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Documento BOE-A-2018-7833

Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificacin de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relacin a la ocupacin ilegal de viviendas.

TEXTO

FELIPE VI

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley:

PREMBULO

Como consecuencia de la compleja y dura realidad socioeconmica, se ha producido en los ltimos aos un considerable nmero de desahucios de personas y familias en sobrevenida situacin de vulnerabilidad econmica y de exclusin residencial. Por todas las Administraciones pblicas se han venido desarrollando planes de actuacin para atender tales situaciones.

De forma casi simultnea, y en la mayor parte de los casos sin que exista relacin alguna con situaciones de extrema necesidad, han aparecido tambin fenmenos de ocupacin ilegal premeditada, con finalidad lucrativa, que, aprovechando de forma muy reprobable la situacin de necesidad de personas y familias vulnerables, se han amparado en la alta sensibilidad social sobre su problema para disfrazar actuaciones ilegales por motivaciones diversas, pocas veces respondiendo a la extrema necesidad. Incluso, se han llegado a ocupar ilegalmente viviendas de alquiler social de personas en situacin econmica muy precaria o propiedad de ancianos con pocos recursos y para abandonarlas se les ha exigido el pago de cantidades a cambio de un techo inmediato, o se ha extorsionado al propietario o poseedor legtimo de la vivienda para obtener una compensacin econmica como condicin para recuperar la vivienda de su propiedad o que legtimamente vena poseyendo.

Por otra parte, ninguno de los cauces legales actualmente previstos en la va civil, para procurar el desalojo de la ocupacin por la fuerza de inmuebles, resulta plenamente satisfactorio y, en todo caso, se demora temporalmente de forma extraordinaria, con los consiguientes perjuicios de los legtimos poseedores de la vivienda, en muchos casos tambin con una difcil situacin econmica, personal o familiar.

Actualmente la recuperacin inmediata de la vivienda por el propietario o titular de otros derechos legtimos de posesin de viviendas no es sencilla en la va civil, como tampoco encuentra proteccin suficiente la funcin social que han de cumplir las viviendas que tienen en su haber las entidades sociales o instrumentales de las Administraciones pblicas, para ser gestionadas en beneficio de personas y familias vulnerables, puesto que un porcentaje demasiado elevado del referido parque de viviendas se encuentra ocupado de forma ilegal, especialmente en los ncleos urbanos.

Estn identificadas verdaderas actuaciones organizadas, muy lucrativas y de carcter mafioso, que perturban y privan de la posesin de viviendas a las personas fsicas a las que legtimamente corresponde, o dificultan e imposibilitan la gestin de aquellas viviendas en manos de organizaciones sociales sin nimo de lucro y de entidades vinculadas a Administraciones pblicas, que estn dedicadas a fines sociales en beneficio de familias en situacin de vulnerabilidad, pero que su ocupacin ilegal impide que puedan ser adjudicadas a aquellas personas o familias a las que correspondera segn la normativa reguladora en materia de poltica social. Indisponibles, por tanto, para el fin para el que estn destinadas, suponiendo ello un grave perjuicio social.

La ocupacin ilegal, esto es, la ocupacin no consentida ni tolerada, no es ttulo de acceso a la posesin de una vivienda ni encuentra amparo alguno en el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna. Los poderes pblicos, eso s, deben promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho y, en ese marco, preocuparse de forma particular por aquellas personas en riesgo de exclusin social. De ah que las Administraciones vengan trabajando en planes y actuaciones que permitan generar un parque de vivienda social para atender de manera rpida, gil y eficaz las necesidades de las personas y unidades familiares en riesgo de exclusin residencial.

Es por todo ello que conviene articular los mecanismos legales giles en la va civil que permitan la defensa de los derechos de titulares legtimos que se ven privados ilegalmente y sin su consentimiento de la posesin de su vivienda, cuando se trata de personas fsicas, entidades sin nimo de lucro con derecho a poseerla o entidades pblicas propietarias o poseedoras legtimas de vivienda social.

Si bien la legislacin vigente permite acudir a la va penal, articulada con frecuencia al amparo de los artculos 245.2 y concordantes del Cdigo Penal como delito de usurpacin, esta forma de tutela jurdica responde a una respuesta propia del Derecho penal, es decir, de ultima ratio, por lo que no comporta ni puede comportar una solucin general que trascienda o sustituya los mecanismos civiles para la tutela de los derechos posesorios.

La legislacin en la va civil, si bien contempla varias opciones amparadas en el Cdigo Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, todas ellas presentan algn tipo de problema o limitacin en su aplicacin en los casos de ocupacin ilegal, que es la cuestin objeto de esta ley.

As, el mecanismo de recuperacin que aborda esta ley encuentra fundamento en lo dispuesto por el artculo 441 del Cdigo Civil, a cuyo tenor: En ningn caso puede adquirirse violentamente la posesin mientras exista un poseedor que se oponga a ello. El que se crea con accin o derecho de privar a otro de la tenencia de una cosa, siempre que el tenedor resista la entrega, deber solicitar el auxilio de la Autoridad competente.

