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Legislación consolidada

Ley Orgnica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Publicado en: BOE núm. 174, de 22/07/2015.
Entrada en vigor: 01/10/2015
Departamento: Jefatura del Estado
Referencia: BOE-A-2015-8167
Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es/lo/2015/07/21/7

TEXTO CONSOLIDADO: Última actualización publicada el 04/07/2018


[Bloque 1: #preambulo]

FELIPE VI

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgnica.

PREMBULO

I

La sociedad actual exige un alto grado de eficiencia y agilidad en el sistema judicial, pues no puede olvidarse que una Justicia eficaz, adems de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de todos y de facilitar con ello la paz social, es un elemento estratgico para la actividad econmica de un pas y contribuye de forma directa a un reforzamiento de la seguridad jurdica y, en paralelo, a la reduccin de la litigiosidad.

En esta lnea, la modificacin de la Ley Orgnica6/1985, de1 de julio, del Poder Judicial, ahonda en la bsqueda de soluciones que den respuesta a algunos de los problemas que aquejan al sistema judicial espaol.

A tal fin, la reforma, en un artculo nico que contiene ciento diecisis apartados, articula un paquete de medidas estructurales y organizativas encaminadas al logro de una mejor respuesta a los ciudadanos que acuden a la jurisdiccin en defensa de sus derechos e intereses.

II

En primer lugar, se introducen medidas como el encaje definitivo de la Jurisdiccin Militar en el Poder Judicial y la eliminacin del privilegio de presentacin de ternas de que goza el Ministerio de Defensa para la designacin de los Magistrados de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo procedentes del Cuerpo Jurdico Militar.

Se incluye, tambin, una previsin respecto de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que declaren la vulneracin de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la proteccin de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y en sus Protocolos, establecindose que sern motivo suficiente para la interposicin del recurso de revisin exclusivamente de la sentencia firme recada en el proceso a quo. Con ello se incrementa, sin lugar a dudas, la seguridad jurdica en un sector tan sensible como el de la proteccin de los derechos fundamentales, fundamento del orden poltico y de la paz social, como proclama el artculo 10.1 de nuestra Constitucin.

Tambin con el objetivo de intensificar la proteccin de los derechos, se aborda un tema, como es la proteccin de datos en el mbito de los Tribunales, que careca hasta hoy de una regulacin completa y actualizada. El modelo distingue con claridad entre ficheros jurisdiccionales y los no jurisdiccionales. De esta forma, el responsable de los ficheros jurisdiccionales es el rgano jurisdiccional y stos se rigen por las leyes procesales en cuanto a los derechos ARCO –acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin–. La autoridad de control de tales ficheros ser el Consejo General del Poder Judicial. Por otro lado, el responsable de los ficheros no jurisdiccionales es la Oficina judicial, al frente de la cual est un Letrado de la Administracin de Justicia. Ese tipo de ficheros se regirn por la normativa existente en materia de proteccin de datos de carcter personal y la autoridad de control de estos ficheros ser la Agencia Espaola de Proteccin de Datos.

III

Se incluye tambin un conjunto de medidas para lograr una mayor agilizacin y especializacin en las respuestas judiciales, cuyo objetivo es doble: de un lado, acabar con los problemas de retraso que existen en algunos rganos jurisdiccionales y, de otro lado, incrementar la calidad de la respuesta ofrecida al ciudadano. De este modo, para conseguir una mayor flexibilidad en la organizacin judicial se introducen distintas medidas con las que se pretende alcanzar un mejor reparto de asuntos entre Juzgados, una resolucin especializada de aqullos que por su volumen exijan de respuestas especficas y una agilizacin de la instruccin de aquellas causas que por su complejidad as lo requieran.

En primer lugar, se adoptan medidas en el mbito de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. La Ley Orgnica del Poder Judicial estableci estos Juzgados como rganos especializados a fin de que conociesen de los asuntos de violencia sobre la mujer con carcter exclusivo y excluyente; sin embargo, y pese a la regulacin inicial, en la actualidad conviven en nuestro territorio Juzgados que conocen exclusivamente de las materias que la Ley les atribuye, con otros que, adems, tramitan y resuelven otros procedimientos civiles y penales:106 Juzgados exclusivos y355 Juzgados compatibles. A fin de buscar el correcto equilibro entre el mantenimiento de una proximidad razonable del Juzgado respecto de la vctima y la respuesta especializada que exige el tratamiento de este tipo de procedimientos, se pretende potenciar la posibilidad de extender la jurisdiccin de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer a dos o ms partidos judiciales; esto permitir asegurar la especializacin que se pretenda en este mbito y, al mismo tiempo, descargar de trabajo a los Juzgados de Primera Instancia e Instruccin, o de Instruccin en su caso, de la misma provincia. Con la reforma, esta extensin de la jurisdiccin podr acordarse por el Gobierno mediante real decreto, previa propuesta del Consejo General del Poder Judicial y con informe de las Administraciones afectadas, sin necesidad de tramitar una modificacin de la Ley de Demarcacin y de Planta Judicial.

En segundo lugar, junto al clsico motivo relativo a que la buena administracin de Justicia lo haga necesario, se posibilita ahora buscar un mayor equilibrio de las cargas de trabajo en el caso de aquellos rganos de mbito provincial. Para ello, se prev que las Salas de Gobierno puedan acordar las modificaciones precisas en las normas de reparto de los Juzgados de lo Mercantil, de lo Penal, de Menores, de Vigilancia Penitenciaria, de lo Contencioso-administrativo o de lo Social, para equilibrar la distribucin de asuntos.

En tercer lugar, se introduce un recurso organizativo dirigido a dar respuesta a todas aquellas causas que, por distintas circunstancias, generan en poco tiempo una enorme litigiosidad, dificultando sobremanera que nuestros Juzgados den una respuesta gil y nica, adems de ocasionar retrasos en la tramitacin del resto de procesos.

As, junto con la especializacin de Juzgados que ya permita el artculo98 de la Ley Orgnica que se reforma, se incluye ahora un mecanismo que permitir al rgano de gobierno del Poder Judicial especializar uno o varios rganos judiciales, de modo temporal y con carcter exclusivo si as se determina en funcin del cmulo de asuntos, para enjuiciar y resolver aquellas causas especficas que se determinen, de tal modo que puedan ser tramitados de forma especfica, facilitando la unificacin de criterios. La principal novedad radica en que estos Juzgados especializados podrn tener mbito provincial, superando de esa manera las limitaciones que la existencia de circunscripciones territoriales de mbito inferior podra ocasionar. En definitiva, se posibilita la resolucin de tales asuntos por uno o varios rganos especializados y se liberar de su conocimiento a otros Juzgados para que puedan prestar mayor dedicacin al despacho de los asuntos ordinarios.

La norma excluye que por esta va se pueda atribuir a los rganos que se especialicen asuntos que versen sobre materias que por disposicin legal estuviesen atribuidos a otros de diferente clase, an dentro del mismo orden jurisdiccional. Igualmente se excluye a los Juzgados de Instruccin a fin de evitar cualquier injerencia en su rgimen competencial, ms cuando podrn ser objeto del resto de medidas de refuerzo que prev esta reforma.

Por ltimo, con el propsito de facilitar la instruccin de causas de especial complejidad y auxiliar al instructor, se introduce la posibilidad de que, como medida de apoyo, el Consejo General del Poder Judicial pueda adscribir al rgano instructor a uno o varios Jueces, Magistrados o incluso Letrados de la Administracin de Justicia, con o sin relevacin de funciones para que, sin el desempeo compartido de funciones jurisdiccionales –sin posibilidad por tanto de actuar en la causa– y bajo la direccin del titular del rgano que conozca de esa causa compleja, puedan realizar labores de estudio, apoyo, colaboracin y propuesta.

Esta medida de apoyo se ajustar a las previsiones reglamentarias actualmente en vigor, requiriendo la conformidad del Ministerio de Justicia.

La reforma incorpora, adems, una serie de modificaciones a la regulacin de los jueces de adscripcin territorial, a travs de las cuales se pretenden introducir elementos de mayor flexibilidad en la organizacin judicial. As, en primer lugar, se resalta que los jueces de adscripcin territorial estn a disposicin del Tribunal Superior de Justicia para funciones de sustitucin y refuerzo, y que su designacin compete directamente al Presidente, sin perjuicio de que deba dar cuenta a la Sala de Gobierno. Esta previsin se ve acompaada de la obligacin de la Sala de Gobierno de informar al Consejo General del Poder Judicial sobre la situacin y los destinos que en cada momento desempeen los jueces de adscripcin. En segundo lugar, se aclara que la labor del juez de adscripcin, cuando acte en funciones de sustitucin, se realiza con plenitud de jurisdiccin, de tal forma que tambin podr acudir, en tal condicin, a las Juntas de Jueces y desempear cualesquiera otros actos de representacin del rgano judicial, en defecto de su titular. Y, en tercer lugar, se atribuye a la Sala de Gobierno la fijacin de los objetivos del refuerzo y el reparto de asuntos en caso de que el juez de adscripcin territorial realice tareas de refuerzo, garantizando ser odo en ese proceso.

Finalmente, se incide tambin, en el marco de la transparencia y el derecho de acceso de los ciudadanos a la informacin pblica y dentro de los lmites establecidos en las leyes, en el mbito de la publicidad de las actuaciones judiciales, regulndose la obligacin de publicar la agenda de sealamientos de los rganos judiciales, de tal forma que con antelacin pueda conocerse la fecha y hora de celebracin de un procedimiento.

IV

Los ciudadanos siguen percibiendo como un sntoma de falta de seguridad jurdica la existencia de resoluciones diversas sobre una misma materia. Por ello, en el texto se ahonda en la necesidad de evitar resoluciones contradictorias entre Secciones de un mismo rgano judicial que conducen a una falta de predictibilidad de los pronunciamientos judiciales, lo que, en ltimo trmino, se proyecta sobre el grado de seguridad jurdica de nuestro ordenamiento. Para ello, se introducen modificaciones en la regulacin de los Plenos Jurisdiccionales para unificacin de criterio previendo, por un lado, que formen parte de stos los Magistrados que conozcan de la materia sobre la que existe la discrepancia y, por otro, que las Secciones deban motivar las razones por las que se apartan del criterio acordado en uno de estos Plenos.

V

Tambin se elimina la responsabilidad civil directa de los Jueces y Magistrados, escassimamente utilizada en la prctica. Con ello se alinea la responsabilidad de los Jueces con la del resto de los empleados pblicos y se da cumplimiento a las recomendaciones del Consejo de Europa en esta materia. Esa exencin de responsabilidad no excluye lgicamente, que la Administracin pueda repetir, en va administrativa, contra el Juez o Magistrado si ste ha incurrido en dolo o culpa grave.

Asimismo, se regula la prolongacin de la permanencia en el servicio activo para los miembros de la Carrera judicial, en consonancia con la supresin de la figura del Magistrado emrito.

VI

La progresiva internacionalizacin de las relaciones personales y empresariales de los ciudadanos de nuestro pas exige una actualizacin de los criterios de atribucin de jurisdiccin a los Tribunales espaoles del orden civil. La necesidad de esta actualizacin se hace evidente si se tiene en consideracin que el momento en el que fue redactado el vigente artculo22 de la Ley Orgnica del Poder Judicial, el proceso de internacionalizacin de Espaa se encontraba en un momento muy inicial. De hecho, ni siquiera se haba culminado la incorporacin plena al mbito de la Unin Europea.

Por esta misma razn, resulta conveniente mencionar en la Ley la vinculacin de los Jueces y Tribunales espaoles al Derecho de la Unin, en la interpretacin que hace del mismo el Tribunal de Justicia de la Unin Europea. En paralelo, y como corolario del sistema, se determina la forma en la que en nuestro ordenamiento ha de plantearse procesalmente el principal cauce de dilogo entre el Juez espaol y el Tribunal de Justicia de la Unin Europea: la cuestin prejudicial. Con ello, se profundiza en la bsqueda de mayores garantas en la proteccin de los derechos de los ciudadanos.

VII

La lucha contra la violencia de gnero sigue demandando medidas en todos los mbitos, con la finalidad de erradicar esta lacra social. A ello no puede sustraerse la Ley Orgnica del Poder Judicial, que incorpora una batera de medidas destinadas a incrementar la firme y continua lucha desde el mbito legislativo contra la violencia de gnero. En este sentido, se amplan las competencias del Juez de Violencia sobre la Mujer, en primer lugar, a los delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y el honor de la mujer. Es decir, conocer de la instruccin de los procesos para exigir responsabilidad penal por delitos en los que tambin se viene manifestando la violencia de gnero; en concreto, los delitos de revelacin de secretos y los delitos de injurias. En segundo lugar, tambin conocer del delito de quebrantamiento previsto y penado en el artculo468 del Cdigo Penal cuando la persona ofendida sea o haya sido su esposa o mujer que est o haya estado ligada al autor por una anloga relacin de afectividad aun sin convivencia, as como los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas con la capacidad modificada judicialmente que con l convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente. Al atribuir la competencia para el conocimiento de la instruccin de este delito al Juez de Violencia sobre la Mujer se obtendr una mayor eficacia a la hora de proteger a la vctima, porque ste tendr muchos ms datos que cualquier otro Juez para valorar la situacin de riesgo.

Las caractersticas especficas de esta forma de violencia sobre las mujeres hacen tambin necesaria la formacin especializada de todos los operadores jurdicos para desarrollar con eficacia las respectivas funciones que tienen encomendadas, lo que se ve reflejado en las pruebas selectivas para el ingreso y la promocin en la Carrera Judicial, pues deben contemplar el estudio del principio de igualdad entre mujeres y hombres, incluyendo las medidas contra la violencia de gnero, y su aplicacin con carcter transversal en el mbito de la funcin jurisdiccional.

Asimismo, se asegura una asistencia tcnica y profesional por parte de los equipos adscritos a la Administracin de Justicia, en especial, en el mbito de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que podrn estar integrados por psiclogos y trabajadores sociales para garantizar entre otras funciones la asistencia especializada a las vctimas de violencia de gnero.

Por ltimo, se garantiza que la Estadstica Judicial tenga tambin en cuenta la variable de sexo.

VIII

Dentro del apartado dedicado a las reformas institucionales, se abordan, en primer lugar, ciertas modificaciones del rgimen del Consejo General del Poder Judicial. Se trata de ajustes fruto de la experiencia de casi un ao de funcionamiento del nuevo modelo de Consejo General del Poder Judicial. Entre ellas, se encuentra el aumento del nmero de miembros de la Comisin Permanente, que pasan de cinco a siete, de modo que las importantes atribuciones que tiene encomendadas puedan ser ejercidas con plena dedicacin por un nmero importante de Vocales.

En el mbito del Tribunal Supremo se introduce una nueva regulacin ms detallada de su Gabinete Tcnico, como rgano de asistencia a la Presidencia y a sus diferentes Salas en los procesos de admisin y en la elaboracin de informes y estudios.

IX

Tambin se introducen modificaciones en el libro V. El Cuerpo de Secretarios Judiciales pasa a denominarse Cuerpo de Letrados de la Administracin de Justicia. Con ello se da respuesta a una demanda histrica del mismo, que considera que la denominacin de secretarios judiciales conduce a equvocos sobre la funcin realmente desempeada.

En este sentido de adaptacin a las actuales funciones desarrolladas por dicho Cuerpo, se incluye una referencia expresa a que sus miembros ostentan la direccin de la Oficina judicial; se aaden nuevas competencias como la mediacin y la tramitacin y, en su caso, la resolucin de procedimientos monitorios, todo ello en el marco de lo que prevean las normas procesales; se incluyen los decretos como tipo de resolucin propia de estos funcionarios y se prev que el Ministerio de Justicia apruebe anualmente su escalafn. Asimismo, se establece el rgimen de derechos y deberes de los Letrados de la Administracin de Justicia, aclarando as su estatus funcionarial, incluyendo una clusula remisoria con carcter general al libro VI y supletoriamente al Estatuto Bsico del Empleado Pblico y dems normativa de la funcin pblica, todo ello sin perjuicio de las necesarias especialidades, propias de la naturaleza y funciones del Cuerpo de Letrados de la Administracin de Justicia.

Se mantienen, asimismo, las actuales tres categoras existentes en el Cuerpo de Secretarios Judiciales y se introducen mejoras tcnicas aclarando la regulacin de esta materia.

Por otra parte, se prev un sistema de sustituciones inspirado en los principios de la Ley Orgnica8/2012, de27 de diciembre, de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administracin de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgnica6/1985, de1 de julio, del Poder Judicial, con la finalidad de fomentar y primar las sustituciones entre Letrados de la Administracin de Justicia, quedando el llamamiento a Letrados sustitutos como algo excepcional. Se trata de profesionalizar la Justicia en todos sus mbitos y buscar una reduccin importante en el coste econmico que viene suponiendo el actual sistema.

Finalmente, en la vigente Ley el rgimen disciplinario de los Secretarios judiciales es el previsto por remisin en el libro VI (resto de personal al servicio de la Administracin de Justicia), lo que vena impidiendo una adaptacin a las peculiaridades propias de la actuacin de stos. Por ello, se incorpora en el Libro de Letrados de la Administracin de Justicia un rgimen disciplinario propio en el que, entre otros aspectos, se incluye la sancin de multa para facilitar as la graduacin de las sanciones a imponer y se realiza una referencia expresa al principio de proporcionalidad entre la gravedad del hecho constitutivo de la infraccin y la sancin aplicada.

La reforma incide tambin en el mbito del expurgo de documentos judiciales ya tramitados y resueltos y cuya conservacin resulta innecesaria y genera un coste para la Administracin. Si bien el expurgo de archivos judiciales es una cuestin ya contemplada en la Ley Orgnica, se dota de mayor eficacia al procedimiento, de tal forma que la Administracin pueda proceder a la destruccin de los autos y expedientes judiciales cuando hayan transcurrido seis aos desde la firmeza de la resolucin que de manera definitiva haya puesto trmino al procedimiento. De la regla general quedan excluidos, por una parte, los expedientes de la jurisdiccin penal, sometidos con carcter general a plazos ms largos de prescripcin y, por otra, los expedientes que se determinen reglamentariamente en atencin a su valor cultural, social o histrico.

En todo caso, la destruccin se acordar previa concesin de audiencia a las partes por si estuviesen interesadas en el desglose de documentos originales que hubiesen aportado o quieran ejercer los derechos que, en esta materia, les otorga la ley.

X

En relacin a las modificaciones que se operan en el libro VI cabe destacar la incorporacin de la exigencia de la especialidad en Medicina Forense para el ingreso en el Cuerpo de Mdicos Forenses, que se har efectiva cuando determine el Ministerio de Justicia una vez que concluyan su formacin las primeras promociones que hayan obtenido plaza por el sistema de residencia a travs de la correspondiente convocatoria anual de pruebas selectivas para el acceso a plazas de formacin sanitaria especializada. En paralelo, se actualizan las funciones de estos profesionales y se adapta el rgimen de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, como rganos tcnicos adscritos al Ministerio de Justicia o a las Comunidades Autnomas con competencia en la materia, y que tienen la misin de auxiliar a la Administracin de Justicia en el mbito de su disciplina cientfica y tcnica.

Tambin como novedad se establece que los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses contarn con unidades de valoracin forense integral, de los que podrn formar parte los psiclogos y trabajadores sociales que se determinen para garantizar, entre otras funciones, la asistencia especializada a las vctimas de violencia de gnero y domstica, menores, familia y personas con discapacidad. Asimismo, dentro de estos Institutos podrn integrarse el resto de profesionales que integran los denominados equipos psicosociales, esto es psiclogos, trabajadores sociales y educadores sociales, que prestan servicios a la Administracin de Justicia, incluyendo los equipos tcnicos de menores; con todo ello, se refuerza y garantiza su actuacin.

Igualmente importante es la atribucin de la condicin de agente de la autoridad a los miembros del Cuerpo de Gestin Procesal cuando realicen funciones de documentacin en embargos, lanzamientos y dems actos cuya naturaleza lo requiera.

Dentro del mismo Libro VI se introducen determinadas modificaciones adicionales en el rgimen estatutario del resto de los funcionarios al servicio de la Administracin de Justicia.

XI

En cuanto al libro VII, se incluye a los Graduados Sociales como profesionales que, al prestar la representacin tcnica en el mbito social, pueden actuar como colaboradores de la Administracin de Justicia.

XII

Como complemento al articulado se introducen seis disposiciones adicionales, nueve transitorias y diez finales.

Entre las disposiciones finales, destacan la disposicin final cuarta, que modifica la Ley1/2000, de7 de enero, de Enjuiciamiento Civil para adaptarla a las nuevas disposiciones de la Ley Orgnica del Poder Judicial en relacin con la informacin sobre el estado de las actuaciones judiciales, la publicidad de las sentencias y la ejecucin de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y la disposicin final tercera, que modifica la Ley29/1998, de13 de julio, reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-administrativa, en lo relativo al recurso de casacin en este orden jurisdiccional.

En este mbito, y con la finalidad de intensificar las garantas en la proteccin de los derechos de los ciudadanos, la ley opta por reforzar el recurso de casacin como instrumento por excelencia para asegurar la uniformidad en la aplicacin judicial del derecho. De esta forma, el recurso de casacin podr ser admitido a trmite cuando, invocada una concreta infraccin del ordenamiento jurdico, tanto procesal como sustantiva, o de la jurisprudencia, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo estime que el recurso presenta inters casacional objetivo para la formacin de jurisprudencia.

Con la finalidad de que la casacin no se convierta en una tercera instancia, sino que cumpla estrictamente su funcin nomofilctica, se disea un mecanismo de admisin de los recursos basado en la descripcin de los supuestos en los que un asunto podr acceder al Tribunal Supremo por concurrir un inters casacional. As, la Sala de casacin podr apreciar que en determinados casos existe inters casacional objetivo, motivndolo expresamente en el auto de admisin. El recurso deber ser admitido en determinados supuestos, en los que existe la presuncin de que existe inters casacional objetivo.


[Bloque 2: #aunico]

Artculo nico. Modificacin de la Ley Orgnica6/1985, de1 de julio, del Poder Judicial.

La Ley Orgnica6/1985, de1 de julio, del Poder Judicial, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el apartado2 del artculo3, que queda redactado como sigue:

2. Los rganos de la jurisdiccin militar, integrante del Poder Judicial del Estado, basan su organizacin y funcionamiento en el principio de unidad jurisdiccional y administran Justicia en el mbito estrictamente castrense y, en su caso, en las materias que establezca la declaracin del estado de sitio, de acuerdo con la Constitucin y lo dispuesto en las leyes penales, procesales y disciplinarias militares.

Dos. Se aade un nuevo artculo4 bis, que queda redactado como sigue:

Artculo 4 bis.

1. Los Jueces y Tribunales aplicarn el Derecho de la Unin Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unin Europea.

2. Cuando los Tribunales decidan plantear una cuestin prejudicial europea lo harn de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unin Europea y, en todo caso, mediante auto, previa audiencia de las partes.

Tres. Se aade un nuevo artculo5 bis, que queda redactado como sigue:

Artculo 5 bis.

Se podr interponer recurso de revisin ante el Tribunal Supremo contra una resolucin judicial firme, con arreglo a las normas procesales de cada orden jurisdiccional, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolucin ha sido dictada en violacin de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Proteccin de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violacin, por su naturaleza y gravedad, entrae efectos que persistan y no puedan cesar de ningn otro modo que no sea mediante esta revisin.

Cuatro. Se modifica el artculo21, que queda redactado como sigue:

Artculo 21.

1. Los Tribunales civiles espaoles conocern de las pretensiones que se susciten en territorio espaol con arreglo a lo establecido en los tratados y convenios internacionales en los que Espaa sea parte, en las normas de la Unin Europea y en las leyes espaolas.

2. No obstante, no conocern de las pretensiones formuladas respecto de sujetos o bienes que gocen de inmunidad de jurisdiccin o de ejecucin de conformidad con las normas del Derecho Internacional Pblico.

Cinco. Se modifica el artculo22, que queda redactado como sigue:

Artculo22.

Con carcter exclusivo, los Tribunales espaoles sern competentes en todo caso y con preferencia de cualquier otro, para conocer de las pretensiones relativas a las siguientes materias:

a) Derechos reales y arrendamientos de bienes inmuebles que se hallen en Espaa. No obstante, en materia de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles celebrados para un uso particular durante un plazo mximo de seis meses consecutivos, sern igualmente competentes los rganos jurisdiccionales espaoles si el demandado estuviera domiciliado en Espaa, siempre que el arrendatario sea una persona fsica y que ste y el propietario estn domiciliados en el mismo Estado.

b) Constitucin, validez, nulidad o disolucin de sociedades o personas jurdicas que tengan su domicilio en territorio espaol, as como respecto de los acuerdos y decisiones de sus rganos.

c) Validez o nulidad de las inscripciones practicadas en un registro espaol.

d) Inscripciones o validez de patentes, marcas, diseos o dibujos y modelos y otros derechos sometidos a depsito o registro, cuando se hubiera solicitado o efectuado en Espaa el depsito o el registro.

e) Reconocimiento y ejecucin en territorio espaol de sentencias y dems resoluciones judiciales, decisiones arbitrales y acuerdos de mediacin dictados en el extranjero.

Seis. Se aade un nuevo artculo22 bis, que queda redactado como sigue:

Artculo22 bis.

