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Legislación consolidada

Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplan derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecucin o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

Publicado en: BOE núm. 310, de 27/12/2007.
Entrada en vigor: 28/12/2007
Departamento: Jefatura del Estado
Referencia: BOE-A-2007-22296
Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es/l/2007/12/26/52/con

TEXTO CONSOLIDADO: Última actualización publicada el 25/08/2018


[Bloque 1: #preambulo]

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

EXPOSICIN DE MOTIVOS

El espritu de reconciliacin y concordia, y de respeto al pluralismo y a la defensa pacfica de todas las ideas, que gui la Transicin, nos permiti dotarnos de una Constitucin, la de 1978, que tradujo jurdicamente esa voluntad de reencuentro de los espaoles, articulando un Estado social y democrtico de derecho con clara vocacin integradora.

El espritu de la Transicin da sentido al modelo constitucional de convivencia ms fecundo que hayamos disfrutado nunca y explica las diversas medidas y derechos que se han ido reconociendo, desde el origen mismo de todo el perodo democrtico, en favor de las personas que, durante los decenios anteriores a la Constitucin, sufrieron las consecuencias de la guerra civil y del rgimen dictatorial que la sucedi.

Pese a ese esfuerzo legislativo, quedan an iniciativas por adoptar para dar cumplida y definitiva respuesta a las demandas de esos ciudadanos, planteadas tanto en el mbito parlamentario como por distintas asociaciones cvicas. Se trata de peticiones legtimas y justas, que nuestra democracia, apelando de nuevo a su espritu fundacional de concordia, y en el marco de la Constitucin, no puede dejar de atender.

Por ello mismo, esta Ley atiende a lo manifestado por la Comisin Constitucional del Congreso de los Diputados que el 20 de noviembre de 2002 aprob por unanimidad una Proposicin no de Ley en la que el rgano de representacin de la ciudadana reiteraba que nadie puede sentirse legitimado, como ocurri en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones polticas y establecer regmenes totalitarios contrarios a la libertad y dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrtica. La presente Ley asume esta Declaracin as como la condena del franquismo contenida en el Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmado en Pars el 17 de marzo de 2006 en el que se denunciaron las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas en Espaa entre los aos 1939 y 1975.

Es la hora, as, de que la democracia espaola y las generaciones vivas que hoy disfrutan de ella honren y recuperen para siempre a todos los que directamente padecieron las injusticias y agravios producidos, por unos u otros motivos polticos o ideolgicos o de creencias religiosas, en aquellos dolorosos perodos de nuestra historia. Desde luego, a quienes perdieron la vida. Con ellos, a sus familias. Tambin a quienes perdieron su libertad, al padecer prisin, deportacin, confiscacin de sus bienes, trabajos forzosos o internamientos en campos de concentracin dentro o fuera de nuestras fronteras. Tambin, en fin, a quienes perdieron la patria al ser empujados a un largo, desgarrador y, en tantos casos, irreversible exilio. Y, por ltimo, a quienes en distintos momentos lucharon por la defensa de los valores democrticos, como los integrantes del Cuerpo de Carabineros, los brigadistas internacionales, los combatientes guerrilleros, cuya rehabilitacin fue unnimemente solicitada por el Pleno del Congreso de los Diputados de 16 de mayo de 2001, o los miembros de la Unin Militar Democrtica, que se autodisolvi con la celebracin de las primeras elecciones democrticas.

En este sentido, la Ley sienta las bases para que los poderes pblicos lleven a cabo polticas pblicas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrtica.

La presente Ley parte de la consideracin de que los diversos aspectos relacionados con la memoria personal y familiar, especialmente cuando se han visto afectados por conflictos de carcter pblico, forman parte del estatuto jurdico de la ciudadana democrtica, y como tales son abordados en el texto. Se reconoce, en este sentido, un derecho individual a la memoria personal y familiar de cada ciudadano, que encuentra su primera manifestacin en la Ley en el reconocimiento general que en la misma se proclama en su artculo 2.

En efecto, en dicho precepto se hace una proclamacin general del carcter injusto de todas las condenas, sanciones y expresiones de violencia personal producidas, por motivos inequvocamente polticos o ideolgicos, durante la Guerra Civil, as como las que, por las mismas razones, tuvieron lugar en la Dictadura posterior.

Esta declaracin general, contenida en el artculo 2, se complementa con la previsin de un procedimiento especfico para obtener una Declaracin personal, de contenido rehabilitador y reparador, que se abre como un derecho a todos los perjudicados, y que podrn ejercer ellos mismos o sus familiares.

En el artculo 3 de la Ley se declara la ilegitimidad de los tribunales, jurados u rganos de cualquier naturaleza administrativa creados con vulneracin de las ms elementales garantas del derecho a un proceso justo, as como la ilegitimidad de las sanciones y condenas de carcter personal impuestas por motivos polticos, ideolgicos o de creencias religiosas. Se subraya, as, de forma inequvoca, la carencia actual de vigencia jurdica de aquellas disposiciones y resoluciones contrarias a los derechos humanos y se contribuye a la rehabilitacin moral de quienes sufrieron tan injustas sanciones y condenas.

