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Legislación consolidada

Ley Orgnica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

Publicado en: BOE núm. 239, de 05/10/1979.
Entrada en vigor: 25/10/1979
Departamento: Jefatura del Estado
Referencia: BOE-A-1979-23709
Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es/lo/1979/10/03/2

TEXTO CONSOLIDADO: Última actualización publicada el 17/10/2015


[Bloque 1: #preambulo]

DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAA,

A todos los que la presente vieren y entendieren,

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado con el carcter de Orgnica y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley:


[Bloque 2: #ti]

TTULO I

Del Tribunal Constitucional


[Bloque 3: #ci]

CAPTULO I

Del Tribunal Constitucional, su organizacin y atribuciones


[Bloque 4: #aprimero]

Artculo primero

Uno. El Tribunal Constitucional, como intrprete supremo de la Constitucin, es independiente de los dems rganos constitucionales y est sometido slo a la Constitucin y a la presente Ley Orgnica.

Dos. Es nico en su orden y extiende su jurisdiccin a todo el territorio nacional.


[Bloque 5: #asegundo]

Artculo segundo

Uno. El Tribunal Constitucional conocer en los casos y en la forma que esta Ley determina:

a) Del recurso y de la cuestin de inconstitucionalidad contra Leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley.

b) Del recurso de amparo por violacin de los derechos y libertades pblicos relacionados en el artculo cincuenta y tres, dos, de la Constitucin.

c) De los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las Comunidades Autnomas o de los de stas entre s.

d) De los conflictos entre los rganos constitucionales del Estado.

d) bis. De los conflictos en defensa de la autonoma local.

e) De la declaracin sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales.

e) bis. Del control previo de inconstitucionalidad en el supuesto previsto en el artculo setenta y nueve de la presente Ley.

f) De las impugnaciones previstas en el nmero dos del artculo ciento sesenta y uno de la Constitucin.

g) De la verificacin de los nombramientos de los Magistrados del Tribunal Constitucional, para juzgar si los mismos renen los requisitos requeridos por la Constitucin y la presente Ley.

h) De las dems materias que le atribuyen la Constitucin y las Leyes orgnicas.

Dos. El Tribunal Constitucional podr dictar reglamentos sobre su propio funcionamiento y organizacin, as como sobre el rgimen de su personal y servicios, dentro del mbito de la presente Ley. Estos reglamentos, que debern ser aprobados por el Tribunal en Pleno, se publicarn en el Boletn Oficial del Estado, autorizados por su Presidente.

Se aade la letra e) bis al apartado 1 por el art. nico.1 de la Ley Orgnica 12/2015, de 22 de septiembre. Ref. BOE-A-2015-10196.

Se aade la letra d) bis al apartado 1 por el art. nico.1 de la Ley Orgnica 7/1999, de 21 de abril. Ref. BOE-A-1999-8927.

Se modifica la letra e) del apartado 1 por el art. nico.1 de la Ley Orgnica 4/1985, de 7 de junio.Ref. BOE-A-1985-10478.






[Bloque 6: #atercero]

Artculo tercero

La competencia del Tribunal Constitucional se extiende al conocimiento y decisin de las cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes al orden constitucional, directamente relacionadas con la materia de que conoce, a los solos efectos del enjuiciamiento constitucional de sta.


[Bloque 7: #acuarto]

Artculo cuarto

1. En ningn caso se podr promover cuestin de jurisdiccin o competencia al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional delimitar el mbito de su jurisdiccin y adoptar cuantas medidas sean necesarias para preservarla, incluyendo la declaracin de nulidad de aquellos actos o resoluciones que la menoscaben; asimismo podr apreciar de oficio o a instancia de parte su competencia o incompetencia.

2. Las resoluciones del Tribunal Constitucional no podrn ser enjuiciadas por ningn rgano jurisdiccional del Estado.

3. Cuando el Tribunal Constitucional anule un acto o resolucin que contravenga lo dispuesto en los dos apartados anteriores lo ha de hacer motivadamente y previa audiencia al Ministerio Fiscal y al rgano autor del acto o resolucin.

Se modifica por el art. nico.1 de la Ley Orgnica 6/2007, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2007-10483.




[Bloque 8: #aquinto]

Artculo quinto

El Tribunal Constitucional est integrado por doce miembros, con el ttulo de Magistrados del Tribunal Constitucional.


[Bloque 9: #asexto]

Artculo sexto

Uno. El Tribunal Constitucional acta en Pleno, en Sala o en Seccin.

Dos. El Pleno est integrado por todos los Magistrados del Tribunal. Lo preside el Presidente del Tribunal y, en su defecto, el Vicepresidente y, a falta de ambos, el Magistrado ms antiguo en el cargo y, en caso de igual antigedad, el de mayor edad.

Se modifica el apartado 1 por el art. nico.2 de la Ley Orgnica 6/2007, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2007-10483.




[Bloque 10: #aseptimo]

Artculo sptimo

Uno. El Tribunal Constitucional consta de dos Salas. Cada Sala est compuesta por seis Magistrados nombrados por el Tribunal en Pleno.

Dos. El Presidente del Tribunal lo es tambin de la Sala Primera, que presidir en su defecto, el Magistrado ms antiguo y, en caso de igual antigedad, el de mayor edad.

Tres. El Vicepresidente del Tribunal presidir en la Sala Segunda y, en su defecto, el Magistrado ms antiguo y, en caso de igual antigedad, el de mayor edad.


[Bloque 11: #aoctavo]

Artculo octavo

1. Para el despacho ordinario y la decisin o propuesta, segn proceda, sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de procesos constitucionales, el Pleno y las Salas constituirn Secciones compuestas por el respectivo Presidente o quien le sustituya y dos Magistrados.

2. Se dar cuenta al Pleno de las propuestas de admisin o inadmisin de asuntos de su competencia. En el caso de admisin, el Pleno podr deferir a la Sala que corresponda el conocimiento del asunto de que se trate, en los trminos previstos en esta ley.

3. Podr corresponder tambin a las Secciones el conocimiento y resolucin de aquellos asuntos de amparo que la Sala correspondiente les defiera en los trminos previstos en esta ley.

Se modifica por el art. nico.3 de la Ley Orgnica 6/2007, de 24 de mayo.Ref. BOE-A-2007-10483.

Tngase en cuenta la disposicin transitoria 1 en cuanto a la aplicacin del apartado 2.




[Bloque 12: #anoveno]

Artculo noveno

Uno. El Tribunal en Pleno elige de entre sus miembros por votacin secreta a su Presidente y propone al Rey su nombramiento.

Dos. En primera votacin se requerir la mayora absoluta. Si sta no se alcanzase se proceder a una segunda votacin, en la que resultar elegido quien obtuviese mayor nmero de votos. En caso de empate se efectuar una ltima votacin y si ste se repitiese, ser propuesto el de mayor antigedad en el cargo y en caso de igualdad el de mayor edad.

Tres. El nombre del elegido se elevar al Rey para su nombramiento por un perodo de tres aos, expirado el cual podr ser reelegido por una sola vez.

Cuatro. El Tribunal en Pleno elegir entre sus miembros, por el procedimiento sealado en el apartado 2 de este artculo y por el mismo perodo de tres aos, un Vicepresidente, al que incumbe sustituir al Presidente en caso de vacante, ausencia u otro motivo legal y presidir la Sala Segunda.


[Bloque 13: #adiez]

Artculo diez

1. El Tribunal en Pleno conoce de los siguientes asuntos:

a) De la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los tratados internacionales.

b) De los recursos de inconstitucionalidad contra las leyes y dems disposiciones con valor de ley, excepto los de mera aplicacin de doctrina, cuyo conocimiento podr atribuirse a las Salas en el trmite de admisin. Al atribuir a la Sala el conocimiento del recurso, el Pleno deber sealar la doctrina constitucional de aplicacin.

c) De las cuestiones de constitucionalidad que reserve para s; las dems debern deferirse a las Salas segn un turno objetivo.

d) De los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las Comunidades Autnomas o de los de stas entre s.

d) bis. De los recursos previos de inconstitucionalidad contra Proyectos de Estatutos de Autonoma y contra Propuestas de Reforma de los Estatutos de Autonoma.

e) De las impugnaciones previstas en el apartado 2 del artculo 161 de la Constitucin.

f) De los conflictos en defensa de la autonoma local.

g) De los conflictos entre los rganos constitucionales del Estado.

h) De las anulaciones en defensa de la jurisdiccin del Tribunal previstas en el artculo 4.3.

i) De la verificacin del cumplimiento de los requisitos exigidos para el nombramiento de Magistrado del Tribunal Constitucional.

j) Del nombramiento de los Magistrados que han de integrar cada una de las Salas.

k) De la recusacin de los Magistrados del Tribunal Constitucional.

l) Del cese de los Magistrados del Tribunal Constitucional en los casos previstos en el artculo 23.

m) De la aprobacin y modificacin de los reglamentos del Tribunal.

n) De cualquier otro asunto que sea competencia del Tribunal pero recabe para s el Pleno, a propuesta del Presidente o de tres Magistrados, as como de los dems asuntos que le puedan ser atribuidos expresamente por una ley orgnica.

2. En los casos previstos en los prrafos d), e) y f) del apartado anterior, en el trmite de admisin la decisin de fondo podr atribuirse a la Sala que corresponda segn un turno objetivo, lo que se comunicar a las partes.

3. El Tribunal en Pleno, en ejercicio de su autonoma como rgano constitucional, elabora su presupuesto, que se integra como una seccin independiente dentro de los Presupuestos Generales del Estado.

Se aade la letra d) bis al apartado 1 por el art. nico.2 de la Ley Orgnica 12/2015, de 22 de septiembre. Ref. BOE-A-2015-10196.

Se modifica por el art. nico.4 de la Ley Orgnica 6/2007, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2007-10483.

Tngase en cuenta la disposicin transitoria 1 en cuanto a la aplicacin de los apartados 1.b) y 2.

Se aade la letra c) bis al apartado 1 por el art. nico.2 de la Ley Orgnica 7/1999, de 21 de abril. Ref. BOE-A-1999-8927.






[Bloque 14: #aonce]

Artculo once

Uno. Las Salas del Tribunal Constitucional conocern de los asuntos que, atribuidos a la justicia constitucional, no sean de la competencia del Pleno.

Dos. Tambin conocern las Salas de aquellas cuestiones que, habiendo sido atribuidas al conocimiento de las Secciones, entiendan que por su importancia deba resolver la propia Sala.


[Bloque 15: #adoce]

Artculo doce

La distribucin de asuntos entre las Salas del Tribunal se efectuar segn un turno establecido por el Pleno a propuesta de su Presidente.


[Bloque 16: #atrece]

Artculo trece

Cuando una Sala considere necesario apartarse en cualquier punto de la doctrina constitucional precedente sentada por el Tribunal, la cuestin se someter a la decisin del Pleno.


[Bloque 17: #acatorce]

Artculo catorce

El Tribunal en Pleno puede adoptar acuerdos cuando estn presentes, al menos, dos tercios de los miembros que en cada momento lo compongan. Los acuerdos de las Salas requerirn asimismo la presencia de dos tercios de los miembros que en cada momento las compongan. En las Secciones se requerir la presencia de dos miembros, salvo que haya discrepancia, requirindose entonces la de sus tres miembros.


[Bloque 18: #aquince]

Artculo quince

El Presidente del Tribunal Constitucional ejerce la representacin del Tribunal, convoca y preside el Tribunal en Pleno y convoca las Salas; adopta las medidas precisas para el funcionamiento del Tribunal, de las Salas y de las Secciones; comunica a las Cmaras, al Gobierno o al Consejo General del Poder Judicial, en cada caso, las vacantes; nombra a los letrados, convoca los concursos para cubrir las plazas de funcionarios y los puestos de personal laboral, y ejerce las potestades administrativas sobre el personal del Tribunal.

Se modifica por el art. nico.5 de la Ley Orgnica 6/2007, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2007-10483.




[Bloque 19: #cii]

CAPTULO II

De los Magistrados del Tribunal Constitucional


[Bloque 20: #adieciseis]

Artculo diecisis

Uno. Los Magistrados del Tribunal Constitucional sern nombrados por el Rey, a propuesta de las Cmaras, del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial, en las condiciones que establece el artculo ciento cincuenta y nueve, uno, de la Constitucin.

Los Magistrados propuestos por el Senado sern elegidos entre los candidatos presentados por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autnomas en los trminos que determine el Reglamento de la Cmara.

Dos. Los candidatos propuestos por el Congreso y por el Senado debern comparecer previamente ante las correspondientes Comisiones en los trminos que dispongan los respectivos Reglamentos.

