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Documento BOE-A-2009-19949

Ley Orgnica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgnica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espaa y su integracin social.

TEXTO

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgnica.

PREMBULO

I

La Ley Orgnica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espaa y su integracin social ha sido reformada en tres ocasiones desde su aprobacin; en concreto, ha sido reformada por las Leyes Orgnicas 8/2000, de 22 de diciembre, 11/2003, de 29 de septiembre y 14/2003, de 20 de noviembre.

De todas las reformas que ha tenido la indicada Ley Orgnica cabe destacar, por su mayor calado, la que se llev a cabo pocos meses despus de su entrada en vigor a travs de la Ley Orgnica 8/2000, de 22 de diciembre. Algunos de los cambios que introdujo esta ltima ley motivaron la presentacin de varios recursos de inconstitucionalidad contra la misma.

El Tribunal Constitucional ha resuelto los indicados recursos de inconstitucionalidad, entre otras, en las sentencias 236/2007, de 7 de noviembre, y 259/2007, de 19 de diciembre, reconociendo que la exigencia que la indicada ley impona a los extranjeros para el ejercicio de los derechos fundamentales de reunin, asociacin, sindicacin y huelga, de que tuvieran residencia legal en Espaa, constitua una restriccin injustificada y, por tanto, contraria a la Constitucin, ya que segn la misma los indicados derechos alcanzan a todas las personas por el hecho de serlo.

Consecuentemente con ello, el Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad de los artculos de la ley Orgnica 4/2000 que regulaban los indicados derechos fundamentales.

II

Por otro lado, ha ido creciendo el nmero de normas comunitarias que afectan al Derecho de Extranjera de los Estados europeos; as pues, cada vez son ms las normas que se aprueban en la Unin Europea, en materia de inmigracin, que deben ser incorporadas a nuestro ordenamiento jurdico. En este orden de cuestiones, cabe destacar la firma del Pacto Europeo sobre Inmigracin y Asilo, refrendado en el Consejo Europeo de 16 de octubre de 2008 por los 27 pases miembros de la Unin Europea, en el cual se establecen como principales objetivos conseguir una inmigracin legal y ordenada, luchar contra la inmigracin ilegal y favorecer la integracin de los inmigrantes legales mediante un equilibrio de derechos y deberes.

La presente Ley asume esta realidad como algo positivo en el convencimiento de que es necesario contar con un marco normativo europeo comn en materia de inmigracin.

Hasta el momento presente estaban pendientes de incorporacin a nuestro ordenamiento jurdico las Directivas que se han aprobado con posterioridad a la ltima reforma de la Ley 4/2000, de 11 de enero, realizada en diciembre de 2003, siendo estas las siguientes:

a) Directiva 2003/110/CE, del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, sobre la asistencia en casos de trnsito a efectos de repatriacin o alejamiento por va area. (DOUE de 6 de diciembre de 2003).

b) Directiva 2003/109/CE, del Consejo, de 25 de noviembre, de 2003, relativa al Estatuto de los nacionales de terceros pases residentes de larga duracin (DOUE de 23 de enero de 2004).

c) Directiva 2004/81/CE, del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la expedicin de un permiso de residencia a nacionales de terceros pases que sean vctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una accin de ayuda a la inmigracin ilegal que cooperen con las autoridades competentes (DOUE de 6 de agosto de 2004).

d) Directiva 2004/82/CE, del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la obligacin de los transportistas de comunicar los datos de las personas transportadas (DOUE de 6 de agosto de 2004).

e) Directiva 2004/114/CE, de 13 de diciembre de 2004, del Consejo, relativa a los requisitos de admisin de los nacionales de terceros pases a efectos de estudios, intercambio de alumnos, prcticas no remuneradas o servicios de voluntariado (DOUE de 23 de diciembre de 2004).

f) Directiva 2005/71/CE, de 12 de octubre de 2005, del Consejo, relativa a un procedimiento especfico de admisin de los nacionales de terceros pases a efectos de investigacin cientfica (DOUE de 3 de noviembre de 2005).

g) Directiva 2008/115/CEE, de 16 de diciembre de 2008, del Parlamento Europeo y el Consejo, relativa a las normas y procedimientos en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros pases en situacin de estancia ilegal (DOUE de 24 de diciembre de 2008).

h) Directiva 2009/50/CE, del Consejo, de 25 de mayo de 2009, relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros pases para fines de empleo altamente cualificado (DOUE de 18 de junio de 2009).

i) Directiva 2009/52/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, por la que se establecen normas mnimas sobre las sanciones y medidas aplicables a los empleadores de nacionales de terceros pases en situacin irregular (DOUE de 30 de junio de 2009).

En todo caso, conviene sealar que, aunque nuestra legislacin es anterior a la aprobacin de las indicadas directivas, muchos de los aspectos que se regulan en las mismas ya estn recogidos en nuestro ordenamiento jurdico, bien en la Ley 4/2000, de 11 de enero, en su redaccin actual, o bien en el Reglamento de la misma que fue aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre.

Igualmente, resulta determinante a estos efectos la ratificacin y entrada en vigor en nuestro pas de las obligaciones dimanantes del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos (Convenio n. 197 del Consejo de Europa), hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005.

III

La inmigracin es una realidad que est en constante cambio. Por ello, el legislador est obligado a adaptar su normativa reguladora, si quiere que la misma proporcione soluciones efectivas a los nuevos retos que se plantean.

Adems, el fenmeno migratorio ha adquirido tal dimensin en Espaa y tiene tales repercusiones en el orden econmico, social y cultural que exige que por parte de los poderes pblicos se desarrolle una actuacin decidida en diversos frentes, incluido el normativo. Por lo tanto, los poderes pblicos deben ordenar y canalizar legalmente los flujos migratorios de tal manera que los mismos se ajusten a nuestra capacidad de acogida y a las necesidades reales de nuestro mercado de trabajo.

Por otra parte, Espaa est firmemente comprometida con la defensa de los derechos humanos, por lo que los poderes pblicos deben favorecer la plena integracin de los inmigrantes en nuestro pas y garantizar la convivencia y la cohesin social entre los inmigrantes y la poblacin autctona.

IV

As pues, tres son las causas que justifican la reforma que se propone de la Ley Orgnica 4/2000, de 11 de enero, en su redaccin actual:

a) La necesidad de incorporar a dicha Ley Orgnica la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, dando para ello una nueva redaccin acorde con la Constitucin, a los artculos de la misma que se han declarado inconstitucionales.

b) La necesidad de incorporar a nuestro ordenamiento jurdico, a travs de la indicada Ley Orgnica, las Directivas europeas sobre inmigracin que estn pendientes de transposicin o que no se han transpuesto plenamente.

c) La necesidad de adaptar la referida Ley Orgnica a la nueva realidad migratoria en Espaa, que presenta unas caractersticas y plantea unos retos diferentes de los que existan cuando se aprob la ltima reforma de la ley.

V

Por otra parte, los objetivos que se persiguen con esta reforma son los siguientes:

1. Establecer un marco de derechos y libertades de los extranjeros que garantice a todos el ejercicio pleno de los derechos fundamentales.

2. Perfeccionar el sistema de canalizacin legal y ordenada de los flujos migratorios laborales, reforzando la vinculacin de la capacidad de acogida de trabajadores inmigrantes a las necesidades del mercado de trabajo.

3. Aumentar la eficacia de la lucha contra la inmigracin irregular, reforzando los medios e instrumentos de control y los sancionadores, especialmente por lo que se refiere a quienes faciliten el acceso o permanencia de la inmigracin ilegal en Espaa, agravando el rgimen sancionador en este caso y, reforzando los procedimientos de devolucin de los extranjeros que han accedido ilegalmente a nuestro pas.

4. Reforzar la integracin como uno de los ejes centrales de la poltica de inmigracin que, teniendo en cuenta el acervo de la Unin Europea en materia de inmigracin y proteccin internacional, apuesta por lograr un marco de convivencia de identidades y culturas.

5. Adaptar la normativa a las competencias de ejecucin laboral previstas en los Estatutos de Autonoma que inciden en el rgimen de autorizacin inicial de trabajo, y a las competencias estatutarias en materia de acogida e integracin, as como potenciar la coordinacin de las actuaciones de las Administraciones Pblicas con competencias que, asimismo, inciden en materia de inmigracin y reforzar la cooperacin entre ellas con el fin de prestar un servicio ms eficaz y de mejor calidad a los ciudadanos.

Dado que durante el ltimo periodo legislativo se han aprobado diversas reformas en los Estatutos de Autonoma de las Comunidades Autnomas que, por primera vez, incorporan competencias vinculadas a la inmigracin, es lgico que se adapte su marco regulador al nuevo reparto competencial. Asimismo, atendido dicho reparto competencial, parece imprescindible que en esta Ley se concreten los niveles competenciales en un artculo, como lo es el nuevo artculo 2 bis, que define genricamente los principios ordenadores de las polticas de inmigracin en Espaa.

6. Reforzar e institucionalizar el dilogo con las organizaciones de inmigrantes y con otras organizaciones con inters e implantacin en el mbito migratorio, incluyendo entre ellas a las organizaciones sindicales y empresariales ms representativas, en la definicin y desarrollo de la poltica migratoria.

VI

La presente Ley Orgnica tiene un nico artculo, recogindose en el mismo todas las modificaciones que se introducen en la Ley Orgnica 4/2000, de 11 de enero, tanto en el articulado como en sus disposiciones adicionales. Adems, la Ley tiene varias disposiciones finales y una nica disposicin derogatoria.

La Ley Orgnica 4/2000, de 11 de enero, que se reforma, mantiene su estructura articulada que se integra en un Ttulo Preliminar, artculos 1 al 2 ter, dedicado a las Disposiciones Generales, un Ttulo I, artculos 3 al 24, dedicado a los derechos y libertades de los extranjeros, un Ttulo II, artculos 25 al 49, dedicado al rgimen jurdico de las situaciones de los extranjeros, un Ttulo III, artculos 50 al 66, dedicado a las infracciones en materia de extranjera y su rgimen sancionador y un Ttulo IV, artculos 67 al 72, dedicado a la coordinacin de los poderes pblicos; adems, tiene nueve disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y diez finales.

VII

Las modificaciones que se introducen en la Ley Orgnica 4/2000, de 11 de enero, mediante la presente Ley Orgnica afectan a todos los ttulos de la misma.

Resulta conveniente hacer una precisin de carcter general que afecta a distintos artculos sobre los trminos de residencia o residente, que en todo caso deben entenderse referidos a una situacin de estancia o residencia legal, esto es, conforme a los requisitos que se establecen y que, por tanto, habilitan a la permanencia del extranjero en nuestro pas en cualquiera de las situaciones reguladas. Cuando se omite la alusin a la situacin de estancia o residencia, como sucede para el ejercicio de los derechos fundamentales, es precisamente porque dicha situacin no debe exigirse.

En el Ttulo Preliminar se introduce un nuevo artculo 2 bis en el que se define la poltica migratoria, se establecen los principios y ejes de actuacin de la misma y se indica su marco competencial, y un nuevo artculo 2 ter que ordena los principios y actuaciones en materia de integracin de los inmigrantes.

En el Ttulo I se introducen importantes modificaciones con el fin de perfilar lo que debe ser el marco de derechos y libertades de los extranjeros, junto a las correspondientes obligaciones, que implique el reconocimiento de los derechos fundamentales a los extranjeros cualquiera que sea su situacin en Espaa, as como el establecimiento de un sistema progresivo de acceso a los otros derechos basado en el refuerzo del estatus jurdico a medida que aumenta el periodo de residencia legal.

Destaca en este Ttulo la nueva regulacin de los derechos de reunin y manifestacin, asociacin, sindicacin y huelga que podrn ejercerse de acuerdo con la Constitucin Espaola, en los trminos sealados por el Tribunal Constitucional, as como la nueva regulacin que se hace de los derechos de educacin, que se reconoce plenamente hasta los dieciocho aos, as como el de asistencia jurdica gratuita, en cuya regulacin se ha tenido en cuenta, adems de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, las recomendaciones del Defensor del Pueblo. No obstante, debe sealarse igualmente que, segn la propia interpretacin del Tribunal Constitucional, ningn derecho es absoluto, lo que significa que el Estado mantiene toda la capacidad para imponer lmites a la permanencia de los extranjeros cuando sta no se sustenta en una residencia legal.

Tambin destaca en este Ttulo la nueva regulacin que se da al derecho de reagrupacin familiar; el cambio fundamental que se introduce es que los beneficiarios de la reagrupacin, en lnea con lo que ocurre en la mayora de los pases de nuestro entorno, se acotan bsicamente a los familiares que integran la familia nuclear; la novedad en este caso es que, dentro de esta categora de familiares, se incluye a la pareja que tenga con el reagrupante una relacin de afectividad anloga a la conyugal, y que a estos reagrupados se les facilita el acceso inmediato al mercado de trabajo. En cambio, esta reforma lleva a que la reagrupacin de los ascendientes se limite, como norma general, a los mayores de sesenta y cinco aos, previendo que puedan existir razones humanitarias que la permitan con una edad inferior.

En el Ttulo II se introducen importantes modificaciones, la mayora de ellas consecuencia de la transposicin de las Directivas europeas, destacando sobre todo las que incorporan nuevas situaciones de los extranjeros, las que estn orientadas a perfeccionar el estatuto de los residentes de larga duracin, las que estn dirigidas a aumentar la eficacia de lucha contra la inmigracin irregular, destacando entre ellas la creacin de un registro para controlar las entradas y salidas. Cabe destacar tambin el nuevo artculo referido a las mujeres extranjeras vctimas de violencia de gnero, que les ofrece la posibilidad de obtener una autorizacin por circunstancias excepcionales y que pretende facilitar la denuncia de estos hechos. La Ley introduce tambin modificaciones para perfeccionar el sistema de canalizacin legal y ordenada de los flujos migratorios, apostndose de nuevo por una inmigracin ordenada en un marco de legalidad y consolidndose la poltica de inmigracin que vincula la llegada de nuevos inmigrantes a las necesidades del mercado de trabajo. En este sentido, entre otras medidas, se regula con mayor nivel de concrecin la situacin nacional de empleo en el catlogo de ocupaciones de difcil cobertura y se limitan las autorizaciones iniciales a una ocupacin y mbito territorial. Mencin especial merecen las modificaciones que se realizan en relacin a la integracin de los menores extranjeros no acompaados, que propician un mejor tratamiento de la situacin del menor, y que van, desde la posibilidad de su repatriacin al pas de origen, hasta garantizar, cuando sta no resulte la respuesta idnea, las mejores condiciones para asegurar la plena integracin de los mismos en la sociedad espaola, que debe ser un objetivo expreso del conjunto de las polticas llevadas a cabo por las distintas Administraciones pblicas.

En el Ttulo III, con el objetivo de reforzar la lucha contra la inmigracin irregular se prevn nuevas infracciones para evitar actuaciones fraudulentas, tales como los matrimonios de conveniencia, la promocin de la inmigracin irregular por medios indirectos o el falseamiento de los datos para el empadronamiento. Con la misma finalidad se propone el aumento de las sanciones econmicas para todas las infracciones. Asimismo, se introducen determinadas modificaciones con el fin de dotar de mayor eficacia y ms garantas, a las medidas de suspensin y devolucin; tambin se contempla la ampliacin del plazo de internamiento que pasara a los 60 das desde los 40 que se aplican actualmente, as como se mejora la seguridad jurdica de los afectados, por estas medidas con la concesin de un plazo de cumplimiento voluntario de la orden de expulsin.

En el Ttulo IV se introducen determinadas modificaciones con el fin de reforzar la coordinacin y cooperacin de las Administraciones Pblicas en materia de inmigracin y de institucionalizar en esta materia la participacin de las organizaciones sindicales y empresariales ms representativas.

Entre las modificaciones que se introducen destacan la incorporacin a la Ley de la Conferencia Sectorial de Inmigracin, como uno de los cauces ms eficaces para canalizar la cooperacin entre la Administracin General del Estado y las Comunidades Autnomas, as como la exigencia de una actuacin coordinada de ambas Administraciones Pblicas, cuando la Comunidad Autnoma hubiera asumido competencias en materia de autorizacin inicial de trabajo.

Otra modificacin importante es que la Ley reconoce e institucionaliza la Comisin Laboral Tripartita como cauce institucional para establecer el dialogo con las organizaciones sindicales y empresariales ms representativas en materia de inmigracin.

VIII

En coherencia con lo expuesto, se considera que esta reforma de la Ley Orgnica 4/2000, de 11 de enero, permitir que en Espaa se desarrolle una poltica migratoria integral, integrada y sostenible que es la que se necesita para los prximos aos.

Artculo nico. Modificacin de la Ley Orgnica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espaa y su integracin social.

La Ley Orgnica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espaa y su integracin social, queda redactada como sigue:

Uno. El apartado 3 del artculo 1 queda redactado de la siguiente manera:

3. Los nacionales de los Estados miembros de la Unin Europea y aquellos a quienes sea de aplicacin el rgimen comunitario se regirn por las normas que lo regulan, sindoles de aplicacin la presente Ley en aquellos aspectos que pudieran ser ms favorables.

Dos. La letra b) del artculo 2 queda redactada de la siguiente manera:

b) Los representantes, delegados y dems miembros de las Misiones permanentes o de las Delegaciones ante los Organismos intergubernamentales con sede en Espaa o en Conferencias internacionales que se celebren en Espaa, as como sus familiares.

Tres. Se introduce un nuevo artculo 2 bis con la siguiente redaccin:

Artculo 2 bis. La poltica inmigratoria.

1. Corresponde al Gobierno, de conformidad con lo previsto en el artculo 149.1.2. de la Constitucin, la definicin, planificacin, regulacin y desarrollo de la poltica de inmigracin, sin perjuicio de las competencias que puedan ser asumidas por las Comunidades Autnomas y por las Entidades Locales.

2. Todas las Administraciones Pblicas basarn el ejercicio de sus competencias vinculadas con la inmigracin en el respeto a los siguientes principios:

a) la coordinacin con las polticas definidas por la Unin Europea;

b) la ordenacin de los flujos migratorios laborales, de acuerdo con las necesidades de la situacin nacional del empleo;

c) la integracin social de los inmigrantes mediante polticas transversales dirigidas a toda la ciudadana;

d) la igualdad efectiva entre mujeres y hombres;

e) la efectividad del principio de no discriminacin y, consecuentemente, el reconocimiento de iguales derechos y obligaciones para todos aquellos que vivan o trabajen legalmente en Espaa, en los trminos previstos en la Ley;

f) la garanta del ejercicio de los derechos que la Constitucin, los tratados internacionales y las leyes reconocen a todas las personas;

g) la lucha contra la inmigracin irregular y la persecucin del trfico ilcito de personas;

h) la persecucin de la trata de seres humanos;

i) la igualdad de trato en las condiciones laborales y de Seguridad Social;

j) la promocin del dilogo y la colaboracin con los pases de origen y trnsito de inmigracin, mediante acuerdos marco dirigidos a ordenar de manera efectiva los flujos migratorios, as como a fomentar y coordinar las iniciativas de cooperacin al desarrollo y codesarrollo.

