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ACTA DE LA XII REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA HISPANO-PERUANA DE COOPERACIÓN
España, 22 de noviembre 2024.
En el marco del Convenio Marco de Cooperación entre España y Perú de 2004, se celebró la XII Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Peruana de Cooperación, el día 22 de noviembre 2024 en la ciudad de Madrid.
En este contexto, ambas Delegaciones acordaron trabajar conjuntamente en el desarrollo del programa de cooperación para el desarrollo en áreas de interés común para el período 2024-2027, que se describen en el documento Marco de Asociación País con la República del Perú, anexo a la presente acta.
La Delegación del Reino de España estuvo presidida por el Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Excmo. Sr. don José Manuel Albares Bueno.
La Delegación de la República del Perú estuvo presidida por el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Excmo. Sr. don Elmer José Germán Gonzalo Schialer Salcedo.
Se incluye como anexo I a la presente Acta la lista de participantes de cada Delegación.
Ambas Delegaciones resaltaron las excelentes relaciones de amistad entre ambos países y manifestaron su acuerdo sobre los temas a tratar y la estructura del Acta, que contiene dos capítulos principales y dos anexos que forman parte integrante de la misma:
– Marco de Actuación: Marco de Asociación País España-Perú 2024-2027.
– Consideraciones finales.
– Anexos.
● Lista de las Delegaciones Oficiales de España y del Perú. (Anexo I).
● Marco de Asociación País España-Perú 2024-2027. (Anexo II).
I. Marco de actuación: Marco de Asociación País España-Perú
El Marco de Asociación País (MAP) Perú-España 2019-2022 (prorrogado hasta la celebración de la presente reunión de la comisión Mixta) y el Acta de la XI Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Peruana de Cooperación, de 28 de febrero de 2019, son los antecedentes más inmediatos de planificación estratégica de la Cooperación Hispano-Peruana.
Finalizado el periodo de vigencia del MAP 2019-2022, y tras su evaluación final, se elaboró el Marco de Asociación País España-Perú 2024-2027, anexo a la presente Acta, que define la nueva estrategia compartida de cooperación para el desarrollo, a ejecutar durante el periodo mencionado.
La elaboración del Marco de Asociación País España-Perú ha sido dirigida por dos grupos:
Por el Reino de España, el Consejo de Coordinación de Cooperación Española en Perú (CCCEP), conformado por: la Embajada de España, que preside el GEC; la Oficina de Cooperación Española (OCE) de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en Perú, que ha asumido la coordinación y la secretaría técnica del proceso; las diversas Consejerías sectoriales de la Embajada de España en el Perú; las ONGD españolas con sede en el Perú, a través del Foro de ONGD Españolas con sede en el Perú; y representantes del sector privado español presentes en el país.
Por parte del Gobierno del Perú, el proceso de diálogo que ha permitido el diseño del documento del Marco de Asociación País estuvo coordinado por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, junto con los Sectores competentes.
La Delegación Española informó asimismo sobre las prioridades de la política española de cooperación internacional para el desarrollo, con base a la Ley 1/2023, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y de Solidaridad Global, aprobada el 20 de febrero de 2023, e indicó que el 23 de julio de 2024 se aprobó por el Consejo de ministros el Plan Director de la Cooperación Española para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global 2024-2027, donde se califica al Perú como país prioritario. Este nuevo marco de la cooperación española busca responder a los nuevos retos globales, priorizando modelos económicos y sociales de desarrollo sostenible e inclusivo y la erradicación de la pobreza y las desigualdades, alineándose a la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. La política de cooperación española se fundamenta asimismo en el enfoque de derechos humanos, la igualdad de género, la sostenibilidad medioambiental, el reconocimiento y protección de la diversidad cultural y la construcción de paz.
La Delegación Peruana informó asimismo de las prioridades de cooperación enmarcadas en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 en base a los 5 Ejes de la Agenda 2030, estableciéndose prioridades nacionales en los ejes de personas, planeta, prosperidad y paz y partenariados (alianzas), y también informó sobre la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional al 2030.
El Marco de Asociación País España-Perú 2024-2027 es una estrategia compartida por ambos países hacia objetivos y visiones comunes de desarrollo humano sostenible, reducción de las desigualdades y construcción de paz. Integra a una diversidad de actores con potencial impacto sobre el desarrollo a través del diálogo, el trabajo conjunto y la coordinación entre gobierno, otros poderes del Estado, instituciones públicas y sociedad civil, así como como otros socios bilaterales y multilaterales de desarrollo.
Ambas Delegaciones hicieron referencia a la trascendencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 y a la conveniencia de integrar las actuaciones bilaterales en el marco de las metas y objetivos de ésta, ratificando adicionalmente su compromiso para avanzar en la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, la calidad de la ayuda y la eficacia del desarrollo, de acuerdo con la Agenda Internacional de Eficacia y la agenda de financiación del desarrollo.
1.1 Marco de Asociación País España-Perú 2024-2027 y consideraciones para su adecuado cumplimiento.
El Marco de Asociación País España-Perú 2024-2027 ha puesto especial énfasis en el principio de apropiación por parte de las autoridades peruanas, alineándose a las prioridades nacionales de desarrollo identificadas por el Estado peruano y dando continuidad a la trayectoria desarrollada por la Cooperación Española en el país.
Diseñado bajo un enfoque orientado a la gestión por resultados de desarrollo, busca acompañar los desafíos multidimensionales que enfrenta el Perú en su camino hacia el desarrollo sostenible y la mejora del bienestar de su población.
El Marco de Asociación País concentra los esfuerzos de la Cooperación Española en torno a tres áreas de oportunidad:
1. Transición justa hacia un desarrollo económico sostenible inclusivo, innovador y circular respetuoso con el medio ambiente, la biodiversidad y los bosques.
2. Desarrollo integral en el ámbito social, urbano y rural.
3. Convivencia democrática libre de violencia y discriminación.
De las áreas de oportunidad identificadas, se derivan 13 resultados a los que apuntará la Cooperación Española en el tiempo de ejecución del presente documento.
Las intervenciones para contribuir a los resultados de desarrollo se concentrarán fundamentalmente en las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad allá donde se encuentren, conforme al principio de «no dejar a nadie atrás».
Se estima una previsión presupuestaria de aproximadamente 160 millones de euros para el periodo 2024-2027.
Como principales consideraciones para la correcta ejecución del MAP, ambas delegaciones coincidieron en la necesidad de:
1) Buscar mecanismos y procesos que agilicen y faciliten la ejecución en forma y plazo de las subvenciones españolas a instancias públicas peruanas, en el marco de la ley.
2) Fortalecer los mecanismos de coordinación entre España y Perú para la mejora de procesos de identificación, seguimiento, evaluación y elaboración de recomendaciones previstas en el MAP.
La Delegación peruana resaltó la importancia de la contribución de la cooperación conjunta al desarrollo nacional, manifestando su agradecimiento a España por su compromiso y acompañamiento.
Asimismo, ambas partes valoran positivamente los mecanismos adicionales que, desde otras instancias, coadyuven a la consecución de estos objetivos, y en particular, teniendo en cuenta el carácter del Perú como país de renta media.
II. Consideraciones finales
Al término de la reunión ambas Delegaciones reiteraron su voluntad de continuar trabajando para fortalecer las acciones de cooperación de acuerdo con el alto nivel de sus relaciones bilaterales, basadas en los profundos lazos históricos, culturales y de amistad entre los gobiernos y pueblos de España y Perú.
La Delegación peruana agradeció a la parte española su hospitalidad al acoger la celebración de la XII reunión de la Comisión Mixta hispano – peruana de Cooperación para el Desarrollo, celebrada el 22 de noviembre en Madrid.
Y con la finalidad de consignar lo acordado durante la citada Comisión Mixta, suscriben la presente Acta en dos ejemplares en español, igualmente válidos, en la ciudad de Madrid, España a día 22 de noviembre de 2024.
| Por la Delegación Española, | Por la Delegación Peruana, |
|
José Manuel Albares Bueno, Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
Elmer José Germán Gonzalo Schialer Salcedo, Ministro de Relaciones Exteriores |
– Lista de las Delegaciones Oficiales de España y de Perú (Anexo I).
– Marco de Asociación País España-Perú 2024-2027 (Anexo II).
Delegación Española:
– Excmo. Sr. José Manuel Albares Bueno, Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
– Sr. Sergio Cuesta Francisco, Director del Gabinete.
– Sr. Antón Leis García, Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
– Sra. Laura Oroz Ulibarri, Directora de Cooperación con América Latina y el Caribe. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
– Sr. Francisco Javier Gassó Matoses, Director General para Iberoamérica y Caribe.
Delegación Peruana:
– Excmo. Sr. Elmer José Germán Gonzalo Schialer Salcedo, Ministro de Relaciones Exteriores.
– Excmo. Luis Carlos Antonio Iberico Núñez, Embajador del Perú en España.
– Sra. Elfy Rojas, Ministra Consejera de la Embajada del Perú.
– Sr. Marco Alvarado, Ministro Consejero de la Embajada del Perú.
– Sr. Julio Ubillús, Ministro Consejero de la Embajada del Perú.
Marco de Asociación País de España-Perú (2024-2027)
Tabla de contenidos
1. Resumen ejecutivo.
2. Contexto.
2.1 Aspectos generales.
2.2 Aspectos económicos.
2.3 Aspectos políticos.
2.4 Aspectos ambientales y cambio climático.
2.5 Aspectos vinculados con derechos fundamentales.
3. Análisis del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional en base a los 5 ejes de la Agenda 2030.
3.1 Personas.
3.2 Planeta.
3.3 Prosperidad.
3.4 Paz y Partenariado (alianzas).
4. Principios de la eficacia de la cooperación para el desarrollo sostenible.
4.1 Apropiación.
4.2 Alineamiento.
4.3 Armonización.
5. Análisis de la Cooperación Española (CE).
5.1 La Cooperación Española en terreno.
5.2 Marco de Asociación País (MAP) España-Perú 2019-2023.
5.3 Fortalezas y ventajas comparativas de la CE en Perú.
5.4 Intervenciones actuales.
5.5 Conclusiones.
6. Estrategia de la Cooperación Española en Perú.
6.1 Descripción general de la Estrategia.
6.2 Áreas priorizadas y resultados esperados de la Cooperación Española.
7. Riesgos.
8. Recursos.
9. Seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.
Mecanismos del Sistema MEL.
Rendición de cuentas y aprendizajes.
Listado de tablas.
Tabla 1 Estadísticas generales del país.
Tabla 2 Ubicación geográfica intervenciones ODS 5.
Tabla 3 Colectivos meta ODS 5.
Tabla 4 Ubicación geográfica intervenciones ODS 9.
Listado de gráficos.
Gráfico 1. Evolución volumen AOD española en Perú.
Gráfico 2. Evolución de la AOD de Entidades Locales.
Gráfico 3. Canalización de la AOD española por tipo de actor.
Gráfico 4. ODS con ventaja comparativa.
Gráfico 5. Fortalezas transversales de la CE.
Gráfico 6. Porcentaje de intervenciones por tipo de socio contraparte ODS 5.
Gráfico 7. Porcentaje de intervenciones por tipo de ejecución ODS 9.
Gráfico 8. Orientación actual ODS 9.
Gráfico 9. Distribución del presupuesto del CCEL por programas.
Gráfico 10. Lógica de priorización.
Acrónimos.
APCI. Agencia Peruana de Cooperación Internacional.
BM. Banco Mundial.
BID. Banco Interamericano de Desarrollo.
CAF. Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.
CCCEP. Consejo de Coordinación de la Cooperación Española en Perú.
CCEL. Centro Cultural de España en Lima.
CE. Cooperación Española.
CEPLAN. Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
CERD. Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.
CIDH. Corte Interamericana de Derechos Humanos.
CONCYTEC. Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
DUE. Delegación de la Unión Europea.
EEMM. Estados Miembros de la Unión Europea.
ENARES. Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales.
ENDES. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.
EPU. Examen Periódico Universal.
I+D+i+e. Investigación, desarrollo tecnológico, innovación y emprendimiento.
INEI. Instituto Nacional de Estadística e Informática.
MAAPP. Monitoring of the Andean Amazon Project.
MESAGEN. Mesa de Género de la Cooperación Internacional en el Perú.
MINAM. Ministerio del Ambiente.
Minedu. Ministerio de Educación.
MIMP. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
MVCS. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
OCDE. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
OMS. Organización Mundial de la Salud.
OSC. Organizaciones de la Sociedad Civil.
PEA. Población Económicamente Activa.
PEDN. Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.
PEM. Planes Estratégicos Multisectoriales.
PESEM. Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales.
PGG. Política General del Gobierno.
PIB. Producto Interno Bruto.
PIP. Programa Indicativo Plurianual.
PNCP. Plan Nacional de Competitividad y Productividad.
PNCTI. Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional.
PROCIENCIA. Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados.
SERVIR. Autoridad Nacional del Servicio Civil.
SERNANP. Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado.
SINAPLAN. Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.
TEI. Iniciativas Equipo Europa.
TIC. Tecnología de la información y comunicación.
UE. Unión Europea.
Anexos.
Anexo 1. Marco de resultados.
Anexo 2. Contribución a los ODS.
Anexo 3. Red de alianzas.
Anexo 4. Matriz de riesgos.
Anexo 5. Recursos financieros.
1. Resumen ejecutivo
La Cooperación Española en el Perú tiene como eje central la reducción de las desigualdades, colocando a las personas en el centro, especialmente a aquellas que enfrentan barreras para ejercer plenamente sus derechos debido a diversas formas de discriminación. En este contexto, se ha elaborado el Marco de Asociación País (MAP) España-Perú para los años 2024 a 2027, estructurado en tres áreas de oportunidad identificadas a partir de las brechas que nos arroja el contexto analizado.
Área 1: Transición justa hacia un desarrollo económico inclusivo, innovador y circular respetuoso con el medio ambiente, la biodiversidad y los bosques.
Esta área prioriza la promoción de una economía más inclusiva y sostenible. Se enfocará en la adopción de prácticas de producción y consumo circular, fortaleciendo entidades públicas y privadas en la implementación de modelos económicos más eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Se promoverá la innovación tecnológica en el marco del apoyo al I+D+i+e como motor de desarrollo, facilitando el acceso a recursos y conocimientos que impulsen la creación de empresas y empleos sostenibles. Además, se fomentará la diversificación económica y la generación de oportunidades para sectores de especial protección, contribuyendo así a reducir las desigualdades económicas y sociales. Asimismo, las acciones que se desarrollen en esta área tendrán en cuenta prácticas que protegerán los ecosistemas, la biodiversidad y los bosques con énfasis en la georreferenciación.
Área 2: Desarrollo integral en el ámbito social, urbano y rural.
En esta área se busca mejorar las condiciones de vida de la población, tanto en áreas urbanas como rurales. Se priorizará el fortalecimiento de los servicios básicos, como la salud, el acceso al agua potable y saneamiento, y la educación técnica y profesional a través del Programa de Escuelas Taller. Asimismo, se promoverá la integración social de migrantes, garantizando el respeto a sus derechos y la igualdad de oportunidades. Se impulsará el desarrollo sostenible de los territorios, valorizando el patrimonio cultural como un activo para el desarrollo local y promoviendo la participación ciudadana en la planificación y gestión de las políticas públicas.
Área 3: Convivencia democrática, libre de violencia y discriminación.
La Cooperación Española se compromete a continuar los esfuerzos destinados a prevenir la violencia de género y promover la igualdad en las políticas públicas, incluida la promoción de la economía del cuidado. Además, se intensificarán las estrategias dirigidas a las comunidades, destacando la importancia de abordar las desigualdades interseccionales que afectan a grupos específicos, como las mujeres afrodescendientes, indígenas, campesinas y de entornos rurales, con discapacidad, personas LGBTIQ+, adultas mayores, defensoras de derechos humanos y migrantes. Esto implica una mayor atención a las necesidades y prioridades particulares de estos grupos, así como el fortalecimiento de su capacidad de incidencia y participación en la toma de decisiones. Asimismo, se pondrá un énfasis renovado en el reconocimiento y la promoción de la diversidad cultural como un componente fundamental de la convivencia democrática, explorando caminos para gestionar estas diversidades. Se trabajará activamente en la creación de espacios inclusivos que reconozcan y valoren la riqueza de la diversidad étnica y cultural del país, contribuyendo así a una convivencia armoniosa y respetuosa entre todos los grupos sociales.
En cuanto a los enfoques transversales, el MAP incorpora diversas dimensiones que atraviesan las tres áreas priorizadas: enfoque de derechos humanos; enfoque de género; enfoque de lucha contra la pobreza y las desigualdades; enfoque de justicia climática y sostenibilidad medioambiental; enfoque de diversidad cultural y enfoque de construcción de paz.
El MAP España-Perú refleja el compromiso de la Cooperación Española con un desarrollo inclusivo, sostenible y basado en los principios de igualdad, justicia y respeto a los derechos humanos. Se priorizará el trabajo conjunto con el Estado peruano, la sociedad civil, el sector privado y otros actores relevantes para alcanzar los 13 resultados a los que apunta el MAP y contribuir así al bienestar de la diversa población peruana y de las personas migrantes y refugiadas que se encuentran en el país.
2. Contexto
A pesar de los importantes avances experimentados por el país en los últimos quince años, el Perú aún se enfrenta a grandes retos vinculados con aspectos como la desigualdad, con un Índice GINI de 0,449, altas tasas de pobreza, desafíos como el cambio climático o inestabilidad político-institucional.
2.1 Aspectos generales.
El cuadro siguiente refleja algunos datos relevantes a efectos del presente análisis:
Tabla1: estadísticas generales del país(1)
| Población total (2023): | 34,7 millones(2) |
| Densidad de población: habitantes por km2 (2022) (3). | 26 |
| Renta per cápita (año 2022(4)): dólares corrientes. | 7.126 |
| Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita (USD 2021 a precios internacionales actuales)(5). | 13.895,3 |
| Índice de Gini (2020). | 0,449 |
| Dato del Banco Mundial(6). | 43,8 |
| Índice de pobreza multidimensional(7) (MPI) (año 2023). | 34,1 % |
| % Población en situación de pobreza multidimensional extrema(8) (2018), valor más reciente. | 1,1 % |
| Esperanza de vida al nacer (2021): años para hombres, para mujeres. | Ambos: 72 H: 70 M: 75 |
| % de población que se autoidentifica como indígena. | 25,5 % |
| % de la población que se autoidentifica como afroperuana. | 3,6 % |
| Población menor de 18 años (2021 proyectada). | 29,1 % |
| Población mayor de 60 años (2021 proyectada)(9) %. | 13 % |
| Índice de Desarrollo Humano (valor numérico/n° orden mundial): de 189 países (10)(año 2021). | 0,762/86 |
| Índice de Desigualdad de Género (GII) (2020)(11). | 0.390/85 |
| Tasa de natalidad:/1.000 habitantes (2021). | 18 |
| Tasa de mortalidad infantil por cada 1000 nacidos vivos (estimada) (2020). | 12,6 |
| Niñas y niños menores de 5 años con desnutrición crónica (patrón OMS) (2023)(12) %. | 12,6 % |
| Niñas y niños de 6 a 35 meses con prevalencia de anemia (2023) %. | 43,6 % |
| Tasa de fertilidad (fecundidad): hijos/mujer (2022). | 1,9 |
| Población urbana (% del total proyectada 2023). | 82,6 % |
| Tasa de mortalidad materna (muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos 2022). | 60 |
| Tasa de alfabetización de adultos (% 15 años o mayores(13) 2022). | 95,8 % |
| N° de feminicidios (2022)(14). | 147 |
| Conflictos sociales (julio2023)(15). | 225 |
| Percepción de inseguridad de población de 15 y más años mayo a octubre de 2023, en porcentaje(16). | 83,4 % |
2.2 Aspectos económicos.
En el ámbito económico, el país ha mantenido un crecimiento sostenido, diversificando su economía y reduciendo notablemente los índices de pobreza. Durante este periodo se han promovido las políticas de desarrollo inclusivo, así como la atracción de inversión extranjera, principalmente en el sector exportador. Además, la estabilidad macroeconómica ha sido una prioridad, lo que ha generado confianza en los inversores y ha permitido la ejecución de proyectos de infraestructura y desarrollo a gran escala, especialmente en regiones antes rezagadas.
No obstante, el Perú sigue afrontando varios retos como la elevada tasa de pobreza (en 2024 la tasa de pobreza es de 33,2 % según datos del Banco Mundial(17), una reducida presión fiscal (15,2 %, por debajo de la media regional) o una elevada tasa de informalidad en la economía.
2.3 Aspectos políticos.
En el plano político e institucional, el Perú ha realizado importantes reformas para fortalecer su democracia y Estado de Derecho. La lucha contra la corrupción ha sido un foco central, con medidas democracia y Estado de Derecho. La lucha contra la corrupción ha sido un foco central, con medidas para mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la justicia, como parte del proceso de fortalecimiento de la institucionalidad pública.
En 2014 el Consejo Ministerial de la OCDE invitó a Perú a participar en el Programa País y acordaron una serie de acciones encaminadas a que lograra alinearse con los estándares de esta Organización. Desde entonces se aceleró el proceso de cambios normativos, lo que ha llevado a que en enero de 2022 se iniciara formalmente el proceso de adhesión a la OCDE. Actualmente el Perú cuenta con una hoja de ruta para desarrollar e implementar «políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todas las personas»(18).
En relación con la participación política de las mujeres, hay que señalar que en los últimos años ha aumentado gracias a la «Ley de Cuotas», actualmente modificada por la Ley de Paridad y Alternancia (Ley 31030), que se complementa con la Ley 31155 (2021), que busca prevenir y sancionar el acoso contra las mujeres en la vida política.
2.4 Aspectos ambientales y cambio climático.
El Perú es uno de los diez países megadiversos de la Tierra debido a sus ecosistemas, especies, recursos genéticos, climas, pisos ecológicos, zonas de producción y ecosistemas productivos, lo que le permite contar con 84 de las 117 zonas de vida reconocidas en el mundo. Además, tiene la segunda superficie de bosques en América Latina, la cuarta a nivel mundial, y posee el 13 % de bosques tropicales amazónicos (SERNANP, 2004). Al mismo tiempo, es un país con ecosistemas vulnerables, ya que presenta siete de las nueve características reconocidas por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para ser considerado dentro de esta clasificación (Naciones Unidas, 1992).
El ritmo de tránsito hacia una economía circular es lento. La «Hoja de Ruta hacia una Economía Circular en el Sector Industria» en Perú y las sectoriales, entre las que cabe destacar la relativa al sector industria, son un importante impulso para promover prácticas que minimicen la generación de residuos y maximicen su reutilización, reciclaje y valorización.