Tres. La designacin para el cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional se har por nueve aos, renovndose el Tribunal por terceras partes cada tres. A partir de ese momento se producir la eleccin del Presidente y Vicepresidente de acuerdo con lo previsto en el artculo 9. Si el mandato de tres aos para el que fueron designados como Presidente y Vicepresidente no coincidiera con la renovacin del Tribunal Constitucional, tal mandato quedar prorrogado para que finalice en el momento en que dicha renovacin se produzca y tomen posesin los nuevos Magistrados.

Cuatro. Ningn Magistrado podr ser propuesto al Rey para otro perodo inmediato, salvo que hubiera ocupado el cargo por un plazo no superior a tres aos.

Cinco. Las vacantes producidas por causas distintas a la de la expiracin del periodo para el que se hicieron los nombramientos sern cubiertas con arreglo al mismo procedimiento utilizado para la designacin del Magistrado que hubiese causado vacante y por el tiempo que a ste restase. Si hubiese retraso en la renovacin por tercios de los Magistrados, a los nuevos que fuesen designados se les restar del mandato el tiempo de retraso en la renovacin.

Se aade el apartado 5 por el art. 2 de la Ley Orgnica 8/2010, de 4 de noviembre. Ref. BOE-A-2010-16973.

Se aade el prrafo segundo del apartado 1 y los apartados 3 y 4, y se modifica el apartado 2 por el art. nico.6 y 7 de la Ley Orgnica 6/2007, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2007-10483.





[Bloque 21: #adiecisiete]

Artculo diecisiete

Uno. Antes de los cuatro meses previos a la fecha de expiracin de los nombramientos, el Presidente del Tribunal solicitar de los Presidentes de los rganos que han de hacer las propuestas para la designacin de los nuevos Magistrados, que inicien el procedimiento para ello.

Dos. Los Magistrados del Tribunal Constitucional continuarn en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado posesin quienes hubieren de sucederles.


[Bloque 22: #adieciocho]

Artculo dieciocho

Los miembros del Tribunal Constitucional debern ser nombrados entre ciudadanos espaoles que sean Magistrados, Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios pblicos o Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con ms de quince aos de ejercicio profesional o en activo en la respectiva funcin.


[Bloque 23: #adiecinueve]

Artculo diecinueve

Uno. El cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional es incompatible: Primero, con el de Defensor del Pueblo; segundo, con el de Diputado y Senador; tercero, con cualquier cargo poltico o administrativo del Estado, las Comunidades Autnomas, las provincias u otras Entidades locales; cuarto, con el ejercicio de cualquier jurisdiccin o actividad propia de la carrera judicial o fiscal; quinto, con empleos de todas clases en los Tribunales y Juzgados de cualquier orden jurisdiccional; sexto, con el desempeo de funciones directivas en los partidos polticos, sindicatos, asociaciones, fundaciones y colegios profesionales y con toda clase de empleo al servicio de los mismos; sptimo, con el desempeo de actividades profesionales o mercantiles. En lo dems, los miembros del Tribunal Constitucional tendrn las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial.

Dos. Cuando concurriere causa de incompatibilidad en quien fuere propuesto como Magistrado del Tribunal, deber, antes de tomar posesin, cesar en el cargo o en la actividad incompatible. Si no lo hiciere en el plazo de diez das siguientes a la propuesta, se entender que no acepta el cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional. La misma regla se aplicar en el caso de incompatibilidad sobrevenida.


[Bloque 24: #aveinte]

Artculo veinte

Los miembros de la carrera judicial y fiscal y, en general, los funcionarios pblicos nombrados Magistrados y letrados del Tribunal pasarn a la situacin de servicios especiales en su carrera de origen.

Se modifica por el art. nico.8 de la Ley Orgnica 6/2007, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2007-10483.




[Bloque 25: #aveintiuno]

Artculo veintiuno

El Presidente y los dems Magistrados del Tribunal Constitucional prestarn, al asumir su cargo ante el Rey, el siguiente juramento o promesa:

Juro (o prometo) guardar y hacer guardar fielmente y en todo tiempo la Constitucin espaola, lealtad a la Corona y cumplir mis deberes como Magistrado Constitucional.


[Bloque 26: #aveintidos]

Artculo veintids

Los Magistrados del Tribunal Constitucional ejercern su funcin de acuerdo con los principios de imparcialidad y dignidad inherentes a la misma; no podrn ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones; sern inamovibles y no podrn ser destituidos ni suspendidos sino por alguna de las causas que esta Ley establece.


[Bloque 27: #aveintitres]

Artculo veintitrs

Uno. Los Magistrados del Tribunal Constitucional cesan por alguna de las causas siguientes: Primero, por renuncia aceptada por el Presidente del Tribunal; segundo, por expiracin del plazo de su nombramiento; tercero, por incurrir en alguna causa de incapacidad de las previstas para los miembros del Poder Judicial; cuarto, por incompatibilidad sobrevenida; quinto, por dejar de atender con diligencia los deberes de su cargo; sexto, por violar la reserva propia de su funcin; sptimo, por haber sido declarado responsable civilmente por dolo o condenado por delito doloso o por culpa grave.

Dos. El cese o la vacante en el cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional, en los casos primero y segundo, as como en el de fallecimiento, se decretar por el Presidente. En los restantes supuestos decidir el Tribunal en Pleno, por mayora simple en los casos tercero y cuarto y por mayora de las tres cuartas partes de sus miembros en los dems casos.


[Bloque 28: #aveinticuatro]

Artculo veinticuatro

Los Magistrados del Tribunal Constitucional podrn ser suspendidos por el Tribunal, como medida previa, en caso de procesamiento o por el tiempo indispensable para resolver sobre la concurrencia de alguna de las causas de cese establecidas en el artculo anterior. La suspensin requiere el voto favorable de las tres cuartas partes de los miembros del Tribunal reunido en Pleno.


[Bloque 29: #aveinticinco]

Artculo veinticinco

Uno. Los Magistrados del Tribunal que hubieran desempeado el cargo durante un mnimo de tres aos tendrn derecho a una remuneracin de transicin por un ao, equivalente a la que percibieran en el momento del cese.

Dos. Cuando el Magistrado del Tribunal proceda de cualquier Cuerpo de funcionarios con derecho a jubilacin, se le computar, a los efectos de determinacin del haber pasivo, el tiempo de desempeo de las funciones constitucionales y se calcular aqul sobre el total de las remuneraciones que hayan correspondido al Magistrado del Tribunal Constitucional durante el ltimo ao.


[Bloque 30: #aveintiseis]

Artculo veintisis

La responsabilidad criminal de los Magistrados del Tribunal Constitucional slo ser exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.


[Bloque 31: #tii]

TTULO II

De los procedimientos de declaracin de inconstitucionalidad


[Bloque 32: #ci-2]

CAPTULO I

Disposiciones generales


[Bloque 33: #aveintisiete]

Artculo veintisiete

Uno. Mediante los procedimientos de declaracin de inconstitucionalidad regulados en este ttulo, el Tribunal Constitucional garantiza la primaca de la Constitucin y enjuicia la conformidad o disconformidad con ella de las Leyes, disposiciones o actos impugnados.

Dos. Son susceptibles de declaracin de inconstitucionalidad:

a) Los Estatutos de Autonoma y las dems Leyes orgnicas.

b) Las dems Leyes, disposiciones normativas y actos del Estado con fuerza de Ley. En el caso de los Decretos legislativos, la competencia del Tribunal se entiende sin perjuicio de lo previsto en el nmero seis del artculo ochenta y dos de la Constitucin.

c) Los Tratados Internacionales.

d) Los Reglamentos de las Cmaras y de las Cortes Generales.

e) Las Leyes, actos y disposiciones normativas con fuerza de Ley de las Comunidades Autnomas, con la misma salvedad formula en el apartado b) respecto a los casos de delegacin legislativa.

f) Los Reglamentos de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autnomas.


[Bloque 34: #aveintiocho]

Artculo veintiocho

Uno. Para apreciar la conformidad o disconformidad con la Constitucin de una Ley, disposicin o acto con fuerza de Ley del Estado o de las Comunidades Autnomas, el Tribunal considerar, adems de los preceptos constitucionales, las Leyes que, dentro del marco constitucional, se hubieran dictado para delimitar las competencias del Estado y las diferentes Comunidades Autnomas o para regular o armonizar el ejercicio de las competencias de stas.

Dos. Asimismo el Tribunal podr declarar inconstitucionales por infraccin del artculo ochenta y uno de la Constitucin los preceptos de un Decreto-ley, Decreto legislativo, Ley que no haya sido aprobada con el carcter de orgnica o norma legislativa de una Comunidad Autnoma en el caso de que dichas disposiciones hubieran regulado materias reservadas a Ley Orgnica o impliquen modificacin o derogacin de una Ley aprobada con tal carcter, cualquiera que sea su contenido.


[Bloque 35: #aveintinueve]

Artculo veintinueve

Uno. La declaracin de inconstitucionalidad podr promoverse mediante:

a) El recurso de inconstitucionalidad.

b) La cuestin de inconstitucionalidad promovida por Jueces o Tribunales.

Dos. La desestimacin, por razones de forma, de un recurso de inconstitucionalidad contra una Ley, disposicin o acto con fuerza de Ley no ser obstculo para que la misma Ley, disposicin o acto puedan ser objeto de una cuestin de inconstitucionalidad con ocasin de su aplicacin en otro proceso.


[Bloque 36: #atreinta]

Artculo treinta

La admisin de un recurso o de una cuestin de inconstitucionalidad no suspender la vigencia ni la aplicacin de la Ley, de la disposicin normativa o del acto con fuerza de Ley, excepto en el caso en que el Gobierno se ampare en lo dispuesto por el artculo ciento sesenta y uno, dos, de la Constitucin para impugnar, por medio de su Presidente, Leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley de las Comunidades Autnomas.


[Bloque 37: #cii-2]

CAPTULO II

Del recurso de inconstitucionalidad


[Bloque 38: #atreintayuno]

Artculo treinta y uno

El recurso de inconstitucionalidad contra las Leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley podr promoverse a partir de su publicacin oficial.


[Bloque 39: #atreintaydos]

Artculo treinta y dos

Uno. Estn legitimados para el ejercicio del recurso de inconstitucionalidad cuando se trate de Estatutos de Autonoma y dems Leyes del Estado, orgnicas o en cualesquiera de sus formas, y disposiciones normativas y actos del Estado o de las Comunidades Autnomas con fuerza de ley, Tratados Internacionales y Reglamentos de las Cmaras y de las Cortes Generales:

a) El Presidente del Gobierno.

b) El Defensor del Pueblo.

c) Cincuenta Diputados.

d) Cincuenta Senadores.

Dos. Para el ejercicio del recurso de inconstitucionalidad contra las Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley del Estado que puedan afectar a su propio mbito de autonoma, estn tambin legitimados los rganos colegiados ejecutivos y las Asambleas de las Comunidades Autnomas, previo acuerdo adoptado al efecto.


[Bloque 40: #atreintaytres]

Artculo treinta y tres

1. El recurso de inconstitucionalidad se formular dentro del plazo de tres meses a partir de la publicacin de la Ley, disposicin o acto con fuerza de Ley impugnado mediante demanda presentada ante el Tribunal Constitucional, en la que debern expresarse las circunstancias de identidad de las personas u rganos que ejercitan la accin y, en su caso, de sus comisionados, concretar la Ley, disposicin o acto impugnado, en todo o en parte, y precisar el precepto constitucional que se entiende infringido.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Presidente del Gobierno y los rganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autnomas podrn interponer el recurso de inconstitucionalidad en el plazo de nueve meses contra leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley en relacin con las cuales, y con la finalidad de evitar la interposicin del recurso, se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que se rena la Comisin Bilateral de Cooperacin entre la Administracin General del Estado y la respectiva Comunidad Autnoma, pudiendo solicitar su convocatoria cualquiera de las dos Administraciones.

b) Que en el seno de la mencionada Comisin Bilateral se haya adoptado un acuerdo sobre iniciacin de negociaciones para resolver las discrepancias, pudiendo instar, en su caso, la modificacin del texto normativo. Este acuerdo podr hacer referencia a la invocacin o no de la suspensin de la norma en el caso de presentarse el recurso en el plazo previsto en este apartado.

c) Que el acuerdo sea puesto en conocimiento del Tribunal Constitucional por los rganos anteriormente mencionados dentro de los tres meses siguientes a la publicacin de la Ley, disposicin o acto con fuerza de Ley, y se inserte en el "Boletn Oficial del Estado'' y en el "Diario Oficial'' de la Comunidad Autnoma correspondiente.

3. Lo sealado en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de la facultad de interposicin del recurso de inconstitucionalidad por los dems rganos y personas a que hace referencia el artculo 32.