3. El Estado garantizar el principio de solidaridad, consagrado en la Constitucin, atendiendo a las especiales circunstancias de aquellos territorios en los que los flujos migratorios tengan una especial incidencia.

Cuatro. Se introduce un nuevo artculo 2 ter con la siguiente redaccin:

Artculo 2 ter. Integracin de los inmigrantes.

1. Los poderes pblicos promovern la plena integracin de los extranjeros en la sociedad espaola, en un marco de convivencia de identidades y culturas diversas sin ms lmite que el respeto a la Constitucin y la ley.

2. Las Administraciones Pblicas incorporarn el objetivo de la integracin entre inmigrantes y sociedad receptora, con carcter transversal a todas las polticas y servicios pblicos, promoviendo la participacin econmica, social, cultural y poltica de las personas inmigrantes, en los trminos previstos en la Constitucin, en los Estatutos de Autonoma y en las dems leyes, en condiciones de igualdad de trato.

Especialmente, procurarn, mediante acciones formativas, el conocimiento y respeto de los valores constitucionales y estatutarios de Espaa, de los valores de la Unin Europea, as como de los derechos humanos, las libertades pblicas, la democracia, la tolerancia y la igualdad entre mujeres y hombres, y desarrollarn medidas especficas para favorecer la incorporacin al sistema educativo, garantizando en todo caso la escolarizacin en la edad obligatoria, el aprendizaje del conjunto de lenguas oficiales, y el acceso al empleo como factores esenciales de integracin.

3. La Administracin General del Estado cooperar con las Comunidades Autnomas, las Ciudades de Ceuta y Melilla y los Ayuntamientos para la consecucin de las finalidades descritas en el presente artculo, en el marco de un plan estratgico plurianual que incluir entre sus objetivos atender a la integracin de los menores extranjeros no acompaados. En todo caso, la Administracin General del Estado, las Comunidades Autnomas y los Ayuntamientos colaborarn y coordinarn sus acciones en este mbito tomando como referencia sus respectivos planes de integracin.

4. De conformidad con los criterios y prioridades del Plan Estratgico de Inmigracin, el Gobierno y las Comunidades autnomas acordarn en la Conferencia Sectorial de Inmigracin programas de accin bienales para reforzar la integracin social de los inmigrantes. Tales programas sern financiados con cargo a un fondo estatal para la integracin de los inmigrantes, que se dotar anualmente, y que podr incluir frmulas de cofinanciacin por parte de las Administraciones receptoras de las partidas del fondo.

Cinco. El apartado 2 del artculo 3 queda redactado de la siguiente manera:

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales de los extranjeros sern interpretadas de conformidad con la Declaracin Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias vigentes en Espaa, sin que pueda alegarse la profesin de creencias religiosas o convicciones ideolgicas o culturales de signo diverso para justificar la realizacin de actos o conductas contrarios a las mismas.

Seis. El artculo 4 queda redactado de la siguiente manera:

Artculo 4. Derecho a la documentacin.

1. Los extranjeros que se encuentren en territorio espaol tienen el derecho y el deber de conservar la documentacin que acredite su identidad, expedida por las autoridades competentes del pas de origen o de procedencia, as como la que acredite su situacin en Espaa.

2. Todos los extranjeros a los que se haya expedido un visado o una autorizacin para permanecer en Espaa por un perodo superior a seis meses, obtendrn la tarjeta de identidad de extranjero, que debern solicitar personalmente en el plazo de un mes desde su entrada en Espaa o desde que se conceda la autorizacin, respectivamente. Estarn exceptuados de dicha obligacin los titulares de un visado de residencia y trabajo de temporada.

Reglamentariamente se desarrollarn los supuestos en que se podr obtener dicha tarjeta de identidad cuando se haya concedido una autorizacin para permanecer en Espaa por un periodo no superior a seis meses.

3. Los extranjeros no podrn ser privados de su documentacin, salvo en los supuestos y con los requisitos previstos en esta Ley Orgnica y en la Ley Orgnica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Proteccin de la Seguridad Ciudadana.

Siete. El artculo 5 queda redactado de la siguiente manera:

Artculo 5. Derecho a la libertad de circulacin.

1. Los extranjeros que se hallen en Espaa de acuerdo con lo establecido en el Ttulo II de esta Ley, tendrn derecho a circular libremente por el territorio espaol y a elegir su residencia sin ms limitaciones que las establecidas con carcter general por los tratados y las leyes, o las acordadas por la autoridad judicial, con carcter cautelar o en un proceso penal o de extradicin en el que el extranjero tenga la condicin de imputado, vctima o testigo, o como consecuencia de sentencia firme.

2. No obstante, podrn establecerse medidas limitativas especficas cuando se acuerden en la declaracin de estado de excepcin o de sitio, en los trminos previstos en la Constitucin, y, excepcionalmente por razones de seguridad pblica, de forma individualizada, motivada y en proporcin a las circunstancias que concurran en cada caso, por resolucin del Ministro del Interior, adoptada de acuerdo con las garantas jurdicas del procedimiento sancionador previsto en la Ley. Las medidas limitativas, cuya duracin no exceder del tiempo imprescindible y proporcional a la persistencia de las circunstancias que justificaron la adopcin de las mismas, podrn consistir en la presentacin peridica ante las autoridades competentes y en el alejamiento de fronteras o ncleos de poblacin concretados singularmente.

Ocho. El artculo 6 queda redactado de la siguiente manera:

Artculo 6. Participacin pblica.

1. Los extranjeros residentes en Espaa podrn ser titulares del derecho de sufragio, en las elecciones municipales, en los trminos establecidos en la Constitucin, en los tratados internacionales, en su caso, y en la Ley.

2. Los extranjeros residentes, empadronados en un municipio, tienen todos los derechos establecidos por tal concepto en la legislacin de bases de rgimen local, pudiendo ser odos en los asuntos que les afecten de acuerdo con lo que disponga la normativa de aplicacin.

3. Los Ayuntamientos incorporarn al padrn a los extranjeros que tengan su domicilio habitual en el municipio y mantendrn actualizada la informacin relativa a los mismos.

4. Los poderes pblicos facilitarn el ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en los procesos electorales democrticos del pas de origen.

Nueve. El apartado 1 del artculo 7 queda redactado de la siguiente manera:

1. Los extranjeros tienen el derecho de reunin en las mismas condiciones que los espaoles.

Diez. El artculo 8 queda redactado de la siguiente manera:

Artculo 8. Libertad de asociacin.

Todos los extranjeros tienen el derecho de asociacin en las mismas condiciones que los espaoles.

Once. El artculo 9 queda redactado de la siguiente manera:

Artculo 9. Derecho a la educacin.

1. Los extranjeros menores de diecisis aos tienen el derecho y el deber a la educacin, que incluye el acceso a una enseanza bsica, gratuita y obligatoria. Los extranjeros menores de dieciocho aos tambin tienen derecho a la enseanza posobligatoria.

Este derecho incluye la obtencin de la titulacin acadmica correspondiente y el acceso al sistema pblico de becas y ayudas en las mismas condiciones que los espaoles.

En caso de alcanzar la edad de dieciocho aos en el transcurso del curso escolar, conservarn ese derecho hasta su finalizacin.

2. Los extranjeros mayores de dieciocho aos que se hallen en Espaa tienen derecho a la educacin de acuerdo con lo establecido en la legislacin educativa. En todo caso, los extranjeros residentes mayores de dieciocho aos tienen el derecho a acceder a las dems etapas educativas posobligatorias, a la obtencin de las titulaciones correspondientes, y al sistema pblico de becas en las mismas condiciones que los espaoles.

3. Los poderes pblicos promovern que los extranjeros puedan recibir enseanzas para su mejor integracin social.

4. Los extranjeros residentes que tengan en Espaa menores a su cargo en edad de escolarizacin obligatoria, debern acreditar dicha escolarizacin, mediante informe emitido por las autoridades autonmicas competentes, en las solicitudes de renovacin de su autorizacin o en su solicitud de residencia de larga duracin.

Doce. El artculo 10 queda redactado de la siguiente manera:

Artculo 10. Derecho al trabajo y a la Seguridad Social.

1. Los extranjeros residentes que renan los requisitos previstos en esta Ley Orgnica y en las disposiciones que la desarrollen tienen derecho a ejercer una actividad remunerada por cuenta propia o ajena, as como a acceder al sistema de la Seguridad Social, de conformidad con la legislacin vigente.

2. Los extranjeros podrn acceder al empleo pblico en los trminos previstos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Bsico del Empleado Pblico.

Trece. El artculo 11 queda redactado de la siguiente manera:

Artculo 11. Libertad de sindicacin y huelga.

1. Los extranjeros tienen derecho a sindicarse libremente o a afiliarse a una organizacin profesional, en las mismas condiciones que los trabajadores espaoles.

2. Los extranjeros podrn ejercer el derecho a la huelga en las mismas condiciones que los espaoles.

Catorce. El artculo 12 queda redactado de la siguiente manera:

Artculo 12. Derecho a la asistencia sanitaria.

1. Los extranjeros que se encuentren en Espaa, inscritos en el padrn del municipio en el que tengan su domicilio habitual, tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los espaoles.

2. Los extranjeros que se encuentren en Espaa tienen derecho a la asistencia sanitaria pblica de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, y a la continuidad de dicha atencin hasta la situacin de alta mdica.

3. Los extranjeros menores de dieciocho aos que se encuentren en Espaa tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los espaoles.

4. Las extranjeras embarazadas que se encuentren en Espaa tienen derecho a la asistencia sanitaria durante el embarazo, parto y postparto.

Quince. El artculo 13 queda redactado de la siguiente manera:

Artculo 13. Derechos en materia de vivienda.

Los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a los sistemas pblicos de ayudas en materia de vivienda en los trminos que establezcan las leyes y las Administraciones competentes. En todo caso, los extranjeros residentes de larga duracin tienen derecho a dichas ayudas en las mismas condiciones que los espaoles.

Diecisis. El artculo 14 queda redactado de la siguiente manera:

Artculo 14. Derecho a la Seguridad Social y a los servicios sociales.

1. Los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social en las mismas condiciones que los espaoles.

2. Los extranjeros residentes tienen derecho a los servicios y a las prestaciones sociales, tanto a las generales y bsicas como a las especficas, en las mismas condiciones que los espaoles. En cualquier caso, los extranjeros con discapacidad, menores de dieciocho aos, que tengan su domicilio habitual en Espaa, tendrn derecho a recibir el tratamiento, servicios y cuidados especiales que exija su estado fsico o psquico.

3. Los extranjeros, cualquiera que sea su situacin administrativa, tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales bsicas.

Diecisiete. El apartado 2 del artculo 15 queda redactado de la siguiente manera:

2. Los extranjeros tienen derecho a transferir sus ingresos y ahorros obtenidos en Espaa a su pas, o a cualquier otro, conforme a los procedimientos establecidos en la legislacin espaola y de conformidad con los acuerdos internacionales aplicables. El Gobierno adoptar las medidas necesarias para facilitar dichas transferencias.

Dieciocho. El artculo 17 queda redactado de la siguiente manera:

Artculo 17. Familiares reagrupables.

1. El extranjero residente tiene derecho a reagrupar con l en Espaa a los siguientes familiares:

a) El cnyuge del residente, siempre que no se encuentre separado de hecho o de derecho, y que el matrimonio no se haya celebrado en fraude de ley. En ningn caso podr reagruparse a ms de un cnyuge aunque la ley personal del extranjero admita esta modalidad matrimonial. El extranjero residente que se encuentre casado en segundas o posteriores nupcias por la disolucin de cada uno de sus anteriores matrimonios slo podr reagrupar con l al nuevo cnyuge si acredita que la disolucin ha tenido lugar tras un procedimiento jurdico que fije la situacin del cnyuge anterior y de sus hijos comunes en cuanto al uso de la vivienda comn, a la pensin compensatoria a dicho cnyuge y a los alimentos que correspondan a los hijos menores, o mayores en situacin de dependencia. En la disolucin por nulidad, debern haber quedado fijados los derechos econmicos del cnyuge de buena fe y de los hijos comunes, as como la indemnizacin, en su caso.

b) Los hijos del residente y del cnyuge, incluidos los adoptados, siempre que sean menores de dieciocho aos o personas con discapacidad que no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades debido a su estado de salud. Cuando se trate de hijos de uno solo de los cnyuges se requerir, adems, que ste ejerza en solitario la patria potestad o que se le haya otorgado la custodia y estn efectivamente a su cargo. En el supuesto de hijos adoptivos deber acreditarse que la resolucin por la que se acord la adopcin rene los elementos necesarios para producir efecto en Espaa.

c) Los menores de dieciocho aos y los mayores de esa edad que no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades, debido a su estado de salud, cuando el residente extranjero sea su representante legal y el acto jurdico del que surgen las facultades representativas no sea contrario a los principios del ordenamiento espaol.

d) Los ascendientes en primer grado del reagrupante y de su cnyuge cuando estn a su cargo, sean mayores de sesenta y cinco aos y existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en Espaa. Reglamentariamente se determinarn las condiciones para la reagrupacin de los ascendientes de los residentes de larga duracin en otro Estado miembro de la Unin Europea, de los trabajadores titulares de la tarjeta azul de la U.E. y de los beneficiarios del rgimen especial de investigadores. Excepcionalmente, cuando concurran razones de carcter humanitario, podr reagruparse al ascendiente menor de sesenta y cinco aos si se cumplen las dems condiciones previstas en esta Ley.

2. Los extranjeros que hubieran adquirido la residencia en virtud de una previa reagrupacin podrn, a su vez, ejercer el derecho de reagrupacin de sus propios familiares, siempre que cuenten ya con una autorizacin de residencia y trabajo, obtenida independientemente de la autorizacin del reagrupante, y acrediten reunir los requisitos previstos en esta Ley Orgnica.

3. Cuando se trate de ascendientes reagrupados, stos slo podrn ejercer, a su vez, el derecho de reagrupacin familiar tras haber obtenido la condicin de residentes de larga duracin y acreditado solvencia econmica.

Excepcionalmente, el ascendiente reagrupado que tenga a su cargo un o ms hijos menores de edad, o hijos con discapacidad que no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades debido a su estado de salud, podr ejercer el derecho de reagrupacin en los trminos dispuestos en el apartado segundo de este artculo, sin necesidad de haber adquirido la residencia de larga duracin.

4. La persona que mantenga con el extranjero residente una relacin de afectividad anloga a la conyugal se equiparar al cnyuge a todos los efectos previstos en este captulo, siempre que dicha relacin est debidamente acreditada y rena los requisitos necesarios para producir efectos en Espaa.

En todo caso, las situaciones de matrimonio y de anloga relacin de afectividad se considerarn incompatibles entre s.

No podr reagruparse a ms de una persona con anloga relacin de afectividad, aunque la ley personal del extranjero admita estos vnculos familiares.

5. Reglamentariamente, se desarrollarn las condiciones para el ejercicio del derecho de reagrupacin as como para acreditar, a estos efectos, la relacin de afectividad anloga a la conyugal.

Diecinueve. El artculo 18 queda redactado de la siguiente manera:

Artculo 18. Requisitos para la reagrupacin familiar.

1. Los extranjeros podrn ejercer el derecho a la reagrupacin familiar cuando hayan obtenido la renovacin de su autorizacin de residencia inicial, con excepcin de la reagrupacin de los familiares contemplados en el artculo 17.1 d) de esta Ley, que solamente podrn ser reagrupados a partir del momento en que el reagrupante adquiera la residencia de larga duracin.

La reagrupacin de los familiares de residentes de larga duracin, de los trabajadores titulares de la tarjeta azul de la U.E. y de los beneficiarios del rgimen especial de investigadores, podr solicitarse y concederse, simultneamente, con la solicitud de residencia del reagrupante. Cuando tengan reconocida esta condicin en otro Estado miembro de la Unin Europea, la solicitud podr presentarse en Espaa o desde el Estado de la Unin Europea donde tuvieran su residencia, cuando la familia estuviera ya constituida en aqul.

2. El reagrupante deber acreditar, en los trminos que se establezcan reglamentariamente, que dispone de vivienda adecuada y de medios econmicos suficientes para cubrir sus necesidades y las de su familia, una vez reagrupada.

En la valoracin de los ingresos a efectos de la reagrupacin, no computarn aquellos provenientes del sistema de asistencia social, pero se tendrn en cuenta otros ingresos aportados por el cnyuge que resida en Espaa y conviva con el reagrupante.

Las Comunidades Autnomas o, en su caso, los Ayuntamientos informarn sobre la adecuacin de la vivienda a los efectos de reagrupacin familiar.

Las Administraciones Pblicas promovern la participacin de los reagrupados en programas de integracin socio-cultural y de carcter lingstico.

3. Cuando los familiares a reagrupar sean menores en edad de escolarizacin obligatoria, la Administracin receptora de las solicitudes deber comunicar a las autoridades educativas competentes una previsin sobre los procedimientos iniciados de reagrupacin familiar, a los efectos de habilitar las plazas necesarias en los centros escolares correspondientes.

Veinte. Se introduce un nuevo artculo 18 bis con la siguiente redaccin:

Artculo 18 bis. Procedimiento para la reagrupacin familiar.

1. El extranjero que desee ejercer el derecho a la reagrupacin familiar deber solicitar una autorizacin de residencia por reagrupacin familiar a favor de los miembros de su familia que desee reagrupar, pudiendo solicitarse de forma simultnea la renovacin de la autorizacin de residencia y la solicitud de reagrupacin familiar.

2. En caso de que el derecho a la reagrupacin se ejerza por residentes de larga duracin en otro Estado miembro de la Unin Europea que residan en Espaa, la solicitud podr presentarse por los familiares reagrupables, aportando prueba de residencia como miembro de la familia del residente de larga duracin en el primer Estado miembro.

Veintiuno. El artculo 19 queda redactado de la siguiente manera:

Artculo 19. Efectos de la reagrupacin familiar en circunstancias especiales.

