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Documento BOE-A-2013-5073

Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la proteccin a los deudores hipotecarios, reestructuracin de deuda y alquiler social.

TEXTO

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

PREMBULO

La atencin a las circunstancias excepcionales que atraviesa nuestro pas, motivadas por la crisis econmica y financiera, en las que numerosas personas que contrataron un prstamo hipotecario para la adquisicin de su vivienda habitual se encuentran en dificultades para hacer frente a sus obligaciones, exige la adopcin de medidas que, en diferentes formas, contribuyan a aliviar la situacin de los deudores hipotecarios.

Si bien la tasa de morosidad en nuestro pas es baja, hay que tener muy presente el drama social que supone, para cada una de las personas o familias que se encuentran en dificultades para atender sus pagos, la posibilidad de que, debido a esta situacin, puedan ver incrementarse sus deudas o llegar a perder su vivienda habitual.

El esfuerzo colectivo que estn llevando a cabo los ciudadanos de nuestro pas con el fin de superar de manera conjunta la situacin de dificultad que atravesamos, requiere que, del mismo modo y desde todos los sectores, se continen adoptando medidas para garantizar que ningn ciudadano es conducido a una situacin de exclusin social.

Con este fin, es necesario profundizar en las lneas que se han ido desarrollando en los ltimos tiempos, para perfeccionar y reforzar el marco de proteccin a los deudores que, a causa de tales circunstancias excepcionales, han visto alterada su situacin econmica o patrimonial y se han encontrado en una situacin merecedora de proteccin.

A estos efectos se aprueba esta Ley, que consta de cuatro captulos.

El primero de ellos prev la suspensin inmediata y por un plazo de dos aos de los desahucios de las familias que se encuentren en una situacin de especial riesgo de exclusin. Esta medida, con carcter excepcional y temporal, afectar a cualquier proceso judicial de ejecucin hipotecaria o venta extrajudicial por el cual se adjudique al acreedor la vivienda habitual de personas pertenecientes a determinados colectivos. En estos casos, la Ley, sin alterar el procedimiento de ejecucin hipotecaria, impide que se proceda al lanzamiento que culminara con el desalojo de las personas.

La suspensin de los lanzamientos afectar a las personas que se encuentren dentro de una situacin de especial vulnerabilidad. En efecto, para que un deudor hipotecario se encuentre en este mbito de aplicacin ser necesario el cumplimiento de dos tipos de requisitos. De un lado, los colectivos sociales que van a poder acogerse son las familias numerosas, las familias monoparentales con dos hijos a cargo, las que tienen un menor de tres aos o algn miembro con discapacidad o dependiente, o en las que el deudor hipotecario se encuentre en situacin de desempleo y haya agotado las prestaciones sociales o, finalmente, las vctimas de violencia de gnero.

Asimismo, en las familias que se acojan a esta suspensin, los ingresos no podrn superar el lmite de tres veces el Indicador Pblico de Renta de Efectos Mltiples. Este lmite se eleva respecto de unidades familiares en las que algn miembro sea persona con discapacidad o dependiente o que conviva con personas con discapacidad o dependientes. Adems, es necesario que, en los cuatro aos anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteracin significativa de sus circunstancias econmicas, en trminos de esfuerzo de acceso a la vivienda.

La alteracin significativa de sus circunstancias econmicas se mide en funcin de la variacin de la carga hipotecaria sobre la renta sufrida en los ltimos cuatros aos. Finalmente, la inclusin en el mbito de aplicacin pasa por el cumplimiento de otros requisitos, entre los que se pueden destacar que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por ciento de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar, o que se trate de un crdito o prstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la nica vivienda en propiedad del deudor y concedido para la adquisicin de la misma.

La trascendencia de esta previsin normativa es indudable, pues garantiza que durante este perodo de tiempo, los deudores hipotecarios especialmente vulnerables no puedan ser desalojados de sus viviendas, con la confianza de que, a la finalizacin de este perodo, habrn superado la situacin de dificultad en que se puedan encontrar en el momento actual.

Para estos deudores especialmente vulnerables se prev adems que la deuda que no haya podido ser cubierta con la vivienda habitual no devengue ms inters de demora que el resultante de sumar a los intereses remuneratorios un dos por cien sobre la deuda pendiente.

El Captulo II introduce mejoras en el mercado hipotecario a travs de la modificacin de la Ley Hipotecaria, Texto Refundido segn Decreto de 8 de febrero de 1946; la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulacin del Mercado Hipotecario; y la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulacin del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulacin de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria. Especialmente relevante es el hecho de que, para las hipotecas constituidas sobre vivienda habitual, se limitarn los intereses de demora que pueden exigir las entidades de crdito a tres veces el inters legal del dinero. Adems, se prohbe expresamente la capitalizacin de estos intereses y se establece que, en caso de que el resultado de la ejecucin fuera insuficiente para cubrir toda la deuda garantizada, dicho resultado se aplicar en ltimo lugar a los intereses de demora, de tal forma que se permita en la mayor medida posible que el principal deje de devengar inters. Adicionalmente se fortalece en la Ley Hipotecaria el rgimen de venta extrajudicial de bienes hipotecados. Por otro lado, se refuerza la independencia de las sociedades de tasacin respecto de las entidades de crdito.

En la venta extrajudicial se introduce la posibilidad de que el Notario pueda suspender la misma cuando las partes acrediten que se ha solicitado al rgano judicial competente, en la forma prevista por el artculo 129 de la Ley Hipotecaria, que dicte resolucin decretando la improcedencia de dicha venta, por existir clusulas abusivas en el contrato de prstamo hipotecario, o su continuacin sin la aplicacin de las clusulas abusivas. Adems, se faculta expresamente al Notario para que advierta a las partes de que alguna clusula del contrato puede ser abusiva. Dichas modificaciones se adoptan como consecuencia de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unin Europea de 14 de marzo de 2013, dictada en el asunto por el que se resuelve la cuestin prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Barcelona respecto a la interpretacin de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993.

El Captulo III recoge diferentes modificaciones a la Ley de Enjuiciamiento Civil con el fin de garantizar que la ejecucin hipotecaria se realiza de manera que los derechos e intereses del deudor hipotecario sean protegidos de manera adecuada y, en su conjunto, se agilice y flexibilice el procedimiento de ejecucin. En particular, como medida de gran relevancia, se establece la posibilidad de que si tras la ejecucin hipotecaria de una vivienda habitual an quedara deuda por pagar, durante el procedimiento de ejecucin dineraria posterior se podr condonar parte del pago de la deuda remanente, siempre que se cumpla con ciertas obligaciones de pago. Adems, se permite que el deudor participe de la eventual revalorizacin futura de la vivienda ejecutada. Por otro lado, se facilita el acceso de postores a las subastas y se rebajan los requisitos que se imponen a los licitadores, de modo que, por ejemplo, se disminuye el aval necesario para pujar del 20 al 5 por cien del valor de tasacin de los bienes. Asimismo se duplica, en idntico sentido, el plazo de tiempo para que el rematante de una subasta consigne el precio de la adjudicacin.

Se introducen determinadas mejoras en el procedimiento de subasta, establecindose que el valor de tasacin a efectos de la misma no podr ser inferior al 75 por cien del valor de tasacin que sirvi para conceder el prstamo. Anteriormente no exista ningn lmite para el tipo de subasta. Adems, en caso de que la subasta concluyera sin postor alguno, se incrementan los porcentajes de adjudicacin del bien. En concreto, se elevara del 60 por cien hasta un mximo del 70 por cien, siempre para los supuestos de vivienda habitual.

Este Captulo recoge tambin la modificacin del procedimiento ejecutivo a efectos de que, de oficio o a instancia de parte, el rgano judicial competente pueda apreciar la existencia de clusulas abusivas en el ttulo ejecutivo y, como consecuencia, decretar la improcedencia de la ejecucin o, en su caso, su continuacin sin aplicacin de aqullas consideradas abusivas. Dicha modificacin se adopta como consecuencia de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unin Europea de 14 de marzo de 2013, dictada en el asunto, por la que se resuelve la cuestin prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Barcelona respecto a la interpretacin de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993.

Por ltimo, el Captulo IV modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de proteccin de deudores hipotecarios sin recursos, tanto en lo que afecta al mbito de aplicacin, como en lo relativo a las caractersticas de las medidas que pueden ser adoptadas.

Adicionalmente, esta Ley incluye un mandato al Gobierno para que emprenda inmediatamente las medidas necesarias para impulsar, con el sector financiero, la constitucin de un fondo social de viviendas destinadas a ofrecer cobertura a aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un prstamo hipotecario. Este fondo debiera movilizar un amplio parque de viviendas, propiedad de las entidades de crdito, en beneficio de aquellas familias que slo pueden acceder a una vivienda en caso de que las rentas se ajusten a la escasez de sus ingresos.

CAPTULO I
Suspensin de los lanzamientos
Artculo 1. Suspensin de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables.

1. Hasta transcurridos dos aos desde la entrada en vigor de esta Ley, no proceder el lanzamiento cuando en un proceso judicial o extrajudicial de ejecucin hipotecaria se hubiera adjudicado al acreedor, o a persona que acte por su cuenta, la vivienda habitual de personas que se encuentren en los supuestos de especial vulnerabilidad y en las circunstancias econmicas previstas en este artculo.

2. Los supuestos de especial vulnerabilidad a los que se refiere el apartado anterior son:

a) Familia numerosa, de conformidad con la legislacin vigente.

b) Unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo.

c) Unidad familiar de la que forme parte un menor de tres aos.

d) Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situacin de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral.

e) Unidad familiar en la que el deudor hipotecario se encuentre en situacin de desempleo y haya agotado las prestaciones por desempleo.

f) Unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o ms personas que estn unidas con el titular de la hipoteca o su cnyuge por vnculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situacin personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral.

g) Unidad familiar en que exista una vctima de violencia de gnero, conforme a lo establecido en la legislacin vigente, en el caso de que la vivienda objeto de lanzamiento constituya su domicilio habitual.

