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Documento BOE-A-2015-10143

Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificacin parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

TEXTO

FELIPE VI

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley:

PREMBULO

I

Desde su entrada en vigor, la Ley58/2003, de17 de diciembre, General Tributaria, ha sido objeto de varias modificaciones si bien la que ahora se implementa es la de mayor calado, afectando a diversas partes del texto legal, que encuentran su justificacin en motivos de diversa ndole que ms adelante se detallan, asegurando esta reforma, tanto en las materias que son objeto de modificacin como en las de nueva incorporacin, el mantenimiento del carcter codificador que de la Ley58/2003, de17 de diciembre, General Tributaria, se reconoce en su exposicin de motivos.

Esta norma sigue el principio de adaptacin continua de la norma tributaria a la evolucin de la sociedad y, muy particularmente, a los mecanismos que, de diversa ndole, conforman las relaciones jurdicas y econmicas entre los ciudadanos, relaciones sobre las que gravita, en ltima instancia, la obligacin tributaria, adaptacin que, sin embargo, trata de respetar en todo momento un principio de estabilidad de la normativa que fortalezca la seguridad jurdica en beneficio de los operadores jurdicos que aplican el sistema tributario: los obligados tributarios, los colaboradores sociales y la propia Administracin Tributaria.

En ese sentido, la presente Ley sigue las pautas marcadas por la Ley36/2006, de29 de noviembre, de medidas para la prevencin del fraude fiscal, y la ms reciente Ley7/2012, de29 de octubre, de modificacin de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuacin de la normativa financiera para la intensificacin de las actuaciones en la prevencin y lucha contra el fraude.

Las necesidades que tratan de ser cubiertas con el presente texto son de diversa ndole, integrando modificaciones exclusivamente tcnicas respecto de preceptos ya incorporados en la vigente Ley58/2003, de17 de diciembre, General Tributaria, e incorporando nuevas figuras sustantivas y procedimentales para cubrir vacos legales actualmente existentes o adaptar la norma para superar situaciones de controversia interpretativa, administrativas y jurisdiccionales, puestas de manifiesto a lo largo de estos aos.

Los objetivos esenciales que persiguen las modificaciones son los siguientes:

El reforzamiento la seguridad jurdica tanto de los obligados tributarios como de la Administracin Tributaria y reducir la litigiosidad en esta materia, para lo que es fundamental lograr una regulacin ms precisa, clara y sistemtica de todos aquellos procedimientos a travs de los cuales se aplica y gestiona el sistema tributario.

Prevenir el fraude fiscal, incentivando el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.

Incrementar la eficacia de la actuacin administrativa en la aplicacin de los tributos, logrando un mejor aprovechamiento de los recursos a disposicin de la Administracin.

Estos objetivos pueden sintetizarse en uno solo: mejorar, adaptar y completar la regulacin del sistema tributario espaol, hacindolo ms justo y eficaz.

De forma pormenorizada, las medidas adoptadas a travs del presente texto son las siguientes:

II

Se explicita en la norma la facultad de los rganos de la Administracin Tributaria que tengan atribuida la iniciativa para la elaboracin de disposiciones en el orden tributario, para dictar disposiciones interpretativas con carcter vinculante en la aplicacin de los tributos, facultad ya contenida implcitamente en la funcin que la normativa vigente les atribuye y que ahora simplemente es objeto de reflejo expreso en la Ley.

La figura del conflicto en la aplicacin de la norma se configur en la Ley58/2003, de17 de diciembre, General Tributaria, como una evolucin del anterior fraude de ley y con una configuracin distinta de ste ltimo, constituyndose como un instrumento para la lucha contra los mecanismos ms sofisticados de fraude fiscal, materializado de ordinario, como la prctica demuestra, en la utilizacin de figuras negociales susceptibles de ser calificadas como abusivas.

Una vez transcurridos diez aos desde la entrada en vigor de la Ley, la experiencia atesorada sobre dicho instituto aconseja la modificacin de su rgimen jurdico en el sentido de permitir su sancionabilidad, y ello con un doble fin.

Por un lado, adecuar dicho rgimen a la doctrina jurisprudencial, que no excluye la voluntad defraudatoria en dicha figura, conclusin que es asimismo apoyada por un amplio sector de la doctrina cientfica y constituye la situacin habitual en Derecho comparado, compatibilizando la norma la salvaguarda del principio de tipicidad en el Derecho sancionador, concretada en el Ttulo IV de la Ley, con la flexibilidad necesaria en una clusula antiabuso de carcter general.

A tal efecto se configura un nuevo tipo infractor en la Ley, en el que se integran los posibles resultados materiales de la conducta del obligado as como la desatencin por parte del mismo de los criterios administrativos preexistentes que hubiesen determinado el carcter abusivo de actos o negocios sustantivamente iguales.

Por otro lado, facilitar el exacto cumplimiento del mandato del artculo31 de la Constitucin que consagra el deber general de contribuir, mediante la persecucin de aquellos dispositivos complejos orientados a la defraudacin tributaria.

A partir de la entrada en vigor del Real Decreto335/2010, de19 de marzo, por el que se regula el derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del representante aduanero, todo representante aduanero, no solo los agentes y comisionistas de aduanas, puede actuar como tal ante la Aduana en la modalidad de representacin directa, lo que motiva que se ample la posibilidad de incurrir en responsabilidad subsidiaria a todos ellos.

La reforma incorpora una aclaracin de carcter trascendente, explicitando en el texto positivo la interpretacin del conjunto normativo que regula el derecho a comprobar e investigar por parte de la Administracin, enfatizando el distingo conceptual que existe entre este derecho y el derecho a liquidar, con la finalidad de superar los problemas interpretativos que esta materia ha suscitado, focalizados, tradicionalmente, en el mbito de la comprobacin de la correccin de determinados crditos fiscales y en la legalidad de la compensacin, deduccin o aplicacin de los mismos.

La Ley aclara, a tal efecto, que la prescripcin del derecho a liquidar no trasciende, en ninguno de sus aspectos, al derecho a comprobar e investigar, derecho que slo tendr las limitaciones recogidas en la Ley en los supuestos en los que expresamente se sealan en el propio texto legal, especficamente el temporal mximo establecido para el inicio de comprobaciones de cuyo objeto formen parte determinados crditos fiscales, o las que, evidentemente, puedan establecerse en la ley propia de cada tributo.

Resulta fundamental, de nuevo para evitar dudas interpretativas, el reconocimiento explcito que se realiza respecto de las facultades de calificacin que atribuidas a la Administracin en relacin con hechos, actos, actividades, explotaciones y negocios que, acontecidos, realizados, desarrollados o formalizados en periodos tributarios respecto de los que se hubiese producido la prescripcin del derecho a liquidar, hubieran de surtir efectos fiscales en ejercicios o periodos en los que dicha prescripcin no se hubiese producido.

Con estas modificaciones se posibilita no solo garantizar el derecho de la Administracin a realizar comprobaciones e investigaciones, sino que tambin se asegura el del obligado tributario a beneficiarse de los crditos fiscales citados ms arriba, as como el correcto ejercicio de otros derechos, como por ejemplo, el de rectificacin de sus autoliquidaciones cuando en la comprobacin de la procedencia de la rectificacin la Administracin deba verificar aspectos vinculados a ejercicios respecto de los que se produjo la prescripcin del derecho a liquidar.

Se introduce una modificacin en el mbito de las obligaciones tributarias formales, para especificar, en relacin con los libros registro, la posibilidad de que a travs de norma reglamentaria se regule la obligacin de llevanza de los mismos a travs de medios telemticos.

En los tributos de cobro peridico por recibo, con posterioridad al alta en el respectivo registro, padrn o matrcula, no requieren la presentacin de declaracin ni autoliquidacin, por lo que el comienzo del cmputo del plazo de prescripcin se sita en el momento del devengo de dicho tributo, ya que es a partir de ese momento cuando la Administracin gestora puede realizar las actuaciones dirigidas en ltima instancia a la liquidacin del tributo. Se refleja esta especialidad en la Ley.

La existencia de obligaciones tributarias conexas plantea importantes problemas en materia de prescripcin no resueltos actualmente en la Ley58/2003, de17 de diciembre, General Tributaria. As, cuando la Administracin Tributaria regulariza una obligacin tributaria relacionada con otra del mismo obligado tributario, si la Administracin, de oficio o en virtud de una solicitud de rectificacin de autoliquidacin presentada por el obligado tributario, pretende modificar la obligacin tributaria conexa aplicando los criterios en los que se ha fundamentado la regularizacin de la primera obligacin, es posible que no pueda hacerlo por encontrarse la deuda ya prescrita, dando lugar a situaciones en las que los obligados tributarios y el acreedor pblico pueden resultar gravemente perjudicados.

As, pueden darse supuestos de doble imposicin en perjuicio del obligado tributario. Pero tambin pueden producirse situaciones de nula tributacin en detrimento de los intereses del erario pblico.

Para dar solucin a los problemas expuestos, se regula el rgimen de interrupcin de la prescripcin de obligaciones tributarias conexas de titularidad del mismo obligado.

Como complemento, se regula el cauce procedimental a travs del cual la Administracin ejercer su derecho a liquidar, interrumpido conforme a lo anteriormente expuesto, se posibilita la compensacin de oficio de posibles cantidades a ingresar y a devolver resultantes, y se garantiza el reintegro de aquellas devoluciones que estn vinculadas a liquidaciones que estn siendo objeto de recurso o reclamacin por el mismo obligado tributario.

Se efecta una correccin tcnica en el artculo69.1 y otra en el82.1 como consecuencia de la renumeracin de los distintos apartados de los artculos68 y81 respectivamente por la disposicin final primera del Real Decreto-ley20/2011, de30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la correccin del dficit pblico.

Se profundiza en el reconocimiento de la labor desempeada por los profesionales de la asesora fiscal mediante la incorporacin de una referencia a la necesidad de instrumentar nuevas lneas de colaboracin para fomentar el cumplimiento cooperativo de las obligaciones tributarias.

En relacin con la cesin de datos por parte de la Administracin Tributaria, se permite la publicacin de informacin cuando la misma derive de la normativa de la Unin Europea.

A su vez, es necesario un reforzamiento de los mecanismos de la Hacienda Pblica de fomento del deber general de contribuir del artculo31 de la Constitucin y de lucha contra el fraude fiscal, no solo mediante medidas dirigidas directa y exclusivamente a la mera represin del mismo. No cabe olvidar que la Constitucin Espaola dispone en su prembulo la voluntad de la Nacin de establecer una sociedad democrtica avanzada. El principio de transparencia y publicidad forma parte de los principios que deben regir la actuacin de todos los poderes pblicos para hacer efectivo ese objetivo.

En este sentido, la medida consistente en la publicacin de listados de deudores que se incorpora en la Ley58/2003, de17 de diciembre, General Tributaria, hay que enmarcarla en la orientacin de la lucha contra el fraude fiscal a travs del fomento de todo tipo de instrumentos preventivos y educativos que coadyuven al cumplimiento voluntario de los deberes tributarios, en la promocin del desarrollo de una autntica conciencia cvica tributaria as como en la publicidad activa derivada de la transparencia en la actividad pblica en relacin con la informacin cuyo conocimiento resulte relevante.

La medida es totalmente respetuosa con la reserva de datos tributarios y, por tanto, con los principios en los que sta se fundamenta, no debiendo olvidar la influencia que en esta materia tiene el de proteccin del derecho a la intimidad y la necesidad de potenciar el de eficacia del sistema tributario, todos ellos conjugados en la medida en que slo sern objeto de publicidad aquellas conductas tributarias socialmente reprobables desde una ptica cuantitativa relevante, permitiendo el legislador solo la difusin de aquellas conductas que generan un mayor perjuicio econmico para la Hacienda Pblica que traen causa de la falta de pago en los plazos originarios de ingreso en periodo voluntario establecidos en la Ley en atencin a la distinta tipologa de las deudas.

En definitiva, si bien los principios de transparencia y publicidad pueden colisionar en ocasiones con otros derechos constitucionalmente protegidos, como son los de intimidad y proteccin de datos, deben ponderarse adecuadamente los distintos intereses que se pretenden salvaguardar, y ello teniendo en cuenta especialmente los principios de proporcionalidad, exactitud y conservacin de los datos contenidos en el artculo4.1 de la Ley Orgnica15/1999, de13 de diciembre, de Proteccin de Datos de Carcter Personal. As se hace tambin en otros pases de nuestro entorno donde se recogen distintos supuestos de excepcin al principio general de confidencialidad de los datos tributarios, como Alemania o Finlandia.

En la bsqueda del equilibrio entre los derechos que se integran en la norma, el del cuerpo social a exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias y el de los obligados tributarios en cuanto a la preservacin de su intimidad, se introducen reglas tasadas para formar los listados que habrn de hacerse pblicos.

As se ha hecho en otros mbitos, introduciendo este principio de publicidad en distintos sectores de los que se predica una especial proteccin. As sucede en el sector financiero, en materia de prevencin de riesgos laborales y recientemente respecto de las sanciones de los altos cargos, mbitos todos ellos donde se ha observado la eficacia de este tipo de medidas en relacin con la finalidad perseguida. Habida cuenta de la novedad que supone el texto en este punto, y de la trascendencia de las consecuencias que del mismo se derivan, la norma opta por establecer el acceso, directo, a la jurisdiccin contencioso-administrativa por parte de los interesados que consideren no ajustada a derecho la publicacin.

Esta regulacin se completa con la contenida en la Ley Orgnica XX/XX, de xx, que regula el acceso a la informacin contenida en sentencias dictadas en materia de fraude fiscal, pues resultara incoherente que se publicara la identidad de quienes han dejado de abonar sus obligaciones tributarias y sin embargo quedara oculta precisamente la de los grandes defraudadores, condenados en sentencia firme por delitos de esta naturaleza.

Por otro lado, se precisa cul es el valor probatorio de las facturas en el sentido establecido en la doctrina del Tribunal Econmico-Administrativo Central, esto es, negando que las facturas sean un medio de prueba privilegiado respecto de la realidad de las operaciones.

Teniendo en cuenta la doctrina del Tribunal Econmico-Administrativo Central segn la cual las liquidaciones del IVA solo pueden referirse, segn el caso, a periodos mensuales o trimestrales de liquidacin, se permite distribuir linealmente entre dichos periodos las cuotas del impuesto descubiertas por la Administracin en cmputo anual, cuando el obligado tributario no justifique que las cuotas corresponden a otro periodo de acuerdo con la normativa del impuesto.

Se seala expresamente la imposibilidad de que los contribuyentes que al inicio del procedimiento de comprobacin o investigacin hubieran ya aplicado o compensado las cantidades que tuvieran pendientes, mediante una declaracin complementaria dejen sin efecto la compensacin o aplicacin realizadas en otro ejercicio y soliciten la compensacin o aplicacin de esas cantidades en el ejercicio comprobado, lo cual podra alterar la calificacin de la infraccin eventualmente cometida.

Se suspende el plazo para iniciar o terminar el procedimiento sancionador cuando se solicite tasacin pericial contradictoria, dado que la regulacin actual podra derivar en la imposibilidad de imponer una sancin cuando contra la liquidacin se promoviera dicha tasacin.

Tambin podra suceder que la sancin hubiese sido impuesta ya en el momento en que se solicite la tasacin pericial contradictoria. En ese caso, es necesario poder adaptar la sancin a la liquidacin resultante tras la tasacin sin que para ello sea necesario acudir a un procedimiento de revocacin.

Se modifica el rgimen jurdico de la comprobacin limitada al objeto de facilitar la proteccin de los derechos del obligado tributario al permitirle que, voluntariamente y sin requerimiento previo, pueda aportar en el curso de un procedimiento de comprobacin limitada su contabilidad mercantil para la simple constatacin de determinados datos de que dispone la Administracin, sin que dicha aportacin voluntaria tenga efectos preclusivos.

Constatada la existencia de numerosas incidencias en la interpretacin de la regulacin de los plazos de las actuaciones inspectoras, se hace precisa una nueva regulacin que, sin menoscabar los derechos y garantas de los obligados tributarios, permita reducir la conflictividad en esta materia.

Varios son los objetivos perseguidos con la nueva regulacin de los plazos del procedimiento inspector:

a) Simplificar de manera importante la normativa vigente, al eliminarse un amplio y complejo sistema de supuestos de interrupciones justificadas, dilaciones no imputables a la Administracin, y de ampliacin del plazo. Asimismo, se suprime el supuesto de interrupcin injustificada durante ms de seis meses.

b) Una mayor seguridad jurdica en cuanto al cmputo de los plazos del procedimiento inspector, incorporando nuevas obligaciones para informar al obligado tributario de las vicisitudes de dicho plazo (duracin y, en su caso, suspensin y extensin del mismo), de forma que el obligado pueda conocer claramente cul es la fecha lmite del procedimiento.

c) Reducir significativamente la conflictividad tributaria.

Es decir, la modificacin de la regulacin del plazo del procedimiento inspector permitir que las actuaciones inspectoras tengan una fecha ms previsible de finalizacin, conocida por el obligado tributario, sin merma de derecho alguno de ste, contribuyendo, a su vez, al buen fin de las liquidaciones tributarias y defensa de los intereses generales.

La reforma implica un incremento del plazo del procedimiento de inspeccin y, como contrapartida, a lo largo de la tramitacin se van a producir determinadas vicisitudes que no van a alargar el plazo del que la Administracin Tributaria dispone para finalizar el procedimiento, como los aplazamientos solicitados por el obligado tributario para cumplir trmites, o el periodo de espera de datos solicitados a otras Administraciones. No obstante, podrn descontarse determinados periodos de suspensin definidos de forma objetiva en la Ley en supuestos que impiden la continuacin del procedimiento, pudindose extender la duracin del procedimiento por los das de cortesa en los que el obligado solicita que no se lleven a cabo actuaciones con el mismo o cuando el obligado tributario aporte de forma tarda documentacin que le ha sido previamente requerida o aporte documentacin una vez apreciada la necesidad de aplicar el mtodo de estimacin indirecta.

Las consecuencias de la superacin del plazo del procedimiento inspector sern las actualmente previstas.

Por otra parte, la regulacin del mtodo de estimacin indirecta se ha mostrado insuficiente en algunos aspectos. Estos defectos e insuficiencias han sido en parte corregidos por la jurisprudencia. No obstante, los pronunciamientos de los Tribunales resultan dispersos y heterogneos, lo que conlleva a cierta inseguridad jurdica en la aplicacin de este rgimen.

Por ello, se aclaran y precisan determinados aspectos de esta materia; as, se sealan las fuentes de las que pueden proceder los datos a utilizar en la estimacin indirecta: de los signos, ndices y mdulos si el obligado pudo haberse aplicado el mtodo de estimacin objetiva, de la propia empresa, de estudios estadsticos o de una muestra efectuada por la Inspeccin.

Se precisa que la estimacin indirecta puede aplicarse solo a las ventas e ingresos, o solo a las compras y gastos, o a ambos simultneamente, atendiendo a los datos ocultados o inexistentes.

En relacin con las cuotas soportadas del Impuesto sobre el Valor Aadido, se admite su deducibilidad en este sistema aunque no se disponga de las facturas o documentos que, con carcter general exige la normativa del Impuesto, siempre y cuando la Administracin obtenga datos o indicios que demostraran que el obligado tributario ha soportado efectivamente el impuesto correspondiente.

Dado que la estimacin de bases y cuotas se hace de forma anual, en tributos como el IVA, con periodos de liquidacin inferiores al ao, la cuota anual estimada se repartir linealmente entre los periodos de liquidacin correspondientes, salvo que el obligado justifique que procede un reparto temporal diferente.

En relacin con el mbito sancionador, para evitar que dos apartados distintos de un mismo precepto establezcan dos sanciones alternativas para una misma infraccin, en concreto, para las infracciones consistentes en la presentacin de documentos aduaneros de forma incompleta, inexacta o con datos falsos, cuando no determinen el nacimiento de una deuda aduanera, resulta necesario introducir modificaciones en el ttulo correspondiente, que tambin se ve alterado como consecuencia de la nueva regulacin del plazo del procedimiento inspector, ya que pueden darse supuestos de extensin de dicho plazo una vez iniciado el procedimiento sancionador, por lo que resulta preciso trasladar a este ltimo la eventual extensin del primero.

Por otra parte, se adapta la calificacin de sujeto infractor en el mbito de los Grupos que tributan en el rgimen de consolidacin fiscal como consecuencia de la nueva configuracin de dicho rgimen realizada a travs de la Ley27/2014, de27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

En relacin con los Libros Registro, se tipifica la infraccin consistente en incurrir en retraso en la obligacin de su llevanza y suministro a travs de la Sede electrnica de la Agencia Estatal de Administracin Tributaria.

III

La modificacin del bloque normativo regulador de las reclamaciones econmico- administrativas persigue dos objetivos bsicos:

– La agilizacin de la actuacin de los Tribunales y

– La reduccin de la litigiosidad.

Para lograr tales objetivos, la reforma promueve una mayor y mejor utilizacin de medios electrnicos en todas las fases del procedimiento, agiliza los procedimientos y anticipa el sistema de establecimiento de la doctrina de los Tribunales y mejora tcnicamente la normativa vigente, completando lagunas y clarificando algunos extremos que la prctica ha puesto de manifiesto como dudosos y, en cuanto tales, generadores de conflictos jurdicos.

En este sentido, se atribuye al Tribunal Econmico-Administrativo Central la competencia para conocer de las reclamaciones respecto de actuaciones entre particulares, cuando el domicilio fiscal del reclamante se halle fuera de Espaa.

Se ampla el sistema de unificacin de doctrina, potenciando la seguridad jurdica, al atribuirse al Tribunal Econmico Administrativo Central la competencia para dictar resoluciones en unificacin de criterio y a los Tribunales Econmico-Administrativos Regionales la posibilidad de dictar resoluciones de fijacin de criterio respecto de las salas desconcentradas.

En materia de acumulacin, se simplifican las reglas de acumulacin obligatoria y se introduce la acumulacin facultativa.

Por otra parte, se establece una presuncin de representacin voluntaria a favor de aquellos que la ostentaron en el procedimiento de aplicacin de los tributos del que derive el acto impugnado, lo que sin duda supone la eliminacin de costes indirectos a los obligados tributarios.

Se introduce la notificacin electrnica para las reclamaciones que se interpongan obligatoriamente por esta va.

Se produce una aclaracin en materia de costas en el caso de inadmisin, precisndose el mbito subjetivo de la condena en costas, vinculando la misma a cada instancia, y supeditando la dictada en primera instancia a su posterior confirmacin.

Se suprime la regla especial de cmputo de plazo para recurrir en caso de silencio, de acuerdo con la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo y doctrina del Tribunal Econmico Administrativo Central. Para salvaguardar el legtimo derecho de defensa de los obligados tributarios, si posteriormente a la interposicin de la reclamacin econmico-administrativa se dicta resolucin expresa, se notificar concediendo plazo de alegaciones ante los Tribunales Econmico-Administrativos, tenindola por impugnada, sin perjuicio de que la satisfaccin extraprocesal ha de ser declarada por el rgano econmico-administrativo que estuviera conociendo.

Se incorpora la referencia al expediente electrnico, la obligatoriedad de la interposicin electrnica en caso de que el acto impugnando fuera de notificacin obligatoria por esta va y se aboga por la utilizacin de manera extensiva de tales medios electrnicos.

Se determina de forma expresa en norma con rango de ley el plazo del que dispone la Administracin para ejecutar la resolucin dictada por el Tribunal Econmico-administrativo en supuestos distintos de la retroaccin, es decir, en supuestos en los que se resuelva por razones sustantivas o de fondo.

Se completa la regulacin en materia de reclamaciones entre particulares con el reconocimiento expreso de la eficacia de las resoluciones que se dicten ante la Administracin Tributaria encargada de la aplicacin de los tributos.

Se establece la posibilidad de suspensin de la resolucin econmico-administrativa en caso de presentacin de recursos de alzada ordinarios por los Directores Generales si se dan determinadas circunstancias.

Se introducen mejoras en materia de recurso de anulacin regulndose expresamente aquellos supuestos contra los que no procede dicho recurso.

Se crea un nuevo recurso, el de ejecucin, llamado hasta ahora incidente de ejecucin, contra actos dictados como consecuencia de una resolucin estimatoria del Tribunal, clarificando el mbito de aplicacin objetivo, simplificando el procedimiento y estableciendo el carcter urgente en su tramitacin.

Se reduce a seis meses el plazo de resolucin del recurso extraordinario de revisin.

Por ltimo, se sustituye el procedimiento ante los rganos unipersonales por el procedimiento abreviado para las reclamaciones de menor cuanta en el que el tribunal podr actuar de forma unipersonal.

IV

Como consecuencia de la reforma de la regulacin del delito contra la Hacienda Pblica llevada a cabo por la Ley Orgnica7/2012, de27 de diciembre, se hacen precisas determinadas modificaciones en la Ley58/2003, de17 de diciembre, General Tributaria, para establecer un procedimiento administrativo que permita practicar liquidaciones tributarias y efectuar el cobro de las mismas an en los supuestos en los que se inicie la tramitacin de un procedimiento penal, al ser este uno de los cambios ms significativos operados en la Ley Orgnica10/1995, de23 de noviembre, del Cdigo Penal.

La trascendencia de la modificacin orgnica referida justifica por s sola la incorporacin en la Ley58/2003, de17 de diciembre, General Tributaria, de un nuevo Ttulo VI especficamente dedicado a las actuaciones a desarrollar en estos supuestos, ya que la lnea directriz del legislador orgnico ha quedado patente: la regla general ser la prctica de liquidacin y el desarrollo de las actuaciones recaudatorias de la deuda tributaria cuantificada a travs de la misma, sin perjuicio de que, en determinados casos explicitados en la norma tributaria, el legislador haya optado, en estricta sujecin al carcter potestativo fijado en la norma penal en este punto, por la paralizacin de las actuaciones, sin practicar liquidacin, en tanto en cuanto no exista un pronunciamiento en sede jurisdiccional.

Esta modificacin permitir superar, en la mayora de los supuestos, la situacin hasta ahora existente, segn la cual la obligada paralizacin de las actuaciones administrativas de liquidacin de la deuda tributaria provocaba, entre otros efectos, la conversin de la deuda tributaria en una figura de naturaleza distinta, la responsabilidad civil derivada del delito, como frmula de resarcimiento a la Hacienda Pblica del dao generado.

Adems de esa consecuencia, la nueva estructura de la norma permitir superar tambin el diferente e injustificado trato de favor que la regulacin preexistente dispensaba a quin se constitua en presunto autor de un delito contra la Hacienda Pblica frente a quin se configuraba como mero infractor administrativo, en relacin con la obligacin que ataa a ste ltimo frente al primero de pagar o garantizar la suspensin de la ejecutividad del acto administrativo.

La nueva normativa tributaria integra, por tanto, reglas que resuelven las situaciones singulares derivadas de la coexistencia de las actuaciones administrativas de liquidacin y cobro con el enjuiciamiento penal de la defraudacin.

En la actual configuracin del delito contra la Hacienda Pblica se ha incorporado en norma positiva el concepto de regularizacin, definida sta como el completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, configurndose como el verdadero reverso del delito, haciendo posible el pleno retorno a la legalidad y poniendo fin a la lesin provisional del bien jurdico protegido producida por la defraudacin. A tal efecto la Ley recuerda qu elementos integran la deuda tributaria, segn lo dispuesto en el artculo58 de la Ley58/2003, de17 de diciembre, General Tributaria, confirmando la potestad de la Administracin Tributaria de realizar las comprobaciones que se consideren precisas en orden a determinar la existencia, en su caso, del completo reconocimiento y pago de la deuda que exige dicha regularizacin.

La falta de certeza en cuanto a la existencia de dicha regularizacin determinar el pase del tanto de culpa a la jurisdiccin competente o la remisin del expediente al Ministerio Fiscal.

La otra consecuencia ser, con carcter general, como se indic ms arriba, la prctica de una liquidacin administrativa, a cuyo efecto se regula un procedimiento especfico que, manteniendo la estructura del procedimiento de inspeccin actualmente regulado en la Ley58/2003, de17 de diciembre, General Tributaria, en cuanto a su inicio y tramitacin, incorpora significativas modificaciones en la fase de terminacin del mismo respecto de la liquidacin vinculada al delito, siendo precisa, para dictar dicha liquidacin, la autorizacin previa del rgano competente para interponer la denuncia o querella.

A rengln seguido, se prev la posibilidad del retorno del expediente a sede administrativa en el caso de inadmisin de la denuncia o querella citadas ms arriba, retomando la Administracin de forma plena sus actuaciones, a cuyo efecto se establecen los correspondientes plazos.

En el seno de la comprobacin administrativa y una vez concretada la existencia de un presunto delito contra la Hacienda Pblica puede ocurrir que, respecto de una misma obligacin tributaria, concepto y periodo, existan elementos integrantes de la misma en relacin con los cuales pueda predicarse la existencia de defraudacin delictiva y otros que no se vean afectados por sta. Para ese supuesto se regula un mecanismo de divisin, separando en dos liquidaciones distintas los elementos afectados por una y otra condicin, tal y como predica la norma penal. Con una clara vocacin garantista para el obligado tributario, inspirada en la aplicacin del principio de mnima intervencin de la norma penal, se fija una regla general segn la cual todas las partidas a compensar o deducir en base o en cuota a favor del mismo se imputarn a la liquidacin vinculada al delito, dndose al obligado, sin embargo, la posibilidad de optar por un sistema de distribucin proporcional de tales partidas.

