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Documento BOE-A-2012-3394

Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de proteccin de deudores hipotecarios sin recursos.

TEXTO

Espaa atraviesa una profunda crisis econmica desde hace cuatro aos, durante los cuales se han adoptado medidas encaminadas a la proteccin del deudor hipotecario que, no obstante, se han mostrado en ocasiones insuficientes para paliar los efectos ms duros que sobre los deudores sin recursos continan recayendo. Resulta dramtica la realidad en la que se encuentran inmersas muchas familias que, como consecuencia de su situacin de desempleo o de ausencia de actividad econmica, prolongada en el tiempo, han dejado de poder atender el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los prstamos o crditos hipotecarios concertados para la adquisicin de su vivienda.

Tal circunstancia y la consiguiente puesta en marcha de los procesos de ejecucin hipotecaria estn determinando que un segmento de la poblacin quede privado de su vivienda, y se enfrente a muy serios problemas para su sustento en condiciones dignas. El Gobierno considera, por ello, que no puede demorarse ms tiempo la adopcin de medidas que permitan aportar soluciones a esta situacin socioeconmica en consonancia con el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, consagrado en el artculo 47 de la Constitucin espaola, que ha de guiar la actuacin de los poderes pblicos de conformidad con el artculo 53.3 de la misma. As lo exige, igualmente, el mandato incluido en el artculo 9.2 de la Norma Fundamental.

A tal fin, se establecen en este real decreto-ley diversos mecanismos conducentes a permitir la restructuracin de la deuda hipotecaria de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago, as como la flexibilizacin de la ejecucin de la garanta real. Estas medidas se implementan, no obstante, sin deteriorar los elementos fundamentales de la garanta hipotecaria, sobre cuya seguridad y solvencia se viene asentando histricamente nuestro sistema hipotecario. La mayora de las medidas sern de aplicacin a quienes se encuentren situados en el denominado umbral de exclusin. En este sentido, se ha determinado que los beneficiarios sean personas que se encuentren en situacin profesional y patrimonial que les impida hacer frente al cumplimiento de sus obligaciones hipotecarias y a las elementales necesidades de subsistencia. Este umbral es sensible igualmente a la situacin econmica de los dems miembros de la unidad familiar, as como de los titulares de las garantas personales o reales que, en su caso, existiesen. Se adoptan tambin cautelas para impedir que pueda producirse un acogimiento fraudulento o abusivo a las medidas propuestas.

El modelo de proteccin diseado gira en torno a la elaboracin de un cdigo de buenas prcticas al que, voluntariamente, podrn adherirse las entidades de crdito y dems entidades que, de manera profesional, realizan la actividad de concesin de prstamos o crditos hipotecarios, y cuyo seguimiento por aquellas ser supervisado por una comisin de control integrada por representantes del Ministerio de Economa y Competitividad, Banco de Espaa, Comisin Nacional del Mercado de Valores y Asociacin Hipotecaria Espaola.

Con la aplicacin de las medidas contenidas en el citado Cdigo, que figura como Anexo a este real decreto-ley, se facilita y promueve la implicacin del sector financiero espaol en el esfuerzo requerido para aliviar la difcil situacin econmica y social de muchas familias.

El citado Cdigo incluye tres fases de actuacin. La primera, dirigida a procurar la reestructuracin viable de la deuda hipotecaria, a travs de la aplicacin a los prstamos o crditos de una carencia en la amortizacin de capital y una reduccin del tipo de inters durante cuatros aos y la ampliacin del plazo total de amortizacin. En segundo lugar, de no resultar suficiente la reestructuracin anterior, las entidades podrn, en su caso, y con carcter potestativo, ofrecer a los deudores una quita sobre el conjunto de su deuda. Y, finalmente, si ninguna de las dos medidas anteriores logra reducir el esfuerzo hipotecario de los deudores a lmites asumibles para su viabilidad financiera, estos podrn solicitar, y las entidades debern aceptar, la dacin en pago como medio liberatorio definitivo de la deuda. En este ltimo supuesto, las familias podrn permanecer en su vivienda durante de un plazo de dos aos satisfaciendo una renta asumible.

Asimismo, se moderan los tipos de inters moratorios aplicables a los contratos de crdito o prstamo hipotecario. Esta reduccin pretende disminuir la carga financiera generada en casos de incumplimiento por impago de los deudores protegidos.

