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Legislación consolidada

Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurdica al Estado e Instituciones Pblicas.

Publicado en: BOE núm. 285, de 28/11/1997.
Entrada en vigor: 18/12/1997
Departamento: Jefatura del Estado
Referencia: BOE-A-1997-25338
Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es/l/1997/11/27/52/con

TEXTO CONSOLIDADO: Última actualización publicada el 04/07/2018


[Bloque 1: #preambulo]

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICIN DE MOTIVOS

I

La proclamacin constitucional en los artculos 103 y 106 de los principios de sometimiento pleno de la Administracin Pblica a la Ley y al Derecho y de universalidad del control jurisdiccional de la actividad administrativa, junto con un creciente grado de conciencia ciudadana acerca de los medios previstos por el ordenamiento jurdico para la tutela de los derechos y libertades, han venido a dar lugar en los ltimos aos a un importantsimo crecimiento del siempre ingente volumen de procesos judiciales en que son parte las diversas Administraciones pblicas, configurndose, en lo que al Estado se refiere, un panorama litigioso de volumen e intensidad desconocidos en pocas anteriores.

Paralela y, a la vez, simtricamente a ello, las exigencias de una Administracin pblica, a la par que respetuosa con el Derecho, eficaz en todos los mbitos de su actuacin, imponen la necesidad de dotar a aqulla de medios adecuados y suficientes a la hora de hacer valer sus derechos e intereses ante los Tribunales de Justicia. Dicho de otro modo: la configuracin de los instrumentos normativos, institucionales y personales susceptibles de garantizar que la sujecin de la actuacin estatal al Derecho se vea correspondida con una eficaz tutela de sus intereses cuando tal actuacin es cuestionada ante los Tribunales, se convierte en requisito ineludible para el correcto funcionamiento de toda Administracin pblica que pretenda responder a los requerimientos jurdicos y sociales de nuestra poca.

Uno de los mecanismos con que, desde las postrimeras del siglo XIX, ha tratado de subvenirse a la particular situacin del Estado cuando es parte de un proceso, est constituido por la regulacin de las llamadas especialidades o prerrogativas procesales del Estado. La relevancia constitucional y la importancia de los fines e intereses a que sirve la Administracin pblica, la complejidad organizativa y estructural que, en funcin de aquellos fines, asume el Estado en nuestros das, as como las estrictas pautas de actuacin que el ordenamiento impone a las Administraciones pblicas en garanta de la correcta satisfaccin de los intereses generales, determinan un peculiar status funcional y organizativo del Estado de cuya sustancia no participan las personas y organizaciones de ndole privada. As las cosas, si de ello resulta la existencia de un fundamento objetivo que razonablemente justifica la consagracin de determinadas especialidades enervadoras del Derecho rituario comn cuando el Estado es parte en un proceso ante los rganos jurisdiccionales, no pueden dejar de tenerse presentes en ningn momento las exigencias derivadas de los principios constitucionales de igualdad y tutela judicial efectiva (artculos 14 y 24 de la Constitucin), de tal suerte que las mencionadas especialidades procesales del Estado en ningn caso resulten atentadoras a los mencionados principios, ni supongan cargas desproporcionadas o irrazonables para la contraparte del Estado en el proceso.

Las mltiples normas que desde hace ya ms de cien aos vienen constituyendo la normativa atinente al desenvolvimiento del Estado en los distintos tipos de procesos, configuran un conjunto normativo confuso, desconexo, asistemtico, carente en muchos casos de rango preciso y, en demasiadas ocasiones, de contenido obsoleto, por encontrarse apoyado en planteamientos pertenecientes a tiempos pretritos.

La presente Ley tiene como objetivo dar eficaz respuesta a esa necesidad de instrumentar una asistencia jurdica al Estado acorde con los postulados de una Administracin moderna, austera, eficaz y tributaria de un sometimiento pleno a la Constitucin y al resto del ordenamiento jurdico. Para ello se proponen unas mnimas normas organizativas del Servicio Jurdico del Estado, instrumento que prestar esa asistencia jurdica, una regulacin moderna y plenamente adaptada a la Constitucin de las especialidades procesales del Estado y una unificacin y clarificacin de la normativa que se completar con el necesario reglamento de desarrollo de esta Ley.

