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Documento BOE-A-1998-27046

Real Decreto 2451/1998, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Junta Arbitral de resolucin de conflictos en materia de tributos del Estado cedidos a las Comunidades Autnomas.

TEXTO

Los tributos del Estado cedidos a las Comunidades Autnomas, previstos en el artculo 157.1.a) de la Constitucin, y cuyo rgimen general se contiene en la Ley Orgnica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiacin de las Comunidades Autnomas (LOFCA), se han caracterizado tradicionalmente, en lo que aqu interesa, en funcin de las dos notas siguientes: en primer lugar, se trata de tributos cuyo rendimiento corresponde a la Comunidad Autnoma en la que el mismo se produce; en segundo lugar, se trata de tributos cuya exaccin, esto es, cuya gestin, liquidacin, recaudacin, inspeccin y revisin, corresponde, por delegacin del Estado, a la respectiva Comunidad Autnoma.

A fin de poder determinar cundo el rendimiento de un determinado tributo cedido corresponde a una Comunidad Autnoma en particular, y qu ente autonmico es competente para la exaccin de un determinado tributo cedido, la legislacin reguladora de esta materia ha diseado la figura o mecanismo del punto de conexin, regulando uno o varios para cada tributo cedido. As, tanto la atribucin del rendimiento, como el ejercicio de las competencias exactoras, se determinan mediante la aplicacin de los puntos de conexin previstos al efecto.

Es cierto que en la mayor parte de los casos la aplicacin de los puntos de conexin no plantea especiales problemas interpretativos, de forma tal que no suelen existir dudas acerca de la Comunidad Autnoma a la que corresponde el rendimiento de un determinado tributo cedido y la exaccin de ste.

Sin embargo, no es menos cierto que en supuestos excepcionales s surgen tales dudas en torno a la aplicacin de los puntos de conexin, dando ello lugar al planteamiento de los correspondientes conflictos entre el Estado y una o varias Comunidades Autnomas, o entre stas entre s.

Hasta ahora, la normativa reguladora de los tributos cedidos no contena un procedimiento especfico para la resolucin de conflictos que pudieran suscitarse con motivo de la aplicacin de los puntos de conexin, ni tampoco contemplaba un rgano especficamente competente para la resolucin de aqullos. En realidad, esta ltima laguna estaba parcialmente cubierta en el mbito especfico del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados, pues el Reglamento de cada uno de estos dos tributos atribua ciertas competencias en la materia que se considera a la Direccin General de Coordinacin con las Haciendas Territoriales del Ministerio de Economa y Hacienda.

Entre tanto, la Ley Orgnica 3/1996, de 27 de diciembre, ha introducido ciertas modificaciones en el rgimen general de la cesin de tributos del Estado a las Comunidades Autnomas contenido en la LOFCA, modificaciones stas de entre las que procede destacar aqu la que tiene por objeto la atribucin a las Comunidades Autnomas de ciertas competencias normativas en relacin a los tributos cedidos, incluyendo la parte cedida del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas, cesin parcial sta que tambin establece la citada Ley Orgnica 3/1996.

Esta nueva situacin, desarrollada por la Ley 14/1996, de 30 de diciembre, de Cesin de Tributos del Estado a las Comunidades Autnomas y de Medidas Fiscales Complementarias, tiene, al menos, las dos implicaciones siguientes: en primer lugar, que el ejercicio de esas competencias normativas por parte de las Comunidades Autnomas se traducir en un panorama de diversidad fiscal; en segundo lugar, que los puntos de conexin de los tributos cedidos no slo van a determinar, como hasta ahora, la atribucin del rendimiento y la competencia exactora, sino tambin la normativa aplicable en cada caso.

Esta nueva realidad, que puede situar el volumen y la entidad de los conflictos en un contexto distinto del hasta ahora conocido, unida a la necesidad de dotar al sistema de cesin de tributos de un procedimiento especfico para la resolucin de aqullos y de un rgano competente al efecto, aconsej la adopcin de tales medidas, a cuyo fin la antes citada Ley Orgnica 3/1996 aadi un captulo IV a la LOFCA, integrado por los artculos 23 y 24 y dedicado a la resolucin de conflictos.