En este sentido, la Ley incluye una disposicin derogatoria que, de forma expresa, priva de vigencia jurdica a aquellas normas dictadas bajo la Dictadura manifiestamente represoras y contrarias a los derechos fundamentales con el doble objetivo de proclamar su formal expulsin del ordenamiento jurdico e impedir su invocacin por cualquier autoridad administrativa y judicial.

En los artculos 5 a 9 se establece el reconocimiento de diversas mejoras de derechos econmicos ya recogidos en nuestro Ordenamiento. En esta misma direccin, se prev el derecho a una indemnizacin en favor de todas aquellas personas que perdieron la vida en defensa de la democracia, de la democracia que hoy todos disfrutamos, y que no haban recibido hasta ahora la compensacin debida (art. 10).

Se recogen diversos preceptos (arts. 11 a 14) que, atendiendo tambin en este mbito una muy legtima demanda de no pocos ciudadanos, que ignoran el paradero de sus familiares, algunos an en fosas comunes, prevn medidas e instrumentos para que las Administraciones pblicas faciliten, a los interesados que lo soliciten, las tareas de localizacin, y, en su caso, identificacin de los desaparecidos, como una ltima prueba de respeto hacia ellos.

Se establecen, asimismo, una serie de medidas (arts. 15 y 16) en relacin con los smbolos y monumentos conmemorativos de la Guerra Civil o de la Dictadura, sustentadas en el principio de evitar toda exaltacin de la sublevacin militar, de la Guerra Civil y de la represin de la Dictadura, en el convencimiento de que los ciudadanos tienen derecho a que as sea, a que los smbolos pblicos sean ocasin de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio.

El legislador considera de justicia hacer un doble reconocimiento singularizado. En primer lugar, a los voluntarios integrantes de las Brigadas internacionales, a los que se les permitir acceder a la nacionalidad espaola sin necesidad de que renuncien a la que ostenten hasta este momento (art. 18); y, tambin, a las asociaciones ciudadanas que se hayan significado en la defensa de la dignidad de las vctimas de la violencia poltica a que se refiere esta Ley (art. 19).

Con el fin de facilitar la recopilacin y el derecho de acceso a la informacin histrica sobre la Guerra Civil, la Ley refuerza el papel del actual Archivo General de la Guerra Civil Espaola, con sede en Salamanca, integrndolo en el Centro Documental de la Memoria Histrica tambin con sede en la ciudad de Salamanca, y estableciendo que se le d traslado de toda la documentacin existente en otros centros estatales (arts. 20 a 22).

La presente ley ampla la posibilidad de adquisicin de la nacionalidad espaola a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente espaoles. Con ello se satisface una legtima pretensin de la emigracin espaola, que incluye singularmente a los descendientes de quienes perdieron la nacionalidad espaola por el exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura.

En definitiva, la presente Ley quiere contribuir a cerrar heridas todava abiertas en los espaoles y a dar satisfaccin a los ciudadanos que sufrieron, directamente o en la persona de sus familiares, las consecuencias de la tragedia de la Guerra Civil o de la represin de la Dictadura. Quiere contribuir a ello desde el pleno convencimiento de que, profundizando de este modo en el espritu del reencuentro y de la concordia de la Transicin, no son slo esos ciudadanos los que resultan reconocidos y honrados sino tambin la Democracia espaola en su conjunto. No es tarea del legislador implantar una determinada memoria colectiva. Pero s es deber del legislador, y cometido de la ley, reparar a las vctimas, consagrar y proteger, con el mximo vigor normativo, el derecho a la memoria personal y familiar como expresin de plena ciudadana democrtica, fomentar los valores constitucionales y promover el conocimiento y la reflexin sobre nuestro pasado, para evitar que se repitan situaciones de intolerancia y violacin de derechos humanos como las entonces vividas.

Este es el compromiso al que el texto legal y sus consecuencias jurdicas responden.


[Bloque 2: #a1]

Artculo 1. Objeto de la Ley.

1. La presente Ley tiene por objeto reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecucin o violencia, por razones polticas, ideolgicas, o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la Dictadura, promover su reparacin moral y la recuperacin de su memoria personal y familiar, y adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de divisin entre los ciudadanos, todo ello con el fin de fomentar la cohesin y solidaridad entre las diversas generaciones de espaoles en torno a los principios, valores y libertades constitucionales.

2. Mediante la presente Ley, como poltica pblica, se pretende el fomento de los valores y principios democrticos, facilitando el conocimiento de los hechos y circunstancias acaecidos durante la Guerra civil y la Dictadura, y asegurando la preservacin de los documentos relacionados con ese perodo histrico y depositados en archivos pblicos.


[Bloque 3: #a2]

Artculo 2. Reconocimiento general.

1. Como expresin del derecho de todos los ciudadanos a la reparacin moral y a la recuperacin de su memoria personal y familiar, se reconoce y declara el carcter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producidas por razones polticas, ideolgicas o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil, as como las sufridas por las mismas causas durante la Dictadura.

2. Las razones a que se refiere el apartado anterior incluyen la pertenencia, colaboracin o relacin con partidos polticos, sindicatos, organizaciones religiosas o militares, minoras tnicas, sociedades secretas, logias masnicas y grupos de resistencia, as como el ejercicio de conductas vinculadas con opciones culturales, lingsticas o de orientacin sexual.