3. Para que sea de aplicacin lo previsto en el apartado 1 debern concurrir, adems de los supuestos de especial vulnerabilidad previstos en el apartado anterior, las circunstancias econmicas siguientes:

a) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el lmite de tres veces el Indicador Pblico de Renta de Efectos Mltiples. Dicho lmite ser de cuatro veces el Indicador Pblico de Renta de Efectos Mltiples en los supuestos previstos en las letras d) y f) del apartado anterior, y de cinco veces dicho indicador en el caso de que el ejecutado sea persona con parlisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad fsica o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento, as como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral.

b) Que, en los cuatro aos anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteracin significativa de sus circunstancias econmicas, en trminos de esfuerzo de acceso a la vivienda.

c) Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.

d) Que se trate de un crdito o prstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la nica vivienda en propiedad del deudor y concedido para la adquisicin de la misma.

4. A los efectos de lo previsto en este artculo se entender:

a) Que se ha producido una alteracin significativa de las circunstancias econmicas cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,5.

b) Por unidad familiar la compuesta por el deudor, su cnyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relacin de tutela, guarda o acogimiento familiar.

Artculo 2. Acreditacin.

La concurrencia de las circunstancias a que se refiere esta Ley se acreditar por el deudor en cualquier momento del procedimiento de ejecucin hipotecaria y antes de la ejecucin del lanzamiento, ante el Juez o el Notario encargado del procedimiento, mediante la presentacin de los siguientes documentos:

a) Percepcin de ingresos por los miembros de la unidad familiar:

1. Certificado de rentas y, en su caso, certificado relativo a la presentacin del Impuesto de Patrimonio, expedido por la Agencia Estatal de Administracin Tributaria con relacin a los ltimos cuatro ejercicios tributarios.

2. ltimas tres nminas percibidas.

3. Certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuanta mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.

4. Certificado acreditativo de los salarios sociales, rentas mnimas de insercin o ayudas anlogas de asistencia social concedidas por las Comunidades Autnomas y las entidades locales.

5. En caso de trabajador por cuenta propia se aportar el certificado expedido por la Agencia Estatal de Administracin Tributaria o, si estuviera percibiendo la prestacin por cese de actividad, el certificado expedido por el rgano gestor en el que figure la cuanta mensual percibida.

b) Nmero de personas que habitan la vivienda:

1. Libro de familia o documento acreditativo de la inscripcin como pareja de hecho.

2. Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentacin de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.

c) Titularidad de los bienes:

1. Certificados de titularidades expedidos por el Registro de la Propiedad en relacin con cada uno de los miembros de la unidad familiar.

2. Escrituras de compraventa de la vivienda y de constitucin de la garanta hipotecaria y otros documentos justificativos, en su caso, del resto de las garantas reales o personales constituidas, si las hubiere.

d) Declaracin responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse situado en el mbito de aplicacin de esta Ley.

CAPTULO II
Medidas de mejora del mercado hipotecario
Artculo 3. Modificacin de la Ley Hipotecaria, Texto Refundido segn Decreto de 8 de febrero de 1946.

La Ley Hipotecaria, Texto Refundido segn Decreto de 8 de febrero de 1946, queda modificada como sigue:

Uno. Se aade un apartado 3 al artculo 21 que queda redactado del siguiente modo:

1. Los documentos relativos a contratos o actos que deban inscribirse expresarn, por lo menos, todas las circunstancias que necesariamente debe contener la inscripcin y sean relativas a las personas de los otorgantes, a las fincas y a los derechos inscritos.

2. Las escrituras pblicas relativas a actos o contratos por los que se declaren, constituyan, transmitan, graven, modifiquen o extingan a ttulo oneroso el dominio y los dems derechos reales sobre bienes inmuebles, cuando la contraprestacin consistiera, en todo o en parte, en dinero o signo que lo represente, debern expresar, adems de las circunstancias previstas en el apartado anterior, la identificacin de los medios de pago empleados por las partes, en los trminos previstos en el artculo 24 de la Ley del Notariado, de 28 de mayo de 1862.

3. En las escrituras de prstamo hipotecario sobre vivienda deber constar el carcter, habitual o no, que pretenda atribuirse a la vivienda que se hipoteque. Se presumir, salvo prueba en contrario, que en el momento de la ejecucin judicial del inmueble es vivienda habitual si as se hiciera constar en la escritura de constitucin.

Dos. Se aade un tercer prrafo al artculo 114 que queda redactado del siguiente modo:

Los intereses de demora de prstamos o crditos para la adquisicin de vivienda habitual, garantizados con hipotecas constituidas sobre la misma vivienda, no podrn ser superiores a tres veces el inters legal del dinero y slo podrn devengarse sobre el principal pendiente de pago. Dichos intereses de demora no podrn ser capitalizados en ningn caso, salvo en el supuesto previsto en el artculo 579.2.a) de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Tres. Se modifica el artculo 129, que queda redactado del siguiente modo:

1. La accin hipotecaria podr ejercitarse:

a) Directamente contra los bienes hipotecados sujetando su ejercicio a lo dispuesto en el Ttulo IV del Libro III de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con las especialidades que se establecen en su Captulo V.

b) O mediante la venta extrajudicial del bien hipotecado, conforme al artculo 1.858 del Cdigo Civil, siempre que se hubiera pactado en la escritura de constitucin de la hipoteca slo para el caso de falta de pago del capital o de los intereses de la cantidad garantizada.

2. La venta extrajudicial se realizar ante Notario y se ajustar a los requisitos y formalidades siguientes:

a) El valor en que los interesados tasen la finca para que sirva de tipo en la subasta no podr ser distinto del que, en su caso, se haya fijado para el procedimiento de ejecucin judicial directa, ni podr en ningn caso ser inferior al 75 por cien del valor sealado en la tasacin realizada conforme a lo previsto en la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulacin del Mercado Hipotecario.

b) La estipulacin en virtud de la cual los otorgantes pacten la sujecin al procedimiento de venta extrajudicial de la hipoteca deber constar separadamente de las restantes estipulaciones de la escritura y deber sealar expresamente el carcter, habitual o no, que pretenda atribuirse a la vivienda que se hipoteque. Se presumir, salvo prueba en contrario, que en el momento de la venta extrajudicial el inmueble es vivienda habitual si as se hubiera hecho constar en la escritura de constitucin.

c) La venta extrajudicial slo podr aplicarse a las hipotecas constituidas en garanta de obligaciones cuya cuanta aparezca inicialmente determinada, de sus intereses ordinarios y de demora liquidados de conformidad con lo previsto en el ttulo y con las limitaciones sealadas en el artculo 114.

En el caso de que la cantidad prestada est inicialmente determinada pero el contrato de prstamo garantizado prevea el reembolso progresivo del capital, a la solicitud de venta extrajudicial deber acompaarse un documento en el que consten las amortizaciones realizadas y sus fechas, y el documento fehaciente que acredite haberse practicado la liquidacin en la forma pactada por las partes en la escritura de constitucin de hipoteca.

En cualquier caso en que se hubieran pactado intereses variables, a la solicitud de venta extrajudicial, se deber acompaar el documento fehaciente que acredite haberse practicado la liquidacin en la forma pactada por las partes en la escritura de constitucin de hipoteca.

d) La venta se realizar mediante una sola subasta, de carcter electrnico, que tendr lugar en el portal de subastas que a tal efecto dispondr la Agencia Estatal Boletn Oficial del Estado. Los tipos en la subasta y sus condiciones sern, en todo caso, los determinados por la Ley de Enjuiciamiento Civil.

e) En el Reglamento Hipotecario se determinar la forma y personas a las que deban realizarse las notificaciones, el procedimiento de subasta, las cantidades a consignar para tomar parte en la misma, causas de suspensin, la adjudicacin y sus efectos sobre los titulares de derechos o cargas posteriores as como las personas que hayan de otorgar la escritura de venta y sus formas de representacin.

f) Cuando el Notario considerase que alguna de las clusulas del prstamo hipotecario que constituya el fundamento de la venta extrajudicial o que hubiese determinado la cantidad exigible pudiera tener carcter abusivo, lo pondr en conocimiento de deudor, acreedor y en su caso, avalista e hipotecante no deudor, a los efectos oportunos.

En todo caso, el Notario suspender la venta extrajudicial cuando cualquiera de las partes acredite haber planteado ante el Juez que sea competente, conforme a lo establecido en el artculo 684 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el carcter abusivo de dichas clusulas contractuales.

La cuestin sobre dicho carcter abusivo se sustanciar por los trmites y con los efectos previstos para la causa de oposicin regulada en el apartado 4 del artculo 695.1 de Ley de Enjuiciamiento Civil.

Una vez sustanciada la cuestin, y siempre que no se trate de una clusula abusiva que constituya el fundamento de la ejecucin, el Notario podr proseguir la venta extrajudicial a requerimiento del acreedor.

g) Una vez concluido el procedimiento, el Notario expedir certificacin acreditativa del precio del remate y de la deuda pendiente por todos los conceptos, con distincin de la correspondiente a principal, a intereses remuneratorios, a intereses de demora y a costas, todo ello con aplicacin de las reglas de imputacin contenidas en el artculo 654.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cualquier controversia sobre las cantidades pendientes determinadas por el Notario ser dilucidada por las partes en juicio verbal.

h) La Ley de Enjuiciamiento Civil tendr carcter supletorio en todo aquello que no se regule en la Ley y en el Reglamento Hipotecario, y en todo caso ser de aplicacin lo dispuesto en el artculo 579.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Artculo 4. Modificacin de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulacin del Mercado Hipotecario.

Uno. El artculo tercero queda redactado del siguiente modo:

1. Las sociedades de tasacin y los servicios de tasacin de las entidades de crdito estarn sometidas a los requisitos de homologacin previa, independencia y secreto que se establezcan reglamentariamente.

2. Las sociedades de tasacin cuyos ingresos totales deriven, en el perodo temporal que reglamentariamente se establezca, al menos en un 10 por cien de su relacin de negocio con una entidad de crdito o con el conjunto de entidades de crdito de un mismo grupo, debern, siempre que alguna de esas entidades de crdito haya emitido y tenga en circulacin ttulos hipotecarios, disponer de mecanismos adecuados para favorecer la independencia de la actividad de tasacin y evitar conflictos de inters, especialmente con los directivos o las unidades de la entidad de crdito que, sin competencias especficas en el anlisis o la gestin de riesgos, estn relacionados con la concesin o comercializacin de crditos o prstamos hipotecarios.

Esos mecanismos consistirn al menos en un reglamento interno de conducta que establezca las incompatibilidades de sus directivos y administradores y los dems aspectos que resulten ms adecuados para la entidad, atendiendo a su tamao, tipo de negocio, y dems caractersticas. El Banco de Espaa verificar dichos mecanismos y podr establecer los requisitos mnimos que deban cumplir con carcter general y requerir a las entidades, de manera razonada, para que adopte las medidas adicionales que resulten necesarias para preservar su independencia profesional.

