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Documento BOE-A-1997-3982

Ley 1/1996, de 23 de abril, de modificacin del artculo 45 de la Ley 2/1989, de 22 de febrero, de la Funcin Pblica de la Comunidad Autnoma de las Islas Baleares.

TEXTO

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTNOMA DE LAS ISLAS BALEARES

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Islas Baleares ha aprobado, y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artculo 27.2 del Estatuto de Autonoma, tengo a bien promulgar la siguiente Ley:

EXPOSICIN DE MOTIVOS

La lengua conocida histricamente y cientficamente como lengua catalana, es una de las lenguas romnicas o neolatinas nacidas por la evolucin del latn en funcin del abundante uso oral y escrito que del mismo hicieron los pueblos sucesivamente integrados en lo que fue el Imperio Romano.

El nombre de catal para designar esta concreta evolucin del latn clsico, comienza a utilizarse y reconocerse a partir del siglo XII, si bien, en aquellos momentos, se le conoca, tambin, como roman, pla, vulgar y con algn otro nombre y, desde una localizacin geogrfica originaria en el Rosselln y en el Principado de Catalua, se fue extendiendo, durante los siglos XIII y XIV, hacia las Islas Baleares y hacia el Reino de Valencia con una cronologa paralela a la de la Reconquista.

Las Islas Baleares pasaron a formar parte del rea lingstica catalana en el siglo XIII (Mallorca en 1229, Eivissa y Formentera en 1235 y Menorca en 1287) y, desde entonces el cataln ha sido la lengua propia de las Islas Baleares.

Desde dicho momento histrico, la lengua catalana (junto con el latn en relacin con determinados usos y funciones solemnes) llega a convertirse en la lengua utilizada por la Cancillera y por la Administracin General y, en definitiva, es la lengua usada por el pueblo de las Islas Baleares como autntico instrumento de comunicacin social, econmica y cultural.

Los siglos XVI y XVII marcaron una poca de decadencia que se manifest en una minoracin de la cultura de los pueblos de lengua catalana determinada por la progresiva prevalencia de la cultura castellana en razn del impulso que le transmita una situacin poltica de predominio, frente a la cual, sin embargo, puede afirmarse que el pueblo llano no abandon nunca el uso de la lengua autctona.

En el siglo XVIII, los decretos de Nueva Planta vinieron a abolir los rganos de autogobierno nacidos al amparo de la antigua Corona de Aragn.

El da 28 de noviembre de 1715 el rey Felipe V firm en el Buen Retiro el Real Decreto de Nueva Planta de la Audiencia de Mallorca; asimismo, cabe remarcar la Resolucin Real de 11 de septiembre de 1717 que, respecto a la consulta de los jurados de la Universidad, en cuanto a la ciudad y al Reino de Mallorca sobre la lengua a utilizar en la administracin, dispone: En cuanto a esta duda mando, se executen los despachos, como se propone en ella; previniendo, se procure maosamente ir introduciendo la lengua castellana en aquellos pueblos.

La lengua catalana entr, pues, en un proceso oficial de marginacin en los diversos mbitos de uso pblico y formal en los que, hasta entonces, se haba usado con toda normalidad.

Continuando con esa misma dinmica, la Pragmtica de Carlos III, en 1768, vino a erradicar la lengua catalana de la documentacin oficial, civil y eclesistica, y, ms adelante, ya en pleno siglo XIX, diversa normativa de origen estatal prohbe el uso de la lengua catalana en la enseanza.

En el siglo XIX, no obstante, se produce un cierto movimiento de recuperacin de la cultura de los pueblos de habla catalana, en especial en la literatura, que repercutir en otros mbitos sociales como el periodismo, la enseanza y la poltica local, ello permite, ya en los albores del siglo XX, la creacin de instituciones tales como el Institut d'Estudis Catalans (1907) y otras de similares caractersticas.

Pese a todo, en el presente siglo, excepto en el breve parntesis que supuso la Segunda Repblica, la lengua catalana ha seguido padeciendo una situacin marginal que se hace ms ostensible en determinado momento, en cuanto es patente su no utilizacin en la enseanza ni en los medios de comunicacin y en cuanto a la interdiccin de su uso, en lo oficial y en lo pblico, que culmin en el perodo poltico marcado por la dictadura franquista.

