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Documento BOE-A-2017-653

Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de proteccin de consumidores en materia de clusulas suelo.

TEXTO

I

En los ltimos aos desde el Gobierno y las Cortes Generales se han abordado un gran nmero de iniciativas que regulan distintos aspectos de los crditos hipotecarios, especialmente para paliar y afrontar la problemtica social de las ejecuciones hipotecarias y la vivienda, agudizada por la crisis econmica que ha atravesado Espaa. La regulacin de la Unin Europea de proteccin de los consumidores y los pronunciamientos de los tribunales nacionales y del Tribunal de Justicia de la Unin Europea han servido tambin para que la normativa espaola haya realizado avances significativos en esta materia.

Siguiendo esta lnea, el presente real decreto-ley pretende avanzar en las medidas dirigidas a la proteccin a los consumidores estableciendo un cauce que les facilite la posibilidad de llegar a acuerdos con las entidades de crdito con las que tienen suscrito un contrato de prstamo o crdito con garanta hipotecaria que solucionen las controversias que se pudieran suscitar como consecuencia de los ltimos pronunciamientos judiciales en materia de clusulas suelo y, en particular, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unin Europea de 21 de diciembre de 2016, en los asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C-308/15.

II

El 9 de mayo de 2013 el Tribunal Supremo analiz en su sentencia n. 241/2013, en el marco de una accin colectiva ejercitada por una asociacin de consumidores contra varias entidades bancarias, el carcter abusivo de las clusulas suelo, declarando su nulidad. Sin embargo, la declaracin de nulidad no afectara ni a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada ni a las cantidades satisfechas antes del 9 de mayo de 2013.

El Tribunal Supremo consider que las clusulas examinadas, las denominadas clusulas suelo, si bien superaban el control de transparencia formal a efectos de su inclusin como condicin general de los contratos, no superaban en cambio el control de transparencia material exigible en las clusulas de los contratos suscritos con consumidores, y declar la nulidad de las clusulas, pero no de los contratos en los que se insertaban, cuya subsistencia mantuvo pese a aquella declaracin de nulidad parcial.

El Tribunal Supremo limit temporalmente la retroactividad y se fund en tres motivos: i) las clusulas suelo no se consideran abusivas en s mismas, sino que su abusividad deriva de la falta de transparencia material o sustantiva sobre el concreto contenido en su incorporacin al contrato; ii) la buena fe del crculo de los interesados –toda vez que las entidades de crdito haban cumplido con la normativa sectorial sobre transparencia–; y iii) el hecho, que el Tribunal Supremo calific como notorio, de que dicha retroactividad causara grave trastorno al orden pblico econmico.

La limitacin de la eficacia retroactiva fue confirmada por el Tribunal Supremo en sentencia de 25 de marzo de 2015 en el seno de una accin individual interpuesta frente a una de las entidades parte en el proceso judicial resuelto por la sentencia de 9 de mayo de 2013. Fij como doctrina que, cuando en aplicacin de la doctrina fijada en la sentencia de 2013 se declare abusiva una clusula suelo, la devolucin al prestatario se efectuar a partir de la fecha de publicacin de la sentencia de 2013.

No obstante, diversos tribunales espaoles cuestionaron ante el Tribunal de Justicia de la Unin Europea la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la base del Derecho de la Unin Europea mediante diversos reenvos prejudiciales. El 21 de diciembre de 2016 el Tribunal de Justicia de la Unin Europea ha dictado sentencia en los asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C- 308/15 dando respuesta esas cuestiones prejudiciales.

En ella, el Tribunal de Justicia ha fallado que el artculo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, sobre clusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una jurisprudencia nacional que limita en el tiempo los efectos restitutorios vinculados a la declaracin del carcter abusivo, en el sentido del artculo 3, apartado 1, de dicha directiva, de una clusula contenida en un contrato celebrado con un consumidor por un profesional, circunscribiendo tales efectos restitutorios exclusivamente a las cantidades pagadas indebidamente en aplicacin de tal clusula con posterioridad al pronunciamiento de la resolucin judicial mediante la que se declar el carcter abusivo de la clusula en cuestin.