Desde el punto de vista de la tramitacin de estos expedientes vinculados a la comisin de un delito contra la Hacienda Pblica, debe partirse de la premisa consistente en que las normas pueden acotar un rgimen jurdico diferente para las distintas deudas de derecho pblico en funcin de su particular naturaleza. Dentro del mbito tributario, resulta necesario establecer normas sustantivas especficas para las deudas tributarias derivadas de la forma ms grave de defraudacin tributaria, como es el delito contra la Hacienda Pblica que, por su singularidad, tienen tambin un tratamiento procedimental diferente que se inicia en el mbito administrativo y concluye en el judicial. Ese rgimen jurdico propio –que fundamentalmente excluye la extincin total o parcial de la deuda por la concurrencia de defectos o dilaciones en el procedimiento administrativo de comprobacin– es, adems, coherente con las pautas comunes de una correcta represin de los comportamientos delictivos que no se compadece con el hecho de que stos pudiesen quedar impunes por meras cuestiones relacionadas con irregularidades en la tramitacin estrictamente administrativa del expediente de comprobacin que no afectan ni cuestionan la existencia o cuanta de la defraudacin de naturaleza delictiva. La necesaria aplicacin de esas normas sustantivas especficas exige que las liquidaciones vinculadas a delitos contra la Hacienda Pblica se sujeten a una tramitacin singular en la que, por coherencia con el rgimen sustantivo aplicable, no sern objeto de anlisis aquellas cuestiones que no guarden relacin con la extincin total o parcial de la obligacin tributaria como son, en esta clase de deudas, las dilaciones o defectos procedimentales. En este sentido, la imposibilidad de tratamiento de dichas irregularidades se ajusta a los reiterados pronunciamientos de la jurisdiccin penal emitidos al amparo de la normativa preexistente rehuyendo el tratamiento de cuestiones procedimentales administrativas previas que no tienen incidencia en el enjuiciamiento de un hecho de naturaleza delictiva.

Es conveniente reiterar que son dos las autoridades del Estado que intervienen ante una defraudacin tributaria de naturaleza delictiva, la administrativa y la judicial, actuando cada una de ellas en el mbito que le es propio.

Sealado lo anterior, es importante significar la preferencia del orden penal en dos aspectos: por una parte, corresponde al juez penal la posibilidad de suspender las actuaciones administrativas de cobro, permitiendo de ese modo el acceso a una justicia cautelar frente a la ejecutividad de la liquidacin tributaria; por otra, la preferencia del orden penal queda respetada con el obligado ajuste final de la liquidacin tributaria a los hechos que el juez penal declare probados cuando juzgue y se pronuncie, a los efectos de la imposicin de una pena, sobre la existencia y cuanta de la defraudacin. Cuando el pronunciamiento judicial hubiese excluido la existencia de delito contra la Hacienda Pblica siendo factible, sin embargo, la liquidacin administrativa, la tutela judicial se desarrollar en la forma prevista para cualquier otra liquidacin tributaria no vinculada a un delito contra la Hacienda Pblica, en la misma forma en que viene ocurriendo en la actualidad.

Como ms arriba se apunt, la modificacin penal ha determinado que, adems de practicar la liquidacin correspondiente, la Administracin Tributaria pueda materializar las actuaciones de cobro de la deuda tributaria liquidada mediante la aplicacin de los mecanismos recaudatorios regulados en la Ley58/2003, de17 de diciembre, General Tributaria y en su normativa de desarrollo.

Como consecuencia de lo anterior se establece una norma especfica en lo que al plazo de ingreso de la deuda tributaria liquidada se refiere, cuya apertura ser posterior a la admisin de la denuncia o querella, recogindose en este caso la posibilidad de revisin de las actuaciones recaudatorias mediante los procedimientos administrativos tributarios ordinarios por las causas tasadas en la ley.

En el marco de esta reforma existe un mbito que no puede ser omitido en este momento: el de los responsables tributarios.

La modificacin orgnica ya referida ms arriba trata de eliminar situaciones de privilegio y situar al presunto delincuente en la misma posicin de cualquier otro deudor tributario. En coherencia con dicha finalidad se hace preciso establecer un nuevo supuesto de responsabilidad tributaria basado en la condicin de causante o colaborador en la defraudacin, cualificada, adems, por la necesidad de la condicin de imputado en el proceso penal.

La declaracin de responsabilidad en estos supuestos posibilitar la actuacin de la Administracin Tributaria en orden al cobro de la deuda tributaria, liquidada en origen al obligado tributario sujeto pasivo, en sede de responsable, llevando a sus ltimos efectos el mandato de la modificacin penal en cuanto a la recaudacin de la deuda tributaria liquidada vinculada al presunto delito.

Por ltimo, la modificacin integra determinadas especialidades, que han de ser tenidas en cuenta en el mbito de la liquidacin de la deuda aduanera directamente derivadas de la legislacin comunitaria.

La modificacin que se incorpora hace necesaria la introduccin de una serie de cambios en otros artculos de la Ley58/2003, de17 de diciembre, General Tributaria. En concreto, por un lado, en tanto en cuanto las actuaciones administrativas a desarrollar en aplicacin del nuevo ttulo VI forman parte de la aplicacin de los tributos, los rganos que las llevan a cabo forman parte de la Administracin Tributaria. A su vez, las normas generales de representacin sern de aplicacin en el desarrollo de dichas actuaciones.

Por otro lado, se ven modificados los preceptos que regulan la adopcin de medidas cautelares, as como el listado de las denominadas liquidaciones provisionales, en ambos casos como consecuencia de las nuevas liquidaciones que ahora se regulan en la norma, inexistentes hasta ahora.

Igualmente, se hace precisa la adaptacin del precepto que establece la no devolucin de las cantidades pagadas por las que se regulariza voluntariamente la situacin tributaria y que, en virtud de la nueva regulacin del delito contra la Hacienda Pblica, determinan el pleno retorno a la legalidad.

V

Debido a la especial incidencia que en el mbito de la fiscalidad tiene el Derecho de la Unin Europea, as como las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unin Europea, se procede a la introduccin de mecanismos y preceptos en la Ley58/2003, de17 de diciembre, General Tributaria, para incrementar el grado de integracin legal y efectividad del Derecho de la Unin Europea.

En relacin con la legitimacin de los rganos econmico-administrativos para promover cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unin Europea, tal y como el mismo ha admitido, como mera manifestacin de la primaca y efecto directo del Derecho de la Unin Europea, se establecen normas de procedimiento dirigidas a regular tal actividad, establecindose, adems, que la interposicin de tales cuestiones prejudiciales suspender el procedimiento econmico-administrativo, as como el cmputo del plazo de prescripcin.

Por otra parte se introduce un nuevo ttulo en la Ley58/2003, de17 de diciembre, General Tributaria, a travs del cual se adapta la misma a la normativa comunitaria en materia de ayudas de estado ilegales e incompatibles.

Las Decisiones de la Comisin Europea exigiendo la recuperacin de ayudas de estado son obligatorias en todos sus trminos para sus destinatarios, los Estados miembros, que debern lograr restablecer la situacin existente con anterioridad al disfrute de la ayuda sin dilacin y con arreglo a los procedimientos del derecho interno del Estado miembro destinatario.

En el caso espaol, la normativa interna no prev ningn procedimiento para la recuperacin de ayudas de Estado en el mbito tributario, carencia que el presente texto viene a solventar. Para ello, y como una manifestacin adicional del carcter codificador de la Ley58/2003, de17 de diciembre, General Tributaria, se introduce un nuevo ttulo en la misma regulador de los procedimientos a seguir para la ejecucin de las Decisiones de recuperacin en este mbito.

En la recuperacin de ayudas de Estado la Administracin Tributaria acta como ejecutor de una decisin que le viene impuesta por la Comisin Europea, debiendo ajustarse a la normativa comunitaria reguladora de la materia, en particular a los principios de ejecucin inmediata y efectiva de la decisin establecidos en el artculo14 del Reglamento (CE) n.659/1999 del Consejo, de22 de marzo de1999, por el que se establecen disposiciones de aplicacin del artculo93 del Tratado.

Dichos principios inspiran la regulacin de la ejecucin de las decisiones de recuperacin y justifican sus principales peculiaridades:

– La posibilidad de modificar actos administrativos firmes, incluso con fuerza de cosa juzgada, tal y como ha establecido el Tribunal de Justicia de la Unin Europea.

– La consideracin de las deudas tributarias resultantes como no susceptibles de aplazamiento o fraccionamiento.

Se incorporan, adems, reglas especiales de prescripcin impuestas por normativa comunitaria, no siendo por tanto aplicables los plazos de prescripcin internos en relacin con la deuda tributaria resultante exclusivamente de la ejecucin de la decisin.

Se crean dos tipos de procedimiento de ejecucin de decisiones de recuperacin, aplicndose uno u otro en funcin de la naturaleza de los elementos de la obligacin tributaria a los que se refiere la decisin. La aplicacin de uno u otro depender de si la ejecucin de la decisin influye o no en la cuantificacin o liquidacin de la deuda tributaria.

No obstante, tambin se podrn ejecutar las decisiones de recuperacin a travs del procedimiento de inspeccin ordinario cuando al obligado tributario se le comprueben tambin otras obligaciones u otros elementos de la obligacin distintos de aquellos que constituyen el objeto de la decisin de recuperacin.

En los artculos5 y46.2 se incorporan sendas referencias a este nuevo ttulo puesto que, por un lado, es competencia de la Administracin Tributaria la ejecucin de las actuaciones en l reguladas, y, por otro, las normas generales de representacin sern de aplicacin en los procedimientos de recuperacin.

VI

Se modifica la disposicin adicional sexta relativa al Nmero de Identificacin Fiscal con el propsito, por un lado, de explicitar los efectos derivados de la revocacin en materia fiscal del nmero de identificacin fiscal, y, por otro, de extender dichos efectos subjetivamente a los nmeros asignados a las personas fsicas.

Asimismo, se modifica la disposicin adicional dcima, relativa a la exaccin de responsabilidad civil por delitos contra la Hacienda Pblica, con el nico propsito de adaptar la normativa tributaria a las ltimas modificaciones del Cdigo Penal, que han ampliado las competencias de la Administracin Tributaria a la exaccin de las penas de multa.

Se reconoce la existencia de normas especficas en materia aduanera derivadas directamente del Derecho de la Unin Europea, que primarn sobre lo establecido en la Ley58/2003, de17 de diciembre, General Tributaria, especificndose, por su especial relevancia, entre otras, las referidas al carcter de las liquidaciones y a los plazos de resolucin, debiendo significarse, especialmente, las que ataen a determinadas especialidades en la revisin de los actos de aplicacin de los tributos integrantes de la deuda aduanera como consecuencia de la distribucin de competencias entre los rganos nacionales y la Comisin en materia aduanera.

Conforme a la normativa vigente, la iniciacin de los procedimientos amistosos a los que hace referencia la disposicin adicional primera del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado por Real Decreto Legislativo5/2004, de5 de marzo, es compatible con la tramitacin de un recurso administrativo o contencioso-administrativo planteado sobre las mismas cuestiones sobre las que versa el procedimiento amistoso.

Ante la necesidad de evitar que se simultanee este mecanismo con una instancia estrictamente revisora, y sin afectar al principio de tutela judicial efectiva, se establece la suspensin de los procedimientos revisores, tanto en va administrativa como judicial, que se hayan podido iniciar, hasta que se sustancie el procedimiento amistoso, por lo que se incluye una nueva disposicin adicional en la Ley58/2003, de17 de diciembre, General Tributaria, y otra en la Ley29/1998, de13 de julio, reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa.

En cumplimiento de la obligacin de adoptar medidas para exigir que las instituciones financieras apliquen de forma efectiva las normas de comunicacin de informacin y diligencia debida incluidas en la Directiva2011/16/UE, del Consejo, de15 de febrero de2011, modificada por la Directiva2014/107/UE, del Consejo, de9 de diciembre de2014, por lo que se refiere a la obligatoriedad del intercambio automtico de informacin en el mbito de la fiscalidad y las derivadas del Estndar comn de comunicacin de informacin elaborado por la OCDE aplicable en Espaa como consecuencia de la firma del Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre Intercambio Automtico de Informacin de Cuentas Financieras, se introduce una nueva disposicin adicional vigsimo segunda, en la que se regulan, entre otras medidas, dos nuevos tipos de infraccin en relacin con el incumplimiento de la obligacin de identificar la residencia de las personas que ostenten la titularidad o control de las cuentas financieras.

Se establece la no aplicacin a la materia tributaria de lo establecido en la disposicin adicional nica de la Ley11/2011, de20 de mayo, de reforma de la Ley60/2003, de23 de diciembre, de Arbitraje y de regulacin del arbitraje institucional en la Administracin General del Estado, de forma que las controversias jurdicas que se susciten entre la Administracin Tributaria y entes de derecho pblico se resolvern por los procedimientos establecidos en la normativa tributaria.

Como consecuencia del cambio de denominacin del antiguo Ministerio de Economa y Hacienda, se adaptan las referencias al mismo que aparecen en la Ley58/2003, de17 de diciembre, General Tributaria, a su actual denominacin.

Para evitar dudas sobre la entrada en vigor de determinados preceptos, se establece el rgimen transitorio de aquellos artculos que lo precisan, y especficamente, el referido a la aplicacin del nuevo procedimiento de liquidacin de deudas tributarias vinculadas a delitos contra la Hacienda Pblica, as como la aplicacin de los nuevos supuestos de responsabilidad asociados a posibles delitos.

Como complemento a la regulacin contenida en el nuevo ttulo VI y en consonancia con la reforma del Cdigo Penal que permite continuar el procedimiento administrativo de cobro de la deuda tributaria pese a la pendencia del proceso penal, se establece en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que la mera presentacin ante el juez penal de una solicitud de suspensin de la ejecutividad de la liquidacin no producir efectos salvo acuerdo judicial expreso con formalizacin de garantas.

En consecuencia, los rganos de recaudacin podrn continuar con el procedimiento de apremio hasta la fecha del auto por el que se acuerde la suspensin. No obstante, una vez constituida la garanta, la suspensin surtir efectos desde que se solicit, regulando la Ley los efectos concretos del auto de concesin sobre los embargos realizados con anterioridad al mismo.

Se modifica la Ley29/1998, de13 de julio, reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-administrativa, aclarndose en dicha Ley que, conforme a la actual regulacin de dicho delito en el Cdigo Penal, est excluido del orden contencioso-administrativo el conocimiento de las pretensiones que los obligados tributarios pudiesen plantear al socaire de la actuacin administrativa.

Se modifican e incorporan determinados preceptos en la Ley Orgnica12/1995, de12 de diciembre, de Represin del Contrabando, que, conforme a la disposicin final segunda de la propia Ley, tienen rango de ley ordinaria. En la misma senda abierta por el Cdigo Penal y materializada en el nuevo ttulo VI de la Ley58/2003, de17 de diciembre, General Tributaria, las modificaciones en el mbito del contrabando van a permitir, con carcter general, la liquidacin y recaudacin de las deudas tributarias y aduaneras derivadas del contrabando, de forma que, de advertirse por la Administracin Tributaria la posible existencia de delito de contrabando, las actuaciones administrativas continuarn, salvo, en su caso, el procedimiento sancionador que ya se hubiese iniciado, como consecuencia de la imposibilidad de concurrencia de sanciones.

Como consecuencia de mltiples factores que afectan en el momento presente a la actividad econmica ligada a las labores de tabaco, en especial el incremento de precios de las mismas, la situacin socio-econmica en determinadas partes de la geografa espaola y las limitaciones jurdicas en la regulacin de las franquicias aduaneras y fiscales en relacin con los regmenes de viajeros y pequeos envos, se est produciendo un crecimiento sustancial de las acciones y omisiones tipificadas como infracciones de contrabando con este tipo de gneros.

Por otra parte, se aprecia un aumento de los comportamientos de los infractores tendentes a evitar la aplicacin efectiva de la sancin de cierre del establecimiento, constatndose adems una generalizacin de conductas de los presuntos infractores que suponen situaciones de resistencia, obstruccin, excusa o negativa ante la actuacin de los funcionarios encargados de la investigacin y de la tramitacin de los expedientes sancionadores.

Para prevenir la extensin de tales prcticas y hacer frente al incremento de este tipo de irregularidades, se hace necesario revisar las sanciones administrativas aplicables a las infracciones para adecuarlas a la finalidad de toda sancin que no es otra que la de disuadir de la realizacin de los comportamientos antijurdicos que constituyen el objeto de las mismas.

Dada la distribucin de competencias entre los rganos nacionales y la Comisin, y considerando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unin Europea en materia de no contraccin a posteriori, condonacin o devolucin de la deuda aduanera, en el mismo sentido que la Ley58/2003, de17 de diciembre, General Tributaria, se modifica tambin la Ley29/1998, de13 de julio, reguladora de la Jurisdiccin Contencioso Administrativa, con el objeto de que el procedimiento judicial se suspenda hasta que la Comisin adopte la decisin de su competencia.

En coherencia con la eliminacin de los periodos de interrupcin justificada del plazo del procedimiento inspector, y su sustitucin por periodos de suspensin, se adapta la terminologa en la disposicin adicional tercera de la Ley23/2005, de18 de noviembre, de reformas en materia tributaria para el impulso a la productividad, para los supuestos en los que la Comisin Nacional del Mercado de Valores deba pronunciarse sobre la suspensin o revocacin de la autorizacin concedida a una Institucin de Inversin Colectiva.

La Ley7/2012, de29 de octubre, de modificacin de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuacin de la normativa financiera para la intensificacin de las actuaciones en la prevencin y lucha contra el fraude, estableci una limitacin a los pagos en efectivo. Se trata de una norma de naturaleza financiera, aunque su finalidad es, como seala la exposicin de motivos de la citada Ley, la lucha contra el fraude fiscal.

Se considera que debe establecerse la exclusin de la limitacin respecto del cambio de moneda en efectivo por otra moneda en efectivo, que se realice por establecimientos de cambio de moneda, extendindose dicha exclusin tambin a las entidades de pago reguladas en la Ley16/2009, de13 de noviembre, de servicios de pago, en ambos casos supervisados por el Banco de Espaa y sujetos a la normativa de blanqueo de capitales.

Asimismo, se produce una modificacin en el rgimen jurdico de las notificaciones en el seno de los procedimientos sancionadores a seguir en el caso de infraccin de la limitacin de pagos en efectivo regulada en la misma Ley, a fin de agilizar las notificaciones y armonizar su rgimen con el que, con carcter general, se sigue por la Agencia Estatal de Administracin Tributaria en los procedimientos tributarios.

La disposicin final sexta recoge una serie de modificaciones de la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades, entre las que cabe destacar la modificacin de aquellos apartados que establecen unos plazos especficos de comprobacin de crditos fiscales, ya sean bases imponibles negativas, deducciones por doble imposicin o incentivos fiscales, con el objeto de adecuar su redaccin a la contenida en la Ley General Tributaria, evitando dudas interpretativas en relacin con la realizacin de las actuaciones de comprobacin a desarrollar por los rganos de la Administracin Tributaria.

En consonancia, se introducen las modificaciones necesarias en la Ley20/1990, de19 de diciembre, sobre Rgimen Fiscal de las Cooperativas, con el objeto de adaptar el tratamiento fiscal de las cuotas negativas al previsto para las bases imponibles negativas en la Ley27/2014.

Se establece la necesidad de aprobar, mediante Orden Ministerial, el modelo para llevar a cabo la regularizacin voluntaria de la deuda, determinante, en su caso, de la desaparicin del reproche penal por el delito contra la Hacienda Pblica.

Para finalizar, el texto se completa con los preceptos dedicados al establecimiento de la correspondiente disposicin derogatoria, de una disposicin relativa a la limitacin de gastos derivados de la implementacin de lo dispuesto en la norma, al ttulo competencial, a la habilitacin al Gobierno para dictar disposiciones de desarrollo y a la entrada en vigor.

Artculo nico. Modificacin de la Ley58/2003, de17 de diciembre, General Tributaria.

Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley58/2003, de17 de diciembre, General Tributaria:

Uno. Se modifica el apartado1 del artculo5, que queda redactado de la siguiente forma:

1. A los efectos de esta Ley, la Administracin Tributaria estar integrada por los rganos y entidades de derecho pblico que desarrollen las funciones reguladas en sus ttulos III, IV, V, VI y VII.

Dos. Se modifica el apartado3 del artculo12, que queda redactado de la siguiente forma:

3. En el mbito de las competencias del Estado, la facultad de dictar disposiciones interpretativas o aclaratorias de las leyes y dems normas en materia tributaria corresponde al Ministro de Hacienda y Administraciones Pblicas y a los rganos de la Administracin Tributaria a los que se refiere el artculo88.5 de esta Ley.

Las disposiciones interpretativas o aclaratorias dictadas por el Ministro sern de obligado cumplimiento para todos los rganos de la Administracin Tributaria.

Las disposiciones interpretativas o aclaratorias dictadas por los rganos de la Administracin Tributaria a los que se refiere el artculo88.5 de esta Ley tendrn efectos vinculantes para los rganos y entidades de la Administracin Tributaria encargados de la aplicacin de los tributos.

Las disposiciones interpretativas o aclaratorias previstas en este apartado se publicarn en el boletn oficial que corresponda.

Con carcter previo al dictado de las resoluciones a las que se refiere este apartado, y una vez elaborado su texto, cuando la naturaleza de las mismas lo aconseje, podrn ser sometidas a informacin pblica.

Tres. Se modifica el apartado3 del artculo15, que queda redactado de la siguiente forma:

3. En las liquidaciones que se realicen como resultado de lo dispuesto en este artculo se exigir el tributo aplicando la norma que hubiera correspondido a los actos o negocios usuales o propios o eliminando las ventajas fiscales obtenidas, y se liquidarn intereses de demora.

Cuatro. Se modifica el apartado3 del artculo29, que queda redactado de la siguiente forma:

3. En desarrollo de lo dispuesto en este artculo, las disposiciones reglamentarias podrn regular las circunstancias relativas al cumplimiento de las obligaciones tributarias formales.

En particular, se determinarn los casos en los que la aportacin o llevanza de los libros registro se deba efectuar de forma peridica y por medios telemticos.

Cinco. Se modifica la letra e) del apartado1 del artculo43, que queda redactada de la siguiente forma:

e) Los representantes aduaneros cuando acten en nombre y por cuenta de sus comitentes. No obstante, esta responsabilidad subsidiaria no alcanzar a la deuda aduanera.

Seis. Se modifica el apartado2 del artculo46, que queda redactado de la siguiente forma:

2. Para interponer recursos o reclamaciones, desistir de ellos, renunciar a derechos, asumir o reconocer obligaciones en nombre del obligado tributario, solicitar devoluciones de ingresos indebidos o reembolsos y en los restantes supuestos en que sea necesaria la firma del obligado tributario en los procedimientos regulados en los ttulos III, IV, V, VI y VII de esta Ley, la representacin deber acreditarse por cualquier medio vlido en Derecho que deje constancia fidedigna o mediante declaracin en comparecencia personal del interesado ante el rgano administrativo competente.

A estos efectos, sern vlidos los documentos normalizados de representacin que apruebe la Administracin Tributaria para determinados procedimientos.

Siete. Se modifica el apartado2 del artculo65, que queda redactado de la siguiente forma:

2. No podrn ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las siguientes deudas tributarias:

a) Aquellas cuya exaccin se realice por medio de efectos timbrados.

b) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta, salvo en los casos y condiciones previstos en la normativa tributaria.

c) En caso de concurso del obligado tributario, las que, de acuerdo con la legislacin concursal, tengan la consideracin de crditos contra la masa.

d) Las resultantes de la ejecucin de decisiones de recuperacin de ayudas de Estado reguladas en el ttulo VII de esta Ley.

Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a que se refieren los distintos prrafos de este apartado sern objeto de inadmisin.

Ocho. Se introduce un nuevo artculo66 bis, con la siguiente redaccin:

Artculo66 bis. Derecho a comprobar e investigar.

1. La prescripcin de derechos establecida en el artculo66 de esta Ley no afectar al derecho de la Administracin para realizar comprobaciones e investigaciones conforme al artculo115 de esta Ley, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.

2. El derecho de la Administracin para iniciar el procedimiento de comprobacin de las bases o cuotas compensadas o pendientes de compensacin o de deducciones aplicadas o pendientes de aplicacin, prescribir a los diez aos a contar desde el da siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario establecido para presentar la declaracin o autoliquidacin correspondiente al ejercicio o periodo impositivo en que se gener el derecho a compensar dichas bases o cuotas o a aplicar dichas deducciones.

En los procedimientos de inspeccin de alcance general a que se refiere el artculo148 de esta Ley, respecto de obligaciones tributarias y periodos cuyo derecho a liquidar no se encuentre prescrito, se entender incluida, en todo caso, la comprobacin de la totalidad de las bases o cuotas pendientes de compensacin o de las deducciones pendientes de aplicacin, cuyo derecho a comprobar no haya prescrito de acuerdo con lo dispuesto en el prrafo anterior. En otro caso, deber hacerse expresa mencin a la inclusin, en el objeto del procedimiento, de la comprobacin a que se refiere este apartado, con indicacin de los ejercicios o periodos impositivos en que se gener el derecho a compensar las bases o cuotas o a aplicar las deducciones que van a ser objeto de comprobacin.

La comprobacin a que se refiere este apartado y, en su caso, la correccin o regularizacin de bases o cuotas compensadas o pendientes de compensacin o deducciones aplicadas o pendientes de aplicacin respecto de las que no se hubiese producido la prescripcin establecida en el prrafo primero, slo podr realizarse en el curso de procedimientos de comprobacin relativos a obligaciones tributarias y periodos cuyo derecho a liquidar no se encuentre prescrito.

3. Salvo que la normativa propia de cada tributo establezca otra cosa, la limitacin del derecho a comprobar a que se refiere el apartado anterior no afectar a la obligacin de aportacin de las liquidaciones o autoliquidaciones en que se incluyeron las bases, cuotas o deducciones y la contabilidad con ocasin de procedimientos de comprobacin e investigacin de ejercicios no prescritos en los que se produjeron las compensaciones o aplicaciones sealadas en dicho apartado.

Nueve. Se modifica el apartado1 del artculo67, que queda redactado de la siguiente forma:

1. El plazo de prescripcin comenzar a contarse en los distintos casos a los que se refiere el artculo66 de esta Ley conforme a las siguientes reglas:

En el caso a), desde el da siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaracin o autoliquidacin.

En los tributos de cobro peridico por recibo, cuando para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidacin no sea necesaria la presentacin de declaracin o autoliquidacin, el plazo de prescripcin comenzar el da de devengo del tributo.

En el caso b), desde el da siguiente a aquel en que finalice el plazo de pago en perodo voluntario, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado2 de este artculo.

En el caso c), desde el da siguiente a aquel en que finalice el plazo para solicitar la correspondiente devolucin derivada de la normativa de cada tributo o, en defecto de plazo, desde el da siguiente a aquel en que dicha devolucin pudo solicitarse; desde el da siguiente a aquel en que se realiz el ingreso indebido o desde el da siguiente a la finalizacin del plazo para presentar la autoliquidacin si el ingreso indebido se realiz dentro de dicho plazo; o desde el da siguiente a aquel en que adquiera firmeza la sentencia o resolucin administrativa que declare total o parcialmente improcedente el acto impugnado.

En el supuesto de tributos que graven una misma operacin y que sean incompatibles entre s, el plazo de prescripcin para solicitar la devolucin del ingreso indebido del tributo improcedente comenzar a contarse desde la resolucin del rgano especficamente previsto para dirimir cul es el tributo procedente.

En el caso d), desde el da siguiente a aquel en que finalicen los plazos establecidos para efectuar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo o desde el da siguiente a la fecha de notificacin del acuerdo donde se reconozca el derecho a percibir la devolucin o el reembolso del coste de las garantas.

Diez. Se introduce un nuevo apartado9 en el artculo68, con la siguiente redaccin:

9. La interrupcin del plazo de prescripcin del derecho a que se refiere la letra a) del artculo66 de esta Ley relativa a una obligacin tributaria determinar, asimismo, la interrupcin del plazo de prescripcin de los derechos a que se refieren las letras a) y c) del citado artculo relativas a las obligaciones tributarias conexas del propio obligado tributario cuando en stas se produzca o haya de producirse una tributacin distinta como consecuencia de la aplicacin, ya sea por la Administracin Tributaria o por los obligados tributarios, de los criterios o elementos en los que se fundamente la regularizacin de la obligacin con la que estn relacionadas las obligaciones tributarias conexas.

A efectos de lo dispuesto en este apartado, se entender por obligaciones tributarias conexas aquellas en las que alguno de sus elementos resulten afectados o se determinen en funcin de los correspondientes a otra obligacin o perodo distinto.

Once. Se modifica el apartado1 del artculo69, que queda redactado de la siguiente forma:

1. La prescripcin ganada aprovecha por igual a todos los obligados al pago de la deuda tributaria salvo lo dispuesto en el apartado8 del artculo anterior.

Doce. Se modifica el apartado3 del artculo70, que queda redactado de la siguiente forma:

3. La obligacin de justificar la procedencia de los datos que tengan su origen en operaciones realizadas en perodos impositivos prescritos se mantendr durante el plazo de prescripcin del derecho para determinar las deudas tributarias afectadas por la operacin correspondiente y, en todo caso, en los supuestos a que se refiere el artculo66.bis.2 y3 de esta Ley.