Se numera el contenido existente como apartado 1 y se aaden los apartados 2 y 3 por el art. nico de la Ley Orgnica 1/2000, de 7 de enero. Ref. BOE-A-2000-411.




[Bloque 41: #atreintaycuatro]

Artculo treinta y cuatro

Uno. Admitida a trmite la demanda, el Tribunal Constitucional dar traslado de la misma al Congreso de los Diputados y al Senado por conducto de sus Presidentes, al Gobierno por conducto del Ministerio de Justicia y, en caso de que el objeto del recurso fuera una Ley o disposicin con fuerza de Ley dictada por una Comunidad Autnoma, a los rganos legislativo y ejecutivo de la misma a fin de que puedan personarse en el procedimiento y formular las alegaciones que estimaren oportunas.

Dos. La personacin y la formulacin de alegaciones debern hacerse en el plazo de quince das, transcurrido el cual el Tribunal dictar sentencia en el de diez, salvo que, mediante resolucin motivada, el propio Tribunal estime necesario un plazo ms amplio que, en ningn caso, podr exceder de treinta das.


[Bloque 42: #ciii]

CAPTULO III

De la cuestin de inconstitucionalidad promovida por Jueces o Tribunales


[Bloque 43: #atreintaycinco]

Artculo treinta y cinco

Uno. Cuando un Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte, considere que una norma con rango de Ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitucin, plantear la cuestin al Tribunal Constitucional con sujecin a lo dispuesto en esta Ley.

Dos. El rgano judicial slo podr plantear la cuestin una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia, o la resolucin jurisdiccional que procediese, y deber concretar la ley o norma con fuerza de ley cuya constitucionalidad se cuestiona, el precepto constitucional que se supone infringido y especificar o justificar en qu medida la decisin del proceso depende de la validez de la norma en cuestin. Antes de adoptar mediante auto su decisin definitiva, el rgano judicial oir a las partes y al Ministerio Fiscal para que en el plazo comn e improrrogable de 10 das puedan alegar lo que deseen sobre la pertinencia de plantear la cuestin de inconstitucionalidad, o sobre el fondo de sta; seguidamente y sin ms trmite, el juez resolver en el plazo de tres das. Dicho auto no ser susceptible de recurso de ninguna clase. No obstante, la cuestin de inconstitucionalidad podr ser intentada de nuevo en las sucesivas instancias o grados en tanto no se llegue a sentencia firme.

Tres. El planteamiento de la cuestin de constitucionalidad originar la suspensin provisional de las actuaciones en el proceso judicial hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su admisin. Producida sta el proceso judicial permanecer suspendido hasta que el Tribunal Constitucional resuelva definitivamente sobre la cuestin.

Se modifica el apartado 2 y se aade el apartado 3 por el art. nico.9 de la Ley Orgnica 6/2007, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2007-10483.




[Bloque 44: #atreintayseis]

Artculo treinta y seis

El rgano judicial elevar al Tribunal Constitucional la cuestin de inconstitucionalidad junto con testimonio de los autos principales y de las alegaciones previstas en el artculo anterior, si las hubiere.


[Bloque 45: #atreintaysiete]

Artculo treinta y siete

Uno. Recibidas en el Tribunal Constitucional las actuaciones, el procedimiento se sustanciar por los trmites del apartado segundo de este artculo. No obstante, podr el Tribunal rechazar, en trmite de admisin, mediante auto y sin otra audiencia que la del Fiscal General del Estado, la cuestin de inconstitucionalidad cuando faltaren las condiciones procesales o fuere notoriamente infundada la cuestin suscitada. Esta decisin ser motivada.

Dos. Publicada en el ''Boletn Oficial del Estado'' la admisin a trmite de la cuestin de inconstitucionalidad, quienes sean parte en el procedimiento judicial podrn personarse ante el Tribunal Constitucional dentro de los 15 das siguientes a su publicacin, para formular alegaciones, en el plazo de otros 15 das.

Tres. El Tribunal Constitucional dar traslado de la cuestin al Congreso de los Diputados y al Senado por conducto de sus Presidentes, al Fiscal General del Estado, al Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia, y, en caso de afectar a una Ley o a otra disposicin normativa con fuerza de Ley dictadas por una Comunidad Autnoma, a los rganos legislativo y ejecutivo de la misma, todos los cuales podrn personarse y formular alegaciones sobre la cuestin planteada en el plazo comn improrrogable de quince das. Concluido ste, el Tribunal dictar sentencia en el plazo de quince das, salvo que estime necesario, mediante resolucin motivada, un plazo ms amplio, que no podr exceder de treinta das.

Se reenumera el apartado 2 como 3 y se aade un nuevo apartado 2 por el art. nico.10 de la Ley Orgnica 6/2007, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2007-10483.




[Bloque 46: #civ]

CAPTULO IV

De la sentencia en procedimientos de inconstitucionalidad y de sus efectos


[Bloque 47: #atreintayocho]

Artculo treinta y ocho

Uno. Las sentencias recadas en procedimientos de inconstitucionalidad tendrn el valor de cosa juzgada, vincularn a todos los Poderes Pblicos y producirn efectos generales desde la fecha de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

Dos. Las sentencias desestimatorias dictadas en recursos de inconstitucionalidad y en conflictos en defensa de la autonoma local impedirn cualquier planteamiento ulterior de la cuestin por cualquiera de las dos vas, fundado en la misma infraccin de idntico precepto constitucional.

Tres. Si se tratare de sentencias recadas en cuestiones de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional lo comunicar inmediatamente al rgano judicial competente para la decisin del proceso. Dicho rgano notificar la sentencia constitucional a las partes. El Juez o Tribunal quedar vinculado desde que tuviere conocimiento de la sentencia constitucional y las partes desde el momento en que sean notificadas.

Se modifica el apartado 2 por el art. nico.3 de la Ley Orgnica 7/1999, de 21 de abril. Ref. BOE-A-1999-8927.




[Bloque 48: #atreintaynueve]

Artculo treinta y nueve

Uno. Cuando la sentencia declare la inconstitucionalidad, declarar igualmente la nulidad de los preceptos impugnados, as como, en su caso, la de aquellos otros de la misma Ley, disposicin o acto con fuerza de Ley a los que deba extenderse por conexin o consecuencia.

Dos. El Tribunal Constitucional podr fundar la declaracin de inconstitucionalidad en la infraccin de cualquier precepto constitucional, haya o no sido invocado en el curso del proceso.


[Bloque 49: #acuarenta]

Artculo cuarenta

Uno. Las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no permitirn revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicacin de las Leyes, disposiciones o actos inconstitucionales, salvo en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reduccin de la pena o de la sancin o una exclusin, exencin o limitacin de la responsabilidad.

Dos. En todo caso, la jurisprudencia de los tribunales de justicia recada sobre leyes, disposiciones o actos enjuiciados por el Tribunal Constitucional habr de entenderse corregida por la doctrina derivada de las sentencias y autos que resuelvan los procesos constitucionales.

Se modifica el apartado 2 por el art. nico.11 de la Ley Orgnica 6/2007, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2007-10483.




[Bloque 50: #tiii]

TTULO III

Del recurso de amparo constitucional


[Bloque 51: #ci-3]

CAPTULO I

De la procedencia e interposicin del recurso de amparo constitucional


[Bloque 52: #acuarentayuno]

Artculo cuarenta y uno

Uno. Los derechos y libertades reconocidos en los artculos catorce a veintinueve de la Constitucin sern susceptibles de amparo constitucional, en los casos y formas que esta Ley establece, sin perjuicio de su tutela general encomendada a los Tribunales de Justicia. Igual proteccin ser aplicable a la objecin de conciencia reconocida en el artculo treinta de la Constitucin.

Dos. El recurso de amparo constitucional protege, en los trminos que esta ley establece, frente a las violaciones de los derechos y libertades a que se refiere el apartado anterior, originadas por las disposiciones, actos jurdicos, omisiones o simple va de hecho de los poderes pblicos del Estado, las Comunidades Autnomas y dems entes pblicos de carcter territorial, corporativo o institucional, as como de sus funcionarios o agentes.

Tres. En el amparo constitucional no pueden hacerse valer otras pretensiones que las dirigidas a restablecer o preservar los derechos o libertades por razn de los cuales se formul el recurso.

Se modifica el apartado 2 por el art. nico.12 de la Ley Orgnica 6/2007, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2007-10483.




[Bloque 53: #acuarentaydos]

Artculo cuarenta y dos

Las decisiones o actos sin valor de Ley, emanados de las Cortes o de cualquiera de sus rganos, o de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autnomas, o de sus rganos, que violen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, podrn ser recurridos dentro del plazo de tres meses desde que, con arreglo a las normas internas de las Cmaras o Asambleas, sean firmes.


[Bloque 54: #acuarentaytres]

Artculo cuarenta y tres

Uno. Las violaciones de los derechos y libertades antes referidos originadas por disposiciones, actos jurdicos, omisiones o simple va de hecho del Gobierno o de sus autoridades o funcionarios, o de los rganos ejecutivos colegiados de las comunidades autnomas o de sus autoridades o funcionarios o agentes, podrn dar lugar al recurso de amparo una vez que se haya agotado la va judicial procedente.

Dos. El plazo para interponer el recurso de amparo constitucional ser el de los veinte das siguientes a la notificacin de la resolucin recada en el previo proceso judicial.

Tres. El recurso slo podr fundarse en la infraccin por una resolucin firme de los preceptos constitucionales que reconocen los derechos o libertades susceptibles de amparo.

Se modifica el apartado 1 por el art. nico.13 de la Ley Orgnica 6/2007, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2007-10483.




[Bloque 55: #acuarentaycuatro]

Artculo cuarenta y cuatro

1. Las violaciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, que tuvieran su origen inmediato y directo en un acto u omisin de un rgano judicial, podrn dar lugar a este recurso siempre que se cumplan los requisitos siguientes:

a) Que se hayan agotado todos los medios de impugnacin previstos por las normas procesales para el caso concreto dentro de la va judicial.

b) Que la violacin del derecho o libertad sea imputable de modo inmediato y directo a una accin u omisin del rgano judicial con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que aquellas se produjeron, acerca de los que, en ningn caso, entrar a conocer el Tribunal Constitucional.

c) Que se haya denunciado formalmente en el proceso, si hubo oportunidad, la vulneracin del derecho constitucional tan pronto como, una vez conocida, hubiera lugar para ello.

2. El plazo para interponer el recurso de amparo ser de 30 das, a partir de la notificacin de la resolucin recada en el proceso judicial.

Se modifica por el art. nico.14 de la Ley Orgnica 6/2007, de 24 de mayo.Ref. BOE-A-2007-10483.

Tngase en cuenta la disposicin transitoria 2 en cuanto a la aplicacin del apartado 2.




[Bloque 56: #acuarentaycinco]

Artculo cuarenta y cinco

(Derogado)

Se deroga por la disposicin derogatoria de la Ley Orgnica 8/1984, de 26 de diciembre. Ref. BOE-A-1984-28224.




[Bloque 57: #acuarentayseis]

Artculo cuarenta y seis

Uno. Estn legitimados para interponer el recurso de amparo constitucional:

a) En los casos de los artculos cuarenta y dos y cuarenta y cinco, la persona directamente afectada, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.

b) En los casos de los artculos cuarenta y tres y cuarenta y cuatro, quienes hayan sido parte en el proceso judicial correspondiente, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.

Dos. Si el recurso se promueve por el Defensor del Pueblo o el Ministerio Fiscal, la Sala competente para conocer del amparo constitucional lo comunicara a los posibles agraviados que fueran conocidos y ordenar anunciar la interposicin del recurso en el Boletn Oficial del Estado a efectos de comparecencia de otros posibles interesados. Dicha publicacin tendr carcter preferente.


[Bloque 58: #acuarentaysiete]

Artculo cuarenta y siete

Uno. Podrn comparecer en el proceso de amparo constitucional, con el carcter de demandado o con el de coadyuvante, las personas favorecidas por la decisin, acto o hecho en razn del cual se formule el recurso que ostenten un inters legtimo en el mismo.

Dos. El Ministerio Fiscal intervendr en todos los procesos de amparo, en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del inters pblico tutelado por la Ley.


[Bloque 59: #cii-3]

CAPTULO II

De la tramitacin de los recursos de amparo constitucional


[Bloque 60: #acuarentayocho]

Artculo cuarenta y ocho

El conocimiento de los recursos de amparo constitucional corresponde a las Salas del Tribunal Constitucional y, en su caso, a las Secciones.

Se modifica por el art. nico.15 de la Ley Orgnica 6/2007, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2007-10483.