Actualmente los derechos reconocidos por el Cdigo Civil pueden ejercitarse por medio del juicio verbal, en ejercicio de las acciones que reconoce el artculo 250.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en los numerales 2., 4. y 7. En su virtud, cabe interponer aquellas demandas que pretendan la recuperacin de la plena posesin de una finca rstica o urbana, cedida en precario, por el dueo, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer dicha finca. El cauce conocido como desahucio por precario plantea un problema de inexactitud conceptual, con la consiguiente inseguridad en la consecucin de la tutela pretendida, dado que en los supuestos de ocupacin ilegal no existe tal precario, puesto que no hay ni un uso tolerado por el propietario o titular del legtimo derecho de poseer, ni ningn tipo de relacin previa con el ocupante.

Otra hiptesis prevista legalmente es la que permite formular una demanda que pretenda la tutela sumaria de la tenencia o de la posesin de una cosa o un derecho por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute, si bien sin una adecuacin del procedimiento al fenmeno de la ocupacin ilegal en sus distintas variantes actuales, el cauce se muestra ineficaz. Tambin presentan limitaciones o ineficiencias, como respuesta a este fenmeno, aquellas otras acciones que, al amparo de la Ley Hipotecaria, corresponden a los titulares de derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad, puesto que existen causas tasadas de oposicin, no pueden ser ejercitadas por titulares de derechos que no tienen acceso al Registro y se exige al demandado prestar caucin para poder oponerse.

Por todo ello, ante la demanda creciente de respuestas giles y eficaces sin tener que recurrir a las penales, se plantea esta reforma en la que se adeca y actualiza el tradicional interdicto de recobrar la posesin para una recuperacin inmediata de la vivienda ocupada ilegalmente previsto en el artculo 250.4. de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, mediante el procedimiento desarrollado en los artculos 437, 441 y 444 de la misma.

En el nuevo apartado 1 bis del artculo 441, en previsin de que el ocupante ilegal se encontrara en situacin de vulnerabilidad social, se regula la obligacin de trasladar a los servicios pblicos competentes comunicacin sobre la situacin del mismo por si procediera su actuacin, siempre que otorgara consentimiento. Asimismo, se generaliza la regulacin de esta comunicacin incorporando un nuevo apartado 4 al artculo 150, en todos aquellos procedimientos en los que la correspondiente resolucin seale el lanzamiento de una vivienda de quienes la ocupen, sea cual sea la causa por la que se encontraran en dicha situacin, para dar conocimiento a los servicios pblicos competentes en materia de poltica social, por si procediera su actuacin, buscando as una rpida respuesta de los poderes pblicos cuando se detecten situaciones de especial vulnerabilidad.

Del mismo modo, la disposicin adicional de esta ley establece medidas de coordinacin y cooperacin de las Administraciones pblicas competentes para que resulten eficaces estas comunicaciones.

A travs de la disposicin final primera se ampla la vacatio de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, hasta el 30 de junio de 2020.

Artculo nico. Modificacin de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Se modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en los siguientes trminos:

Uno. Se adiciona un nuevo apartado 4 al artculo 150 con el contenido siguiente:

4. Cuando la notificacin de la resolucin contenga fijacin de fecha para el lanzamiento de quienes ocupan una vivienda, se dar traslado a los servicios pblicos competentes en materia de poltica social por si procediera su actuacin, siempre que se hubiera otorgado el consentimiento por los interesados.

Dos. Se modifica el numeral 4. del apartado 1 del artculo 250, que pasar a tener la siguiente redaccin:

4. Las que pretendan la tutela sumaria de la tenencia o de la posesin de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute.

Podrn pedir la inmediata recuperacin de la plena posesin de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento, la persona fsica que sea propietaria o poseedora legtima por otro ttulo, las entidades sin nimo de lucro con derecho a poseerla y las entidades pblicas propietarias o poseedoras legtimas de vivienda social.

Tres. Se aade un nuevo apartado 3 bis al artculo 437, con la siguiente redaccin:

3 bis. Cuando se solicitase en la demanda la recuperacin de la posesin de una vivienda o parte de ella a la que se refiere el prrafo segundo del numeral 4. del apartado 1 del artculo 250, aqulla podr dirigirse genricamente contra los desconocidos ocupantes de la misma, sin perjuicio de la notificacin que de ella se realice a quien en concreto se encontrare en el inmueble al tiempo de llevar a cabo dicha notificacin. A la demanda se deber acompaar el ttulo en que el actor funde su derecho a poseer.

Cuatro. Se aade un nuevo apartado 1 bis al artculo 441, con la siguiente redaccin:

1 bis. Cuando se trate de una demanda de recuperacin de la posesin de una vivienda o parte de ella a que se refiere el prrafo segundo del numeral 4. del apartado 1 del artculo 250, la notificacin se har a quien se encuentre habitando aqulla. Se podr hacer adems a los ignorados ocupantes de la vivienda. A efectos de proceder a la identificacin del receptor y dems ocupantes, quien realice el acto de comunicacin podr ir acompaado de los agentes de la autoridad. Si ha sido posible la identificacin del receptor o dems ocupantes, se dar traslado a los servicios pblicos competentes en materia de poltica social por si procediera su actuacin, siempre que se hubiera otorgado el consentimiento por los interesados.