1. En aquellas materias en que una norma expresamente lo permita, los Tribunales espaoles sern competentes cuando las partes, con independencia de su domicilio, se hayan sometido expresa o tcitamente a ellos. No surtirn efectos los acuerdos que atribuyan la competencia a los Tribunales espaoles ni las estipulaciones similares incluidas en un contrato si son contrarios a lo establecido en los artculos22 quter,22 quinquies,22 sexies y22 septies, o si excluyen la competencia de los rganos judiciales espaoles exclusivamente competentes conforme lo establecido en el artculo22, en cuyo caso se estar a lo establecido en dichos preceptos.

La sumisin a los Tribunales espaoles en las materias contempladas en las letras d) y e) del artculo22 quinquies slo ser vlida si se fundamenta en un acuerdo de sumisin posterior a que surja la controversia, o ambos contratantes tuvieran ya su domicilio o residencia habitual en Espaa en el momento de celebracin del contrato o el demandante fuera el consumidor, asegurado o tomador del seguro.

2. Se entender por acuerdo de sumisin expresa aquel pacto por el cual las partes deciden atribuir a los Tribunales espaoles el conocimiento de ciertas o todas las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relacin jurdica, contractual o no contractual. La competencia establecida por sumisin expresa se extender a la propia validez del acuerdo de sumisin.

El acuerdo de sumisin expresa deber constar por escrito, en una clusula incluida en un contrato o en un acuerdo independiente, o verbalmente con confirmacin escrita, as como en alguna forma que se ajuste a los hbitos que las partes tengan establecidos entre ellas, o en el comercio internacional sea conforme a los usos que las partes conozcan o deban conocer y que, en dicho comercio, sean ampliamente conocidos y regularmente observados por las partes en los contratos del mismo tipo en el sector comercial considerado. Se entender que media acuerdo escrito cuando resulte de una transmisin efectuada por medios electrnicos que proporcione un registro duradero.

Se considerar igualmente que hay acuerdo escrito cuando est consignado en un intercambio de escritos de demanda y contestacin dentro del proceso iniciado en Espaa, en los cuales la existencia del acuerdo sea afirmada por una parte y no negada por la otra.

3. Con independencia de los casos en los que su competencia resulte de otras disposiciones, sern competentes los Tribunales espaoles cuando comparezca ante ellos el demandado. Esta regla no ser de aplicacin si la comparecencia tiene por objeto impugnar la competencia.

Siete. Se aade un nuevo artculo22 ter, que queda redactado como sigue:

Artculo22 ter.

1. En materias distintas a las contempladas en los artculos22,22 sexies y22 septies y si no mediare sumisin a los Tribunales espaoles de conformidad con el artculo22 bis, stos resultarn competentes cuando el demandado tenga su domicilio en Espaa o cuando as venga determinado por cualquiera de los foros establecidos en los artculos22 quter y22 quinquies.

2. Se entender, a los efectos de este artculo, que una persona fsica est domiciliada en Espaa cuando tenga en ella su residencia habitual.

Se entender que una persona jurdica est domiciliada en Espaa cuando radique en ella su sede social, su centro de administracin o administracin central o su centro de actividad principal.

3. En caso de pluralidad de demandados, sern competentes los Tribunales espaoles cuando al menos uno de ellos tenga su domicilio en Espaa, siempre que se ejercite una sola accin o varias entre las que exista un nexo por razn del ttulo o causa de pedir que aconsejen su acumulacin.

4. No obstante, la competencia establecida conforme a lo dispuesto en el apartado1 de este artculo podr ser excluida mediante un acuerdo de eleccin de foro a favor de un Tribunal extranjero. En tal caso, los Tribunales suspendern el procedimiento y slo podrn conocer de la pretensin deducida en el supuesto de que los Tribunales extranjeros designados hubieren declinado su competencia.

5. No tendr efecto la exclusin de la competencia de los Tribunales espaoles en aquellas materias en que no cabe sumisin a ellos.

Ocho. Se aade un nuevo artculo22 quter, que queda redactado como sigue:

Artculo22 quter.

En defecto de los criterios anteriores, los Tribunales espaoles sern competentes:

a) En materia de declaracin de ausencia o fallecimiento, cuando el desaparecido hubiera tenido su ltimo domicilio en territorio espaol o tuviera nacionalidad espaola.

b) En materia relacionada con la capacidad de las personas y las medidas de proteccin de las personas mayores de edad o de sus bienes, cuando estos tuviesen su residencia habitual en Espaa.

c) En materia de relaciones personales y patrimoniales entre cnyuges, nulidad matrimonial, separacin y divorcio y sus modificaciones, siempre que ningn otro Tribunal extranjero tenga competencia, cuando ambos cnyuges posean residencia habitual en Espaa al tiempo de la interposicin de la demanda o cuando hayan tenido en Espaa su ltima residencia habitual y uno de ellos resida all, o cuando Espaa sea la residencia habitual del demandado, o, en caso de demanda de mutuo acuerdo, cuando en Espaa resida uno de los cnyuges, o cuando el demandante lleve al menos un ao de residencia habitual en Espaa desde la interposicin de la demanda, o cuando el demandante sea espaol y tenga su residencia habitual en Espaa al menos seis meses antes de la interposicin de la demanda, as como cuando ambos cnyuges tengan nacionalidad espaola.

d) En materia de filiacin y de relaciones paterno-filiales, proteccin de menores y de responsabilidad parental, cuando el hijo o menor tenga su residencia habitual en Espaa al tiempo de la interposicin de la demanda o el demandante sea espaol o resida habitualmente en Espaa o, en todo caso, al menos desde seis meses antes de la presentacin de la demanda.

e) En materia de adopcin, en los supuestos regulados en la Ley54/2007, de28 de diciembre, de adopcin internacional.

f) En materia de alimentos, cuando el acreedor o el demandado de los mismos tenga su residencia habitual en Espaa o, si la pretensin de alimentos se formula como accesoria a una cuestin sobre el estado civil o de una accin de responsabilidad parental, cuando los Tribunales espaoles fuesen competentes para conocer de esta ltima accin.

g) En materia de sucesiones, cuando el causante hubiera tenido su ltima residencia habitual en Espaa o cuando los bienes se encuentren en Espaa y el causante fuera espaol en el momento del fallecimiento. Tambin sern competentes cuando las partes se hubieran sometido a los Tribunales espaoles, siempre que fuera aplicable la ley espaola a la sucesin. Cuando ninguna jurisdiccin extranjera sea competente, los Tribunales espaoles lo sern respecto de los bienes de la sucesin que se encuentren en Espaa.

Nueve. Se aade un nuevo artculo22 quinquies, que queda redactado como sigue:

Artculo22 quinquies.

Asimismo, en defecto de sumisin expresa o tcita y aunque el demandado no tuviera su domicilio en Espaa, los Tribunales espaoles sern competentes:

a) En materia de obligaciones contractuales, cuando la obligacin objeto de la demanda se haya cumplido o deba cumplirse en Espaa.

b) En materia de obligaciones extracontractuales, cuando el hecho daoso se haya producido en territorio espaol.

c) En las acciones relativas a la explotacin de una sucursal, agencia o establecimiento mercantil, cuando ste se encuentre en territorio espaol.

d) En materia de contratos celebrados por consumidores, estos podrn litigar en Espaa si tienen su residencia habitual en territorio espaol o si lo tuviera la otra parte contratante; esta ltima solo podr litigar en Espaa si el consumidor tiene su residencia habitual en territorio espaol.

e) En materia de seguros, cuando el asegurado, tomador o beneficiario del seguro tuviera su domicilio en Espaa; tambin podr el asegurador ser demandado ante los Tribunales espaoles si el hecho daoso se produjere en territorio espaol y se tratara de un contrato de seguro de responsabilidad o de seguro relativo a inmuebles, o, tratndose de un seguro de responsabilidad civil, si los Tribunales espaoles fueran competentes para conocer de la accin entablada por el perjudicado contra el asegurado en virtud de lo dispuesto en la letra b) de este artculo.

f) En las acciones relativas a derechos reales sobre bienes muebles, si estos se encontraren en territorio espaol al tiempo de la interposicin de la demanda.

Respecto a los supuestos previstos en las letras d) y e) tambin sern competentes los Tribunales espaoles cuando el consumidor, asegurado o tomador del seguro sea demandante y las partes hayan acordado la sumisin a los Tribunales espaoles despus de surgir la controversia, o ambos contratantes tuvieran ya su domicilio en Espaa en el momento de celebracin del contrato o el demandante fuera el consumidor, asegurado o tomador del seguro.

Diez. Se aade un nuevo artculo22 sexies, que queda redactado como sigue:

Artculo22 sexies.

Los Tribunales espaoles sern competentes cuando se trate de adoptar medidas provisionales o de aseguramiento respecto de personas o bienes que se hallen en territorio espaol y deban cumplirse en Espaa. Sern tambin competentes para adoptar estas medidas si lo son para conocer del asunto principal.

Once. Se aade un nuevo artculo22 septies, que queda redactado como sigue:

Artculo22 septies.

En materia concursal y dems procedimientos de insolvencia se estar a lo que disponga su legislacin reguladora.

Doce. Se aade un nuevo artculo22 octies, que queda redactado como sigue:

Artculo22 octies.

1. No sern competentes los Tribunales espaoles en aquellos casos en que los fueros de competencia previstos en las leyes espaolas no contemplen dicha competencia.

2. Los Tribunales espaoles apreciarn, de oficio o a instancia de parte, su competencia de conformidad con las normas vigentes y las circunstancias concurrentes en el momento de presentacin de la demanda, y el proceso se sustanciar hasta su conclusin aunque dichas normas o circunstancias hayan sido modificadas con posterioridad, salvo que expresamente se determine lo contrario.

3. Los Tribunales espaoles se declararn incompetentes si su competencia no estuviera fundada en las disposiciones de las leyes espaolas, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales.

Los Tribunales espaoles no podrn abstenerse o declinar su competencia cuando el supuesto litigioso presente vinculacin con Espaa y los Tribunales de los distintos Estados conectados con el supuesto hayan declinado su competencia. Tampoco lo podrn hacer cuando se trate del reconocimiento y la ejecucin de resoluciones judiciales, decisiones arbitrales y acuerdos de mediacin dictados por los Tribunales extranjeros.

Trece. Se aade un nuevo artculo22 nonies, que queda redactado como sigue:

Artculo22 nonies.

Las excepciones de litispendencia y de conexidad internacionales se alegarn y tramitarn con arreglo a las normas generales que regulen las leyes procesales.

Catorce. Se modifica el artculo35, que queda redactado como sigue:

Artculo35.

1. La demarcacin judicial, que determinar la circunscripcin territorial de los rganos judiciales, se establecer por ley o, en los casos expresamente contemplados en esta norma, por real decreto.

2. A tal fin, las Comunidades Autnomas participarn en la organizacin de la demarcacin judicial de sus territorios respectivos, remitiendo al Gobierno, a solicitud de ste, una propuesta de la misma en la que fijarn los partidos judiciales.

3. El Ministerio de Justicia, vistas las propuestas de las Comunidades Autnomas, redactar la correspondiente disposicin normativa, que ser informada por el Consejo General del Poder Judicial en el plazo de dos meses.

4. Emitidos los precitados informes, el Gobierno proceder a la tramitacin del oportuno proyecto normativo.

5. La demarcacin judicial ser revisada cada cinco aos o antes si las circunstancias lo aconsejan, mediante ley elaborada conforme al procedimiento anteriormente establecido.

6. Las Comunidades Autnomas, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, determinarn, por ley, la capitalidad de los partidos judiciales.

Quince. Se aade un nuevo artculo61 bis, que queda redactado como sigue:

Artculo61 bis.

1. Al servicio del Tribunal Supremo existir un Gabinete Tcnico, que asistir a la Presidencia y a sus diferentes Salas en los procesos de admisin de los asuntos de que conozcan y mediante la elaboracin de estudios e informes que se le soliciten. Tambin prestar apoyo a las Salas especiales en el despacho de asuntos que les estn atribuidos.

2. El Gabinete Tcnico estar integrado por un Director y por miembros de la Carrera judicial y otros juristas que ostentarn la denominacin de Letrados del Gabinete Tcnico.

3. A los efectos anteriores, en el Gabinete Tcnico existirn tantas reas como rdenes jurisdiccionales. Dentro de cada rea podr existir una seccin de Admisin y otra seccin de Estudios e Informes. En la Sala Quinta de lo Militar podr haber un Letrado del Gabinete Tcnico.

Los Letrados prestarn sus servicios en las diferentes reas atendiendo a su especializacin profesional.

4. En cada una de las reas habr uno o varios Letrados del Gabinete Tcnico que asuman funciones de coordinacin de los miembros del Gabinete que formen parte de la misma. Sern designados por el Presidente del Tribunal Supremo, preferentemente de entre los Letrados que pertenezcan a la Carrera Judicial, y debern tener una antigedad mnima de diez aos en el ejercicio de su respectiva profesin.

5. El Ministerio de Justicia, oda la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y previo informe del Consejo General del Poder Judicial e informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas, determinar la composicin y plantilla del Gabinete Tcnico.

Excepcionalmente, por razones coyunturales y debidamente justificadas, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y oda la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, podr el Ministerio de Justicia adscribir temporalmente, con el lmite mximo de un ao, un nmero adicional de miembros al servicio del Gabinete Tcnico.

Diecisis. Se aade un nuevo artculo61 ter, que queda redactado como sigue:

Artculo61 ter.

La superior direccin del Gabinete Tcnico ser ejercida por el Presidente del Tribunal Supremo o, en caso de delegacin de ste, por el Vicepresidente del Tribunal Supremo.

Diecisiete. Se aade un nuevo artculo61 quter, que queda redactado como sigue:

Artculo61 quter.

1. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial nombrar al Director del Gabinete Tcnico, a propuesta vinculante del Presidente del Tribunal Supremo, debiendo acreditar los requisitos legalmente exigidos para poder acceder a la categora de Magistrado del Tribunal Supremo, teniendo dicha consideracin, a efectos representativos, mientras desempee el cargo.

2. Los Letrados que hayan de prestar servicio en el Gabinete Tcnico sern seleccionados mediante concurso de mritos, establecindose en el anuncio de la convocatoria los criterios de seleccin.

Los Letrados que no pertenezcan a la Carrera Judicial o Fiscal debern ser funcionarios del Cuerpo de Letrados de la Administracin de Justicia o funcionarios de las Administraciones Pblicas u rganos constitucionales, con titulacin en Derecho, pertenecientes a Cuerpos del Subgrupo A1 o asimilados.

La Comisin Permanente del Consejo General del Poder Judicial realizar la convocatoria a propuesta del Presidente del Tribunal Supremo, quien oir previamente, a los efectos de fijar los criterios de seleccin, a la Sala de Gobierno de dicho Tribunal.

3. El Presidente del Tribunal Supremo, odos los Presidentes de Sala y el Director del Gabinete Tcnico, someter a la Sala de Gobierno, para su aprobacin, la propuesta de candidatos a cubrir las plazas de Letrado del Gabinete Tcnico.

4. El Presidente del Tribunal Supremo elevar al Pleno del Consejo General del Poder Judicial la propuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, para que proceda al nombramiento de quienes vayan a ocupar las plazas de Letrado del Gabinete Tcnico.

Dieciocho. Se aade un nuevo artculo61 quinquies, que queda redactado como sigue:

Artculo61 quinquies.

1. Los Letrados que fueren seleccionados sern nombrados por un ao. Una vez cumplido ese plazo, el Presidente del Tribunal Supremo, odos el Presidente de Sala respectivo y el Director del Gabinete Tcnico, propondr, en su caso, la prrroga en la plaza, de conformidad con el procedimiento establecido para el nombramiento inicial. Los Letrados podrn ser prorrogados por sucesivos periodos de tres aos. Sin perjuicio de lo anterior, los Letrados podrn ser cesados por el Presidente del Tribunal Supremo por incumplimiento grave de los deberes de su funcin.

2. El Director del Gabinete Tcnico y los Letrados sern declarados en situacin administrativa de servicios especiales en la Carrera o Cuerpo de procedencia.

3. A los efectos del cmputo de la antigedad en la Carrera Judicial, a los Jueces o Magistrados que ocupen plaza de Letrado en el Gabinete Tcnico se les tendrn en cuenta los servicios prestados en el orden jurisdiccional correspondiente al rea del Gabinete Tcnico en que estuvieran adscritos.

Esta previsin ser tambin de aplicacin a los efectos del cmputo de la antigedad en el Cuerpo a los Letrados de la Administracin de Justicia que ocupen plaza de Letrado en el Gabinete Tcnico.

Diecinueve. Se aade un nuevo artculo61 sexies, que queda redactado como sigue:

Artculo61 sexies.

La Sala de Gobierno, a propuesta del Presidente del Tribunal Supremo, aprobar las normas de funcionamiento del Gabinete Tcnico.

Veinte. Se modifica el apartado6 del artculo73, que queda redactado como sigue:

6. En el caso de que el nmero de asuntos lo aconseje, podrn crearse una o ms Secciones e incluso Sala de lo Penal con su propia circunscripcin territorial en aquellas capitales que ya sean sedes de otras Salas del Tribunal Superior, a los solos efectos de conocer los recursos de apelacin a los que se refiere la letra c) del apartado3 de este artculo y aquellas otras apelaciones atribuidas por las leyes al Tribunal Superior de Justicia.

Los nombramientos para Magistrados de estas Secciones o Salas, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, recaern en aquellos Magistrados que, ostentando la condicin de especialista en el orden penal obtenida mediante la superacin de las pruebas selectivas que reglamentariamente determine el Consejo General del Poder Judicial, tengan mejor puesto en su escalafn. A falta de stos, recaer en aquellos Magistrados que habiendo prestado sus servicios en el orden jurisdiccional penal durante diez aos dentro de los quince aos inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria, tengan mejor puesto en el escalafn. La antigedad en rganos mixtos se computar de igual manera a estos efectos. En su defecto, se nombrar a quien ostente mejor puesto en el escalafn.

Veintiuno. Se modifica el nmero2. del apartado2 del artculo82, que queda redactado como sigue:

2. De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los Juzgados de lo Mercantil, salvo las que se dicten en incidentes concursales que resuelvan cuestiones de materia laboral, debiendo especializarse a tal fin una o varias de sus Secciones, de conformidad con lo previsto en el artculo98 de la presente Ley Orgnica. Estas Secciones especializadas conocern tambin de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de primera instancia en los procedimientos relativos a concursos de personas fsicas y a acciones individuales relativas a condiciones generales de la contratacin.

Veintids. Se aade un nuevo apartado6 al artculo85, que queda redactado como sigue:

6. De los concursos de persona natural que no sea empresario en los trminos previstos en su Ley reguladora.

Veintitrs. Se modifican los apartados1 y2 del artculo86 ter, que quedan redactados como sigue:

1. Los Juzgados de lo mercantil conocern de cuantas cuestiones se susciten en materia concursal, en los trminos previstos en su Ley reguladora y sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo85.6. En todo caso, la jurisdiccin del juez del concurso ser exclusiva y excluyente en las siguientes materias:

1. Las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado, con excepcin de las que se ejerciten en los procesos sobre capacidad, filiacin, matrimonio y menores a las que se refiere el ttulo I del libro IV de la Ley1/2000, de7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Con el mismo alcance conocer de la accin a que se refiere el artculo17.1 de la Ley22/2003, de9 de julio, Concursal.

2. Las acciones sociales que tengan por objeto la extincin, modificacin o suspensin colectivas de los contratos de trabajo en los que sea empleador el concursado, as como la suspensin o extincin de contratos de alta direccin, sin perjuicio de que cuando estas medidas supongan modificar las condiciones establecidas en convenio colectivo aplicable a estos contratos se requerir el acuerdo de los representantes de los trabajadores. En el enjuiciamiento de estas materias, y sin perjuicio de la aplicacin de las normas especficas de la Ley Concursal, debern tenerse en cuenta los principios inspiradores de la ordenacin normativa estatutaria y del proceso laboral.

3. Toda ejecucin frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el rgano que la hubiera ordenado.

4. Toda medida cautelar que afecte al patrimonio del concursado, excepto las que se adopten en los procesos civiles que quedan excluidos de su jurisdiccin en el nmero1. y sin perjuicio de las medidas cautelares que puedan decretar los rbitros durante un procedimiento arbitral.

5. Las que en el procedimiento concursal debe adoptar en relacin con la asistencia jurdica gratuita.

6. Las acciones tendentes a exigir responsabilidad civil a los administradores sociales, a los auditores o, en su caso, a los liquidadores, por los perjuicios causados al concursado durante el procedimiento.

2. Los Juzgados de lo Mercantil conocern, asimismo, de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil, respecto de:

a) Las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, as como todas aquellas cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas.

b) Las pretensiones que se promuevan al amparo de la normativa en materia de transportes, nacional o internacional.

c) Aquellas pretensiones relativas a la aplicacin del Derecho martimo.

d) Las acciones colectivas previstas en la legislacin relativa a condiciones generales de la contratacin y a la proteccin de consumidores y usuarios.

e) Los recursos contra las resoluciones de la Direccin General de los Registros y del Notariado en materia de recurso contra la calificacin del Registrador Mercantil, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria para este procedimiento.

f) De los procedimientos de aplicacin de los artculos81 y82 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y su Derecho derivado, as como los procedimientos de aplicacin de los artculos que determine la Ley de Defensa de la Competencia.

Veinticuatro. Se modifica el apartado2 del artculo87 bis, que queda redactado como sigue:

2. Sin perjuicio de lo previsto en la legislacin vigente sobre demarcacin y planta judicial, el Gobierno, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y en su caso, con informe de la Comunidad Autnoma con competencias en materia de Justicia, podr establecer mediante real decreto que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer que se determinen extiendan su jurisdiccin a dos o ms partidos dentro de la misma provincia.

Veinticinco. Se modifican las letras a) y d) y se aade una nueva letra g) al apartado1 del artculo87 ter, que quedan redactadas como sigue:

a) De la instruccin de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los ttulos del Cdigo Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales, contra la intimidad y el derecho a la propia imagen, contra el honor o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidacin, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que est o haya estado ligada al autor por anloga relacin de afectividad, aun sin convivencia, as como de los cometidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas con la capacidad modificada judicialmente que con l convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando tambin se haya producido un acto de violencia de gnero.

d) Del conocimiento y fallo de los delitos leves que les atribuya la ley cuando la vctima sea alguna de las personas sealadas como tales en la letra a) de este apartado.

g) De la instruccin de los procesos para exigir responsabilidad penal por el delito de quebrantamiento previsto y penado en el artculo468 del Cdigo Penal cuando la persona ofendida por el delito cuya condena, medida cautelar o medida de seguridad se haya quebrantado sea o haya sido su esposa, o mujer que est o haya estado ligada al autor por una anloga relacin de afectividad aun sin convivencia, as como los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas con la capacidad modificada judicialmente que con l convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente.

Veintisis. Se modifica el artculo98, que queda redactado como sigue:

Artculo98.

1. El Consejo General del Poder Judicial podr acordar, previo informe de las Salas de Gobierno, que en aquellas circunscripciones donde exista ms de un Juzgado de la misma clase, uno o varios de ellos asuman con carcter exclusivo, el conocimiento de determinadas clases de asuntos, o de las ejecuciones propias del orden jurisdiccional de que se trate, sin perjuicio de las labores de apoyo que puedan prestar los servicios comunes que al efecto se constituyan.

2. El Consejo General del Poder Judicial podr acordar de manera excepcional y por el tiempo que se determine, con informe favorable del Ministerio de Justicia, oda la Sala de Gobierno y, en su caso, la Comunidad Autnoma con competencias en materia de Justicia, que uno o varios Juzgados de la misma provincia y del mismo orden jurisdiccional asuman el conocimiento de determinadas clases o materias de asuntos y, en su caso, de las ejecuciones que de los mismos dimanen, sin perjuicio de las labores de apoyo que puedan prestar los servicios comunes constituidos o que se constituyan.

En estos casos, el rgano u rganos especializados asumirn la competencia para conocer de todos aquellos asuntos que sean objeto de tal especializacin, aun cuando su conocimiento inicial estuviese atribuido a rganos radicados en distinto partido judicial.

No podr adoptarse este acuerdo para atribuir a los rganos as especializados asuntos que por disposicin legal estuviesen atribuidos a otros de diferente clase. Tampoco podrn ser objeto de especializacin por esta va los Juzgados de Instruccin, sin perjuicio de cualesquiera otras medidas de exencin de reparto o de refuerzo que fuese necesario adoptar por necesidades del servicio.

3. Este acuerdo se publicar en el Boletn Oficial del Estado y producir efectos desde el inicio del ao siguiente a aquel en que se adopte, salvo que razonadamente se justifique otro momento anterior por razones de urgencia.

4. Los Juzgados afectados continuarn conociendo de todos los procesos pendientes ante los mismos hasta su conclusin.

Veintisiete. Se suprime el artculo163.

Veintiocho. Se modifica el artculo167, que queda redactado como sigue:

Artculo167.

1. Donde hubiere dos o ms Juzgados del mismo orden jurisdiccional, los asuntos se distribuirn entre ellos conforme a normas de reparto prefijadas. Las normas de reparto se aprobarn por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, a propuesta de la Junta de Jueces del respectivo orden jurisdiccional. A solicitud del interesado, la Junta de Jueces podr proponer que se libere, total o parcialmente, a un Juez del reparto de asuntos, por tiempo limitado, cuando la buena administracin de justicia lo haga necesario. El acuerdo se trasladar a la Sala de Gobierno para que sta, si lo entiende pertinente, proceda a su aprobacin. Las modificaciones que se adopten en las normas de reparto no podrn afectar a los procedimientos en trmite.