II

La Ley aborda, en su captulo I (artculos 1 a 4), el rgimen de la asistencia jurdica, entendida como asesoramiento, representacin y defensa al Estado.

Se parte del principio de la asuncin por el Servicio Jurdico del Estado de la asistencia jurdica, del Estado y de los Organismos autnomos, sin perjuicio de las competencias consultivas que corresponden al Cuerpo Jurdico Militar en el mbito del Ministerio de Defensa y a la Asesora Jurdica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores en materia de derecho internacional.

Tampoco existe interferencia alguna con las competencias que la legislacin atribuye a Subsecretarios y Secretarios generales tcnicos, hacindose expresa reserva de las mismas.

Respecto a los rganos Constitucionales, se encomienda al Servicio Jurdico del Estado slo la tarea de representacin y defensa en juicio, de conformidad con lo previsto en el artculo 447 de la Ley Orgnica del Poder Judicial, como regla general con la excepcin de que las normas internas de los propios rganos constitucionales establezcan un rgimen especial propio; rgimen especial que encontrara su justificacin en la autonoma institucional que la Constitucin espaola pueda consagrar para estos rganos.

Siguiendo tambin lo dispuesto en el artculo 447 de la Ley Orgnica del Poder Judicial, se hace referencia a la asistencia jurdica de la Administracin de la Seguridad Social, encomendada a su Cuerpo de Letrados.

Para que el Servicio Jurdico del Estado pueda prestar asistencia jurdica a las Comunidades Autnomas, el rgimen previsto se difiere a un posible desarrollo reglamentario.

En cuanto a los entes pblicos empresariales, la frmula adoptada es la del convenio con las excepciones que pueda contemplar la normativa de cada ente.

Por ltimo, se recoge una breve regulacin de la representacin y defensa del Reino de Espaa en el mbito internacional.

Se prev tambin la posibilidad de que se asuma por el Servicio Jurdico del Estado la representacin y defensa de autoridades y empleados pblicos, cualquiera que sea su posicin procesal y en la forma ms amplia posible, dejando al desarrollo reglamentario la concrecin de los supuestos en los cuales pueda asumirse esta defensa.

A continuacin, se caracteriza a la Direccin del Servicio Jurdico del Estado como Centro Superior Directivo de toda la asistencia jurdica al Estado e instituciones pblicas, tanto en su aspecto consultivo como contencioso. Se hace, igualmente, una breve referencia a los Abogados del Estado como soporte humano del Servicio Jurdico del Estado en su aspecto de Cuerpo de la Administracin. Lgicamente son muchos los aspectos que en este orden se difieren a un ulterior desarrollo reglamentario imprescindible para que esta Ley pueda desplegar toda su eficacia.

III

Los captulos II y III de la Ley (artculos 5 a 10 y 11 a 15) tratan de sistematizar y concretar con el adecuado rango normativo, la posicin procesal, ante los diversos rdenes jurisdiccionales, del Estado y Organismos pblicos del l dependientes, as como de los rganos Constitucionales, reduciendo al mnimo las reglas especiales extravagantes al Derecho procesal comn, y conciliando al mismo tiempo tales reglas especiales con los principios constitucionales aludidos.

Queda patente en esta regulacin la vocacin de mantener en todo lo posible las normas generales as como las especialidades del Estado que pudieran encontrarse recogidas en las leyes procesales generales.

Ahora bien, hay que distinguir claramente la regulacin de los dos captulos.

El captulo II recoge normas que, refirindose a la materia de representacin y defensa en juicio, y teniendo por ello transcendencia procesal, slo afectan al Estado (en sentido ms amplio por contraposicin a las Comunidades Autnomas) al ser los aspectos de organizacin de los Servicios Jurdicos los que priman. En el captulo III se recogen normas eminentemente procesales cuya competencia, en virtud de lo dispuesto en el artcu lo 149.1.6.a de la Constitucin, corresponde en exclusiva al Estado. Estas normas de carcter procesal son, por tanto, de aplicacin tanto al Estado como a las Comunidades Autnomas y as se declara expresamente en la disposicin adicional cuarta, siguiendo as una tcnica legislativa marcada por la doctrina del Tribunal Constitucional.