As, en efecto, los artculos 23 y 24 de la LOFCA establecen las lneas generales del procedimiento a seguir para la resolucin de conflictos que puedan suscitarse con motivo de la aplicacin de los puntos de conexin de los tributos cedidos, a la vez que atribuyen la competencia para la resolucin de dichos conflictos a la Junta Arbitral que crea y regula el mismo captulo IV de la LOFCA.

Por su parte, el artculo 23.3 de la LOFCA especifica que los conflictos sern resueltos por el procedimiento que reglamentariamente se establezca, y la disposicin adicional primera de la Ley Orgnica 3/1996 aade que el Gobierno deber reglamentar el rgimen de procedimiento, funcionamiento y organizacin de la Junta Arbitral a que se refiere el captulo IV de la Ley Orgnica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiacin de las Comunidades Autnomas, inspirndose para ello en las normas reguladoras del procedimiento administrativo comn.

Son, pues, esas dos remisiones legales a la va reglamentaria las que constituyen el motivo del presente Real Decreto, el cual consta de un artculo nico, dos disposiciones adicionales, una disposicin transitoria, una disposicin derogatoria, dos disposiciones finales y un anexo al que se incorpora el Reglamento de la Junta Arbitral de resolucin de conflictos en materia de tributos del Estado cedidos a las Comunidades Autnomas.

El artculo nico del Real Decreto se limita a aprobar el Reglamento de la Junta Arbitral de resolucin de conflictos en materia de tributos del Estado cedidos a las Comunidades Autnomas, citando como fundamento para tal aprobacin los preceptos de la LOFCA antes aludidos, e indicando que el Reglamento queda incorporado a un anexo del propio Real Decreto.

En la disposicin adicional primera se recoge la tradicional clusula de salvaguarda de los rgimenes fiscales especiales vigentes en los Territorios Histricos del Pas Vasco y Navarra, clusula sta que en el presente caso tiene una funcin adicional cual es la de remitir la resolucin de los conflictos que se susciten con el Pas Vasco y Navarra a la Junta Arbitral prevista en el concierto econmico y en el convenio econmico, respectivamente.

En cuanto a la disposicin adicional segunda, la misma contiene una equiparacin referencial de las Ciudades de Ceuta y Melilla a las Comunidades Autnomas, pues conforme a lo prevenido en los Estatutos de Automa de dichas ciudades, stas podrn disponer en el futuro de tributos cedidos por el Estado como recursos de sus respectivas Haciendas.

Por su parte, la disposicin derogatoria nica del Real Decreto lleva a cabo la derogacin expresa de los preceptos, antes aludidos, del Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y de Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados, que han venido atribuyendo competencias en materia de resolucin de conflictos en el mbito de esos dos impuestos a la Direccin General de Coordinacin con las Haciendas Territoriales.

En consecuencia con tal derogacin, la disposicin transitoria nica del propio Real Decreto establece que si a la fecha de entrada en vigor de la misma estuviesen pendientes de resolucin conflictos planteados ante la Direccin General de Coordinacin con las Haciendas Territoriales, sta remitir los expedientes respectivos a la Junta Arbitral a fin de su resolucin por la misma.

Es cierto que se est ante un precepto excepcional respecto de los principios que informan el derecho procesal general en esta materia, si bien, no es menos cierto, que en el presente caso el criterio por el que opta el Real Decreto est plenamente justificado, pues la ubicacin en sede de la Junta Arbitral de los conflictos pendientes de resolucin ofrece mayores garantas jurdicas tanto a las partes como a los interesados en los mismos.