2.5 Aspectos vinculados con derechos fundamentales.
El Perú sigue los estándares internacionales de los sistemas universal y regional de protección de los DDHH y ha ratificado los principales tratados internacionales (9 instrumentos fundamentales de las Naciones Unidas y 7 protocolos facultativos), los cuales son supervisados de manera estructurada. El país finalizó en el primer trimestre de 2023 el 4.° ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) y cuenta con la lista de recomendaciones para avanzar, siendo casi todas aceptadas por el Estado. Además, Perú ha contado con tres Planes Nacionales de Derechos Humanos desde 2011 y con un Plan Nacional de Acción de Empresa y Derechos Humanos.
Actualmente se está elaborando la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos con un horizonte de mayor alcance (2040), que busca pasar de un enfoque centrado en la atención a los grupos de especial protección a uno en donde se aborde la desigualdad y la discriminación estructural en el ejercicio de los derechos humanos como problema público de alcance general(19). Cabe referir que el Consejo de Derechos Humanos aprobó el resultado del cuarto ciclo del examen periódico universal del Estado peruano (A/HRC/DEC/53/105), habiendo el Estado peruano aceptado la gran mayoría de las recomendaciones recibidas.
En el ámbito social, el país ha avanzado en la ampliación del acceso a la educación y la salud, mejorando los indicadores de cobertura y calidad en ambos sectores. Se han implementado programas de inclusión social para reducir las brechas de desigualdad y promover la inclusión de grupos de especial protección, como comunidades indígenas u originarias y rurales. Además, se han llevado a cabo iniciativas para fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones y mejorar la representación política de diversos sectores de la sociedad.
Se han implementado también políticas y programas para promover la igualdad de género y combatir la violencia contra las mujeres, como la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, y se ha fortalecido la participación política de las mujeres, con un aumento de su representación en el Congreso y otros órganos de gobierno. La promoción de la educación y el empoderamiento económico de las mujeres también ha sido una prioridad, lo que ha contribuido a reducir las brechas de género en el acceso a la educación y al empleo.
3. Análisis del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional en base a los 5 ejes de la Agenda 2030
3.1 Personas.
El Objetivo Nacional 1 contribuye al Eje 1 de la Visión del Perú al 2050 y busca que las personas alcancen su potencial en igualdad de oportunidades y sin discriminación para gozar una vida plena. Se armoniza con las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional (principalmente las relacionadas con educación, salud, seguridad social, acceso al entorno digital e infraestructura y vivienda). Es marco para la formulación de políticas y planes orientados al desarrollo de las personas en el territorio. Se vincula con políticas nacionales sectoriales y territoriales como la Política Nacional de Educación Superior y Técnico Productiva (2020), la Política Nacional Multisectorial de Salud (2020), la Política Nacional de Igualdad de Género (2019), la Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030 (2021), la Política Nacional Multisectorial para las personas adultas mayores al 2030 (2021) y la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el desarrollo al 2030 (2021), la Política Nacional de Competitividad y Productividad (2018), el Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2019-2030 (2019) y su intervención territorial a través de los Planes Regionales de Competitividad y Productividad, entre otras.
3.2 Planeta.
El Objetivo Nacional 2 contribuye al Segundo Eje de la Visión del Perú al 2050, y busca gestionar el territorio de manera sostenible a fin de prevenir y reducir los riesgos y amenazas que afectan a las personas y sus medios de vida. Se armoniza con 9 de las 35 Políticas de Estado del Acuerdo Nacional, principalmente las relacionadas con ordenamiento y gestión territorial, gestión del riesgo de desastres, desarrollo sostenible y gestión ambiental, desarrollo agrario y rural y recursos hídricos. Es marco para la formulación de políticas y planes orientados a la gestión y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas que aseguren un desarrollo social y económico armónico, libre de contaminación y saludable para todas las personas, en un contexto de cambio climático. Se vincula con las políticas nacionales de implementación sectorial y territorial, como son: la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050 (2021) y la Política Nacional del Ambiente 2030 (2021). La economía circular forma parte de la Política Nacional del Ambiente al 2030, uno de cuyos objetivos es «mejorar el desempeño de las cadenas productivas y de consumo de bienes y servicios, aplicando la economía circular». También está consignada dentro de los ejes temáticos de la Agenda de Investigación Ambiental Hacia el 2030 y está incorporada en la Política y el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, y su intervención territorial a través de los Planes Regionales de Competitividad y Productividad.
3.3 Prosperidad.
El Objetivo Nacional 3 contribuye al Eje 4 de la Visión del Perú al 2050 pues busca elevar los niveles de competitividad y productividad con empleo decente. Se armoniza con 8 de las 35 Políticas de Estado del Acuerdo Nacional, principalmente las relacionadas con el acceso al empleo pleno, digno y productivo, la búsqueda de la competitividad, productividad y formalización de la actividad económica, desarrollo agrario y rural, la sociedad de la información y sociedad del conocimiento, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, el desarrollo en infraestructura y vivienda. Es marco para la formulación de políticas y planes orientados a alcanzar un crecimiento económico sostenible, con competitividad y productividad, empleo decente y sostenibilidad ambiental; una educación que genere talento humano calificado; la reducción del déficit en infraestructura; un clima político y jurídico para atraer inversión privada; y el fomento de la innovación, la investigación tecnológica y la transformación digital. Se vincula con diversas políticas nacionales como son la Política Nacional de Desarrollo Industrial, del Ministerio de la Producción (2022), la Política Nacional de Competitividad y Productividad (2018), la Política Nacional de Educación Superior y Técnico Productiva (2020), la Política Nacional de Inclusión Financiera (2019), la Política Nacional del Empleo Decente (2021), la Política Nacional Agraria y la Ley 30355 Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar (y sus modificatorias) y la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (2021).
El Perú se ha propuesto impulsar un modelo productivo avanzando hacia una economía circular y acuerdos de producción limpia, tal y como se refleja en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2019-2030 y su intervención territorial a través de los Planes Regionales de Competitividad y Productividad. En este marco, se ha aprobado una Hoja de Ruta Hacia una Economía Circular en el Sector Industria, y otra de pesca y agricultura, siendo el desafío generar el marco y las medidas necesarias para esta transición. En 2021 se constituyó la Plataforma Peruana por una Economía Circular, espacio de diálogo y coordinación para articular acciones entre todos los actores involucrados e implementar los compromisos asumidos en el Pacto Peruano por una Economía Circular. También se encuentra en proceso de aprobación la Hoja de Ruta Nacional en Economía Circular, que está siendo apoyada por la AECID.
3.4 Paz y Partenariado (alianzas).
El Objetivo Nacional 4 contribuye a los Ejes 4 y 5 de la Visión del Perú al 2050 debido a que busca garantizar una sociedad justa, democrática, pacífica y un Estado efectivo al servicio de las personas, en base al diálogo, la concertación nacional y el fortalecimiento de las instituciones. Se armoniza con 9 de las 35 Políticas de Estado del Acuerdo Nacional, principalmente las relacionadas con el fortalecimiento del régimen democrático y del Estado de Derecho, la democratización de la vida política y el fortalecimiento del sistema de partidos, la institucionalización del diálogo y la concertación, la política exterior para la paz, la democracia, el desarrollo y la integración, la erradicación de la violencia y el impulso de un Estado eficiente y transparente libre de corrupción.
Es marco para la formulación de políticas y planes que busquen alcanzar una sociedad democrática, pacífica, respetuosa de los derechos humanos y libre de violencia, así como aquellos que busquen construir un Estado moderno, eficiente, transparente y descentralizado que garantice una sociedad justa e inclusiva. Se vincula con la Política Nacional de Cultura al 2030 (2020), la Política Nacional del Pueblo Afroperuano al 2030 (2022), la Política Nacional de Lenguas Originarias Tradición Oral e Interculturalidad al 2040 (2021), la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (2021) y la Política Nacional de Competitividad y Productividad (2018), el Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2019-2030 (2019) y su intervención territorial a través de los Planes Regionales de Competitividad y Productividad, entre otras. Igualmente, se vincula con la Política Nacional de Igualdad de Género, la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al 2030, la Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030, así como con, las siguientes políticas en proceso avanzado de formulación: la Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios al 2030 y la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos al 2040.
4. Principios de la eficacia de la cooperación para el desarrollo sostenible
4.1 Apropiación.
Para avanzar hacia el desarrollo sostenible, el Perú orienta actualmente sus políticas y estrategias hacia el bienestar de la población, partiendo del enfoque de 11 dimensiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que incluyen «vivienda, ingresos, empleos, comunidad, educación, medio ambiente, gobernanza, salud, satisfacción de vida, seguridad, y equilibrio entre lo laboral y la vida»(20).
Igualmente tiene en cuenta la estrecha vinculación existente entre lo económico, lo social y lo ambiental que se plantea en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que busca la adopción universal de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Teniendo en cuenta lo anterior, el Foro del Acuerdo Nacional, en su sesión N° 126 del lunes 29 de abril de 2019, aprobó la Visión de país al 2050, la cual, a través de cinco ejes, define la situación de país que desea alcanzar la población. Estos elementos centrados en la búsqueda de un futuro mejor son el punto de partida de las políticas y planes públicos, tanto en su diseño como en su actualización.
A partir de la Visión y de las Políticas de Estado, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) formuló, a través de un proceso participativo, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 (PEDN). En esta definición participaron el Estado, los organismos constitucionales autónomos, los gobiernos regionales y locales, los partidos políticos y la sociedad civil (a través de instituciones representativas). El PEDN incluye objetivos nacionales, objetivos específicos y acciones estratégicas que son la base para el desarrollo de políticas y planes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN).
Del PEDN se desprende la Política General de Gobierno 2021-2026 (PGG) de la que derivan políticas y planes. Las políticas son nacionales, regionales, provinciales, distritales e institucionales. Estas políticas impulsan los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM) y los Planes Estratégicos Multisectoriales (PEM), de los cuales parten las políticas territoriales a nivel regional, provincial y distrital, así como los planes operativos institucionales.
En el año 2023, mediante el Decreto Supremo N.º 042-2023-PCM, se aprueba la Política General de Gobierno para el presente mandato presidencial.
Alineado con el punto 3 de la Visión de país al 2050, la Política Nacional de Competitividad y Productividad se compone de nueve Objetivos Prioritarios, treinta y seis Lineamientos de Política, y constituye el marco de referencia para dar prioridad y mejorar las intervenciones orientadas a incrementar la competitividad y productividad del país. El Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2019-2030 (PNCP) contiene medidas concretas, de corto, medio y largo plazo, para incrementar sostenidamente el bienestar de todos los peruanos y peruanas.
Para la articulación territorial en el marco de la estrategia para la mejora de la competitividad y productividad del Perú, se propone el diseño e implementación de Planes Regionales de Competitividad y Productividad (PRCP), que buscan adecuar la implementación del PNCP a la realidad de cada territorio.
4.2 Alineamiento.
Tomando en consideración la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional al 2030, aprobada por D.S. 008-2023-RE, las cooperaciones internacionales presentes en el país desarrollan las siguientes prioridades:
– La Unión Europea (UE) y tres de sus Estados Miembros (EEMM) cuentan con presencia e intervenciones relevantes en materia de cooperación técnica en Perú. La cooperación de la UE se enmarca en el Programa Indicativo Plurianual (PIP) para el periodo 2021-2027, en donde se priorizan tres ámbitos de acción (i) transición circular, (ii) desarrollo humano e inclusión social, y (iii) gobernanza y estado de derecho. Asimismo, implementa programas como COPOLAD, EUROCLIMA+, ELPACTO y EUROsociAL+ en la región y en el Perú, que se encuentran alineados con sus ámbitos prioritarios de acción. También destaca la participación en TEI: nacional de Transición Circular, regionales (incluída «societies, Green Transition, Amazon Basin»), así como en las iniciativas «Global Gateway».
– Alemania, como Estado Miembro de la UE, implementa acciones de cooperación a través de su agencia de cooperación técnica, la GIZ, y financiera con la KfW, y cuenta con tres áreas priorizadas: (i) política medioambiental, protección y uso sostenible de los recursos naturales, (ii) desarrollo urbano sostenible en tiempos de cambio climático en los sectores de energía, agua y transporte, y (iii) democracia, sociedad civil y administración pública.
– Francia, por su parte, desarrolla sus actividades de cooperación mediante Proparco y AFD, siendo esta última la agencia de cooperación técnica. Sus áreas prioritarias son: (i) cumplir con la transición territorial y ecológica, promover trayectorias de desarrollo alineadas con los desafíos climáticos y medioambientales mundiales, (ii) mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de servicios modernos, adaptados, resilientes y sostenibles, (iii) cumplir con la transición social justa, reforzar la cohesión social e integrar mejor a la población desfavorecida.
Con respecto a las otras agencias de cooperación técnica bilateral en el Perú, las principales son los Estados Unidos (EEUU), Canadá, Suiza y Japón:
– Los EEUU son el país con mayor cooperación (representa el 50 % de la cooperación bilateral de acuerdo al último informe de Situación y Tendencias de la APCI 2022). Implementa sus acciones a través de USAID prioritariamente, y sus tres áreas prioritarias son (i) desarrollo económico y social en regiones post erradicación para sostener la reducción de los cultivos de coca; (ii) mejora de la integridad pública para reducir la corrupción; y (iii) manejo sostenible de los recursos naturales.
– Canadá implementa sus actividades de cooperación internacional enmarcadas en la Política Internacional de Asistencia Feminista (FIAP), que prioriza la (i) igualdad de género y empoderamiento de la mujer, (ii) ambiente y cambio climático, y (iii) gobernanza inclusiva.
– Suiza opera a través de sus agencias de SECO y COSUDE, especialmente en la promoción del desarrollo económico del Perú siendo sus prioridades el (i) fortalecer las instituciones en todos los niveles de gobierno, (ii) mejorar la competitividad y diversificación económica y (iii) crecimiento verde resiliente y reducción del riesgo de desastres.
– Japón, por medio de su agencia de cooperación JICA, tiene tres áreas prioritarias enmarcadas en su plan para Perú 2020-2025: (i) mejoramiento de la infraestructura socioeconómica y reducción de la brecha social, (ii) la gestión ambiental, y (iii) la gestión para la prevención y mitigación de desastres naturales.
Debido a la coyuntura de los últimos años, y aunque no se encontraban priorizadas en sus líneas de trabajo, las agencias de cooperación bilateral (incluida España) han apoyado acciones destinadas a atender e integrar a las personas migrantes venezolanas y a responder a la crisis por la pandemia de COVID-19.
En cuanto a la cooperación multilateral, el sistema de las Naciones Unidas, bajo su Marco de Cooperación 2022-2026, cuenta con cuatro prioridades estratégicas: (i) bienestar de las personas e igualdad en el acceso a oportunidades, (ii) gestión del ambiente, cambio climático y riesgo de desastres, (iii) competitividad y productividad inclusiva y sostenible, y (iv) gobernanza democrática efectiva y equitativo ejercicio de la ciudadanía. Por su parte, la banca multilateral representativa en el Perú incluye al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).
El Banco Mundial prioriza su actuar en tres pilares referentes a la (i) productividad para el crecimiento, (ii) provisión de servicios para los ciudadanos en todo el territorio, y (iii) gestión de los recursos naturales y los riesgos del cambio climático.
El BID tiene tres áreas priorizadas, que son la (i) productividad, (ii) fortalecimiento institucional y provisión de servicios básicos, y (iii) sostenibilidad ambiental y cambio climático. Por último, la CAF centra su apoyo en operaciones orientadas al desarrollo del país en infraestructura económica, agua, saneamiento, energía y movilidad urbana.
4.3 Armonización.
Se cuenta con la Mesa de Género de la Cooperación Internacional en el Perú (MESAGEN), cuyos objetivos son intercambiar información entre cooperantes para armonizar la acción y mantener un diálogo de políticas con actores estatales y no estatales para un mayor alineamiento e incidencia en la agenda nacional en materia de género. La Embajada de España/AECID ha venido ejerciendo su Secretaría Técnica por un periodo de dos años.
Se participa activamente en las reuniones de consejeros de cooperación de los Estados Miembros de la Unión Europea (EEMM de la UE) en el Perú y, a partir de estas, en los dos Grupos de Trabajo surgidos en torno a las Iniciativas Equipo Europa (TEI): Grupo de Trabajo sobre Economía Circular y Grupo de Trabajo sobre Ciudades Sostenibles. Por otro lado, la UE impulsó un ejercicio participativo para revisar su Hoja de Ruta, el nuevo Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (NDICI por sus siglas en inglés), el nuevo III GAP (Gender Action Plan de la UE), así como el trabajo que representa el Global Gateway.
Se participa también en el Grupo Informal de Diálogo en Derechos Humanos, con presidencia rotatoria, formado por diversas Embajadas y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, relanzado en el año 2023. Igualmente, el Grupo Informal/Técnico de Diálogo en Procesos Electorales.
Por otro lado, ha seguido activo el Grupo Agua, desde 2021 coordinado por el Banco Mundial, en el que se ha llevado a cabo una labor de acompañamiento al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) en relación con la problemática del sector. Se cuenta también con el Grupo de Coordinación de Donantes sobre la Migración Venezolana en el Perú liderado hasta ahora por Canadá. Su propósito ha sido principalmente coordinar el apoyo a la respuesta del Perú a la crisis migratoria venezolana, a fin de evitar la duplicidad y asegurar la complementariedad.
Igualmente sigue activa la Mesa de Descentralización, en la que se abordan temáticas multidimensionales relacionadas con los diferentes territorios del país, tanto desde una perspectiva política, como económica, ambiental y social, incluyendo también los ejes de conflictos y de lucha contra la corrupción. Desde la perspectiva de la UE, y ante la situación creada por la pandemia, surgió la idea de «Equipo Europa» como una forma de dar una respuesta europea sólida e integral.
También se cuenta con la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, espacio formalizado en 2001 de diálogo y consenso que funciona con la participación de organizaciones de la sociedad civil e instituciones del Estado para adoptar acuerdos y coordinar acciones que permitan luchar eficazmente contra la pobreza en cada región, departamento, provincia y distrito del país.
Finalmente, mencionar al Grupo R.3, Grupo de Trabajo de la Cooperación Española y socios peruanos para la igualdad y lucha contra la discriminación y violencia de género, impulsado por la AECID e integrado por los actores de la Cooperación Española en el país y sus socios nacionales, siendo en total 60 entidades estatales y no estatales. Entre los socios del Estado destacan el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, con algunas participaciones de otras instituciones públicas de forma puntual en algunas actividades, formando parte la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza entre otras. En relación con la sociedad civil, en el R.3. participan las ONGD españolas que desarrollan proyectos relacionados con el ODS5, con financiación de la AECID o de la cooperación descentralizada. La sociedad civil peruana también participa en este grupo como organizaciones socias del movimiento feminista, de derechos humanos o de desarrollo, el sector privado, con las Cámaras de Comercio de España y la de Lima, y las universidades, como la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
5. Análisis de la Cooperación Española (CE)
5.1 La Cooperación Española en terreno.
El Consejo de Coordinación de la Cooperación Española en Perú (CCCEP), constituido en 2005, es el espacio de articulación de los distintos actores españoles en el país. Es representativo y está constituido por 11 miembros: Embajador/a, Coordinador/a General de la Cooperación Española, Director/a del Centro Cultural de España en Lima (CCEL), 3 representantes de la Administración General del Estado (Consejería Cultural, Consejería de Trabajo e Inmigración y Consejería Económico Comercial), 4 representantes de las ONGD españolas en el Perú y 1 representante de la Cámara de Comercio de España en Perú.
La CE en el país tiene en cuenta, para procesos de armonización y alianzas, las estrategias de las principales cooperaciones internacionales, en particular de la Delegación de la Unión Europea (DUE), que detalla sus prioridades en el Programa Indicativo Plurianual Perú 2021-2027.
La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) española destinada al Perú ha tenido un incremento progresivo desde el año 2019, tal y como se muestra en el siguiente gráfico:
La AOD reembolsable ha presentado variaciones en los últimos cuatro años, suponiendo un 24,4 % del total de la AOD española destinada al Perú en 2019, un 9,3 % en 2020, un 5,3 % en 2021 y un 14,53 % en 2022.
Los principales actores financiadores de la Cooperación Española en el Perú son:
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, con el 33,14 % de la AOD en 2022, canalizando el 25,79 % del total de la AOD española a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
La AECID cuenta con una amplia gama de modalidades e instrumentos de cooperación en el Perú, entre los que cabe señalar:
– Intervenciones bilaterales que llevan a cabo instituciones públicas y otros actores públicos o privados del Perú.
– Operaciones de cooperación delegada con fondos de la UE, con cuatro operaciones vigentes actualmente. Cabe destacar que la cooperación delegada, ya sea de la UE o de otros países, no se contabiliza como AOD española y no es objeto de negociación dentro del presente MAP. No obstante, se considera relevante mencionarla dado el papel que la Cooperación Española juega como mediadora ante la UE para el apalancamiento de fondos. Cada vez que se mencione la cooperación delegada en el presente documento debe tenerse en cuenta esta orientación.
– Acción del Centro Cultural de España en Lima (CCEL).
– Programas de ámbito regional: el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), el programa Democracia, el Programa Indígena, el Programa de Cooperación con Afrodescendientes, el Programa de Escuelas Taller y el Programa Patrimonio para el Desarrollo.
– Fondos temáticos: Ellas+, el Programa de Transición Ecológica (PROTEC), el Fondo para el Apoyo al Sector Salud (FONSALUD) y el Fondo para la reducción de la brecha digital en la Educación (Fondo e-Duc@).
– Proyectos, convenios y acciones de innovación que ejecutan ONGD y otras entidades españolas.
– Intervenciones multibilaterales con las agencias del sistema de Naciones Unidas.
– Operaciones del programa español de microfinanzas, operaciones de créditos soberanos del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE).
– Cooperación triangular.
Las iniciativas tanto bilaterales como regionales que ejecuta la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), como institución parte del sistema de la Cooperación Española con amplia experiencia en el acompañamiento a políticas públicas y especializada en la cooperación institucional (movilización del conocimiento de las administraciones públicas españolas), cuentan con distintos fondos e instrumentos de la UE, entre los que cabe citar EUROCLIMA+, EUROsociAL+, COPOLAD III, AL-INVEST, PACCTO y EUROFRONT, entre otros.
La AECID, a través del FONPRODE, mantiene también una alianza estratégica global con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través del Acuerdo Marco para la financiación conjunta de proyectos del 2017, que se ha materializado en una primera operación de crédito soberano para el mejoramiento de centros históricos en Perú. La AECID tiene igualmente una estrecha relación de colaboración con varias de las agencias del sistema de Naciones Unidas en distintas áreas.
Las Comunidades Autónomas financiaron el 29,49 % de la AOD española destinada al Perú en 2022, aproximadamente 11,5M€. Las principales cooperaciones presentes en el país son: Comunidad Valenciana (10,11 % del total de la AOD española en el país), País Vasco (8 %), Navarra (2,68 %), Madrid (2,4 %), Andalucía (1,72 %), Galicia (1,55 %) y Catilla y León (1,23 %).