La obligacin de disponer de esos mecanismos afectar tambin a los servicios de tasacin de las entidades de crdito. Igualmente afectar a aquellas sociedades de tasacin en las que ejerzan una influencia significativa, accionistas con intereses especficos en la promocin o comercializacin de inmuebles, o en actividades que, a juicio del Banco de Espaa, sean de anloga naturaleza.

3. Las entidades de crdito que hayan emitido y tengan en circulacin ttulos hipotecarios y cuenten con servicios propios de tasacin debern constituir una comisin tcnica que verificar el cumplimiento de los requisitos de independencia mencionados en el apartado anterior. Dicha comisin elaborar un informe anual, que deber remitir al consejo de administracin u rgano equivalente de la entidad, sobre el grado de cumplimiento de las citadas exigencias. El referido informe anual deber ser remitido igualmente al Banco de Espaa.

4. Las sociedades de tasacin debern someterse a auditora de cuentas, ajustando el ejercicio econmico al ao natural. La revisin y verificacin de sus documentos contables se realizar de acuerdo con lo previsto en las normas reguladoras de la auditora de cuentas.

Dos. Se modifica el apartado 2.a).1. del artculo tercero bis, que queda redactado como sigue:

1. El incumplimiento, durante un perodo superior a tres meses, del requisito del capital social mnimo exigible para ejercer la actividad de tasacin en la legislacin del mercado hipotecario, as como, durante igual perodo, la ausencia, o la cobertura por importe inferior al exigible, del aseguramiento de la responsabilidad civil establecido en esa misma normativa.

Tres. La letra a) del artculo tercero bis.4 queda redactada del siguiente modo:

a) El Banco de Espaa incoar obligatoriamente un procedimiento sancionador cuando exista una comunicacin razonada de otro organismo o autoridad administrativa en la que se ponga de manifiesto que la prestacin irregular de los servicios de tasacin ha tenido repercusiones en su campo de actuacin administrativa. Asimismo, el Consejo de Consumidores y Usuarios podr solicitar al Banco de Espaa la incoacin de un procedimiento sancionador cuando, a su juicio, se ponga de manifiesto la prestacin irregular de los servicios de tasacin.

Cuatro. El artculo tercero bis I) queda redactado del siguiente modo:

Las entidades de crdito, incluso aquellas que dispongan de servicios propios de tasacin, estarn obligadas a aceptar cualquier tasacin de un bien aportada por el cliente, siempre que, sea certificada por un tasador homologado de conformidad con lo previsto en la presente Ley y no est caducada segn lo dispuesto legalmente, y ello, sin perjuicio de que la entidad de crdito pueda realizar las comprobaciones que estime pertinentes, de las que en ningn caso podr repercutir su coste al cliente que aporte la certificacin. El incumplimiento de esta obligacin se entender en todo caso como infraccin grave o muy grave de la entidad de crdito en los trminos de los artculos 5.d) o 4.e), respectivamente, de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervencin de las Entidades de Crdito, respectivamente.

Cinco. Los apartados 1 y 2 del artculo tercero ter quedan redactados como sigue:

1. Toda persona fsica o jurdica que pretenda adquirir, directa o indirectamente, una participacin significativa en una sociedad de tasacin deber informar previamente de ello al Banco de Espaa. Asimismo, se deber comunicar al Banco de Espaa, en cuanto tengan conocimiento de ello, las adquisiciones o cesiones de participaciones en su capital que traspasen el nivel sealado en el apartado 2 de este artculo. Queda prohibida la adquisicin o mantenimiento por parte de las entidades de crdito, de forma directa o indirecta, de una participacin significativa en una sociedad de tasacin. Idntica prohibicin de adquisicin o mantenimiento de participaciones significativas en una sociedad de tasacin se extender a todas aquellas personas fsicas o jurdicas relacionadas con la comercializacin, propiedad, explotacin o financiacin de bienes tasados por la misma.

2. A los efectos de esta Ley se entender por participacin significativa en una sociedad de tasacin aqulla que alcance, de forma directa o indirecta, al menos el 10 por cien del capital o de los derechos de voto de la sociedad.

Tambin tendr la consideracin de participacin significativa aqulla que, sin llegar al porcentaje sealado, permita ejercer una influencia notable en la sociedad.

Seis. El segundo prrafo del artculo quinto queda redactado del siguiente modo.

El prstamo o crdito garantizado con esta hipoteca no podr exceder del 60 por ciento del valor de tasacin del bien hipotecado. Cuando se financie la construccin, rehabilitacin o adquisicin de viviendas, el prstamo o crdito podr alcanzar el 80 por ciento del valor de tasacin, sin perjuicio de las excepciones que prev esta Ley. El plazo de amortizacin del prstamo o crdito garantizado, cuando financie la adquisicin, construccin o rehabilitacin de la vivienda habitual, no podr exceder de treinta aos.

Siete. Se suprime el tercer prrafo del artculo quinto.

Artculo 5. Modificacin de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulacin del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulacin de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria.

La letra a) del apartado 1 de la disposicin adicional primera queda redactada de la siguiente manera:

a) que el solicitante y los beneficiarios que ste pueda designar sean personas de edad igual o superior a los 65 aos o afectadas de dependencia o personas a las que se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

Artculo 6. Fortalecimiento de la proteccin del deudor hipotecario en la comercializacin de los prstamos hipotecarios.

1. En la contratacin de prstamos hipotecarios a los que se refiere el apartado siguiente se exigir que la escritura pblica incluya, junto a la firma del cliente, una expresin manuscrita, en los trminos que determine el Banco de Espaa, por la que el prestatario manifieste que ha sido adecuadamente advertido de los posibles riesgos derivados del contrato.

2. Los contratos que requerirn la citada expresin manuscrita sern aquellos que se suscriban con un prestatario, persona fsica, en los que la hipoteca recaiga sobre una vivienda o cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o edificios construidos o por construir, en los que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) que se estipulen limitaciones a la variabilidad del tipo de inters, del tipo de las clusulas suelo y techo, en los cuales el lmite de variabilidad a la baja sea inferior al lmite de variabilidad al alza;

b) que lleven asociada la contratacin de un instrumento de cobertura del riesgo de tipo de inters, o bien;

c) que se concedan en una o varias divisas.

CAPTULO III
Mejoras en el procedimiento de ejecucin hipotecaria
Artculo 7. Modificacin de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda modificada como sigue:

Uno. Se aade un prrafo al apartado 1 del artculo 552 que queda redactado del siguiente modo:

Cuando el tribunal apreciare que alguna de las clusulas incluidas en un ttulo ejecutivo de los citados en el artculo 557.1 pueda ser calificada como abusiva, dar audiencia por cinco das a las partes. Odas stas, acordar lo procedente en el plazo de los cinco das siguientes, conforme a lo previsto en el artculo 561.1.3.

Dos. Se aade una causa 7. al apartado 1 del artculo 557 que queda redactado del siguiente modo:

7. Que el ttulo contenga clusulas abusivas.

Tres. Se aade un punto 3. al apartado 1 del artculo 561, que queda redactado del siguiente modo:

3. Cuando se apreciase el carcter abusivo de una o varias clusulas, el auto que se dicte determinar las consecuencias de tal carcter, decretando bien la improcedencia de la ejecucin, bien despachando la misma sin aplicacin de aqullas consideradas abusivas.

Cuatro. Se aade un apartado 1 bis al artculo 575 que queda redactado del siguiente modo:

1 bis. En todo caso, en el supuesto de ejecucin de vivienda habitual las costas exigibles al deudor ejecutado no podrn superar el 5 por cien de la cantidad que se reclame en la demanda ejecutiva.

Cinco. El artculo 579 queda redactado del siguiente modo:

Artculo 579. Ejecucin dineraria en casos de bienes especialmente hipotecados o pignorados.

1. Cuando la ejecucin se dirija exclusivamente contra bienes hipotecados o pignorados en garanta de una deuda dineraria se estar a lo dispuesto en el captulo V de este Ttulo. Si, subastados los bienes hipotecados o pignorados, su producto fuera insuficiente para cubrir el crdito, el ejecutante podr pedir el despacho de la ejecucin por la cantidad que falte, y contra quienes proceda, y la ejecucin proseguir con arreglo a las normas ordinarias aplicables a toda ejecucin.

2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, en el supuesto de adjudicacin de la vivienda habitual hipotecada, si el remate aprobado fuera insuficiente para lograr la completa satisfaccin del derecho del ejecutante, la ejecucin, que no se suspender, por la cantidad que reste, se ajustar a las siguientes especialidades:

a) El ejecutado quedar liberado si su responsabilidad queda cubierta, en el plazo de cinco aos desde la fecha del decreto de aprobacin del remate o adjudicacin, por el 65 por cien de la cantidad total que entonces quedara pendiente, incrementada exclusivamente en el inters legal del dinero hasta el momento del pago. Quedar liberado en los mismos trminos si, no pudiendo satisfacer el 65 por cien dentro del plazo de cinco aos, satisficiera el 80 por cien dentro de los diez aos. De no concurrir las anteriores circunstancias, podr el acreedor reclamar la totalidad de lo que se le deba segn las estipulaciones contractuales y normas que resulten de aplicacin.

b) En el supuesto de que se hubiera aprobado el remate o la adjudicacin en favor del ejecutante o de aqul a quien le hubiera cedido su derecho y stos, o cualquier sociedad de su grupo, dentro del plazo de 10 aos desde la aprobacin, procedieran a la enajenacin de la vivienda, la deuda remanente que corresponda pagar al ejecutado en el momento de la enajenacin se ver reducida en un 50 por cien de la plusvala obtenida en tal venta, para cuyo clculo se deducirn todos los costes que debidamente acredite el ejecutante.

Si en los plazos antes sealados se produce una ejecucin dineraria que exceda del importe por el que el deudor podra quedar liberado segn las reglas anteriores, se pondr a su disposicin el remanente. El Secretario judicial encargado de la ejecucin har constar estas circunstancias en el decreto de adjudicacin y ordenar practicar el correspondiente asiento de inscripcin en el Registro de la Propiedad en relacin con lo previsto en la letra b) anterior.