No puede dejarse de realizar una mencin al hecho de que las especialidades procesales contenidas en el captulo III no tienen un mbito de aplicacin equivalente para todas ellas. Las propias caractersticas de cada una de estas especialidades hacen que en unos casos el mbito de aplicacin se reduzca a los supuestos en los cuales la representacin y defensa es asumida por los Servicios Jurdicos respectivos (as lo relativo a las notificaciones, citaciones, emplazamientos y dems actos de comunicacin procesal contemplados en el artculo 11) mientras en otros se ample -adems de, por supuesto, al Estado y Organismos autnomos- a todos los Organismos pblicos. Este mbito de aplicacin se proyecta de idntica forma sobre la Administracin de las Comunidades Autnomas.

IV

Por ltimo, respondiendo a la necesidad de clarificacin y sistematizacin de la variada normativa que en la actualidad regula la posicin procesal del Estado ante las diversas jurisdicciones, se derogan expresamente en unos casos y se redactan nuevamente en otros los preceptos de aquellas normas que resultan decididamente incompatibles con los actuales principios constitucionales, o que se hallan en pugna con el rgimen de organizacin de las entidades pblicas territoriales previsto en la Constitucin.

Respecto a la representacin y defensa de las Entidades Gestoras y de la Tesorera General de la Seguridad Social, se extienden a ellas las normas aplicables al Estado con las modificaciones imprescindibles derivadas de su especfica naturaleza.

La Ley, por ltimo, prev un desarrollo reglamentario que necesariamente deber producirse en un breve espacio de tiempo para darle toda su virtualidad y eficacia.


[Bloque 2: #ci]

CAPTULO I

De la asistencia jurdica al Estado


[Bloque 3: #a1]

Artculo 1. Rgimen de asistencia jurdica.

1. La asistencia jurdica, consistente en el asesoramiento y la representacin y defensa en juicio del Estado y de sus Organismos autnomos, as como la representacin y defensa de los rganos Constitucionales, cuyas normas internas no establezcan un rgimen especial propio, corresponder a los Abogados del Estado integrados en el Servicio Jurdico del Estado, de cuyo Director dependen sus unidades, denominadas Abogacas del Estado.

No obstante, el asesoramiento jurdico en el mbito del Ministerio de Defensa y de los Organismos autnomos adscritos al mismo corresponder a los miembros del Cuerpo Jurdico Militar, conforme a lo establecido en la Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del Rgimen del Personal Militar Profesional, y dems disposiciones legales de aplicacin.

Todo ello sin perjuicio de las competencias atribuidas por la legislacin a los Subsecretarios y Secretarios generales tcnicos, as como de las funciones atribuidas por su normativa a la Asesora Jurdica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores como rgano asesor en materia de Derecho internacional.

2. La asistencia jurdica de la Administracin de la Seguridad Social, consistente en el asesoramiento jurdico y la representacin y defensa en juicio en el mbito de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, corresponder a los miembros del Cuerpo de Letrados de la Administracin de la Seguridad Social.

La coordinacin y direccin de la asistencia jurdica de la Seguridad Social corresponde a la Secretara de Estado de la Seguridad Social.

3. Los Abogados del Estado podrn representar, defender y asesorar a las Comunidades Autnomas en los trminos que, en su caso, se establezcan reglamentariamente y a travs de los oportunos convenios de colaboracin celebrados entre el Gobierno de la Nacin y los rganos de gobierno de las Comunidades Autnomas.

Asimismo, los Abogados del Estado podrn representar, defender y asesorar a las Corporaciones locales en los trminos que se establezcan reglamentariamente y a travs de los oportunos convenios de colaboracin celebrados entre la Administracin General del Estado y las respectivas Corporaciones o las Federaciones de las mismas.

4. Salvo que sus disposiciones especficas establezcan otra previsin al efecto, podr corresponder a los Abogados del Estado la asistencia jurdica a las entidades pblicas empresariales reguladas en el captulo III del Ttulo III y disposiciones adicionales octava, novena y dcima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizacin y Funcionamiento de la Administracin General del Estado, mediante la formalizacin del oportuno convenio al efecto, en el que se determinar la compensacin econmica a abonar al Tesoro Pblico.

5. La actuacin de los Abogados del Estado ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, ante la Comisin y Tribunal Europeo de Derechos Humanos, as como, en su caso, ante los Tribunales y Organismos internacionales en los que actuasen en representacin del Reino de Espaa, se ajustar a lo dispuesto en la normativa especfica en cada caso aplicable y, en su defecto, a lo dispuesto en la presente Ley.