Las Entidades Locales, con el 8,34 % de la AOD española en 2022, han promovido un aumento importante de su AOD destinada al Perú desde 2019, tal y como se observa en el gráfico. Para ellas, Perú es uno de los cinco principales países receptores del CAD y las intervenciones han sido mayoritariamente para financiar proyectos orientados al ODS 5 (Igualdad de Género) y ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas). En 2023 se han reportado 95 proyectos de entidades locales implementados por ONGD.
Gráfico 2. Evolución de la AOD española-Entidades Locales
En cuanto a la canalización de la ayuda, destacan las ONGD y otras organizaciones de la sociedad civil como principal actor, llegando a gestionar el 77.04 % de los recursos destinados al país. En el Perú hay 20 ONGD con presencia permanente, las cuales cuentan con un espacio propio de coordinación y articulación: el Foro de ONGD españolas. Estas organizaciones centran su trabajo especialmente en temas de género, medio ambiente, derechos humanos y crecimiento económico inclusivo, entre otros, con financiación tanto de la AECID como de la cooperación descentralizada.
Sobre los ODS a los que se destina la AOD española en el país, mencionar que en 2022 el 31 % de la AOD se orientó al ODS 10 Reducción de las desigualdades, el 19 % al ODS 5 Igualdad de género, el 11,5 % al ODS 9 Industria, innovación e infraestructura, el 9,9 %, al ODS 4 Educación de calidad, el 7 % al ODS 2 Hambre cero y el 5,4 % al ODS16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
5.2 Marco de Asociación País (MAP) España-Perú 2019-2023.
La Cooperación Española en el Perú ha venido enmarcada por el MAP 2019-2023, en el que se señala la contribución a los ODS, teniendo como referencia la Agenda 2030, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), denominado «Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021», la Política General de Gobierno al 2021 y la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional (2012), y alineado a su vez con el V Plan Director de la Cooperación Española.
El documento planteaba trabajar en 23 metas prioritarias vinculadas con los 16 primeros ODS (con mayor atención a los ODS 5, 9 y 11) y adicionalmente apoyar al ODS 17, promoviendo la construcción y fortalecimiento de alianzas tendentes al alineamiento y la armonización con diferentes actores comprometidos con el desarrollo en el Perú. Las metas se aterrizaban en 20 resultados intermedios a ser medidos a través de 27 indicadores que debían ser alimentados a través de las intervenciones de la CE.
La evaluación final del MAP 2019-2023 detalla como aspectos positivos:
– Alineamiento con la Agenda 2030.
– Implementación coherente y eficaz.
– Hubo esfuerzos notables en liderazgo estratégico, el impulso de alianzas y alineación con otros donantes.
– Logró consolidar procesos y alcanzar resultados significativos.
– El sector privado y la cooperación descentralizada jugaron roles cruciales, aunque con modelos divergentes de cooperación.
– El liderazgo en la articulación y el impulso a procesos de diálogo de políticas innovadores, tanto de forma general como en particular desde la igualdad, la cultura, la diversidad y el patrimonio. Aquí destaca la facilitación del diálogo entre el Estado y la sociedad civil en el Perú, particularmente en la lucha contra la violencia de género.
– La integración del enfoque de derechos en el diseño e implementación de políticas.
– La promoción del enfoque de género y de derechos humanos.
– El fortalecimiento de la institucionalidad pública.
También menciona que las intervenciones de las ONGD españolas han sido esenciales para promover cambios socioculturales y fortalecer las organizaciones de la sociedad civil y que la CE en general se perfila como un actor clave para la transformación social.
Sobre los aspectos positivos vinculados con los ODS, podemos destacar:
ODS 5: Destaca el grupo R3 que, a través de la vinculación de múltiples actores nacionales y territoriales, públicos, privados y de la sociedad civil, permitió potenciar el diálogo de políticas, fortalecer lazos de confianza con instituciones nacionales, tender puentes y recabar información relevante para el seguimiento del MAP. Este grupo también se puede considerar una referencia para el liderazgo en la implementación y gestión de estrategias relacionadas con la perspectiva de género y las políticas de igualdad, principalmente en temas vinculados con la prevención de violencia de género.
La Defensoría del Pueblo, en su informe de Adjuntía N.° 024-2021-DP/ADM, recomienda «Mantener y seguir fortaleciendo el Grupo de Trabajo de la Cooperación Española y Socios Nacionales para la Lucha contra la Discriminación y Violencia de Género (R3), que constituye un importante espacio de diálogo y de articulación entre la cooperación internacional, el Estado y la sociedad civil».
ODS 9: Se apoyó la innovación a través de una hoja de ruta que mira hacia el largo plazo, que promueve alianzas y que articula instrumentos y recursos. Se impulsaron procesos de acercamiento entre el sector privado y las ONGD y de estos actores a las líneas prioritarias del MAP. También se fortaleció la institucionalidad pública para la ciencia y la innovación y se apoyaron estructuras descentralizadas que generan competitividad en las cadenas de valor.
ODS 11: Destaca su potencial para vincular espacios nacionales y locales, así como para promover acuerdos entre instituciones públicas y privadas. Se desarrolló un concepto amplio de patrimonio que, vinculado al trabajo que se realiza en el Programa de Escuelas Taller, aborda una visión de complementariedad histórica y de desarrollo integral local. El Centro Cultural de España en Lima mostró un papel destacado en los espacios de innovación ciudadana y se constituyó como un actor clave gracias a su capacidad para transversalizar el desarrollo participativo y fomentar la innovación desde una perspectiva de cultura de género, con enfoque interseccional y multisectorial, considerando aspectos como el medio ambiente y la diversidad cultural.
ODS 1 y 13: En el contexto de la pandemia fue posible identificar brechas de acceso en materia de salud y de seguridad alimentaria y dar una respuesta oportuna y pertinente a las necesidades del país. También se apoyó el fortalecimiento de capacidades del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED).
Dentro del Programa Arauclima, se mejoró la resiliencia de mujeres productoras implementando medidas de adaptación al cambio climático, se promovió la incorporación del enfoque de género en el presupuesto público del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), se fortaleció a los gobiernos locales de seis municipalidades y se favoreció el aumento de la participación y la mejora del diálogo entre las organizaciones de mujeres rurales y urbanas comprometidas con la lucha contra el cambio climático.
ODS 4: Como parte de la respuesta a la pandemia, la AECID y la UNICEF implementaron un proyecto del Fondo e-Duc@ para reducir la brecha digital en escuelas vulnerables de todo el país. Destacan también los programas de formación y fortalecimiento de las capacidades de mujeres jóvenes vulnerables para su inclusión laboral, donde el Programa de Escuelas Taller tiene un rol preponderante. Igualmente, destaca el trabajo de las ONGD españolas, que se orientó a la educación sexual integral, el acceso sin discriminación para personas LGTBIQ+ y la mejora de la educación básica desde un enfoque intercultural inter-seccional.
ODS 6: Se ha contado con acciones bilaterales del FCAS, se han hecho esfuerzos a través del Programa de Mejora y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en el Perú (PROCOES), ejecutado por el BID, y la cooperación descentralizada ha implementado 30 proyectos relacionados con el abastecimiento de agua y saneamiento básicos. Las intervenciones han impulsado pequeñas inversiones en infraestructura, fortalecimiento de la gobernanza para el acceso al derecho al agua, así como la mejora de hábitos saludables, mantenimiento y sostenibilidad de los servicios de agua proporcionados. También se han fortalecido las estructuras comunitarias para la gestión del agua y su sostenibilidad, con un enfoque importante de participación de las mujeres.
ODS 16: Se desarrolló e implementó una buena estrategia para la adaptación y respuesta a la crisis migratoria venezolana. La Defensoría del Pueblo fue uno de los principales aliados institucionales de la CE, tanto para el ODS5 como para dar respuesta a la crisis de migrantes venezolanos/as, así como para impulsar un mejor monitoreo y seguimiento de los instrumentos del Estado para la protección de los derechos humanos y de género.
Se apoyaron políticas, instrumentos y herramientas que permitieron mejorar la institucionalidad pública en materia de protección a personas defensoras de los DDHH, así como para la elaboración de las políticas nacionales para afrodescendientes y pueblos indígenas u originarios (esta última se ha enfrentado a obstáculos debido a la pandemia y la crisis socio-política).
En cuanto a los aspectos por mejorar, la evaluación del último MAP destacó:
– Si bien hubo resultados relevantes, se señala también que la falta de líneas de base y metas claras para los indicadores no permitió demostrar el nivel de logro de los resultados.
– La carencia de una metodología clara de gestión.
– La necesidad de mejorar la complementariedad y las alianzas entre diversos actores para maximizar el impacto.
– La posibilidad de ampliar la comunicación, el diálogo, y la participación de todos los actores involucrados en las diversas fases del MAP.
– También se sugiere documentar y compartir información sobre todas las etapas del MAP, así como fomentar el aprendizaje y la rendición de cuentas a través de la publicación de avances y buenas prácticas.
5.3 Fortalezas y ventajas comparativas de la CE en Perú.
Se llevó a cabo un taller para analizar la ventaja comparativa de la CE en el que participaron 37 personas de forma virtual y 42 presenciales (50 mujeres). 13 personas representaban a instituciones públicas peruanas y las demás formaban parte de OSC españolas y peruanas. Primero, se aplicó una encuesta (con la que se obtuvieron 67 respuestas), cuyos resultados reflejaron mayor ventaja comparativa en los ODS que se muestran en el gráfico.
Gráfico 4. ODS con ventaja comparativa
Posteriormente, se trabajó en grupos y se clarificaron las principales fortalezas de la CE vinculadas con estas ventajas comparativas, tal y como se muestra a continuación:
Gráfico 5: Fortalezas transversales de la CE
Sobre aspectos que podrían potenciar el impacto de la CE se mencionaron en las mesas de trabajo, entre otros:
– Profundizar la transversalización del enfoque de género y la interseccionalidad en el MAP y sus intervenciones asociadas.
– Imaginar, diseñar y promover formas de diálogo que garanticen seguridad y legitimidad en los escenarios de concertación entre la sociedad civil y el Estado.
– Fortalecer la disputa cultural en torno a narrativas, para enfrentar discursos de odio y antiderechos.
– Potenciar los espacios de concertación descentralizados y abordar las intervenciones desde los territorios. Incluir la participación política, social y cultural de las mujeres con enfoque interseccional.
– Ofrecer alianzas y apoyo técnico a empleados públicos dado el contexto de debilitamiento democrático, asimismo, generar alianzas con el sector privado como actor político y de desarrollo.
5.4 Intervenciones actuales.
A continuación, haremos un recorrido por los principales ODS en los que la CE tiene intervenciones actualmente, con base en el tipo de información con la que se cuenta para cada uno:
ODS 5 Igualdad de género(21)
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Aspectos generales: – N.º de intervenciones 2024: 60. – Monto 2024: 15,3M€. – Principales financiadores: 57 % cooperación descentralizada y 43 % AECID. – Localización: En Lima: 34 proyectos. En el Sur andino, 53 proyectos: Cusco (19), Puno (11) Arequipa (10), Apurímac (8), Ayacucho (5). En la Selva, 24 proyectos: Loreto (4), Amazonas (3), San Martín (7), Ucayali (7) y Madre de Dios (3). En el Norte, 22 proyectos: Piura 10 y la Libertad (7) y Tumbes (5). – Prioridades: Violencia de género, participación política, derechos sexuales y reproductivos, educación sexual integral, cuidados, empoderamiento económico, derechos de las personas LGBTIQ+, otras prioridades. – Asociación estratégica: Se prioriza como contraparte a la sociedad civil (86 % del presupuesto) en donde destacan las organizaciones del movimiento feminista, ejecutando el 37 % de las intervenciones, que suponen el 46 % del presupuesto. La asociación con contrapartes del Estado representa aproximadamente un 14 % del presupuesto, sin embargo, el Estado es aliado en el 83 % de las intervenciones. |
Gráfico 6. Porcentaje de intervenciones por tipo de socio contraparte
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Tabla 2. Ubicación geográfica
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Tabla 3. Colectivos meta
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ODS 9 Industria, innovación e infraestructura y ODS 12 Producción y consumo responsables
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Aspectos generales: – N.º de intervenciones 2024: 32. – Monto 2024: 15 - 16M€. – Principales financiadores: 26,7 % empresas privadas españolas, 30,2 % Cooperación delegada UE(22), 17,3 % AECID, 5,7 % CCAA y EELL (Estimaciones en base al MAP 2019-2023). – Localización: El 90 % de las intervenciones se concentra en 7 regiones: Cajamarca, Cusco, La libertad, Piura, San Martin, Amazonas y Apurímac. – Prioridades: Fortalecimiento de organizaciones y sus capacidades (inclusión financiera); gestión empresarial y articulación al mercado; creación de nuevos productos y servicios (incluyendo saberes); apoyo al emprendimiento; innovación tecnológica; innovación productiva en cadenas (productos del mar/ Agro/ Granos/ Lácteos/ Banano/ Cacao/ Palta/ Ovino/ Turismo/ Alpaca/ Textil/ Artesanía, otros). – Asociación estratégica: Los principales aliados son las municipalidades (fundamentalmente provinciales) y organizaciones especializadas, las organizaciones de base y/o empresariales locales y los organismos del Estado central en las regiones. |
Gráfico 7. Porcentaje de intervenciones por tipo de ejecución(23)
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Tabla 4. Ubicación geográfica(24)
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Gráfico 8. Orientación actual
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ODS 3 Salud y bienestar
Actualmente se orientan los esfuerzos a fortalecer las competencias de la Escuela Nacional de Salud Pública del Perú-(ENSAP) como referente para la formación, capacitación e investigación en salud pública. Igualmente, se apoyan las redes integradas de salud como respuesta a las necesidades impuestas por la pandemia de COVID-19 y para mejorar el acceso de poblaciones de especial protección y migrantes en San Martín de Porres.
ODS 4 Educación de calidad y ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles
La CE apoya la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural material e inmaterial de forma integral, contribuyendo a la creación de empleo, formación profesional, desarrollo turístico, regeneración de espacios urbanos y rurales. Se apoya igualmente al Ministerio de Cultura para consolidar la Estrategia Escuelas Taller para la Cultura como política pública, para hacer del patrimonio cultural un activo para el desarrollo local a través de la capacitación y certificación de jóvenes y colectivos de especial protección.
Sobre el Centro Cultural de España en Lima, se ha contado con un presupuesto de 1,35M€ entre 2019 y 2023 y se han llevado a cabo 400 actividades de media anual. El CCEL trabaja bajo la premisa de que la cultura es un factor clave para el desarrollo humano sostenible, la erradicación de la pobreza, la construcción activa de la paz y el ejercicio pleno de los derechos. Por ello, juega un rol importante en el diálogo intercultural, la libertad de expresión y creación, y la participación efectiva de la ciudadanía en la vida cultural, prestando especial atención a la población de especial protección; participa de la recuperación de los espacios públicos y la implementación de políticas públicas culturales que prevengan la violencia y profundicen en la innovación social; fomenta actividades culturales, potenciando la cooperación mediante un diálogo constante con los agentes creativos peruanos y las redes culturales regionales, participando en el fortalecimiento de las capacidades de sus actores; aborda la protección y salvaguarda del patrimonio; y contribuye a una mayor inclusión y sostenibilidad medioambiental.
Gráfico 9. Distribución del presupuesto del CCEL por programas
ODS 6 Agua limpia y saneamiento
En febrero de 2023, empezó la ejecución del proyecto «Articulación y diseño del programa de agua potable y saneamiento para la Amazonía rural en la fase II», ejecutado por el Programa Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que tiene como objetivo definir la factibilidad técnica, económica, social, institucional y medioambiental de un Programa integral de 90 sistemas de agua y saneamiento en la región, con un enfoque de género y de pertinencia cultural.
ODS 10 Reducción de las desigualdades
A través de dos proyectos del Programa Afrodescendientes se apoya el trabajo en red de organizaciones afroperuanas para la mejora de su acceso a los derechos y se impulsa la ciudadanía afroperuana desde los centros interculturales de acción juvenil.
Tres proyectos del Programa Indígena impulsan la educación Intercultural bilingüe para niños y niñas y la mejora de las capacidades de respuesta institucional de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) y el posicionamiento de sus líderes/as en el diálogo con el Estado.
Cuatro proyectos se dirigen a la población migrante venezolana para promover el enfoque migratorio basado en derechos humanos en los gobiernos locales y prestar servicios de atención a niñas, niños y adolescentes.
ODS 13 Acción por el clima
En 2020, el Programa Euroclima+ estableció un proceso de «Diálogo País» con el objeto de fortalecer su enfoque de respuesta a la demanda de los países. Actualmente se están identificando acciones en el marco del proceso de estos diálogos que, a partir de la solicitud del país, permitirán concretar el apoyo en un «Plan de Acción País» acordado entre el país, representado por su punto focal nacional (MINAM), la Comisión Europea y las agencias involucradas en la implementación del Plan. Paralelamente, se está desarrollando también un Diálogo Regional sobre el Pacto de Leticia (Cuenca Amazónica) entre Colombia, Ecuador y Perú. La AECID es la agencia encargada de acompañar este proceso de diálogo que lidera el Ministerio del Ambiente de Perú y se encuentra actualmente en formulación una intervención orientada a estudiar el potencial energético de la biomasa en el país.
5.5 Conclusiones.
De cara a la toma de decisiones estratégicas se partió de la intersección de tres aspectos: i. Las brechas identificadas y expuestas en el apartado 2 de contexto, ii. Las fortalezas y ventajas comparativas que se muestran en el apartado 5.3, iii. Las prioridades del Perú reflejadas en su Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 y las políticas públicas vinculadas (apartado 3).
Gráfico 10. Lógica de priorización
Por otra parte, teniendo en cuenta las buenas prácticas y lecciones aprendidas del MAP 2019 – 2023 (ver apartado 5.2) se identifican los siguientes parámetros como guía:
– El MAP 2024-2027 renovará el compromiso de la Cooperación Española con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su aterrizaje en Perú a través del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 (PEDN), que se toma como referencia principal para desarrollar la fase de Decisiones Estratégicas, específicamente en relación con las necesidades encontradas en el contexto actual y su vinculación con los objetivos del PEDN.
– Un segundo nivel de priorización, que permitirá mayor concreción y detalle, se tomará de las políticas públicas peruanas sectoriales y multisectoriales.
– Se continuará sobre lo construido, especialmente en lo relativo a los ODS que presentaron mayor nivel de logro en el MAP 2019-2023 y que, además de plantear un recorrido previo y ventajas comparativas, muestran un claro potencial de continuidad y profundización del impacto.
– El identificarse como Cooperación Feminista, lo que implica una responsabilidad que requiere esfuerzos en todo el ciclo de la cooperación (planificación, seguimiento, evaluación, aprendizaje y rendición de cuentas) y a todos los niveles (MAP, intervenciones, acciones y actividades). Aquí se identifica al R3 como espacio clave, principalmente a través de las organizaciones de mujeres y feministas, que pueden aportar recomendaciones precisas al MAP desde el enfoque de género.
– Como parte del proceso de reflexión sobre ventaja comparativa, se identificaron los siguientes elementos clave a tener en cuenta para potenciar el impacto de la CE en el Perú: la mejora del abordaje interseccional, la relevancia del CCEL como actor estratégico en la disputa cultural de narrativas, el aterrizaje de la CE en los territorios, el acompañamiento a procesos de diálogo multiactor (sector público, privado y sociedad civil), la continuidad y ampliación del apoyo a las organizaciones de la sociedad civil, el aumento de la participación del sector privado, la continuidad del fortalecimiento de capacidades y alianzas con instituciones a nivel nacional y también a nivel local, y, finalmente, la priorización de los derechos humanos, la igualdad de género, la no discriminación ni racismo y la puesta en valor de la diversidad.
– La priorización y definición de resultados intermedios para la CE surge de la intersección entre brechas, prioridades país y ventajas comparativas. Sólo aquellas áreas que cumplen con estos tres elementos son incorporadas al actual MAP.
– El MAP no se orienta a factores derivados de la coyuntura sociopolítica del país, sino que mira a las causas estructurales identificadas.
6. Estrategia de la Cooperación Española en Perú
6.1 Descripción general de la Estrategia.
La Cooperación Española en Perú, con el fin último de apoyar la reducción de las desigualdades, pone en el centro a los seres humanos, con especial énfasis en aquellas personas que ven limitado el acceso pleno a sus derechos debido a escenarios de racismo, discriminaciones cruzadas o múltiples y exclusión. Así, las mujeres en su diversidad, la población rural, las personas indígenas y afroperuanas, los grupos etarios que a menudo deben afrontar situaciones de mayor vulnerabilidad (niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores), la población LGBTiQ+, las personas en situación de discapacidad, los y las defensoras de derechos humanos y las personas migrantes serán las protagonistas del presente MAP España-Perú.
La Estrategia de la CE para los años 2024 a 2027 se articula a partir de las 3 áreas de oportunidad derivadas de las brechas estructurales identificadas. De estas áreas se desprenden 13 resultados a los que apuntará la Cooperación Española:
Partiendo del compromiso de España con la igualdad de género y su apuesta de incluirla como un principio fundamental de su acción exterior, se cuenta actualmente con la Política Exterior Feminista española, reflejada en la Estrategia para la Acción Exterior 2021-2024 y detallada en la Guía y el Plan de Acción de la Política Exterior Feminista. Se encuentra a su vez articulada con la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad (Ministerio de Defensa) y con el Segundo Plan Nacional de Derechos Humanos 2023-2027.
Este marco se vincula con la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, aprobada con un amplio consenso político y social, que establece como principio básico la igualdad de género, promovida desde un enfoque de género, como un elemento imprescindible, transversal y distintivo de la Cooperación Española. Los artículos 4.1 y 4.2 mencionan que la igualdad de género también es objetivo y criterio elemental para asegurar la protección y el respeto de los derechos de las mujeres, las niñas y las adolescentes, desde un enfoque interseccional. Es importante señalar que el respeto a la diversidad sexual es una prioridad de la Cooperación Española, siendo además un objetivo explícito la protección y promoción de los derechos de las personas LGBTIQ+ en todo el mundo como contribución a la diversidad de las sociedades.
Este mandato legal constituye un salto cualitativo hacia la integración de un enfoque de género con vocación transformadora. Pone en el centro las brechas que generan desigualdad, la participación efectiva, el acompañamiento a procesos encaminados a cambiar estructuras inequitativas de poder y a impulsar iniciativas orientadas a la igualdad. Como dice la ley, se centra en reducir las desigualdades entre mujeres y hombres, intensificar los esfuerzos para cerrar las brechas de género, combatir todas las formas de violencia y discriminación y fomentar el empoderamiento de las mujeres, las niñas y las adolescentes, así como afianzar sus derechos sexuales y reproductivos desde la óptica de derechos humanos y de salud pública universal. Siendo la cooperación para el desarrollo uno de los instrumentos destacados de esta política, todas las intervenciones de la Cooperación Española en el Perú promoverán activamente la igualdad de género siempre desde este enfoque de género, abordando las desigualdades interseccionales de manera integral.
