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Documento BOE-A-2013-8556

Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la proteccin de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden econmico y social.

TEXTO

I

La situacin de crisis por la que est atravesando nuestro pas exige la adopcin de reformas que contribuyan a la recuperacin del crecimiento econmico y la creacin de empleo, en el plazo ms corto posible.

Desde hace ao y medio se vienen adoptando importantes reformas en los sectores de infraestructuras, de transportes areo, terrestre, ferroviario y martimo y en el sector de la vivienda, para incrementar su competitividad y su eficiencia.

Sin embargo, debe mantenerse el impulso de las reformas, por lo que procede seguir adoptando medidas que se estiman necesarias.

En primer lugar, y en lo que afecta a la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Area, se modifica la letra c) del artculo 92 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Area, con el fin de ajustar la frmula de clculo del dficit prevista en dicha letra, para que, como consecuencia del acuerdo alcanzado con diversas asociaciones de compaas areas, el incremento mximo de las prestaciones patrimoniales de carcter pblico a percibir por AENA Aeropuertos, S.A. se modere, de manera que el lmite mximo de incremento previsto inicialmente para los tres primeros aos de aplicacin de la frmula prevista en el artculo 92 antes citado, se extienda hasta el ao 2018, y asimismo el perodo de recuperacin del dficit que ello genere, se ample hasta cinco aos. Con esta medida se facilita la recuperacin del transporte areo y con ella la del sector turstico espaol. De acuerdo con lo dispuesto en la disposicin adicional segunda, los incrementos de las tarifas unitarias previstos se aplicaran sobre las cuantas exigibles en 2013 por cada una de las prestaciones patrimoniales de carcter pblico que percibe Aena Aeropuertos, S.A. y que es la que se incluye en el anexo I de este real decreto-ley.

La medida debe adoptarse con carcter de urgencia para que pueda alcanzar el objetivo pretendido de fomentar el desarrollo del transporte areo y del sector del turismo. En este sentido, resulta imprescindible que las compaas areas tengan confirmacin del marco tarifario antes de proceder a desarrollar su programacin para las prximas temporadas.

En el mbito de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, se modifican los artculos 21, letra l), 73, apartados 1, 5 y 6, 77 y 81.1, letra j), a fin de establecer el procedimiento para la modificacin y actualizacin de las cuantas de los cnones ferroviarios, atribuyendo a los administradores de infraestructuras ferroviarias la competencia para proponer las mismas. Asimismo, se habilita al Ministerio de Fomento para desarrollar y actualizar los principios bsicos de aplicacin de los sistemas de bonificacin e incentivos establecidos en la propia Ley del Sector Ferroviario.

Con esta modificacin se pretende adecuar los preceptos citados a la normativa comunitaria en la materia y dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unin Europea, de 28 de febrero de 2013, sobre aplicacin en Espaa de la Directiva 2001/14/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2001 relativa a la adjudicacin de la capacidad de infraestructura ferroviaria, aplicacin de cnones por su utilizacin y certificacin de la seguridad.

La urgencia de esta modificacin se justifica precisamente por la necesidad dar cumplimiento a la Sentencia antes citada.

Por otra parte, el trgico accidente acaecido en Santiago de Compostela el pasado 24 de julio ha puesto de manifiesto la necesidad de proporcionar tanto a las vctimas de accidentes como a sus familiares y allegados una atencin integral, de manera que se pongan a su alcance mecanismos de asistencia y apoyo adecuados a sus necesidades.

Para garantizar la existencia de estos mecanismos, se refuerza la normativa que los regula, establecindose que el Gobierno aprobar mediante real decreto un reglamento de asistencia a vctimas y familiares de accidentes de transporte ferroviario de competencia estatal. La urgencia se justifica por la necesidad de desarrollar el reglamento de atencin a vctimas en el plazo ms breve posible, para lo que resulta necesaria una habilitacin legal previa, dado que entre las medidas a incluir en el mismo podran imponerse obligaciones especficas a las empresas y entidades del mbito del transporte ferroviario implicadas (empresas y entidades del mbito del transporte).

Se trata de una medida que pretende ir ms all de los mnimos regulados en el Reglamento Europeo 1371/2007 sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril y que servir de base para avanzar en todos los sistemas de proteccin y aseguramiento de los viajeros.

Por otro lado, se prev, en relacin con el accidente ferroviario ocurrido el 24 de julio de 2013 que la entidad pblica empresarial RENFE-Operadora podr abonar, en los trminos y casos que legalmente proceda, las cantidades que, por encima de las que sean pagadas por seguro obligatorio de viajeros o anticipadas a cuenta en concepto de responsabilidad civil por la entidad aseguradora, resulten necesarias para atender a las necesidades econmicas inmediatas de las personas con derecho a indemnizacin. El Reglamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril establece, en casos de accidentes de los que resulten viajeros heridos o fallecidos la obligacin de las empresas ferroviarias de anticipar cantidades econmicas para cubrir necesidades inmediatas de los mismos.

As se establece una habilitacin a la entidad pblica empresarial RENFE-Operadora para que pueda abonar las cantidades correspondientes a anticipos a cuenta que procedan legalmente.

Se estima conveniente su introduccin en una norma que resulta de extraordinaria y urgente necesidad, puesto que, aunque la cobertura a travs de los seguros es suficiente, debe producir sus efectos de forma inmediata.

Adems, se modifica el anexo III de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el ao 2013, para incrementar el importe autorizado a ADIF para concertar operaciones de crdito, pasando de 1.109.220,00 miles de euros a 1.684.298,00 miles de euros, como consecuencia de los cambios favorables recientemente experimentados en la situacin de los mercados financieros, con el fin aprovechar la actual coyuntura, ya que en el ao 2012, por la situacin de mercado existente, ADIF no pudo captar el lmite de endeudamiento previsto para dicho ejercicio.

La urgencia de esta modificacin se justifica en la necesidad de aprovechar los cambios favorables producidos en los ltimos meses en la situacin de los mercados financieros para intentar captar liquidez para la entidad, de forma que se cubran las necesidades de financiacin no satisfechas para las inversiones comprometidas en el ao 2012 y las correspondientes a los compromisos de inversin adquiridos para el ao 2013.

II

El Captulo II recoge determinadas modificaciones que se introducen en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en materia de proteccin social del trabajo a tiempo parcial, que se concretan en un conjunto de reglas especficas relativas a la accin protectora de la Seguridad Social aplicables a los trabajadores a tiempo parcial.

La disposicin adicional sptima de la Ley General de la Seguridad Social contiene las normas aplicables a los trabajadores a tiempo parcial y, particularmente, la regla segunda de su apartado 1 se refiere a los periodos de cotizacin necesarios para causar derecho a las distintas prestaciones de la Seguridad Social por parte de estos trabajadores.

No obstante, el Pleno del Tribunal Constitucional, mediante Sentencia 61/2013, de 14 de marzo, ha declarado inconstitucional y nula, en la redaccin dada por el Real Decreto-ley 15/1998, de 27 de noviembre, de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo en relacin con el trabajo a tiempo parcial y el fomento de su estabilidad, la citada regla segunda del apartado 1 de la disposicin adicional sptima, por entender que vulnera el artculo 14 de la Constitucin espaola, tanto por lesionar el derecho a la igualdad, como tambin, a la vista de su predominante incidencia sobre el empleo femenino, por provocar una discriminacin indirecta por razn de sexo. El Tribunal Constitucional declara inconstitucional y nula la referida regla, sin realizar ninguna aclaracin sobre los efectos jurdicos de la misma. A la mencionada Sentencia, se han aadido posteriormente las sentencias 71/2013 y 72/2013, ambas de 8 de abril y 116/2013 y 117/2013, de 20 de mayo.

Las sentencias afectan al clculo de los perodos de cotizacin para acceder a las correspondientes prestaciones econmicas, respecto de los periodos acreditados con contrato de trabajo a tiempo parcial, incluidos los contratos de trabajo fijo-discontinuo a tiempo parcial o completo, con independencia de que la reduccin de jornada se realice en cmputo diario, semanal, mensual o anual.

A juicio del Tribunal, las diferencias de trato en cuanto al cmputo de los periodos de carencia que siguen experimentando los trabajadores a tiempo parcial respecto a los trabajadores a jornada completa se encuentran desprovistas de una justificacin razonable que guarde la debida proporcionalidad entre la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad perseguida.

Como consecuencia de ello, es preciso dictar una norma de rango legal con la finalidad de integrar la laguna que la anulacin de la regla mencionada ha producido en orden al cmputo de los periodos de carencia, para causar derecho a las prestaciones de Seguridad Social en el caso de los trabajadores contratados a tiempo parcial.

Con esta medida, el Gobierno estima que existen razones de justicia social que aconsejan flexibilizar el nmero de aos requeridos para acceder a una prestacin, de modo que se garantice en todo momento el principio de igualdad de los trabajadores, tanto para los de tiempo parcial como para los de tiempo completo, dando cumplimiento as a la sentencia del Tribunal Constitucional.

La norma recoge, adems, una frmula para exigir el mismo esfuerzo a un trabajador a jornada completa y a un trabajador a jornada parcial. El objetivo es, por tanto, evitar que se produzcan efectos desproporcionados entre las cotizaciones realmente efectuadas por el trabajador y la cuanta de la prestacin que recibe. Con este propsito, la modificacin legal atiende a los periodos de tiempo con contrato vigente a tiempo parcial, de igual modo que cuando se trata de trabajadores a tiempo completo.

En consecuencia, es necesario dictar una norma que mantenga la proporcionalidad tanto en el acceso al derecho a las prestaciones, pensiones y subsidios, como a su cuanta. Por todo ello, este Captulo II tiene como finalidad cumplir los siguientes objetivos:

1. Dar cobertura adecuada a todas las personas que realizan una actividad laboral o profesional.

2. Mantener los principios de contributividad, proporcionalidad y equidad que caracterizan el Sistema Espaol de Seguridad Social.

3. Mantener la equidad respecto a la situacin de los trabajadores a tiempo completo.

4. Evitar situaciones fraudulentas o irregulares, as como evitar la desincentivacin de la cotizacin al Sistema.

Las modificaciones de la Ley General de la Seguridad Social que afectan a los trabajadores a tiempo parcial revisten un carcter necesario y urgente, ante el vaco legal producido por la declaracin de inconstitucionalidad y nulidad de una parte de la disposicin adicional sptima de aquella, lo que a da de hoy viene impidiendo resolver determinados procedimientos en materia de prestaciones solicitadas por estos trabajadores.

Estas modificaciones vienen a desarrollar el Acuerdo para la mejora de las condiciones de acceso a la proteccin social de los trabajadores a tiempo parcial firmado el pasado treinta y uno de julio de 2013 por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y las organizaciones Comisiones Obreras, Unin General de Trabajadores, Confederacin Espaola de Organizaciones Empresariales y Confederacin Espaola de la Pequea y Mediana Empresa.

El Captulo III introduce una serie de modificaciones para otorgar una mayor seguridad jurdica a los perceptores de las prestaciones y subsidios por desempleo estableciendo que, para percibir y conservar la prestacin y el subsidio por desempleo, los beneficiarios deben estar inscritos y mantener dicha inscripcin a travs de la renovacin de la demanda de empleo.

Con la finalidad de garantizar una mayor seguridad jurdica, se aclara expresamente en la ley que en los supuestos de salida ocasional al extranjero por un perodo mximo de 15 das naturales dentro de un ao natural, se mantiene la condicin de beneficiario y se sigue percibiendo la prestacin o el subsidio por desempleo. Adems, se incorporan de forma expresa como supuestos de suspensin de la prestacin por desempleo la estancia en el extranjero hasta un perodo de 90 das, o el traslado de residencia al extranjero por un perodo inferior a 12 meses para la bsqueda o realizacin de trabajo, perfeccionamiento profesional o cooperacin internacional, debindose comunicar previamente la salida a la entidad gestora, que deber autorizarla, extinguindose en caso contrario.

El artculo 7 de este real decreto-ley modifica el artculo 27 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, para adaptar su contenido a las variaciones introducidas en la Ley General de la Seguridad Social, y el artculo 8 modifica los artculos 24, 25, 47 y 48 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, con el fin de adaptar el rgimen de infracciones y sanciones a la novedad de que la inscripcin como demandante de empleo y el mantenimiento de la misma pasan a ser requisitos necesarios para percibir y conservar el derecho a la prestacin. Adems, se refuerza la validez de las citaciones y comunicaciones efectuadas por medios electrnicos siempre que los beneficiarios de las prestaciones por desempleo hayan expresado previamente su consentimiento.

Finalmente, tambin se modifica el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social para mantener la proporcionalidad del sistema vigente de infracciones y sanciones en relacin con la obligacin del empresario de efectuar una comunicacin inicial al Servicio Pblico de Empleo Estatal de las medidas de despido colectivo adoptadas conforme al artculo 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, as como las medidas de suspensin de contratos o de reduccin de jornada adoptadas de acuerdo con el artculo 47.

En cuanto a la extraordinaria y urgente necesidad de las modificaciones normativas realizadas en el captulo III, debe ponerse de manifiesto que se trata de medidas en materia de empleo y Seguridad Social que, por un lado, vienen a reforzar la vinculacin entre la proteccin por desempleo y la insercin laboral de las personas desempleadas, y por otro, responden al objetivo de otorgar una mayor seguridad jurdica a los empresarios y a los perceptores de las prestaciones y subsidios por desempleo. Se exige que, con carcter urgente, se adopten las medidas necesarias para configurar la inscripcin como demandante de empleo y el mantenimiento de la misma como un requisito necesario para percibir y conservar el derecho a la prestacin. En coherencia con la medida anterior, es necesario tambin que de forma inmediata se realicen las adaptaciones necesarias en la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Informacin, y en el rgimen de infracciones y sanciones que regulan dicha materia.

La urgencia de la medida consistente en tipificar como infraccin especfica el incumplimiento del empresario de la obligacin de comunicar previamente las medidas de suspensin de contratos o de reduccin de jornada y de despido colectivo adoptadas, conforme al artculo 47 y 51 del Estatuto de los Trabajadores, se justifica por la reciente puesta en marcha del sistema de comunicacin electrnica de datos previsto en la Orden ESS/982/2013, de 20 de mayo, por la que se regula el contenido y el procedimiento de remisin de la comunicacin que deben efectuar los empleadores a la Entidad Gestora de las prestaciones por desempleo en los procedimientos de despido colectivo y de suspensin de contratos y reduccin de jornada. Se pretende evitar la situacin de que sea ms favorable para el infractor no realizar ninguna comunicacin, incumpliendo sus obligaciones de forma absoluta, que incumplir parcialmente al no comunicar las variaciones, lo que determina la urgencia de la modificacin legal para evitar estas situaciones que atentan contra el principio de proporcionalidad y que pueden afectar a los derechos de los trabajadores, al sistema de proteccin social y a la libre competencia entre las empresas.

En el Captulo IV de este real decreto-ley se modifican distintos preceptos del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que regulan la comisin negociadora y los sujetos legitimados para actuar, en representacin de los trabajadores, como interlocutores ante la direccin de la empresa durante el periodo de consultas que deber tener lugar con carcter previo a la adopcin de medidas colectivas de movilidad geogrfica (artculo 40), modificacin sustancial de condiciones de trabajo (artculo 41), as como en los procedimientos de suspensin de contratos o reduccin de jornada por causas econmicas, tcnicas, organizativas o de produccin (artculo 47), de despido colectivo (artculo 51.2) y de inaplicacin de condiciones de trabajo previstas en convenios colectivos (artculo 82.3).

En todos estos procedimientos se establece que la consulta se llevar a cabo en una nica comisin negociadora, si bien en el caso de ser varios los centros de trabajo afectados, quedar circunscrita a los centros afectados por el procedimiento. Con esta modificacin, desaparece la posibilidad de que la consulta se realice separadamente por centros de trabajo, opcin actualmente prevista en el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensin de contratos y reduccin de jornada. Adems, se prev que la comisin negociadora estar integrada por un mximo de trece miembros en representacin de cada una de las partes intervinientes en el periodo de consultas, en coherencia con el nmero de miembros de la comisin negociadora del convenio colectivo de empresa.