3. Asimismo, se reconoce y declara la injusticia que supuso el exilio de muchos espaoles durante la Guerra Civil y la Dictadura.


[Bloque 4: #a3]

Artculo 3. Declaracin de ilegitimidad.

1. Se declara la ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros rganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos polticos, ideolgicos o de creencia religiosa, condenas o sanciones de carcter personal, as como la de sus resoluciones.

2. Por ser contrarios a Derecho y vulnerar las ms elementales exigencias del derecho a un juicio justo, se declara en todo caso la ilegitimidad del Tribunal de Represin de la Masonera y el Comunismo, el Tribunal de Orden Pblico, as como los Tribunales de Responsabilidades Polticas y Consejos de Guerra constituidos por motivos polticos, ideolgicos o de creencia religiosa de acuerdo con lo dispuesto en el artculo 2 de la presente Ley.

3. Igualmente, se declaran ilegtimas, por vicios de forma y fondo, las condenas y sanciones dictadas por motivos polticos, ideolgicos o de creencia por cualesquiera tribunales u rganos penales o administrativos durante la Dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un rgimen democrtico en Espaa o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitucin.


[Bloque 5: #a4]

Artculo 4. Declaracin de reparacin y reconocimiento personal.

1. Se reconoce el derecho a obtener una Declaracin de reparacin y reconocimiento personal a quienes durante la Guerra Civil y la Dictadura padecieron los efectos de las resoluciones a que se refieren los artculos anteriores.

Este derecho es plenamente compatible con los dems derechos y medidas reparadoras reconocidas en normas anteriores, as como con el ejercicio de las acciones a que hubiere lugar ante los tribunales de justicia.

2. Tendr derecho a solicitar la Declaracin las personas afectadas y, en caso de que las mismas hubieran fallecido, el cnyuge o persona ligada por anloga relacin de afectividad, sus ascendientes, sus descendientes y sus colaterales hasta el segundo grado.

3. Asimismo, podrn solicitar la Declaracin las instituciones pblicas, previo acuerdo de su rgano colegiado de gobierno, respecto de quienes, careciendo de cnyuge o de los familiares mencionados en el apartado anterior, hubiesen desempeado cargo o actividad relevante en las mismas.

4. Las personas o instituciones previstas en los apartados anteriores podrn interesar del Ministerio de Justicia la expedicin de la Declaracin. A tal fin, podrn aportar toda la documentacin que sobre los hechos o el procedimiento obre en su poder, as como todos aquellos antecedentes que se consideren oportunos.

5. La Declaracin a que se refiere esta Ley ser compatible con cualquier otra frmula de reparacin prevista en el ordenamiento jurdico y no constituir ttulo para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier Administracin Pblica, ni dar lugar a efecto, reparacin o indemnizacin de ndole econmica o profesional. El Ministerio de Justicia denegar la expedicin de la Declaracin cuando no se ajuste a lo dispuesto en esta Ley.


[Bloque 6: #a5]

Artculo 5. Mejora de las prestaciones reconocidas por la Ley 5/1979, de 18 de septiembre, de reconocimiento de pensiones, asistencia mdico-farmacutica y asistencia social a favor de las viudas, hijos y dems familiares de los espaoles fallecidos como consecuencia o con ocasin de la pasada Guerra Civil.

1. Con el fin de completar la accin protectora establecida por la Ley 5/1979, de 18 de septiembre, de reconocimiento de pensiones, asistencia mdico-farmacutica y asistencia social a favor de las viudas, hijos y dems familiares de los espaoles fallecidos como consecuencia o con ocasin de la pasada Guerra Civil, se modifican las letras a) y c) del nmero 2 de su artculo primero, que quedan redactadas como sigue:

a) Por heridas, enfermedad o lesin accidental originadas como consecuencia de la guerra.

c) Como consecuencia de actuaciones u opiniones polticas y sindicales, cuando pueda establecerse asimismo una relacin de causalidad personal y directa entre la Guerra Civil y el fallecimiento.

2. Las pensiones que se reconozcan al amparo de lo dispuesto en el apartado anterior tendrn efectos econmicos desde el primer da del mes siguiente a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, siendo de aplicacin, en su caso, las normas que regulan la caducidad de efectos en el Rgimen de Clases Pasivas del Estado.


[Bloque 7: #a6]

Artculo 6. Importe de determinadas pensiones de orfandad.

1. La cuanta de las pensiones de orfandad en favor de hurfanos no incapacitados mayores de veintin aos causadas por personal no funcionario al amparo de las Leyes 5/1979, de 18 de septiembre, y 35/1980, de 26 de junio, se establece en 132,86 euros mensuales.

2. A las pensiones de orfandad a que se refiere el presente artculo les ser de aplicacin el sistema de complementos econmicos vigentes y experimentarn las revalorizaciones que establezcan las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para cada ao.

3. Lo dispuesto en los dos apartados anteriores tendr efectividad econmica desde el primer da del mes siguiente a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, sin perjuicio de las normas que sobre caducidad de efectos rigen en el Rgimen de Clases Pasivas del Estado.


[Bloque 8: #a7]

Artculo 7. Modificacin del mbito de aplicacin de las indemnizaciones a favor de quienes sufrieron prisin como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnista.

