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Documento BOE-A-2002-12756

Ley Orgnica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Polticos.

TEXTO

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley Orgnica.

EXPOSICIN DE MOTIVOS
I

La Ley 54/1978, de Partidos Polticos, norma preconstitucional, breve tanto en artculos como en contenidos, ha servido primordialmente para asentar un procedimiento sencillo de constitucin en libertad de los partidos polticos, objetivo, por otra parte, no menor en el momento fundacional en que vino a dictarse. El resto de las previsiones que hoy conforman su estatuto jurdico en Espaa se ha derivado de lo contenido en la propia Constitucin, de normas que, como los Reglamentos parlamentarios o la Ley Electoral, concretan su funcin y su papel esencial en nuestro sistema democrtico, de reformas legislativas posteriores como las contenidas en el Cdigo Penal sobre la ilegalidad de determinadas asociaciones o las relacionadas con la financiacin de los partidos, y de un trabajo interpretativo intenso del Poder Judicial y del propio Tribunal Constitucional.

Transcurridos casi veinticinco aos desde la aprobacin de esta Ley de Partidos todava vigente, resulta hoy evidente la insuficiencia de un estatuto de los partidos incompleto y fragmentario en el marco de una democracia madura y firmemente consolidada en la que el protagonismo y la significacin constitucional de los partidos no ha hecho sino incrementarse. Por ello, procede ahora su reforma, reclamada por una serie importante de razones.

Se trata, en primer lugar, de recoger con claridad y sistema la experiencia acumulada en estos aos.

Se trata, tambin, de renovar normas ancladas en las preocupaciones prioritarias del pasado, que resultan inadecuadas e insuficientes para disciplinar las nuevas realidades del presente. Especialmente si se tiene en cuenta el vigor con que la sociedad complementa hoy la accin de las instituciones y abre vas nuevas de participacin o de relacin con las mismas a travs de instrumentos que, como las asociaciones, las fundaciones o los propios partidos polticos, estn siendo objeto de la correspondiente modernizacin legislativa.

Por otra parte, aunque los partidos polticos no son rganos constitucionales sino entes privados de base asociativa, forman parte esencial de la arquitectura constitucional, realizan funciones de una importancia constitucional primaria y disponen de una segunda naturaleza que la doctrina suele resumir con referencias reiteradas a su relevancia constitucional y a la garanta institucional de los mismos por parte de la Constitucin.

Desde uno u otro punto de vista, el tiempo presente reclama el fortalecimiento y la mejora de su estatuto jurdico con un rgimen ms perfilado, garantista y completo. Si ello es as para toda asociacin, con ms motivo ha de serlo para las asociaciones polticas, cuya finalidad es la de aunar convicciones y esfuerzos para incidir en la direccin democrtica de los asuntos pblicos, contribuir al funcionamiento institucional y provocar cambios y mejoras desde el ejercicio del poder poltico. Pero tambin en cuanto los partidos son instrumentos fundamentales de la accin del Estado, en un Estado de Derecho avanzado y exigente como el que disfrutamos, que pone lmites y establece garantas y controles frente a cualquier sujeto, por relevante que ste sea en la estructura constitucional. Puede decirse, incluso, que cuanto mayor es el relieve del sujeto y su funcin en el sistema, ms inters tiene el Estado de Derecho en afinar su rgimen jurdico.

Junto a todo ello hay, en fin, en nuestro caso, una coincidencia general sobre la carencia de la legislacin actual a la hora de concretar las exigencias constitucionales de organizacin y funcionamiento democrticos y de una actuacin sujeta a la Constitucin y a las leyes.

Tanto en lo que se refiere al entendimiento de los principios democrticos y valores constitucionales que deben ser respetados en su organizacin interna o en su actividad externa, como en lo que afecta a los procedimientos para hacerlos efectivos.

Esa carencia reclama ahora un esfuerzo aadido para completar las disposiciones vigentes. El objetivo es garantizar el funcionamiento del sistema democrtico y las libertades esenciales de los ciudadanos, impidiendo que un partido poltico pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra ese rgimen democrtico de libertades, justificar el racismo y la xenofobia o apoyar polticamente la violencia y las actividades de bandas terroristas.

Especialmente si se tiene en cuenta que, por razn de la actividad del terrorismo, resulta indispensable identificar y diferenciar con toda nitidez aquellas organizaciones que defienden y promueven sus ideas y programas, cualesquiera que stas sean, incluso aquellas que pretenden revisar el propio marco institucional, con un respeto escrupuloso de los mtodos y principios democrticos, de aquellas otras que sustentan su accin poltica en la connivencia con la violencia, el terror, la discriminacin, la exclusin y la violacin de los derechos y de las libertades.

A estos efectos, se establece un procedimiento judicial de ilegalizacin de un partido por dar un apoyo poltico real y efectivo a la violencia o el terrorismo, que es distinto del que se prev en el Cdigo Penal para disolver las asociaciones ilcitas por las causas previstas en sus artculos 515 y 520.

II

Para hacer efectivos estos objetivos, la presente Ley Orgnica de Partidos Polticos, que desarrolla previsiones esenciales contenidas en los artculos 1, 6, 22 y 23 de nuestra Constitucin, incorpora trece artculos, agrupados en cuatro captulos, y se completa con tres disposiciones adicionales -que incluyen la reforma de dos artculos de la Ley Orgnica 5/1985, de 19 de junio, del Rgimen Electoral General, y del artculo 61 de la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial-, una disposicin transitoria, una disposicin derogatoria y dos disposiciones finales.

III

El captulo I consagra el principio de libertad, en su triple vertiente de libertad positiva de creacin, libertad positiva de afiliacin y libertad negativa de pertenencia o participacin, y perfecciona los procedimientos para la creacin de los partidos polticos, completando las previsiones actualmente existentes, aclarando algunas dudas y superando algunos vacos. No introduce, por tanto, la Ley en este apartado grandes modificaciones de fondo, respetando el principio de intervencin mnima que se deduce de la propia Constitucin.