En la nueva regulacin, la comisin representativa de los trabajadores debe quedar constituida antes del inicio del periodo de consultas, previndose expresamente que la falta de constitucin de tal comisin no impide la apertura ni el transcurso del periodo de consultas. Adems, se mejora la determinacin de quines van a integrar dicha comisin de un mximo de trece miembros, siempre en proporcin al nmero de trabajadores de los centros afectados que representen.

Adems, en el supuesto de despido colectivo, se modifica la redaccin del artculo 51 en lo referido a la informacin que debe facilitar la empresa, con la finalidad de mejorar la seguridad jurdica en la delimitacin de los supuestos de declaracin de nulidad del despido colectivo por falta de entrega de la documentacin preceptiva.

Las modificaciones introducidas por el artculo 9 y la disposicin final cuarta en materia de procedimientos de suspensin de contratos, reduccin de jornada y despidos colectivos se justifican, desde el punto de vista de la extraordinaria y urgente necesidad, por la necesidad de revisar con carcter urgente la regulacin de la comisin negociadora en los procedimientos de suspensin de contratos y reduccin de jornada y despidos colectivos en un contexto econmico en que la seguridad jurdica es crucial tanto para las empresas como para los trabajadores, como se ha sealado en diversos pronunciamientos judiciales. Lo que por extensin podra afectar tambin a los restantes supuestos de intervencin de comisiones representativas de trabajadores en procedimientos de consulta previstos en el Estatuto de los Trabajadores. Esas mismas razones concurren en la necesidad de eliminar con carcter inminente las contradicciones derivadas de la existencia de una diferente regulacin reglamentaria y legal, permitiendo la aplicacin inmediata de los cambios efectuados en los mencionados procedimientos.

Por otro lado, el artculo 10 de este real decreto-ley adapta el contenido del artculo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, relativo a la tramitacin de los procedimientos de modificacin sustancial de las condiciones de trabajo de carcter colectivo, incluidos los traslados colectivos, y de suspensin o extincin colectivas de las relaciones laborales, una vez declarado el concurso, a los cambios que afectan a la comisin negociadora en procedimientos de consulta.

El artculo 11 modifica la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdiccin social, en relacin con la modalidad procesal del despido colectivo para que la impugnacin colectiva asuma un mayor espacio. Se aclaran las causas de nulidad del despido colectivo para dotarlo de mayor seguridad jurdica y se permite que las sentencias que declaren nulo un despido colectivo sean directamente ejecutables, sin necesidad de acudir a procedimientos individuales.

La extraordinaria y urgente necesidad en las modificaciones introducidas en la Ley Reguladora de la Jurisdiccin Social se justifica en la necesidad de introducir mejoras tcnicas en la nueva modalidad procesal de despidos colectivos –introducida por Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral–, para evitar la litigiosidad y la saturacin de los rganos jurisdiccionales del orden social, cumplir con el principio de celeridad consagrado legalmente y propiciar una mayor seguridad jurdica.

III

Las disposiciones adicionales del presente real decreto-ley regulan y aclaran diversas materias.

Se incluye una nueva previsin en relacin con la consideracin de la Sociedad de Gestin de Activos Procedentes de la Reestructuracin Bancaria (SAREB) como entidad colaboradora en la gestin de las ayudas de los planes de vivienda estatales, para que los prstamos convenidos con dicha entidad puedan mantener las ayudas estatales vinculadas.

Las razones que justifican la urgencia de esta disposicin son las siguientes. La transferencia de activos desde distintas entidades financieras a la Sociedad de Gestin de Activos Procedentes de la Reestructuracin Bancaria (SAREB) ha incluido la transferencia de distintos prstamos convenidos que eran beneficiarios de algn tipo de ayuda estatal, de las contempladas en los sucesivos Planes Estatales de Vivienda, como consecuencia de los convenios firmados entre las entidades financieras y el Ministerio de Fomento (o, en su da, el Ministerio de Vivienda). Ante las limitaciones a la subrogacin contenidas en dichos convenios, y dada, adems, la especial naturaleza de la SAREB que no tiene, en s misma, la condicin de entidad financiera colaboradora, se ha producido unas consecuencias indeseadas de prdidas de las ayudas para los prstamos afectados por dichos convenios, situacin que es necesario subsanar a la mayor brevedad posible, para no producir perjuicios de difcil solucin a las promociones inmobiliarias afectadas.

Por otra parte, la aprobacin de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilizacin y fomento del mercado del alquiler de viviendas, que incluye, en su disposicin adicional segunda, distintas medidas de aplicacin a las ayudas de los Planes Estatales de Vivienda, introduciendo unos plazos preclusivos, obliga, igualmente, a proponer una solucin especfica para los prstamos transferidos a la SAREB que se veran afectados por las medidas y calendario introducidos en dicha disposicin segunda de la Ley 4/2013.

Asimismo, en el real decreto-ley se incluye una disposicin adicional tercera por la que se declara que la Orden FOM/898/2005 seguir siendo aplicable mientras que no se lleve a cabo la primera actualizacin de las cuantas de los cnones ferroviarios mediante el procedimiento establecido por el nuevo artculo 77 y se introducen determinadas modificaciones en la misma.

La modificacin de la orden citada, contenida en la misma disposicin, se hace necesaria para poder adaptar los parmetros de determinacin de los cnones ferroviarios a las exigencias de la normativa europea y a la nueva redaccin del artculo 73 de la Ley del Sector Ferroviario. De esta manera se permitir contar con un nuevo diseo de los cnones ferroviarios con carcter previo a la actualizacin de su cuanta en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del ejercicio 2014.

La modificacin de los parmetros de cuantificacin de los cnones ferroviarios permitir que la futura actualizacin de su cuanta consiga mejorar la cobertura de los costes reales de mantenimiento y conservacin de las infraestructuras que dicha entidad administra, contribuyendo a la poltica de estabilidad presupuestaria y avanzando en el objetivo de sostenibilidad econmica del sector ferroviario, as como adecuando los niveles de dicha recaudacin a los percibidos por otros administradores de infraestructuras ferroviarias europeos.

Con ello se pretende dar cumplimiento con la mayor celeridad posible a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unin Europea de 28 de febrero de 2013, que condena al Reino de Espaa por incumplimiento de la Directiva 2001/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001, relativa a la adjudicacin de la capacidad de infraestructura ferroviaria, aplicacin de cnones por su utilizacin y certificacin de seguridad, lo que justifica la urgencia de la medida.

En la disposicin adicional cuarta se establece que el Gobierno, en el plazo de un ao desde la entrada en vigor de la norma, elaborar un informe relativo al impacto que hayan podido tener las medidas que se introducen sobre el conjunto de los trabajadores a tiempo parcial, con la posibilidad de formular propuestas en orden a un posible perfeccionamiento tanto de la cotizacin como de la accin protectora de dicho colectivo.

La disposicin transitoria primera establece que la nueva regulacin en materia de proteccin social de los trabajadores a tiempo parcial ser aplicable, en los trminos que la misma establece, a las prestaciones de la Seguridad Social que con anterioridad a la entrada en vigor del real decreto-ley hubiesen sido denegadas por no acreditar el perodo mnimo de cotizacin exigido y a las prestaciones cuya solicitud se encuentre en trmite.

La disposicin transitoria segunda establece que a los procedimientos regulados en los artculos 40, 41, 47, 51 y 82 del Estatuto de los Trabajadores y en el artculo 64 de la Ley Concursal, iniciados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley les resultar de aplicacin la normativa vigente a la fecha de su inicio.

La disposicin transitoria tercera regula el rgimen procesal aplicable a los despidos colectivos por causas econmicas, organizativas, tcnicas o de produccin o derivadas de fuerza mayor.

La disposicin final primera contiene los ttulos competenciales, y en relacin a la disposicin final segunda sealar que, con el fin de facilitar la colaboracin pblico-privada en el mbito de la intermediacin laboral a travs de las agencias de colocacin debidamente autorizadas, y as mejorar la posibilidad de insercin de los trabajadores desempleados, modifica el artculo 5 del Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las agencias de colocacin, para permitir la subcontratacin en el mbito de la intermediacin laboral, aunque respetando el lmite de que la subcontratacin slo pueda realizarse con terceros autorizados para actuar como agencias de colocacin.

La disposicin final tercera modifica el Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de proteccin por desempleo, con el fin de evitar la compatibilizacin indebida de la solicitud o el percibo de la prestacin y el subsidio de desempleo con el trabajo por cuenta propia o ajena, en los supuestos en los que el empresario o el propio trabajador solicitan el alta en Seguridad Social fuera de plazo como consecuencia de la actuacin inspectora.

Con la exigencia de que la realizacin de trabajos, como causa de suspensin de la prestacin, sea comunicada con carcter previo, se equipara el procedimiento con la obligacin que existe en materia de afiliacin/alta.

La disposicin final cuarta contiene una serie de modificaciones del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensin de contratos y reduccin de jornada, con el fin de adaptar la regulacin reglamentaria de estos procedimientos a los cambios introducidos por este real decreto-ley en los artculos 47 y 51 del Estatuto de los Trabajadores, fundamentalmente con respecto a la comisin negociadora de los procedimientos y al contenido de la comunicacin del inicio del procedimiento a la autoridad laboral.

En lo relativo al contenido de la disposicin final segunda, su carcter urgente se justifica por la aplicacin inmediata de la disposicin adicional trigsima segunda del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pblico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que fue introducida por el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estmulo del crecimiento y de la creacin de empleo, actual Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estmulo del crecimiento y de la creacin de empleo, para permitir la formalizacin conjunta de acuerdos marco para la contratacin de servicios que faciliten la intermediacin laboral. Como la eficacia y buen resultado de dichos contratos de servicios pasa por permitir la subcontratacin en el mbito de la intermediacin laboral, resulta imprescindible realizar la modificacin normativa antes de la formalizacin del referido Acuerdo Marco conjunto.

La exigencia de la obligacin de comunicar, con carcter previo, la realizacin de trabajos incompatibles con la prestacin o subsidio por desempleo, como causa de suspensin, regulada en la disposicin final tercera se justifica con la finalidad de evitar interpretaciones no queridas de la norma que se estn produciendo actualmente en los supuestos de altas comunicadas fuera de plazo, considerndose que no se est compatibilizando la percepcin y el trabajo puesto que no cobrar la parte de la prestacin correspondiente a ese da, situacin que favorece el fraude en las prestaciones, con las consecuencias negativas para la equidad en el trato a los solicitantes o beneficiarios de prestaciones y hacer ineficaz la lucha contra el fraude en las prestaciones por desempleo.

Con la disposicin final quinta se pretende dar cumplimiento, en materia de adaptacin normativa, a la Decisin de la Comisin Europea, de 17 de julio de 2013, relativa al rgimen fiscal aplicable a determinados acuerdos de arrendamiento financiero, respecto de las autorizaciones administrativas concedidas al amparo de lo previsto en el apartado 11 del artculo 115 del Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (en la redaccin vigente en las fechas antes indicadas) y del rgimen fiscal especial de entidades navieras en funcin del tonelaje, a favor de agrupaciones de inters econmico, que sigan en vigor.

Por ltimo, el objetivo del cambio operado por la disposicin final sexta es aportar mayor seguridad jurdica sobre los casos que una Entidad Local no se encuentra al corriente del pago sus deudas con el Fondo para la Financiacin del Pago a Proveedores de forma que se aclaran las opciones legales que tiene esa entidad local para que con cargo a este mecanismo puedan pagarse las facturas que tiene pendientes de pago con sus proveedores. Estas opciones son: con fecha lmite 15 de septiembre de 2013 proceder al pago de sus obligaciones pendientes de pago con el Fondo para la Financiacin de los Pagos a Proveedores, o bien, haber solicitado su entrada en las medidas adicionales de liquidez para municipios con problemas financieros previstas en el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones pblicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros.

Esta aclaracin permitir que ms Entidades Locales puedan acogerse a esta tercera y ltima fase del mecanismo si optan por una de estas dos alternativas y as facilitarn el pago a sus proveedores. Asimismo, se permite que se puedan atender las obligaciones de pago pendientes a los proveedores de los consejos comarcales que haban quedado excluidos de este mecanismo. Aunque estos consejos no cuentan con la garanta de su participacin en los tributos del Estado, ser la Comunidad Autnoma, al igual que se ha hecho con las universidades, la que asuma el pago del prstamo al Fondo de financiacin para el pago a proveedores.

Es necesaria esta modificacin en atencin a facilitar el desarrollo de la tercera fase del mecanismo de financiacin para el pago a proveedores para las Entidades Locales que todava no estn al corriente del pago sus deudas con el Fondo para la Financiacin del Pago a Proveedores, as como para que las obligaciones pendientes de pago de los proveedores de los consejos comarcales puedan ser atendidas con cargo a este mecanismo. Esta modificacin deviene urgente puesto que esta tercera fase de este mecanismo ya se ha iniciado.

En el conjunto y en cada una de las medidas que se adoptan, concurren, por su naturaleza y finalidad las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artculo 86 de la Constitucin Espaola como presupuestos habilitantes para la aprobacin de un real decreto-ley.

En su virtud, haciendo uso de la autorizacin contenida en el artculo 86 de la Constitucin Espaola, a propuesta de los Ministros de Hacienda y Administraciones Pblicas, de Fomento y de Empleo y Seguridad Social, y previa deliberacin del Consejo de Ministros, en su reunin del da 2 de agosto de 2013,

DISPONGO:

CAPTULO I
Modificaciones normativas en materia de infraestructuras y del transporte
Artculo 1. Modificacin de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Area.

Se modifica la letra c) del apartado 2 del artculo 92 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Area, que queda redactado de la siguiente manera:

c) Ajuste por dficit. Si en los ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 el resultado de la aplicacin de esta frmula conduce a un incremento superior al 2,5 % en 2014, al 4,5 % en 2015, y al 5,5 % los tres aos sucesivos, el incremento mximo a aplicar ser el que resulte de aplicar tales porcentajes, recuperndose a lo largo de los cinco prximos ejercicios, el posible dficit producido, tanto durante estos ejercicios como en el de 2013, como consecuencia del incremento real que llegara a aplicarse. El dficit acumulado ser capitalizado, desde el momento de su generacin hasta el de su cobro efectivo, a una tasa equivalente al coste medio ponderado de capital antes de impuestos de Aena Aeropuertos, S.A.

Si durante el periodo contemplado en el prrafo anterior, 2014 a 2018, la aplicacin de la formula arrojara en alguna anualidad un resultado inferior a los mximos establecidos, podrn aplicarse tales mximos al objeto de que Aena Aeropuertos, S.A. pueda recuperar desde ese momento el dficit en que hubiera venido incurriendo.

Artculo 2. Modificacin de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.

La Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, queda modificada de la siguiente manera:

Uno. La letra l) del artculo 21 queda redactada del siguiente tenor:

l) La propuesta de modificacin y actualizacin de los cnones por utilizacin de las infraestructuras ferroviarias, su determinacin, as como el cobro de stos y, en su caso de las tarifas por prestacin de servicios adicionales, complementarios y auxiliares.

Dos. Se aade un segundo prrafo al apartado 1 del artculo 73, que tendr la siguiente redaccin:

La presente Seccin establece el marco general de los cnones, que permitir al administrador de infraestructuras ferroviarias la determinacin de los que resulten de aplicacin en cada una de lneas, tramos, estaciones y otras instalaciones de la Red Ferroviaria de Inters General que administre.

Tres. Los apartados 5 y 6 del artculo 73 quedan redactados de la siguiente manera:

5. Asimismo, se tendrn en cuenta para el establecimiento de la cuanta de los cnones ferroviarios, de acuerdo con la explotacin eficaz de la Red Ferroviaria de Inters General, consideraciones que reflejen el grado de congestin de la infraestructura y un correcto funcionamiento de la misma, el fomento de nuevos servicios de transporte ferroviario, as como la necesidad de incentivar el uso de lneas infrautilizadas, garantizando, en todo caso, una competencia ptima entre las empresas ferroviarias.