Por ltimo, el cuerpo del Real Decreto se completa con dos disposiciones finales, la primera de las cuales contiene una clusula de autorizacin al Ministro de Economa y Hacienda en relacin con la ejecucin y aplicacin del propio Real Decreto, mientras que la segunda fija la fecha de entrada en vigor de ste en el da siguiente al de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

Segn se ha indicado anteriormente, el Reglamento de la Junta Arbitral, que constituye el objeto principal del presente Real Decreto, aparece incorporado al anexo del mismo, y se estructura en un captulo preliminar y cuatro captulos ms.

El captulo preliminar, integrado por el artculo 1 del Reglamento de la Junta Arbitral, se limita a fijar el objeto del mismo que no es otro que el de establecer las normas de funcionamiento, organizacin y procedimiento de dicha Junta Arbitral.

El captulo I, integrado por los artculos 2 y 3 del Reglamento, aclara la naturaleza y competencias de la Junta Arbitral en funcin de los trminos en los que sta aparece regulada en los artculos 23 y 24 de la LOFCA.

Por su parte, el captulo II, integrado por los artculos 4, 5 y 6 del Reglamento, aborda los aspectos relativos a la organizacin de la Junta Arbitral, los cuales se concretan en la regulacin de su composicin a partir de un Presidente y de los Vocales en representacin de la Administracin General del Estado y de las Comunidades Autnomas, conforme a lo establecido en el artculo 24 de la LOFCA.

En materia de funcionamiento de la Junta Arbitral, el captulo III, integrado por el artculo 7 del Reglamento, contiene una remisin general a lo dispuesto en materia de rganos colegiados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, sin perjuicio de las particularidades previstas en el propio Reglamento.

Por ltimo, es el captulo IV, integrado por los artculos 8 a 13 del Reglamento, el que establece las normas reguladoras del procedimiento de la Junta Arbitral, normas stas que se refieren al rgimen jurdico aplicable; a la iniciacin, tramitacin y resolucin del procedimiento, y a la notificacin, ejecucin e impugnacin de los Acuerdos que adopte la Junta Arbitral. En general, y conforme a lo prevenido en la disposicin adicional primera de la Ley Orgnica 3/1996, de 27 de diciembre, tales normas procedimentales se inspiran en las disposiciones reguladoras del procedimiento administrativo comn, y en funcin de lo establecido en el artculo 23.5 de la LOFCA, obedecen a criterios de economa, celeridad y eficacia.

En fin, el presente Real Decreto constituye el marco adecuado para la resolucin de los conflictos que puedan suscitarse con motivo de la aplicacin de los puntos de conexin de los tributos del Estado cedidos a las Comunidades Autnomas.

En su virtud, al amparo de lo previsto en el artculo 23.3 de la Ley Orgnica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiacin de las Comunidades Autnomas, y en la disposicin adicional primera de la Ley Orgnica 3/1996, de 27 de diciembre, de modificacin parcial de la citada Ley Orgnica 8/1980, a propuesta del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economa y Hacienda, previa aprobacin del Ministro de Administraciones Pblicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberacin del Consejo de Ministros en su reunin del da 13 de noviembre de 1998,

DISPONGO:
Artculo nico. Aprobacin del Reglamento de la Junta Arbitral de resolucin de conflictos en materia de tributos del Estado cedidos a las Comunidades Autnomas.

Se aprueba el Reglamento de la Junta Arbitral de resolucin de conflictos en materia de tributos del Estado cedidos a las Comunidades Autnomas regulada en los artculos 23 y 24 de la Ley Orgnica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiacin de las Comunidades Autnomas, aadidos a dicha Ley Orgnica por el apartado ocho del artculo nico de la Ley Orgnica 3/1996, de 27 de diciembre, el cual se incluye en el anexo al presente Real Decreto.

Disposicin adicional primera. Regmenes fiscales del Pas Vasco y Navarra.

Lo dispuesto en el presente Real Decreto se entiende sin perjuicio de los regmenes fiscales especiales vigentes en el Pas Vasco y Navarra.