6. Para la representacin y defensa del Estado espaol ante las jurisdicciones de Estados extranjeros se estar a lo establecido en la presente Ley y dems disposiciones vigentes y a lo que, en su caso, se determine reglamentariamente.

Se aade un prrafo 2 al apartado 3 por el art. 50.1 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2000-24357




[Bloque 4: #a2]

Artculo 2. Representacin y defensa de autoridades y empleados pblicos.

En los trminos establecidos reglamentariamente, los Abogados del Estado podrn asumir la representacin y defensa en juicio de las autoridades, funcionarios y empleados del Estado, sus Organismos pblicos a que se refiere el artculo anterior y rganos Constitucionales, cualquiera que sea su posicin procesal, cuando los procedimientos se sigan por actos u omisiones relacionados con el cargo.


[Bloque 5: #a3]

Artculo 3. Direccin del Servicio Jurdico del Estado.

1. La Direccin del Servicio Jurdico del Estado es el centro superior consultivo de la Administracin del Estado, Organismos autnomos y entidades pblicas dependientes, conforme a sus disposiciones reguladoras en el caso de estas ltimas, y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la legislacin a los Subsecretarios y Secretarios generales tcnicos, as como de las especiales funciones atribuidas al Consejo de Estado como supremo rgano consultivo del Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 107 de la Constitucin y en su Ley Orgnica de desarrollo.

2. La Direccin del Servicio Jurdico del Estado es igualmente el centro superior directivo de los asuntos contenciosos en los que sea parte el Estado y sus Organismos autnomos, o las entidades pblicas empresariales u rganos Constitucionales cuando corresponda.

3. La Direccin del Servicio Jurdico del Estado y las unidades que la forman desempean sus funciones bajo la superior y nica direccin del titular del Departamento ministerial en que se integra.

4. En la Administracin perifrica las Abogacas del Estado, por la singularidad de sus funciones, tendrn la consideracin de servicios no integrados.

5. Las distintas Abogacas del Estado, cualquiera que sea su ubicacin, dependern jerrquica y funcionalmente de la Direccin del Servicio Jurdico del Estado.

6. Las Abogacas del Estado tendrn en los distintos Ministerios el carcter de servicios comunes y, por tanto, bajo las competencias de direccin, organizacin y funcionamiento que respecto a estos servicios otorga la legislacin a los Subsecretarios.


[Bloque 6: #a4]

Artculo 4. Abogados del Estado.

1. Los Abogados del Estado, por el hecho de su nombramiento y toma de posesin en el destino, quedan habilitados para el ejercicio de todas las funciones y para el desempeo de todos los servicios propios de su cargo.

2. Los puestos de trabajo de las Abogacas del Estado que tengan encomendado el desempeo de las funciones descritas en esta Ley se adscribirn mediante el desarrollo normativo adecuado con carcter exclusivo a los funcionarios del Cuerpo de Abogados del Estado, en el que se ingresar mediante oposicin libre entre licenciados de Derecho.


[Bloque 7: #cii]

CAPTULO II

Normas especficas sobre representacin y defensa en juicio del Estado


[Bloque 8: #a5]

Artculo 5. Contraposicin de intereses.

En los supuestos en que, ante cualesquiera rdenes jurisdiccionales, litigasen entre s u ostentasen intereses contrapuestos las Administraciones u Organismos pblicos cuya representacin legal o convencional ostente el Abogado del Estado, se observarn las siguientes reglas:

a) Se atendr, en primer lugar, a lo dispuesto en la normativa especial o en las clusulas convencionales reguladoras de la asistencia jurdica a la entidad o entidades pblicas empresariales u Organismo pblico regulado por su normativa especfica de que se trate.

b) En caso de silencio de la norma o convenio, la Direccin del Servicio Jurdico del Estado, antes de evacuar el primer trmite procesal, y en atencin a la naturaleza de los intereses en conflicto, expondr a las Administraciones, entidades u Organismos litigantes su criterio tanto en cuanto a la eventual solucin extrajudicial del litigio, de ser esta posible, como, en su defecto, a la postulacin que debiera asumir el Abogado del Estado, evitando en todo caso las situaciones de indefensin. Hayan o no manifestando su opinin las partes, con el informe previo de la Direccin del Servicio Jurdico del Estado, el titular del Departamento del que sta dependa resolver en definitiva lo procedente en cuanto a la postulacin a asumir por el Abogado del Estado.