De otra parte, se incorporan al colectivo de beneficiarios de las ayudas a inquilinos previstas en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitacin 2009-2011, las personas que hubieran sido objeto de una resolucin judicial de lanzamiento como consecuencia de procesos de ejecucin hipotecaria, as como las que suscriban contratos de arrendamiento como consecuencia de la aplicacin de las medidas contenidas en el citado Cdigo de Buenas Prcticas.

Las medidas anteriores se complementan con otras modificaciones legales de ndole procesal y fiscal. En materia procesal se procede a simplificar y aclarar el procedimiento de ejecucin extrajudicial previendo una subasta nica y un importe mnimo de adjudicacin y remitiendo a un posterior desarrollo reglamentario la regulacin de la venta extrajudicial, posibilitando, entre otras medidas, la subasta on line. En materia fiscal, las escrituras pblicas de formalizacin de las novaciones contractuales que se produzcan al amparo del Cdigo de Buenas Prcticas quedarn exentas de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de Actos Jurdicos Documentados.

La adopcin de las medidas contempladas en este real decreto-ley resulta imprescindible al objeto de proteger a un colectivo social en situacin de extraordinaria vulnerabilidad en el contexto econmico generado por la crisis. Los efectos del desempleo sobre las familias espaolas y su situacin social han producido un deterioro, sobre el que la intervencin pblica no puede demorarse ms. Es por ello por lo que la adopcin de tales medidas exige acudir al procedimiento del real decreto-ley, cumplindose los requisitos del artculo 86 de la Constitucin Espaola en cuanto a su extraordinaria y urgente necesidad.

En su virtud, haciendo uso de la autorizacin contenida en el artculo 86 de la Constitucin espaola, a propuesta del Ministro de Economa y Competitividad, y previa deliberacin del Consejo de Ministros en su reunin del da 9 de marzo de 2012, dispongo:

CAPTULO I
Disposiciones generales
Artculo 1. Objeto.

Este real decreto-ley tiene por objeto establecer medidas conducentes a procurar la reestructuracin de la deuda hipotecaria de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago, as como mecanismos de flexibilizacin de los procedimientos de ejecucin hipotecaria.

Artculo 2. mbito de aplicacin.

Las medidas previstas en este real decreto-ley se aplicarn a los contratos de prstamo o crdito garantizados con hipoteca inmobiliaria cuyo deudor se encuentre situado en el umbral de exclusin y que estn vigentes a la fecha de su entrada en vigor, con excepcin de las contenidas en los artculos 12 y 13, que sern de aplicacin general.

CAPTULO II
Medidas para la reestructuracin de la deuda hipotecaria inmobiliaria
Artculo 3. Definicin del umbral de exclusin.

1. Se considerarn situados en el umbral de exclusin aquellos deudores de un crdito o prstamo garantizado con hipoteca sobre su vivienda habitual, cuando concurran en ellos todas las circunstancias siguientes:

a) Que todos los miembros de la unidad familiar carezcan de rentas derivadas del trabajo o de actividades econmicas. A estos efectos se entender por unidad familiar la compuesta por el deudor, su cnyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos con independencia de su edad que residan en la vivienda.

b) Que la cuota hipotecaria resulte superior al 60 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.

c) Que el conjunto de los miembros de la unidad familiar carezca de cualesquiera otros bienes o derechos patrimoniales suficientes con los que hacer frente a la deuda.

d) Que se trate de un crdito o prstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la nica vivienda en propiedad del deudor y concedido para la adquisicin de la misma.

e) Que se trate de un crdito o prstamo que carezca de otras garantas, reales o personales o, en el caso de existir estas ltimas, que en todos los garantes concurran las circunstancias expresadas en las letras b) y c).

f) En el caso de que existan codeudores que no formen parte de la unidad familiar, debern estar incluidos en las circunstancias a), b) y c) anteriores.

2. La concurrencia de las circunstancias a que se refiere el apartado anterior se acreditar por el deudor ante la entidad acreedora mediante la presentacin de los siguientes documentos:

a) Certificados expedidos por el Servicio Pblico de Empleo competente acreditativos de la situacin de desempleo de los miembros de la unidad familiar residentes en la vivienda. En caso de trabajador por cuenta propia sin rentas, se aportar el certificado expedido por la Agencia Estatal de Administracin Tributaria.

b) Certificado de rentas expedido por la Agencia Estatal de Administracin Tributaria con relacin al ltimo ejercicio tributario.

c) Certificados de titularidades expedidos por el Registro de la Propiedad en relacin con cada uno de los miembros de la unidad familiar.

d) Libro de familia o documento acreditativo de la inscripcin como pareja de hecho.

e) Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentacin de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.

f) Escrituras de compraventa de la vivienda y de constitucin de la garanta hipotecaria y otros documentos justificativos, en su caso, del resto de las garantas reales o personales constituidas, si las hubiere.

g) Declaracin responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse situados en el umbral de exclusin segn el modelo aprobado por la comisin constituida para el seguimiento del cumplimiento del Cdigo de Buenas Prcticas.