La inscripcin en el Registro de Partidos Polticos del acta fundacional y de los estatutos confiere al partido personalidad jurdica, hace pblica la constitucin y los estatutos del mismo, vincula a los poderes pblicos, y es garanta tanto para los terceros que se relacionan con el partido como para sus propios miembros. Dicha inscripcin debe llevarse a cabo por el responsable del Registro en un plazo tasado y breve, transcurrido el cual se entiende producida la inscripcin.

Como adiciones ms sobresalientes cabe mencionar la limitacin del artculo 2 para ser promotor a quien haya sido autor de determinados delitos, las prohibiciones sobre denominacin de los partidos contenidas en el apartado 1 del artculo 3, la responsabilidad de los promotores prevista en el apartado 1 del artculo 4, la previsin de un trmite de subsanacin de defectos formales o la suspensin del plazo de inscripcin cuando se produzca una de las distintas circunstancias descritas en el artculo 5.

En este ltimo artculo se mantiene la previsin ya contenida en la Ley anterior de que los indicios de ilicitud penal de un partido en el momento de su constitucin e inscripcin en el Registro pueden llevar a una declaracin por el Juez penal, promovida por el Ministerio Fiscal, previa comunicacin del Ministerio del Interior, de la ilegalidad del partido y la consecuente improcedencia de su inscripcin.

IV

Las mayores novedades de la Ley se contienen en el captulo II, del cual derivan a su vez, como lgico corolario, los nuevos preceptos del captulo III.

Es en dicho captulo II en el que se concretan los criterios bsicos para garantizar el mandato constitucional de que la organizacin, funcionamiento y actividad de los partidos polticos deben ser democrticos y ajustarse a lo dispuesto en la Constitucin y en las leyes, desarrollando, como seala el artculo 9, "las funciones que constitucionalmente se les atribuyen de forma democrtica y con pleno respeto al pluralismo".

Por una parte, con los artculos 7 y 8, esta Ley Orgnica persigue conjugar el respeto a la capacidad organizativa y funcional de los partidos a travs de sus estatutos, con la exigencia de algunos elementos esenciales que aseguren la aplicacin de principios democrticos en su organizacin interna y en el funcionamiento de los mismos. Con ello se atiende, en primer trmino, a los derechos de sus afiliados, pero se persigue tambin "asegurar el efectivo cumplimiento de las funciones que stos tienen constitucional y legalmente encomendadas y, en ltimo trmino, contribuir a garantizar el funcionamiento democrtico del Estado" (STC 56/1995, de 6 de marzo).

Desde esta doble perspectiva, se prev un rgano asambleario de carcter participativo general al que se reservan las competencias ms relevantes en la vida del partido, se establece el sufragio libre y secreto como medio ordinario de cobertura de los puestos directivos, se prev la censura democrtica de los mismos, se reconocen algunos derechos que se consideran bsicos dentro de cualquier mbito asociativo y que deben disfrutarse por igual, como el de participar en la eleccin y ser elegibles en los rganos, o los de informacin de las actividades, de la situacin econmica y de las personas que configuran los rganos directivos, y se determinan algunas reglas bsicas de funcionamiento y rgimen de las reuniones de los rganos colegiados.

Por su parte, el artculo 9 persigue asegurar el respeto de los partidos a los principios democrticos y a los derechos humanos. Para ello, frente al enunciado genrico de la Ley que ahora se deroga, la presente Ley Orgnica enumera con cierto detalle las conductas que ms notoriamente conculcan dichos principios, sobre la base de dos fundamentos en los que conviene detenerse brevemente.

La Ley opta, en primer lugar, por contrastar el carcter democrtico de un partido y su respeto a los valores constitucionales, atendiendo no a las ideas o fines proclamados por el mismo, sino al conjunto de su actividad.

De este modo, los nicos fines explcitamente vetados son aquellos que incurren directamente en el ilcito penal.

Es bien conocido que no es sta la nica opcin que ofrecen los modelos de derecho comparado. La necesidad de defender la democracia de determinados fines odiosos y de determinados mtodos, de preservar sus clusulas constitutivas y los elementos sustanciales del Estado de Derecho, la obligacin de los poderes pblicos de hacer respetar los derechos bsicos de los ciudadanos, o la propia consideracin de los partidos como sujetos obligados a realizar determinadas funciones constitucionales, para lo cual reciben un estatuto privilegiado, han llevado a algunos ordenamientos a formular categricamente un deber estricto de acatamiento, a establecer una sujecin an mayor al orden constitucional y, ms an, a reclamar un deber positivo de realizacin, de defensa activa y de pedagoga de la democracia. Deberes cuyo incumplimiento los excluye del orden jurdico y del sistema democrtico.

La presente Ley, sin embargo, a diferencia de otros ordenamientos, parte de considerar que cualquier proyecto u objetivo se entiende compatible con la Constitucin, siempre y cuando no se defienda mediante una actividad que vulnere los principios democrticos o los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Tal y como ya se indicaba en la exposicin de motivos de la Ley Orgnica 7/2000, de 22 de diciembre, no se trata, con toda evidencia, de prohibir la defensa de ideas o doctrinas, por ms que stas se alejen o incluso pongan en cuestin el marco constitucional.

Cabe concluir por ello que, sin perjuicio de otros modelos, la presente normativa se sita en una posicin de equilibrio, conciliando con extrema prudencia la libertad inherente al mximo grado de pluralismo con el respeto a los derechos humanos y la proteccin de la democracia.

Esta lnea se confirma con el segundo de los principios tomados en consideracin, como es el de evitar la ilegalizacin por conductas aisladas, nuevamente salvo las de naturaleza penal, exigindose por el contrario una reiteracin o acumulacin de acciones que pongan de manifiesto inequvocamente toda una trayectoria de quiebra de la democracia y de ofensa a los valores constitucionales, al mtodo democrtico y a los derechos de los ciudadanos.