[Bloque 9: #a6]

Artculo 6. Colaboracin entre los rganos interesados y el Servicio Jurdico del Estado.

Los rganos interesados en los procesos, as como todos los de la Administracin General del Estado a los que los rganos del Servicio Jurdico del Estado se lo soliciten, debern prestar la colaboracin precisa para la mejor defensa de los intereses en litigio.


[Bloque 10: #a7]

Artculo 7. Disposicin de la accin procesal.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, para que el Abogado del Estado pueda vlidamente desistir de acciones o recursos, apartarse de querellas, o allanarse a las pretensiones de la parte contraria, precisar autorizacin expresa de la Abogaca General del Estado - Direccin del Servicio Jurdico del Estado que deber, previamente, en todo caso, recabar informe del Departamento, Organismo o entidad pblica correspondiente.

2. El informe deber ser emitido por la unidad competente por razn de la materia y, en su caso, por el rgano autor del acto objeto del proceso. Los informes debern contener los motivos jurdicos que fundamentan la disposicin de la accin procesal. En los procesos en los que se ventilen pretensiones sobre derechos de la Hacienda Pblica de cuanta superior a un milln de euros, el Departamento, organismo o entidad pblica deber acompaar al informe sobre la propuesta de allanamiento o desistimiento una memoria con la estimacin de sus consecuencias econmicas para la Hacienda Pblica. La memoria deber ser emitida por la unidad competente por razn de la materia.

Se modifica por la disposicin final 8 de la Ley 6/2018, de 3 de julio. Ref. BOE-A-2018-9268




[Bloque 11: #a8]

Artculo 8. Actuaciones ante el Tribunal Constitucional y Tribunal de Cuentas.

La actuacin del Abogado del Estado ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas se regir por lo dispuesto en las respectivas Leyes Orgnicas y dems disposiciones reguladoras de los mismos.


[Bloque 12: #a9]

Artculo 9. Actuaciones en procedimientos arbitrales y otras reclamaciones extrajudiciales.

Previa autorizacin del titular del departamento, organismo pblico correspondiente, y con informe de la Direccin del Servicio Jurdico del Estado, los Abogados del Estado integrados en los Servicios Jurdicos del Estado podrn asumir la representacin y defensa del Estado, sus organismos autnomos, entidades pblicas de ellos dependientes y rganos constitucionales en procedimientos arbitrales y otras reclamaciones extrajudiciales de naturaleza nacional o internacional.

Se modifica por el art. 68 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23936




[Bloque 13: #a10]

Artculo 10. Jurisdiccin militar.

El ejercicio de las funciones de representacin y defensa en juicio del Estado ante la jurisdiccin militar se desarrollar de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgnica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar.


[Bloque 14: #ciii]

CAPTULO III

Especialidades procesales aplicables al Estado


[Bloque 15: #a11]

Artculo 11. Notificaciones, citaciones, emplazamientos y dems actos de comunicacin procesal.

1. En los procesos seguidos ante cualquier jurisdiccin en que sean parte la Administracin General del Estado, los Organismos autnomos o los rganos constitucionales, salvo que las normas internas de estos ltimos o las leyes procesales dispongan otra cosa, las notificaciones, citaciones, emplazamientos y dems actos de comunicacin procesal se entendern directamente con el Abogado del Estado en la sede oficial de la respectiva Abogaca del Estado.

2. Cuando las entidades pblicas empresariales u otros Organismos pblicos regulados por su normativa especfica sean representados y defendidos por el Abogado del Estado se aplicar igualmente lo dispuesto en el apartado anterior.

3. Sern nulas las notificaciones, citaciones, emplazamientos y dems actos de comunicacin procesal que no se practiquen con arreglo a lo dispuesto en este artculo.


[Bloque 16: #a12]

Artculo 12. Exencin de depsitos y cauciones.

El Estado y sus Organismos autnomos, as como las entidades pblicas empresariales, los Organismos pblicos regulados por su normativa especfica dependientes de ambos y los rganos constitucionales, estarn exentos de la obligacin de constituir los depsitos, cauciones, consignaciones o cualquier otro tipo de garanta previsto en las leyes.