2. La Sala de Gobierno podr acordar las modificaciones precisas en las normas de reparto de los Juzgados de lo Mercantil, de lo Penal, de Menores, de Vigilancia Penitenciaria, de lo Contencioso-administrativo o de lo Social, para equilibrar la distribucin de asuntos que por materia les corresponde a cada uno de ellos segn su clase, aun cuando alguno tuviese atribuido, por disposicin legal o por acuerdo del Pleno del propio Consejo General del Poder Judicial, el despacho de asuntos de su competencia a una circunscripcin de mbito inferior a la provincia.

3. El reparto se realizar por el Letrado de la Administracin de Justicia bajo la supervisin del Juez Decano, al cual corresponder resolver con carcter gubernativo interno las cuestiones que se planteen y corregir las irregularidades que puedan producirse, adoptando las medidas necesarias y promoviendo, en su caso, la exigencia de las responsabilidades que procedan.

Veintinueve. Se modifica el apartado2 del artculo199, que queda redactado como sigue:

2. En la Audiencia Nacional, cuando no asistieren Magistrados en nmero suficiente para constituir Sala, concurrirn para completarla otros Magistrados que designe el Presidente de la Sala o, en su caso, del Tribunal, con arreglo a un turno en el que sern preferidos los que se hallaren libres de sealamiento y, entre stos, los ms modernos. En su defecto, se llamar a un Magistrado suplente de conformidad con lo previsto en el apartado2 del artculo siguiente.

Treinta. Se suprimen los apartados 4 y 5 y se modifica el apartado 2 del artculo200, que queda redactado como sigue:

2. A los efectos de lo previsto en el artculo anterior podr haber en la Audiencia Nacional, en los Tribunales Superiores de Justicia y en las Audiencias Provinciales una relacin de Magistrados suplentes no integrantes de la Carrera judicial, que sern llamados a formar Sala segn la prelacin que se establezca dentro de cada orden u rdenes jurisdiccionales para el que hubieren sido nombrados.

Para su llamamiento habr de respetarse la disponibilidad presupuestaria y la prioridad establecida en el artculo anterior, sin que nunca pueda concurrir a formar Sala ms de un Magistrado suplente.

Treinta y uno. Se aade un apartado4 al artculo216 bis.3, con la siguiente redaccin:

4. Excepcionalmente, cuando las peculiaridades del refuerzo impidan que la comisin de servicio pueda ser atendida por un nico Juez durante toda su extensin temporal, el Consejo General del Poder Judicial podr autorizar que su desempeo se realice por quienes participen voluntariamente en los planes de sustitucin del rgano judicial que haya de ser reforzado, con sujecin a la secuencia de llamamiento entre ellos que el propio Consejo General del Poder Judicial establezca.

Treinta y dos. Se modifica el artculo230, que queda redactado como sigue:

1. Los Juzgados y Tribunales y las Fiscalas estn obligados a utilizar cualesquiera medios tcnicos, electrnicos, informticos y telemticos, puestos a su disposicin para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones, con las limitaciones que a la utilizacin de tales medios establecen el Captulo I bis de este Ttulo, la Ley Orgnica15/1999, de13 de diciembre, de Proteccin de Datos de Carcter Personal y las dems leyes que resulten de aplicacin.

Las instrucciones generales o singulares de uso de las nuevas tecnologas que el Consejo General del Poder Judicial o la Fiscala General del Estado dirijan a los Jueces y Magistrados o a los Fiscales, respectivamente, determinando su utilizacin, sern de obligado cumplimiento.

2. Los documentos emitidos por los medios anteriores, cualquiera que sea su soporte, gozarn de la validez y eficacia de un documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales.

3. Las actuaciones orales y vistas grabadas y documentadas en soporte digital no podrn transcribirse.

4. Los procesos que se tramiten con soporte informtico garantizarn la identificacin y el ejercicio de la funcin jurisdiccional por el rgano que la ejerce, as como la confidencialidad, privacidad y seguridad de los datos de carcter personal que contengan en los trminos que establezca la ley.

5. Las personas que demanden la tutela judicial de sus derechos e intereses podrn relacionarse con la Administracin de Justicia a travs de los medios tcnicos a que se refiere el apartado1 cuando sean compatibles con los que dispongan los Juzgados y Tribunales y se respeten las garantas y requisitos previstos en el procedimiento que se trate.

6. Los programas y aplicaciones informticos que se utilicen en la Administracin de Justicia debern ser previamente informados por el Consejo General del Poder Judicial.

Los sistemas informticos que se utilicen en la Administracin de Justicia debern ser compatibles entre s para facilitar su comunicacin e integracin, en los trminos que determine el Comit Tcnico Estatal de la Administracin de Justicia Electrnica.

Treinta y tres. Se modifica el apartado2 y se aade un apartado3 al artculo232, que quedarn redactados como sigue:

2. La relacin de sealamientos del rgano judicial deber hacerse pblica. Los Letrados de la Administracin de Justicia velarn por que los funcionarios competentes de la Oficina judicial publiquen en un lugar visible al pblico, el primer da hbil de cada semana, la relacin de sealamientos correspondientes a su respectivo rgano judicial, con indicacin de la fecha y hora de su celebracin, tipo de actuacin y nmero de procedimiento.

3. Excepcionalmente, por razones de orden pblico y de proteccin de los derechos y libertades, los Jueces y Tribunales, mediante resolucin motivada, podrn limitar el mbito de la publicidad y acordar el carcter secreto de todas o parte de las actuaciones.

Treinta y cuatro. Se modifica el artculo234, que queda redactado como sigue:

Artculo234.

1. Los Letrados de la Administracin de Justicia y funcionarios competentes de la Oficina judicial facilitarn a los interesados cuanta informacin soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales, que podrn examinar y conocer, salvo que sean o hubieren sido declaradas secretas o reservadas conforme a la ley.

2. Las partes y cualquier persona que acredite un inters legtimo y directo tendrn derecho a obtener, en la forma dispuesta en las leyes procesales y, en su caso, en la Ley18/2011, de5 de julio, reguladora del uso de las tecnologas de la informacin y la comunicacin en la Administracin de Justicia, copias simples de los escritos y documentos que consten en los autos, no declarados secretos ni reservados. Tambin tendrn derecho a que se les expidan los testimonios y certificados en los casos y a travs del cauce establecido en las leyes procesales.

Treinta y cinco. Se aade un nuevo artculo235 bis, que queda redactado como sigue:

Artculo235 bis.

Sin perjuicio de lo establecido en el prrafo segundo del apartado1 del artculo236 quinquies y de las restricciones que, en su caso, pudieran establecerse en las leyes procesales, el acceso al texto de las sentencias, o a determinados extremos de las mismas, o a otras resoluciones dictadas en el seno del proceso, slo podr llevarse a cabo previa disociacin de los datos de carcter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garanta del anonimato de las vctimas o perjudicados, cuando proceda.

En todo caso se adoptarn las medidas necesarias para evitar que las sentencias y el resto de resoluciones dictadas en el seno del proceso puedan ser usadas con fines contrarios a las leyes.

Treinta y seis. Se aade un nuevo captulo I bis en el ttulo III del libro III, que comprende los artculos236 bis a236 decies, quedando redactado como sigue:

CAPTULO I BIS

Proteccin de datos de carcter personal en el mbito de la Administracin de Justicia

Artculo236 bis.

El tratamiento de datos llevado a cabo con ocasin de la tramitacin por los Tribunales de los procesos de los que sean competentes, as como el realizado dentro de la gestin de la Oficina judicial se sometern a lo dispuesto en la Ley Orgnica15/1999, de13 de diciembre, de Proteccin de Datos de Carcter Personal y su normativa de desarrollo, sin perjuicio de las especialidades establecidas en el presente Captulo.

Artculo236 ter.

1. Los Tribunales podrn tratar datos de carcter personal con fines jurisdiccionales o no jurisdiccionales. En el primer caso, el tratamiento se limitar a los datos en tanto se encuentren incorporados a los procesos de que conozcan y su finalidad se relacione directamente con el ejercicio de la potestad jurisdiccional.

2. Los Tribunales mantendrn, con pleno respeto a las garantas y derechos establecidos en la normativa de proteccin de datos de carcter personal, los ficheros que resulten necesarios para la tramitacin de los procesos que en ellos se siguen, as como los que se precisen para su adecuada gestin.

Dichos ficheros se clasificarn en jurisdiccionales y no jurisdiccionales atendiendo a la naturaleza del tratamiento de los datos que los integran.

Artculo236 quter.

De conformidad con lo dispuesto en el artculo11.2 de la Ley Orgnica15/1999, de13 de diciembre, no ser necesario el consentimiento del interesado para que los Tribunales procedan al tratamiento de los datos en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, ya sean stos facilitados por las partes o recabados a solicitud del propio Tribunal, sin perjuicio de lo dispuesto en las normas procesales para la validez de la prueba.

Cuando se trate de datos tratados con fines no jurisdiccionales se estar a lo dispuesto en la Ley Orgnica15/1999, de13 de diciembre.

Artculo236 quinquies.

1. Los Jueces y Tribunales, y los Letrados de la Administracin de Justicia conforme a sus competencias procesales, podrn adoptar las medidas que sean necesarias para la supresin de los datos personales de los documentos a los que puedan acceder las partes durante la tramitacin del proceso siempre que no sean necesarios para garantizar su derecho a la tutela judicial efectiva.

Del mismo modo procedern respecto del acceso por las partes a los datos personales que pudieran contener las sentencias y dems resoluciones dictadas en el seno del proceso, sin perjuicio de la aplicacin en los dems supuestos de lo establecido en el artculo235 bis.

2. En todo caso ser de aplicacin lo dispuesto en la legislacin de proteccin de datos de carcter personal al tratamiento que las partes lleven a cabo de los datos que les hubieran sido revelados en el desarrollo del proceso.

3. Podrn cederse al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia, en lo que proceda, los datos tratados con fines jurisdiccionales que sean estrictamente necesarios para el ejercicio de las funciones de inspeccin y control establecidas en esta Ley.

4. Los datos tratados con fines no jurisdiccionales podrn cederse entre los rganos jurisdiccionales o por stos al Consejo General del Poder Judicial o al Ministerio de Justicia cuando ello est justificado por la interposicin de un recurso o sea necesario para el ejercicio de las competencias que tengan legalmente atribuidas.

Artculo236 sexies.

1. A los efectos previstos en la Ley Orgnica15/1999, de13 de diciembre, ser responsable de los ficheros jurisdiccionales el rgano jurisdiccional u Oficina judicial ante el que se tramiten los procesos cuyos datos se incorporen al fichero, y dentro de l decidir quien tenga la competencia atribuida por la normativa vigente de acuerdo a la solicitud que se reciba del ciudadano.

Igualmente, ser responsable de los ficheros no jurisdiccionales la Oficina judicial correspondiente al rgano judicial con el que se relacionen los datos que a los mismos se incorporen.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que pudiera corresponder a quien hubiera sido, en su caso, causante de la comisin de una infraccin en materia de proteccin de datos de carcter personal, a la que se refiere el artculo46.2 de la Ley Orgnica15/1999, de13 de diciembre.

3. En todo caso corresponder al Letrado de la Administracin de Justicia que se indique en el acuerdo de creacin velar por la adopcin de las medidas que impidan la alteracin, prdida, tratamiento o acceso no deseado a los datos de carcter personal incorporados a los ficheros, tanto jurisdiccionales como no jurisdiccionales, ostentando aqul la condicin de responsable de seguridad a los efectos previstos en la legislacin de proteccin de datos de carcter personal.

Artculo236 septies.

1. Los ficheros de datos de carcter personal de los Tribunales sern creados, modificados o suprimidos por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, adoptado a propuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional o del Tribunal Superior de Justicia u rgano de la Administracin competente en materia de Justicia correspondiente.

El acuerdo de creacin, de modificacin o de supresin de los ficheros se ajustar a lo dispuesto en la legislacin vigente en materia de proteccin de datos de carcter personal y se publicar en el Boletn Oficial del Estado y, en su caso, en los diarios oficiales de las Comunidades Autnomas.

2. Una vez publicado el acuerdo, el Consejo General del Poder Judicial dar traslado del mismo para su inscripcin en el Registro General de Proteccin de Datos de la Agencia Espaola de Proteccin de Datos.

Artculo236 octies.

1. Las solicitudes de ejercicio de los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin en relacin con los datos tratados con fines jurisdiccionales se tramitarn conforme a las normas que resulten de aplicacin al proceso en que los datos fueron recabados, no siendo de aplicacin las disposiciones establecidas al efecto por la legislacin vigente en materia de proteccin de datos de carcter personal.

En todo caso se denegar el acceso a los datos objeto de tratamiento con fines jurisdiccionales cuando las diligencias judiciales en que se haya recabado la informacin hayan sido declaradas secretas o reservadas.

2. Tratndose de datos sometidos a tratamiento con fines no jurisdiccionales, los interesados podrn ejercitar sus derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin en los trminos establecidos en la normativa vigente en materia de proteccin de datos de carcter personal, dirigiendo su solicitud ante el funcionario competente para decidir conforme a la normativa vigente que sea responsable del fichero al que se refiere el prrafo segundo del apartado1 del artculo236 sexies.

Artculo236 nonies.

1. Las competencias que la Ley Orgnica15/1999, de13 de diciembre, atribuye a la Agencia Espaola de Proteccin de Datos, sern ejercidas, respecto de los tratamientos efectuados con fines jurisdiccionales y los ficheros de esta naturaleza, por el Consejo General del Poder Judicial.

2. Los tratamientos de datos llevados a cabo con fines no jurisdiccionales y sus correspondientes ficheros quedarn sometidos a la competencia de la Agencia Espaola de Proteccin de Datos, prestando el Consejo General del Poder Judicial a la misma la colaboracin que al efecto precise.

El Consejo General del Poder Judicial podr adoptar las medidas reglamentarias que estime necesarias para garantizar el cumplimiento, en los tratamientos de datos con fines no jurisdiccionales y los ficheros no jurisdiccionales, de las medidas de seguridad establecidas en la normativa vigente en materia de proteccin de datos de carcter personal.

3. Cuando con ocasin de la realizacin de actuaciones de investigacin relacionadas con la posible comisin de una infraccin de la normativa de proteccin de datos las autoridades competentes a las que se refieren los dos apartados anteriores apreciasen la existencia de indicios que supongan la competencia de la otra autoridad, darn inmediatamente traslado a esta ltima a fin de que prosiga con la tramitacin del procedimiento.

Artculo236 decies.

1. Los tratamientos de datos llevados a cabo por el Consejo General del Poder Judicial en el ejercicio de sus competencias quedarn sometidos a lo dispuesto en la legislacin vigente en materia de proteccin de datos de carcter personal. Dichos tratamientos no sern considerados en ningn caso realizados con fines jurisdiccionales.

2. Los ficheros de datos de carcter personal del Consejo General del Poder Judicial y de los rganos integrantes del mismo sern creados, modificados o suprimidos por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de la Secretara General, que ostentar la condicin de responsable del tratamiento respecto de los mismos.

Una vez publicado el acuerdo, el Consejo General del Poder Judicial dar traslado del mismo para su inscripcin en el Registro General de Proteccin de Datos de la Agencia Espaola de Proteccin de Datos.

Treinta y siete. Se modifica el artculo264, que queda redactado como sigue:

Artculo264.

1. Los Magistrados de las diversas Secciones de una misma Sala se reunirn para la unificacin de criterios y la coordinacin de prcticas procesales, especialmente en los casos en que los Magistrados de las diversas Secciones de una misma Sala o Tribunal sostuvieren en sus resoluciones diversidad de criterios interpretativos en la aplicacin de la ley en asuntos sustancialmente iguales. A esos efectos, el Presidente de la Sala o Tribunal respectivo, por s o a peticin mayoritaria de sus miembros, convocar Pleno jurisdiccional para que conozca de uno o varios de dichos asuntos al objeto de unificar el criterio.

2. Formarn parte de este Pleno todos los Magistrados de la Sala correspondiente que por reparto conozcan de la materia en la que la discrepancia se hubiera puesto de manifiesto.

3. En todo caso, quedar a salvo la independencia de las Secciones para el enjuiciamiento y resolucin de los distintos procesos de que conozcan, si bien debern motivar las razones por las que se aparten del criterio acordado.

Treinta y ocho. Se modifica el artculo269, que queda redactado como sigue:

Artculo269.

1. Los Juzgados y Tribunales slo podrn celebrar juicios o vistas de asuntos fuera de la poblacin de su sede cuando as lo autorice la ley.

2. Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial, cuando las circunstancias o el buen servicio de la administracin de justicia lo aconsejen, y a peticin de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, podr disponer que los Juzgados y las Secciones o Salas de los Tribunales o Audiencias se constituyan en poblacin distinta de su sede para despachar los asuntos correspondientes a un determinado mbito territorial comprendido en la circunscripcin de aqullos.

3. Igualmente, las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, previa determinacin del nmero de causas que justifican los traslados de los Tribunales fuera de su sede y siempre que su desplazamiento venga justificado por una mejor administracin de justicia, dispondrn que los Jueces de lo Penal, asistidos del Letrado de la Administracin de Justicia, se constituyan para celebrar juicios orales en las ciudades donde tengan sede los Juzgados que hayan instruido las causas de las que les corresponde conocer. Los Juzgados de Instruccin y los funcionarios que en ellos sirvieren prestarn en estos casos cuanta colaboracin sea precisa.

Treinta y nueve. Se modifica el artculo276, que queda redactado como sigue:

Artculo276.

Las peticiones de cooperacin internacional se tramitarn de conformidad con lo previsto en los tratados internacionales, las normas de la Unin Europea y las leyes espaolas que resulten de aplicacin.

Cuarenta. Se modifica el artculo277 que queda redactado como sigue:

Artculo277.

Los Juzgados y Tribunales espaoles prestarn a las autoridades judiciales extranjeras la cooperacin que les soliciten para el desempeo de su funcin jurisdiccional, de conformidad con lo establecido en los tratados y convenios internacionales en los que Espaa sea parte, las normas de la Unin Europea y las leyes espaolas sobre esta materia.

Cuarenta y uno. Se modifica el artculo278, que queda redactado como sigue:

Artculo278.

La prestacin de cooperacin internacional slo ser denegada por los Juzgados y Tribunales espaoles:

1. Cuando el objeto o finalidad de la cooperacin solicitada sea manifiestamente contrario al orden pblico.

2. Cuando el proceso de que dimane la solicitud de cooperacin sea de la exclusiva competencia de la jurisdiccin espaola.

3. Cuando el contenido del acto a realizar no corresponda a las atribuciones propias de la autoridad judicial espaola requerida. En tal caso, sta remitir la solicitud a la autoridad judicial competente, informando de ello a la autoridad judicial requirente.

4. Cuando la solicitud de cooperacin internacional no rena el contenido y requisitos mnimos exigidos por las leyes para su tramitacin.

Cuarenta y dos. Se modifica el artculo296, que queda redactado como sigue:

Artculo296.

1. Los daos y perjuicios causados por los Jueces y Magistrados en el ejercicio de sus funciones darn lugar, en su caso, a responsabilidad del Estado por error judicial o por funcionamiento anormal de la Administracin de Justicia sin que, en ningn caso, puedan los perjudicados dirigirse directamente contra aqullos.

2. Si los daos y perjuicios provinieren de dolo o culpa grave del Juez o Magistrado, la Administracin General del Estado, una vez satisfecha la indemnizacin al perjudicado, podr exigir, por va administrativa a travs del procedimiento reglamentariamente establecido, al Juez o Magistrado responsable el reembolso de lo pagado sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que ste pudiera incurrir, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley.

El dolo o culpa grave del Juez o Magistrado se podr reconocer en sentencia o en resolucin dictada por el Consejo General del Poder Judicial conforme al procedimiento que ste determine. Para la exigencia de dicha responsabilidad se ponderarn, entre otros, los siguientes criterios: el resultado daoso producido y la existencia o no de intencionalidad.

Cuarenta y tres. Se suprime el artculo297.

Cuarenta y cuatro. Se modifica el apartado8 del artculo301, que queda redactado como sigue:

8. Tambin se reservar en la convocatoria un cupo no inferior al cinco por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad en grado igual o superior al33 por ciento, siempre que superen las pruebas selectivas y que acrediten el grado de discapacidad y la compatibilidad para el desempeo de las funciones y tareas correspondientes en la forma que se determine reglamentariamente. El ingreso de las personas con discapacidad en las Carreras judicial y fiscal se inspirar en los principios de igualdad de oportunidades, no discriminacin y compensacin de desventajas, procedindose, en su caso, a la adaptacin de los procesos selectivos a las necesidades especiales y singularidades de estas personas, mediante las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en los procesos selectivos.

Asimismo, una vez superados dichos procesos, se proceder a las adaptaciones y ajustes razonables para las necesidades de las personas con discapacidad de cualquier tipo en los puestos de trabajo y en el entorno laboral del centro o dependencia pblica donde desarrollen su actividad.

Cuarenta y cinco. Se modifica el apartado3 del artculo329, que queda redactado como sigue:

3. Los concursos para la provisin de los Juzgados de Menores se resolvern en favor de quienes, ostentando la categora de Magistrado y acreditando la correspondiente especializacin en materia de menores en la Escuela Judicial, tengan mejor puesto en su escalafn. En su defecto, se cubrirn por magistrados que hayan prestado al menos tres aos de servicio, dentro de los cinco anteriores a la fecha de la convocatoria, en la jurisdiccin de menores. A falta de stos se cubrirn por el orden de antigedad establecido en el apartado1.

Los que obtuvieran plaza, as como los que la obtuvieran cuando las vacantes tuvieran que cubrirse por ascenso, debern participar antes de tomar posesin de su nuevo destino en las actividades de especializacin en materia de menores y en materia de violencia de gnero que establezca el Consejo General del Poder Judicial.

Cuarenta y seis. Se modifica el artculo339, que queda redactado como sigue:

Artculo339.

El Presidente de la Audiencia Nacional y los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, cuando cesen en el cargo, quedarn adscritos, a su eleccin, al Tribunal o Audiencia en que cesen o a aqul del que provinieran en su ltimo destino, hasta la adjudicacin de la plaza correspondiente del que hubieren elegido. Si hubieren agotado la totalidad del primer perodo para el que fueron nombrados, tendrn preferencia, adems, durante los tres aos siguientes al cese, a cualquier plaza de su categora de las que deben proveerse por concurso voluntario y para las que no se reconozca especial preferencia o reserva a especialista.

Cuarenta y siete. Se modifica el artculo340, que queda redactado como sigue:

Artculo340.

Los Presidentes de Sala de la Audiencia Nacional, los Presidentes de Sala de los Tribunales Superiores de Justicia y los Presidentes de las Audiencias Provinciales que cesaren en su cargo quedarn adscritos, a su eleccin, al Tribunal o Audiencia en que cesen o a aqul del que provinieran en su ltimo destino, hasta la adjudicacin de la plaza correspondiente del que hubieren elegido. Si hubieren agotado la totalidad del primer perodo para el que fueron nombrados, tendrn preferencia, adems, durante los dos aos siguientes al cese, a cualquier plaza de su categora de las que deben proveerse por concurso voluntario y para las que no se reconozca especial preferencia o reserva a especialista.

Cuarenta y ocho. Se aade un nuevo artculo344 bis, que queda redactado como sigue:

Artculo344 bis.

1. Los Magistrados procedentes del Cuerpo Jurdico Militar sern nombrados para ocupar plazas en la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo por real decreto, refrendado por el Ministro de Justicia y a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, entre Generales Consejeros Togados y Generales Auditores con aptitud para el ascenso en situacin de servicio activo.

2. A efectos de motivacin de la propuesta de nombramiento, el Consejo General del Poder Judicial solicitar con carcter previo a los aspirantes una exposicin de sus mritos en los trminos de esta Ley, as como al Ministerio de Defensa la documentacin que en su caso considere necesaria.

Cuarenta y nueve. Se modifica el artculo347 bis, que queda redactado como sigue:

Artculo347 bis.

1 En cada Tribunal Superior de Justicia, y para el mbito territorial de la provincia, se crearn las plazas de Jueces de adscripcin territorial que determine la Ley38/1988, de28 de diciembre, de Demarcacin y de Planta Judicial.

2. Los Jueces de adscripcin territorial ejercern sus funciones jurisdiccionales en las plazas que se encuentren vacantes, como refuerzo de rganos judiciales o en aquellas plazas cuyo titular est ausente por cualquier circunstancia.

La designacin para estas funciones corresponder al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del que dependan, que posteriormente dar cuenta a la respectiva Sala de Gobierno.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia informar al Consejo General del Poder Judicial de la situacin y destinos de los Jueces de adscripcin territorial de su respectivo territorio.

3. En las Comunidades Autnomas pluriprovinciales y cuando las razones del servicio lo requieran, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia podr realizar llamamientos para rganos judiciales de otra provincia perteneciente al mbito territorial de dicho Tribunal.

4. Cuando el Juez de adscripcin territorial desempee funciones de sustitucin, lo har con plenitud de jurisdiccin en el rgano correspondiente. Tambin le corresponder asistir a las Juntas de Jueces y dems actos de representacin del rgano judicial en el que sustituya, en ausencia de su titular.