El Tribunal de Justicia ha fundamentado el fallo en dos razonamientos esenciales. En primer lugar, la sentencia considera que la apreciacin de la abusividad por falta de transparencia material que realiz el Tribunal Supremo tiene por fundamento el artculo 4, apartado 2 de la directiva en relacin con el artculo 3, y que no cabe apreciar que el Tribunal Supremo hubiera ido ms all del mbito definido por la propia directiva. Y, en segundo lugar, afirma que la clusula contractual declarada abusiva nunca ha existido, de modo que ha de restaurarse la situacin de hecho y de Derecho en que se encontrara el consumidor en esta situacin, toda vez que, de otro modo, se pondra en cuestin el efecto disuasorio pretendido por el artculo 6 de la mencionada norma europea.

III

Como es previsible que el reciente pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unin Europea suponga el incremento de las demandas de consumidores afectados solicitando la restitucin de las cantidades pagadas en aplicacin de las clusulas suelo, resulta de extraordinaria y urgente necesidad arbitrar un cauce sencillo y ordenado, de carcter voluntario para el consumidor, que facilite que pueda llegar a un acuerdo con la entidad de crdito que les permita solucionar sus diferencias mediante la restitucin de dichas cantidades.

En este sentido, es importante resaltar que la medida trata, adems, de evitar que se produzca un aumento de los litigios que tendran que ser afrontados por la jurisdiccin civil, con un elevado coste a la Administracin de Justicia por cada pleito y un impacto perjudicial para su funcionamiento en forma de incremento sustancial del tiempo de duracin de los procedimientos.

Con esta reforma se pretende una intervencin y regulacin mnima, dando a los consumidores un instrumento que les permita obtener una rpida respuesta a sus reclamaciones. En esta lnea es preferible una previsin especial y coyuntural, adicional a las normas procesales, mercantiles y civiles. Segn la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en ausencia de normas de la Unin Europea para el reconocimiento de un derecho reconocido por el Derecho de la Unin, corresponde al sistema jurdico interno de cada Estado miembro, de conformidad con el principio de autonoma procesal, designar los rganos competentes y establecer la regulacin procedimental de los recursos destinados a la salvaguardia de esos derechos. No obstante, los Estados miembros son responsables de garantizar que esos derechos sean protegidos de manera efectiva en cada caso. La decisin de la autoridad se rige por el derecho nacional a condicin, sin embargo, de que sus disposiciones no sean menos favorables que las que rigen situaciones similares de carcter interno (principio de equivalencia) y de que no hagan imposible en la prctica o excesivamente difcil el ejercicio de los derechos que confiere el ordenamiento jurdico de la Unin (principio de efectividad).

Las medidas que se adoptan respetan las exigencias de estos principios. Desde el punto de vista del principio de equivalencia, se trata de medidas adicionales a las establecidas en el ordenamiento jurdico, con el fin de facilitar una solucin gil y satisfactoria para el consumidor. Desde el punto de vista del principio de efectividad, las medidas no solo facilitan en la prctica el restablecimiento de los derechos de los consumidores, sino que adems dejan a salvo el derecho del consumidor a obtener una tutela judicial efectiva de su derecho ante los Tribunales nacionales.

El principio inspirador del mecanismo que se pone en marcha es la voluntariedad a la hora de acceder a un procedimiento de solucin extrajudicial con carcter previo a la interposicin de la demanda judicial, sin coste adicional para el consumidor e imperativo de atender por parte de las entidades de crdito. Dicha voluntariedad consigue evitar un posible conflicto con una interpretacin exigente del derecho de acceso a la jurisdiccin del artculo 24 de la Constitucin Espaola. No obstante, se prev que, durante el tiempo en que se sustancie la reclamacin previa, las partes no podrn ejercitar contra la otra ninguna accin judicial o extrajudicial en relacin con su objeto, con el nimo de evitar prcticas de mala fe que solo persiguieran desde un primer momento entablar acciones judiciales.