Las intervenciones de la CE en el Perú incluirán igualmente los siguientes enfoques transversales, en línea con lo establecido en el Plan Director de la Cooperación Española para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global 2024-2027:
Enfoque de derechos humanos: La Cooperación Española en el Perú, orientada a reducir las desigualdades, buscará garantizar, a través de sus intervenciones, la mejora de las capacidades de todas las personas, con especial énfasis en aquellas que sufren racismo, discriminaciones cruzadas o múltiples y exclusión, lo cual limita el pleno ejercicio de sus derechos. El centro del presente MAP son las personas, por ello todas las acciones integrarán el respeto y garantía de los derechos de los seres humanos en su diversidad.
Teniendo en cuenta el contexto peruano, que presenta actualmente un retroceso en derechos (expuesto en el Examen Periódico Universal –EPU– según se muestra en el apartado de contexto) y el aumento de presencia e influencia de grupos antiderechos con enfoque antigénero, se considera relevante que todas las acciones de la CE garanticen el derecho individual y colectivo al desarrollo humano, así como los derechos humanos en toda su amplitud (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales). Será clave, igualmente, el impulsar el fortalecimiento de la institucionalidad y de las políticas de derechos humanos, del movimiento de la sociedad civil de derechos humanos y personas defensoras, así como el enfoque de derechos en las políticas públicas, varias de las cuales se encuentran en riesgo (como es el caso de las políticas de igualdad de género y de salud sexual y reproductiva).
Enfoque de género: Se abordarán las raíces y causas de las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres promoviendo acciones transformadoras para reducir dichas desigualdades. También se integrará la perspectiva interseccional que vincula el género con otras condiciones que intensifican las desigualdades como la raza, la cultura, la etnia, las discapacidades y la orientación sexual, entre otras.
Este enfoque garantizará la participación de las mujeres en todas las esferas de toma de decisiones, creando espacios seguros para que las organizaciones feministas y las defensoras de los derechos de las mujeres puedan defender sus derechos.
Enfoque de lucha contra la pobreza y las desigualdades: todas las intervenciones de la Cooperación Española integrarán la perspectiva de la lucha contra las desigualdades, promoviendo sociedades inclusivas y sostenibles, y reforzando el objetivo de acabar con la pobreza infantil y la transmisión generacional de la pobreza.
Enfoque de justicia climática y sostenibilidad medioambiental: Se incluirá de manera sistemática un análisis de los factores ambientales (suelo, agua, biodiversidad y atmósfera) dentro las intervenciones de la CE, y se planearán medidas que respondan a las amenazas encontradas, así como el aprovechamiento de las oportunidades identificadas. Se impulsará la sostenibilidad ambiental mediante buenas prácticas, metodologías y/o tecnologías. Este enfoque se aplicará de manera prioritaria a las intervenciones con mayor impacto potencial en el medio ambiente o las que sean más influenciables por las circunstancias ambientales.
Enfoque de diversidad cultural: Las intervenciones de la CE contribuirán a la mejora de la gestión de las condiciones de vida de la población respetando la identidad de todos los grupos culturales afectados, con un modelo de desarrollo adaptado a su especificidad cultural y desde su propia consideración del bienestar. En este sentido, por un lado, se facilitará la libertad del individuo para potenciar su creatividad, preservar su identidad cultural y ejercer sus derechos conforme a los referentes culturales que le son propios y, por otro lado, la CE reconocerá y respetará los valores compartidos que dan cohesión y que marcan la identidad compartida de los diversos grupos sociales en el país.
Enfoque de construcción de la paz: De acuerdo con el disfrute de los derechos y libertades inherentes al ser humano, se adoptará un Enfoque de Construcción de Paz que buscará garantizar la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, y promover el diálogo inclusivo entre los diferentes actores para lograr soluciones sostenibles y duraderas. El mantenimiento de la paz y la consolidación de la paz son uno de los principales objetivos de la política exterior de España, por ello, sus esfuerzos se orientan a la prevención de conflictos, la promoción de la resolución pacífica de conflictos y el fomento de la cultura de paz. Este enfoque también adoptará una visión de un triple nexo humanitario-desarrollo-paz para responder eficazmente a las necesidades de las poblaciones en contextos frágiles y avanzar en la defensa de sus derechos.
Por otra parte, el Plan Director de la Cooperación Española para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global 2024-2027, pretende impulsar una triple transición: social, económica y ecológica. En particular, se busca una transición social que priorice el bienestar de la población, garantizando, entre otros, el libre ejercicio de los derechos civiles y políticos, y que se articula, entre otras muchas cuestiones, entorno a la gobernabilidad democrática.
Así, en el ámbito de la gobernanza, las intervenciones de la CE impulsarán entornos de protección y defensa de la sociedad civil y de las personas defensoras de derechos, abrirán espacios de promoción de la libertad de expresión, promoverán canales para el diálogo político con la sociedad civil, apoyarán procesos de fortalecimiento de las OSC orientados a la unidad, la renovación de liderazgos y el mejoramiento de capacidades, fomentarán espacios de diálogo y concertación en las comunidades y acompañarán la respuesta unificada de las OSC hacia las acciones de grupos antiderechos que se presentan en el contexto actual.
En cuanto a la gobernabilidad, las intervenciones de la CE impulsarán el fortalecimiento de las capacidades institucionales (incluidas las de ejecución y gestión), apoyarán procesos de estructuración de la carrera pública, promoverán la vinculación de instrumentos, recursos y actores, acompañarán el despliegue de las políticas públicas nacionales a nivel local y fomentarán el mejoramiento de capacidades en las estructuras descentralizadas. Igualmente, respaldarán espacios de diálogo nacionales y locales, motivarán políticas de desarrollo territorial integrado y destacarán la relevancia del enfoque intercultural y la participación de indígenas y afroperuanos/as. Las intervenciones tendrán en cuenta la gestión del conocimiento, lecciones aprendidas y buenas prácticas.
Las intervenciones de la CE seguirán impulsando espacios de diálogo y concertación, promoverán lazos de confianza entre los actores en su diversidad, crearán puentes entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado, fomentarán un entorno favorable (habilitante) para la sociedad civil y las personas defensoras de derechos y tendrán previstas acciones de adaptación y respuesta a crisis emergentes que impliquen el trabajo conjunto y articulado de diversos actores.
También mencionar que la Cooperación Española impulsa de forma general acciones de ámbito nacional y con algunos programas en particular, tal es el caso del Programa de Patrimonio para el Desarrollo, en donde la asociación con la institucionalidad pública es clave, las cuales cuentan de forma estratégica con aterrizaje territorial, donde el trabajo con las OSC y las estructuras públicas locales se hace prioritario.
Para finalizar resaltar que el MAP 2024-2027 se alinea con la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional (PNCTI) al 2030, aprobada mediante el Decreto Supremo N.º 0008-2023-RE el 18 de abril de 2023, especialmente en lo que al Lineamiento «Alinear los Programas Oficiales de las fuentes cooperantes con las prioridades de CTI del país» se refiere, y que contribuirá con el cumplimiento del Objetivo prioritario 1: «Consolidar la contribución de la CTI hacia las prioridades de desarrollo del país».
6.2 Áreas priorizadas y resultados esperados de la Cooperación Española.
A continuación, se hará un recorrido por cada área de oportunidad, explicando los resultados que se espera obtener, las alianzas a impulsar para conseguirlos, los instrumentos que se van a emplear y la manera en que se medirá su nivel de logro. El marco de resultados completo puede consultarse en el anexo 1.
6.2.1 Transición justa hacia un desarrollo económico sostenible inclusivo, innovador y circular respetuoso con el medio ambiente, la biodiversidad y los bosques.
La Cooperación Española promoverá que los actores privados (PYMES, MIPYMES, gremios de entidades empresariales, asociaciones de productores y actores relacionados, entre otros) y públicos (de nivel nacional y subnacional) transiten en su forma de producir bienes y servicios a modelos que sean circulares y, por lo tanto, más sostenibles. Se fomentará este enfoque en cadenas, en negocios (verdes), en municipalidades o en otro tipo de iniciativas, potenciándose, además, el empleo verde y el consumo responsable.
Los actores privados y públicos serán a su vez apoyados en sus procesos de mejora de capacidades para implementar prácticas circulares dirigidas hacia la sostenibilidad en la producción y el consumo. Aquí se tendrán en cuenta procesos de benchmarking de experiencias, articulación con centros de investigación españoles y transferencia de tecnología pertinente. Igualmente, se impulsará el desarrollo de propuestas innovadoras en este campo por medio de la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y el emprendimiento (I+D+i+e) y se fortalecerán las capacidades de los actores públicos encargados del diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas de promoción de la innovación, la transferencia tecnológica y el emprendimiento para el impulso de la economía circular/patrones sostenibles.
Por otra parte, la Cooperación Española acompañará iniciativas encaminadas al estudio del potencial de generación de energía a través de fuentes renovables en el Perú, se identificarán posibles acciones piloto y se promoverán acciones innovadoras para la producción de energía sostenible.
Por otra parte, la Cooperación Española ha mantenido un programa regional de agua y saneamiento con una sólida financiación y trayectoria en la zona andina. Como continuidad, se cuenta con un nuevo programa en colaboración con el Ministerio de Vivienda, denominado Amazonia Rural II. Se están llevando a cabo estudios de prefactibilidad, para viabilizar posibles soluciones de agua y saneamiento en al menos 70 municipios amazónicos. Para fortalecer el acceso sostenible, se trabajaría en el fortalecimiento de las políticas y marcos institucionales de gestión del agua y saneamiento, incluida la gestión de residuos sólidos.
Esta área de oportunidad se deberán identificar posibles espacios de desigualdad y se debe apostar por transformarlos. Para ello, serán de relevancia el enfoque de género, integrando su mirada en el modelo de desarrollo económico, social y cultural, y los impactos de las economías sobre las vidas de las mujeres en su diversidad, apoyando el desarrollo de la economía del cuidado.
La Cooperación Española comprende que las relaciones de género forman parte de los procesos económicos y que tanto hombres como mujeres (ambos en su diversidad) son tanto agentes como sujetos de las políticas y procesos económicos. Por todo ello, las acciones en esta área buscarán la transformación económica justa hacia las personas y el planeta, generando la inclusión desde la diversidad y transformando las desigualdades para promover la sostenibilidad de la vida.
Las personas indígenas, afrodescendientes, jóvenes y con discapacidad, así como las mujeres en su diversidad, todas ellas protagonistas de la informalidad en el Perú y las más afectadas por la pobreza, serán priorizadas por su rol como agentes de cambio, su potencial transformador y su papel protagónico en la producción agroecológica del país. Igualmente, se destacarán e integrarán las voces de las personas defensoras de la tierra que abogan por economías respetuosas hacia ecosistemas y comunidades.
Instrumentos y modalidades:
a) Cooperación bilateral con fondos bilaterales propios de la AECID.
b) Cooperación descentralizada.
c) Cooperación delegada(25) de la Unión Europea, en concreto en el marco de su Programa «Negocios sostenibles: Por una economía circular e inclusiva». La AECID gestionará el resultado 2.2 denominado «Alianza de actores por una economía circular».
d) Cooperación sectorial Fondo permanente de AECID para fomentar acciones en el marco de la Transición Ecológica. La economía circular es una de las dos líneas apoyadas.
e) Convocatorias de apoyo a la sociedad civil española a través de instrumentos como convenios, proyectos y acciones de innovación.
f) Cooperación triangular.
g) Cooperación financiera a través del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), ahora FEDES.
Actualmente, como parte de inclusión financiera, están activos préstamos a Cooperativa de Ahorro y Crédito Norandino, COOPAC FONDESURCO, Empresa de Crédito Alternativa Perú y Acceso crediticio Perú por un valor de 20 millones de euros.
h) Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento para América Latina y el Caribe.
i) Programa EUROCLIMA de la UE en América Latina y el Caribe.
j) Programa ARAUCLIMA de la AECID en materia de Medio Ambiente y Cambio Climático.
k) Cooperación multilateral.
En el ámbito multilateral, las contribuciones voluntarias de la AECID a Organismos del Sistema de Naciones Unidas incluyen aportaciones a programas y proyectos de Fondo de Población de Naciones Unidas (FNUAP), Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Organización Internacional del Trabajo (OIT), Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Organización Mundial de la Salud (OMS), Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ONU Mujeres y ONU Hábitat. Estas contribuciones multilaterales no están marcadas geográficamente, sin perjuicio de que tengan aterrizajes nacionales acordados en un momento posterior entre las partes firmantes.
Con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se trabajan programas de acceso a los sistemas de salud de mujeres y niñas víctimas de violencia y de prevención y eliminación del cáncer cervicouterino en ALC. A través de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas (CEPAL) se apoya el programa para la igualdad de género, autonomía de las mujeres, participación política y cuidados. Con ONU MUJERES se abordan las temáticas de violencia de género, a través de Ciudades Seguras, Matrimonio infantil y uniones tempranas, con FNUAP en iniciativa regional en LAC. Con PNUD se refuerza el trabajo del organismo mediante al apoyo al programa de procesos electorales, así como colaborando con la Oficina Regional de ALC en la financiación del Informe Regional de Desarrollo Humano.
Por otra parte, desde la AECID se contribuye a fondos globales especializados en diferentes áreas temáticas, como salud, acción climática, educación o seguridad alimentaria. De las contribuciones multilaterales a fondos globales incluidos en este apartado, Perú es país elegible en uno de ellos, el Fondo Global de lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria.
Alianzas.
Actualmente la AECID es parte de una alianza con la UE, la GIZ, múltiples actores públicos (tanto los seis ministerios públicos con competencias en esta materia, como gobiernos regionales y locales), entidades privadas, sociedad civil (española y peruana) y la academia para apoyar la implementación de la Hoja de Ruta Nacional de Economía Circular.
En cuanto al sector privado y el desarrollo de la debida diligencia, la AECID cuenta con una consolidada alianza con la Cámara de Comercio de España en Perú, a través de la cual un grupo de empresas españolas ha empezado a plantear mecanismos en este campo, así como un laboratorio de buenas prácticas en el marco de las normativas españolas y europeas actuales y futuras.
El siguiente esquema resume la manera en que la Cooperación Española trabajará desde los resultados priorizados y muestra su vinculación con las brechas mencionadas en el contexto, las ventajas comparativas, los ODS y las prioridades del Perú. Una descripción más detallada desde los ODS puede consultarse en el anexo 2 y la red de alianzas para los resultados del MAP se encuentra en el anexo 3.
6.2.2 Desarrollo integral en el ámbito social, urbano y rural.
La crisis migratoria venezolana ha pasado de la fase de emergencia a la de integración. En este contexto, se dará prioridad a intervenciones en terreno con las comunidades de acogida y la transversalización del enfoque migratorio en las políticas y normativas. de gobiernos locales, así como en el trabajo con sociedad civil. Igualmente, se dará impulso a programas de formación especializada a autoridades, funcionariado y personal técnico municipal, sobre gestión de la migración en el ámbito local.
Por otra parte, se promoverán liderazgos, ciudadanía e incidencia, para incrementar la participación efectiva en las instancias públicas. También se priorizará la interculturalidad en todo tipo de espacio (incluidos eventos culturales, deportivos e intercomunitarios) con el fin de promover mayores niveles de integración.
Desde la pandemia del COVID-19, el trabajo en salud se ha enfocado en acompañar al Perú en sus esfuerzos por fortalecer su sistema nacional de redes integradas, en respuesta a la demanda de la población. En este contexto, se profundizará el trabajo de fortalecimiento de capacidades del personal sanitario y profesional de la salud. También se seguirá priorizando el derecho a la salud apoyando el acceso a servicios por parte de personas migrantes y refugiadas y se implementará una estrategia de participación ciudadana para promover la salud y prevenir enfermedades. Se llevará a cabo un programa de formación especializada en salud y se realizarán acciones para la mejora y reconocimiento del trabajo de promotores/as comunitarios/as de salud. Asimismo, se promoverá el intercambio de experiencias en salud y prevención de enfermedades.
En lo que al acceso efectivo de las mujeres en su diversidad a la salud sexual y reproductiva se refiere, la Cooperación Española viene apoyando este objetivo desde numerosos proyectos gestionados a través de ONGD, la mayoría de ellos financiados por la cooperación descentralizada, siendo uno de los sectores más emblemáticos de la agenda de igualdad de género, que en los últimos años ha enfrentado diversos retos por la pandemia y por la oposición de sectores antiderechos.
Finalmente, mencionar que la CE continuará trabajando en la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural material e inmaterial de forma integral, contribuyendo a la creación de empleo, formación profesional, desarrollo turístico y regeneración de espacios urbanos y rurales, entre otros. Se apoyará la formulación de planes, el fortalecimiento institucional orientado a la gestión, las intervenciones en espacios públicos, la rehabilitación de vivienda y la capacitación productiva vinculada con el patrimonio inmaterial desde las distintas instancias públicas, nacionales y locales. También se seguirá impulsando el trabajo en red entre ciudades y centros históricos para el intercambio de conocimientos y experiencias en planeamiento y gestión urbana.
Será importante el apoyo al Ministerio de Cultura para consolidar la Estrategia Escuelas Taller como política pública y hacer del patrimonio cultural un activo para el desarrollo local a través de la capacitación y certificación de jóvenes y colectivos de especial protección, incorporando también usos y saberes tradicionales, paisajes culturales y ventanas de oportunidad afines. Esta capacitación se centra en competencias laborales en oficios tradicionales y especialidades vinculadas con la conservación del patrimonio. De esta forma, se contribuirá a la puesta en valor y sostenibilidad del patrimonio cultural, a la generación de empleo y actividades económicas y a la mejora de las condiciones de vida de las comunidades.
Como las demás áreas de oportunidad descritas en el presente MAP, las acciones reconocerán la interseccionalidad de género y etnia y su cruce con otras formas de discriminación derivadas de la capacidad económica, el nivel educativo, la orientación sexual-afectiva o la diversidad física, entre otros aspectos.
En el marco del impulso a los espacios de intercambio y diálogo ya existentes, se promoverá el trabajo en red entre las mujeres de diferentes etnias y culturas, reconociendo que las luchas por la igualdad de género y la justicia racial están interconectadas, y se apoyará el trabajo colaborativo para abordar las injusticias sistémicas que enfrentan las mujeres en su diversidad.
Instrumentos y modalidades:
a. Programa de Cooperación Triangular.
b. Programas de Cooperación con Pueblos Indígenas y Afrodescendientes.
c. Compromiso de España en las conferencias internacionales sobre el apoyo a los países socios en la crisis migratoria venezolana.
d. Estrategia de Salud y Fondo Global de salud de la AECID.
e. Cooperación financiera a través del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), ahora FEDES.
f. Cooperación descentralizada y a través de ONGD.
g. Subvenciones del Estado (bilateral no reembolsable).
h. Programa de Patrimonio para el Desarrollo.
i. Programa ACERCA.
Se analizará la posibilidad de ampliar el trabajo a través de organismos multilaterales en caso de oportunidad, pertinencia y relevancia.
Alianzas.
Las acciones orientadas a los derechos de la población migrante y su integración socioeconómica y cultural implicarán alianzas con instituciones del Estado y la sociedad civil organizada peruana y venezolana. Se promoverán condiciones institucionales y sociales para que en las municipalidades se incorporen iniciativas y propuestas de la comunidad migrante organizada en favor del desarrollo local armónico. Algunos actores clave seguirán siendo la Superintendencia Nacional de Migraciones, la sociedad civil a través de ONG locales, venezolanas y españolas, así como, ACNUR, ACNUDH, OIM y OIT.
Se Seguirá con el apoyo al fortalecimiento de las redes integradas de salud a fin de mejorar el acceso de poblaciones de especial protección. Se contará con la alianza y la participación activa de la Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Norte y la Red Integral de Salud de San Martín de Porres, en coordinación con el MINSA y la Municipalidad, cuya principal fortaleza reside en la capacidad para organizar y movilizar a la comunidad y sus organizaciones. Se promoverán alianzas con las ONG presentes en la zona con capacidad para agregar y representar los intereses y las demandas de la población en temas relacionados con la salud y se tratará de movilizar a la comunidad.
En el ámbito del acceso a los derechos de salud sexual y reproductiva, la alianza principal es con las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones y redes de mujeres y el movimiento feminista y de derechos humanos, que realizan intervenciones en diversas partes del país en coordinación con instituciones públicas descentralizadas, regionales y locales.
El trabajo vinculado con el patrimonio material e inmaterial continuará de la mano del Ministerio de Cultura para consolidar la Estrategia Escuelas Taller para la Cultura como política pública. Igualmente, la CE seguirá trabajando con la institucionalidad local para proyectos de regeneración urbana y con el BID para el mejoramiento de centros históricos.
El siguiente esquema resume la manera en que la Cooperación Española trabajará desde los resultados priorizados y muestra su vinculación con las brechas mencionadas en el contexto, las ventajas comparativas, los ODS y las prioridades del Perú. Una descripción más detallada desde los ODS puede consultarse en el anexo 2 y la red de alianzas para los resultados del MAP se encuentra en el anexo 3.
6.2.3 Convivencia democrática libre de violencia y discriminación.
La Cooperación Española ha venido apoyando durante más de 20 años los esfuerzos del Estado peruano por construir una arquitectura institucional y normativa para garantizar los derechos de las mujeres con enfoque de género. Desde 2006, se ha acompañado la elaboración de Planes de igualdad, de Planes para hacer frente a la violencia contra las mujeres, y otros procesos de diseño e implementación de políticas. En el último periodo, este acompañamiento se ha concentrado en la prevención de la violencia de género, la incorporación del enfoque de género en las políticas públicas y el reconocimiento del derecho al cuidado, trabajando con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y otras instituciones públicas involucradas en la agenda, como la Defensoría del Pueblo, Servir (Autoridad Nacional del Servicio Civil) y algunos gobiernos locales.
Paralelamente a este apoyo al Estado, se ha mantenido una línea permanente de fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y feministas, robusteciendo sus capacidades como titulares de responsabilidades y derechos, para avanzar a nivel territorial en la prevención de la violencia de género y prioridades conexas, como la promoción de la participación política, el acceso a los derechos sexuales y reproductivos y la educación sexual integral.
Además de los esfuerzos del Estado, las organizaciones y colectivos de mujeres han desempeñado un papel clave en el avance de los valores democráticos, las políticas de igualdad y el reconocimiento de derechos a nivel global. La presencia de movimientos feministas independientes ha favorecido profundamente la promoción de políticas de género, produciendo un impacto a largo plazo a nivel democrático, de estructuras políticas y de marco legal-regulatorio.