Artculo 4. Moderacin de los intereses moratorios.

1. En todos los contratos de crdito o prstamo garantizados con hipoteca inmobiliaria en los que el deudor se encuentre situado en el umbral de exclusin, el inters moratorio aplicable desde el momento en que el deudor acredite ante la entidad que se encuentra en dicha circunstancia, ser, como mximo, el resultante de sumar a los intereses remuneratorios pactados en el prstamo un 2,5 por cien sobre el capital pendiente del prstamo.

2. Esta moderacin de intereses no ser aplicable a deudores o contratos distintos de los regulados en el presente real decreto-ley.

Artculo 5. Sujecin al Cdigo de Buenas Prcticas.

1. El Cdigo de Buenas Prcticas incluido en el Anexo ser de adhesin voluntaria por parte de las entidades de crdito o de cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesin de prstamos o crditos hipotecarios.

2. La aplicacin del Cdigo de Buenas Prcticas se extender a las hipotecas constituidas en garanta de prstamos o crditos concedidos para la compraventa de viviendas cuyo precio de adquisicin no hubiese excedido de los siguientes valores:

a) para municipios de ms de 1.000.000 de habitantes: 200.000 euros;

b) para municipios de entre 500.001 y 1.000.000 de habitantes o los integrados en reas metropolitanas de municipios de ms de 1.000.000 de habitantes: 180.000 euros;

c) para municipios de entre 100.001 y 500.000 habitantes: 150.000 euros;

d) para municipios de hasta 100.000 habitantes: 120.000 euros.

A efectos de lo anterior se tendrn en cuenta las ltimas cifras de poblacin resultantes de la revisin del Padrn Municipal.

3. Estas entidades comunicarn su adhesin a la Secretara General del Tesoro y Poltica Financiera. En los primeros diez das de los meses de enero, abril, julio y octubre, el Secretario de Estado de Economa y Apoyo a la Empresa, mediante resolucin, ordenar la publicacin del listado de entidades adheridas en la sede electrnica de la Secretara General del Tesoro y Poltica Financiera y en el Boletn Oficial del Estado.

4. Desde la adhesin de la entidad de crdito, y una vez que se produzca la acreditacin por parte del deudor de que se encuentra situado dentro del umbral de exclusin, sern de obligada aplicacin las previsiones del Cdigo de Buenas Prcticas. Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de las partes podr compeler a la otra a la formalizacin en escritura pblica de la novacin del contrato resultante de la aplicacin de las previsiones contenidas en el Cdigo de Buenas Prcticas. Los costes de dicha formalizacin corrern a cargo de la parte que la solicite.

5. La novacin del contrato tendr los efectos previstos en el artculo 4.3 de la Ley2/1994, de 30 de marzo, sobre Subrogacin y Modificacin de Prstamos Hipotecarios, con respecto a los prstamo y crditos novados.

6. La adhesin de la entidad se entender producida por un plazo de dos aos, prorrogable automticamente por perodos anuales, salvo denuncia expresa de la entidad adherida, notificada a la Secretara General del Tesoro y Poltica Financiera con una antelacin mnima de tres meses.

7. El contenido del Cdigo de Buenas Prcticas resultar de aplicacin exclusiva a las entidades adheridas, deudores y contratos a los que se refiere este real decreto-ley. No proceder, por tanto, la extensin de su aplicacin, con carcter normativo o interpretativo, a ningn otro mbito.

8. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las entidades adheridas podrn con carcter puramente potestativo aplicar las previsiones del Cdigo de Buenas Prcticas a deudores distintos de los comprendidos en el artculo 3 y podrn, en todo caso, en la aplicacin del Cdigo, mejorar las previsiones contenidas en el mismo.

Artculo 6. Seguimiento del cumplimiento del Cdigo de Buenas Prcticas.

1. El cumplimiento del Cdigo de Buenas Prcticas por parte de las entidades adheridas ser supervisado por una comisin de control constituida al efecto.