Con el fin de determinar si la clusula suelo est incluida en el mbito de aplicacin de este real decreto-ley, se consideran como criterios a destacar, entre otros, los establecidos en la citada sentencia del Tribunal Supremo n. 241/2013: la creacin de la apariencia de un contrato de prstamo a inters variable en el que las oscilaciones a la baja del ndice de referencia, repercutirn en una disminucin del precio del dinero; la falta de informacin suficiente de que se trata de un elemento definitorio del objeto principal del contrato; la creacin de la apariencia de que el suelo tiene como contraprestacin inescindible la fijacin de un techo; su eventual ubicacin entre una abrumadora cantidad de datos entre los que quedan enmascaradas y que diluyen la atencin del consumidor; la ausencia de simulaciones de escenarios diversos, relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de inters en el momento de contratar, en fase precontractual; y la inexistencia de advertencia previa clara y comprensible sobre el coste comparativo con otros productos de la propia entidad.

En fase judicial, se establecen medidas respecto a las costas procesales que incentiven el reconocimiento extrajudicial del derecho del consumidor y el allanamiento por parte de las entidades de crdito. En suma, las medidas adoptadas persiguen que el consumidor vea restablecido su derecho en el plazo ms breve posible evitndole tener que agotar un proceso judicial que se dilate en el tiempo.

Adicionalmente, se regula el tratamiento fiscal de las cantidades percibidas por la devolucin de las clusulas de limitacin de tipos de inters de prstamos derivadas de acuerdos celebrados con las entidades financieras, a cuyo fin se modifica la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas.

IV

Por todo ello, en el conjunto y en cada una de las medidas que se adoptan, concurren, por su naturaleza, finalidad y por el contexto en que se dictan, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artculo 86 de la Constitucin Espaola como presupuesto habilitante para recurrir a este tipo de norma.

En su virtud, en uso de la autorizacin contenida en el artculo 86 de la Constitucin, a propuesta del Ministro de Economa, Industria y Competitividad y del Ministro de Justicia, y previa deliberacin del Consejo de Ministros en su reunin del da 20 de enero de 2017,

DISPONGO:

Artculo 1. Objeto.

El presente real decreto-ley tiene como objeto el establecimiento de medidas que faciliten la devolucin de las cantidades indebidamente satisfechas por el consumidor a las entidades de crdito en aplicacin de determinadas clusulas suelo contenidas en contratos de prstamo o crdito garantizados con hipoteca inmobiliaria.

Artculo 2. mbito de aplicacin.

1. Las medidas previstas en este real decreto-ley se aplicarn a los contratos de prstamo o crdito garantizados con hipoteca inmobiliaria que incluyan una clusula suelo cuyo prestatario sea un consumidor.

2. Se entender por consumidor cualquier persona fsica que rena los requisitos previstos en el artculo 3 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

3. Se entender por clusula suelo cualquier estipulacin incluida en un contrato de prstamo o crdito garantizados con hipoteca inmobiliaria a tipo variable, o para el tramo variable de otro tipo de prstamo, que limite a la baja la variabilidad del tipo de inters del contrato.

Artculo 3. Reclamacin previa.

1. Las entidades de crdito debern implantar un sistema de reclamacin previa a la interposicin de demandas judiciales, que tendr carcter voluntario para el consumidor y cuyo objeto ser atender a las peticiones que stos formulen en el mbito de este real decreto-ley. Las entidades de crdito debern garantizar que ese sistema de reclamacin es conocido por todos los consumidores que tuvieran incluidas clusula suelo en su prstamo hipotecario.

2. Recibida la reclamacin, la entidad de crdito deber efectuar un clculo de la cantidad a devolver y remitirle una comunicacin al consumidor desglosando dicho clculo; en ese desglose la entidad de crdito deber incluir necesariamente las cantidades que correspondan en concepto de intereses. En el caso en que la entidad considere que la devolucin no es procedente, comunicar las razones en que se motiva su decisin, en cuyo caso se dar por concluido el procedimiento extrajudicial.