Por todo ello, la Cooperación Española continuará promoviendo el enfoque multinivel y multiactor (sector público, privado y sociedad civil), impulsando el fortalecimiento y el sistema de gobernanza de las políticas públicas nacionales en materia de igualdad, priorizando la articulación horizontal entre diferentes sectores, así como un apropiado despliegue territorial y la provisión de servicios desconcentrados. También seguirá apoyando estrategias comunitarias que desarrollen la agenda de igualdad desde las peculiaridades del contexto subnacional, generando una alianza abierta y amplia de actores en los diferentes niveles comprometidos con la igualdad. Para ello, se promoverá el desarrollo de las capacidades de dichos actores estatales y no estatales para fortalecer su rol diferenciado y acortar la brecha entre titulares de obligaciones, titulares de responsabilidad y titulares de derechos.
Entre las principales estrategias que se pondrán en marcha, además del desarrollo de capacidades, se puede mencionar:
– La sensibilización y difusión en materia de igualdad y lucha contra la discriminación y violencia de género.
– El fortalecimiento de los marcos normativos e instrumentos de política y provisión de servicios en su ciclo de gestión en los diferentes niveles.
– La promoción del diálogo multiactor (sector público, privado y sociedad civil) y multinivel y su articulación, en particular, el apoyo a mecanismos e instancias de concertación en el nivel subnacional.
– La incidencia y vigilancia ciudadana para avanzar en la agenda de igualdad de género en un contexto de riesgos y/o retrocesos.
– La evaluación de iniciativas implementadas, la gestión del conocimiento y la promoción de evidencia que sustente la agenda de la igualdad y derechos de las mujeres para mejorar servicios existentes o cumplir con compromisos ya asumidos, como la garantía del derecho al cuidado, desde un enfoque de género.
La prevención de la violencia de género seguirá constituyendo un eje central en el trabajo de la CE, ya que, a través de esta dimensión, se abordan las causas estructurales y coyunturales asociadas a su perpetración, así como el ejercicio de múltiples derechos asociados, como la participación política y la autonomía económica. En ese marco, se acompañará al Estado y a la sociedad civil en el fortalecimiento de estrategias exitosas y en la generación de estrategias novedosas, con enfoque de género, de derechos humanos, intercultural e interseccional, que contribuyan a la modificación de los patrones socioculturales que legitiman la violencia, especialmente si están relacionados con la sexualidad y la reproducción de las mujeres, así como con la asignación exclusiva del trabajo reproductivo. Serán priorizadas aquellas intervenciones culturales, comunitarias y educativas que, además de implementarse, puedan replicarse o recrearse a nivel nacional, como parte de las políticas del Estado.
Por otro lado, la Cooperación Española, en esta etapa y por mandato legal expreso en la nueva Ley de Cooperación, avanzará en la aplicación del enfoque interseccional. En este sentido, reconoce las múltiples discriminaciones cruzadas que atraviesan y sufren las mujeres en su diversidad y ciclo de vida. Por ello, las niñas y adolescentes, mujeres indígenas, afroperuanas, rurales y campesinas, con discapacidad, defensoras de derechos humanos, personas LGTBIQ+, adultas mayores, migrantes y refugiadas, desaparecidas y otras mujeres vulneradas por diferentes discriminaciones serán las protagonistas y participantes de las intervenciones.
Será relevante el trabajo vinculado al desarrollo de agendas que propicien la autonomía física, política y económica de las mujeres en su diversidad. Se acompañarán iniciativas que contribuyan a su cohesión, la promoción de diálogos entre movimientos y el fortalecimiento de su capacidad de incidencia pública y política.
En materia de derechos humanos, se trabajará acompañando al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para fortalecer la formulación e implementación de la Política Nacional de Derechos Humanos (actualmente en construcción), así como el Plan Nacional de Acción de Empresa y Derechos Humanos, poniendo el acento en el fortalecimiento del mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos, la agenda pendiente derivada del periodo de violencia, la promoción de la diligencia debida y la atención de los grupos de especial protección, como los pueblos indígenas u originarios y afroperuano, migrantes y refugiados, defensoras de derechos humanos, personas con discapacidad o personas LGTBIQ+.
Paralelamente, se mantendrá el apoyo a las organizaciones de derechos humanos que promueven el ejercicio de derechos de los grupos de especial protección y la alianza con la OACNUDH. En esta etapa, además, la Cooperación Española apoyará el fortalecimiento de la Política Nacional contra la trata de personas dado el incremento de la criminalidad organizada en el país y su impacto sobre la explotación sexual de mujeres, niñas y niños y otros colectivos.
Asimismo, se trabajará para mejorar el respeto y protección de los derechos de las personas LGBTIQ+ en el país, en el marco del reconocimiento del derecho internacional y sus instrumentos jurídicos. También se buscará mejorar las capacidades organizativas y técnicas de las organizaciones indígenas de pueblos originarios y afrodescendientes, que incorporen nuevos instrumentos de planificación, de gestión y técnicas de comunicación, así como fomentar el trabajo en redes para incidir, desde su autogestión, en visibilizar los derechos de sus pueblos en espacios públicos de toma de decisiones a nivel local, regional y nacional. Se continuará apoyando los valores como la interculturalidad, la justicia social, la igualdad, el desarrollo sostenible y la democracia. Las acciones se alinearán con el fomento de políticas públicas para la equidad, el fortalecimiento de organizaciones y el apoyo a la participación en los procesos de tomas de decisiones en los ámbitos políticos, económico, cultural y social.
Por otra parte, la Cooperación Española seguirá facilitando un fluido intercambio cultural y científico entre ambos países, a través de la ejecución de proyectos conjuntos entre instituciones y actores culturales, generando un ecosistema cultural para la creación y participación en la vida cultural. Se promoverá, igualmente, la formación de capital humano en gestión cultural, la profesionalización de sus agentes y la defensa de los derechos culturales de la población.
Desde el respeto a la diversidad étnica y cultural, el CCEL contribuirá a la recuperación de espacios públicos, el diseño y la implementación de políticas públicas culturales que prevengan la violencia y profundicen en la innovación social. También continuará jugando un rol importante en el diálogo intercultural, la libertad de expresión y creación y la participación efectiva de la ciudadanía en la vida cultural, prestando especial atención a la población de especial protección. Para ello, se fomentarán actividades culturales y se potenciará la cooperación mediante un diálogo constante con los agentes creativos peruanos y las redes culturales regionales.
En términos generales, está Área Prioritaria enfatiza la creación de una ciudadanía activa como acción clave para fomentar sociedades más democráticas y justas. Este proceso integral implica implementar programas de sensibilización y apropiación de derechos y deberes democráticos, desarrollando habilidades de pensamiento crítico y promoviendo valores vinculados con el Estado de derecho.
Se fomentará la participación activa de la ciudadanía en la vida política y social, se apoyará el fortalecimiento de un marco legal sólido que respete y proteja los derechos humanos y se promoverán políticas y prácticas que aseguren la igualdad de oportunidades para todas las personas en su diversidad, priorizando la lucha contra la discriminación y la promoción de la inclusión.
Instrumentos y modalidades:
a) Cooperación bilateral de la AECID.
b) Convocatoria de ONGD de proyectos y convenios.
c) Cooperación descentralizada.
d) Programa Afrodescendientes en América latina y el Caribe.
e) Programa de Patrimonio para el Desarrollo.
f) Programa ACERCA.
g) Programa Indígena en América Latina y el Caribe.
h) Programa Ellas+.
i) Programa Democracia.
j) Cooperación Delegada(26).
k) Cooperación cultural CCEL.
l) Cooperación multilateral.
m) Cooperación triangular.
La modalidad de cooperación habitual será el proyecto. Se analizará la posibilidad de ampliar el trabajo a través de organismos multilaterales en caso de oportunidad, pertinencia y relevancia.
Alianzas.
Las acciones vinculadas con los derechos sexuales y reproductivos y la educación sexual integral, mayoritariamente promovidas por la cooperación descentralizada, tendrán como socias y aliadas a las ONGD españolas, organizaciones feministas, organizaciones de mujeres en su diversidad (indígenas, afrodescendientes, rurales, con necesidades especiales, etc.), organizaciones LGBTIQ+, unidades descentralizadas del Ministerio de Salud, gobiernos locales, instancias de concertación regionales, provinciales y locales, ONU Mujeres y FNUAP.
En cuanto a los temas de igualdad y violencia, se trabajará con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (incluidas sus unidades descentralizadas), otros ministerios relacionados con la política de igualdad (Educación, Salud, Justicia, Derechos Humanos), la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, las ONGD españolas, las organizaciones feministas y de mujeres en su diversidad, las organizaciones de derechos humanos los gobiernos regionales y locales, así como con las instituciones y operadores del sistema nacional de justicia a nivel descentralizado (cortes superiores, fiscalías, policía, instancia regionales provinciales y distritales de concertación del sistema de violencia). ONU Mujeres también será un actor clave en las acciones relacionadas con el reconocimiento del derecho al cuidado, así como la implementación de programas piloto a nivel territorial, junto con gobiernos locales y regionales, organizaciones sociales de base y organizaciones de mujeres y feministas, impulsando experiencias comunitarias de cuidados. Se promoverá el intercambio de buenas prácticas y experiencias ensayadas en América Latina y el Caribe, así como la extensión de esta alianza a otros organismos multilaterales involucrados en cuidados como la OIT, PNUD o FNUAP.
Uno de los mecanismos estructurados para poder concretar alianzas en la agenda de igualdad es la Mesa de Género de la Cooperación Internacional en Perú (MESAGEN), que reúne a 32 embajadas y organismos multilaterales que comparten como prioridad la promoción de los derechos de las mujeres y en la que AECID ejerció la Secretaría Técnica encargada de liderar dicho espacio durante el período 2022-2024. Actualmente, además, coordina la comisión de ciudadanos.
Especialmente importante será la identificación de iniciativas que incorporen una perspectiva de sostenibilidad ambiental en un contexto de crisis global climática que impacta de manera diferenciada a las mujeres en zona rurales y periurbanas, a las mujeres indígenas, así como a las defensoras de derechos de la naturaleza, en línea con el reconocimiento de sus aportes a la conservación y la protección de bienes globales comunes, de acuerdo con los postulados y planteamientos del ecofeminismo y de la ética del cuidado para la sostenibilidad de la vida desde una mirada amplia.
Para las intervenciones orientadas al fortalecimiento de los Derechos Humanos y las políticas relacionadas (Política Nacional de Derechos Humanos, Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresa, etc.), el socio principal será el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Paralelamente, se apoyará el fortalecimiento de las organizaciones de derechos humanos, como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y otras organizaciones peruanas de la sociedad civil que trabajan en favor de los derechos humanos de las personas que sufren mayor discriminación. Se trabajará igualmente con gobiernos regionales, gobiernos locales, organizaciones comunitarias, sector privado y Cámara de Comercio de España en Perú. En algunas intervenciones de la sociedad civil y con fuente de cooperación descentralizada, se utilizará selectivamente el litigio estratégico y la alianza con movimientos regionales. Además, se apoyará el acompañamiento que brinda al país la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a través de su Misión Técnica.
Se retomará la colaboración con el Ministerio de Cultura a través del Viceministerio de Interculturalidad, para impulsar acciones enmarcadas en las políticas públicas para pueblos indígenas u originarios y afrodescendientes. En asociación con el Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana (FORMABIAP), se impulsará la participación del gobierno regional de Loreto, en su apuesta por la formación intercultural de maestros/as bilingües.
En cuanto al Centro Cultural de España en Lima, continuará su trabajo en red, tanto con contrapartes locales como con redes internacionales, consolidándose como un espacio permanente de diálogo de políticas intersectoriales, centrado en las prioridades transversales de la CE, contribuyendo a la consecución de los resultados del presente MAP y generando procesos de innovación social y cultural. En este sentido, se reconoce como palanca para establecer diálogos multiactor y multinivel en ámbitos que van más allá de la cultura, como la participación ciudadana, la gobernabilidad, la educación, el feminismo o la sostenibilidad ambiental; con actores institucionales (Ministerios y gobiernos locales) y con la sociedad civil (mujeres, indígenas, afrodescendientes, migrantes, LGBTIQ+, etc.).
El siguiente esquema resume la manera en que la Cooperación Española trabajará desde los resultados priorizados y muestra su vinculación con las brechas mencionadas en el contexto, las ventajas comparativas, la contribución a los ODS y las prioridades del Perú. Una descripción más detallada desde los ODS puede consultarse en el anexo 2 y la red de alianzas para los resultados del MAP se encuentra en el anexo 3.
7. Riesgos
A continuación, se describen los posibles riesgos que pueden presentarse durante la implementación del MAP y las medidas de mitigación para hacer frente a estas situaciones emergentes. La matriz de riesgos completa puede consultarse en el anexo 4.
| Tipo de riesgo | Descripción del riesgo | Medidas de reducción de riesgos propuestas |
|---|---|---|
| Gestión | Los diferentes actores e intervenciones no siguen las orientaciones estratégicas comunes para la consecución de los resultados. |
Los indicadores de resultado que servirán de referencia para la implementación contarán con fichas que determinarán la manera específica en que se llevará a cabo la medición y los actores responsables. Las reuniones de las intervenciones y las de seguimiento del MAP impulsarán la comprensión del proceso de seguimiento. – Las fichas de indicadores y la línea de base se construirán participativamente con las instituciones y organizaciones socias de la CE. – Se llevará a cabo una reunión general anual de seguimiento del MAP en formato taller, que permita monitorear la implementación y posibles cambios en el contexto. – Cada nueva intervención tendrá el acompañamiento necesario por parte de la AECID para que su formulación incluya las orientaciones estratégicas del MAP y mida los indicadores correspondientes. – La comunicación habitual que mantiene la AECID con instituciones y organizaciones socias tendrá siempre presente la estrategia MAP como un tema relevante de diálogo. |
| Deficiencias en la incorporación del enfoque de género y del resto de los enfoques transversales. |
El sistema de seguimiento de las acciones vinculadas con el MAP incluirá entre sus líneas prioritarias la observación y seguimiento de los enfoques transversales y la puesta en marcha de acciones específicas orientadas a reforzar su implementación. – La AECID llevará a cabo un acompañamiento y una sensibilización continua sobre el enfoque de género, y del resto de los enfoques transversales, a todas las personas clave de las organizaciones e instituciones socias. – El sistema de seguimiento del MAP hará énfasis en el enfoque de género y del resto de los enfoques transversales como elemento estructural del monitoreo. |
|
| Político-institucional | Crisis política, cambios, descontento social, conflictos, tensiones sociales. |
Análisis, evaluación y estrecho seguimiento de los contextos, adaptación de las prioridades al contexto, ajustes al MAP en caso de necesidad por cambios en el contexto o crisis emergentes. – Las reuniones periódicas de las intervenciones y las reuniones anuales de seguimiento del MAP serán espacios de alerta temprana y análisis de contexto político y social. – En caso de necesidad, se diseñarán planes de contingencia y protocolos de seguridad para el personal y las actividades de las intervenciones. |
| Elevada rotación de cargos públicos y dificultades de articulación entre instituciones del Estado. |
Se propone trabajar en el marco de alianzas interinstitucionales con distribución del trabajo conforme a capacidades específicas de cada parte para mitigar el riesgo de ejecución por problemas de debilidad institucional. – Se tendrá un plan de inducción al MAP y las intervenciones para los nuevos funcionarios públicos. – Se impulsarán los mecanismos de institucionalización de los procesos y procedimientos del proyecto. – Se mantendrá un activo contacto y comunicación con las instituciones del Estado involucradas en las intervenciones. |
|
| Medioambiental | Efectos del cambio climático y catástrofes naturales (sequías, inundaciones, etc.) que impiden el buen funcionamiento de las intervenciones vinculadas al MAP. |
Análisis, evaluación y estrecho seguimiento de la evolución de la situación, adaptación de las intervenciones en función de los problemas, elaboración de planes de reducción del riesgo de catástrofes, establecimiento de mecanismos de alerta rápida. – Se impulsará la implementación del enfoque de gestión de riesgos climáticos en todas las fases de las intervenciones. – Se tendrá vinculación con los planes de emergencia y respuesta rápida para mitigar los efectos de desastres naturales impulsados por el Estado. |
| Salud |
Nuevas oleadas pandémicas (relacionadas o no con Covid-19) y medidas de control que no permiten o limitan la interacción en persona. |
La experiencia de años anteriores con el Covid-19 nos permitiría hacer frente a este riesgo para garantizar la correcta ejecución de este MAP. Pondremos en marcha medidas de prevención y se acompañará a instituciones y organizaciones socia a adaptar sus intervenciones a las necesidades del contexto. – Se establecerán protocolos de salud y seguridad estrictos para todas las actividades. – Se fomentará el uso de tecnologías de comunicación y plataformas en línea para reuniones y capacitaciones. – Se desarrollarán estrategias de intervención flexibles que permitan adaptarse rápidamente a las restricciones sanitarias. – Se mantendrá un monitoreo continuo de la situación sanitaria y se ajustarán las actividades según sea necesario. |
| Económico | Escenario español o internacional de crisis que genere reducción o retraso de los desembolsos relativos a compromisos presupuestarios. | Análisis bilateral (España-Perú) de la situación. Generación de acuerdos. Modificación de los compromisos del MAP y de las actuaciones vinculadas en caso de necesidad. |
8. Recursos
Para el presente MAP se estima que la AOD para el periodo 2024 al 2027 alcanzará aproximadamente los 160M€. Estimando que el 81,25 % del monto total para el periodo del MAP será cooperación no reembolsable, y el 18,75 % será cooperación reembolsable. En lo que respecta a la AECID, la previsión del presupuesto global del MAP incluye una estimación presupuestaria inicial cercana a los 40M€, para ser desembolsados en el periodo del presente MAP. Esta previsión presupuestaria incluye la cooperación bilateral de la AECID, los proyectos con ONGD y las previsiones de los proyectos multilaterales. Igualmente, la inversión prevista contempla las convocatorias anuales de proyectos y de acciones de innovación y el presupuesto estimado para el CCE/Dirección de Relaciones Culturales y Científicas (DRCC) y al Programa de Patrimonio y Desarrollo». «En todo caso, el presente Marco de Asociación no implica compromisos financieros. Los presupuestos finalmente asignados se establecerán en documentos posteriores correspondientes a las diferentes intervenciones. Su asignación definitiva estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria y se realizará con cargo a los créditos ordinarios de los distintos actores implicados».
9. Seguimiento, evaluación y rendición de cuentas
El presente Marco de Asociación incorporará un Sistema de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje (MEL, por sus siglas en inglés) que refleje también en estas etapas del ciclo de la cooperación un compromiso profundo con la igualdad, la diversidad, los derechos humanos, el medio ambiente, la gobernanza, la gobernabilidad, la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres en el desarrollo. Con ello se reconoce la importancia de observar en todo el ciclo de la cooperación las desigualdades (incluidas las de género) y promover la participación activa y significativa de los grupos de especial protección priorizados en este MAP y de las mujeres en su diversidad. Igualmente, se destaca la importancia de incluir también los enfoques transversales como elementos claves del análisis, el aprendizaje y la estrategia de mejora.
El MEL adoptado en este Marco de Asociación busca identificar cómo las intervenciones incorporan propuestas sensibles a los derechos humanos, a la diversidad y al género, y de qué manera promueven procesos equitativos y transformadores.
Mecanismos del Sistema MEL
Análisis de derechos humanos y género en la etapa de planificación estratégica: La definición del presente MAP ha partido de un análisis de género y derechos humanos amplio para identificar las desigualdades, necesidades y prioridades específicas de mujeres en su diversidad, hombres y grupos de especial protección. Se han llevado a cabo diferentes espacios participativos con organizaciones de la sociedad civil peruana y española presentes en el Perú, así como con instituciones públicas, para asegurar que las voces y perspectivas de las mujeres y grupos de especial protección estén reflejadas. Se promovió igualmente un espacio de reflexión sobre las tres áreas del presente MAP, orientado por personas especialistas en derechos humanos, igualdad de género y economía circular, lo cual permitió profundizar en las brechas y oportunidades, así como proyectar la definición de resultados para la Cooperación Española.
Cabe destacar que el presente MAP responde a las normas internacionales de los derechos humanos, refleja e incorpora las recomendaciones de los Órganos especializados de Naciones Unidas, consagra el principio de igualdad y no discriminación y orienta sus resultados intermedios a la mejora en el ejercicio de los derechos humanos.
Diseño de intervenciones orientadas a derechos humanos y sensibles al género: Se integrarán consideraciones de género en el diseño de todas las intervenciones y actividades del Marco de Asociación, asegurando que respondan a las brechas y prioridades identificadas durante la etapa de análisis del presente MAP. Se promoverá la participación equitativa de mujeres y hombres en la planificación y toma de decisiones sobre programas y proyectos, así como en la asignación de recursos.
Por otra parte, todas las intervenciones de la CE promoverán avances (cambios) en los derechos humanos, enfatizando en las brechas descritas en el MAP, impulsarán la participación de titulares de derechos, responsabilidades y obligaciones en la planificación, el seguimiento y la evaluación e incluirán indicadores que permitan medir los avances en el fortalecimiento de las capacidades de los/as titulares.
Sistema de monitoreo, evaluación y aprendizaje: En el plazo máximo de un año tras la puesta en vigor del presente MAP, se desarrollará un sistema de monitoreo, evaluación y aprendizaje que permita a través de sus procesos, herramientas y recursos, identificar la manera en que las diferentes intervenciones en su conjunto están acercándose al nivel de logro esperado, reflejar los cambios en las realidades de las mujeres en su diversidad y de los grupos de especial protección, así como tener un proceso permanente de aprendizaje para todos los titulares de derechos, responsabilidades y obligaciones vinculados con el MAP. El presente MAP cuenta con 3 áreas prioritarias, 13 resultados intermedios y 37 indicadores que han sido definidos de forma participativa. Respetando este proceso y sus resultados, se reflejan la mayoría de los indicadores propuestos en el anexo 1 Marco de Resultados. No obstante, conscientes de las limitaciones para la medición, reflejadas en las evaluaciones de los 2 MAP anteriores, la propuesta del presente MAP es que el sistema de monitoreo parta por priorizar de manera participativa un máximo de 13 indicadores (uno por resultado) que serán los que se medirán y reportarán a través de los informes de seguimiento del MAP.