Con tales antecedentes, la entrada en vigor de la Constitucin Espaola de 1978 viene a inaugurar un nuevo orden poltico y jurdico que, rompiendo con los postulados del rgimen anterior, vena a responder a una exigencia social en relacin a la implantacin de un sistema democrtico de gobierno y a unas innegables pretensiones de autonoma y de afirmacin de la propia identidad de diversos territorios en el marco de un estado social y democrtico de derecho que se pronuncia en favor de la proclamacin de la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo poltico, como valores superiores del ordenamiento jurdico.

La norma fundamental, en efecto, reconoce y garantiza el derecho a la autonoma de todas las nacionalidades y regiones en el marco de la unidad de la nacin espaola como patria comn e indivisible de todos los espaoles y establece, conforme a ello, una estructura compuesta del Estado, de forma que las comunidades autnomas aparecen como la solucin organizativa exponencial de los intereses del respectivo territorio.

Pero, adems, la Carta Magna tiene especialmente en cuenta el hecho plurilinge como inequvoca seal de identidad de alguna de las comunidades autnomas y, as, el artculo tercero de la Constitucin Espaola representa el primer hito en la configuracin del adecuado marco jurdico que va a permitir el inicio de un proceso de recuperacin y promocin de las lenguas propias de aquellos territorios con identidad lingstica diferenciada que venga a remediar, paulatinamente, la anterior situacin de desvalimiento lingstico en mbitos territoriales como el de las Islas Baleares.

El ncleo del precitado artculo tercero establece, despus de afirmar que el castellano es la lengua oficial del Estado, que las dems lenguas espaolas sern tambin oficiales en las respectivas Comunidades Autnomas de acuerdo con sus estatutos, y que la riqueza de las diferentes modalidades lingsticas de Espaa es un patrimonio cultural que ha de ser objeto de especial respeto y proteccin.

A partir de tan explcita declaracin constitucional, el Estatuto de Autonoma para las Islas Baleares, aprobado por Ley Orgnica 2/1983, de 25 de febrero, proclama en el territorio autonmico un verdadero rgimen de cooficialidad lingstica -o de doble oficialidad, segn expresin doctrinal propia de la materia- en los concretos trminos de su artculo tercero que, literalmente, dispone que la lengua catalana, propia de las Islas Baleares, ser la lengua oficial, junto con la castellana, de la Comunidad Autnoma.

Al mismo tiempo, resalta el citado artculo tercero del Estatuto el derecho que tienen todos los ciudadanos de las Islas a conocerla y usarla sin que nadie pueda ser discriminado por causa del idioma.

Asimismo, el Estatuto de Autonoma vincula la actuacin de los poderes pblicos autonmicos al objetivo de conseguir equilibrar, en lo que se refiere al uso lingstico, la situacin de la lengua catalana y del castellano y, as, el artculo 14 del mismo Estatuto encomienda a los poderes pblicos la correspondiente normalizacin lingstica y, concretando dichos fines, atribuye a la Administracin autonmica la competencia exclusiva para la enseanza de la lengua catalana, en armona con los planes de estudios estatales, y establece que las modalidades insulares de la lengua catalana sern objeto de proteccin y estudio, sin perjuicio de la unidad del idioma.

El modelo de multilingismo adoptado por la Constitucin gira en torno al concepto de lengua oficial y, al respecto, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional proclamada a partir de la Sentencia 82/1986, de 26 de junio, una lengua es oficial cuando es reconocida por los poderes pblicos como medio normal de comunicacin entre ellos y en su relacin con los sujetos privados, con plena validez y efectos jurdicos.

La oficialidad de la lengua catalana, propia de las Islas Baleares, se fundamenta en el respeto a un estatuto de territorialidad derivado del texto constitucional y solemnizado en el Estatuto de Autonoma con la finalidad de mantener la primaca de cada lengua en su territorio histrico. La oficialidad del castellano, por su parte, hay que derivarla del respeto a un estatuto personal que proviene, en este caso, de la propia norma constitucional que proclama dicha oficialidad para el ntegro mbito del Estado espaol a fin de dar amparo a los derechos lingsticos de todos los ciudadanos con independencia del territorio en el que se encuentren.