3. El consumidor deber manifestar si est de acuerdo con el clculo. Si lo estuviera, la entidad de crdito acordar con el consumidor la devolucin del efectivo.

4. El plazo mximo para que el consumidor y la entidad lleguen a un acuerdo y se ponga a disposicin del primero la cantidad a devolver ser de tres meses a contar desde la presentacin de la reclamacin. A efectos de que el consumidor pueda adoptar las medidas que estime oportunas, se entender que el procedimiento extrajudicial ha concluido sin acuerdo:

a) Si la entidad de crdito rechaza expresamente la solicitud del consumidor.

b) Si finaliza el plazo de tres meses sin comunicacin alguna por parte de la entidad de crdito al consumidor reclamante.

c) Si el consumidor no est de acuerdo con el clculo de la cantidad a devolver efectuado por la entidad de crdito o rechaza la cantidad ofrecida.

d) Si transcurrido el plazo de tres meses no se ha puesto a disposicin del consumidor de modo efectivo la cantidad ofrecida.

5. Las entidades de crdito informarn a sus clientes de que las devoluciones acordadas pueden generar obligaciones tributarias. Asimismo, comunicarn a la Agencia Estatal de la Administracin Tributaria la informacin relativa a las devoluciones acordadas.

6. Las partes no podrn ejercitar entre s ninguna accin judicial o extrajudicial en relacin con el objeto de la reclamacin previa durante el tiempo en que esta se sustancie. Si se interpusiera demanda con anterioridad a la finalizacin del procedimiento y con el mismo objeto que la reclamacin de este artculo, cuando se tenga constancia, se producir la suspensin del proceso hasta que se resuelva la reclamacin previa.

Artculo 4. Costas procesales.

1. Solamente si el consumidor rechazase el clculo de la cantidad a devolver o declinase, por cualquier motivo, la devolucin del efectivo e interpusiera posteriormente demanda judicial en la que obtuviese una sentencia ms favorable que la oferta recibida de dicha entidad, se impondr la condena en costas a esta.

2. Si el consumidor interpusiere una demanda frente a una entidad de crdito sin haber acudido al procedimiento extrajudicial del artculo 3, regirn las siguientes reglas:

a) En caso de allanamiento de la entidad de crdito antes de la contestacin a la demanda, se considerar que no concurre mala fe procesal, a efectos de lo previsto en el artculo 395.1 segundo prrafo, de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

b) En el caso de allanamiento parcial de la entidad de crdito antes de la contestacin a la demanda, siempre que consigne la cantidad a cuyo abono se comprometa, solo se le podr imponer la condena en costas si el consumidor obtuviera una sentencia cuyo resultado econmico fuera ms favorable que la cantidad consignada.

3. En lo no previsto en este precepto, se estar a lo dispuesto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Disposicin adicional primera. Rgimen de adaptacin de las entidades de crdito.

1. Las entidades de crdito debern adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las previsiones contenidas en este real decreto-ley en el plazo de un mes y estarn obligadas a articular procedimientos giles que les permitan la rpida resolucin de las reclamaciones.

2. Las entidades debern disponer de un departamento o servicio especializado que tenga por objeto atender las reclamaciones presentadas en el mbito de este real decreto-ley, y debern poner a disposicin de sus clientes, en todas las oficinas abiertas al pblico, as como en sus pginas web, la informacin siguiente:

a) La existencia del departamento o servicio, con indicacin de su direccin postal y electrnica, encargado de la resolucin de las reclamaciones.

b) La obligacin por parte de la entidad de atender y resolver las reclamaciones presentadas por sus clientes, en el plazo de tres meses desde su presentacin en el departamento o servicio correspondiente.

c) Referencias a la normativa de transparencia y proteccin del cliente de servicios financieros.

d) La existencia de este procedimiento, con una descripcin concreta de su contenido, y la posibilidad de acogerse a l para aquellos clientes que tengan las clusulas suelo a que se refiere este real decreto-ley incluidas en sus contratos.