Trece. Se modifica el apartado1 del artculo73, que queda redactado de la siguiente forma:

1. La Administracin Tributaria compensar de oficio las deudas tributarias que se encuentren en perodo ejecutivo.

Se compensarn de oficio durante el plazo de ingreso en perodo voluntario las cantidades a ingresar y a devolver que resulten de un mismo procedimiento de comprobacin limitada o inspeccin o de la prctica de una nueva liquidacin por haber sido anulada otra anterior de acuerdo con lo dispuesto en el apartado5 del artculo26 de esta Ley.

Asimismo, se compensarn de oficio durante el plazo de ingreso en periodo voluntario las cantidades a ingresar y a devolver que resulten de la ejecucin de la resolucin a la que se refieren los artculos225.3 y239.7 de esta Ley.

Catorce. Se modifican los apartados6 y8 del artculo81, que quedan redactados de la siguiente forma:

6. Los efectos de las medidas cautelares cesarn en el plazo de seis meses desde su adopcin, salvo en los siguientes supuestos:

a) Que se conviertan en embargos en el procedimiento de apremio o en medidas del apartado8 de este artculo o en medidas cautelares judiciales, que tendrn efectos desde la fecha de adopcin de la medida cautelar.

b) Que desaparezcan las circunstancias que motivaron su adopcin.

c) Que, a solicitud del interesado, se acordase su sustitucin por otra garanta que se estime suficiente.

En todo caso, las medidas cautelares debern ser levantadas si el obligado tributario presenta aval solidario de entidad de crdito o sociedad de garanta recproca o certificado de seguro de caucin que garantice el cobro de la cuanta de la medida cautelar. Si el obligado procede al pago en perodo voluntario de la obligacin tributaria cuyo cumplimiento aseguraba la medida cautelar, sin mediar suspensin del ingreso, la Administracin Tributaria deber abonar los gastos de la garanta aportada.

d) Que se ample dicho plazo mediante acuerdo motivado, sin que la ampliacin pueda exceder de seis meses.

e) Que se adopten durante la tramitacin del procedimiento descrito en el artculo253 de esta Ley o tras su conclusin. En estos casos sus efectos cesarn en el plazo de veinticuatro meses desde su adopcin.

Si se hubieran adoptado antes del inicio de la tramitacin descrita en el artculo253 de esta Ley, una vez dictada la liquidacin a que se refiere el artculo250.2 de esta Ley, podr ampliarse el plazo mediante acuerdo motivado, sin que la ampliacin total de las medidas adoptadas pueda exceder de18 meses.

Las medidas a que se refiere este prrafo e) podrn convertirse en embargos del procedimiento de apremio iniciado para el cobro de la liquidacin practicada.

Si con posterioridad a su adopcin, se solicitara al rgano judicial penal competente la suspensin contemplada en el artculo305.5 del Cdigo Penal, las medidas adoptadas se notificarn al Ministerio Fiscal y al citado rgano judicial y se mantendrn hasta que este ltimo adopte la decisin procedente sobre su conservacin o levantamiento.

8. Cuando con motivo de un procedimiento de comprobacin e investigacin inspectora se haya formalizado denuncia o querella por delito contra la Hacienda Pblica o se haya dirigido proceso judicial por dicho delito sin que se haya dictado la liquidacin a que se refiere el artculo250.2 de esta Ley, podrn adoptarse, por el rgano competente de la Administracin Tributaria, las medidas cautelares reguladas en este artculo, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposicin adicional decimonovena.

Si la investigacin del presunto delito no tuviese origen en un procedimiento de comprobacin e investigacin inspectora, las medidas cautelares podrn adoptarse por el rgano competente de la Administracin Tributaria con posterioridad a la incoacin de las correspondientes diligencias de investigacin desarrolladas por el Ministerio Fiscal o, en su caso, con posterioridad a la incoacin de las correspondientes diligencias penales.

En los supuestos a que se refieren los prrafos anteriores, las medidas cautelares podrn dirigirse contra cualquiera de los sujetos identificados en la denuncia o querella como posibles responsables, directos o subsidiarios, del pago de las cuantas a las que se refiere el artculo126 del Cdigo Penal.

Adoptada, en su caso, la medida cautelar por el rgano competente de la Administracin Tributaria, se notificar al interesado, al Ministerio Fiscal y al rgano judicial competente y se mantendr hasta que este ltimo adopte la decisin procedente sobre su conversin en medida jurisdiccional o levantamiento.

Quince. Se modifica el apartado1 del artculo82, que queda redactado de la siguiente forma:

1. Para garantizar los aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria, la Administracin Tributaria podr exigir que se constituya a su favor aval solidario de entidad de crdito o sociedad de garanta recproca o certificado de seguro de caucin.

Cuando se justifique que no es posible obtener dicho aval o certificado o que su aportacin compromete gravemente la viabilidad de la actividad econmica, la Administracin podr admitir garantas que consistan en hipoteca, prenda, fianza personal y solidaria u otra que se estime suficiente, en la forma que se determine reglamentariamente.

En los trminos que se establezcan reglamentariamente, el obligado tributario podr solicitar de la Administracin que adopte medidas cautelares en sustitucin de las garantas previstas en los prrafos anteriores. En estos supuestos no ser de aplicacin lo dispuesto en el apartado6 del artculo anterior de esta Ley.

Diecisis. Se modifica el apartado2 del artculo92, que queda redactado de la siguiente forma:

2. En particular, dicha colaboracin podr instrumentarse a travs de acuerdos de la Administracin Tributaria con otras Administraciones pblicas, con entidades privadas o con instituciones u organizaciones representativas de sectores o intereses sociales, laborales, empresariales o profesionales, y, especficamente, con el objeto de facilitar el desarrollo de su labor en aras de potenciar el cumplimiento cooperativo de las obligaciones tributarias, con los colegios y asociaciones de profesionales de la asesora fiscal.

Diecisiete. Se introduce una nueva letra m) en el apartado1 y se aade un nuevo apartado4 en el artculo95, renumerndose los actuales apartados4 y5 como apartados5 y6, con la siguiente redaccin:

m) La colaboracin con la Oficina de Recuperacin y Gestin de Activos mediante la cesin de los datos, informes o antecedentes necesarios para la localizacin de los bienes embargados o decomisados en un proceso penal, previa acreditacin de esta circunstancia.

4. El carcter reservado de los datos establecido en este artculo no impedir la publicidad de los mismos cuando sta se derive de la normativa de la Unin Europea.

Dieciocho. Se introduce un nuevo artculo95 bis, con la siguiente redaccin:

Artculo95 bis. Publicidad de situaciones de incumplimiento relevante de las obligaciones tributarias.

1. La Administracin Tributaria acordar la publicacin peridica de listados comprensivos de deudores a la Hacienda Pblica por deudas o sanciones tributarias cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) Que el importe total de las deudas y sanciones tributarias pendientes de ingreso supere el importe de1.000.000 de euros.

b) Que dichas deudas o sanciones tributarias no hubiesen sido pagadas transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario.

A efectos de lo dispuesto en este artculo no se incluirn aquellas deudas y sanciones tributarias que se encuentren aplazadas o suspendidas.

2. En dichos listados se incluir la siguiente informacin:

a) La identificacin de los deudores conforme al siguiente detalle:

– Personas Fsicas: nombre apellidos y NIF.

– Personas Jurdicas y entidades del artculo35.4 de esta Ley: razn o denominacin social completa y NIF.

b) El importe conjunto de las deudas y sanciones pendientes de pago tenidas en cuenta a efectos de la publicacin.

3. En el mbito del Estado, la publicidad regulada en este artculo se referir exclusivamente a los tributos de titularidad estatal para los que la aplicacin de los tributos, el ejercicio de la potestad sancionadora y las facultades de revisin estn atribuidas en exclusiva a los rganos de la Administracin Tributaria del Estado no habiendo existido delegacin alguna de competencias en estos mbitos a favor de las Comunidades Autnomas o Entes Locales.

La publicidad regulada en este artculo resultar de aplicacin respecto a los tributos que integran la deuda aduanera.

4. La determinacin de la concurrencia de los requisitos exigidos para la inclusin en el listado tomar como fecha de referencia el31 de diciembre del ao anterior al del acuerdo de publicacin, cualquiera que sea la cantidad pendiente de ingreso a la fecha de dicho acuerdo.

La propuesta de inclusin en el listado ser comunicada al deudor afectado, que podr formular alegaciones en el plazo de10 das contados a partir del siguiente al de recepcin de la comunicacin. A estos efectos ser suficiente para entender realizada dicha comunicacin la acreditacin por parte de la Administracin Tributaria de haber realizado un intento de notificacin de la misma que contenga el texto ntegro de su contenido en el domicilio fiscal del interesado.

Las alegaciones habrn de referirse exclusivamente a la existencia de errores materiales, de hecho o aritmticos en relacin con los requisitos sealados en el apartado1.

Como consecuencia del trmite de alegaciones, la Administracin podr acordar la rectificacin del listado cuando se acredite fehacientemente que no concurren los requisitos legales determinados en el apartado1.

Dicha rectificacin tambin podr ser acordada de oficio.

Practicadas las rectificaciones oportunas, se dictar el acuerdo de publicacin.

La notificacin del acuerdo se entender producida con su publicacin y la del listado.

Mediante Orden Ministerial se establecern la fecha de publicacin, que deber producirse en todo caso durante el primer semestre de cada ao, y los correspondientes ficheros y registros.

La publicacin se efectuar en todo caso por medios electrnicos, debiendo adoptarse las medidas necesarias para impedir la indexacin de su contenido a travs de motores de bsqueda en Internet y los listados dejarn de ser accesibles una vez transcurridos tres meses desde la fecha de publicacin.

El tratamiento de datos necesarios para la publicacin se sujetar a lo dispuesto en la Ley Orgnica15/1999, de13 de diciembre, de proteccin de datos de carcter general, y en su Reglamento aprobado por Real Decreto1720/2007, de21 de diciembre.

5. En el mbito de competencias del Estado, ser competente para dictar los acuerdos de publicacin regulados en este artculo el Director General de la Agencia Estatal de Administracin Tributaria.

6. En la publicacin del listado se especificar que la situacin en el mismo reflejada es la existente a la fecha de referencia sealada en el apartado4, sin que la publicacin del listado resulte afectada por las actuaciones realizadas por el deudor con posterioridad a dicha fecha de referencia, en orden al pago de las deudas y sanciones incluidas en el mismo.

Lo dispuesto en este artculo no afectar en modo alguno al rgimen de impugnacin establecido en esta Ley en relacin con las actuaciones y procedimientos de los que se deriven las deudas y sanciones tributarias ni tampoco a las actuaciones y procedimientos de aplicacin de los tributos iniciados o que se pudieran iniciar con posterioridad en relacin con las mismas.

Las actuaciones desarrolladas en el procedimiento establecido en este artculo en orden a la publicacin de la informacin en el mismo regulada no constituyen causa de interrupcin a los efectos previstos en el artculo68 de esta Ley.

7. El acuerdo de publicacin del listado pondr fin a la va administrativa.

Diecinueve. Se introduce un nuevo prrafo c) en el apartado4 del artculo101, con la siguiente redaccin:

c) En todo caso tendrn el carcter de provisionales las liquidaciones dictadas al amparo de lo dispuesto en el artculo250.2 de esta Ley.

Veinte. Se modifica el apartado2 del artculo104, que queda redactado de la siguiente forma:

2. A los solos efectos de entender cumplida la obligacin de notificar dentro del plazo mximo de duracin de los procedimientos, ser suficiente acreditar que se ha realizado un intento de notificacin que contenga el texto ntegro de la resolucin.

En el caso de sujetos obligados o acogidos voluntariamente a recibir notificaciones practicadas a travs de medios electrnicos, la obligacin de notificar dentro del plazo mximo de duracin de los procedimientos se entender cumplida con la puesta a disposicin de la notificacin en la sede electrnica de la Administracin Tributaria o en la direccin electrnica habilitada.

Los perodos de interrupcin justificada que se especifiquen reglamentariamente, las dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administracin Tributaria, y los perodos de suspensin del plazo que se produzcan conforme a lo previsto en esta Ley no se incluirn en el cmputo del plazo de resolucin.

Veintiuno. Se suprime el apartado5 del artculo106 y se modifica su apartado4, que queda redactado de la siguiente forma:

4. Los gastos deducibles y las deducciones que se practiquen, cuando estn originados por operaciones realizadas por empresarios o profesionales, debern justificarse, de forma prioritaria, mediante la factura entregada por el empresario o profesional que haya realizado la correspondiente operacin que cumpla los requisitos sealados en la normativa tributaria.

Sin perjuicio de lo anterior, la factura no constituye un medio de prueba privilegiado respecto de la existencia de las operaciones, por lo que una vez que la Administracin cuestiona fundadamente su efectividad, corresponde al obligado tributario aportar pruebas sobre la realidad de las operaciones.

Veintids. Se introduce un nuevo apartado5 en el artculo108, con la siguiente redaccin:

5. En el caso de obligaciones tributarias con periodos de liquidacin inferior al ao, se podr realizar una distribucin lineal de la cuota anual que resulte entre los periodos de liquidacin correspondientes cuando la Administracin Tributaria no pueda, en base a la informacin obrante en su poder, atribuirla a un periodo de liquidacin concreto conforme a la normativa reguladora del tributo, y el obligado tributario, requerido expresamente a tal efecto, no justifique que procede un reparto temporal diferente.

Veintitrs. Se modifican los apartados1 y2 del artculo115, que quedan redactados de la siguiente forma:

1. La Administracin Tributaria podr comprobar e investigar los hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones, negocios, valores y dems circunstancias determinantes de la obligacin tributaria para verificar el correcto cumplimiento de las normas aplicables.

Dichas comprobacin e investigacin se podrn realizar an en el caso de que las mismas afecten a ejercicios o periodos y conceptos tributarios respecto de los que se hubiese producido la prescripcin regulada en el artculo66.a) de esta Ley, siempre que tal comprobacin o investigacin resulte precisa en relacin con la de alguno de los derechos a los que se refiere el artculo66 de esta Ley que no hubiesen prescrito, salvo en los supuestos a los que se refiere el artculo66 bis.2 de esta Ley, en los que resultar de aplicacin el lmite en el mismo establecido.

En particular, dichas comprobaciones e investigaciones podrn extenderse a hechos, actos, actividades, explotaciones y negocios que, acontecidos, realizados, desarrollados o formalizados en ejercicios o periodos tributarios respecto de los que se hubiese producido la prescripcin regulada en el artculo66.a) citado en el prrafo anterior, hubieran de surtir efectos fiscales en ejercicios o periodos en los que dicha prescripcin no se hubiese producido.

2. En el desarrollo de las funciones de comprobacin e investigacin a que se refiere este artculo, la Administracin Tributaria podr calificar los hechos, actos, actividades, explotaciones y negocios realizados por el obligado tributario con independencia de la previa calificacin que ste ltimo hubiera dado a los mismos y del ejercicio o periodo en el que la realiz, resultando de aplicacin, en su caso, lo dispuesto en los artculos13,15 y16 de esta Ley.

La calificacin realizada por la Administracin Tributaria en los procedimientos de comprobacin e investigacin en aplicacin de lo dispuesto en este apartado extender sus efectos respecto de la obligacin tributaria objeto de aquellos y, en su caso, respecto de aquellas otras respecto de las que no se hubiese producido la prescripcin regulada en el artculo66.a) de esta Ley.

Veinticuatro. Se introduce un nuevo apartado4 en el artculo119, con la siguiente redaccin:

4. En la liquidacin resultante de un procedimiento de aplicacin de los tributos podrn aplicarse las cantidades que el obligado tributario tuviera pendientes de compensacin o deduccin, sin que a estos efectos sea posible modificar tales cantidades pendientes mediante la presentacin de declaraciones complementarias o solicitudes de rectificacin despus del inicio del procedimiento de aplicacin de los tributos.

Veinticinco. Se modifica el apartado1 del artculo135, que queda redactado de la siguiente forma:

1. Los interesados podrn promover la tasacin pericial contradictoria, en correccin de los medios de comprobacin fiscal de valores sealados en el artculo57 de esta Ley, dentro del plazo del primer recurso o reclamacin que proceda contra la liquidacin efectuada de acuerdo con los valores comprobados administrativamente o, cuando la normativa tributaria as lo prevea, contra el acto de comprobacin de valores debidamente notificado.

En los casos en que la normativa propia del tributo as lo prevea, el interesado podr reservarse el derecho a promover la tasacin pericial contradictoria cuando estime que la notificacin no contiene expresin suficiente de los datos y motivos tenidos en cuenta para elevar los valores declarados y denuncie dicha omisin en un recurso de reposicin o en una reclamacin econmico-administrativa. En este caso, el plazo a que se refiere el prrafo anterior se contar desde la fecha de firmeza en va administrativa del acuerdo que resuelva el recurso o la reclamacin interpuesta.

La presentacin de la solicitud de tasacin pericial contradictoria, o la reserva del derecho a promoverla a que se refiere el prrafo anterior, determinar la suspensin de la ejecucin de la liquidacin y del plazo para interponer recurso o reclamacin contra la misma. Asimismo, la presentacin de la solicitud de tasacin pericial contradictoria suspender el plazo para iniciar el procedimiento sancionador que, en su caso, derive de la liquidacin o, si este se hubiera iniciado, el plazo mximo para la terminacin del procedimiento sancionador. Tras la terminacin del procedimiento de tasacin pericial contradictoria la notificacin de la liquidacin que proceda determinar que el plazo previsto en el apartado2 del artculo209 de esta Ley se compute de nuevo desde dicha notificacin o, si el procedimiento se hubiera iniciado, que se reanude el cmputo del plazo restante para la terminacin.

En el caso de que en el momento de solicitar la tasacin pericial contradictoria contra la liquidacin ya se hubiera impuesto la correspondiente sancin y como consecuencia de aquella se dictara una nueva liquidacin, se proceder a anular la sancin y a imponer otra teniendo en cuenta la cuantificacin de la nueva liquidacin.

Veintisis. Se modifica el apartado2 del artculo136, que queda redactado de la siguiente forma:

2. En este procedimiento, la Administracin Tributaria podr realizar nicamente las siguientes actuaciones:

a) Examen de los datos consignados por los obligados tributarios en sus declaraciones y de los justificantes presentados o que se requieran al efecto.

b) Examen de los datos y antecedentes en poder de la Administracin Tributaria que pongan de manifiesto la realizacin del hecho imponible o del presupuesto de una obligacin tributaria, o la existencia de elementos determinantes de la misma no declarados o distintos a los declarados por el obligado tributario.

c) Examen de los registros y dems documentos exigidos por la normativa tributaria y de cualquier otro libro, registro o documento de carcter oficial con excepcin de la contabilidad mercantil, as como el examen de las facturas o documentos que sirvan de justificante de las operaciones incluidas en dichos libros, registros o documentos.

No obstante lo previsto en el prrafo anterior, cuando en el curso del procedimiento el obligado tributario aporte, sin mediar requerimiento previo al efecto, la documentacin contable que entienda pertinente al objeto de acreditar la contabilizacin de determinadas operaciones, la Administracin podr examinar dicha documentacin a los solos efectos de constatar la coincidencia entre lo que figure en la documentacin contable y la informacin de la que disponga la Administracin Tributaria.

El examen de la documentacin a que se refiere el prrafo anterior no impedir ni limitar la ulterior comprobacin de las operaciones a que la misma se refiere en un procedimiento de inspeccin.

d) Requerimientos a terceros para que aporten la informacin que se encuentren obligados a suministrar con carcter general o para que la ratifiquen mediante la presentacin de los correspondientes justificantes.

Veintisiete. Se modifica el artculo150, que queda redactado de la siguiente forma:

Artculo150. Plazo de las actuaciones inspectoras.

1. Las actuaciones del procedimiento de inspeccin debern concluir en el plazo de:

a) 18 meses, con carcter general.

b) 27 meses, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias en cualquiera de las obligaciones tributarias o periodos objeto de comprobacin:

1. Que la Cifra Anual de Negocios del obligado tributario sea igual o superior al requerido para auditar sus cuentas.

2. Que el obligado tributario est integrado en un grupo sometido al rgimen de consolidacin fiscal o al rgimen especial de grupo de entidades que est siendo objeto de comprobacin inspectora.

Cuando se realicen actuaciones inspectoras con diversas personas o entidades vinculadas de acuerdo con lo establecido en el artculo18 de la Ley27/2014, de27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, la concurrencia de las circunstancias previstas en esta letra en cualquiera de ellos determinar la aplicacin de este plazo a los procedimientos de inspeccin seguidos con todos ellos.

El plazo de duracin del procedimiento al que se refiere este apartado podr extenderse en los trminos sealados en los apartados4 y5.

2. El plazo del procedimiento inspector se contar desde la fecha de notificacin al obligado tributario de su inicio hasta que se notifique o se entienda notificado el acto administrativo resultante del mismo. A efectos de entender cumplida la obligacin de notificar y de computar el plazo de resolucin ser suficiente acreditar que se ha realizado un intento de notificacin que contenga el texto ntegro de la resolucin.

En la comunicacin de inicio del procedimiento inspector se informar al obligado tributario del plazo que le resulte aplicable.

En el caso de que las circunstancias a las que se refiere la letra b) del apartado anterior se aprecien durante el desarrollo de las actuaciones inspectoras el plazo ser de27 meses, contados desde la notificacin de la comunicacin de inicio, lo que se pondr en conocimiento del obligado tributario.

El plazo ser nico para todas las obligaciones tributarias y periodos que constituyan el objeto del procedimiento inspector, aunque las circunstancias para la determinacin del plazo slo afecten a algunas de las obligaciones o periodos incluidos en el mismo, salvo el supuesto de desagregacin previsto en el apartado3.

A efectos del cmputo del plazo del procedimiento inspector no ser de aplicacin lo dispuesto en el apartado2 del artculo104 de esta Ley respecto de los periodos de interrupcin justificada ni de las dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administracin.

3. El cmputo del plazo del procedimiento inspector se suspender desde el momento en que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) La remisin del expediente al Ministerio Fiscal o a la jurisdiccin competente sin practicar la liquidacin de acuerdo con lo sealado en el artculo251 de esta Ley.

b) La recepcin de una comunicacin de un rgano jurisdiccional en la que se ordene la suspensin o paralizacin respecto de determinadas obligaciones tributarias o elementos de las mismas de un procedimiento inspector en curso.

c) El planteamiento por la Administracin Tributaria que est desarrollando el procedimiento de inspeccin de un conflicto ante las Juntas Arbitrales previstas en la normativa relativa a las Comunidades Autnomas, en la Ley28/1990, de26 de diciembre, del Convenio Econmico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra y en la Ley12/2002, de23 de mayo, del Concierto Econmico con la Comunidad Autnoma del Pas Vasco o la recepcin de la comunicacin del mismo.

d) La notificacin al interesado de la remisin del expediente de conflicto en la aplicacin de la norma tributaria a la Comisin consultiva.

e) El intento de notificacin al obligado tributario de la propuesta de resolucin o de liquidacin o del acuerdo por el que se ordena completar actuaciones a que se refiere el artculo156.3.b) de esta Ley.

f) La concurrencia de una causa de fuerza mayor que obligue a suspender las actuaciones.

Salvo que concurra la circunstancia prevista en la letra e) de este apartado, la inspeccin no podr realizar ninguna actuacin en relacin con el procedimiento suspendido por las causas anteriores, sin perjuicio de que las solicitudes previamente efectuadas al obligado tributario o a terceros deban ser contestadas. No obstante, si la Administracin Tributaria aprecia que algn periodo, obligacin tributaria o elemento de esta no se encuentran afectados por la causas de suspensin, continuar el procedimiento inspector respecto de los mismos, pudiendo, en su caso, practicarse por ellos la correspondiente liquidacin. A los solos efectos del cmputo del periodo mximo de duracin, en estos casos, desde el momento en el que concurre la circunstancia de la suspensin, se desagregarn los plazos distinguiendo entre la parte del procedimiento que contina y la que queda suspendida. A partir de dicha desagregacin, cada parte del procedimiento se regir por sus propios motivos de suspensin y extensin del plazo.

La suspensin del cmputo del plazo tendr efectos desde que concurran las circunstancias anteriormente sealadas, lo que se comunicar al obligado tributario a efectos informativos, salvo que con esta comunicacin pudiera perjudicarse la realizacin de investigaciones judiciales, circunstancia que deber quedar suficientemente motivada en el expediente. En esta comunicacin, se detallarn los periodos, obligaciones tributarias o elementos de estas que se encuentran suspendidos y aquellos otros respecto de los que se contina el procedimiento por no verse afectados por dichas causas de suspensin.

La suspensin finalizar cuando tenga entrada en el registro de la correspondiente Administracin Tributaria el documento del que se derive que ha cesado la causa de suspensin, se consiga efectuar la notificacin o se constate la desaparicin de las circunstancias determinantes de la fuerza mayor. No obstante, en el caso contemplado en la letra d), el plazo de suspensin no podr exceder del plazo mximo para la emisin del informe.

Una vez finalizada la suspensin, el procedimiento continuar por el plazo que reste.

4. El obligado tributario podr solicitar antes de la apertura del trmite de audiencia, en los trminos que reglamentariamente se establezcan, uno o varios periodos en los que la inspeccin no podr efectuar actuaciones con el obligado tributario y quedar suspendido el plazo para atender los requerimientos efectuados al mismo. Dichos periodos no podrn exceder en su conjunto de60 das naturales para todo el procedimiento y supondrn una extensin del plazo mximo de duracin del mismo.

El rgano actuante podr denegar la solicitud si no se encuentra suficientemente justificada o si se aprecia que puede perjudicar el desarrollo de las actuaciones. La denegacin no podr ser objeto de recurso o reclamacin econmico-administrativa.

5. Cuando durante el desarrollo del procedimiento inspector el obligado tributario manifieste que no tiene o no va a aportar la informacin o documentacin solicitada o no la aporta ntegramente en el plazo concedido en el tercer requerimiento, su aportacin posterior determinar la extensin del plazo mximo de duracin del procedimiento inspector por un perodo de tres meses, siempre que dicha aportacin se produzca una vez transcurrido al menos nueve meses desde su inicio. No obstante, la extensin ser de6 meses cuando la aportacin se efecte tras la formalizacin del acta y determine que el rgano competente para liquidar acuerde la prctica de actuaciones complementarias.

Asimismo, el plazo mximo de duracin del procedimiento inspector se extender por un periodo de seis meses cuando tras dejar constancia de la apreciacin de las circunstancias determinantes de la aplicacin del mtodo de estimacin indirecta, se aporten datos, documentos o pruebas relacionados con dichas circunstancias.

6. El incumplimiento del plazo de duracin del procedimiento al que se refiere el apartado1 de este artculo no determinar la caducidad del procedimiento, que continuar hasta su terminacin, pero producir los siguientes efectos respecto a las obligaciones tributarias pendientes de liquidar:

a) No se considerar interrumpida la prescripcin como consecuencia de las actuaciones inspectoras desarrolladas durante el plazo sealado en el apartado1.

La prescripcin se entender interrumpida por la realizacin de actuaciones con posterioridad a la finalizacin del plazo al que se refiere el apartado1. El obligado tributario tendr derecho a ser informado sobre los conceptos y perodos a que alcanzan las actuaciones que vayan a realizarse.

b) Los ingresos realizados desde el inicio del procedimiento hasta la primera actuacin practicada con posterioridad al incumplimiento del plazo de duracin del procedimiento previsto en el apartado1 y que hayan sido imputados por el obligado tributario al tributo y perodo objeto de las actuaciones inspectoras tendrn el carcter de espontneos a los efectos del artculo27 de esta Ley.

c) No se exigirn intereses de demora desde que se produzca dicho incumplimiento hasta la finalizacin del procedimiento.

7. Cuando una resolucin judicial o econmico-administrativa aprecie defectos formales y ordene la retroaccin de las actuaciones inspectoras, stas debern finalizar en el perodo que reste desde el momento al que se retrotraigan las actuaciones hasta la conclusin del plazo previsto en el apartado1 o en seis meses, si este ltimo fuera superior. El citado plazo se computar desde la recepcin del expediente por el rgano competente para ejecutar la resolucin.

Se exigirn intereses de demora por la nueva liquidacin que ponga fin al procedimiento. La fecha de inicio del cmputo del inters de demora ser la misma que, de acuerdo con lo establecido en el apartado2 del artculo26, hubiera correspondido a la liquidacin anulada y el inters se devengar hasta el momento en que se haya dictado la nueva liquidacin.

Veintiocho. Se modifica el apartado3 y se introducen dos nuevos apartados4,5 en el artculo158, con la siguiente redaccin:

3. Los datos y antecedentes utilizados para la aplicacin del mtodo de estimacin indirecta podrn proceder de cualquiera de las siguientes fuentes:

a) Los signos, ndices y mdulos establecidos para el mtodo de estimacin objetiva, que se utilizarn preferentemente tratndose de obligados tributarios que hayan renunciado a dicho mtodo. No obstante, si la Inspeccin acredita la existencia de rendimientos o cuotas procedentes de la actividad econmica por un importe superior, ser este ltimo el que se considere a efectos de la regularizacin.

b) Los datos econmicos y del proceso productivo obtenidos del propio obligado tributario.

