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Documento BOE-A-2007-22440

Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Informacin.

TEXTO

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

PREMBULO
I

La presente Ley se enmarca en el conjunto de medidas que constituyen el Plan 2006-2010 para el desarrollo de la Sociedad de la Informacin y de convergencia con Europa y entre Comunidades Autnomas y Ciudades Autnomas, Plan Avanza, aprobado por el Gobierno en noviembre de 2005.

El Plan Avanza prev entre sus medidas la adopcin de una serie de iniciativas normativas dirigidas a eliminar las barreras existentes a la expansin y uso de las tecnologas de la informacin y de las comunicaciones y para garantizar los derechos de los ciudadanos en la nueva sociedad de la informacin.

En esta lnea, la presente Ley, por una parte, introduce una serie de innovaciones normativas en materia de facturacin electrnica y de refuerzo de los derechos de los usuarios y, por otra parte, acomete las modificaciones necesarias en el ordenamiento jurdico para promover el impulso de la sociedad de la informacin.

En este sentido, se introducen una serie de modificaciones tanto de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Informacin y de Comercio Electrnico, como de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrnica, que constituyen dos piezas angulares del marco jurdico en el que se desenvuelve el desarrollo de la sociedad de la informacin.

Dicha revisin del ordenamiento jurdico se completa con otras modificaciones menores de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones y de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenacin del comercio minorista.

II

El captulo I de la Ley introduce sendos preceptos dirigidos a impulsar el empleo de la factura electrnica y del uso de medios electrnicos en todas las fases de los procesos de contratacin y a garantizar una interlocucin electrnica de los usuarios y consumidores con las empresas que presten determinados servicios de especial relevancia econmica.

En materia de facturacin electrnica, el artculo 1 establece la obligatoriedad del uso de la factura electrnica en el marco de la contratacin con el sector pblico estatal en los trminos que se precisen en la Ley reguladora de contratos del sector pblico, define el concepto legal de factura electrnica y, asimismo, prev actuaciones de complemento y profundizacin del uso de medios electrnicos en los procesos de contratacin.

As, el citado precepto prev que el Gobierno determinar el rgano competente de la Administracin General del Estado que impulsar el empleo de la factura electrnica entre los diversos agentes del mercado, en particular entre las pequeas y medianas empresas y en las denominadas microempresas, de acuerdo con la definicin establecida en la Recomendacin C(2003) 1422 de la Comisin Europea, de 6 de mayo de 2003, con el fin de fomentar el desarrollo del comercio electrnico. Por su parte, las Comunidades Autnomas, de acuerdo con las competencias que tenga reconocidas por sus Estatutos, colaborarn en coordinacin con la Administracin del Estado en el empleo de la factura electrnica.

De igual modo el Gobierno, o en su caso las Comunidades Autnomas en el mbito de sus competencias desarrollarn, en cooperacin con las asociaciones representativas de las empresas proveedoras de soluciones tcnicas de facturacin electrnica y de las asociaciones relevantes de usuarios, un plan para la generalizacin del uso de la factura electrnica en Espaa, definiendo, asimismo, los contenidos bsicos de dicho plan.

Asimismo, la Ley habilita a los Ministerios de Industria, Turismo y Comercio y de Economa y Hacienda, respetando las competencias reconocidas a las Comunidades Autnomas, para que aprueben las normas sobre formatos estructurados estndar de facturas electrnicas que sean necesarias para facilitar la interoperabilidad tanto en el sector pblico como en el sector privado y permitan facilitar y potenciar el tratamiento automatizado de las mismas.

Adems, el citado precepto, yendo ms all del impulso a la extensin del uso de la factura electrnica, encomienda a las diversas Administraciones Pblicas en el mbito de sus competencias la promocin de la extensin y generalizacin del uso de medios electrnicos en las dems fases de los procesos de contratacin.

El artculo 2, por su parte, establece la obligacin de las empresas de determinados sectores con especial incidencia en la actividad econmica (entre otras, compaas dedicadas al suministro de electricidad, agua y gas, telecomunicaciones, entidades financieras, aseguradoras, grandes superficies, transportes, agencias de viaje) de facilitar un medio de interlocucin telemtica a los usuarios de sus servicios que cuenten con certificados reconocidos de firma electrnica.

Esta nueva obligacin tiene por finalidad asegurar que los ciudadanos cuenten con un canal de comunicacin electrnica con las empresas cuyos servicios tienen una mayor trascendencia en el desarrollo cotidiano de sus vidas.

A tales efectos, se especifica que dicha interlocucin telemtica ha de facilitar al menos la realizacin de trmites tales como la contratacin electrnica, modificacin de condiciones contractuales, altas, bajas, quejas, histrico de facturacin, sustitucin de informaciones y datos en general, as como el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificacin, oposicin y cancelacin en materia de proteccin de datos. Asimismo, se prev que dicho medio de interlocucin telemtica sirva para sustituir los trmites que actualmente se realicen por fax. No obstante, el citado precepto no impide que excepcionalmente las empresas obligadas por el mismo no faciliten la contratacin de productos o servicios que por su naturaleza no sean susceptibles de comercializacin por va electrnica.

Esta obligacin vendr a complementar la garanta del derecho de una comunicacin electrnica de los ciudadanos con las Administraciones Pblicas, establecida en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrnico de los ciudadanos a los Servicios Pblicos, en ejecucin de uno de los mandatos normativos contenidos en el Plan Avanza.

Por ltimo, el artculo 3 tiene por finalidad establecer una regulacin mnima de las subastas electrnicas entre empresarios (B2B) a fin de establecer un marco jurdico que dote a esta tcnica de compra de la necesaria transparencia y seguridad jurdica.

En este sentido, la regulacin prevista tiene por objeto evitar las suspicacias de las empresas a la hora de participar en estos nuevos mtodos de compra y eliminar cualquier tipo de prctica o competencia desleal. En definitiva, se trata de garantizar a travs de un precepto especfico los principios de igualdad de trato, de no discriminacin y transparencia entre empresas.

III

El captulo II de la Ley engloba las modificaciones legislativas que se han estimado necesarias para promover el impulso de la sociedad de la informacin y de las comunicaciones electrnicas.

Dichas modificaciones afectan principalmente a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Informacin y de Comercio Electrnico y a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrnica, si bien se incluyen tambin modificaciones de menor entidad de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, se modifica la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenacin del comercio minorista para incluir un nuevo tipo de infraccin que respalde lo dispuesto en el artculo 2 de la presente Ley, se introducen una serie de cambios en la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones y se introducen, asimismo, modificaciones en la Ley de Propiedad Intelectual.

El artculo 4 de la Ley incluye las diferentes modificaciones necesarias en el vigente texto de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Informacin y de Comercio Electrnico (LSSI).

Estas modificaciones tienen como finalidad, en primer lugar, revisar o eliminar obligaciones excesivas o innecesarias y, en segundo lugar, flexibilizar las obligaciones referidas a las comunicaciones comerciales y a la contratacin electrnicas a fin de, entre otras razones, adecuar su aplicacin al uso de dispositivos mviles.

La primera medida prevista es la nueva redaccin del artculo 8 que regula las restricciones a la prestacin de servicios de la sociedad de la informacin y su procedimiento de cooperacin intracomunitario. Por lo que al primer aspecto se refiere, es decir, las restricciones a los servicios de telecomunicaciones, este precepto establece que en el caso de que un determinado servicio de esta naturaleza atente contra los principios que en el propio precepto se recogen, los rganos competentes para su proteccin adoptarn las medidas necesarias para que se pueda interrumpir su prestacin o retirar los datos que los vulneran. Los principios objeto de proteccin son: la salvaguarda del orden pblico, la investigacin penal, la seguridad pblica y la defensa nacional; la proteccin de la salud pblica o de las personas fsicas o jurdicas que tengan la condicin de consumidores y usuarios; el respeto a la dignidad de la persona y al principio a la no discriminacin por motivos de raza, sexo, religin, opinin, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social, y finalmente, la proteccin de la juventud y de la infancia. Como no puede ser de otra manera, se prev que en la adopcin de estas medidas se respetarn siempre las garantas y procedimientos establecidos en las leyes. Finalmente, sobre este punto de las restricciones a la prestacin de servicios de la Sociedad de la Informacin, el artculo 8 incorpora adems el principio de que solo la autoridad judicial competente, en los casos en que la Constitucin y las leyes de los respectivos derechos y libertades fundamentales as lo prevean de forma excluyente, podrn adoptar las medidas restrictivas previstas en este artculo, en tanto que garante de los derechos a la libertad de expresin, de produccin y creacin literaria cientfica y tcnica, de informacin y de ctedra.

En relacin con el procedimiento de cooperacin intracomunitario, el vigente apartado 4 del artculo 8 mantiene prcticamente su redaccin pues constituye una transposicin necesaria del procedimiento intracomunitario de cooperacin previsto en la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurdicos de los servicios de la sociedad de la informacin, en particular el comercio electrnico en el mercado interior. Por su parte, el vigente apartado 2 del artculo 8, sobre colaboracin de prestadores de servicios de intermediacin para impedir el acceso desde Espaa a servicios o contenidos cuya interrupcin o retirada haya decidido un rgano competente, se traslada al artculo 11.

En coherencia con la nueva redaccin del artculo 8 se elimina tambin el prrafo a) del apartado 2 del artculo 38, por el que se tipifica como infraccin administrativa muy grave el incumplimiento de las rdenes dictadas por rganos administrativos en virtud del artculo 8. A este respecto, se considera que los rganos competentes para imponer restricciones en el mundo fsico, ya sean judiciales o administrativos -pinsese por ejemplo en las autoridades de control sanitario-, debern estar habilitados por sus propias normas a imponer dichas restricciones a los prestadores de servicios de la sociedad de la informacin cuando incumplan una orden emanada por los mismos en ejercicio de sus competencias legalmente atribuidas. Sin perjuicio de lo anterior, la nueva redaccin del apartado 4 del artculo 8 remite al artculo 11 para habilitar al rgano competente a requerir la colaboracin de los prestadores de servicios de intermediacin en caso de estimarlo necesario para garantizar la eficacia de las medidas que hubiera adoptado.

Como consecuencia de las modificaciones realizadas en el artculo 8 se procede a hacer un ajuste tcnico en la remisin contenida en el artculo 4 que ahora debe remitirse al artculo 11.

La segunda modificacin importante prevista en relacin con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Informacin y de Comercio Electrnico (LSSI) es la supresin de la obligacin establecida en el artculo 9 sobre constancia registral de los nombres de dominio, dado que se ha revelado como poco operativa desde un punto de vista prctico.

En coherencia con la supresin del artculo 9 se prev tambin la eliminacin del prrafo a) del apartado 4 del artculo 38 en el que se tipifica como infraccin administrativa leve el incumplimiento de lo dispuesto en el artculo 9.

Como consecuencia de la supresin del artculo 9 se procede a una modificacin tcnica en la redaccin del prrafo b) del apartado 1 del artculo 10. Asimismo, se realiza un ajuste de redaccin en el prrafo f) del aparta-do 1 del artculo 10.

En tercer lugar, se ha entendido necesaria la modificacin del artculo 11. La redaccin vigente del artculo incluye una posibilidad de intervencin del Ministerio de Ciencia y Tecnologa (hoy Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) que se ha eliminado. En este sentido, son los propios rganos competentes los que en ejercicio de las competencias que legalmente tengan atribuidas deben dirigirse directamente a los prestadores de servicios de intermediacin, sin que sea necesario que un departamento ajeno, como es el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, intervenga en un procedimiento en el que se diluciden asuntos en los que carece de competencias.

Por otra parte, se precisa en el artculo 11 que la suspensin del servicio que se puede ordenar a los prestadores de servicios de intermediacin se circunscribe a aqullos empleados por terceros para proveer el servicio de la sociedad de la informacin o facilitar el contenido cuya interrupcin o retirada haya sido ordenada. Se aade, adems, un nuevo apartado 2, que traslada a este artculo la previsin actualmente establecida en el apartado 2 del artculo 8, que prev la posibilidad de requerir la colaboracin de los prestadores de servicios de intermediacin para impedir el acceso desde Espaa a servicios o contenidos cuya interrupcin o retirada haya sido decidida.

Igualmente se incluye un nuevo inciso en el apartado3 del artculo 11 que aclara que la autorizacin del secuestro de pginas de Internet o de su restriccin cuando sta afecte a los derechos y libertades de expresin e informacin y dems amparados en los trminos establecidos en el artculo 20 de la Constitucin solo podr ser decidida por los rganos jurisdiccionales competentes.

Por otra parte, se incluye un nuevo artculo 12 bis que establece la obligacin de los proveedores de acceso a Internet establecidos en Espaa a informar a sus usuarios sobre los medios tcnicos que permitan, entre otros, la proteccin frente a virus informticos y programas espa, la restriccin de los correos electrnicos no solicitados, y la restriccin o seleccin del acceso a determinados contenidos y servicios no deseados o nocivos para la juventud y la infancia.

Igualmente, se obliga a dichos prestadores, as como a los prestadores de servicios de correo electrnico a informar a sus clientes sobre las medidas de seguridad que aplican en la provisin de sus servicios.