1. La autorizacin de residencia por reagrupacin familiar de la que sean titulares el cnyuge e hijos reagrupados cuando alcancen la edad laboral, habilitar para trabajar sin necesidad de ningn otro trmite administrativo.

2. El cnyuge reagrupado podr obtener una autorizacin de residencia independiente cuando disponga de medios econmicos suficientes para cubrir sus propias necesidades.

En caso de que la cnyuge reagrupada fuera vctima de violencia de gnero, sin necesidad de que se haya cumplido el requisito anterior, podr obtener la autorizacin de residencia y trabajo independiente, desde el momento en que se hubiera dictado a su favor una orden de proteccin o, en su defecto, informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de gnero.

3. Los hijos reagrupados podrn obtener una autorizacin de residencia independiente cuando alcancen la mayora de edad y dispongan de medios econmicos suficientes para cubrir sus propias necesidades.

4. Reglamentariamente se determinar la forma y la cuanta de los medios econmicos considerados suficientes para que los familiares reagrupados puedan obtener una autorizacin independiente.

5. En caso de muerte del reagrupante, los familiares reagrupados podrn obtener una autorizacin de residencia independiente en las condiciones que se determinen.

Veintids. El artculo 22 queda redactado de la siguiente manera:

Artculo 22. Derecho a la asistencia jurdica gratuita.

1. Los extranjeros que se hallen en Espaa tienen derecho a la asistencia jurdica gratuita en los procesos en los que sean parte, cualquiera que sea la jurisdiccin en la que se sigan, en las mismas condiciones que los ciudadanos espaoles.

2. Los extranjeros que se hallen en Espaa tienen derecho a asistencia letrada en los procedimientos administrativos que puedan llevar a su denegacin de entrada, devolucin, o expulsin del territorio espaol y en todos los procedimientos en materia de proteccin internacional, as como a la asistencia de intrprete si no comprenden o hablan la lengua oficial que se utilice. Estas asistencias sern gratuitas cuando carezcan de recursos econmicos suficientes segn los criterios establecidos en la normativa reguladora del derecho de asistencia jurdica gratuita.

3. En los procesos contencioso-administrativos contra las resoluciones que pongan fin a la va administrativa en materia de denegacin de entrada, devolucin o expulsin, el reconocimiento del derecho a la asistencia jurdica gratuita requerir la oportuna solicitud realizada en los trminos previstos en las normas que regulan la asistencia jurdica gratuita. La constancia expresa de la voluntad de interponer el recurso o ejercitar la accin correspondiente deber realizarse de conformidad con lo previsto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, o en caso de que el extranjero pudiera hallarse privado de libertad, en la forma y ante el funcionario pblico que reglamentariamente se determinen.

A los efectos previstos en este apartado, cuando el extranjero tuviera derecho a la asistencia jurdica gratuita y se encontrase fuera de Espaa, la solicitud de la misma y, en su caso, la manifestacin de la voluntad de recurrir, podrn realizarse ante la misin diplomtica u oficina consular correspondiente.

Veintitrs. La letra a) del apartado 2 del artculo 23 queda redactada de la siguiente manera:

a) Los efectuados por la autoridad o funcionario pblico o personal encargado de un servicio pblico, que en el ejercicio de sus funciones, por accin u omisin, realice cualquier acto discriminatorio prohibido por la ley contra un extranjero slo por su condicin de tal o por pertenecer a una determinada raza, religin, etnia o nacionalidad.

Veinticuatro. Se introduce un nuevo apartado 5 en el artculo 25, que queda redactado de la siguiente manera:

5. La entrada en territorio nacional de los extranjeros a los que no les sea de aplicacin el rgimen comunitario, podr ser registrada por las autoridades espaolas a los efectos de control de su perodo de permanencia legal en Espaa, de conformidad con la Ley Orgnica 15/1999, de 13 de diciembre, de proteccin de datos de carcter personal.

Veinticinco. El artculo 25 bis queda redactado de la siguiente manera:

Artculo 25 bis. Tipos de visado.

1. Los extranjeros que se propongan entrar en territorio espaol debern estar provistos de visado, vlidamente expedido y en vigor, extendido en su pasaporte o documento de viaje o, en su caso, en documento aparte, salvo lo dispuesto en el apartado 2 del artculo 25 de esta Ley.

2. Los visados a que se refiere el apartado anterior sern de una de las clases siguientes:

a) Visado de trnsito, que habilita a transitar por la zona de trnsito internacional de un aeropuerto espaol o a atravesar el territorio espaol. No ser exigible la obtencin de dicho visado en casos de trnsito de un extranjero a efectos de repatriacin o alejamiento por va area solicitado por un Estado miembro de la Unin Europea o por un tercer estado que tenga suscrito con Espaa un acuerdo internacional sobre esta materia.

b) Visado de estancia, que habilita para una estancia ininterrumpida o estancias sucesivas por un perodo o suma de perodos cuya duracin total no exceda de tres meses por semestre a partir de la fecha de la primera entrada.

c) Visado de residencia, que habilita para residir sin ejercer actividad laboral o profesional.

d) Visado de residencia y trabajo, que habilita para la entrada y estancia por un perodo mximo de tres meses y para el comienzo, en ese plazo, de la actividad laboral o profesional para la que hubiera sido previamente autorizado. En este tiempo deber producirse el alta del trabajador en la Seguridad Social, que dotar de eficacia a la autorizacin de residencia y trabajo, por cuenta propia o ajena. Si transcurrido el plazo no se hubiera producido el alta, el extranjero quedar obligado a salir del territorio nacional, incurriendo, en caso contrario, en la infraccin contemplada en el artculo 53.1.a) de esta Ley.

e) Visado de residencia y trabajo de temporada, que habilita para trabajar por cuenta ajena hasta nueve meses en un perodo de doce meses consecutivos.

f) Visado de estudios, que habilita a permanecer en Espaa para la realizacin de cursos, estudios, trabajos de investigacin o formacin, intercambio de alumnos, prcticas no laborales o servicios de voluntariado, no remunerados laboralmente.

g) Visado de investigacin, que habilita al extranjero a permanecer en Espaa para realizar proyectos de investigacin en el marco de un convenio de acogida firmado con un organismo de investigacin.

3. Reglamentariamente, se desarrollarn los diferentes tipos de visados.

Veintisis. El artculo 27, apartado 1, queda redactado de la siguiente manera:

1. El visado se solicitar y expedir en las Misiones Diplomticas y Oficinas Consulares de Espaa, salvo en los supuestos excepcionales que se contemplen reglamentariamente o en los supuestos en los que el Estado espaol, de acuerdo con la normativa comunitaria sobre la materia, haya acordado su representacin con otro Estado miembro de la Unin Europea en materia de visados de trnsito o estancia.

Veintisiete. El artculo 27, apartado 6, queda redactado de la siguiente manera:

6. La denegacin de visado deber ser motivada cuando se trate de visados de residencia para reagrupacin familiar o para el trabajo por cuenta ajena, as como en el caso de visados de estancia o de trnsito. Si la denegacin se debe a que el solicitante del visado est incluido en la lista de personas no admisibles prevista en el Convenio de aplicacin del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1990, se le comunicar as de conformidad con las normas establecidas por dicho Convenio. La resolucin expresar los recursos que contra la misma procedan, rgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.

Veintiocho. El artculo 28 queda redactado de la siguiente manera:

Artculo 28. De la salida de Espaa.

1. Las salidas del territorio espaol podrn realizarse libremente, excepto en los casos previstos en el Cdigo Penal y en la presente Ley. La salida de los extranjeros a los que no les sea de aplicacin el rgimen comunitario, podr ser registrada por las autoridades espaolas a los efectos de control de su perodo de permanencia legal en Espaa de conformidad con la Ley Orgnica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccin de Datos de Carcter Personal.

2. Excepcionalmente, el Ministro del Interior podr prohibir la salida del territorio espaol por razones de seguridad nacional o de salud pblica. La instruccin y resolucin de los expedientes de prohibicin tendr siempre carcter individual.

3. La salida ser obligatoria en los siguientes supuestos:

a) Expulsin del territorio espaol por orden judicial, en los casos previstos en el Cdigo Penal.

b) Expulsin o devolucin acordadas por resolucin administrativa en los casos previstos en la presente Ley.

c) Denegacin administrativa de las solicitudes formuladas por el extranjero para continuar permaneciendo en territorio espaol, o falta de autorizacin para encontrarse en Espaa.

d) Cumplimiento del plazo en el que un trabajador extranjero se hubiera comprometido a regresar a su pas de origen en el marco de un programa de retorno voluntario.

Veintinueve. El ttulo del Captulo II queda redactado de la siguiente manera:

CAPTULO II

De la Autorizacin de estancia y de residencia

Treinta. El apartado 2 del artculo 29 queda redactado de la siguiente manera:

2. Las diferentes situaciones de los extranjeros en Espaa podrn acreditarse mediante pasaporte o documento de viaje que acredite su identidad, visado o tarjeta de identidad de extranjero, segn corresponda.

Treinta y uno. El apartado 1 del artculo 30 queda redactado de la siguiente manera:

1. Estancia es la permanencia en territorio espaol por un perodo de tiempo no superior a 90 das, sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 33 para la admisin a efectos de estudios, intercambio de alumnos, prcticas no laborales o servicios de voluntariado.

Treinta y dos. El apartado 2 del artculo 30 bis queda redactado de la siguiente manera:

2. Los residentes podrn encontrarse en la situacin de residencia temporal o de residencia de larga duracin.

Treinta y tres. El artculo 31 queda redactado de la siguiente manera:

Artculo 31. Situacin de residencia temporal.

1. La residencia temporal es la situacin que autoriza a permanecer en Espaa por un perodo superior a 90 das e inferior a cinco aos. Las autorizaciones de duracin inferior a cinco aos podrn renovarse, a peticin del interesado, atendiendo a las circunstancias que motivaron su concesin. La duracin de las autorizaciones iniciales de residencia temporal y de las renovaciones se establecer reglamentariamente.

2. La autorizacin inicial de residencia temporal que no comporte autorizacin de trabajo se conceder a los extranjeros que dispongan de medios suficientes para s y, en su caso, para los de su familia. Reglamentariamente se establecern los criterios para determinar la suficiencia de dichos medios.

3. La Administracin podr conceder una autorizacin de residencia temporal por situacin de arraigo, as como por razones humanitarias, de colaboracin con la Justicia u otras circunstancias excepcionales que se determinen reglamentariamente.

En estos supuestos no ser exigible el visado.

4. La autorizacin inicial de residencia temporal y trabajo, que autorizar a realizar actividades lucrativas por cuenta propia y/o ajena, se conceder de acuerdo a lo dispuesto por los artculos 36 y siguientes de esta Ley.

5. Para autorizar la residencia temporal de un extranjero ser preciso que carezca de antecedentes penales en Espaa o en los pases anteriores de residencia, por delitos existentes en el ordenamiento espaol, y no figurar como rechazable en el espacio territorial de pases con los que Espaa tenga firmado un convenio en tal sentido.

6. Los extranjeros con autorizacin de residencia temporal vendrn obligados a poner en conocimiento de las autoridades competentes los cambios de nacionalidad, estado civil y domicilio.

7. Para la renovacin de las autorizaciones de residencia temporal, se valorar en su caso:

a) Los antecedentes penales, considerando la existencia de indultos o las situaciones de remisin condicional de la pena o la suspensin de la pena privativa de libertad.

b) El incumplimiento de las obligaciones del extranjero en materia tributaria y de seguridad social.

A los efectos de dicha renovacin, se valorar especialmente el esfuerzo de integracin del extranjero que aconseje su renovacin, acreditado mediante un informe positivo de la Comunidad Autnoma que certifique la asistencia a las acciones formativas contempladas en el artculo 2 ter de esta Ley.

Treinta y cuatro. Se aade un nuevo artculo 31 bis con la siguiente redaccin:

Artculo 31 bis. Residencia temporal y trabajo de mujeres extranjeras vctimas de violencia de gnero.

1. Las mujeres extranjeras vctimas de violencia de gnero, cualquiera que sea su situacin administrativa, tienen garantizados los derechos reconocidos en la Ley Orgnica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Proteccin Integral contra la Violencia de Gnero, as como las medidas de proteccin y seguridad establecidas en la legislacin vigente.

2. Si al denunciarse una situacin de violencia de gnero contra una mujer extranjera se pusiera de manifiesto su situacin irregular, el expediente administrativo sancionador incoado por infraccin del artculo 53.1.a) de esta Ley ser suspendido por el instructor hasta la resolucin del procedimiento penal.

3. La mujer extranjera que se halle en la situacin descrita en el apartado anterior, podr solicitar una autorizacin de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales a partir del momento en que se hubiera dictado una orden de proteccin a su favor o, en su defecto, Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de gnero. Dicha autorizacin no se resolver hasta que concluya el procedimiento penal.

Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad competente para otorgar la autorizacin por circunstancias excepcionales podr conceder una autorizacin provisional de residencia y trabajo a favor de la mujer extranjera. La autorizacin provisional eventualmente concedida concluir en el momento en que se conceda o deniegue definitivamente la autorizacin por circunstancias excepcionales.

4. Cuando el procedimiento penal concluyera con una sentencia condenatoria, se notificar a la interesada la concesin de la residencia temporal y de trabajo solicitada. En el supuesto de que no se hubiera solicitado, se le informar de la posibilidad de conceder a su favor una autorizacin de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales otorgndole un plazo para su solicitud.

Cuando del procedimiento penal concluido no pudiera deducirse la situacin de violencia de gnero, continuar el expediente administrativo sancionador inicialmente suspendido.

Treinta y cinco. El artculo 32 queda redactado de la siguiente manera:

Artculo 32. Residencia de larga duracin.

1. La residencia de larga duracin es la situacin que autoriza a residir y trabajar en Espaa indefinidamente, en las mismas condiciones que los espaoles.

2. Tendrn derecho a residencia de larga duracin los que hayan tenido residencia temporal en Espaa durante cinco aos de forma continuada, que renan las condiciones que se establezcan reglamentariamente. A los efectos de obtener la residencia de larga duracin computarn los periodos de residencia previa y continuada en otros Estados miembros, como titular de la tarjeta azul de la UE. Se considerar que la residencia ha sido continuada aunque por perodos de vacaciones u otras razones que se establezcan reglamentariamente el extranjero haya abandonado el territorio nacional temporalmente.

3. Los extranjeros residentes de larga duracin en otro Estado miembro de la Unin Europea podrn solicitar por s mismos y obtener una autorizacin de residencia de larga duracin en Espaa cuando vayan a desarrollar una actividad por cuenta propia o ajena, o por otros fines, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente. No obstante, en el supuesto de que los extranjeros residentes de larga duracin en otro estado miembro de la Unin Europea deseen conservar el estatuto de residente de larga duracin adquirido en el primer estado miembro, podrn solicitar y obtener una autorizacin de residencia temporal en Espaa.

4. Con carcter reglamentario se establecern criterios para la concesin de otras autorizaciones de residencia de larga duracin en supuestos individuales de especial vinculacin con Espaa.

5. La extincin de la residencia de larga duracin se producir en los casos siguientes:

a) Cuando la autorizacin se haya obtenido de manera fraudulenta.

b) Cuando se dicte una orden de expulsin en los casos previstos en la Ley.

c) Cuando se produzca la ausencia del territorio de la Unin Europea durante 12 meses consecutivos. Reglamentariamente se establecern las excepciones a la prdida de la autorizacin por este motivo, as como el procedimiento y requisitos para recuperar la autorizacin de residencia de larga duracin.

d) Cuando se adquiera la residencia de larga duracin en otro Estado miembro.

6. Las personas extranjeras que hayan perdido la condicin de residentes de larga duracin podrn recuperar dicho estatuto mediante un procedimiento simplificado que se desarrollar reglamentariamente.

Dicho procedimiento se aplicar sobre todo en el caso de personas que hayan residido en otro Estado miembro para la realizacin de estudios.

Treinta y seis. El artculo 33 queda redactado de la siguiente manera:

Artculo 33. Rgimen de admisin a efectos de estudios, intercambio de alumnos, prcticas no laborales o servicios de voluntariado.

1. Podr ser autorizado, en rgimen de estancia, el extranjero que tenga como fin nico o principal realizar una de las siguientes actividades de carcter no laboral:

a) Cursar o ampliar estudios.

b) Realizar actividades de investigacin o formacin, sin perjuicio del rgimen especial de los investigadores regulado en el artculo 38 bis de esta Ley.

c) Participar en programas de intercambio de alumnos en cualesquiera centros docentes o cientficos, pblicos o privados, oficialmente reconocidos.

d) Realizar prcticas.

e) Realizar servicios de voluntariado.

2. La vigencia de la autorizacin coincidir con la duracin del curso para el que est matriculado, de los trabajos de investigacin, del intercambio de alumnos, de las prcticas o del servicio de voluntariado.

3. La autorizacin se prorrogar anualmente si el titular demuestra que sigue reuniendo las condiciones requeridas para la expedicin de la autorizacin inicial y que cumple los requisitos exigidos, bien por el centro de enseanza o cientfico al que asiste, habindose verificado la realizacin de los estudios o los trabajos de investigacin, bien por el programa de intercambio o voluntariado, o centro donde realice las prcticas.

4. Los extranjeros admitidos con fines de estudio, prcticas no laborales o voluntariado podrn ser autorizados para ejercer una actividad retribuida por cuenta propia o ajena, en la medida en que ello no limite la prosecucin de los estudios o actividad asimilada, en los trminos que reglamentariamente se determinen.

5. La realizacin de trabajo en una familia para compensar la estancia y mantenimiento en la misma, mientras se mejoran los conocimientos lingsticos o profesionales se regular de acuerdo con lo dispuesto en los acuerdos internacionales sobre colocacin au pair.

6. Se facilitar la entrada y permanencia en Espaa, en los trminos establecidos reglamentariamente, de los estudiantes extranjeros que participen en programas de la Unin Europea destinados a favorecer la movilidad con destino a la Unin o en la misma.

7. Todo extranjero, admitido en calidad de estudiante en otro Estado miembro de la Unin Europea, que solicite cursar parte de sus estudios ya iniciados o completar stos en Espaa podr solicitar una autorizacin de estancia por estudios y obtenerla, si rene los requisitos reglamentarios para ello, no siendo exigible el visado.

A fin de que todo extranjero admitido en calidad de estudiante en Espaa pueda solicitar cursar parte de sus estudios ya iniciados o completar stos en otro Estado miembro de la Unin Europea, las Autoridades espaolas facilitarn la informacin oportuna sobre la permanencia de aqul en Espaa, a instancia de las Autoridades competentes de dicho Estado miembro.