El sistema de cnones deber incentivar a las empresas ferroviarias y al propio administrador de infraestructuras ferroviarias a reducir al mnimo las perturbaciones y a mejorar el funcionamiento de la Red Ferroviaria de Inters General. Los principios bsicos de este sistema de incentivos se aplicarn a toda la red. Dicho sistema podr incluir la imposicin de penalizaciones por acciones que perturben el funcionamiento de la red, la concesin de indemnizaciones a las empresas que las sufran y la concesin de primas a los resultados mejores de lo previsto.

6. Mediante orden del Ministerio de Fomento se desarrollarn y actualizarn los principios bsicos de aplicacin de los sistemas de bonificaciones e incentivos establecidos en los apartados anteriores. En particular, en relacin al sistema de incentivos para reducir las perturbaciones y mejorar el funcionamiento dicha orden establecer, al menos:

a) Procedimientos de clculo de tiempos de viaje y mrgenes de puntualidad.

b) Clasificacin de los retrasos y perturbaciones.

c) Procedimientos de cmputo de retrasos y de imputacin de responsabilidades de la perturbacin.

d) Periodos de clculo.

e) Procedimientos de valoracin de los retrasos y de liquidacin.

f) Procedimientos de resolucin de conflictos.

g) Obligaciones de informacin peridica del sistema.

Asimismo, tambin mediante orden del Ministerio de Fomento, se podrn desarrollar y completar los elementos que componen el citado marco general de los cnones, respetando las competencias propias del Ministerio de Fomento, segn el marco legal vigente.

Las mencionadas rdenes habrn de ser previamente informadas por la Comisin Delegada del Gobierno para Asuntos Econmicos.

Cuatro. El artculo 77 queda redactado de la siguiente manera:

Artculo 77. Actualizacin.

1. La propuesta de modificacin o actualizacin de las cuantas resultantes de lo establecido en los artculos 74 y 75 deber ser elaborada por el administrador de infraestructuras ferroviarias, junto con la correspondiente memoria econmico-financiera sobre el coste o valor del recurso o actividad de que se trate y la justificacin de la cuanta propuesta, la cual deber ajustarse a lo establecido en el artculo 20.1 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Pblicos.

Dicha propuesta ser sometida a consulta de las empresas ferroviarias y a informe de la Comisin Nacional de los Mercados y la Competencia, y establecer los valores concretos de los parmetros de los cnones, particularizando en su caso, en cada lnea, elemento de la red o periodos de aplicacin.

2. Los valores as obtenidos se remitirn al Ministerio de Fomento para la comprobacin de su adecuacin al marco general de los cnones y al resto del marco legal y competencial vigente, y su inclusin en los anteproyectos de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Cinco. La letra j) del apartado 1 del artculo 81 tendr la siguiente redaccin:

j) El desarrollo del marco general de cnones y del sistema de incentivos, as como la comprobacin de que la propuesta de cnones elaborada por el administrador de infraestructuras ferroviarias se adecua al marco general de los cnones y a los objetivos y fines que se le establezcan.

Seis. Se aade una nueva disposicin adicional duodcima, con la siguiente redaccin:

Disposicin adicional duodcima. Asistencia integral a afectados por accidentes ferroviarios.

Las vctimas de los accidentes que se produzcan en el mbito del transporte ferroviario de competencia estatal y sus familiares, tendrn derecho a una asistencia integral que garantice una adecuada atencin y apoyo. El Gobierno desarrollar reglamentariamente las medidas relativas a la asistencia por accidentes de transporte ferroviario.

Artculo 3. Modificacin de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2013.

La Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2013, queda modificada de la siguiente manera:

El importe autorizado en el anexo III de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2013, para las operaciones de crdito a concertar por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en dicho ao, queda fijado en 1.684.298,00 miles de euros.

Esta autorizacin se entiende realizada en los mismos trminos recogidos en el anexo III de la citada Ley.

Artculo 4. Cobertura financiera subsidiaria para la atencin inmediata de las personas afectadas por el accidente ferroviario ocurrido el da 24 de julio de 2013.

La entidad pblica empresarial Operadora podr abonar, en los trminos y casos que legalmente proceda, las cantidades que, por encima de las que sean pagadas por seguro obligatorio de viajeros o anticipadas a cuenta en concepto de responsabilidad civil por la entidad aseguradora, resulten necesarias para atender a las necesidades econmicas inmediatas de las personas con derecho a indemnizacin. En su caso la aplicacin de dichas cantidades por Operadora tendr igualmente el carcter de anticipo a cuenta de las indemnizaciones que sean reconocidas y no predetermina el derecho ni la cuanta de la indemnizacin, ni supone el reconocimiento de responsabilidad patrimonial.

CAPITULO II
Modificaciones en materia de proteccin social del trabajo a tiempo parcial
Artculo 5. Modificacin del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

La disposicin adicional sptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, queda modificada como sigue:

Uno. La regla segunda del apartado 1 queda redactada en los siguientes trminos:

Segunda. Periodos de cotizacin.

Para acreditar los perodos de cotizacin necesarios para causar derecho a las prestaciones de jubilacin, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad temporal, maternidad y paternidad, se aplicarn las siguientes reglas:

a) Se tendrn en cuenta los distintos perodos durante los cuales el trabajador haya permanecido en alta con un contrato a tiempo parcial, cualquiera que sea la duracin de la jornada realizada en cada uno de ellos.

A tal efecto, el coeficiente de parcialidad, que viene determinado por el porcentaje de la jornada realizada a tiempo parcial respecto de la jornada realizada por un trabajador a tiempo completo comparable, se aplicar sobre el perodo de alta con contrato a tiempo parcial, siendo el resultado el nmero de das que se considerarn efectivamente cotizados en cada perodo.

Al nmero de das que resulten se le sumarn, en su caso, los das cotizados a tiempo completo, siendo el resultado el total de das de cotizacin acreditados computables para el acceso a las prestaciones.

b) Una vez determinado el nmero de das de cotizacin acreditados, se proceder a calcular el coeficiente global de parcialidad, siendo este el porcentaje que representa el nmero de das trabajados y acreditados como cotizados, de acuerdo con lo establecido en la letra a) anterior, sobre el total de das en alta a lo largo de toda la vida laboral del trabajador. En caso de tratarse de subsidio por incapacidad temporal, el clculo del coeficiente global de parcialidad se realizar exclusivamente sobre los ltimos cinco aos. Si se trata del subsidio por maternidad y paternidad, el coeficiente global de parcialidad se calcular sobre los ltimos siete aos o, en su caso, sobre toda la vida laboral.

c) El perodo mnimo de cotizacin exigido a los trabajadores a tiempo parcial para cada una de las prestaciones econmicas que lo tengan establecido, ser el resultado de aplicar al perodo regulado con carcter general el coeficiente global de parcialidad a que se refiere la letra b).

En los supuestos en que, a efectos del acceso a la correspondiente prestacin econmica, se exija que parte o la totalidad del perodo mnimo de cotizacin exigido est comprendido en un plazo de tiempo determinado, el coeficiente global de parcialidad se aplicar para fijar el perodo de cotizacin exigible. El espacio temporal en el que habr de estar comprendido el perodo exigible ser, en todo caso, el establecido con carcter general para la respectiva prestacin.

Dos. El prrafo c) de la regla tercera del apartado 1 queda redactado en los siguientes trminos:

c) A efectos de la determinacin de la cuanta de las pensiones de jubilacin y de incapacidad permanente derivada de enfermedad comn, el nmero de das cotizados que resulten de lo establecido en el segundo prrafo de la letra a) de la regla segunda, se incrementar con la aplicacin del coeficiente del 1,5, sin que el nmero de das resultante pueda ser superior al perodo de alta a tiempo parcial.

El porcentaje a aplicar sobre la respectiva base reguladora se determinar conforme a la escala general a que se refiere el apartado 1 del artculo 163 y la disposicin transitoria vigsima primera, con la siguiente excepcin:

Cuando el interesado acredite un perodo de cotizacin inferior a quince aos, considerando la suma de los das a tiempo completo con los das a tiempo parcial incrementados ya estos ltimos con el coeficiente del 1,5, el porcentaje a aplicar sobre la respectiva base reguladora ser el equivalente al que resulte de aplicar a 50 el porcentaje que represente el perodo de cotizacin acreditado por el trabajador sobre quince aos.

CAPITULO III
Modificaciones en materia de empleo y proteccin por desempleo
Artculo 6. Modificacin del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, queda modificado como sigue:

Uno. Se aade una nueva letra e) en el artculo 207, con la siguiente redaccin:

e) Estar inscrito como demandante de empleo en el servicio pblico de empleo competente.

Dos. El ttulo y el apartado 1 del artculo 209 quedan redactados en los siguientes trminos:

Artculo 209. Solicitud, nacimiento y conservacin del derecho a las prestaciones.

1. Las personas que cumplan los requisitos establecidos en el artculo 207 de la presente Ley debern solicitar a la Entidad Gestora competente el reconocimiento del derecho a las prestaciones que nacer a partir de que se produzca la situacin legal de desempleo, siempre que se solicite dentro del plazo de los quince das siguientes. La solicitud requerir la inscripcin como demandante de empleo. Asimismo, en la fecha de solicitud se deber suscribir el compromiso de actividad al que se refiere el artculo 231 de esta Ley.

La inscripcin como demandante de empleo deber mantenerse durante todo el perodo de duracin de la prestacin como requisito necesario para la conservacin de su percepcin, suspendindose el abono, en caso de incumplirse dicho requisito, de acuerdo con lo establecido en el artculo 212 de esta Ley.

Tres. Se aaden dos nuevas letras f) y g) en el apartado 1 del artculo 212, con la siguiente redaccin:

f) En los supuestos de traslado de residencia al extranjero en los que el beneficiario declare que es para la bsqueda o realizacin de trabajo, perfeccionamiento profesional o cooperacin internacional, por un perodo continuado inferior a doce meses, siempre que la salida al extranjero est previamente comunicada y autorizada por la entidad gestora, sin perjuicio de la aplicacin de lo previsto sobre la exportacin de las prestaciones en las normas de la Unin Europea.

g) En los supuestos de estancia en el extranjero por un perodo, continuado o no, de hasta 90 das como mximo durante cada ao natural, siempre que la salida al extranjero est previamente comunicada y autorizada por la entidad gestora.

No tendr consideracin de estancia ni de traslado de residencia la salida al extranjero por tiempo no superior a 15 das naturales por una sola vez cada ao, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artculo 231.1.

Cuatro. Se modifica el apartado 3 del artculo 212, que queda redactado del siguiente modo:

3. El incumplimiento, por parte de los beneficiarios de las prestaciones por desempleo de la obligacin de presentar, en los plazos establecidos, los documentos que les sean requeridos, siempre que los mismos puedan afectar a la conservacin del derecho a las prestaciones, podr dar lugar a que por la entidad gestora se adopten las medidas preventivas necesarias, mediante la suspensin del abono de las citadas prestaciones, hasta que dichos beneficiarios comparezcan ante aquella acreditando que cumplen los requisitos legales establecidos para el mantenimiento del derecho, que se reanudar a partir de la fecha de la comparecencia.

Asimismo, la entidad gestora suspender el abono de las prestaciones durante los perodos en los que los beneficiarios no figuren inscritos como demandantes de empleo en el servicio pblico de empleo, y se reanudar a partir de la fecha de la nueva inscripcin previa comparecencia ante la entidad gestora acreditando dicha inscripcin, salvo que proceda el mantenimiento de la suspensin de la prestacin o su extincin por alguna de las causas previstas en sta u otra norma.

Cinco. Se modifica el primer prrafo de la letra b) del apartado 4 del artculo 212, con la siguiente redaccin:

b) Previa solicitud del interesado, en los supuestos recogidos en los prrafos b), c), d), e), f) y g) del apartado 1, siempre que se acredite que ha finalizado la causa de suspensin, que, en su caso, esa causa constituye situacin legal de desempleo, o que, en su caso, se mantiene el requisito de carencia de rentas o existencia de responsabilidades familiares. En el supuesto de la letra d) del apartado 1, en lo referente a los trabajadores por cuenta propia menores de 30 aos de edad que causen alta inicial en el Rgimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autnomos o en el Rgimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, la prestacin por desempleo podr reanudarse cuando el trabajo por cuenta propia sea de duracin inferior a sesenta meses.

Seis. Se modifica la letra g) del apartado 1 del artculo 213, que queda redactada en los siguientes trminos:

g) Traslado de residencia o estancia en el extranjero, salvo en los supuestos que sean causa de suspensin recogidos en las letras f) y g) del artculo 212.1.

Siete. Se aade un nuevo apartado 4 al artculo 215, con la siguiente redaccin:

4. En todas las modalidades de subsidio establecidas en el apartado 1 se exigir el requisito de estar inscrito y mantener la inscripcin como demandante de empleo en los mismos trminos previstos el artculo 207 e) y en el artculo 209.1 de esta Ley.

Ocho. Se modifica la letra h) del apartado 1 del artculo 231, que queda redactada en los siguientes trminos:

h) Inscribirse como demandante de empleo, mantener la inscripcin y cumplir las exigencias del compromiso de actividad en los trminos establecidos en el artculo 27 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.

Nueve. Se modifica la letra c) del artculo 233, que queda redactada en los siguientes trminos:

c) Las relativas a la imposicin de sanciones a los trabajadores conforme a lo establecido en el artculo 48.5 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Artculo 7. Modificacin de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.

El apartado 4 del artculo 27 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, queda modificado en los siguientes trminos:

4. Los beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo inscritos en los servicios pblicos de empleo, una vez hayan suscrito el compromiso de actividad, debern participar en las polticas activas de empleo que se determinen en el itinerario de insercin, sin perjuicio de lo dispuesto en el ltimo prrafo del artculo 231.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Los servicios pblicos de empleo competentes verificarn el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la suscripcin del compromiso de actividad de los beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo, comunicando la sancin impuesta, en su caso, en el momento en que se imponga, al Servicio Pblico de Empleo Estatal para su ejecucin por ste.

Los servicios pblicos de empleo competentes verificarn, asimismo, el cumplimiento de la obligacin de dichos beneficiarios de mantenerse inscritos como demandantes de empleo, debiendo comunicar los incumplimientos de esta obligacin al Servicio Pblico de Empleo Estatal en el momento en que se produzcan o conozcan. Dicha comunicacin podr realizarse por medios electrnicos y ser documento suficiente para que el Servicio Pblico de Empleo Estatal inicie el procedimiento sancionador que corresponda.

Artculo 8. Modificacin del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el apartado 13 del artculo 22, con la siguiente redaccin:

13. El incumplimiento de la obligacin de comunicar a la entidad gestora de la prestacin por desempleo, con carcter previo a su efectividad, las medidas de despido colectivo o de suspensin o reduccin de jornada, en la forma y con el contenido establecido reglamentariamente, as como la no comunicacin, con antelacin a que se produzcan, de las variaciones que se originen sobre el calendario inicialmente dispuesto, en relacin con la concrecin e individualizacin por trabajador de los das de suspensin o reduccin de jornada, as como en este ltimo caso, el horario de trabajo afectado por la reduccin.

Dos. Se modifican las letras a) y d) del apartado 3 y se aade un nuevo apartado 4 en el artculo 24, con la siguiente redaccin:

a) No comparecer, previo requerimiento, ante los servicios pblicos de empleo o las agencias de colocacin cuando desarrollen actividades en el mbito de la colaboracin con aquellos, salvo causa justificada.

d) No facilitar a los servicios pblicos de empleo, la informacin necesaria para garantizar la recepcin de sus notificaciones y comunicaciones.

Las citaciones o comunicaciones efectuadas por medios electrnicos se entendern validas a efectos de notificaciones siempre que los trabajadores hayan expresado previamente su consentimiento.

4. En el caso de solicitantes o beneficiarios de prestaciones por desempleo de nivel contributivo o asistencial, los siguientes incumplimientos ante la entidad gestora de dichas prestaciones:

a) No facilitar la informacin necesaria para garantizar la recepcin de sus notificaciones y comunicaciones.