Disposicin adicional segunda. Referencia a las Ciudades de Ceuta y Melilla.

Las referencias a las Comunidades Autnomas contenidas en el presente Real Decreto y en el Reglamento incluido en su anexo sern de aplicacin a las Ciudades de Ceuta y Melilla en relacin con lo previsto en los artculos 36.9. a de las Leyes Orgnicas 1/1995 y 2/1995, de 13 de marzo, de Estatutos de Autonoma de Ceuta y Melilla, respectivamente.

Disposicin transitoria nica. Rgimen transitorio.

Si a la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto estuvieran pendientes de resolucin conflictos planteados ante la Direccin General de Coordinacin con las Haciendas Territoriales, al amparo de los artculos 73.2.b) del Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y 106.3.b) del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados, el rgano directivo de referencia remitir los expedientes respectivos a la Junta Arbitral a fin de que sean resueltos por sta conforme al Reglamento incluido en el anexo del presente Real Decreto.

Tal remisin ser notificada por la mencionada Direccin General a las Administraciones tributarias en conflicto, as como a los interesados en el mismo.

Disposicin derogatoria nica. Rgimen derogatorio.

A la entrada en vigor del presente Real Decreto quedan derogadas todas las disposiciones de rango igual o inferior que se opongan a las previsiones en l contenidas, y en particular, las siguientes:

a) El artculo 7.3.2.b) del Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre.

b) El artculo 106.3.b) del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo.

Disposicin final primera. Autorizacin al Ministro de Economa y Hacienda.

Se autoriza al Ministro de Economa y Hacienda a dictar cuantas disposiciones sean necesarias en orden a la ejecucin y aplicacin del presente Real Decreto.

Disposicin final segunda. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrar en vigor el da siguiente al de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

Dado en Madrid a 13 de noviembre de 1998.

JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economa y Hacienda,

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO

ANEXO
Reglamento de la Junta Arbitral de resolucin de conflictos en materia de tributos del Estado cedidos a las Comunidades Autnomas
CAPTULO PRELIMINAR
Objeto del Reglamento
Artculo 1. Objeto del Reglamento.

El presente Reglamento tiene por objeto el desarrollo de las normas de funcionamiento, organizacin y procedimiento de la Junta Arbitral de resolucin de conflictos en materia de tributos del Estado cedidos a las Comunidades Autnomas contenidas en los artculos 23 y 24 de la Ley Orgnica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiacin de las Comunidades Autnomas, aadidos a dicha Ley Orgnica por el apartado ocho del artculo nico de la Ley Orgnica 3/1996, de 27 de diciembre.

CAPTULO I
Naturaleza y competencias de la Junta Arbitral
Artculo 2. Naturaleza de la Junta Arbitral.

La Junta Arbitral se configura como un rgano colegiado de deliberacin y resolucin de los conflictos a que se refiere el artculo siguiente de este Reglamento.

Artculo 3. Competencias de la Junta Arbitral.

Es competencia de la Junta Arbitral:

a) La resolucin de los conflictos que se susciten entre la Administracin tributaria del Estado y la de una o varias Comunidades Autnomas, o entre stas entre s, con motivo de la aplicacin de los puntos de conexin de los tributos cedidos.

b) La resolucin de los conflictos que se suscriben entre la Administracin tributaria del Estado y la de una o varias Comunidades Autnomas, o entre stas entre s, con motivo de la competencia en relacin a los procedimientos de gestin, liquidacin, recaudacin e inspeccin de los tributos cedidos, de acuerdo con los puntos de conexin aplicables.

CAPTULO II
Organizacin de la Junta Arbitral
Artculo 4. Composicin de la Junta Arbitral.

La Junta Arbitral est compuesta por un Presidente y los Vocales a que se refiere el artculo 6 del presente Reglamento.

Artculo 5. El Presidente de la Junta Arbitral.