A ello responden los prrafos a), b) y c) del apartado 2 del artculo 9, que establecen ntidamente la frontera entre las organizaciones que defienden sus ideas y programas, cualesquiera que stas sean, con un respeto escrupuloso de los mtodos y principios democrticos, de aquellas otras que sustentan su accin poltica en la connivencia con el terror o la violencia, o con la violacin de los derechos de los ciudadanos o del mtodo y los principios democrticos.

V

Una vez enunciados por la Ley el deber de respeto de los partidos polticos a los principios democrticos y los valores constitucionales, y desarrollados los elementos indiciarios que permiten conocer cundo un partido no se ajusta a los mismos y debe, por consecuencia, ser declarado ilegal, el siguiente captulo, III en la numeracin, establece las garantas jurisdiccionales existentes para la defensa de los derechos y de los principios constitucionales ante la actuacin de los partidos.

Obviamente, el punto de partida es el establecido por la propia Constitucin: slo la autoridad judicial es competente para controlar la ilegalidad de sus actuaciones o para decretar, ante violaciones repetidas y graves, la disolucin o suspensin del propio partido poltico.

Resulta notorio que la jurisprudencia ha clarificado ya los supuestos en que procede el acceso al orden jurisdiccional civil, en relacin con las pretensiones derivadas del trfico jurdico privado de los partidos o formuladas por los afiliados sobre su funcionamiento interno, o en los que es competente el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en relacin con las cuestiones que se susciten en los procedimientos administrativos derivados de la Ley. Del mismo modo, el Cdigo Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal aclaran hoy los supuestos en que procede la disolucin o suspensin de un partido por el orden jurisdiccional penal y el procedimiento a seguir para que una decisin tan relevante se produzca con todas las garantas.

Por consiguiente, la principal novedad que ahora se introduce es la regulacin de la competencia y el procedimiento para la disolucin judicial de un partido por no respetar los principios democrticos y los derechos humanos, procedimiento ya anunciado en la Ley que ahora se deroga, pero nunca desarrollado anteriormente.

La Ley Orgnica resuelve esta grave situacin con el criterio general que preside el marco constitucional de funcionamiento de los partidos, esto es, sealando que slo pueda realizarse mediante resolucin judicial.

Como indica la STC 3/1981, de 2 de febrero, "al Poder Judicial y slo a ste encomienda la Constitucin y tambin la legislacin ordinaria la funcin de pronunciarse sobre la legalidad de un partido poltico. Precisamente la apelacin al Poder Judicial, que puede decretar, como se acaba de decir, su suspensin provisional, y, en ltimo trmino, su disolucin, constituye el medio con que cuenta el Estado para su defensa en el caso de que sea atacado por medio de un partido que por el contenido de sus Estatutos o por su actuacin al margen de stos atente contra su seguridad".

El texto establece, por razn de la importancia y relevancia constitucional de los partidos polticos y, por aadidura, de las decisiones que afectan a su declaracin de ilegalidad o que justifican su disolucin, que sea la Sala especial del Tribunal Supremo prevista en el artculo 61 de la Ley Orgnica del Poder Judicial el rgano competente para poder disolver un partido poltico, cuando ste desarrolle graves conductas contrarias a la Constitucin. Sala especial que, como seala el auto de 9 de julio de 1999 de la propia Sala, "simboliza por su composicin al Pleno del Tribunal Supremo. Es, de alguna manera, el Pleno, un pleno "reducido", valga la expresin, por paradjica que pueda parecer, ya que en su composicin est presente el propio Presidente del Tribunal Supremo y lo estn tambin todas las Salas relacionadas en el artculo 55 de la LOPJ que integran en su conjunto el Tribunal Supremo, a travs de sus respectivos Presidentes y de dos de sus Magistrados, el ms antiguo y el ms moderno de cada una de ellas.

Se resalta esto para poner de relieve que la Sala del artculo 61 de la LOPJ, por su significativa composicin, goza de un "estatus" de supremaca respecto a las Salas ordinarias en orden a la definicin de sus competencias y de las recprocas de aquellas...".

Para que dicha Sala pueda examinar el ajuste a los principios democrticos del funcionamiento y de la actividad del partido poltico en cuestin, se establece un proceso judicial especfico, preferente, en nica instancia, que slo podrn instar el Ministerio Fiscal y el Gobierno, por s o a instancia del Congreso de los Diputados o del Senado. Dicho procedimiento se conforma de forma clsica, sobre la base de la escritura, con una serie de trmites convencionales (alegaciones, prueba, nuevas alegaciones y sentencia) que, por los plazos y la forma de su articulacin, compaginan los principios de seguridad jurdica y derecho de defensa con el de celeridad, procurando que la incertidumbre que puede provocar la iniciacin del mismo no se incremente con una tramitacin dilatada.

La sentencia dictada por la Sala especial no ser objeto de recurso alguno, sin perjuicio, en su caso, del amparo ante el Tribunal Constitucional, y ser ejecutiva desde el momento de su notificacin.

El artculo 12 detalla finalmente los efectos de la disolucin judicial de un partido poltico. Tras la notificacin de la sentencia, se proceder al cese inmediato de toda la actividad del partido poltico en cuestin y se presumir fraudulenta y, por tanto, no podr prosperar la constitucin de una formacin que contine o suceda al declarado ilegal y disuelto. La disolucin supondr tambin la apertura de un proceso de liquidacin patrimonial, destinndose el patrimonio neto resultante a actividades de inters social o humanitario.