Podrn utilizarse datos de ejercicios anteriores o posteriores al regularizado en los que disponga de informacin que se considere suficiente y fiable. En especial, podr utilizarse informacin correspondiente al momento de desarrollo de la actuacin inspectora, que podr considerarse aplicable a los ejercicios anteriores, salvo que se justifique y cuantifique, por la Inspeccin o por el obligado tributario, que procede efectuar ajustes en dichos datos.

Cuando este mtodo se aplique a la cuantificacin de operaciones de caractersticas homogneas del obligado tributario y este no aporte informacin al respecto, aporte informacin incorrecta o insuficiente o se descubra la existencia de incorrecciones reiteradas en una muestra de dichas operaciones, la inspeccin de los tributos podr regularizarlas por muestreo. En estos casos, podr aplicarse el promedio que resulta de la muestra a la totalidad de las operaciones del perodo comprobado, salvo que el obligado tributario acredite la existencia de causas especficas que justifiquen la improcedencia de dicha proporcin.

c) Los datos procedentes de estudios del sector efectuados por organismos pblicos o por organizaciones privadas de acuerdo con tcnicas estadsticas adecuadas, y que se refieran al periodo objeto de regularizacin. En este caso se identificar la fuente de los estudios, a efectos de que el obligado tributario pueda argumentar lo que considere adecuado a su derecho en relacin con los mismos.

d) Los datos de una muestra obtenida por los rganos de la Inspeccin sobre empresas, actividades o productos con caractersticas relevantes que sean anlogas o similares a las del obligado tributario, y se refieran al mismo ao. En este caso, la Inspeccin deber identificar la muestra elegida, de forma que se garantice su adecuacin a las caractersticas del obligado tributario, y sealar el Registro Pblico o fuente de la que se obtuvieron los datos. En caso de que los datos utilizados procedan de la propia Administracin Tributaria, la muestra se realizar de conformidad con lo dispuesto reglamentariamente.

4. En caso de imposicin directa, se podr determinar por el mtodo de estimacin indirecta las ventas y prestaciones, las compras y gastos o el rendimiento neto de la actividad. La estimacin indirecta puede referirse nicamente a las ventas y prestaciones, si las compras y gastos que figuran en la contabilidad o en los registros fiscales se consideran suficientemente acreditados. Asimismo, puede referirse nicamente a las compras y gastos cuando las ventas y prestaciones resulten suficientemente acreditadas.

En caso de imposicin sobre el consumo, se podr determinar por el mtodo de estimacin indirecta la base y la cuota repercutida, la cuota que se estima soportada y deducible o ambos importes. La cuota que se estima soportada y deducible se calcular estimando las cuotas que corresponderan a los bienes y servicios que seran normalmente necesarios para la obtencin de las ventas o prestaciones correspondientes, pero solo en la cuanta en la que se aprecie que se ha repercutido el impuesto y que este ha sido soportado efectivamente por el obligado tributario. Si la Administracin Tributaria no dispone de informacin que le permita apreciar la repercusin de las cuotas, corresponder al obligado tributario aportar la informacin que permita identificar a las personas o entidades que le repercutieron el impuesto y calcular su importe.

Ningn gasto o cuota soportada correspondiente a un ejercicio regularizado por medio de estimacin indirecta podr ser objeto de deduccin en un ejercicio distinto.

5. En el caso de tributos con periodos de liquidacin inferior al ao, la cuota estimada por la Inspeccin de forma anual se repartir linealmente entre los periodos de liquidacin correspondientes, salvo que el obligado tributario justifique que procede un reparto temporal diferente.

Veintinueve. Se modifica el apartado3 del artculo159, que queda redactado de la siguiente forma:

3. A efectos del cmputo del plazo del procedimiento inspector se tendr en cuenta lo dispuesto en el apartado3 del artculo150 de esta Ley.

Treinta. Se modifica el apartado2 del artculo179, que queda redactado de la siguiente forma:

2. Las acciones u omisiones tipificadas en las leyes no darn lugar a responsabilidad por infraccin tributaria en los siguientes supuestos:

a) Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar en el orden tributario.

b) Cuando concurra fuerza mayor.

c) Cuando deriven de una decisin colectiva, para quienes hubieran salvado su voto o no hubieran asistido a la reunin en que se adopt la misma.

d) Cuando se haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entre otros supuestos, se entender que se ha puesto la diligencia necesaria cuando el obligado haya actuado amparndose en una interpretacin razonable de la norma o cuando el obligado tributario haya ajustado su actuacin a los criterios manifestados por la Administracin Tributaria competente en las publicaciones y comunicaciones escritas a las que se refieren los artculos86 y87 de esta Ley. Tampoco se exigir esta responsabilidad si el obligado tributario ajusta su actuacin a los criterios manifestados por la Administracin en la contestacin a una consulta formulada por otro obligado, siempre que entre sus circunstancias y las mencionadas en la contestacin a la consulta exista una igualdad sustancial que permita entender aplicables dichos criterios y stos no hayan sido modificados.

A efectos de lo dispuesto en este apartado2, en los supuestos a que se refiere el artculo206 bis de esta Ley, no podr considerarse, salvo prueba en contrario, que existe concurrencia ni de la diligencia debida en el cumplimiento de las obligaciones tributarias ni de la interpretacin razonable de la norma sealadas en el prrafo anterior.

e) Cuando sean imputables a una deficiencia tcnica de los programas informticos de asistencia facilitados por la Administracin Tributaria para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Treinta y uno. Se modifica el artculo180, que queda redactado de la siguiente forma:

Artculo180. Principio de no concurrencia de sanciones tributarias.

1. Una misma accin u omisin que deba aplicarse como criterio de graduacin de una infraccin o como circunstancia que determine la calificacin de una infraccin como grave o muy grave no podr ser sancionada como infraccin independiente.

2. La realizacin de varias acciones u omisiones constitutivas de varias infracciones posibilitar la imposicin de las sanciones que procedan por todas ellas.

Entre otros supuestos, la sancin derivada de la comisin de la infraccin prevista en el artculo191 de esta Ley ser compatible con la que proceda, en su caso, por la aplicacin de los artculos194 y195 de esta Ley.

Asimismo, la sancin derivada de la comisin de la infraccin prevista en el artculo198 de esta Ley ser compatible con las que procedan, en su caso, por la aplicacin de los artculos199 y203 de esta Ley.

3. Las sanciones derivadas de la comisin de infracciones tributarias resultan compatibles con la exigencia del inters de demora y de los recargos del perodo ejecutivo.

Treinta y dos. Se modifica el prrafo d) del apartado1 del artculo181, que queda redactado de la siguiente forma:

d) La entidad representante del grupo fiscal en el rgimen de consolidacin fiscal.

Treinta y tres. Se modifican los apartados1,2,4,5 y7 del artculo199, que quedan redactados de la siguiente forma:

1. Constituye infraccin tributaria presentar de forma incompleta, inexacta o con datos falsos autoliquidaciones o declaraciones, as como los documentos relacionados con las obligaciones aduaneras, siempre que no se haya producido o no se pueda producir perjuicio econmico a la Hacienda Pblica, o contestaciones a requerimientos individualizados de informacin.

Tambin constituir infraccin tributaria presentar las autoliquidaciones, las declaraciones, los documentos relacionados con las obligaciones aduaneras u otros documentos con trascendencia tributaria por medios distintos a los electrnicos, informticos y telemticos en aquellos supuestos en que hubiera obligacin de hacerlo por dichos medios.

Las infracciones previstas en este artculo sern graves y se sancionarn de acuerdo con lo dispuesto en los apartados siguientes.

2. Si se presentan de forma incompleta, inexacta o con datos falsos autoliquidaciones o declaraciones, la sancin consistir en multa pecuniaria fija de150 euros.

Si se presentan autoliquidaciones, declaraciones u otros documentos con trascendencia tributaria por medios distintos a los electrnicos, informticos y telemticos cuando exista obligacin de hacerlo por dichos medios, la sancin consistir en multa pecuniaria fija de250 euros.

4. Tratndose de requerimientos individualizados o de declaraciones exigidas con carcter general en cumplimiento de la obligacin de suministro de informacin recogida en los artculos93 y94 de esta Ley, que no tengan por objeto datos expresados en magnitudes monetarias y hayan sido contestados o presentadas de forma incompleta, inexacta, o con datos falsos, la sancin consistir en multa pecuniaria fija de200 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma persona o entidad omitido, inexacto o falso.

La sancin ser de100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma persona o entidad cuando la declaracin haya sido presentada por medios distintos a los electrnicos, informticos y telemticos y exista obligacin de hacerlo por dichos medios, con un mnimo de250 euros.

5. Tratndose de requerimientos individualizados o de declaraciones exigidas con carcter general en cumplimiento de la obligacin de suministro de informacin recogida en los artculos93 y94 de esta Ley, que tengan por objeto datos expresados en magnitudes monetarias y hayan sido contestados o presentadas de forma incompleta, inexacta, o con datos falsos, la sancin consistir en multa pecuniaria proporcional de hasta el2 por ciento del importe de las operaciones no declaradas o declaradas incorrectamente, con un mnimo de500 euros.

Si el importe de las operaciones no declaradas o declaradas incorrectamente representa un porcentaje superior al10,25,50 o75 por ciento del importe de las operaciones que debieron declararse, la sancin consistir en multa pecuniaria proporcional del0,5,1,1,5 o2 por ciento del importe de las operaciones no declaradas o declaradas incorrectamente, respectivamente. En caso de que el porcentaje sea inferior al10 por ciento, se impondr multa pecuniaria fija de500 euros.

La sancin ser del1 por ciento del importe de las operaciones declaradas por medios distintos a los electrnicos, informticos y telemticos cuando exista obligacin de hacerlo por dichos medios, con un mnimo de250 euros.

7. Tratndose de declaraciones y documentos relacionados con las formalidades aduaneras presentados de forma incompleta, inexacta o con datos falsos, cuando no determinen el nacimiento de una deuda aduanera, la sancin consistir en multa pecuniaria proporcional del uno por1.000 del valor de las mercancas a las que las declaraciones y documentos se refieran, con un mnimo de100 euros y un mximo de6.000 euros.

Si se presentan por medios distintos a los electrnicos, informticos y telemticos cuando exista obligacin de hacerlo por dichos medios, la sancin consistir en multa pecuniaria fija de250 euros.

Treinta y cuatro. Se modifica el artculo200, que queda redactado de la siguiente forma:

Artculo200. Infraccin tributaria por incumplir obligaciones contables y registrales.

1. Constituye infraccin tributaria el incumplimiento de obligaciones contables y registrales, entre otras:

a) La inexactitud u omisin de operaciones en la contabilidad o en los libros y registros exigidos por las normas tributarias.

b) La utilizacin de cuentas con significado distinto del que les corresponda, segn su naturaleza, que dificulte la comprobacin de la situacin tributaria del obligado.

c) El incumplimiento de la obligacin de llevar o conservar la contabilidad, los libros y registros establecidos por las normas tributarias, los programas y archivos informticos que les sirvan de soporte y los sistemas de codificacin utilizados.

d) La llevanza de contabilidades distintas referidas a una misma actividad y ejercicio econmico que dificulten el conocimiento de la verdadera situacin del obligado tributario.

e) El retraso en ms de cuatro meses en la llevanza de la contabilidad o de los libros y registros establecidos por las normas tributarias.

f) La autorizacin de libros y registros sin haber sido diligenciados o habilitados por la Administracin cuando la normativa tributaria o aduanera exija dicho requisito.

g) El retraso en la obligacin de llevar los Libros Registro a travs de la Sede electrnica de la Agencia Estatal de Administracin Tributaria mediante el suministro de los registros de facturacin en los trminos establecidos reglamentariamente.

2. La infraccin prevista en este artculo ser grave.

3. La sancin consistir en multa pecuniaria fija de150 euros, salvo que sea de aplicacin lo dispuesto en los prrafos siguientes.

La inexactitud u omisin de operaciones o la utilizacin de cuentas con significado distinto del que les corresponda se sancionar con multa pecuniaria proporcional del uno por ciento de los cargos, abonos o anotaciones omitidos, inexactos, falseados o recogidos en cuentas con significado distinto del que les corresponda, con un mnimo de150 y un mximo de6.000 euros.

La no llevanza o conservacin de la contabilidad, los libros y los registros exigidos por las normas tributarias, los programas y archivos informticos que les sirvan de soporte y los sistemas de codificacin utilizados se sancionar con multa pecuniaria proporcional del uno por ciento de la cifra de negocios del sujeto infractor en el ejercicio al que se refiere la infraccin, con un mnimo de600 euros.

La llevanza de contabilidades distintas referidas a una misma actividad y ejercicio econmico que dificulten el conocimiento de la verdadera situacin del obligado tributario se sancionar con multa pecuniaria fija de600 euros por cada uno de los ejercicios econmicos a los que alcance dicha llevanza.

El retraso en ms de cuatro meses en la llevanza de la contabilidad o libros y registros exigidos por las normas tributarias se sancionar con multa pecuniaria fija de300 euros.

El retraso en la obligacin de llevar los Libros Registro a travs de la Sede electrnica de la Agencia Estatal de Administracin Tributaria mediante el suministro de los registros de facturacin en los trminos establecidos reglamentariamente, se sancionar con multa pecuniaria proporcional de un0,5 por ciento del importe de la factura objeto del registro, con un mnimo trimestral de300 euros y un mximo de6.000 euros.

La utilizacin de libros y registros sin haber sido diligenciados o habilitados por la Administracin cuando la normativa tributaria o aduanera lo exija se sancionar con multa pecuniaria fija de300 euros.

Treinta y cinco. Se introduce un nuevo artculo206 bis, con la siguiente redaccin:

Artculo206 bis. Infraccin en supuestos de conflicto en la aplicacin de la norma tributaria.

1. Constituye infraccin tributaria el incumplimiento de las obligaciones tributarias mediante la realizacin de actos o negocios cuya regularizacin se hubiese efectuado mediante la aplicacin de lo dispuesto en el artculo15 de esta Ley y en la que hubiese resultado acreditada cualquiera de las siguientes situaciones:

a) La falta de ingreso dentro del plazo establecido en la normativa de cada tributo de la totalidad o parte de la deuda tributaria.

b) La obtencin indebida de una devolucin derivada de la normativa de cada tributo.

c) La solicitud indebida de una devolucin, beneficio o incentivo fiscal.

d) La determinacin o acreditacin improcedente de partidas positivas o negativas o crditos tributarios a compensar o deducir en la base o en la cuota de declaraciones futuras, propias o de terceros.

2. El incumplimiento a que se refiere el apartado anterior constituir infraccin tributaria exclusivamente cuando se acredite la existencia de igualdad sustancial entre el caso objeto de regularizacin y aquel o aquellos otros supuestos en los que se hubiera establecido criterio administrativo y ste hubiese sido hecho pblico para general conocimiento antes del inicio del plazo para la presentacin de la correspondiente declaracin o autoliquidacin.

A estos efectos se entender por criterio administrativo el establecido por aplicacin de lo dispuesto en el apartado2 del artculo15 de esta Ley.

Reglamentariamente se regular la publicidad del criterio administrativo derivado de los informes establecidos en el apartado2 del artculo15 de esta Ley.

3. La infraccin tributaria prevista en este artculo ser grave.

4. La sancin consistir en:

a) Multa pecuniaria proporcional del50 % de la cuanta no ingresada en el supuesto del apartado1.a).

b) Multa pecuniaria proporcional del50 % la cantidad devuelta indebidamente en el supuesto del apartado1.b).

c) Multa pecuniaria proporcional del15 % de la cantidad indebidamente solicitada en el supuesto del apartado1.c).

d) Multa pecuniaria proporcional del15 % del importe de las cantidades indebidamente determinadas o acreditadas, si se trata de partidas a compensar o deducir en la base imponible, o del50 % si se trata de partidas a deducir en la cuota o de crditos tributarios aparentes, en el supuesto del apartado1.d).

5. Las infracciones y sanciones reguladas en este artculo sern incompatibles con las que corresponderan por las reguladas en los artculos191,193,194 y195 de esta Ley.

6. En los supuestos regulados en este artculo resultar de aplicacin lo dispuesto en el artculo188 de esta Ley.

Treinta y seis. Se modifica el apartado2 del artculo211, que queda redactado de la siguiente forma:

2. El procedimiento sancionador en materia tributaria deber concluir en el plazo mximo de seis meses contados desde la notificacin de la comunicacin de inicio del procedimiento. Se entender que el procedimiento concluye en la fecha en que se notifique el acto administrativo de resolucin del mismo. A efectos de entender cumplida la obligacin de notificar y de computar el plazo de resolucin sern aplicables las reglas contenidas en el apartado2 del artculo104 de esta Ley.

Cuando habindose iniciado el procedimiento sancionador concurra en el procedimiento inspector del que trae causa alguna de las circunstancias previstas en el apartado5 del artculo 150 de esta Ley, el plazo para concluir el procedimiento sancionador se extender por el mismo periodo que resulte procedente de acuerdo con lo dispuesto en dicho apartado.

Treinta y siete. Se modifica el apartado1 del artculo221, que queda redactado de la siguiente forma:

1. El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolucin de ingresos indebidos se iniciar de oficio o a instancia del interesado, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se haya producido una duplicidad en el pago de deudas tributarias o sanciones.

b) Cuando la cantidad pagada haya sido superior al importe a ingresar resultante de un acto administrativo o de una autoliquidacin.

c) Cuando se hayan ingresado cantidades correspondientes a deudas o sanciones tributarias despus de haber transcurrido los plazos de prescripcin. En ningn caso se devolvern las cantidades satisfechasen laregularizacin voluntaria establecida en el artculo252 de esta Ley.

d) Cuando as lo establezca la normativa tributaria.

Reglamentariamente se desarrollar el procedimiento previsto en este apartado, al que ser de aplicacin lo dispuesto en el apartado2 del artculo220 de esta Ley.

Treinta y ocho. Se introduce un nuevo apartado5 en el artculo224, renumerndose el actual apartado5 como6, con la siguiente redaccin:

5. En los casos del artculo68.9 de esta Ley, si el recurso afecta a una deuda tributaria que, a su vez, ha determinado el reconocimiento de una devolucin a favor del obligado tributario, las garantas aportadas para obtener la suspensin garantizarn asimismo las cantidades que, en su caso, deban reintegrarse como consecuencia de la estimacin total o parcial del recurso.

Treinta y nueve. Se introduce un nuevo apartado3 en el artculo225, renumerndose los actuales apartados3,4 y5 como4,5 y6, con la siguiente redaccin:

3. En ejecucin de una resolucin que estime total o parcialmente el recurso contra la liquidacin de una obligacin tributaria conexa a otra del mismo obligado tributario de acuerdo con el artculo68.9 de esta Ley, se regularizar la obligacin conexa distinta de la recurrida en la que la Administracin hubiese aplicado los criterios o elementos en que se fundament la liquidacin de la obligacin tributaria objeto de la reclamacin.

Si de dicha regularizacin resultase la anulacin de la liquidacin de la obligacin conexa distinta de la recurrida y la prctica de una nueva liquidacin que se ajuste a lo resuelto en el recurso, ser de aplicacin lo dispuesto en el artculo26.5 de esta Ley.

Cuarenta. Se modifica el artculo229, que queda redactado de la siguiente forma:

Artculo229. Competencias de los rganos econmico-administrativos.

1. El Tribunal Econmico-Administrativo Central conocer:

a) En nica instancia, de las reclamaciones econmico-administrativas que se interpongan contra los actos administrativos dictados por los rganos centrales del Ministerio de Economa y Hacienda u otros departamentos ministeriales, de la Agencia Estatal de Administracin Tributaria y de las entidades de derecho pblico vinculadas o dependientes de la Administracin General del Estado, as como, en su caso, contra los actos dictados por los rganos superiores de la Administracin de las Comunidades Autnomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonoma.

Tambin conocer en nica instancia de las reclamaciones en las que deba orse o se haya odo como trmite previo al Consejo de Estado.

b) En nica instancia, de las reclamaciones econmico-administrativas que se interpongan contra los actos administrativos dictados por los rganos perifricos de la Administracin General del Estado, de la Agencia Estatal de Administracin Tributaria y de las entidades de derecho pblico vinculadas o dependientes de la Administracin General del Estado o, en su caso, por los rganos de las Comunidades Autnomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonoma no comprendidos en la letra anterior, as como contra las actuaciones de los particulares susceptibles de reclamacin, cuando, aun pudiendo presentarse la reclamacin en primera instancia ante el tribunal econmico-administrativo regional o local correspondiente o, en su caso, ante el rgano econmico administrativo de las Comunidades Autnomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonoma, la reclamacin se interponga directamente ante el Tribunal Econmico-Administrativo Central, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado6 de este artculo.

c) En segunda instancia, de los recursos de alzada ordinarios que se interpongan contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los tribunales econmico-administrativos regionales y locales y, en su caso, como consecuencia de la labor unificadora de criterio que corresponde al Estado, contra las resoluciones dictadas por los rganos econmico-administrativos de las Comunidades Autnomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonoma.

d) Como consecuencia de su labor unificadora de criterio, de los recursos extraordinarios de alzada para unificacin de criterio previstos en el artculo242 de esta Ley.

Asimismo y, como consecuencia de esta labor unificadora, cuando existan resoluciones de los Tribunales econmico-administrativos Regionales o Locales que apliquen criterios distintos a los contenidos en resoluciones de otros Tribunales econmico-administrativos, o que revistan especial trascendencia, el Presidente o la Vocala Coordinadora del Tribunal Econmico-Administrativo Central, por iniciativa propia o a propuesta de cualquiera de los Vocales del Tribunal Econmico-Administrativo Central o de los Presidentes de los Tribunales Econmico-Administrativos Regionales o Locales, podrn promover la adopcin de una resolucin en unificacin de criterio por la Sala o por el Pleno del Tribunal Econmico-Administrativo Central, que tendr los mismos efectos que la resolucin del recurso regulado en el artculo242 de esta Ley. Con carcter previo a la resolucin de unificacin de criterio, se dar trmite de alegaciones por plazo de un mes, contado desde que se les comunique el acuerdo de promocin de la resolucin en unificacin de criterio, a los Directores Generales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas, a los Directores de Departamento de la Agencia Estatal de Administracin Tributaria y a los rganos equivalentes o asimilados de las Comunidades Autnomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonoma respecto a las materias de su competencia.

e) De los recursos extraordinarios de revisin, salvo los supuestos a los que se refiere el artculo59.1.c) ltimo prrafo de la Ley22/2009, por la que se regula el sistema de financiacin de las Comunidades Autnomas de rgimen comn y Ciudades con Estatuto de Autonoma.

f) De la rectificacin de errores en los que incurran sus propias resoluciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artculo220 de esta Ley.

2. Los Tribunales Econmico-Administrativos Regionales y Locales conocern:

a) En nica instancia, de las reclamaciones que se interpongan contra los actos administrativos dictados por los rganos perifricos de la Administracin General del Estado, de la Agencia Estatal de Administracin Tributaria y de las entidades de derecho pblico vinculadas o dependientes de la Administracin General del Estado y, en su caso, por los rganos de la Administracin de las Comunidades Autnomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonoma no comprendidos en el prrafo a) del apartado anterior, cuando la cuanta de la reclamacin sea igual o inferior al importe que se determine reglamentariamente.

b) En primera instancia, de las reclamaciones que se interpongan contra los actos administrativos dictados por los rganos mencionados en el prrafo a) de este apartado, cuando la cuanta de la reclamacin sea superior al importe que se determine reglamentariamente.

c) De la rectificacin de errores en los que incurran sus propias resoluciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artculo220 de esta Ley.

3. Cuando existan resoluciones de una Sala desconcentrada de un Tribunal Econmico-Administrativo Regional que no se adecuen a los criterios del Tribunal o que sean contrarios a los de otra Sala desconcentrada del mismo Tribunal, o que revistan especial trascendencia, el Presidente del Tribunal Econmico-Administrativo Regional podr promover la adopcin de una resolucin de fijacin de criterio por el Pleno del Tribunal Econmico-Administrativo Regional o por una Sala convocada a tal fin, presidida por l, y formada por los miembros del Tribunal que decida el Presidente en atencin a su especializacin en las cuestiones a considerar. La resolucin que se dicte no afectar a la situacin jurdica particular derivada de las resoluciones previas. Los criterios as adoptados sern vinculantes para las Salas, y rganos unipersonales del correspondiente Tribunal. Contra las resoluciones que se dicten se podr interponer el recurso extraordinario de alzada para unificacin de criterio previsto en el artculo242 de esta Ley.

4. Los rganos econmico-administrativos de las Comunidades Autnomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonoma conocern, en su caso, y salvo lo dispuesto en el artculo59.1.c), segundo prrafo, de la Ley22/2009, por la que se regula el sistema de financiacin de las Comunidades Autnomas de rgimen comn y Ciudades con Estatuto de Autonoma:

a) En nica instancia, de las reclamaciones que se interpongan contra los actos administrativos dictados por los rganos de la Administracin de las Comunidades Autnomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonoma no comprendidos en el prrafo a) del apartado1, cuando la cuanta de la reclamacin sea igual o inferior al importe que se determine reglamentariamente.

b) En primera instancia, de las reclamaciones que se interpongan contra los actos administrativos dictados por los rganos mencionados en el prrafo a) de este apartado cuando la cuanta de la reclamacin sea superior al importe que se determine reglamentariamente.

c) De la rectificacin de errores en los que incurran sus propias resoluciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artculo220 de esta Ley.

5. Los tribunales econmico-administrativos regionales y locales y, en su caso, los rganos econmico-administrativos de las Comunidades Autnomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonoma, conocern asimismo de las reclamaciones que se interpongan contra actuaciones de los particulares en materia tributaria susceptibles de reclamacin econmico-administrativa, en primera o nica instancia segn que la cuanta de la reclamacin exceda o no del importe que se determine reglamentariamente, salvo lo dispuesto en el artculo59.1.c), segundo prrafo, de la Ley22/2009, por la que se regula el sistema de financiacin de las Comunidades Autnomas de rgimen comn y Ciudades con Estatuto de Autonoma.

En estos casos, la competencia de los tribunales econmico-administrativos regionales y locales y de los rganos econmico-administrativos de las Comunidades Autnomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonoma vendr determinada por el domicilio fiscal de la persona o entidad que interponga la reclamacin. Si ste se hallara fuera de Espaa, la competencia corresponder al Tribunal Econmico-Administrativo Central, cualquiera que sea su cuanta.

6. Cuando la resolucin de la reclamacin econmico-administrativa sea susceptible de recurso de alzada ordinario ante el Tribunal Econmico-Administrativo Central, la reclamacin podr interponerse directamente ante este rgano. En este caso, la tramitacin corresponder a la Secretara del Tribunal Econmico-Administrativo Regional o Local o del rgano econmico-administrativo de la Comunidad Autnoma o de la Ciudad con Estatuto de Autonoma, sin perjuicio de las actuaciones complementarias de tramitacin que decida llevar a cabo el Tribunal Econmico-Administrativo Central y salvo que el interesado solicite que la puesta de manifiesto tenga lugar ante el Tribunal Econmico Administrativo Central, en cuyo caso, la tramitacin seguir en este rgano.

7. En cada Comunidad Autnoma existir un tribunal econmico-administrativo regional. En cada Ciudad con Estatuto de Autonoma existir un tribunal econmico-administrativo local.

El mbito de los tribunales econmico-administrativos regionales y locales coincidir con el de la respectiva Comunidad Autnoma o Ciudad con Estatuto de Autonoma y su competencia territorial para conocer de las reclamaciones econmico-administrativas se determinar conforme a la sede del rgano que hubiera dictado el acto objeto de la reclamacin. En los tribunales econmico-administrativos regionales podrn crearse salas desconcentradas con el mbito territorial y las competencias que se fijen en la normativa tributaria.

Cuarenta y uno. Se modifica el artculo230, que queda redactado de la siguiente forma:

Artculo230. Acumulacin de reclamaciones econmico-administrativas.

1. Los recursos y las reclamaciones econmico-administrativas se acumularn a efectos de su tramitacin y resolucin en los siguientes casos:

a) Las interpuestas por un mismo interesado relativas al mismo tributo, que deriven de un mismo procedimiento.

b) Las interpuestas por varios interesados relativas al mismo tributo siempre que deriven de un mismo expediente, planteen idnticas cuestiones y deban ser resueltas por el mismo rgano econmico-administrativo.

c) Las que se hayan interpuesto por varios interesados contra un mismo acto administrativo o contra una misma actuacin tributaria de los particulares.

d) La interpuesta contra una sancin si se hubiera presentado reclamacin contra la deuda tributaria de la que derive.

2. Fuera de los casos establecidos en el nmero anterior, el Tribunal, de oficio o a instancia de parte, podr acumular motivadamente aquellas reclamaciones que considere que deben ser objeto de resolucin unitaria que afecten al mismo o a distintos tributos, siempre que exista conexin entre ellas. En el caso de que se trate de distintos reclamantes y no se haya solicitado por ellos mismos, deber previamente concedrseles un plazo de5 das para manifestar lo que estimen conveniente respecto de la procedencia de la acumulacin.

Las acumulaciones a las que se refiere este apartado podrn quedar sin efecto cuando el tribunal considere conveniente la resolucin separada de las reclamaciones.

3. Los acuerdos sobre acumulacin o por los que se deja sin efecto una acumulacin tendrn el carcter de actos de trmite y no sern recurribles.