1. Con el fin de incorporar supuestos en su da excluidos de la concesin de indemnizaciones por tiempos de estancia en prisin durante la Dictadura, se modifican los apartados uno y dos de la disposicin adicional decimoctava de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el ao 1990, que quedan redactados como sigue:

Uno. Quienes acrediten haber sufrido privacin de libertad en establecimientos penitenciarios o en Batallones Disciplinarios, en cualquiera de sus modalidades, durante tres o ms aos, como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, y tuvieran cumplida la edad de sesenta aos en 31 de diciembre de 1990, tendrn derecho a percibir por una sola vez una indemnizacin de acuerdo con la siguiente escala:

Tres o ms aos de prisin: 6.010,12 €.

Por cada tres aos completos adicionales: 1.202,02 €.

Dos. Si el causante del derecho a esta indemnizacin hubiese fallecido, y en 31 de diciembre de 1990 hubiera podido tener cumplidos sesenta aos de edad tendr derecho a la misma el cnyuge suprstite, que sea pensionista de viudedad por tal causa o que, aun no teniendo esta condicin, acredite ser cnyuge viudo del causante.

2. Se aaden un apartado dos bis y un apartado siete a la Disposicin adicional decimoctava de la Ley 4/1990, de 29 de junio de Presupuestos del Estado con la siguiente redaccin:

Dos bis. Una indemnizacin de 9.616,18 € se reconocer al cnyuge suprstite de quien, habiendo sufrido privacin de libertad por tiempo inferior a tres aos como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, hubiese sido condenado por ellos a pena de muerte efectivamente ejecutada y no haya visto reconocida en su favor, por esta circunstancia, pensin o indemnizacin con cargo a alguno de los sistemas pblicos de proteccin social.

Siete. Quienes se consideren con derecho a los beneficios establecidos en los apartados uno y dos anteriores, ya sean los propios causantes o sus cnyuges suprstites o pensionistas de viudedad por tal causa, debern solicitarlos expresamente ante la citada Direccin General de Costes de Personal y Pensiones Pblicas.


[Bloque 9: #a8]

Artculo 8. Tributacin en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas de las indemnizaciones a favor de quienes sufrieron privacin de libertad como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnista.

Con efectos desde el 1 de enero de 2005, se aade una nueva letra u) al artculo 7 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, que quedar redactada de la siguiente manera:

u) Las indemnizaciones previstas en la legislacin del Estado y de las Comunidades Autnomas para compensar la privacin de libertad en establecimientos penitenciarios como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnista.


[Bloque 10: #a9]

Artculo 9. Ayudas para compensar la carga tributaria de las indemnizaciones percibidas desde el 1 de enero de 1999 por privacin de libertad como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnista.

1. Las personas que hubieran percibido desde el 1 de enero de 1999 hasta la fecha de entrada en vigor de la presente Ley las indemnizaciones previstas en la legislacin del Estado y de las Comunidades Autnomas para compensar la privacin de libertad en establecimientos penitenciarios como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnista, podrn solicitar, en la forma y plazos que se determinen, el abono de una ayuda cuantificada en el 15 por ciento de las cantidades que, por tal concepto, hubieran consignado en la declaracin del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas de cada uno de dichos perodos impositivos.

2. Si las personas a que se refiere el apartado 1 anterior hubieran fallecido, el derecho a la ayuda corresponder a sus herederos, quienes podrn solicitarla.

3. Las ayudas percibidas en virtud de lo dispuesto en el presente artculo estarn exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas.

4. Por Orden del Ministro de Economa y Hacienda se determinar el procedimiento, las condiciones para su obtencin y el rgano competente para el reconocimiento y abono de esta ayuda.


[Bloque 11: #a10]

Artculo 10. Reconocimiento a favor de personas fallecidas en defensa de la democracia durante el perodo comprendido entre el 1 de enero de1968 y 31 de diciembre de 1977.

1. En atencin a las circunstancias excepcionales que concurrieron en su muerte, se reconoce el derecho a una indemnizacin, por una cuanta de135.000 euros, a los beneficiarios de quienes fallecieron durante el perodo comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1977, en defensa y reivindicacin de las libertades y derechos democrticos.

2. Sern beneficiarios de la indemnizacin a que se refiere el apartado primero de este artculo los hijos y el cnyuge de la persona fallecida, si no estuviere separado legalmente ni en proceso de separacin o nulidad matrimonial, o la persona que hubiere venido conviviendo con ella de forma permanente con anloga relacin de afectividad a la del cnyuge durante, al menos, los dos aos inmediatamente anteriores al momento del fallecimiento, salvo que hubieren tenido descendencia en comn, en cuyo caso bastar la mera convivencia.

Subsidiariamente, si no existieran los anteriores, sern beneficiarios, por orden sucesivo y excluyente, los padres, los nietos, los hermanos de la persona fallecida y los hijos de la persona conviviente.

Cuando se produzca la concurrencia de diversas personas que pertenezcan a un grupo de los que tienen derecho a la indemnizacin, la cuanta total mxima se repartir por partes iguales entre todos los que tengan derecho por la misma condicin, excepto cuando concurran el cnyuge o persona con anloga relacin afectiva y los hijos del fallecido, en cuyo caso la ayuda se distribuir al 50 por ciento entre el cnyuge o la persona con anloga relacin de afectividad y el conjunto de los hijos.