VI

La regulacin contenida en esta Ley Orgnica se completa con la remisin a otras normas legales de las cuestiones atinentes a la financiacin de los partidos (captulo IV) y con varias disposiciones complementarias que, entre otras cosas, permiten ajustar a la nueva Ley las previsiones de la Ley Orgnica del Poder Judicial (adicional primera, para que la Sala especial del Tribunal Supremo entienda de estos casos), y de la Ley Orgnica del Rgimen Electoral General (adicional segunda, para precisar que tampoco cabe el fraude de constituir, en los perodos electorales, agrupaciones de electores que vengan a suceder, de facto, a un partido poltico disuelto o suspendido).

En lo que se refiere a la financiacin, es de destacar que la remisin se produce a la Ley de Financiacin de Partidos, pero tambin al rgimen de acreditacin y responsabilidades que se establece en la Ley Orgnica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y en la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Por ltimo, en lo que atae a la competencia de la Sala especial, la Ley acumula la garanta de que sea sta la competente para conocer y resolver en los casos de fraude, bien en su condicin de Sala sentenciadora (apartados 2 y 3 del artculo 12), bien por la llamada expresa que ahora se introduce en la legislacin electoral para la resolucin de recursos contra la proclamacin o no de agrupaciones de electores (disposicin adicional segunda), bien por la previsin del apartado 2 de la disposicin transitoria nica, sobre la sucesin de partidos para soslayar los efectos de la presente Ley.

CAPTULO I
De la creacin de los partidos polticos
Artculo 1. Libertad de creacin y afiliacin.

1. Los espaoles podrn crear libremente partidos polticos conforme a lo dispuesto en la Constitucin y en la presente Ley Orgnica.

2. La afiliacin a un partido poltico es libre y voluntaria. Nadie puede ser obligado a constituir un partido o a integrarse o a permanecer en el mismo.

3. Los partidos polticos podrn constituir e inscribir federaciones, confederaciones y uniones de partidos mediante el cumplimiento de lo previsto en el presente captulo y previo acuerdo expreso de sus rganos competentes.

Artculo 2. Capacidad para constituir.

1. Los promotores de un partido poltico deben ser personas fsicas, mayores de edad, que se encuentren en el pleno ejercicio de sus derechos, no estn sujetos a ninguna condicin legal para el ejercicio de los mismos y no hayan sido penalmente condenados por asociacin ilcita, o por alguno de los delitos graves previstos en los Ttulos XXI a XXIV del Cdigo Penal. Esta ltima causa de incapacidad no afectar a quienes hayan sido judicialmente rehabilitados.

2. Los partidos polticos constituidos podrn establecer en sus estatutos la creacin y reconocimiento de organizaciones juveniles.

Artculo 3. Constitucin y personalidad jurdica.

1. El acuerdo de constitucin habr de formalizarse mediante acta fundacional, que deber constar en documento pblico y contener, en todo caso, la identificacin personal de los promotores, la denominacin del partido que se propone constituir, los integrantes de los rganos directivos provisionales, el domicilio y los estatutos por los que habr de regirse el partido que trata de constituirse.

La denominacin de los partidos no podr incluir trminos o expresiones que induzcan a error o confusin sobre su identidad o que sean contrarias a las leyes o los derechos fundamentales de las personas. Tampoco podr coincidir, asemejarse o identificarse, aun fonticamente, con la de ningn otro partido previamente inscrito en el Registro o declarado ilegal, disuelto o suspendido por decisin judicial, con la identificacin de personas fsicas, o con la denominacin de entidades preexistentes o marcas registradas.

2. Los partidos polticos adquieren personalidad jurdica por la inscripcin en el Registro de Partidos Polticos que, a estos efectos, existir en el Ministerio del Interior, previa presentacin en aqul del acta fundacional suscrita por sus promotores, acompaada de aquellos documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en la presente Ley Orgnica.

Artculo 4. Inscripcin en el Registro.

1. Los promotores de los partidos polticos realizarn las actuaciones necesarias para su inscripcin. Los promotores de partidos no inscritos respondern personal y solidariamente de las obligaciones contradas con terceros, cuando hubieren manifestado actuar en nombre del partido.

2. Dentro de los veinte das siguientes a la presentacin de la documentacin completa en el Registro de Partidos Polticos, el Ministerio del Interior proceder a practicar la inscripcin del partido. Dicho plazo quedar, sin embargo, suspendido si se considera necesario iniciar alguno de los procedimientos previstos en el artculo siguiente.

3. Salvo en los casos de suspensin del plazo a que se refiere el apartado anterior, transcurridos los veinte das de que dispone el Ministerio del Interior, se entender producida la inscripcin, que confiere la personalidad jurdica, hace pblica la constitucin y los estatutos del mismo, vincula a los poderes pblicos, y es garanta tanto para los terceros que se relacionan con el partido como para sus propios miembros.

4. La inscripcin en el Registro producir efectos indefinidamente mientras no se anote en el mismo su suspensin o disolucin, bien por notificacin de la decisin acordada por el propio partido de acuerdo con las previsiones estatutarias, bien por ser declarado judicialmente ilegal y disuelto o suspendido. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6 del artculo 10 y, en cuanto al alcance y efectos de la suspensin, en el apartado 8 del artculo 11 de la presente Ley Orgnica.

Artculo 5. Examen de los requisitos para la inscripcin.

1. Cuando se adviertan defectos formales en el acta fundacional o en la documentacin que la acompaa, o cuando los proponentes carezcan de capacidad, el Ministerio del Interior lo pondr en conocimiento de los interesados para que puedan subsanar los defectos advertidos. En tal caso, el plazo de inscripcin se suspender desde el momento de la notificacin y se reanudar una vez que los mismos hayan sido debidamente corregidos.

2. Cuando de la documentacin presentada se deduzcan indicios racionales en relacin con la ilicitud penal del partido, el Ministerio del Interior lo pondr en conocimiento del Ministerio Fiscal, dentro del plazo de veinte das a que se refiere el artculo anterior, mediante resolucin fundada que ir acompaada de los elementos probatorios disponibles para apreciar dichos indicios.