Seis. El artculo 647.1 queda redactado del siguiente modo:

Artculo 647. Requisitos para pujar. Ejecutante licitador.

1. Para tomar parte en la subasta los licitadores debern cumplir los siguientes requisitos:

1. Identificarse de forma suficiente.

2. Declarar que conocen las condiciones generales y particulares de la subasta.

3. Presentar resguardo de que han depositado en la Cuenta de Depsitos y Consignaciones o de que han prestado aval bancario por el 5 por ciento del valor de tasacin de los bienes. Cuando el licitador realice el depsito con cantidades recibidas en todo o en parte de un tercero, se har constar as en el resguardo a los efectos de lo dispuesto en el apartado 2 delartculo 652.

Siete. El artculo 654 queda redactado del siguiente modo:

Artculo 654. Pago al ejecutante, destino del remanente, imputacin de pagos y certificacin de deuda pendiente en caso de insuficiencia de la ejecucin.

1. El precio del remate se entregar al ejecutante a cuenta de la cantidad por la que se hubiere despachado ejecucin y, si sobrepasare dicha cantidad, se retendr el remanente a disposicin del tribunal, hasta que se efecte la liquidacin de lo que, finalmente, se deba al ejecutante y del importe de las costas de la ejecucin.

2. Se entregar al ejecutado el remanente que pudiere existir una vez finalizada la realizacin forzosa de los bienes, satisfecho plenamente el ejecutante y pagadas las costas.

3. En el caso de que la ejecucin resultase insuficiente para saldar toda la cantidad por la que se hubiera despachado ejecucin ms los intereses y costas devengados durante la ejecucin, dicha cantidad se imputar por el siguiente orden: intereses remuneratorios, principal, intereses moratorios y costas. Adems el tribunal expedir certificacin acreditativa del precio del remate, y de la deuda pendiente por todos los conceptos, con distincin de la correspondiente a principal, a intereses remuneratorios, a intereses de demora y a costas.

Ocho. El artculo 668 queda redactado del siguiente modo:

Artculo 668. Contenido del anuncio de la subasta.

La subasta se anunciar con arreglo a lo previsto en el artculo 646, expresndose en los edictos la identificacin de la finca, que se efectuar en forma concisa e incluyendo los datos registrales y la referencia catastral si la tuviera, la situacin posesoria si le consta al juzgado, la valoracin inicial para la subasta, determinada con arreglo a lo dispuesto en el artculo 666 y los extremos siguientes:

1. Que la certificacin registral y, en su caso, la titulacin sobre el inmueble o inmuebles que se subastan est de manifiesto en la Oficina judicial sede del rgano de la ejecucin.

2. Que se entender que todo licitador acepta como bastante la titulacin existente o que no existan ttulos.

3. Que las cargas o gravmenes anteriores, si los hubiere, al crdito del actor continuarn subsistentes y que, por el slo hecho de participar en la subasta, el licitador los admite y acepta quedar subrogado en la responsabilidad derivada de aqullos, si el remate se adjudicare a su favor.

Asimismo la subasta se anunciar en el portal de subastas judiciales y electrnicas existentes y dependiente del Ministerio de Justicia. En la publicacin del anuncio se har expresa mencin al portal y a la posibilidad de consulta ms detallada de los datos.

Nueve. El apartado 1 del artculo 670 queda redactado del siguiente modo:

1. Si la mejor postura fuera igual o superior al 70 por ciento del valor por el que el bien hubiere salido a subasta, el Secretario judicial responsable de la ejecucin, mediante decreto, el mismo da o el da siguiente, aprobar el remate en favor del mejor postor. En el plazo de cuarenta das, el rematante habr de consignar en la Cuenta de Depsitos y Consignaciones la diferencia entre lo depositado y el precio total del remate.

Diez. El artculo 671 queda redactado del siguiente modo:

Artculo 671. Subasta sin ningn postor.

Si en el acto de la subasta no hubiere ningn postor, podr el acreedor, en el plazo de veinte das, pedir la adjudicacin del bien. Si no se tratare de la vivienda habitual del deudor, el acreedor podr pedir la adjudicacin por el 50 por cien del valor por el que el bien hubiera salido a subasta o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos. Si se tratare de la vivienda habitual del deudor, la adjudicacin se har por importe igual al 70 por cien del valor por el que el bien hubiese salido a subasta o si la cantidad que se le deba por todos los conceptos es inferior a ese porcentaje, por el 60 por cien. Se aplicar en todo caso la regla de imputacin de pagos contenida en el artculo 654.3.

Cuando el acreedor, en el plazo de veinte das, no hiciere uso de esa facultad, el Secretario judicial proceder al alzamiento del embargo, a instancia del ejecutado.

Once. El artculo 682 queda redactado del siguiente modo:

Artculo 682. mbito del presente captulo.

1. Las normas del presente Captulo slo sern aplicables cuando la ejecucin se dirija exclusivamente contra bienes pignorados o hipotecados en garanta de la deuda por la que se proceda.

2. Cuando se persigan bienes hipotecados, las disposiciones del presente Captulo se aplicarn siempre que, adems de lo dispuesto en el apartado anterior, se cumplan los requisitos siguientes:

1. Que en la escritura de constitucin de la hipoteca se determine el precio en que los interesados tasan la finca o bien hipotecado, para que sirva de tipo en la subasta, que no podr ser inferior, en ningn caso, al 75 por cien del valor sealado en la tasacin realizada conforme a las disposiciones de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulacin del Mercado Hipotecario.

2. Que, en la misma escritura, conste un domicilio, que fijar el deudor, para la prctica de los requerimientos y de las notificaciones.

En la hipoteca sobre establecimientos mercantiles se tendr necesariamente por domicilio el local en que estuviere instalado el establecimiento que se hipoteca.

3. El Registrador har constar en la inscripcin de la hipoteca las circunstancias a que se refiere el apartado anterior.

Doce. Se modifica el artculo 691.2, que pasa tener la siguiente redaccin:

2. La subasta se anunciar, al menos, con veinte das de antelacin. El sealamiento del lugar, da y hora para el remate se notificar al deudor, con la misma antelacin, en el domicilio que conste en el Registro o, en su caso, en la forma en que se haya practicado el requerimiento conforme a lo previsto en el artculo 686 de esta Ley. Durante dicho plazo cualquier interesado en la subasta podr solicitar del tribunal inspeccionar el inmueble o inmuebles hipotecados, quien lo comunicar a quien estuviere en la posesin, solicitando su consentimiento. Cuando el poseedor consienta la inspeccin del inmueble y colabore adecuadamente ante los requerimientos del tribunal para facilitar el mejor desarrollo de la subasta del bien hipotecado, podr solicitar al tribunal una reduccin de la deuda hipotecaria de hasta un 2 por cien del valor por el que el bien hubiera sido adjudicado. El tribunal, atendidas las circunstancias, y previa audiencia del ejecutante por plazo no superior a cinco das, decidir lo que proceda dentro del mximo deducible.

Trece. El artculo 693 queda redactado del siguiente modo:

Artculo 693. Reclamacin limitada a parte del capital o de los intereses cuyo pago deba hacerse en plazos diferentes. Vencimiento anticipado de deudas a plazos.

1. Lo dispuesto en este Captulo ser aplicable al caso en que deje de pagarse una parte del capital del crdito o los intereses, cuyo pago deba hacerse en plazos, si vencieren al menos tres plazos mensuales sin cumplir el deudor su obligacin de pago o un nmero de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligacin por un plazo al menos equivalente a tres meses. As se har constar por el Notario en la escritura de constitucin. Si para el pago de alguno de los plazos del capital o de los intereses fuere necesario enajenar el bien hipotecado, y an quedaren por vencer otros plazos de la obligacin, se verificar la venta y se transferir la finca al comprador con la hipoteca correspondiente a la parte del crdito que no estuviere satisfecha.

2. Podr reclamarse la totalidad de lo adeudado por capital y por intereses si se hubiese convenido el vencimiento total en caso de falta de pago de, al menos, tres plazos mensuales sin cumplir el deudor su obligacin de pago o un nmero de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligacin por un plazo, al menos, equivalente a tres meses, y este convenio constase en la escritura de constitucin.

3. En el caso a que se refiere el apartado anterior, el acreedor podr solicitar que, sin perjuicio de que la ejecucin se despache por la totalidad de la deuda, se comunique al deudor que, hasta el da sealado para la celebracin de la subasta, podr liberar el bien mediante la consignacin de la cantidad exacta que por principal e intereses estuviere vencida en la fecha de presentacin de la demanda, incrementada, en su caso, con los vencimientos del prstamo y los intereses de demora que se vayan produciendo a lo largo del procedimiento y resulten impagados en todo o en parte. A estos efectos, el acreedor podr solicitar que se proceda conforme a lo previsto en el apartado 2 del artculo 578.

Si el bien hipotecado fuese la vivienda habitual, el deudor podr, aun sin el consentimiento del acreedor, liberar el bien mediante la consignacin de las cantidades expresadas en el prrafo anterior.

Liberado un bien por primera vez, podr liberarse en segunda o ulteriores ocasiones siempre que, al menos, medien tres aos entre la fecha de la liberacin y la del requerimiento de pago judicial o extrajudicial efectuada por el acreedor.

Si el deudor efectuase el pago en las condiciones previstas en los apartados anteriores, se tasarn las costas, que se calcularn sobre la cuanta de las cuotas atrasadas abonadas, con el lmite previsto en el artculo 575.1 bis y, una vez satisfechas stas, el Secretario judicial dictar decreto liberando el bien y declarando terminado el procedimiento. Lo mismo se acordar cuando el pago lo realice un tercero con el consentimiento del ejecutante.

Catorce. El artculo 695 queda redactado del siguiente modo:

Artculo 695. Oposicin a la ejecucin.

1. En los procedimientos a que se refiere este Captulo slo se admitir la oposicin del ejecutado cuando se funde en las siguientes causas:

1. Extincin de la garanta o de la obligacin garantizada, siempre que se presente certificacin del Registro expresiva de la cancelacin de la hipoteca o, en su caso, de la prenda sin desplazamiento, o escritura pblica de carta de pago o de cancelacin de la garanta.

2. Error en la determinacin de la cantidad exigible, cuando la deuda garantizada sea el saldo que arroje el cierre de una cuenta entre ejecutante y ejecutado. El ejecutado deber acompaar su ejemplar de la libreta en la que consten los asientos de la cuenta y slo se admitir la oposicin cuando el saldo que arroje dicha libreta sea distinto del que resulte de la presentada por el ejecutante.