2. La comisin de control estar integrada por cuatro miembros, uno en representacin de la Asociacin Hipotecaria Espaola, otro nombrado por el Banco de Espaa, que actuar como Secretario, otro nombrado por la Comisin Nacional del Mercado de Valores y otro nombrado por el Secretario de Estado de Economa y Apoyo a la Empresa que presidir la comisin y tendr voto de calidad.

La comisin de control determinar sus normas de funcionamiento y se reunir cada vez que sea convocada por su Presidente, por propia iniciativa o a instancia de dos de sus miembros. Estar, asimismo, facultada para establecer su propio rgimen de convocatorias.

3. Para la vlida constitucin de la comisin a efectos de la celebracin de sesiones, deliberaciones y adopcin de decisiones, ser necesaria la asistencia de, al menos, tres de sus miembros, siempre que entre ellos figure el Presidente. Sus acuerdos se adoptarn por mayora de sus miembros.

4. La comisin de control recibir y evaluar la informacin que, en relacin con los apartados 5 y 6, le traslade el Banco de Espaa y publicar semestralmente un informe en el que evale el grado de cumplimiento del Cdigo de Buenas Prcticas. Asimismo, corresponder a esta comisin la elaboracin del modelo normalizado de declaracin responsable a que se refiere la letra g) del artculo 3.2.

5. Las entidades adheridas remitirn al Banco de Espaa, con carcter trimestral, la informacin que les requiera la comisin de control. Esta informacin incluir, en todo caso, el nmero, volumen y caractersticas de las operaciones solicitadas, ejecutadas y denegadas en aplicacin del Cdigo de Buenas Prcticas y las reclamaciones tramitadas conforme a lo previsto en el apartado siguiente.

6. Podrn formularse ante el Banco de Espaa las reclamaciones derivadas del presunto incumplimiento por las entidades de crdito del Cdigo de Buenas Prcticas, las cuales recibirn el mismo tratamiento que las dems reclamaciones cuya tramitacin y resolucin corresponde al citado Banco de Espaa.

Artculo 7. Consecuencias de la aplicacin indebida por el deudor de las medidas para la reestructuracin de la deuda hipotecaria inmobiliaria.

1. El deudor de un crdito o prstamo garantizado con hipoteca que se hubiese beneficiado tanto de las medidas de reestructuracin establecidas en este captulo como de las previsiones del Cdigo de Buenas Prcticas sin reunir los requisitos previstos en el artculo 3, ser responsable de los daos y perjuicios que se hayan podido producir, as como de todos los gastos generados por la aplicacin de estas medidas de flexibilizacin, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden a que la conducta del deudor pudiera dar lugar.

2. El importe de los daos, perjuicios y gastos no puede resultar inferior al beneficio indebidamente obtenido por el deudor por la aplicacin de la norma.

3. Tambin incurrir en responsabilidad el deudor que, voluntaria y deliberadamente, busque situarse o mantenerse en el umbral de exclusin con la finalidad de obtener la aplicacin de estas medidas, correspondiendo la acreditacin de esta circunstancia a la entidad con la que tuviere concertado el prstamo o crdito.

CAPTULO III
Medidas fiscales
Artculo 8. Modificacin del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.

Se aade un nuevo nmero 23 al artculo 45.I.B) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, que tendr la siguiente redaccin:

23. Las escrituras de formalizacin de las novaciones contractuales de prstamos y crditos hipotecarios que se produzcan al amparo del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de proteccin de deudores hipotecarios sin recursos, quedarn exentas de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de actos jurdicos documentados de este Impuesto.

Artculo 9. Modificacin del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Se aade un nuevo apartado 3 al artculo 106 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que tendr la siguiente redaccin:

3. En las transmisiones realizadas por los deudores comprendidos en el mbito de aplicacin del artculo 2 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de proteccin de deudores hipotecarios sin recursos, con ocasin de la dacin en pago de su vivienda prevista en el apartado 3 del Anexo de dicha norma, tendr la consideracin de sujeto pasivo sustituto del contribuyente la entidad que adquiera el inmueble, sin que el sustituto pueda exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas.

Artculo 10. Modificacin de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas y de modificacin parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio

Se aade una disposicin adicional trigsima sexta a la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas y de modificacin parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, que queda redactada de la siguiente forma:

Disposicin adicional trigsima sexta. Dacin en pago de la vivienda.

Estar exenta de este Impuesto la ganancia patrimonial que se pudiera generar en los deudores comprendidos en el mbito de aplicacin del artculo 2 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de proteccin de deudores hipotecarios sin recursos, con ocasin de la dacin en pago de su vivienda prevista en el apartado 3 del Anexo de dicha norma.