En el marco constitucional y estatutario la Comunidad Autnoma de las Islas Baleares es depositaria del deber y del derecho de regular el uso de la lengua catalana como lengua propia y en relacin con el castellano como lengua oficial de todo el Estado. En uso de estas competencias, se aprob la Ley 3/1986, de 29 de abril, de Normalizacin Lingstica en las Islas Baleares, cuyos objetivos quedan reflejados en su artculo 1.

En aplicacin del artculo 9.1 de esta Ley 3/1986, de 29 de abril, se procedi a dictar el Decreto 100/1990, de 29 de noviembre, por el que se regula el uso de las lenguas oficiales de la Administracin de la Comunidad Autnoma de las Islas Baleares, mediante el cual se ordena y sistematiza el uso de la lengua catalana, oralmente o por escrito, en las actividades administrativas.

Despus de la exposicin del conjunto normativo general sobre la materia, debe abordarse ms concretamente la problemtica que suscitan los derechos y deberes lingsticos en las llamadas relaciones de supremacia especial y, ms en particular, en el mbito de la funcin pblica.

En este sentido, uno de los problemas a resolver era el de si las administraciones pblicas pueden fijar, por lo que se refiere a la regulacin de los diferentes sistemas de seleccin y contratacin del personal, la exigencia de conocer la lengua cooficial con la castellana, ya sea como mrito preferente o como condicin ineludible para acceder al servicio de la Administracin Pblica.

Es sta una cuestin claramente ligada a la prohibicin constitucional y estatutaria de la discriminacin por motivos lingsticos que conviene abordar con la mayor de las cautelas y a la luz de la doctrina jurisprudencial emanada sobre esta materia.

En este punto, hay que comenzar por sealar que la postura inicial del Tribunal Supremo en relacin con la valoracin del idioma cataln como simple mrito para acceder a un puesto de trabajo al servicio de una Administracin Pblica fue calificada, por la doctrina, como cautelosa y, en algn caso, incluso como perturbadora, por el hecho de que consider ilegtima esa valoracin del idioma cataln como mrito en un proceso selectivo de acceso a la funcin pblica.

Dicha postura, sin embargo, se ha ido superando paulatinamente y, en la actualidad, hay que reconocer con satisfaccin los avances de la jurisdiccin ordinaria en esta materia, que se han producido, en general, al amparo de la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Constitucional.

En efecto, la actitud del Tribunal Constitucional ha sido, generalmente, ms sensible en este terreno y, as, a partir del pronunciamiento contenido en la Sentencia 76/1983, de 5 de agosto, se ha evolucionado hacia la interpretacin ms satisfactoria de los postulados de la Carta Magna sobre las lenguas cooficiales diferentes de la castellana.

En la Sentencia 46/1991, de 28 de febrero, el Tribunal Constitucional tuvo ocasin de pronunciarse sobre la exigencia de una determinada capacitacin lingstica para el acceso a la funcin pblica en una Comunidad Autnoma con dos lenguas oficiales (en concreto, se refiere esta sentencia al contenido del artculo 34 de la Ley 17/1985, de 23 de julio, del Parlamento de Catalua, en el que se exiga, de manera general, una capacitacin lingstica al personal que quisiera ingresar al servicio de la Administraci Pblica catalana).

En esta Sentencia, el Tribunal Constitucional interpreta el artculo 3 de la Constitucin en relacin con los artculos 14, 23.2 y 103 de la propia Carta Magna y resuelve el litigio con la proclamacin de la plena constitucionalidad del artculo 34 de la Ley 17/1985, de 23 de julio, de la Funci Pblica de l'Administraci de la Generalitat de Catalunya en cuanto sta exige que en el proceso de seleccin se habr de acreditar el conocimiento de la lengua catalana en su expresin oral y escrita.