3. Proceder el abono de la indemnizacin siempre que por los mismos hechos no se haya recibido indemnizacin o compensacin econmica alguna o, habindose recibido, sea de cuanta inferior a la determinada en este artculo.

4. El Gobierno, mediante Real Decreto, determinar las condiciones y el procedimiento para la concesin de la indemnizacin prevista en este artculo.

5. Los beneficiarios de la indemnizacin establecida en este artculo dispondrn del plazo de un ao, a contar desde la entrada en vigor del Real Decreto a que se refiere el apartado anterior, para presentar su solicitud ante la Comisin en l mencionada.

Se modifica el apartado 2, prrafo segundo por la disposicin adicional 60.1 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2009-20765

Tngase en cuenta a efectos de plazos lo establecido en el apartado 3 de la misma.

Se modifica el ttulo y el apartado 1, con efectos desde el 1 de enero de 2009 por la disposicin final decimoquinta de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2008-20744





[Bloque 12: #a11]

Artculo 11. Colaboracin de las Administraciones pblicas con los particulares para la localizacin e identificacin de vctimas.

1. Las Administraciones pblicas, en el marco de sus competencias, facilitarn a los descendientes directos de las vctimas que as lo soliciten las actividades de indagacin, localizacin e identificacin de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represin poltica posterior y cuyo paradero se ignore. Lo previsto en el prrafo anterior podr aplicarse respecto de las entidades que, constituidas antes de 1 de junio de 2004, incluyan el desarrollo de tales actividades entre sus fines.

2. La Administracin General del Estado elaborar planes de trabajo y establecer subvenciones para sufragar gastos derivados de las actividades contempladas en este artculo.


[Bloque 13: #a12]

Artculo 12. Medidas para la identificacin y localizacin de vctimas.

1. El Gobierno, en colaboracin con todas las Administraciones pblicas, elaborar un protocolo de actuacin cientfica y multidisciplinar que asegure la colaboracin institucional y una adecuada intervencin en las exhumaciones. Asimismo, celebrar los oportunos convenios de colaboracin para subvencionar a las entidades sociales que participen en los trabajos.

2. Las Administraciones pblicas elaborarn y pondrn a disposicin de todos los interesados, dentro de su respectivo mbito territorial, mapas en los que consten los terrenos en que se localicen los restos de las personas a que se refiere el artculo anterior, incluyendo toda la informacin complementaria disponible sobre los mismos.

El Gobierno determinar el procedimiento y confeccionar un mapa integrado que comprenda todo el territorio espaol, que ser accesible para todos los ciudadanos interesados y al que se incorporarn los datos que debern ser remitidos por las distintas Administraciones pblicas competentes.

Las reas incluidas en los mapas sern objeto de especial preservacin por sus titulares, en los trminos que reglamentariamente se establezcan. Asimismo, los poderes pblicos competentes adoptarn medidas orientadas a su adecuada preservacin.


[Bloque 14: #a13]

Artculo 13. Autorizaciones administrativas para actividades de localizacin e identificacin.

1. Las Administraciones pblicas competentes autorizarn las tareas de prospeccin encaminadas a la localizacin de restos de las vctimas referidas en el apartado 1 del artculo 11, de acuerdo con la normativa sobre patrimonio histrico y el protocolo de actuacin que se apruebe por el Gobierno. Los hallazgos se pondrn inmediatamente en conocimiento de las autoridades administrativas y judiciales competentes.

2. Las Administraciones pblicas, en el ejercicio de sus competencias, establecern el procedimiento y las condiciones en que los descendientes directos de las vctimas referidas en el apartado 1 del artculo 11, o las entidades que acten en su nombre, puedan recuperar los restos enterrados en las fosas correspondientes, para su identificacin y eventual traslado a otro lugar.

3. En cualquier caso, la exhumacin se someter a autorizacin administrativa por parte de la autoridad competente, en la que deber ponderarse la existencia de oposicin por cualquiera de los descendientes directos de las personas cuyos restos deban ser trasladados. A tales efectos, y con carcter previo a la correspondiente resolucin, la administracin competente deber dar adecuada publicidad a las solicitudes presentadas, comunicando en todo caso su existencia a la Administracin General del Estado para su inclusin en el mapa referido en el apartado primero del artculo anterior.

4. Los restos que hayan sido objeto de traslado y no fuesen reclamados sern inhumados en el cementerio correspondiente al trmino municipal en que se encontraran.


[Bloque 15: #a14]

Artculo 14. Acceso a los terrenos afectados por trabajos de localizacin e identificacin.

1. La realizacin de las actividades de localizacin y eventual identificacin o traslado de los restos de las personas referidas en el apartado 1 del artculo 13 se constituye en fin de utilidad pblica e inters social, a los efectos de permitir, en su caso y de acuerdo con los artculos 108 a 119 de la Ley de Expropiacin Forzosa, la ocupacin temporal de los terrenos donde deban realizarse.

2. Para las actividades determinadas en el apartado anterior, las autoridades competentes autorizarn, salvo causa justificada de inters pblico, la ocupacin temporal de los terrenos de titularidad pblica.