5. Cuando el Juez de adscripcin territorial ejerza funciones de refuerzo, corresponder a la Sala de Gobierno fijar los objetivos de dicho refuerzo y el adecuado reparto de asuntos, previa audiencia del Juez de adscripcin y del titular o titulares del rgano judicial reforzado.

6. Los desplazamientos del Juez de adscripcin territorial darn lugar a las indemnizaciones que por razn del servicio se determinen reglamentariamente.

7. En las Comunidades Autnomas en las que exista ms de una lengua oficial o tengan Derecho civil propio se aplicarn, para la provisin de estas plazas, las previsiones establecidas a tal efecto en la presente Ley.

Cincuenta. Se modifica el apartado1 y se aade un apartado3 al artculo386, que quedan redactados como sigue:

1. La jubilacin por edad de los Jueces y Magistrados es forzosa y se decretar con la antelacin suficiente para que el cese en la funcin se produzca efectivamente al cumplir la edad de setenta aos.

No obstante, podrn solicitar con dos meses de antelacin a dicho momento la prolongacin de la permanencia en el servicio activo hasta que cumplan como mximo setenta y dos aos de edad. Dicha solicitud vincular al Consejo General del Poder Judicial quien solo podr denegarla cuando el solicitante no cumpla el requisito de edad o cuando presentase la solicitud fuera del plazo indicado.

3. Los Jueces y Magistrados conservarn los honores y tratamientos correspondientes a la categora alcanzada en el momento de la jubilacin.

Cincuenta y uno. Se suprimen los artculos 411, 412 y 413.

Cincuenta y dos. Se modifica el apartado2 del artculo416, que queda redactado como sigue:

2. Las faltas muy graves prescribirn a los dos aos, las graves al ao y las leves a los seis meses.

El plazo de prescripcin comenzar a contarse desde que la falta se hubiera cometido. No obstante, en el supuesto previsto en el artculo417.5, el plazo de prescripcin se iniciar a partir de la firmeza de la sentencia o de la resolucin dictada por el Consejo General del Poder Judicial que declare la responsabilidad civil del Juez o Magistrado.

Cincuenta y tres. Se modifica el nmero5 del artculo417, que queda redactado como sigue:

5. Las acciones y omisiones que hayan dado lugar, en sentencia firme o en resolucin firme dictada por el Consejo General del Poder Judicial, a una declaracin de responsabilidad civil contrada en el ejercicio de la funcin por dolo o culpa grave conforme al apartado2 del artculo296.

Cincuenta y cuatro. Se modifica el apartado2 del artculo420, que queda redactado como sigue:

2. Las faltas leves slo podrn sancionarse con advertencia o multa de hasta500 euros o con ambas; las graves con multa de501 a6.000 euros, y las muy graves con suspensin, traslado forzoso o separacin.

Cincuenta y cinco. Se modifica el apartado3 del artculo438, que queda redactado como sigue:

3. El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autnomas en sus respectivos territorios sern competentes para el diseo, creacin y organizacin de los servicios comunes procesales, con funciones de registro y reparto, actos de comunicacin, auxilio judicial, ejecucin de resoluciones judiciales, jurisdiccin voluntaria, mediacin y ordenacin del procedimiento. Las Salas de Gobierno y las Juntas de Jueces podrn solicitar al Ministerio y a las Comunidades Autnomas la creacin de servicios comunes, conforme a las especficas necesidades.

Asimismo, podrn crear servicios comunes procesales que asuman otras funciones distintas a las relacionadas en este nmero, en cuyo caso ser preciso el informe favorable del Consejo General del Poder Judicial.

Cincuenta y seis. Se modifica el artculo440, que queda redactado como sigue:

Artculo440.

Los Letrados de la Administracin de Justicia son funcionarios pblicos que constituyen un Cuerpo Superior Jurdico, nico, de carcter nacional, al servicio de la Administracin de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia, y que ejercen sus funciones con el carcter de autoridad, ostentando la direccin de la Oficina judicial.

Cincuenta y siete. Se modifica el artculo441, que queda redactado como sigue:

Artculo441.

1. Los puestos de trabajo cuyo desempeo est reservado al Cuerpo de Letrados de la Administracin de Justicia, se clasifican en tres categoras, teniendo lugar el ingreso en el mismo por la tercera categora.

2. Todo Letrado de la Administracin de Justicia poseer una categora personal.

La consolidacin de la categora personal exige el desempeo de puestos de trabajo correspondientes a dicha categora al menos durante cinco aos continuados o siete con interrupcin.

3. No se podr comenzar a consolidar una categora superior sin previamente haber consolidado la inferior, si bien el tiempo de desempeo de un puesto de categora superior ser computable a efectos de la consolidacin de la inferior.

4. No ser posible utilizar el mismo periodo de tiempo para consolidar categoras diferentes.

5. En ningn caso un Letrado de la Administracin de Justicia de la tercera categora podr optar a una plaza de la primera.

6. La categora consolidada solo opera como garanta de la percepcin del sueldo correspondiente a la misma, cuando se ocupe un puesto de inferior categora.

7. El Ministerio de Justicia establecer los tres grupos en los que se clasificarn los puestos de trabajo a desempear por los Letrados de la Administracin de Justicia.

Cincuenta y ocho. Se modifica el apartado2 del artculo442, que queda redactado como sigue:

2. Se reservar el treinta por ciento de las plazas vacantes para su provisin, previa autorizacin por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas, por promocin interna mediante el sistema de concurso-oposicin por los funcionarios de carrera del Cuerpo de Gestin Procesal y Administrativa que lleven, al menos, dos aos de servicios efectivos en el mismo. A estos efectos se computarn los servicios prestados en el Cuerpo de Oficiales de la Administracin de Justicia del que, en su caso, procedan.

Las restantes vacantes, acrecentadas por las que no se cubran por promocin interna, si las hubiere, se cubrirn en turno libre mediante oposicin o, en su caso, concurso-oposicin, siempre con sujecin a las previsiones presupuestarias vigentes en materia de oferta de empleo pblico.

De no existir oferta de empleo pblico, el Ministerio de Justicia, con carcter extraordinario y previa autorizacin del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas, podr convocar un proceso de promocin interna especfico cuando las circunstancias en la Administracin de Justicia lo aconsejen. El nmero de plazas convocadas por este sistema no podr ser superior al quince por ciento de las plazas vacantes. En este caso, las plazas que no se cubran no podrn ofertarse para que lo sean por turno libre.

Cincuenta y nueve. Se modifica el apartado1 del artculo443, que queda redactado como sigue:

1. El ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Administracin de Justicia se produce por el cumplimiento de las siguientes condiciones:

a) Reunir los requisitos y cumplir las condiciones exigidas en la convocatoria.

b) Superacin de los procesos selectivos.

c) Nombramiento expedido por el Ministro de Justicia y publicado en el Boletn Oficial del Estado.

d) Juramento o promesa de cumplir fielmente las obligaciones del cargo y guardar y hacer guardar la Constitucin como norma fundamental.

e) Toma de posesin dentro del plazo establecido.

Sesenta. Se aade un nuevo artculo443 bis, que queda redactado como sigue:

Artculo443 bis.

El Ministerio de Justicia aprobar cada ao el escalafn del Cuerpo de Letrados de la Administracin de Justicia, que se publicar en el “Boletn Oficial del Estado” y comprender los datos personales y profesionales que se establezcan reglamentariamente.

Sesenta y uno. Se modifica el artculo444, que queda redactado como sigue:

Artculo444.

1. Los funcionarios del Cuerpo de Letrados de la Administracin de Justicia tendrn iguales derechos individuales, colectivos y deberes, que los establecidos en el Libro VI de esta Ley, rigiendo con carcter supletorio lo dispuesto en el Estatuto Bsico del Empleado Pblico y el resto de la normativa estatal sobre funcin pblica.

2. Sin perjuicio de su desarrollo y concrecin en el reglamento orgnico, se reconocen los siguientes derechos profesionales:

a) Libranzas, en aquellos casos en que se preste una dedicacin o servicio no retribuido, en los trminos que se determinen reglamentariamente.

b) Especializacin profesional en aquellos mbitos, rdenes y materias que reglamentariamente se determinen.

c) Libre asociacin profesional.

d) A que sus asociaciones profesionales sean odas en todas aquellas materias que afecten a su estatuto orgnico.

3. El rgimen establecido en los apartados anteriores ser aplicable a los Letrados de la Administracin de Justicia sustitutos, en la medida en que la naturaleza del derecho lo permita.

Sesenta y dos. Se modifica el apartado1 del artculo445, que queda redactado como sigue:

1. Las situaciones administrativas en que se puedan hallar los Letrados de la Administracin de Justicia, as como su jubilacin, sern iguales y proceder su declaracin en los supuestos y con los efectos establecidos en esta Ley Orgnica para Jueces y Magistrados.

No obstante, los Letrados de la Administracin de Justicia que se presenten como candidatos para acceder a cargos pblicos representativos en el Parlamento Europeo, Congreso de los Diputados, Senado, Asambleas Legislativas de las Comunidades Autnomas o Corporaciones locales, podrn ser dispensados, previa solicitud, de la prestacin del servicio en sus respectivas oficinas judiciales, durante el tiempo de duracin de la campaa electoral. Este permiso podr ser concedido por el Secretario General de la Administracin de Justicia.

Asimismo, podrn hallarse en situacin de servicios especiales los Letrados de la Administracin de Justicia que sean designados Encargados del Registro Civil conforme a lo dispuesto en la Ley del Registro Civil y sus normas de desarrollo.

Sesenta y tres. Se modifica el artculo446, que queda redactado como sigue:

Artculo446.

1. Los Letrados de la Administracin de Justicia debern abstenerse en los casos establecidos para los Jueces y Magistrados y, si no lo hicieran, podrn ser recusados.

2. La abstencin se formular por escrito motivado dirigido al Secretario Coordinador Provincial, quien decidir la cuestin.

En caso de confirmarse la abstencin, el Letrado de la Administracin de Justicia que se haya abstenido debe ser reemplazado por su sustituto legal; en caso de denegarse, deber aqul continuar actuando en el asunto.

3. Sern aplicables a la recusacin de los Letrados de la Administracin de Justicia las prescripciones que establece esta Ley para Jueces y Magistrados en el artculo223, con las siguientes excepciones:

a) Los Letrados de la Administracin de Justicia no podrn ser recusados durante la prctica de cualquier diligencia o actuacin de que estuvieren encargados.

b) La pieza de recusacin se resolver por el Secretario de Gobierno.

c) Presentado el escrito de recusacin, el Letrado de la Administracin de Justicia recusado informar detalladamente por escrito si reconoce o no como cierta y legtima la causa alegada.

d) Cuando el recusado reconozca como cierta la causa de la recusacin, el Secretario de Gobierno le tendr por recusado mediante decreto, si estima que la causa es legal. Si estima que la causa no es de las tipificadas en la ley, declarar no haber lugar a la recusacin. Contra el decreto sobre recusacin no se dar recurso alguno.

e) Cuando el recusado niegue la certeza de la causa alegada como fundamento de la recusacin, el instructor, si admitiere a trmite la recusacin propuesta, ordenar la prctica, en el plazo de diez das, de la prueba solicitada que sea pertinente y la que estime necesaria, dndose traslado de las mismas al Ministerio Fiscal para informe por plazo de tres das. Transcurrido ese plazo, con o sin informe del Ministerio Fiscal, se decidir la recusacin dentro de los cinco das siguientes. Contra dicha resolucin no cabr recurso alguno.

f) El Letrado de la Administracin de Justicia recusado, desde el momento en que sea presentado el escrito de recusacin, ser reemplazado por su sustituto legal.

Sesenta y cuatro. Se modifica el primer prrafo del apartado5 del artculo447, que queda redactado como sigue:

5. Los Letrados de la Administracin de Justicia sustitutos percibirn las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo desempeado.

Sesenta y cinco. Se modifica el apartado1 del artculo450, que queda redactado como sigue:

1. La provisin de puestos de trabajo se llevar a cabo por el procedimiento de concurso, que ser el sistema ordinario de provisin.

Cuando se trate de puestos de carcter directivo o de especial responsabilidad, podrn cubrirse por el procedimiento de libre designacin.

Los puestos de trabajo de Letrado de la Administracin de Justicia en el Tribunal Supremo se cubrirn por el sistema de libre designacin entre aquellos candidatos que pertenezcan a la primera o segunda categora, con una antigedad de al menos veinte aos en una de ellas o entre ambas y quince aos de servicio en el orden jurisdiccional correspondiente.

El nombramiento de Letrados de la Administracin de Justicia para puestos de trabajo radicados en el mbito territorial de una Comunidad Autnoma con competencias asumidas, que hayan de cubrirse por este procedimiento, requerir el informe previo del rgano competente de dicha Comunidad. En todo caso, el sistema de provisin deber estar determinado en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.

Sesenta y seis. Se modifica el artculo451, que queda redactado como sigue:

Artculo451.

1. Las suplencias por ausencia, enfermedad, suspensin o vacante de Letrados de la Administracin de Justicia sern cubiertas por quien designe su inmediato superior jerrquico.

2. Esta designacin deber recaer en otro Letrado de la Administracin de Justicia, que se denominar Letrado suplente. A tal efecto los Secretarios de Gobierno elaborarn una relacin de los miembros del Cuerpo de Letrados de la Administracin de Justicia que voluntariamente quieran participar en los planes anuales de suplencias. De no existir voluntario, se designar, con carcter forzoso, al suplente ordinario que se designe conforme a lo previsto en el nmero anterior. Los llamamientos que tengan lugar conforme a lo establecido en este precepto sern retribuidos en los casos y cuanta que se determinen reglamentariamente.

3. Excepcionalmente, cuando no hubiera suficiente nmero de Letrados de la Administracin de Justicia, en los supuestos de entradas y registros en lugares cerrados acordados por un nico rgano judicial de la Audiencia Nacional y que deban ser realizados de forma simultnea, podrn los funcionarios del Cuerpo de Gestin Procesal y Administrativa, en sustitucin del Letrado de la Administracin de Justicia, intervenir en calidad de fedatarios y levantar la correspondiente acta.

4. Cuando no fuera posible proceder a la suplencia conforme a lo previsto en los apartados1 y2, y exista disponibilidad presupuestaria, podr procederse al nombramiento de un Letrado de la Administracin de Justicia sustituto, siempre que cumpla los requisitos de titulacin exigidos para el ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Administracin de Justicia.

5. A los Letrados de la Administracin de Justicia sustitutos se les aplicar el mismo rgimen jurdico que a los titulares, en la medida en que su naturaleza lo permita, quedando integrados en el Rgimen General de la Seguridad Social.

6. De existir funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Gestin Procesal y Administrativa incluidos en la correspondiente bolsa, sern llamados como Letrados de la Administracin de Justicia sustitutos con preferencia sobre el resto de sustitutos, manteniendo su inclusin obligatoria tanto en el rgimen de la Seguridad Social que resulte aplicable como en el Mutualismo Judicial.

Sesenta y siete. Se modifica el artculo455, que queda redactado como sigue:

Artculo455.

Ser responsabilidad del Letrado de la Administracin de Justicia organizar la dacin de cuenta, que se realizar en los trminos establecidos en las leyes procesales.

Sesenta y ocho. Se modifica el artculo456, que queda redactado como sigue:

Artculo456.

1. El Letrado de la Administracin de Justicia impulsar el proceso en los trminos que establecen las leyes procesales.

2. A tal efecto, dictar las resoluciones necesarias para la tramitacin del proceso, salvo aqullas que las leyes procesales reserven a Jueces o Tribunales. Estas resoluciones se denominarn diligencias, que podrn ser de ordenacin, de constancia, de comunicacin o de ejecucin.

3. Se llamar decreto a la resolucin que dicte el Letrado de la Administracin de Justicia con el fin de admitir la demanda, poner trmino al procedimiento del que tenga atribuida exclusiva competencia, o cuando sea preciso o conveniente razonar su decisin. Ser siempre motivado y contendr, en prrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en que se basa.

4. Las diligencias de ordenacin y los decretos sern recurribles en los casos y formas previstos en las leyes procesales.

5. Las resoluciones de carcter gubernativo de los Letrados de la Administracin de Justicia se denominarn acuerdos.

6. Los Letrados de la Administracin de Justicia, cuando as lo prevean las leyes procesales, tendrn competencias en las siguientes materias:

a) Ejecucin, salvo aquellas competencias que excepten las leyes procesales por estar reservadas a Jueces y Magistrados.

b) Jurisdiccin voluntaria, asumiendo su tramitacin y resolucin, sin perjuicio de los recursos que quepa interponer.

c) Conciliacin, llevando a cabo la labor mediadora que les sea propia.

d) Tramitacin y, en su caso, resolucin de los procedimientos monitorios.

e) Mediacin.

f) Cualesquiera otras que expresamente se prevean.

Sesenta y nueve. Se modifica el apartado2 del artculo458, que queda redactado como sigue:

2. Por real decreto se establecern las normas reguladoras de la ordenacin y archivo de autos y expedientes que no estuviesen pendientes de actuacin alguna, as como del expurgo de los archivos judiciales.

Con carcter general se proceder a la destruccin de autos y expedientes judiciales transcurridos seis aos desde la firmeza de la resolucin que de manera definitiva puso trmino al procedimiento que dio lugar a la formacin de aqullos. Se exceptan de lo anterior aqullos formados para la instruccin de causas penales seguidas por delito, as como los supuestos que reglamentariamente pudiesen ser contemplados, especialmente en atencin al valor cultural, social o histrico de lo archivado.

Previamente, el Letrado de la Administracin de Justicia conceder audiencia por un tiempo no inferior a quince das a las partes que estuvieron personadas para que interesen, en su caso, el desglose de aquellos documentos originales que hubiesen aportado o ejerciten los derechos que esta Ley les reconoce en los artculos234 y235.

Setenta. Se modifica el apartado3 del artculo461, que queda redactado como sigue:

3. La Comisin Nacional de Estadstica Judicial, integrada por el Ministerio de Justicia, una representacin de las Comunidades Autnomas con competencias en la materia, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscala General del Estado, aprobar los planes estadsticos, generales y especiales, de la Administracin de Justicia y establecer criterios uniformes que, en su caso, tengan en cuenta la perspectiva de gnero y la variable de sexo, y sean de obligado cumplimiento para todos sobre la obtencin, tratamiento informtico, transmisin y explotacin de los datos estadsticos del sistema judicial espaol.

La estructura, composicin y funciones de la Comisin Nacional de Estadstica Judicial sern establecidas reglamentariamente por el Gobierno, mediante real decreto, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, del Fiscal General del Estado, de la Agencia de Proteccin de Datos y de las Comunidades Autnomas con competencias en la materia.

Los sistemas informticos de gestin procesal de la Administracin de Justicia permitirn en todo caso la extraccin automatizada de la totalidad de los datos exigidos en los correspondientes boletines estadsticos.

Setenta y uno. Se modifica el apartado2 del artculo463, que queda redactado como sigue:

2. Los rganos superiores de gobierno del Cuerpo de Letrados de la Administracin de Justicia son, por orden jerrquico, los siguientes:

a) El Secretario General de la Administracin de Justicia.

b) Los Secretarios de Gobierno.

c) Los Secretarios Coordinadores Provinciales.

Setenta y dos. Se modifican los apartados3 y5 del artculo464, que quedan redactados como sigue:

3. Ser nombrado y removido libremente por el Ministerio de Justicia. Dicho nombramiento se realizar a propuesta del rgano competente de las Comunidades Autnomas cuando stas tuvieren competencias asumidas en materia de Administracin de Justicia, que tambin podrn proponer su cese.

En todo caso para su nombramiento se recabar informe sobre el candidato que ha de ser nombrado por el Ministerio de Justicia, de la Sala de Gobierno del Tribunal respectivo as como del Consejo del Secretariado. Para el de las Ciudades de Ceuta y Melilla el informe ser emitido por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andaluca.

No se podr ocupar ms de diez aos el mismo puesto de Secretario de Gobierno.

5. A los Letrados de la Administracin de Justicia que sean nombrados Secretarios de Gobierno se les reservar, durante el tiempo que ocuparen dicho cargo, la plaza que vinieren ocupando con anterioridad a dicho nombramiento.

Durante su mandato, dicha plaza podr ser cubierta en rgimen de comisin de servicios.

Setenta y tres. Se modifican los apartados9 y10 y se aaden los apartados11 y12 al artculo465, que quedan redactados como sigue:

9. Concesin de permisos y licencias a los Letrados de la Administracin de Justicia de su territorio, pudiendo delegar en el Secretario Coordinador.

10. Conocer de los incidentes de recusacin de los Letrados de la Administracin de Justicia.

11. Elaborar los planes anuales de suplencias de Letrados de la Administracin de Justicia y proponer al Ministerio de Justicia la lista de candidatos considerados idneos para ejercer como Letrados de la Administracin de Justicia sustitutos en el mbito territorial de cada Comunidad Autnoma.

12. Las dems previstas en el reglamento orgnico del Cuerpo de Letrados de la Administracin de Justicia.

Setenta y cuatro. Se modifican los apartados1 y4 del artculo466, que quedan redactados como sigue:

1. En cada provincia existir un Secretario Coordinador, nombrado por el Ministerio de Justicia por el procedimiento de libre designacin, a propuesta del Secretario de Gobierno, de acuerdo con las Comunidades Autnomas con competencias asumidas, de entre todos aquellos que se presenten a la convocatoria pblica.

Antes del nombramiento se oir al Consejo del Secretariado sobre el candidato que ha de ser nombrado por el Ministerio de Justicia.

Adems, en la Comunidad Autnoma de Illes Balears habr un Secretario Coordinador en las islas de Menorca e Ibiza, y en la Comunidad Autnoma de Canarias, otro en las islas de Lanzarote y de La Palma.

En las Comunidades Autnomas uniprovinciales, las funciones del Secretario Coordinador sern asumidas por el Secretario de Gobierno, salvo en aquellas que, por razn del servicio, sea aconsejable su existencia.

No se podr ocupar ms de diez aos el mismo puesto de Secretario Coordinador.

4. A los Letrados de la Administracin de Justicia que sean nombrados Secretarios Coordinadores se les reservar, durante el tiempo que ocuparen dicho cargo, la plaza que vinieren ocupando con anterioridad a dicho nombramiento.

Durante su mandato, dicha plaza podr ser cubierta en rgimen de comisin de servicios.

Setenta y cinco. Se modifican los apartados7 y8 y se aaden nuevos apartados9 y10 al artculo467, quedando redactados como sigue:

7. Resolver las suplencias y sustituciones de los Letrados de la Administracin de Justicia de su mbito.

8. Resolver los incidentes de abstencin de los Letrados de la Administracin de Justicia que de l dependan de acuerdo con lo previsto en esta Ley.

9. Conceder, por delegacin del Secretario de Gobierno, los permisos y licencias a los Letrados de la Administracin de Justicia de su territorio.

10. Las dems que establezcan las leyes y su propio reglamento orgnico.

Setenta y seis. Se modifican los apartados1,2 y3 del artculo468, que quedan redactados como sigue:

1. Los Letrados de la Administracin de Justicia estarn sujetos a responsabilidad disciplinaria, en los supuestos y de acuerdo con los principios que se establecen en este Libro.

2. No podr imponerse sancin por la comisin de una falta grave o muy grave, sino en virtud de expediente disciplinario instruido al efecto, mediante el procedimiento que se establezca en el reglamento orgnico del Cuerpo de Letrados de la Administracin de Justicia que se dicte en desarrollo de esta Ley.

Para la imposicin de sanciones por faltas leves, no ser preceptiva la previa instruccin del expediente, salvo el trmite de audiencia al interesado.

Adems de los autores, sern responsables disciplinariamente los superiores que teniendo conocimiento de los hechos, los consintieren, as como quienes indujeran o encubrieran las faltas muy graves y graves cuando de dichos actos se deriven graves daos para la Administracin o los ciudadanos.

3. Las Comunidades Autnomas con competencias asumidas podrn poner en conocimiento de los superiores jerrquicos de los Letrados de la Administracin de Justicia con destino en oficinas judiciales radicadas en su territorio, aquellas conductas de los mismos que puedan ir en detrimento del deber de colaboracin establecido en esta Ley Orgnica con las Comunidades Autnomas.

La autoridad competente para la incoacin y tramitacin de los expedientes disciplinarios dar cuenta a aqullas de las decisiones que se adopten.

Setenta y siete. Se aade un nuevo artculo468 bis, que queda redactado como sigue:

Artculo468 bis.

Las faltas podrn ser muy graves, graves y leves.

