccin y defensa de las partes en toda clase de procesos, o el asesoramiento y consejo jurdico.

2. En su actuacin ante los juzgados y tribunales, los abogados son libres e independientes, se sujetarn al principio de buena fe, gozarn de los derechos inherentes a la dignidad de su funcin y sern amparados por aqullos en su libertad de expresin y defensa.

3. Los abogados debern guardar secreto de todos los hechos o noticias de que conozcan por razn de cualquiera de las modalidades de su actuacin profesional, no pudiendo ser obligados a declarar sobre los mismos.

Artculo 543.

1. Corresponde exclusivamente a los procuradores la representacin de las partes en todo tipo de procesos, salvo cuando la ley autorice otra cosa.

2. Podrn realizar los actos de comunicacin a las partes del proceso que la ley les autorice.

3. Ser aplicable a los procuradores lo dispuesto en el apartado 3 del artculo anterior.

4. En el ejercicio de su profesin los procuradores podrn ser sustituidos por otro procurador. Tambin para los actos y en la forma que se determine reglamentariamente podrn ser sustituidos por oficial habilitado.

Artculo 544.

1. Los Abogados, Procuradores y Graduados Sociales, antes de iniciar su ejercicio profesional, prestarn juramento o promesa de acatamiento a la Constitucin y al resto del ordenamiento jurdico.

2. La colegiacin de los Abogados, Procuradores y Graduados Sociales ser obligatoria para actuar ante los Juzgados y Tribunales en los trminos previstos en esta Ley y por la legislacin general sobre colegios profesionales, salvo que acten al servicio de las Administraciones pblicas o entidades pblicas por razn de dependencia funcionarial o laboral.

Artculo 545.

1. Salvo que la ley disponga otra cosa, las partes podrn designar libremente a sus representantes y defensores entre los Procuradores y Abogados que renan los requisitos exigidos por las leyes.

2. En los procedimientos laborales y de Seguridad Social la representacin tcnica podr ser ostentada por un Graduado Social, al que sern de aplicacin las obligaciones inherentes a su funcin, de acuerdo con lo dispuesto en su ordenamiento jurdico profesional, en este ttulo y especialmente en los artculos187,542.3 y546.

3. Se designarn de oficio, con arreglo a lo que en las leyes se establezca, a quien lo solicite o se niegue a nombrarlos, siendo preceptiva su intervencin. La defensa o representacin de oficio tendr carcter gratuito para quien acredite insuficiencia de recursos para litigar en los trminos que establezca la ley.

Artculo 546.

1. Es obligacin de los poderes pblicos garantizar la defensa y la asistencia de Abogado o la representacin tcnica de Graduado Social en los trminos establecidos en la Constitucin y en las leyes.

2. Los Abogados, Procuradores y Graduados Sociales estn sujetos en el ejercicio de su profesin a responsabilidad civil, penal y disciplinaria, segn proceda.

3. Las correcciones disciplinarias por su actuacin ante los juzgados y tribunales se regirn por lo establecido en esta ley y en las leyes procesales. La responsabilidad disciplinaria por su conducta profesional compete declararla a los correspondientes Colegios y Consejos conforme a sus estatutos, que debern respetar en todo caso las garantas de la defensa de todo el procedimiento sancionador.

TTULO III

De la Polica Judicial

Artculo 547.

La funcin de la Polica Judicial comprende el auxilio a los juzgados y tribunales y al Ministerio Fiscal en la averiguacin de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes. Esta funcin competer, cuando fueren requeridos para prestarla, a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto si dependen del Gobierno central como de las comunidades autnomas o de los entes locales, dentro del mbito de sus respectivas competencias.

Artculo 548.

1. Se establecern unidades de Polica Judicial que dependern funcionalmente de las autoridades judiciales y del Ministerio Fiscal en el desempeo de todas las actuaciones que aqullas les encomienden.

2. Por ley se fijar la organizacin de estas unidades y los medios de seleccin y rgimen jurdico de sus miembros.

Artculo 549.

1. Corresponden especficamente a las unidades de Polica Judicial las siguientes funciones:

a) La averiguacin acerca de los responsables y circunstancias de los hechos delictivos y la detencin de los primeros, dando cuenta seguidamente a la autoridad judicial y fiscal, conforme a lo dispuesto en las leyes.

b) El auxilio a la autoridad judicial y fiscal en cuantas actuaciones deba realizar fuera de su sede y requieran la presencia policial.

c) La realizacin material de las actuaciones que exijan el ejercicio de la coercin y ordenare la autoridad judicial o fiscal.

d) La garanta del cumplimiento de las rdenes y resoluciones de la autoridad judicial o fiscal.

e) Cualesquiera otras de la misma naturaleza en que sea necesaria su cooperacin o auxilio y lo ordenare la autoridad judicial o fiscal.