Artculo 11. Bonificacin de derechos arancelarios

Los derechos arancelarios notariales y registrales derivados de la cancelacin del derecho real de hipoteca en los casos de dacin en pago de deudor hipotecado situado en el umbral de exclusin de este real decreto-ley, se bonificarn en un 50 por cien.

El deudor no soportar ningn coste adicional de la entidad financiera que adquiere libre de carga hipotecaria, la titularidad del bien antes hipotecado.

CAPTULO IV
Procedimiento de ejecucin
Artculo 12. Procedimiento de ejecucin extrajudicial

La ejecucin extrajudicial de bienes hipotecados, regulada en el artculo 129 de la Ley Hipotecaria y sujeta al procedimiento previsto en los artculos 234 a 236 o del Reglamento Hipotecario, se someter a lo previsto en los apartados siguientes en aquellos casos en que el procedimiento se siga contra la vivienda habitual del deudor:

1. La realizacin del valor del bien se llevar a cabo a travs de una nica subasta para la que servir de tipo el pactado en la escritura de constitucin de hipoteca. No obstante, si se presentaran posturas por un importe igual o superior al 70 por cien del valor por el que el bien hubiera salido a subasta, se entender adjudicada la finca a quien presente la mejor postura.

2. Cuando la mejor postura presentada fuera inferior al 70 por cien del tipo sealado para la subasta, podr el deudor presentar, en el plazo de diez das, tercero que mejore la postura, ofreciendo cantidad superior al 70 por cien del valor de tasacin o que, aun inferior a dicho importe, resulte suficiente para lograr la completa satisfaccin del derecho del ejecutante.

3. Transcurrido el expresado plazo sin que el deudor del bien realice lo previsto en el prrafo anterior, el acreedor podr pedir, dentro del trmino de cinco das, la adjudicacin de la finca o fincas por importe igual o superior al 60 por cien del valor de tasacin.

4. Si el acreedor no hiciese uso de la mencionada facultad, se entender adjudicada la finca a quien haya presentado la mejor postura, siempre que la cantidad que haya ofrecido supere el 50 por cien del valor de tasacin o, siendo inferior, cubra, al menos, la cantidad reclamada por todos los conceptos.

5. Si en el acto de la subasta no hubiere ningn postor, podr el acreedor, en el plazo de veinte das, pedir la adjudicacin por importe igual o superior al 60 por cien del valor de tasacin.

6. Si el acreedor no hiciere uso de la facultad a que se refiere el prrafo anterior, se estar a lo previsto en el artculo 236 n. del Reglamento Hipotecario.

CAPTULO V
Acceso al alquiler de las personas afectadas por desahucios y sujetas a medidas de flexibilizacin de las ejecuciones hipotecarias
Artculo 13. Preferencia para el acceso a las ayudas a los inquilinos.

Las personas que hubieran sido objeto de una resolucin judicial de lanzamiento de su vivienda habitual como consecuencia de procesos judiciales o extrajudiciales de ejecucin hipotecaria, con posterioridad al 1 de enero de 2012, podrn ser beneficiarias de las ayudas a los inquilinos, en los trminos establecidos en los artculos 38 y 39 del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitacin 2009-2012. A estos efectos, la solicitud de la ayuda deber presentarse en un plazo no superior a seis meses desde que se produjo el lanzamiento.

Asimismo, las personas mencionadas en el prrafo anterior tendrn la consideracin de colectivo con derecho a proteccin preferente para el acceso a las ayudas a los inquilinos, en los trminos establecidos en el apartado 2 del artculo 1 del citado real decreto.

Artculo 14. Personas sujetas a medidas de flexibilizacin hipotecaria.

Podrn obtener tambin las ayudas a los inquilinos citadas en el artculo anterior los solicitantes que suscriban contratos de arrendamiento como consecuencia de la aplicacin de la dacin en pago prevista en el Cdigo de Buenas Prcticas, cuando sus ingresos familiares no excedan de 2,5 veces el Indicador Pblico de Renta de Efectos Mltiples, determinados de acuerdo con lo dispuesto en el artculo 4.1 del Real Decreto2066/2008, de 12 de diciembre.

Disposicin adicional nica. Rgimen especial de aplicacin de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

1. Los contratos de arrendamiento que se suscriban como consecuencia de la aplicacin del Cdigo de Buenas Prcticas se considerarn contratos de arrendamientos de vivienda y estarn sujetos a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, excepto a lo previsto en sus artculos 9 y 18, con las especialidades que se regulan a continuacin.