3. En el caso de terrenos de titularidad privada, los descendientes, o las organizaciones legitimadas de acuerdo con el apartado anterior, debern solicitar el consentimiento de los titulares de derechos afectados sobre los terrenos en que se hallen los restos. Si no se obtuviere dicho consentimiento, las Administraciones pblicas podrn autorizar la ocupacin temporal, siempre tras audiencia de los titulares de derechos afectados, con consideracin de sus alegaciones, y fijando la correspondiente indemnizacin a cargo de los ocupantes.


[Bloque 16: #a15]

Artculo 15. Smbolos y monumentos pblicos.

1. Las Administraciones pblicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarn las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltacin, personal o colectiva, de la sublevacin militar, de la Guerra Civil y de la represin de la Dictadura. Entre estas medidas podr incluirse la retirada de subvenciones o ayudas pblicas.

2. Lo previsto en el apartado anterior no ser de aplicacin cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltacin de los enfrentados, o cuando concurran razones artsticas, arquitectnicas o artstico-religiosas protegidas por la ley.

3. El Gobierno colaborar con las Comunidades Autnomas y las Entidades Locales en la elaboracin de un catlogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura a los efectos previstos en el apartado anterior.

4. Las Administraciones pblicas podrn retirar subvenciones o ayudas a los propietarios privados que no acten del modo previsto en el apartado 1 de este artculo.


[Bloque 17: #a16]

Artculo 16. Valle de los Cados.

1. El Valle de los Cados se regir estrictamente por las normas aplicables con carcter general a los lugares de culto y a los cementerios pblicos.

2. En ningn lugar del recinto podrn llevarse a cabo actos de naturaleza poltica ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo.

3. En el Valle de los Cados slo podrn yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil espaola, como lugar de conmemoracin, recuerdo y homenaje a las vctimas de la contienda.

Se aade el apartado 3 por el art. nico.1 del Real Decreto-ley 10/2018, de 24 de agosto. Ref. BOE-A-2018-11836




[Bloque 18: #a17]

Artculo 17. Edificaciones y obras realizadas mediante trabajos forzosos.

El Gobierno, en colaboracin con las dems Administraciones pblicas confeccionar un censo de edificaciones y obras realizadas por miembros de los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, as como por prisioneros en campos de concentracin, Batallones de Trabajadores y prisioneros en Colonias Penitenciarias Militarizadas.


[Bloque 19: #a18]

Artculo 18. Concesin de la nacionalidad espaola a los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales.

1. Con el fin de hacer efectivo el derecho que reconoci el Real Decreto 39/1996, de 19 de enero, a los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales que participaron en la Guerra Civil de 1936 a 1939, no les ser de aplicacin la exigencia de renuncia a su anterior nacionalidad requerida en el artculo 23, letra b, del Cdigo Civil, en lo que se refiere a la adquisicin por carta de naturaleza de la nacionalidad espaola.

2. Mediante Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros, se determinarn los requisitos y el procedimiento a seguir para la adquisicin de la nacionalidad espaola por parte de las personas mencionadas en el apartado anterior.


[Bloque 20: #a19]

Artculo 19. Reconocimiento a las asociaciones de vctimas.

Se reconoce la labor de las asociaciones, fundaciones y organizaciones que hayan destacado en la defensa de la dignidad de todas las vctimas de la violencia poltica a la que se refiere esta Ley. El Gobierno podr conceder, mediante Real Decreto, las distinciones que considere oportunas a las referidas entidades.


[Bloque 21: #a20]

Artculo 20. Creacin del Centro Documental de la Memoria Histrica y Archivo General de la Guerra Civil.

1. De conformidad con lo previsto en la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, se constituye el Centro Documental de la Memoria Histrica, con sede en la ciudad de Salamanca.

2. Son funciones del Centro Documental de la Memoria Histrica:

a) Mantener y desarrollar el Archivo General de la Guerra Civil Espaola creado por Real Decreto 426/1999, de 12 de marzo. A tal fin, y mediante el procedimiento que reglamentariamente se determine, se integrarn en este Archivo todos los documentos originales o copias fidedignas de los mismos referidos a la Guerra Civil de 1936-1939 y la represin poltica subsiguiente sitos en museos, bibliotecas o archivos de titularidad estatal, en los cuales, quedar una copia digitalizada de los mencionados documentos. Asimismo, la Administracin General del Estado proceder a la recopilacin de los testimonios orales relevantes vinculados al indicado perodo histrico para su remisin e integracin en el Archivo General.

b) Recuperar, reunir, organizar y poner a disposicin de los interesados los fondos documentales y las fuentes secundarias que puedan resultar de inters para el estudio de la Guerra Civil, la Dictadura franquista, la resistencia guerrillera contra ella, el exilio, el internamiento de espaoles en campos de concentracin durante la Segunda Guerra Mundial y la transicin.

c) Fomentar la investigacin histrica sobre la Guerra Civil, el franquismo, el exilio y la Transicin, y contribuir a la difusin de sus resultados.

d) Impulsar la difusin de los fondos del Centro, y facilitar la participacin activa de los usuarios y de sus organizaciones representativas.

e) Otorgar ayudas a los investigadores, mediante premios y becas, para que continen desarrollando su labor acadmica y de investigacin sobre la Guerra Civil y la Dictadura.

f) Reunir y poner a disposicin de los interesados informacin y documentacin sobre procesos similares habidos en otros pases.