Asimismo, se encomienda a los proveedores de servicios de acceso la funcin de informar a sus clientes sobre las posibles responsabilidades en que puedan incurrir por el uso de Internet con fines ilcitos, en particular, para la comisin de ilcitos penales y por la vulneracin de la legislacin en materia de propiedad intelectual e industrial. A fin de respaldar estas obligaciones se incluye un nuevo tipo de infraccin leve en el apartado 4 del artculo38, que, teniendo en cuenta la supresin del vigente prrafo a), dar nuevo contenido al mismo.

Otra modificacin considerada necesaria es la revisin de la vigente redaccin del apartado 2 del artculo 17 a fin de aclarar y precisar que en virtud del mismo se responsabiliza al proveedor del link o del motor de bsqueda de los contenidos de los que tiene conocimiento cuando hayan sido elaborados bajo su direccin, autoridad o control.

Se incorpora una nueva redaccin al apartado 3 del artculo 18, en el sentido de que los cdigos de conducta a que se refiere este precepto debern ser accesibles por va electrnica, fomentndose su traduccin en las distintas lenguas oficiales del Estado y de la Unin Europea con el fin de proporcionarles la mayor difusin posible.

En materia de comunicaciones comerciales se flexibiliza la exigencia de informacin prevista en el vigente artculo 20 sobre mensajes publicitarios a travs de correo electrnico o medios de comunicacin equivalentes de modo que en vez de la insercin del trmino publicidad al inicio del mensaje pueda incluirse la abreviatura publi. Se trata de una medida que ha sido solicitada en diversas ocasiones por agentes que desarrollan actividades relacionadas con la publicidad a travs de telefona mvil y, por otra parte, no supone menoscabo de la proteccin y de los derechos de informacin de los usuarios, ya que el trmino publi es fcilmente reconocible como indicativo de publicidad.

Adicionalmente, se realizan ajustes menores en la redaccin del mencionado artculo a fin de alinearlo en mayor medida con lo dispuesto en la Directiva 2000/31/CE.

En materia de contratacin electrnica se realiza un ajuste de la redaccin actual del artculo 24 a fin de incluir una remisin expresa a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrnica y destacar as el especial valor probatorio de los contratos electrnicos que sean celebrados mediante el uso de instrumentos de firma electrnica.

De igual modo, se ajusta el artculo 27, relativo a las obligaciones de informacin previa en materia de contratacin electrnica, a la luz de la experiencia acumulada en su aplicacin por parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en ejercicio de sus competencias de inspeccin y control de pginas de Internet. En este sentido, se prev que la informacin que debe facilitarse ha de ponerse a disposicin de los usuarios mediante tcnicas adecuadas al medio de comunicacin utilizado, flexibilizando de este modo la redaccin anterior con vistas a facilitar la realizacin de operaciones de contratacin electrnica mediante dispositivos que cuenten con pantallas de visualizacin de formato reducido.

Asimismo, se incluye en la nueva redaccin del artculo 27 una regla aclaratoria por la cual, cuando el prestador de servicios disee especficamente sus servicios de contratacin electrnica para ser accedidos mediante dispositivos que cuenten con pantallas de formato reducido, se entendern cumplidas las obligaciones de informacin previa establecidas en dicho precepto cuando el citado prestador facilite de manera permanente, fcil, directa y exacta la direccin de Internet en que dicha informacin es puesta a disposicin del destinatario.

Tambin se modifica el apartado 2 del artculo 27 a fin de eliminar el inciso cuando no se utilicen estos medios con el exclusivo propsito de eludir el cumplimiento de dicha obligacin dado que en la prctica es imposible determinar cuando se hace con este propsito.

Este artculo 4 modifica tambin los artculos 33, 35 y 43 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de Sociedad de la Informacin y del Comercio Electrnico.

Las modificaciones que se introducen a los artculos 33 y 35 tienen por objeto adaptar su contenido a la vigente organizacin de la Administracin territorial del Estado en funcin de las competencias que tienen atribuidas tanto la Administracin General del Estado como aquellas de las Comunidades Autnomas.

Por otra parte, se da una nueva redaccin al artculo43 de la Ley 34/2002 que se refiere a la potestad sancionadora. En concreto, la nueva redaccin establece que la imposicin de sanciones por incumplimiento de lo establecido en dicha ley corresponder al rgano o autoridad que dict la resolucin incumplida o al que estn adscritos los inspectores. En el mbito de las Comunidades Autnomas, las infracciones contra derechos y garantas de los consumidores y usuarios sern sancionadas por los rganos correspondientes en materia de consumo.

Adems, se incorpora una nueva redaccin a la disposicin adicional tercera de la mencionada Ley sobre el sistema arbitral de consumo en el sentido de que los prestadores y destinatarios de los servicios de la sociedad de la informacin pueden someter sus conflictos a este sistema de resolucin.

Finalmente se revisa, actualiza y ampla el contenido de la actual disposicin adicional quinta referida a la accesibilidad de las pginas de Internet, a fin de garantizar adecuadamente la accesibilidad para las personas con discapacidad y de edad avanzada a la informacin proporcionada por medios electrnicos.

IV

El artculo 5 de la Ley contempla las modificaciones necesarias en el articulado de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrnica.

Estas modificaciones tienen por objeto clarificar las reglas de valoracin de la firma electrnica en juicio y flexibilizar la obligacin de los prestadores de servicios de certificacin de comprobar los datos inscritos en registros pblicos a fin de eliminar cargas excesivas.

El primer aspecto que se revisa del artculo 3 de la Ley de firma electrnica es la definicin de documento electrnico que se modifica para alinearla en mayor medida con los conceptos utilizados en otras normas espaolas de carcter general y en los pases de nuestro entorno.

En segundo lugar, se aclara la redaccin del apartado 8 del artculo 3, especificando que lo que debe comprobarse, en caso de impugnarse en juicio una firma electrnica reconocida, es si concurren los elementos constitutivos de dicho tipo de firma electrnica, es decir, que se trata de una firma electrnica avanzada basada en un certificado reconocido, que cumple todos los requisitos y condiciones establecidos en esta Ley para este tipo de certificados electrnicos, y que la firma se ha generado mediante un dispositivo seguro de creacin de firma electrnica.

La tercera modificacin acometida es la revisin de la regla de exencin de responsabilidad establecida en el segundo inciso del apartado 5 del artculo 23 de la Ley que resulta en exceso rgida y onerosa para los prestadores de servicios de certificacin, por lo que se procede a su oportuna flexibilizacin.

En coherencia con la mencionada modificacin del artculo 23, se corrige asimismo el artculo 13, previendo que para la comprobacin de los datos relativos a las personas jurdicas y a la representacin de las mismas ser suficiente que sean aportados y cotejados los documentos pblicos en los que figuren los citados datos, estableciendo as un nivel de exigencia equiparable al empleado por las propias Administraciones Pblicas en el cotejo y bastanteo de ese tipo de datos.

Se introduce, adems, una modificacin tcnica de la actual redaccin del apartado 4 del artculo 31.

Por ltimo, al igual que en el caso de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de Sociedad de la Informacin y del Comercio Electrnico, este artculo incorpora una disposicin adicional undcima a la Ley de Firma Electrnica sobre resolucin de conflictos en el sentido de que los usuarios y prestadores de servicios de certificacin podrn someter las desavenencias que se susciten entre los mismos al procedimiento arbitral.

V

El artculo 6 incluye un nuevo tipo de infraccin en el artculo 64 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenacin del Comercio Minorista, a fin de respaldar la nueva obligacin de disponer de un medio de interlocucin electrnica para la prestacin de servicios al pblico de especial trascendencia econmica establecido en el artculo 2 de la presente Ley.

El artculo 7 de la Ley, introduce una serie de modificaciones en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.

La primera de estas modificaciones afecta al apartado primero del artculo 22 letras a) y c) cuya finalidad es asegurar el acceso a los servicios telefnicos y de Internet como servicio universal. Mediante la redaccin de la letra a) del artculo 22 apartado 1 se garantiza que todos usuarios finales puedan obtener una conexin a la red pblica desde una ubicacin fija y acceder a la prestacin de servicio telefnico. La conexin debe ofrecer al usuario la posibilidad de efectuar y recibir llamadas telefnicas y permitir comunicaciones de fax y datos de velocidad suficiente para acceder a Internet, debiendo permitir dicha conexin comunicaciones en banda ancha en los trminos definidos por la normativa vigente.

La redaccin de la letra c) del citado precepto, garantiza tanto la existencia de una oferta suficiente de telfonos pblicos de pago en todo el territorio nacional, que satisfaga la necesidades de los usuarios, en cobertura geogrfica y en nmero de aparatos, la accesibilidad de dichos telfonos por los usuarios con discapacidades, como la calidad de los servicios con la posibilidad de efectuar gratuitamente llamadas de emergencia y finalmente la existencia de una oferta suficiente de equipos terminales de acceso a Internet de banda ancha en los trminos que establezca la legislacin en vigor.

Con el fin de reforzar los derechos de los usuarios frente a los proveedores de redes y servicios de comunicaciones electrnicas, se modifican los artculos 53 y 54 de la Ley General de Telecomunicaciones, mediante la tipificacin como infraccin administrativa del incumplimiento por parte de los operadores de los derechos de los consumidores y usuarios en el mbito de las telecomunicaciones.

Asimismo, se reestablece la exencin de la antigua tasa por reserva de uso especial del espectro, a radioaficionados y usuarios de la Banda Ciudadana CB-27 que figuraba en la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, para aquellos usuarios que a la fecha de devengo hubieran cumplido los 65 aos de edad, as como a los beneficiarios de una pensin pblica o que tengan reconocido un grado de minusvala igual o superior al 33 por 100.

El artculo 8 establece un nuevo rgimen aplicable a las tarifas por las tareas de asignacin, renovacin y otras operaciones registrales realizadas por la entidad pblica empresarial Red.es en ejercicio de su funcin de Autoridad de Asignacin de los nombres de dominio de Internet bajo el cdigo de pas correspondiente a Espaa, que pasarn a tener la consideracin de precio pblico. Con ello, se permite a la entidad pblica empresarial Red.es comercializar los nombres de dominio .es en las mismas condiciones en las que se comercializan el resto de nombres de dominio genricos y territoriales.

La disposicin adicional primera prev que la autoridad de asignacin de los nombres de dominio de Internet bajo el cdigo de pas correspondiente a Espaa (.es) adopte las medidas que sean necesarias para asegurar que puedan asignarse nombres de dominio que contengan caracteres propios de las lenguas oficiales de Espaa distintos de los incluidos en el alfabeto ingls, como es la letra o la , en un plazo mximo de 3 meses desde la entrada en vigor de esta Ley.

La disposicin adicional segunda prev que el Gobierno, en colaboracin con las Comunidades Autnomas, impulsar la extensin de la banda ancha con el fin de conseguir antes del 31 de diciembre de 2008, una cobertura de servicio universal de banda ancha, para todos los ciudadanos, independientemente del tipo de tecnologa utilizada en su caso y su ubicacin geogrfica. La accin del Gobierno deber dirigirse prioritariamente a las reas en las que la accin de los mecanismos del mercado sea insuficiente.

Asimismo, se especifica que el Gobierno analizar de forma continua las diferentes opciones tecnolgicas y las condiciones de provisin de servicios de acceso a Internet de banda ancha. Para ello, se colaborar con los diferentes sectores interesados a fin de que asesoren al Gobierno en la elaboracin de un informe anual sobre la situacin del uso de los servicios de acceso a Internet de banda ancha en Espaa que tendr carcter pblico y podr incluir recomendaciones para acelerar el despliegue de estos servicios. Estos anlisis e informes debern elaborarse de forma territorializada por Comunidades autnomas, compartindose los datos en formato electrnico con las Administraciones que lo soliciten.

Por su parte, la disposicin adicional tercera prev que el Gobierno elabore en el plazo de seis meses un Plan para la mejora de los niveles de seguridad y confianza en Internet, que incluir directrices y medidas para aumentar la seguridad frente a las amenazas de Internet y proteger la privacidad on line.

La disposicin adicional cuarta se refiere a las funciones de la Secretara de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informacin y a los rganos estadsticos de las Comunidades Autnomas en materia de requerimientos de informacin para fines estadsticos y de anlisis. A estos efectos se atribuye a la Secretara de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informacin tanto la facultad de recabar de los agentes que operan en el sector de las tecnologas de la informacin y de la sociedad de la informacin en general la informacin necesaria para el ejercicio de sus funciones como la potestad de sancionar las infracciones consistentes en no facilitar al mismo la informacin requerida.

En la disposicin adicional quinta se establece la obligacin de que en la elaboracin de los proyectos de obras de construccin de carreteras o de infraestructuras ferroviarias se prevea la instalacin de canalizaciones para el despliegue de redes de comunicaciones electrnicas a lo largo de toda la longitud de las mismas y del equipamiento para asegurar la cobertura de comunicaciones mviles en todo su recorrido. Estas canalizaciones debern ponerse a disposicin de los operadores de redes y servicios de comunicaciones electrnicas interesados en condiciones equitativas, no discriminatorias, neutrales y orientadas a costes.