[Bloque 61: #acuarentaynueve]

Artculo cuarenta y nueve

Uno. El recurso de amparo constitucional se iniciar mediante demanda en la que se expondrn con claridad y concisin los hechos que la fundamenten, se citarn los preceptos constitucionales que se estimen infringidos y se fijar con precisin el amparo que se solicita para preservar o restablecer el derecho o libertad que se considere vulnerado. En todo caso, la demanda justificar la especial trascendencia constitucional del recurso.

Dos. Con la demanda se acompaarn:

a) El documento que acredite la representacin del solicitante del amparo.

b) En su caso, la copia, traslado o certificacin de la resolucin recada en el procedimiento judicial o administrativo.

Tres. A la demanda se acompaarn tambin tantas copias literales de la misma y de los documentos presentados como partes en el previo proceso, si lo hubiere, y una ms para el Ministerio Fiscal.

Cuatro. De incumplirse cualquiera de los requisitos establecidos en los apartados que anteceden, las Secretaras de Justicia lo pondrn de manifiesto al interesado en el plazo de 10 das, con el apercibimiento de que, de no subsanarse el defecto, se acordar la inadmisin del recurso.

Se modifica el apartado 1 y se aade el apartado 4 por el art. nico.16 de la Ley Orgnica 6/2007, de 24 de mayo.Ref. BOE-A-2007-10483.




[Bloque 62: #acincuenta]

Artculo cincuenta

1. El recurso de amparo debe ser objeto de una decisin de admisin a trmite. La Seccin, por unanimidad de sus miembros, acordar mediante providencia la admisin, en todo o en parte, del recurso solamente cuando concurran todos los siguientes requisitos:

a) Que la demanda cumpla con lo dispuesto en los artculos 41 a 46 y 49.

b) Que el contenido del recurso justifique una decisin sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razn de su especial trascendencia constitucional, que se apreciar atendiendo a su importancia para la interpretacin de la Constitucin, para su aplicacin o para su general eficacia, y para la determinacin del contenido y alcance de los derechos fundamentales.

2. Cuando la admisin a trmite, aun habiendo obtenido la mayora, no alcance la unanimidad, la Seccin trasladar la decisin a la Sala respectiva para su resolucin.

3. Las providencias de inadmisin, adoptadas por las Secciones o las Salas, especificarn el requisito incumplido y se notificarn al demandante y al Ministerio Fiscal. Dichas providencias solamente podrn ser recurridas en splica por el Ministerio Fiscal en el plazo de tres das. Este recurso se resolver mediante auto, que no ser susceptible de impugnacin alguna.

4. Cuando en la demanda de amparo concurran uno o varios defectos de naturaleza subsanable, se proceder en la forma prevista en el artculo 49.4; de no producirse la subsanacin dentro del plazo fijado en dicho precepto, la Seccin acordar la inadmisin mediante providencia, contra la cual no cabr recurso alguno

Se modifica por el art. nico.17 de la Ley Orgnica 6/2007, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2007-10483.

Se modifica por el art. 1 de la Ley Orgnica 6/1988, de 9 de junio.Ref. BOE-A-1988-14328.





[Bloque 63: #acincuentayuno]

Artculo cincuenta y uno

Uno. Admitida la demanda de amparo, la Sala requerir con carcter urgente al rgano o a la autoridad de que dimane la decisin, el acto o el hecho, o al Juez o Tribunal que conoci del procedimiento precedente para que, en plazo que no podr exceder de diez das, remita las actuaciones o testimonio de ellas.

Dos. El rgano, autoridad, Juez o Tribunal acusar inmediato recibo del requerimiento, cumplimentar el envo dentro del plazo sealado y emplazar a quienes fueron parte en el procedimiento antecedente para que puedan comparecer en el proceso constitucional en el plazo de diez das.


[Bloque 64: #acincuentaydos]

Artculo cincuenta y dos

Uno. Recibidas las actuaciones y transcurrido el tiempo de emplazamiento, la Sala dar vista de las mismas a quien promovi el amparo, a los personados en el proceso, al Abogado del Estado, si estuviera interesada la Administracin Pblica, y al Ministerio Fiscal. La vista ser por plazo comn que no podr exceder de veinte das, y durante l podrn presentarse las alegaciones procedentes.

Dos. Presentadas las alegaciones o transcurrido el plazo otorgado para efectuarlas, la Sala podr deferir la resolucin del recurso, cuando para su resolucin sea aplicable doctrina consolidada del Tribunal Constitucional, a una de sus Secciones o sealar da para la vista, en su caso, o deliberacin y votacin.

Tres. La Sala, o en su caso la Seccin, pronunciar la sentencia que proceda en el plazo de 10 das a partir del da sealado para la vista o deliberacin.

Se modifican los apartados 2 y 3 por el art. nico.18 de la Ley Orgnica 6/2007, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2007-10483.

Tngase en cuenta la disposicin transitoria 1 en cuanto a la aplicacin del apartado 2.




[Bloque 65: #ciii-2]

CAPTULO III

De la resolucin de los recursos de amparo constitucional y sus efectos


[Bloque 66: #acincuentaytres]

Artculo cincuenta y tres

La Sala o, en su caso, la Seccin, al conocer del fondo del asunto, pronunciar en su sentencia alguno de estos fallos:

a) Otorgamiento de amparo.

b) Denegacin de amparo.

Se modifica por el art. nico.19 de la Ley Orgnica 6/2007, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2007-10483.




[Bloque 67: #acincuentaycuatro]

Artculo cincuenta y cuatro

Cuando la Sala o, en su caso, la Seccin conozca del recurso de amparo respecto de decisiones de jueces y tribunales, limitar su funcin a concretar si se han violado derechos o libertades del demandante y a preservar o restablecer estos derechos o libertades, y se abstendr de cualquier otra consideracin sobre la actuacin de los rganos jurisdiccionales.

Se modifica por el art. nico.20 de la Ley Orgnica 6/2007, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2007-10483.




[Bloque 68: #acincuentaycinco]

Artculo cincuenta y cinco

Uno. La sentencia que otorgue el amparo contendr alguno o algunos de los pronunciamientos siguientes:

a) Declaracin de nulidad de la decisin, acto o resolucin que hayan impedido el pleno ejercicio de los derechos o libertades protegidos, con determinacin, en su caso, de la extensin de sus efectos.

b) Reconocimiento del derecho o libertad pblica, de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado.

c) Restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho o libertad con la adopcin de las medidas apropiadas, en su caso, para su conservacin.

Dos. En el supuesto de que el recurso de amparo debiera ser estimado porque, a juicio de la Sala o, en su caso, la Seccin, la ley aplicada lesione derechos fundamentales o libertades pblicas, se elevar la cuestin al Pleno con suspensin del plazo para dictar sentencia, de conformidad con lo prevenido en los artculos 35 y siguientes.

Se modifica el apartado 2 por el art. nico.21 de la Ley Orgnica 6/2007, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2007-10483.

Tngase en cuenta la disposicin transitoria 4 en cuanto a la aplicacin del apartado 2.




[Bloque 69: #acincuentayseis]

Artculo cincuenta y seis

1. La interposicin del recurso de amparo no suspender los efectos del acto o sentencia impugnados.

2. Ello no obstante, cuando la ejecucin del acto o sentencia impugnados produzca un perjuicio al recurrente que pudiera hacer perder al amparo su finalidad, la Sala, o la Seccin en el supuesto del artculo 52.2, de oficio o a instancia del recurrente, podr disponer la suspensin, total o parcial, de sus efectos, siempre y cuando la suspensin no ocasione perturbacin grave a un inters constitucionalmente protegido, ni a los derechos fundamentales o libertades de otra persona.

3. Asimismo, la Sala o la Seccin podr adoptar cualesquiera medidas cautelares y resoluciones provisionales previstas en el ordenamiento, que, por su naturaleza, puedan aplicarse en el proceso de amparo y tiendan a evitar que el recurso pierda su finalidad.

4. La suspensin u otra medida cautelar podr pedirse en cualquier tiempo, antes de haberse pronunciado la sentencia o decidirse el amparo de otro modo. El incidente de suspensin se sustanciar con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal, por un plazo comn que no exceder de tres das y con el informe de las autoridades responsables de la ejecucin, si la Sala o la Seccin lo creyera necesario. La Sala o la Seccin podr condicionar la denegacin de la suspensin en el caso de que pudiera seguirse perturbacin grave de los derechos de un tercero, a la constitucin de caucin suficiente para responder de los daos o perjuicios que pudieran originarse.

5. La Sala o la Seccin podr condicionar la suspensin de la ejecucin y la adopcin de las medidas cautelares a la satisfaccin por el interesado de la oportuna fianza suficiente para responder de los daos y perjuicios que pudieren originarse. Su fijacin y determinacin podr delegarse en el rgano jurisdiccional de instancia.

6. En supuestos de urgencia excepcional, la adopcin de la suspensin y de las medidas cautelares y provisionales podr efectuarse en la resolucin de la admisin a trmite. Dicha adopcin podr ser impugnada en el plazo de cinco das desde su notificacin, por el Ministerio Fiscal y dems partes personadas. La Sala o la Seccin resolver el incidente mediante auto no susceptible de recurso alguno.

Se modifica por el art. nico.22 de la Ley Orgnica 6/2007, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2007-10483.




[Bloque 70: #acincuentaysiete]

Artculo cincuenta y siete

La suspensin o su denegacin puede ser modificada durante el curso del juicio de amparo constitucional, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser conocidas al tiempo de sustanciarse el incidente de suspensin.


[Bloque 71: #acincuentayocho]

Artculo cincuenta y ocho

Uno. Sern competentes para resolver sobre las peticiones de indemnizacin de los daos causados como consecuencia de la concesin o denegacin de la suspensin los Jueces o Tribunales, a cuya disposicin se pondrn las fianzas constituidas.

Dos. Las peticiones de indemnizacin, que se sustanciarn por el trmite de los incidentes, debern presentarse dentro del plazo de un ao a partir de la publicacin de la sentencia del Tribunal Constitucional.


[Bloque 72: #tiv]

TTULO IV

De los conflictos constitucionales


[Bloque 73: #ci-4]

CAPTULO I

Disposiciones generales


[Bloque 74: #acincuentaynueve]

Artculo cincuenta y nueve

1. El Tribunal Constitucional entender de los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitucin, los Estatutos de Autonoma o las leyes orgnicas u ordinarias dictadas para delimitar los mbitos propios del Estado y las Comunidades Autnomas y que opongan:

a) Al Estado con una o ms Comunidades Autnomas.

b) A dos o ms Comunidades Autnomas entre s.

c) Al Gobierno con el Congreso de los Diputados, el Senado o el Consejo General del Poder Judicial; o a cualquiera de estos rganos constitucionales entre s.

2. El Tribunal Constitucional entender tambin de los conflictos en defensa de la autonoma local que planteen los municipios y provincias frente al Estado o a una Comunidad Autnoma.

Se modifica por el art. nico.4 de la Ley Orgnica 7/1999, de 21 de abril. Ref. BOE-A-1999-8927.




[Bloque 75: #cii-4]

CAPTULO II

De los conflictos entre el Estado y las Comunidades Autnomas o de stas entre s


[Bloque 76: #asesenta]

Artculo sesenta

Los conflictos de competencia que opongan al Estado con una Comunidad Autnoma o a stas entre s, podrn ser suscitados por el Gobierno o por los rganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autnomas, en la forma que determinan los artculos siguiente. Los conflictos negativos podrn ser instados tambin por las personas fsicas o jurdicas interesadas.


[Bloque 77: #asesentayuno]

Artculo sesenta y uno

Uno. Pueden dar lugar al planteamiento de los conflictos de competencia las disposiciones, resoluciones y actos emanados de los rganos del Estado o de los rganos de las Comunidades Autnomas o la omisin de tales disposiciones, resoluciones o actos.

Dos. Cuando se plantease un conflicto de los mencionados en el artculo anterior con motivo de una disposicin, resolucin o acto cuya impugnacin estuviese pendiente ante cualquier Tribunal, este suspender el curso del proceso hasta la decisin del conflicto constitucional.

Tres. La decisin del Tribunal Constitucional vincular a todos los poderes pblicos y tendr plenos efectos frente a todos.


[Bloque 78: #sprimera]

Seccin primera. Conflictos positivos


[Bloque 79: #asesentaydos]

Artculo sesenta y dos

Cuando el Gobierno considere que una disposicin o resolucin de una Comunidad Autnoma no respeta el orden de competencia establecido en la Constitucin, en los Estatutos de Autonoma o en las Leyes orgnicas correspondientes, podr formalizar directamente ante el Tribunal Constitucional, en el plazo de dos meses, el conflicto de competencia, o hacer uso del previo requerimiento regulado en el artculo siguiente, todo ello sin perjuicio de que el Gobierno pueda invocar el artculo ciento sesenta y uno, dos, de la Constitucin, con los efectos correspondientes.