1. El Presidente de la Junta Arbitral, en quien deber concurrir la condicin de jurista de reconocido prestigio, ser nombrado por el Ministro de Economa y Hacienda a propuesta del Consejo de Poltica Fiscal y Financiera de las Comunidades Autnomas.

El nombramiento del Presidente de la Junta Arbitral deber ser publicado en el Boletn Oficial del Estado.

2. El mandato del Presidente de la Junta Arbitral tendr una duracin de cinco aos contados desde la fecha del nombramiento, sin perjuicio de su posible renovacin por perodos sucesivos de igual duracin.

En su caso, la renovacin del mandato del Presidente de la Junta Arbitral deber llevarse a cabo, con iguales requisitos que los exigidos para su nombramiento, dentro del ltimo mes del mandato respectivo.

3. El Presidente de la Junta Arbitral cesar en su cargo a peticin propia o por decisin del Ministro de Economa y Hacienda a propuesta del Consejo de Poltica Fiscal y Financiera de las Comunidades Autnomas.

El cese del Presidente de la Junta Arbitral ser publicado en el Boletn Oficial del Estado.

4. Son competencias del Presidente de la Junta Arbitral:

a) En general, las propias de los Presidentes de rganos colegiados sealadas en el artculo 23 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, siempre que sean compatibles con la naturaleza y las normas de organizacin, funcionamiento y procedimiento de la Junta Arbitral establecidas en este Reglamento.

b) En particular, las previstas en este Reglamento.

5. Las retribuciones del Presidente de la Junta Arbitral sern fijadas por el Ministro de Economa y Hacienda.

6. Ser nombrado un Presidente sustituto en la forma y con los requisitos previstos en el apartado 1 anterior, el cual sustituir al Presidente en los casos de vacante, ausencia o enfermedad.

Artculo 6. Los Vocales de la Junta Arbitral.

1. Son Vocales de la Junta Arbitral:

a) Cuatro representantes de la Administracin del Estado.

b) Cuatro representantes de cada Comunidad Autnoma en conflicto.

2. Los Vocales de la Junta Arbitral en representacin de la Administracin del Estado sern nombrados por el Ministro de Economa y Hacienda. Actuar como Secretario de la Junta aqul de sus Vocales que determine el Ministro de Economa y Hacienda.

El nombramiento de los Vocales de la Junta Arbitral en representacin de la Administracin del Estado deber ser publicado en el Boletn Oficial del Estado.

Los cuatro Vocales nombrados por el Ministro de Economa y Hacienda representarn a la Administracin del Estado en todos los conflictos, tanto si stos se suscitan entre aqulla y la de una o varias Comunidades Autnomas, como si se suscitan entre stas entre s.

3. Los cuatro Vocales en representacin de cada Comunidad Autnoma sern designados por el rgano de Gobierno respectivo:

a) Bien para cada conflicto en el que la Comunidad Autnoma sea parte interesada.

b) Bien genricamente para todos los conflictos en los que la Comunidad Autnoma sea parte interesada.

En cualquier caso, los nombramientos de los cuatro Vocales representantes de cada Comunidad Autnoma debern ser debida y oportunamente comunicados al Presidente de la Junta Arbitral.

4. Son funciones del Secretario de la Junta Arbitral:

a) En general, las especificadas en el artculo 25.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, siempre que no sean incompatibles con la naturaleza y las normas de organizacin, funcionamiento y procedimiento de la Junta Arbitral establecidas en este Reglamento.

b) Cuantas se desprendan de lo establecido en este Reglamento.

CAPTULO III
Funcionamiento de la Junta Arbitral
Artculo 7. Rgimen de funcionamiento de la Junta Arbitral.

En todo lo referente a las convocatorias, sesiones, adopcin de acuerdos y rgimen de funcionamiento de la Junta Arbitral se estar a lo dispuesto, en materia de rganos colegiados, en el captulo II del Ttulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, sin perjuicio de las particularidades que puedan resultar del captulo IV del presente Reglamento.

CAPTULO IV
Procedimiento de la Junta Arbitral
Artculo 8. Rgimen aplicable.