3. El Ministerio Fiscal, en el plazo de veinte das desde que reciba la comunicacin a que se refiere el apartado anterior, optar, en funcin de que se consideren suficientes o no los indicios de ilicitud penal, por ejercer ante la jurisdiccin penal las acciones que correspondan o por devolver la comunicacin al Ministerio del Interior a los efectos de completar la inscripcin.

4. La remisin de la comunicacin al Ministerio Fiscal determinar la suspensin del plazo previsto en el apartado 2 del artculo anterior, durante todo el tiempo que medie hasta la devolucin por el mismo al Ministerio del Interior de la comunicacin fundada en la no apreciacin de motivos suficientes de ilicitud penal o hasta que el Juez Penal resuelva sobre la procedencia de la inscripcin o, en su caso, como medida cautelar, sobre la reanudacin provisional del plazo para la inscripcin.

Dicha remisin y la correspondiente suspensin del plazo para la inscripcin sern inmediatamente notificadas a los promotores interesados.

5. Las actuaciones administrativas relacionadas con la inscripcin del partido poltico podrn recurrirse ante la jurisdiccin contencioso-administrativa conforme a las previsiones de la Ley de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa.

6. Cuando se persiguiese la inscripcin en el Registro de Partidos Polticos de un partido que pretenda continuar o suceder la actividad de otro declarado ilegal y disuelto, se actuar conforme a lo previsto en el artculo 12 de esta Ley Orgnica.

CAPTULO II
De la organizacin, funcionamiento y actividades de los partidos polticos
Artculo 6. Principios democrtico y de legalidad.

Los partidos polticos se ajustarn en su organizacin, funcionamiento y actividad a los principios democrticos y a lo dispuesto en la Constitucin y en las leyes.

Artculo 7. Organizacin y funcionamiento.

1. La estructura interna y el funcionamiento de los partidos polticos debern ser democrticos.

2. Sin perjuicio de su capacidad organizativa interna, los partidos debern tener una asamblea general del conjunto de sus miembros, que podrn actuar directamente o por medio de compromisarios, y a la que corresponder, en todo caso, en cuanto rgano superior de gobierno del partido, la adopcin de los acuerdos ms importantes del mismo, incluida su disolucin.

3. Los rganos directivos de los partidos se determinarn en los estatutos y debern ser provistos mediante sufragio libre y secreto.

4. Los estatutos o los reglamentos internos que los desarrollen, debern fijar para los rganos colegiados un plazo de convocatoria suficiente de las reuniones para preparar los asuntos a debate, el nmero de miembros requerido para la inclusin de asuntos en el orden del da, unas reglas de deliberacin que permitan el contraste de pareceres y la mayora requerida para la adopcin de acuerdos. Esta ltima ser, por regla general, la mayora simple de presentes o representados.

5. Los estatutos debern prever, asimismo, procedimientos de control democrtico de los dirigentes elegidos.

Artculo 8. Derechos y deberes de los afiliados.

1. Los miembros de los partidos polticos deben ser personas fsicas, mayores de edad, y no tener limitada ni restringida su capacidad de obrar. Todos tendrn iguales derechos y deberes.

2. Los estatutos contendrn una relacin detallada de los derechos de los afiliados, incluyendo, en todo caso, los siguientes:

a) A participar en las actividades del partido y en los rganos de gobierno y representacin, a ejercer el derecho de voto, as como asistir a la Asamblea general, de acuerdo con los estatutos.

b) A ser electores y elegibles para los cargos del mismo.

c) A ser informados acerca de la composicin de los rganos directivos y de administracin o sobre las decisiones adoptadas por los rganos directivos, sobre las actividades realizadas y sobre la situacin econmica.

d) A impugnar los acuerdos de los rganos del partido que estimen contrarios a la Ley o a los estatutos.

3. La expulsin y el resto de medidas sancionadoras que impliquen privacin de derechos a los afiliados slo podrn imponerse mediante procedimientos contradictorios, en los que se garantice a los afectados el derecho a ser informados de los hechos que den lugar a tales medidas, el derecho a ser odos con carcter previo a la adopcin de las mismas, el derecho a que el acuerdo que imponga una sancin sea motivado, y el derecho a formular, en su caso, recurso interno.

4. Los afiliados a un partido poltico cumplirn las obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias y, en todo caso, las siguientes:

a) Compartir las finalidades del partido y colaborar para la consecucin de las mismas.

b) Respetar lo dispuesto en los estatutos y en las leyes.

c) Acatar y cumplir los acuerdos vlidamente adoptados por los rganos directivos del partido.

d) Abonar las cuotas y otras aportaciones que, con arreglo a los estatutos, puedan corresponder a cada uno.

Artculo 9. Actividad.

1. Los partidos polticos ejercern libremente sus actividades. Debern respetar en las mismas los valores constitucionales, expresados en los principios democrticos y en los derechos humanos. Desarrollarn las funciones que constitucionalmente se les atribuyen de forma democrtica y con pleno respeto al pluralismo.

2. Un partido poltico ser declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democrticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el rgimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrtico, mediante alguna de las siguientes conductas, realizadas de forma reiterada y grave:

a) Vulnerar sistemticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusin o persecucin de personas por razn de su ideologa, religin o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientacin sexual.

b) Fomentar, propiciar o legitimar la violencia como mtodo para la consecucin de objetivos polticos o para hacer desaparecer las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia, del pluralismo y de las libertades polticas.

c) Complementar y apoyar polticamente la accin de organizaciones terroristas para la consecucin de sus fines de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pblica, tratando de someter a un clima de terror a los poderes pblicos, a determinadas personas o grupos de la sociedad o a la poblacin en general, o contribuir a multiplicar los efectos de la violencia terrorista y del miedo y la intimidacin generada por la misma.