No ser necesario acompaar libreta cuando el procedimiento se refiera al saldo resultante del cierre de cuentas corrientes u operaciones similares derivadas de contratos mercantiles otorgados por entidades de crdito, ahorro o financiacin en los que se hubiere convenido que la cantidad exigible en caso de ejecucin ser la especificada en certificacin expedida por la entidad acreedora, pero el ejecutado deber expresar con la debida precisin los puntos en que discrepe de la liquidacin efectuada por la entidad.

3. En caso de ejecucin de bienes muebles hipotecados o sobre los que se haya constituido prenda sin desplazamiento, la sujecin de dichos bienes a otra prenda, hipoteca mobiliaria o inmobiliaria o embargo inscritos con anterioridad al gravamen que motive el procedimiento, lo que habr de acreditarse mediante la correspondiente certificacin registral.

4. El carcter abusivo de una clusula contractual que constituya el fundamento de la ejecucin o que hubiese determinado la cantidad exigible.

2. Formulada la oposicin a la que se refiere el apartado anterior, el Secretario judicial suspender la ejecucin y convocar a las partes a una comparecencia ante el Tribunal que hubiera dictado la orden general de ejecucin, debiendo mediar cuatro das desde la citacin, comparecencia en la que el Tribunal oir a las partes, admitir los documentos que se presenten y acordar en forma de auto lo que estime procedente dentro del segundo da.

3. El auto que estime la oposicin basada en las causas 1. y 3. del apartado 1 de este artculo mandar sobreseer la ejecucin; el que estime la oposicin basada en la causa 2. fijar la cantidad por la que haya de seguirse la ejecucin.

De estimarse la causa 4., se acordar el sobreseimiento de la ejecucin cuando la clusula contractual fundamente la ejecucin. En otro caso, se continuar la ejecucin con la inaplicacin de la clusula abusiva.

4. Contra el auto que ordene el sobreseimiento de la ejecucin o la inaplicacin de una clusula abusiva podr interponerse recurso de apelacin.

Fuera de estos casos, los autos que decidan la oposicin a que se refiere este artculo no sern susceptibles de recurso alguno y sus efectos se circunscribirn exclusivamente al proceso de ejecucin en que se dicten.

CAPTULO IV
Modificacin del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de proteccin de deudores hipotecarios sin recursos
Artculo 8. Modificacin del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de proteccin de deudores hipotecarios sin recursos.

El Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de proteccin de deudores hipotecarios sin recursos, queda modificado como sigue:

Uno. El artculo 2 queda redactado del siguiente modo:

Las medidas previstas en este Real Decreto-ley se aplicarn a los contratos de prstamo o crdito garantizados con hipoteca inmobiliaria cuyo deudor se encuentre situado en el umbral de exclusin y que estn vigentes a la fecha de su entrada en vigor, con excepcin de las contenidas en los artculos 12 y 13, que sern de aplicacin general.

Las medidas previstas en este Real Decreto-ley se aplicarn igualmente a los avalistas hipotecarios respecto de su vivienda habitual y con las mismas condiciones que las establecidas para el deudor hipotecario.

Dos. El artculo 3 queda redactado del siguiente modo:

1. Se considerarn situados en el umbral de exclusin aquellos deudores de un crdito o prstamo garantizado con hipoteca sobre su vivienda habitual, cuando concurran en ellos todas las circunstancias siguientes:

a) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el lmite de tres veces el Indicador Pblico de Renta de Efectos Mltiples. A estos efectos se entender por unidad familiar la compuesta por el deudor, su cnyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relacin de tutela, guarda o acogimiento familiar.

El lmite previsto en el prrafo anterior ser de cuatro veces el Indicador Pblico de Renta de Efectos Mltiples en caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situacin de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, o de cinco veces dicho indicador, en el caso de que un deudor hipotecario sea persona con parlisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad fsica o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento, as como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral.

b) Que, en los cuatro aos anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteracin significativa de sus circunstancias econmicas, en trminos de esfuerzo de acceso a la vivienda, o hayan sobrevenido en dicho perodo circunstancias familiares de especial vulnerabilidad.

A estos efectos se entender que se ha producido una alteracin significativa de las circunstancias econmicas cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,5; salvo que la entidad acredite que la carga hipotecaria en el momento de la concesin del prstamo era igual o superior a la carga hipotecaria en el momento de la solicitud de la aplicacin del Cdigo de Buenas Prcticas.

Asimismo, se entiende que se encuentran en una circunstancia familiar de especial vulnerabilidad:

1. La familia numerosa, de conformidad con la legislacin vigente.

2. La unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo.

3. La unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situacin de dependencia o enfermedad que le incapacite de forma permanente, de forma acreditada, para realizar una actividad laboral.

4. La unidad familiar de la que forme parte un menor de tres aos.

c) Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. Dicho porcentaje ser del 40 por cien cuando alguno de dichos miembros sea una persona en la que concurren las circunstancias previstas en el segundo prrafo del apartado a).

A efectos de las letras a) y b) anteriores, se considerar que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensin de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensin de jubilacin o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

2. Para la aplicacin de las medidas complementarias y sustitutivas de la ejecucin hipotecaria a que se refieren los apartados 2 y 3 del Anexo, ser adems preciso que se cumplan los siguientes requisitos.

a) Que el conjunto de los miembros de la unidad familiar carezca de cualesquiera otros bienes o derechos patrimoniales suficientes con los que hacer frente a la deuda.

b) Que se trate de un crdito o prstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la nica vivienda en propiedad del deudor o deudores y concedido para la adquisicin de la misma.

c) Que se trate de un crdito o prstamo que carezca de otras garantas, reales o personales o, en el caso de existir estas ltimas, que carezca de otros bienes o derechos patrimoniales suficientes con los que hacer frente a la deuda.

d) En el caso de que existan codeudores que no formen parte de la unidad familiar, debern estar incluidos en las circunstancias a), b) y c) anteriores.

3. La concurrencia de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 se acreditar por el deudor ante la entidad acreedora mediante la presentacin de los siguientes documentos:

a) Percepcin de ingresos por los miembros de la unidad familiar:

1. Certificado de rentas, y en su caso, certificado relativo a la presentacin del Impuesto de Patrimonio, expedido por la Agencia Estatal de Administracin Tributaria o el rgano competente de la Comunidad Autnoma, en su caso, con relacin a los ltimos cuatro ejercicios tributarios.

2. ltimas tres nminas percibidas.

3. Certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuanta mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.

4. Certificado acreditativo de los salarios sociales, rentas mnimas de insercin o ayudas anlogas de asistencia social concedidas por las Comunidades Autnomas y las entidades locales.

5. En caso de trabajador por cuenta propia, si estuviera percibiendo la prestacin por cese de actividad, el certificado expedido por el rgano gestor en el que figure la cuanta mensual percibida.

b) Nmero de personas que habitan la vivienda:

1. Libro de familia o documento acreditativo de la inscripcin como pareja de hecho.

2. Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentacin de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.

3. Declaracin de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.

c) Titularidad de los bienes:

1. Certificados de titularidades expedidos por el Registro de la Propiedad en relacin con cada uno de los miembros de la unidad familiar.

2. Escrituras de compraventa de la vivienda y de constitucin de la garanta hipotecaria y otros documentos justificativos, en su caso, del resto de las garantas reales o personales constituidas, si las hubiere.

d) Declaracin responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse situados en el umbral de exclusin segn el modelo aprobado por la comisin constituida para el seguimiento del cumplimiento del Cdigo de Buenas Prcticas.

Tres. Se introduce un nuevo artculo 3 bis con la siguiente redaccin:

Artculo 3 bis. Fiadores e hipotecantes no deudores.

Los fiadores e hipotecantes no deudores que se encuentren en el umbral de exclusin podrn exigir que la entidad agote el patrimonio del deudor principal, sin perjuicio de la aplicacin a ste, en su caso, de las medidas previstas en el Cdigo de Buenas Prcticas, antes de reclamarles la deuda garantizada, aun cuando en el contrato hubieran renunciado expresamente al beneficio de exclusin.

Cuatro. El artculo 4 queda redactado del siguiente modo:

1. En todos los contratos de crdito o prstamo garantizados con hipoteca inmobiliaria en los que el deudor se encuentre situado en el umbral de exclusin, el inters moratorio aplicable desde el momento en que el deudor solicite a la entidad la aplicacin de cualquiera de las medidas del cdigo de buenas prcticas y acredite ante la entidad que se encuentra en dicha circunstancia, ser, como mximo, el resultante de sumar a los intereses remuneratorios pactados en el prstamo un 2 por cien sobre el capital pendiente del prstamo.

2. Esta moderacin de intereses no ser aplicable a deudores o contratos distintos de los regulados en el presente Real Decreto-ley.

Cinco. El artculo 5 queda redactado del siguiente modo:

1. El Cdigo de Buenas Prcticas incluido en el Anexo ser de adhesin voluntaria por parte de las entidades de crdito o de cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesin de prstamos o crditos hipotecarios.

2. La aplicacin del Cdigo de Buenas Prcticas se extender a las hipotecas constituidas en garanta de prstamos o crditos concedidos para la compraventa de viviendas cuyo precio de adquisicin no hubiese excedido de los siguientes valores:

a) para municipios de ms de 1.000.000 de habitantes: 250.000 euros para viviendas habitadas por una o dos personas, amplindose dicho valor en 50.000 euros adicionales por cada persona a cargo, hasta un mximo de tres;

b) para municipios de entre 500.001 y 1.000.000 de habitantes o los integrados en reas metropolitanas de municipios de ms de 1.000.000 de habitantes: 225.000 euros para viviendas habitadas por una o dos personas, amplindose dicho valor en 45.000 euros adicionales por cada persona a cargo, hasta un mximo de tres;

c) para municipios de entre 100.001 y 500.000 habitantes: 187.500 euros para viviendas habitadas por una o dos personas, amplindose dicho valor en 37.500 euros adicionales por cada persona a cargo, hasta un mximo de tres;

d) para municipios de hasta 100.000 habitantes: 150.000 euros para viviendas habitadas por una o dos personas, amplindose dicho valor en 30.000 euros adicionales por cada persona a cargo, hasta un mximo de tres.