8. Se someten al rgimen de estancia previsto en este artculo los extranjeros que cursen en Espaa estudios de formacin sanitaria especializada de acuerdo con la Ley 44/2003, de 11 de noviembre, de profesiones sanitarias, salvo que ya contaran con una autorizacin de residencia previamente al inicio de los mismos, en cuyo caso podrn continuar en dicha situacin.

Treinta y siete. El artculo 35 queda redactado de la siguiente manera:

Artculo 35. Menores no acompaados.

1. El Gobierno promover el establecimiento de Acuerdos de colaboracin con los pases de origen que contemplen, integradamente, la prevencin de la inmigracin irregular, la proteccin y el retorno de los menores no acompaados. Las Comunidades Autnomas sern informadas de tales Acuerdos.

2. Las Comunidades Autnomas podrn establecer acuerdos con los pases de origen dirigidos a procurar que la atencin e integracin social de los menores se realice en su entorno de procedencia. Tales acuerdos debern asegurar debidamente la proteccin del inters de los menores y contemplarn mecanismos para un adecuado seguimiento por las Comunidades Autnomas de la situacin de los mismos.

3. En los supuestos en que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado localicen a un extranjero indocumentado cuya minora de edad no pueda ser establecida con seguridad, se le dar, por los servicios competentes de proteccin de menores, la atencin inmediata que precise, de acuerdo con lo establecido en la legislacin de proteccin jurdica del menor, ponindose el hecho en conocimiento inmediato del Ministerio Fiscal, que dispondr la determinacin de su edad, para lo que colaborarn las instituciones sanitarias oportunas que, con carcter prioritario, realizarn las pruebas necesarias.

4. Determinada la edad, si se tratase de un menor, el Ministerio Fiscal lo pondr a disposicin de los servicios competentes de proteccin de menores de la Comunidad Autnoma en la que se halle.

5. La Administracin del Estado solicitar informe sobre las circunstancias familiares del menor a la representacin diplomtica del pas de origen con carcter previo a la decisin relativa a la iniciacin de un procedimiento sobre su repatriacin. Acordada la iniciacin del procedimiento, tras haber odo al menor si tiene suficiente juicio, y previo informe de los servicios de proteccin de menores y del Ministerio Fiscal, la Administracin del Estado resolver lo que proceda sobre el retorno a su pas de origen, a aquel donde se encontrasen sus familiares o, en su defecto, sobre su permanencia en Espaa. De acuerdo con el principio de inters superior del menor, la repatriacin al pas de origen se efectuar bien mediante reagrupacin familiar, bien mediante la puesta a disposicin del menor ante los servicios de proteccin de menores, si se dieran las condiciones adecuadas para su tutela por parte de los mismos.

6. A los mayores de diecisis y menores de dieciocho aos se les reconocer capacidad para actuar en el procedimiento de repatriacin previsto en este artculo, as como en el orden jurisdiccional contencioso administrativo por el mismo objeto, pudiendo intervenir personalmente o a travs del representante que designen.

Cuando se trate de menores de diecisis aos, con juicio suficiente, que hubieran manifestado una voluntad contraria a la de quien ostenta su tutela o representacin, se suspender el curso del procedimiento, hasta el nombramiento del defensor judicial que les represente.

7. Se considerar regular, a todos los efectos, la residencia de los menores que sean tutelados en Espaa por una Administracin Pblica o en virtud de resolucin judicial, por cualquier otra entidad. A instancia del organismo que ejerza la tutela y una vez que haya quedado acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al pas de origen, se otorgar al menor una autorizacin de residencia, cuyos efectos se retrotraern al momento en que el menor hubiere sido puesto a disposicin de los servicios de proteccin de menores. La ausencia de autorizacin de residencia no impedir el reconocimiento y disfrute de todos los derechos que le correspondan por su condicin de menor.

8. La concesin de una autorizacin de residencia no ser obstculo para la ulterior repatriacin cuando favorezca el inters superior del menor, en los trminos establecidos en el apartado cuarto de este artculo.

9. Reglamentariamente se determinarn las condiciones que habrn de cumplir los menores tutelados que dispongan de autorizacin de residencia y alcancen la mayora de edad para renovar su autorizacin o acceder a una autorizacin de residencia y trabajo teniendo en cuenta, en su caso, los informes positivos que, a estos efectos, puedan presentar las entidades pblicas competentes referidos a su esfuerzo de integracin, la continuidad de la formacin o estudios que se estuvieran realizando, as como su incorporacin, efectiva o potencial, al mercado de trabajo. Las Comunidades Autnomas desarrollarn las polticas necesarias para posibilitar la insercin de los menores en el mercado laboral cuando alcancen la mayora de edad.

10. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado adoptarn las medidas tcnicas necesarias para la identificacin de los menores extranjeros indocumentados, con el fin de conocer las posibles referencias que sobre ellos pudieran existir en alguna institucin pblica nacional o extranjera encargada de su proteccin. Estos datos no podrn ser usados para una finalidad distinta a la prevista en este apartado.

11. La Administracin General del Estado y las Comunidades Autnomas podrn establecer convenios con organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades dedicadas a la proteccin de menores, con el fin de atribuirles la tutela ordinaria de los menores extranjeros no acompaados.

Cada convenio especificar el nmero de menores cuya tutela se compromete a asumir la entidad correspondiente, el lugar de residencia y los medios materiales que se destinarn a la atencin de los mismos.

Estar legitimada para promover la constitucin de la tutela la Comunidad Autnoma bajo cuya custodia se encuentre el menor. A tales efectos, deber dirigirse al juzgado competente que proceda en funcin del lugar en que vaya a residir el menor, adjuntando el convenio correspondiente y la conformidad de la entidad que vaya a asumir la tutela.

El rgimen de la tutela ser el previsto en el Cdigo Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Adems, sern aplicables a los menores extranjeros no acompaados las restantes previsiones sobre proteccin de menores recogidas en el Cdigo Civil y en la legislacin vigente en la materia.

12. Las Comunidades Autnomas podrn llegar a acuerdos con las Comunidades Autnomas donde se encuentren los menores extranjeros no acompaados para asumir la tutela y custodia, con el fin de garantizar a los menores unas mejores condiciones de integracin.

Treinta y ocho. El ttulo del Captulo III queda redactado de la siguiente manera:

CAPTULO III

De las autorizaciones para la realizacin de actividades lucrativas

Treinta y nueve. El artculo 36 queda redactado de la siguiente manera:

Artculo 36. Autorizacin de residencia y trabajo.

1. Los extranjeros mayores de diecisis aos precisarn, para ejercer cualquier actividad lucrativa, laboral o profesional, de la correspondiente autorizacin administrativa previa para residir y trabajar. La autorizacin de trabajo se conceder conjuntamente con la de residencia, salvo en los supuestos de penados extranjeros que se hallen cumpliendo condenas o en otros supuestos excepcionales que se determinen reglamentariamente.

2. La eficacia de la autorizacin de residencia y trabajo inicial se condicionar al alta del trabajador en la Seguridad Social. La Entidad Gestora comprobar en cada caso la previa habilitacin de los extranjeros para residir y realizar la actividad.

3. Cuando el extranjero se propusiera trabajar por cuenta propia o ajena, ejerciendo una profesin para la que se exija una titulacin especial, la concesin de la autorizacin se condicionar a la tenencia y, en su caso, homologacin del ttulo correspondiente y, si las leyes as lo exigiesen, a la colegiacin.

4. Para la contratacin de un extranjero, el empleador deber solicitar la autorizacin a que se refiere el apartado 1 del presente artculo, que en todo caso deber acompaarse del contrato de trabajo que garantice una actividad continuada durante el periodo de vigencia de la autorizacin.

5. La carencia de la autorizacin de residencia y trabajo, sin perjuicio de las responsabilidades del empresario a que d lugar, incluidas las de Seguridad Social, no invalidar el contrato de trabajo respecto a los derechos del trabajador extranjero, ni ser obstculo para la obtencin de las prestaciones derivadas de supuestos contemplados por los convenios internacionales de proteccin a los trabajadores u otras que pudieran corresponderle, siempre que sean compatibles con su situacin. En todo caso, el trabajador que carezca de autorizacin de residencia y trabajo no podr obtener prestaciones por desempleo.

Salvo en los casos legalmente previstos, el reconocimiento de una prestacin no modificar la situacin administrativa del extranjero.

6. En la concesin inicial de la autorizacin administrativa para trabajar podrn aplicarse criterios especiales para determinadas nacionalidades en funcin del principio de reciprocidad.

7. No se conceder autorizacin para residir y realizar una actividad lucrativa, laboral o profesional, a los extranjeros que, en el marco de un programa de retorno voluntario a su pas de origen, se hubieran comprometido a no retornar a Espaa durante un plazo determinado en tanto no hubiera transcurrido dicho plazo.

8. Reglamentariamente se determinarn las condiciones y requisitos para hacer posible la participacin de trabajadores extranjeros en sociedades annimas laborales y sociedades cooperativas.

Cuarenta. El artculo 37 queda redactado de la siguiente manera:

Artculo 37. Autorizacin de residencia y trabajo por cuenta propia.

1. Para la realizacin de actividades econmicas por cuenta propia habr de acreditarse el cumplimiento de todos los requisitos que la legislacin vigente exige a los nacionales para la apertura y funcionamiento de la actividad proyectada, as como los relativos a la suficiencia de la inversin y la potencial creacin de empleo, entre otros que reglamentariamente se establezcan.

2. La autorizacin inicial de residencia y trabajo por cuenta propia se limitar a un mbito geogrfico no superior al de una Comunidad Autnoma, y a un sector de actividad. Su duracin se determinar reglamentariamente.

3. La concesin de la autorizacin inicial de trabajo, en necesaria coordinacin con la que corresponde al Estado en materia de residencia, corresponder a las Comunidades Autnomas de acuerdo con las competencias asumidas en los correspondientes Estatutos.

Cuarenta y uno. El artculo 38 queda redactado de la siguiente manera:

Artculo 38. Autorizacin de residencia y trabajo por cuenta ajena.

1. Para la concesin inicial de la autorizacin de residencia y trabajo, en el caso de trabajadores por cuenta ajena, se tendr en cuenta la situacin nacional de empleo.

2. La situacin nacional de empleo ser determinada por el Servicio Pblico de Empleo Estatal con la informacin proporcionada por las Comunidades Autnomas y con aquella derivada de indicadores estadsticos oficiales y quedar plasmada en el Catlogo de Ocupaciones de Difcil Cobertura. Dicho catlogo contendr una relacin de empleos susceptibles de ser satisfechos a travs de la contratacin de trabajadores extranjeros y ser aprobado previa consulta de la Comisin Laboral Tripartita de Inmigracin.

Igualmente, se entender que la situacin nacional de empleo permite la contratacin en ocupaciones no catalogadas cuando de la gestin de la oferta se concluya la insuficiencia de demandantes de empleo adecuados y disponibles. Reglamentariamente se determinarn los requisitos mnimos para considerar que la gestin de la oferta de empleo es considerada suficiente a estos efectos.

3. El procedimiento de concesin de la autorizacin de residencia y trabajo inicial, sin perjuicio de los supuestos previstos cuando el extranjero que se halle en Espaa se encuentre habilitado para solicitar u obtener una autorizacin de residencia y trabajo, se basar en la solicitud de cobertura de un puesto vacante, presentada por un empresario o empleador ante la autoridad competente, junto con el contrato de trabajo y el resto de documentacin exigible, ofrecido al trabajador extranjero residente en un tercer pas. Verificado el cumplimiento de los requisitos, la autoridad competente expedir una autorizacin cuya eficacia estar condicionada a que el extranjero solicite el correspondiente visado y que, una vez en Espaa, se produzca el alta del trabajador en la Seguridad Social.

4. El empresario o empleador estar obligado a comunicar el desistimiento de la solicitud de autorizacin si, mientras se resolviera la autorizacin o el visado, desapareciera la necesidad de contratacin del extranjero o se modificasen las condiciones del contrato de trabajo que sirvi de base a la solicitud. Asimismo, cuando el extranjero habilitado se hallase en Espaa deber registrar en los Servicios Pblicos de Empleo el contrato de trabajo que dio lugar a la solicitud y formalizar el alta del trabajador en la Seguridad Social, y si no pudiera iniciarse la relacin laboral, el empresario o empleador estar obligado a comunicarlo a las autoridades competentes.

5. La autorizacin inicial de residencia y trabajo se limitar, salvo en los casos previstos por la Ley y los Convenios Internacionales firmados por Espaa, a un determinado territorio y ocupacin. Su duracin se determinar reglamentariamente.

6. La autorizacin de residencia y trabajo se renovar a su expiracin:

a) Cuando persista o se renueve el contrato de trabajo que motiv su concesin inicial, o cuando se cuente con un nuevo contrato.

b) Cuando por la autoridad competente, conforme a la normativa de la Seguridad Social, se hubiera otorgado una prestacin contributiva por desempleo.

c) Cuando el extranjero sea beneficiario de una prestacin econmica asistencial de carcter pblico destinada a lograr su insercin social o laboral.

d) Cuando concurran otras circunstancias previstas reglamentariamente, en particular, los supuestos de extincin del contrato de trabajo o suspensin de la relacin laboral como consecuencia de ser vctima de violencia de gnero.

7. A partir de la primera concesin, las autorizaciones se concedern sin limitacin alguna de mbito geogrfico u ocupacin.

8. La concesin de la autorizacin inicial de trabajo, en necesaria coordinacin con la que corresponde al Estado en materia de residencia, corresponder a las Comunidades Autnomas de acuerdo con las competencias asumidas en los correspondientes Estatutos.

Cuarenta y dos. Se introduce un artculo 38 bis en los siguientes trminos:

Artculo 38 bis. Rgimen especial de los investigadores.

1. Tendr la consideracin de investigador el extranjero cuya permanencia en Espaa tenga como fin nico o principal realizar proyectos de investigacin, en el marco de un convenio de acogida firmado con un organismo de investigacin.

2. Las entidades dedicadas a la investigacin, pblicas o privadas, que cumplan las condiciones previstas reglamentariamente, podrn ser autorizadas por el Estado o por las Comunidades Autnomas, segn corresponda, como organismos de investigacin para acoger a investigadores extranjeros. Esta autorizacin tendr una duracin mnima de cinco aos, salvo casos excepcionales en que se otorgar por un perodo ms corto. Si transcurrido el plazo mximo no se hubiera notificado resolucin expresa legtima al interesado, la solicitud deducida por ste se entender desestimada por silencio administrativo.

3. Reglamentariamente se determinarn los requisitos para la firma del convenio de acogida entre el investigador y el organismo de investigacin y las condiciones del proyecto de investigacin.

4. La situacin del extranjero en rgimen de investigador ser la de autorizacin de residencia y trabajo, que se renovar anualmente si el titular sigue reuniendo las condiciones establecidas para la expedicin de la autorizacin inicial.

5. Los extranjeros admitidos con estos fines podrn impartir clases o realizar otras actividades compatibles con su actividad principal de investigacin, con arreglo a la normativa en vigor.

6. El organismo de investigacin deber informar cuanto antes, a la Autoridad que concedi la autorizacin de residencia y trabajo, de cualquier acontecimiento que impida la ejecucin del convenio de acogida.

7. Todo extranjero admitido en calidad de investigador en otro Estado miembro de la Unin Europea que solicite realizar parte de su investigacin en Espaa durante un periodo superior a tres meses podr solicitar una autorizacin de residencia y trabajo y obtenerla si rene los requisitos reglamentarios para ello, no siendo exigible el visado, pero pudiendo exigirse un nuevo convenio de acogida.

8. Una vez finalizado el convenio de acogida, o resuelto por causas no imputables al investigador establecidas reglamentariamente, tanto el investigador como los familiares reagrupados podrn ser autorizados para residir y ejercer una actividad lucrativa sin necesidad de un nuevo visado.

Cuarenta y tres. Se introduce un artculo 38 ter en los siguientes trminos:

Artculo 38 ter. Residencia y trabajo de profesionales altamente cualificados.

1. Se considerar profesional altamente cualificado a los efectos de este artculo a quienes acrediten cualificaciones de enseanza superior o, excepcionalmente, tengan un mnimo de cinco aos de experiencia profesional que pueda considerarse equiparable, en los trminos que se determinen reglamentariamente.

2. Los profesionales altamente cualificados segn este artculo obtendrn una autorizacin de residencia y trabajo documentada con una tarjeta azul de la UE.

3. Para la concesin de las autorizaciones destinadas a profesionales altamente cualificados podr tenerse en cuenta la situacin nacional de empleo, as como la necesidad de proteger la suficiencia de recursos humanos en el pas de origen del extranjero.

4. El extranjero titular de la tarjeta azul de la UE que haya residido al menos dieciocho meses en otro Estado miembro de la Unin Europea, podr obtener una autorizacin en Espaa como profesional altamente cualificado. La solicitud podr presentarse en Espaa, antes del transcurso de un mes desde su entrada, o en el Estado miembro donde se halle autorizado. En caso de que la autorizacin originaria se hubiera extinguido sin que se haya resuelto la solicitud de autorizacin en Espaa, se podr conceder una autorizacin de estancia temporal para el extranjero y los miembros de su familia.

Si se extinguiese la vigencia de la autorizacin originaria para permanecer en Espaa o si se denegase la solicitud, las autoridades podrn aplicar las medidas legalmente previstas para tal situacin. En caso de que procediese su expulsin sta se podr ejecutar conduciendo al extranjero al Estado miembro del que provenga.

5. Reglamentariamente se determinarn los requisitos para la concesin y renovacin de la autorizacin de residencia y trabajo regulada en este artculo.

Cuarenta y cuatro. El artculo 39 queda redactado de la siguiente manera:

Artculo 39. Gestin colectiva de contrataciones en origen.

1. El Ministerio de Trabajo e Inmigracin, teniendo en cuenta la situacin nacional de empleo, podr aprobar una previsin anual de las ocupaciones y, en su caso, de las cifras previstas de empleos que se puedan cubrir a travs de la gestin colectiva de contrataciones en origen en un perodo determinado, a los que slo tendrn acceso aquellos que no se hallen o residan en Espaa. Asimismo, podr establecer un nmero de visados para bsqueda de empleo en las condiciones que se determinen, dirigidos a hijos o nietos de espaol de origen o a determinadas ocupaciones. La mencionada previsin tendr en cuenta las propuestas que, previa consulta de los agentes sociales en su mbito correspondiente, sean realizadas por las Comunidades Autnomas, y ser adoptada previa consulta de la Comisin Laboral Tripartita de Inmigracin.