3. Los consumidores incluidos en el mbito de aplicacin de este real decreto-ley podrn presentar sus reclamaciones desde su entrada en vigor. El plazo de tres meses previsto en el artculo 3.4 no comenzar a contar hasta la efectiva adopcin de las medidas necesarias para su cumplimiento, o haya transcurrido un mes sin que la entidad hubiera puesto en marcha el departamento correspondiente.

Disposicin adicional segunda. Medidas compensatorias distintas de la devolucin del efectivo.

1. A los efectos de lo previsto en el artculo 3, una vez convenida la cantidad a devolver, el consumidor y la entidad de crdito podrn acordar la adopcin de una medida compensatoria distinta de la devolucin del efectivo. En este caso la entidad de crdito deber suministrarle una valoracin que le permita conocer el efecto de la medida compensatoria y concederle un plazo de quince das para que manifieste su conformidad.

2. La aceptacin de una medida compensatoria requerir que el consumidor haya recibido informacin suficiente y adecuada sobre la cantidad a devolver, la medida compensatoria y el valor econmico de esa medida. La aceptacin de la medida compensatoria informada con esta extensin deber ser manuscrita y en documento aparte en el que tambin quede constancia del cumplimiento del plazo previsto en el apartado anterior.

Disposicin adicional tercera. Gratuidad del procedimiento extrajudicial y reduccin de aranceles.

El procedimiento de reclamacin extrajudicial tendr carcter gratuito. La formalizacin de la escritura pblica y la inscripcin registral que, en su caso, pudiera derivarse del acuerdo entre la entidad financiera y el consumidor devengar exclusivamente los derechos arancelarios notariales y registrales correspondientes, de manera respectiva, a un documento sin cuanta y a una inscripcin mnima, cualquiera que sea la base.

Disposicin transitoria nica. Procedimientos judiciales en curso.

En los procedimientos judiciales en curso a la entrada en vigor de este real decreto-ley en los que se dirima una pretensin incluida en su mbito, ejercida por uno o varios consumidores frente a una entidad de crdito, las partes de comn acuerdo se podrn someter al procedimiento establecido en el artculo 3, solicitando la suspensin del proceso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Disposicin derogatoria nica. Derogacin normativa.

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente real decreto-ley.

Disposicin final primera. Modificacin de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas y de modificacin parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

Con efectos desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y ejercicios anteriores no prescritos, se aade una nueva disposicin adicional cuadragsima quinta a la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas y de modificacin parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, con la siguiente redaccin:

Disposicin adicional cuadragsima quinta. Tratamiento fiscal de las cantidades percibidas por la devolucin de las clusulas de limitacin de tipos de inters de prstamos derivadas de acuerdos celebrados con las entidades financieras o del cumplimiento de sentencias o laudos arbitrales.

1. No se integrar en la base imponible de este Impuesto la devolucin derivada de acuerdos celebrados con entidades financieras, en efectivo o a travs de otras medidas de compensacin, junto con sus correspondientes intereses indemnizatorios, de las cantidades previamente satisfechas a aquellas en concepto de intereses por la aplicacin de clusulas de limitacin de tipos de inters de prstamos.

2. Las cantidades previamente satisfechas por el contribuyente objeto de la devolucin prevista en el apartado 1 anterior, tendrn el siguiente tratamiento fiscal:

a) Cuando tales cantidades, en ejercicios anteriores, hubieran formado parte de la base de la deduccin por inversin en vivienda habitual o de deducciones establecidas por la Comunidad Autnoma, se perder el derecho a practicar la deduccin en relacin con las mismas, debiendo sumar a la cuota lquida estatal y autonmica, devengada en el ejercicio en el que se hubiera celebrado el acuerdo con la entidad financiera, exclusivamente las cantidades indebidamente deducidas en los ejercicios respecto de los que no hubiera prescrito el derecho de la Administracin para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidacin, en los trminos previstos en el artculo 59 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, sin inclusin de intereses de demora.