A efectos de lo anterior se tendrn en cuenta las ltimas cifras de poblacin resultantes de la revisin del Padrn Municipal. Asimismo se entendern por personas a cargo, los descendientes y ascendientes y los vinculados por una relacin de tutela, guarda o acogimiento familiar que habiten en la misma vivienda y que dependan econmicamente del deudor por percibir rentas inferiores al salario mnimo interprofesional.

No obstante, solo podrn acogerse a las medidas previstas en el apartado 3 del Cdigo las hipotecas constituidas en garanta de prstamos o crditos concedidos para la compraventa de viviendas cuyo precio de adquisicin no hubiese excedido de los siguientes valores:

a) para municipios de ms de 1.000.000 de habitantes: 200.000 euros;

b) para municipios de entre 500.001 y 1.000.000 de habitantes o los integrados en reas metropolitanas de municipios de ms de 1.000.000 de habitantes: 180.000 euros;

c) para municipios de entre 100.001 y 500.000 habitantes: 150.000 euros;

d) para municipios de hasta 100.000 habitantes: 120.000 euros.

3. Las entidades comunicarn su adhesin a la Secretara General del Tesoro y Poltica Financiera. En los primeros diez das de los meses de enero, abril, julio y octubre, el Secretario de Estado de Economa y Apoyo a la Empresa, mediante resolucin, ordenar la publicacin del listado de entidades adheridas en la sede electrnica de la Secretara General del Tesoro y Poltica Financiera y en el Boletn Oficial del Estado.

4. Desde la adhesin de la entidad de crdito, y una vez que se produzca la acreditacin por parte del deudor de que se encuentra situado dentro del umbral de exclusin, sern de obligada aplicacin las previsiones del Cdigo de Buenas Prcticas. Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de las partes podr compeler a la otra a la formalizacin en escritura pblica de la novacin del contrato resultante de la aplicacin de las previsiones contenidas en el Cdigo de Buenas Prcticas. Los costes de dicha formalizacin corrern a cargo de la parte que la solicite.

5. La novacin del contrato tendr los efectos previstos en el artculo 4.3 de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre Subrogacin y Modificacin de Prstamos Hipotecarios, con respecto a los prstamos y crditos novados.

6. La adhesin de la entidad se entender producida por un plazo de dos aos, prorrogable automticamente por perodos anuales, salvo denuncia expresa de la entidad adherida, notificada a la Secretara General del Tesoro y Poltica Financiera con una antelacin mnima de tres meses.

7. El contenido del Cdigo de Buenas Prcticas resultar de aplicacin exclusiva a las entidades adheridas, deudores y contratos a los que se refiere este Real Decreto-ley. No proceder, por tanto, la extensin de su aplicacin, con carcter normativo o interpretativo, a ningn otro mbito.

8. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las entidades adheridas podrn con carcter puramente potestativo aplicar las previsiones del Cdigo de Buenas Prcticas a deudores distintos de los comprendidos en el artculo 3 y podrn, en todo caso, en la aplicacin del Cdigo, mejorar las previsiones contenidas en el mismo.

9. Las entidades adheridas al Cdigo de Buenas Prcticas habrn de informar adecuadamente a sus clientes sobre la posibilidad de acogerse a lo dispuesto en el Cdigo. Esta informacin habr de facilitarse especialmente en su red comercial de oficinas. En particular, las entidades adheridas debern comunicar por escrito la existencia de este Cdigo, con una descripcin concreta de su contenido, y la posibilidad de acogerse a l para aquellos clientes que hayan incumplido el pago de alguna cuota hipotecaria o manifiesten, de cualquier manera, dificultades en el pago de su deuda hipotecaria.

Seis. El artculo 6 queda redactado del siguiente modo:

1. El cumplimiento del Cdigo de Buenas Prcticas por parte de las entidades adheridas ser supervisado por una comisin de control constituida al efecto.

2. La comisin de control estar integrada por once miembros:

a) Uno nombrado por el Ministerio de Economa y Competitividad con al menos rango de Director General, que presidir la comisin y tendr voto de calidad.

b) Uno designado por el Banco de Espaa, que actuar como Secretario.

c) Uno designado por la Comisin Nacional del Mercado de Valores.

d) Un juez designado por el Consejo General del Poder Judicial.

e) Un Secretario Judicial designado por el Ministerio de Justicia.

f) Un Notario designado por el Consejo General del Notariado.

g) Uno designado por el Instituto Nacional de Estadstica.

h) Uno designado por la Asociacin Hipotecaria Espaola.

i) Uno designado por el Consejo de Consumidores y Usuarios.

j) Dos designados por las asociaciones no gubernamentales que determinar el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que realicen labores de acogida.

La comisin de control determinar sus normas de funcionamiento y se reunir cada vez que sea convocada por su Presidente, por propia iniciativa o a instancia de cuatro de sus miembros. Estar, asimismo, facultada para establecer su propio rgimen de convocatorias.

3. Para la vlida constitucin de la comisin a efectos de la celebracin de sesiones, deliberaciones y adopcin de decisiones, ser necesaria la asistencia de, al menos, cinco de sus miembros, siempre que entre ellos figure el Presidente. Sus acuerdos se adoptarn por mayora de sus miembros.

4. La comisin de control recibir y evaluar la informacin que, en relacin con los apartados 5 y 6, le traslade el Banco de Espaa y publicar semestralmente un informe en el que evale el grado de cumplimiento del Cdigo de Buenas Prcticas. Este informe deber remitirse a la Comisin de Economa y Competitividad del Congreso de los Diputados.

Asimismo, corresponder a esta comisin la elaboracin del modelo normalizado de declaracin responsable a que se refiere la letra d) del artculo 3.3.

5. Las entidades adheridas remitirn al Banco de Espaa, con carcter mensual, la informacin que les requiera la comisin de control. Esta informacin incluir, en todo caso:

a) El nmero, volumen y caractersticas de las operaciones solicitadas, ejecutadas y denegadas en aplicacin del Cdigo de Buenas Prcticas, con el desglose que se considere adecuado para valorar el funcionamiento del Cdigo.

b) Informacin relativa a los procedimientos de ejecucin hipotecaria sobre viviendas de personas fsicas.

c) Informacin relativa a las prcticas que lleven a cabo las entidades en relacin con el tratamiento de la deuda hipotecaria vinculada a la vivienda de las personas fsicas.

d) Las reclamaciones tramitadas conforme a lo previsto en el apartado siguiente.

La Comisin de Control podr igualmente requerir a las entidades adheridas cualquier otra informacin que considere apropiada en relacin con la proteccin de deudores hipotecarios.

6. Podrn formularse ante el Banco de Espaa las reclamaciones derivadas del presunto incumplimiento por las entidades de crdito del Cdigo de Buenas Prcticas, las cuales recibirn el mismo tratamiento que las dems reclamaciones cuya tramitacin y resolucin corresponde al citado Banco de Espaa.

7. La Comisin podr analizar y elevar al Gobierno propuestas relativas a la proteccin de los deudores hipotecarios.

Siete. Se introduce un nuevo Captulo VI con la siguiente redaccin:

CAPTULO VI
Rgimen sancionador

Artculo 15. Rgimen sancionador.

Lo previsto en los apartados 4 y 9 del artculo 5, y en el artculo 6.5 tendr la condicin de normativa de ordenacin y disciplina, conforme a lo previsto en la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervencin de las Entidades de Crdito, y el incumplimiento de las obligaciones que derivan de los mismos se considerar infraccin grave, que se sancionar de acuerdo con lo establecido en dicha Ley.

Ocho. El Anexo queda redactado del siguiente modo:

ANEXO
Cdigo de Buenas Prcticas para la reestructuracin viable de las deudas con garanta hipotecaria sobre la vivienda habitual

1. Medidas previas a la ejecucin hipotecaria: reestructuracin de deudas hipotecarias.

a) Los deudores comprendidos en el mbito de aplicacin del artculo 2 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de proteccin de deudores hipotecarios sin recursos, podrn solicitar y obtener de la entidad acreedora la reestructuracin de su deuda hipotecaria al objeto de alcanzar la viabilidad a medio y largo plazo de la misma. Junto a la solicitud de reestructuracin, acompaarn la documentacin prevista en el artculo 3.3 del citado Real Decreto-ley.

No podrn formular tal solicitud aquellos deudores que se encuentren en un procedimiento de ejecucin, una vez se haya producido el anuncio de la subasta.

b) En el plazo de un mes desde la presentacin de la solicitud anterior junto con la documentacin a que se refiere la letra anterior, la entidad deber notificar y ofrecer al deudor un plan de reestructuracin en el que se concreten la ejecucin y las consecuencias financieras para el deudor de la aplicacin conjunta de las medidas contenidas en esta letra. Sin perjuicio de lo anterior, el deudor podr presentar en todo momento a la entidad una propuesta de plan de reestructuracin, que deber ser analizada por la entidad, quien, en caso de rechazo, deber comunicar al deudor los motivos en que se fundamente.

i. Carencia en la amortizacin de capital de cinco aos. El capital correspondiente a las cuotas de ese periodo podr o bien pasarse a una cuota final al trmino del prstamo o bien prorratearse en las cuotas restantes, o realizarse una combinacin de ambos sistemas.

ii. Ampliacin del plazo de amortizacin hasta un total de 40 aos a contar desde la concesin del prstamo.

iii. Reduccin del tipo de inters aplicable a Euribor + 0,25 por cien durante el plazo de carencia.

Adicionalmente, las entidades podrn reunificar el conjunto de las deudas contradas por el deudor.

No conllevar costes por compensacin la amortizacin anticipada del crdito o prstamo hipotecario solicitada durante los diez aos posteriores a la aprobacin del plan de reestructuracin.

c) En el plan de reestructuracin la entidad advertir, en su caso, del carcter inviable del plan conforme al criterio previsto en el apartado siguiente o que, de resultar dicho plan inviable, se podrn solicitar las medidas complementarias previstas en el siguiente apartado.

2. Medidas complementarias.

a) Los deudores para los que el plan de reestructuracin previsto en el apartado anterior resulte inviable dada su situacin econmico financiera, podrn solicitar una quita en el capital pendiente de amortizacin en los trminos previstos en este apartado, que la entidad tendr facultad para aceptar o rechazar en el plazo de un mes a contar desde la acreditacin de la inviabilidad del plan de reestructuracin.