La disposicin adicional sexta encomienda al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio la funcin de mantener una base de datos actualizada y sectorializada como mnimo por mbitos territoriales de Comunidad autnoma sobre el despliegue y cobertura de infraestructuras y servicios de comunicaciones electrnicas y de la sociedad de la informacin en Espaa.

La disposicin adicional sptima establece que la constitucin de la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones tendr lugar en el momento que se seale en el Real Decreto de aprobacin de su Estatuto.

La disposicin adicional octava modifica el apartado 13 del artculo 48 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. La norma establece en Barcelona la sede de la Comisin del Mercado de las Telecomunicaciones que dispondr de patrimonio independiente del patrimonio del Estado. Con la introduccin de esta disposicin se otorga rango de ley al establecimiento de la sede de dicha Comisin.

Las disposiciones adicionales novena y dcima modifican, respectivamente, la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada y el texto refundido de la Ley de Sociedades Annimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre al objeto de rebajar de manera drstica los tiempos de constitucin de una sociedad limitada pudindose reducir hasta cuatro das.

En concreto, la modificacin se basa en las siguientes medidas: (i) Introduccin de un modelo tipo u orientativo de estatutos en la sociedad de responsabilidad limitada; (ii) agilizacin de los trmites que implican la obtencin de una denominacin social como paso previo a la constitucin de una sociedad de responsabilidad limitada, sin por ello restar importancia a la seguridad que aporta al trfico mercantil el sistema vigente de denominaciones sociales, tutelado por el Registro Mercantil Central; y (iii) facultar a los administradores, desde el otorgamiento de la escritura fundacional, para el desarrollo del objeto social y para la realizacin de toda clase de actos y contratos relacionados con el mismo.

Esta disposicin ha sido sometida al procedimiento de informacin en materia de normas y reglamentaciones tcnicas previsto en la Directiva 98/34/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de informacin en materia de normas y reglamentaciones tcnicas, modificada por la Directiva 98/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 1998, y en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la remisin de informacin en materia de normas y reglamentaciones tcnicas y reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la informacin.

La disposicin adicional undcima introduce un aspecto de significativa relevancia ya que mandata a las Administraciones Pblicas a promover el impulso, el desarrollo y la aplicacin de los estndares de accesibilidad para las personas con discapacidad en los diseos y procesos basados en las nuevas tecnologas de la sociedad de la informacin.

Para garantizar el derecho de los ciudadanos a la utilizacin de las distintas lenguas del Estado, la disposicin adicional duodcima impone a las Administraciones Pblicas el deber de fomentar el pluralismo lingstico en la sociedad de la informacin y la decimotercera establece, con el fin de impulsar los medios electrnicos propios de estas tecnologas, la obligacin de regular los instrumentos telemticos necesarios para ser utilizados por aquellos profesionales colegiados que elaboren y preparen proyectos e informes que hayan de incorporarse a los procedimientos que tramiten las Administraciones Pblicas.

La disposicin adicional decimocuarta atribuye al Centro Nacional de Referencia de Aplicacin de las Tecnologas de Informacin y Comunicacin (CENATIC), en colaboracin con los Centros Autnomos de referencia y con el Centro de Transferencia de Tecnologa entre Administraciones Pblicas de la Administracin General del Estado la difusin de las aplicaciones declaradas de fuente abierta por las propias Administraciones Pblicas. Igualmente, el CENATIC se encargar del asesoramiento sobre los aspectos jurdicos, tecnolgicos y metodolgicos para la liberacin del software y conocimiento.

Con objeto de fomentar la participacin de la sociedad y de las entidades privadas sin nimo de lucro y garantizar el pluralismo y la libertad de expresin en la sociedad de la informacin, la Ley incluye una disposicin adicional decimoquinta en cuya virtud se establecern los medios de apoyo y lneas de financiacin para el desarrollo de los servicios de la sociedad de la informacin promovidos por estas entidades y que fomenten los valores democrticos, la participacin ciudadana y atiendan al inters general o presten servicios a grupos sociales desfavorecidos.

La disposicin adicional decimosexta se refiere a la puesta a disposicin de los ciudadanos, en los trminos legalmente establecidos de los contenidos digitales de las Administraciones Pblicas de cuyos derechos de propiedad intelectual sean titulares o pertenezcan al dominio pblico.

La disposicin adicional decimosptima ofrece la posibilidad tanto a las personas fsicas como jurdicas de poner a disposicin del pblico los contenidos de las obras digitalizadas de las que sean titulares, con la finalidad de fomentar las nuevas tecnologas y la sociedad de la informacin entre los ciudadanos.

CAPTULO I
Medidas de impulso de la sociedad de la informacin
Artculo 1. Medidas de impulso de la factura electrnica y del uso de medios electrnicos en otras fases de los procesos de contratacin.

1. La facturacin electrnica en el marco de la contratacin con el sector pblico estatal ser obligatoria en los trminos que se establezcan en la Ley reguladora de la contratacin en el sector pblico y en su normativa de desarrollo.

A estos efectos, se entender que la factura electrnica es un documento electrnico que cumple con los requisitos legal y reglamentariamente exigibles a las facturas y que, adems, garantiza la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido, lo que impide el repudio de la factura por su emisor.

2. El Gobierno determinar el rgano competente de la Administracin General del Estado que impulsar el empleo de la factura electrnica entre empresarios, profesionales y dems agentes del mercado, en particular, entre las pequeas y medianas empresas y en las denominadas microempresas, con el fin de fomentar el desarrollo del comercio electrnico. Las Comunidades Autnomas, de acuerdo con las competencias que tengan reconocidas por sus Estatutos, colaborarn en coordinacin con la Administracin del Estado en el impulso del empleo de la factura electrnica.

El Gobierno, o en su caso las Comunidades Autnomas en el mbito de sus competencias, establecern, en un plazo mximo de nueve meses desde la entrada en vigor de esta Ley -o en el plazo que en su lugar establezca la Administracin competente-, en coordinacin con las Comunidades Autnomas -cuando no les corresponda la elaboracin propia- y previa consulta a las asociaciones relevantes representativas de las entidades proveedoras de soluciones tcnicas de facturacin electrnica, a las asociaciones relevantes de usuarios de las mismas y a los colegios profesionales que agrupen a tcnicos del sector de la Sociedad de la Informacin y de las Telecomunicaciones, un plan para la generalizacin del uso de la factura electrnica en Espaa.

El citado Plan contendr, entre otros, los criterios de accesibilidad y promover la interoperabilidad de las distintas soluciones de facturacin electrnica. El Plan de la Administracin General del Estado establecer esquemas especficos de ayudas econmicas para la implantacin de la factura electrnica, en los cuales se contemplarn unos fondos generales para las Comunidades Autnomas que desarrollen su propio Plan para la generalizacin del uso de la factura electrnica, y sern estas ltimas las que precisarn los destinos y condiciones de tramitacin y concesin de las ayudas derivadas de estos fondos.

3. Los Ministerios de Industria, Turismo y Comercio y de Economa y Hacienda, teniendo en cuenta las competencias reconocidas a las Comunidades Autnomas, aprobarn, en un plazo mximo de 6 meses desde la entrada en vigor de esta Ley, las normas sobre formatos estructurados estndar de facturas electrnicas que sean necesarias para facilitar la interoperabilidad del sector pblico con el sector privado y favorecer y potenciar el tratamiento automatizado de las mismas. Estas normas no sern restrictivas y fomentarn que el sector pblico adopte los formatos de amplia implantacin definidos por las organizaciones de estandarizacin globales pertinentes.

Los formatos estructurados de las facturas electrnicas permitirn su visualizacin y emisin en las distintas lenguas oficiales existentes, con la finalidad de garantizar los derechos de los usuarios.

4. Adems, las diversas Administraciones Pblicas promovern en el mbito de sus competencias y segn su criterio la incorporacin de la factura electrnica en las diferentes actuaciones pblicas distintas de la contratacin, en particular, en materia de justificacin de ayudas y subvenciones.

5. Ser de aplicacin al tratamiento y conservacin de los datos necesarios para la facturacin electrnica lo dispuesto en la Ley Orgnica 15/1999, de 13 de diciembre, de proteccin de datos de carcter personal y sus normas de desarrollo.

Artculo 2. Obligacin de disponer de un medio de interlocucin telemtica para la prestacin de servicios al pblico de especial trascendencia econmica.

1. Sin perjuicio de la utilizacin de otros medios de comunicacin a distancia con los clientes, las empresas que presten servicios al pblico en general de especial trascendencia econmica debern facilitar a sus usuarios un medio de interlocucin telemtica que, mediante el uso de certificados reconocidos de firma electrnica, les permita la realizacin de, al menos, los siguientes trmites:

a) Contratacin electrnica de servicios, suministros y bienes, la modificacin y finalizacin o rescisin de los correspondientes contratos, as como cualquier acto o negocio jurdico entre las partes, sin perjuicio de lo establecido en la normativa sectorial.

b) Consulta de sus datos de cliente, que incluirn informacin sobre su historial de facturacin de, al menos, los ltimos tres aos y el contrato suscrito, incluidas las condiciones generales si las hubiere.

c) Presentacin de quejas, incidencias, sugerencias y, en su caso, reclamaciones, garantizando la constancia de su presentacin para el consumidor y asegurando una atencin personal directa.

d) Ejercicio de sus derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin en los trminos previstos en la normativa reguladora de proteccin de datos de carcter personal.

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, tendrn la consideracin de empresas que presten servicios al pblico en general de especial trascendencia econmica, las que agrupen a ms de cien trabajadores o su volumen anual de operaciones, calculado conforme a lo establecido en la normativa del Impuesto sobre el Valor Aadido, exceda de 6.010.121,04 euros y que, en ambos casos, operen en los siguientes sectores econmicos:

a) Servicios de comunicaciones electrnicas a consumidores, en los trminos definidos en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.

b) Servicios financieros destinados a consumidores, que incluirn los servicios bancarios, de crdito o de pago, los servicios de inversin, las operaciones de seguros privados, los planes de pensiones y la actividad de mediacin de seguros. En particular, se entender por:

1. Servicios bancarios, de crdito o de pago: las actividades relacionadas en el artculo 52 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervencin de las Entidades de Crdito.

2. Servicios de inversin: los definidos como tales en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

3. Operaciones de seguros privados: las definidas en el artculo 3 del texto refundido de la Ley de ordenacin y supervisin de los seguros privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre.

4. Planes de pensiones: los definidos en el artculo 1 del texto refundido de la Ley de Regulacin de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.

5. Actividad de corredor de seguros: la definida en la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediacin en seguros y reaseguros privados.

c) Servicios de suministro de agua a consumidores, definidos de acuerdo con la normativa especfica.

d) Servicios de suministro de gas al por menor, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.

e) Servicios de suministro elctrico a consumidores finales, de acuerdo con lo dispuesto en el ttulo VIII de la Ley 54/1997, de 27 noviembre, del Sector Elctrico.

f) Servicios de agencia de viajes, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo, por el que se regula el ejercicio de las actividades propias de las agencias de viajes.

g) Servicios de transporte de viajeros por carretera, ferrocarril, por va martima, o por va area, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa especfica aplicable.

h) Actividades de comercio al por menor, en los trminos fijados en el apartado 2 del artculo 1 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenacin del comercio minorista y en su normativa de desarrollo, a las que sern de aplicacin nicamente los apartados c) y d) del apartado 1 del presente artculo.

3. Excepcionalmente, el Gobierno o, en su caso, los rganos competentes de las Comunidades Autnomas podrn ampliar el mbito de aplicacin del apartado 1 del presente artculo a otras empresas diferentes de las previstas en la Ley, en aquellos casos en los que, por la naturaleza del servicio que presten, se considere que en el desarrollo de su actividad normal deban tener una interlocucin telemtica con sus clientes o usuarios.

En el plazo de un ao desde la entrada en vigor de la obligacin a que se refiere el apartado 1, el Gobierno analizar la aplicacin del apartado 2 de este artculo a otras empresas con ms de cien trabajadores o que tengan un volumen anual de operaciones, calculado conforme a lo establecido en la normativa del Impuesto sobre el Valor Aadido, superior a 6.010.212,04 euros, que en el desarrollo de su actividad normal, presten servicios en los que se considere que deban tener una interlocucin telemtica con sus clientes o usuarios.

Las Comunidades Autnomas con competencias exclusivas en las materias objeto de obligacin de comunicacin telemtica podrn modificar el mbito y la intensidad de aplicacin del apartado 1 del presente artculo en aquellos casos en que precisamente debido al desarrollo sectorial de sus competencias lo consideren oportuno.

Artculo 3. Ofertas pblicas de contratacin electrnica entre empresas.

1. A los efectos de este precepto se entiende por oferta pblica de contratacin electrnica entre empresas, aquel servicio de la sociedad de la informacin que consiste en un proceso enteramente electrnico abierto y limitado en el tiempo, por el que una empresa ofrece la posibilidad de comprar o vender un determinado tipo de productos a otras empresas de manera que la contratacin final se adjudique a la propuesta mejor valorada.