El anlisis de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional seala que es posible la exigencia de unos conocimientos orales y escritos mnimos a todo el personal al servicio de una Administracin Pblica radicada en una Comunidad Autnoma con dos lenguas oficiales. Adems, insiste el supremo intrprete de la Constitucin que esta exigencia es compatible con las bases estatales dictadas por el artculo 19 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funcin Pblica, aplicables a todas las administraciones pblicas y concluye, definitivamente, que la exigencia de conocimientos lingsticos no es discriminatoria para aquellas personas que no conocen la lengua catalana ni es, tampoco, un requisito contrario al principio de mrito y capacidad que establece el artculo 103 de la Constitucin (fundamento jurdico II de la Sentencia) puesto que, en interpretacin del mismo, seala el Tribunal Constitucional que ese artculo 103 impone la carga, a todo aspirante a una plaza en la Administracin Pblica, de acreditar su capacidad, conocimientos e idoneidad y, de este modo, la exigencia del conocimiento del idioma oficial, debindose tener en cuenta, en cada caso, que el nivel y dominio de la lengua a exigir sern adecuados a la actividad a desempear en el seno de la Administracin y en el contexto social en el que vaya a desarrollarse la funcin pblica a fin de ajustarse al principio de eficacia que se demanda de toda Administracin Pblica y sin olvidar, en ningn caso, que una aplicacin desproporcionada s podra ser inconstitucional por discriminatoria.

Establecida y expuesta cual es la doctrina jurisprudencial sobre la materia, corresponde ahora entrar en el examen de cul ha sido el tratamiento que la normativa especfica reguladora de la funcin pblica en el mbito de la Comunidad Autnoma de las Islas Baleares le ha dado a esta concreta cuestin.

Con carcter previo, habr que precisar que la norma reguladora de la funcin pblica, en la Comunidad Autnoma de las Islas Baleares, es la Ley 2/1989, de 22 de febrero, que es posterior en el tiempo (1986-1989) a la Ley 3/1986, de 29 de abril, de normalizacin lingstica en las Islas Baleares.

Este carcter de Ley posterior hace posible que el texto del articulado de la ley de la funcin pblica incorpore aquellos pronunciamientos que la Ley de normalizacin lingstica pretendi trasladar, desde su regulacin de carcter general, al mbito concreto y especfico de las relaciones de supremaca especial que informan el contenido bsico de la funcin pblica. Tal situacin comporta, no obstante, consecuencias jurdicas que no son totalmente favorables a interpretaciones extensivas del contenido de la normativa lingstica.

En efecto, una vez publicada la Ley 3/1986, de 29 de abril, de normalizacin lingstica en las Islas Baleares, con carcter de norma aplicable a todo el mbito de la Comunidad Autnoma, su contenido, de carcter general, abarca: El uso oficial de la lengua, la enseanza, los medios de comunicacin social, la funcin normalizadora de los poderes pblicos y dota a estos poderes de una serie de medidas de alcance genrico y, todo ello, sin perjuicio de que, en ese mbito pluridisciplinar, contenga la Ley alguna concreta referencia (ttulo I. Del uso oficial, artculo 16, y ttulo IV. De la funcin normalizadora de los poderes pblicos, artculo 35) a la materia de funcin pblica que, en definitiva, como luego podr comprobarse, han sido trasladadas con la mayor literalidad posible al texto de la Ley de la funcin pblica pero sin olvidar que, una vez hecha esta traslacin legislativa, el contenido de la Ley de la funcin pblica se convierte, como ley posterior y ley especial, en texto prevalente frente al contenido de la Ley de normalizacin lingstica en esta materia concreta.

Pasando al articulado concreto de la Ley de la funcin pblica, resulta que el artculo 45 de dicho texto legal (ttulo IV. Estructura y organizacin de la funcin pblica. Captulo V. Seleccin de personal y provisin de puestos de trabajo), en claro acogimiento de lo dispuesto en el artculo 16.2 de la Ley de normalizacin lingstica, establece que ... En las pruebas selectivas que se realicen para el acceso a las plazas de la Administracin en el mbito territorial de las Islas Baleares, debe tenerse en cuenta, entre otros mritos, el nivel de conocimiento de las dos lenguas oficiales, cuya ponderacin determinar la Administracin para cada nivel profesional. Los que superen las pruebas selectivas deben acreditar sus conocimientos del cataln oral y escrito. En caso contrario, quedarn comprometidos a la realizacin de los cursos que, con esta finalidad, organice la Comunidad Autnoma de las Islas Baleares y a presentar los certificados de aprovechamiento correspondientes.