3. La estructura y funcionamiento del Centro Documental de la Memoria Histrica se establecer mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros.


[Bloque 22: #a21]

Artculo 21. Adquisicin y proteccin de documentos sobre la Guerra Civil y la Dictadura.

1. La Administracin General del Estado aprobar, con carcter anual y con la dotacin que en cada caso se establezca en los Presupuestos Generales del Estado, un programa de convenios para la adquisicin de documentos referidos a la Guerra Civil o a la represin poltica subsiguiente que obren en archivos pblicos o privados, nacionales o extranjeros, ya sean en versin original o a travs de cualquier instrumento que permita archivar, conocer o reproducir palabras, datos o cifras con fidelidad al original. Los mencionados fondos documentales se incorporarn al Archivo General de la Guerra Civil Espaola.

2. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histrico Espaol, los documentos obrantes en archivos privados y pblicos relativos a la Guerra Civil y la Dictadura se declaran constitutivos del Patrimonio Documental y Bibliogrfico, sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 22.


[Bloque 23: #a22]

Artculo 22. Derecho de acceso a los fondos de los archivos pblicos y privados.

1. A los efectos de lo previsto en esta Ley, se garantiza el derecho de acceso a los fondos documentales depositados en los archivos pblicos y la obtencin de las copias que se soliciten.

2. Lo previsto en el apartado anterior ser de aplicacin, en sus propios trminos, a los archivos privados sostenidos, total o parcialmente, con fondos pblicos.

3. Los poderes pblicos adoptarn las medidas necesarias para la proteccin, la integridad y catalogacin de estos documentos, en particular en los casos de mayor deterioro o riesgo de degradacin


[Bloque 24: #daprimera]

Disposicin adicional primera. Adecuacin del Archivo General de la Guerra Civil Espaola.

Se autoriza al Gobierno a que lleve a cabo las acciones necesarias en orden a organizar y reestructurar el Archivo General de la Guerra Civil Espaola.


[Bloque 25: #dasegunda]

Disposicin adicional segunda.

Las previsiones contenidas en la presente Ley son compatibles con el ejercicio de las acciones y el acceso a los procedimientos judiciales ordinarios y extraordinarios establecidos en las leyes o en los tratados y convenios internacionales suscritos por Espaa.


[Bloque 26: #datercera]

Disposicin adicional tercera. Marco institucional.

En el plazo de un ao a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno establecer el marco institucional que impulse las polticas pblicas relativas a la conservacin y fomento de la memoria democrtica.


[Bloque 27: #dacuaa]

Disposicin adicional cuarta. Habilitacin al Gobierno para el reconocimiento de indemnizaciones extraordinarias.

1. Se autoriza al Gobierno a que, en el plazo de 6 meses, mediante Real Decreto, determine el alcance, condiciones y procedimiento para la concesin de indemnizaciones extraordinarias en favor de quienes hubiesen sufrido lesiones incapacitantes por hechos y en las circunstancias y con las condiciones a que se refiere el apartado uno del artculo 10 de la presente Ley.

2. Proceder el reconocimiento de las indemnizaciones previstas en esta disposicin siempre que por los mismos hechos no se haya recibido indemnizacin o compensacin econmica con cargo a alguno de los sistemas pblicos de proteccin social.

3. Las indemnizaciones establecidas en esta disposicin se abonarn directamente a los propios incapacitados y sern intransferibles.


[Bloque 28: #daquinta]

Disposicin adicional quinta.

A los efectos de la aplicacin de la Ley 37/1984, de 22 de octubre, el personal de la Marina Mercante que fue incorporado al Ejrcito Republicano desde el 18 de julio de 1936 se considerar incluido en el Decreto de 13 de marzo de 1937 que estableca la incorporacin a la reserva naval, el Decreto de 12 de junio de 1937 que aplicaba el anterior fijando el ingreso y escalafonamiento en la citada reserva y la orden circular de 10 de octubre de 1937 que aprueba el reglamento del citado escalafonamiento en desarrollo de los anteriores. Proceder el abono de la pensin correspondiente siempre que, por el mismo supuesto, no se haya recibido compensacin econmica alguna, o, habindose recibido, sea de cuanta inferior a lo determinado en las mencionadas disposiciones.


[Bloque 29: #dasexta]

Disposicin adicional sexta.

La fundacin gestora del Valle de los Cados incluir entre sus objetivos honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil de 1936-1939 y de la represin poltica que la sigui con objeto de profundizar en el conocimiento de este perodo histrico y de los valores constitucionales. Asimismo, fomentar las aspiraciones de reconciliacin y convivencia que hay en nuestra sociedad. Todo ello con plena sujecin a lo dispuesto en el artculo 16.


[Bloque 30: #da]

Disposicin adicional sexta bis. Procedimiento para el cumplimiento de lo dispuesto en el artculo 16.3 de esta Ley.

1. Corresponde al Gobierno garantizar el cumplimiento de lo establecido en el artculo 16.3 de esta Ley, asegurando en todo caso unas condiciones adecuadas de dignidad y respeto. A tal efecto, se declara de urgente y excepcional inters pblico, as como de utilidad pblica e inters social, la inmediata exhumacin y el traslado de los restos mortales distintos de los mencionados en dicho artculo.