2. El procedimiento de concesin de la autorizacin inicial de residencia y trabajo mediante tramitacin colectiva de los contratos en origen, estar basado en la gestin simultnea de una pluralidad de autorizaciones, presentadas por uno o varios empleadores, respecto de trabajadores seleccionados en sus pases, con la participacin, en su caso, de las autoridades competentes. En la gestin del mismo se actuar coordinadamente con las Comunidades Autnomas competentes para la concesin de la autorizacin de trabajo inicial.

3. Las ofertas de empleo realizadas a travs de este procedimiento se orientarn preferentemente hacia los pases con los que Espaa haya firmado acuerdos sobre regulacin de flujos migratorios.

Cuarenta y cinco. El artculo 40 queda redactado de la siguiente manera:

Artculo 40. Supuestos especficos de exencin de la situacin nacional de empleo.

1. No se tendr en cuenta la situacin nacional de empleo cuando el contrato de trabajo vaya dirigido a:

a) Los familiares reagrupados en edad laboral, o el cnyuge o hijo de extranjero residente en Espaa con una autorizacin renovada, as como al hijo de espaol nacionalizado o de ciudadanos de otros Estados miembros de la Unin Europea y de otros Estados parte en el Espacio Econmico Europeo, siempre que estos ltimos lleven, como mnimo, un ao residiendo legalmente en Espaa y al hijo no le sea de aplicacin el rgimen comunitario.

b) Los titulares de una autorizacin previa de trabajo que pretendan su renovacin.

c) Los trabajadores necesarios para el montaje por renovacin de una instalacin o equipos productivos.

d) Los que hubieran gozado de la condicin de refugiados, durante el ao siguiente a la cesacin de la aplicacin de la Convencin de Ginebra de 28 de julio de 1951, sobre el Estatuto de los Refugiados, por los motivos recogidos en el supuesto 5 de la seccin C de su artculo 1.

e) Los que hubieran sido reconocidos como aptridas y los que hubieran perdido la condicin de aptridas el ao siguiente a la terminacin de dicho estatuto.

f) Los extranjeros que tengan a su cargo ascendientes o descendientes de nacionalidad espaola.

g) Los extranjeros nacidos y residentes en Espaa.

h) Los hijos o nietos de espaol de origen.

i) Los menores extranjeros en edad laboral con autorizacin de residencia que sean tutelados por la entidad de proteccin de menores competente, para aquellas actividades que, a criterio de la mencionada entidad, favorezcan su integracin social, y una vez acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al pas de origen.

j) Los extranjeros que obtengan la autorizacin de residencia por circunstancias excepcionales en los supuestos que se determinen reglamentariamente y, en todo caso, cuando se trate de vctimas de violencia de gnero o de trata de seres humanos.

k) Los extranjeros que hayan sido titulares de autorizaciones de trabajo para actividades de temporada, durante dos aos naturales, y hayan retornado a su pas.

l) Los extranjeros que hayan renunciado a su autorizacin de residencia y trabajo en virtud de un programa de retorno voluntario.

2. Tampoco se tendr en cuenta la situacin nacional de empleo, en las condiciones que se determinen reglamentariamente para:

a) La cobertura de puestos de confianza y directivos de empresas.

b) Los profesionales altamente cualificados, incluyendo tcnicos y cientficos contratados por entidades pblicas, universidades o centros de investigacin, desarrollo e innovacin dependientes de empresas, sin perjuicio de la aplicacin del rgimen especfico de autorizacin aplicable de conformidad con la presente Ley.

c) Los trabajadores en plantilla de una empresa o grupo de empresas en otro pas que pretendan desarrollar su actividad laboral para la misma empresa o grupo en Espaa.

d) Los artistas de reconocido prestigio.

Cuarenta y seis. Se suprimen la letra j) del apartado 1 y el apartado 3 del artculo 41, pasando la letra k) del apartado 1 a ser letra j).

Cuarenta y siete. El artculo 42 queda redactado de la siguiente manera:

Artculo 42. Rgimen especial de los trabajadores de temporada.

1. El Gobierno regular reglamentariamente la autorizacin de residencia y trabajo para los trabajadores extranjeros en actividades de temporada o campaa que les permita la entrada y salida del territorio nacional, as como la documentacin de su situacin, de acuerdo con las caractersticas de las citadas campaas y la informacin que le suministren las Comunidades Autnomas donde se promuevan.

2. Para conceder las autorizaciones de residencia y trabajo deber garantizarse que los trabajadores temporeros sern alojados en condiciones de dignidad e higiene adecuadas.

3. Las Administraciones pblicas promovern la asistencia de los servicios sociales adecuados.

4. Las ofertas de empleo de temporada se orientarn preferentemente hacia los pases con los que Espaa haya firmado acuerdos sobre regulacin de flujos migratorios.

5. Las Comunidades Autnomas, los Ayuntamientos y los agentes sociales promovern los circuitos que permitan la concatenacin de los trabajadores de temporada, en colaboracin con la Administracin General del Estado.

6. Reglamentariamente se determinarn las condiciones para que los trabajadores en plantilla de una empresa o grupo de empresas que desarrollen su actividad en otro pas puedan ser autorizados a trabajar temporalmente en Espaa para la misma empresa o grupo.

Cuarenta y ocho. El artculo 43 queda redactado de la siguiente manera:

Artculo 43. Trabajadores transfronterizos y prestacin transnacional de servicios.

1. Los trabajadores extranjeros que, residiendo en la zona limtrofe, desarrollen su actividad en Espaa y regresen a su lugar de residencia diariamente debern obtener la correspondiente autorizacin administrativa, con los requisitos y condiciones con que se conceden las autorizaciones de rgimen general, sindoles de aplicacin en cuanto a los derechos de seguridad social lo establecido en el artculo 14.1 de esta Ley

2. Reglamentariamente se establecern las condiciones para la autorizacin de residencia y trabajo en el marco de prestaciones transnacionales de servicios, de acuerdo con la normativa vigente.

Cuarenta y nueve. El artculo 44 queda redactado de la siguiente manera:

Artculo 44. Hecho imponible.

1. Las tasas se regirn por la presente Ley y por las dems fuentes normativas que para las tasas se establecen en el artculo 9 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Pblicos.

2. Constituye el hecho imponible de las tasas la tramitacin de las autorizaciones administrativas y de los documentos de identidad previstos en esta Ley, as como de sus prrrogas, modificaciones y renovaciones; en particular:

a) La tramitacin de autorizaciones para la prrroga de la estancia en Espaa.

b) La tramitacin de las autorizaciones para residir en Espaa.

c) La tramitacin de autorizaciones de trabajo, salvo que se trate de autorizaciones para un perodo inferior a seis meses.

d) La tramitacin de tarjetas de identidad de extranjeros.

e) La tramitacin de documentos de identidad a indocumentados.

f) La tramitacin de visado.

Cincuenta. El artculo 45 queda redactado de la siguiente manera:

Artculo 45. Devengo.

1. Las tasas se devengarn cuando se solicite la autorizacin, la prrroga, la modificacin, la renovacin, o el visado.

En el caso de las Comunidades Autnomas que tengan traspasadas las competencias en materia de autorizacin de trabajo, les corresponder el devengo del rendimiento de las tasas.

2. En los casos de autorizacin de residencia y trabajo por cuenta ajena a favor de trabajadores de servicio domstico de carcter parcial o discontinuo, el devengo de la tasa se producir en el momento de afiliacin y/o alta del trabajador en la Seguridad Social.

3. En los casos de renovacin de la autorizacin de residencia y trabajo por cuenta ajena, en ausencia de empleador, y cuando se trate de trabajadores de servicio domstico de carcter parcial o discontinuo, el devengo de la tasa se producir en el momento de alta del trabajador en la Seguridad Social.

4. El importe de las tasas se establecer por orden ministerial de los departamentos competentes. Cuando las Comunidades Autnomas tengan traspasadas las competencias en materia de autorizacin inicial de trabajo, stas se regirn por la legislacin correspondiente.

Cincuenta y uno. El artculo 46 queda redactado de la siguiente manera:

Artculo 46. Sujetos pasivos.

1. Sern sujetos pasivos de las tasas los solicitantes de visado y las personas en cuyo favor se concedan las autorizaciones o se expidan los documentos previstos en el artculo 44, salvo en las autorizaciones de trabajo por cuenta ajena, en cuyo caso ser sujeto pasivo el empleador o empresario, excepto en el supuesto de relaciones laborales en el sector del servicio domstico de carcter parcial o discontinuo, en que lo ser el propio trabajador.

2. Ser nulo todo pacto por el que el trabajador por cuenta ajena asuma la obligacin de pagar en todo o en parte el importe de las tasas establecidas.

Cincuenta y dos. El artculo 47, queda redactado de la siguiente manera:

No vendrn obligados al pago de las tasas por la concesin de las autorizaciones para trabajar los nacionales iberoamericanos, filipinos, andorranos, ecuatoguineanos, los sefardes, los hijos y nietos de espaol o espaola de origen, y los extranjeros nacidos en Espaa cuando pretendan realizar una actividad lucrativa, laboral o profesional, por cuenta propia.

Las solicitudes de visado presentadas por nacionales de terceros pases beneficiarios de derecho comunitario en materia de libre circulacin y residencia estarn exentas del pago de las tasas de tramitacin.

Las entidades pblicas de proteccin de menores estarn exentas del pago de las tasas derivadas de las autorizaciones que estn obligadas a solicitar para stos en ejercicio de la representacin legal que de ellos ostentan.

En aplicacin de la normativa comunitaria sobre la materia, quedarn exentos del pago de la tasa relativa a visados de trnsito o estancia, los nios menores de seis aos; los investigadores nacionales de terceros pases que se desplacen con fines de investigacin cientfica en los trminos establecidos por la Recomendacin 2005/761/CE, del Parlamento y del Consejo; y los representantes de organizaciones sin nimo de lucro que no sean mayores de 25 aos y vayan a participar en seminarios, conferencias o acontecimientos deportivos o educativos, organizados por organizaciones sin nimo de lucro.

Cincuenta y tres. El artculo 48, apartado 1 queda redactado de la siguiente manera:

1. El importe de las tasas se establecer por Orden ministerial de los Departamentos competentes, sin perjuicio de lo dispuesto por la normativa comunitaria en relacin con procedimientos de solicitud de visados de trnsito o estancia.

Cincuenta y cuatro. El apartado 1 del artculo 49 queda redactado de la siguiente manera:

1. La gestin y recaudacin de las tasas corresponder a los rganos competentes para la concesin de las autorizaciones, modificaciones, renovaciones y prrrogas, la expedicin de la documentacin a que se refiere el artculo 44 y la tramitacin de la solicitud de visado.

Cincuenta y cinco. Se aaden dos nuevas letras d) y e), al artculo 52, que quedan redactadas de la siguiente manera:

d) Encontrarse trabajando en una ocupacin, sector de actividad, o mbito geogrfico no contemplado por la autorizacin de residencia y trabajo de la que se es titular.

e) La contratacin de trabajadores cuya autorizacin no les habilita para trabajar en esa ocupacin o mbito geogrfico, incurrindose en una infraccin por cada uno de los trabajadores extranjeros ocupados.

Cincuenta y seis. El artculo 53 queda redactado de la siguiente manera:

Artculo 53. Infracciones graves.

1. Son infracciones graves:

a) Encontrarse irregularmente en territorio espaol, por no haber obtenido la prrroga de estancia, carecer de autorizacin de residencia o tener caducada ms de tres meses la mencionada autorizacin, y siempre que el interesado no hubiere solicitado la renovacin de la misma en el plazo previsto reglamentariamente.

b) Encontrarse trabajando en Espaa sin haber obtenido autorizacin de trabajo o autorizacin administrativa previa para trabajar, cuando no cuente con autorizacin de residencia vlida.

c) Incurrir en ocultacin dolosa o falsedad grave en el cumplimiento de la obligacin de poner en conocimiento de las autoridades competentes los cambios que afecten a nacionalidad, estado civil o domicilio, as como incurrir en falsedad en la declaracin de los datos obligatorios para cumplimentar el alta en el padrn municipal a los efectos previstos en esta Ley, siempre que tales hechos no constituyan delito. Cuando cualquier autoridad tuviera conocimiento de una posible infraccin por esta causa, lo pondr en conocimiento de las autoridades competentes con el fin de que pueda instruirse el oportuno expediente sancionador.

d) El incumplimiento de las medidas impuestas por razn de seguridad pblica, de presentacin peridica o de alejamiento de fronteras o ncleos de poblacin concretados singularmente, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley.

e) La comisin de una tercera infraccin leve, siempre que en un plazo de un ao anterior hubiera sido sancionado por dos faltas leves de la misma naturaleza.

f) La participacin por el extranjero en la realizacin de actividades contrarias al orden pblico previstas como graves en la Ley Orgnica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Proteccin de la Seguridad Ciudadana.

g) Las salidas del territorio espaol por puestos no habilitados, sin exhibir la documentacin prevista o contraviniendo las prohibiciones legalmente impuestas.

h) Incumplir la obligacin del apartado 2 del artculo 4.

2. Tambin son infracciones graves:

a) No dar de alta, en el Rgimen de la Seguridad Social que corresponda, al trabajador extranjero cuya autorizacin de residencia y trabajo por cuenta ajena hubiera solicitado, o no registrar el contrato de trabajo en las condiciones que sirvieron de base a la solicitud, cuando el empresario tenga constancia de que el trabajador se halla legalmente en Espaa habilitado para el comienzo de la relacin laboral. No obstante, estar exento de esta responsabilidad el empresario que comunique a las autoridades competentes la concurrencia de razones sobrevenidas que puedan poner en riesgo objetivo la viabilidad de la empresa o que, conforme a la legislacin, impidan el inicio de dicha relacin.

b) Contraer matrimonio, simular relacin afectiva anloga o constituirse en representante legal de un menor, cuando dichas conductas se realicen con nimo de lucro o con el propsito de obtener indebidamente un derecho de residencia, siempre que tales hechos no constituyan delito.

c) Promover la permanencia irregular en Espaa de un extranjero, cuando su entrada legal haya contado con una invitacin expresa del infractor y contine a su cargo una vez transcurrido el perodo de tiempo permitido por su visado o autorizacin. Para graduar la sancin se tendrn en cuenta las circunstancias personales y familiares concurrentes.

d) Consentir la inscripcin de un extranjero en el Padrn Municipal por parte del titular de una vivienda habilitado para tal fin, cuando dicha vivienda no constituya el domicilio real del extranjero. Se incurrir en una infraccin por cada persona indebidamente inscrita.

Cincuenta y siete. El artculo 54 queda redactado de la siguiente manera:

Artculo 54. Infracciones muy graves.

1. Son infracciones muy graves:

a) Participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de Espaa con otros pases, o estar implicados en actividades contrarias al orden pblico previstas como muy graves en la Ley Orgnica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Proteccin de la Seguridad Ciudadana.

b) Inducir, promover, favorecer o facilitar con nimo de lucro, individualmente o formando parte de una organizacin, la inmigracin clandestina de personas en trnsito o con destino al territorio espaol o su permanencia en el mismo, siempre que el hecho no constituya delito.

c) La realizacin de conductas de discriminacin por motivos raciales, tnicos, nacionales o religiosos, en los trminos previstos en el artculo 23 de la presente Ley, siempre que el hecho no constituya delito.

d) La contratacin de trabajadores extranjeros sin haber obtenido con carcter previo la correspondiente autorizacin de residencia y trabajo, incurrindose en una infraccin por cada uno de los trabajadores extranjeros ocupados, siempre que el hecho no constituya delito.

e) Realizar, con nimo de lucro, la infraccin prevista en la letra d) del apartado 2 del artculo anterior.

f) Simular la relacin laboral con un extranjero, cuando dicha conducta se realice con nimo de lucro o con el propsito de obtener indebidamente derechos reconocidos en esta Ley, siempre que tales hechos no constituyan delito.

g) La comisin de una tercera infraccin grave siempre que en un plazo de un ao anterior hubiera sido sancionado por dos faltas graves de la misma naturaleza.

2. Tambin son infracciones muy graves:

a) El incumplimiento de las obligaciones previstas para los transportistas en el artculo 66, apartados 1 y 2.

b) El transporte de extranjeros por va area, martima o terrestre, hasta el territorio espaol, por los sujetos responsables del transporte, sin que hubieran comprobado la validez y vigencia, tanto de los pasaportes, ttulos de viaje o documentos de identidad pertinentes, como, en su caso, del correspondiente visado, de los que habrn de ser titulares los citados extranjeros.

c) El incumplimiento de la obligacin que tienen los transportistas de hacerse cargo sin prdida de tiempo del extranjero o transportado que, por deficiencias en la documentacin antes citada, no haya sido autorizado a entrar en Espaa, as como del extranjero transportado en trnsito que no haya sido trasladado a su pas de destino o que hubiera sido devuelto por las autoridades de ste, al no autorizarle la entrada.

Esta obligacin incluir los gastos de mantenimiento del citado extranjero y, si as lo solicitan las autoridades encargadas del control de entrada, los derivados del transporte de dicho extranjero, que habr de producirse de inmediato, bien por medio de la compaa objeto de sancin o, en su defecto, por medio de otra empresa de transporte, con direccin al Estado a partir del cual haya sido transportado, al Estado que haya expedido el documento de viaje con el que ha viajado o a cualquier otro Estado donde est garantizada su admisin.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, no se considerar infraccin a la presente Ley el hecho de transportar hasta la frontera espaola a un extranjero que, habiendo presentado sin demora su solicitud de proteccin internacional, sta le sea admitida a trmite, de conformidad con lo establecido en la Ley 12/2009, de 30 de octubre reguladora del derecho de asilo y de la proteccin subsidiaria.

Cincuenta y ocho. El artculo 55 queda redactado de la siguiente manera:

Artculo 55. Sanciones.