2. Las ofertas pblicas de contratacin electrnica entre empresas que se adscriban al protocolo de transparencia descrito en el apartado 3 de este artculo podrn ostentar la denominacin de Oferta pblica de contratacin electrnica de transparencia garantizada.

3. Para que una oferta pblica de contratacin electrnica entre empresas sea calificada de Oferta pblica de contratacin electrnica de transparencia garantizada deber responder a los siguientes requisitos mnimos:

a) La empresa adjudicadora que decida recurrir a una oferta pblica de contratacin electrnica har mencin de ello en el anuncio de licitacin que se publicar en la pgina corporativa de la empresa de forma accesible y visible para el conjunto de las empresas o para algunas previamente seleccionadas.

En el anuncio de licitacin se invitar a presentar ofertas en un plazo razonable a partir de la fecha de publicacin del anuncio.

b) Las condiciones de la empresa adjudicadora incluirn, al menos, informacin sobre los elementos a cuyos valores se refiere la oferta de pblica de contratacin electrnica, siempre que sean cuantificables y puedan ser expresados en cifras o porcentajes; en su caso, los lmites de los valores que podrn presentarse, tal como resultan de las especificaciones del objeto del contrato; la informacin que se pondr a disposicin de los licitadores durante la oferta pblica de contratacin electrnica y el momento en que, en su caso, dispondrn de dicha informacin; la informacin pertinente sobre el desarrollo de la oferta pblica de contratacin electrnica; las condiciones en las que los licitadores podrn pujar, y, en particular, las diferencias mnimas que se exigirn, en su caso, para pujar; la informacin pertinente sobre el dispositivo electrnico utilizado y sobre las modalidades y especificaciones tcnicas de conexin.

c) A lo largo del proceso de la oferta pblica de contratacin electrnica, la empresa adjudicadora comunicar a todos los licitadores como mnimo la informacin que les permita conocer en todo momento su respectiva clasificacin. La empresa adjudicadora podr, asimismo, comunicar otros datos relativos a otros precios o valores presentados. Los participantes nicamente podrn utilizar la informacin a la que se refiere este prrafo a fin de conocer su clasificacin, sin que puedan proceder a su tratamiento para otra finalidad distinta de la sealada.

d) La empresa adjudicadora cerrar la oferta pblica de contratacin electrnica de conformidad con la fecha y hora fijadas previamente en el anuncio de licitacin de la oferta pblica de contratacin.

e) Una vez concluido el proceso, la empresa informar a los participantes de la decisin adoptada.

4. El Gobierno promover que las empresas se adhieran a la calificacin de Oferta pblica de contratacin electrnica de transparencia garantizada en sus relaciones comerciales.

CAPTULO II
Modificaciones legislativas para el impulso de la sociedad de la informacin y de las comunicaciones electrnicas
Artculo 4. Modificaciones de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Informacin y de Comercio Electrnico.

Se modifica la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Informacin y de Comercio Electrnico, en los siguientes aspectos:

Uno. Se da nueva redaccin al prrafo primero del artculo 4, con el texto siguiente:

A los prestadores establecidos en pases que no sean miembros de la Unin Europea o del Espacio Econmico Europeo, les ser de aplicacin lo dispuesto en los artculos 7.2 y 11.2.

Dos. Se da nueva redaccin al artculo 8, con el texto siguiente:

Artculo 8. Restricciones a la prestacin de servicios y procedimiento de cooperacin intracomunitario.

1. En caso de que un determinado servicio de la sociedad de la informacin atente o pueda atentar contra los principios que se expresan a continuacin, los rganos competentes para su proteccin, en ejercicio de las funciones que tengan legalmente atribuidas, podrn adoptar las medidas necesarias para que se interrumpa su prestacin o para retirar los datos que los vulneran. Los principios a que alude este apartado son los siguientes:

a) La salvaguarda del orden pblico, la investigacin penal, la seguridad pblica y la defensa nacional.

b) La proteccin de la salud pblica o de las personas fsicas o jurdicas que tengan la condicin de consumidores o usuarios, incluso cuando acten como inversores.

c) El respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminacin por motivos de raza, sexo, religin, opinin, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social, y

d) La proteccin de la juventud y de la infancia.

En la adopcin y cumplimiento de las medidas de restriccin a que alude este apartado se respetarn, en todo caso, las garantas, normas y procedimientos previstos en el ordenamiento jurdico para proteger los derechos a la intimidad personal y familiar, a la proteccin de los datos personales, a la libertad de expresin o a la libertad de informacin, cuando estos pudieran resultar afectados.

En todos los casos en los que la Constitucin y las leyes reguladoras de los respectivos derechos y libertades as lo prevean de forma excluyente, slo la autoridad judicial competente podr adoptar las medidas previstas en este artculo, en tanto garante del derecho a la libertad de expresin, del derecho de produccin y creacin literaria, artstica, cientfica y tcnica, la libertad de ctedra y el derecho de informacin.

2. La adopcin de restricciones a la prestacin de servicios de la sociedad de la informacin provenientes de prestadores establecidos en un Estado de la Unin Europea o del Espacio Econmico Europeo distinto a Espaa deber seguir el procedimiento de cooperacin intracomunitario descrito en el siguiente apartado de este artculo, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislacin procesal y de cooperacin judicial.

3. Cuando un rgano competente acuerde, en ejercicio de las competencias que tenga legalmente atribuidas, y de acuerdo con lo dispuesto en el prrafo a) del apartado 4 del artculo 3 de la Directiva 2000/31/CE, establecer restricciones que afecten a un servicio de la sociedad de la informacin que proceda de alguno de los Estados miembros de la Unin Europea o del Espacio Econmico Europeo distinto de Espaa, dicho rgano deber seguir el siguiente procedimiento:

a) El rgano competente requerir al Estado miembro en que est establecido el prestador afectado para que adopte las medidas oportunas. En el caso de que no las adopte o resulten insuficientes, dicho rgano notificar, con carcter previo, a la Comisin Europea o, en su caso, al Comit Mixto del Espacio Econmico Europeo y al Estado miembro de que se trate las medidas que tiene intencin de adoptar.

b) En los supuestos de urgencia, el rgano competente podr adoptar las medidas oportunas, notificndolas al Estado miembro de procedencia y a la Comisin Europea o, en su caso, al Comit Mixto del Espacio Econmico Europeo con la mayor brevedad y, en cualquier caso, como mximo, en el plazo de quince das desde su adopcin. As mismo, deber indicar la causa de dicha urgencia.

Los requerimientos y notificaciones a que alude este apartado se realizarn siempre a travs del rgano de la Administracin General del Estado competente para la comunicacin y transmisin de informacin a las Comunidades Europeas.

4. Los rganos competentes de otros Estados Miembros de la Unin Europea o del Espacio Econmico Europeo podrn requerir la colaboracin de los prestadores de servicios de intermediacin establecidos en Espaa en los trminos previstos en el apartado 2 del artculo 11 de esta ley si lo estiman necesario para garantizar la eficacia de las medidas de restriccin que adopten al amparo del apartado anterior.

5. Las medidas de restriccin que se adopten al amparo de este artculo debern, en todo caso, cumplir las garantas y los requisitos previstos en los apartados 3 y 4 del artculo 11 de esta ley.

Tres. Se suprime el artculo 9, sobre constancia registral del nombre de dominio, que queda sin contenido.

Cuatro. Se da nueva redaccin a los prrafos b) y f) del apartado 1 del artculo 10, con el texto siguiente:

b) Los datos de su inscripcin en el Registro Mercantil en el que, en su caso, se encuentren inscritos o de aquel otro registro pblico en el que lo estuvieran para la adquisicin de personalidad jurdica o a los solos efectos de publicidad.

f) Cuando el servicio de la sociedad de la informacin haga referencia a precios, se facilitar informacin clara y exacta sobre el precio del producto o servicio, indicando si incluye o no los impuestos aplicables y, en su caso, sobre los gastos de envo o en su caso aquello que dispongan las normas de las Comunidades Autnomas con competencias en la materia.

Cinco. Se da nueva redaccin al artculo 11, con el texto siguiente:

Artculo 11. Deber de colaboracin de los prestadores de servicios de intermediacin.

1. Cuando un rgano competente hubiera ordenado, en ejercicio de las competencias que legalmente tenga atribuidas, que se interrumpa la prestacin de un servicio de la sociedad de la informacin o la retirada de determinados contenidos provenientes de prestadores establecidos en Espaa, y para ello fuera necesaria la colaboracin de los prestadores de servicios de intermediacin, dicho rgano podr ordenar a los citados prestadores que suspendan el correspondiente servicio de intermediacin utilizado para la provisin del servicio de la sociedad de la informacin o de los contenidos cuya interrupcin o retirada hayan sido ordenados respectivamente.

2. Si para garantizar la efectividad de la resolucin que acuerde la interrupcin de la prestacin de un servicio o la retirada de contenidos procedentes de un prestador establecido en un Estado no perteneciente a la Unin Europea o al Espacio Econmico Europeo, el rgano competente estimara necesario impedir el acceso desde Espaa a los mismos, y para ello fuera necesaria la colaboracin de los prestadores de servicios de intermediacin establecidos en Espaa, dicho rgano podr ordenar a los citados prestadores de servicios de intermediacin que suspendan el correspondiente servicio de intermediacin utilizado para la provisin del servicio de la sociedad de la informacin o de los contenidos cuya interrupcin o retirada hayan sido ordenados respectivamente.

3. En la adopcin y cumplimiento de las medidas a que se refieren los apartados anteriores, se respetarn, en todo caso, las garantas, normas y procedimientos previstos en el ordenamiento jurdico para proteger los derechos a la intimidad personal y familiar, a la proteccin de los datos personales, a la libertad de expresin o a la libertad de informacin, cuando estos pudieran resultar afectados.

En todos los casos en que la Constitucin, las normas reguladoras de los respectivos derechos y libertades o las que resulten aplicables a las diferentes materias atribuyan competencia a los rganos jurisdiccionales de forma excluyente para intervenir en el ejercicio de actividades o derechos, slo la autoridad judicial competente podr adoptar las medidas previstas en este artculo. En particular, la autorizacin del secuestro de pginas de Internet o de su restriccin cuando sta afecte a los derechos y libertades de expresin e informacin y dems amparados en los trminos establecidos en el artculo 20 de la Constitucin solo podr ser decidida por los rganos jurisdiccionales competentes.

4. Las medidas a que hace referencia este artculo sern objetivas, proporcionadas y no discriminatorias, y se adoptarn de forma cautelar o en ejecucin de las resoluciones que se dicten, conforme a los procedimientos administrativos legalmente establecidos o a los previstos en la legislacin procesal que corresponda.

Seis. Se incluye un nuevo artculo 12 bis, con la siguiente redaccin:

Artculo 12 bis. Obligaciones de informacin sobre seguridad.

1. Los proveedores de servicios de intermediacin establecidos en Espaa de acuerdo con lo dispuesto en el artculo 2 de esta Ley que realicen actividades consistentes en la prestacin de servicios de acceso a Internet, estarn obligados a informar a sus clientes de forma permanente, fcil, directa y gratuita, sobre los diferentes medios de carcter tcnico que aumenten los niveles de la seguridad de la informacin y permitan, entre otros, la proteccin frente a virus informticos y programas espa, y la restriccin de los correos electrnicos no solicitados.

2. Los proveedores de servicios de acceso a Internet y los prestadores de servicios de correo electrnico o de servicios similares debern informar a sus clientes de forma permanente, fcil, directa y gratuita sobre las medidas de seguridad que apliquen en la provisin de los mencionados servicios.

3. Igualmente, los proveedores de servicios referidos en el apartado 1 informarn sobre las herramientas existentes para el filtrado y restriccin del acceso a determinados contenidos y servicios en Internet no deseados o que puedan resultar nocivos para la juventud y la infancia.

4. Los proveedores de servicios mencionados en el apartado 1 facilitarn informacin a sus clientes acerca de las posibles responsabilidades en que puedan incurrir por el uso de Internet con fines ilcitos, en particular, para la comisin de ilcitos penales y por la vulneracin de la legislacin en materia de propiedad intelectual e industrial.

5. Las obligaciones de informacin referidas en los apartados anteriores se darn por cumplidas si el correspondiente proveedor incluye la informacin exigida en su pgina o sitio principal de Internet en la forma establecida en los mencionados apartados.

Siete. Se da nueva redaccin al apartado 2 del artculo 17, con el texto siguiente:

2. La exencin de responsabilidad establecida en el apartado 1 no operar en el supuesto de que el proveedor de contenidos al que se enlace o cuya localizacin se facilite acte bajo la direccin, autoridad o control del prestador que facilite la localizacin de esos contenidos.

Ocho. Se modifica el apartado 3 del artculo 18, teniendo ste el siguiente tenor literal:

3. Los cdigos de conducta a los que hacen referencia los apartados precedentes debern ser accesibles por va electrnica. Se fomentar su traduccin a otras lenguas oficiales, en el Estado y de la Unin Europea, con objeto de darles mayor difusin.