El procedimiento de la Junta Arbitral se regir por lo dispuesto en el presente captulo y supletoriamente por las normas contenidas en el Ttulo VI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

Artculo 9. Iniciacin.

1. El procedimiento se inicia mediante el planteamiento del conflicto ante la Junta Arbitral por la Administracin tributaria del Estado o por la de cualquier Comunidad Autnoma.

2. La Administracin tributaria del Estado, a travs de la Direccin General de la Agencia Estatal de Administracin Tributaria, podr promover conflictos en los supuestos siguientes:

a) Cuando estime que, por aplicacin de los puntos de conexin de los tributos cedidos, le corresponda el rendimiento de un determinado tributo declarado y, en su caso, ingresado por el sujeto pasivo en una Comunidad Autnoma, o respecto del cual sta se haya dirigido a aqul para su declaracin o ingreso.

b) Cuando, por aplicacin de las normas reguladoras de la cesin de tributos, se considere competente en relacin con la gestin, liquidacin, recaudacin o inspeccin de un tributo cedido respecto del cual est ejerciendo o haya ejercido dichas funciones la Administracin tributaria de una Comunidad Autnoma.

3. La Administracin tributaria de cualquier Comunidad Autnoma, a travs de su respectivo rgano competente en la materia, podr promover conflictos en los supuestos siguientes:

a) Cuando estime que, por aplicacin de los puntos de conexin de los tributos cedidos, le corresponda el rendimiento de un determinado tributo declarado y, en su caso, ingresado por el sujeto pasivo en la Administracin tributaria de otra Comunidad Autnoma o del Estado, o respecto del cual cualesquiera de stas se haya dirigido a aqul para su declaracin o ingreso.

b) Cuando, por aplicacin de las normas reguladoras de la cesin de tributos, se considere competente en relacin con la gestin, liquidacin, recaudacin o inspeccin de un tributo cedido respecto del cual est ejerciendo o haya ejercicio dichas funciones la Administracin tributaria de cualquier otra Comunidad Autnoma o del Estado.

4. Ser necesario que antes del planteamiento del conflicto la Administracin tributaria que se considere competente haya requerido a la que estime incompetente, reclamando su competencia, y que esta ltima se haya ratificado en su competencia expresa o tcitamente. El mencionado requerimiento se realizar en el plazo de treinta das hbiles a contar desde la fecha en que la Administracin que se considere competente tuviera conocimiento del acto o disposicin que a su juicio vulnere los puntos de conexin establecidos en las normas reguladoras de la cesin de tributo. En el escrito de requerimiento se especificarn con claridad, los actos o disposiciones viciados, as como los fundamentos de derecho.

Se entiende que una Administracin tributaria se ratifica tcitamente en su competencia cuando no atienda el requerimiento a que se refiere el prrafo anterior en el plazo de treinta das hbiles desde la recepcin del mismo.

5. Los conflictos se promovern en el plazo de quince das a contar desde la ratificacin expresa o tcita a que se refiere el apartado anterior, mediante escrito dirigido al Presidente de la Junta Arbitral en el que se harn constar los extremos siguientes, en relacin con el conflicto:

a) La Administracin tributaria que lo plantea.

b) La Administracin tributaria contra la que el mismo se plantea.

c) Todos los datos que permitan identificar el supuesto concreto objeto del mismo.

d) Los antecedentes y razonamientos en los que se fundamenta la reclamacin de competencia.

Al escrito de planteamiento del conflicto debern adjuntarse el escrito de requerimiento a la Administracin tributaria contra la que se plantea el conflicto, as como el de ratificacin de sta en su competencia o, en su defecto, la acreditacin del transcurso del plazo de treinta das hbiles a que se refiere el ltimo prrafo del apartado anterior.

6. Simultneamente al planteamiento del conflicto la Administracin tributaria promotora del mismo notificar esa circunstancia a la Administracin tributaria afectada por aqul, abstenindose ambas, desde entonces, de cualquier actuacin en relacin con el asunto objeto del conflicto.