Las citaciones o comunicaciones efectuadas por medios electrnicos se entendern validas a efectos de notificaciones siempre que los trabajadores hayan expresado previamente su consentimiento.

b) No cumplir el requisito, exigido para la conservacin de la percepcin de la prestacin, de estar inscrito como demandante de empleo en los trminos establecidos en los artculos 209.1 y 215.4 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, salvo causa justificada.

Tres. Se modifica el apartado 3 del artculo 25, con la siguiente redaccin:

3. No comunicar, salvo causa justificada, las bajas en las prestaciones en el momento en que se produzcan situaciones determinantes de la suspensin o extincin del derecho, o cuando se dejen de reunir los requisitos para el derecho a su percepcin cuando por cualquiera de dichas causas se haya percibido indebidamente la prestacin, siempre que la conducta no est tipificada como infraccin leve en el artculo 24.4.b) de esta ley.

Cuatro. El primer prrafo de la letra a) y la letra c) del apartado 1 y el apartado 4 del artculo 47 quedan redactados en los siguientes trminos:

a) Las leves, con prdida de la pensin o prestacin durante un mes. En el caso de las prestaciones por desempleo de nivel contributivo o asistencial, las infracciones leves tipificadas en los apartados 2, 3 y 4 del artculo 24 se sancionarn conforme a la siguiente escala:

1. infraccin. Prdida de 1 mes de prestaciones.

2. infraccin. Prdida de 3 meses de prestaciones.

3. infraccin. Prdida de 6 meses de prestaciones.

4. infraccin. Extincin de prestaciones.

c) Las muy graves, con prdida de la pensin o prestaciones durante un perodo de seis meses, y en el caso de las prestaciones o subsidios por desempleo o de la prestacin por cese de actividad del trabajador autnomo, con la extincin.

Igualmente, se les podr excluir del derecho a percibir cualquier prestacin econmica y, en su caso, ayuda de fomento de empleo durante un ao, as como del derecho a participar durante ese perodo en formacin profesional para el empleo.

4. La imposicin de las sanciones por las infracciones previstas en esta subseccin se llevar a efecto de acuerdo con lo previsto en el artculo 48.4 y 5 de esta Ley, respetando la competencia respectiva del rgano sancionador y estableciendo la cooperacin necesaria para la ejecucin de la sancin impuesta, cuando la misma corresponda a la competencia de otro rgano.

Cinco. El apartado 5 del artculo 48 queda redactado en los siguientes trminos:

5. La imposicin de sanciones por infracciones en materia de Seguridad Social a los trabajadores corresponde, a propuesta de la Inspeccin de Trabajo y Seguridad Social, a la entidad gestora o servicio comn de la Seguridad Social competente. En el caso de infracciones cometidas por solicitantes o beneficiarios de las prestaciones por desempleo de nivel contributivo o asistencial, la competencia corresponde a la entidad gestora de stas, salvo en el supuesto de las infracciones contenidas en los artculos 24.3 y 25.4 de esta Ley, en el que la imposicin de la sancin corresponder al servicio pblico de empleo competente que comunicar la sancin, en el momento en que se imponga, a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo para su ejecucin por sta.

CAPTULO IV
Modificaciones en materia laboral
Artculo 9. Modificacin del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

El texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el apartado 2 del artculo 40, que queda redactado del siguiente modo:

2. El traslado a que se refiere el apartado anterior deber ir precedido de un perodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores de una duracin no superior a quince das, cuando afecte a la totalidad del centro de trabajo, siempre que ste ocupe a ms de cinco trabajadores, o cuando, sin afectar a la totalidad del centro de trabajo, en un perodo de noventa das comprenda a un nmero de trabajadores de, al menos:

a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.

b) El 10 por ciento del nmero de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores.

c) Treinta trabajadores en las empresas que ocupen ms de trescientos trabajadores.

Dicho perodo de consultas deber versar sobre las causas motivadoras de la decisin empresarial y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, as como sobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados. La consulta se llevar a cabo en una nica comisin negociadora, si bien, de existir varios centros de trabajo, quedar circunscrita a los centros afectados por el procedimiento. La comisin negociadora estar integrada por un mximo de trece miembros en representacin de cada una de las partes.

La intervencin como interlocutores ante la direccin de la empresa en el procedimiento de consultas corresponder a los sujetos indicados en el artculo 41.4, en el orden y condiciones sealados en el mismo.

La comisin representativa de los trabajadores deber quedar constituida con carcter previo a la comunicacin empresarial de inicio del procedimiento de consultas. A estos efectos, la direccin de la empresa deber comunicar de manera fehaciente a los trabajadores o a sus representantes su intencin de iniciar el procedimiento. El plazo mximo para la constitucin de la comisin representativa ser de siete das desde la fecha de la referida comunicacin, salvo que alguno de los centros de trabajo que vaya a estar afectado por el procedimiento no cuente con representantes legales de los trabajadores, en cuyo caso el plazo ser de quince das.

Transcurrido el plazo mximo para la constitucin de la comisin representativa, la direccin de la empresa podr comunicar el inicio del periodo de consultas a los representantes de los trabajadores. La falta de constitucin de la comisin representativa no impedir el inicio y transcurso del periodo de consultas, y su constitucin con posterioridad al inicio del mismo no comportar, en ningn caso, la ampliacin de su duracin.

La apertura del perodo de consultas y las posiciones de las partes tras su conclusin debern ser notificadas a la autoridad laboral para su conocimiento.

Durante el perodo de consultas, las partes debern negociar de buena fe, con vistas a la consecucin de un acuerdo. Dicho acuerdo requerir la conformidad de la mayora de los representantes legales de los trabajadores o, en su caso, de la mayora de los miembros de la comisin representativa de los trabajadores siempre que, en ambos casos, representen a la mayora de los trabajadores del centro o centros de trabajo afectados.

Tras la finalizacin del perodo de consultas el empresario notificar a los trabajadores su decisin sobre el traslado, que se regir a todos los efectos por lo dispuesto en el apartado 1 de este artculo.

Contra las decisiones a que se refiere el presente apartado se podr reclamar en conflicto colectivo, sin perjuicio de la accin individual prevista en el apartado 1 de este artculo. La interposicin del conflicto paralizar la tramitacin de las acciones individuales iniciadas, hasta su resolucin.

El acuerdo con los representantes legales de los trabajadores en el perodo de consultas se entender sin perjuicio del derecho de los trabajadores afectados al ejercicio de la opcin prevista en el prrafo tercero del apartado 1 de este artculo.

El empresario y la representacin legal de los trabajadores podrn acordar en cualquier momento la sustitucin del perodo de consultas a que se refiere este apartado por la aplicacin del procedimiento de mediacin o arbitraje que sea de aplicacin en el mbito de la empresa, que deber desarrollarse dentro del plazo mximo sealado para dicho perodo.

Dos. Se modifica el apartado 4 del artculo 41, que queda redactado del siguiente modo:

4. Sin perjuicio de los procedimientos especficos que puedan establecerse en la negociacin colectiva, la decisin de modificacin sustancial de condiciones de trabajo de carcter colectivo deber ir precedida de un perodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores, de duracin no superior a quince das, que versar sobre las causas motivadoras de la decisin empresarial y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, as como sobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados. La consulta se llevar a cabo en una nica comisin negociadora, si bien, de existir varios centros de trabajo, quedar circunscrita a los centros afectados por el procedimiento. La comisin negociadora estar integrada por un mximo de trece miembros en representacin de cada una de las partes.

La intervencin como interlocutores ante la direccin de la empresa en el procedimiento de consultas corresponder a las secciones sindicales cuando stas as lo acuerden, siempre que tengan la representacin mayoritaria en los comits de empresa o entre los delegados de personal de los centros de trabajo afectados, en cuyo caso representarn a todos los trabajadores de los centros afectados.

En defecto de lo previsto en el prrafo anterior, la intervencin como interlocutores se regir por las siguientes reglas:

a) Si el procedimiento afecta a un nico centro de trabajo, corresponder al comit de empresa o a los delegados de personal. En el supuesto de que en el centro de trabajo no exista representacin legal de los trabajadores, estos podrn optar por atribuir su representacin para la negociacin del acuerdo, a su eleccin, a una comisin de un mximo de tres miembros integrada por trabajadores de la propia empresa y elegida por stos democrticamente o a una comisin de igual nmero de componentes designados, segn su representatividad, por los sindicatos ms representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y que estuvieran legitimados para formar parte de la comisin negociadora del convenio colectivo de aplicacin a la misma.

En el supuesto de que la negociacin se realice con la comisin cuyos miembros sean designados por los sindicatos, el empresario podr atribuir su representacin a las organizaciones empresariales en las que estuviera integrado, pudiendo ser las mismas ms representativas a nivel autonmico, y con independencia de la organizacin en la que est integrado tenga carcter intersectorial o sectorial.

b) Si el procedimiento afecta a ms de un centro de trabajo, la intervencin como interlocutores corresponder:

En primer lugar, al comit intercentros, siempre que tenga atribuida esa funcin en el convenio colectivo en que se hubiera acordado su creacin.

En otro caso, a una comisin representativa que se constituir de acuerdo con las siguientes reglas:

1. Si todos los centros de trabajo afectados por el procedimiento cuentan con representantes legales de los trabajadores, la comisin estar integrada por estos.

2. Si alguno de los centros de trabajo afectados cuenta con representantes legales de los trabajadores y otros no, la comisin estar integrada nicamente por representantes legales de los trabajadores de los centros que cuenten con dichos representantes. Y ello salvo que los trabajadores de los centros que no cuenten con representantes legales opten por designar la comisin a que se refiere el prrafo a), en cuyo caso la comisin representativa estar integrada conjuntamente por representantes legales de los trabajadores y por miembros de las comisiones previstas en dicho prrafo, en proporcin al nmero de trabajadores que representen.

En el supuesto de que uno o varios centros de trabajo afectados por el procedimiento que no cuenten con representantes legales de los trabajadores opten por no designar la comisin del prrafo a), se asignar su representacin a los representantes legales de los trabajadores de los centros de trabajo afectados que cuenten con ellos, en proporcin al nmero de trabajadores que representen.

3. Si ninguno de los centros de trabajo afectados por el procedimiento cuenta con representantes legales de los trabajadores, la comisin representativa estar integrada por quienes sean elegidos por y entre los miembros de las comisiones designadas en los centros de trabajo afectados conforme a lo dispuesto en el prrafo a), en proporcin al nmero de trabajadores que representen.

En todos los supuestos contemplados en este apartado, si como resultado de la aplicacin de las reglas indicadas anteriormente el nmero inicial de representantes fuese superior a trece, estos elegirn por y entre ellos a un mximo de trece, en proporcin al nmero de trabajadores que representen.

La comisin representativa de los trabajadores deber quedar constituida con carcter previo a la comunicacin empresarial de inicio del procedimiento de consultas. A estos efectos, la direccin de la empresa deber comunicar de manera fehaciente a los trabajadores o a sus representantes su intencin de iniciar el procedimiento de modificacin sustancial de condiciones de trabajo. El plazo mximo para la constitucin de la comisin representativa ser de siete das desde la fecha de la referida comunicacin, salvo que alguno de los centros de trabajo que vaya a estar afectado por el procedimiento no cuente con representantes legales de los trabajadores, en cuyo caso el plazo ser de quince das.

Transcurrido el plazo mximo para la constitucin de la comisin representativa, la direccin de la empresa podr comunicar el inicio del periodo de consultas a los representantes de los trabajadores. La falta de constitucin de la comisin representativa no impedir el inicio y transcurso del periodo de consultas, y su constitucin con posterioridad al inicio del mismo no comportar, en ningn caso, la ampliacin de su duracin.

Durante el perodo de consultas, las partes debern negociar de buena fe, con vistas a la consecucin de un acuerdo. Dicho acuerdo requerir la conformidad de la mayora de los representantes legales de los trabajadores o, en su caso, de la mayora de los miembros de la comisin representativa de los trabajadores siempre que, en ambos casos, representen a la mayora de los trabajadores del centro o centros de trabajo afectados.

El empresario y la representacin de los trabajadores podrn acordar en cualquier momento la sustitucin del perodo de consultas por el procedimiento de mediacin o arbitraje que sea de aplicacin en el mbito de la empresa, que deber desarrollarse dentro del plazo mximo sealado para dicho perodo.

Cuando el perodo de consultas finalice con acuerdo se presumir que concurren las causas justificativas a que alude el apartado 1 y solo podr ser impugnado ante la jurisdiccin competente por la existencia de fraude, dolo, coaccin o abuso de derecho en su conclusin. Ello sin perjuicio del derecho de los trabajadores afectados a ejercitar la opcin prevista en el prrafo segundo del apartado 3 de este artculo.

Tres. Se modifica el apartado 1 del artculo 47, que queda redactado del siguiente modo:

1. El empresario podr suspender el contrato de trabajo por causas econmicas, tcnicas, organizativas o de produccin, con arreglo a lo previsto en este artculo y al procedimiento que se determine reglamentariamente.

Se entiende que concurren causas econmicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situacin econmica negativa, en casos tales como la existencia de prdidas actuales o previstas, o la disminucin persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entender que la disminucin es persistente si durante dos trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del ao anterior.

Se entiende que concurren causas tcnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el mbito de los medios o instrumentos de produccin; causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el mbito de los sistemas y mtodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la produccin y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado.

El procedimiento, que ser aplicable cualquiera que sea el nmero de trabajadores de la empresa y del nmero de afectados por la suspensin, se iniciar mediante comunicacin a la autoridad laboral competente y la apertura simultnea de un perodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores de duracin no superior a quince das.

La consulta se llevar a cabo en una nica comisin negociadora, si bien, de existir varios centros de trabajo, quedar circunscrita a los centros afectados por el procedimiento. La comisin negociadora estar integrada por un mximo de trece miembros en representacin de cada una de las partes.

La intervencin como interlocutores ante la direccin de la empresa en el procedimiento de consultas corresponder a los sujetos indicados en el artculo 41.4, en el orden y condiciones sealados en el mismo.

La comisin representativa de los trabajadores deber quedar constituida con carcter previo a la comunicacin empresarial de apertura del periodo de consultas. A estos efectos, la direccin de la empresa deber comunicar de manera fehaciente a los trabajadores o a sus representantes su intencin de iniciar el procedimiento. El plazo mximo para la constitucin de la comisin representativa ser de siete das desde la fecha de la referida comunicacin, salvo que alguno de los centros de trabajo que vaya a estar afectado por el procedimiento no cuente con representantes legales de los trabajadores, en cuyo caso el plazo ser de quince das.

Transcurrido el plazo mximo para la constitucin de la comisin representativa, la direccin de la empresa podr comunicar formalmente a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral el inicio del periodo de consultas. La falta de constitucin de la comisin representativa no impedir el inicio y transcurso del periodo de consultas, y su constitucin con posterioridad al inicio del mismo no comportar, en ningn caso, la ampliacin de su duracin.

La autoridad laboral dar traslado de la comunicacin empresarial a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo y recabar informe preceptivo de la Inspeccin de Trabajo y Seguridad Social sobre los extremos de dicha comunicacin y sobre el desarrollo del perodo de consultas. El informe deber ser evacuado en el improrrogable plazo de quince das desde la notificacin a la autoridad laboral de la finalizacin del perodo de consultas y quedar incorporado al procedimiento.

Cuando el perodo de consultas finalice con acuerdo se presumir que concurren las causas justificativas a que alude el prrafo primero y solo podr ser impugnado ante la jurisdiccin competente por la existencia de fraude, dolo, coaccin o abuso de derecho en su conclusin.

Durante el perodo de consultas, las partes debern negociar de buena fe, con vistas a la consecucin de un acuerdo. Dicho acuerdo requerir la conformidad de la mayora de los representantes legales de los trabajadores o, en su caso, de la mayora de los miembros de la comisin representativa de los trabajadores siempre que, en ambos casos, representen a la mayora de los trabajadores del centro o centros de trabajo afectados.

El empresario y la representacin de los trabajadores podrn acordar en cualquier momento la sustitucin del perodo de consultas por el procedimiento de mediacin o arbitraje que sea de aplicacin en el mbito de la empresa, que deber desarrollarse dentro del plazo mximo sealado para dicho perodo.