Nueve. Se da nueva redaccin al artculo 20, con el texto siguiente:

Artculo 20. Informacin exigida sobre las comunicaciones comerciales, ofertas promocionales y concursos.

1. Las comunicaciones comerciales realizadas por va electrnica debern ser claramente identificables como tales y la persona fsica o jurdica en nombre de la cual se realizan tambin deber ser claramente identificable.

En el caso en el que tengan lugar a travs de correo electrnico u otro medio de comunicacin electrnica equivalente incluirn al comienzo del mensaje la palabra ''publicidad'' o la abreviatura ''publi''.

2. En los supuestos de ofertas promocionales, como las que incluyan descuentos, premios y regalos, y de concursos o juegos promocionales, previa la correspondiente autorizacin, se deber asegurar, adems del cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado anterior y en las normas de ordenacin del comercio, que queden claramente identificados como tales y que las condiciones de acceso y, en su caso, de participacin sean fcilmente accesibles y se expresen de forma clara e inequvoca.

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de lo que dispongan las normativas dictadas por las Comunidades Autnomas con competencias exclusivas sobre consumo, comercio electrnico o publicidad.

Diez. Se da nueva redaccin al apartado 1 del artculo 24, con el texto siguiente:

1. La prueba de la celebracin de un contrato por va electrnica y la de las obligaciones que tienen su origen en l se sujetar a las reglas generales del ordenamiento jurdico.

Cuando los contratos celebrados por va electrnica estn firmados electrnicamente se estar a lo establecido en el artculo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrnica.

Once. Se da nueva redaccin a la rbrica y a los apartados 1 y 2 del artculo 27, con el texto siguiente:

Artculo 27. Obligaciones previas a la contratacin.

1. Adems del cumplimiento de los requisitos en materia de informacin que se establecen en la normativa vigente, el prestador de servicios de la sociedad de la informacin que realice actividades de contratacin electrnica tendr la obligacin de poner a disposicin del destinatario, antes de iniciar el procedimiento de contratacin y mediante tcnicas adecuadas al medio de comunicacin utilizado, de forma permanente, fcil y gratuita, informacin clara, comprensible e inequvoca sobre los siguientes extremos:

a) Los distintos trmites que deben seguirse para celebrar el contrato.

b) Si el prestador va a archivar el documento electrnico en que se formalice el contrato y si ste va a ser accesible.

c) Los medios tcnicos que pone a su disposicin para identificar y corregir errores en la introduccin de los datos, y

d) La lengua o lenguas en que podr formalizarse el contrato.

La obligacin de poner a disposicin del destinatario la informacin referida en el prrafo anterior se dar por cumplida si el prestador la incluye en su pgina o sitio de Internet en las condiciones sealadas en dicho prrafo.

Cuando el prestador disee especficamente sus servicios de contratacin electrnica para ser accedidos mediante dispositivos que cuenten con pantallas de formato reducido, se entender cumplida la obligacin establecida en este apartado cuando facilite de manera permanente, fcil, directa y exacta la direccin de Internet en que dicha informacin es puesta a disposicin del destinatario.

2. El prestador no tendr la obligacin de facilitar la informacin sealada en el apartado anterior cuando:

a) Ambos contratantes as lo acuerden y ninguno de ellos tenga la consideracin de consumidor, o

b) El contrato se haya celebrado exclusivamente mediante intercambio de correo electrnico u otro tipo de comunicacin electrnica equivalente.

Doce. Se da una nueva redaccin al artculo 33, con el siguiente texto:

Los destinatarios y prestadores de servicios de la sociedad de la informacin podrn dirigirse a cualesquiera rganos competentes en materia de sociedad de la informacin, sanidad y consumo de las Administraciones Pblicas, para:

a) Conseguir informacin general sobre sus derechos y obligaciones contractuales en el marco de la normativa aplicable a la contratacin electrnica,

b) Informarse sobre los procedimientos de resolucin judicial y extrajudicial de conflictos, y

c) Obtener los datos de las autoridades, asociaciones u organizaciones que puedan facilitarles informacin adicional o asistencia prctica.

La comunicacin con dichos rganos podr hacerse por medios electrnicos.

Trece. Se da una nueva redaccin a los apartados 1 y 2 del artculo 35, con el texto siguiente:

1. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en el mbito de la Administracin General del Estado, y los rganos que correspondan de las Comunidades Autnomas, controlarn, en sus respectivos mbitos territoriales y competenciales, el cumplimiento por los prestadores de servicios de la sociedad de la informacin de las obligaciones establecidas en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo, en lo que se refiere a los servicios propios de la sociedad de la informacin.

No obstante, las referencias a los rganos competentes contenidas en los artculos 8, 10, 11, 15, 16, 17 y 38 se entendern hechas a los rganos jurisdiccionales o administrativos que, en cada caso, lo sean en funcin de la materia.

2. Los rganos citados en el apartado 1 de este artculo podrn realizar las actuaciones inspectoras que sean precisas para el ejercicio de su funcin de control.

Los funcionarios adscritos a dichos rganos y que ejerzan la inspeccin a que se refiere el prrafo anterior tendrn la consideracin de autoridad pblica en el desempeo de sus cometidos.

Catorce. Se suprime la letra a) del apartado 2 del artculo 38 que queda sin contenido.

Quince. Se da nueva redaccin a la letra a) del apartado 4 del artculo 38, con el texto siguiente:

a) El incumplimiento de lo previsto en el artculo 12 bis.

Diecisis. Se da una nueva redaccin al artculo 43, con el siguiente texto:

1. La imposicin de sanciones por incumplimiento de lo previsto en esta Ley corresponder al rgano o autoridad que dict la resolucin incumplida o al que estn adscritos los inspectores. Asimismo las infracciones respecto a los derechos y garantas de los consumidores y usuarios sern sancionadas por el rgano correspondiente de las Comunidades Autnomas competentes en materia de consumo.

2. En la Administracin General del Estado, la imposicin de sanciones por el incumplimiento de lo previsto en esta Ley corresponder, en el caso de infracciones muy graves, al Ministro de Industria, Turismo y Comercio, y en el de infracciones graves y leves, al Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informacin.

No obstante lo anterior, la imposicin de sanciones por incumplimiento de las resoluciones dictadas por los rganos competentes en funcin de la materia o entidad de que se trate a que se refieren los prrafos a) y b) del artculo 38.2 de esta Ley corresponder al rgano que dict la resolucin incumplida. Igualmente, corresponder a la Agencia de Proteccin de Datos la imposicin de sanciones por la comisin de las infracciones tipificadas en los artculos 38.3 c), d) e i) y 38.4 d), g) y h) de esta Ley.

3. La potestad sancionadora regulada en esta Ley se ejercer de conformidad con lo establecido al respecto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, y en sus normas de desarrollo. No obstante, el plazo mximo de duracin del procedimiento simplificado ser de tres meses.

Diecisiete. Se da una nueva redaccin a la disposicin adicional tercera, con el texto siguiente:

Disposicin adicional tercera. Sistema Arbitral de Consumo.

El prestador y el destinatario de servicios de la sociedad de la informacin podrn someter sus conflictos al arbitraje de consumo, mediante la adhesin de aqullos al Sistema Arbitral de Consumo competente que se prestar tambin por medios electrnicos, conforme al procedimiento establecido reglamentariamente.

Dieciocho. Se da nueva redaccin al prrafo segundo del apartado uno de la disposicin adicional quinta, con el texto siguiente:

A partir del 31 de diciembre de 2008, las pginas de Internet de las Administraciones Pblicas satisfarn, como mnimo, el nivel medio de los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos. Excepcionalmente, esta obligacin no ser aplicable cuando una funcionalidad o servicio no disponga de una solucin tecnolgica que permita su accesibilidad.

Diecinueve. Se aaden dos nuevos prrafos, que pasarn a ser respectivamente el tercero y el cuarto, al apartado uno de la disposicin adicional quinta, con el texto siguiente:

Las Administraciones Pblicas exigirn que tanto las pginas de Internet cuyo diseo o mantenimiento financien total o parcialmente como las pginas de Internet de entidades y empresas que se encarguen de gestionar servicios pblicos apliquen los criterios de accesibilidad antes mencionados. En particular, ser obligatorio lo expresado en este apartado para las pginas de Internet y sus contenidos de los Centros pblicos educativos, de formacin y universitarios, as como, de los Centros privados que obtengan financiacin pblica.

Las pginas de Internet de las Administraciones Pblicas debern ofrecer al usuario informacin sobre su nivel de accesibilidad y facilitar un sistema de contacto para que puedan transmitir las dificultades de acceso al contenido de las pginas de Internet o formular cualquier queja, consulta o sugerencia de mejora.

Veinte. Se aaden tres nuevos apartados, que pasarn a ser los apartados tres, cuatro y cinco, a la disposicin adicional quinta, con el texto siguiente:

Tres. Las Administraciones Pblicas promovern medidas de sensibilizacin, educacin y formacin sobre accesibilidad con objeto de promover que los titulares de otras pginas de Internet incorporen progresivamente los criterios de accesibilidad.

Cuatro. Los incumplimientos de las obligaciones de accesibilidad establecidas en esta Disposicin adicional estarn sometidos al rgimen de infracciones y sanciones vigente en materia de igualdad de oportunidades, no discriminacin y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Cinco. Las pginas de Internet de las empresas que presten servicios al pblico en general de especial trascendencia econmica, sometidas a la obligacin establecida en el artculo 2 de la Ley 56/2007, de medidas de impulso de la sociedad de la informacin, debern satisfacer a partir del 31 de diciembre de 2008, como mnimo, el nivel medio de los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos. Excepcionalmente, esta obligacin no ser aplicable cuando una funcionalidad o servicio no disponga de una solucin tecnolgica que permita su accesibilidad.

Artculo 5. Modificaciones de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrnica.

Se modifica la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrnica, en los siguientes aspectos:

Uno. Se da nueva redaccin al apartado 5 del artcu-lo 3, con el texto siguiente:

5. Se considera documento electrnico la informacin de cualquier naturaleza en forma electrnica, archivada en un soporte electrnico segn un formato determinado y susceptible de identificacin y tratamiento diferenciado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el prrafo anterior, para que un documento electrnico tenga la naturaleza de documento pblico o de documento administrativo deber cumplirse, respectivamente, con lo dispuesto en las letras a) o b) del apartado siguiente y, en su caso, en la normativa especfica aplicable.

Dos. Se da nueva redaccin al apartado 8 del artculo 3, con el texto siguiente:

8. El soporte en que se hallen los datos firmados electrnicamente ser admisible como prueba documental en juicio. Si se impugnare la autenticidad de la firma electrnica reconocida con la que se hayan firmado los datos incorporados al documento electrnico se proceder a comprobar que se trata de una firma electrnica avanzada basada en un certificado reconocido, que cumple todos los requisitos y condiciones establecidos en esta Ley para este tipo de certificados, as como que la firma se ha generado mediante un dispositivo seguro de creacin de firma electrnica.

La carga de realizar las citadas comprobaciones corresponder a quien haya presentado el documento electrnico firmado con firma electrnica reconocida. Si dichas comprobaciones obtienen un resultado positivo, se presumir la autenticidad de la firma electrnica reconocida con la que se haya firmado dicho documento electrnico siendo las costas, gastos y derechos que origine la comprobacin exclusivamente a cargo de quien hubiese formulado la impugnacin. Si, a juicio del tribunal, la impugnacin hubiese sido temeraria, podr imponerle, adems, una multa de 120 a 600 euros.

Si se impugna la autenticidad de la firma electrnica avanzada, con la que se hayan firmado los datos incorporados al documento electrnico, se estar a lo establecido en el apartado 2 del artculo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Tres. Se da nueva redaccin a los apartados 2 y 3 del artculo 13, con el texto siguiente:

2. En el caso de certificados reconocidos de personas jurdicas, los prestadores de servicios de certificacin comprobarn, adems, los datos relativos a la constitucin y personalidad jurdica y a la extensin y vigencia de las facultades de representacin del solicitante mediante los documentos pblicos que sirvan para acreditar los extremos citados de manera fehaciente y su inscripcin en el correspondiente registro pblico si as resulta exigible. La citada comprobacin podr realizarse, asimismo, mediante consulta en el registro pblico en el que estn inscritos los documentos de constitucin y d4e apoderamiento, pudiendo emplear los medios telemticos facilitados por los citados registros pblicos.

3. Si los certificados reconocidos reflejan una relacin de representacin voluntaria, los prestadores de servicios de certificacin comprobarn los datos relativos a la personalidad jurdica del representado y a la extensin y vigencia de las facultades del representante mediante los documentos pblicos que sirvan para acreditar los extremos citados de manera fehaciente y su inscripcin en el correspondiente registro pblico si as resulta exigible. La citada comprobacin podr realizarse, asimismo, mediante consulta en el registro pblico en el que estn inscritos los mencionados datos, pudiendo emplear los medios telemticos facilitados por los citados registros pblicos.

Si los certificados reconocidos admiten otros supuestos de representacin, los prestadores de servicios de certificacin debern exigir la acreditacin de las circunstancias en las que se fundamenten, en la misma forma prevista anteriormente.