El Decreto 100/1990, de 29 de noviembre, que, en desarrollo de la Ley de normalizacin lingstica, regula el uso de las lenguas oficiales de la Administracin de la Comunidad Autnoma de las Islas Baleares, encarg al Gobierno para que, a propuesta de la conselleria competente en materia de personal, fijase los criterios de clasificacin de los puestos de trabajo del personal al servicio de la Administracin de la Comunidad Autnoma de las Islas Baleares, de acuerdo con los niveles de conocimientos de cataln necesarios para ocuparlos (artculo 24.1) y que, en todas las bases de las convocatorias para la seleccin de personal al servicio de la Administracin de la Comunidad Autnoma de las Islas Baleares, funcionarios o contratados, en propiedad o con carcter temporal, inclusive las de promocin interna, hay que incluir la prctica obligatoria de un ejercicio de cataln o su acreditacin, segn el caso, con el objetivo de valorar y asegurar que el nivel de conocimiento del aspirante corresponde al nivel obligatoriamente asignado a cada puesto, adems de su consideracin como mrito en todos los casos, de acuerdo con el artculo 45 de la Ley de la funcin pblica de la Comunidad Autnoma de las Islas Baleares. Los que superen las pruebas selectivas y no hayan acreditado los conocimientos de cataln necesarios quedan obligados a la realizacin de los cursos que con esta finalidad se lleven a cabo, de acuerdo con el artculo 25, y a presentar el correspondiente certificado de aprovechamiento (artculo 26, apartados 1 y 2).

Dicho contexto permanece inalterable hasta la publicacion del Decreto 27/1994, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso del personal al servicio de la Administracin de la Comunidad Autnoma que dedica un captulo de su articulado (el captulo IX) a la regulacin de la lengua propia de esta Comunidad Autnoma en lo que se refiere al ingreso del personal al servicio de la Administracin.

El artculo 39 del citado Reglamento, dispone que Quienes aspiren a ocupar los puestos de trabajo incluidos en la convocatoria que tengan asignados, segn la relacin de puestos aprobada, determinado nivel de conocimiento de la lengua catalana que lo convierta en requisito esencial para su desempeo, debern superar la puntuacin mnima exigida en la convocatoria del correspondiente ejercicio, que ser siempre el primero de los que se celebren en la fase de oposicin.

El artculo 40.1 del mismo Reglamento, por su parte, establece que Quienes resulten seleccionados y obtengan puestos de trabajo que tengan asignado, segn la relacin de puestos aprobada, determinado nivel de conocimiento de la lengua catalana que no constituya requisito esencial para su desempeo, debern acreditar, si eventualmente no lo hubieran hecho en el ejercicio voluntario de lengua catalana que establezca la convocatoria, que poseen tal nivel de conocimiento. En caso contrario y antes de la toma de posesin, de conformidad a lo que se dispone en el artculo 45 de la Ley 2/1989, de 22 de febrero, de la funcin pblica de la Comunidad Autnoma de las Islas Baleares, debern comprometerse a la realizacin de los cursos que con tal finalidad organice la Administracin autonmica, a travs del Instituto Balear de la Administracin Pblica o el organismo o servicio que desempee estas funciones, hasta alcanzar el nivel correspondiente al puesto de trabajo, circunstancia que se acreditar presentando el correspondiente certificado.

El artculo 40.2 del citado Reglamento establece que: Si el personal comprometido a asistir a este curso o cursos dejaba de asistir a ellos sin causa justificada, se considerar falta, a efectos de la aplicacin del rgimen disciplinario regulado en el captulo V (artculos 96 a 103), ttulo V, de la Ley 2/1989, de 22 de febrero, de la funcin pblica de esta Comunidad Autnoma, y la gravedad o levedad de esta falta se calificar con arreglo a los criterios contenidos en el artculo 100 de la precitada Ley 2/1989.