3. Se entender que en un partido poltico concurren las circunstancias del apartado anterior cuando se produzca la repeticin o acumulacin de alguna de las conductas siguientes:

a) Dar apoyo poltico expreso o tcito al terrorismo, legitimando las acciones terroristas para la consecucin de fines polticos al margen de los cauces pacficos y democrticos, o exculpando y minimizando su significado y la violacin de derechos fundamentales que comporta.

b) Acompaar la accin de la violencia con programas y actuaciones que fomentan una cultura de enfrentamiento y confrontacin civil ligada a la actividad de los terroristas, o que persiguen intimidar, hacer desistir, neutralizar o aislar socialmente a quienes se oponen a la misma, hacindoles vivir cotidianamente en un ambiente de coaccin, miedo, exclusin o privacin bsica de las libertades y, en particular, de la libertad para opinar y para participar libre y democrticamente en los asuntos pblicos.

c) Incluir regularmente en sus rganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado pblicamente los fines y los medios terroristas, o mantener un amplio nmero de sus afiliados doble militancia en organizaciones o entidades vinculadas a un grupo terrorista o violento, salvo que hayan adoptado medidas disciplinarias contra stos conducentes a su expulsin.

d) Utilizar como instrumentos de la actividad del partido, conjuntamente con los propios o en sustitucin de los mismos, smbolos, mensajes o elementos que representen o se identifiquen con el terrorismo o la violencia y con las conductas asociadas al mismo.

e) Ceder, en favor de los terroristas o de quienes colaboran con ellos, los derechos y prerrogativas que el ordenamiento, y concretamente la legislacin electoral, conceden a los partidos polticos.

f) Colaborar habitualmente con entidades o grupos que actan de forma sistemtica de acuerdo con una organizacin terrorista o violenta, o que amparan o apoyan al terrorismo o a los terroristas.

g) Apoyar desde las instituciones en las que se gobierna, con medidas administrativas, econmicas o de cualquier otro orden, a las entidades mencionadas en el prrafo anterior.

h) Promover, dar cobertura o participar en actividades que tengan por objeto recompensar, homenajear o distinguir las acciones terroristas o violentas o a quienes las cometen o colaboran con las mismas.

i) Dar cobertura a las acciones de desorden, intimidacin o coaccin social vinculadas al terrorismo o la violencia.

4. Para apreciar y valorar las actividades a que se refiere el presente artculo y la continuidad o repeticin de las mismas a lo largo de la trayectoria de un partido poltico, aunque el mismo haya cambiado de denominacin, se tendrn en cuenta las resoluciones, documentos y comunicados del partido, de sus rganos y de sus Grupos parlamentarios y municipales, el desarrollo de sus actos pblicos y convocatorias ciudadanas, las manifestaciones, actuaciones y compromisos pblicos de sus dirigentes y de los miembros de sus Grupos parlamentarios y municipales, las propuestas formuladas en el seno de las instituciones o al margen de las mismas, as como las actitudes significativamente repetidas de sus afiliados o candidatos.

Sern igualmente tomadas en consideracin las sanciones administrativas impuestas al partido poltico o a sus miembros y las condenas penales que hayan recado sobre sus dirigentes, candidatos, cargos electos o afiliados, por delitos tipificados en los Ttulos XXI a XXIV del Cdigo Penal, sin que se hayan adoptado medidas disciplinarias contra stos conducentes a su expulsin.

CAPTULO III
De la disolucin o suspensin judicial de los partidos polticos
Artculo 10. Disolucin o suspensin judicial.

1. Adems de por decisin de sus miembros, acordada por las causas y por los procedimientos previstos en sus estatutos, slo proceder la disolucin de un partido poltico o, en su caso, su suspensin, por decisin de la autoridad judicial competente y en los trminos previstos en los apartados 2 y 3 del presente artculo.

La disolucin surtir efectos desde su anotacin en el Registro de Partidos Polticos, previa notificacin del propio partido o del rgano judicial que decrete la disolucin.

2. La disolucin judicial de un partido poltico ser acordada por el rgano jurisdiccional competente en los casos siguientes:

a) Cuando incurra en supuestos tipificados como asociacin ilcita en el Cdigo Penal.

b) Cuando vulnere de forma continuada, reiterada y grave la exigencia de una estructura interna y un funcionamiento democrticos, conforme a lo previsto en los artculos 7 y 8 de la presente Ley Orgnica.

c) Cuando de forma reiterada y grave su actividad vulnere los principios democrticos o persiga deteriorar o destruir el rgimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrtico, mediante las conductas a que se refiere el artculo 9.

3. La suspensin judicial de un partido poltico slo proceder si as lo dispone el Cdigo Penal. Podr acordarse tambin como medida cautelar, en virtud de lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal o en los trminos del apartado 8 del artculo 11 de la presente Ley Orgnica.

4. El supuesto previsto en el prrafo a) del apartado 2 del presente artculo ser resuelto por el Juez competente en el orden jurisdiccional penal, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgnica del Poder Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Cdigo Penal.

5. Los supuestos previstos en los prrafos b) y c) del apartado 2 de este artculo sern resueltos por la Sala especial del Tribunal Supremo regulada en el artculo 61 de la Ley Orgnica del Poder Judicial, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artculo siguiente de la presente Ley Orgnica, que tendr carcter preferente.

6. La eventual coincidencia en el tiempo de los procedimientos judiciales previstos en los anteriores apartados 4 y 5 de este artculo respecto de un mismo partido poltico no interferir la continuacin de ambos hasta su finalizacin, produciendo cada uno de ellos los correspondientes efectos. No podr, por el contrario, acordarse la disolucin voluntaria de un partido poltico cuando se haya iniciado un proceso de declaracin judicial de ilegalidad del mismo por razn de uno u otro apartado o de ambos.

Artculo 11. Procedimiento.

1. Estn legitimados para instar la declaracin de ilegalidad de un partido poltico y su consecuente disolucin, en virtud de lo dispuesto en los prrafos b) y c) del apartado 2 del artculo anterior de esta Ley Orgnica, el Gobierno y el Ministerio Fiscal.