[Bloque 80: #asesentaytres]

Artculo sesenta y tres

Uno. Cuando el rgano ejecutivo superior de una Comunidad Autnoma considerase que una disposicin, resolucin o acto emanado de la autoridad de otra Comunidad o del Estado no respeta el orden de competencias establecido en la Constitucin, en los Estatutos de Autonoma o en las Leyes correspondientes y siempre que afecte a su propio mbito, requerir a aqulla o a ste para que sea derogada la disposicin o anulados la resolucin o el acto en cuestin.

Dos. El requerimiento de incompetencia podr formularse dentro de los dos meses siguientes al da de la publicacin o comunicacin de la disposicin, resolucin o acto que se entiendan viciados de incompetencia o con motivo de un acto concreto de aplicacin y se dirigir directamente al Gobierno o al rgano ejecutivo superior de la otra Comunidad Autnoma, dando cuenta igualmente al Gobierno en este caso.

Tres. En el requerimiento se especificarn con claridad los preceptos de la disposicin o los puntos concretos de la resolucin o acto viciados de incompetencia, as como las disposiciones legales o constitucionales de las que el vicio resulte.

Cuatro. El rgano requerido, si estima fundado el requerimiento, deber atenderlo en el plazo mximo de un mes a partir de su recepcin, comunicndolo as al requirente y al Gobierno, si ste no actuara en tal condicin. Si no lo estimara fundado, deber igualmente rechazarlo dentro del mismo plazo, a cuyo trmino se entendern en todo caso rechazados los requerimientos no atendidos.

Cinco. Dentro del mes siguiente a la notificacin del rechazo o al trmino del plazo a que se refiere el apartado anterior, el rgano requirente, si no ha obtenido satisfaccin, podr plantear el conflicto ante el Tribunal Constitucional, certificando el cumplimiento infructuoso del trmite de requerimiento y alegando los fundamentos jurdicos en que ste se apoya.


[Bloque 81: #asesentaycuatro]

Artculo sesenta y cuatro

Uno. En el trmino de diez das, el Tribunal comunicar al Gobierno u rgano autonmico correspondiente la iniciacin del conflicto, sealndose plazo, que en ningn caso ser mayor de veinte das, para que aporte cuantos documentos y alegaciones considere convenientes.

Dos. Si el conflicto hubiere sido entablado por el Gobierno una vez adoptada decisin por la Comunidad Autnoma y con invocacin del artculo ciento sesenta y uno, dos. de la Constitucin, su formalizacin comunicada por el Tribunal suspender inmediatamente la vigencia de la disposicin, resolucin o acto que hubiesen dado origen al conflicto.

Tres. En los restantes supuestos, el rgano que formalice el conflicto podr solicitar del Tribunal la suspensin de la disposicin, resolucin o acto objeto del conflicto, invocando perjuicios de imposible o difcil reparacin, el Tribunal acordar o denegar libremente la supension solicitada.

Cuatro. El planteamiento del conflicto iniciado por el Gobierno y, en su caso, el auto del Tribunal por el que se acuerde la suspensin de la disposicin, resolucin o acto objeto del conflicto sern notificados a los interesados y publicados en el correspondiente Diario Oficial por el propio Tribunal.


[Bloque 82: #asesentaycinco]

Artculo sesenta y cinco

Uno. El Tribunal podr solicitar de las partes cuantas informaciones, aclaraciones o precisiones juzgue necesarias para su decisin y resolver dentro de los quince das siguientes al trmino del plazo de alegaciones o del que, en su caso, se fijare para las informaciones, aclaraciones o precisiones complementarias antes aludidas.

Dos. En el caso previsto en el nmero dos del artculo anterior, si la sentencia no se produjera dentro de los cinco meses desde la iniciacin del conflicto, el Tribunal deber resolver dentro de este plazo, por auto motivado, acerca del mantenimiento o levantamiento de la suspensin del acto, resolucin o disposicin impugnados de incompetencia por el Gobierno.


[Bloque 83: #asesentayseis]

Artculo sesenta y seis

La sentencia declarar la titularidad de la competencia controvertida y acordar, en su caso, la anulacin de la disposicin, resolucin o actos que originaron el conflicto en cuanto estuvieren viciados de incompetencia, pudiendo disponer lo que fuera procedente respecto de las situaciones de hecho o de derecho creadas al amparo de la misma.


[Bloque 84: #asesentaysiete]

Artculo sesenta y siete

Si la competencia controvertida hubiera sido atribuida por una Ley o norma con rango de Ley, el conflicto de competencias se tramitar desde su inicio o, en su caso, desde que en defensa de la competencia ejercida se invocare la existencia de la norma legal habilitante, en la forma prevista para el recurso de inconstitucionalidad.


[Bloque 85: #ssegunda]

Seccin segunda. Conflictos negativos


[Bloque 86: #asesentayocho]

Artculo sesenta y ocho

Uno. En el caso de que un rgano de la Administracin del Estado declinare su competencia para resolver cualquier pretensin deducida ante el mismo por persona fsica o jurdica, por entender que la competencia corresponde a una Comunidad Autnoma, el interesado, tras haber agotado la va administrativa mediante recurso ante el Ministerio correspondiente, podr reproducir su pretensin ante el rgano ejecutivo colegiado de la Comunidad Autnoma que la resolucin declare competente. De anlogo modo se proceder si la solicitud se promueve ante una Comunidad Autnoma y sta se inhibe por entender competente al Estado o a otra Comunidad Autnoma.

Dos. La Administracin solicitada en segundo lugar deber admitir o declinar su competencia en el plazo de un mes. Si la admitiere, proceder a tramitar la solicitud presentada. Si se inhibiere, deber notificarlo al requirente, con indicacin precisa de los preceptos en que se funda su resolucin.

Tres. Si la Administracin a que se refiere el apartado anterior declinare su competencia o no pronunciare decisin afirmativa en el plazo establecido, el interesado podr acudir al Tribunal Constitucional. A tal efecto, deducir la oportuna demanda dentro del mes siguiente a la notificacin de la declinatoria, o si trascurriese el plazo establecido en el apartado dos del presente artculo sin resolucin expresa, en solicitud de que se tramite y resuelva el conflicto de competencia negativo.


[Bloque 87: #asesentaynueve]

Artculo sesenta y nueve

Uno. La solicitud de planteamiento de conflicto se formular mediante escrito, al que habrn de acompaarse los documentos que acrediten haber agotado el trmite a que se refiere el artculo anterior y las resoluciones recadas durante el mismo.

Dos. Si el Tribunal entendiere que la negativa de las Administraciones implicadas se basa precisamente en una diferencia de interpretacin de preceptos constitucionales o de los Estatutos de Autonoma o de Leyes orgnicas u ordinarias que delimiten los mbitos de competencia del Estado y de las Comunidades Autnomas declarar, mediante auto que habr de ser dictado dentro de los diez das siguientes al de la presentacin del escrito, planteado el conflicto. Dar inmediato traslado del auto al solicitante y a las Administraciones implicadas, as como a cualesquiera otras que el Tribunal considere competentes, a las que remitir adems copia de la solicitud de su planteamiento y de los documentos acompaados a la misma y fijar a todos el plazo comn de un mes para que aleguen cuanto estimen conducente a la solucin del conflicto planteado.


[Bloque 88: #asetenta]

Artculo setenta

Uno. Dentro del mes siguiente a la conclusin del plazo sealado en el artculo anterior o, en su caso, del que sucesivamente el Tribunal hubiere concedido para responder a las peticiones de aclaracin, ampliacin o precisin que les hubiere dirigido, se dictar sentencia que declarar cul es la Administracin competente.

Dos. Los plazos administrativos agotados se entendern nuevamente abiertos por su duracin ordinaria a partir de la publicacin de la sentencia.


[Bloque 89: #asetentayuno]

Artculo setenta y uno

Uno. El Gobierno podr igualmente plantear conflicto de competencias negativo cuando habiendo requerido al rgano ejecutivo superior de una Comunidad Autnoma para que ejercite las atribuciones propias de la competencia que a la Comunidad confieran sus propios estatutos o una Ley orgnica de delegacin o transferencia, sea desatendido su requerimiento por declararse incompetente el rgano requerido.

Dos. La declaracin de incompetencia se entender implcita por la simple inactividad del rgano ejecutivo requerido dentro del plazo que el Gobierno le hubiere fijado para el ejercicio de sus atribuciones, que en ningn caso ser inferior a un mes.


[Bloque 90: #asetentaydos]

Artculo setenta y dos

Uno. Dentro del mes siguiente al da en que de manera expresa o tcita haya de considerarse rechazado el requerimiento a que se refiere el artculo anterior, el Gobierno podr plantear ante el Tribunal Constitucional el conflicto negativo mediante escrito en el que habrn de indicarse los preceptos constitucionales, estatutarios o legales que a su juicio obligan a la Comunidad Autnoma a ejercer sus atribuciones.

Dos. El Tribunal dar traslado del escrito al rgano ejecutivo superior de la Comunidad Autnoma, al que fijar un plazo de un mes para presentar las alegaciones que entienda oportunas.

Tres. Dentro del mes siguiente a la conclusin de tal plazo o, en su caso, del que sucesivamente hubiere fijado al Estado o a la Comunidad Autnoma para responder a las peticiones de aclaracin, ampliacin o precisiones que les hubiere dirigido, el Tribunal dictar sentencia, que contendr alguno de los siguientes pronunciamientos:

a) La declaracin de que el requerimiento es procedente, que conllevar el establecimiento de un plazo dentro del cual la Comunidad Autnoma deber ejercitar la atribucin requerida.

b) La declaracin de que el requerimiento es improcedente.


[Bloque 91: #ciii-3]

CAPTULO III

De los conflictos entre rganos constitucionales del Estado


[Bloque 92: #asetentaytres]

Artculo setenta y tres

Uno. En el caso en que alguno de los rganos constitucionales a los que se refiere el artculo 59.3(*) de esta Ley, por acuerdo de sus respectivos Plenos, estime que otro de dichos rganos adopta decisiones asumiendo atribuciones que la Constitucin o las Leyes orgnicas confieren al primero, ste se lo har saber as dentro del mes siguiente a la fecha en que llegue a su conocimiento la decisin de la que se infiera la indebida asuncin de atribuciones y solicitar de l que la revoque.

(*) En la actualidad, artculo 59.1.c), conforme a la redaccin dada por la Ley Orgnica 7/1999, de 21 de abril (Ref. BOE-A-1999-8927).

Dos. Si el rgano al que se dirige la notificacin afirmara que acta en el ejercicio constitucional y legal de sus atribuciones o, dentro del plazo de un mes a partir de la recepcin de aquella no rectificase en el sentido que le hubiera sido solicitado, el rgano que estime indebidamente asumidas sus atribuciones plantear el conflicto ante el Tribunal Constitucional dentro del mes siguiente. A tal efecto, presentar un escrito en el que se especificarn los preceptos que considera vulnerados y formular las alegaciones que estime oportunas. A este escrito acompaar una certificacin de los antecedentes que repute necesarios y de la comunicacin cursada en cumplimiento de lo prevenido en el apartado anterior de este artculo.

Se modifica el apartado 2 por el art. nico.23 de la Ley Orgnica 6/2007, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2007-10483.




[Bloque 93: #asetentaycuatro]

Artculo setenta y cuatro

Recibido el escrito, el Tribunal, dentro de los diez das siguientes, dar traslado del mismo al rgano requerido y le fijar el plazo de un mes para formular las alegaciones que estime procedentes. Idnticos traslados y emplazamientos se harn a todos los dems rganos legitimados para plantear este gnero de conflictos, los cuales podrn comparecer en el procedimiento, en apoyo del demandante o del demandado, si entendieren que la solucin del conflicto planteado afecta de algn modo a sus propias atribuciones.


[Bloque 94: #asetentaycinco]

Artculo setenta y cinco

Uno. El Tribunal podr solicitar de las partes cuantas informaciones, aclaraciones o precisiones juzgue necesarias para su decisin y resolver dentro del mes siguiente a la expiracin del plazo de alegaciones a que se refiere el artculo anterior o del que, en su caso, se fijare para las informaciones, aclaraciones o precisiones complementarias, que no ser superior a otros treinta das.

Dos. La sentencia del Tribunal determinar a qu rgano corresponden las atribuciones constitucionales controvertidas y declarar nulos los actos ejecutados por invasin de atribuciones y resolver, en su caso, lo que procediere sobre las situaciones jurdicas producidas al amparo de los mismos.


[Bloque 95: #civ-2]

CAPTULO IV

De los conflictos en defensa de la autonoma local

Se aade por el art. nico.5 de la Ley Orgnica 7/1999, de 21 de abril. Ref. BOE-A-1999-8927.