Tras la finalizacin del perodo de consultas el empresario notificar a los trabajadores y a la autoridad laboral su decisin sobre la suspensin de contratos, que surtir efectos a partir de la fecha de su comunicacin a la autoridad laboral, salvo que en ella se contemple una posterior. La autoridad laboral comunicar la decisin empresarial a la entidad gestora de la prestacin de desempleo.

Si en el plazo de quince das desde la fecha de la ltima reunin celebrada en el periodo de consultas, el empresario no hubiera comunicado a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral su decisin sobre la suspensin de contratos, se producir la caducidad del procedimiento en los trminos que reglamentariamente se establezcan.

La decisin empresarial podr ser impugnada por la autoridad laboral a peticin de la entidad gestora de la prestacin por desempleo cuando aquella pudiera tener por objeto la obtencin indebida de las prestaciones por parte de los trabajadores afectados por inexistencia de la causa motivadora de la situacin legal de desempleo.

Contra las decisiones a que se refiere el presente apartado podr reclamar el trabajador ante la jurisdiccin social que declarar la medida justificada o injustificada. En este ltimo caso, la sentencia declarar la inmediata reanudacin del contrato de trabajo y condenar al empresario al pago de los salarios dejados de percibir por el trabajador hasta la fecha de la reanudacin del contrato o, en su caso, al abono de las diferencias que procedan respecto del importe recibido en concepto de prestaciones por desempleo durante el perodo de suspensin, sin perjuicio del reintegro que proceda realizar por el empresario del importe de dichas prestaciones a la entidad gestora del pago de las mismas. Cuando la decisin empresarial afecte a un nmero de trabajadores igual o superior a los umbrales previstos en el artculo 51.1 de esta Ley se podr reclamar en conflicto colectivo, sin perjuicio de la accin individual. La interposicin del conflicto colectivo paralizar la tramitacin de las acciones individuales iniciadas, hasta su resolucin.

Cuatro. Se modifican los apartados 2 y 4 del artculo 51, que quedan redactados del siguiente modo:

2. El despido colectivo deber ir precedido de un perodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores de una duracin no superior a treinta das naturales, o de quince en el caso de empresas de menos de cincuenta trabajadores. La consulta con los representantes legales de los trabajadores deber versar, como mnimo, sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias mediante el recurso a medidas sociales de acompaamiento, tales como medidas de recolocacin o acciones de formacin o reciclaje profesional para la mejora de la empleabilidad. La consulta se llevar a cabo en una nica comisin negociadora, si bien, de existir varios centros de trabajo, quedar circunscrita a los centros afectados por el procedimiento. La comisin negociadora estar integrada por un mximo de trece miembros en representacin de cada una de las partes.

La intervencin como interlocutores ante la direccin de la empresa en el procedimiento de consultas corresponder a los sujetos indicados en el artculo 41.4, en el orden y condiciones sealados en el mismo.

La comisin representativa de los trabajadores deber quedar constituida con carcter previo a la comunicacin empresarial de apertura del periodo de consultas. A estos efectos, la direccin de la empresa deber comunicar de manera fehaciente a los trabajadores o a sus representantes su intencin de iniciar el procedimiento de despido colectivo. El plazo mximo para la constitucin de la comisin representativa ser de siete das desde la fecha de la referida comunicacin, salvo que alguno de los centros de trabajo que vaya a estar afectado por el procedimiento no cuente con representantes legales de los trabajadores, en cuyo caso el plazo ser de quince das.

Transcurrido el plazo mximo para la constitucin de la comisin representativa, la direccin de la empresa podr comunicar formalmente a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral el inicio del periodo de consultas. La falta de constitucin de la comisin representativa no impedir el inicio y transcurso del periodo de consultas, y su constitucin con posterioridad al inicio del mismo no comportar, en ningn caso, la ampliacin de su duracin.

La comunicacin de la apertura del perodo de consultas se realizar mediante escrito dirigido por el empresario a los representantes legales de los trabajadores, una copia del cual se har llegar a la autoridad laboral. En dicho escrito se consignarn los siguientes extremos:

a) La especificacin de las causas del despido colectivo conforme a lo establecido en el apartado 1.

b) Nmero y clasificacin profesional de los trabajadores afectados por el despido.

c) Nmero y clasificacin profesional de los trabajadores empleados habitualmente en el ltimo ao.

d) Perodo previsto para la realizacin de los despidos.

e) Criterios tenidos en cuenta para la designacin de los trabajadores afectados por los despidos.

f) Copia de la comunicacin dirigida a los trabajadores o a sus representantes por la direccin de la empresa de su intencin de iniciar el procedimiento de despido colectivo.

g) Representantes de los trabajadores que integrarn la comisin negociadora o, en su caso, indicacin de la falta de constitucin de sta en los plazos legales.

La comunicacin a los representantes legales de los trabajadores y a la autoridad laboral deber ir acompaada de una memoria explicativa de las causas del despido colectivo y de los restantes aspectos sealados en el prrafo anterior, as como de la documentacin contable y fiscal y los informes tcnicos, todo ello en los trminos que reglamentariamente se establezcan.

Recibida la comunicacin, la autoridad laboral dar traslado de la misma a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo y recabar, con carcter preceptivo, informe de la Inspeccin de Trabajo y Seguridad Social sobre los extremos de la comunicacin a que se refiere los prrafos anteriores y sobre el desarrollo del perodo de consultas. El informe deber ser evacuado en el improrrogable plazo de quince das desde la notificacin a la autoridad laboral de la finalizacin del perodo de consultas y quedar incorporado al procedimiento.

Durante el perodo de consultas, las partes debern negociar de buena fe, con vistas a la consecucin de un acuerdo.

Dicho acuerdo requerir la conformidad de la mayora de los representantes legales de los trabajadores o, en su caso, de la mayora de los miembros de la comisin representativa de los trabajadores siempre que, en ambos casos, representen a la mayora de los trabajadores del centro o centros de trabajo afectados.

El empresario y la representacin de los trabajadores podrn acordar en cualquier momento la sustitucin del perodo de consultas por el procedimiento de mediacin o arbitraje que sea de aplicacin en el mbito de la empresa, que deber desarrollarse dentro del plazo mximo sealado para dicho perodo.

La autoridad laboral velar por la efectividad del perodo de consultas pudiendo remitir, en su caso, advertencias y recomendaciones a las partes que no supondrn, en ningn caso, la paralizacin ni la suspensin del procedimiento. Igualmente y sin perjuicio de lo establecido en el prrafo anterior, la autoridad laboral podr realizar durante el perodo de consultas, a peticin conjunta de las partes, las actuaciones de mediacin que resulten convenientes con el fin de buscar soluciones a los problemas planteados por el despido colectivo. Con la misma finalidad tambin podr realizar funciones de asistencia a peticin de cualquiera de las partes o por propia iniciativa.

Transcurrido el perodo de consultas el empresario comunicar a la autoridad laboral el resultado del mismo. Si se hubiera alcanzado acuerdo, trasladar copia ntegra del mismo. En caso contrario, remitir a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral la decisin final de despido colectivo que haya adoptado y las condiciones del mismo.

Si en el plazo de quince das desde la fecha de la ltima reunin celebrada en el periodo de consultas, el empresario no hubiera comunicado a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral su decisin sobre el despido colectivo, se producir la caducidad del procedimiento de despido colectivo en los trminos que reglamentariamente se establezcan.

4. Alcanzado el acuerdo o comunicada la decisin a los representantes de los trabajadores, el empresario podr notificar los despidos individualmente a los trabajadores afectados, lo que deber realizar conforme a lo establecido en el artculo 53.1 de esta Ley. En todo caso, debern haber transcurrido como mnimo treinta das entre la fecha de la comunicacin de la apertura del periodo de consultas a la autoridad laboral y la fecha de efectos del despido.

Cinco. Se modifica el apartado 3 del artculo 82, que queda redactado del siguiente modo:

3. Los convenios colectivos regulados por esta Ley obligan a todos los empresarios y trabajadores incluidos dentro de su mbito de aplicacin y durante todo el tiempo de su vigencia.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando concurran causas econmicas, tcnicas, organizativas o de produccin, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores legitimados para negociar un convenio colectivo conforme a lo previsto en el artculo 87.1, se podr proceder, previo desarrollo de un perodo de consultas en los trminos del artculo 41.4, a inaplicar en la empresa las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable, sea este de sector o de empresa, que afecten a las siguientes materias:

a) Jornada de trabajo.

b) Horario y la distribucin del tiempo de trabajo.

c) Rgimen de trabajo a turnos.

d) Sistema de remuneracin y cuanta salarial.

e) Sistema de trabajo y rendimiento.

f) Funciones, cuando excedan de los lmites que para la movilidad funcional prev el artculo 39 de esta Ley.

g) Mejoras voluntarias de la accin protectora de la Seguridad Social.

Se entiende que concurren causas econmicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situacin econmica negativa, en casos tales como la existencia de prdidas actuales o previstas, o la disminucin persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entender que la disminucin es persistente si durante dos trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del ao anterior.

Se entiende que concurren causas tcnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el mbito de los medios o instrumentos de produccin; causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el mbito de los sistemas y mtodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la produccin, y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado.

La intervencin como interlocutores ante la direccin de la empresa en el procedimiento de consultas corresponder a los sujetos indicados en el artculo 41.4, en el orden y condiciones sealados en el mismo.

Cuando el perodo de consultas finalice con acuerdo se presumir que concurren las causas justificativas a que alude el prrafo segundo, y slo podr ser impugnado ante la jurisdiccin social por la existencia de fraude, dolo, coaccin o abuso de derecho en su conclusin. El acuerdo deber determinar con exactitud las nuevas condiciones de trabajo aplicables en la empresa y su duracin, que no podr prolongarse ms all del momento en que resulte aplicable un nuevo convenio en dicha empresa. El acuerdo de inaplicacin no podr dar lugar al incumplimiento de las obligaciones establecidas en convenio relativas a la eliminacin de las discriminaciones por razones de gnero o de las que estuvieran previstas, en su caso, en el Plan de Igualdad aplicable en la empresa. Asimismo, el acuerdo deber ser notificado a la comisin paritaria del convenio colectivo.

En caso de desacuerdo durante el perodo de consultas cualquiera de las partes podr someter la discrepancia a la comisin del convenio, que dispondr de un plazo mximo de siete das para pronunciarse, a contar desde que la discrepancia le fuera planteada. Cuando no se hubiera solicitado la intervencin de la comisin o sta no hubiera alcanzado un acuerdo, las partes debern recurrir a los procedimientos que se hayan establecido en los acuerdos interprofesionales de mbito estatal o autonmico, previstos en el artculo 83 de la presente ley, para solventar de manera efectiva las discrepancias surgidas en la negociacin de los acuerdos a que se refiere este apartado, incluido el compromiso previo de someter las discrepancias a un arbitraje vinculante, en cuyo caso el laudo arbitral tendr la misma eficacia que los acuerdos en perodo de consultas y slo ser recurrible conforme al procedimiento y en base a los motivos establecidos en el artculo 91.

Cuando el perodo de consultas finalice sin acuerdo y no fueran aplicables los procedimientos a los que se refiere el prrafo anterior o estos no hubieran solucionado la discrepancia, cualquiera de las partes podr someter la solucin de la misma a la Comisin Consultiva Nacional de Convenios Colectivos cuando la inaplicacin de las condiciones de trabajo afectase a centros de trabajo de la empresa situados en el territorio de ms de una comunidad autnoma, o a los rganos correspondientes de las comunidades autnomas en los dems casos. La decisin de estos rganos, que podr ser adoptada en su propio seno o por un rbitro designado al efecto por ellos mismos con las debidas garantas para asegurar su imparcialidad, habr de dictarse en plazo no superior a veinticinco das a contar desde la fecha del sometimiento del conflicto ante dichos rganos. Tal decisin tendr la eficacia de los acuerdos alcanzados en perodo de consultas y slo ser recurrible conforme al procedimiento y en base a los motivos establecidos en el artculo 91.

El resultado de los procedimientos a que se refieren los prrafos anteriores que haya finalizado con la inaplicacin de condiciones de trabajo deber ser comunicado a la autoridad laboral a los solos efectos de depsito.

Artculo 10. Modificacin de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Se modifican los apartados 2 y 6 del artculo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, con el siguiente texto:

2. La administracin concursal, el deudor o los trabajadores de la empresa concursada a travs de sus representantes legales, podrn solicitar del juez del concurso la modificacin sustancial de las condiciones de trabajo y la extincin o suspensin colectivas de los contratos de trabajo en que sea empleador el concursado.

La representacin de los trabajadores en la tramitacin del procedimiento corresponder a los sujetos indicados en el artculo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores, en el orden y condiciones sealados en el mismo. Transcurridos los plazos indicados en el referido artculo sin que los trabajadores hayan designado representantes, el juez podr acordar la intervencin de una comisin de un mximo de tres miembros, integrada por los sindicatos ms representativos y los representativos del sector al que la empresa pertenezca.

6. Durante el perodo de consultas, los representantes de los trabajadores y la administracin concursal debern negociar de buena fe para la consecucin de un acuerdo.

El acuerdo requerir la conformidad de la mayora de los representantes legales de los trabajadores o, en su caso, de la mayora de los miembros de la comisin representativa de los trabajadores siempre que, en ambos casos, representen a la mayora de los trabajadores del centro o centros de trabajo afectados.

El acuerdo suscrito por la administracin concursal y los representantes de los trabajadores podr ser acompaado con la solicitud, en cuyo caso, no ser necesaria la apertura del perodo de consultas.

En el acuerdo se recoger la identidad de los trabajadores afectados y se fijarn las indemnizaciones, que se ajustarn a lo establecido en la legislacin laboral, salvo que, ponderando los intereses afectados por el concurso, se pacten de forma expresa otras superiores.

Al finalizar el plazo sealado o en el momento en que se consiga un acuerdo, la administracin concursal y los representantes de los trabajadores comunicarn al juez del concurso el resultado del perodo de consultas.

Recibida dicha comunicacin, el secretario judicial recabar un informe de la autoridad laboral sobre las medidas propuestas o el acuerdo alcanzado, que deber ser emitido en el plazo de quince das, pudiendo sta or a la administracin concursal y a los representantes de los trabajadores antes de su emisin.

Recibido el informe por el juez del concurso o transcurrido el plazo de emisin, seguir el curso de las actuaciones. Si el informe es emitido fuera de plazo, podr no obstante ser tenido en cuenta por el juez del concurso al adoptar la correspondiente resolucin.

Artculo 11. Modificacin de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdiccin social.

La Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdiccin social, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifican los apartados 3, 6, 11 y 13 del artculo 124, con el siguiente texto:

3. Cuando la decisin extintiva no se haya impugnado por los sujetos a los que se refiere el apartado 1 o por la Autoridad Laboral de acuerdo con el artculo 148.b) de esta Ley, una vez transcurrido el plazo de caducidad de veinte das para el ejercicio de la accin por los representantes de los trabajadores, el empresario, en el plazo de veinte das desde la finalizacin del plazo anterior, podr interponer demanda con la finalidad de que se declare ajustada a derecho su decisin extintiva. Estarn legitimados pasivamente los representantes legales de los trabajadores, y la sentencia que se dicte tendr naturaleza declarativa y producir efectos de cosa juzgada sobre los procesos individuales en los trminos del apartado 5 del artculo 160 de esta ley.

La presentacin de la demanda por el empresario suspender el plazo de caducidad de la accin individual del despido.

6. La demanda deber presentarse en el plazo de caducidad de veinte das desde la fecha del acuerdo alcanzado en el perodo de consultas o de la notificacin a los representantes de los trabajadores de la decisin empresarial de despido colectivo.

11. La sentencia se dictar dentro de los cinco das siguientes a la celebracin del juicio y ser recurrible en casacin ordinaria.

Se declarar ajustada a derecho la decisin extintiva cuando el empresario, habiendo cumplido lo previsto en los artculos 51.2 o 51.7 del Estatuto de los Trabajadores, acredite la concurrencia de la causa legal esgrimida.