1. Las infracciones tipificadas en los artculos anteriores sern sancionadas en los trminos siguientes:

a) Las infracciones leves con multa de hasta 500 euros.

b) Las infracciones graves con multa de 501 hasta 10.000 euros. En el supuesto contemplado en el artculo 53.2.a) de esta Ley, adems de la sancin indicada, el empresario tambin estar obligado a sufragar los costes derivados del viaje.

c) Las infracciones muy graves con multa desde 10.001 hasta 100.000 euros, excepto la prevista en el artculo 54.2.b), que lo ser con una multa de 5.000 a 10.000 euros por cada viajero transportado o con un mnimo de 750.000 euros a tanto alzado, con independencia del nmero de viajeros transportados. La prevista en el artculo 54.2.a) en relacin con el artculo 66.1 lo ser con una multa de 10.001 hasta 100.000 euros por cada viaje realizado sin haber comunicado los datos de las personas transportadas o habindolos comunicado incorrectamente, con independencia de que la Autoridad gubernativa pueda adoptar la inmovilizacin, incautacin y decomiso del medio de transporte, o la suspensin provisional o retirada de la autorizacin de explotacin.

2. La imposicin de sanciones por las infracciones administrativas establecidas en la presente Ley Orgnica corresponder al Subdelegado del Gobierno o al Delegado del Gobierno en las Comunidades Autnomas uniprovinciales. Cuando una Comunidad Autnoma tenga atribuidas competencias en materia de autorizacin inicial de trabajo de extranjeros la imposicin de las sanciones establecidas en esta Ley en los supuestos de infraccin a que se refiere el prrafo siguiente corresponder a la Comunidad Autnoma y se ejercer por la Autoridad que la misma determine, dentro del mbito de sus competencias.

En los supuestos calificados como infraccin leve del artculo 52.c), d) y e), graves del artculo 53.1.b), y 53.2.a), y muy grave del artculo 54.1.d) y f), el procedimiento sancionador se iniciar por acta de la Inspeccin de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento sancionador por infracciones del orden social, correspondiendo la imposicin de las sanciones a las autoridades referidas en el prrafo anterior.

En los supuestos de participacin en actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de Espaa con otros pases, previstos en el artculo 54.1.a), de acuerdo con lo establecido en el procedimiento sancionador que se determine reglamentariamente, la competencia sancionadora corresponder al Secretario de Estado de Seguridad.

3. Para la graduacin de las sanciones, el rgano competente en imponerlas se ajustar a criterios de proporcionalidad, valorando el grado de culpabilidad y, en su caso, el dao producido o el riesgo derivado de la infraccin y su trascendencia.

4. Para la determinacin de la cuanta de la sancin se tendr especialmente en cuenta la capacidad econmica del infractor.

5. A no ser que pertenezcan a un tercero no responsable de la infraccin, en el supuesto de la letra b) del apartado 1 del artculo 54, sern objeto de decomiso los vehculos, embarcaciones, aeronaves, y cuantos bienes muebles o inmuebles, de cualquier naturaleza que sean, hayan servido de instrumento para la comisin de la citada infraccin.

A fin de garantizar la efectividad del comiso, los bienes, efectos e instrumentos a que se refiere el apartado anterior podrn ser aprehendidos y puestos a disposicin de la autoridad gubernativa, desde las primeras intervenciones, a resultas del expediente sancionador que resolver lo pertinente en relacin con los bienes decomisados.

6. En el supuesto de la infraccin prevista en la letra d) del apartado 1 del artculo 54 de la presente Ley, la autoridad gubernativa podr adoptar, sin perjuicio de la sancin que corresponda, la clausura del establecimiento o local desde seis meses a cinco aos.

7. Si el sancionado por una infraccin prevista en los artculos 52.e) o 54.1.d) de esta Ley fuera subcontratista de otra empresa, el contratista principal y todos los subcontratistas intermedios que conocieran que la empresa sancionada empleaba a extranjeros sin contar con la correspondiente autorizacin, respondern, solidariamente, tanto de las sanciones econmicas derivadas de las sanciones, como de las dems responsabilidades derivadas de tales hechos que correspondan al empresario con las Administraciones pblicas o con el trabajador. El contratista o subcontratista intermedios no podrn ser considerados responsables si hubieran respetado la diligencia debida definida en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Cincuenta y nueve. El artculo 57 queda redactado de la siguiente manera:

Artculo 57. Expulsin del territorio.

1. Cuando los infractores sean extranjeros y realicen conductas de las tipificadas como muy graves, o conductas graves de las previstas en los apartados a), b), c), d) y f) del artculo 53.1 de esta Ley Orgnica, podr aplicarse, en atencin al principio de proporcionalidad, en lugar de la sancin de multa, la expulsin del territorio espaol, previa la tramitacin del correspondiente expediente administrativo y mediante la resolucin motivada que valore los hechos que configuran la infraccin.

2. Asimismo, constituir causa de expulsin, previa tramitacin del correspondiente expediente, que el extranjero haya sido condenado, dentro o fuera de Espaa, por una conducta dolosa que constituya en nuestro pas delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un ao, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados.

3. En ningn caso podrn imponerse conjuntamente las sanciones de expulsin y multa.

4. La expulsin conllevar, en todo caso, la extincin de cualquier autorizacin para permanecer legalmente en Espaa, as como el archivo de cualquier procedimiento que tuviera por objeto la autorizacin para residir o trabajar en Espaa del extranjero expulsado. No obstante, la expulsin podr revocarse en los supuestos que se determinen reglamentariamente.

En el caso de las infracciones previstas en las letras a) y b) del artculo 53.1 de esta Ley, salvo que concurran razones de orden pblico o de seguridad nacional, si el extranjero fuese titular de una autorizacin de residencia vlida expedida por otro Estado miembro, se le advertir, mediante diligencia en el pasaporte, de la obligacin de dirigirse de inmediato al territorio de dicho Estado. Si no cumpliese esa advertencia se tramitar el expediente de expulsin.

5. La sancin de expulsin no podr ser impuesta, salvo que la infraccin cometida sea la prevista en el artculo 54, letra a) del apartado 1, o suponga una reincidencia en la comisin, en el trmino de un ao, de una infraccin de la misma naturaleza sancionable con la expulsin, a los extranjeros que se encuentren en los siguientes supuestos:

a) Los nacidos en Espaa que hayan residido legalmente en los ltimos cinco aos.

b) Los residentes de larga duracin. Antes de adoptar la decisin de la expulsin de un residente de larga duracin, deber tomarse en consideracin el tiempo de su residencia en Espaa y los vnculos creados, su edad, las consecuencias para el interesado y para los miembros de su familia, y los vnculos con el pas al que va a ser expulsado.

c) Los que hayan sido espaoles de origen y hubieran perdido la nacionalidad espaola.

d) Los que sean beneficiarios de una prestacin por incapacidad permanente para el trabajo como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional ocurridos en Espaa, as como los que perciban una prestacin contributiva por desempleo o sean beneficiarios de una prestacin econmica asistencial de carcter pblico destinada a lograr su insercin o reinsercin social o laboral.

Tampoco se podr imponer o, en su caso, ejecutar la sancin de expulsin al cnyuge del extranjero que se encuentre en alguna de las situaciones sealadas anteriormente y que haya residido legalmente en Espaa durante ms de dos aos, ni a sus ascendientes e hijos menores, o mayores con discapacidad que no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades debido a su estado de salud, que estn a su cargo.

6. La expulsin no podr ser ejecutada cuando sta conculcase el principio de no devolucin, o afecte a las mujeres embarazadas, cuando la medida pueda suponer un riesgo para la gestacin o la salud de la madre.

7. a) Cuando el extranjero se encuentre procesado o imputado en un procedimiento judicial por delito o falta para el que la Ley prevea una pena privativa de libertad inferior a seis aos o una pena de distinta naturaleza, y conste este hecho acreditado en el expediente administrativo de expulsin, en el plazo ms breve posible y en todo caso no superior a tres das, el Juez, previa audiencia del Ministerio Fiscal, la autorizar salvo que, de forma motivada, aprecie la existencia de circunstancias que justifiquen su denegacin.

En el caso de que el extranjero se encuentre sujeto a varios procesos penales tramitados en diversos juzgados, y consten estos hechos acreditados en el expediente administrativo de expulsin, la autoridad gubernativa instar de todos ellos la autorizacin a que se refiere el prrafo anterior.

b) No obstante lo sealado en el prrafo a) anterior, el juez podr autorizar, a instancias del interesado y previa audiencia del Ministerio Fiscal, la salida del extranjero del territorio espaol en la forma que determina la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

c) No sern de aplicacin las previsiones contenidas en los prrafos anteriores cuando se trate de delitos tipificados en los artculos 312.1, 313.1 y 318 bis del Cdigo Penal.

8. Cuando los extranjeros, residentes o no, hayan sido condenados por conductas tipificadas como delitos en los artculos 312.1, 313.1 y 318 bis del Cdigo Penal, la expulsin se llevar a efecto una vez cumplida la pena privativa de libertad.

9. La resolucin de expulsin deber ser notificada al interesado, con indicacin de los recursos que contra la misma se puedan interponer, rgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para presentarlos.

10. En el supuesto de expulsin de un residente de larga duracin de otro Estado miembro de la Unin Europea que se encuentre en Espaa, dicha expulsin slo podr efectuarse fuera del territorio de la Unin cuando la infraccin cometida sea una de las previstas en los artculos 53.1.d) y f) y 54.1.a) y b) de esta Ley Orgnica, y deber consultarse al respecto a las Autoridades competentes de dicho Estado miembro de forma previa a la adopcin de esa decisin de expulsin. En caso de no reunirse estos requisitos para que la expulsin se realice fuera del territorio de la Unin, la misma se efectuar al Estado miembro en el que se reconoci la residencia de larga duracin.

Sesenta. El artculo 58 queda redactado de la siguiente manera:

Artculo 58. Efectos de la expulsin y devolucin.

1. La expulsin llevar consigo la prohibicin de entrada en territorio espaol. La duracin de la prohibicin se determinar en consideracin a las circunstancias que concurran en cada caso y su vigencia no exceder de cinco aos.

2. Excepcionalmente, cuando el extranjero suponga una amenaza grave para el orden pblico, la seguridad pblica, la seguridad nacional o para la salud pblica, podr imponerse un perodo de prohibicin de entrada de hasta diez aos.

En las circunstancias que se determinen reglamentariamente, la autoridad competente no impondr la prohibicin de entrada cuando el extranjero hubiera abandonado el territorio nacional durante la tramitacin de un expediente administrativo sancionador por alguno de los supuestos contemplados en las letras a) y b) del artculo 53.1 de esta Ley Orgnica, o revocar la prohibicin de entrada impuesta por las mismas causas, cuando el extranjero abandonara el territorio nacional en el plazo de cumplimiento voluntario previsto en la orden de expulsin.

3. No ser preciso expediente de expulsin para la devolucin de los extranjeros en los siguientes supuestos:

a) Los que habiendo sido expulsados contravengan la prohibicin de entrada en Espaa.

b) Los que pretendan entrar ilegalmente en el pas.

4. En el supuesto de que se formalice una solicitud de proteccin internacional por personas que se encuentren en alguno de los supuestos mencionados en el apartado anterior, no podr llevarse a cabo la devolucin hasta que se haya decidido la inadmisin a trmite de la peticin, de conformidad con la normativa de proteccin internacional.

Tampoco podrn ser devueltas las mujeres embarazadas cuando la medida pueda suponer un riesgo para la gestacin o para la salud de la madre.

5. La devolucin ser acordada por la autoridad gubernativa competente para la expulsin.

6. Cuando la devolucin no se pudiera ejecutar en el plazo de 72 horas, se solicitar de la autoridad judicial la medida de internamiento prevista para los expedientes de expulsin.

7. La devolucin acordada en el prrafo a) del apartado 3 de este artculo conllevar la reiniciacin del cmputo del plazo de prohibicin de entrada que hubiese acordado la resolucin de expulsin quebrantada. Asimismo, toda devolucin acordada en aplicacin del prrafo b) del mismo apartado de este artculo llevar consigo la prohibicin de entrada en territorio espaol por un plazo mximo de tres aos.

Sesenta y uno. El artculo 59 queda redactado de la siguiente manera:

Artculo 59. Colaboracin contra redes organizadas.

1. El extranjero que se encuentre irregularmente en Espaa y sea vctima, perjudicado o testigo de un acto de trfico ilcito de seres humanos, inmigracin ilegal, explotacin laboral o de trfico ilcito de mano de obra o de explotacin en la prostitucin abusando de su situacin de necesidad, podr quedar exento de responsabilidad administrativa y no ser expulsado si denuncia a los autores o cooperadores de dicho trfico, o coopera y colabora con las autoridades competentes, proporcionando datos esenciales o testificando, en su caso, en el proceso correspondiente contra aquellos autores.

2. Los rganos administrativos competentes encargados de la instruccin del expediente sancionador informarn a la persona interesada sobre las previsiones del presente artculo a fin de que decida si desea acogerse a esta va, y harn la propuesta oportuna a la autoridad que deba resolver, que podr conceder una autorizacin provisional de residencia y trabajo a favor del extranjero, segn el procedimiento previsto reglamentariamente.

El instructor del expediente sancionador informar de las actuaciones en relacin con este apartado a la autoridad encargada de la instruccin del procedimiento penal.

3. A los extranjeros que hayan quedado exentos de responsabilidad administrativa se les podr facilitar, a su eleccin, el retorno asistido a su pas de procedencia o la autorizacin de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, y facilidades para su integracin social, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley velando, en su caso, por su seguridad y proteccin.

4. Cuando el Ministerio Fiscal tenga conocimiento de que un extranjero, contra el que se ha dictado una resolucin de expulsin, aparezca en un procedimiento penal como vctima, perjudicado o testigo y considere imprescindible su presencia para la prctica de diligencias judiciales, lo pondr de manifiesto a la autoridad gubernativa competente para que valore la inejecucin de su expulsin y, en el supuesto de que se hubiese ejecutado esta ltima, se proceder de igual forma a los efectos de que autorice su regreso a Espaa durante el tiempo necesario para poder practicar las diligencias precisas, sin perjuicio de que se puedan adoptar algunas de las medidas previstas en la Ley Orgnica 19/1994, de 23 de diciembre, de proteccin a testigos y peritos en causas criminales.

5. Las previsiones del presente artculo sern igualmente de aplicacin a extranjeros menores de edad, debiendo tenerse en cuenta en el procedimiento la edad y madurez de stos y, en todo caso, la prevalencia del principio del inters superior del menor.

6. Reglamentariamente se desarrollarn las condiciones de colaboracin de las organizaciones no gubernamentales sin nimo de lucro que tengan por objeto la acogida y proteccin de las vctimas de los delitos sealados en el apartado primero.

Sesenta y dos. Se aade un artculo 59 bis nuevo con la siguiente redaccin:

Artculo 59 bis (nuevo). Vctimas de la trata de seres humanos.

1. Las autoridades competentes adoptarn las medidas necesarias para la identificacin de las vctimas de la trata de personas conforme a lo previsto en el artculo 10 del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, de 16 de mayo de 2005.

2. Los rganos administrativos competentes para la instruccin del expediente sancionador, cuando estimen que existen motivos razonables para creer que una persona extranjera en situacin irregular ha sido vctima de trata de seres humanos, informarn a la persona interesada sobre las previsiones del presente artculo y elevarn a la autoridad competente para su resolucin la oportuna propuesta sobre la concesin de un perodo de restablecimiento y reflexin, de acuerdo con el procedimiento previsto reglamentariamente.

Dicho perodo de restablecimiento y reflexin tendr una duracin de, al menos, treinta das, y deber ser suficiente para que la vctima pueda decidir si desea cooperar con las autoridades en la investigacin del delito y, en su caso, en el procedimiento penal. Durante este perodo, se le autorizar la estancia temporal y se suspender el expediente administrativo sancionador que se le hubiera incoado o, en su caso, la ejecucin de la expulsin o devolucin eventualmente acordadas. Asimismo, durante el citado perodo las Administraciones competentes velarn por la subsistencia y, de resultar necesario, la seguridad y proteccin de la persona interesada.

3. El perodo de restablecimiento y reflexin podr denegarse o ser revocado por motivos de orden pblico o cuando se tenga conocimiento de que la condicin de vctima se ha invocado de forma indebida.

4. La autoridad competente podr declarar a la vctima exenta de respon-sabilidad administrativa y podr facilitarle, a su eleccin, el retorno asistido a su pas de procedencia o la autorizacin de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales cuando lo considere necesario a causa de su cooperacin para los fines de investigacin o de las acciones penales, o en atencin a su situacin personal, y facilidades para su integracin social, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley. Asimismo, en tanto se resuelva el procedimiento de autorizacin de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, se le podr facilitar una autorizacin provisional de residencia y trabajo en los trminos que se determinen reglamentariamente.

En la tramitacin de las autorizaciones referidas en el prrafo anterior se podr eximir de la aportacin de aquellos documentos cuya obtencin suponga un riesgo para la vctima.

5. Las previsiones del presente artculo sern igualmente de aplicacin a personas extranjeras menores de edad, debiendo tenerse en cuenta la edad y madurez de stas y, en todo caso, la prevalencia del inters superior del menor.

6. Reglamentariamente se desarrollarn las condiciones de colaboracin de las organizaciones no gubernamentales sin nimo de lucro que tengan por objeto la acogida y proteccin de las vctimas de la trata de seres humanos.

Sesenta y tres. El artculo 60 queda redactado de la siguiente manera:

Artculo 60. Efectos de la denegacin de entrada.

1. Los extranjeros a los que en frontera se les deniegue la entrada segn lo previsto por el artculo 26.2 de esta Ley, estarn obligados a regresar a su punto de origen.

La resolucin de la denegacin de entrada conllevar la adopcin inmediata de las medidas necesarias para que el extranjero regrese en el plazo ms breve posible. Cuando el regreso fuera a retrasarse ms de setenta y dos horas, la autoridad que hubiera denegado la entrada se dirigir al Juez de Instruccin para que determine el lugar donde hayan de ser internados hasta ese momento.

2. Los lugares de internamiento para extranjeros no tendrn carcter penitenciario, y estarn dotados de servicios sociales, jurdicos, culturales y sanitarios. Los extranjeros internados estarn privados nicamente del derecho ambulatorio.

3. El extranjero durante su internamiento se encontrar en todo momento a disposicin de la autoridad judicial que lo autoriz, debindose comunicar a sta por la autoridad gubernativa cualquier circunstancia en relacin a la situacin de los extranjeros internados.

4. La detencin de un extranjero a efectos de proceder al regreso a consecuencia de la denegacin de entrada ser comunicada al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la embajada o consulado de su pas.

Sesenta y cuatro. Se aade una nueva letra f) al apartado 1 del artculo 61:

f) Cualquier otra medida cautelar que el juez estime adecuada y suficiente.

Sesenta y cinco. El artculo 62 queda redactado de la siguiente manera:

Artculo 62. Ingreso en centros de internamiento.