No resultar de aplicacin la adicin prevista en el prrafo anterior respecto de la parte de las cantidades que se destine directamente por la entidad financiera, tras el acuerdo con el contribuyente afectado, a minorar el principal del prstamo.

b) Cuando tales cantidades hubieran tenido la consideracin de gasto deducible en ejercicios anteriores respecto de los que no hubiera prescrito el derecho de la Administracin para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidacin, se perder tal consideracin, debiendo practicarse autoliquidacin complementaria correspondiente a tales ejercicios, sin sancin, ni intereses de demora, ni recargo alguno en el plazo comprendido entre la fecha del acuerdo y la finalizacin del siguiente plazo de presentacin de autoliquidacin por este Impuesto.

c) Cuando tales cantidades hubieran sido satisfechas por el contribuyente en ejercicios cuyo plazo de presentacin de autoliquidacin por este Impuesto no hubiera finalizado con anterioridad al acuerdo de devolucin de las mismas celebrado con la entidad financiera, as como las cantidades a que se refiere el segundo prrafo de la letra a anterior, no formarn parte de la base de deduccin por inversin en vivienda habitual ni de deduccin autonmica alguna ni tendrn la consideracin de gasto deducible.

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores ser igualmente de aplicacin cuando la devolucin de cantidades a que se refiere el apartado 1 anterior hubiera sido consecuencia de la ejecucin o cumplimiento de sentencias judiciales o laudos arbitrales.

Disposicin final segunda. Ttulo competencial.

Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en los artculos 149.1.6., 11., 13. y 14. de la Constitucin que atribuyen al Estado las competencias sobre legislacin mercantil, procesal, bases de la ordenacin del crdito, banca y seguros, bases y coordinacin de la planificacin general de la actividad econmica, y hacienda general y Deuda del Estado, respectivamente.

Disposicin final tercera. Habilitacin normativa.

Se habilita al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de esta norma. En particular, se podr regular:

a) La existencia de un rgano de seguimiento, control y evaluacin de las reclamaciones efectuadas en el mbito de aplicacin de este real decreto-ley y su rgimen jurdico. Este rgano, que deber emitir un informe semestral sobre su actuacin, contar con la participacin de representantes de los consumidores y de la abogaca. Este rgano de seguimiento recabar de las entidades de crdito la informacin necesaria para constatar que la comunicacin previa prevista en este real decreto-ley se ha realizado, especialmente a personas vulnerables. Este rgano de seguimiento podr proponer las medidas a su juicio necesarias para impulsar una correcta implantacin del mecanismo extrajudicial previsto en este real decreto-ley.

b) La extensin del mbito de aplicacin a otros consumidores relacionados con el prestatario de contratos de prstamo o crdito garantizados con hipoteca inmobiliaria.

Disposicin final cuarta. Entrada en vigor.

Este real decreto-ley entrar en vigor el da de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

Dado en Madrid, el 20 de enero de 2017.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,

MARIANO RAJOY BREY

Análisis

  • Rango: Real Decreto-ley
  • Fecha de disposición: 20/01/2017
  • Fecha de publicación: 21/01/2017
  • Entrada en vigor: 21 de enero de 2017.
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • SE DICTA DE CONFORMIDAD con la disposicin final 3.a), por la que se crea y regula la Comisin de seguimiento, control y evaluacin: Real Decreto 536/2017, de 26 de mayo (Ref. BOE-A-2017-5864).
  • Recurso 1960/2017 (Ref. BOE-A-2017-5307).
  • SE PUBLICA Acuerdo de convalidacin, por Resolucin de 31 de enero de 2017 (Ref. BOE-A-2017-1203).
Referencias anteriores
  • AADE la disposicin adicional 45 a la Ley 35/2006, de 28 de noviembre (Ref. BOE-A-2006-20764).
  • CITA Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril de 1993 (Ref. DOUE-L-1993-80526).
Materias
  • Consumidores y usuarios
  • Contratos
  • Crditos
  • Enjuiciamiento Civil
  • Entidades de crdito
  • Hipoteca
  • Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas

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