1. Se consideran faltas muy graves:

a) El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitucin en el ejercicio de la funcin pblica.

b) Toda actuacin que suponga discriminacin por razn de nacimiento, origen racial o tnico, gnero, sexo u orientacin sexual, religin o convicciones, opinin, discapacidad, edad o cualquier otra condicin o circunstancia personal o social.

c) El abandono del servicio.

d) La adopcin de acuerdos o resoluciones manifiestamente ilegales, cuando se cause perjuicio grave al inters pblico o lesionen derechos fundamentales de los ciudadanos.

e) La revelacin o utilizacin por el Letrado de la Administracin de Justicia de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su funcin o con ocasin de sta, cuando se cause perjuicio a la tramitacin de un proceso o a cualquier persona.

f) La utilizacin indebida de la documentacin o informacin a que tengan o hayan tenido acceso por razn de su cargo o funcin.

g) La negligencia en la custodia de documentos que d lugar a su difusin o conocimiento indebido.

h) El retraso, la desatencin o el incumplimiento reiterados de las funciones inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.

i) La utilizacin de las facultades que tenga atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y mbito.

j) El incumplimiento grave de las decisiones judiciales cuya ejecucin tengan encomendadas.

k) La desobediencia grave o reiterada a las rdenes o instrucciones verbales o escritas de un superior emitidas por ste en el ejercicio de sus competencias, referidas a funciones o tareas propias del puesto de trabajo del interesado, salvo que sean manifiestamente ilegales.

l) La utilizacin de la condicin de Letrado de la Administracin de Justicia para la obtencin de un beneficio indebido para s o para un tercero.

m) La realizacin de actividades declaradas incompatibles por ley.

n) La inobservancia del deber de abstencin, a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente previstas.

o) Los actos que impidan el ejercicio de los derechos fundamentales, de las libertades pblicas y de los derechos sindicales.

p) El incumplimiento del deber de atender los servicios esenciales en caso de huelga.

q) El acoso sexual.

r)  La agresin grave a cualquier persona con la que se relacionen en el ejercicio de sus funciones.

s) La arbitrariedad en el uso de autoridad que cause perjuicio grave a los subordinados o al servicio.

t) Las acciones y omisiones que hayan dado lugar en sentencia firme a una declaracin de responsabilidad civil contrada en el ejercicio de la funcin por dolo o culpa grave.

u) La comisin de una falta grave cuando hubiere sido anteriormente sancionado por otras dos graves que hayan adquirido firmeza, sin que hubieren sido canceladas o procedido la cancelacin de las anotaciones correspondientes.

2. Se consideran faltas graves:

a) La desobediencia expresa a las rdenes o instrucciones de un superior, emitidas por ste en el ejercicio de sus competencias, referidas a funciones o tareas propias del puesto de trabajo del interesado, salvo que sean manifiestamente ilegales.

b) El incumplimiento de las decisiones judiciales cuya ejecucin les ha sido encomendada, cuando no constituya falta muy grave.

c) La arbitrariedad en el uso de autoridad en el ejercicio de sus funciones cuando no constituya falta muy grave.

d) La negligencia en la custodia de documentos, as como la utilizacin indebida de los mismos o de la informacin que conozcan por razn del cargo, cuando tales conductas no constituyan falta muy grave.

e) La tercera falta injustificada de asistencia en un perodo de tres meses.

f) La negligencia, la desatencin o retraso injustificado en el cumplimiento de las funciones inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas cuando no constituya falta muy grave.

g) El ejercicio de cualquier actividad susceptible de compatibilidad, conforme a lo dispuesto en la Ley53/1984, de26 de diciembre, sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones pblicas, sin obtener la pertinente autorizacin o habindola obtenido con falta de veracidad en los presupuestos alegados.

h) La falta de consideracin grave con los superiores, iguales o subordinados, as como con los profesionales o ciudadanos.

i) Causar dao grave en los documentos o material de trabajo, as como en los locales destinados a la prestacin del servicio.

j) La utilizacin inadecuada de los medios informticos y materiales empleados en el ejercicio de sus funciones y el incumplimiento de las instrucciones facilitadas para su utilizacin, as como la indebida utilizacin de las claves de acceso a los sistemas informticos.

k) Las acciones u omisiones dirigidas a eludir los sistemas de control de horarios o a impedir que sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo.

l) Dejar de promover la exigencia de la responsabilidad disciplinaria que proceda al personal que integre su oficina, cuando conocieran o debieran conocer el incumplimiento grave por los mismos de los deberes que les correspondan.

m) Obstaculizar las labores de inspeccin.

n) Promover su abstencin de forma claramente injustificada.

o) El reiterado incumplimiento del horario de trabajo sin causa justificada.

p) La comisin de una falta de carcter leve, habiendo sido sancionado anteriormente por resolucin firme por otras dos leves, sin que hubieran sido canceladas o procedido la cancelacin de las correspondientes anotaciones.

3. Se consideran faltas leves:

a) La falta de consideracin con los superiores, iguales o subordinados, as como con los profesionales o ciudadanos, cuando no constituya una infraccin ms grave.

b) El incumplimiento de los deberes propios de su cargo o puesto de trabajo o la negligencia en su desempeo, siempre que tales conductas no constituyan infraccin ms grave.

c) La desatencin o retraso injustificado en el cumplimiento de sus funciones, cuando no constituya falta ms grave.

d) La ausencia injustificada por un da.

e) El incumplimiento del horario de trabajo sin causa justificada cuando no constituya falta grave.

Setenta y ocho. Se aade un nuevo artculo468 ter, que queda redactado como sigue:

Artculo468 ter.

1 En la imposicin de sanciones por los rganos competentes deber observarse la debida adecuacin o proporcionalidad entre la gravedad del hecho constitutivo de la infraccin y la sancin aplicada, considerndose especialmente los siguientes criterios para la graduacin de la sancin a aplicar:

a) Intencionalidad.

b) Perjuicio causado a la Administracin o a los ciudadanos.

c) Grado de participacin en la comisin de la falta.

d) Reiteracin o reincidencia.

Setenta y nueve. Se aade un nuevo artculo468 quter, que queda redactado como sigue:

Artculo468 quter.

1. Las sanciones que se pueden imponer a los Letrados de la Administracin de Justicia por las faltas cometidas en el ejercicio de su cargo son:

a) Apercibimiento.

b) Multa de hasta3.000 euros.

c) Suspensin de empleo y sueldo.

d) Traslado forzoso fuera del municipio de destino.

e) Separacin del servicio.

f) Cese en el puesto de trabajo.

2. Las sanciones previstas en las letras c) y d) del apartado anterior podrn imponerse por la comisin de faltas graves y muy graves, gradundose su duracin en funcin de las circunstancias que concurran en el hecho objeto de sancin.

La sancin de separacin de servicio slo podr imponerse por faltas muy graves.

La suspensin de funciones impuesta por la comisin de una falta muy grave no podr ser superior a tres aos ni inferior a un ao. Si se impone por falta grave, no exceder de un ao.

Los Letrados de la Administracin de Justicia a los que se sancione con traslado forzoso no podrn obtener nuevo destino en el municipio de origen durante tres aos, cuando hubiese sido impuesta por falta muy grave, y durante uno, cuando hubiera correspondido a la comisin de una falta grave.

La sancin de cese en el puesto de trabajo slo ser aplicable a los Letrados de la Administracin de Justicia suplentes por comisin de faltas graves o muy graves.

La sancin de multa solo podr imponerse por la comisin de faltas graves.

La sancin de apercibimiento slo podr imponerse por la comisin de faltas leves.

Ochenta. Se suprime el apartado2 y se modifica el apartado3 del artculo469 que pasa a ser apartado2 y queda redactado como sigue:

2. Para la imposicin de las sanciones sern competentes:

a) El Secretario General de la Administracin de Justicia, el Secretario de Gobierno y el Secretario Coordinador Provincial, para la sancin de apercibimiento respecto de quienes dependiesen de ellos.

b) El Secretario General de la Administracin de Justicia, para la sancin de multa.

c) El Ministro de Justicia, para la sancin de suspensin, traslado forzoso, separacin del servicio y cese en el puesto de trabajo.

Ochenta y uno. Se aade un nuevo artculo469 bis, que queda redactado como sigue:

Artculo469 bis.

1. Las faltas muy graves prescribirn a los dos aos, las graves al ao y las leves a los seis meses.

2. El plazo de prescripcin comenzar a contarse desde que la falta se haya cometido.

En los casos en los que un mismo hecho d lugar a la apertura de causa penal y a procedimiento disciplinario, los plazos de prescripcin de la falta disciplinaria no comenzarn a computarse sino desde la conclusin de la causa penal.

3. El plazo de prescripcin se interrumpir en el momento de notificacin del acuerdo de iniciacin del expediente disciplinario, volviendo a computarse el plazo si el procedimiento permaneciera paralizado durante ms de dos meses por causas no imputables al expedientado.

4. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirn a los dos aos; las impuestas por faltas graves al ao, y las impuestas por faltas leves a los seis meses. El plazo de prescripcin comenzar a computarse desde el da siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolucin en que se imponga la sancin.

Ochenta y dos. Se modifica el apartado1 del artculo470, que queda redactado como sigue:

1. Este Libro tiene por objeto la determinacin del estatuto jurdico, de conformidad con lo previsto en el artculo122 de la Constitucin Espaola, de los funcionarios que integran los Cuerpos de Mdicos Forenses, de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicologa y Ciencias Forenses, de Gestin Procesal y Administrativa, de Tcnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicologa y Ciencias Forenses, de Tramitacin Procesal y Administrativa, de Auxilio Judicial y de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicologa y Ciencias Forenses.

Ochenta y tres. Se modifica el tercer prrafo del apartado b) del artculo475, que queda redactado como sigue:

El Cuerpo de Mdicos Forenses. Para el acceso al Cuerpo de Mdicos Forenses se exige estar en posesin de los ttulos oficiales de Licenciado o Graduado en Medicina y de especialista en Medicina Forense.

Ochenta y cuatro. Se modifica el artculo476, que queda redactado como sigue:

Artculo476.

1. Corresponde al Cuerpo de Gestin Procesal y Administrativa colaborar en la actividad procesal de nivel superior, as como la realizacin de tareas procesales propias.

Con carcter general y bajo el principio de jerarqua, y sin perjuicio de las funciones concretas del puesto de trabajo que desempeen, le corresponde:

a) Gestionar la tramitacin de los procedimientos, de la que dar cuenta al Letrado de la Administracin de Justicia, en particular cuando determinados aspectos exijan una interpretacin de ley o de normas procesales, sin perjuicio de informar al titular del rgano judicial cuando fuera requerido para ello.

b) Practicar y firmar las comparecencias que efecten las partes en relacin con los procedimientos que se sigan en el rgano judicial, respecto a las cuales tendr capacidad de certificacin.

c) Documentar los embargos, lanzamientos y dems actos cuya naturaleza lo requiera, con el carcter y representacin que le atribuyan las leyes, salvo que el Letrado de la Administracin de Justicia considere necesaria su intervencin, ostentando en dichos actos la consideracin de agente de la autoridad.

d) Extender las notas que tengan por objeto unir al procedimiento datos o elementos que no constituyan prueba en el mismo, a fin de garantizar su debida constancia y posterior tramitacin, dando cuenta de ello, a tal efecto, a la autoridad superior, as como elaborar notas, que podrn ser de referencia, de resumen de los autos y de examen del trmite a que se refieran.

e) Realizar las tareas de registro, recepcin y distribucin de escritos y documentos, relativos a asuntos que se estuvieran tramitando en Juzgados y Tribunales.

f) Expedir, con conocimiento del Letrado de la Administracin de Justicia, y a costa del interesado, copias simples de escritos y documentos que consten en autos no declarados secretos ni reservados.

g) Ocupar, de acuerdo con lo establecido en las relaciones de puestos de trabajo, las jefaturas en que se estructuran las unidades de apoyo directo y servicios comunes procesales, en las que, sin perjuicio de realizar las funciones asignadas al puesto concreto, gestionarn la distribucin de las tareas del personal, respondiendo del desarrollo de las mismas.

h) Colaborar con los rganos competentes en materia de gestin administrativa, desempeando funciones relativas a la gestin del personal y medios materiales de la unidad de la Oficina judicial en que se presten los servicios, siempre que dichas funciones estn contempladas expresamente en la descripcin que la relacin de puestos de trabajo efecte del puesto de trabajo.

i) Desempear la Secretara de la Oficina judicial de las Agrupaciones de Secretaras de Juzgados de Paz, de Juzgados de Paz de ms de7.000 habitantes y de Juzgados de Paz de menos de7.000 habitantes en los que la carga de trabajo justifique su establecimiento, as como los restantes puestos de trabajo de los citados centros de destino adscritos al Cuerpo de Gestin Procesal y Administrativa, todo ello de conformidad con lo que se determine en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo, as como desempear puestos de las unidades administrativas, cuando las relaciones de puestos de trabajo de las citadas unidades as lo establezcan, siempre que se renan los requisitos de conocimiento y preparacin exigidos para su desempeo.

j) Realizar cuantas funciones puedan asumir en orden a la proteccin y apoyo a las vctimas, as como de apoyo a actuaciones de justicia restaurativa y de solucin extraprocesal.

k) Realizar todas aquellas funciones que legal o reglamentariamente se establezcan y cualesquiera otras funciones de naturaleza anloga a las anteriores que, inherentes al puesto de trabajo que se desempee, sean encomendadas por los superiores jerrquicos, orgnicos o funcionales, en el ejercicio de sus competencias.

2. Los funcionarios del Cuerpo de Gestin Procesal y Administrativa podrn ser nombrados Letrados de la Administracin de Justicia sustitutos, siempre que se renan los requisitos de titulacin y dems exigidos, y conforme al procedimiento y con la retribucin que reglamentariamente se establezca.

Ochenta y cinco. Se modifica la letra g) y se introduce una nueva letra h) en el artculo477, que quedan redactadas como sigue:

g) Cuantas funciones puedan asumir en orden a la proteccin y apoyo a las vctimas, as como de apoyo a actuaciones de justicia restaurativa y de solucin extraprocesal.

h) La realizacin de todas aquellas funciones que legal o reglamentariamente se establezcan y de cualesquiera otras funciones de naturaleza anloga a las anteriores que, inherentes al puesto de trabajo que se desempee, sean encomendadas por los superiores jerrquicos, orgnicos o funcionales, en el ejercicio de sus competencias.

Ochenta y seis. Se modifica el artculo479, que queda redactado como sigue:

Artculo479.

1. Los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses son rganos tcnicos adscritos al Ministerio de Justicia, o en su caso a aquellas Comunidades Autnomas con competencia en la materia, cuya misin principal es auxiliar a la Administracin de Justicia en el mbito de su disciplina cientfica y tcnica.

2. Existir un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en cada ciudad donde tenga su sede oficial un Tribunal Superior de Justicia.

No obstante, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, previa peticin, en su caso, de una Comunidad Autnoma con competencia en la materia, podr autorizar que dicha sede sea la de la capitalidad administrativa de la Comunidad Autnoma de que se trate, cuando sea distinta de la del Tribunal Superior de Justicia.

Asimismo, el Gobierno podr autorizar, previa peticin, en su caso, de una Comunidad Autnoma con competencia en la materia, el establecimiento de Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses en las restantes ciudades del mbito territorial del Tribunal Superior de Justicia de que se trate, con el mbito de actuacin que se determine.

Con sede en Madrid existir un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que prestar servicio a los diversos rganos de jurisdiccin estatal.

3. Mediante real decreto, a propuesta del Ministro de Justicia y previo informe del Consejo General del Poder Judicial y de las Comunidades Autnomas que han recibido los traspasos de medios para el funcionamiento de la Administracin de Justicia, se determinarn las normas generales de organizacin y funcionamiento de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses y de actuacin de los mdicos forenses y del resto del personal funcionario o laboral adscrito a los mismos, pudiendo el Ministerio de Justicia o el rgano competente de la Comunidad Autnoma dictar, en el mbito de sus respectivas competencias, las disposiciones pertinentes para su desarrollo y aplicacin. En todo caso los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses contarn con unidades de valoracin forense integral, de las que podrn formar parte los psiclogos y trabajadores sociales que se determinen para garantizar, entre otras funciones, la asistencia especializada a las vctimas de violencia de gnero y el diseo de protocolos de actuacin global e integral en casos de violencia de gnero. Asimismo dentro de los Institutos podrn integrarse el resto de equipos psicosociales que prestan servicios a la Administracin de Justicia, incluyendo los equipos tcnicos de menores, cuyo personal tendr formacin especializada en familia, menores, personas con discapacidad y violencia de gnero y domstica. Su formacin ser orientada desde la perspectiva de la igualdad entre hombres y mujeres.

4. Los mdicos forenses son funcionarios de carrera que constituyen un Cuerpo Nacional de Titulados Superiores al servicio de la Administracin de Justicia.

5. Son funciones de los mdicos forenses:

a) La asistencia tcnica a Juzgados, Tribunales y Fiscalas en las materias de su disciplina profesional, emitiendo informes y dictmenes en el marco del proceso judicial o en las actuaciones de investigacin criminal que aquellos soliciten.

b) La asistencia o vigilancia facultativa de los detenidos, lesionados o enfermos, que se hallaren bajo la jurisdiccin de Juzgados, Tribunales y Fiscalas, en los supuestos y en la forma que determinen las leyes.

c) La emisin de informes y dictmenes a solicitud del Registro Civil, en los supuestos y condiciones que determine su legislacin especfica.

d) La emisin de informes y dictmenes, a solicitud de particulares en las condiciones que se determinen reglamentariamente.

e) La realizacin de funciones de docencia, periciales o de investigacin, por motivos de inters general, de acuerdo con las instrucciones que establezca el Ministerio de Justicia o la Comunidad Autnoma con competencias en materia de Justicia, en el marco de posibles acuerdos o convenios.

f) La realizacin de funciones de investigacin y colaboracin que deriven de su propia funcin, en los trminos contemplados reglamentariamente.

6. En el curso de las actuaciones procesales o de investigacin de cualquier naturaleza incoadas por el Ministerio Fiscal, el personal destinado en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses estar a las rdenes de los Jueces y Fiscales, ejerciendo sus funciones con plena independencia y bajo criterios estrictamente cientficos.

7. Los mdicos forenses estarn destinados en un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses o en el Instituto Nacional de Toxicologa y Ciencias Forenses. Asimismo, en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses estar destinado el personal funcionario que se determine en las relaciones de puestos de trabajo. Tambin podrn prestar servicios en los citados Institutos los psiclogos, trabajadores sociales y resto de personal laboral que se determine.

Ochenta y siete. Se modifica el artculo480, que queda redactado como sigue:

Artculo480.

1. El Instituto Nacional de Toxicologa y Ciencias Forenses es un rgano tcnico adscrito al Ministerio de Justicia, cuya misin principal es auxiliar a la Administracin de Justicia y contribuir a la unidad de criterio cientfico, a la calidad de la pericia analtica y al desarrollo de las ciencias forenses. Adems, desarrollar las siguientes funciones:

a) Emitir los informes y dictmenes que soliciten las autoridades judiciales y el Ministerio Fiscal.

b) Practicar los anlisis e investigaciones toxicolgicas que sean ordenados por las autoridades judiciales, las gubernativas, el Ministerio Fiscal y los mdicos forenses en el curso de las actuaciones judiciales o en las diligencias previas de investigacin efectuadas por el Ministerio Fiscal.

c) Realizar igualmente los anlisis e investigaciones interesados por organismos o empresas pblicas en cuestiones que afecten al inters general, en los supuestos que se prevean segn instrucciones del Ministerio de Justicia o en los trminos de los acuerdos o convenios realizados al efecto.

d) Realizar los informes, anlisis e investigaciones solicitados por particulares en el curso de procesos judiciales, o incluso al margen de stos en las condiciones que se determinen.

e) Difundir los conocimientos en materia toxicolgica, contribuir a la prevencin de las intoxicaciones y atender cuantas consultas se le formulen sobre las mismas.

f) Actuar como centro de referencia en materias propias de su actividad en relacin con los Institutos de Medicina Legal, as como con otros organismos nacionales y extranjeros.

g) Efectuar estudios de toxicologa y ciencias forenses, en las condiciones que se determinen reglamentariamente.

h) Podrn colaborar con las universidades y las instituciones sanitarias y con organismos nacionales e internacionales en todas aquellas materias que contribuyan al desarrollo de la toxicologa y las ciencias forenses, de acuerdo con las instrucciones del Ministerio de Justicia o los acuerdos o convenios realizados al efecto.

2. La organizacin y supervisin del Instituto Nacional de Toxicologa y Ciencias Forenses corresponde al Ministerio de Justicia. Tiene su sede en Madrid y su mbito de actuacin se extiende a todo el territorio nacional.

Su estructura orgnica se determinar mediante real decreto.

En el mismo prestarn servicios funcionarios de los Cuerpos Especiales a que se refieren los apartados siguientes de este artculo. Adems, podrn prestar servicios funcionarios de los restantes Cuerpos al servicio de la Administracin de Justicia, as como de otras Administraciones, en las condiciones y con los requisitos que se establezcan en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo, as como, en su caso, profesionales o expertos que sean necesarios para el desempeo de sus funciones u otro personal para la realizacin de actividades propias de oficios o de carcter instrumental, contratados en rgimen laboral.

3. Los Facultativos del Instituto Nacional de Toxicologa y Ciencias Forenses son funcionarios de carrera que constituyen un Cuerpo Nacional de Titulados Superiores al servicio de la Administracin de Justicia. Atendiendo a la actividad tcnica y cientfica del Instituto, dentro del citado Cuerpo podrn establecerse especialidades.

Son funciones del Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicologa y Ciencias Forenses la asistencia tcnica en las materias de sus disciplinas profesionales a autoridades judiciales, gubernativas, al Ministerio Fiscal y a los mdicos forenses, en el curso de las actuaciones judiciales o en las diligencias previas de investigacin. A tal efecto llevarn a cabo los anlisis e investigacin que les sean solicitados, emitirn los dictmenes e informes pertinentes y evacuarn las consultas que les sean planteadas por las autoridades citadas, as como por los particulares en el curso de procesos judiciales y por organismos o empresas pblicas que afecten al inters general, y contribuirn a la prevencin de intoxicaciones.

Prestarn sus servicios en el Instituto Nacional de Toxicologa y Ciencias Forenses, as como en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en los supuestos y condiciones que se determinen en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.

4. Los Tcnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicologa y Ciencias Forenses son funcionarios de carrera que constituyen un Cuerpo Nacional de auxilio especializado al servicio de la Administracin de Justicia.

Son funciones del Cuerpo de Tcnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicologa y Ciencias Forenses aquellas de auxilio tcnico especializado en las actividades cientficas y de investigacin propias del Instituto Nacional de Toxicologa y Ciencias Forenses.

Prestarn sus servicios en el Instituto Nacional de Toxicologa y Ciencias Forenses, as como en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en los supuestos y condiciones que se determinen en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.

5. Los Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicologa y Ciencias Forenses son funcionarios de carrera que constituyen un Cuerpo Nacional al servicio de la Administracin de Justicia, para la realizacin de funciones de apoyo propias de su formacin, en las actividades cientficas y de investigacin de este Instituto, as como de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en la forma y con los requisitos y condiciones que se establezcan en las relaciones de puestos de trabajo de los citados organismos.

6. Los funcionarios de los Cuerpos Especiales del Instituto Nacional de Toxicologa y Ciencias Forenses dependern jerrquicamente del Director de este Instituto o, en su caso, del Director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en que presten servicios.

Ochenta y ocho. Se aade un nuevo apartado5 al artculo481, que queda redactado como sigue:

5. Los funcionarios de carrera de la Administracin de Justicia figurarn en el escalafn por orden de ingreso en el Cuerpo con mencin de, al menos, los siguientes datos:

a) Documento nacional de identidad.

b) Nombre y apellidos.

c) Tiempo de servicios en el Cuerpo.

Ochenta y nueve. Se modifica el apartado5 del artculo482, que queda redactado como sigue:

5. En las ofertas de empleo pblico se reservar un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, consideradas como tales las definidas en el apartado2 del artculo4 del Real Decreto Legislativo1/2013, de29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusin Social, siempre que superen las pruebas selectivas y que acrediten el grado de discapacidad y la compatibilidad para el desempeo de las funciones y tareas correspondientes en la forma que se determine reglamentariamente.

Noventa. Se modifica el apartado1 del artculo485, que queda redactado como sigue:

1. Los procesos de seleccin podrn incluir la realizacin de un curso terico-prctico o de un periodo de prcticas, que podrn tener carcter selectivo.

La calificacin obtenida servir para fijar el orden de prelacin. No obstante, si tuviesen carcter selectivo, los aspirantes que no superen el mismo podrn repetirlo en el siguiente, al que se incorporarn con la nueva promocin. Si tampoco superaren este curso perdern el derecho a su nombramiento como funcionarios de carrera.

Noventa y uno. Se modifica el apartado2 y se aade un nuevo apartado6 al artculo490, que quedan redactados como sigue:

2. Adems de las plazas que se incluyan para la incorporacin de nuevo personal en la Oferta de Empleo Pblico de conformidad con lo previsto en el artculo482, el Ministerio de Justicia convocar anualmente procesos de promocin interna para la cobertura de un nmero de plazas equivalente al treinta por ciento de las vacantes que, para cada Cuerpo, sean objeto de dicha oferta de empleo pblico.

Con independencia de lo sealado en el prrafo anterior, el Ministerio de Justicia, con carcter extraordinario y previa autorizacin del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas, podr convocar procesos de promocin interna especficos cuando las circunstancias en la Administracin de Justicia lo aconsejen.

En ambos casos, las plazas convocadas por el turno de promocin interna que no resulten cubiertas, no podrn en ningn caso acrecer a las convocadas por turno libre ni incorporarse a la Oferta de Empleo Pblico.

6. Los funcionarios del Cuerpo de Tcnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicologa y Ciencias Forenses podrn acceder mediante promocin interna al Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicologa y Ciencias Forenses, siempre que renan los requisitos para ello.