Texto aadido, publicado el 22/04/1999, en vigor a partir del 12/05/1999.


[Bloque 96: #asetentaycincobis]

Artculo setenta y cinco bis.

1. Podrn dar lugar al planteamiento de los conflictos en defensa de la autonoma local las normas del Estado con rango de ley o las disposiciones con rango de ley de las Comunidades Autnomas que lesionen la autonoma local constitucionalmente garantizada.

2. La decisin del Tribunal Constitucional vincular a todos los poderes pblicos y tendr plenos efectos frente a todos.

Se aade por el art. nico.5 de la Ley Orgnica 7/1999, de 21 de abril. Ref. BOE-A-1999-8927.

Texto aadido, publicado el 22/04/1999, en vigor a partir del 12/05/1999.


[Bloque 97: #asetentaycincoter]

Artculo setenta y cinco ter.

1. Estn legitimados para plantear estos conflictos:

a) El municipio o provincia que sea destinatario nico de la ley.

b) Un nmero de municipios que supongan al menos un sptimo de los existentes en el mbito territorial de aplicacin de la disposicin con rango de ley, y representen como mnimo un sexto de la poblacin oficial del mbito territorial correspondiente.

c) Un nmero de provincias que supongan al menos la mitad de las existentes en el mbito territorial de aplicacin de la disposicin con rango de ley, y representen como mnimo la mitad de la poblacin oficial.

2. Para iniciar la tramitacin de los conflictos en defensa de la autonoma local ser necesario el acuerdo del rgano plenario de las Corporaciones locales con el voto favorable de la mayora absoluta del nmero legal de miembros de las mismas.

3. Una vez cumplido el requisito establecido en el apartado anterior, y de manera previa a la formalizacin del conflicto, deber solicitarse dictamen, con carcter preceptivo pero no vinculante, del Consejo de Estado u rgano consultivo de la correspondiente Comunidad Autnoma, segn que el mbito territorial al que pertenezcan las Corporaciones locales corresponda a variasoauna Comunidad Autnoma. En las Comunidades Autnomas que no dispongan de rgano consultivo, el dictamen corresponder al Consejo de Estado.

4. Las asociaciones de entidades locales podrn asistir a los entes locales legitimados a fin de facilitarles el cumplimiento de los requisitos establecidos en el procedimiento de tramitacin del presente conflicto.

Se aade por el art. nico.5 de la Ley Orgnica 7/1999, de 21 de abril. Ref. BOE-A-1999-8927.

Texto aadido, publicado el 22/04/1999, en vigor a partir del 12/05/1999.


[Bloque 98: #asetentaycincoquater]

Artculo setenta y cinco quater.

1. La solicitud de los dictmenes a que se refiere el artculo anterior deber formalizarse dentro de los tres meses siguientes al da de la publicacin de la ley que se entienda lesiona la autonoma local.

2. Dentro del mes siguiente a la recepcin del dictamen del Consejo de Estado o del rgano consultivo de la correspondiente Comunidad Autnoma, los municipios o provincias legitimados podrn plantear el conflicto ante el Tribunal Constitucional, acreditando el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artculo anterior y alegndose los fundamentos jurdicos en que se apoya.

Se aade por el art. nico.5 de la Ley Orgnica 7/1999, de 21 de abril. Ref. BOE-A-1999-8927.

Texto aadido, publicado el 22/04/1999, en vigor a partir del 12/05/1999.


[Bloque 99: #asetentaycincoquinquies]

Artculo setenta y cinco quinquies.

1. Planteado el conflicto, el Tribunal podr acordar, mediante auto motivado, la inadmisin del mismo por falta de legitimacin u otros requisitos exigibles y no subsanables o cuando estuviere notoriamente infundada la controversia suscitada.

2. Admitido a trmite el conflicto, en el trmino de diez das, el Tribunal dar traslado del mismo a los rganos legislativo y ejecutivo de la Comunidad Autnoma de quien hubiese emanado la ley, y en todo caso a los rganos legislativo y ejecutivo del Estado. La personacin y la formulacin de alegaciones debern realizarse en el plazo de veinte das.

3. El planteamiento del conflicto ser notificado a los interesados y publicado en el correspondiente Diario Oficial por el propio Tribunal.

4. El Tribunal podr solicitar de las partes cuantas informaciones, aclaraciones o precisiones juzgue necesarias para su decisin y resolver dentro de los quince das siguientes al trmino del plazo de alegaciones o del que, en su caso, se fijare para las informaciones, aclaraciones o precisiones complementarias antes aludidas.

5. La sentencia declarar si existe o no vulneracin de la autonoma local constitucionalmente garantizada, determinando, segn proceda, la titularidad o atribucin de la competencia controvertida, y resolver, en su caso, lo que procediere sobre las situaciones de hecho o de derecho creadas en lesin de la autonoma local.

6. La declaracin, en su caso, de inconstitucionalidad de la ley que haya dado lugar al conflicto requerir nueva sentencia si el Pleno decide plantearse la cuestin tras la resolucin del conflicto declarando que ha habido vulneracin de la autonoma local. La cuestin se sustanciar por el procedimiento establecido en los artculos 37 y concordantes y tendr los efectos ordinarios previstos en los artculos 38 y siguientes.

Se aade por el art. nico.5 de la Ley Orgnica 7/1999, de 21 de abril. Ref. BOE-A-1999-8927.

Texto aadido, publicado el 22/04/1999, en vigor a partir del 12/05/1999.


[Bloque 100: #tv]

TTULO V

De la impugnacin de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autnomas prevista en el artculo 161.2 de la Constitucin


[Bloque 101: #asetentayseis]

Artculo setenta y seis

Dentro de los dos meses siguientes a la fecha de su publicacin o, en defecto de la misma, desde que llegare a su conocimiento, el Gobierno podr impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones normativas sin fuerza de Ley y resoluciones emanadas de cualquier rgano de las Comunidades Autnomas.


[Bloque 102: #asetentaysiete]

Artculo setenta y siete

La impugnacin regulada en este ttulo, sea cual fuere el motivo en que se base, se formular y sustanciar por el procedimiento previsto en los artculos sesenta y dos a sesenta y siete de esta Ley. La formulacin de la impugnacin comunicada por el Tribunal producir la suspensin de la disposicin o resolucin recurrida hasta que el Tribunal resuelva ratificarla o levantarla en plazo no superior a cinco meses, salvo que, con anterioridad, hubiera dictado sentencia.


[Bloque 103: #tvi]

TTULO VI

De la declaracin sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales

Se modifica y pierde la divisin en captulos por el art. nico.3 de la Ley Orgnica 4/1985, de 7 de junio. Ref. BOE-A-1985-10478.




[Bloque 105: #asetentayocho]

Artculo setenta y ocho

Uno. El Gobierno o cualquiera de ambas Cmaras podrn requerir al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la existencia o inexistencia de contradiccin entre la Constitucin y las estipulaciones de un tratado internacional cuyo texto estuviera ya definitivamente fijado, pero al que no se hubiere prestado an el consentimiento del Estado.

Dos. Recibido el requerimiento, el Tribunal Constitucional emplazar al solicitante y a los restantes rganos legitimados, segn lo previsto en el apartado anterior, a fin de que, en el trmino de un mes, expresen su opinin fundada sobre la cuestin. Dentro del mes siguiente al transcurso de este plazo y salvo lo dispuesto en el apartado siguiente, el Tribunal Constitucional emitir su declaracin, que, de acuerdo con lo establecido en el artculo noventa y cinco de la Constitucin, tendr carcter vinculante.

Tres. En cualquier momento podr el Tribunal Constitucional solicitar de los rganos mencionados en el apartado anterior o de otras personas fsicas o jurdicas u otros rganos del Estado o de las Comunidades Autnomas, cuantas aclaraciones, ampliaciones o precisiones estimen necesarias, alargando el plazo de un mes antes citado en el mismo tiempo que hubiese concedido para responder a sus consultas, que no podr exceder de treinta das.


[Bloque 107: #tvibis]

TTULO VI BIS.

Del recurso previo de inconstitucionalidad contra Proyectos de Estatutos de Autonoma y contra Propuestas de Reforma de Estatutos de Autonoma

Se aade por el art. nico.3 de la Ley Orgnica 12/2015, de 22 de septiembre. Ref. BOE-A-2015-10196.

Texto aadido, publicado el 23/09/2015, en vigor a partir del 24/09/2015.


[Bloque 108: #asetentaynueve]

Artculo setenta y nueve

Uno. Son susceptibles de recurso de inconstitucionalidad, con carcter previo, los Proyectos de Estatutos de Autonoma y las propuestas de reforma de los mismos.

Dos. El recurso tendr por objeto la impugnacin del texto definitivo del Proyecto de Estatuto o de la Propuesta de Reforma de un Estatuto, una vez aprobado por las Cortes Generales.

Tres. Estn legitimados para interponer el recurso previo de inconstitucionalidad quienes, de acuerdo con la Constitucin y con esta Ley Orgnica, estn legitimados para interponer recursos de inconstitucionalidad contra Estatutos de Autonoma.

Cuatro. El plazo para la interposicin del recurso ser de tres das desde la publicacin del texto aprobado en el Boletn Oficial de las Cortes Generales. La interposicin del recurso suspender automticamente todos los trmites subsiguientes.

Cinco. Cuando la aprobacin del Proyecto de Estatuto o de la Propuesta de reforma haya de ser sometida a referndum en el territorio de la respectiva Comunidad Autnoma, el mismo no podr convocarse hasta que haya resuelto el Tribunal Constitucional y, en su caso, se hayan suprimido o modificado por las Cortes Generales los preceptos declarados inconstitucionales.

Seis. El recurso previo de inconstitucionalidad se sustanciar en la forma prevista en el captulo II del ttulo II de esta Ley y deber ser resuelto por el Tribunal Constitucional en el plazo improrrogable de seis meses desde su interposicin. El Tribunal dispondr lo necesario para dar cumplimiento efectivo a esta previsin, reduciendo los plazos ordinarios y dando en todo caso preferencia a la resolucin de estos recursos sobre el resto de asuntos en tramitacin.

Siete. Cuando el pronunciamiento del Tribunal declare la inexistencia de la inconstitucionalidad alegada, seguirn su curso los trmites conducentes a su entrada en vigor, incluido, en su caso, el correspondiente procedimiento de convocatoria y celebracin de referndum.

Ocho. Si, por el contrario, declara la inconstitucionalidad del texto impugnado, deber concretar los preceptos a los que alcanza, aquellos que por conexin o consecuencia quedan afectados por tal declaracin y el precepto o preceptos constitucionales infringidos. En este supuesto, la tramitacin no podr proseguir sin que tales preceptos hayan sido suprimidos o modificados por las Cortes Generales.

Nueve. El pronunciamiento en el recurso previo no prejuzga la decisin del Tribunal en los recursos o cuestiones de inconstitucionalidad que pudieren interponerse tras la entrada en vigor con fuerza de ley del texto impugnado en la va previa.

Se aade por el art. nico.3 de la Ley Orgnica 12/2015, de 22 de septiembre. Ref. BOE-A-2015-10196.

Se deroga por el art. nico.2 de la Ley Orgnica 4/1985, de 7 de junio. Ref. BOE-A-1985-10478.





[Bloque 109: #tvii]

TTULO VII

De las disposiciones comunes sobre procedimiento


[Bloque 110: #aochenta]

Artculo ochenta

Se aplicarn, con carcter supletorio de la presente Ley, los preceptos de la Ley Orgnica del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en materia de comparecencia en juicio, recusacin y abstencin, publicidad y forma de los actos, comunicaciones y actos de auxilio jurisdiccional, da y horas hbiles, cmputo de plazos, deliberacin y votacin, caducidad, renuncia y desistimiento, lengua oficial y polica de estrados.

En materia de ejecucin de resoluciones se aplicar, con carcter supletorio de la presente Ley, los preceptos de la Ley de la Jurisdiccin Contencioso-administrativa.

Se modifica por el art. nico.1 de la Ley Orgnica 15/2015, de 16 de octubre. Ref. BOE-A-2015-11160.




[Bloque 111: #aochentayuno]

Artculo ochenta y uno

Uno. Las personas fsicas o jurdicas cuyo inters les legitime para comparecer en los procesos constitucionales, como actores o coadyuvantes, debern conferir su representacin a un Procurador y actuar bajo la direccin de Letrado. Podrn comparecer por s mismas, para defender derechos o intereses propios, las personas que tengan ttulo de Licenciado en Derecho, aunque no ejerzan la profesin de Procurador o de Abogado.

Dos. Para ejercer ante el Tribunal Constitucional en calidad de Abogado, se requerir estar incorporado a cualquiera de los Colegios de Abogados de Espaa en calidad de ejerciente.