El Congreso de los Diputados o el Senado podrn instar al Gobierno que solicite la ilegalizacin de un partido poltico, quedando obligado el Gobierno a formalizar la correspondiente solicitud de ilegalizacin, previa deliberacin del Consejo de Ministros, por las causas recogidas en el artculo 9 de la presente Ley Orgnica. La tramitacin de este acuerdo se ajustar al procedimiento establecido, respectivamente, por la Mesa del Congreso de los Diputados y del Senado.

2. La accin por la que se pretende la declaracin a que se refiere el apartado anterior se iniciar mediante demanda presentada ante la Sala especial del Tribunal Supremo prevista en el artculo 61 de la Ley Orgnica del Poder Judicial, a la que se adjuntarn los documentos que acrediten la concurrencia de los motivos de ilegalidad.

3. La Sala proceder inmediatamente al emplazamiento del partido poltico afectado, dndole traslado de la demanda, para que pueda comparecer ante la misma en el plazo de ocho das. Una vez comparecido en debida forma o transcurrido el plazo correspondiente sin haberlo realizado, la Sala analizar la admisin inicial de la demanda pudiendo inadmitir la misma mediante auto si concurre alguna de las siguientes causas:

a) Que se hubiera interpuesto por persona no legitimada o no debidamente representada.

b) Que manifiestamente no se cumplan los requisitos sustantivos o de forma para su admisin.

c) Que la demanda carezca manifiestamente de fundamento.

La apreciacin de la concurrencia de alguna de las causas indicadas se pondr de manifiesto a las partes para que puedan formular alegaciones sobre la misma en el plazo comn de diez das.

4. Una vez admitida la demanda se emplazar al demandado, si hubiere comparecido, para la contestacin a la demanda por el plazo de veinte das.

5. Si las partes lo han propuesto en sus escritos de demanda o de contestacin o la Sala lo considera necesario, se abrir un perodo de prueba que se regir en cuanto a sus plazos y sustanciacin por las reglas que sobre este extremo se contienen en los captulos V y VI del Ttulo I del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

6. Del conjunto de la prueba practicada se dar vista a las partes, que podrn formular alegaciones sobre las mismas por plazo sucesivo de veinte das, transcurridos los cuales, se hayan formalizado o no, el proceso quedar concluso para sentencia que deber dictarse en veinte das.

7. La sentencia dictada por la Sala especial del Tribunal Supremo, que podr declarar la disolucin del partido poltico o desestimar la demanda, no ser objeto de recurso alguno sin perjuicio, en su caso, del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, y ser ejecutiva desde el momento de su notificacin. Si se decreta la disolucin, la Sala ordenar la cancelacin de la correspondiente inscripcin registral, y el fallo producir los efectos que se determinan en el artculo siguiente de esta Ley Orgnica. Si se desestima la demanda, sta slo podr volver a reiterarse si se presentan ante el Tribunal Supremo nuevos elementos de hecho, suficientes para realizar valoraciones sobre la actividad ilegal de un partido diferentes a las ya contenidas en la sentencia.

8. La Sala, durante la tramitacin del proceso, de oficio o a instancia de parte, podr adoptar cualquiera de las medidas cautelares previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil conforme al procedimiento previsto en la misma. En particular, la Sala podr acordar la suspensin cautelar de las actividades del partido hasta que se dicte sentencia, con el alcance y los efectos que estime oportunos para salvaguardar el inters general. En tal caso, la Sala ordenar la correspondiente anotacin preventiva en el Registro de Partidos Polticos.

Artculo 12. Efectos de la disolucin judicial.

1. La disolucin judicial de un partido poltico producir los efectos previstos en las leyes y, en particular, los siguientes:

a) Tras la notificacin de la sentencia en la que se acuerde la disolucin, proceder el cese inmediato de toda la actividad del partido poltico disuelto. El incumplimiento de esta disposicin dar lugar a responsabilidad, conforme a lo establecido en el Cdigo Penal.

b) Los actos ejecutados en fraude de ley o con abuso de personalidad jurdica no impedirn la debida aplicacin de sta. Se presumir fraudulenta y no proceder la creacin de un nuevo partido poltico o la utilizacin de otro ya inscrito en el Registro que contine o suceda la actividad de un partido declarado ilegal y disuelto.

c) La disolucin determinar la apertura de un proceso de liquidacin patrimonial, llevado a cabo por tres liquidadores designados por la Sala sentenciadora. El patrimonio neto resultante se destinar por el Tesoro a actividades de inters social o humanitario.

2. Corresponde a la Sala sentenciadora asegurar, en trmite de ejecucin de sentencia, que se respeten y ejecuten todos los efectos previstos por las leyes para el supuesto de disolucin de un partido poltico.

3. En particular, corresponder a la Sala sentenciadora, previa audiencia de los interesados, declarar la improcedencia de la continuidad o sucesin de un partido disuelto a la que se refiere el prrafo b) del apartado 1, teniendo en cuenta para determinar la conexin la similitud sustancial de ambos partidos polticos, de sus estructura, organizacin y funcionamiento, de las personas que las componen, rigen, representan o administran, de la procedencia de los medios de financiacin o materiales, o de cualesquiera otras circunstancias relevantes que, como su disposicin a apoyar la violencia o el terrorismo, permitan considerar dicha continuidad o sucesin en contraste con los datos y documentos obrantes en el proceso en el que se decret la ilegalizacin y disolucin. Adems de las partes de este proceso, podrn instar el pronunciamiento de la Sala sentenciadora el Ministerio del Interior y el Ministerio Fiscal, en el supuesto de que se presente para su inscripcin conforme a lo dispuesto en los artculos 4 y 5 de esta Ley Orgnica.

4. La Sala sentenciadora rechazar fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entraen abuso de la personalidad jurdica, fraude de ley o procesal.

CAPTULO IV
De la financiacin de los partidos polticos
Artculo 13. Financiacin.