4. La acumulacin atender al mbito territorial de cada Tribunal Econmico-Administrativo o sala desconcentrada, sin que en ningn caso pueda alterar la competencia para resolver ni la va de impugnacin procedente, salvo en los casos previstos en los prrafos a), c) y d) del apartado1 de este artculo. En estos casos, si el Tribunal Econmico-Administrativo Central fuera competente para resolver una de las reclamaciones objeto de acumulacin, lo ser tambin para conocer de las acumuladas; en otro supuesto, la competencia corresponder, en los casos contemplados en los prrafos a) y c) del apartado1, al rgano competente para conocer de la reclamacin que se hubiera interpuesto primero, y, en el establecido en el prrafo d), al rgano competente para conocer de la reclamacin contra la deuda tributaria.

Cuarenta y dos. Se introduce un nuevo apartado7 en el artculo233, renumerndose el actual apartado7 y siguientes, con la siguiente redaccin:

7. En los casos del artculo68.9 de esta Ley, si la reclamacin afecta a una deuda tributaria que, a su vez, ha determinado el reconocimiento de una devolucin a favor del obligado tributario, las garantas aportadas para obtener la suspensin garantizarn asimismo las cantidades que deban reintegrarse como consecuencia de la estimacin total o parcial de la reclamacin.

Cuarenta y tres. Se modifica el artculo234, que queda redactado de la siguiente forma:

Artculo234. Normas generales.

1. Las reclamaciones econmico-administrativas se tramitarn en nica o primera instancia con los recursos que esta Ley establece.

2. Se tendr por acreditada la representacin voluntaria, sin necesidad de aportar uno de los medios establecidos en el artculo46.2 de esta Ley, cuando la representacin hubiera sido admitida por la Administracin Tributaria en el procedimiento en el que se dict el acto impugnado.

3. El procedimiento se impulsar de oficio con sujecin a los plazos establecidos, que no sern susceptibles de prrroga ni precisarn que se declare su finalizacin.

4. Todos los actos y resoluciones que afecten a los interesados o pongan trmino en cualquier instancia a una reclamacin econmico-administrativa sern notificados a aqullos, bien por medios electrnicos, bien en el domicilio sealado o, en su defecto, de acuerdo con el artculo112 de esta Ley.

La notificacin se har de forma electrnica obligatoriamente para los interesados, y en los trminos que reglamentariamente se establezcan, en los supuestos en que, de acuerdo con el artculo235.5 de esta Ley, sea obligatoria la interposicin de la reclamacin por esta va.

La notificacin deber expresar si el acto o resolucin es o no definitivo en va econmico-administrativa y, en su caso, los recursos que procedan, rgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin que ello impida que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente.

5. El procedimiento econmico-administrativo ser gratuito. No obstante, si la reclamacin o el recurso resulta desestimado o inadmitido y el rgano econmico-administrativo aprecia temeridad o mala fe, podr exigirse a la persona a la que resulte imputable dicha temeridad o mala fe que sufrague las costas del procedimiento, segn los criterios que se fijen reglamentariamente.

La condena en costas se impondr en la resolucin que se dicte, con mencin expresa de los motivos por los que el rgano econmico-administrativo ha apreciado la concurrencia de mala fe o temeridad, as como la cuantificacin de la misma.

Cuando se hubiera interpuesto recurso de alzada ordinario, la eficacia de la condena en costas dictada en primera instancia quedara supeditada a la confirmacin de la misma en la resolucin que se dicte en dicho recurso de alzada ordinario.

6. El procedimiento econmico-administrativo se regular de acuerdo con las disposiciones previstas en este captulo y en las disposiciones reglamentarias que se dicten en su desarrollo.

Cuarenta y cuatro. Se modifica el artculo235, que queda redactado de la siguiente forma:

Artculo235. Iniciacin.

1. La reclamacin econmico-administrativa en nica o primera instancia se interpondr en el plazo de un mes a contar desde el da siguiente al de la notificacin del acto impugnado, o desde el da siguiente a aqul en que quede constancia de la realizacin u omisin de la retencin o ingreso a cuenta, de la repercusin motivo de la reclamacin o de la sustitucin derivada de las relaciones entre el sustituto y el contribuyente.

En los supuestos de silencio administrativo, podr interponerse la reclamacin desde el da siguiente a aqul en que produzcan sus efectos. Si con posterioridad a la interposicin de la reclamacin, y antes de su resolucin, se dictara resolucin expresa, se remitir al Tribunal, una vez notificada al interesado.

En la notificacin se advertir que la resolucin expresa, segn su contenido, se considerar impugnada en va econmico administrativa, o causar la terminacin del procedimiento por satisfaccin extraprocesal que ser declarada por el rgano econmico administrativo que est conociendo el procedimiento.

En todo caso, se conceder el plazo de un mes, a contar desde el da siguiente a la notificacin, para que el interesado pueda formular ante el Tribunal las alegaciones que tenga por convenientes. En dichas alegaciones el interesado podr pronunciarse sobre las consecuencias sealadas en el prrafo anterior. De no hacerlo se entender su conformidad con dichas consecuencias.

Tratndose de reclamaciones relativas a la obligacin de expedir y entregar factura que incumbe a empresarios y profesionales, el plazo al que se refiere el primer prrafo empezar a contarse transcurrido un mes desde que se haya requerido formalmente el cumplimiento de dicha obligacin.

En el supuesto de deudas de vencimiento peridico y notificacin colectiva, el plazo para la interposicin se computar a partir del da siguiente al de finalizacin del perodo voluntario de pago.

2. El procedimiento deber iniciarse mediante escrito que podr limitarse a solicitar que se tenga por interpuesta, identificando al reclamante, el acto o actuacin contra el que se reclama, el domicilio para notificaciones y el tribunal ante el que se interpone. Asimismo, el reclamante podr acompaar las alegaciones en que base su derecho.

En los casos de reclamaciones relativas a retenciones, ingresos a cuenta, repercusiones, obligacin de expedir y entregar factura y a las relaciones entre el sustituto y el contribuyente, el escrito deber identificar tambin a la persona recurrida y su domicilio y adjuntar todos los antecedentes que obren a disposicin del reclamante o en registros pblicos.

3. El escrito de interposicin se dirigir al rgano administrativo que haya dictado el acto reclamable, que lo remitir al tribunal competente en el plazo de un mes junto con el expediente, en su caso electrnico, correspondiente al acto, al que se podr incorporar un informe si se considera conveniente. En el supuesto previsto en el artculo229.6 de esta Ley, el escrito de interposicin se remitir al Tribunal Econmico-Administrativo a quien corresponda la tramitacin de la reclamacin.

No obstante, cuando el escrito de interposicin incluyese alegaciones, el rgano administrativo que dict el acto podr anular total o parcialmente el acto impugnado antes de la remisin del expediente al tribunal dentro del plazo sealado en el prrafo anterior, siempre que no se hubiera presentado previamente recurso de reposicin. En este caso, se remitir al tribunal el nuevo acto dictado junto con el escrito de interposicin.

Si el rgano administrativo no hubiese remitido al tribunal el escrito de interposicin de la reclamacin, bastar que el reclamante presente ante el tribunal la copia sellada de dicho escrito para que la reclamacin se pueda tramitar y resolver.

4. En los casos de reclamaciones relativas a retenciones, ingresos a cuenta, repercusiones, a la obligacin de expedir y entregar factura y relaciones entre el sustituto y el contribuyente, el escrito de interposicin se dirigir al tribunal competente para resolver la reclamacin.

5. La interposicin de la reclamacin se realizar obligatoriamente a travs de la sede electrnica del rgano que haya dictado el acto reclamable cuando los reclamantes estn obligados a recibir por medios electrnicos las comunicaciones y notificaciones.

Cuarenta y cinco. Se modifica el apartado1 del artculo236, que queda redactado de la siguiente forma:

1. El Tribunal, una vez recibido y, en su caso, completado el expediente, lo pondr de manifiesto a los interesados que hubieran comparecido en la reclamacin y no hubieran presentado alegaciones en la interposicin o las hubiesen formulado pero con la solicitud expresa de este trmite, por plazo comn de un mes en el que debern presentar escrito de alegaciones con aportacin de las pruebas oportunas. La puesta de manifiesto del expediente electrnico podr tener lugar por medios electrnicos, informticos o telemticos, pudiendo presentarse por estos medios las alegaciones y pruebas. Los obligados a interponer la reclamacin de forma electrnica, habrn de presentar las alegaciones, pruebas, y cualquier otro escrito, por esta misma va. En caso de deficiencia tcnica imputable a la Administracin Tributaria que imposibilite la realizacin del trmite por esta va, el Tribunal adoptar las medidas oportunas para evitar perjuicios al interesado, pudiendo, entre otras, conceder un nuevo plazo, prorrogar el anteriormente concedido o autorizar que se realice por otros medios.

Cuarenta y seis. Se introduce un nuevo apartado3 en el artculo237, con la siguiente redaccin:

3. Reglamentariamente se desarrollar el procedimiento para plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unin Europea. Cuando el planteamiento de la cuestin prejudicial no haya sido solicitado por los interesados en la reclamacin o recurso econmico-administrativo, con carcter previo a que el mismo se produzca se conceder un plazo de quince das a los interesados para que formulen alegaciones en relacin exclusivamente con la oportunidad de dicho planteamiento.

En todo caso, el Tribunal antes de plantear la cuestin prejudicial conceder un plazo de quince das a la Administracin Tributaria autora del acto para que formule alegaciones.

Cuando se hubiese planteado una cuestin prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unin Europea de acuerdo con lo previsto en los prrafos anteriores, se suspender el procedimiento econmico-administrativo desde su planteamiento y hasta que se reciba la resolucin que resuelva la cuestin prejudicial. Asimismo proceder la suspensin del curso de aquellos procedimientos econmico-administrativos para cuya resolucin sea preciso conocer el resultado de la cuestin prejudicial planteada. Dicha suspensin se comunicar a los interesados en el procedimiento econmico-administrativo y la misma determinar la suspensin del cmputo del plazo de prescripcin de los derechos a que se refiere el artculo66 de esta Ley, cmputo que continuar una vez se reciba en el rgano econmico-administrativo competente la resolucin de la cuestin planteada.

Cuarenta y siete. Se modifica el apartado2 del artculo238, que queda redactado de la siguiente forma:

2. Cuando se produzca la renuncia o desistimiento del reclamante, la caducidad de la instancia o la satisfaccin extraprocesal, el tribunal acordar motivadamente el archivo de las actuaciones. Este acuerdo podr ser adoptado a travs de rganos unipersonales.

El acuerdo de archivo de actuaciones podr revisarse conforme a lo dispuesto en el artculo241 bis de esta Ley.

Cuarenta y ocho. Se modifican los apartados3,5 y6 del artculo239 y se introduce un nuevo apartado7, renumerndose el actual apartado7 como8, con las siguientes redacciones:

3. La resolucin podr ser estimatoria, desestimatoria o declarar la inadmisibilidad. La resolucin estimatoria podr anular total o parcialmente el acto impugnado por razones de derecho sustantivo o por defectos formales.

Cuando la resolucin aprecie defectos formales que hayan disminuido las posibilidades de defensa del reclamante, se producir la anulacin del acto en la parte afectada y se ordenar la retroaccin de las actuaciones al momento en que se produjo el defecto formal.

Con excepcin del supuesto al que se refiere el prrafo anterior, los actos de ejecucin, incluida la prctica de liquidaciones que resulten de los pronunciamientos de los tribunales, no formarn parte del procedimiento en el que tuviese su origen el acto objeto de impugnacin.

Salvo en los casos de retroaccin, los actos resultantes de la ejecucin de la resolucin debern ser notificados en el plazo de un mes desde que dicha resolucin tenga entrada en el registro del rgano competente para su ejecucin. No se exigirn intereses de demora desde que la Administracin incumpla el plazo de un mes.

5. La resolucin que se dicte tendr plena eficacia respecto de los interesados a quienes se hubiese notificado la existencia de la reclamacin. Las resoluciones de los Tribunales Econmico-Administrativos dictadas en las reclamaciones relativas a actuaciones u omisiones de los particulares, a que se refiere el artculo227.4 de esta Ley, una vez hayan adquirido firmeza, vincularn a la Administracin Tributaria en cuanto a la calificacin jurdica de los hechos tenidos en cuenta para resolver, sin perjuicio de sus potestades de comprobacin e investigacin. A tal efecto, estas resoluciones sern comunicadas a la Administracin competente.

6. Cuando no se cumpla, en el plazo legalmente establecido, la resolucin del Tribunal que imponga la obligacin de expedir factura, el reclamante podr, en nombre y por cuenta del reclamado, expedir la factura en la que se documente la operacin, conforme a las siguientes reglas:

1.) El ejercicio de esta facultad deber ser comunicado por escrito al Tribunal Econmico-Administrativo que haya conocido del respectivo procedimiento, indicndose que el fallo no se ha cumplido y que se va a emitir la factura correspondiente. Igualmente deber comunicar al reclamado por cualquier medio que deje constancia de su recepcin, que va a ejercitar esta facultad.

2.) La factura en la que se documente la operacin ser confeccionada por el reclamante, que constar como destinatario de la operacin, figurando como expedidor el que ha incumplido dicha obligacin.

3.) El reclamante remitir copia de la factura al reclamado, debiendo quedar en su poder el original de la misma. Igualmente deber enviar a la Agencia Estatal de la Administracin Tributaria copia de dicha factura y del escrito presentado ante el Tribunal Econmico-Administrativo en el que comunicaba el incumplimiento de la resolucin dictada.

7. En ejecucin de una resolucin que estime total o parcialmente la reclamacin contra la liquidacin de una obligacin tributaria conexa a otra del mismo obligado tributario de acuerdo con el artculo68.9 de esta Ley, se regularizar la obligacin conexa distinta de la recurrida en la que la Administracin hubiese aplicado los criterios o elementos en que se fundament la liquidacin de la obligacin tributaria objeto de la reclamacin.

Si de dicha regularizacin resultase la anulacin de la liquidacin de la obligacin conexa distinta de la recurrida y la prctica de una nueva liquidacin que se ajuste a lo resuelto por el Tribunal, ser de aplicacin lo dispuesto en el artculo26.5 de esta Ley.

Cuarenta y nueve. Se modifica el apartado1 del artculo240, que queda redactado de la siguiente forma:

1. La duracin del procedimiento en cualquiera de sus instancias ser de un ao contado desde la interposicin de la reclamacin. Transcurrido ese plazo el interesado podr entender desestimada la reclamacin al objeto de interponer el recurso procedente.

El tribunal deber resolver expresamente en todo caso. Los plazos para la interposicin de los correspondientes recursos comenzarn a contarse desde el da siguiente al de la notificacin de la resolucin expresa.

Cincuenta. Se modifica el apartado3 del artculo241, que queda redactado de la siguiente forma:

3. Estarn legitimados para interponer este recurso los interesados, los Directores Generales del Ministerio de Economa y Hacienda y los Directores de Departamento de la Agencia Estatal de Administracin Tributaria en las materias de su competencia, as como los rganos equivalentes o asimilados de las Comunidades Autnomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonoma en materia de su competencia.

En los trminos que se fijen reglamentariamente, al escrito de interposicin podr acompaarse la solicitud de suspensin de la ejecucin de la resolucin impugnada por los rganos de la Administracin. Dicha solicitud suspender cautelarmente la ejecucin de la resolucin recurrida mientras el Tribunal Econmico-Administrativo Central decida sobre la procedencia o no de la peticin de suspensin. La decisin del Tribunal sobre la procedencia de la suspensin pondr fin a la va administrativa.

Dicha suspensin se fundamentar en que existen indicios racionales de que el cobro de la deuda que finalmente pudiese resultar exigible se podra ver frustrado o gravemente dificultado, no siendo necesaria la aportacin de garanta. En la solicitud de suspensin deber motivarse de forma suficiente la concurrencia de tales situaciones.

La resolucin sobre la peticin de suspensin se notificar por el Tribunal Econmico-Administrativo Central al recurrente y a los dems interesados en el procedimiento.

La suspensin, cautelar o definitiva, impedir que se devuelvan las cantidades que se hubieran ingresado y que se liberen las garantas que se hubieran constituido por el interesado en la reclamacin econmico-administrativa en primera instancia para obtener la suspensin del acto recurrido. Asimismo, quedarn subsistentes y mantendrn su eficacia los actos del procedimiento recaudatorio que se hubiesen dictado para garantizar el pago de la deuda tributaria.

No obstante lo dispuesto en los prrafos anteriores, cuando la ejecucin de la resolucin impugnada pudiese determinar el reconocimiento del derecho a una devolucin tributaria, proceder dicha ejecucin previa prestacin por parte del obligado tributario de alguna de las garantas reguladas en el artculo224.2 de esta Ley.

Cincuenta y uno. Se introduce un nuevo artculo241 bis, con la siguiente redaccin:

Artculo241 bis. Recurso de anulacin.

1. Contra las resoluciones de las reclamaciones econmico-administrativas, las personas a que se refiere el artculo241.3 de esta Ley podrn interponer recurso de anulacin en el plazo de15 das ante el tribunal que hubiera dictado la resolucin que se impugna, exclusivamente en los siguientes casos:

a) Cuando se haya declarado incorrectamente la inadmisibilidad de la reclamacin.

b) Cuando se hayan declarado inexistentes las alegaciones o pruebas oportunamente presentadas en la va econmico administrativa.

c) Cuando se alegue la existencia de incongruencia completa y manifiesta de la resolucin.

2. Tambin podr interponerse recurso de anulacin contra el acuerdo de archivo de actuaciones al que se refiere el artculo238 de esta Ley.

3. No podr deducirse nuevamente este recurso frente a su resolucin. El recurso de anulacin no proceder frente a la resolucin del recurso extraordinario de revisin.

4. El escrito de interposicin incluir las alegaciones y adjuntar las pruebas pertinentes. El tribunal resolver sin ms trmite en el plazo de un mes, entendindose desestimado en caso contrario.

5. La interposicin del recurso de anulacin suspender el plazo para la interposicin del recurso ordinario de alzada que, en su caso, proceda contra la resolucin impugnada, cuyo cmputo se iniciar de nuevo el da siguiente al de la notificacin de la resolucin desestimatoria del recurso de anulacin o el da siguiente a aquel en que se entienda desestimado por silencio administrativo.

Si la resolucin del recurso de anulacin fuese estimatoria, el recurso ordinario de alzada que, en su caso, proceda se interpondr contra la citada resolucin, inicindose el cmputo del plazo para interponerlo el da siguiente al de la notificacin de la resolucin estimatoria.

6. Si la resolucin del recurso de anulacin desestimase el mismo, el recurso que se interponga tras la resolucin del recurso de anulacin servir para impugnar tanto esta resolucin como la dictada antes por el tribunal econmico-administrativo objeto del recurso de anulacin, pudiendo plantearse en ese recurso tanto las cuestiones relativas a los motivos del recurso de anulacin como cualesquiera otras relativas al fondo del asunto y al acto administrativo inicialmente impugnado.

Cincuenta y dos. Se introduce un nuevo artculo241 ter, con la siguiente redaccin:

Artculo241 ter. Recurso contra la ejecucin.

1. Los actos de ejecucin de las resoluciones econmico-administrativas se ajustarn exactamente a los pronunciamientos de aqullas.

2. Si el interesado est disconforme con los actos dictados como consecuencia de la ejecucin de una resolucin econmico-administrativa, podr presentar este recurso.

3. Ser competente para conocer de este recurso el rgano del Tribunal que hubiera dictado la resolucin que se ejecuta. La resolucin dictada podr establecer los trminos concretos en que haya de procederse para dar debido cumplimiento al fallo.

4. El plazo de interposicin de este recurso ser de un mes a contar desde el da siguiente al de la notificacin del acto impugnado.

5. La tramitacin de este recurso se efectuar a travs del procedimiento abreviado, salvo en el supuesto especfico en que la resolucin econmico-administrativa hubiera ordenado la retroaccin de actuaciones, en cuyo caso se seguir por el procedimiento abreviado o general que proceda segn la cuanta de la reclamacin inicial. El procedimiento aplicable determinar el plazo en el que haya de ser resuelto el recurso.

6. En ningn caso se admitir la suspensin del acto recurrido cuando no se planteen cuestiones nuevas respecto a la resolucin econmico-administrativa que se ejecuta.

7. No cabr la interposicin de recurso de reposicin con carcter previo al recurso contra la ejecucin.

8. El Tribunal declarar la inadmisibilidad del recurso contra la ejecucin respecto de aquellas cuestiones que se planteen sobre temas ya decididos por la resolucin que se ejecuta, sobre temas que hubieran podido ser planteados en la reclamacin cuya resolucin se ejecuta o cuando concurra alguno de los supuestos a que se refiere el artculo239.4 de esta Ley.

Cincuenta y tres. Se modifican los apartados1 y3 del artculo242, que quedan redactados de la siguiente forma:

1. Las resoluciones dictadas por los tribunales econmico-administrativos regionales y locales y por los rganos econmico-administrativos de las Comunidades Autnomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonoma que no sean susceptibles de recurso de alzada ordinario y, en su caso, las dictadas por los rganos econmico-administrativos de las Comunidades Autnomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonoma en nica instancia, podrn ser impugnadas, mediante el recurso extraordinario de alzada para la unificacin de criterio, por los Directores Generales del Ministerio de Economa y Hacienda y por los Directores de Departamento de la Agencia Estatal de Administracin Tributaria y por los rganos equivalentes o asimilados de las Comunidades Autnomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonoma respecto a las materias de su competencia, cuando estimen gravemente daosas y errneas dichas resoluciones, o cuando apliquen criterios distintos a los contenidos en resoluciones de otros Tribunales Econmico-Administrativos del Estado o de los rganos econmico-administrativos de las Comunidades Autnomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonoma.

Cuando los tribunales econmico-administrativos regionales o locales o los rganos econmico-administrativos de las Comunidades Autnomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonoma dicten resoluciones adoptando un criterio distinto al seguido con anterioridad, debern hacerlo constar expresamente en las resoluciones.

3. La resolucin deber dictarse en el plazo de tres meses y respetar la situacin jurdica particular derivada de la resolucin recurrida, fijando la doctrina aplicable.

Cincuenta y cuatro. Se modifica el apartado6 del artculo244, que queda redactado de la siguiente forma:

6. La resolucin del recurso extraordinario de revisin se dictar en el plazo de seis meses. Transcurrido ese plazo sin haberse notificado resolucin expresa, el interesado podr entender desestimado el recurso.

Cincuenta y cinco. Se modifica el ttulo de la seccin3. del captulo IV del ttulo V, que pasa a denominarse:

Procedimiento abreviado.

Cincuenta y seis. Se modifica el artculo245, que queda redactado de la siguiente forma:

Artculo245. mbito de aplicacin.

1. Las reclamaciones econmico-administrativas se tramitarn por el procedimiento previsto en esta seccin cuando sean de cuanta inferior a la que se determine reglamentariamente.

2. Las reclamaciones econmico-administrativas tramitadas por este procedimiento se resolvern en nica instancia por los tribunales econmico-administrativos. Para resolver, los tribunales econmico-administrativos podrn actuar de forma unipersonal.

3. El procedimiento abreviado se regular por lo dispuesto en esta seccin, por las normas reglamentarias que se dicten en su desarrollo y, en defecto de norma expresa, por lo dispuesto en este captulo.

Cincuenta y siete. Se modifica el artculo246, que queda redactado de la siguiente forma:

Artculo246. Iniciacin.

1. La reclamacin se iniciar mediante escrito que deber incluir el siguiente contenido:

a) Identificacin del reclamante y del acto o actuacin contra el que se reclama, el domicilio para notificaciones y el tribunal ante el que se interpone.

En los casos de reclamaciones relativas a retenciones, ingresos a cuenta, repercusiones, obligacin de expedir y entregar factura o relaciones entre el sustituto y el contribuyente, el escrito deber identificar tambin a la persona recurrida y su domicilio.

b) Alegaciones que, en su caso, se formulen.

Si el reclamante precisase del expediente para formular sus alegaciones, deber comparecer ante el rgano que dict el acto impugnado durante el plazo de interposicin de la reclamacin, para que se le ponga de manifiesto, lo que se har constar en el expediente.

Al escrito de interposicin se adjuntar copia del acto que se impugna, as como las pruebas que se estimen pertinentes.

2. La reclamacin se dirigir al rgano al que se refieren los apartados3 y5 del artculo235 de esta Ley, y ser de aplicacin lo dispuesto en dichos apartados.

Cincuenta y ocho. Se modifica el artculo247, que queda redactado de la siguiente forma:

Artculo247. Tramitacin y resolucin.

1. El rgano econmico-administrativo podr dictar resolucin, incluso con anterioridad a recibir el expediente, siempre que de la documentacin presentada por el reclamante resulten acreditados todos los datos necesarios para resolver.

2. El plazo mximo para notificar la resolucin ser de seis meses contados desde la interposicin de la reclamacin. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la resolucin expresa, el interesado podr considerar desestimada la reclamacin al objeto de interponer el recurso procedente.

El rgano econmico-administrativo deber resolver expresamente en todo caso. El plazo para la interposicin del recurso que proceda empezar a contarse desde el da siguiente a la notificacin de la resolucin expresa.

3. Transcurrido el plazo sealado en el apartado anterior desde la interposicin de la reclamacin sin haberse notificado resolucin expresa y siempre que se haya acordado la suspensin del acto reclamado, dejar de devengarse el inters de demora en los trminos previstos en el apartado4 del artculo26 de esta Ley.

Cincuenta y nueve. Se introduce un nuevo Ttulo VI, con la siguiente redaccin:

TTULO VI
Actuaciones y procedimientos de aplicacin de los tributos en supuestos de delito contra la Hacienda pblica

Artculo250. Prctica de liquidaciones en caso de existencia de indicios de delitos contra la Hacienda Pblica.

1. Cuando la Administracin Tributaria aprecie indicios de delito contra la Hacienda Pblica, se continuar la tramitacin del procedimiento con arreglo a las normas generales que resulten de aplicacin, sin perjuicio de que se pase el tanto de culpa a la jurisdiccin competente o se remita el expediente al Ministerio Fiscal, y con sujecin a las reglas que se establecen en el presente Ttulo.

Salvo en los casos a que se refiere el artculo siguiente, proceder dictar liquidacin de los elementos de la obligacin tributaria objeto de comprobacin, separando en liquidaciones diferentes aquellos que se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pblica y aquellos que no se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pblica.

2. La liquidacin que en su caso se dicte, referida a aquellos elementos de la obligacin tributaria que se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pblica se ajustar a lo establecido en este Ttulo.

En los supuestos a los que se refiere este apartado, la Administracin se abstendr de iniciar o, en su caso, continuar, el procedimiento sancionador correspondiente a estos mismos hechos. En caso de haberse iniciado un procedimiento sancionador, de no haber concluido ste con anterioridad, dicha conclusin se entender producida, en todo caso, en el momento en que se pase el tanto de culpa a la jurisdiccin competente o se remita el expediente al Ministerio Fiscal, sin perjuicio de la posibilidad de iniciar un nuevo procedimiento sancionador en los casos a que se refiere el ltimo prrafo de este apartado.

La sentencia condenatoria de la autoridad judicial impedir la imposicin de sancin administrativa por los mismos hechos.

De no haberse apreciado la existencia de delito, la Administracin Tributaria iniciar, cuando proceda, el procedimiento sancionador administrativo de acuerdo con los hechos que los tribunales hubieran considerado probados.

3. La liquidacin que se dicte en relacin con conceptos tributarios que no se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pblica se ajustar en su tramitacin al procedimiento ordinario que corresponda segn lo dispuesto en el Captulo IV del Ttulo III de esta Ley y se sujetar al rgimen de revisin establecido en su Ttulo V.

Artculo251. Excepciones a la prctica de liquidaciones en caso de existencia de indicios de delito contra la Hacienda Pblica.

1. Cuando la Administracin Tributaria aprecie indicios de delito contra la Hacienda Pblica, pasar el tanto de culpa a la jurisdiccin competente o remitir el expediente al Ministerio Fiscal, abstenindose de practicar la liquidacin a que se refiere el artculo250.2 de esta Ley, en los siguientes supuestos:

a) Cuando la tramitacin de la liquidacin administrativa pueda ocasionar la prescripcin del delito con arreglo a los plazos previstos en el artculo131 del Cdigo Penal.

b) Cuando de resultas de la investigacin o comprobacin, no pudiese determinarse con exactitud el importe de la liquidacin o no hubiera sido posible atribuirla a un obligado tributario concreto.

c) Cuando la liquidacin administrativa pudiese perjudicar de cualquier forma la investigacin o comprobacin de la defraudacin.

En los casos anteriormente sealados, junto al escrito de denuncia o de querella presentado por la Administracin Tributaria, se trasladar tambin el acuerdo motivado en el que se justifique la concurrencia de alguna de las circunstancias determinantes de la decisin administrativa de no proceder a dictar liquidacin.

En estos casos no se conceder trmite de audiencia o alegaciones al obligado tributario.

2. En los supuestos sealados en el apartado anterior, la Administracin se abstendr de iniciar o, en su caso, continuar el procedimiento administrativo, que quedar suspendido mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o el archivo de las actuaciones o se produzca la devolucin del expediente por el Ministerio Fiscal.

No obstante, en caso de que se hubiera iniciado un procedimiento sancionador, ste se entender concluido, en todo caso, en el momento en que se pase el tanto de culpa a la jurisdiccin competente o se remita el expediente al Ministerio Fiscal. Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de iniciar un nuevo procedimiento sancionador si finalmente no se apreciara delito y de acuerdo con los hechos que, en su caso, los tribunales hubieran considerado probados.