Asimismo, las Administraciones en conflicto debern notificar a los interesados el planteamiento de aqul, produciendo tal notificacin efectos interruptivos de la prescripcin, as como la interrupcin de cualesquiera otros plazos que puedan afectar al expediente.

No obstante lo dispuesto en el prrafo anterior, cuando se hubieren practicado liquidaciones definitivas, incluyendo las provisionales que hayan devenido firmes, con anterioridad al planteamiento del conflicto, dichas liquidaciones surtirn plenos efectos, incluyendo la recaudacin de la deuda tributaria correspondiente, sin perjuicio de practicar la revisin de oficio prevista en la Ley General Tributaria.

Artculo 10. Tramitacin.

1. Una vez recibido el escrito de planteamiento del conflicto el Presidente de la Junta Arbitral acusar recibo del mismo dentro del plazo de cinco das, solicitando, en su caso, a la Administracin tributaria promotora de aqul la subsanacin de los defectos advertidos en la documentacin exigible prevista en el apartado 5 del artculo 9 del presente Reglamento, a cuyo fin dicha Administracin tributaria dispondr de un plazo de diez das.

2. Cumplido el trmite anterior, el Presidente de la Junta Arbitral notificar el planteamiento del conflicto a la Administracin tributaria contra la que el mismo se haya promovido, adjuntando a la notificacin el escrito de planteamiento del conflicto, as como la documentacin anexa al mismo, con las subsanaciones que, en su caso, se hubieran realizado.

En la notificacin a que se refiere el prrafo anterior se dar a la Administracin tributaria interesada un plazo de un mes a fin de que formule las alegaciones que tenga por conveniente y aporte las pruebas y documentacin que estime oportunas.

3. Tras las recepcin de las alegaciones o, en su defecto, al trmino del plazo sealado en el prrafo segundo del apartado anterior, el Presidente de la Junta Arbitral dispondr de un plazo mximo de dos meses para completar la instruccin del expediente.

Durante ese perodo el Presidente de la Junta Arbitral podr recabar de la Comisin Mixta de Coordinacin de la Gestin Tributaria y dems rganos administrativos competentes por razn de la materia, as como de los interesados en el conflicto, cuantos antecedentes, informes y documentos estime necesarios en orden a la adecuada instruccin del expediente. Asimismo, y con idntica finalidad, podr solicitar la prctica de cuantas pruebas considere oportunas.

4. Una vez evacuados los trmites a que se refiere el apartado anterior, y, en todo caso, al trmino del plazo de dos meses sealados en el prrafo primero de dicho apartado, el Presidente de la Junta Arbitral pondr de manifiesto el expediente a las Administraciones tributarias en conflicto, as como a los interesados en el mismo, todos los cuales dispondrn de un plazo de quince das para formular cuantas alegaciones tengan por conveniente.

5. Cumplido el trmite de alegaciones a que se refiere el apartado anterior, el Presidente de la Junta Arbitral dispondr de quince das para elaborar una propuesta de resolucin, la cual deber comprender:

a) Una relacin de todos los antecedentes del conflicto y de las actuaciones llevadas a cabo durante la instruccin del expediente, con una descripcin sucinta de su contenido.

b) Una relacin de las normas legales y reglamentarias de aplicacin al caso en controversia.

c) Las consideraciones jurdicas en torno a cuantas cuestiones se deriven del expediente, hayan sido suscitadas o no por las Administraciones tributarias o interesados en el conflicto.

d) El contenido del acuerdo.

e) La frmula de ejecucin del acuerdo.