Si el demandante hubiera solicitado la inmediata entrega de la posesin de la vivienda, en el decreto de admisin de la demanda se requerir a sus ocupantes para que aporten, en el plazo de cinco das desde la notificacin de aquella, ttulo que justifique su situacin posesoria. Si no se aportara justificacin suficiente, el tribunal ordenar mediante auto la inmediata entrega de la posesin de la vivienda al demandante, siempre que el ttulo que se hubiere acompaado a la demanda fuere bastante para la acreditacin de su derecho a poseer. Contra el auto que decida sobre el incidente no cabr recurso alguno y se llevar a efecto contra cualquiera de los ocupantes que se encontraren en ese momento en la vivienda.

En todo caso, en la misma resolucin en que se acuerde la entrega de la posesin de la vivienda al demandante y el desalojo de los ocupantes, se ordenar comunicar tal circunstancia, siempre que se hubiera otorgado el consentimiento por los interesados, a los servicios pblicos competentes en materia de poltica social, para que, en el plazo de siete das, puedan adoptar las medidas de proteccin que en su caso procedan.

Cinco. Se aade un nuevo apartado 1 bis al artculo 444, con la siguiente redaccin:

1 bis. Tratndose de un caso de recuperacin de la posesin de una vivienda a que se refiere el prrafo segundo del numeral 4. del apartado 1 del artculo 250, si el demandado o demandados no contestaran a la demanda en el plazo legalmente previsto, se proceder de inmediato a dictar sentencia. La oposicin del demandado podr fundarse exclusivamente en la existencia de ttulo suficiente frente al actor para poseer la vivienda o en la falta de ttulo por parte del actor. La sentencia estimatoria de la pretensin permitir su ejecucin, previa solicitud del demandante, sin necesidad de que transcurra el plazo de veinte das previsto en el artculo 548.

Disposicin adicional. Coordinacin y cooperacin entre Administraciones pblicas.

1. Las distintas Administraciones pblicas, en el mbito de sus respectivas competencias, incorporarn, en los protocolos y planes para garantizar polticas pblicas en materia de vivienda, medidas giles de coordinacin y cooperacin, especialmente con los responsables de los servicios sociales en el mbito autonmico y local, al objeto de prevenir situaciones de exclusin residencial y para que resulte eficaz la comunicacin prevista en el apartado 4 del artculo 150 y en el apartado 1 bis del artculo 441 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, a fin de dar respuesta adecuada y lo ms inmediata posible a aquellos casos de vulnerabilidad que se detecten en los procedimientos conducentes al lanzamiento de ocupantes de viviendas y que exigen actuaciones previas y coordinadas de las administraciones competentes.

2. Estos protocolos y planes garantizarn la creacin de registros, al menos en el mbito territorial de cada Comunidad Autnoma, que incorporen datos sobre el parque de viviendas sociales disponibles para atender a personas o familias en riesgo de exclusin.

Disposicin final primera.

Se modifica la disposicin final dcima de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, que pasar a tener la siguiente redaccin:

Disposicin final dcima. Entrada en vigor.

La presente ley entrar en vigor el 30 de junio de 2020, excepto las disposiciones adicionales sptima y octava y las disposiciones finales tercera y sexta, que entrarn en vigor el da siguiente al de su publicacin en el “Boletn Oficial del Estado”, y excepto los artculos 49.2 y 53 del mismo texto legal, que entrarn en vigor el da 30 de junio de 2017.

Lo dispuesto en el prrafo anterior se entiende sin perjuicio de la entrada en vigor el 15 de octubre de 2015 de los artculos 44, 45, 46, 47, 49.1 y 4, 64, 66, 67.3 y disposicin adicional novena, en la redaccin dada por el artculo segundo de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el mbito de la Administracin de Justicia y del Registro Civil.

Hasta la completa entrada en vigor de esta ley, el Gobierno adoptar las medidas y los cambios normativos necesarios que afecten a la organizacin y funcionamiento de los Registros Civiles.

Disposicin final segunda. Entrada en vigor.

La presente ley entrar en vigor a los veinte das de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 11 de junio de 2018.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,

PEDRO SNCHEZ PREZ-CASTEJN

Análisis

  • Rango: Ley
  • Fecha de disposición: 11/06/2018
  • Fecha de publicación: 12/06/2018
  • Entrada en vigor: 2 de julio de 2018.
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

Referencias anteriores
  • MODIFICA:
    • la disposicin final 10 de la Ley 20/2011, de 21 de julio (Ref. BOE-A-2011-12628).
    • los arts. 150, 250, 437, 441 y 444 de la Ley 1/2000, de 7 de enero (Ref. BOE-A-2000-323).
Materias
  • Asistencia social
  • Desahucios
  • Enjuiciamiento Civil
  • Propiedad
  • Registro Civil
  • Viviendas

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