A continuación, se describen los elementos centrales que orientarán el diseño del sistema:
| Tipo de información | Monitoreo | Evaluación |
|---|---|---|
| Tipo de datos | Mixto (con prioridad en información cuantitativa). | Mixto (con prioridad en información cualitativa). |
| Tipo de metodología |
– Medición de indicadores de resultados intermedios. Datos desagregados por sexo y otros factores relevantes, para poder analizar el impacto de las intervenciones en mujeres en su diversidad, hombres y grupos de especial protección. Los indicadores de los resultados intermedios contarán, en caso de ser necesario, con sub-indicadores sensibles al género que reflejen cambios en las relaciones de género, el acceso a recursos y oportunidades, y el empoderamiento de las mujeres. – Valoración cualitativa del grado de incorporación en cada intervención de los principios transversales, a través de la aplicación de la lista de chequeo que será desarrollada para tal fin. – Análisis de los elementos críticos que pudieran estar condicionando el proceso de implementación del MAP o afectando la lógica de intervención. |
– Proceso reflexivo participativo para valorar de manera global el diseño del MAP, su marco de resultados, su implementación y su gestión. – Valoración general del nivel de logro de los resultados intermedios. – Identificación de los aspectos internos y externos que han facilitado o dificultado el logro de las previsiones del MAP. |
| Qué se mide | Indicadores de resultados intermedios: Pueden ser consultados en el Anexo 1 Marco de Resultados. |
– Dimensiones: 1. Dimensión de diseño: Pertinencia. 2. Dimensión de Implementación: Gestión y recursos. Mecanismos de armonización y diálogo. 3. Dimensión de resultados: Nivel de logro de resultados. Ventaja comparativa. 4. Lecciones aprendidas. 5. Buenas prácticas. – La evaluación implementará espacios participativos enfocados en criterios de análisis diferencial de género, derechos humanos y medio ambiente. |
| Enfoque | Monitoreo de implementación y resultados. | Análisis cualitativos y participativos que examinen las transformaciones o cambios. Fomento de la participación activa de mujeres en su diversidad y grupos de especial protección en los procesos de evaluación, ya que sus experiencias, percepciones y valoraciones sobre los impactos de las intervenciones son de la más alta relevancia y se constituyen en el centro evaluativo al ser las personas el núcleo del Marco de Asociación. |
| Quiénes miden |
Los sistemas de seguimiento de las intervenciones deben incluir los indicadores del MAP de forma que la información sea fácilmente recopilable. Todas las intervenciones contarán con las fichas de los indicadores vinculados con el fin de que la medición se pueda hacer bajo los mismos criterios. Las intervenciones aportarán igualmente una breve valoración cualitativa sobre el avance de cada indicador. Nota: Las intervenciones no deben medir todos los indicadores sino aquellos que consideran pertinentes. Esto se acuerda con la AECID Perú durante el proceso de levantamiento de la línea de base. |
Equipo evaluador externo especialista en evaluación basada en derechos humanos y evaluación feminista. |
| Quiénes más participan | GEC, representantes del gobierno nacional y de los gobiernos locales. | Titulares de derechos, responsabilidades y obligaciones vinculados con el MAP. |
| Quiénes sistematizan | La AECID Perú. | Equipo evaluador externo. |
| Requerimientos |
– Desarrollo de las fichas de indicadores, levantamiento de la línea de base para cada uno y definición de metas. – Elaboración de la lista de chequeo de los principios transversales y su guía de aplicación. – Definición de fechas anuales de recolección de información para el seguimiento y proceso a llevar a cabo. – Definición de la fecha de elaboración del informe anual de seguimiento y fechas de las reuniones de seguimiento. |
– La AECID Perú elaborará los Términos de Referencia en coordinación con la APCI y siguiendo las orientaciones de la División de Evaluación de la DGPOLDES. – La AECID contará con la información sistematizada derivada del proceso de monitoreo. |
| Cómo se reporta | A través de un informe anual de seguimiento que se llevará a cabo con base en la plantilla incluida en el Manual para el Establecimiento de Marcos de Asociación País. | Informe de evaluación |
| Cada cuánto se reporta | 1 vez al año. | La evaluación del MAP será progresiva y se dividirá en 2 momentos. Un primer momento a mitad de la implementación del MAP (finalizando el año 2) en donde se valorarán las dimensiones de diseño y de implementación y donde se hará una primera aproximación a los criterios de análisis diferencial. Esto revelará una primeras lecciones aprendidas y buenas prácticas que permitan hacer ajustes en lo que queda de implementación del MAP. Un segundo momento al finalizar la implementación del Marco de Asociación, donde se abordarán las dimensiones de resultados y donde se hará una aproximación más detallada a los criterios de análisis diferencial. Esto arrojará las lecciones aprendidas y buenas prácticas finales a ser tenidas en cuenta en el nuevo MAP. |
Rendición de cuentas y aprendizajes
El Marco de Asociación País, sus informes de seguimiento y el informe final de evaluación serán publicados en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, de la AECID España, de la AECID Perú y de la APCI. Se divulgarán a través de los medios y redes sociales de la AECID y de la APCI los principales hitos de la implementación del MAP y de sus intervenciones vinculadas. Igualmente, se aportará información sobre las reuniones de seguimiento que lleven a cabo los dos países.
Ambas partes llevarán a cabo acciones para informar sobre el estado de avance a sus respectivos Parlamentos, a las instituciones, a la ciudadanía y a los actores involucrados en la ejecución del MAP.
La transparencia y rendición de cuentas hacen necesario que lo mencionado en los aparatados de seguimiento y evaluación se lleve a cabo en tiempo y forma. Igualmente, una correcta divulgación de la información requerirá el desarrollo de productos de comunicación cercanos a la ciudadanía.
Los aprendizajes derivados de los procesos de seguimiento y evaluación serán oportunamente comunicados a los titulares de derechos, responsabilidades y obligaciones vinculados con el MAP con el fin de enriquecer sus acciones, implementar planes de mejora en aquellos casos que se considere necesario y replicar o potenciar las buenas prácticas encontradas.
La Cooperación Española aprovechará las instancias y grupos de coordinación en los que participa con instituciones públicas, actores europeos o multilaterales, otros donantes, ONGD y cooperación descentralizada para garantizar la transparencia y articulación de sus acciones y la búsqueda de mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
(1) La fuente de los datos que no tienen nota a pie de página corresponden a INEI, 2021, Perú: Estado de la Población en el año del Bicentenario, 2021, 76 pág.
(2) https://www.unfpa.org/es/data/world-population/PE
(3) https://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/poblacion-peruana-alcanzo-los-33-millones-726-mil-personas-en-el-ano-2023-14470/
Ingreso per cápita https://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview
Índice de pobreza multidimensional https://www.unicef.org/peru/informes/pobreza-multidimensional-en-el-peru-unicef-midis
Esperanza de vida al nacer https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.DYN.LE00.FE.IN?locations=PE
(4) Ver estadística del Banco Mundial, 2021. Ver estadística.
(5) Ver estadística del Banco Mundial, 2020. Ver estadística.
(6) Ver estadística del Banco Mundial, 2020. Ver estadística.
(7) UNDP, 2020. Nota de Perú sobre Informe de Desarrollo Humano 2020, pág.7. Ver documento.
(8) Ídem.
(9) INEI, 2021. Perú. Informe Técnico de la población Adulta Mayor pág. 50. Ver documento.
(10) UNDP, 2020. Nota de Perú sobre Informe de Desarrollo Humano 2020, pág.7. https://datosmacro.expansion.com/idh/peru
(11) Ídem.
Tasa de natalidad infantil https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.DYN.CBRT.IN?locations=PE
Tasa de mortalidad infantil https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1743/Libro.pdf página 8.
(12) INEI, 2021. Informe Perú: Indicadores de Resultados de los Programas Presupuestales, 2020. Actualización a 2023.
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/jefe-del-inei-presenta-los-principales-resultados-de-los-indicadores-de-salud-y-desarrollo-infantil-temprano-al-primer-semestre-2023-en-reunion-del-grupo-de-salud-de-la-mclcp
Prevalecía de anemia https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/jefe-del-inei-presenta-los-principales-resultados-de-los-indicadores-de-salud-y-desarrollo-infantil-temprano-al-primer-semestre-2023-en-reunion-del-grupo-de-salud-de-la-mclcp
Tasa de fertilidad https://peru.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/doc.pdf página 5.
Población urbana https://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/noticias/nota-de-prensa-no-104-2023-inei.pdf página 5.
Tasa de mortalidad materna https://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/noticias/nota-de-prensa-no-104-2023-inei.pdf Pág. 1.
(13) INEI, 2020. Ver estadística.
Tasa de alfabetización https://cerlalc.org/wp-content/uploads/2023/05/DOC-20230426-WA0031..pdf pág. 63.
(14) Defensoría del Pueblo, 2022, Reporte de Igualdad y No Violencia N° 23. Ver documento
Feminicidios https://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/noticias/nota-de-prensa-n-155-2023-inei.pdf Pág. 1.
(15) Defensoría del Pueblo, Reporte Mensual de Conflictos Sociales N° 219. Ver documento.
Conflictos sociales https://www.defensoria.gob.pe/la-defensoria-del-pueblo-registro-225-conflictos-sociales-al-mes-de-julio-2023-surgieron-siete/#:~:text=La%20Defensor%C3 %ADa%20del%20Pueblo%20present%C3 %B3,en%20diversos%20puntos%20del%20pa%C3 %ADs
(16) INEI, Estadísticas de Seguridad Ciudadana, septiembre 2021-febrero 2022. Ver documento.
Percepción de inseguridad de población de 15 y más años Pág.69.
(17) https://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview
(18) Hoja de Ruta y el acceso a las OCDE. Ministerio de Economía y finanzas.
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/CESIP-OCDE/files/presentaci%C3 %B3n_mef_.pdf
(19) El 03 de noviembre de 2022, conforme a la metodología dispuesta por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) se aprobó la propuesta de primer entregable de la Política Nacional Multisectorial De Derechos Humanos PNMDH.
(20) https://www.oecd.org/espanol/tuindiceparaunavidamejor.htm
(21) Datos 2023.
(22) La cooperación delegada, ya sea de la UE o de otros países, no se contabiliza como AOD española y no es objeto de negociación dentro del presente MAP. No obstante, se considera relevante mencionarla dado papel que la Cooperación Española juega como mediadora ante la UE para el apalancamiento de fondos.
(23) Datos 2022.
(24) Ídem.
(25) La cooperación delegada, ya sea de la UE o de otros países, no se contabiliza como AOD española y no es objeto de negociación dentro del presente MAP. No obstante, se considera relevante mencionarla dado papel que la Cooperación Española juega como mediadora ante la UE para el apalancamiento de fondos.
(26) Ídem.
| Definido por el país socio | Agenda 2030 | Definido por la CE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo Nacional PEDN | Objetivo Específico PEDN | Política Nacional y Objetivos | ODS y meta | Área MAP | Resultado intermedio | Indicadores (la línea de base se levantará posteriormente a la firma del MAP. Las fuentes de verificación serán revisadas y complementadas al elaborar las fichas de indicadores) | Actores que contribuyen | Instrumentos |
| Objetivo Nacional 3. Elevar los niveles de competitividad y productividad con empleo decente y en base al aprovechamiento sostenible de los recursos, el capital humano, el uso intensivo de la ciencia y tecnología, y la transformación digital del país. |
Objetivo Específico 3.3. Elevar los niveles de competitividad y productividad de los sectores económicos en base a la diversificación productiva, valor agregado y la innovación tecnológica dentro de todos los sectores productivos, en el marco de una economía verde y baja en carbono y con el aprovechamiento de las tecnologías emergentes. Objetivo Específico 3.5. Elevar la capacidad científica y de innovación tecnológica del país, en base a la investigación, creación, adaptación y transferencia tecnológica y científica, y el impulso al proceso nacional de transformación digital; favoreciendo la articulación entre la academia, el Estado, los sectores productivos y la Sociedad Civil. |
Política Nacional de competitividad y productividad 2018-2030 Objetivo 9: Promover la sostenibilidad ambiental en la operación de actividades económicas. Política Nacional de Desarrollo Industrial Objetivo 1: Incrementar la productividad de las empresas del sector manufactura. Objetivo 4: Mejorar la calidad del entorno institucional y regulatorio para el desarrollo de actividades manufactureras. |
ODS 9 Industria, innovación e infraestructura. Metas 9.4 y 9.5 ODS 12 Producción y consumo responsable. Metas 12.2, 12.6 y 12.8 |
Transición justa hacia un desarrollo económico inclusivo, innovador y circular respetuoso del medio ambiente, biodiversidad y protección de bosques | R1. Se ha fomentado que entidades privadas y públicas de Perú adopten y promuevan prácticas de transición justa (producción y consumo circular para su sostenibilidad en un marco de trabajo decente y su formalización) y debida diligencia, con enfoque de género. |
El seguimiento de este resultado se centrará en medir el nivel de adopción de prácticas de economía circular por parte de entidades privadas. Para ello, el indicador a ser medido será: IR1. Número de entidades privadas (MYPMES, asociaciones de productores y/o negocios de toda tipología) que incorporan patrones de producción para incrementar su nivel de circularidad. Fuentes de verificación: Informes de sostenibilidad, memorias anuales y certificaciones nacionales e internacionales de las MYPES. Esta información alimentará los informes de intervenciones en los que se refleje si la MYPIME recicla materiales, usa materiales reciclados, tiene estrategias orientadas a la reducción de residuos generados, recicla residuos, se orienta a la reducción del consumo de agua y energía, usa energía renovable, cuenta con planes de mejora para la durabilidad de productos, su reutilización y remanufactura. Será importante que se incluya información sobre el porcentaje de mujeres liderando y/o participando en las instancias de toma de decisión de las diferentes iniciativas económicas con circularidad. |
UE, GIZ, múltiples actores públicos (tanto los seis ministerios públicos involucrados con la temática, como gobiernos regionales y locales), entidades privadas, sociedad civil (española y peruana) y la academia. Cámara de Comercio de España en Perú, empresas españolas. |
a) Cooperación con fondos bilaterales propios de AECID. b) Cooperación descentralizada. c) Cooperación delegada de la Unión Europea. d) Fondo permanente de AECID para fomentar acciones en el marco de la Transición Ecológica. e) Convocatorias de apoyo a la sociedad civil española a través de instrumentos como convenios, proyectos y acciones de innovación. |
| R2. Los proveedores de servicios de desarrollo empresarial públicos y privados se han fortalecido para la promoción de prácticas de producción y consumo circular e inclusivo y se fomentan propuestas en este campo por medio de la investigación, desarrollo tecnológico, innovación y emprendimiento (I+D+i+e). |
El seguimiento de este resultado se centrará en medir la cantidad de propuestas I+D+i+e nuevas que surgen a partir de los procesos de fortalecimiento de capacidades. Para ello, el indicador a ser medido será: IR2. Número de propuestas de nuevas acciones de I+D+i+e elaboradas por parte de los proveedores de servicios de desarrollo empresarial públicos y privados que han sido fortalecidos en prácticas de producción y consumo circular e inclusivo. Fuentes de verificación: Documentos de propuestas, memorias de reuniones y talleres de elaboración de propuestas, estudios de viabilidad, investigaciones vinculadas, prototipos desarrollados, informes de pruebas piloto, implementación o escalamiento. Esta información alimentará los informes de las intervenciones que detallen proveedores participantes en procesos de fortalecimiento, tipo de fortalecimiento recibido, número de propuestas desarrolladas posteriormente al fortalecimiento, tipo de propuesta (I+D+i+e), alcance de la propuesta al cierre de la intervención (diseño, implementación, evaluación, escalamiento), % de mujeres liderando y/o participando activamente en las propuestas (para cada etapa). |
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| Objetivo Nacional 1. Alcanzar el pleno desarrollo de las capacidades de las personas, sin dejar a nadie atrás. | Objetivo Específico 1.3 Asegurar una vivienda digna y accesible con servicios básicos adecuados, resilientes, seguros, asequibles, con conectividad y económicamente sostenibles, para todas las personas, especialmente las más vulnerables. |
Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos (en actualización). Objetivo 1. Lograr la conservación de los ecosistemas y los procesos hidrológicos, así como la determinación y planificación de la oferta y disponibilidad hídrica en el país para optimizar la atención de la demanda multisectorial, el uso eficiente y ahorro de recursos hídricos a nivel nacional. Política Nacional de Saneamiento y su Plan 2022-2026 Objetivo 1. Atender a la población sin acceso a los servicios, y de manera prioritaria a la de escasos recursos. Política Energética Nacional del Perú 2010 – 2040 (en actualización) Objetivo 1. Contar con una matriz energética diversificada, con énfasis en las fuentes renovables y la eficiencia energética. Objetivo 6. Desarrollar un sector energético con mínimo impacto ambiental y bajas emisiones de carbono en un marco de Desarrollo Sostenible. |
ODS 6 Agua limpia y saneamiento. Metas: 6.1, 6.2 ODS 7 Energía asequible y no contaminante. Meta 7.2 |
R3. Fomentado el uso de fuentes renovables de energía y mejorado el acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento, especialmente en las zonas más vulnerables y con menor cobertura. |
El seguimiento de este resultado se centrará únicamente en el acceso sostenible al agua potable y saneamiento. Para ello el indicador a ser utilizado será: IR3. Número de sistemas nuevos o mejorados de agua potable y/o saneamiento, incluida la gestión de residuos sólidos. Fuentes de verificación: Documentación de los proyectos de AyS, registros y datos administrativos, mediciones y análisis técnicos e informes en los que se refleje para los nuevos sistemas: ubicación, capacidad, cobertura, componentes y para los mejorados: tipo de mejora, cobertura ampliada tras la mejora, impacto. Para ambos casos calidad, sostenibilidad, mantenimiento. |
Unión Europea ONGD españolas Ministerio de Vivienda. Banco Mundial. |
Cooperación Delegada. Programa EUROCLIMA de la UE en América Latina y el Caribe. Programa ARAUCLIMA de la AECID en materia de Medio Ambiente y Cambio Climático. Fondo de la Cooperación Española para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe. Cooperación financiera a través del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), ahora FEDES | |
| Objetivo Nacional 1. Alcanzar el pleno desarrollo de las capacidades de las personas, sin dejar a nadie atrás. | Objetivo Específico 1.2 Reducir los niveles de mortalidad y morbilidad garantizando el acceso universal a la salud de la población, con énfasis en los grupos más vulnerables y que las personas adopten hábitos y estilos de vida saludables, impulsando la salud digital. |
Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030 Objetivo 2. Asegurar el acceso a servicios integrales de salud de calidad y oportunos a la población. |
ODS 3 Salud y bienestar. Meta 3.8 |
Desarrollo integral en el ámbito rural, urbano y social | R4. Apoyados procesos de mejora de la calidad y el acceso de población de especial protección al sistema nacional de salud. |
IR4. Número de iniciativas, acciones, estrategias o programas implementados para mejorar la calidad del sistema de salud para el acceso de población de especial protección. Fuentes de verificación: Documentos de acciones de formación como metodología, materiales, contenidos, listas de participantes, fotografías, evaluaciones. Documentos de estrategias impulsadas, memorias de reuniones preparatorias, lista de personas involucradas en el diseño de las estrategias, informes de los procesos de validación de las estrategias, herramientas y recursos vinculados, informes de implementación de las estrategias, documentos de seguimiento que evidencien alcances e impactos. Esta información alimentará los informes de seguimiento de las intervenciones, en los que se refleje el número de acciones de capacitación y promoción e intercambio de experiencias en salud y prevención de enfermedades, número de profesionales de salud capacitados en atención a poblaciones de especial protección, número de estrategias validadas y puestas en marcha para la participación ciudadana en la promoción de la salud y en la prevención y control de enfermedades (% de estrategias que incluyan participación activa de mujeres, indígenas, afrodescendientes, personas LGBTIQ+, personas en situación de discapacidad, personas adultas mayores, jóvenes y migrantes y refugiadas), entre otros. |
Redes integradas de salud. Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Norte y la Red Integral de Salud de San Martin de Porres. Ministerio de Salud. Municipalidades. ONG peruanas y españolas. Redes de mujeres y movimiento feminista y de derechos humanos. | Estrategia de Salud y Fondo Global de salud de AECID. Cooperación descentralizada y a través de ONGD. |
| Objetivo Específico 1.5. Garantizar la igualdad de oportunidades y la inclusión social de todas las personas, especialmente de las mujeres y los grupos vulnerables; así como el respeto y valoración a su diversidad cultural, étnica y de género. |
Política Nacional Migratoria 2017 – 2025 Objetivo 5. Promover la integración de extranjeros y extranjeras a la sociedad peruana, garantizando la protección, atención y defensa de sus derechos humanos e identidad cultural. |
ODS 10 Reducción de las desigualdades Meta 10.7 |
R5.Apoyados procesos de mejora del entorno institucional y comunitario para favorecer la integración social de las personas migrantes y refugiadas con sus comunidades de acogida. |
IR5. Número de programas o iniciativas implementadas para mejorar el entorno institucional y comunitario que favorezcan la integración social de personas migrantes y refugiadas. Fuentes de verificación: Documentos de diagnósticos desarrolados, documentos normativos nuevos, documentos de nuevos procedimientos, informes de seguimiento a la implementación de normativas y procedimientos, memorias de actividades formativas con su correspondiente metodología, herramientas, ista de participantes y fotografías. Esta información alimentará los informes de las intervenciones donde se aporte información sobre el número de diagnósticos distritales sobre necesidades y oportunidades para la incorporación del enfoque e integración migratoria en la normativa y procedimientos de a gestión pública a nivel local, número de nueva normativa y procedimientos desarrollados e implementados a partir de los diagnósticos, número de acciones de formación especializada sobre gestión migratoria y promoción de la interculturalidad para la integración de población migrante y refugiada, etc. |
Instituciones del Estado y la sociedad civil organizada peruana, venezolana y española. Municipalidades. Superintendencia Nacional de Migraciones. ACNUR, ACNUDH, OIM y OIT. | Compromiso de España en las conferencias internacionales sobre el apoyo a los países socios en la crisis migratoria venezolana. Cooperación descentralizada y a través de ONGD. | ||
| Objetivo Específico 1.1 Garantizar la formación educativa de calidad e inclusiva de las personas a partir de las competencias necesarias que le permitan realizar su proyecto de vida para su pleno desarrollo individual, social, cultural y productivo, que contribuya con el bienestar, competitividad y sostenibilidad del país con énfasis en el uso de las tecnologías educativas y digitales. |
Política Nacional de Educación Superior y Técnico Productiva Objetivo 1. Incrementar el acceso equitativo de la población a la educación superior y técnico-productiva. |
ODS 8 Trabajo decente y desarrollo económico. ODS 8 Trabajo decente y desarrollo económico. Metas 8.5, 8.6, 8.9 |
R6. Se impulsa el patrimonio cultural como un activo para el desarrollo local a través de la capacitación y certificación de jóvenes y colectivos de especial protección. |