Al trmino del plazo de quince das, y sin mayor dilacin, el Presidente de la Junta Arbitral remitir al Secretario de sta la propuesta de resolucin, quien, por indicacin de aqul y en un nico acto:

a) Notificar la propuesta de resolucin a los restantes Vocales de la Junta Arbitral en representacin de la Administracin del Estado, as como a los Vocales representantes de las Administraciones de las Comunidades Autnomas en conflicto.

b) Convocar a los Vocales a que se refiere el prrafo a) anterior a la sesin de la Junta Arbitral de deliberacin y adopcin del acuerdo que proceda, con indicacin de la fecha, lugar y hora en la que habr de celebrarse la referida sesin, la cual deber tener lugar dentro de los quince das siguientes a dicha notificacin.

Desde la notificacin de la propuesta de resolucin a los Vocales hasta la fecha de la sesin de la Junta Arbitral, as como durante la celebracin de sta, aqullos tendrn pleno acceso al expediente del conflicto de que se trate.

Artculo 11. Resolucin.

1. En la sesin de la Junta Arbitral sealada para la resolucin del conflicto los Vocales, tras las oportunas deliberaciones, podrn:

a) Solicitar, previa votacin, la aportacin de nuevos documentos de contenido esencial para la resolucin, en cuyo caso el Presidente de la Junta Arbitral ordenar la retroaccin del procedimiento al momento en el que el defecto u omisin fue cometido, no obstante en la nueva sesin de la Junta Arbitral que se celebre para la resolucin del conflicto, los Vocales no podrn volver a formular esta solicitud.

b) Formular observaciones a la propuesta de resolucin elaborada por el Presidente de la Junta Arbitral.

En este caso las observaciones que impliquen modificacin del contenido de dicha propuesta de resolucin debern ser sometidas a votacin.

c) Proceder, sin ms, a someter a votacin la propuesta de resolucin.

2. Los acuerdos de la Junta Arbitral, tanto de solicitud de nuevos documentos como de modificacin o aprobacin de la propuesta de resolucin, modificada o no, debern ser adoptados por mayora de votos. En caso de empate el voto del Presidente de la Junta Arbitral tendr carcter dirimente.

3. Los acuerdos que adopte la Junta Arbitral quedarn reflejados en el acta que habr de extender al efecto el Secretario de aqulla, quien la remitir al Presidente dentro de los cinco das siguientes al de la celebracin de la sesin correspondiente.

Dentro de un plazo de otros cinco das desde la recepcin del acta el Presidente de la Junta Arbitral habr de redactar la resolucin acordada.

Artculo 12. Notificacin y ejecucin.

El Presidente de la Junta Arbitral notificar la resolucin acordada a las distintas Administraciones tributarias en conflicto, as como a los interesados en el mismo, debiendo aqullas proceder a su ejecucin en los trminos previstos en la propia resolucin.

Artculo 13. Impugnacin.

Las resoluciones de la Junta Arbitral podrn ser impugnadas en va contencioso-administrativa, conforme a la legislacin reguladora de dicha Jurisdiccin.

La interposicin del recurso contencioso-administrativo no produce, por s misma, la suspensin de la ejecutoriedad de la resolucin impugnada.

Análisis

  • Rango: Real Decreto
  • Fecha de disposición: 13/11/1998
  • Fecha de publicación: 25/11/1998
  • Entrada en vigor: 26 de noviembre de 1998.
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • CORRECCION de erratas en BOE nm. 37, de 12 de febrero de 1999 (Ref. BOE-A-1999-3616).
Referencias anteriores
  • DEROGA:
    • art. 106.3.b) del Reglamento aprobado por Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo (Ref. BOE-A-1995-15071).
    • el art. 73.2.b) del Reglamento aprobado por Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre (Ref. BOE-A-1991-27678).
  • DE CONFORMIDAD con los art. 23 y 24 de la Ley Orgnica 8/1980, de 22 de septiembre (Ref. BOE-A-1980-21166).
  • CITA:
Materias
  • Cesin de Tributos
  • Ceuta
  • Comunidades Autnomas
  • Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
  • Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados
  • Melilla
  • Navarra
  • Organizacin de las Comunidades Autnomas
  • Pas Vasco
  • Sistema tributario

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