Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Sala Segunda. Sentencia 166/2013, de 7 de octubre de 2013. Conflicto positivo de competencia 567-2010. Planteado por el Consejo de Gobierno de la Xunta de Galicia en relación con diversos preceptos del Real Decreto 1549/2009, de 9 de octubre, sobre ordenación del sector pesquero y adaptación al Fondo Europeo de Pesca. Competencias sobre pesca marítima y ordenación del sector pesquero: preceptos reglamentarios estatales relativos al procedimiento de incorporación al censo de la flota pesquera operativa de los datos relativos a la flota pesquera de Galicia que faena exclusivamente en las aguas interiores de esta Comunidad Autónoma y la determinación de los buques que pueden ejercer la actividad pesquera en las aguas interiores de Galicia, que vulneran las competencias autonómicas (STC 9/2001).
Sala Segunda. Sentencia 167/2013, de 7 de octubre de 2013. Recurso de amparo 614-2010. Promovido por doña Mireia L. Q. respecto de las Sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona y un Juzgado de Violencia sobre la Mujer declarativas de filiación no matrimonial. Vulneración del derecho a la propia imagen: resoluciones judiciales que no ponderan suficientemente el interés del menor en seguir manteniendo su primer apellido materno, por el que era conocido en los ámbitos familiar, social o escolar.
Sala Segunda. Sentencia 168/2013, de 7 de octubre de 2013. Recurso de amparo 4458-2010. Promovido por don Antonio Toro Castro con respecto a los Autos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional sobre liquidación de condena. Supuesta vulneración de los derechos a la libertad personal y a la tutela judicial efectiva (incongruencia): resoluciones judiciales que no incurren en irrazonabilidad al computar, como tiempo efectivamente cumplido con repercusión sobre el límite máximo de cumplimiento efectivo establecido, un solo tiempo material de privación cautelar de libertad (STC 57/2008). Voto particular.
Sala Segunda. Sentencia 169/2013, de 7 de octubre de 2013. Recurso de amparo 1088-2011. Promovido por Ultramar Express Transport, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en proceso por despido. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (incongruencia): estimación de un recurso de suplicación fundada en un motivo que entra en contradicción con los argumentos empleados por el recurrente y con las consideraciones fácticas, no controvertidas, de la sentencia de instancia.
Sala Primera. Sentencia 170/2013, de 7 de octubre de 2013. Recurso de amparo 2907-2011. Promovido por don Alberto Pérez González con respecto a la Sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en proceso por despido. Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad y al secreto de las comunicaciones: intervención empresarial de comunicaciones electrónicas fundada en la facultad supervisora implícita en la prohibición convencional del uso extralaboral del correo electrónico.
Sala Segunda. Sentencia 171/2013, de 7 de octubre de 2013. Recurso de amparo 6147-2011. Promovido por Juan Carlos Balerdi Iturralde en relación con los Autos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, desestimatorios de su queja sobre registros corporales. Vulneración del derecho a la intimidad: cacheo integral practicado sin hacer mención de los motivos de seguridad concretos y específicos que determinaran su necesidad (STC 57/1994).
Pleno. Sentencia 172/2013, de 10 de octubre de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 1008-2011. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto del artículo 5.1 de la Ley 5/2010, de 14 de mayo, de coordinación de policías locales de La Rioja. Competencias sobre seguridad pública y coordinación de policías locales: nulidad del precepto legal autonómico relativo a la asociación de municipios para la prestación del servicio de policía local al no haber asumido la Comunidad Autónoma de La Rioja competencias en materia de protección de personas y bienes y de mantenimiento del orden público.
Pleno. Sentencia 173/2013, de 10 de octubre de 2013. Recurso de amparo 3773-2011. Promovido por doña Nuria Sedeño Ortiz respecto de las Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de un Juzgado de lo Social desestimatorias de su demanda por extinción del contrato de trabajo al no haber superado el período de prueba. Supuesta vulneración de los derechos a no sufrir discriminación por razón de sexo, a la igualdad y a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho): resoluciones judiciales que, con cita expresa de la doctrina sentada en las SSTC 92/2008 y 124/2009, razonan acerca de la improcedencia de aplicar la regla sobre la nulidad objetiva del despido en caso de embarazo al desistimiento empresarial durante el periodo de prueba. Votos particulares.
Pleno. Sentencia 174/2013, de 10 de octubre de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 6596-2011. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible. Competencias sobre ordenación general de la economía, medio ambiente, transportes y urbanismo; interdicción de la arbitrariedad: constitucionalidad de los preceptos legales relativos a los planes de movilidad sostenible; pérdida de objeto de la impugnación respecto de los preceptos relativos a las actuaciones de renovación y rehabilitación urbanas y a la ocupación de superficies para instalación de servicios comunes.
Pleno. Sentencia 175/2013, de 10 de octubre de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 5474-2012. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con diversos preceptos de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de presupuestos generales del Estado para el año 2012. Sistema de financiación autonómica: STC 101/2013 (constitucionalidad de los preceptos legales que determinan las cuantías de los fondos de compensación interterritorial, establecen la compensación por la supresión del impuesto general sobre el tráfico de empresas y fijan el importe de la inversión estatal en Canarias).
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