El pase del tanto de culpa o la remisin del expediente interrumpir los plazos de prescripcin del derecho a determinar la deuda tributaria y a imponer la sancin, de acuerdo con lo previsto en los artculos68.1 y189.3 de esta Ley.

La sentencia condenatoria de la autoridad judicial impedir la imposicin de sancin administrativa por los mismos hechos.

Las actuaciones del procedimiento de comprobacin e investigacin realizadas durante el periodo de suspensin respecto de los hechos denunciados se tendrn por inexistentes.

3. En los supuestos anteriores, de no haberse apreciado la existencia de delito, la Administracin Tributaria iniciar o continuar sus actuaciones de acuerdo con los hechos que los rganos jurisdiccionales hubieran considerado probados en el periodo que reste hasta la conclusin del plazo a que se refiere el artculo150.1 de esta Ley o en el plazo de6 meses si ste ltimo fuese superior, a computar desde la recepcin de la resolucin judicial o del expediente devuelto por el Ministerio Fiscal por el rgano competente que deba continuar el procedimiento.

El cmputo de los plazos de prescripcin se iniciar de nuevo desde la entrada de la resolucin judicial en el registro de la Administracin Tributaria competente.

Artculo252. Regularizacin voluntaria.

La Administracin Tributaria no pasar el tanto de culpa a la jurisdiccin competente ni remitir el expediente al Ministerio Fiscal salvo que conste que el obligado tributario no ha regularizado su situacin tributaria mediante el completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria antes de que se le hubiera notificado el inicio de actuaciones de comprobacin o investigacin tendentes a la determinacin de la deuda tributaria objeto de la regularizacin o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administracin autonmica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aqul dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instruccin realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciacin de diligencias.

La deuda tributaria se entiende integrada por los elementos a los que se refiere el artculo58 de esta Ley, debiendo proceder el obligado tributario a la autoliquidacin e ingreso simultneo tanto de la cuota como de los intereses de demora y de los recargos legalmente devengados a la fecha del ingreso. No obstante, cuando los tributos regularizados voluntariamente no se exijan por el procedimiento de autoliquidacin, el obligado tributario deber presentar la declaracin correspondiente, procediendo al ingreso de la totalidad de la deuda tributaria liquidada por la Administracin en el plazo para el pago establecido en la normativa tributaria.

Lo dispuesto en este artculo resultar tambin de aplicacin cuando la regularizacin se hubiese producido una vez prescrito el derecho de la Administracin para determinar la deuda tributaria.

Para determinar la existencia del completo reconocimiento y pago a que se refiere el primer prrafo de ste artculo, la Administracin Tributaria podr desarrollar las actuaciones de comprobacin o investigacin que resulten procedentes, an en el caso de que las mismas afecten a periodos y conceptos tributarios respecto de los que se hubiese producido la prescripcin regulada en el artculo66.a) de esta Ley.

Artculo253. Tramitacin del procedimiento de inspeccin en caso de que proceda practicar liquidacin.

1. Cuando la Administracin Tributaria aprecie indicios de delito contra la Hacienda Pblica y no concurran las circunstancias que impiden dictar liquidacin de acuerdo con el artculo251.1 de esta Ley, proceder formalizar una propuesta de liquidacin vinculada a delito, en la que se expresarn los hechos y fundamentos de derecho en los que se basa la misma.

Dicha propuesta se notificar al obligado tributario concedindole el trmite de audiencia para que alegue lo que convenga a su derecho en el plazo de15 das naturales, contados a partir del siguiente al de notificacin de la propuesta.

En ningn caso los defectos procedimentales en que se hubiese podido incurrir durante la tramitacin administrativa, producirn los efectos de extinguir total o parcialmente la obligacin tributaria vinculada a delito ni los previstos en las letras a) y b) del artculo150.6 de esta Ley en relacin con las actuaciones desarrolladas por la Administracin Tributaria tendentes a la liquidacin de la deuda tributaria, sin perjuicio de los que de aquellos pudiesen derivarse en caso de devolucin del expediente por el Ministerio Fiscal o en caso de resolucin judicial firme que obligue a practicar el ajuste previsto por el artculo257.2 c) de esta Ley por no apreciar la existencia de delito contra la Hacienda Pblica.

Transcurrido el plazo previsto para el trmite de audiencia y examinadas las alegaciones presentadas en su caso, el rgano competente dictar una liquidacin administrativa, con la autorizacin previa o simultnea del rgano de la Administracin Tributaria competente para interponer la denuncia o querella, cuando considere que la regularizacin procedente pone de manifiesto la existencia de un posible delito contra la Hacienda Pblica.

Una vez dictada la liquidacin administrativa, la Administracin Tributaria pasar el tanto de culpa a la jurisdiccin competente o remitir el expediente al Ministerio Fiscal y el procedimiento de comprobacin finalizar, respecto de los elementos de la obligacin tributaria regularizados mediante dicha liquidacin, con la notificacin al obligado tributario de la misma, en la que se advertir de que el perodo voluntario de ingreso slo comenzar a computarse una vez que sea notificada la admisin a trmite de la denuncia o querella correspondiente, en los trminos establecidos en el artculo255 de esta Ley.

El pase del tanto de culpa o la remisin del expediente interrumpir los plazos de prescripcin del derecho a determinar la deuda tributaria y a imponer la sancin, de acuerdo con lo previsto en los artculos68.1 y189.3 de esta Ley.

2. La inadmisin de la denuncia o querella determinar la retroaccin de las actuaciones inspectoras al momento anterior a aquel en que se dict la propuesta de liquidacin vinculada a delito, procediendo en ese caso la formalizacin del acta que corresponda, que se tramitar de acuerdo con lo establecido en esta Ley y su normativa de desarrollo.

La terminacin de las actuaciones inspectoras seguir lo dispuesto en la Subseccin3. de la Seccin2. del Captulo IV del Ttulo III.

El procedimiento deber finalizar en el periodo que reste desde el momento al que se retrotraigan las actuaciones hasta la conclusin del plazo al que se refiere el apartado1 del artculo150 de esta Ley o en seis meses, si ste ltimo fuera superior. El citado plazo se computar desde la recepcin de la resolucin judicial o del expediente devuelto por el Ministerio Fiscal por el rgano competente que deba continuar el procedimiento.

Se exigirn intereses de demora por la nueva liquidacin que ponga fin al procedimiento. La fecha de inicio del cmputo del inters de demora ser la misma que, de acuerdo con lo establecido en el apartado2 del artculo26, hubiera correspondido a la liquidacin anulada y el inters se devengar hasta el momento en que se haya dictado la nueva liquidacin.

En estos casos se iniciar el cmputo de los plazos de prescripcin del derecho a determinar la deuda y a imponer la sancin de acuerdo con lo indicado en el artculo68.7 de esta Ley.

3. En los casos en los que, por un mismo concepto impositivo y periodo, quepa distinguir elementos en los que se aprecia una conducta dolosa que pueda ser determinante de un delito contra la Hacienda Pblica, junto con otros elementos y cuantas a regularizar respecto de los que no se aprecia esa conducta dolosa, se efectuarn dos liquidaciones de forma separada.

A efectos de la cuantificacin de ambas liquidaciones, se formalizar una propuesta de liquidacin vinculada al delito y un acta de inspeccin, de acuerdo con las siguientes reglas:

a) La propuesta de liquidacin vinculada a delito comprender los elementos que hayan sido objeto de declaracin, en su caso, a los que se sumarn todos aquellos elementos en los que se aprecie dolo, y se restarn los ajustes a favor del obligado tributario a los que ste pudiera tener derecho, as como las partidas a compensar o deducir en la base o en la cuota que le correspondan adicionalmente. Si la declaracin presentada hubiera determinado una cuota a ingresar, sta se descontar para el clculo de esta propuesta de liquidacin.

b) La propuesta de liquidacin contenida en el acta comprender la totalidad de los elementos comprobados, con independencia de que estn o no vinculados con el posible delito, y se deducir la cantidad resultante de la propuesta de liquidacin a que se refiere el prrafo anterior.

No obstante, el obligado tributario podr optar por la aplicacin de un sistema de clculo de ambas cuotas basado en la aplicacin proporcional de las partidas a compensar o deducir en la base o en la cuota, en los trminos que se determinen reglamentariamente. Esta opcin deber comunicarse a la Administracin en el plazo de alegaciones posterior a la notificacin de la propuesta de liquidacin vinculada al delito.

Artculo254. Impugnacin de las liquidaciones.

1. Frente a la liquidacin administrativa dictada como consecuencia de lo dispuesto en el artculo250.2 de esta Ley, no proceder recurso o reclamacin en va administrativa, sin perjuicio del ajuste que proceda con arreglo a lo que se determine en el proceso penal, de acuerdo con lo dispuesto en el artculo305 del Cdigo Penal y en el257 de esta Ley, correspondiendo al Juez penal determinar en sentencia la cuota defraudada vinculada a los delitos contra la Hacienda Pblica que hubiese sido liquidada al amparo de lo previsto en el apartado5 del artculo305 del Cdigo Penal y en el Ttulo VI de esta Ley.

En ningn caso los defectos procedimentales en que se hubiese podido incurrir durante la tramitacin administrativa, producirn los efectos de extinguir total o parcialmente la obligacin tributaria vinculada a delito ni los previstos en las letras a) y b) del artculo150.6 de esta Ley en relacin con las actuaciones desarrolladas por la Administracin Tributaria tendentes a la liquidacin de la deuda tributaria.

2. Frente a la liquidacin que resulte de la regularizacin de los elementos y cuantas que no se encuentren vinculados con el posible delito, cabr interponer los recursos y reclamaciones previstos en el Ttulo V de esta Ley.

Artculo255. Recaudacin de la deuda liquidada en caso de existencia de indicios de delito contra la Hacienda Pblica.

En los supuestos a que se refiere el artculo250.2 de esta Ley, la existencia del procedimiento penal por delito contra la Hacienda Pblica no paralizar las actuaciones administrativas dirigidas al cobro de la deuda tributaria liquidada, salvo que el Juez hubiere acordado la suspensin de las actuaciones de ejecucin.

Las actuaciones administrativas dirigidas al cobro a las que se refiere el prrafo anterior se regirn por las normas generales establecidas en el Captulo V del Ttulo III de esta Ley, salvo las especialidades establecidas en el presente Ttulo.

Una vez que conste admitida la denuncia o querella por delito contra la Hacienda Pblica, la Administracin Tributaria proceder a notificar al obligado tributario el inicio del perodo voluntario de pago requirindole para que realice el ingreso de la deuda tributaria liquidada en los plazos a que se refiere el artculo62.2 de esta Ley.

Artculo256. Causas de oposicin frente a las actuaciones de recaudacin.

Frente a los actos del procedimiento de recaudacin desarrollados para el cobro de la deuda tributaria liquidada conforme a lo dispuesto en el artculo250.2 de esta Ley, solo sern oponibles los motivos previstos en los artculos167.3,170.3 y172.1 segundo prrafo de esta Ley y su revisin se realizar conforme a lo dispuesto en el Ttulo V de esta Ley.

Artculo257. Efectos de la resolucin judicial sobre la liquidacin tributaria.

1. La liquidacin dictada por la Administracin Tributaria en los supuestos a los que se refiere el artculo250.2 de esta Ley, se ajustar a lo que se determine finalmente en el proceso penal en relacin con la existencia y la cuanta de la defraudacin.

2. El ajuste se realizar de la siguiente forma:

a) Si en el proceso penal se dictara sentencia condenatoria por delito contra la Hacienda Pblica y en dicho proceso se determinara una cuota defraudada idntica a la liquidada en va administrativa, no ser necesario modificar la liquidacin realizada, sin perjuicio de la liquidacin de los intereses de demora y recargos que correspondan.

Si la cuanta defraudada que se determinara en el proceso penal difiriera, en ms o en menos, de la fijada en va administrativa, la liquidacin dictada al amparo del artculo250.2 de esta Ley deber modificarse. En este caso, subsistir el acto inicial, que ser rectificado de acuerdo con el contenido de la sentencia para ajustarse a la cuanta fijada en el proceso penal como cuota defraudada.

Dicha modificacin, practicada por la Administracin Tributaria al amparo de lo dispuesto en el prrafo anterior, no afectar a la validez de las actuaciones recaudatorias realizadas, respecto de la cuanta confirmada en el proceso penal.

El acuerdo de modificacin se trasladar al Tribunal competente para la ejecucin, al obligado al pago y a las dems partes personadas en el procedimiento penal.

Si la cuanta defraudada que se determinara en el proceso penal fuese inferior a la fijada en va administrativa, sern de aplicacin las normas generales establecidas al efecto en la normativa tributaria en relacin con las devoluciones de ingresos y el reembolso del coste de las garantas.

b) Si en el proceso penal no se apreciara finalmente la existencia de delito por inexistencia de la obligacin tributaria, la liquidacin administrativa ser anulada siendo de aplicacin las normas generales establecidas al efecto en la normativa tributaria en relacin con las devoluciones de ingresos y el reembolso del coste de las garantas.

c) Si en el proceso penal se dictara resolucin firme, no aprecindose delito por motivo diferente a la inexistencia de la obligacin tributaria, proceder la retroaccin de las actuaciones inspectoras al momento anterior en el que se dict la propuesta de liquidacin vinculada a delito prevista en el artculo253.1 de esta Ley, teniendo en cuenta los hechos que el rgano judicial hubiese considerado probados, procediendo la formalizacin del acta, que se tramitar de acuerdo con lo establecido en esta Ley y su normativa de desarrollo.

La terminacin de las actuaciones inspectoras seguir lo dispuesto en la Subseccin3. de la Seccin2. del Captulo IV del Ttulo III de esta Ley.

El procedimiento deber finalizar en el periodo que reste desde el momento al que se retrotraigan las actuaciones hasta la conclusin del plazo al que se refiere el apartado1 del artculo150 de esta Ley o en seis meses, si ste ltimo fuera superior. El citado plazo se computar desde la recepcin del expediente por el rgano competente para la reanudacin de las actuaciones.

Se exigirn intereses de demora por la nueva liquidacin que ponga fin al procedimiento. La fecha de inicio del cmputo del inters de demora ser la misma que, de acuerdo con lo establecido en el apartado2 del artculo26, hubiera correspondido a la liquidacin anulada y el inters se devengar hasta el momento en que se haya dictado la nueva liquidacin.

Esta liquidacin se sujetar al rgimen de revisin y recursos propios de toda liquidacin tributaria regulado en el Ttulo V de esta Ley, pero no podrn impugnarse los hechos considerados probados en la sentencia judicial.

En estos casos se iniciar el cmputo del plazo de prescripcin del derecho a determinar la deuda y a imponer la sancin de acuerdo con lo indicado en el artculo68.7 de esta Ley.

Artculo258. Responsables.

1. Sern responsables solidarios de la deuda tributaria liquidada conforme a lo preceptuado en el artculo250.2 de esta Ley quienes hubieran sido causantes o hubiesen colaborado activamente en la realizacin de los actos que den lugar a dicha liquidacin y se encuentren imputados en el proceso penal iniciado por el delito denunciado o hubieran sido condenados como consecuencia del citado proceso.

Los datos, pruebas o circunstancias que obren o hayan sido obtenidos en el procedimiento de liquidacin y que vayan a ser tenidos en cuenta en el procedimiento para exigir la responsabilidad establecida en este artculo, debern incorporarse formalmente al mismo antes de la propuesta de resolucin.

2. En relacin con las liquidaciones a que se refiere el artculo250.2 de esta Ley, tambin resultarn de aplicacin los supuestos de responsabilidad regulados en el artculo42.2 de esta Ley.

3. En el recurso o reclamacin contra el acuerdo que declare la responsabilidad prevista en el apartado1 anterior slo podr impugnarse el alcance global de la citada responsabilidad.

4. Si en el proceso penal se acordara el sobreseimiento o absolucin respecto de cualquiera de los responsables a que se refiere el apartado1, la declaracin de su responsabilidad ser anulada, siendo de aplicacin las normas generales establecidas en la normativa tributaria en relacin con las devoluciones y reembolso del coste de garantas.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo68.8 de esta Ley, en los supuestos de responsabilidad a que se refiere el apartado1, interrumpido el plazo de prescripcin para un obligado tributario, dicho efecto se extiende a todos los dems obligados, incluidos los responsables.

6. La competencia para dictar los acuerdos de declaracin de responsabilidad en los supuestos regulados en los apartados1 y2 corresponder al rgano de recaudacin.

7. El plazo del procedimiento de declaracin de responsabilidad se entender suspendido durante el periodo de tiempo que transcurra desde la presentacin de la denuncia o querella ante el Ministerio Fiscal o el rgano judicial hasta la imputacin formal de los encausados.

A las medidas cautelares adoptadas durante la tramitacin del procedimiento de declaracin de responsabilidad previsto en este artculo les ser de aplicacin lo previsto en el artculo81.6.e) de esta Ley.

Artculo259. Especialidades en la liquidacin de la deuda aduanera en supuestos de delito contra la Hacienda Pblica.

1. La aplicacin de lo establecido en el presente ttulo VI respecto de los tributos que integran la deuda aduanera prevista en la normativa de la Unin Europea, se efectuar con las especialidades que se describen en los siguientes apartados de este artculo.

2. La Administracin Tributaria nicamente se abstendr de practicar la liquidacin a que se refiere el artculo250.2 de esta Ley en los casos contemplados en los prrafos b) y c) del artculo251.1 de esta Ley.

3. Cuando se pase el tanto de culpa a la jurisdiccin competente o se remita el expediente al Ministerio Fiscal, el plazo para la liquidacin y notificacin de la deuda aduanera al deudor se regir por las siguientes normas:

a) Cuando con arreglo a lo previsto en el apartado2 de este artculo sea posible la liquidacin de la deuda aduanera, se proceder a la prctica y notificacin de la misma en los plazos de5 o diez aos previstos para la prescripcin del delito contra la Hacienda de la Unin Europea, computados desde el nacimiento de la deuda.

b) Cuando con arreglo a lo previsto en el apartado2 de este artculo no sea posible la liquidacin de la deuda aduanera o bien la liquidacin practicada deba ajustarse a la cuanta fijada en el proceso penal, el plazo para practicar la liquidacin y notificar la deuda al deudor ser de tres aos y se computar desde el momento en que la autoridad judicial incoe la causa sin secreto para las partes personadas o, en su caso, desde el momento en que alcance firmeza la resolucin judicial que ponga fin al procedimiento penal.

4. Lo dispuesto en los artculos251 y253 de esta Ley en relacin con la interrupcin de plazos o procedimientos, no resultar de aplicacin en los supuestos del apartado3.b) de este artculo.

5. En la tramitacin del procedimiento de inspeccin cuando proceda dictar la liquidacin a que se refiere el artculo250.2 de esta Ley, la aplicacin del artculo253 se efectuar conforme a las siguientes reglas:

a) Cuando la tramitacin de la liquidacin administrativa pueda ocasionar la prescripcin del delito con arreglo a los plazos previstos en el artculo131 del Cdigo Penal, la remisin del tanto de culpa a la jurisdiccin competente o del expediente al Ministerio Fiscal podr realizarse con carcter previo a la prctica de la liquidacin administrativa.

b) En los casos en los que la Administracin Tributaria se haya abstenido de practicar liquidacin con arreglo a lo dispuesto en la letra c) del apartado1 del artculo251 de esta Ley, la tramitacin del procedimiento administrativo se reanudar en el momento en que la autoridad judicial incoe la causa sin secreto para las partes personadas.

c) El perodo voluntario para el ingreso de la liquidacin que se practique comenzar a computarse a partir de su notificacin y se realizar en los plazos previstos en la normativa de la Unin Europea. El obligado tributario podr solicitar la suspensin de la ejecucin de la liquidacin hasta la admisin de la denuncia o querella, prestando garanta o solicitando dispensa total o parcial de la misma cuando justifique la imposibilidad de aportarla y que la ejecucin pudiera causar perjuicios de difcil o imposible reparacin.

d) En los supuestos del artculo253.2 de esta Ley, la inadmisin de la denuncia o querella no implicar la anulacin de la liquidacin administrativa. La Administracin Tributaria conceder trmite de audiencia, en el que el interesado podr solicitar la consideracin de aquellas cuestiones afectadas por las limitaciones previstas en el apartado1 del artculo253 de esta Ley. A la vista de las alegaciones, la Administracin Tributaria dictar resolucin manteniendo inalterada la liquidacin de la deuda aduanera que se haya practicado o rectificndola si procede, mantenindose los actos de recaudacin previamente realizados, sin perjuicio en su caso, de adaptar las cuantas de las trabas y embargos realizados. La revisin de dicha resolucin se regir por lo dispuesto en el Ttulo V de esta Ley.

6. En los supuestos a los que se refiere el artculo257.2.c) de esta Ley, se aplicar lo dispuesto en el apartado5.d) de este artculo.

Sesenta. Se introduce un nuevo Ttulo VII, con la siguiente redaccin:

TTULO VII
Recuperacin de ayudas de Estado que afecten al mbito tributario
CAPTULO I
Disposiciones generales

Artculo260. Disposiciones generales.

1. Corresponde a la Administracin Tributaria la realizacin de las actuaciones necesarias para la ejecucin de las decisiones de recuperacin de ayudas de Estado que afecten al mbito tributario.

2. Se considera aplicacin de los tributos el ejercicio de las actividades administrativas necesarias para la ejecucin de las decisiones de recuperacin de ayudas de Estado que afecten al mbito tributario, as como las actuaciones de los obligados en el ejercicio de sus derechos o en cumplimiento de sus obligaciones tributarias derivados de dichas decisiones.

3. Adems de en los supuestos a que se refieren los apartados anteriores de este artculo, lo dispuesto en este Ttulo resultar de aplicacin en cualquier supuesto en que, en cumplimiento del Derecho de la Unin Europea, resulte procedente exigir el reintegro de cantidades percibidas en concepto de ayudas de Estado que afecten al mbito tributario.

Artculo261. Procedimientos de ejecucin de decisiones de recuperacin de ayudas de Estado.

1. Son procedimientos de ejecucin de decisiones de recuperacin de ayudas de Estado los siguientes:

a) Procedimiento de recuperacin en supuestos de regularizacin de los elementos de la obligacin tributaria afectados por la decisin.

b) Procedimiento de recuperacin en otros supuestos.

2. La ejecucin de las decisiones de recuperacin de ayudas de Estado tambin se podr llevar a cabo mediante el procedimiento de inspeccin regulado en la seccin2. del captulo IV del ttulo III cuando el alcance de dicho procedimiento exceda de lo dispuesto en el artculo265.1 de esta Ley.

En estos casos, proceder dictar liquidacin de los elementos de la obligacin tributaria objeto de comprobacin, separando en liquidaciones diferentes aquellos a los que se refiera la decisin y aquellos que no estn vinculados a la misma.

Artculo262. Prescripcin.

1. Prescribir a los diez aos el derecho de la Administracin para determinar y exigir el pago de la deuda tributaria que, en su caso, resulte de la ejecucin de la decisin de recuperacin.

2. El plazo de prescripcin empezar a contarse desde el da siguiente a aquel en que la aplicacin de la ayuda de Estado en cumplimiento de la obligacin tributaria objeto de regularizacin hubiese surtido efectos jurdicos conforme a la normativa tributaria.

3. El plazo de prescripcin se interrumpe:

a) Por cualquier actuacin de la Comisin o de la Administracin Tributaria a peticin de la Comisin que est relacionada con la ayuda de Estado.

b) Por cualquier accin de la Administracin Tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, conducente al reconocimiento, regularizacin, comprobacin, inspeccin, aseguramiento y liquidacin de la deuda tributaria derivada de aquellos elementos afectados por la decisin de recuperacin, o a la exigencia de su pago.

c) Por cualquier actuacin fehaciente del obligado tributario conducente a la liquidacin o pago de la deuda tributaria o por la interposicin de los recursos procedentes.

4. El plazo de prescripcin se suspender durante el tiempo en que la decisin de recuperacin sea objeto de un procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unin Europea.

Artculo263. Efectos de la ejecucin de la decisin de recuperacin.

1. Cuando existiese una resolucin o liquidacin previa practicada por la Administracin Tributaria en relacin con la obligacin tributaria afectada por la decisin de recuperacin de la ayuda de Estado, la ejecucin de dicha decisin determinar la modificacin de la resolucin o liquidacin, aunque sea firme.

2. Los intereses de demora se regirn por lo dispuesto en la normativa de la Unin Europea.

Artculo264. Recursos contra el acto de ejecucin.

La resolucin o liquidacin derivada de la ejecucin de la decisin de recuperacin ser susceptible de recurso de reposicin y, en su caso, de reclamacin econmico-administrativa, en los trminos previstos en esta Ley.

Si la resolucin o liquidacin se somete a revisin de acuerdo con el apartado anterior, slo ser admisible la suspensin de la ejecucin de los actos administrativos mediante la aportacin de garanta consistente en depsito de dinero en la Caja General de Depsitos.

CAPTULO II
Procedimiento de recuperacin en supuestos de regularizacin de los elementos de la obligacin tributaria afectados por la decisin de recuperacin

Artculo265. Recuperacin en supuestos de regularizacin de los elementos de la obligacin tributaria afectados por la decisin de recuperacin.

1. En el procedimiento de recuperacin en supuestos de regularizacin de los elementos de la obligacin tributaria afectados por la decisin, la Administracin Tributaria se limitar a la comprobacin de aquellos elementos de la obligacin a los que se refiere dicha decisin.

2. En este procedimiento, la Administracin Tributaria podr realizar nicamente las siguientes actuaciones:

a) Examen de los datos consignados por los obligados tributarios en sus declaraciones y de los justificantes presentados o que se requieran al efecto.

b) Examen de los datos y antecedentes en poder de la Administracin Tributaria.

c) Examen de los registros y dems documentos exigidos por la normativa tributaria y de cualquier otro libro, registro o documento de carcter oficial, incluida la contabilidad mercantil, as como el examen de las facturas o documentos que sirvan de justificante de las operaciones incluidas en dichos libros, registros o documentos.

d) Requerimientos de informacin a terceros.

3. Las actuaciones del procedimiento podrn realizarse fuera de las oficinas de la Administracin Tributaria, a cuyo efecto sern de aplicacin las reglas contenidas en los artculos142.2 y151 de esta Ley.

4. El examen de los documentos y las actuaciones referidas en los apartados anteriores se entendern efectuados a los solos efectos de determinar la procedencia de la recuperacin de la ayuda de Estado, sin que impida ni limite la ulterior comprobacin de los mismos hechos o documentos.

Artculo266. Inicio.

1. El procedimiento de recuperacin en supuestos de regularizacin de los elementos de la obligacin tributaria afectados por la decisin se iniciar de oficio por acuerdo del rgano competente, que se determinar en las normas de organizacin especfica de la Administracin Tributaria.

2. El inicio de las actuaciones del procedimiento deber notificarse a los obligados tributarios mediante comunicacin que deber expresar la naturaleza y alcance de las mismas e informar sobre sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones.

Cuando los datos en poder de la Administracin Tributaria sean suficientes para formular la propuesta de liquidacin, el procedimiento podr iniciarse mediante la notificacin de dicha propuesta.

Artculo267. Tramitacin.

1. Las actuaciones del procedimiento de recuperacin en supuestos de regularizacin de los elementos de la obligacin tributaria afectados por la decisin se documentarn en las comunicaciones y diligencias a las que se refiere el apartado7 del artculo99 de esta Ley.

2. Los obligados tributarios debern atender a la Administracin Tributaria y le prestarn la debida colaboracin en el desarrollo de sus funciones.

El obligado tributario que hubiera sido requerido deber personarse en el lugar, da y hora sealados para la prctica de las actuaciones, y deber aportar o tener a disposicin de la Administracin la documentacin y dems elementos solicitados.

3. Con carcter previo a la prctica de la liquidacin provisional, la Administracin Tributaria deber comunicar al obligado tributario la propuesta de liquidacin para que, en un plazo de10 das, alegue lo que convenga a su derecho.

Artculo268. Terminacin.

1. El procedimiento de recuperacin en supuestos de regularizacin de los elementos de la obligacin tributaria afectados por la decisin terminar de alguna de las siguientes formas:

a) Por resolucin expresa de la Administracin Tributaria, que deber incluir, al menos, el siguiente contenido:

1. Elementos de la obligacin tributaria afectados por la decisin de recuperacin y mbito temporal objeto de las actuaciones.

2. Relacin de hechos y fundamentos de derecho que motiven la resolucin.

3. Liquidacin provisional o, en su caso, manifestacin expresa de que no procede regularizar la situacin tributaria como consecuencia de la decisin de recuperacin.

b) Por el inicio de un procedimiento inspector que incluya el objeto del procedimiento de recuperacin.

2. El incumplimiento del plazo de duracin del procedimiento regulado en el artculo104 de esta Ley no determinar la caducidad del procedimiento, que continuar hasta su terminacin. En este caso, no se considerar interrumpida la prescripcin como consecuencia de las actuaciones administrativas desarrolladas durante dicho plazo.

En estos supuestos, se entender interrumpida la prescripcin por la realizacin de actuaciones con conocimiento formal del interesado con posterioridad a la finalizacin del plazo al que se refiere el prrafo anterior.