Tres. Estarn inhabilitados para actuar como Abogado ante el Tribunal Constitucional quienes hubieren sido Magistrados o Letrados del mismo.


[Bloque 112: #aochentaydos]

Artculo ochenta y dos

Uno. Los rganos o el conjunto de Diputados o Senadores investidos por la Constitucin y por esta Ley de legitimacin para promover procesos constitucionales actuarn en los mismos representados por el miembro o miembros que designen o por un comisionado nombrado al efecto.

Dos. Los rganos ejecutivos, tanto del Estado como de las Comunidades autnomas, sern representados y defendidos por sus Abogados. Por los rganos ejecutivos del Estado actuar el Abogado del Estado.


[Bloque 113: #aochentaytres]

Artculo ochenta y tres

El Tribunal podr, a instancia de parte o de oficio, en cualquier momento, y previa audiencia de los comparecidos en el proceso constitucional, disponer la acumulacin de aquellos procesos con objetos conexos que justifiquen la unidad de tramitacin y decisin. La audiencia se har por plazo que no exceda de diez das.


[Bloque 114: #aochentaycuatro]

Artculo ochenta y cuatro

El Tribunal, en cualquier tiempo anterior a la decisin, podr comunicar a los comparecidos en el proceso constitucional la eventual existencia de otros motivos distintos de los alegados, con relevancia para acordar lo procedente sobre la admisin o inadmisin y, en su caso, sobre la estimacin o desestimacin de la pretensin constitucional. La audiencia ser comn, por plazo no superior al de diez das con suspensin del trmino para dictar la resolucin que procediere.


[Bloque 115: #aochentaycinco]

Artculo ochenta y cinco

Uno. La iniciacin de un proceso constitucional deber hacerse por escrito fundado en el que se fijar con precisin y claridad lo que se pida.

Dos. Los escritos de iniciacin del proceso se presentarn en la sede del Tribunal Constitucional dentro del plazo legalmente establecido. Los recursos de amparo podrn tambin presentarse hasta las 15 horas del da hbil siguiente al del vencimiento del plazo de interposicin, en el registro del Tribunal Constitucional, o en la oficina o servicio de registro central de los tribunales civiles de cualquier localidad, de conformidad con lo establecido en el artculo 135.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

El Tribunal determinar reglamentariamente las condiciones de empleo, a los efectos anteriores, de cualesquiera medios tcnicos, electrnicos, informticos o telemticos.

Tres. El Pleno o las Salas podrn acordar la celebracin de vista oral.

Se modifica el apartado 2 y se aade el apartado 3 por el art. nico.24 de la Ley Orgnica 6/2007, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2007-10483.

Tngase en cuenta la disposicin transitoria 2 en cuanto a la aplicacin del apartado 2.




[Bloque 116: #aochentayseis]

Artculo ochenta y seis

Uno. La decisin del proceso constitucional se producir en forma de sentencia. Sin embargo, las decisiones de inadmisin inicial, desistimiento y caducidad adoptarn la forma de auto salvo que la presente Ley disponga expresamente otra forma. Las otras resoluciones adoptarn la forma de auto si son motivadas o de providencia si no lo son, segn la ndole de su contenido.

Dos. Las sentencias y las declaraciones a que se refiere el ttulo VI se publicarn en el ''Boletn Oficial del Estado'' dentro de los 30 das siguientes a la fecha del fallo. Tambin podr el Tribunal ordenar la publicacin de sus autos en la misma forma cuando as lo estime conveniente.

Tres. Sin perjuicio en lo dispuesto en el apartado anterior, el Tribunal podr disponer que las sentencias y dems resoluciones dictadas sean objeto de publicacin a travs de otros medios, y adoptar, en su caso, las medidas que estime pertinentes para la proteccin de los derechos reconocidos en el artculo 18.4 de la Constitucin.

Se modifica el apartado 2 y se aade el apartado 3 por el art. nico.25 de la Ley Orgnica 6/2007, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2007-10483.

Se modifica el apartado 1 por el art. 2 de la Ley Orgnica 6/1988, de 9 de junio. Ref. BOE-A-1988-14328.





[Bloque 117: #aochentaysiete]

Artculo ochenta y siete

1. Todos los poderes pblicos estn obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva.

En particular, el Tribunal Constitucional podr acordar la notificacin personal de sus resoluciones a cualquier autoridad o empleado pblico que se considere necesario.

2. Los Juzgados y Tribunales prestarn con carcter preferente y urgente al Tribunal Constitucional el auxilio jurisdiccional que ste solicite.

A estos efectos, las sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional tendrn la consideracin de ttulos ejecutivos.

Se modifica por el art. nico.2 de la Ley Orgnica 15/2015, de 16 de octubre. Ref. BOE-A-2015-11160.




[Bloque 118: #aochentayocho]

Artculo ochenta y ocho

Uno. El Tribunal Constitucional podr recabar de los poderes pblicos y de los rganos de cualquier Administracin Pblica la remisin del expediente y de los informes y documentos relativos a la disposicin o acto origen del proceso constitucional. Si el recurso hubiera sido ya admitido, el Tribunal habilitar un plazo para que el expediente, la informacin o los documentos puedan ser conocidos por las partes para que stas aleguen lo que a su derecho convenga.

Dos. El Tribunal dispondr las medidas necesarias para preservar el secreto que legalmente afecte a determinada documentacin y el que por decisin motivada acuerde para determinadas actuaciones.

Se modifica el apartado 1 por el art. nico.26 de la Ley Orgnica 6/2007, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2007-10483.




[Bloque 119: #aochentaynueve]

Artculo ochenta y nueve

Uno. El Tribunal, de oficio o a instancia de parte, podr acordar la prctica de prueba cuando lo estimare necesario y resolver libremente sobre la forma y el tiempo de su realizacin, sin que en ningn caso pueda exceder de treinta das.

Dos. Si un testigo, citado por el Tribunal, slo puede comparecer con autorizacin superior, la autoridad competente para otorgarla expondr al Tribunal, en su caso, las razones que justifican su denegacin. El Tribunal, odo este informe, resolver en definitiva.


[Bloque 120: #anoventa]

Artculo noventa

Uno. Salvo en los casos para los que esta Ley establece otros requisitos, las decisiones se adoptarn por la mayora de los miembros del Pleno, Sala o Seccin que participen en la deliberacin. En caso de empate, decidir el voto del Presidente.

Dos. El Presidente y los Magistrados del Tribunal podrn reflejar en voto particular su opinin discrepante, siempre que haya sido defendida en la deliberacin, tanto por lo que se refiere a la decisin como a la fundamentacin. Los votos particulares se incorporarn a la resolucin y cuando se trate de sentencias, autos o declaraciones se publicarn con stas en el ''Boletn Oficial del Estado''.

Se modifica el apartado 2 por el art. nico.27 de la Ley Orgnica 6/2007, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2007-10483.




[Bloque 121: #anoventayuno]

Artculo noventa y uno

El Tribunal podr suspender el procedimiento que se sigue ante el mismo hasta la resolucin de un proceso penal pendiente ante un juzgado o Tribunal de este orden.


[Bloque 122: #anoventaydos]

Artculo noventa y dos

1. El Tribunal Constitucional velar por el cumplimiento efectivo de sus resoluciones. Podr disponer en la sentencia, o en la resolucin, o en actos posteriores, quin ha de ejecutarla, las medidas de ejecucin necesarias y, en su caso, resolver las incidencias de la ejecucin.

Podr tambin declarar la nulidad de cualesquiera resoluciones que contravengan las dictadas en el ejercicio de su jurisdiccin, con ocasin de la ejecucin de stas, previa audiencia del Ministerio Fiscal y del rgano que las dict.

2. El Tribunal podr recabar el auxilio de cualquiera de las administraciones y poderes pblicos para garantizar la efectividad de sus resoluciones que lo prestarn con carcter preferente y urgente.

3. Las partes podrn promover el incidente de ejecucin previsto en el apartado 1, para proponer al Tribunal las medidas de ejecucin necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de sus resoluciones.

4. En caso de advertirse que una resolucin dictada en el ejercicio de su jurisdiccin pudiera estar siendo incumplida, el Tribunal, de oficio o a instancia de alguna de las partes del proceso en que hubiera recado, requerir a las instituciones, autoridades, empleados pblicos o particulares a quienes corresponda llevar a cabo su cumplimiento para que en el plazo que se les fije informen al respecto.

Recibido el informe o transcurrido el plazo fijado, si el Tribunal apreciase el incumplimiento total o parcial de su resolucin, podr adoptar cualesquiera de las medidas siguientes:

a) Imponer multa coercitiva de tres mil a treinta mil euros a las autoridades, empleados pblicos o particulares que incumplieren las resoluciones del Tribunal, pudiendo reiterar la multa hasta el cumplimiento ntegro de lo mandado.

b) Acordar la suspensin en sus funciones de las autoridades o empleados pblicos de la Administracin responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal.

c) La ejecucin sustitutoria de las resoluciones recadas en los procesos constitucionales. En este caso, el Tribunal podr requerir la colaboracin del Gobierno de la Nacin a fin de que, en los trminos fijados por el Tribunal, adopte las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las resoluciones.

d) Deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder.

5. Si se tratara de la ejecucin de las resoluciones que acuerden la suspensin de las disposiciones, actos o actuaciones impugnadas y concurrieran circunstancias de especial transcendencia constitucional, el Tribunal, de oficio o a instancia del Gobierno, adoptar las medidas necesarias para asegurar su debido cumplimiento sin or a las partes. En la misma resolucin dar audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal por plazo comn de tres das, tras el cual el Tribunal dictar resolucin levantando, confirmando o modificando las medidas previamente adoptadas.

Se modifica por el art. nico.3 de la Ley Orgnica 15/2015, de 16 de octubre. Ref. BOE-A-2015-11160.

Se aade el prrafo segundo por el art. nico.28 de la Ley Orgnica 6/2007, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2007-10483.





[Bloque 123: #anoventaytres]

Artculo noventa y tres

Uno. Contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe recurso alguno, pero en el plazo de dos das a contar desde su notificacin, las partes podrn solicitar la aclaracin de las mismas.

Dos. Contra las providencias y los autos que dicte el Tribunal Constitucional slo proceder, en su caso, el recurso de splica, que no tendr efecto suspensivo. El recurso podr interponerse en el plazo de tres das y se resolver, previa audiencia comn de las partes por igual tiempo, en los dos siguientes.


[Bloque 124: #anoventaycuatro]

Artculo noventa y cuatro

El Tribunal, a instancia de parte o de oficio, deber antes de pronunciar sentencia, subsanar o convalidar los defectos que hubieran podido producirse en el procedimiento.


[Bloque 125: #anoventaycinco]

Artculo noventa y cinco

Uno. El procedimiento ante el Tribunal Constitucional es gratuito.

Dos. El Tribunal podr imponer las costas que se derivaren de la tramitacin del proceso a la parte o partes que hayan mantenido posiciones infundadas, si apreciare temeridad o mala fe.

Tres. El Tribunal podr imponer a quien formulase recursos de inconstitucionalidad o de amparo, con temeridad o abuso de derecho, una sancin pecuniaria de 600 a 3.000 euros.

Cuatro. Los lmites de la cuanta de estas sanciones o de las multas previstas en la letra a) del apartado 4 del artculo 92 podrn ser revisados, en todo momento, mediante ley ordinaria.

Se modifica el apartado 4 y se suprime el 5 por el art. nico.4 de la ley Orgnica 15/2015, de 16 de octubre. Ref. BOE-A-2015-11160.

Se modifican los apartados 3 y 4 por el art. nico.29 de la Ley Orgnica 6/2007, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2007-10483.





[Bloque 126: #tviii]

TTULO VIII

Del personal al servicio del Tribunal Constitucional


[Bloque 127: #anoventayseis]

Artculo noventa y seis

Uno. Son funcionarios al servicio del Tribunal Constitucional:

a) El Secretario General.

b) Los letrados.

c) Los secretarios de justicia.

d) Los dems funcionarios que sean adscritos al Tribunal Constitucional.

Dos. Este personal se rige por lo establecido en esta Ley y en el Reglamento que en su desarrollo se dicte, y, con carcter supletorio, en lo que sea aplicable por la legislacin vigente para el personal al servicio de la Administracin de Justicia.

Tres. Los cargos y funciones relacionados en este artculo son incompatibles con cualquier otra funcin, destino o cargo, as como con el ejercicio profesional y con la intervencin en actividades industriales, mercantiles o profesionales, incluso las consultivas y las de asesoramiento. No obstante, podrn ejercer aquellas funciones docentes o de investigacin que, a juicio del Tribunal, no resulten incompatibles con el mejor servicio de ste.