2. En ningn caso podrn encomendarse a los miembros de dichas unidades la prctica de actuaciones que no sean las propias de la Polica Judicial o las derivadas de las mismas.

Artculo 550.

1. En las funciones de investigacin penal, la Polica Judicial actuar bajo la direccin de los juzgados y tribunales y del Ministerio Fiscal.

2. Los funcionarios de Polica Judicial a quienes se hubiera encomendado una actuacin o investigacin concreta dentro de las competencias a que se refiere el artculo 547 de esta ley, no podrn ser removidos o apartados hasta que finalice la misma o, en todo caso, la fase del procedimiento judicial que la origin, si no es por decisin o con la autorizacin del juez o fiscal competente.

TTULO IV

De la representacin y defensa del Estado y dems entes pblicos

Artculo 551.

1. La representacin y defensa del Estado y de sus organismos autnomos, as como la representacin y defensa de los rganos constitucionales cuyas normas internas no establezcan un rgimen especial propio, corresponder a los Abogados del Estado integrados en el Servicio Jurdico del Estado. Los Abogados del Estado podrn representar y defender a los restantes organismos y entidades pblicos, sociedades mercantiles estatales y fundaciones con participacin estatal, en los trminos contenidos en la Ley52/1997, de27 de noviembre, de Asistencia Jurdica al Estado e Instituciones Pblicas y disposiciones de desarrollo.

La representacin y defensa de las entidades gestoras, servicios comunes y otros organismos o entidades de naturaleza pblica, que conforme a la ley integran la Administracin de la Seguridad Social, sin incluir, en consecuencia, la de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, corresponder a los Letrados de la Administracin de la Seguridad Social, integrados en el Servicio Jurdico de la Administracin de la Seguridad Social, sin perjuicio de que, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine, tales funciones puedan ser encomendadas a Abogado colegiado especialmente designado al efecto.

2. La representacin y defensa de las Cortes Generales, del Congreso de los Diputados, del Senado, de la Junta Electoral Central y de los rganos e instituciones vinculados o dependientes de aqullas corresponder a los Letrados de las Cortes Generales integrados en las secretaras generales respectivas.

3. La representacin y defensa de las comunidades autnomas y las de los entes locales correspondern a los letrados que sirvan en los servicios jurdicos de dichas Administraciones pblicas, salvo que designen abogado colegiado que les represente y defienda. Los Abogados del Estado podrn representar y defender a las comunidades autnomas y a los entes locales en los trminos contenidos en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurdica al Estado e Instituciones Pblicas y su normativa de desarrollo.

TTULO V

De las sanciones que pueden imponerse a los que intervienen en los pleitos o causas

Artculo 552.

Los abogados y procuradores que intervengan en los pleitos y causas, cuando incumplan las obligaciones que les impone esta ley o las leyes procesales, podrn ser corregidos a tenor de lo dispuesto en este ttulo, siempre que el hecho no constituya delito.

Artculo 553.

Los abogados y procuradores sern tambin corregidos disciplinariamente por su actuacin ante los juzgados y tribunales:

1.) Cuando en su actuacin forense faltaren oralmente, por escrito o por obra, al respeto debido a los jueces y tribunales, fiscales, abogados, letrados de la Administracin de Justicia o cualquier persona que intervenga o se relacione con el proceso.

2.) Cuando llamados al orden en las alegaciones orales no obedecieren reiteradamente al que presida el acto.

3.) Cuando no comparecieren ante el tribunal sin causa justificada una vez citados en forma.

4.) Cuando renuncien injustificadamente a la defensa o representacin que ejerzan en un proceso, dentro de los siete das anteriores a la celebracin del juicio o vistas sealadas.

Artculo 554.

1. Las correcciones que pueden imponerse a las personas a que se refieren los dos artculos anteriores son:

a) Apercibimiento.

b) Multa cuya mxima cuanta ser la prevista en el Cdigo Penal como pena correspondiente a las faltas.

2. La imposicin de la correccin de multa se har atendiendo a la gravedad, antecedentes y circunstancias de los hechos cometidos, y en todo caso se impondr siempre con audiencia del interesado.

Artculo 555.

1. La correccin se impondr por la autoridad ante la que se sigan las actuaciones.

2. Podr imponerse en los propios autos o en procedimiento aparte. En todo caso, por el secretario se har constar el hecho que motive la actuacin correctora, las alegaciones del implicado y el acuerdo que se adopte por el juez o por la sala.

Artculo 556.