3. Cuando una resolucin judicial aprecie defectos formales y ordene la retroaccin de las actuaciones administrativas, stas debern finalizar en el periodo que reste desde el momento al que se retrotraigan las actuaciones hasta la conclusin del plazo al que se refiere el artculo104 de esta Ley o en el plazo de tres meses, si este ltimo fuera superior. El citado plazo se computar desde la recepcin del expediente por el rgano competente para la reanudacin del procedimiento de recuperacin de ayudas de Estado.

CAPTULO III
Procedimiento de recuperacin en otros supuestos

Artculo269. Procedimiento de recuperacin en otros supuestos.

1. Cuando la ejecucin de la decisin de recuperacin no implique la regularizacin de una obligacin tributaria, el procedimiento a seguir ser el regulado en este captulo.

2. Para la ejecucin de la decisin de recuperacin el rgano competente tendr las facultades que se reconocen a la Administracin Tributaria en el artculo162 de esta Ley, con los requisitos all establecidos.

Artculo270. Inicio.

El procedimiento de recuperacin se iniciar de oficio.

El inicio de las actuaciones del procedimiento deber notificarse a los obligados tributarios mediante comunicacin que deber expresar la naturaleza de las mismas e informar de sus derechos y obligaciones en el curso de aquellas.

La comunicacin de inicio contendr la propuesta de resolucin, concedindose un plazo de10 das al obligado tributario para que alegue lo que convenga a su derecho.

Artculo271. Terminacin.

1. El procedimiento de recuperacin terminar por resolucin expresa de la Administracin Tributaria, que deber notificarse en el plazo de cuatro meses desde la fecha de notificacin al obligado tributario del inicio del procedimiento, salvo que la decisin de recuperacin establezca un plazo distinto, siendo de aplicacin lo dispuesto en el artculo268.2 de esta Ley.

2. La resolucin que ponga fin al procedimiento deber incluir, al menos, el siguiente contenido:

a) Acuerdo de modificacin, en el sentido de la decisin de recuperacin, de la resolucin previamente dictada por la Administracin o, en su caso, manifestacin expresa de que no procede modificacin alguna como consecuencia de la decisin de recuperacin.

b) Relacin de hechos y fundamentos de derecho que motiven la resolucin.

c) Liquidacin en el supuesto de que la ejecucin de la decisin de recuperacin determine la exigencia de deuda tributaria, en particular, procedente del devengo de intereses de demora conforme a lo establecido en el artculo263.2 de esta Ley.

3. Cuando una resolucin judicial aprecie defectos formales y ordene la retroaccin de las actuaciones administrativas, estas debern finalizar en el periodo que reste desde el momento al que se retrotraigan las actuaciones hasta la conclusin del plazo al que se refiere el apartado1, o en el plazo de dos meses, si este ltimo fuera superior. El citado plazo se computar desde la recepcin del expediente por el rgano competente para la reanudacin del procedimiento de recuperacin de ayudas de Estado.

Sesenta y uno. Se modifica el apartado4 de la disposicin adicional sexta, que queda redactado de la siguiente forma:

4. La publicacin de la revocacin del nmero de identificacin fiscal asignado en el “Boletn Oficial del Estado”, determinar la prdida de validez a efectos identificativos de dicho nmero en el mbito fiscal.

Asimismo, la publicacin anterior determinar que las entidades de crdito no realicen cargos o abonos en las cuentas o depsitos bancarios en que consten como titulares o autorizados los titulares de dichos nmeros revocados, salvo que se rehabilite dicho nmero o se asigne un nuevo nmero de identificacin fiscal.

Cuando la revocacin se refiera a una entidad, la publicacin anterior tambin determinar que el registro pblico en que est inscrita, en funcin del tipo de entidad de que se trate, proceda a extender en la hoja abierta a la entidad a la que afecte la revocacin una nota marginal en la que se har constar que, en lo sucesivo, no podr realizarse inscripcin alguna que afecte a esta, salvo que se rehabilite dicho nmero o se asigne un nuevo nmero de identificacin fiscal.

Lo dispuesto en este apartado no impedir a la Administracin Tributaria exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias pendientes. No obstante, la admisin de las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones o escritos en los que conste un nmero de identificacin fiscal revocado quedar condicionada, en los trminos reglamentariamente establecidos, a la rehabilitacin del citado nmero de identificacin fiscal o, en su caso, a la obtencin de un nuevo nmero.

Sesenta y dos. Se modifica la disposicin adicional dcima, que queda redactada de la siguiente forma:

Disposicin adicional dcima. Exaccin de la responsabilidad civil y multa por delito contra la Hacienda Pblica.

1. En los procedimientos por delito contra la Hacienda Pblica, la responsabilidad civil, que comprender el importe de la deuda tributaria que la Administracin Tributaria no haya liquidado por prescripcin u otra causa legal en los trminos previstos en esta Ley, incluidos sus intereses de demora, junto a la pena de multa, se exigir por el procedimiento administrativo de apremio.

2. Una vez que sea firme la sentencia, el juez o tribunal al que competa la ejecucin remitir testimonio a los rganos de la Administracin Tributaria, ordenando que se proceda a su exaccin. En la misma forma se procedercuando el juez o tribunal hubieran acordado la ejecucin provisional de una sentencia recurrida.

3. Cuando se hubiera acordado el fraccionamiento de pago de la responsabilidad civil o de la multa conforme al artculo125 del Cdigo Penal, el juez o tribunal lo comunicar a la Administracin Tributaria. En este caso, el procedimiento de apremio se iniciar si se incumplieran los trminos del fraccionamiento.

4. La Administracin Tributaria informar al juez o tribunal sentenciador, a los efectos del artculo117.3 de la Constitucin Espaola, de la tramitacin y, en su caso, de los incidentes relativos a la ejecucin encomendada.

Sesenta y tres. Se introduce una nueva disposicin adicional vigsima, con la siguiente redaccin:

Disposicin adicional vigsima. Tributos integrantes de la deuda aduanera.

1. Conforme a lo derivado del artculo7.1, lo dispuesto en esta Ley ser de aplicacin respecto de los tributos que integran la deuda aduanera prevista en la normativa de la Unin Europea, en tanto no se oponga a la misma. En particular, resultar de aplicacin lo dispuesto en los prrafos siguientes:

a) Las liquidaciones de la deuda aduanera, cualquiera que fuese el procedimiento de aplicacin de los tributos en que se hubieren practicado, tendrn carcter provisional mientras no transcurra el plazo mximo previsto en la normativa de la Unin Europea para su notificacin al obligado tributario. El carcter provisional de dichas liquidaciones no impedir en ningn caso la posible regularizacin posterior de la obligacin tributaria cuando se den las condiciones previstas en la normativa de la Unin Europea.

b) En los procedimientos de aplicacin de los tributos, los efectos del incumplimiento del plazo mximo para dictar resolucin y de la falta de resolucin sern los previstos en la normativa de la Unin Europea. En el supuesto de no preverse en ella el efecto del silencio administrativo, ste se considerar siempre negativo. Asimismo, no proceder declarar en ningn caso la caducidad del procedimiento, salvo que transcurra el plazo mximo previsto en la normativa de la Unin Europea para notificar la deuda al obligado tributario.

c) La comprobacin de valores regulada en la subseccin4. de la seccin2. del captulo III del ttulo III de esta Ley no ser de aplicacin cuando se trate de determinar el valor en aduana, resultando de aplicacin lo dispuesto en la normativa de la Unin Europea.

2. La revisin de los actos de aplicacin de los tributos que integran la deuda aduanera, en aquellos casos en los que la normativa de la Unin Europea reserve a la Comisin la emisin de una Decisin favorable en relacin a la no contraccin a posteriori, la condonacin o la devolucin de la deuda aduanera, se efectuar con las especialidades que se describen en los siguientes apartados:

a) Cuando el acto de aplicacin de los tributos haya sido sometido a una Decisin de la Comisin, el rgano revisor nacional competente, desde el momento en que tenga conocimiento de dicha circunstancia, suspender el procedimiento de revisin hasta que haya recado la resolucin de dicha Comisin y la misma haya adquirido firmeza.

b) Cuando el acto de aplicacin de los tributos est vinculado a una Decisin adoptada por la Comisin, la revisin no podr extenderse al contenido de dicha Decisin.

c) Cuando el acto de aplicacin de los tributos haya sido dictado sin someter la posible no contraccin a posteriori, condonacin o devolucin de la deuda aduanera a la Decisin de la Comisin y el rgano revisor considere, conforme a lo dispuesto en la normativa de la Unin Europea, que procede tal sometimiento, suspender el procedimiento e instar a la Administracin Tributaria para que someta el asunto a la Comisin.

d) Lo anterior se entiende sin perjuicio del derecho de los interesados a la interposicin de los recursos que procedan contra las Decisiones de la Comisin ante las instituciones competentes de la Unin Europea y del eventual planteamiento por los rganos nacionales revisores competentes de una cuestin prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unin Europea.

Sesenta y cuatro. Se introduce una nueva disposicin adicional vigsimo primera, con la siguiente redaccin:

Disposicin adicional vigsimo primera. Suspensin en supuestos de tramitacin de procedimientos amistosos.

En caso de que, de conformidad con lo dispuesto en la disposicin adicional primera.1 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado por Real Decreto Legislativo5/2004, de5 de marzo, se simultanee un procedimiento amistoso en materia de imposicin directa previsto en los convenios o tratados internacionales con un procedimiento de revisin de los regulados en el Ttulo V de esta Ley, se suspender este ltimo hasta que finalice el procedimiento amistoso.

Sesenta y cinco. Se introduce una nueva disposicin adicional vigsimo segunda, con la siguiente redaccin:

Disposicin adicional vigsimo segunda. Obligaciones de informacin y de diligencia debida relativas a cuentas financieras en el mbito de la asistencia mutua.

1. Las instituciones financieras debern identificar la residencia de las personas que ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras, y suministrar informacin a la Administracin Tributaria respecto de tales cuentas, conforme a lo dispuesto en la Directiva2011/16/UE, del Consejo, de5 de febrero de2011, relativa a la cooperacin administrativa en el mbito de la fiscalidad, modificada por la Directiva2014/107/UE, del Consejo, de9 de diciembre de2014, por lo que se refiere a la obligatoriedad del intercambio automtico de informacin en el mbito de la fiscalidad, y a lo dispuesto en el Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre intercambio automtico de informacin de cuentas financieras.

Asimismo, las personas que ostenten la titularidad o el control de las cuentas financieras estarn obligadas a identificar su residencia fiscal ante las instituciones financieras en las que se encuentren abiertas las citadas cuentas. Reglamentariamente se desarrollarn las obligaciones de identificacin de residencia y suministro de informacin, as como las normas de diligencia debida que debern aplicar las instituciones financieras respecto de las cuentas financieras abiertas en ellas para identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el control de aquellas.

2. Las infracciones y sanciones derivadas del incumplimiento de la obligacin de suministro de informacin prevista en el apartado1 de esta disposicin adicional se regularn por lo dispuesto en el Ttulo IV de esta Ley.

3. Constituye infraccin tributaria el incumplimiento de la obligacin de identificar la residencia de las personas que ostenten la titularidad o el control de las cuentas financieras conforme a las normas de diligencia debida a que se refiere el apartado1 de esta disposicin adicional, siempre que tal incumplimiento no determine el incumplimiento de la obligacin de suministro de informacin respecto de las citadas cuentas.

Constituye infraccin tributaria comunicar a la institucin financiera datos falsos, incompletos o inexactos en relacin con las declaraciones que resulten exigibles a las personas que ostenten la titularidad o el control de las cuentas financieras en orden a la identificacin de su residencia fiscal, cuando se derive de ello la incorrecta identificacin de la residencia fiscal de las citadas personas.

4. La infraccin tributaria sealada en el primer prrafo del apartado anterior se considerar como grave, y ser sancionada con multa fija de200 euros por cada persona respecto de la que se hubiera producido el incumplimiento.

La infraccin tributaria sealada en el segundo prrafo del apartado anterior se considerar como grave, y ser sancionada con multa fija de300 euros.

5. En relacin con las declaraciones que resulten exigibles a las personas que ostenten la titularidad o el control de las cuentas financieras abiertas a partir de1 de enero de2016 en orden a la identificacin de su residencia fiscal a los efectos previstos en esta disposicin adicional, su falta de aportacin a la institucin financiera en el plazo de90 das desde que se hubiese solicitado la apertura de la cuenta determinar que sta no realice cargos, abonos, ni cualesquiera otras operaciones en la misma hasta el momento de su aportacin.

6. Las pruebas documentales, las declaraciones que resulten exigibles a las personas que ostenten la titularidad o el control de las cuentas financieras y dems informacin utilizada en cumplimiento de las obligaciones de informacin y de diligencia debida a que se refiere esta disposicin adicional debern estar a disposicin de la Administracin Tributaria hasta la finalizacin del cuarto ao siguiente a aquel en el que se produzca el cierre de la cuenta financiera.

7. Toda institucin financiera obligada a comunicar informacin conforme a la Directiva2011/16/UE deber comunicar a cada persona fsica sujeta a comunicacin de informacin, que la informacin sobre ella a que se refiere el apartado3 bis del artculo8 de la Directiva2011/16/UE ser comunicada a la Administracin Tributaria y transferida al Estado miembro que corresponda con arreglo a la citada Directiva. Dicha comunicacin debe realizarse antes del31 de enero del ao natural siguiente al primer ao en que la cuenta sea una cuenta sujeta a comunicacin de informacin.

8. Lo dispuesto en los apartados5 y6 ser igualmente de aplicacin en relacin con las obligaciones de informacin y de diligencia debida relativas a cuentas financieras conforme a lo dispuesto en el Acuerdo entre los Estados Unidos de Amrica y el Reino de Espaa para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la implementacin de la Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA.

Asimismo, en el caso de cuentas abiertas durante el ao2015 respecto de las que a1 de enero de2016 no se hubiesen aportado las declaraciones a que se refiere el apartado5, su falta de aportacin a la institucin financiera en el plazo de60 das desde dicha fecha determinar que sta no realice cargos, abonos, ni cualesquiera otras operaciones en la misma hasta el momento de su aportacin.

Disposicin adicional primera. Controversias de organismos pblicos en materia tributaria.

Lo establecido en la disposicin adicional nica de la Ley11/2011, de20 de mayo, de reforma de la Ley60/2003, de23 de diciembre, de Arbitraje y de regulacin del arbitraje institucional en la Administracin General del Estado, no resultar de aplicacin a las controversias que tuviesen su origen en cuestiones relativas a la aplicacin del sistema tributario o aduanero y las relativas a procedimientos cuya gestin estuviese encomendada a la Administracin Tributaria.

Disposicin adicional segunda. Referencias al Ministro de Economa y Hacienda o Ministerio de Economa y Hacienda.

Las referencias contenidas en la Ley58/2003, de17 de diciembre, General Tributaria, al Ministro o Ministerio de Economa y Hacienda debern entenderse realizadas al Ministro o Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas o de Economa y Competitividad, segn proceda en atencin al mbito competencial de que se trate.

Disposicin transitoria nica. Rgimen transitorio.

1. La nueva redaccin del apartado3 del artculo15 de la Ley58/2003, de17 de diciembre, General Tributaria, ser aplicable a los periodos impositivos cuyo periodo de liquidacin finalice despus de la fecha de entrada en vigor de esta Ley.

2. Lo dispuesto en el artculo66 bis, en los apartados1 y2 del artculo115, y en el apartado3 del artculo70, en las redacciones dadas por esta Ley, resultar de aplicacin en los procedimientos de comprobacin e investigacin ya iniciados a la entrada en vigor de la misma en los que, a dicha fecha, no se hubiese formalizado propuesta de liquidacin.

3. La nueva redaccin del apartado9 del artculo68 de la Ley58/2003, de17 de diciembre, General Tributaria, ser aplicable a aquellos casos en los que la interrupcin del plazo de prescripcin del derecho al que se refiere el prrafo a) del artculo66 de la Ley58/2003, de17 de diciembre, General Tributaria, se produzca a partir de la fecha de entrada en vigor de esta Ley.

4. La determinacin de la concurrencia de los requisitos necesarios para la inclusin en el primer listado que se elabore en aplicacin del artculo95 bis de la Ley58/2003, de17 de diciembre, General Tributaria, tomar como fecha de referencia el31 de julio de2015. Este primer listado se publicar durante el ltimo trimestre del ao2015.

5. La nueva redaccin del apartado1 del artculo135 de la Ley58/2003, de17 de diciembre, General Tributaria, ser aplicable a las solicitudes de tasacin pericial contradictoria que se presenten a partir de la fecha de entrada en vigor de esta Ley.

6. La nueva redaccin de los apartados1 a6 del artculo150 de la Ley58/2003, de17 de diciembre, General Tributaria, ser aplicable a todos los procedimientos de inspeccin que se inicien a partir de la fecha de entrada en vigor de esta Ley.

No obstante, la nueva redaccin del apartado7 del artculo150 de la Ley58/2003, de17 de diciembre, General Tributaria, ser aplicable a todas las actuaciones inspectoras en las que la recepcin del expediente por el rgano competente para la ejecucin de la resolucin como consecuencia de la retroaccin que se haya ordenado se produzca a partir de la entrada en vigor de esta Ley.

7. Las modificaciones operadas por esta Ley en el captulo IV del ttulo V de la Ley58/2003, de17 de diciembre, General Tributaria, sern de aplicacin del siguiente modo:

a) La nueva redaccin de los artculos229.6,230,234.2,235.5,241 ter,242 y245 a247 ser de aplicacin a las reclamaciones y recursos interpuestos desde su entrada en vigor.

b) La nueva redaccin de los artculos233.7 y241.3 ser de aplicacin a las solicitudes de suspensin que se formulen desde su entrada en vigor.

c) La nueva redaccin del artculo235.1 ser de aplicacin a las resoluciones expresas que se dicten desde su entrada en vigor.

d) La puesta de manifiesto electrnica prevista en el artculo236.1 entrar en vigor cuando as se disponga en Orden Ministerial, que ser objeto de publicacin en la sede electrnica de los Tribunales Econmico-Administrativos.

e) La nueva redaccin del artculo239.6 ser de aplicacin a las resoluciones que se dicten desde su entrada en vigor.

8. Lo dispuesto en el ttulo VI de la Ley58/2003, de17 de diciembre, General Tributaria resultar de aplicacin en los procedimientos iniciados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta Ley en los que, concurriendo los indicios a los que se refiere el artculo250.1 de la Ley58/2003, de17 de diciembre, General Tributaria, a dicha fecha an no se hubiese producido el pase del tanto de culpa a la jurisdiccin competente o la remisin del expediente al Ministerio Fiscal.

9. La Administracin Tributaria podr declarar responsables conforme a lo dispuesto en el artculo258 de la Ley58/2003, de17 diciembre, General Tributaria, a aquellas personas que, concurriendo los presupuestos regulados en dicho precepto, tuviesen la condicin de causante o colaborador en la realizacin de una infraccin tributaria cuya comisin no hubiese podido declararse formalmente con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley como consecuencia de la tramitacin de un proceso penal por delito contra la Hacienda Pblica.

Disposicin derogatoria nica. Derogacin normativa.

Salvo lo dispuesto en la Disposicin transitoria nica de esta Ley, a su entrada en vigor quedarn derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en la misma.

Disposicin final primera. Modificacin de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por el Real Decreto de14 de septiembre de1882.

Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por el Real Decreto de14 de septiembre de1882:

Uno. Se aade un nuevo artculo614 bis, con la siguiente redaccin:

Una vez iniciado el proceso penal por delito contra la Hacienda Pblica, el juez de lo penal decidir acerca de las pretensiones referidas a las medidas cautelares adoptadas al amparo del artculo81 de la Ley General Tributaria.

Dos. Se aade un nuevo ttulo X bis en el libro II, integrado por los artculos621 bis y621 ter, con la siguiente redaccin:

TTULO X BIS
De las especialidades en los delitos contra la Hacienda Pblica

Artculo621 bis.

1. En los delitos contra la Hacienda Pblica, cuando la Administracin Tributaria hubiera dictado un acto de liquidacin, la existencia del procedimiento penal no paralizar la actuacin administrativa y podrn iniciarse las actuaciones dirigidas al cobro salvo que el Juez, de oficio o a instancia de parte, hubiere acordado la suspensin de las actuaciones de ejecucin conforme a lo dispuesto en el artculo305.5 del Cdigo Penal.

2. Solicitada la suspensin de la ejecucin del acto de liquidacin, el Juez o Tribunal, previa audiencia por el plazo de diez das al Ministerio Fiscal y a la Administracin perjudicada, resolver mediante auto, en el plazo de diez das, si accede a la suspensin solicitada, en cuyo caso habr de fijar el alcance de la garanta que haya de prestarse y el plazo para hacerlo, que en ningn caso exceder de dos meses, salvo que concurran las circunstancias sealadas en el apartado6.

3. La garanta as prestada deber cubrir suficientemente el importe resultante de la liquidacin administrativa practicada, los intereses de demora que genere la suspensin y los recargos que procederan en caso de ejecucin de la misma.

4. El auto de concesin de la suspensin quedar sin efecto de forma automtica y sin necesidad de pronunciamiento judicial ulterior, si transcurrido el plazo sealado en el apartado2 para la formalizacin de la garanta, sta no hubiese tenido lugar.

5. La suspensin slo afectar al procedimiento seguido frente al encausado respecto del que se haya acordado y las actuaciones de cobro dirigidas frente al resto de encausados no se paralizarn hasta que la deuda resulte pagada o garantizada en su totalidad por el obligado tributario.

6. Si no se pudiese prestar garanta en todo o en parte, excepcionalmente el Juez podr acordar la suspensin con dispensa total o parcial de garantas si apreciare que la ejecucin pudiese ocasionar daos irreparables o de muy difcil reparacin.

7. Contra los autos que resuelvan la solicitud de suspensin del acto de liquidacin cabr recurso de apelacin, en un solo efecto.

Artculo621 ter.

1. La suspensin producir efectos desde que, dictado el auto a que se refiere el artculo anterior, resulte constituida debidamente la garanta correspondiente conforme a lo dispuesto en el artculo anterior, en cuyo caso se entendern retrotrados sus efectos al momento de su solicitud, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados siguientes de ste artculo.

2. Si, como consecuencia de las actuaciones desarrolladas por la Administracin, hubiesen resultado embargados, bienes o derechos del encausado con anterioridad a la fecha del auto por el que se acuerde la suspensin, dichos embargos mantendrn su eficacia durante el plazo concedido a dicho encausado para formalizar la garanta que cubra las cantidades a que se refiere el apartado3 del artculo anterior o, en su caso, las que le resulten exigibles al mismo.

En todo caso el Ministerio Fiscal o la Administracin perjudicada podrn solicitar al Tribunal que se constituyan como garanta a efectos de la suspensin, los embargos ya realizados o derechos reales que puedan constituirse sobre los bienes afectados por los mismos, de considerarse que dichos bienes garantizan de forma ms adecuada el cobro que las garantas ofrecidas por el encausado. Particularmente, podr hacerse tal solicitud cuando la suspensin se hubiese solicitado con dispensa total o parcial de garantas.

En el supuesto en que se hubiese acordado la suspensin con dispensa total o parcial de garantas, mantendrn su eficacia los ingresos realizados que hubiesen minorado las cuantas adeudadas, sin que los mismos resulten afectados por la retroaccin a que se refiere el apartado1 del presente artculo.

3. La Administracin no podr proceder a la enajenacin de los bienes y derechos embargados en el curso del procedimiento de apremio hasta que la sentencia condenatoria que confirme total o parcialmente la liquidacin, sea firme, salvo en los supuestos que a continuacin se indican, en los que la enajenacin deber autorizarse por el Tribunal.

a) Cuando sean perecederos.

b) Si su propietario hiciera abandono de ellos o, debidamente requerido sobre el destino del efecto judicial, no haga manifestacin alguna.

c) De ser los gastos de conservacin y depsito superiores al valor del objeto en s.

d) Cuando su conservacin pueda resultar peligrosa para la salud o seguridad pblica.

e) Si se depreciaren por el transcurso del tiempo, aun cuando no sufran deterioro.

No sern susceptibles de enajenacin los efectos que tengan el carcter de piezas de conviccin y los que deban quedar a expensas del procedimiento, salvo que encuentren comprendidos en los supuestos a) y c) anteriores.

4. Una vez acordada la suspensin, con o sin garanta, podr ser modificada o revocada durante el curso del proceso si cambiaran las circunstancias en virtud de las cuales se hubiera adoptado.

Tres. Se introduce un nuevo artculo999, con la siguiente redaccin:

Artculo999.

1. En la ejecucin de sentencias por delitos contra la Hacienda Pblica, la disconformidad del obligado al pago con las modificaciones que con arreglo a lo previsto en la Ley General Tributaria lleve a cabo la Administracin Pblica se pondr de manifiesto al Tribunal competente para la ejecucin, en el plazo de30 das desde su notificacin, que, previa audiencia de la Administracin ejecutante y del Ministerio Fiscal por idntico plazo, resolver mediante auto si la modificacin practicada es conforme a lo declarado en sentencia o si se ha apartado de la misma, en cuyo caso, indicar con claridad los trminos en que haya de modificarse la liquidacin.

2. Contra el auto que resuelva este incidente cabr recurso de apelacin en un solo efecto o, en su caso, el correspondiente de splica.

Disposicin final segunda. Modificacin de la Ley Orgnica12/1995, de12 de diciembre, de Represin del Contrabando.

Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley Orgnica12/1995, de12 de diciembre, de Represin del Contrabando:

Uno. Se modifica el artculo4, que queda redactado de la siguiente manera:

Artculo4. Responsabilidad civil.

En los procedimientos por delito de contrabando la responsabilidad civil comprender la totalidad de la deuda tributaria no ingresada que la Administracin Tributaria no haya podido liquidar por prescripcin o por alguna de las causas previstas en el artculo251.1 de la Ley58/2003, de17 de diciembre, General Tributaria, incluidos sus intereses de demora.

Cuando pudiera practicarse la liquidacin de la deuda tributaria se observarn las reglas contenidas en la disposicin adicional cuarta de esta Ley.

Respecto de la deuda aduanera se estar, asimismo, a lo previsto en la citada Disposicin adicional cuarta.

Dos. Se modifica el apartado2 y se introducen los nuevos apartados3,4 y5 en el artculo11, con la siguiente redaccin:

2. Las infracciones administrativas de contrabando previstas en el apartado anterior de este artculo se clasifican en leves, graves y muy graves, segn el valor de los bienes, mercancas, gneros o efectos objeto de las mismas, conforme a las cuantas siguientes:

a) Leves: inferior a37.500 euros; o, si se trata de supuestos previstos en el artculo2.2 de la presente Ley, inferior a6.000 euros, salvo cuando se trate de labores de tabaco que ser inferior a1.000 euros.

b) Graves: entre los importes, ambos incluidos, de37.500 euros a112.500 euros; o, si se trata de supuestos previstos en el artculo2.2 de la presente Ley, de6.000 euros a18.000 euros, salvo cuando se trate de labores de tabaco que ser de1.000 euros a6.000 euros

c) Muy graves: superior a112.500 euros; o, si se trata de supuestos previstos en el artculo2.2 de la presente Ley, superior a18.000 euros, salvo que se trate de labores de tabaco que ser superior a6.000 euros.

3. Tambin incurrirn en infraccin administrativa de contrabando las personas que procedan a:

a) La rotura del precinto de las mquinas expendedoras de tabaco cuando estas hubiesen sido objeto de una medida de las previstas en el artculo14 de la presente Ley.

b) La rotura de precintos en el caso de cierre de establecimientos o la realizacin de actividades en el establecimiento durante el tiempo acordado de cierre o el quebrantamiento de la suspensin del ejercicio de la actividad objeto del contrabando.

4. Tendrn la consideracin de infraccin administrativa de contrabando la resistencia, negativa u obstruccin prevista en el artculo12bis.1.b) cuando no se apliquen como criterio de graduacin de la sancin de contrabando.

A estos efectos, constituye resistencia, obstruccin, excusa o negativa las siguientes conductas de la persona investigada, del presunto infractor o de la persona sancionada:

a) No facilitar el examen de la documentacin justificativa de los bienes, mercancas, gneros o efectos y las actividades objeto de la investigacin de contrabando o de la documentacin necesaria para la tramitacin del expediente sancionador de contrabando.

b) No atender algn requerimiento debidamente notificado.

c) La incomparecencia, salvo causa justificada, en el lugar y tiempo que se hubiera sealado.

d) Negar o impedir indebidamente la entrada o permanencia en fincas o locales a las autoridades, funcionarios o fuerzas o el reconocimiento de medios de transporte, locales, mquinas, instalaciones y explotaciones relacionados con la investigacin del contrabando, la tramitacin del expediente o la ejecucin de la sancin de cierre de establecimiento o suspensin del ejercicio de la actividad.

e) Las coacciones a las autoridades, funcionarios y fuerzas en el ejercicio de las funciones previstas en esta Ley.

f) Cualquier otra actuacin del presunto infractor o de la persona objeto de la investigacin de contrabando tendente a dilatar, entorpecer o impedir las actuaciones.

5. Las infracciones previstas en los apartados3 y4 sern:

a) Infracciones muy graves, las conductas previstas en el apartado3 de este artculo.

b) Infracciones graves, las conductas previstas en las letras d) y e) del apartado4 de este artculo.

c) Infracciones leves, el resto de las conductas previstas en el apartado4 de este artculo.