Tales redacciones siguen manteniendo el estado de los requisitos lingsticos para el acceso a la funcin pblica de la Comunidad Autnoma de las Islas Baleares en los mismos trminos de disponibilidad que en su momento estableci el artculo 45 de la Ley de la funcin pblica si bien aumentan el matiz de exigencia del conocimiento de la lengua propia de la Comunidad Autnoma y, consecuentemente con ello, en las pruebas selectivas llevadas a cabo hasta ahora, no se ha impuesto la exigencia de acreditacin del conocimiento de la lengua propia de las Islas Baleares como requisito imprescindible e inexcusable que, en caso de no acreditarse, impidiera la superacin de las pruebas selectivas en cuestin.

En la prctica, la no acreditacin de los conocimientos orales y escritos de cataln nicamente provocaba el compromiso de la realizacin de los cursos que la Administracin organizase y a la presentacin del correspondiente certificado de aprovechamiento.

Todo cuanto antecede debe ponerse en contacto, ahora mismo, con la realidad por la que la Comunidad Autnoma de las Islas Baleares atraviesa y contrastarlo, a nivel sociolingstico, con las exigencias y compromisos que el poder pblico debe asumir en razn de los postulados ideolgicos que, en un sistema democrtico, anteceden a la consecucin de la accin de gobierno.

Consecuentemente con todo ello, pasados ms de trece aos desde la entrada en vigor del Estatuto de Autonoma, cumplidos los diez aos de la efectividad de la Ley de normalizacin lingstica y con ms de siete aos de experiencia en la prctica derivada de la aplicacin de la Ley de la funcin pblica de la Comunidad Autnoma, se considera oportuna y conveniente la modificacin, mediante la redaccin de un nuevo texto, del artculo 45 de la Ley 2/1989, de 22 de febrero, de la Funcin Pblica de la Comunidad Autnoma de las Islas Baleares.

Artculo nico.

El artculo 45 de la Ley 2/1989, de 22 de febrero, de la Funcin Pblica de la Comunidad Autnoma de las Islas Baleares, queda redactado con el siguiente tenor literal:

La seleccin del personal al servicio de la Administracin autonmica, sea funcionario, sea laboral, de acuerdo con la oferta pblica de empleo que se haya realizado, se efectuar con criterios de objetividad en aplicacin de los principios de igualdad, mrito y capacidad de los aspirantes y previa convocatoria pblica.

En las pruebas selectivas que se realicen para el acceso a las plazas de la Administracin en el mbito territorial de las Islas Baleares, se habr de acreditar el conocimiento de la lengua propia de la Comunidad Autnoma en su expresin oral y/o escrita, respetando plenamente el principio de proporcionalidad a nivel de exigencia de un determinado conocimiento, que deber estar relacionado, en cualquier caso, con las plazas o funciones de que se trate.

Disposicin derogatoria.

Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo que dispone la presente Ley o la contradigan.

Disposicin final primera.

Se autoriza al Gobierno de la Comunidad Autnoma para que, por va reglamentaria, desarrolle y precise el alcance del contenido de la presente Ley.

Disposicin final segunda.

Esta Ley entrar en vigor al da siguiente de su publicacin en el Boletn Oficial de la Comunidad Autnoma de las Islas Baleares.

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos guarden esta Ley y que los Tribunales y las Autoridades a los que corresponda la hagan guardar.

Palma de Mallorca, 23 de abril de 1996.

JOS ANTONIO

BERASTAN DEZ,

Consejero de la Funcin

Pblica / CRISTOFOL SOLER

I CLADERA,

Presidente

(Publicada en el Boletn Oficial de la Comunidad Autnoma de las Islas Baleares nmero 60, de 16 de mayo de 1996)

Análisis

  • Rango: Ley
  • Fecha de disposición: 23/04/1996
  • Fecha de publicación: 25/02/1997
  • Entrada en vigor: 17 de mayo de 1996.
  • Publicada en el BOIB nm. 60, de 16 de mayo de 1996.
  • Esta norma se entiende implcitamente derogada por la Ley 3/2007, de 27 de marzo, (Ref. BOE-A-2007-8713).
  • Fecha de derogación: 03/07/2007
Referencias anteriores
Materias
  • Baleares
  • Funcin Pblica
  • Normalizacin lingstica
  • Oposiciones y concursos

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