La sentencia declarar no ajustada a Derecho la decisin extintiva cuando el empresario no haya acreditado la concurrencia de la causa legal indicada en la comunicacin extintiva.

La sentencia declarar nula la decisin extintiva nicamente cuando el empresario no haya realizado el perodo de consultas o entregado la documentacin prevista en el artculo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores o no haya respetado el procedimiento establecido en el artculo 51.7 del mismo texto legal u obtenido la autorizacin judicial del juez del concurso en los supuestos en que est legalmente prevista, as como cuando la medida empresarial se haya efectuado en vulneracin de derechos fundamentales y libertades pblicas. En este supuesto la sentencia declarar el derecho de los trabajadores afectados a la reincorporacin a su puesto de trabajo, de conformidad con lo previsto en los apartados 2 y 3 del artculo 123 de esta Ley.

13. El trabajador individualmente afectado por el despido podr impugnar el mismo a travs del procedimiento previsto en los artculos 120 a 123 de esta Ley, con las especialidades que a continuacin se sealan.

a) Cuando el despido colectivo no haya sido impugnado a travs del procedimiento regulado en los apartados anteriores, sern de aplicacin al proceso individual de despido las siguientes reglas especficas:

1.) El plazo para la impugnacin individual dar comienzo una vez transcurrido el plazo de caducidad de veinte das para el ejercicio de la accin por los representantes de los trabajadores.

2.) Cuando el objeto del debate verse sobre preferencias atribuidas a determinados trabajadores, stos tambin debern ser demandados.

3.) El despido ser nulo, adems de por los motivos recogidos en el artculo 122.2 de esta Ley, nicamente cuando el empresario no haya realizado el periodo de consultas o entregado la documentacin prevista en el artculo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores o no haya respetado el procedimiento establecido en el artculo 51.7 del mismo texto legal, o cuando no se hubiese obtenido la autorizacin judicial del juez del concurso, en los supuestos en que est legalmente prevista.

4.) Tambin ser nula la extincin del contrato acordada por el empresario sin respetar las prioridades de permanencia que pudieran estar establecidas en las leyes, los convenios colectivos o en el acuerdo alcanzado durante el periodo de consultas. Esta nulidad no afectar a las extinciones que dentro del mismo despido colectivo hayan respetado las prioridades de permanencia.

b) Cuando el despido colectivo haya sido impugnado a travs del procedimiento regulado en los apartados anteriores de este artculo, sern de aplicacin las siguientes reglas:

1.) El plazo de caducidad para la impugnacin individual comenzar a computar desde la firmeza de la sentencia dictada en el proceso colectivo, o, en su caso, desde la conciliacin judicial.

2.) La sentencia firme o el acuerdo de conciliacin judicial tendrn eficacia de cosa juzgada sobre los procesos individuales, por lo que el objeto de dichos procesos quedar limitado a aquellas cuestiones de carcter individual que no hayan sido objeto de la demanda formulada a travs del proceso regulado en los apartados anteriores.

3.) Ser nula la extincin del contrato acordada por el empresario sin respetar las prioridades de permanencia que pudieran estar establecidas en las leyes, los convenios colectivos o en el acuerdo alcanzado durante el periodo de consultas. Esta nulidad no afectar a las extinciones que dentro del mismo despido colectivo hayan respetado las prioridades de permanencia.

Dos. Se modifica el apartado 2 del artculo 247, con el siguiente texto:

2. La modalidad de ejecucin de sentencias firmes regulada en este artculo ser aplicable a los restantes ttulos ejecutivos, judiciales o extrajudiciales, de naturaleza social, estimatorios de pretensin de condena y susceptibles de ejecucin individual en los trminos del apartado 3 del artculo 160, as como a las sentencias firmes u otros ttulos ejecutivos sobre movilidad geogrfica, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, suspensin del contrato o reduccin de jornada por causas econmicas, tcnicas, organizativas o de produccin, de carcter colectivo, y en los supuestos de despido colectivo en los que la decisin empresarial colectiva haya sido declarada nula.

Disposicin adicional primera. Atribucin a la Sociedad de Gestin de Activos Procedentes de la Reestructuracin Bancaria (SAREB) de la condicin de entidad colaboradora de los planes estatales de vivienda.

1. La Sociedad de Gestin de Activos Procedentes de la Reestructuracin Bancaria (SAREB), como titular de prstamos vinculados a los Planes Estatales de Vivienda, se considera, desde su constitucin, entidad colaboradora con el Ministerio de Fomento para la financiacin de actuaciones protegidas en el marco de los planes estatales de vivienda. Estos prstamos no perdern la condicin de convenidos como consecuencia de la operacin de segregacin y traspaso de activos a SAREB, y mantendrn este carcter an en el caso de que sta los ceda o transmita a cualquier entidad financiera colaboradora, independientemente del Plan Estatal de Vivienda que les sea de aplicacin.

2. Las entidades financieras colaboradoras de las que proceden dichos prstamos continuarn gestionando las ayudas financieras de los Planes Estatales de Vivienda conforme a lo pactado en los convenios de colaboracin que tienen suscritos en tanto el prstamo no se ceda o transmita a otra entidad colaboradora, en cuyo caso ser esta ltima la que asumir su gestin.

3. La aplicacin de los supuestos regulados en el prrafo segundo de la letra a) de la disposicin adicional segunda de la Ley 4/2013 y en la letra b) de la misma disposicin, a los prstamos convenidos transferidos a la SAREB, requiere, con carcter excepcional, el cumplimiento de las siguientes condiciones y plazos:

a) La entidad financiera colaboradora deber remitir al Ministerio de Fomento, en el plazo improrrogable de 30 das hbiles desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, la solicitud de conformidad a la subrogacin en el prstamo del promotor, junto con la documentacin requerida a tal efecto, lo que habr de constar en el registro de entrada de dicho Ministerio.

b) El beneficiario deber formalizar el prstamo en el plazo mximo de dos meses desde dicha conformidad.

4. No podrn obtenerse ayudas de subsidiacin ni Ayudas Estatales Directas a la Entrada salvo en los supuestos contemplados en la Ley 4/2013 y en este real decreto-ley.

5. Esta disposicin se aplicar, con carcter retroactivo, a todos los prstamos vinculados a los Planes Estatales de Vivienda transmitidos a SAREB, desde el momento de su transmisin.

Disposicin adicional segunda. Aplicacin de incrementos de tarifas de las prestaciones patrimoniales de carcter pblico.

Los incrementos de las tarifas unitarias previstos en el prrafo c) del artculo 92 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Area, incluidos en el artculo 1 de este real decreto-ley, se aplicaran sobre las cuantas exigibles en 2013 por cada una de las prestaciones patrimoniales de carcter pblico que percibe Aena Aeropuertos, S.A. y que es la que se incluye en el anexo I de este real decreto-ley.

Disposicin adicional tercera. Vigencia de la Orden FOM/898/2005, de 8 de abril, por la que se fijan las cuantas de los cnones ferroviarios establecidos en los artculos 74 y 75 la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.

1. La Orden FOM/898/2005 seguir siendo aplicable mientras que no se lleve a cabo la primera actualizacin de las cuantas de los cnones ferroviarios mediante el procedimiento establecido por el nuevo artculo 77 de la citada Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.

2. Para la elaboracin de esa primera actualizacin mediante el procedimiento del nuevo artculo 77 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, el administrador de infraestructuras ferroviarias tendr en cuenta los parmetros y criterios establecidos en la Orden FOM/898/2005, con las siguientes modificaciones:

Uno. La letra a) Canon de acceso (Modalidad A) del nmero 1 del artculo 1, tendr la siguiente redaccin:

a) Canon de acceso (Modalidad A). La cuanta por acceder a la Red Ferroviaria de Inters General se determina en funcin del tipo de tramos de red en los que se pretenden prestar los servicios y la declaracin de actividad realizada por el sujeto pasivo de acuerdo con el nivel de trfico previsto en cada uno de ellos.

Para cada uno de los niveles de trfico del anexo I, se establecern dos cuantas: una para los servicios que se lleven a cabo en lneas de categora A (segn el anexo II), y otra para aquellos que se produzcan en el resto de lneas.

Dos. La letra d) Canon por Trfico (Modalidad D) del nmero 1 del artculo 1, queda redactada de la siguiente manera:

d) Canon por Trfico (Modalidad D): Esta modalidad slo se aplica a los servicios de viajeros definidos en el anexo III, en funcin del valor econmico del servicio de transporte ferroviario prestado, medido en trminos de la capacidad ofertada (plazas-km distinguiendo por tipo de lnea y hora del da).

Se establecer un importe unitario para cada combinacin de tipo de lnea (segn el anexo II), tipo de servicio (segn el anexo III) y periodo horario (segn el anexo IV).

La cuanta del canon por trfico ser la que resulte de multiplicar los importes unitarios antes citados por cada 100 plazas-kilmetro ofertadas, o fraccin.

A los efectos de esta norma la capacidad ofertada en plazas-kilmetro ser el resultado de multiplicar el nmero total de plazas que tiene la composicin de un tren por los kilmetros totales recorridos.

Tres. El anexo I de la Orden FOM/898/2005 queda redactado como sigue:

ANEXO I
Nivel de trfico

Nivel

Millones de km/tren-ao

N1.A

≤ 0,2

N1.B

>0,2 y ≤ 0,5

N1.C

>0,5 y ≤ 1,0

N2.A

>1,0 y ≤ 2,5

N2.B

>2,5 y ≤ 5,0

N2.C

>5,0 y ≤ 10,0

N3.A

>10,0 y ≤ 15,0

N3.B

>15,0 y ≤ 20,0

N3.C

>20,0 y ≤ 30,0

N3.D

>30,0 y ≤ 40,0

N3.E

>40,0 y ≤ 50,0

N3.F

>50.

Cuatro. El anexo II de la Orden FOM/898/2005 queda redactado como sigue:

ANEXO II
Clasificacin de las lneas ferroviarias

Tipo de lnea

Velocidad Mxima de la Lnea

A

A.1

Lnea Madrid-Barcelona-Frontera Francesa (Lmite con la Seccin Internacional entre Figueras-Perpignan administrada por TP Ferro).

A.2

Resto de lneas con V mx > 250 Km/h en al menos 2/3 de su recorrido.

B

B.1

250 Km/h ≥ V max Lnea >200 Km/h en al menos 2/3 de su recorrido.

C

C.1

Ncleos de cercanas.

C.2

Resto de lneas.

La informacin anualizada sobre la clasificacin de lneas se incluir en la Declaracin sobre la Red que elabora el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias peridicamente.

a) El anexo III de la Orden FOM/898/2005 queda redactado como sigue:

ANEXO III
Caractersticas de los servicios y tipos de tren

Clase

Tipo

Caractersticas

Viajeros.

VL1

Servicios de larga distancia, excepto los designados como VL2, VL3 y VOT.

VL2

Servicios de larga distancia en relaciones de ancho variable, siempre que al menos un 10 % de su recorrido total discurra por lneas de ancho ibrico.

VL3

Servicios de larga distancia en relaciones transversales largas: recorridos superiores a 700 km que no tengan origen, destino o parada intermedia en Madrid y sus ramas.

VCM

– Servicios urbanos o suburbanos: los que discurren ntegramente dentro de un ncleo de cercanas.

– Servicios interurbanos: los que no siendo urbanos ni suburbanos tienen recorridos inferiores a 300 km. Se excluyen los trenes internacionales y las ramas de trenes de larga distancia.

– Servicios declarados como obligaciones de servicio pblico.

VOT

Trenes y material de viajeros sin pasajeros, incluidas mquinas aisladas, movimiento de trenes en vaco, formacin y pruebas.

Mercancas.

M

Todos los servicios de mercancas, incluidos los cargados, los vacos, las mquinas aisladas y pruebas.

Se entender por servicios de pruebas la circulacin de trenes que se realicen para la adecuacin y calibracin tcnica de vehculos ferroviarios de nueva fabricacin, o de vehculos nuevos o existentes, que necesiten autorizacin de puesta en servicio o de circulacin, as como para la calibracin de algunos de sus componentes.

3. A partir de la primera actualizacin de las cuantas mediante el procedimiento del artculo 77 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, y en tanto que no se aprueben las rdenes ministeriales a las que se hace referencia en el nuevo artculo 73.6 de dicha ley, seguir siendo aplicable la Orden FOM/898/2005, excepto en sus cuantas, con las modificaciones recogidas en el apartado anterior.

Disposicin adicional cuarta. Informe sobre las medidas relacionadas con los trabajadores a tiempo parcial.

El Gobierno elaborar en el plazo de un ao desde la entrada en vigor de este real decreto-ley un informe en relacin con el impacto que las medidas introducidas en el mismo hayan tenido sobre el conjunto de los trabajadores a tiempo parcial, en el que tambin podr formular propuestas de adaptacin en orden a un posible perfeccionamiento tanto de la cotizacin como de la accin protectora de dicho colectivo.

Disposicin transitoria primera. Prestaciones de la Seguridad Social denegadas y en trmite respecto de trabajadores a tiempo parcial.

1. Lo dispuesto en el apartado Uno del artculo 5 de este real decreto-ley ser igualmente de aplicacin para causar derecho a todas aquellas prestaciones que con anterioridad a su entrada en vigor hubiesen sido denegadas por no acreditar el perodo mnimo de cotizacin exigido en su caso. En el supuesto de cumplirse el perodo mnimo exigido con arreglo a la nueva regulacin, el hecho causante se entender producido en la fecha originaria, sin perjuicio de que los efectos econmicos del reconocimiento tengan una retroactividad mxima de tres meses desde la nueva solicitud, con el lmite en todo caso de la fecha de entrada en vigor.

2. Excepcionalmente, todas aquellas prestaciones cuya solicitud se encuentre en trmite en la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, se regirn por lo dispuesto en el mismo y su reconocimiento tendr efectos desde el hecho causante de la respectiva prestacin.

Disposicin transitoria segunda. Rgimen aplicable a procedimientos y expedientes en tramitacin.

1. Los procedimientos de movilidad geogrfica, modificacin sustancial de condiciones de trabajo, inaplicacin de las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable as como los procedimientos de despido colectivo y de suspensin de contratos y reduccin de jornada que estuvieran en tramitacin a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley se regirn por la normativa vigente en el momento de su inicio.

Lo dispuesto en los artculos 64.2 y 64.6 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, segn la redaccin dada por el presente real decreto-ley, ser aplicable a los procedimientos concursales que se encuentren en curso a la fecha de su entrada en vigor, para la tramitacin del expediente y adopcin de las medidas que se soliciten desde entonces y supongan la extincin, suspensin o modificacin colectiva de los contratos de trabajo.

2. Los expedientes de regulacin de empleo para la extincin o la suspensin de los contratos de trabajo o para la reduccin de jornada, resueltos por la Autoridad Laboral y con vigencia en su aplicacin a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley se regirn por la normativa en vigor cuando se dict la resolucin del expediente.

Disposicin transitoria tercera. Rgimen procesal aplicable a los despidos colectivos por causas econmicas, organizativas, tcnicas o de produccin o derivadas de fuerza mayor.

Lo dispuesto en el artculo 11 ser de aplicacin respecto de los procesos por despidos colectivos que se inicien a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley.

Disposicin derogatoria nica. Derogacin normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto-ley.

Disposicin final primera. Ttulo competencial.

Este real decreto-ley se dicta, en lo que respecta a su captulo I, al amparo del artculo 149.1.13., 20., 21. y 24. de la Constitucin espaola, que atribuyen al Estado la competencia sobre las Bases y coordinacin de la planificacin general de la actividad econmica, sobre el control del espacio areo, trnsito y transporte areo, sobre los ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de ms de una Comunidad Autnoma y sobre las obras pblicas de inters general.

Los captulos II, III y IV se dictan al amparo de lo dispuesto en el artculo 149.1.6., 7. y 17. de la Constitucin Espaola, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre la legislacin procesal, as como en materia de legislacin laboral, sin perjuicio de su ejecucin por los rganos de las Comunidades Autnomas, y de legislacin bsica y rgimen econmico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecucin de sus servicios por las Comunidades Autnomas, respectivamente.