2. La decisin de exhumacin y traslado ser adoptada por Acuerdo de Consejo de Ministros, tras la tramitacin del procedimiento regulado en los apartados siguientes.

3. El procedimiento se iniciar de oficio por el Consejo de Ministros mediante acuerdo de incoacin, que designar rgano instructor. Dicho acuerdo dar un plazo de quince das a los interesados a fin de que se personen en el procedimiento y aleguen lo que a sus derechos o intereses legtimos pudiese convenir. Los familiares podrn disponer en dicho plazo sobre el destino de los restos mortales indicando, en su caso, el lugar de reinhumacin, debiendo aportar en ese plazo los documentos y autorizaciones necesarias. En caso de discrepancia entre los familiares, o si estos no manifestasen su voluntad en tiempo y forma, el Consejo de Ministros decidir sobre el lugar de reinhumacin, asegurando una digna sepultura. A estos efectos, queda legitimado para solicitar la asignacin del correspondiente ttulo de derecho funerario y para realizar el resto de actuaciones que procedan.

4. Transcurrido el plazo contemplado en el apartado anterior, el Consejo de Ministros ordenar la continuacin del procedimiento. A tal efecto, ordenar al titular del Ministerio competente en materia de justicia que remita al Ayuntamiento, en su caso, el proyecto necesario para llevar a cabo la exhumacin, para su tramitacin con arreglo a lo previsto en la disposicin adicional dcima del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitacin Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. Asimismo, le ordenar que solicite informe no vinculante al rgano de la Comunidad Autnoma competente en materia de sanidad mortuoria, que deber ser emitido en el plazo mximo de un mes.

5. Concluidas las actuaciones previstas en los apartados anteriores, se dar traslado a los interesados antes de la resolucin para que, en el plazo improrrogable de diez das, aleguen lo que estimen oportuno sobre las mismas.

6. Transcurrido dicho plazo, el Consejo de Ministros, mediante Acuerdo motivado, resolver sobre si procede la exhumacin y el traslado, con indicacin, en su caso, del destino que haya de darse a los restos mortales afectados.

7. El plazo de caducidad del procedimiento contemplado en esta disposicin adicional ser de doce meses a contar desde el acuerdo de incoacin.

Se aade por el art. nico.2 del Real Decreto-ley 10/2018, de 24 de agosto. Ref. BOE-A-2018-11836

Texto aadido, publicado el 25/08/2018, en vigor a partir del 26/08/2018.


[Bloque 31: #daseptima]

Disposicin adicional sptima. Adquisicin de la nacionalidad espaola.

1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente espaol podrn optar a la nacionalidad espaola de origen si formalizan su declaracin en el plazo de dos aos desde la entrada en vigor de la presente Disposicin adicional. Dicho plazo podr ser prorrogado por acuerdo de Consejo de Ministros hasta el lmite de un ao.

2. Este derecho tambin se reconocer a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad espaola como consecuencia del exilio.

Se ampla el plazo del apartado 1 por el anexo de la Resolucin de 17 de marzo de 2010. Ref. BOE-A-2010-4853




[Bloque 32: #daoctava]

Disposicin adicional octava. Acceso a la consulta de los libros de actas de defunciones de los Registros Civiles.

El Gobierno, a travs del Ministerio de Justicia, en cuanto sea preciso para dar cumplimiento a las previsiones de esta Ley, dictar las disposiciones necesarias para facilitar el acceso a la consulta de los libros de las actas de defunciones de los Registros Civiles dependientes de la Direccin General de los Registros y del Notariado.


[Bloque 33: #dd]

Disposicin derogatoria.

En congruencia con lo establecido en el punto 3 de la Disposicin Derogatoria de la Constitucin, se declaran expresamente derogados el Bando de Guerra de 28 de julio de 1936, de la Junta de Defensa Nacional aprobado por Decreto nmero 79, el Bando de 31 de agosto de 1936 y, especialmente, el Decreto del general Franco, nmero 55, de 1 de noviembre de 1936: las Leyes de Seguridad del Estado, de 12 de julio de 1940 y 29 de marzo de 1941, de reforma del Cdigo penal de los delitos contra la seguridad del Estado; la Ley de 2 de marzo de 1943 de modificacin del delito de Rebelin Militar; el Decreto-Ley de 18 de abril de 1947, sobre Rebelin militar y bandidaje y terrorismo y las Leyes 42/1971 y 44/1971 de reforma del Cdigo de Justicia Militar; las Leyes de 9 de febrero de 1939 y la de 19 de febrero de 1942 sobre responsabilidades polticas y la Ley de 1 de marzo de 1940 sobre represin de la masonera y el comunismo, la Ley de 30 de julio de 1959, de Orden Pblico y la Ley 15/1963, creadora del Tribunal de Orden Pblico.


[Bloque 34: #dfprimera]

Disposicin final primera. Habilitacin para el desarrollo.

Se habilita al Gobierno y a sus miembros, en el mbito de sus respectivas competencias, para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicacin de lo establecido en esta Ley.


[Bloque 35: #dfsegunda]

Disposicin final segunda. Entrada en vigor.

La presente Ley entrar en vigor al da siguiente de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado, con excepcin de la Disposicin Adicional Sptima que lo har al ao de su publicacin.


[Bloque 36: #firma]

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOS LUIS RODRGUEZ ZAPATERO

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.

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