IR6. Número de jóvenes y miembros de colectivos de especial protección capacitados y certificados en gestión y promoción del patrimonio cultural para el desarrollo local. Fuentes de verificación: Documentos metodológicos y de contenido de las formaciones. Herramientas y recursos desarrollados para las formaciones. Lista de participantes. Fotografías. Evaluaciones. Informes de actuaciones de rescate del patrimonio implementadas, videos y fotografías. Acuerdos interinstitucionales firmados para la implementación de las acciones de rescate. Esta información alimentará los informes de intervenciones donde se detalle el número de jóvenes capacitados/as en oficios vinculados a la conservación del patrimonio cultural (% de mujeres, indígenas, afrodescendientes, personas LGBTIQ+, personas en situación de discapacidad y migrantes participantes), número de jóvenes y adultos capacitados en actividades económicas asociadas al patrimonio cultural material e inmaterial, número de actuaciones de rescate de patrimonio cultural ejecutadas por los alumnos/as de las Escuelas Taller aplicando la metodología Aprender-Haciendo. Para todos los casos se tendrán en cuenta % de actuaciones lideradas por mujeres, indígenas, afrodescendientes, personas LGBTIQ+, personas en situación de discapacidad, personas adultas mayores, jóvenes y migrantes participantes. |
Ministerio de Cultura | Subvenciones de Estado (bilateral no reembolsable) y cooperación financiera a través de Fonprode y LAIF (cooperación reembolsable). | ||
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Política Nacional de Cultura al 2030 Objetivo 1. Fortalecer la valoración de la diversidad cultural. Objetivo 2. Incrementar la participación de la población en las expresiones artístico-culturales. Objetivo 3. Fortalecer el desarrollo sostenible de las artes e industrias culturales y creativas. Objetivo 4. Fortalecer la valoración del patrimonio cultural. Objetivo 5. Fortalecer la protección y salvaguardia del patrimonio cultural para su uso social. |
ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles. Metas: 11.1, 11.3, 11.4, 11.7 |
R7. Conservado, protegido y puesto en valor el patrimonio y la diversidad histórico-cultural, material e inmaterial, en el ámbito rural y urbano. |
IR7. Número de proyectos de conservación, protección y valorización del patrimonio histórico-cultural, material e inmaterial, implementados en áreas rurales y urbanas. Fuentes de verificación: Documentos de proyectos, informes de seguimiento, informes de obras, fotos, videos. Esta información alimentará los informes de intervenciones donde se detalle el número de bienes culturales conservados, protegidos o puestos en valor, el número de acciones de sensibilización y difusión del patrimonio cultural (número de personas alcanzadas, % de mujeres, indígenas, afrodescendientes, personas LGBTIQ+, personas en situación de discapacidad, personas adultas mayores, jóvenes y migrantes participantes) y el número de actuaciones de recuperación de espacios públicos y rehabilitación de vivienda en el ámbito urbano o rural. |
Institucionalidad local. BID. | ||||
| Objetivo Nacional 4. Garantizar una sociedad justa, democrática, pacífica y un Estado efectivo al servicio de las personas, en base al diálogo, la concertación nacional y el fortalecimiento de las instituciones. | Objetivo Estratégico 4.7. Garantizar el ejercicio de los derechos culturales de la población, mediante la libre elección y la expresión de la identidad cultural; el acceso, participación y contribución a la vida cultural de la Nación. |
Política Nacional de Cultura al 2030 Objetivo 1. Fortalecer la valoración de la diversidad cultural. Objetivo 2. Incrementar la participación de la población en las expresiones artístico-culturales. Objetivo 3. Fortalecer el desarrollo sostenible de las artes e industrias culturales y creativas. Objetivo 4. Fortalecer la valoración del patrimonio cultural. Objetivo 5. Fortalecer la protección y salvaguardia del patrimonio cultural para su uso social. |
ODS 4 Educación de calidad. Meta 4.7 ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles. Metas: 11.1, 11.3, 11.4, 11.7 |
Convivencia democrática libre de violencia y discriminación | R8. La población participa de la diversidad cultural en actividades culturales inclusivas y sostenibles. |
IR8. Número de personas que participan en el programa de la CE en el ámbito de la cultura inclusiva, con perspectiva de género y sostenible. Fuente de verificación: Informe de actividades del CCEL donde se incluye número de personas alcanzadas, % de mujeres, indígenas, afrodescendientes, personas LGBTIQ+, personas en situación de discapacidad, personas adultas mayores, jóvenes y migrantes y número de acciones organizadas con entidades de grupos específicos que se enfrentan a barreras para ejercer plenamente sus derechos debido a diversas formas de discriminación (mujeres, afrodescendientes, indígenas, con discapacidad, personas LGBTIQ+, adultas mayores y migrantes). Fotografías, videos, contenido en RRSS, materiales elaborados. |
Actores institucionales (Ministerios y gobiernos locales) y sociedad civil (mujeres, indígenas, afrodescendientes, migrantes, LGBTIQ+, etc.). | Cooperación cultural CCEL |
| Objetivo Nacional 1. Alcanzar el pleno desarrollo de las capacidades de las personas, sin dejar a nadie atrás. | Objetivo Específico 1.5. Garantizar la igualdad de oportunidades y la inclusión social de todas las personas, especialmente de las mujeres y los grupos vulnerables; así como el respeto y valoración a su diversidad cultural, étnica y de género. |
Política Nacional de Igualdad de Género Objetivo 1. Reducir la violencia hacia las mujeres. Objetivo 2. Garantizar el ejercicio de los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres Objetivo 3. Garantizar el acceso y participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones Objetivo 4. Garantizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mujeres. Objetivo 5: Reducir las barreras institucionales que obstaculizan la igualdad en los ámbitos público y privado entre hombres y mujeres. Objetivo 6. Reducir la incidencia de los patrones socioculturales discriminatorios en la población. Politica Nacional para los Pueblos Indígenas (en proceso de aprobación de consulta previa) Politica Nacional del Pueblo Afroperuano al 2030 Objetivo 1. Reducir la discriminación étnico-racial y racismo hacia el pueblo afroperuano. Objetivo 2. Mejorar las condiciones sociales para el desarrollo del pueblo afroperuano. Objetivo 4. Incrementar la autonomía de las mujeres afroperuanas, en su diversidad. Objetivo 5. Mejorar la participación ciudadana del pueblo afroperuano. Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos (en proceso de elaboración). |
ODS 3. Salud y Bienestar Meta 3.8 ODS 5 Igualdad de género Metas 5.2 y 5.5 ODS 10 Reducción de las desigualdades. Meta: 10.2, 10.7 |
R9. Las mujeres en su diversidad acceden a servicios integrales de prevención y atención de la violencia de género, y a servicios de salud sexual y reproductiva, reduciendo toda forma de discriminación en el ejercicio de sus derechos. |
IR9. Número de mujeres que acceden a servicios integrales de prevención y atención de la violencia de género y a servicios de salud sexual y reproductiva. Fuentes de verificación: Documentos de servicios aportados por las entidades, materiales, publicaciones, herramientas. Informes de servicios prestados. Documentos de acciones de prevención de embarazo adolescente, materiales desarrollados, informes de implementación. Informes de calidad de atención. Esta información alimentará los informes de intervenciones en donde se refleje el número de entidades que brindan información sobre educación sexual integral y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Número de servicios integrados en la Estrategia Nacional de Prevención de Violencia de Genero que cuentan con instrumentos para mejorar la implementación y ampliar la cobertura. Número de acciones para la prevención y reducción del embarazo adolescente. Número de informes sobre calidad de atención de los servicios para su optimización y reducción de discriminación. Número de mujeres que accedes a cada uno de los servicios mencionados. |
ONGD españolas, organizaciones feministas, organizaciones de mujeres en su diversidad (indígenas, afrodescendientes, rurales, con necesidades especiales, etc.), organizaciones LGBTIQ+, unidades descentralizadas del Ministerio de Salud, gobiernos locales, instancias de concertación regionales, provinciales y locales y ONU Mujeres y UNPFA. Ministerio Público. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (incluidas sus unidades descentralizadas), otros ministerios relacionados con la política de igualdad (Educación, Salud, Justicia, Derechos Humanos), la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, ONGD españolas, organizaciones de derechos humanos, gobiernos regionales y locales. Instituciones y operadores del sistema nacional de justicia a nivel descentralizado (cortes superiores, fiscalías, policía, instancia regionales provinciales y distritales de concertación del sistema de violencia). ONU Mujeres, OIT, PNUD, UNPFA. MESAGEN. |
Cooperación bilateral de la AECID Convocatoria de ONGD de proyectos y convenios Cooperación descentralizada Programa Afrodescendientes en América latina y el Caribe Programa Indígena en América Latina y el Caribe Programa Ellas+ Programa Democracia Cooperación Delegada con cofinanciamiento de la Unión Europea Cooperación multilateral (ONUMujeres, ACNUDH, etc.). Cooperación triangular |
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| R10. El marco jurídico e institucional fortalece la incorporación de la Igualdad de género en las políticas públicas y en la sociedad, propiciando la autonomía física, política y económica de las mujeres en su diversidad. |
IR10. Grado de incorporación del enfoque de igualdad de género en el marco jurídico e institucional. Fuentes de verificación: Documentos normativos y de política que incorporan el enfoque de igualdad y cuidados. Informes de formaciones en enfoque de género en gestión pública, metodología usada, contenido, herramientas desarrolladas, lista de participantes, fotos. Documentos presupuestarios de políticas e instrumentos. Esta alimentación alimentará los informes de intervenciones en los que se de cuenta del número de instrumentos normativos o de política aprobados a nivel nacional, regional y local con relación a la agenda vinculada a las autonomías de las mujeres, incluidos los cuidados. Número de entidades y funcionarios/as capacitados en Enfoque de Género en Gestión Pública. Número de productos presupuestales para el financiamiento de políticas e instrumentos a favor de la igualdad de género. |
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| R11. La sociedad organizada y las mujeres en su diversidad, refuerzan su participación en los espacios de toma de decisiones y de incidencia política y pública, para reducir el sexismo, la discriminación y la tolerancia de la violencia contra las mujeres, así como reconocer y redistribuir el trabajo de cuidados. |
IR11. Nivel de participación e incidencia de las mujeres en espacios de toma de decisiones y políticas públicas para reducir el sexismo, la discriminación y la tolerancia de la violencia contra las mujeres. Fuentes de verificación: Informes de acciones de sensibilización e incidencia con datos sobre el alcance e impacto, materiales desarrollados, fotos, publicaciones en RRSS y medios de comunicación. Memorias de reuniones de redes, mesas e instancias en las que participan las mujeres. Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES) donde se mide tolerancia a la discriminación. Esta información alimentará los informes de intervenciones en los que se reporta el número de acciones y personas alcanzadas en sensibilización e incidencia sobre prevención de la violencia y cuidados. Número de redes y plataformas de mujeres participando en instancias de concertación u otras mesas temáticas por la igualdad de género. Porcentaje de reducción de la tolerancia social de la discriminación a las mujeres. |
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ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Meta 16.1 y 16.3 |
R12. La población, incluidas las personas defensoras de derechos humanos, está emparada por un marco legal institucional, que protege, garantiza y responde eficazmente sus derechos y evita la discriminación y la impunidad. |
IR12. Grado de incorporación en el marco legal e institucional de mecanismos, acciones, herramientas, estrategias, orientadas a la protección y garantía de los derechos humanos. Fuentes de verificación: Documentos de instrumentos legales orientados a garantizar los derechos humanos. Informes de mecanismos integrales de atención a personas defensoras de derechos. Memorias de formaciones en debida diligencia, metodología, recursos, fotos, lista de participantes. Esta información alimentará los informes de intervenciones en los que se reporta número de instrumentos del marco legal de política pública en todos los niveles de gobierno orientados a garantizar los derechos humanos (incluido el derecho a la no discriminación y a la igualdad de género) y luchar contra la trata de personas y la impunidad ratificados por el Estado.Número de defensores/as atendidos de manera efectiva por parte del mecanismo integral de protección. Porcentaje de situaciones de riesgo contra personas defensoras de derechos humanos atendidas oportunamente. Número de actores del sector privado, público y de sociedad civil con capacidades fortalecidas en materia de debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos. |
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ministerio Público. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y otras organizaciones peruanas de la sociedad civil. Gobiernos regionales, gobiernos locales, organizaciones comunitarias, sector privado y Cámara de Comercio de España en Perú. Movimientos regionales. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. | |||||
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ODS 10 Reducción de las desigualdades. Meta: 10.2, 10.7 |
R13. Se refuerzan las estructuras de las organizaciones indígenas y afrodescendientes promoviendo su participación en los espacios de decisión en los ámbitos político, económico, cultural y social y el reconocimiento a la consulta previa y/o consentimiento libre e informado. |
IR13. Nivel de fortalecimiento y participación de las organizaciones indígenas y afrodescendientes en espacios de decisión. Fuentes de verificación: Reportes gubernamentales y de la SC de procesos de consulta previa. Informes de acciones de fortalecimiento de capacidades con metodología, contenido, recursos, fotos, listas de participantes. Memorias de reuniones de espacios de coordinación y red, fotos y listas de participantes. Memorias de reuniones en espacios de toma de decisiones. Esta información alimentará los informes de intervenciones en los que se reporta el número de procesos de consulta previa, libre e informada implementados con acuerdos con pueblos indígenas u originarios. Número de eventos de formación para la mejora de las capacidades en la incorporación de nuevos instrumentos de planificación, gestión y comunicación de las organizaciones indígenas y afroperuanas. Número de iniciativas que promueven la articulación y el trabajo en red entre las organizaciones indígenas y entre las organizaciones afroperuanas y entre ellas y otro tipo de organizaciones. Número de espacios de toma de decisiones en los que participan las organizaciones indígenas y afroperuanas. |
Ministerio de Cultura a través del Viceministerio de Interculturalidad. Organizaciones de la sociedad civil española y peruana. Ministerio Público. | |||||
A continuación, se describe la manera en que se vinculan las estrategias del MAP con los ODS:
| ODS | Estrategia de la CE |
|---|---|
| ODS 3: El país no cuenta con una cobertura integral de salud para toda la población que incluya tanto los aspectos preventivos como promocionales. La salud sexual y reproductiva y la salud mental no son abordadas desde los derechos y se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad (hay incremento de muertes maternas, altas tasas de embarazo y maternidad adolescentes, principalmente en hogares con menor nivel de ingresos, menor educación y que se encuentran en áreas rurales y de selva). El sistema de salud está segmentado, desarticulado y es poco eficiente. |
Fortalecimiento del sistema nacional de redes integradas de salud. Apoyo en la mejora del acceso a servicios. Estrategia de participación ciudadana para promover la salud y prevenir enfermedades. Programa de formación especializada para el personal sanitario y los promotores comunitarios de salud. Acciones de intercambio de experiencias en salud y prevención de enfermedades. Acciones para la mejora de servicios en salud sexual y reproductiva. |
| ODS 4, ODS 8 y ODS 11: Los últimos 20 años las ciudades peruanas han enfrentado una gran expansión, la cual se ha dado principalmente desde la informalidad, haciendo uso desordenado e inapropiado de suelos antes productivos y de los servicios de los ecosistemas. Este crecimiento acelerado ha ampliado las brechas de acceso a los servicios públicos y las infraestructuras se han visto sobrepasadas. La vulnerabilidad de la población a los múltiples riesgos de desastres ha aumentado, lo cual se vincula principalmente con la falta de ordenamiento territorial, la recurrencia de fenómenos naturales y el cambio climático. |
Apoyo a la formulación de planes, el fortalecimiento institucional orientado a la gestión, intervenciones en espacios públicos, rehabilitación de vivienda y capacitación productiva vinculada con el patrimonio inmaterial. Impulso al trabajo en red entre ciudades y centros históricos para el intercambio de conocimientos y experiencias en planeamiento y gestión urbana. Apoyo al Ministerio de Cultura para consolidar la Estrategia Escuelas Taller como política pública. Intercambio cultural y científico entre ambos países. Ejecución de proyectos conjuntos entre instituciones y actores culturales. Formación de capital humano en gestión cultural. Apoyo al diseño e implementación de políticas públicas culturales que prevengan la violencia y profundicen en la innovación social. Impulso al diálogo intercultural, los derechos culturales, la libertad de expresión y creación, y la participación efectiva de la ciudadanía en la vida cultural. |
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ODS 5: Existe amplia desigualdad de género lo cual impide el ejercicio de los derechos a las niñas, adolescentes y mujeres en su diversidad. Se presenta discriminación de género que limita la autonomía corporal, con mayor énfasis en quienes pertenecen a grupos en mayor situación de vulnerabilidad (afrodescendientes, indígenas, personas con necesidades especiales y LGBTIQ+, por ejemplo). Se ve afectada la salud, la educación igualitaria, el acceso a los derechos económicos y de participación política. La violencia basada en género y los matrimonios o uniones infantiles son habituales y ha incrementado el número de feminicidios. El país cuenta con una arquitectura institucional y normativa para garantizar los derechos de las mujeres desde un enfoque de género, la que viene siendo cuestionada por sectores antiderechos con vocería e incidencia en el Poder Legislativo, desde el cual se vienen impulsado iniciativas para generar retrocesos. |
Acompañamiento la implementación articulada de los servicios de la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia «Mujeres libres de violencia» y la Política Nacional de Igualdad de Género y su adecuado despliegue territorial a nivel local-regional. Iniciativas locales, regionales y nacionales para desmontar patrones socioculturales que legitiman la desigualdad y la violencia de género contra las mujeres, en diversas dimensiones de su vida (familia, salud, educación, trabajo, política) incluyendo sensibilización, campañas, generación de evidencia, y de estrategias novedosas, así como la revisión y evaluación de intervenciones ya implementadas. Estrategias para incorporar el enfoque de género, de derechos humanos, intercultural e interseccional, en la gestión pública y privada (recursos humanos, presupuesto, planificación y evaluación), especialmente de las entidades responsables de la garantía de los derechos fundamentales de las mujeres en su diversidad, con especial énfasis en la prevención de la violencia. Fortalecimiento de organizaciones y colectivos de mujeres y feministas para contribuir a su cohesión, diálogo con otros movimientos y fortalecimiento de su capacidad de incidencia pública y política. Fortalecimiento de redes de actores sociales, incluida la academia, el sector privado, colectivos juveniles, organizaciones indígenas y afrodescendientes, de migrantes, y de trabajadores/as, para que incorporen la prevención de la violencia e igualdad de género en sus acciones, profundizando en la capacidad de diálogo, participación y articulación desde su expertise, en una estrategia discursiva y de valores para el reconocimiento del enfoque de género y el enfoque intercultural, necesarios en el abordaje de los derechos de las mujeres. Generación de evidencia, así como el diseño de estrategias para la implementación de servicios y mecanismos de articulación interinstitucional, a fin de garantizar el derecho al cuidado, desde un enfoque de género, de derechos e intercultural y con perspectiva territorial. Impulsar iniciativas que promuevan enfoques integrales, fortaleciendo la autonomía económica de las mujeres, su empleabilidad en igualdad de condiciones, el reconocimiento y redistribución del trabajo de cuidados, así como la introducción del enfoque ambiental. Análisis del impacto de las tecnologías de la información en el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, impulsando estrategias para potenciar los impactos positivos, y visibilizar y minimizar aquellos que generarán consecuencias negativas en la vida de las mujeres, con especial énfasis en la prevención de nuevas modalidades de violencia, así como el incremento de las brechas de género. |
| ODS 6: Los datos de acceso al agua (que no incluyen el aspecto potabilidad) señalan que más de 3 millones de personas no tienen acceso. 7.4 millones de peruanas y peruanos no tienen acceso a saneamiento, situación que es peor en las áreas rurales, periurbanas y zonas marginales en las ciudades. |
Diseño y estudios de prefactibilidad y soluciones de agua potable y saneamiento en municipios amazónicos. Apoyo a la mejora y ampliación de los servicios. |
| ODS 7: Las políticas actuales no abordan de forma clara y contundente los compromisos internacionales en materia energética y de cambio climático. Se carece de una planificación de la matriz energética centrada en rentabilidad, seguridad energética nacional, sostenibilidad, equidad y acceso universal a la energía. |
Estudio del potencial de generación energética a través de fuentes renovables en el Perú. Acciones piloto innovadoras para la producción de energía sostenible. |
| ODS 9 y ODS 12: En 2014 Perú inició un periodo de desaceleración económica la cual ha sido amortiguada por la fortaleza macroeconómica del país. No obstante, el impacto del COVID 19 y la crisis socio política han golpeado fuertemente en la economía, la cual evidencia crisis en los modelos de producción y consumo, economía primaria extractivista, amplia brecha digital, y bajos niveles de diversificación, innovación, competitividad y productividad. También se presenta bajo gasto social, déficit de infraestructuras, débil sistema fiscal y crisis tributaria. El mercado laboral se concentra mayoritariamente en la agricultura y la pesca, y el empleo informal es predominante, lo cual afecta ampliamente los Derechos Humanos, con mayor acento en las mujeres y poblaciones vulnerables (indígenas y afoperuanos/as). El país no cuenta con un marco de debida diligencia, que promueva en el sector empresarial la identificación, evaluación, mitigación, prevención e información de sus impactos negativos tanto reales como potenciales, lo cual genera afectación a los derechos humanos, principalmente de las poblaciones más vulnerables. |
Apoyo a actores públicos y privados en la transición a modelos circulares y sostenibles de bienes y servicios. Impulso a enfoque de cadenas en negocios verdes. Apoyados en procesos de mejora de capacidades a actores públicos y privados en prácticas circulares dirigidas hacia la sostenibilidad en la producción y el consumo. Apoyo a propuestas innovadoras de economía circular por medio de la investigación. |
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ODS 10: Perú tiene debilidad en la desagregación de datos lo cual limita la comprensión de las desigualdades presentes en el país; no obstante, es evidente el amplio racismo y discriminación (racial, de género, intergeneracional, etc.) que impacta de forma directa sobre las poblaciones vulnerables impidiendo el pleno disfrute de sus derechos individuales y colectivos. La Defensoría del Pueblo ha mencionado en diversos documentos el alto grado de discriminación racial, las formas de discriminación múltiple e interseccional presentes en el país y la falta de políticas públicas con enfoque intercultural. Esto genera que el acceso a la educación, salud, empleo y el nivel de vida sea desigual, que exista débil participación de los colectivos vulnerables en los espacios políticos y de toma de decisiones y que se presenten diversas formas de violencia fomentada por la no aceptación y la valoración negativa hacia las diferencias. La situación económica, social, cultural y medioambiental del país y su gran inestabilidad política e institucional, genera amplia movilización y conflictos, la población presenta descontento y demanda cambios decididos. Diversos conflictos tienen orígenes medioambientales, muchos de ellos derivados de las actividades extractivas. Esta inestabilidad limita el avance de las políticas públicas para el desarrollo y el goce pleno de los derechos humanos. |