Cuando el certificado reconocido contenga otras circunstancias personales o atributos del solicitante, como su condicin de titular de un cargo pblico, su pertenencia a un colegio profesional o su titulacin, stas debern comprobarse mediante los documentos oficiales que las acrediten, de conformidad con su normativa especfica.

Cuatro. Se da nueva redaccin al apartado 5 del artculo 23, con el texto siguiente:

5. El prestador de servicios de certificacin no ser responsable de los daos y perjuicios ocasionados al firmante o terceros de buena fe por la inexactitud de los datos que consten en el certificado electrnico si stos le han sido acreditados mediante documento pblico, inscrito en un registro pblico si as resulta exigible. En caso de que dichos datos deban figurar inscritos en un registro pblico, el prestador de servicios de certificacin podr, en su caso, comprobarlos en el citado registro antes de la expedicin del certificado, pudiendo emplear los medios telemticos facilitados por los citados registros pblicos.

Cinco. Se da nueva redaccin al apartado 4 del artculo 31, con el texto siguiente:

4. Constituyen infracciones leves:

El incumplimiento por los prestadores de servicios de certificacin que no expidan certificados reconocidos de las obligaciones establecidas en el artculo 18; y el incumplimiento por los prestadores de servicios de certificacin de las restantes obligaciones establecidas en esta Ley, cuando no constituya infraccin grave o muy grave, con excepcin de las obligaciones contenidas en el apartado 2 del artculo 30.

Seis. Se aade una disposicin adicional, con la siguiente redaccin:

Disposicin adicional undcima. Resolucin de conflictos.

Los usuarios y prestadores de servicios de certificacin podrn someter los conflictos que se susciten en sus relaciones al arbitraje.

Cuando el usuario tenga la condicin de consumidor o usuario, en los trminos establecidos por la legislacin de proteccin de los consumidores, el prestador y el usuario podrn someter sus conflictos al arbitraje de consumo, mediante la adhesin de aqullos al Sistema Arbitral de Consumo competente.

Artculo 6. Modificacin de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenacin del comercio minorista.

Se aade una nueva letra i) al artculo 64 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenacin del comercio minorista, con la siguiente redaccin:

i) Los incumplimientos de lo dispuesto en el prrafo d) del apartado 1 del citado artculo 2 sern sancionables conforme a lo dispuesto en la Ley Orgnica 15/1999, de 13 de diciembre, de proteccin de datos de carcter personal correspondiendo la potestad sancionadora al rgano que resulte competente.

Artculo 7. Modificaciones de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.

Se modifica la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, en los siguientes aspectos:

Uno. Se modifican las letras a) y c) del apartado 1 del artculo 22 quedando con la siguiente redaccin:

a) Que todos los usuarios finales puedan obtener una conexin a la red telefnica pblica desde una ubicacin fija y acceder a la prestacin del servicio telefnico disponible al publico, siempre que sus solicitudes se consideren razonables en los trminos que reglamentariamente se determinen. La conexin debe ofrecer al usuario final la posibilidad de efectuar y recibir llamadas telefnicas y permitir comunicaciones de fax y datos a velocidad suficiente para acceder de forma funcional a Internet. No obstante, la conexin deber permitir comunicaciones en banda ancha, en los trminos que se definan por la normativa vigente.

c) Que exista una oferta suficiente de telfonos pblicos de pago, en todo el territorio nacional, que satisfaga razonablemente las necesidades de los usuarios finales, en cobertura geogrfica, en nmero de aparatos, accesibilidad de estos telfonos por los usuarios con discapacidades y calidad de los servicios y, que sea posible efectuar gratuitamente llamadas de emergencia desde los telfonos pblicos de pago sin tener que utilizar ninguna forma de pago, utilizando el nmero nico de llamadas de emergencia 112 y otros nmeros de emergencia espaoles. Asimismo, en los trminos que se definan por la normativa vigente para el servicio universal, que exista una oferta suficiente de equipos terminales de acceso a Internet de banda ancha.

Dos. Se introduce una nueva redaccin en el apartado l) del artculo 53 que queda redactado de la siguiente forma:

l) El incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones de servicio pblico y la grave o reiterada vulneracin de los derechos de los consumidores y usuarios finales segn lo establecido en el Ttulo III de la Ley y su normativa de desarrollo, con excepcin de los establecidos por el artculo 38.3 cuya vulneracin ser sancionable conforme a lo previsto en el prrafo z) de este artculo.

Tres. El apartado o) del artculo 54 queda redactado de la siguiente forma:

o) El incumplimiento de las obligaciones de servicio pblico y la vulneracin de los derechos de los consumidores y usuarios finales, segn lo establecido en el Ttulo III de la Ley y su normativa de desarrollo, salvo que deban considerarse como infraccin muy grave, conforme a lo previsto en el artculo anterior.

No obstante, la vulneracin de los derechos establecidos por el artculo 38.3 de esta Ley ser sancionable conforme a lo previsto en el prrafo r) de este artculo.

Cuatro. Se modifica el apartado 7 del punto 3 del Anexo I, que queda redactado como sigue:

Las Administraciones Pblicas estarn exentas del pago de esta tasa en los supuestos de reserva de dominio pblico radioelctrico para la prestacin de servicios obligatorios de inters general que tenga exclusivamente por objeto la defensa nacional, la seguridad pblica y las emergencias, as como cualesquiera otros servicios obligatorios de inters general sin contrapartida econmica directa o indirecta, como tasas, precios pblicos o privados, ni otros ingresos derivados de dicha prestacin, tales como los ingresos en concepto de publicidad. A tal efecto, debern solicitar, fundamentadamente, dicha exencin al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Asimismo, no estarn sujetos al pago los enlaces descendentes de radiodifusin por satlite, tanto sonora como de televisin.

Cinco. Se aade un nuevo apartado 5 al epgrafe 4 Tasas de telecomunicaciones, del Anexo I Tasas en materia de telecomunicaciones, con la siguiente redaccin:

5. Estarn exentos del pago de la tasa de tramitacin de autorizaciones de uso especial de dominio pblico radioelctrico aquellos solicitantes de dichas autorizaciones que cumplan 65 aos en el ao en que efecten la solicitud, o que los hayan cumplido con anterioridad, as como los beneficiarios de una pensin pblica o que tengan reconocido un grado de minusvala igual o superior al 33 por 100.

Artculo 8. Modificacin de los apartados 9 y 10 de la Disposicin adicional sexta de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones.

Se modifican los apartados 9 y 10 de la Disposicin adicional sexta de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, que quedarn redactados de la siguiente forma:

9. Los recursos econmicos de la entidad podrn provenir de cualquiera de los enumerados en el apartado 1 del artculo 65 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizacin y Funcionamiento de la Administracin General del Estado. Entre los recursos econmicos de la entidad pblica empresarial Red.es se incluyen los ingresos provenientes de lo recaudado en concepto del precio pblico por las operaciones de registro relativas a los nombres de dominio de Internet bajo el cdigo de pas correspondiente a Espaa ''.es'' regulado en el apartado siguiente.

10. Precios Pblicos por asignacin, renovacin y otras operaciones registrales de los nombres de dominio bajo el ''.es''.

La contraprestacin pecuniaria que se satisfaga por la asignacin, renovacin y otras operaciones registrales realizadas por la entidad pblica empresarial Red.es en ejercicio de su funcin de Autoridad de Asignacin de los nombres de dominio de Internet bajo el cdigo de pas correspondiente a Espaa tendrn la consideracin de precio pblico.

Red.es, previa autorizacin del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, establecer mediante la correspondiente Instruccin, las tarifas de los precios pblicos por la asignacin, renovacin y otras operaciones de registro de los nombres de dominio bajo el ''.es''. La propuesta de establecimiento o modificacin de la cuanta de precios pblicos ir acompaada, de conformidad con lo previsto en el artculo 26 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, que regula el Rgimen Jurdico de las Tasas y Precios Pblicos, de una memoria econmico-financiera que justificar el importe de los mismos que se proponga y el grado de cobertura financiera de los costes correspondientes.

La gestin recaudatoria de los precios pblicos referidos en este apartado corresponde a la entidad pblica empresarial Red.es que determinar el procedimiento para su liquidacin y pago mediante la Instruccin mencionada en el prrafo anterior en la que se establecern los modelos de declaracin, plazos y formas de pago.

La entidad pblica empresarial Red.es podr exigir la anticipacin o el depsito previo del importe total o parcial de los precios pblicos por las operaciones de registro relativas a los nombres de dominio ''.es''.

Disposicin adicional primera. Utilizacin de caracteres de las lenguas oficiales de Espaa en el .es.

La autoridad de asignacin de los nombres de dominio de Internet bajo el cdigo de pas correspondiente a Espaa (.es) adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar que puedan asignarse nombres de dominio que contengan caracteres propios de las lenguas oficiales de Espaa distintos de los incluidos en el alfabeto ingls en un plazo mximo de 3 meses desde la entrada en vigor de esta Ley.

Con carcter previo a que los mecanismos de reconocimiento de caracteres multilinges estn disponibles para la asignacin de nombres de dominio bajo el cdigo de pas .es, la autoridad de asignacin dar publicidad a la posibilidad de solicitar nombres de dominio que contengan dichos caracteres y establecer con antelacin suficiente un registro escalonado para los mismos. En este registro escalonado se dar preferencia a las solicitudes de nombres de dominio con caracteres multilinges que resulten equivalentes a nombres de dominio bajo el cdigo de pas .es previamente asignados, en los trminos que determine la autoridad de asignacin.

Disposicin adicional segunda. Extensin de servicios de acceso a banda ancha.

El Gobierno, en colaboracin con las Comunidades Autnomas, impulsar la extensin de la banda ancha con el fin de conseguir, antes del 31 de diciembre de 2008, una cobertura de servicio universal de conexin a banda ancha, para todos los ciudadanos, independientemente del tipo de tecnologa utilizada en cada caso y de su ubicacin geogrfica.

El Gobierno analizar de manera continua y permanente las diferentes opciones tecnolgicas y las condiciones de provisin de servicios de acceso a Internet de banda ancha para el conjunto de ciudadanos y empresas en Espaa. En particular, se colaborar con los diferentes sectores relevantes interesados, a fin de que asesoren al Gobierno en la elaboracin de un informe anual sobre la situacin del uso de los servicios de acceso a Internet de banda ancha en Espaa. Este informe ser de carcter pblico y podr elaborar recomendaciones para acelerar el despliegue de los citados servicios.

A efectos de realizar los anlisis e informes mencionados en los prrafos anteriores el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio podr realizar los requerimientos de informacin generales o particularizados que sean necesarios en los trminos previstos en la disposicin adicional quinta de esta Ley.

Los anlisis e informes mencionados debern realizarse de forma territorializada por Comunidades Autnomas y se compartirn los datos en formato electrnico con las Administraciones que lo soliciten.

Disposicin adicional tercera. Plan de mejora de los niveles de seguridad y confianza en Internet.

El Gobierno elaborar, en un plazo de seis meses, un Plan, tecnolgicamente neutro, para la mejora de los niveles de seguridad y confianza en Internet, que incluir directrices y medidas para aumentar la seguridad frente a las amenazas de Internet y proteger la privacidad on line. Este plan se revisar peridicamente para poder responder al escenario de amenazas en continua evolucin.

Disposicin adicional cuarta. Requerimientos de informacin para fines estadsticos y de anlisis.

1. La Secretara de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informacin, y los rganos estadsticos de las Comunidades Autnomas con competencias en materia de estadstica, podrn requerir de los fabricantes de productos y proveedores de servicios referentes a las Tecnologas de la Informacin, a la Sociedad de la Informacin, a los contenidos digitales y al entretenimiento digital la informacin necesaria para el ejercicio de sus funciones para fines estadsticos y de anlisis.

La Secretara de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informacin podr dictar circulares que debern ser publicadas en el Boletn Oficial del Estado, en las cuales se expondr de forma detallada y concreta el contenido de la informacin que se vaya a solicitar, especificando de manera justificada la funcin para cuyo desarrollo es precisa tal informacin y el uso que pretende hacerse de la misma.

No obstante lo sealado en el prrafo precedente, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio podr en todo caso realizar requerimientos de informacin particularizados sin necesidad de que previamente se dicte una circular de carcter general.

La Secretara de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informacin podr realizar las inspecciones que considere necesarias con el fin de confirmar la veracidad de la informacin que en cumplimiento de los citados requerimientos le sea aportada.

Los datos e informaciones obtenidos por la Secretara de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informacin en el desempeo de sus funciones, que tengan carcter confidencial por tratarse de materias protegidas por el secreto comercial, industrial o estadstico, slo podrn ser cedidos a la Administracin General del Estado y a las Comunidades Autnomas en el mbito de sus competencias. El personal de dichas Administraciones Pblicas que tenga conocimiento de estos datos estar obligado a mantener el debido secreto y sigilo respecto de los mismos.