En los Presupuestos Generales del Estado y dems instituciones pblicas se consignarn crditos presupuestarios para garantizar el pronto cumplimiento, si fuere procedente, de las obligaciones no aseguradas por la exencin.


[Bloque 17: #a13]

Artculo 13. Costas.

1. La tasacin de las costas en que fuere condenada la parte que acte en el proceso en contra del Estado, sus organismos pblicos, los rganos constitucionales o personas representadas y defendidas por el Abogado del Estado, se regir, en cuanto a sus conceptos e importe, por las normas generales. En estos conceptos se incluirn, en todo caso, los correspondientes a las funciones de representacin del Abogado del Estado.

Firme la tasacin de costas, las Delegaciones de Economa y Hacienda recaudarn las cantidades correspondientes segn el procedimiento de recaudacin a travs de entidad colaboradora regulado en el Reglamento General de Recaudacin. En defecto de pago en perodo voluntario, se utilizar el procedimiento administrativo de apremio conforme a lo previsto en el Reglamento General de Recaudacin.

A los importes ingresados por tasacin de costas se les dar el destino establecido presupuestariamente.

2. Las costas en que fuere condenada la parte que acte en el proceso contra el Estado, Organismos pblicos y rganos constitucionales se aplicarn al presupuesto de ingresos del Estado, salvo en los supuestos de los artculos 1.3 y 1.4 de esta Ley, que se regirn por lo establecido en el correspondiente convenio.

3. Las costas a cuyo pago fuese condenado el Estado, sus Organismos pblicos o los rganos constitucionales sern abonadas con cargo a los respectivos presupuestos, de acuerdo con lo establecido reglamentariamente.

Se modifica el apartado 1 por la disposicin final 4 de la Ley 3/2017, de 27 de junio. Ref. BOE-A-2017-7387

Se modifica el apartado 1 por el art. 50.2 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2000-24357





[Bloque 18: #a14]

Artculo 14. Suspensin del curso de los autos.

1. En los procesos civiles que se dirijan contra el Estado, sus Organismos autnomos, entidades pblicas dependientes de ambos o los rganos constitucionales, el Abogado del Estado recabar los antecedentes para la defensa de la Administracin, Organismo o entidad representada, as como elevar, en su caso, consulta ante la Direccin del Servicio Jurdico del Estado. A tal fin, al recibir el primer traslado, citacin o notificacin del rgano jurisdiccional podr pedir, y el Juez acordar, la suspensin del curso de los autos, salvo que, excepcionalmente, y por auto motivado, se estime que ello producira grave dao para el inters general.

El plazo de suspensin ser fijado discrecionalmente por el Juez, sin que pueda exceder de un mes ni ser inferior a quince das. Dicho plazo se contar desde el da siguiente al de la notificacin de la providencia por la que se acuerde la suspensin, no cabiendo contra tal providencia recurso alguno.

2. En los interdictos, procedimientos del artculo 41 de la Ley Hipotecaria, aseguramiento de bienes litigiosos e incidentes, el plazo de suspensin ser fijado discreccionalmente por el Juez, no siendo superior a diez das ni inferior a seis.


[Bloque 19: #a15]

Artculo 15. Fuero territorial del Estado.

Para el conocimiento y resolucin de los procesos civiles en que sean parte el Estado, los Organismos pblicos o los rganos constitucionales, sern en todo caso competentes los Juzgados y Tribunales que tengan su sede en las capitales de provincia, en Ceuta o en Melilla. Esta norma se aplicar con preferencia a cualquier otra norma sobre competencia territorial que pudiera concurrir en el procedimiento.

Lo dispuesto en este artculo no ser de aplicacin a los juicios universales ni a los interdictos de obra ruinosa.


[Bloque 20: #daprimera]

Disposicin adicional primera. Normas objeto de modificacin.

Los artculos 118.3 y 123.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y 7.3 y 8.4 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de Proteccin Jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, quedan modificados debiendo sustituirse la expresin Abogado del Estado por Abogado del Estado o representante procesal de la Administracin demandada.


[Bloque 21: #dasegunda]

Disposicin adicional segunda. Adaptacin de deno minacin.

Las referencias hechas en las disposiciones vigentes y las competencias atribuidas en ellas a la Direccin General de lo Contencioso, y a su titular, y a la Direccin General del Servicio Jurdico del Estado, y su titular, se entendern en favor de la Direccin del Servicio Jurdico del Estado, y su titular.