Tres. Se modifica el artculo12, que queda redactado de la siguiente manera:

Artculo12. Sanciones.

1. Los responsables de las infracciones administrativas de contrabando sern sancionados con multa pecuniaria proporcional al valor de los bienes, mercancas, gneros o efectos objeto de las mismas, sin perjuicio de lo establecido en los dems apartados del presente artculo.

Los porcentajes aplicables a cada clase de infraccin estarn comprendidos entre los lmites que se indican a continuacin:

a) Leves: el100 y el150 %.

b) Graves: el150 y el250 %.

c) Muy graves: el250 y el350 %.

El importe mnimo de la multa ser, en todo caso, de500 euros.

2. Los responsables de las infracciones administrativas de contrabando relativas a los bienes incluidos en el artculo2.2 de esta Ley sern sancionados del siguiente modo:

a) Con multa pecuniaria proporcional al valor de las mercancas.

Los porcentajes aplicables a cada clase de infraccin estarn comprendidos entre los lmites que se indican a continuacin:

1.) Leves: el200 y el225 %, salvo que se tratase de labores de tabaco que los lmites ser el200 y el300 %.

2.) Graves: el225 y el275 %, salvo que se tratase de labores de tabaco que los lmites ser el300 y el450 %.

3.) Muy graves: el275 y el350 %, salvo que se tratase de labores de tabaco que los lmites ser el450 y el600 %.

El importe mnimo de la multa ser de1.000 euros, salvo en labores de tabaco que ser de2.000 euros.

b) Con el cierre del establecimiento o la suspensin del ejercicio de la actividad.

Cuando se trate de labores de tabaco se impondr la sancin de cierre de los establecimientos de los que los infractores sean titulares. El cierre podr ser temporal o, cuando se trate de infracciones muy graves y exista reiteracin, definitivo. A estos efectos se considerar que existe reiteracin cuando en el plazo de los cinco aos anteriores a la comisin de una infraccin calificada como muy grave, el sujeto infractor hubiese sido condenado por delito de contrabando o sancionado por infraccin administrativa muy grave en materia de contrabando en, al menos, dos ocasiones, en virtud de sentencias o resoluciones administrativas firmes.

Cuando no se trate de labores de tabaco, la sancin podr consistir en el cierre temporal del establecimiento o, si la actividades objeto del contrabando son las de importacin o exportacin, en la suspensin temporal del ejercicio de la actividad con los gneros objeto de contrabando. El cierre, en su caso, afectar al establecimiento en el que se desarrolla la actividad de almacenamiento, comercializacin o fabricacin de los gneros objeto de contrabando. Cuando exista separacin entre lugares destinados al almacenamiento, la venta o fabricacin de los bienes objeto de contrabando y los que corresponden al resto de bienes, el cierre se limitar a los espacios afectados.

Para cada clase de infraccin, el cierre temporal o la suspensin del ejercicio de las actividades objeto de contrabando tendr una duracin comprendida entre los siguientes lmites inferior y superior, respectivamente:

1.) Leves: cuando se trate de labores de tabaco entre siete das y seis meses.

2.) Graves: cuando se trate de labores de tabaco entre seis meses y un da, y doce meses; en el resto de los supuestos previstos en el artculo2.2 de esta Ley, entre cuatro das y seis meses.

3.) Muy graves: cuando se trate de labores de tabaco entre doce meses y un da y veinticuatro meses; en el resto de los supuestos previstos en el artculo2.2 de esta Ley, entre seis meses y un da y doce meses.

3. En el supuesto de la infraccin prevista en el artculo11.3 de esta Ley, los responsables de la infraccin sern sancionados:

a) Con el doble del importe de la sancin pecuniaria acordada en el expediente sancionador en el que se decretaba el cierre del establecimiento o la suspensin del ejercicio de la actividad.

b) Con sancin adicional:

1.) Con cierre de establecimiento, cuando se trate de rotura de precinto sin prueba de que en ste se desarrolle actividad econmica, por un periodo adicional igual al acordado en la sancin quebrantada. Cuando se pruebe el desarrollo de actividad econmica en el establecimiento, el periodo adicional ser igual al doble del acordado en la sancin quebrantada.

2.) En el supuesto de quebrantar la sancin de suspensin del ejercicio de la actividad objeto del contrabando, con una sancin de igual al doble del periodo temporal de la sancin quebrantada.

4. En el supuesto de la infraccin de resistencia prevista en el artculo11.4 de esta Ley, los responsables de la infraccin sern sancionados con multa pecuniaria de:

a) Leves:1.000 euros.

b) Graves:3.000 euros, salvo en el supuesto previsto en el artculo11.4.e) de esta Ley, que la sancin ser de5.000 euros, cuando no tenga la consideracin de delito.

5. Cada sancin de cierre o suspensin del ejercicio de la actividad se cumplir de forma ininterrumpida.

Cuatro. Se modifica el apartado1 del artculo14 bis, que queda redactado de la siguiente manera:

1. Si los rganos de la administracin aduanera de la Agencia Estatal de Administracin Tributaria, en el curso de un procedimiento administrativo, estimasen que una conducta pudiera ser constitutiva de delito de contrabando, pasarn el tanto de culpa a la jurisdiccin competente o remitirn el expediente al Ministerio Fiscal, y se abstendrn de seguir el procedimiento administrativo sancionador, que quedar suspendido mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o el archivo de las actuaciones, o se produzca la devolucin del expediente por el Ministerio Fiscal.

La sentencia condenatoria impedir la imposicin de sancin por infraccin administrativa de contrabando.

De no haberse apreciado en la sentencia la existencia de delito, la administracin aduanera continuar sus actuaciones sancionadoras de acuerdo con los hechos que los tribunales hubieran considerado probados y se reanudar el cmputo del plazo de prescripcin en el punto en el que estaba cuando se suspendi. Las actuaciones administrativas sancionadoras realizadas durante el periodo de suspensin se tendrn por inexistentes.

Cinco. Se introduce una nueva disposicin adicional cuarta, con la siguiente redaccin:

Disposicin adicional cuarta. Liquidacin de la deuda aduanera y tributaria en relacin con los delitos de contrabando y medidas cautelares y competencias de investigacin patrimonial en tales delitos.

1. La liquidacin de la deuda tributaria, cuando pueda practicarse por no concurrir causa que lo impida de conformidad con lo establecido en el artculo4 de esta Ley, se sujetar a las reglas del procedimiento administrativo que se inicie o se hubiera iniciado para su prctica y podr procederse a su ejecucin por el procedimiento administrativo de apremio. La liquidacin y los actos de gestin recaudatoria podrn impugnarse en va administrativa y contencioso-administrativa conforme a las reglas generales.

La liquidacin tendr la consideracin de provisional y la Administracin proceder a su anulacin cuando los hechos declarados en la resolucin que ponga fin al procedimiento penal determinen la inexistencia del hecho imponible.

Cuando los hechos indicados en el prrafo anterior determinen la modificacin de la liquidacin practicada, subsistir el acto inicial, que ser rectificado de acuerdo con los mismos, sin que se vea afectada la validez de las actuaciones recaudatorias realizadas respecto de la cuanta no afectada por aqullos.

2. El pase del tanto de culpa a la jurisdiccin competente o la remisin del expediente al Ministerio Fiscal no impedir que se practique la liquidacin de la deuda aduanera y que se lleve a efecto su recaudacin por el procedimiento de apremio, con sujecin a las siguientes reglas:

a) La liquidacin podr practicarse y notificarse dentro del plazo de prescripcin del delito de contrabando cuando la Administracin proceda o haya procedido a denunciar los hechos y tenga a su disposicin todos los elementos necesarios para la prctica de dicha liquidacin.

b) Cuando la Administracin no dispusiera de todos los elementos necesarios para practicar la liquidacin, o esta pudiese perjudicar de cualquier forma la investigacin o comprobacin de la defraudacin, el plazo ser de tres aos contados desde que se hubiere notificado la resolucin judicial firme que ponga fin al procedimiento penal, o desde el momento en que la autoridad judicial incoe la causa sin secreto para las partes.

c) Las liquidaciones y los actos de gestin recaudatoria se sujetarn a las normas del procedimiento administrativo aplicable y sern recurribles en va administrativa y contencioso-administrativa conforme a lo previsto en dichas normas.

d) Las liquidaciones que se practiquen antes de que se hubiera dictado resolucin firme en el procedimiento penal tendrn el carcter de provisionales y sern anuladas por la Administracin cuando los hechos declarados probados sean determinantes de la inexistencia del hecho imponible.

Cuando los hechos indicados en el prrafo anterior determinen la modificacin de la liquidacin practicada, subsistir el acto inicial, que ser rectificado de acuerdo con los mismos, sin que se vea afectada la validez de las actuaciones recaudatorias realizadas respecto de la cuanta no afectada por aqullos.

3. Se aplicarn al delito de contrabando las previsiones contenidas en el artculo81.8 y en la disposicin adicional decimonovena de la Ley58/2003, de17 de noviembre, General Tributaria.

Disposicin final tercera. Modificacin de la Ley29/1998, de13 de julio, reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-administrativa.

Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley29/1998, de13 de julio, reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-administrativa:

Uno. Se introduce una nueva disposicin adicional novena, con la siguiente redaccin:

Disposicin adicional novena. Incidencia de las competencias de la Unin Europea en el proceso contencioso-administrativo tributario.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artculo1 de esta Ley, cuando el recurso contencioso-administrativo tenga por objeto un acto administrativo que, relativo a una deuda aduanera, est vinculado a una decisin adoptada por las instituciones de la Unin Europea, la revisin no podr extenderse al contenido de dicha decisin.

De no proceder la anulacin del acto administrativo recurrido en base al resto de alegaciones del demandante, en el supuesto de que la normativa de la Unin Europea haga depender la no contraccin a posteriori, la condonacin o la devolucin de la deuda aduanera de una Decisin de la Comisin Europea, y el acto objeto de recurso haya sido dictado sin someter dicha cuestin a la Comisin, el rgano jurisdiccional deber pronunciarse sobre si, conforme a lo dispuesto en la normativa de la Unin Europea, procede tal sometimiento. Si el rgano jurisdiccional entiende que dicho sometimiento es procedente, suspender el procedimiento e instar a la Administracin Tributaria para que someta el asunto a la Comisin en el plazo mximo de dos meses.

2. Cuando el acto relativo a la liquidacin de una deuda aduanera objeto de recurso, haya sido sometido a una decisin de las instituciones de la Unin Europea que haya de pronunciarse sobre la no contraccin a posteriori, la devolucin o la condonacin de dicha deuda, se suspender el curso de los autos desde que esa circunstancia se ponga en conocimiento del rgano jurisdiccional y hasta que sea firme la resolucin adoptada por dichas instituciones.

Igualmente proceder la suspensin del curso de los autos desde que se inicie el procedimiento amistoso en materia de imposicin directa a que se refiere la disposicin adicional primera del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado por Real Decreto Legislativo5/2004, de5 de marzo, hasta que finalice dicho procedimiento amistoso.

Dos. Se introduce una nueva disposicin adicional dcima, con la siguiente redaccin:

Disposicin adicional dcima. Delitos contra la Hacienda pblica.

De conformidad con lo dispuesto en el artculo3.a) de esta Ley, no corresponde al orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocer de las pretensiones que se deduzcan respecto de las actuaciones tributarias vinculadas a delitos contra la Hacienda Pblica que se dicten al amparo del Ttulo VI de la Ley58/2003, de17 de diciembre, General Tributaria, salvo lo previsto en los artculos256 y258.3 de la misma.

Una vez iniciado el correspondiente proceso penal por delito contra la Hacienda Pblica, tampoco corresponder al orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocer de las pretensiones que se deduzcan respecto de las medidas cautelares adoptadas al amparo del artculo81 de la Ley58/2003, de17 de diciembre, General Tributaria.

Disposicin final cuarta. Modificacin de la Ley23/2005, de18 de noviembre, de reformas en materia tributaria para el impulso a la productividad.

Se modifica el apartado5 de la disposicin adicional tercera de la Ley23/2005, de18 de noviembre, de reformas en materia tributaria para el impulso a la productividad, que queda redactado de la siguiente forma:

5. Se considerar perodo de suspensin del cmputo del plazo del procedimiento inspector, a efectos de lo dispuesto en el apartado2 del artculo104 de la Ley General Tributaria, el tiempo que transcurra entre la comunicacin efectuada por la Administracin Tributaria y la recepcin por sta del pronunciamiento o acuerdo de la Comisin, o el plazo de seis meses a que alude el apartado3 anterior de no recibirse aqullos en ese trmino. Si la ejecucin del acuerdo de la Comisin resultara suspendida, el perodo de suspensin del cmputo del plazo del procedimiento inspector abarcar hasta la finalizacin de la suspensin del acuerdo.

Disposicin final quinta. Modificacin de la Ley7/2012, de29 de octubre, de modificacin de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuacin de la normativa financiera para la intensificacin de las actuaciones en la prevencin y lucha contra el fraude.

Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley7/2012, de29 de octubre, de modificacin de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuacin de la normativa financiera para la intensificacin de las actuaciones en la prevencin y lucha contra el fraude:

Uno. Se modifica el apartado uno.5 del artculo7, que queda redactado de la siguiente forma:

5. Esta limitacin no resultar aplicable a los pagos e ingresos realizados en entidades de crdito ni, cuando estn sujetos a la supervisin del Banco de Espaa y a la normativa de blanqueo de capitales, a las operaciones de cambio de moneda en efectivo realizadas por los establecimientos de cambio de moneda a los que se refiere el Real Decreto2660/1998, de14 de diciembre, sobre el cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al pblico distintos de las entidades de crdito y a las operaciones a que se refiere ste artculo realizadas a travs de las entidades de pago reguladas en la Ley16/2009, de13 de noviembre, de servicios de pago.

Dos. Se modifica el apartado tres.1 del artculo7, que queda redactado de la siguiente forma:

1. El procedimiento sancionador se regir por lo dispuesto en el Ttulo IX de la Ley30/1992, de26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, y en el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto1398/1993, de4 de agosto.

No obstante lo anterior, el rgimen de las notificaciones en dichos procedimientos ser el previsto en la seccin3. del Captulo II del Ttulo III de la Ley58/2003, de la Ley58/2003, de17 de diciembre, General Tributaria.

Disposicin final sexta. Modificaciones en la Ley27/2014, de27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Con efectos para los perodos impositivos iniciados a partir de1 de enero de2015, se introducen las siguientes modificaciones en la Ley27/2014, de27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades:

Uno. Se deroga la letra f) del apartado2 del artculo18, pasando las letras g), h) e i) a denominarse respectivamente f), g) y h).

Dos. Se modifica el apartado5 del artculo26, que queda redactado de la siguiente forma:

5. El derecho de la Administracin para iniciar el procedimiento de comprobacin de las bases imponibles negativas compensadas o pendientes de compensacin prescribir a los10 aos a contar desde el da siguiente a aquel en que finalice el plazo establecido para presentar la declaracin o autoliquidacin correspondiente al perodo impositivo en que se gener el derecho a su compensacin.

Transcurrido dicho plazo, el contribuyente deber acreditar las bases imponibles negativas cuya compensacin pretenda mediante la exhibicin de la liquidacin o autoliquidacin y la contabilidad, con acreditacin de su depsito durante el citado plazo en el Registro Mercantil.

Tres. Se modifica el apartado7 del artculo31, que queda redactado de la siguiente forma:

7. El derecho de la Administracin para iniciar el procedimiento de comprobacin de las deducciones por doble imposicin aplicadas o pendientes de aplicar prescribir a los10 aos a contar desde el da siguiente a aquel en que finalice el plazo establecido para presentar la declaracin o autoliquidacin correspondiente al perodo impositivo en que se gener el derecho a su aplicacin.

Transcurrido dicho plazo, el contribuyente deber acreditar las deducciones cuya aplicacin pretenda, mediante la exhibicin de la liquidacin o autoliquidacin y la contabilidad, con acreditacin de su depsito durante el citado plazo en el Registro Mercantil.

Cuatro. Se modifica el apartado8 del artculo32, que queda redactado de la siguiente forma:

8. El derecho de la Administracin para iniciar el procedimiento de comprobacin de las deducciones por doble imposicin aplicadas o pendientes de aplicar prescribir a los10 aos a contar desde el da siguiente a aquel en que finalice el plazo establecido para presentar la declaracin o autoliquidacin correspondiente al perodo impositivo en que se gener el derecho a su aplicacin.

Transcurrido dicho plazo, el contribuyente deber acreditar las deducciones cuya aplicacin pretenda, mediante la exhibicin de la liquidacin o autoliquidacin y la contabilidad, con acreditacin de su depsito durante el citado plazo en el Registro Mercantil.

Cinco. Se modifica el apartado6 del artculo39, que queda redactado de la siguiente forma:

6. El derecho de la Administracin para iniciar el procedimiento de comprobacin de las deducciones previstas en este Captulo aplicadas o pendientes de aplicar prescribir a los10 aos a contar desde el da siguiente a aquel en que finalice el plazo establecido para presentar la declaracin o autoliquidacin correspondiente al perodo impositivo en que se gener el derecho a su aplicacin.

Transcurrido dicho plazo, el contribuyente deber acreditar las deducciones cuya aplicacin pretenda, mediante la exhibicin de la liquidacin o autoliquidacin y la contabilidad, con acreditacin de su depsito durante el citado plazo en el Registro Mercantil.

Seis. Se modifican los apartados1 y2 del artculo50, que quedan redactados de la siguiente forma:

1. Las entidades de capital-riesgo, reguladas en la Ley22/2014, de12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversin colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversin colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley35/2003, de4 de noviembre, de Instituciones de Inversin Colectiva, estarn exentas en el99 por ciento de las rentas positivas que obtengan en la transmisin de valores representativos de la participacin en el capital o en fondos propios de las entidades de capital-riesgo a que se refiere el artculo3 de la Ley22/2014, en relacin con aquellas rentas que no cumplan los requisitos establecidos en el artculo21 de esta Ley, siempre que la transmisin se produzca a partir del inicio del segundo ao de tenencia computado desde el momento de adquisicin o de la exclusin de cotizacin y hasta el decimoquinto, inclusive.

Excepcionalmente, podr admitirse una ampliacin de este ltimo plazo, hasta el vigsimo ao, inclusive. Reglamentariamente se determinarn los supuestos, condiciones y requisitos que habilitan para dicha ampliacin.

Con excepcin del supuesto previsto en el prrafo anterior, no se aplicar la exencin en el primer ao y a partir del decimoquinto.

No obstante, tratndose de rentas que se obtengan en la transmisin de valores representativos de la participacin en el capital o en fondos propios de las empresas a que se refiere la letra a) del apartado2 del artculo9 de la Ley22/2014 que no cumplan los requisitos establecidos en el artculo21 de esta Ley, la aplicacin de la exencin quedar condicionada a que, al menos, los inmuebles que representen el85 por ciento del valor contable total de los inmuebles de la entidad participada estn afectos, ininterrumpidamente durante el tiempo de tenencia de los valores, al desarrollo de una actividad econmica en los trminos previstos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas, distinta de la financiera, tal y como se define en la Ley22/2014.

En el caso de que la entidad participada acceda a la cotizacin en un mercado de valores regulado, la aplicacin de la exencin prevista en los prrafos anteriores quedar condicionada a que la entidad de capital-riesgo proceda a transmitir su participacin en el capital de la empresa participada en un plazo no superior a3 aos, contados desde la fecha en que se hubiera producido la admisin a cotizacin de esta ltima.

2. Las entidades de capital-riesgo, reguladas en la Ley22/2014, podrn aplicar la exencin prevista en el artculo21.1 de esta Ley a los dividendos y participaciones en beneficios procedentes de las sociedades o entidades que promuevan o fomenten, cualquiera que sea el porcentaje de participacin y el tiempo de tenencia de las acciones o participaciones.

Siete. Se modifican los apartados Uno y Dos del apartado tercero de la disposicin final cuarta, que quedan redactados de la siguiente forma:

Uno. Se modifica el artculo24, que queda redactado de la siguiente forma:

“Artculo24. Compensacin de cuotas negativas.

1. Si la suma algebraica a que se refiere el artculo anterior resultase negativa, su importe podr compensarse por la cooperativa con las cuotas ntegras positivas de los perodos impositivos siguientes, con el lmite del70 por ciento de la cuota ntegra previa a su compensacin. En todo caso, sern compensables en el perodo impositivo cuotas ntegras por el importe que resulte de multiplicar un milln de euros al tipo medio de gravamen de la entidad.

El derecho de la Administracin para iniciar el procedimiento de comprobacin de las cuotas negativas compensadas o pendientes de compensacin prescribir a los10 aos a contar desde el da siguiente a aquel en que finalice el plazo establecido para presentar la declaracin o autoliquidacin correspondiente al perodo impositivo en que se gener el derecho a su aplicacin.

Transcurrido dicho plazo, el contribuyente deber acreditar las cuotas negativas cuya compensacin pretenda, mediante la exhibicin de la liquidacin o autoliquidacin y la contabilidad, con acreditacin de su depsito durante el citado plazo en el Registro Mercantil.

2. Este procedimiento sustituye a la compensacin de bases imponibles negativas prevista en el artculo26 de la Ley27/2014, de27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades que, en consecuencia, no ser aplicable a las cooperativas.”

Dos. Se aade la disposicin transitoria octava, que queda redactada de la siguiente forma:

“Disposicin transitoria octava. Compensacin de cuotas negativas en los aos2015 y2016.

1. El lmite a que se refiere el apartado1 del artculo24 de esta Ley no resultar de aplicacin en los perodos impositivos que se inicien en el ao2015.

No obstante, la compensacin de cuotas negativas de ejercicios anteriores, para los contribuyentes cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artculo121 de la Ley37/1992, de28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Aadido, haya superado la cantidad de6.010.121,04 euros durante los12 meses anteriores a la fecha en que se inicien los perodos impositivos dentro del ao2015, tendr los siguientes lmites:

– La compensacin de cuotas negativas est limitada al50 por ciento de la cuota ntegra previa a dicha compensacin, cuando en esos12 meses el importe neto de la cifra de negocios sea al menos de20 millones de euros pero inferior a60 millones de euros.

– La compensacin de cuotas negativas est limitada al25 por ciento de la cuota ntegra previa a dicha compensacin, cuando en esos12 meses el importe neto de la cifra de negocios sea al menos de60 millones de euros.

La limitacin a la compensacin de cuotas negativas no resultar de aplicacin en el importe de las rentas correspondientes a quitas y esperas consecuencias de un acuerdo con los acreedores no vinculados con el contribuyente.

2. El limite a que se refiere el apartado1 del artculo24 de esta Ley ser del60 por ciento para los perodos impositivos que se inicien en el ao2016.”

Disposicin final sptima. Creacin de la tasa estatal por la prestacin de servicios de respuesta por la Guardia Civil, en el interior de las Centrales nucleares u otras instalaciones nucleares.

1. Se crea la tasa estatal por la prestacin de servicios de respuesta por la Guardia Civil, en el interior de las Centrales nucleares u otras instalaciones nucleares que se determinen por Ley. Esta tasa se regir por esta norma, por lo dispuesto en la Ley8/1989, de13 de abril, de Tasas y Precios Pblicos y en la Ley General Tributaria. Esta tasa se aplicar en todo el territorio nacional a las centrales nucleares y a las instalaciones nucleares que as se establezca.

2. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestacin de servicios de seguridad permanentes por la Guardia Civil, en el interior de las Centrales nucleares u otras instalaciones que se determinen, mediante el establecimiento de una Unidad de la Guardia Civil, ubicada con carcter permanente en su interior.

3. Devengo.

La tasa se devengar anualmente el primero de enero de cada ao o cuando se inicie la prestacin del servicio por el periodo del ao que abarque.

4. Sujeto pasivo.

1. Son sujetos pasivos las personas fsicas o jurdicas y las entidades a que se refiere el artculo35.4 de la Ley58/2003, de17 de diciembre, General Tributaria, titulares de las instalaciones obligadas a disponer de las Unidades de Respuesta de la Guardia Civil.

2. Sern responsables solidarios de la deuda tributaria de la tasa los propietarios de las instalaciones nucleares que generen el hecho imponible cuando no coincidan con quienes las exploten.

5. Base imponible, tipo de gravamen y cuota tributaria.

La base imponible, se determinar atendiendo al nmero de agentes asignados a cada Central o Instalacin. Se aplicar un tipo de gravamen fijo para obtener la cuota tributaria, de acuerdo con la siguiente tarifa:

Por cada agente asignado para el periodo de un ao:61.053 €.

En el caso de que el periodo de prestacin del servicio fuese menor a un ao, se calcular la cuota de modo proporcional para los meses que correspondan. Estas cuantas podrn ser modificadas y actualizadas por Orden del Ministerio de Interior previo informe favorable de la Comisin Delegada del Gobierno para Asuntos Econmicos, del Ministerio de Industria, Energa y Turismo y del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas.

En todo caso, trascurrido el periodo de implantacin de las Unidades de Respuesta, las cuantas debern ser revisadas al objeto de hacer frente exclusivamente a los gastos de mantenimiento de las citadas Unidades.

6. Gestin y liquidacin.

La gestin de la tasa corresponder al Ministerio del Interior.

El procedimiento para la liquidacin, los modelos de declaracin, los plazos y las formas de pago de la tasa se establecern por el Ministerio del Interior mediante orden ministerial.

Se establece la obligacin de autoliquidar esta tasa por parte de los sujetos pasivos de la misma, que debern rellenar los datos del modelo de declaracin liquidacin que se apruebe por orden ministerial. El pago deber efectuarse en el primer trimestre de cada ao. En el caso de ser el primer ejercicio de exigencia de la tasa, durante los tres meses siguientes al devengo de la tasa.

Disposicin final octava. Limitacin del gasto en la Administracin General del Estado.

Las medidas incorporadas en esta Ley se implementarn sin incremento de dotaciones, ni de retribuciones ni de otros gastos de personal.

Disposicin final novena. Ttulo competencial.

Esta Ley se dicta al amparo de las competencias del Estado establecidas en el artculo149.1.1.,3.,8.,10.,14. y18. de la Constitucin.

Las Disposiciones finales primera y tercera se dictan al amparo de las competencias del Estado establecidas en el artculo149.1.6. de la Constitucin.

Disposicin final dcima. Modelo para la regularizacin voluntaria de deudas vinculadas a posibles delitos contra la Hacienda Pblica.

Por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Pblicas se aprobarn los modelos para la regularizacin voluntaria de la deuda tributaria a la que se refiere el artculo252 de la Ley58/2003, de17 de diciembre, General Tributaria.

Disposicin final undcima. Habilitacin normativa.

El Gobierno dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicacin de esta Ley.

Disposicin final duodcima. Entrada en vigor.

Esta Ley entrar en vigor a los veinte das de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

No obstante lo anterior, se establecen las siguientes normas especficas de entrada en vigor:

1. Las modificaciones introducidas en el artculo29 y en el artculo200 de la Ley58/2003, de17 de diciembre, General Tributaria, entrarn en vigor el1 de enero de2017.

2. Los apartados dos y tres de la disposicin final segunda entrarn en vigor a los tres meses de la publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 21 de septiembre de 2015.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,

MARIANO RAJOY BREY

Análisis

  • Rango: Ley
  • Fecha de disposición: 21/09/2015
  • Fecha de publicación: 22/09/2015
  • Entrada en vigor: 12 de octubre de 2015, excepto el art. nico.4 y 34, que lo har el 1 de enero de 2017, y la disposicin final 2.2 y 3, que entrar en vigor el 22 de diciembre de 2015.
Referencias posteriores
  • SE DICTA DE CONFORMIDAD la disposicin final 7, y crea la tasa estatal por prestacin de servicios de la Guardia Civil en instalaciones nucleares: Orden INT/1658/2016, de 30 de septiembre (Ref. BOE-A-2016-9418).
  • CORRECCIN de errores, con modificacin del prembulo y art. nico.65, en BOE nm. 231, de 26 de septiembre de 2015 (Ref. BOE-A-2015-10340).
Referencias anteriores
  • DEROGA Art. 18.2.f) y MODIFICA los arts. 18, 26, 31, 32, 39, 50 y disposicin final 4 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre (Ref. BOE-A-2014-12328).
  • MODIFICA:
    • Art. 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre (Ref. BOE-A-2012-13416).
    • Disposicin adicional 3 de la Ley 23/2005, de 18 de noviembre (Ref. BOE-A-2005-19004).
    • Y AADE determinados preceptos de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre (Ref. BOE-A-2003-23186).
    • Arts. 4, 11, 12, 14 bis y AADE la disposicin adicional 4 de la Ley Orgnica 12/1995, de 12 de diciembre (Ref. BOE-A-1995-26836).
    • Art. 24 y disposicin transitoria 8 de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre (Ref. BOE-A-1990-30735).
  • AADE:
    • Disposiciones adicionales 9 y 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio (Ref. BOE-A-1998-16718).
    • Arts. 614 bis, 999 y ttulo X bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 (Gazeta) (Ref. BOE-A-1882-6036).
  • CITA:
Materias
  • Administracin y Contabilidad de la Hacienda Pblica
  • Aduanas
  • Agencia Estatal de la Administracin Tributaria
  • Apremios
  • Ayudas
  • Centrales nucleares
  • Comisin Europea
  • Contrabando
  • Cuerpo de la Guardia Civil
  • Delitos contra la Hacienda Pblica
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  • Entidades de crdito
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