Las entidades que deben suministrar esos datos e informaciones podrn indicar, de forma justificada, qu parte de los mismos consideran de trascendencia comercial o industrial, cuya difusin podra perjudicarles, a los efectos de que sea declarada su confidencialidad respecto de cualesquiera personas o entidades que no sean la propia Secretara de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informacin, la Administracin General del Estado o las Comunidades Autnomas, previa la oportuna justificacin. La Secretara de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informacin decidir, de forma motivada, sobre la informacin que, segn la legislacin vigente, est exceptuada del secreto comercial o industrial y sobre la amparada por la confidencialidad.

2. Son infracciones de la obligacin de cumplir los requerimientos de informacin establecida en el apartado anterior las conductas que se tipifican en los apartados siguientes.

Las infracciones establecidas en la presente disposicin adicional se entendern sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden en que puedan incurrir los titulares de las entidades que desarrollan las actividades a que se refieren.

3. Las infracciones administrativas tipificadas en los apartados siguientes se clasifican en muy graves, graves y leves.

4. Son infracciones muy graves:

a) La negativa reiterada a facilitar a la Secretara de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informacin la informacin que se reclame de acuerdo con lo previsto en la presente Ley.

b) Facilitar intencionadamente a la Secretara de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informacin datos falsos.

5. Son infracciones graves:

La negativa expresa a facilitar a la Secretara de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informacin la informacin que se reclame de acuerdo con lo previsto en la presente Ley.

6. Son infracciones leves:

No facilitar a la Secretara de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informacin los datos requeridos o retrasar injustificadamente su aportacin cuando resulte exigible.

7. Por la comisin de las infracciones sealadas en los apartados anteriores, se impondrn las siguientes sanciones:

a) Por la comisin de infracciones muy graves tipificadas en el apartado 4, multa desde 25.000 euros hasta 50.000 euros.

b) Por la comisin de infracciones graves tipificadas en el apartado 5, multa desde 5.000 euros hasta 25.000 euros.

c) Por la comisin de infracciones leves tipificadas en el apartado 6, multa de hasta 5.000 euros.

En todo caso, la cuanta de la sancin que se imponga, dentro de los lmites indicados, se graduar teniendo en cuenta, adems de lo previsto en el artculo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, lo siguiente:

a) La gravedad de las infracciones cometidas anteriormente por el sujeto al que se sanciona.

b) La repercusin social de las infracciones.

c) El beneficio que haya reportado al infractor el hecho objeto de la infraccin.

d) El dao causado.

Las sanciones impuestas por infracciones muy graves podrn ser publicadas en el Boletn Oficial del Estado una vez que la resolucin sancionadora tenga carcter firme.

8. La competencia para la imposicin de las sanciones muy graves corresponder al Ministro de Industria, Turismo y Comercio y la imposicin de sanciones graves y leves al Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informacin.

El ejercicio de la potestad sancionadora se sujetar al procedimiento aplicable, con carcter general, a la actuacin de las Administraciones Pblicas.

9. Las estadsticas pblicas que elabore la Secretara de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informacin relativas a personas fsicas ofrecern sus datos desagregados por sexo, considerando, si ello resultase conveniente, otras variables relacionadas con el sexo para facilitar la evaluacin del impacto de gnero y la mejora en la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres.

10. En caso de que la informacin recabada en ejercicio de las funciones establecidas en esta disposicin adicional contuviera datos de carcter personal ser de aplicacin lo dispuesto en la Ley Orgnica 15/1999, de 13 de diciembre, de proteccin de datos de carcter personal y en su normativa de desarrollo.

Disposicin adicional quinta. Canalizaciones para el despliegue de redes de comunicaciones electrnicas en carreteras e infraestructuras ferroviarias de competencia estatal.

1. Los proyectos de obras de construccin de nuevas carreteras o de nuevas lneas de ferrocarril que vayan a formar parte de las redes de inters general debern prever, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente, la instalacin de canalizaciones que permitan el despliegue a lo largo de las mismas de redes de comunicaciones electrnicas. Dichas canalizaciones debern ponerse a disposicin de los operadores de redes y servicios de comunicaciones electrnicas interesados en condiciones equitativas, no discriminatorias, neutrales y orientadas a costes.

Las condiciones de acceso se negociarn de mutuo acuerdo entre las partes. A falta de acuerdo, estas condiciones se establecern mediante resolucin de la Comisin del Mercado de las Telecomunicaciones.

En las mismas condiciones deber preverse igualmente la facilitacin de instalaciones para asegurar la cobertura de comunicaciones mviles en todo el recorrido, incluyendo los terrenos para la instalacin de estaciones base, espacios para la instalacin de los repetidores o dispositivos radiantes necesarios para garantizar la cobertura en tneles y el acceso a fuentes de energa elctrica.

2. Sin perjuicio de la notificacin a la que se refiere el artculo 6 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, los organismos pblicos responsables de la administracin de las carreteras y lneas de ferrocarril de competencia estatal y las sociedades estatales que tengan encomendada su explotacin podrn explotar las canalizaciones o establecer y explotar las redes de telecomunicaciones que discurran por las citadas infraestructuras de transporte en los trminos previstos en la citada Ley General de Telecomunicaciones, garantizando el acceso de los restantes operadores pblicos y privados a las mismas en condiciones de igualdad y neutralidad.

3. Los Ministros de Fomento y de Industria, Turismo y Comercio desarrollarn conjuntamente, en un plazo no superior a seis meses, lo establecido en esta disposicin y determinarn los supuestos en que, en funcin del itinerario, la dimensin y dems circunstancias especficas de las nuevas carreteras o de las nuevas lneas de ferrocarril, los proyectos de obras de construccin debern prever las canalizaciones o instalaciones a que se refiere el apartado primero.

Disposicin adicional sexta. Base de datos sobre servicios de la sociedad de la informacin y servicios de comunicaciones electrnicas en Espaa.

Con el fin de mejorar el diseo, ejecucin y seguimiento de polticas relativas a la sociedad de la informacin, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio elaborar, en colaboracin con las Comunidades Autnomas, una base de datos actualizada sobre los servicios de la sociedad de la informacin y servicios de comunicaciones electrnicas en Espaa. Esta base de datos ser sectorizada como mnimo por mbitos territoriales de Comunidad Autnoma y los datos sern compartidos con las Administraciones que lo soliciten.

A los efectos de lo dispuesto en el prrafo anterior, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio podr realizar los requerimientos de informacin generales o particularizados que sean necesarios en los trminos previstos en la disposicin adicional quinta de esta Ley.

El contenido y alcance de la base de datos referida en el prrafo primero de esta disposicin adicional sern regulados mediante Orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio.

En lo que respecta a servicios de la sociedad de la informacin relativos a administracin electrnica corresponder al Ministerio de Administraciones Pblicas, en colaboracin con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y con las Comunidades Autnomas, la regulacin, elaboracin y mantenimiento del correspondiente catlogo.

Disposicin adicional sptima. Agencia Estatal de Radiocomunicaciones.

Se da nueva redaccin al apartado 13 del artculo 47 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, que queda redactado de la siguiente forma:

La constitucin efectiva de la Agencia tendr lugar en el momento y con los plazos que seale el Real Decreto de aprobacin de su Estatuto. En el citado real decreto se determinarn los rganos y servicios en que se estructurar la Agencia.

Disposicin adicional octava. Sede de la Comisin del Mercado de las Telecomunicaciones.

Se modifica el apartado 13 del artculo 48 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, que queda redactado en los siguientes trminos:

13. La Comisin tendr su sede en Barcelona y dispondr de su propio patrimonio, independiente del patrimonio del Estado.

Disposicin adicional novena. Modificacin de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Se introduce una nueva disposicin final, con la siguiente redaccin:

Disposicin final tercera. Bolsa de denominaciones sociales, estatutos orientativos y plazo reducido de inscripcin.

1. Se autoriza al Gobierno para regular una Bolsa de Denominaciones Sociales con reserva.

2. Por Orden del Ministro de Justicia podr aprobarse un modelo orientativo de estatutos para la sociedad de responsabilidad limitada.

3. Si la escritura de constitucin de una sociedad de responsabilidad limitada contuviese ntegramente los estatutos orientativos a que hace referencia el apartado anterior, y no se efectuaran aportaciones no dinerarias, el registrador mercantil deber inscribirla en el plazo mximo de cuarenta y ocho horas, salvo que no hubiera satisfecho el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados en los trminos previstos en la normativa reguladora del mismo.

Disposicin adicional dcima. Modificacin del texto refundido de la Ley de Sociedades Annimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.

Se modifica el apartado segundo del artculo 15 del texto refundido de la Ley de Sociedades Annimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, con el texto siguiente:

No obstante, si la fecha de comienzo de las operaciones sociales coincide con la de otorgamiento de la escritura fundacional, y salvo que los estatutos sociales o la escritura dispongan otra cosa, se entender que los administradores ya quedan facultados para el pleno desarrollo del objeto social y para realizar toda clase de actos y contratos, de los que respondern la sociedad en formacin y los socios en los trminos que se han indicado.

Disposicin adicional undcima. Acceso de las personas con discapacidad a las tecnologas de la Sociedad de la Informacin.

Las Administraciones Pblicas, en el mbito de sus respectivas competencias, promovern el impulso, el desarrollo y la aplicacin de los estndares de accesibilidad para personas con discapacidad y diseo para todos, en todos los elementos y procesos basados en las nuevas tecnologas de la Sociedad de la Informacin.

Disposicin adicional duodcima. Lenguas Oficiales.

Las Administraciones Pblicas debern fomentar el pluralismo lingstico en la utilizacin de las nuevas tecnologas de la Sociedad de la Informacin, en particular en los mbitos territoriales en que existan lenguas propias.

Disposicin adicional decimotercera. Regulacin de los instrumentos telemticos utilizados por los profesionales que elaboren proyectos e informes incorporados a procedimientos tramitados por las Administraciones.

Las Administraciones Pblicas regularn los instrumentos telemticos necesarios para ser utilizados por los profesionales debidamente colegiados que elaboren y preparen proyectos e informes que deben incorporarse preceptivamente en los procedimientos que tramiten los rganos administrativos.

Disposicin adicional decimocuarta. Transferencia tecnolgica a la sociedad.

El Centro Nacional de Referencia de Aplicacin de las Tecnologas de Informacin y Comunicacin (CENATIC), en colaboracin con los centros autonmicos de referencia y con el Centro de Transferencia de Tecnologa entre Administraciones Pblicas de la Administracin General del Estado, se encargara de la puesta en valor y difusin entre entidades privadas y la ciudadana en general, de todas aquellas aplicaciones que sean declaradas de fuentes abiertas por las administraciones pblicas, haciendo llegar a los autores o comunidades de desarrollo cualquier mejora o aportacin que sea realizada sobre las mismas.

Asimismo, el CENATIC se encargar del asesoramiento general sobre los aspectos jurdicos, tecnolgicos y metodolgicos ms adecuados para la liberacin del software y conocimiento.

Disposicin adicional decimoquinta. Fomento a la participacin ciudadana en la sociedad de la informacin.

Con el objeto de fomentar la presencia de la ciudadana y de las entidades privadas sin nimo de lucro y garantizar el pluralismo, la libertad de expresin y la participacin ciudadana en la sociedad de la informacin, se establecern medios de apoyo y lneas de financiacin para el desarrollo de servicios de la sociedad de la informacin sin finalidad lucrativa que, promovidos por entidades ciudadanas, fomenten los valores democrticos y la participacin ciudadana, atiendan al inters general o presten servicio a comunidades y grupos sociales desfavorecidos.

Disposicin adicional decimosexta. Contenidos digitales de titularidad pblica para su puesta a disposicin de la sociedad.

Siempre que por su naturaleza no perjudique al normal funcionamiento de la Administracin, ni afecte al inters pblico o al inters general, los contenidos digitales o digitalizados de que dispongan las Administraciones Pblicas, cuyos derechos de propiedad intelectual le pertenezcan sin restricciones o sean de dominio pblico, sern puestos a disposicin del pblico, en los trminos legalmente establecidos, de forma telemtica sin restricciones tecnolgicas, para su uso consistente en el estudio, copia o redistribucin, siempre que las obras utilizadas de acuerdo con lo anteriormente sealado citen al autor y se distribuyan en los mismos trminos.

Disposicin adicional decimosptima. Cesin de contenidos para su puesta a disposicin de la sociedad.

Las personas fsicas o jurdicas podrn ceder sus derechos de explotacin sobre obras para que una copia digitalizada de las mismas pueda ser puesta a disposicin del pblico de forma telemtica, sin restricciones tecnolgicas o metodolgicas, y libres para ser usado con cualquier propsito, estudiados, copiados, modificados y redistribuidos, siempre que las obras derivadas se distribuyan en los mismos trminos.

Disposicin adicional decimoctava. Televisin de proximidad sin nimo de lucro.

1. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a travs de la Secretara de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informacin, mediante Resolucin del Secretario de Estado, planificar frecuencias para la gestin indirecta del servicio de televisin local de proximidad por parte de entidades sin nimo de lucro que se encontraran habilitadas para emitir al amparo de la Disposicin Transitoria Primera de la Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de Televisin Local por Ondas Terrestres, siempre que se disponga de frecuencias para ello.