A estos efectos, se entender por plan de reestructuracin inviable aquel que establezca una cuota hipotecaria mensual superior al 50 por cien de los ingresos que perciban conjuntamente todos los miembros de la unidad familiar.

b) Al objeto de determinar la quita, la entidad emplear alguno de los siguientes mtodos de clculo y notificar, en todo caso, los resultados obtenidos al deudor, con independencia de que la primera decida o no conceder dicha quita:

i. Reduccin en un 25 por cien.

ii. Reduccin equivalente a la diferencia entre capital amortizado y el que guarde con el total del capital prestado la misma proporcin que el nmero de cuotas satisfechas por el deudor sobre el total de las debidas.

iii. Reduccin equivalente a la mitad de la diferencia existente entre el valor actual de la vivienda y el valor que resulte de sustraer al valor inicial de tasacin dos veces la diferencia con el prstamo concedido, siempre que el primero resulte inferior al segundo.

c) Esta medida tambin podr ser solicitada por aquellos deudores que se encuentren en un procedimiento de ejecucin hipotecaria en el que ya se haya producido el anuncio de la subasta. Asimismo podr serlo por aquellos deudores que, estando incluidos en el umbral de exclusin al que se refiere el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de proteccin de deudores hipotecarios sin recursos, no han podido optar a la dacin en pago por presentar la vivienda cargas posteriores a la hipoteca.

3. Medidas sustitutivas de la ejecucin hipotecaria: dacin en pago de la vivienda habitual.

a) En el plazo de doce meses desde la solicitud de la reestructuracin, los deudores comprendidos en el mbito de aplicacin del artculo 2 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de proteccin de deudores hipotecarios sin recursos, para los que la reestructuracin y las medidas complementarias, en su caso, no resulten viables conforme a lo establecido en el apartado 2, podrn solicitar la dacin en pago de su vivienda habitual en los trminos previstos en este apartado. En estos casos la entidad estar obligada a aceptar la entrega del bien hipotecado por parte del deudor, a la propia entidad o tercero que sta designe, quedando definitivamente cancelada la deuda.

b) La dacin en pago supondr la cancelacin total de la deuda garantizada con hipoteca y de las responsabilidades personales del deudor y de terceros frente a la entidad por razn de la misma deuda.

c) El deudor, si as lo solicitara en el momento de pedir la dacin en pago, podr permanecer durante un plazo de dos aos en la vivienda en concepto de arrendatario, satisfaciendo una renta anual del 3 por cien del importe total de la deuda en el momento de la dacin. Durante dicho plazo el impago de la renta devengar un inters de demora del 10 por cien.

d) Las entidades podrn pactar con los deudores la cesin de una parte de la plusvala generada por la enajenacin de la vivienda, en contraprestacin por la colaboracin que ste pueda prestar en dicha transmisin.

e) Esta medida no ser aplicable en los supuestos que se encuentren en procedimiento de ejecucin en los que ya se haya anunciado la subasta, o en los que la vivienda est gravada con cargas posteriores.

4. Publicidad del Cdigo de Buenas Prcticas.

Las entidades garantizarn la mxima difusin del contenido del Cdigo de Buenas Prcticas, en particular, entre sus clientes.

Disposicin adicional primera. Fondo social de viviendas.

Se encomienda al Gobierno que promueva con el sector financiero la constitucin de un fondo social de viviendas propiedad de las entidades de crdito, destinadas a ofrecer cobertura a aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un prstamo hipotecario. Este fondo social de viviendas tendr por objetivo facilitar el acceso a estas personas a contratos de arrendamiento con rentas asumibles en funcin de los ingresos que perciban.

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley se podr valorar la ampliacin del mbito de cobertura del fondo social de viviendas a personas que se encuentren en circunstancias de vulnerabilidad social distintas a las previstas en el artculo 1 de esta Ley. Antes de dicho periodo, nicamente podrn efectuarse adjudicaciones a dichas personas cuando las circunstancias excepcionales del caso lo justificasen y as se pusiese de manifiesto.

Disposicin adicional segunda. Informe del Banco de Espaa sobre la independencia de las sociedades de tasacin.

En el plazo de tres meses desde la aprobacin de esta Ley, el Banco de Espaa remitir al Gobierno un informe en el que se analicen las posibles medidas a impulsar para, en aras de garantizar la estabilidad financiera y el correcto funcionamiento del mercado hipotecario, se fortalezca la independencia en el ejercicio de la actividad de las sociedades de tasacin y la calidad de sus valoraciones de bienes inmuebles.

Disposicin adicional tercera. Publicacin por el Banco de Espaa de la Gua de Acceso al Prstamo Hipotecario.

En el plazo de dos meses desde la aprobacin de esta Ley, el Banco de Espaa publicar la Gua de Acceso al Prstamo Hipotecario a la que se refiere el artculo 20 de la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y proteccin del cliente de servicios bancarios.

Disposicin adicional cuarta. Exencin de devolucin de ayudas y beneficios fiscales.

A los beneficiarios de ayudas estatales para la adquisicin de viviendas acogidas a financiacin estatal protegida, no se les exigir la autorizacin administrativa ni el reintegro a la Administracin General del Estado de las ayudas recibidas ni de las exenciones o bonificaciones tributarias otorgadas cuando la vivienda protegida sea objeto de dacin en pago al acreedor o a cualquier sociedad de su grupo o de transmisin mediante procedimiento de ejecucin hipotecaria o venta extrajudicial.

Tampoco se exigir a los adquirentes de viviendas acogidas a financiacin estatal de proteccin oficial la devolucin de las ayudas otorgadas siempre que, como consecuencia de reestructuraciones o quitas de deudas hipotecarias realizadas al amparo del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de proteccin a deudores hipotecarios sin recursos, se modifiquen las condiciones de los prstamos regulados en los distintos planes estatales de vivienda aun cuando stos se conviertan en prstamos libres.

Las previsiones contenidas en esta Disposicin adicional no implicaran la modificacin del rgimen jurdico de calificacin de la vivienda ni el resto de condiciones aplicables a la misma.

Disposicin transitoria primera. Procedimientos en curso.

Esta Ley ser de aplicacin a los procesos judiciales o extrajudiciales de ejecucin hipotecaria que se hubieran iniciado a la entrada en vigor de la misma, en los que no se hubiese ejecutado el lanzamiento.

Disposicin transitoria segunda. Intereses de demora de hipotecas constituidas sobre vivienda habitual.

La limitacin de los intereses de demora de hipotecas constituidas sobre vivienda habitual prevista en el artculo 3 apartado Dos ser de aplicacin a las hipotecas constituidas con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.

Asimismo, dicha limitacin ser de aplicacin a los intereses de demora previstos en los prstamos con garanta de hipoteca sobre vivienda habitual, constituidos antes de la entrada en vigor de la Ley, que se devenguen con posterioridad a la misma, as como a los que habindose devengado en dicha fecha no hubieran sido satisfechos.

En los procedimientos de ejecucin o venta extrajudicial iniciados y no concluidos a la entrada en vigor de esta Ley, y en los que se haya fijado ya la cantidad por la que se solicita que se despache ejecucin o la venta extrajudicial, el Secretario judicial o el Notario dar al ejecutante un plazo de 10 das para que recalcule aquella cantidad conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.

Disposicin transitoria tercera. Rgimen de participaciones significativas en una sociedad de tasacin.

Las entidades de crdito, as como las personas fsicas o jurdicas relacionadas con la comercializacin, propiedad, explotacin o financiacin de bienes tasados por aquellas, debern reducir sus participaciones en las sociedades de tasacin en cumplimiento de lo previsto en el artculo 3 ter de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulacin del Mercado Hipotecario, en el plazo mximo de 1 ao desde la entrada en vigor de esta Ley.

Disposicin transitoria cuarta. Rgimen transitorio en los procesos de ejecucin.

1. La modificaciones de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, introducidas por la presente Ley sern de aplicacin a los procesos de ejecucin iniciados a su entrada en vigor, nicamente respecto a aquellas actuaciones ejecutivas pendientes de realizar.

2. En todo caso, en los procedimientos ejecutivos en curso a la entrada en vigor de esta Ley en los que haya transcurrido el periodo de oposicin de diez das previsto en el artculo 556.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las partes ejecutadas dispondrn de un plazo preclusivo de un mes para formular un incidente extraordinario de oposicin basado en la existencia de las nuevas causas de oposicin previstas en el apartado 7. del artculo 557.1 y 4. del artculo 695.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El plazo preclusivo de un mes se computar desde el da siguiente a la entrada en vigor de esta Ley y la formulacin de las partes del incidente de oposicin tendr como efecto la suspensin del curso del proceso hasta la resolucin del incidente, conforme a lo previsto en los artculos 558 y siguientes y 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Esta Disposicin transitoria se aplicar a todo procedimiento ejecutivo que no haya culminado con la puesta en posesin del inmueble al adquirente conforme a lo previsto en el artculo 675 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

3. Asimismo, en los procedimientos ejecutivos en curso en los que, a la entrada en vigor de esta Ley, ya se haya iniciado el periodo de oposicin de diez das previsto en el artculo 556.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las partes ejecutadas dispondrn del mismo plazo preclusivo de un mes previsto en el apartado anterior para formular oposicin basada en la existencia de cualesquiera causas de oposicin previstas en los artculos 557 y 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

4. La publicidad de la presente Disposicin tendr el carcter de comunicacin plena y vlida a los efectos de notificacin y cmputo de los plazos previstos en los apartados 2 y 3 de este artculo, no siendo necesario en ningn caso dictar resolucin expresa al efecto.

5. Lo dispuesto en el artculo 579.2 de la Ley Enjuiciamiento Civil ser de aplicacin a las adjudicaciones de vivienda habitual realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, siempre que a esa fecha no se hubiere satisfecho completamente la deuda y que no hayan transcurrido los plazos a los que se refieren las letras a) y b) del citado artculo. En estos casos, los plazos anteriores que vencieran a lo largo de 2013 se prolongarn hasta el 1 de enero de 2014.

La aplicacin de lo previsto en este apartado no supondr en ningn caso la obligacin del ejecutante de devolver las cuantas ya percibidas del ejecutado.

Disposicin transitoria quinta. Venta extrajudicial.

Lo previsto en el artculo 3 apartado Tres se aplicar a las ventas extrajudiciales que se inicien con posterioridad a la entrada en vigor de la esta Ley, cualquier que fuese la fecha en que se hubiera otorgado la escritura de constitucin de hipoteca.