Noventa y dos. Se modifica el apartado1 del artculo495, que queda redactado como sigue:

1. Los funcionarios de carrera tienen los siguientes derechos profesionales:

a) Al mantenimiento de su condicin funcionarial, al desempeo efectivo de tareas o funciones propias de su cuerpo y a no ser removidos del puesto de trabajo que desempeen sino en los supuestos y condiciones establecidos legalmente.

b) A percibir la retribucin y las indemnizaciones por razn del servicio establecidas en la normativa vigente.

c) A la carrera profesional, a travs de los mecanismos de promocin profesional que se establezcan de acuerdo con los principios de igualdad, mrito, capacidad y publicidad.

d) A recibir por parte de la Administracin la formacin necesaria, inicial y continuada, con el fin de mejorar sus capacidades profesionales de forma que les permita una mejor y ms pronta adaptacin a sus puestos de trabajo y les posibilite su promocin profesional.

Con el fin de asegurar la homogeneidad y que las acciones formativas que se establezcan por las distintas Administraciones pblicas competentes en materia de gestin de personal no representen obstculos en la promocin y en la movilidad del personal al servicio de la Administracin de Justicia en el territorio del Estado, se adoptarn medidas de coordinacin y homologacin en materia de formacin continua.

e) A ser informados por sus jefes o superiores de las tareas o cometidos a desempear y a participar en la consecucin de los objetivos atribuidos a la unidad donde presten sus servicios.

f) Al respeto de su intimidad y a la consideracin debida a su dignidad, comprendida la proteccin frente a ofensas verbales o fsicas de naturaleza sexual.

g) A la no discriminacin por razn de nacimiento, origen racial o tnico, gnero, sexo u orientacin sexual, religin o convicciones, opinin, discapacidad, edad o cualquier otra condicin o circunstancia personal o social.

h) A vacaciones, permisos y licencias.

i) A recibir proteccin en materia de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual las Administraciones competentes adoptarn aquellas medidas que sean necesarias para la aplicacin efectiva de la normativa vigente sobre prevencin de riesgos y salud laboral, procediendo a la evaluacin de los riesgos iniciales y al establecimiento de planes de emergencia, as como a la creacin de servicios de prevencin y de un Comit Central de Seguridad y Salud.

j) A la jubilacin.

k) A un rgimen de Seguridad Social, que para los funcionarios de carrera y funcionarios en prcticas estar integrado por el Rgimen General de la Seguridad Social o el Rgimen de Clases Pasivas del Estado, en funcin de la fecha en la que hayan adquirido tal condicin, y el Mutualismo Judicial, regulado por Real Decreto Legislativo3/2000, de23 de junio, y disposiciones de desarrollo.

l) A los derechos previstos en el artculo444.2 de esta Ley.

Noventa y tres. Se modifica la letra l) del artculo497, que queda redactada como sigue:

l) Tratar con correccin y consideracin a los superiores jerrquicos, compaeros y subordinados, as como a Abogados, Procuradores y Graduados Sociales.

Noventa y cuatro. Se modifica la letra b) del apartado3 del artculo498, que queda redactada como sigue:

b) Por lo que se refiere a Cuerpos Generales:

1. El ejercicio de la abogaca, procuradura, o de la profesin de Graduado Social y empleos al servicio de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales o cualquier otra profesin que habilite para actuar ante Juzgados y Tribunales.

2. El desempeo de todo tipo de asesoramiento jurdico, sea retribuido o no.

3. La condicin de agentes de seguros y la de empleado de los mismos o de una compaa de seguros.

4. El desempeo de los cargos de gerentes, consejeros o asesores de empresas que persigan fines lucrativos.

5. El desempeo de servicios de gestora administrativa, ya sea como titular o como empleado de tales oficinas.

6. El ejercicio de funciones periciales privadas ante los Tribunales y Juzgados.

Noventa y cinco. Se modifica el apartado4 del artculo500, que queda redactado como sigue:

4. La distribucin de la jornada y la fijacin de los horarios se determinar a travs del calendario laboral que, con carcter anual, se aprobar por el rgano competente del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autnomas con competencias asumidas, en sus respectivos mbitos, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y negociacin con las organizaciones sindicales. El calendario laboral se determinar en funcin del nmero de horas anuales de trabajo efectivo. Podrn establecerse flexibilidades horarias a la entrada y salida del trabajo, garantizndose en todo caso un nmero de horas de obligada concurrencia continuada.

Los horarios que se establezcan debern respetar en todo caso el horario de audiencia pblica.

Noventa y seis. Se modifica el apartado1 del artculo502, que queda redactado como sigue:

1. Los funcionarios tendrn derecho a disfrutar, durante cada ao natural, de unas vacaciones retribuidas en las mismas condiciones que las previstas a los funcionarios de la Administracin General del Estado en su normativa.

Noventa y siete. Se modifican los prrafos segundo y ltimo del apartado5 del artculo504, que quedan redactados como sigue:

Sin perjuicio de la obligacin de comunicar, en la forma que reglamentariamente se determine, la imposibilidad de asistencia al trabajo por razn de enfermedad durante la jornada laboral del da en que sta se produzca, los funcionarios debern solicitar de la autoridad competente la licencia por enfermedad en el cuarto da consecutivo desde que se produjo la ausencia en el puesto de trabajo.

La ausencia al trabajo por causa de enfermedad o accidente que no d lugar a una situacin de incapacidad temporal, comportar la aplicacin del descuento en nmina en los trminos y condiciones que se establezcan por la normativa especfica que al efecto se dicte.

Noventa y ocho. Se modifica el prrafo tercero del apartado3 del artculo509, que queda redactado como sigue:

El tiempo de permanencia en esta situacin ser computable a efectos de trienios, carrera y derechos en el rgimen de Seguridad Social que sea de aplicacin. El puesto desempeado se reservar al menos dos aos. Transcurrido este periodo, dicha reserva lo ser a un puesto en la misma localidad y de igual retribucin. Los funcionarios en esta situacin podrn participar en los cursos de formacin que convoque la Administracin.

Noventa y nueve. Se modifica la letra A) del apartado3 del artculo521, que queda redactada como sigue:

A) Centro Gestor. Centro de destino.

A efectos de la ordenacin de los puestos de trabajo y de su ocupacin por el personal funcionario, tendrn la consideracin de centros gestores los rganos competentes del Ministerio de Justicia o el rgano competente de las Comunidades Autnomas para la gestin del personal, a quienes corresponder la formulacin de la relacin de puestos de trabajo en sus respectivos mbitos territoriales.

Se entender por centro de destino:

Cada uno de los servicios comunes procesales.

El conjunto de unidades procesales de apoyo directo a rganos judiciales que radiquen en el mismo municipio.

El Registro Civil Central y los Registros Civiles nicos de cada localidad, donde los hubiese.

Cada una de las Fiscalas o Adscripciones de Fiscalas.

En los Institutos de Medicina Legal, aquellos que su norma de creacin establezca como tales.

En el Instituto Nacional de Toxicologa y Ciencias Forenses, aquellos que su norma de creacin establezca como tales.

La Mutualidad General Judicial.

Cada Oficina judicial de apoyo directo a Juzgados de Paz de ms de7.000 habitantes o de menos de7.000 habitantes, dotados de plantilla funcionarial en razn de su carga de trabajo.

El Gabinete Tcnico del Tribunal Supremo.

Las Secretaras de Gobierno.

Cien. Se modifica el prrafo primero del apartado2 del artculo527, que queda redactado como sigue:

Con carcter excepcional podrn ser cubiertos temporalmente mediante sustitucin los puestos de trabajo que se encuentren vacantes o cuando su titular est ausente.

Ciento uno. Se aade un nuevo apartado5 al artculo531, que queda redactado como sigue:

5. Con carcter excepcional, se podrn convocar con antelacin suficiente concursos de traslados sin resultas para los rganos judiciales de nueva creacin al objeto de que a su entrada en funcionamiento estn dotados de personal.

Ciento dos. Se modifica el artculo536, que queda redactado como sigue:

Artculo536.

Las faltas podrn ser muy graves, graves y leves.

a) Se consideran faltas muy graves:

1. El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitucin en el ejercicio de la funcin pblica.

2. Toda actuacin que suponga discriminacin por razn de sexo, raza, religin, lengua, opinin, lugar de nacimiento o vecindad o cualquier otra condicin o circunstancia personal o social.

3. El abandono del servicio.

4. La emisin de informes o adopcin de acuerdos o resoluciones manifiestamente ilegales, cuando se cause perjuicio grave al inters pblico o lesionen derechos fundamentales de los ciudadanos.

5. La utilizacin indebida de la documentacin o informacin a que tengan o hayan tenido acceso por razn de su cargo o funcin.

6. La negligencia en la custodia de documentos que d lugar a su difusin o conocimiento indebidos.

7. El incumplimiento reiterado de las funciones inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.

8. La utilizacin de las facultades que tenga atribuidas, para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y mbito.

9. El incumplimiento grave de las decisiones judiciales cuya ejecucin tengan encomendadas.

10. La desobediencia grave o reiterada a las rdenes o instrucciones verbales o escritas de un superior emitidas por ste en el ejercicio de sus competencias, referidas a funciones o tareas propias del puesto de trabajo del interesado, salvo que sean manifiestamente ilegales.

11. La utilizacin de la condicin de funcionario para la obtencin de un beneficio indebido para s o para un tercero.

12. La realizacin de actividades declaradas incompatibles por ley.

13. La inobservancia del deber de abstencin, a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente previstas.

14. Los actos que impidan el ejercicio de los derechos fundamentales, de las libertades pblicas y de los derechos sindicales.

15. El incumplimiento del deber de atender los servicios esenciales en caso de huelga.

16. El acoso sexual.

17. La agresin grave a cualquier persona con la que se relacionen en el ejercicio de sus funciones.

18. La arbitrariedad en el uso de autoridad que cause perjuicio grave a los subordinados o al servicio.

19. Las acciones y omisiones que hayan dado lugar en sentencia firme a una declaracin de responsabilidad civil contrada en el ejercicio de la funcin por dolo o culpa grave.

20. La comisin de una falta grave cuando hubiere sido anteriormente sancionado por otras dos graves que hayan adquirido firmeza, sin que hubieren sido canceladas o procedido la cancelacin de las anotaciones correspondientes.

b) Se consideran faltas graves:

1. La desobediencia expresa a las rdenes o instrucciones de un superior, emitidas por ste en el ejercicio de sus competencias, referidas a funciones o tareas propias del puesto de trabajo del interesado, salvo que sean manifiestamente ilegales.

2. El incumplimiento de las decisiones judiciales cuya ejecucin les ha sido encomendada, cuando no constituya falta muy grave.

3. El abuso de autoridad en el ejercicio de sus funciones cuando no constituya falta muy grave.

4. La negligencia en la custodia de documentos, as como la utilizacin indebida de los mismos o de la informacin que conozcan por razn del cargo, cuando tales conductas no constituyan falta muy grave.

5. La tercera falta injustificada de asistencia en un perodo de tres meses.

6. La negligencia o retraso injustificado en el cumplimiento de las funciones inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas cuando no constituya un notorio incumplimiento de las mismas.

7. El ejercicio de cualquier actividad susceptible de compatibilidad, conforme a lo dispuesto en la Ley53/1984, de26 de diciembre, sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones pblicas, sin obtener la pertinente autorizacin o habindola obtenido con falta de veracidad en los presupuestos alegados.

8. La falta de consideracin grave con los superiores, iguales o subordinados, as como con los profesionales o ciudadanos.

9. Causar dao grave en los documentos o material de trabajo, as como en los locales destinados a la prestacin del servicio.

10. La utilizacin inadecuada de los medios informticos y materiales empleados en el ejercicio de sus funciones y el incumplimiento de las instrucciones facilitadas para su utilizacin, as como la indebida utilizacin de las claves de acceso a los sistemas informticos.

11. Las acciones u omisiones dirigidas a eludir los sistemas de control de horarios o a impedir que sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo.

12. Dejar de promover la exigencia de la responsabilidad disciplinaria que proceda al personal que integre su oficina, cuando conocieran o debieran conocer el incumplimiento grave por los mismos de los deberes que les correspondan.

13. Obstaculizar las labores de inspeccin.

14. Promover su abstencin de forma claramente injustificada.

15. El reiterado incumplimiento del horario de trabajo sin causa justificada.

16. La comisin de una falta de carcter leve habiendo sido sancionado anteriormente por resolucin firme por otras dos leves, sin que hubieran sido canceladas o procedido la cancelacin de las correspondientes anotaciones.

c) Se consideran faltas leves:

1. La falta de consideracin con los superiores, iguales o subordinados, as como con los profesionales o ciudadanos, cuando no constituya una infraccin ms grave.

2. El incumplimiento de los deberes propios de su cargo o puesto de trabajo o la negligencia en su desempeo, siempre que tales conductas no constituyan infraccin ms grave.

3. El retraso injustificado en el cumplimiento de sus funciones, cuando no constituya falta ms grave.

4. La ausencia injustificada por un da.

5. El incumplimiento del horario de trabajo sin causa justificada cuando no constituya falta grave.

Ciento tres. Se modifica el prrafo primero del artculo538, que queda redactado como sigue:

Las sanciones que se pueden imponer a los funcionarios por las faltas cometidas en el ejercicio de su cargo son:

a) Apercibimiento.

b) Suspensin de empleo y sueldo.

c) Traslado forzoso fuera del municipio de destino.

d) Separacin del servicio.

e) Cese en el puesto de trabajo.

Las sanciones de los prrafos b) y c) podrn imponerse por la comisin de faltas graves y muy graves, gradundose su duracin en funcin de las circunstancias que concurran en el hecho objeto de sancin.

La sancin de separacin de servicio slo podr imponerse por faltas muy graves.

La suspensin de funciones impuesta por la comisin de una falta muy grave no podr ser superior a tres aos ni inferior a un ao. Si se impone por falta grave, no exceder de un ao.

Los funcionarios a los que se sancione con traslado forzoso no podrn obtener nuevo destino en el municipio de origen durante tres aos, cuando hubiese sido impuesta por falta muy grave, y durante uno, cuando hubiera correspondido a la comisin de una falta grave.

La sancin de cese en el puesto de trabajo, slo ser aplicable a los funcionarios interinos por comisin de faltas graves o muy graves.

Las faltas leves slo podrn ser corregidas con apercibimiento.

Ciento cuatro. Se modifica la rbrica del ttulo II del libro VII, que queda redactada como sigue:

TTULO II

De los Abogados, Procuradores y Graduados Sociales

Ciento cinco. Se modifica el artculo544, que queda redactado como sigue:

Artculo544.

1. Los Abogados, Procuradores y Graduados Sociales, antes de iniciar su ejercicio profesional, prestarn juramento o promesa de acatamiento a la Constitucin y al resto del ordenamiento jurdico.

2. La colegiacin de los Abogados, Procuradores y Graduados Sociales ser obligatoria para actuar ante los Juzgados y Tribunales en los trminos previstos en esta Ley y por la legislacin general sobre colegios profesionales, salvo que acten al servicio de las Administraciones pblicas o entidades pblicas por razn de dependencia funcionarial o laboral.

Ciento seis. Se modifica el artculo545, que queda redactado como sigue:

Artculo545.

1. Salvo que la ley disponga otra cosa, las partes podrn designar libremente a sus representantes y defensores entre los Procuradores y Abogados que renan los requisitos exigidos por las leyes.

2. En los procedimientos laborales y de Seguridad Social la representacin tcnica podr ser ostentada por un Graduado Social, al que sern de aplicacin las obligaciones inherentes a su funcin, de acuerdo con lo dispuesto en su ordenamiento jurdico profesional, en este ttulo y especialmente en los artculos187,542.3 y546.

3. Se designarn de oficio, con arreglo a lo que en las leyes se establezca, a quien lo solicite o se niegue a nombrarlos, siendo preceptiva su intervencin. La defensa o representacin de oficio tendr carcter gratuito para quien acredite insuficiencia de recursos para litigar en los trminos que establezca la ley.

Ciento siete. Se modifican los apartados1 y2 del artculo546, que quedan redactados como sigue:

1. Es obligacin de los poderes pblicos garantizar la defensa y la asistencia de Abogado o la representacin tcnica de Graduado Social en los trminos establecidos en la Constitucin y en las leyes.

2. Los Abogados, Procuradores y Graduados Sociales estn sujetos en el ejercicio de su profesin a responsabilidad civil, penal y disciplinaria, segn proceda.

Ciento ocho. Se modifica el apartado1 del artculo551, que queda redactado como sigue:

1. La representacin y defensa del Estado y de sus organismos autnomos, as como la representacin y defensa de los rganos constitucionales cuyas normas internas no establezcan un rgimen especial propio, corresponder a los Abogados del Estado integrados en el Servicio Jurdico del Estado. Los Abogados del Estado podrn representar y defender a los restantes organismos y entidades pblicos, sociedades mercantiles estatales y fundaciones con participacin estatal, en los trminos contenidos en la Ley52/1997, de27 de noviembre, de Asistencia Jurdica al Estado e Instituciones Pblicas y disposiciones de desarrollo.

La representacin y defensa de las entidades gestoras, servicios comunes y otros organismos o entidades de naturaleza pblica, que conforme a la ley integran la Administracin de la Seguridad Social, sin incluir, en consecuencia, la de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, corresponder a los Letrados de la Administracin de la Seguridad Social, integrados en el Servicio Jurdico de la Administracin de la Seguridad Social, sin perjuicio de que, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine, tales funciones puedan ser encomendadas a Abogado colegiado especialmente designado al efecto.

Ciento nueve. Se modifican los apartados2 y3 del artculo561 y se incluye un nuevo apartado4, con la siguiente redaccin:

2. El Consejo General del Poder Judicial emitir su informe en el plazo improrrogable de treinta das. Si en la orden de remisin se hiciere constar la urgencia del informe, el plazo ser de quince das. Excepcionalmente el rgano remitente podr conceder la prrroga del plazo atendiendo a las circunstancias del caso. La duracin de la prrroga ser de quince das, salvo en los casos en los que en la orden de remisin se hubiere hecho constar la urgencia del informe, en cuyo caso ser de diez das.

3. Cuando no hubiera sido emitido informe en los plazos previstos en el apartado anterior, se tendr por cumplido dicho trmite.

4. El Gobierno remitir dicho informe a las Cortes Generales en el caso de tratarse de anteproyectos de ley.

Ciento diez. Se aade un nuevo apartado6 al artculo567, que queda redactado como sigue:

6. El cmputo de los plazos en los procedimientos de designacin de Vocales del Consejo General del Poder Judicial y de eleccin del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, as como del Vicepresidente del Tribunal Supremo, se realizar por das hbiles cuando el plazo se seale por das, empezando a computarse desde el da siguiente, y de fecha a fecha cuando se fije en meses o aos. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera da equivalente al inicial del cmputo se entender que el plazo expira el ltimo del mes.

Ciento once. Se modifica el apartado1 del artculo577, que queda redactado como sigue:

1. Contra la proclamacin definitiva de candidaturas cabr interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos das desde la publicacin del acuerdo. En el mismo acto de interposicin se debern presentar las alegaciones que se estimen pertinentes, acompaadas de los elementos de prueba oportunos.

Ciento doce. Se aade un nuevo apartado5 al artculo579, redactado como sigue:

5. El Presidente, los Vocales y el Secretario General del Consejo General del Poder Judicial estn sujetos al deber de efectuar una declaracin de bienes y derechos y al control y gestin de activos financieros de los que sean titulares en los trminos previstos en los artculos17 y18 de la Ley3/2015, de30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administracin General del Estado, con las adaptaciones que sean precisas a la organizacin del Consejo que se establecern en el Reglamento de Organizacin y Funcionamiento del mismo.

Ciento trece. Se modifica el apartado2 del artculo601, que queda redactado como sigue:

2. La Comisin Permanente estar compuesta por el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que la presidir, y otros siete Vocales: cuatro de los nombrados por el turno judicial y tres de los designados por el turno de juristas de reconocida competencia. Con excepcin de los miembros de la Comisin Disciplinaria, se procurar, previa propuesta del Presidente, la rotacin anual del resto de los Vocales en la composicin anual de la Comisin Permanente.

Ciento catorce. Se modifican los apartados2 y3 del artculo609, que quedan redactados como sigue:

2. La Comisin de Asuntos Econmicos estar integrada por tres Vocales.

3. La Comisin de Asuntos Econmicos deber actuar con la asistencia de todos sus componentes.

Ciento quince. Se modifican los apartados1 y2 del artculo610, que quedan redactados como sigue:

1. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial elegir anualmente, de entre sus Vocales, y atendiendo al principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres, a los componentes de la Comisin de Igualdad y designar, entre ellos, a su Presidente.

2. La Comisin de Igualdad estar integrada por tres Vocales.

Ciento diecisis. Se aade una nueva disposicin adicional vigsima primera, que queda redactada como sigue:

Disposicin adicional vigsima primera. Apoyo judicial en la instruccin de causas complejas.

Adems de lo dispuesto en el captulo IV bis del ttulo II del libro III de esta Ley, dentro de las excepcionales medidas de apoyo judicial, el Consejo General del Poder Judicial podr acordar, para la mejor instruccin de causas complejas y previa propuesta de su titular, la adscripcin a un rgano determinado de otro u otros Jueces o Magistrados que sin funciones jurisdiccionales y bajo la direccin del titular de aqul, realicen exclusivamente labores de colaboracin, asistencia o asesoramiento. Para idntico fin e iguales condiciones, podr interesarse la adscripcin de uno o varios Letrados de la Administracin de Justicia.

A tal efecto el Consejo General del Poder Judicial propondr un programa concreto de actuacin especificando, en todo caso, su objeto, mbito de aplicacin, duracin y el tipo de comisiones en cuanto a la relevacin de funciones. La aprobacin del mismo precisar la autorizacin del Ministerio de Justicia.

En el caso de que se interese la adscripcin de Letrados de la Administracin de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial dirigir su peticin al Ministerio para la aprobacin de las correspondientes comisiones.


[Bloque 3: #daprimera]

Disposicin adicional primera. Referencias en las normas de fecha anterior.

A partir de la entrada en vigor de esta Ley, todas las referencias que se contengan en la Ley Orgnica6/1985, de1 de julio, del Poder Judicial, as como en otras normas jurdicas, a Secretarios judiciales, Secretarios sustitutos profesionales, Instituto de Medicina Legal e Instituto Nacional de Toxicologa, debern entenderse hechas, respectivamente, a Letrados de la Administracin de Justicia, Letrados de la Administracin de Justicia suplentes, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses e Instituto Nacional de Toxicologa y Ciencias Forenses.


[Bloque 4: #dasegunda]

Disposicin adicional segunda. Elaboracin del escalafn del Cuerpo de Letrados de la Administracin de Justicia.

En el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Ministerio de Justicia deber elaborar el escalafn del Cuerpo de Letrados de la Administracin de Justicia.


[Bloque 5: #datercera]

Disposicin adicional tercera. Pruebas de especializacin.

El Consejo General del Poder Judicial podr convocar, adems de las expresamente previstas en esta Ley, otras pruebas de especializacin entre miembros de Carrera judicial en las que se valoren conocimientos especficos dentro de las distintas ramas del Derecho. Su superacin ser considerada como mrito en los concursos que no se resuelvan exclusivamente por criterios de antigedad. Reglamentariamente se determinar el nmero, contenido y desarrollo de estas pruebas que podr comprender el reconocimiento y valoracin de las realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley. Si de esta especializacin se derivara algn incremento de gasto, ser preciso informe favorable de la Administracin competente para soportar dicho gasto.


[Bloque 6: #dacuaa]

Disposicin adicional cuarta. Uso obligatorio de las nuevas tecnologas.

1. La utilizacin de los sistemas informticos puestos al servicio de la Administracin de Justicia ser de uso obligatorio para Jueces y Magistrados.

2. El Consejo General del Poder Judicial, en el mbito de sus competencias, podr dictar instrucciones de obligado cumplimiento con el fin de garantizar la adecuada utilizacin de los recursos materiales que las Administraciones pongan a disposicin de Juzgados y Tribunales para el desempeo de sus funciones.

3. No podr exigirse a ciudadanos, profesionales o Administraciones que aporten la documentacin que les sea requerida o de la que pretendan valerse en soporte papel, salvo que ello sea preciso para determinar la autenticidad de su contenido o cuando legal o reglamentariamente se autorice de forma expresa.


[Bloque 7: #daquinta]

Disposicin adicional quinta. Pensin de jubilacin.

A los Jueces, Magistrados, Abogados Fiscales, Fiscales, Letrados de la Administracin de Justicia, docentes universitarios y Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles incluidos en el Rgimen de Clases Pasivas del Estado que causen o que hayan causado pensin de jubilacin a partir de1 de enero de2015 y que en el momento de dicho hecho causante cuenten, al menos, con sesenta y cinco aos de edad cumplidos, as como a los Magistrados y Fiscales del Tribunal Supremo que en la indicada fecha estuvieran prestando servicios como emritos, les ser de aplicacin lo establecido en la disposicin adicional decimosptima del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo670/1987, de30 de abril.

En estos supuestos se reconocer a los interesados un porcentaje adicional por cada ao completo de servicios efectivos al Estado entre la fecha en que cumplieron sesenta y cinco aos, y la del hecho causante de la pensin, cuya cuanta estar en funcin de los aos de servicio acreditados en la primera de las fechas indicadas, segn la escala prevista en la disposicin adicional mencionada en el prrafo anterior.

Se modifica por la disposicin final 39.1 de la Ley 6/2018, de 3 de julio. Ref. BOE-A-2018-9268

Se modifica por la disposicin final 30.1 de la Ley 3/2017, de 27 de junio. Ref. BOE-A-2017-7387





[Bloque 8: #dasexta]

Disposicin adicional sexta. Prrroga de servicio activo de Fiscales y Letrados de la Administracin de Justicia.