Tienen la consideracin de servicios de difusin de televisin de proximidad aquellos sin finalidad comercial que, utilizando las frecuencias que en razn de su uso por servicios prximos no estn disponibles para servicios de difusin de televisin comercialmente viables, estn dirigidos a comunidades en razn de un inters cultural, educativo, tnico o social.

El canal de televisin difundido lo ser siempre en abierto. Su programacin consistir en contenidos originales vinculados con la zona y comunidad a la que vayan dirigidos y no podr incluir publicidad ni televenta, si bien se admitir el patrocinio de sus programas.

La entidad responsable del servicio de televisin local de proximidad no podr ser titular directa o indirectamente de ninguna concesin de televisin de cualquier cobertura otorgada por la Administracin que corresponda.

2. Corresponde al Gobierno aprobar el reglamento general de prestacin del servicio, con carcter de norma bsica, y el reglamento tcnico, en el que se establezca el procedimiento para la planificacin de las frecuencias destinadas a servicios de difusin de televisin de proximidad, atendiendo entre otros extremos a las necesidades de cobertura, poblacin y caractersticas propias de este servicio.

Dicho reglamento establecer las condiciones tcnicas que debern reunir las frecuencias destinadas a estos servicios, la extensin mxima de la zona de servicio, la determinacin concreta de las potencias de emisin, caractersticas y uso compartido del mltiplex asignado para la prestacin del servicio y el procedimiento por el que las Comunidades Autnomas solicitarn la reserva de frecuencias para estos servicios, as como el procedimiento de asignacin por parte de la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones.

La planificacin del espectro para la televisin de proximidad no ser prioritaria con respecto a otros servicios planificados o planificables.

3. Ser de aplicacin a estas televisiones lo dispuesto en la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurdico espaol la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinacin de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros, relativas al ejercicio de actividades de radiodifusin televisiva, y lo previsto en los artculos 1, 2, 6, apartados 2 y 3 del artculo 9, 10, 11, 15, 18, 20, 21, 22 y apartado 4 de la disposicin transitoria segunda de la Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de Televisin Local por Ondas Terrestres. Igualmente les ser de aplicacin lo dispuesto en la Disposicin Adicional Trigsima de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.

4. Las Comunidades Autnomas adjudicarn las correspondientes concesiones para la prestacin de servicios de televisin de proximidad, de acuerdo con el reglamento general de prestacin del servicio y su normativa.

5. Las concesiones para la prestacin de servicios de difusin de radio y televisin de proximidad se otorgarn por un plazo de cinco aos y podrn ser renovadas hasta en tres ocasiones, siempre que su actividad no perjudique la recepcin de los servicios de difusin legalmente habilitados que coincidan total o parcialmente con su zona de cobertura.

Estas concesiones obligan a la explotacin directa del servicio y sern intransferibles.

6. Las concesiones para la prestacin de servicios de televisin de proximidad se extinguirn, adems de por alguna de las causas generales previstas en el artculo 15 de la Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de Televisin Local por Ondas Terrestres, por extincin de la personalidad jurdica de su titular y por su revocacin.

7. Sern causas de revocacin de la concesin la utilizacin de las mismas para la difusin de servicios comerciales y la modificacin de las condiciones de planificacin del espectro radioelctrico sin que exista una frecuencia alternativa.

Disposicin adicional decimonovena. Modificacin de la Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercializacin a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores y de la Ley 36/2007, de 16 de noviembre, por la que se modifica la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversin, recursos propios y obligaciones de informacin de los intermediarios financieros y otras normas del sistema financiero.

1. Se modifica la letra b) de la Disposicin Derogatoria de la Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercializacin a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores, que tendr la siguiente redaccin:

b) El prrafo segundo del apartado 1 del artculo 83.a) de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.

2. Se modifican los apartados 2, 3 y 4 de la Disposicin transitoria primera de la Ley 36/2007, de 16 de noviembre, por la que se modifica la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversin, recursos propios y obligaciones de informacin de los intermediarios financieros y otras normas del sistema financiero, que tendrn la siguiente redaccin:

2. Durante el primer y segundo perodo de doce meses posteriores al 31 de diciembre de 2007, las entidades de crdito o los grupos consolidables de entidades de crdito que utilicen los mtodos internos de medicin de riesgo operacional mantendrn recursos propios que sern en todo momento iguales o superiores a los importes indicados en los apartados 3 y 4.

3. Para el primer perodo de doce meses previsto en el apartado 1 y en el apartado 2, el importe de los recursos propios ser el 90 por ciento del importe total de los recursos propios mnimos que seran exigibles a la entidad o grupo de mantenerse la regulacin vigente a 31 de diciembre de 2007.

4. Para el segundo perodo de doce meses contemplado en el apartado 1 y en el apartado 2, el importe de los recursos propios ser el 80 por ciento del importe total de los recursos propios mnimos que seran exigibles a la entidad o grupo de mantenerse la regulacin vigente a 31 de diciembre de 2007.

Disposicin adicional vigsima. Regulacin del juego.

El Gobierno presentar un Proyecto de Ley para regular las actividades de juego y apuestas, en particular las realizadas a travs de sistemas interactivos basados en comunicaciones electrnicas, que atender a los siguientes principios:

1. Asegurar la compatibilidad de la nueva regulacin con la normativa aplicable a otros mbitos vinculados a la prestacin de este tipo de servicios, y, en especial, a la normativa de proteccin de los menores, de la juventud, de grupos especialmente sensibles de usuarios as como de los consumidores en general, adems del mbito de proteccin de datos de carcter personal y de servicios de la Sociedad de la Informacin.

2. Establecer una regulacin sobre la explotacin de actividades de juego por sistemas interactivos de acuerdo con la normativa y los principios generales del derecho comunitario.

3. Articular un sistema de control sobre los servicios de juego y apuestas por sistemas interactivos que garantice unas condiciones de mercado plenamente seguras y equitativas para los operadores de tales sistemas as como unos adecuados niveles de proteccin de los usuarios. En particular, deber regular la actividad de aquellos operadores que ya cuenten con una autorizacin para la presentacin de los mencionados servicios otorgada por las autoridades de cualquiera de los Estados miembros de la Unin Europea.

4. Establecer un sistema de tributacin sobre los servicios de juego y apuestas por sistemas interactivos atendiendo al origen de las operaciones objeto de tributacin. La regulacin deber igualmente prever un sistema de distribucin de la tributacin obtenida como consecuencia de la explotacin de servicios de juego y apuestas por medios electrnicos en Espaa entre la Administracin Estatal y las Comunidades Autnomas, teniendo en cuenta la especificidad fiscal de los regmenes forales.

5. La actividad de juego y apuestas a travs de sistemas interactivos basados en comunicaciones electrnicas slo podr ejercerse por aquellos operadores autorizados para ello por la Administracin Pblica competente, mediante la concesin de una autorizacin tras el cumplimiento de las condiciones y requisitos que se establezcan. Quien no disponga de esta autorizacin no podr realizar actividad alguna relacionada con los juegos y apuestas interactivos. En particular, se establecern las medidas necesarias para impedir la realizacin de publicidad por cualquier medio as como la prohibicin de utilizar cualquier medio de pago existente en Espaa. Por otra parte, se sancionar de conformidad con la legislacin de represin del contrabando la realizacin de actividades de juego y apuestas a travs de sistemas interactivos sin contar con la autorizacin pertinente.

6. La competencia para la ordenacin de las actividades de juegos y apuestas realizadas a travs de sistemas interactivos corresponder a la Administracin General del Estado cuando su mbito sea el conjunto del territorio nacional o abarque ms de una Comunidad Autnoma.

Disposicin transitoria nica. Rgimen transitorio relativo a las tarifas aplicables por la asignacin, renovacin y otras operaciones registrales de los nombres de dominio bajo el .es.

Hasta que se fijen, de conformidad con lo que se establece en el artculo 8 de esta Ley, los precios pblicos aplicables por la asignacin, renovacin y otras operaciones registrales de los nombres de dominio bajo el .es seguirn siendo de aplicacin las tasas correspondientes fijadas de acuerdo con las normas legales y disposiciones reglamentarias de desarrollo vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.

Disposicin final primera. Fundamento constitucional.

1. Tienen el carcter de legislacin bsica los siguientes preceptos de esta Ley:

a) Los apartados 2, 3 y 5 del artculo 1 y los artculos 2 y 6, que se dictan al amparo de lo dispuesto en el apartado 13. del artculo 149.1 de la Constitucin.

b) Los apartados 1 y 4 del artculo 1, la disposicin adicional duodcima y la disposicin adicional decimotercera, que se dictan al amparo de lo dispuesto en el artculo 149.1.18. de la Constitucin.

c) La disposicin adicional undcima, que se dicta al amparo de lo dispuesto en el artculo 149.1.1. y 18. de la Constitucin.

d) La disposicin adicional decimoquinta, que se dicta al amparo de lo dispuesto en el artculo 149.1.1. de la Constitucin.

2. Los artculos 3, 4 y 5 de esta Ley se dictan al amparo de lo dispuesto en el artculo 149.1. 6., 8. y 21. de la Constitucin, sin perjuicio de las competencias que ostenten las Comunidades Autnomas.

3. Los artculos 7 y 8 y las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, sptima, octava y decimocuarta de esta Ley se dictan al amparo de lo dispuesto en el artculo 149.1.21. de la Constitucin.

4. Las disposiciones adicionales novena y dcima de esta Ley se dictan al amparo de lo dispuesto en el artculo 149.1.6. y 8. de la Constitucin.

5. Las disposiciones adicionales decimosexta y decimosptima de esta Ley se dictan al amparo de lo dispuesto en el artculo 149.1.9. de la Constitucin.

Disposicin final segunda. Modificacin de leyes por las que se incorpora derecho comunitario.

Mediante esta Ley se modifica la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Informacin y de Comercio Electrnico y la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrnica que incorporaron respectivamente la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurdicos de los servicios de la sociedad de la informacin, en particular el comercio electrnico en el mercado interior, y la Directiva 1999/93/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la firma electrnica.

Disposicin final tercera. Habilitacin al Gobierno.

Se habilita al Gobierno para desarrollar mediante Reglamento lo previsto en esta Ley, en el mbito de sus competencias.

Disposicin final cuarta. Entrada en vigor.

Esta Ley entrar en vigor al da siguiente de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

No obstante, las obligaciones contenidas en el nuevo artculo 12 bis de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Informacin y de Comercio Electrnico entrarn en vigor a los tres meses de la publicacin de la Ley en el Boletn Oficial del Estado, y los artculos 2 y 6 de esta Ley entrarn en vigor a los doce meses de la publicacin de la Ley en el Boletn Oficial del Estado.

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 28 de diciembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOS LUIS RODRGUEZ ZAPATERO

Análisis

  • Rango: Ley
  • Fecha de disposición: 28/12/2007
  • Fecha de publicación: 29/12/2007
  • Entrada en vigor, con la salvedad indicada, el 30 de diciembre de 2007.
  • La derogacin del prrafo segundo del apartado 1 del art. 83.a) de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, (Ref. BOE-A-1980-22501), se establece de acuerdo con la modificacin de la disposicin derogatoria b) de la Ley 22/2007, de 11 de julio, BOE-A-2007-13411.
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • SE AADE los arts. 2 bis y 2 ter, por Ley 25/2013, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2013-13722).
Referencias anteriores
  • DEROGA el prrafo segundo del apartado 1 del art. 83.a) de la Ley 50/1980, de 8 de octubre (Ref. BOE-A-1980-22501).
  • MODIFICA:
    • Disposicin transitoria 1 de la Ley 36/2007, de 16 de noviembre (Ref. BOE-A-2007-19813).
    • Disposicin derogatoria b) de la Ley 22/2007, de 11 de julio (Ref. BOE-A-2007-13411).
    • arts. 3, 13, 23.5, 31.4 y AADE la disposicin adicional 11 a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre (Ref. BOE-A-2003-23399).
    • arts. 22.1, 47.13, 48.13, 53, 54 y el anexo I de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre (Ref. BOE-A-2003-20253).
    • determinados preceptos, SUPRIME el art. 9 y AADE el 12 bis a la Ley 34/2002, de 11 de julio (Ref. BOE-A-2002-13758).
    • Disposicin adicional 6 de la Ley 11/1998, de 24 de abril (Ref. BOE-A-1998-9802).
    • art. 64 de la Ley 7/1996, de 15 de enero (Ref. BOE-A-1996-1072).
    • art. 15.2 de la Ley de Sociedades Annimas, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-1989-30361).
  • AADE la disposicin final 3 a la Ley 2/1995, de 23 de marzo (Ref. BOE-A-1995-7240).
Materias
  • Agencia Estatal de Radiocomunicaciones
  • Comercio electrnico
  • Comisin del Mercado de las Telecomunicaciones
  • Consumidores y usuarios
  • Contratos
  • Contratos de las Administraciones Pblicas
  • Dominio Pblico Radioelctrico
  • Empresas
  • Facturas
  • Firma electrnica
  • Informacin
  • Internet
  • Juego
  • Redes de telecomunicacin
  • Sistema financiero
  • Sociedades
  • Telfonos
  • Televisin
  • Transportes terrestres

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