Contra el acuerdo de imposicin de la correccin podr interponerse, en el plazo de cinco das, recurso de audiencia en justicia ante el letrado de la Administracin de Justicia, el juez o la sala, que lo resolvern en el siguiente da. Contra este acuerdo o contra el de imposicin de la sancin, en el caso de que no se hubiese utilizado el recurso de audiencia en justicia, cabr recurso de alzada, en el plazo de cinco das, ante la Sala de Gobierno, que lo resolver previo informe del letrado de la Administracin de Justicia, del juez o de la sala que impuso la correccin, en la primera reunin que celebre.

Artculo 557.

Cuando fuere procedente alguna de las correcciones especiales previstas en las leyes procesales para casos determinados, se aplicar, en cuanto al modo de imponerla y recursos utilizables, lo que establecen los dos artculos anteriores.

LIBRO VIII

Del Consejo General del Poder Judicial

TTULO I

De las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial

Artculo 558.

1. El gobierno del Poder Judicial corresponde al Consejo General del Poder Judicial, que ejerce sus competencias en todo el territorio nacional de acuerdo con la Constitucin y la presente Ley Orgnica.

2. El Consejo General del Poder Judicial tiene su sede en la villa de Madrid.

Artculo 559.

Los Presidentes y dems rganos de gobierno de Juzgados y Tribunales, en el ejercicio de sus funciones gubernativas, estn subordinados al Consejo General del Poder Judicial.

Artculo 560.

1. El Consejo General del Poder Judicial tiene las siguientes atribuciones:

1. Proponer el nombramiento, en los trminos previstos por la presente Ley Orgnica, del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.

2. Proponer el nombramiento de Jueces, Magistrados y Magistrados del Tribunal Supremo.

3. Proponer el nombramiento, en los trminos previstos por la presente Ley Orgnica, de dos Magistrados del Tribunal Constitucional.

4. Ser odo por el Gobierno antes del nombramiento del Fiscal General del Estado.

5. Interponer el conflicto de atribuciones entre rganos constitucionales del Estado, en los trminos previstos por la Ley Orgnica del Tribunal Constitucional.

6. Participar, en los trminos legalmente previstos, en la seleccin de Jueces y Magistrados.

7. Resolver lo que proceda en materia de formacin y perfeccionamiento, provisin de destinos, ascensos, situaciones administrativas y rgimen disciplinario de Jueces y Magistrados.

8. Ejercer la alta inspeccin de Tribunales, as como la supervisin y coordinacin de la actividad inspectora ordinaria de los Presidentes y Salas de Gobierno de los Tribunales.

9. Impartir instrucciones a los rganos de gobierno de Juzgados y Tribunales en materias de la competencia de stos, as como resolver los recursos de alzada que se interpongan contra cualesquiera acuerdos de los mismos.

10. Cuidar de la publicacin oficial de las sentencias y dems resoluciones que se determinen del Tribunal Supremo y del resto de rganos judiciales.

A tal efecto el Consejo General del Poder Judicial, previo informe de las Administraciones competentes, establecer reglamentariamente el modo en que se realizar la recopilacin de las sentencias, su tratamiento, difusin y certificacin, para velar por su integridad, autenticidad y acceso, as como para asegurar el cumplimiento de la legislacin en materia de proteccin de datos personales.

11. Regular la estructura y funcionamiento de la Escuela Judicial, as como nombrar a su Director y a sus profesores.

12. Regular la estructura y funcionamiento del Centro de Documentacin Judicial, as como nombrar a su Director y al resto de su personal.

13. Nombrar al Vicepresidente del Tribunal Supremo, al Promotor de la Accin Disciplinaria y al Jefe de la Inspeccin de Tribunales.

14. Nombrar al Director del Gabinete Tcnico del Consejo General del Poder Judicial.

15. Regular y convocar el concurso-oposicin de ingreso en el Cuerpo de Letrados del Consejo General del Poder Judicial.

16. Ejercer la potestad reglamentaria, en el marco estricto de desarrollo de las previsiones de la Ley Orgnica del Poder Judicial, en las siguientes materias:

a) Organizacin y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial.

b) Personal del Consejo General del Poder Judicial en el marco de la legislacin sobre la funcin pblica.

c) rganos de gobierno de Juzgados y Tribunales.

d) Publicidad de las actuaciones judiciales.

e) Publicacin y reutilizacin de las resoluciones judiciales.

f) Habilitacin de das y horas, as como fijacin de horas de audiencia pblica.

g) Constitucin de los rganos judiciales fuera de su sede.

h) Especializacin de rganos judiciales.

i) Reparto de asuntos y ponencias.

j) Rgimen de guardias de los rganos jurisdiccionales.

k) Organizacin y gestin de la actuacin de los rganos judiciales espaoles en materia de cooperacin jurisdiccional interna e internacional.

l) (Suprimida)

m) Co