Disposicin final segunda. Modificacin del Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las agencias de colocacin.

La letra f) del artculo 5 del Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las agencias de colocacin, queda modificada como sigue:

f) No subcontratar con terceros la realizacin de la actividad objeto de la autorizacin concedida, salvo que se trate de otras agencias de colocacin autorizadas.

Disposicin final tercera. Modificacin del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de proteccin por desempleo.

El apartado 2 del artculo 28 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de proteccin por desempleo, queda modificado en los siguientes trminos:

Cuando se produzca una causa de suspensin o extincin del derecho a la prestacin o subsidio por desempleo, el trabajador estar obligado a entregar en la correspondiente Oficina de Empleo la documentacin acreditativa de dicha causa. Cuando la causa de suspensin correspondiese a la realizacin de trabajos incompatibles con este derecho, tal circunstancia deber comunicarse con carcter previo al inicio de la prestacin de servicios.

Disposicin final cuarta. Modificacin del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensin de contratos y reduccin de jornada.

El Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensin de contratos y reduccin de jornada, queda modificado como sigue:

Uno. El apartado 1 del artculo 3 queda redactado como sigue:

1. Cualquiera que sea la causa alegada para los despidos colectivos, la comunicacin de inicio del periodo de consultas contendr los siguientes extremos:

a) La especificacin de las causas del despido colectivo, conforme a lo establecido en el artculo 1.

b) Nmero y clasificacin profesional de los trabajadores afectados por el despido. Cuando el procedimiento de despido colectivo afecte a ms de un centro de trabajo, esta informacin deber estar desglosada por centro de trabajo y, en su caso, provincia y Comunidad Autnoma.

c) Nmero y clasificacin profesional de los trabajadores empleados habitualmente en el ltimo ao. Cuando el procedimiento de despido colectivo afecte a ms de un centro de trabajo, esta informacin deber estar desglosada por centro de trabajo y, en su caso, provincia y Comunidad Autnoma.

d) Periodo previsto para la realizacin de los despidos.

e) Criterios tenidos en cuenta para la designacin de los trabajadores afectados por los despidos.

f) Copia de la comunicacin dirigida a los trabajadores o a sus representantes por la direccin de la empresa de su intencin de iniciar el procedimiento de despido colectivo.

g) Representantes de los trabajadores que integrarn la comisin negociadora o, en su caso, indicacin de la falta de constitucin de sta en los plazos legales.

Dos. El apartado 5 del artculo 4 queda redactado como sigue:

5. Cuando la empresa que inicia el procedimiento forme parte de un grupo de empresas, con obligacin de formular cuentas consolidadas cuya sociedad dominante tenga su domicilio en Espaa, debern acompaarse las cuentas anuales e informe de gestin consolidados de la sociedad dominante del grupo debidamente auditadas, en el caso de empresas obligadas a realizar auditoras, durante el periodo sealado en el apartado 2, siempre que existan saldos deudores o acreedores con la empresa que inicia el procedimiento. Si no existiera obligacin de formular cuentas consolidadas, adems de la documentacin econmica de la empresa que inicia el procedimiento a que se ha hecho referencia, debern acompaarse las de las dems empresas del grupo debidamente auditadas, en el caso de empresas obligadas a realizar auditoras, siempre que dichas empresas tengan su domicilio social en Espaa, tengan la misma actividad o pertenezcan al mismo sector de actividad y tengan saldos deudores o acreedores con la empresa que inicia el procedimiento.

Tres. Los apartados 1 y 2 del artculo 6 quedan redactados como sigue:

1. El empresario har llegar a la autoridad laboral, preferiblemente en soporte informtico, simultneamente a la comunicacin remitida a los representantes legales de los trabajadores, copia del escrito a que se refiere el artculo 2, as como la documentacin sealada en el artculo 3 y en los artculos 4 y 5, segn las causas del despido. Adems, deber acompaar copia del escrito de solicitud de informe a los representantes legales de los trabajadores a que se refiere el artculo 3.3.

2. Asimismo deber remitir la informacin sobre la composicin de las diferentes representaciones de los trabajadores, sobre los centros de trabajo sin representacin unitaria y, en su caso, las actas relativas a la atribucin de la representacin a la comisin mencionada en el artculo 27.

Cuatro. El apartado 2 del artculo 17 queda redactado como sigue:

2. La comunicacin de la apertura del periodo de consultas contendr los siguientes extremos:

a) La especificacin de las causas que motivan la suspensin de contratos o la reduccin de jornada.

b) Nmero y clasificacin profesional de los trabajadores afectados por las medidas de suspensin de contratos o reduccin de jornada. Cuando el procedimiento afecte a ms de un centro de trabajo, esta informacin deber estar desglosada por centro de trabajo y, en su caso, provincia y Comunidad Autnoma.

c) Nmero y clasificacin profesional de los trabajadores empleados habitualmente en el ltimo ao. Cuando el procedimiento de suspensin de contratos o reduccin de jornada afecte a ms de un centro de trabajo, esta informacin deber estar desglosada por centro de trabajo y, en su caso, provincia y Comunidad Autnoma.

d) Concrecin y detalle de las medidas de suspensin de contratos o reduccin de jornada.

e) Criterios tenidos en cuenta para la designacin de los trabajadores afectados por las medidas de suspensin de contratos o reduccin de jornada.

f) Copia de la comunicacin dirigida a los trabajadores o a sus representantes por la direccin de la empresa de su intencin de iniciar el procedimiento de suspensin de contratos o reduccin de jornada.

g) Representantes de los trabajadores que integrarn la comisin negociadora o, en su caso, indicacin de la falta de constitucin de sta en los plazos legales.

La referida comunicacin deber ir acompaada de una memoria explicativa de las causas de la suspensin de contratos o reduccin de jornada y restantes aspectos relacionados en este apartado.

Cinco. Los apartados 1 y 2 del artculo 19 quedan redactados como sigue:

1. El empresario har llegar a la autoridad laboral simultneamente a su entrega a los representantes legales de los trabajadores, copia de la comunicacin a que se refiere el artculo 17, as como la documentacin sealada en el artculo 18.

2. Asimismo deber remitir la informacin sobre la composicin de las diferentes representaciones de los trabajadores, sobre los centros de trabajo sin representacin unitaria y, en su caso, las actas relativas a la atribucin de la representacin a la comisin mencionada en el artculo 27.

Seis. El artculo 26 queda redactado del siguiente modo:

Estarn legitimados para intervenir como interlocutores ante la direccin de la empresa en el procedimiento de consultas a que se refiere este Reglamento los sujetos indicados en el artculo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores, en el orden y condiciones sealados en el mismo.

Siete. El artculo 27 queda redactado como sigue:

1. La consulta se llevar a cabo en una nica comisin negociadora, si bien, de existir varios centros de trabajo, quedar circunscrita a los centros afectados por el procedimiento. La comisin negociadora estar integrada por un mximo de trece miembros en representacin de cada una de las partes.

2. La comisin negociadora de los procedimientos en representacin de los trabajadores debern establecer en su acta de constitucin que se constituyen como rgano colegiado en cuanto a la formacin de su voluntad y el carcter vinculante de sus decisiones.

Ocho. El artculo 28 queda redactado como sigue:

1. Los acuerdos en el periodo de consultas requerirn la conformidad de la mayora de los miembros de la comisin negociadora que, en su conjunto, representen a la mayora de los trabajadores del centro o centros de trabajo afectados, para lo cual, se considerar el porcentaje de representacin que tenga, en cada caso, cada uno de sus integrantes.

Slo se considerar acuerdo colectivo en el periodo de consultas aquel que haya sido adoptado por los sujetos a que se refiere el artculo 26.

2. El empresario y la representacin de los trabajadores podrn acordar, en cualquier momento del periodo de consultas, la sustitucin del mismo por los procedimientos de mediacin o de arbitraje que sean de aplicacin en el mbito de la empresa, en particular los regulados en los acuerdos sobre solucin extrajudicial de conflictos laborales de nivel estatal o de nivel autonmico.

En todo caso, el procedimiento de mediacin o arbitraje deber desarrollarse dentro del plazo mximo de duracin establecido para la consulta con los representantes de los trabajadores.

Disposicin final quinta. Modificacin del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

Se aade la disposicin transitoria cuadragsimo segunda en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que queda redactado de la siguiente forma:

Disposicin transitoria cuadragsimo segunda. Aplicacin de la Decisin de la Comisin Europea de 17 de julio de 2013, relativa al rgimen fiscal aplicable a determinados acuerdos de arrendamiento financiero.

De acuerdo con lo establecido en los artculos 1 y 3 de la Decisin de la Comisin Europea de 17 de julio de 2013, relativa al rgimen fiscal aplicable a determinados acuerdos de arrendamiento financiero, las autorizaciones administrativas concedidas entre el 30 de abril de 2007 y el 29 de junio de 2011, en relacin con el apartado 11 del artculo 115 de esta Ley segn redaccin vigente a 31 de diciembre de 2012, y con el rgimen fiscal especial de entidades navieras en funcin del tonelaje, a favor de agrupaciones de inters econmico, reguladas por la Ley 12/1991, de 29 de abril, de agrupaciones de inters econmico, tendrn las siguientes especialidades:

a) Lo dispuesto en el apartado 11 del artculo 115 de esta Ley, segn redaccin vigente a 31 de diciembre de 2012, no resultar de aplicacin en la medida en que constituya ayuda de Estado incompatible en los trminos previstos por la referida Decisin.

b) No resultar de aplicacin el rgimen fiscal especial de entidades navieras en funcin del tonelaje a las agrupaciones de inters econmico, en la medida en que constituya ayuda de Estado incompatible en los trminos previstos por la referida Decisin.

Disposicin final sexta. Modificacin del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones pblicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros.

El Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones pblicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el apartado 3 del artculo 14 que queda redactado como sigue:

3. Las Entidades Locales a las que se hubieran aplicado las fases anteriores de este mecanismo debern, con fecha lmite 15 de septiembre de 2013, estar al corriente de sus obligaciones de pago con el Fondo para la Financiacin de los Pagos a Proveedores para poder formalizar una nueva operacin de endeudamiento con el mencionado Fondo de conformidad con lo previsto en este real decreto-ley.

Las Entidades Locales que no cumplieran con el requisito previsto en el prrafo anterior en la fecha mencionada, podrn acogerse a esta fase del mecanismo de pago a proveedores nicamente si con fecha lmite el 30 de septiembre de 2013 han presentado la solicitud a la que se refiere el artculo 32.

Dos. Se modifica el artculo 9 que queda redactado como sigue:

Artculo 9. Transferencias de las Comunidades Autnomas.

1. Se podrn incluir en esta nueva fase las obligaciones pendientes de pago con los proveedores siempre que sean vencidas, lquidas y exigibles, con anterioridad al 31 de mayo de 2013 y, estn contabilizadas de acuerdo con lo previsto en el artculo 11.

2. Adems de las relaciones jurdicas previstas en el artculo 3, se incluirn las transferencias de las Comunidades Autnomas a Entidades Locales hasta el lmite de las obligaciones pendientes de pago por parte de la Comunidad Autnoma a 31 diciembre de 2012, a las citadas Entidades, y siempre que la Entidad Local tenga obligaciones pendientes de pago que haya debido incluir en esta nueva fase del mecanismo.

3. No obstante, una vez determinada la cuanta final de la deuda de esta fase del mecanismo de financiacin para el pago a los proveedores de las Comunidades Autnomas y Entidades Locales, se podrn incluir en esta nueva fase las obligaciones pendientes de pago de los consejos comarcales con sus proveedores siempre que sean vencidas, lquidas y exigibles, con anterioridad al 31 de mayo de 2013, estn contabilizadas de acuerdo con lo previsto en el artculo 11, y deriven de alguna de las relaciones jurdicas previstas en el artculo 3 hasta el lmite de las obligaciones pendientes de pago por parte de la Comunidad Autnoma al consejo comarcal a 31 diciembre de 2012.

Para superar el lmite previsto en el prrafo anterior, ser necesario que la Comunidad Autnoma recabe el consentimiento del consejo comarcal y acuerde con l un plan de ajuste con medidas especficas y cuantificadas con un calendario de aplicacin que garanticen el reembolso de las cantidades derivadas de las operaciones de endeudamiento concertadas por la Comunidad Autnoma. Este plan de ajuste formar parte a su vez del plan de ajuste que la Comunidad Autnoma remita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas.

Mediante Acuerdo de la Comisin Delegada del Gobierno para Asuntos Econmicos se establecern los plazos y el procedimiento para que las obligaciones pendientes de pago de los consejos comarcales puedan ser atendidas con cargo a este mecanismo de acuerdo con lo previsto en este real decreto-ley.

Disposicin final sptima. Modificacin de disposiciones reglamentarias.

Las determinaciones incluidas en normas reglamentarias que son objeto de modificacin por este real decreto-ley podrn ser modificadas en el futuro por normas de rango reglamentario correspondiente a la norma en que figuran.

Disposicin final octava. Incorporacin de Derecho comunitario.

Mediante este real decreto-ley se incorpora al Derecho espaol parcialmente la Directiva 2012/34/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012 por la que se establece un espacio ferroviario europeo nico.

Disposicin final novena. Habilitacin normativa.

Se habilita al Gobierno para dictar las disposiciones y adoptar las medidas necesarias para el desarrollo y ejecucin de lo dispuesto en el presente real decreto-ley.

Disposicin final dcima. Entrada en vigor.

El presente real decreto-ley entrar en vigor el da siguiente al de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

Dado en Madrid, el 2 de agosto de 2013.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

MARIANO RAJOY BREY

ANEXO I
Importes ejercicio 2013 de las tarifas de las prestaciones patrimoniales de carcter pblico de Aena Aeropuertos, S.A

1. Aterrizaje y servicios de trnsito de aerdromo

Cuantas unitarias:

Aeropuerto

Tarifa unitaria de aterrizaje

Euros

Tarifa unitaria servicios trnsito de aerdromo

Euros

Madrid-Barajas.

8,387050

3,515400

Barcelona-El Prat.

7,388850

3,493700

Alicante, Gran Canaria, Mlaga-Costa del Sol, Palma de Mallorca y Tenerife Sur.

7,009100

3,428600

Bilbao, Fuerteventura, Girona, Ibiza, Lanzarote, Menorca, Santiago, Sevilla, Tenerife Norte y Valencia.

5,880700

3,146500

A Corua, Almera, Asturias, FGL Granada-Jan, Jerez, La Palma, Murcia-San Javier, Reus, Santander, Vigo y Zaragoza.

4,307450

2,462950

Albacete, Algeciras, Badajoz, Burgos, Ceuta, Crdoba, Cuatro Vientos, Hierro, Huesca-Pirineos, La Gomera, Len, Logroo, Melilla, Pamplona, Sabadell, Salamanca, San Sebastin, Son Bonet, Torrejn, Valladolid, Vitoria y resto de aeropuertos gestionados por Aena Aeropuertos S.A.

2,842700

2,094050

Importe mnimo a pagar por operacin en concepto de aterrizaje y de servicios de trnsito de aerdromo:

Aeropuerto

Importe mnimo por operacin - aterrizaje

Euros

Importe mnimo por operacin - servicios trnsito de aerdromo

Euros

Madrid-Barajas.

154,62

71,88

Barcelona-El Prat.

136,19

71,48

Alicante, Gran Canaria, Mlaga-Costa del Sol, Palma de Mallorca y Tenerife Sur.

96,92

51,20

Bilbao, Fuerteventura, Girona, Ibiza, Lanzarote, Menorca, Santiago, Sevilla, Tenerife Norte y Valencia.

16,29

8,71

A Corua, Almera, Asturias, FGL Granada-Jan, Jerez, La Palma, Murcia-San Javier, Reus, Santander, Vigo y Zaragoza.

10,82

6,18

Albacete, Algeciras, Badajoz, Burgos, Ceuta, Crdoba, Cuatro Vientos, Hierro, Huesca-Pirineos, La Gomera, Len, Logroo, Melilla, Pamplona, Sabadell, Salamanca, San Sebastin, Son Bonet, Torrejn, Valladolid, Vitoria y resto de aeropuertos gestionados por Aena Aeropuertos S.A.