En las ventas extrajudiciales iniciadas antes de la entrada en vigor de la presente Ley y en las que no se haya producido la adjudicacin del bien hipotecado, el Notario acordar su suspensin cuando, en el plazo preclusivo de un mes desde el da siguiente a la entrada en vigor de esta Ley, cualquiera de las partes acredite haber planteado ante el Juez competente, conforme a lo previsto por el artculo 129 de la Ley Hipotecaria, el carcter abusivo de alguna clusula del contrato de prstamo hipotecario que constituya el fundamento de la venta extrajudicial o que determine la cantidad exigible.

Disposicin transitoria sexta. Constitucin de la Comisin de Control del Cdigo de Buenas Prcticas.

La Comisin de Control del Cdigo de Buenas Prcticas habr de constituirse y celebrar su primera reunin, con la composicin prevista en el apartado 6 del artculo 8, en el plazo mximo de un mes a partir de la entrada en vigor de esta Ley.

Disposicin transitoria sptima. Aplicacin del Cdigo de Buenas Prcticas.

Los procedimientos de aplicacin del Cdigo de Buenas Prcticas iniciados y no finalizados antes de la entrada en vigor de esta Ley, se regirn por lo dispuesto en el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, incorporando las adaptaciones necesarias para ajustarse a los cambios que introduce esta Ley en el Cdigo, a partir de que la entidad comunique su adhesin.

La aplicacin de las modificaciones de este Cdigo en ningn caso implicar un empeoramiento de la situacin para el deudor, en relacin con la proteccin que hubiera recibido de acuerdo con la antigua redaccin del Cdigo.

Disposicin transitoria octava. Adhesin al Cdigo de Buenas Prcticas.

Las entidades comunicarn su adhesin a las modificaciones introducidas en el Cdigo de Buenas Prcticas por esta Ley a la Secretaria General del Tesoro y Poltica Financiera. En los primeros diez das de los meses de enero, abril, julio y octubre, el Secretario de Estado de Economa y Apoyo a la Empresa, mediante resolucin, ordenar la publicacin del listado de las entidades adheridas a dichas modificaciones en la sede electrnica de la Secretara General del Tesoro y Poltica Financiera y en el Boletn Oficial del Estado.

Las entidades que se hubieran adherido al Cdigo de Buenas Prcticas aprobado por el Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de proteccin de deudores hipotecarios sin recursos y no se adhieran a las modificaciones introducidas en el mismo por esta Ley seguirn obligadas en los trminos de dicho Real Decreto Ley, en su versin originaria.

Disposicin transitoria novena. Lmite de emisin de cdulas hipotecarias.

Los prstamos y crditos hipotecarios con plazo de amortizacin superior a 30 aos formalizados por las entidades con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley y que cumpliesen el resto de requisitos contenidos en la Seccin II de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulacin del Mercado Hipotecario, seguirn perteneciendo, hasta su completa amortizacin, a la cartera de prstamos y crditos elegibles a efectos del clculo del lmite de emisin de cdulas hipotecarias contenido en el artculo 16 de dicha Ley.

Disposicin transitoria dcima. Aplicaciones de las exenciones de devolucin de ayudas y beneficios fiscales relativos a Viviendas de Proteccin Oficial.

Lo previsto en la disposicin adicional cuarta ser de aplicacin tanto a los procedimientos iniciados a la entrada en vigor de esta Ley como a aquellos otros que, habindose iniciado antes de dicha fecha, no hayan finalizado.

Disposicin final primera. Modificacin del Texto Refundido de la Ley de Regulacin de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.

Se aade una Disposicin adicional sptima en los trminos siguientes:

Disposicin adicional sptima. Disponibilidad de los planes de pensiones en caso de procedimiento de ejecucin sobre la vivienda habitual.

Durante el plazo de dos aos desde la entrada en vigor de la Ley 1/2013, de medidas para reforzar la proteccin a los deudores hipotecarios, reestructuracin de deuda y alquiler social, excepcionalmente, los partcipes de los planes de pensiones podrn hacer efectivos sus derechos consolidados en el supuesto de procedimiento de ejecucin sobre la vivienda habitual del partcipe. Reglamentariamente podrn regularse las condiciones y trminos en que podrn hacerse efectivos los derechos consolidados en dicho supuesto, debiendo concurrir al menos los siguientes requisitos:

a) Que el partcipe se halle incurso en un procedimiento de ejecucin forzosa judicial, administrativa o venta extrajudicial para el cumplimiento de obligaciones, en el que se haya acordado proceder a la enajenacin de su vivienda habitual.

b) Que el participe no disponga de otros bienes, derechos o rentas en cuanta suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda objeto de la ejecucin y evitar la enajenacin de la vivienda.

c) Que el importe neto de sus derechos consolidados en el plan o planes de pensiones sea suficiente para evitar la enajenacin de la vivienda.

El reembolso de derechos consolidados se har efectivo a solicitud del partcipe, en un pago nico en la cuanta necesaria para evitar la enajenacin de la vivienda, sujetndose al rgimen fiscal establecido para las prestaciones de los planes de pensiones. El reembolso deber efectuarse dentro del plazo mximo de siete das hbiles desde que el partcipe presente la documentacin acreditativa correspondiente.

El Gobierno, a propuesta del Ministro de Economa y Competitividad, podr ampliar el plazo previsto en esta Disposicin para solicitar el cobro de los planes de pensiones en caso de procedimiento de ejecucin sobre la vivienda habitual o establecer nuevos periodos a tal efecto, teniendo en cuenta las necesidades de renta disponible ante la situacin de endeudamiento derivada de las circunstancias de la economa.

Lo dispuesto en esta Disposicin ser igualmente aplicable a los asegurados de los planes de previsin asegurados, planes de previsin social empresarial y mutualidades de previsin social a que se refiere el artculo 51 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas, y en general a los seguros colectivos que instrumentan compromisos por pensiones en los que se haya transmitido a los asegurados la titularidad de los derechos derivados de las primas pagadas por la empresa as como respecto a los derechos correspondientes a primas pagadas por aquellos.

Disposicin final segunda. Modificacin del Texto Refundido de la Ley de ordenacin y supervisin de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre.

Se modifica el apartado 3 del artculo 60 del Texto Refundido de la Ley de ordenacin y supervisin de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, en los siguientes trminos:

3. En los seguros de vida en que el tomador asume el riesgo de la inversin se informar de forma clara y precisa acerca de que el importe que se va a percibir depende de fluctuaciones en los mercados financieros, ajenos al control del asegurador y cuyos resultados histricos no son indicadores de resultados futuros.

En aqullas modalidades de seguro de vida en las que el tomador no asuma el riesgo de la inversin se informar de la rentabilidad esperada de la operacin, considerando todos los costes. Las modalidades a las que resulta aplicable as como la metodologa de clculo de la rentabilidad esperada se determinarn reglamentariamente.

Disposicin final tercera. Ttulos competenciales.

Esta Ley se aprueba al amparo de lo dispuesto en las reglas 6., 8., 11., 13. y 14. del artculo 149.1 de la Constitucin Espaola, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre legislacin mercantil y procesal, legislacin civil, bases de la ordenacin del crdito, banca y seguros, bases y coordinacin de la planificacin general de la actividad econmica y hacienda general y Deuda del Estado, respectivamente.

Disposicin final cuarta. Entrada en vigor.

Esta Ley entrar en vigor el da de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 14 de mayo de 2013.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

MARIANO RAJOY BREY

Análisis

  • Rango: Ley
  • Fecha de disposición: 14/05/2013
  • Fecha de publicación: 15/05/2013
  • Entrada en vigor: 15 de mayo de 2013.
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • SE MODIFICA los apartados 1 y 2 del art. 1, por Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo (Ref. BOE-A-2017-2985).
  • SE DECLARA en el Recurso 4985/2013, la prdida de objeto en relacin con los arts. 1.1,2 y 3; 3.3; 7.1 y 14; 8.2 y la disposicin adicional 1 y la desestimacin en todo lo dems, por Sentencia 213/2016, de 15 de diciembre (Ref. BOE-A-2017-648).
  • SE MODIFICA:
    • los apartados 1, 2 y 3 del art. 1, por Ley 25/2015, de 28 de julio (Ref. BOE-A-2015-8469).
    • la disposicin adicional 1, por Ley 9/2015, de 25 de mayo (Ref. BOE-A-2015-5744).
    • el art. 1.1, 2 y 3, por Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero (Ref. BOE-A-2015-2109).
    • las disposiciones adicional 1, transitorias 4, 5 y la rbrica del captulo III, por Ley 8/2013, de 26 de junio (Ref. BOE-A-2013-6938).
  • CORRECCIN de errores en BOE nm. 123, de 23 de mayo de 2013 (Ref. BOE-A-2013-5391).
Referencias anteriores
  • MODIFICA:
    • arts. 2, 3, 4, 5, 6, el anexo y AADE el art. 3.bis y el captulo VI al Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo (Ref. BOE-A-2012-3394).
    • Disposicin adicional 1.1.a) de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre (Ref. BOE-A-2007-21086).
    • art. 60.3 de la Ley de ordenacin y supervisin de los seguros privados, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre (Ref. BOE-A-2004-18908).
    • determinados preceptos de la Ley 1/2000, de 7 de enero (Ref. BOE-A-2000-323).
    • arts. 3, 3.bis, 3.bis.I), 3.ter y 5 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo (Ref. BOE-A-1981-8598).
    • arts. 21, 114 y 129 del Decreto de 8 de febrero de 1946 (Gazeta) (Ref. BOE-A-1946-2453).
  • AADE la disposicin adicional 7 a la Ley de Regulacin de los Planes y Fondos de Pensiones, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre (Ref. BOE-A-2002-24252).
Materias
  • Arrendamientos urbanos
  • Banco de Espaa
  • Boletn Oficial del Estado
  • Comits consultivos
  • Consumidores y usuarios
  • Desahucios
  • Ejecucin de Sentencias
  • Enjuiciamiento Civil
  • Entidades de crdito
  • Familia
  • Hipoteca
  • Intereses
  • Ministerio de Economa y Competitividad
  • Normas de calidad
  • Pobreza
  • Procedimiento judicial
  • Publicaciones oficiales
  • Subastas
  • Tasacin
  • Viviendas
  • Viviendas de Proteccin Oficial
  • Viviendas sociales

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