1. Incoado el expediente por alguno de los supuestos contemplados en las letras a) y b) del artculo 54.1, en las letras a), d) y f) del artculo 53.1 y en el artculo 57.2 de esta Ley Orgnica en el que pueda proponerse expulsin del territorio espaol, el instructor podr solicitar al Juez de Instruccin competente que disponga el ingreso del extranjero en un centro de internamiento en tanto se realiza la tramitacin del expediente sancionador.

El Juez, previa audiencia del interesado y del Ministerio Fiscal, resolver mediante auto motivado, en el que, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, tomar en consideracin las circunstancias concurrentes y, en especial, el riesgo de incomparecencia por carecer de domicilio o de documentacin identificativa, las actuaciones del extranjero tendentes a dificultar o evitar la expulsin, as como la existencia de condena o sanciones administrativas previas y de otros procesos penales o procedimientos administrativos sancionadores pendientes. Asimismo, en caso de enfermedad grave del extranjero, el juez valorar el riesgo del internamiento para la salud pblica o la salud del propio extranjero.

2. El internamiento se mantendr por el tiempo imprescindible para los fines del expediente, siendo su duracin mxima de 60 das, y sin que pueda acordarse un nuevo internamiento por cualquiera de las causas previstas en un mismo expediente.

3. Cuando hayan dejado de cumplirse las condiciones descritas en el apartado 1, el extranjero ser puesto inmediatamente en libertad por la autoridad administrativa que lo tenga a su cargo, ponindolo en conocimiento del Juez que autoriz su internamiento. Del mismo modo y por las mismas causas, podr ser ordenado el fin del internamiento y la puesta en libertad inmediata del extranjero por el Juez, de oficio o a iniciativa de parte o del Ministerio Fiscal.

4. No podr acordarse el ingreso de menores en los centros de internamiento, sin perjuicio de lo previsto en el artculo 62 bis 1. i) de esta Ley. Los menores extranjeros no acompaados que se encuentren en Espaa sern puestos a disposicin de las entidades pblicas de proteccin de menores conforme establece la Ley Orgnica de Proteccin Jurdica del Menor y de acuerdo con las normas previstas en el artculo 35 de esta Ley.

5. La incoacin del expediente, las medidas cautelares de detencin e internamiento y la resolucin final del expediente de expulsin del extranjero sern comunicadas al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la embajada o consulado de su pas.

6. A los efectos del presente artculo, el Juez competente para autorizar y, en su caso, dejar sin efecto el internamiento ser el Juez de Instruccin del lugar donde se practique la detencin. El Juez competente para el control de la estancia de los extranjeros en los Centros de Internamiento y en las Salas de Inadmisin de fronteras, ser el Juez de Instruccin del lugar donde estn ubicados, debiendo designarse un concreto Juzgado en aquellos partidos judiciales en los que existan varios. Este Juez conocer, sin ulterior recurso, de las peticiones y quejas que planteen los internos en cuanto afecten a sus derechos fundamentales. Igualmente, podr visitar tales centros cuando conozca algn incumplimiento grave o cuando lo considere conveniente.

Sesenta y seis. El artculo 62 bis queda redactado de la siguiente manera:

Artculo 62 bis. Derechos de los extranjeros internados.

1. Los centros de internamiento de extranjeros son establecimientos pblicos de carcter no penitenciario; el ingreso y estancia en los mismos tendr nicamente finalidad preventiva y cautelar, salvaguardando los derechos y libertades reconocidos en el ordenamiento jurdico, sin ms limitaciones que las establecidas a su libertad ambulatoria, conforme al contenido y finalidad de la medida judicial de ingreso acordada. En particular, el extranjero sometido a internamiento tiene los siguientes derechos:

a) A ser informado de su situacin.

b) A que se vele por el respeto a su vida, integridad fsica y salud, sin que puedan en ningn caso ser sometidos a tratos degradantes o a malos tratos de palabra o de obra y a que sea preservada su dignidad y su intimidad.

c) A que se facilite el ejercicio de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurdico, sin ms limitaciones que las derivadas de su situacin de internamiento.

d) A recibir asistencia mdica y sanitaria adecuada y ser asistidos por los servicios de asistencia social del centro.

e) A que se comunique inmediatamente a la persona que designe en Espaa y a su abogado el ingreso en el centro, as como a la oficina consular del pas del que es nacional.

f) A ser asistido de abogado, que se proporcionar de oficio en su caso, y a comunicarse reservadamente con el mismo, incluso fuera del horario general del centro, cuando la urgencia del caso lo justifique.

g) A comunicarse en el horario establecido en el centro, con sus familiares, funcionarios consulares de su pas u otras personas, que slo podrn restringirse por resolucin judicial.

h) A ser asistido de intrprete si no comprende o no habla castellano y de forma gratuita, si careciese de medios econmicos.

i) A tener en su compaa a sus hijos menores, siempre que el Ministerio Fiscal informe favorablemente tal medida y existan en el centro mdulos que garanticen la unidad e intimidad familiar.

j) A entrar en contacto con organizaciones no gubernamentales y organismos nacionales, internacionales y no gubernamentales de proteccin de inmigrantes.

2. Los centros dispondrn de servicios de asistencia social y sanitaria con dotacin suficiente. Las condiciones para la prestacin de estos servicios se desarrollarn reglamentariamente.

3. Las organizaciones constituidas legalmente en Espaa para la defensa de los inmigrantes y los organismos internacionales pertinentes podrn visitar los centros de internamiento; reglamentariamente se desarrollarn las condiciones de las mismas.

Sesenta y siete. El artculo 62 ter queda redactado de la siguiente manera:

Artculo 62 ter. Deberes de los extranjeros internados.

El extranjero sometido a internamiento estar obligado:

a) A permanecer en el centro a disposicin del Juez de Instruccin que hubiere autorizado su ingreso.

b) A observar las normas por las que se rige el centro y cumplir las instrucciones generales impartidas por la direccin y las particulares que reciban de los funcionarios en el ejercicio legtimo de sus funciones, encaminadas al mantenimiento del orden y la seguridad dentro del mismo, as como las relativas a su propio aseo e higiene y la limpieza del centro.

c) A mantener una actividad cvica correcta y de respeto con los funcionarios y empleados del centro, con los visitantes y con los otros extranjeros internados, abstenindose de proferir insultos o amenazas contra los mismos, o de promover o intervenir en agresiones, peleas, desrdenes y dems actos individuales o colectivos que alteren la convivencia.

d) A conservar el buen estado de las instalaciones materiales, mobiliario y dems efectos del centro, evitando el deterioro o inutilizacin deliberada, tanto de stos como de los bienes o pertenencias de los dems extranjeros ingresados o funcionarios.

e) A someterse a reconocimiento mdico a la entrada y salida del centro, as como en aquellos casos en que, por razones de salud colectiva, apreciadas por el servicio mdico, y a peticin de ste, lo disponga el director del centro.

Sesenta y ocho. El artculo 63 queda redactado de la siguiente manera:

Artculo 63. Procedimiento preferente.

1. Incoado el expediente en el que pueda proponerse la expulsin por tratarse de uno de los supuestos contemplados en el artculo 53.1.d), 53.1.f), 54.1.a), 54.1.b), y 57.2, la tramitacin del mismo tendr carcter preferente.

Igualmente, el procedimiento preferente ser aplicable cuando, tratndose de las infracciones previstas en la letra a) del apartado 1 del artculo 53, se diera alguna de las siguientes circunstancias:

a) riesgo de incomparecencia.

b) el extranjero evitara o dificultase la expulsin, sin perjuicio de las actuaciones en ejercicio de sus derechos.

c) el extranjero representase un riesgo para el orden pblico, la seguridad pblica o la seguridad nacional.

En estos supuestos no cabr la concesin del perodo de salida voluntaria.

2. Durante la tramitacin del procedimiento preferente, as como en la fase de ejecucin de la expulsin que hubiese recado, podrn adoptarse las medidas cautelares y el internamiento establecidas en los artculos 61 y 62.

3. Se garantizar el derecho del extranjero a asistencia letrada, que se le proporcionar de oficio, en su caso, y a ser asistido por intrprete, si no comprende o no habla castellano, y de forma gratuita en el caso de que careciese de medios econmicos.

4. Iniciado el expediente, se dar traslado al interesado del acuerdo de iniciacin debidamente motivado y por escrito, para que alegue lo que considere adecuado, en el plazo de 48 horas, advirtindole de las consecuencias de no hacerlo as.

5. Si el interesado, o su representante, no efectuase alegaciones ni realizasen proposicin de prueba sobre el contenido del acuerdo de iniciacin, o si no se admitiesen, por improcedentes o innecesarias, de forma motivada, por el instructor las pruebas propuestas, sin cambiar la calificacin de los hechos, el acuerdo de iniciacin del expediente ser considerado como propuesta de resolucin con remisin a la autoridad competente para resolver.

De estimarse la proposicin de prueba, esta se realizar en el plazo mximo de tres das.

6. En el supuesto de las letras a) y b) del apartado 1 del artculo 53 cuando el extranjero acredite haber solicitado con anterioridad autorizacin de residencia temporal conforme a lo dispuesto en el artculo 31.3 de esta Ley, el rgano encargado de tramitar la expulsin suspender la misma hasta la resolucin de la solicitud, procediendo a la continuacin del expediente en caso de denegacin.

7. La ejecucin de la orden de expulsin en los supuestos previstos en este artculo se efectuar de forma inmediata.

Sesenta y nueve. Se introduce un nuevo artculo 63 bis que queda redactado de la siguiente manera:

Artculo 63 bis. Procedimiento ordinario.

1. Cuando se tramite la expulsin para supuestos distintos a los previstos en el artculo 63 el procedimiento a seguir ser el ordinario.

2. La resolucin en que se adopte la expulsin tramitada mediante el procedimiento ordinario incluir un plazo de cumplimiento voluntario para que el interesado abandone el territorio nacional. La duracin de dicho plazo oscilar entre siete y treinta das y comenzar a contar desde el momento de la notificacin de la citada resolucin.

El plazo de cumplimiento voluntario de la orden de expulsin podr prorrogarse durante un tiempo prudencial en atencin a las circunstancias que concurran en cada caso concreto, como pueden ser, la duracin de la estancia, estar a cargo de nios escolarizados o la existencia de otros vnculos familiares y sociales.

3. Tanto en la fase de tramitacin del procedimiento como durante el plazo de cumplimiento voluntario, podr adoptarse alguna o algunas de las medidas cautelares establecidas en el artculo 61, excepto la de internamiento prevista en la letra e).

Setenta. El artculo 64 queda redactado de la siguiente manera:

Artculo 64. Ejecucin de la expulsin.

1. Expirado el plazo de cumplimiento voluntario sin que el extranjero haya abandonado el territorio nacional, se proceder a su detencin y conduccin hasta el puesto de salida por el que se deba hacer efectiva la expulsin. Si la expulsin no se pudiera ejecutar en el plazo de setenta y dos horas, podr solicitarse la medida de internamiento regulada en los artculos anteriores, que no podr exceder del perodo establecido en el artculo 62 de esta Ley.

2. Tanto en los supuestos de prrroga del plazo de cumplimiento voluntario como de aplazamiento o suspensin de la ejecucin de la expulsin, lo que se acreditar en documento debidamente notificado al interesado, se tendr en cuenta la garanta para el extranjero afectado de:

a) El mantenimiento de la unidad familiar con los miembros que se hallen en territorio espaol.

b) La prestacin de atencin sanitaria de urgencia y tratamiento bsico de enfermedades.

c) El acceso para los menores, en funcin de la duracin de su estancia, al sistema de enseanza bsica.

d) Las necesidades especiales de personas vulnerables.

3. La ejecucin de la resolucin de expulsin se efectuar, en su caso, a costa del empleador que hubiera sido sancionado por las infracciones previstas en el artculo 53.2 a) o 54.1.d) de esta Ley o, en el resto de los supuestos, a costa del extranjero si tuviere medios econmicos para ello. De no darse ninguna de dichas condiciones, se comunicar al representante diplomtico o consular de su pas, a los efectos oportunos.

4. Cuando un extranjero sea detenido en territorio espaol y se constate que contra l se ha dictado una resolucin de expulsin por un Estado miembro de la Unin Europea, se proceder a ejecutar inmediatamente la resolucin, sin necesidad de incoar nuevo expediente de expulsin. Se podr solicitar la autorizacin del Juez de instruccin para su ingreso en un centro de internamiento, con el fin de asegurar la ejecucin de la sancin de expulsin, de acuerdo con lo previsto en la presente Ley.

5. Se suspender la ejecucin de la resolucin de expulsin cuando se formalice una peticin de proteccin internacional, hasta que se haya inadmitido a trmite o resuelto, conforme a lo dispuesto en la normativa de proteccin internacional.

6. No ser precisa la incoacin de expediente de expulsin:

a) para proceder al traslado, escoltados por funcionarios, de los solicitantes de proteccin internacional cuya solicitud haya sido inadmitida a trmite en aplicacin de la Ley 12/2009, de 30 de octubre reguladora del derecho de asilo y de la proteccin subsidiaria, al ser responsable otro Estado del examen de la solicitud, de conformidad con los convenios internacionales en que Espaa sea parte, cuando dicho traslado se produzca dentro de los plazos que el Estado responsable tiene la obligacin de proceder al estudio de la solicitud.

b) para proceder al traslado, escoltados por funcionarios, manutencin, o recepcin, custodia y transmisin de documentos de viaje, de los extranjeros que realicen un trnsito en territorio espaol, solicitado por un Estado miembro de la Unin Europea, a efectos de repatriacin o alejamiento por va area.

Setenta y uno. El segundo prrafo del apartado 1 del artculo 66 queda redactado de la siguiente manera:

La informacin ser transmitida por medios telemticos, o, si ello no fuera posible, por cualquier otro medio adecuado, y ser comprensiva del nombre y apellidos de cada pasajero, de su fecha de nacimiento, nacionalidad, nmero de pasaporte o del documento de viaje que acredite su identidad y tipo del mismo, paso fronterizo de entrada, cdigo de transporte, hora de salida y de llegada del transporte, nmero total de personas transportadas, y lugar inicial de embarque. Las autoridades encargadas del control de entrada guardarn los datos en un fichero temporal, borrndolos tras la entrada y en un plazo de veinticuatro horas desde su comunicacin, salvo necesidades en el ejercicio de sus funciones. Los transportistas debern haber informado de este procedimiento a los pasajeros, estando obligados a borrar los datos en el mismo plazo de veinticuatro horas.

Setenta y dos. El artculo 68 queda redactado de la siguiente manera:

Artculo 68. Coordinacin de las Administraciones Pblicas.

1. La Conferencia Sectorial de Inmigracin es el rgano a travs del cual se asegurar la adecuada coordinacin de las actuaciones que desarrollen las Administraciones Pblicas en materia de inmigracin.

2. Las Comunidades Autnomas que asuman competencias ejecutivas en la concesin de la autorizacin inicial de trabajo, debern desarrollarlas en necesaria coordinacin con las competencias estatales en materia de extranjera, inmigracin y autorizacin de residencia, de manera que se garantice la igualdad en la aplicacin de la normativa de extranjera e inmigracin en todo el territorio, la celeridad de los procedimientos y el intercambio de informacin entre las Administraciones necesario para el desarrollo de sus respectivas competencias. La coordinacin deber realizarse preservando la capacidad de autoorganizacin de cada Comunidad Autnoma as como su propio sistema de descentralizacin territorial.

3. Con carcter previo a la concesin de autorizaciones por arraigo, las Comunidades Autnomas o, en su caso, los Ayuntamientos, emitirn un informe sobre la integracin social del extranjero cuyo domicilio habitual se encuentre en su territorio. Reglamentariamente se determinarn los contenidos de dicho informe. En todo caso, el informe tendr en cuenta el periodo de permanencia, la posibilidad de contar con vivienda y medios de vida, los vnculos con familiares residentes en Espaa, y los esfuerzos de integracin a travs del seguimiento de programas de insercin sociolaborales y culturales.

4. Las Comunidades Autnomas que hayan asumido competencias en materia de seguridad ciudadana y orden pblico mediante la creacin de una polica propia, podrn aportar, en su caso, un informe sobre afectacin al orden pblico en todos los procedimientos de autorizacin de residencia o su renovacin, referidas a extranjeros que se encuentran en Espaa, en los que se prevea la necesidad de informe gubernativo. Tal informe se incorporar al expediente al igual que el que, en su caso, aporten las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ejercicio de sus competencias sobre seguridad pblica.

Setenta y tres. El apartado 1 del artculo 70 queda redactado de la siguiente manera:

1. El Foro para la Integracin Social de los Inmigrantes, constituido de forma tripartita y equilibrada, por representantes de las Administraciones Pblicas, de las asociaciones de inmigrantes y de otras organizaciones con inters e implantacin en el mbito migratorio, incluyendo entre ellas a las organizaciones sindicales y empresariales ms representativas, constituye el rgano de consulta, informacin y asesoramiento en materia de integracin de los inmigrantes.

Setenta y cuatro. Se introduce un nuevo artculo 72, que queda redactado de la siguiente manera:

Artculo 72. Comisin Laboral Tripartita de Inmigracin.

1. La Comisin Laboral Tripartita de Inmigracin es el rgano colegiado adscrito al Ministerio competente en materia de inmigracin, de la que forman parte las organizaciones sindicales y empresariales ms representativas.

2. La Comisin Laboral Tripartita de Inmigracin ser informada sobre la evolucin de los movimientos migratorios en Espaa y, en todo caso, ser consultada sobre las propuestas de Catlogo de ocupaciones de difcil cobertura, las previstas en el artculo 39 de esta Ley y las de contratacin de trabajadores de temporada que se determinen.

3. Mediante Orden Ministerial se determinar su composicin, forma de designacin de sus miembros, competencias y rgimen de funcionamiento.

Setenta y cinco. Se aade un nuevo inciso al apartado 1 de la disposicin adicional primera, el cual quedara redactado de la siguiente manera:

1. El plazo general mximo para notificar las resoluciones de las solicitudes de autorizaciones que formulen los interesados a tenor de lo previsto en esta Ley ser de tres meses, contados a partir del da siguiente al de la fecha en que hayan tenido entrada en el registro del rgano competente para tramitarlas; ello, sin perjuicio del plazo mximo de 15 das naturales establecido por la normativa comunitaria en relacin con procedimientos de solicitud de visado de trnsito o estancia (as como de las excepciones previstas en la misma para su posible ampliacin). Transcurrido el plazo para notificar las resoluciones de las solicitudes, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente, stas podrn entenderse desestimadas.