Se modifican los apartados 1 y 3 por el art. nico.30 de la Ley Orgnica 6/2007, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2007-10483.




[Bloque 128: #anoventaysiete]

Artculo noventa y siete

1. El Tribunal Constitucional estar asistido por letrados que podrn ser seleccionados mediante concurso-oposicin entre funcionarios pblicos que hayan accedido a un cuerpo o escala del grupo A en su condicin de licenciados en derecho, de acuerdo con el reglamento del Tribunal, o ser libremente designados en rgimen de adscripcin temporal, por el mismo Tribunal, en las condiciones que establezca el reglamento, entre abogados, profesores de universidad, magistrados, fiscales o funcionarios pblicos que hayan accedido a un cuerpo o escala del grupo A en su condicin de Licenciados en Derecho. Los nombrados quedarn en su carrera de origen en situacin de servicios especiales por todo el tiempo en que presten sus servicios en el Tribunal Constitucional.

2. Durante los tres aos inmediatamente posteriores al cese en sus funciones, los letrados tendrn la incompatibilidad a que se refiere el artculo 81.3.

Se modifica por el art. nico.31 de la Ley Orgnica 6/2007, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2007-10483.




[Bloque 129: #anoventayocho]

Artculo noventa y ocho

El Tribunal Constitucional tendr un Secretario General elegido por el Pleno y nombrado por el Presidente entre los letrados, cuya jefatura ejercer sin perjuicio de las facultades que corresponden al Presidente, al Tribunal y a las Salas.

Se modifica por el art. nico.32 de la Ley Orgnica 6/2007, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2007-10483.




[Bloque 130: #anoventaynueve]

Artculo noventa y nueve

1. Corresponde tambin al Secretario General, bajo la autoridad e instrucciones del Presidente:

a) La direccin y coordinacin de los servicios del Tribunal y la jefatura de su personal.

b) La recopilacin, clasificacin y publicacin de la doctrina constitucional del Tribunal.

c) La preparacin, ejecucin y liquidacin de presupuesto, asistido por el personal tcnico.

d) Las dems funciones que le atribuya el reglamento del Tribunal.

2. Las normas propias del Tribunal podrn prever supuestos de delegacin de competencias administrativas del Presidente en el Secretario General. Del mismo modo podr preverse la delegacin de competencias propias del Secretario General.

3. Contra las resoluciones del Secretario General podr interponerse recurso de alzada ante el Presidente, cuya decisin agotar la va administrativa. Esta decisin ser susceptible de ulterior recurso contencioso-administrativo.

Se modifica por el art. nico.33 de la Ley Orgnica 6/2007, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2007-10483.




[Bloque 131: #aciento]

Artculo cien

El Tribunal tendr el nmero de secretarios de justicia que determine su plantilla. Los secretarios de justicia procedern del Cuerpo de Secretarios Judiciales y las vacantes se cubrirn por concurso de mritos entre quienes pudieran ocupar plaza en el Tribunal Supremo.

Se modifica por el art. nico.34 de la Ley Orgnica 6/2007, de 24 de mayo.Ref. BOE-A-2007-10483.




[Bloque 132: #acientouno]

Artculo ciento uno

Los Secretarios de Justicia ejercern en el Tribunal o en las Salas la fe pblica judicial y desempearn, respecto del Tribunal o Sala a la que estn adscritos, las funciones que la legislacin orgnica y procesal de los Juzgados y Tribunales atribuye a los Secretarios.


[Bloque 133: #acientodos]

Artculo ciento dos.

El Tribunal Constitucional adscribir a su servicio el personal de la Administracin de Justicia y dems funcionarios en las condiciones que fije su reglamento. Podr, asimismo, contratar personal en rgimen laboral para el desempeo de puestos que no impliquen participacin directa ni indirecta en el ejercicio de las atribuciones del Tribunal Constitucional, y cuyas funciones sean propias de oficios, auxiliares de carcter instrumental o de apoyo administrativo. La contratacin de este personal laboral se realizar mediante procesos de seleccin ajustados a los principios de igualdad, mrito y capacidad.

Se modifica por el art. nico.35 de la Ley Orgnica 6/2007, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2007-10483.




[Bloque 134: #dt]

DISPOSICIONES TRANSITORIAS


[Bloque 135: #primera]

Primera

Uno. Dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la entrada en vigor de la presente Ley, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial elevarn al Rey las propuestas de designacin de los Magistrados del Tribunal Constitucional. Este plazo se interrumpir para las Cmaras por el tiempo correspondiente a los perodos intersesiones.

Dos. El Tribunal se constituir dentro de los quince das siguientes a la fecha de publicacin de los ltimos nombramientos, si todas las propuestas se elevasen dentro del mismo perodo de sesiones. En otro caso se constituir y comenzar a ejercer sus competencias, en los quince das siguientes, al trmino del perodo de sesiones dentro del que se hubiesen efectuado los ocho primeros nombramientos, cualquiera que sea la razn que motive la falta de nombramiento de la totalidad de los Magistrados previstos en el artculo quinto de esta Ley.

Tres. En el primer concurso-oposicin la seleccin de los Letrados del Tribunal Constitucional se realizar por una Comisin del propio Tribunal designada por el Pleno de ste y presidida por el Presidente del Tribunal.


[Bloque 136: #segunda]

Segunda

Uno. Los plazos previstos en esta Ley para interponer el recurso de inconstitucionalidad o de amparo o promover un conflicto constitucional comenzarn a contarse desde el da en que quede constituido el Tribunal de acuerdo con la disposicin transitoria anterior, cuando las Leyes, disposiciones, resoluciones o actos que originen el recurso o conflicto fueran anteriores a aquella fecha y no hubieran agotado sus efectos.

Dos. En tanto no sean desarrolladas las previsiones del artculo cincuenta y tres, dos, de la Constitucin para configurar el procedimiento judicial de proteccin de los derechos y libertades fundamentales se entender que la va judicial previa a la interposicin del recurso de amparo ser la contencioso-administrativa ordinaria o la configurada en la Seccin segunda de la Ley sesenta y dos/mil novecientos setenta y ocho, de veintisis de diciembre, sobre proteccin jurisdiccional de los derechos fundamentales, a cuyos efectos el mbito de la misma se entiende extendido a todos los derechos y libertades a que se refiere el expresado artculo cincuenta y tres, dos, de la Constitucin.


[Bloque 137: #tercera]

Tercera

Uno. Los sorteos a que se refiere la disposicin transitoria novena de la Constitucin se efectuarn dentro del cuarto mes anterior a la fecha en que se cumplen, respectivamente, los tres o los seis aos de aquella otra en que se produjo la inicial designacin de los Magistrados de Tribunal Constitucional.

Dos. No ser aplicable la limitacin establecida en el artculo diecisis, dos, de esta Ley a los Magistrados del Tribunal que cesarn en sus cargos, en virtud de lo establecido en la disposicin transitoria novena de la Constitucin, a los tres aos de su designacin.


[Bloque 138: #cuarta]

Cuarta

El Gobierno habilitar los crditos necesarios para el funcionamiento del Tribunal Constitucional hasta que ste disponga de presupuesto propio.


[Bloque 139: #quinta]

Quinta

En el caso de Navarra, y salvo que de conformidad con la disposicin transitoria cuarta de la Constitucin ejerciera su derecho a incorporarse al Consejo General Vasco o al rgimen autonmico vasco que le sustituya, la legitimacin para suscitar los conflictos previstos en el artculo segundo, uno, c), y para promover el recurso de inconstitucionalidad que el artculo treinta y dos confiere a los rganos de las Comunidades Autnomas se entender conferida a la Diputacin y al Parlamento Foral de Navarra.


[Bloque 140: #da]

DISPOSICIONES ADICIONALES


[Bloque 141: #primera-2]

Primera.

1. El nmero de letrados seleccionados mediante concurso-oposicin a los que se refiere el artculo 97.1 no podr exceder de 16.

2. La plantilla del personal del Tribunal Constitucional slo podr ser modificada a travs de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Se modifica por el art. nico.36 de la Ley Orgnica 6/2007, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2007-10483.




[Bloque 142: #segunda-2]

Segunda

Uno. El Tribunal elaborar su presupuesto, que figurar como una seccin dentro de los Presupuestos Generales del Estado .

Dos. El Secretario general, asistido de personal tcnico, asumir la preparacin, ejecucin y liquidacin de presupuesto.


[Bloque 143: #tercera-2]

Tercera.

1. Las referencias a las provincias contenidas en esta Ley se entendern realizadas a las islas en las Comunidades Autnomas de las Illes Balears y Canarias.

2. Adems de los sujetos legitimados de acuerdo con el artculo 75 ter.1 lo estarn tambin, frente a leyes y disposiciones normativas con rango de Ley de la Comunidad Autnoma de Canarias, tres Cabildos, y de la Comunidad Autnoma de las Illes Balears, dos Consejos Insulares, aun cuando en ambos casos no se alcance el porcentaje de poblacin exigido en dicho precepto.

Se aade por el art. nico.6 de la Ley Orgnica 7/1999, de 21 de abril. Ref. BOE-A-1999-8927.

Texto aadido, publicado el 22/04/1999, en vigor a partir del 12/05/1999.


[Bloque 144: #cuarta-2]

Cuarta.

1. Los conflictos de competencia que se puedan suscitar entre las instituciones de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco y las de cada uno de sus Territorios Histricos se regirn por lo dispuesto en el artculo 39 de su Estatuto de Autonoma.

2. En el mbito de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, adems de los sujetos legitimados a que se refiere el artculo 75 ter.1, lo estarn tambin, a los efectos de los conflictos regulados en el artculo 75 bis de esta Ley, las correspondientes Juntas Generales y las Diputaciones Forales de cada Territorio Histrico, cuando el mbito de aplicacin de la ley afecte directamente a dicha Comunidad Autnoma.

Se aade por el art. nico.6 de la Ley Orgnica 7/1999, de 21 de abril. Ref. BOE-A-1999-8927.

Texto aadido, publicado el 22/04/1999, en vigor a partir del 12/05/1999.


[Bloque 145: #quinta-2]

Quinta.

1. Corresponder al Tribunal Constitucional el conocimiento de los recursos interpuestos contra las Normas Forales fiscales de los Territorios de lava, Guipzcoa y Vizcaya, dictadas en el ejercicio de sus competencias exclusivas garantizadas por la disposicin adicional primera de la Constitucin y reconocidas en el artculo 41.2.a) del Estatuto de Autonoma para el Pas Vasco (Ley Orgnica 31/1979, de 18 de diciembre).

El Tribunal Constitucional resolver tambin las cuestiones que se susciten con carcter prejudicial por los rganos jurisdiccionales sobre la validez de las referidas disposiciones, cuando de ella dependa el fallo del litigio principal.

El parmetro de validez de las Normas Forales enjuiciadas se ajustar a lo dispuesto en el artculo veintiocho de esta Ley.

2. La interposicin y sus efectos, la legitimacin, tramitacin y sentencia de los recursos y cuestiones referidos en el apartado anterior, se regir por lo dispuesto en el Ttulo II de esta Ley para los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad respectivamente.

Los trmites regulados en los artculos 34 y 37 se entendern en su caso con las correspondientes Juntas Generales y Diputaciones Forales.

En la tramitacin de los recursos y cuestiones regulados en esta disposicin adicional se aplicarn las reglas atributivas de competencia al Pleno y a las Salas de los artculos diez y once de esta Ley.

3. Las normas del Estado con rango de ley podrn dar lugar al planteamiento de conflictos en defensa de la autonoma foral de los Territorios Histricos de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, constitucional y estatutariamente garantizada.

Estn legitimadas para plantear estos conflictos las Diputaciones Forales y las Juntas Generales de los Territorios Histricos de lava, Bizkaia y Gipuzkoa, mediante acuerdo adoptado al efecto.

Los referidos conflictos se tramitarn y resolvern con arreglo al procedimiento establecido en los artculos 63 y siguientes de esta Ley.

Se aade por el art. 1 de la Ley Orgnica 1/2010, de 19 de febrero. Ref. BOE-A-2010-2739.

Texto aadido, publicado el 20/02/2010, en vigor a partir del 12/03/2010.


[Bloque 146: #firma]

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar la presente Ley Orgnica.

Dada en Madrid a tres de octubre de mil novecientos setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

ADOLFO SUREZ GONZLEZ.


[Bloque 147: #informacionrelacionada]

INFORMACION RELACIONADA

Vase la Sentencia del TC 118/2016, de 23 de junio que declara la no inconstitucionalidad del art. 1 de la Ley Orgnica 1/2010, de 19 de febrero. Ref. BOE-A-2010-2739., que aadi la disposicin adicional 5, siempre que se interprete en los trminos del fundamento jurdico 3 d). Ref. BOE-A-2016-7295.

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.

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