La referencia realizada en el artculo386 de la Ley Orgnica6/1985, de1 de julio, del Poder Judicial, al Consejo General del Poder Judicial deber entenderse efectuada al Ministerio de Justicia cuando sean Fiscales o Letrados de la Administracin de Justicia los que soliciten la prolongacin de la permanencia en el servicio activo.


[Bloque 9: #dtprimera]

Disposicin transitoria primera. Normativa aplicable a los procedimientos judiciales ya iniciados.

1. Los procedimientos que se rijan por normas de competencia judicial internacional en el orden civil iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, continuarn sustancindose conforme a las normas que regan a la fecha de su incoacin.

2. Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley que con anterioridad eran competencia de los Juzgados de Instruccin y con arreglo a la misma son competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, continuarn sustancindose conforme a las normas que regan a la fecha de su incoacin.

3. Los procedimientos de responsabilidad civil directa de Jueces y Magistrados que se estuvieran tramitando en el momento de entrada en vigor de la Ley, se continuarn tramitando de acuerdo con las normas procesales y sustantivas vigentes en el momento de su incoacin.


[Bloque 10: #dtsegunda]

Disposicin transitoria segunda. Rgimen del Gabinete Tcnico del Tribunal Supremo.

1. El procedimiento para el nombramiento de los miembros del Gabinete Tcnico del Tribunal Supremo previsto en esta Ley se aplicar a partir del momento de entrada en vigor de la misma.

2. Los miembros de la plantilla del Gabinete Tcnico del Tribunal Supremo pasarn a la situacin administrativa que corresponda a partir de la entrada en vigor de esta Ley.

3. Las plazas de Letrados coordinadores en el Gabinete Tcnico del Tribunal Supremo se crearn por transformacin de las plazas actualmente existentes de Magistrados en dicho Gabinete, a la entrada en vigor de esta Ley. Cualquier modificacin de la plantilla de Letrados coordinadores deber ajustarse al procedimiento previsto en el primer prrafo del apartado5 del artculo61 bis de la Ley Orgnica6/1985, de1 de julio, del Poder Judicial.

Quienes actualmente desempeen las funciones de Magistrado del Gabinete Tcnico pasarn a tener la consideracin de Letrados coordinadores por el tiempo por el que fueron nombrados.

4. Los Letrados del Gabinete Tcnico que no pertenezcan a la Carrera judicial estarn sometidos al rgimen estatutario de los Letrados de la Administracin de Justicia, en cuanto fuere aplicable, hasta la entrada en vigor de la ley que regule el estatuto bsico de los Letrados del Gabinete Tcnico del Tribunal Supremo.


[Bloque 11: #dttercera]

Disposicin transitoria tercera. Magistrados y Fiscales emritos.

1. Quienes a la entrada en vigor de la presente Ley estuvieran prestando servicios como Magistrados emritos o Magistrados emritos del Tribunal Supremo, podrn continuar prestando sus servicios como tales durante un periodo de dos aos a partir de la entrada en vigor de esta Ley, conservando su actual rgimen retributivo. No obstante lo anterior, en ningn caso podrn permanecer en esta situacin cumplidos los setenta y cinco aos.

El mismo rgimen ser de aplicacin a quienes a la entrada en vigor de esta Ley renan los requisitos previstos para poder ser nombrados como Magistrados emritos o Magistrados emritos del Tribunal Supremo y as lo hubieran solicitado.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior regir para los Fiscales que se encuentren en las mismas situaciones en l descritas.


[Bloque 12: #dtcuaa]

Disposicin transitoria cuarta. Secretarios de Gobierno y Secretarios Coordinadores.

1. A la entrada en vigor de esta Ley los Secretarios de Gobierno o Coordinadores nombrados podrn concursar para obtener plaza e incorporarse as al rgimen que establece la presente Ley; para ello tendrn preferencia absoluta en los dos primeros concursos que se realicen en los que se oferten plazas en su ciudad de procedencia o en la de su actual destino.

Una vez obtenida plaza se les aplicar el rgimen general.

2. A los que no hubieren concursado conforme al apartado anterior les ser aplicable el siguiente rgimen transitorio:

a) Los que cesaren en su cargo o no renovaren, quedarn adscritos, a su eleccin, al Tribunal o a la Audiencia Provincial de la ciudad de procedencia o de aqulla en la que cesen.

b) Durante los dos aos posteriores a la fecha de su cese o no renovacin, podrn optar con carcter preferente a cualquier plaza de cualquier categora que tengan consolidada de las que deban proveerse por concurso voluntario, poniendo fin as a la situacin de adscripcin provisional que se regula en el apartado anterior.

c) De no haber concursado dentro de dicho plazo en la forma indicada, pese a la oferta de puestos de trabajo en la ciudad de adscripcin que se hubieren incluido en estos concursos, y una vez transcurridos los dos aos de adscripcin, se les adjudicar con carcter definitivo el primer puesto de trabajo vacante en esa ciudad. El cmputo de los dos aos comenzar a contar desde el primer concurso que se realice con posterioridad a su cese o no renovacin.

En sucesivos concursos, de tener consolidada la primera categora, el tiempo prestado en esta se les computar a efectos de traslados conforme se indique en las normas de desarrollo o en las mismas convocatorias.

3. Los Secretarios de Gobierno y Coordinadores que a la entrada en vigor de esta Ley estuvieran desempeando su segundo o posterior mandato, no podrn optar a la renovacin para el mismo puesto.


[Bloque 13: #dtquinta]

Disposicin transitoria quinta. Planes anuales de suplencias y sustituciones.

Tras la entrada en vigor de la presente Ley y en tanto no se aprueben los siguientes planes anuales de suplencias y sustituciones de Letrados de la Administracin de Justicia, el Secretario de Gobierno velar para que las sustituciones y llamamientos que fuesen necesarios realizar se ajusten a los criterios establecidos en esta Ley, en cuanto sea posible.


[Bloque 14: #dtsexta]

Disposicin transitoria sexta. Institutos de Medicina Legal.

En aquellas Comunidades Autnomas o Ciudades Autnomas en las que no estn constituidos los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y hasta el momento en que se constituyan, la regulacin del artculo479 se entender aplicable a las agrupaciones de forensas.


[Bloque 15: #dtseptima]

Disposicin transitoria sptima. Dilacin del requisito de especialidad en Medicina Forense para el acceso al Cuerpo de Mdicos Forenses.

La especialidad en Medicina Forense, exigida en el artculo475 de esta Ley para acceder al Cuerpo de Mdicos Forenses, no ser requisito obligatorio hasta que as lo determine el Ministerio de Justicia, una vez concluyan su formacin por el sistema de residencia al menos la primera promocin de estos especialistas y se haya desarrollado la va transitoria de acceso a dicho ttulo para quienes acrediten una experiencia profesional, como funcionario del Cuerpo de Mdicos Forenses, no inferior a la duracin del programa formativo oficial, segn el procedimiento regulado en la disposicin transitoria quinta del Real Decreto639/2014, de25 de julio.


[Bloque 16: #dtoctava]

Disposicin transitoria octava. Pensin de jubilacin.

Los reconocimientos de pensiones de jubilacin, causadas a partir de1 de enero de2015, en los que el beneficiario cumpla los requisitos establecidos en la disposicin adicional quinta de esta Ley, se revisarn de oficio para adecuarlos a lo establecido en dicha disposicin, con efectos econmicos a partir del da primero del mes siguiente al hecho causante.

Asimismo se revisarn de oficio las reconocimientos de las pensiones de jubilacin de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Supremo emritos mencionados en la referida disposicin con efectos econmicos a partir del da primero del mes siguiente al que cesen en tal situacin.

Se modifica por la disposicin final 39.2 de la Ley 6/2018, de 3 de julio. Ref. BOE-A-2018-9268

Se modifica por la disposicin final 30.2 de la Ley 3/2017, de 27 de junio. Ref. BOE-A-2017-7387





[Bloque 17: #dtnovena]

Disposicin transitoria novena. Plazo de solicitud para la prolongacin de la permanencia en el servicio activo.

El plazo de dos meses previsto en el artculo386 de la Ley Orgnica6/1985, de1 de julio, del Poder Judicial, para solicitar la prolongacin de la permanencia en el servicio activo no ser exigible a quienes se jubilen entre la fecha de entrada en vigor de la presente Ley y el1 de diciembre de2015.


[Bloque 18: #dfprimera]

Disposicin final primera. Modificacin de la Ley38/1988, de28 de diciembre, de Demarcacin y de Planta Judicial.

La Ley38/1988, de28 de diciembre, de Demarcacin y de Planta Judicial, queda modificada en los siguientes trminos:

Uno. Se modifica el apartado2 del artculo8, que queda redactado como sigue:

2. Las Secciones de las Audiencias Provinciales a que se refiere el apartado5 del artculo3 de esta Ley, as como los Juzgados de lo Penal, los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, los Juzgados de lo Social, los Juzgados de Menores, los Juzgados de lo Mercantil y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con jurisdiccin de extensin territorial inferior o superior a la de una provincia, tienen su sede en la capital del partido que se seale por Ley de la correspondiente Comunidad Autnoma y toman el nombre del municipio en que aqulla est situada.

Dos. Se modifica el artculo23, que queda redactado como sigue:

Artculo23.

Las retribuciones de los Letrados al servicio del Gabinete Tcnico del Tribunal Supremo sern las correspondientes a un Letrado de la Administracin de Justicia de Sala del Tribunal Supremo. No obstante, los Letrados que desarrollen labores de coordinacin conforme a lo previsto en el apartado4 del artculo61 bis de la Ley Orgnica6/1985, de1 de julio, del Poder Judicial, y que adems pertenezcan a la Carrera judicial, percibirn las previstas en el Anexo II.2 de la Ley15/2003 para los Magistrados del Gabinete Tcnico del Tribunal Supremo.

Tres. Se modifica el anexo III, que queda redactado como sigue:

ANEXO III

Audiencia Nacional

Presidente Audiencia Nacional.

Sala de lo Penal:

1 Presidente de Sala.

4 Secciones: Compuesta por16 Magistrados.

Sala de Apelacin:

1 Presidente de Sala.

2 Magistrados.

Sala de lo Contencioso-administrativo:

1 Presidente de Sala.

8 Secciones: Compuesta por39 Magistrados.

Sala de lo Social:

1 Presidente de Sala.

2 Magistrados.

Total:64 Magistrados.

4 Magistrados del Tribunal Supremo, uno de los cuales con consideracin de Presidente de Sala.


[Bloque 19: #dfsegunda]

Disposicin final segunda. Modificacin de la Ley Orgnica2/1989, de13 de abril, Procesal Militar.

La Ley Orgnica2/1989, de13 de abril, Procesal Militar, queda modificada en los siguientes trminos:

Uno. Se modifica el artculo328, que queda redactado como sigue:

Artculo328.

1. Habr lugar al recurso de revisin contra sentencias firmes en los siguientes casos:

1. Cuando hayan sido condenadas dos o ms personas en virtud de sentencias contradictorias por un mismo hecho que no haya podido ser cometido ms que por una sola.

2. Cuando haya sido condenado alguno como responsable de la muerte de una persona cuya existencia se acredite despus de la fecha de la sentencia condenatoria.

3. Cuando haya sido condenada una persona en sentencia cuyo fundamento fuera: un documento o testimonio declarados despus falsos por sentencia firme en causa criminal, la confesin del reo arrancada con violencia o coaccin o cualquier otro hecho punible ejecutado por un tercero, siempre que tales extremos resulten tambin declarados por sentencia firme en procedimiento seguido al efecto. A estos fines podrn practicarse cuantas pruebas se consideren necesarias para el esclarecimiento de los hechos controvertidos en el procedimiento, anticipndose aquellas que por circunstancias especiales pudieran luego dificultar y hasta hacer imposible la sentencia firme base de la revisin.

4. Cuando haya sido penada una persona en sentencia dictada por el Tribunal y alguno de sus miembros fuere condenado por prevaricacin cometida en aquella sentencia, o cuando en la tramitacin de la causa se hubiere prevaricado en resolucin o trmite esencial de influencia notoria a los efectos del fallo.

5. Cuando sobre los propios hechos hayan recado dos sentencias firmes y dispares dictadas por la misma o por distintas jurisdicciones.

6. Cuando despus de dictada sentencia condenatoria se conociesen pruebas indubitadas suficientes a evidenciar el error del fallo por ignorancia de las mismas.

2. Asimismo se podr interponer recurso de revisin contra una resolucin judicial firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolucin ha sido dictada en violacin de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Proteccin de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violacin, por su naturaleza y gravedad, entrae efectos que persistan y no puedan cesar de ningn otro modo que no sea mediante esta revisin.

En estos casos, los procesos de revisin se sustanciarn conforme a las normas sobre esta materia contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y no ser de aplicacin lo previsto en los artculos329 a333,335 y336. Se aplicarn las reglas sobre legitimacin previstas en dicha Ley para ese tipo de procesos.

Igualmente, las sentencias que se dicten en dichos procesos tendrn los efectos prevenidos para este caso en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Dos. Se modifica el artculo336, que queda redactado como sigue:

Artculo336.

El proceso de revisin se sustanciar, con citacin de los penados y solicitantes, conforme a las normas sobre esta materia contenidas en las leyes comunes, a salvo lo dispuesto en los dos ltimos prrafos del artculo328.2.

Tres. Se modifica el artculo504, que queda redactado como sigue:

Artculo504.

1. Las sentencias firmes dictadas en recurso contencioso-disciplinario militar por la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, as como los autos tambin firmes, a los que se refiere el artculo478, dictados por dicha Sala, podrn ser objeto de recurso de revisin en los siguientes casos:

a) Si la parte dispositiva de la sentencia contuviere contradicciones en sus decisiones.

b) Si se hubieran dictado resoluciones contrarias entre s respecto a los mismos litigantes u otros diferentes en idntica situacin, donde en mrito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales se llegue a pronunciamientos distintos.

c) Si despus de pronunciada la sentencia se recobraren documentos decisivos, detenidos por fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado.

d) Si hubiere recado la sentencia en virtud de documentos que al tiempo de dictarse aqulla ignoraba una de las partes haber sido reconocidos y declarados falsos o cuya falsedad se reconociese o declarase despus.

e) Si, habindose dictado la sentencia en virtud de prueba testifical, fuesen los testigos condenados por falso testimonio en las declaraciones constitutivas de aqulla.

f) Si la sentencia se hubiera ganado injustamente en virtud de prevaricacin, cohecho, violencia u otra maquinacin fraudulenta.

g) Si la sentencia se hubiere dictado con infraccin de lo dispuesto en el artculo490 o si en ella no se resolviese alguna de las cuestiones planteadas en la demanda y contestacin.

2. Asimismo se podr interponer recurso de revisin contra una resolucin judicial firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolucin ha sido dictada en violacin de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Proteccin de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violacin, por su naturaleza y gravedad, entrae efectos que persistan y no puedan cesar de ningn otro modo que no sea mediante esta revisin.

3. En lo referente a legitimacin, trminos y procedimientos respecto a este recurso, regirn las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Exceptanse los casos previstos en los apartados a), b) y g) de este artculo, en los cuales el recurso de revisin deber formularse en el plazo de un mes, contado desde la notificacin de la firmeza de la sentencia.

El recurso se interpondr ante la Sala del Tribunal Supremo a que se refiere el artculo61 de la Ley Orgnica del Poder Judicial.

Cuatro. Se modifica el artculo505, que queda redactado como sigue:

Artculo505.

Contra las sentencias firmes dictadas por la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central o por los Tribunales Militares Territoriales se podr interponer recurso de revisin ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo en los mismos plazos y por iguales trmites que los sealados en el apartado3 del artculoanterior.

Este recurso podr fundamentarse en los mismos motivos que los relacionados en los apartados 1 y 2 del artculoanterior, salvo los contemplados en las letras a), b) y g) del apartado 1.


[Bloque 20: #dftercera]

Disposicin final tercera. Modificacin de la Ley29/1998, de13 de julio, reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-administrativa.

La Ley29/1998, de13 de julio, reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-administrativa, queda modificada en los siguientes trminos:

Uno. La seccin3. del captulo III del ttulo IV, integrada por los artculos86 a93, queda redactada de la siguiente forma, y se suprimen los artculos94 y95:

Seccin3. Recurso de casacin

Artculo86.

1. Las sentencias dictadas en nica instancia por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y las dictadas en nica instancia o en apelacin por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia sern susceptibles de recurso de casacin ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

En el caso de las sentencias dictadas en nica instancia por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, nicamente sern susceptibles de recurso las sentencias que contengan doctrina que se reputa gravemente daosa para los intereses generales y sean susceptibles de extensin de efectos.

2. Se exceptan de lo establecido en el apartado anterior las sentencias dictadas en el procedimiento para la proteccin del derecho fundamental de reunin y en los procesos contencioso-electorales.

3. Las sentencias que, siendo susceptibles de casacin, hayan sido dictadas por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia slo sern recurribles ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo si el recurso pretende fundarse en infraccin de normas de Derecho estatal o de la Unin Europea que sea relevante y determinante del fallo impugnado, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora.

Cuando el recurso se fundare en infraccin de normas emanadas de la Comunidad Autnoma ser competente una Seccin de la Sala de lo Contencioso-administrativo que tenga su sede en el Tribunal Superior de Justicia compuesta por el Presidente de dicha Sala, que la presidir, por el Presidente o Presidentes de las dems Salas de lo Contencioso-administrativo y, en su caso, de las Secciones de las mismas, en nmero no superior a dos, y por los Magistrados de la referida Sala o Salas que fueran necesarios para completar un total de cinco miembros.

Si la Sala o Salas de lo Contencioso-administrativo tuviesen ms de una Seccin, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia establecer para cada ao judicial el turno con arreglo al cual los Presidentes de Seccin ocuparn los puestos de la regulada en este apartado. Tambin lo establecer entre todos los Magistrados que presten servicio en la Sala o Salas.

4. Las resoluciones del Tribunal de Cuentas en materia de responsabilidad contable sern susceptibles de recurso de casacin en los casos establecidos en su Ley de Funcionamiento.

Artculo87.

1. Tambin son susceptibles de recurso de casacin los siguientes autos dictados por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, con la misma excepcin e igual lmite dispuestos en los apartados2 y3 del artculoanterior:

a) Los que declaren la inadmisin del recurso contencioso-administrativo o hagan imposible su continuacin.

b) Los que pongan trmino a la pieza separada de suspensin o de otras medidas cautelares.

c) Los recados en ejecucin de sentencia, siempre que resuelvan cuestiones no decididas, directa o indirectamente, en aqulla o que contradigan los trminos del fallo que se ejecuta.

d) Los dictados en el caso previsto en el artculo91.

e) Los dictados en aplicacin de los artculos110 y111.

2. Para que pueda prepararse el recurso de casacin en los casos previstos en el apartado anterior, es requisito necesario interponer previamente el recurso de splica.

Artculo87 bis.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo93.3, el recurso de casacin ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo se limitar a las cuestiones de derecho, con exclusin de las cuestiones de hecho.

2. Las pretensiones del recurso de casacin debern tener por objeto la anulacin, total o parcial, de la sentencia o auto impugnado y, en su caso, la devolucin de los autos al Tribunal de instancia o la resolucin del litigio por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo dentro de los trminos en que apareciese planteado el debate.

3. La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo podr determinar, mediante acuerdo que se publicar en el “Boletn Oficial del Estado”, la extensin mxima y otras condiciones extrnsecas, incluidas las relativas a su presentacin por medios telemticos, de los escritos de interposicin y de oposicin de los recursos de casacin.

Artculo88.

1. El recurso de casacin podr ser admitido a trmite cuando, invocada una concreta infraccin del ordenamiento jurdico, tanto procesal como sustantiva, o de la jurisprudencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estime que el recurso presenta inters casacional objetivo para la formacin de jurisprudencia.

2. El Tribunal de casacin podr apreciar que existe inters casacional objetivo, motivndolo expresamente en el auto de admisin, cuando, entre otras circunstancias, la resolucin que se impugna:

a) Fije, ante cuestiones sustancialmente iguales, una interpretacin de las normas de Derecho estatal o de la Unin Europea en las que se fundamenta el fallo contradictoria con la que otros rganos jurisdiccionales hayan establecido.

b) Siente una doctrina sobre dichas normas que pueda ser gravemente daosa para los intereses generales.

c) Afecte a un gran nmero de situaciones, bien en s misma o por trascender del caso objeto del proceso.

d) Resuelva un debate que haya versado sobre la validez constitucional de una norma con rango de ley, sin que la improcedencia de plantear la pertinente cuestin de inconstitucionalidad aparezca suficientemente esclarecida.

e) Interprete y aplique aparentemente con error y como fundamento de su decisin una doctrina constitucional.

f)  Interprete y aplique el Derecho de la Unin Europea en contradiccin aparente con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia o en supuestos en que aun pueda ser exigible la intervencin de ste a ttulo prejudicial.

g) Resuelva un proceso en que se impugn, directa o indirectamente, una disposicin de carcter general.

h) Resuelva un proceso en que lo impugnado fue un convenio celebrado entre Administraciones pblicas.

i) Haya sido dictada en el procedimiento especial de proteccin de derechos fundamentales.

3. Se presumir que existe inters casacional objetivo:

a) Cuando en la resolucin impugnada se hayan aplicado normas en las que se sustente la razn de decidir sobre las que no exista jurisprudencia.

b) Cuando dicha resolucin se aparte deliberadamente de la jurisprudencia existente al considerarla errnea.

c) Cuando la sentencia recurrida declare nula una disposicin de carcter general, salvo que esta, con toda evidencia, carezca de trascendencia suficiente.

d) Cuando resuelva recursos contra actos o disposiciones de los organismos reguladores o de supervisin o agencias estatales cuyo enjuiciamiento corresponde a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

e) Cuando resuelva recursos contra actos o disposiciones de los Gobiernos o Consejos de Gobierno de las Comunidades Autnomas.

No obstante, en los supuestos referidos en las letras a), d) y e) el recurso podr inadmitirse por auto motivado cuando el Tribunal aprecie que el asunto carece manifiestamente de inters casacional objetivo para la formacin de jurisprudencia.

Artculo89.

1. El recurso de casacin se preparar ante la Sala de instancia en el plazo de treinta das, contados desde el siguiente al de la notificacin de la resolucin que se recurre, estando legitimados para ello quienes hayan sido parte en el proceso, o debieran haberlo sido.

2. El escrito de preparacin deber, en apartados separados que se encabezarn con un epgrafe expresivo de aquello de lo que tratan:

a) Acreditar el cumplimiento de los requisitos reglados en orden al plazo, la legitimacin y la recurribilidad de la resolucin que se impugna.

b) Identificar con precisin las normas o la jurisprudencia que se consideran infringidas, justificando que fueron alegadas en el proceso, o tomadas en consideracin por la Sala de instancia, o que sta hubiera debido observarlas aun sin ser alegadas.

c) Acreditar, si la infraccin imputada lo es de normas o de jurisprudencia relativas a los actos o garantas procesales que produjo indefensin, que se pidi la subsanacin de la falta o transgresin en la instancia, de haber existido momento procesal oportuno para ello.

d) Justificar que la o las infracciones imputadas han sido relevantes y determinantes de la decisin adoptada en la resolucin que se pretende recurrir.

e) Justificar, en el caso de que sta hubiera sido dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo de un Tribunal Superior de Justicia, que la norma supuestamente infringida forma parte del Derecho estatal o del de la Unin Europea.

f) Especialmente, fundamentar con singular referencia al caso, que concurren alguno o algunos de los supuestos que, con arreglo a los apartados2 y3 del artculoanterior, permiten apreciar el inters casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

3. Si el escrito de preparacin no se presentara en el plazo de treinta das, la sentencia o auto quedar firme, declarndolo as el Letrado de la Administracin de Justicia mediante decreto. Contra esta decisin slo cabr el recurso directo de revisin regulado en el artculo102 bis de esta Ley.

4. Si, aun presentado en plazo, no cumpliera los requisitos que impone el apartado2 de este artculo, la Sala de instancia, mediante auto motivado, tendr por no preparado el recurso de casacin, denegando el emplazamiento de las partes y la remisin de las actuaciones al Tribunal Supremo. Contra este auto nicamente podr interponerse recurso de queja, que se sustanciar en la forma establecida por la Ley de Enjuiciamiento Civil.

5. Si se cumplieran los requisitos exigidos por el apartado2, dicha Sala, mediante auto en el que se motivar suficientemente su concurrencia, tendr por preparado el recurso de casacin, ordenando el emplazamiento de las partes para su comparecencia dentro del plazo de treinta das ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, as como la remisin a sta de los autos originales y del expediente administrativo Y, si lo entiende oportuno, emitir opinin sucinta y fundada sobre el inters objetivo del recurso para la formacin de jurisprudencia, que unir al oficio de remisin.

6. Contra el auto en que se tenga por preparado el recurso de casacin, la parte recurrida no podr interponer recurso alguno, pero podr oponerse a su admisin al tiempo de comparecer ante el Tribunal Supremo, si lo hiciere dentro del trmino del emplazamiento.

Artculo90.

1. Recibidos los autos originales y el expediente administrativo, la Seccin de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo a que se refiere el apartado siguiente podr acordar, excepcionalmente y slo si las caractersticas del asunto lo aconsejan, or a las partes personadas por plazo comn de treinta das acerca de si el recurso presenta inters casacional objetivo para la formacin de jurisprudencia.