1. La financiacin de los partidos polticos se llevar a cabo de conformidad con lo previsto en la Ley Orgnica 3/1987, de 2 de julio, sobre Financiacin de los Partidos Polticos.

2. De conformidad con la misma y con lo dispuesto en la Ley Orgnica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y con la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, los partidos polticos asumen las obligaciones formales y personales en relacin con la acreditacin de fines y cumplimiento de requisitos previstos en la citada normativa en lo que se refiere al control de los fondos pblicos que reciben.

Disposicin adicional primera. Modificacin de la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Se adiciona un nuevo nmero 6. al apartado 1 del artculo 61 de la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, con el siguiente contenido:

"6. De los procesos de declaracin de ilegalidad y consecuente disolucin de los partidos polticos, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgnica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Polticos."

Disposicin adicional segunda. Modificaciones de la Ley Orgnica 5/1985, de 19 de junio, del Rgimen Electoral General.

1. Se aade un nuevo apartado 4 al artculo 44 de la Ley Orgnica 5/1985, de 19 de junio, del Rgimen Electoral General, con el siguiente contenido:

"4. No podrn presentar candidaturas las agrupaciones de electores que, de hecho, vengan a continuar o suceder la actividad de un partido poltico declarado judicialmente ilegal y disuelto, o suspendido. A estos efectos, se tendr en cuenta la similitud sustancial de sus estructuras, organizacin y funcionamiento de las personas que los componen, rigen, representan o administran las candidaturas, de la procedencia de los medios de financiacin o materiales, o de cualesquiera otras circunstancias relevantes que, como su disposicin a apoyar la violencia o el terrorismo, permitan considerar dicha continuidad o sucesin."

2. Se aade un nuevo apartado 5 al artculo 49 de la Ley Orgnica 5/1985, de 19 de junio, del Rgimen Electoral General, con el siguiente contenido:

"5. Los recursos previstos en el presente artculo sern de aplicacin a los supuestos de proclamacin o exclusin de candidaturas presentadas por las agrupaciones de electores a las que se refiere el apartado 4 del artculo 44 de la presente Ley Orgnica, con las siguientes salvedades:

a) El recurso al que se refiere el apartado primero del presente artculo se interpondr ante la Sala especial del Tribunal Supremo regulada en el artculo 61 de la Ley Orgnica del Poder Judicial.

b) Estarn tambin legitimados para la interposicin del recurso los que lo estn para solicitar la declaracin de ilegalidad de un partido poltico, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artculo 11 de la Ley Orgnica de Partidos Polticos."

Disposicin adicional tercera. Supletoriedad.

En el procedimiento de inscripcin de partidos regulado en el captulo III, ser tambin de aplicacin la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, en todas las cuestiones no reguladas en la presente Ley Orgnica y sus normas de desarrollo.

Disposicin transitoria nica.

1. Los partidos polticos inscritos en el Registro del Ministerio del Interior a la entrada en vigor de la presente Ley Orgnica estarn sujetos a la misma y conservarn su personalidad jurdica y la plenitud de su capacidad, sin perjuicio de adaptar sus estatutos, en caso necesario, en el plazo de un ao.

2. A los efectos de aplicar lo previsto en el apartado 4 del artculo 9 a las actividades realizadas con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley Orgnica, tendr la consideracin de fraude de ley la constitucin, en fecha inmediatamente anterior o posterior a dicha entrada en vigor, de un partido poltico que contine o suceda la actividad de otro, realizada con la intencin de evitar la aplicacin a ste de las disposiciones de esta Ley. Ello no impedir tal aplicacin, pudiendo actuarse respecto de aqul conforme a lo previsto en los artculos 10 y 11 de esta Ley Orgnica, correspondiendo a la Sala especial del Tribunal Supremo la apreciacin de la continuidad o sucesin y la intencin de defraudar.

Disposicin derogatoria nica.

Quedan derogadas cuantas normas se opongan a la presente Ley Orgnica y, en particular, la Ley 54/1978, de 4 de diciembre, de Partidos Polticos, y los artculos vigentes de la Ley 21/1976, de 14 de junio.

Disposicin final primera. Desarrollo reglamentario.

Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicacin y desarrollo de esta Ley, especialmente en lo que se refiere al acta fundacional y su documentacin complementaria y al Registro de Partidos Polticos previstos en su captulo I.

Disposicin final segunda. Entrada en vigor.

La presente Ley Orgnica entrar en vigor el da siguiente al de su publicacin en el "Boletn Oficial del Estado".

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley Orgnica.

Madrid, 27 de junio de 2002

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno en funciones,

MARIANO RAJOY BREY

Análisis

  • Rango: Ley Orgnica
  • Fecha de disposición: 27/06/2002
  • Fecha de publicación: 28/06/2002
  • Entrada en vigor: 29 de junio de 2002.
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • SE MODIFICA:
    • los arts. 1, 3, 4, 6 a 10, 13 y la disposicin derogatoria nica y SE AADE los arts. 9 bis, 12 bis y la disposicin adicional 4, por Ley Orgnica 3/2015, de 30 de marzo (Ref. BOE-A-2015-3441).
    • el art. 11.3 y 7, por Ley Orgnica 3/2011, de 28 de enero (Ref. BOE-A-2011-1640).
  • SE DECLARA en el Recurso 555/2002, la DESESTIMACIN en relacin con determinados preceptos, por Sentencia 48/2003, de 12 de marzo (Ref. BOE-T-2003-5300).
Referencias anteriores
Materias
  • Administracin de Justicia
  • Asociaciones
  • Cdigo Penal
  • Elecciones
  • Enjuiciamiento Civil
  • Enjuiciamiento Criminal
  • Ministerio del Interior
  • Partidos polticos
  • Procedimiento Electoral
  • Registros administrativos
  • Tribunal de Cuentas
  • Tribunal Supremo

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