[Bloque 22: #datercera]

Disposicin adicional tercera. Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

Los artculos 5 a 9 y 11 a 15 de la presente Ley sern de aplicacin al mbito de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social en la medida en que, atendida la naturaleza de las mismas y lo dispuesto por las leyes vigentes, aquellos preceptos les sean aplicables, si bien las referencias contenidas en aqullos a los Abogados del Estado, al Servicio Jurdico del Estado o a la Direccin del Servicio Jurdico del Estado se entendern efectuadas, respectivamente, a los Letrados de la Administracin de la Seguridad Social, al Servicio Jurdico de la Administracin de la Seguridad Social, a la Direccin del Servicio Jurdico de la Administracin de la Seguridad Social o a la Secretara de Estado de la Seguridad Social.

Se modifica por la disposicin final 1 de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre. Ref. BOE-A-2009-17493




[Bloque 23: #dacuarta]

Disposicin adicional cuarta. Aplicacin a las Comunidades Autnomas.

1. Los artculos 11, 12, 13.1, 14 y 15 se dictan al amparo de la competencia reservada al Estado en el artculo 149.1.6.a de la Constitucin, en materia de legislacin procesal.

2. Las reglas contenidas en dichos artculos sern de aplicacin a las Comunidades Autnomas y entidades pblicas dependientes de ellas.

3. En cuanto a lo dispuesto en el artculo 15, cuando sean parte en el procedimiento las Comunidades Autnomas y entidades de Derecho pblico dependientes de las mismas, sern tambin competentes los Juzgados y Tribunales que tengan su sede en la capital de la Comunidad Autnoma en el caso de que la misma no sea capital de provincia.


[Bloque 24: #daquinta]

Disposicin adicional quinta. Unidad de doctrina.

El Gobierno adoptar las medidas organizativas necesarias para hacer efectivo el principio de unidad de doctrina en el mbito de la asistencia jurdica al Estado y sus Organismos autnomos y dems entes pblicos estatales.


[Bloque 25: #dasexta]

Disposicin adicional sexta. Cortes Generales y Junta Electoral Central.

Las referencias que en esta Ley se hacen a la Direccin del Servicio Jurdico del Estado se entendern hechas, respectivamente, a los Presidentes y Mesas de las Cortes Generales, del Congreso de los Diputados y del Senado, y al Presidente de la Junta Electoral Central, cuando se trate del asesoramiento jurdico, representacin y defensa de estos rganos de acuerdo con las normas que les son propias. En estos mismos casos, las menciones a los Abogados del Estado se entendern hechas a los Letrados de las Cortes Generales.


[Bloque 26: #dtunica]

Disposicin transitoria nica. Rgimen transitorio de las actuaciones procesales.

Las normas de la presente Ley se aplicarn a todas las actuaciones procesales que se realicen a partir de su entrada en vigor, cualquiera que sea la fecha de iniciacin del proceso en que aqullas se produzcan.


[Bloque 27: #ddunica]

Disposicin derogatoria nica. Normas que se derogan.

Quedan derogados:

a) Los artculos 35, 123, apartado 4, y 131, apartado 4, de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la Jurisdiccin contencioso-administrativa.

b) Los apartados segundo, tercero y cuarto del ar tculo 71 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

c) Con carcter general, cuantos preceptos de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente Ley.


[Bloque 28: #dfprimera]

Disposicin final primera. Desarrollo de la presente Ley.

El Gobierno, en el plazo de seis meses, aprobar las normas reglamentarias de ejecucin y desarrollo de la presente Ley.


[Bloque 29: #dfsegunda]

Disposicin final segunda. Adaptaciones presupuestarias.

Por el Ministerio de Economa y Hacienda, as como por los dems Ministerios afectados, se realizarn las modificaciones presupuestarias, transferencias y habilitaciones de crditos que sean precisas para el cumplimiento de lo previsto en esta Ley.


[Bloque 30: #dftercera]

Disposicin final tercera. Entrada en vigor.

La presente Ley entrar en vigor a los veinte das de su completa publicacin en el Boletn Oficial del Estado.


[Bloque 31: #firma]

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 27 de noviembre de 1997.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOS MARA AZNAR LPEZ

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.

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