2. La admisin o inadmisin a trmite del recurso ser decidida por una Seccin de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo integrada por el Presidente de la Sala y por al menos un Magistrado de cada una de sus restantes Secciones. Con excepcin del Presidente de la Sala, dicha composicin se renovar por mitad transcurrido un ao desde la fecha de su primera constitucin y en lo sucesivo cada seis meses, mediante acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo que determinar sus integrantes para cada uno de los citados periodos y que se publicar en la pgina web del Poder Judicial.

3. La resolucin sobre la admisin o inadmisin del recurso adoptar la siguiente forma:

a) En los supuestos del apartado2 del artculo88, en los que ha de apreciarse la existencia de inters casacional objetivo para la formacin de jurisprudencia, la resolucin adoptar la forma de providencia, si decide la inadmisin, y de auto, si acuerda la admisin a trmite. No obstante, si el rgano que dict la resolucin recurrida hubiera emitido en el trmite que prev el artculo89.5 opinin que, adems de fundada, sea favorable a la admisin del recurso, la inadmisin se acordar por auto motivado.

b) En los supuestos del apartado3 del artculo88, en los que se presume la existencia de inters casacional objetivo, la inadmisin se acordar por auto motivado en el que se justificar que concurren las salvedades que en aqul se establecen.

4. Los autos de admisin precisarn la cuestin o cuestiones en las que se entiende que existe inters casacional objetivo e identificarn la norma o normas jurdicas que en principio sern objeto de interpretacin, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si as lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso. Las providencias de inadmisin nicamente indicarn si en el recurso de casacin concurre una de estas circunstancias:

a) ausencia de los requisitos reglados de plazo, legitimacin o recurribilidad de la resolucin impugnada;

b) incumplimiento de cualquiera de las exigencias que el artculo89.2 impone para el escrito de preparacin;

c) no ser relevante y determinante del fallo ninguna de las infracciones denunciadas; o

d) carencia en el recurso de inters casacional objetivo para la formacin de jurisprudencia.

5. Contra las providencias y los autos de admisin o inadmisin no cabr recurso alguno.

6. El Letrado de la Administracin de Justicia de Sala comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisin adoptada y, si es de inadmisin, le devolver las actuaciones procesales y el expediente administrativo recibidos.

7. Los autos de admisin del recurso de casacin se publicarn en la pgina web del Tribunal Supremo. Con periodicidad semestral, su Sala de lo Contencioso-administrativo har pblico, en la mencionada pgina web y en el Boletn Oficial del Estado, el listado de recursos de casacin admitidos a trmite, con mencin sucinta de la norma o normas que sern objeto de interpretacin y de la programacin para su resolucin.

8. La inadmisin a trmite del recurso de casacin comportar la imposicin de las costas a la parte recurrente, pudiendo tal imposicin ser limitada a una parte de ellas o hasta una cifra mxima.

Artculo91.

1. La preparacin del recurso de casacin no impedir la ejecucin provisional de la sentencia recurrida.

Las partes favorecidas por la sentencia podrn instar su ejecucin provisional. Cuando de sta pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, podrn acordarse las medidas que sean adecuadas para evitar o paliar dichos perjuicios. Igualmente podr exigirse la presentacin de caucin o garanta para responder de aqullos. No podr llevarse a efecto la ejecucin provisional hasta que la caucin o la medida acordada est constituida y acreditada en autos.

2. La constitucin de la caucin se ajustar a lo establecido en el artculo133.2 de esta Ley.

3. El Tribunal de instancia denegar la ejecucin provisional cuando pueda crear situaciones irreversibles o causar perjuicios de difcil reparacin.

4. Cuando se tenga por preparado un recurso de casacin, el Letrado de la Administracin de Justicia dejara testimonio bastante de los autos y de la resolucin recurrida a los efectos previstos en este artculo.

Artculo92.

1. Admitido el recurso, el Letrado de la Administracin de Justicia de la Seccin de Admisin de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo dictar diligencia de ordenacin en la que dispondr remitir las actuaciones a la Seccin de dicha Sala competente para su tramitacin y decisin y en la que har saber a la parte recurrente que dispone de un plazo de treinta das, a contar desde la notificacin de aqulla, para presentar en la Secretara de esa Seccin competente el escrito de interposicin del recurso de casacin. Durante este plazo, las actuaciones procesales y el expediente administrativo estarn de manifiesto en la Oficina judicial.

2. Transcurrido dicho plazo sin presentar el escrito de interposicin, el Letrado de la Administracin de Justicia declarar desierto el recurso, ordenando la devolucin de las actuaciones recibidas a la Sala de que procedieran. Contra tal declaracin slo podrn interponerse los recursos que prev el artculo102 bis de esta Ley.

3. El escrito de interposicin deber, en apartados separados que se encabezarn con un epgrafe expresivo de aquello de lo que tratan:

a) Exponer razonadamente por qu han sido infringidas las normas o la jurisprudencia que como tales se identificaron en el escrito de preparacin, sin poder extenderse a otra u otras no consideradas entonces, debiendo analizar, y no slo citar, las sentencias del Tribunal Supremo que a juicio de la parte son expresivas de aquella jurisprudencia, para justificar su aplicabilidad al caso; y

b) Precisar el sentido de las pretensiones que la parte deduce y de los pronunciamientos que solicita.

4. Si el escrito de interposicin no cumpliera lo exigido en el apartado anterior, la Seccin de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo competente para la resolucin del recurso acordar or a la parte recurrente sobre el incumplimiento detectado y, sin ms trmites, dictar sentencia inadmitindolo si entendiera tras la audiencia que el incumplimiento fue cierto. En ella, impondr a dicha parte las costas causadas, pudiendo tal imposicin ser limitada a una parte de ellas o hasta una cifra mxima.

5. En otro caso, acordar dar traslado del escrito de interposicin a la parte o partes recurridas y personadas para que puedan oponerse al recurso en el plazo comn de treinta das. Durante este plazo estarn de manifiesto las actuaciones procesales y el expediente administrativo en la Oficina judicial. En el escrito de oposicin no podr pretenderse la inadmisin del recurso.

6. Transcurrido dicho plazo, hyanse presentado o no los escritos de oposicin, la Seccin competente para la decisin del recurso, de oficio o a peticin de cualquiera de las partes formulada por otros en los escritos de interposicin u oposicin, acordar la celebracin de vista pblica salvo que entendiera que la ndole del asunto la hace innecesaria, en cuyo caso declarar que el recurso queda concluso y pendiente de votacin y fallo. El sealamiento del da en que haya de celebrarse la vista o en que haya de tener lugar el acto de votacin y fallo respetar la programacin que, atendiendo prioritariamente al criterio de mayor antigedad del recurso, se haya podido establecer.

7. Cuando la ndole del asunto lo aconsejara, el Presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, de oficio o a peticin de la mayora de los Magistrados de la Seccin antes indicada, podr acordar que los actos de vista pblica o de votacin y fallo tengan lugar ante el Pleno de la Sala.

8. La Seccin competente, o el Pleno de la Sala en el caso previsto en el apartado anterior, dictar sentencia en el plazo de diez das desde que termine la deliberacin para votacin y fallo.

Artculo93.

1. La sentencia fijar la interpretacin de aquellas normas estatales o la que tenga por establecida o clara de las de la Unin Europea sobre las que, en el auto de admisin a trmite, se consider necesario el pronunciamiento del Tribunal Supremo. Y, con arreglo a ella y a las restantes normas que fueran aplicables, resolver las cuestiones y pretensiones deducidas en el proceso, anulando la sentencia o auto recurrido, en todo o en parte, o confirmndolos. Podr asimismo, cuando justifique su necesidad, ordenar la retroaccin de actuaciones a un momento determinado del procedimiento de instancia para que siga el curso ordenado por la ley hasta su culminacin.

2. Si apreciara que el orden jurisdiccional contencioso-administrativo no es competente para el conocimiento de aquellas pretensiones, o que no lo era el rgano judicial de instancia, anular la resolucin recurrida e indicar, en el primer caso, el concreto orden jurisdiccional que se estima competente, con los efectos que prev el artculo5.3 de esta Ley, o remitir, en el segundo, las actuaciones al rgano judicial que hubiera debido conocer de ellas.

3. En la resolucin de la concreta controversia jurdica que es objeto del proceso, el Tribunal Supremo podr integrar en los hechos admitidos como probados por la Sala de instancia aquellos que, habiendo sido omitidos por sta, estn suficientemente justificados segn las actuaciones y cuya toma en consideracin resulte necesaria para apreciar la infraccin alegada de las normas del ordenamiento jurdico o de la jurisprudencia, incluso la desviacin de poder.

4. La sentencia que se dicte en el momento procesal a que se refiere el apartado8 del artculoanterior, resolver sobre las costas de la instancia conforme a lo establecido en el artculo139.1 de esta ley y dispondr, en cuanto a las del recurso de casacin, que cada parte abone las causadas a su instancia y las comunes por mitad. No obstante, podr imponer las del recurso de casacin a una sola de ellas cuando la sentencia aprecie, y as lo motive, que ha actuado con mala fe o temeridad; imposicin que podr limitar a una parte de ellas o hasta una cifra mxima.

Dos. Se suprimen las secciones4. y5. del captulo III del ttulo IV, integradas por los artculos96 a101.

Tres. Se modifica el artculo102, que queda redactado como sigue:

Artculo102.

1. Habr lugar a la revisin de una sentencia firme:

a) Si despus de pronunciada se recobraren documentos decisivos, no aportados por causa de fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado.

b) Si hubiere recado en virtud de documentos que, al tiempo de dictarse aqulla, ignoraba una de las partes haber sido reconocidos y declarados falsos o cuya falsedad se reconociese o declarase despus.

c) Si habindose dictado en virtud de prueba testifical, los testigos hubieren sido condenados por falso testimonio dado en las declaraciones que sirvieron de fundamento a la sentencia.

d) Si se hubiere dictado sentencia en virtud de cohecho, prevaricacin, violencia u otra maquinacin fraudulenta.

2. Asimismo se podr interponer recurso de revisin contra una resolucin judicial firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolucin ha sido dictada en violacin de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Proteccin de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violacin, por su naturaleza y gravedad, entrae efectos que persistan y no puedan cesar de ningn otro modo que no sea mediante esta revisin, sin que la misma pueda perjudicar los derechos adquiridos de buena fe por terceras personas.

3. En lo referente a legitimacin, plazos, procedimiento y efectos de las sentencias dictadas en este procedimiento de revisin, regirn las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante, slo habr lugar a la celebracin de vista cuando lo pidan todas las partes o la Sala lo estime necesario.

4. La revisin en materia de responsabilidad contable proceder en los casos establecidos en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Cuatro. Se introduce un nuevo apartado3 en el artculo108, con la siguiente redaccin:

3. El Juez o Tribunal, en los casos en que, adems de declarar contraria a la normativa la construccin de un inmueble, ordene motivadamente la demolicin del mismo y la reposicin a su estado originario de la realidad fsica alterada, exigir, como condicin previa a la demolicin, y salvo que una situacin de peligro inminente lo impidiera, la prestacin de garantas suficientes para responder del pago de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe.

Cinco. Se modifica el artculo139, que queda redactado como sigue:

Artculo139.

1 En primera o nica instancia, el rgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondr las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y as lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.

En los supuestos de estimacin o desestimacin parcial de las pretensiones, cada parte abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el rgano jurisdiccional, razonndolo debidamente, las imponga a una de ellas por haber sostenido su accin o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad.

2. En los recursos se impondrn las costas al recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que el rgano jurisdiccional, razonndolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposicin.

3. En el recurso de casacin se impondrn las costas de conformidad con lo previsto en el artculo93.4.

4. La imposicin de las costas podr ser a la totalidad, a una parte de stas o hasta una cifra mxima.

5. Para la exaccin de las costas impuestas a particulares, la Administracin acreedora utilizar el procedimiento de apremio, en defecto de pago voluntario.

6. En ningn caso se impondrn las costas al Ministerio Fiscal.

7. Las costas causadas en los autos sern reguladas y tasadas segn lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.


[Bloque 21: #dfcuaa]

Disposicin final cuarta. Modificacin de la Ley1/2000, de7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

La Ley1/2000, de7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda modificada en los siguientes trminos:

Uno. Se modifica el artculo45, que queda redactado como sigue:

Artculo45. Competencia de los Juzgados de Primera Instancia.

1. Corresponde a los Juzgados de Primera Instancia el conocimiento, en primera instancia, de todos los asuntos civiles que por disposicin legal expresa no se hallen atribuidos a otros tribunales.

2. Conocern, asimismo, dichos Juzgados:

a) De los asuntos, actos, cuestiones y recursos que les atribuye la Ley Orgnica del Poder Judicial.

b) De los concursos de persona natural que no sea empresario.

Dos. Se modifica el artculo115, que queda redactado como sigue:

Artculo115. Recusacin. Competencia para instruir y resolver los incidentes de recusacin.

1. Sern aplicables a la recusacin de los Secretarios las prescripciones que establece la Ley Orgnica del Poder Judicial para Jueces y Magistrados, con las siguientes especialidades:

a) Los Secretarios Judiciales no podrn ser recusados durante la prctica de cualquier diligencia o actuacin de que estuvieren encargados.

b) La pieza de recusacin se resolver por el Secretario de Gobierno respectivo, previa instruccin del incidente por el Secretario Coordinador correspondiente, o en su caso, Secretario Judicial que aqul designe.

Tres. Se modifica el artculo116, que queda redactado como sigue:

Artculo116. Informe del recusado.

Presentado el escrito de recusacin, el Secretario Judicial recusado informar detalladamente por escrito si reconoce o no como cierta y legtima la causa alegada, dando traslado de dicho escrito al Secretario Coordinador correspondiente para que ste d cuenta al Secretario de Gobierno, o, en su caso, directamente al Secretario de Gobierno que deba conocer de la recusacin.

Cuatro. Se modifica el artculo117, que queda redactado como sigue:

Artculo117. Aceptacin de la recusacin por el recusado.

1. Cuando el recusado reconozca como cierta la causa de la recusacin, el Secretario de Gobierno dictar decreto, sin ms trmites y sin ulterior recurso, tenindolo por recusado, si estima que la causa es legal.

2. Si estima que la causa no es de las tipificadas en la Ley, declarar no haber lugar a la recusacin. Contra este decreto no se dar recurso alguno.

Cinco. Se modifica el artculo118, que queda redactado como sigue:

Artculo118. Oposicin del recusado y sustanciacin de la recusacin.

Cuando el recusado niegue la certeza de la causa alegada como fundamento de la recusacin, si el instructor admitiere a trmite la recusacin propuesta, el Secretario Coordinador ordenar la prctica, en el plazo de diez das, de la prueba solicitada que estime pertinente y til, dndose traslado al Ministerio Fiscal por plazo de tres das. Transcurrido este plazo, con o sin informe del Ministerio Fiscal, lo remitir al Secretario de Gobierno quien decidir el incidente dentro de los cinco das siguientes. Contra dicha resolucin no cabr recurso alguno.

Seis. Se aade un nuevo apartado4 al artculo138, que queda redactado como sigue:

4. La relacin de sealamientos del rgano judicial deber hacerse pblica. Los Secretarios Judiciales velarn porque los funcionarios competentes de la Oficina judicial publiquen en un lugar visible al pblico, el primer da hbil de cada semana, la relacin de sealamientos correspondientes a su respectivo rgano judicial, con indicacin de la fecha y hora de su celebracin, tipo de actuacin y nmero de procedimiento.

Siete. Se modifican los apartados1 y2 del artculo140, que quedan redactados como sigue:

1. Los Letrados de la Administracin de Justicia y funcionarios competentes de la Oficina judicial facilitarn a cualesquiera personas que acrediten un inters legtimo y directo cuanta informacin soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales, que podrn examinar y conocer, salvo que sean o hubieren sido declaradas reservadas conforme a la ley. Tambin podrn pedir aqullas, a su costa, la obtencin de copias simples de escritos y documentos que consten en los autos, no declarados reservados.

2. A peticin de las personas a que se refiere el apartado anterior, y a su costa, se expedirn por el Letrado de la Administracin de Justicia los testimonios y certificados que soliciten, con expresin de su destinatario.

Ocho. Se modifica el artculo147, que queda redactado como sigue:

Artculo147. Documentacin de las actuaciones mediante sistemas de grabacin y reproduccin de la imagen y el sonido.

Las actuaciones orales en vistas, audiencias y comparecencias celebradas ante el Tribunal se registrarn en soporte apto para la grabacin y reproduccin del sonido y la imagen.

Siempre que se cuente con los medios tecnolgicos necesarios, el Secretario Judicial garantizar la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido mediante la utilizacin de la firma electrnica reconocida u otro sistema de seguridad que conforme a la ley ofrezca tales garantas. En este caso, la celebracin del acto no requerir la presencia en la sala del Secretario Judicial salvo que lo hubieran solicitado las partes, al menos dos das antes de la celebracin de la vista, o que excepcionalmente lo considere necesario el Secretario Judicial atendiendo a la complejidad del asunto, al nmero y naturaleza de las pruebas a practicar, al nmero de intervinientes, a la posibilidad de que se produzcan incidencias que no pudieran registrarse, o a la concurrencia de otras circunstancias igualmente excepcionales que lo justifiquen. En estos casos, el Secretario Judicial extender acta sucinta en los trminos previstos en el artculoanterior.

Las actuaciones orales y vistas grabadas y documentadas en soporte digital no podrn transcribirse, salvo en aquellos casos en que una ley as lo determine.

El Secretario Judicial deber custodiar el documento electrnico que sirva de soporte a la grabacin. Las partes podrn pedir, a su costa, copia de las grabaciones originales.

Nueve. Se modifica el apartado2 del artculo212, que queda redactado como sigue:

2. Sin perjuicio de lo establecido en el prrafo segundo del apartado1 del artculo236 quinquies de la Ley Orgnica6/1985, de1 de julio, del Poder Judicial, se permitir a cualquier interesado el acceso al texto de las sentencias o a determinados extremos de las mismas. Este acceso slo podr llevarse a cabo previa disociacin de los datos de carcter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela, a la garanta del anonimato de los perjudicados, cuando proceda, as como, con carcter general, para evitar que las sentencias puedan ser usadas con fines contrarios a las leyes.

Diez. Se modifica el artculo266, que queda redactado como sigue:

Artculo266. Documentos exigidos en casos especiales.

Se habrn de acompaar a la demanda:

1. Los documentos que justifiquen cumplidamente el ttulo en cuya virtud se piden alimentos, cuando ste sea el objeto de la demanda.

2. Los documentos que constituyan un principio de prueba del ttulo en que se funden las demandas de retracto y, cuando la consignacin del precio se exija por ley o por contrato, el documento que acredite haber consignado, si fuere conocido, el precio de la cosa objeto de retracto o haberse constituido caucin que garantice la consignacin en cuanto el precio se conociere.

3. El documento en que conste fehacientemente la sucesin mortis causa en favor del demandante, as como la relacin de los testigos que puedan declarar sobre la ausencia de poseedor a ttulo de dueo o usufructuario, cuando se pretenda que el Tribunal ponga al demandante en posesin de unos bienes que se afirme haber adquirido en virtud de aquella sucesin.

4. Aquellos otros documentos que esta u otra ley exija expresamente para la admisin de la demanda.

Once. Se modifica el artculo403, que queda redactado como sigue:

Artculo403. Admisin y casos excepcionales de inadmisin de la demanda.

1. Las demandas slo se inadmitirn en los casos y por las causas expresamente previstas en esta Ley.

2. No se admitirn las demandas cuando no se acompaen a ella los documentos que la ley expresamente exija para la admisin de aqullas o no se hayan intentado conciliaciones o efectuado requerimientos, reclamaciones o consignaciones que se exijan en casos especiales.

Doce. Se modifica el apartado2 del artculo483, que queda redactado como sigue:

2. Proceder la inadmisin del recurso de casacin:

1. Si el recurso fuera improcedente, por no ser recurrible la sentencia o por cualquier otro defecto de forma no subsanable.

2. Si el escrito de interposicin del recurso no cumpliese los requisitos establecidos, para los distintos casos, en esta Ley.

3. Si el asunto no alcanzase la cuanta requerida, o no existiere inters casacional por inexistencia de oposicin a doctrina jurisprudencial, por falta de jurisprudencia contradictoria o si la norma que se pretende infringida llevase vigente ms de cinco aos o, a juicio de la Sala, existiese doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre dicha norma o sobre otra anterior de contenido igual o similar.

Asimismo se inadmitir el recurso en los casos del segundo prrafo del artculo477.3, cuando el Tribunal Superior de Justicia correspondiente considere que ha sentado doctrina sobre la norma discutida o sobre otra anterior de contenido igual o similar.

4. Si el recurso careciere manifiestamente de fundamento o se hubiesen resuelto ya en el fondo otros recursos sustancialmente iguales.

Trece. Se modifica el artculo510, que queda redactado como sigue:

Artculo510. Motivos.

1. Habr lugar a la revisin de una sentencia firme:

1. Si despus de pronunciada, se recobraren u obtuvieren documentos decisivos, de los que no se hubiere podido disponer por fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado.

2. Si hubiere recado en virtud de documentos que al tiempo de dictarse ignoraba una de las partes haber sido declarados falsos en un proceso penal, o cuya falsedad declarare despus penalmente.

3. Si hubiere recado en virtud de prueba testifical o pericial, y los testigos o los peritos hubieren sido condenados por falso testimonio dado en las declaraciones que sirvieron de fundamento a la sentencia.

4. Si se hubiere ganado injustamente en virtud de cohecho, violencia o maquinacin fraudulenta.

2. Asimismo se podr interponer recurso de revisin contra una resolucin judicial firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolucin ha sido dictada en violacin de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Proteccin de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violacin, por su naturaleza y gravedad, entrae efectos que persistan y no puedan cesar de ningn otro modo que no sea mediante esta revisin, sin que la misma pueda perjudicar los derechos adquiridos de buena fe por terceras personas.

Catorce. Se modifica el artculo511, que queda redactado como sigue:

Artculo511. Legitimacin activa.

Podr solicitar la revisin quien hubiere sido parte perjudicada por la sentencia firme impugnada.

En el supuesto del apartado2 del artculoanterior, la revisin slo podr ser solicitada por quien hubiera sido demandante ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Quince. Se modifica el apartado1 del artculo512, que queda redactado como sigue:

1. En ningn caso podr solicitarse la revisin despus de transcurridos cinco aos desde la fecha de la publicacin de la sentencia que se pretende impugnar. Se rechazar toda solicitud de revisin que se presente pasado este plazo.

Lo dispuesto en el prrafo anterior no ser aplicable cuando la revisin est motivada en una Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En este caso la solicitud deber formularse en el plazo de un ao desde que adquiera firmeza la sentencia del referido Tribunal.


[Bloque 22: #dfquinta]

Disposicin final quinta. Disposiciones con carcter de ley ordinaria y ttulo competencial.

1. Tienen carcter de ley ordinaria las disposiciones adicionales segunda y quinta, y las disposiciones finales primera, tercera y cuarta.

2. La presente Ley Orgnica se dicta en ejercicio de las competencias exclusivas atribuidas al Estado en materia de Administracin de Justicia por el artculo149.1.5. de la Constitucin, salvo las disposiciones finales primera, tercera y cuarta, que se dictan al amparo del artculo149.1.6. de la Constitucin, que atribuye al Estado competencia exclusiva para dictar la legislacin procesal.


[Bloque 23: #dfsexta]

Disposicin final sexta. Normativa militar.

En el plazo de dos aos desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno remitir a las Cortes Generales el Proyecto de Ley de reforma de la Ley Orgnica4/1987, de15 de julio, de la Competencia y Organizacin de la Jurisdiccin Militar, que deber ajustarse a lo dispuesto en esta Ley.


[Bloque 24: #dfseptima]

Disposicin final sptima. Normativa procesal.

En el plazo de un ao desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno remitir a las Cortes Generales los proyectos de ley de modificacin de las leyes procesales que resulten necesarios para la adaptacin a lo dispuesto en ella y aprobar las normas reglamentarias precisas para su desarrollo.


[Bloque 25: #dfoctava]

Disposicin final octava. Estatuto bsico de los Letrados del Gabinete Tcnico del Tribunal Supremo.

En el plazo de un ao, el Gobierno remitir a las Cortes Generales un proyecto de ley que regule el Estatuto de los Letrados del Gabinete Tcnico del Tribunal Supremo. En todo caso, y en lo que se refiere al rgimen retributivo de estos Letrados, se estar a lo previsto al respecto en el artculo23 de la Ley38/1988, de28 de diciembre, de Demarcacin y de Planta Judicial.


[Bloque 26: #dfnovena]

Disposicin final novena. Desarrollo reglamentario.

El Consejo General del Poder Judicial proceder a elaborar el reglamento que desarrolle el procedimiento al que se refiere el artculo296 de la Ley Orgnica del Poder Judicial.


[Bloque 27: #dfdecima]

Disposicin final dcima. Entrada en vigor.

La presente Ley entrar en vigor el da1 de octubre de2015, excepto los apartados uno, dos y cinco de la disposicin final tercera, que lo harn al ao de su publicacin.


[Bloque 28: #firma]

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgnica.

Madrid, 21 de julio de 2015.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,

MARIANO RAJOY BREY

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.

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