Transversalización del enfoque migratorio en las políticas y normativas de gobiernos locales, así como en el trabajo con sociedad civil. Impulso a programas de formación especializada a autoridades, funcionariado y personal técnico municipal, sobre gestión de la migración en el ámbito local. Promoción de liderazgos, ciudadanía e incidencia, para incrementar la participación efectiva de población migrante en las instancias públicas, con énfasis en el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres migrantes. Abordaje intercultural en todo tipo de espacio políticos y socioculturales con el fin de promover mayores niveles de integración. Promover procesos de consulta previa, libre e informada donde las voces y propuesta de mujeres indígenas sean tomadas en cuenta en todo lo referido a sus derechos individuales y colectivos. Reforzadas las estructuras de las organizaciones de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Apoyo a su participación en los procesos de toma de decisiones en los ámbitos político, económico, cultural y social y al reconocimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada. |
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ODS 16: En el Perú 7 de cada 10 peruanos/as considera que los derechos humanos no están protegidos, además, el 71 % considera que las personas más discriminadas son las homosexuales, trans o bisexuales (MINJUS, 2019). No existen leyes que reconozcan derechos específicos a las personas LGTBIQ+ y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sentenciado al Estado peruano por violar los derechos humanos de personas LGTBIQ+ en dos oportunidades (Casos Azul Rojas Marín y Olivera Fuentes vs Perú en el año 2023). Uno de los temas principales de la agenda pendiente de derechos humanos es la situación de las personas defensoras de los derechos humanos. A pesar del esfuerzo del MINJUSDH con sus Políticas y la creación del Mecanismo Intersectorial de Protección de Personas Defensoras, registro y otras medidas es necesario fortalecer las capacidades, el presupuesto y dotación de dichas respuestas. Es particularmente alarmante la desprotección de personas defensoras ambientales, indígenas, periodistas y las que conviven en zonas con presencia de las organizaciones criminales de diferente tipo, sin entorno seguro para llevar a cabo su labor, estigmatizadas, intimidadas, violentadas e incluso asesinadas. Otro de los temas críticos es la agenda pendiente derivada de las recomendaciones de la comisión de la verdad y reconciliación, las reparaciones, las victimas de esterilizaciones forzadas y las personas desaparecidas y sitios de entierro. En el año 2021 se aprobó la Política Nacional contra la Trata de Personas al 2030 (D.S. 009-2021.IN) y en 2023 el Protocolo Intersectorial para la Prevención y Persecución del Delito (D.S.007-2023-IN) para enfrentar la trata de personas que afecta fundamentalmente a las mujeres (peruanas o de nacionalidad venezolana) con fines de explotación sexual, seguida de la explotación laboral asociada a delitos de crimen organizado. La Defensoría del Pueblo ha llamado la atención sobre la falta de presupuesto para prevenir y sancionar este delito, así como para la recuperación de las víctimas. Además, se hace necesario una mejor articulación interinstitucional y competencial. |
Apoyo a la formulación e implementación de la Política nacional de Derechos Humanos y otros instrumentos conexos de derechos humanos, como la Política Nacional de Trata de personas o el Plan Nacional de Acción de Empresa y Derechos Humanos. Apoyo al MINJUSDH en la promoción de la Debida Diligencia de las Empresas y el dialogo y gestión de prevención de conflictos. Fortalecimiento del Mecanismo Intersecctorial de Protección de las personas defensoras de derechos humanos. Apoyo a los procesos de cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y particularmente las derivadas de la reparación en el periodo de violencia política. Fortalecimiento de organizaciones y colectivos LGTBIQ+ para contribuir a su cohesión, diálogo con otros movimientos y fortalecimiento de su capacidad de incidencia pública y política. Acompañamiento al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como sectores comprometidos en la vigencia de los derechos humanos de las personas LGTBIQ+, respecto al diseño o mejora de instrumentos de gestión, incluyendo planes o políticas, en las que se aborden los derechos LGTBIQ+, así como su operacionalización para su implementación. Identificación y generación de propuestas para el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano, así como el cumplimiento de resoluciones supranacionales de derechos humanos en materia de los derechos de las personas LGTBIQ+. Fortalecer las redes de institucionales y ciudadanas para prevenir y atender la trata de personas, con énfasis en la trata con fines de explotación sexual. |
| Área MAP | Resultado intermedio | Actores España y Perú | Actores de otros países | Actores multilaterales | Instrumentos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcance territorial | Lidera | Participa | Contribuye | |||||
| Transición justa hacia un desarrollo económico inclusivo, innovador y circular | R1. Se ha fomentado que entidades privadas y públicas de Perú adopten y promuevan prácticas de transición justa (producción y consumo circular para su sostenibilidad en un marco de trabajo decente y su formalización) y debida diligencia, con enfoque de género. | Nacional con aterrizaje local (Cusco, Piura, Apurímac, Amazonas, Cajamarca, San Martin, La Libertad y Cajamarca) | AECID | Actores privados (PYMES, asociaciones de productores, entre otros) y públicos (especialmente nivel subnacional) | Múltiples actores públicos (tanto los seis ministerios públicos involucrados con la temática, como gobiernos regionales y locales), entidades privadas. Cámara de Comercio de España en Perú, empresas españolas. Sociedad civil (española y peruana). | UE, GIZ |
a) Cooperación con fondos bilaterales propios de AECID. b) Cooperación descentralizada. c) Cooperación delegada de la Unión Europea. d) Fondo permanente de AECID para fomentar acciones en el marco de la Transición Ecológica. e) Convocatorias de apoyo a la sociedad civil española a través de instrumentos como convenios, proyectos y acciones de innovación. |
|
| R2. Los proveedores de servicios de desarrollo empresarial públicos y privados se han fortalecido para la promoción de prácticas de producción y consumo circular e inclusivo y se fomentan propuestas en este campo por medio de la investigación, desarrollo tecnológico, innovación y emprendimiento (I+D+i+e). | Nacional con aterrizaje local (Cusco, Piura, Apurímac, Amazonas, Cajamarca, San Martin, La Libertad y Cajamarca) | AECID | Actores privados (asociaciones de productores y PYMES del sector primario y secundario de la economía) y públicos (especialmente nivel subnacional). Universidades. | Múltiples actores públicos (tanto los seis ministerios públicos involucrados con la temática, como gobiernos regionales y locales), entidades privadas, sociedad civil (española y peruana). Cámara de Comercio de España en Perú, empresas españolas. | UE, GIZ | |||
| R3. Fomentado el uso de fuentes renovables de energía y mejorado el acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento, especialmente en las zonas más vulnerables y con menos cobertura. | Nacional con aterrizaje local, Amazonía | AECID, Ministerio de Vivienda | ONGD españolas | Unión Europea | Banco Mundial. |
Cooperación Delegada. Programa EUROCLIMA de la UE en América Latina y el Caribe. Programa ARAUCLIMA de la AECID en materia de Medio Ambiente y Cambio Climático. Fondo de la Cooperación Española para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe. Cooperación financiera a través del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), ahora FEDES. |
||
| Desarrollo integral en el ámbito rural, urbano y social | R4. Apoyados procesos de mejora de la calidad y el acceso de población de especial protección al sistema nacional de salud. | Nacional con aterrizaje local | Redes integradas de salud. Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Norte y la Red Integral de Salud de San Martin de Porres. Ministerio de Salud. Municipalidades. | ONG peruanas y españolas. Redes de mujeres y movimiento feminista y de derechos humanos. | Estrategia de Salud y Fondo Global de salud de AECID. Cooperación descentralizada y a través de ONGD. | |||
| R5. Apoyados procesos de mejora del entorno institucional y comunitario para favorecer la integración social de las personas migrantes y refugiadas con sus comunidades de acogida. | Nacional con aterrizaje local |
Instituciones del Estado y la sociedad civil organizada peruana, venezolana y española. Municipalidades. Superintendencia Nacional de Migraciones. AECID |
ACNUR, ACNUDH, OIM y OIT. | Compromiso de España en las conferencias internacionales sobre el apoyo a los países socios en la crisis migratoria venezolana. Cooperación descentralizada y a través de ONGD. | ||||
| R6. Se impulsa el patrimonio cultural como un activo para el desarrollo local a través de la capacitación y certificación de jóvenes y colectivos de especial protección. | Nacional con aterrizaje local |
Ministerio de Cultura AECID |
Subvenciones de Estado (bilateral no reembolsable) y cooperación financiera a través de Fonprode y LAIF (cooperación reembolsable). | |||||
| R7. Conservado, protegido y puesto en valor el patrimonio y la diversidad histórico-cultural, material e inmaterial, en el ámbito rural y urbano. | Nacional con aterrizaje local |
Institucionalidad local. AECID |
BID | |||||
| Convivencia democrática libre de violencia y discriminación | R8. La población participa de la diversidad cultural en actividades culturales inclusivas y sostenibles. | Nacional con aterrizaje local | AECID | Sociedad civil (mujeres, indígenas, afrodescendientes, migrantes, LGBTIQ+, etc.). | Actores institucionales (Ministerios y gobiernos locales) | Cooperación cultural CCEL | ||
| R9. Las mujeres en su diversidad acceden a servicios integrales de prevención y atención de la violencia de género, y a servicios de salud sexual y reproductiva, reduciendo toda forma de discriminación en el ejercicio de sus derechos. | Ncional con aterrizaje local |
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (incluidas sus unidades descentralizadas). Unidades descentralizadas del Ministerio de Salud, gobiernos locales, instancias de concertación regionales, provinciales y locales. Instituciones y operadores del sistema nacional de justicia a nivel descentralizado (cortes superiores, fiscalías, policía, instancia regionales provinciales y distritales de concertación del sistema de violencia). AECID |
ONGD españolas, organizaciones feministas, organizaciones de mujeres en su diversidad (indígenas, afrodescendientes, rurales, con necesidades especiales, etc.), organizaciones LGBTIQ+. | Miembros MESAGEN | ONU Mujeres y UNPFA. |
Cooperación bilateral de la AECID Convocatoria de ONGD de proyectos y convenios Cooperación descentralizada Programa Afrodescendientes en América latina y el Caribe Programa Indígena en América Latina y el Caribe Programa Ellas+ Programa Democracia Cooperación Delegada con cofinanciamiento de la Unión Europea Cooperación multilateral (ONUMujeres, ACNUDH, etc.). Cooperación triangular |
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| R10. El marco jurídico e institucional fortalece la incorporación de la Igualdad de género en las políticas públicas y en la sociedad, propiciando la autonomía física, política y económica de las mujeres en su diversidad. | Nacional con aterrizaje local |
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (incluidas sus unidades descentralizadas), otros ministerios relacionados con la política de igualdad (Educación, Salud, Justicia, Derechos Humanos), la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, ONGD españolas, organizaciones de derechos humanos, gobiernos regionales y locales. Instituciones y operadores del sistema nacional de justicia a nivel descentralizado (cortes superiores, fiscalías, policía, instancia regionales provinciales y distritales de concertación del sistema de violencia). AECID |
ONGD españolas, organizaciones feministas, organizaciones de mujeres en su diversidad (indígenas, afrodescendientes, rurales, con necesidades especiales, etc.), organizaciones LGBTIQ+. | Miembros MESAGEN | ONU Mujeres, OIT, PNUD, UNPFA. | |||
| R11. La sociedad organizada y las mujeres en su diversidad, refuerzan su participación en los espacios de toma de decisiones y de incidencia política y pública, para reducir el sexismo, la discriminación y la tolerancia de la violencia contra las mujeres, así como reconocer y redistribuir el trabajo de cuidados. | Nacional con aterrizaje local |
ONGD españolas, organizaciones feministas, organizaciones de mujeres en su diversidad (indígenas, afrodescendientes, rurales, con necesidades especiales, etc.), organizaciones LGBTIQ+. AECID |
Miembros MESAGEN | ONU Mujeres, OIT, PNUD, UNPFA. | ||||
| R12. La población está amparada por un marco legal institucional, que protege, garantiza y responde eficazmente sus derechos y evita la discriminación y la impunidad. | Nacional con aterrizaje local |
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y otras organizaciones peruanas de la sociedad civil. AECID |
Gobiernos regionales, gobiernos locales, organizaciones comunitarias, sector privado y Cámara de Comercio de España en Perú. Movimientos regionales. | Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. | ||||
| R13. Se refuerzan las estructuras de las organizaciones indígenas y afrodescendientes promoviendo su participación en los espacios de decisión en los ámbitos político, económico, cultural y social y el reconocimiento del derecho al consentimiento previo, libre e informado. | Nacional con aterrizaje local |
Organizaciones de la sociedad civil española y peruana. AECID |
Ministerio de Cultura a través del Viceministerio de Interculturalidad. | |||||
| Área MAP | Resultado intermedio | Riesgos principales | Tipo | Valoración del impacto | Valoración de la probabilidad | Medidas de atenuación (sólo para aquellos calificados con alto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transición justa hacia un desarrollo económico inclusivo, innovador y circular. |
R1. Se ha fomentado que entidades privadas y públicas de Perú adopten y promuevan prácticas de transición justa (producción y consumo circular para su sostenibilidad en un marco de trabajo decente y su formalización) y debida diligencia, con enfoque de género. R2. Los proveedores de servicios de desarrollo empresarial públicos y privados se han fortalecido para la promoción de prácticas de producción y consumo circular e inclusivo y se fomentan propuestas en este campo por medio de la investigación, desarrollo tecnológico, innovación y emprendimiento (I+D+i+e). R3. Fomentado el uso de fuentes renovables de energía y mejorado el acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento, especialmente en las zonas más vulnerables y con menos cobertura. |
Efectos cambio climático y catástrofes naturales. | Medioambiental. | Alto. | Alto. | Análisis, evaluación y estrecho seguimiento de la evolución de la situación, adaptación de las intervenciones en función de los problemas, elaboración de planes de reducción del riesgo de catástrofes, establecimiento de mecanismos de alerta rápida. |
| Elevada rotación de cargos públicos. | Político-institucional. | Alto. | Alto. | Se propone trabajar en el marco de alianzas interinstitucionales con distribución del trabajo conforme a capacidades específicas de cada parte para mitigar el riesgo de ejecución por problemas de debilidad institucional. | ||
| Crisis socio-política. | Político-institucional. | Medio. | Alto. | Análisis, evaluación y estrecho seguimiento de los contextos, adaptación de las prioridades al contexto, ajustes al MAP en caso de necesidad por cambios en el contexto o crisis emergentes. | ||
| Desarrollo integral en el ámbito rural, urbano y social. |
R4. Apoyados procesos de mejora de la calidad y el acceso de población de especial protección al sistema nacional de salud. R5. Apoyados procesos de mejora del entorno institucional y comunitario para favorecer la integración social de las personas migrantes y refugiadas con sus comunidades de acogida. R6. Se impulsa el patrimonio cultural como un activo para el desarrollo local a través de la capacitación y certificación de jóvenes y colectivos de especial protección. R7. Conservado, protegido y puesto en valor el patrimonio y la diversidad histórico-cultural, material e inmaterial, en el ámbito rural y urbano. |
Nuevas oleadas pandémicas. | Salud. | Alto. | Media. |
La experiencia de años anteriores con Covid-19 nos permitiría hacer frente a este riesgo para garantizar la correcta ejecución de este MAP. Pondremos en marcha medidas de prevención y se acompañará a instituciones y organizaciones socia a adaptar sus intervenciones a las necesidades del contexto. |
| Crisis Política. | Político-institucional. | Medio. | Alto. | Análisis, evaluación y estrecho seguimiento de los contextos, adaptación de las prioridades al contexto, ajustes al MAP en caso de necesidad por cambios en el contexto o crisis emergentes. | ||
| Elevada rotación de cargos. | Político-institucional. | Alto. | Alto. | Se propone trabajar en el marco de alianzas interinstitucionales con distribución del trabajo conforme a capacidades específicas de cada parte para mitigar el riesgo de ejecución por problemas de debilidad institucional. | ||
| Efectos cambio climático y catástrofes naturales. | Medioambiental. | Alto. | Alto. | Análisis, evaluación y estrecho seguimiento de la evolución de la situación, adaptación de las intervenciones en función de los problemas, elaboración de planes de reducción del riesgo de catástrofes, establecimiento de mecanismos de alerta rápida. | ||
| Convivencia democrática libre de violencia y discriminación. |
R8. La población participa de la diversidad cultural en actividades culturales inclusivas y sostenibles. R9. Las mujeres en su diversidad acceden a servicios integrales de prevención y atención de la violencia de género, y a servicios de salud sexual y reproductiva, reduciendo toda forma de discriminación en el ejercicio de sus derechos. R10. El marco jurídico e institucional fortalece la incorporación de la Igualdad de género en las políticas públicas y en la sociedad, propiciando la autonomía física, política y económica de las mujeres en su diversidad. R11. La sociedad organizada y las mujeres en su diversidad, refuerzan su participación en los espacios de toma de decisiones y de incidencia política y pública, para reducir el sexismo, la discriminación y la tolerancia de la violencia contra las mujeres, así como reconocer y redistribuir el trabajo de cuidados. R12. La población está amparada por un marco legal institucional, que protege, garantiza y responde eficazmente sus derechos y evita la discriminación y la impunidad. R13. Se refuerzan las estructuras de las organizaciones indígenas y afrodescendientes promoviendo su participación en los espacios de decisión en los ámbitos político, económico, cultural y social y el reconocimiento del derecho al consentimiento previo, libre e informado. |
Avance de grupos antiderechos. | Socio-político. | Alto. | Alto. | Monitoreo del contexto. Incrementar el apoyo a organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de base, a nivel local. Promover narrativas pro-derechos, igualitarias, que valoren la diversidad y que impulsen el enfoque feminista. |
| Crisis política. | Político-institucional. | Alto. | Alto. | Análisis, evaluación y estrecho seguimiento de los contextos, adaptación de las prioridades al contexto, ajustes al MAP en caso de necesidad por cambios en el contexto o crisis emergentes. | ||
| Elevada rotación de cargos institucionales. | Político institucional. | Alto. | Alto. | Se propone trabajar en el marco de alianzas interinstitucionales con distribución del trabajo conforme a capacidades específicas de cada parte para mitigar el riesgo de ejecución por problemas de debilidad institucional. | ||
| Efectos del cambio climático y catástrofes naturales. | Medioambiental. | Medio. | Alto. | Análisis, evaluación y estrecho seguimiento de la evolución de la situación, adaptación de las intervenciones en función de los problemas, elaboración de planes de reducción del riesgo de catástrofes, establecimiento de mecanismos de alerta rápida. | ||
| Nuevas oleadas pandémicas. | Salud. | Medio. | Medio. | Pondremos en marcha medidas de prevención y se acompañará a instituciones y organizaciones socias a adaptar sus intervenciones a las necesidades del contexto. |
| Ámbito MAP | Resultados |
Año 2024 – M€ |
Año 2025 – M€ |
Año 2026 – M€ |
Año 2027 – M€ |
|---|---|---|---|---|---|
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Tránsición Justa hacia un desarrollo económico, inclusivo, innovador y circular respetuoso del medio ambiente, biodiversidad y protección de bosques 60 M€ 37.5 % de la previsión de recursos |
Se ha fomentado que entidades privadas y públicas de Perú adopten y promuevan prácticas de transición justa (producción y consumo circular para su sostenibilidad en un marco de trabajo decente y su formalización) y debida diligencia, con enfoque de género. | 9.498.000 | 9.498.000 | 9.498.000 | 9.498.000 |
| Los proveedores de servicios de desarrollo empresarial públicos y privados se han fortalecido para la promoción de prácticas de producción y consumo circular e inclusivo y se fomentan propuestas en este campo por medio de la investigación, desarrollo tecnológico, innovación y emprendimiento (I+D+i+e). | 3.504.000 | 3.504.000 | 3.504.000 | 3.498.000 | |
| Fomentado el uso de fuentes renovables de energía y mejorado el acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento, especialmente en las zonas más vulnerables y con menor cobertura. | 1.998.000 | 1.998.000 | 1.998.000 | 2.004.000 | |
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Desarrollo integral en el ámbito rural, urbano y social 34M€ 21.25 % de la previsión de recursos |
Apoyados procesos de mejora de la calidad y el acceso de población de especial protección al sistema nacional de salud. | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| Apoyados procesos de mejora del entorno institucional y comunitario para favorecer la integración social de las personas migrantes y refugiadas con sus comunidades de acogida. | 4.501.600 | 4.501.600 | 4.501.600 | 4.501.600 | |
| Se impulsa el patrimonio cultural como un activo para el desarrollo local a través de la capacitación y certificación de jóvenes y colectivos de especial protección. | 999.600 | 999.600 | 999.600 | 999.600 | |
| Conservado, protegido y puesto en valor el patrimonio y la diversidad histórico-cultural, material e inmaterial, en el ámbito rural y urbano. | 1.298.800 | 1.298.800 | 1.298.800 | 1.298.800 | |
|
Convivencia democrática libre de violencia y discriminación 66M€ 41.25 % de la previsión de recursos |
La población participa de la diversidad cultural en actividades culturales inclusivas y sostenibles. | 1.399.200 | 1.399.200 | 1.399.200 | 1.399.200 |
| Las mujeres en su diversidad acceden a servicios integrales de prevención y atención de la violencia de género, y a servicios de salud sexual y reproductiva, reduciendo toda forma de discriminación en el ejercicio de sus derechos. | 8.599.800 | 8.599.800 | 8.599.800 | 8.599.800 | |
| El marco jurídico e institucional fortalece la incorporación de la Igualdad de género en las políticas públicas y en la sociedad, propiciando la autonomía física, política y económica de las mujeres en su diversidad. | 798.600 | 798.600 | 798.600 | 798.600 | |
| La sociedad organizada y las mujeres en su diversidad, refuerzan su participación en los espacios de toma de decisiones y de incidencia política y pública, para reducir el sexismo, la discriminación y la tolerancia de la violencia contra las mujeres, así como reconocer y redistribuir el trabajo de cuidados. | 2.197.800 | 2.197.800 | 2.197.800 | 2.197.800 | |
| La población, incluidas las personas defensoras de derechos humanos, está emparada por un marco legal institucional, que protege, garantiza y responde eficazmente sus derechos y evita la discriminación y la impunidad. | 1.801.800 | 1.801.800 | 1.801.800 | 1.801.800 | |
| Se refuerzan las estructuras de las organizaciones indígenas y afrodescendientes promoviendo su participación en los espacios de decisión en los ámbitos político, económico, cultural y social y el reconocimiento a la consulta previa y/o consentimiento libre e informado. | 1.702.800 | 1.702.800 | 1.702.800 | 1.702.800 | |
| Total. | 160.000.000 | ||||
* * *
La presente Acta entró en vigor el 22 de noviembre, fecha de su firma.
Madrid, 17 de febrero de 2025.–La Secretaria General Técnica, Rosa Velázquez Álvarez.
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Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