Setenta y seis. Se modifica el apartado 2 y se introduce un apartado 3 en la disposicin adicional primera con la siguiente redaccin:

2. Las solicitudes de prrroga de la autorizacin de residencia, la renovacin de la autorizacin de trabajo, as como las solicitudes de autorizacin de residencia de larga duracin que se formulen por los interesados a tenor de lo dispuesto en la presente Ley Orgnica se resolvern y notificarn en el plazo mximo de tres meses contados a partir del da siguiente al de la fecha en que hayan tenido entrada en el registro del rgano competente para tramitarlas. Transcurrido dicho plazo sin que la Administracin haya dado respuesta expresa, se entender que la prrroga o renovacin han sido concedidas.

3. Las solicitudes de modificacin de la limitacin territorial o de ocupacin de las autorizaciones iniciales de residencia y trabajo se resolvern y notificarn por la administracin autonmica o estatal competente en el plazo mximo de un mes. Transcurrido dicho plazo sin que la Administracin haya dado respuesta expresa, se entender que la solicitud ha sido concedida.

Setenta y siete. El apartado 1 de la disposicin adicional tercera queda redactado de la siguiente manera:

1. Cuando el sujeto legitimado se encuentre en territorio espaol habr de presentar personalmente las solicitudes relativas a las autorizaciones de residencia y de trabajo en los registros de los rganos competentes para su tramitacin. Igualmente, en los procedimientos en los que el sujeto legitimado fuese un empleador, las solicitudes podrn ser presentadas por ste, o por quien vlidamente ostente la representacin legal empresarial. Reglamentariamente se podrn establecer excepciones a la presentacin ante el rgano competente para su tramitacin o a la necesidad de presentacin personal de solicitudes.

Setenta y ocho. Se aade un nuevo prrafo en el apartado 2 de la disposicin adicional tercera, que quedara redactado de la siguiente manera:

2. Cuando el sujeto legitimado se encuentre en territorio extranjero, la presentacin de solicitudes de visado y su recogida se realizarn personalmente ante la misin diplomtica u oficina consular en cuya demarcacin aqul resida. Excepcionalmente, cuando el interesado no resida en la poblacin en que tenga su sede la misin diplomtica u oficina consular y se acrediten razones que obstaculicen el desplazamiento, como la lejana de la misin u oficina o dificultades de transporte que hagan el viaje especialmente gravoso, podr acordarse que la solicitud de visado pueda presentarse por representante debidamente acreditado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el prrafo anterior, en los supuestos de presentacin de solicitudes y recogida de visado de estancia, trnsito y de residencia por reagrupacin familiar de menores, ambos trmites podrn realizarse mediante representante debidamente acreditado.

En cualquier caso, la misin diplomtica u oficina consular podr requerir la comparecencia del solicitante y, cuando lo estime necesario, mantener una entrevista personal.

Lo dispuesto en este apartado se entender sin perjuicio de lo establecido en la normativa comunitaria que desarrolla la poltica comn de visados en lo relativo a la posibilidad de celebrar acuerdos con otros Estados miembros de la Unin Europea a efectos de representacin en terceros Estados, en cuanto a procedimientos de solicitud de visados de trnsito o estancia.

Setenta y nueve. La disposicin adicional cuarta queda redactada de la siguiente manera:

Disposicin adicional cuarta.

1. La autoridad competente para resolver inadmitir a trmite las solicitudes relativas a los procedimientos regulados en esta ley, en los siguientes supuestos:

a) Falta de legitimacin del solicitante, o insuficiente acreditacin de la representacin.

b) Presentacin de la solicitud fuera del plazo legalmente establecido.

c) Cuando se trate de reiteracin de una solicitud ya denegada, siempre que las circunstancias que motivaron la denegacin no hayan variado.

d) Cuando conste un procedimiento administrativo sancionador contra el solicitante en el que pueda proponerse la expulsin o cuando se haya decretado en contra del mismo una orden de expulsin, judicial o administrativa salvo que, en este ltimo caso, la orden de expulsin hubiera sido revocada o se hallase en uno de los supuestos regulados por los artculos 31 bis, 59, 59 bis o 68.3 de esta ley.

e) Cuando el solicitante tenga prohibida su entrada en Espaa.

f) Cuando se trate de solicitudes manifiestamente carentes de fundamento.

g) Cuando se refieran a extranjeros que se encontrasen en Espaa en situacin irregular, salvo que pueda encontrarse en uno de los supuestos del artculo 31, apartado 3.

h) Cuando dicha solicitud no sea realizada personalmente y dicha circunstancia sea exigida por ley.

2. En los procedimientos relativos a solicitudes de visado de trnsito o estancia, la autoridad competente para resolver inadmitir a trmite las solicitudes, en los siguientes supuestos:

a) Presentacin de la solicitud fuera del plazo de los tres meses anteriores al comienzo del viaje.

b) Presentacin de la solicitud en documento distinto al modelo oficialmente establecido a los efectos.

c) No aportacin de documento de viaje vlido al menos hasta tres meses despus de la fecha (en su caso, ltima fecha) prevista de salida del territorio de los Estados miembros de la Unin Europea; en el que figuren al menos dos pginas en blanco; y expedido dentro de los diez aos anteriores a la presentacin de la solicitud de visado.

d) Cuando no se aporte fotografa del solicitante, acorde a lo dispuesto en la normativa reguladora del Sistema de Informacin de Visados (VIS) de la Unin Europea.

e) Cuando no se hayan tomado los datos biomtricos del solicitante.

f) Cuando no se haya abonado la tasa de visado.

Ochenta. La disposicin adicional quinta queda redactada de la siguiente manera:

Disposicin adicional quinta. Acceso a la informacin, colaboracin entre Administraciones pblicas y gestin informtica de los procedimientos.

1. En el cumplimiento de los fines que tienen encomendadas, y con pleno respeto a la legalidad vigente, las Administraciones pblicas, dentro de su mbito competencial, colaborarn en la cesin de datos relativos a las personas que sean consideradas interesados en los procedimientos regulados en esta Ley Orgnica y sus normas de desarrollo.

2. Para la exclusiva finalidad de cumplimentar las actuaciones que los rganos de la Administracin General del Estado competentes en los procedimientos regulados en esta Ley Orgnica y sus normas de desarrollo tienen encomendadas, la Agencia Estatal de Administracin Tributaria, la Tesorera General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de Estadstica, este ltimo en lo relativo al Padrn Municipal de Habitantes, facilitarn a aqullos el acceso directo a los ficheros en los que obren datos que hayan de constar en dichos expedientes, y sin que sea preciso el consentimiento de los interesados, de acuerdo con la legislacin sobre proteccin de datos.

Igualmente, los anteriores organismos facilitarn a las Comunidades Autnomas la informacin necesaria para ejercer sus competencias sobre autorizaciones iniciales de trabajo sin que tampoco sea preciso el consentimiento de los interesados.

3. La tramitacin de los procedimientos en materia de extranjera derivados del cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley Orgnica, se realizar sobre una aplicacin informtica comn cuya implantacin y coordinacin respecto de los restantes Departamentos implicados corresponder al Ministerio de Trabajo e Inmigracin. Dicha aplicacin, garantizando la proteccin de datos de carcter personal, registrar la informacin y datos relativos a los extranjeros y ciudadanos de la Unin Europea residentes en Espaa y sus autorizaciones, impulsar el cumplimiento de lo establecido por la legislacin en materia de acceso electrnico de los ciudadanos a los servicios pblicos y permitir el conocimiento, en tiempo real, de la situacin de las solicitudes de autorizacin reguladas en esta Ley por parte de los rganos administrativos que sean competentes en cada una de las fases del mismo, as como su intervencin en la fase que recaiga dentro de su mbito de competencias. Asimismo, la aplicacin informtica permitir la generacin de bases de datos estadsticas por las administraciones intervinientes para la obtencin de la informacin actualizada y fiable sobre las magnitudes relativas a la inmigracin y la extranjera.

En cumplimiento de lo establecido por la normativa comunitaria sobre la materia, la tramitacin de procedimientos relativos a visados de trnsito y de estancia se realizar sobre la aplicacin informtica especficamente creada a los efectos, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacin, que estar interconectada con la aplicacin informtica comn, en orden a que en la base de datos de esta ltima conste informacin sobre los datos de los visados solicitados y concedidos en las Oficinas consulares o Misiones diplomticas espaolas en el exterior.

El Ministerio del Interior, de acuerdo con sus competencias en materia de orden pblico, seguridad pblica y seguridad nacional, mantendr un Registro central de extranjeros. Reglamentariamente, se establecer la interconexin que, en su caso, resulte necesaria para que en la aplicacin informtica comn conste la informacin que pueda repercutir en la situacin administrativa de los extranjeros en Espaa.

4. Cuando las Comunidades Autnomas, en el mbito de sus competencias, intervengan en alguno de los procedimientos regulados en esta Ley, se garantizar que su participacin en los procedimientos informatizados responda a estndares comunes que garanticen la necesaria coordinacin de la actuacin de todos los rganos administrativos intervinientes. Igualmente, la aplicacin informtica comn dar acceso a las Comunidades Autnomas con competencias en materia de autorizacin de trabajo a la informacin necesaria para el ejercicio de sus competencias, entre la que se encontrar aquella relativa a la concesin y extincin de autorizaciones de reagrupacin familiar concedidas en su territorio as como de las altas en Seguridad Social de las autorizaciones de trabajo iniciales concedidas por ellas.

5. El Observatorio Permanente de la Inmigracin aunar el conjunto de la informacin estadstica disponible en materia de extranjera, inmigracin, proteccin internacional y nacionalidad, con independencia de la Administracin Pblica, Departamento ministerial u Organismo responsable de su elaboracin, con la finalidad de servir como sistema de anlisis e intercambio de la informacin cualitativa y cuantitativa relacionada con los movimientos migratorios al servicio de las entidades responsables de gestionar las polticas pblicas en dichas materias.

Ochenta y uno. La disposicin adicional sexta queda redactada de la siguiente manera:

Disposicin adicional sexta. Acuerdos de readmisin.

A los extranjeros que, en virtud de los acuerdos que regulen la readmisin de las personas en situacin irregular suscritos por Espaa, deban ser entregados o enviados a los pases de los que sean nacionales o desde los que se hayan trasladado hasta el territorio espaol, les ser de aplicacin lo dispuesto en los citados acuerdos as como su normativa de desarrollo.

Dichos acuerdos contendrn clusulas de respeto a los derechos humanos en virtud de lo que establecen en esta materia los tratados y convenios internacionales.

En el caso de que el titular de la tarjeta azul de la U.E. concedida en Espaa fuera objeto de una medida de repatriacin en otro Estado miembro, por haberse extinguido la vigencia de la autorizacin originaria para permanecer en dicho Estado o por denegarse su solicitud para residir en l, se le readmitir sin necesidad de ninguna otra formalidad, incluyendo, en su caso, a los miembros de su familia previamente reagrupados.

Ochenta y dos. Se aade una nueva disposicin adicional novena con la siguiente redaccin:

Disposicin adicional novena. Autorizaciones autonmicas de trabajo en origen.

En el marco de los procedimientos de contratacin colectiva en origen, las comunidades autnomas con competencias ejecutivas en materia de autorizaciones de trabajo podrn establecer servicios que faciliten la tramitacin de los correspondientes visados ante los consulados espaoles, as como promover el desarrollo de programas de acogida para los trabajadores extranjeros y sus familias.

Ochenta y tres. La disposicin final cuarta queda redactada del siguiente modo:

Disposicin final cuarta. Preceptos no orgnicos.

1. Tienen naturaleza orgnica los preceptos contenidos en los siguientes artculos de esta Ley: 1, 2, 3, 4.1, 4.3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 18 bis, 19, 20, 21, 22.1, 23, 24, 25, 25 bis, 27, 29, 30, 30 bis, 31, 31 bis, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 59 bis, 60, 61, 62, 62 bis, 62 ter, 62 quter, 62 quinquies, 62 sexies, 63, 63 bis, 64, 66, 71, las disposiciones adicionales tercera a octava y las disposiciones finales.

2. Los preceptos no incluidos en el apartado anterior no tienen naturaleza orgnica.

Ochenta y cuatro. Se aade una disposicin final quinta bis con la siguiente redaccin:

Disposicin final quinta bis. Cdigo Comunitario de Visados.

Las previsiones de la presente Ley en materia de visados de trnsito y estancia se entendern sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento (CE) n. 810/2009, de 13 de julio, por el que se establece un Cdigo Comunitario sobre Visados.

Disposicin adicional primera. Sustitucin del trmino residencia permanente por el de residencia de larga duracin.

Todas las referencias a los trminos residencia permanente o residente permanente contenidas en el Ordenamiento Jurdico se entendern referidas a la residencia o residente de larga duracin.

Disposicin adicional segunda. Reagrupacin familiar de ciudadanos espaoles respecto a sus familiares nacionales de terceros pases.

Reglamentariamente se podrn establecer condiciones especiales ms favorables, respecto de las previstas en esta Ley, para la reagrupacin familiar ejercida por los espaoles.

Disposicin adicional tercera. Rgimen de internamiento de extranjeros.

El Gobierno, en el plazo de seis meses aprobar un Reglamento que desarrollar el rgimen de internamiento de los extranjeros.

Disposicin adicional cuarta. Modificacin de la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Se aade un nuevo apartado 2 al artculo 87 de la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que queda redactado como sigue:

2. Asimismo, los juzgados de instruccin conocern de la autorizacin del internamiento de extranjeros en los centros de internamiento, as como del control de la estancia de stos en los mismos y en las salas de inadmisin de fronteras. Tambin conocern de las peticiones y quejas que planteen los internos en cuanto afecten a sus derechos fundamentales.

Disposicin adicional quinta. Modificacin de la Ley, de 8 junio de 1957, del Registro Civil.

Se aade un nuevo prrafo al artculo 63 de la Ley, de 8 junio de 1957, del Registro Civil, que queda redactado como sigue:

Artculo 63.

La concesin de nacionalidad por residencia se har, previo expediente, por el Ministerio de Justicia.

Las autoridades competentes para la tramitacin y resolucin de las solicitudes de adquisicin de la nacionalidad por residencia, para la exclusiva finalidad de resolver la solicitud presentada por el interesado, recabarn de oficio de las Administraciones Pblicas competentes cuantos informes sean necesarios para comprobar si los solicitantes renen los requisitos exigidos en el artculo 22 del Cdigo Civil, sin que sea preciso el consentimiento de los interesados.

En cualquier caso, el interesado podr aportar un informe emitido por la Comunidad Autnoma a efectos de acreditar su integracin en la sociedad espaola.

Disposicin adicional sexta. Convalidacin de titulaciones extranjeras.

El Gobierno adoptar las medidas necesarias para agilizar la tramitacin de los procedimientos de homologacin y convalidacin de las titulaciones en el extranjero.

Disposicin adicional sptima.

Con la finalidad de facilitar la labor de control del Gobierno por parte de las Cortes Generales, ste elaborar y remitir anualmente un informe con el anlisis cualitativo y cuantitativo de los datos analizados por el Observatorio Permanente de la Inmigracin relacionados con los movimientos migratorios, y especialmente sobre los procedimientos de flujos migratorios de carcter laboral.

Disposicin derogatoria nica. Derogacin normativa.

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a esta Ley.

Disposicin final primera. Preceptos con carcter orgnico.

Tendrn carcter orgnico los apartados del artculo nico de esta Ley que modifican preceptos que tengan tal naturaleza con arreglo a la disposicin final cuarta de la Ley Orgnica 4/2000, de 11 de enero, de derechos y libertades de los extranjeros en Espaa, as como sus disposiciones adicionales, transitorias y finales.

No tiene carcter orgnico la disposicin adicional quinta por la que se modifica la Ley, de 8 de junio de 1957, del Registro Civil.

Disposicin final segunda. Habilitacin competencial.

Los preceptos de la presente Ley, que no tengan carcter orgnico, se entendern dictados al amparo de lo dispuesto en el artculo 149.1.1. y 2. de la Constitucin.

Disposicin final tercera. Adaptacin reglamentaria.

1. El Gobierno, en el plazo de seis meses desde la publicacin de esta Ley Orgnica, dictar cuantas disposiciones de aplicacin y desarrollo sean necesarias.

2. Reglamentariamente se regular el contenido de la resolucin de la Secretara de Estado de Inmigracin y Emigracin, de 28 de febrero de 2007, relativa al acuerdo por el que se aprueban las instrucciones por las que se determina el procedimiento para autorizar la entrada, residencia y trabajo en Espaa, de extranjeros en cuya actividad profesional concurran razones de inters econmico, social o laboral, o relativas a la realizacin de trabajos de investigacin o desarrollo o docentes, que requieran alta cualificacin, o de actuaciones artsticas de especial inters cultural. Dicha regulacin deber incluir a pequeas y medianas empresas.

Disposicin final cuarta. Entrada en vigor.

La presente Ley entrar en vigor el da siguiente al de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgnica.

Madrid, 11 de diciembre de 2009.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOS LUIS RODRGUEZ ZAPATERO

Análisis

  • Rango: Ley Orgnica
  • Fecha de disposición: 11/12/2009
  • Fecha de publicación: 12/12/2009
  • Entrada en vigor: 13 de diciembre de 2009.
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • SE DECLARA, en el Recurso 2085/2010, su desestimacin en relacin con el art. nico.11, por Sentencia 155/2015, de 9 de julio (Ref. BOE-A-2015-9197).
Referencias anteriores
  • MODIFICA:
    • arts. 1 a 15, 17 a 19, 22, 23, 25, 25 bis, 27 a 33, 35 a 49, 52 a 55, 57 a 60, 62 a 64, 66, 68, 70, 72, las disposiciones adicionales 1 a 6, final 4 y el ttulo de los captulos II y III y AADE los arts. 2 bis, 18 bis, 31 bis, 38 bis, 59 bis y 63 bis, los arts. 2 ter y 38 ter y las disposiciones adicional 9 y final 5, a la Ley Orgnica 4/2000, de 11 de enero (Ref. BOE-A-2000-544).
    • el art. 87.2 de la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio (Ref. BOE-A-1985-12666).
    • art. 63 de la Ley del Registro Civil, de 8 de junio de 1957 (GAZETA) (Ref. BOE-A-1957-7537).
  • TRANSPONE:
  • CITA:
Materias
  • Asistencia social
  • Centros de Internamiento de Extranjeros
  • Comunidades Autnomas
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