5,86

4,31

Vuelos de escuela y entrenamiento:

Aeropuerto

Tarifa unitaria de aterrizaje

Euros

Tarifa unitaria de servicios de transito de aerdromo

Euros

Madrid-Barajas.

5,913250

3,895150

Barcelona-El Prat.

5,696250

3,873450

Alicante, Gran Canaria, Mlaga-Costa del Sol, Palma de Mallorca y Tenerife Sur.

5,110350

3,808350

Bilbao, Fuerteventura, Girona, Ibiza, Lanzarote, Menorca, Santiago, Sevilla, Tenerife Norte y Valencia.

5,110350

3,493700

A Corua, Almera, Asturias, FGL Granada-Jan, Jerez, La Palma, Murcia-San Javier, Reus, Santander, Vigo y Zaragoza.

4,567850

2,745050

Albacete, Algeciras, Badajoz, Burgos, Ceuta, Crdoba, Cuatro Vientos, Hierro, Huesca-Pirineos, La Gomera, Len, Logroo, Melilla, Pamplona, Sabadell, Salamanca, San Sebastin, Son Bonet, Torrejn, Valladolid, Vitoria y resto de aeropuertos gestionados por Aena Aeropuertos S.A.

4,036200

2,321900

Operaciones fuera del horario operativo del aeropuerto:

• Tarifa unitaria aterrizaje: 31,106950 €/Tm.

• Tarifa unitaria servicios de transito de aerdromo: Las cuantas correspondientes al importe mnimo por operacin en servicios trnsito de aerdromo.

2. Pasajeros, PMRs y seguridad

Aeropuerto

Cuanta Pasajero

Cuanta de Seguridad Aeroportuaria

Euros

Cuanta PMR

Euros

EEE

Euros

Internacional

Euros

Madrid-Barajas.

15,67

22,18

3,75

0,61

Barcelona-El Prat.

14,58

17,84

3,75

0,61

Alicante, Gran Canaria, Palma de Mallorca, Mlaga-Costa del Sol y Tenerife Sur.

6,50

9,80

3,75

0,61

Bilbao, Fuerteventura, Ibiza, Lanzarote, Menorca, Santiago, Sevilla, Tenerife Norte y Valencia.

5,54

8,32

3,75

0,61

A Corua, Almera, Asturias, FGL Granada-Jan, Girona, Jerez, La Palma, Murcia-San Javier, Reus, Santander, Vigo y Zaragoza.

3,97

5,96

3,75

0,61

Albacete, Algeciras, Badajoz, Burgos, Ceuta, Crdoba, Cuatro Vientos, El Hierro, Huesca-Pirineos, La Gomera, Len, Logroo, Melilla, Pamplona, Sabadell, Salamanca, San Sebastin, Son Bonet, Torrejn, Valladolid, Vitoria y resto de aeropuertos gestionados por Aena Aeropuertos S.A.

2,60

3,90

3,75

0,61

Hasta la entrada en vigor de lo dispuesto en el artculo segundo de la Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenacin de los Transportes Terrestres y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Area, relativo a Modificacin de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Area, por la colaboracin prestada por la Agencia Estatal de Seguridad Area en los servicios relacionados con la inspeccin y control de equipajes, las cuantas correspondientes a la contraprestacin de seguridad aeroportuaria se incrementarn en 0,38 euros por cada pasajero de salida.

Las cantidades recaudadas por Aena Aeropuertos, S.A. por este concepto se ingresarn en la Agencia Estatal de Seguridad Area.

3. Carga

El importe se determinar a razn de 0,018956 euros por cada kilogramo de mercanca cargada o descargada en el recinto aeroportuario.

4. Estacionamiento de aeronaves

En los aeropuertos de Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Alicante, Gran Canaria, Mlaga-Costa del Sol, Palma de Mallorca, Tenerife Sur, Bilbao, Fuerteventura, Girona, Ibiza, Lanzarote, Menorca, Santiago, Sevilla, Tenerife Norte y Valencia, la cuanta de la contraprestacin de estacionamiento, en funcin del peso y el tiempo de permanencia de la aeronave en posicin de estacionamiento, ser el resultado de aplicar la siguiente frmula:

E = e*Tm*Ft

Donde:

E: contraprestacin total a pagar por el servicio.

e: coeficiente unitario.

Tm: peso mximo al despegue de la aeronave, expresado en toneladas.

Ft: tiempo de estancia de la aeronave en posicin de estacionamiento expresado en periodos de 15 minutos o fraccin.

El importe de los coeficientes unitarios ser el siguiente:

Aeropuerto

Por periodos de 15 minutos o fraccin

Euros

Madrid-Barajas.

0,127770

Barcelona-El Prat.

0,121881

Alicante, Gran Canaria, Mlaga-Costa del Sol, Palma de Mallorca y Tenerife Sur.

0,120770

Bilbao, Fuerteventura, Girona, Ibiza, Lanzarote, Menorca, Santiago, Sevilla, Tenerife Norte y Valencia.

0,067107

El importe mximo de la contraprestacin de estacionamiento en los aeropuertos anteriormente citados no podr ser superior a 1.614 € durante las primeras 24 horas de estancia.

A partir del segundo da de estancia, el importe mximo de la contraprestacin de estacionamiento en los aeropuertos anteriormente citados no podr ser superior a 880 € por cada 24 horas de estacionamiento adicionales.

En los aeropuertos de A Corua, Albacete, Algeciras, Almera, Asturias, Badajoz, Burgos, Ceuta, Crdoba, Cuatro Vientos, Hierro, Huesca-Pirineos, FGL Granada-Jan, Jerez, La Gomera, La Palma, Len, Logroo, Melilla, Murcia-San Javier, Pamplona, Reus, Sabadell, Salamanca, San Sebastin, Santander, Son Bonet, Torrejn, Valladolid, Vigo, Vitoria, Zaragoza, y resto de aeropuertos gestionados por Aena Aeropuertos S.A las cuantas de la contraprestacin de estacionamiento aplicable por da o fraccin de tiempo de estacionamiento superior a tres horas, en funcin del peso mximo al despegue de la aeronave, sern las siguientes:

Aeronaves hasta 10 Tm

Aeronaves de ms de 10 Tm

Hasta 2

De 2 a 10

0,898304

1,556027

7,778529

Euros por aeronave/da o fraccin

Euros por Tm. por da o fraccin

5. Combustibles y lubricantes

El importe de la contraprestacin se determinar aplicando al volumen de combustible o lubricante suministrado, las cuantas unitarias siguientes:

Queroseno: 0,004273 €/litro.

Gasolina de Aviacin: 0,007270 €/litro.

Lubricantes. 0,007270 €/litro.

6. Pasarelas telescpicas

El importe de la presente contraprestacin, en funcin del peso y el tiempo de permanencia de la aeronave en posicin de pasarela, ser el resultado de aplicar la siguiente frmula:

P = (p1 + p2*Tm)*Ft

Donde:

P: contraprestacin total a pagar por el servicio.

p1: cuanta unitaria por tiempo de estancia en pasarela.

p2: cuanta por peso de la aeronave y tiempo de estancia en pasarela.

Tm: peso mximo al despegue de la aeronave, expresado en toneladas, conforme se define en el artculo 2 de la presente Ley.

Ft: tiempo de estancia de la aeronave en pasarela expresado en periodos de 15 minutos o fraccin.

Las cuantas unitarias de los elementos p1 y p2 son las siguientes:

p1

Euros

p2

Euros

Madrid-Barajas.

33,231163

0,00

Barcelona-El Prat.

30,128606

0,00

Alicante, Gran Canaria, Mlaga-Costa del Sol, Palma de Mallorca y Tenerife Sur.

26,496460

0,00

Bilbao, Fuerteventura, Girona, Ibiza, Lanzarote, Menorca, Santiago, Sevilla, Tenerife Norte y Valencia.

25,477319

0,00

A Corua, Almera, Asturias, FGL Granada-Jan, Jerez, La Palma, Murcia-San Javier, Reus, Santander, Vigo y Zaragoza.

25,477319

0,00

Albacete, Algeciras, Badajoz, Burgos, Ceuta, Crdoba, Cuatro Vientos, Hierro, Huesca-Pirineos, La Gomera, Len, Logroo, Melilla, Pamplona, Sabadell, Salamanca, San Sebastin, Son Bonet, Torrejn, Valladolid, Vitoria y resto de aeropuertos gestionados por Aena Aeropuertos S.A.

25,477319

0,00

7. Servicios de asistencia en tierra

La cuanta de la contraprestacin regulada en esta seccin ser la siguiente, en funcin de los servicios de asistencia en tierra que lleve a cabo el obligado al pago:

a) Asistencia a la aeronave:

1.1 Servicios de rampa.

1.1.1 Servicios de asistencia de equipajes, grupo de servicios nmero 3: 62,98 € por cada aeronave cuyo peso mximo al despegue est comprendido entre 56 y 71 toneladas mtricas o fraccin.

1.1.2 Servicios de asistencia a las operaciones en pista, grupo de servicios nmero 5: 20,00 € por cada aeronave cuyo peso mximo al despegue est comprendido entre 56 y 71 toneladas mtricas o fraccin.

1.2 Servicios de asistencia de limpieza y servicio de la aeronave, grupo de servicios nmero 6 excepto la asistencia de limpieza de la nieve, el hielo y la escarcha de la aeronave: 10,98 € por cada aeronave cuyo peso mximo al despegue est comprendido entre 56 y 71 toneladas mtricas o fraccin.

1.3 Servicios de asistencia de limpieza de la nieve, el hielo y la escarcha de la aeronave, parte del grupo 6.b): 2,98 € por cada aeronave cuyo peso mximo al despegue est comprendido entre 56 y 71 toneladas mtricas o fraccin.

1.4 Servicios de asistencia de mantenimiento en lnea, grupo de servicios nmero 8: 2,98 € por cada aeronave cuyo peso mximo al despegue est comprendido entre 56 y71 toneladas mtricas o fraccin.

1.5 Servicios de asistencia de mayordoma (catering), grupo de servicios nmero 11: las cuantas en euros por cada aeronave cuyo peso mximo al despegue est comprendido entre 56 y 71 toneladas mtricas o fraccin sern las siguientes:

Aeropuerto

EEE

Euros

Internacional

Euros

Madrid-Barajas.

29,88

49,80

Barcelona-El Prat.

20,92

34,86

Alicante, Gran Canaria, Mlaga-Costa del Sol, Palma de Mallorca y Tenerife Sur.

19,42

32,37

Bilbao, Fuerteventura, Girona, Ibiza, Lanzarote, Menorca, Santiago, Sevilla, Tenerife Norte y Valencia.

14,94

24,90

A Corua, Almera, Asturias, FGL Granada-Jan, Jerez, La Palma, Murcia-San Javier, Reus, Santander, Vigo y Zaragoza.

10,46

17,43

Albacete, Algeciras, Badajoz, Burgos, Ceuta, Crdoba, Cuatro Vientos, Hierro, Huesca-Pirineos, La Gomera, Len, Logroo, Melilla, Pamplona, Sabadell, Salamanca, San Sebastin, Son Bonet, Torrejn, Valladolid, Vitoria y resto de aeropuertos gestionados por Aena Aeropuertos S.A.

5,98

9,96

Cuando el peso mximo al despegue de las aeronaves no se encuentre comprendido entre 56 y 71 toneladas mtricas, a las cuantas anteriores se le aplicarn los siguientes coeficientes en funcin del intervalo de peso en el que se encuentre incluida la aeronave:

Intervalo de peso mximo al despegue (Tm)

Coeficiente

Aeronaves entre 0 y menos de 16 Tm

13,16%

Aeronaves entre 16 y menos de 22 Tm o fraccin

17,51%

Aeronaves entre 22 y menos de 38 Tm o fraccin

28,04%

Aeronaves entre 38 y menos de 56 Tm o fraccin

77,88%

Aeronaves entre 56 y menos de 72 Tm o fraccin

100,00%

Aeronaves entre 72 y menos de 86 Tm o fraccin

120,33%

Aeronaves entre 86 y menos de 121 Tm o fraccin

135,30%

Aeronaves entre 121 y menos de 164 Tm o fraccin

150,28%

Aeronaves entre 164 y menos de 191 Tm o fraccin

179,37%

Aeronaves entre 191 y menos de 231 Tm o fraccin

202,50%

Aeronaves entre 231 y menos de 300 Tm o fraccin

264,81%

Aeronaves de ms de 300 Tm o fraccin

314,64%

b) Servicios de asistencia al pasajero, grupo de servicios nmero 2: 0,0438 € por cada pasajero de salida.

Análisis

  • Rango: Real Decreto-ley
  • Fecha de disposición: 02/08/2013
  • Fecha de publicación: 03/08/2013
  • Entrada en vigor: 4 de agosto de 2013.
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • SE DECLARA, en el Recurso 6368/2013, inconstitucionales y nulos los arts. 7 y 8.5, por Sentencia 27/2015, de 19 de febrero (Ref. BOE-A-2015-2828).
  • SE PUBLICA Acuerdo de convalidacin, por Resolucin de 12 de septiembre de 2013 (Ref. BOE-A-2013-9635).
Referencias anteriores
  • MODIFICA:
    • Arts. 9 y 14.3 del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio (Ref. BOE-A-2013-7063).
    • Lo indicado del anexo III de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2012-15651).
    • Arts. 3.1, 4.5, 6.1 y 2, 17.2, 19.1 y 2, 26, 27 y 28 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre (Ref. BOE-A-2012-13419).
    • los arts. 124 y 247.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre (Ref. BOE-A-2011-15936).
    • Art. 5.f) del Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-2010-20151).
    • Art. 1.1.a) y d) y los anexos I a III de la Orden FOM/898/2005, de 8 de abril (Ref. BOE-A-2005-5755).
    • Art. 27.4 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre (Ref. BOE-A-2003-23102).
    • Arts. 21.l), 73, 77, 81.1.j) y AADE la disposicin adicional 12 a la Ley 39/2003, de 17 de noviembre (Ref. BOE-A-2003-20978).
    • Art. 64.2 y 6 de la Ley 22/2003, de 9 de julio (Ref. BOE-A-2003-13813).
    • Art. 92.2.c) de la Ley 21/2003, de 7 de julio (Ref. BOE-A-2003-13616).
    • Arts. 22.13, 24, 25.3, 47 y 48.5 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto (Ref. BOE-A-2000-15060).
    • Arts. 40.2, 41.4, 47.1, 51.2 y 4 y 82.3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (Ref. BOE-A-1995-7730).
    • Arts. 207, 209, 212, 213.1.g), 215, 231.1.h), 233.c) y la disposicin adicional 7.1 de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Ref. BOE-A-1994-14960).
    • Art. 28.2 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril (Ref. BOE-A-1985-8124).
  • AADE la disposicin transitoria 42 a a Ley del Impuesto de Sociedades, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo (Ref. BOE-A-2004-4456).
  • TRANSPONE parcialmente la Directiva 2012/34/UE, de 21de noviembre (Ref. DOUE-L-2012-82548).
Materias
  • Accidentes
  • Administracin Local
  • Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
  • Aeropuertos Espaoles y Navegacin Area
  • Aeropuertos y aerdromos
  • Agencias de colocacin
  • Arrendamiento Financiero
  • Banca
  • Contratos de trabajo
  • Cotizacin a la Seguridad Social
  • Crditos Presupuestarios
  • Desempleo
  • Despidos
  • Empleo
  • Estatuto de los Trabajadores
  • Ferrocarriles
  • Financiacin de las Comunidades Autnomas
  • Impuesto sobre Sociedades
  • Incapacidades laborales
  • Jornada laboral
  • Negociacin colectiva
  • Pagos
  • Pensiones
  • Prstamos
  • Procedimiento concursal
  • Procedimiento Laboral
  • Procedimiento sancionador
  • Red Ferroviaria de Inters General
  • Seguridad Social
  • Sentencias
  • Subsidio de desempleo
  • Tarifas
  • Tasas
  • Trabajadores
  • Viviendas

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