2. La duracin de estos contratos de arrendamiento ser de dos aos, sin derecho a prrroga, salvo acuerdo escrito de las partes.

3. La renta durante el perodo de dos aos quedar establecida de conformidad con los parmetros del Cdigo de Buena Prcticas. Transcurrido dicho plazo y durante las prrrogas que pudieran haberse pactado, la renta habr de quedar determinada conforme a criterios de mercado.

4. A los seis meses de producido el impago de la renta sin que ste se haya regularizado en su integridad, el arrendador podr iniciar el desahucio del arrendatario.

5. Transcurrido el plazo de dos aos de duracin del contrato, si el arrendatario no desalojara la vivienda, el arrendador podr iniciar el procedimiento de desahucio. En el mismo, se reclamar como renta impagada la renta de mercado correspondiente a los meses en los que la vivienda hubiera estado ocupada indebidamente.

Disposicin final primera. Modificacin del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de rganos de gobierno y otros aspectos del rgimen jurdico de las Cajas de Ahorros.

El primer prrafo del artculo 6.3 del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de rganos de gobierno y otros aspectos del rgimen jurdico de las Cajas de Ahorros que queda redactado en los siguientes trminos:

3. Corresponde al Estado la supervisin y control de las fundaciones de carcter especial a las que se refiere el presente real decreto-ley, cuyo mbito de actuacin principal exceda el de una Comunidad Autnoma, a travs del Protectorado que ser ejercido por el Ministerio de Economa y Competitividad.

Disposicin final segunda. Ttulos competenciales.

Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en las reglas 6., 8., 11., 13. y 14. del artculo 149.1 de la Constitucin espaola, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre legislacin mercantil y procesal, legislacin civil, bases de la ordenacin del crdito, banca y seguros, bases y coordinacin de la planificacin general de la actividad econmica y hacienda general y Deuda del Estado, respectivamente.

Disposicin final tercera. Desarrollo reglamentario de la ejecucin extrajudicial.

El Gobierno, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, aprobar las normas reglamentarias precisas con el fin de simplificar el procedimiento de venta extrajudicial, las cuales incorporarn, entre otras medidas, la posibilidad de subasta electrnica.

Disposicin final cuarta. Entrada en vigor.

Este real decreto-ley entrar en vigor el da siguiente al de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

Dado en Madrid, el 9 de marzo de 2012.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

MARIANO RAJOY BREY

ANEXO
Cdigo de Buenas Prcticas para la reestructuracin viable de las deudas con garanta hipotecaria sobre la vivienda habitual

1. Medidas previas a la ejecucin hipotecaria: reestructuracin de deudas hipotecarias.

a) Los deudores comprendidos en el mbito de aplicacin del artculo 2 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de proteccin de deudores hipotecarios sin recursos, podrn solicitar y obtener de la entidad acreedora la reestructuracin de su deuda hipotecaria al objeto de alcanzar la viabilidad a medio y largo plazo de la misma. Junto a la solicitud de reestructuracin, acompaarn la documentacin prevista en el artculo 3.2 del citado real decreto-ley.

No podrn formular tal solicitud aquellos deudores que se encuentren en un procedimiento de ejecucin, una vez se haya producido el anuncio de la subasta.

b) En el plazo de un mes desde la presentacin de la solicitud anterior junto con la documentacin a que se refiere la letra anterior, la entidad deber notificar y ofrecer al deudor un plan de reestructuracin en el que se concreten la ejecucin y las consecuencias financieras para el deudor de la aplicacin conjunta de las siguientes medidas:

i. Carencia en la amortizacin de capital de cuatro aos.

ii. Ampliacin del plazo de amortizacin hasta un total de 40 aos a contar desde la concesin del prstamo.

iii. Reduccin del tipo de inters aplicable a Euribor + 0,25 por cien durante el plazo de carencia.

Adicionalmente, las entidades podrn reunificar el conjunto de las deudas contradas por el deudor.

No conllevar costes por compensacin la amortizacin anticipada del crdito o prstamo hipotecario solicitada durante los diez aos posteriores a la aprobacin del plan de reestructuracin.

c) En el plan de reestructuracin la entidad advertir, en su caso, del carcter inviable del plan conforme al criterio previsto en el apartado siguiente o que, de resultar dicho plan inviable, se podrn solicitar las medidas complementarias previstas en el siguiente apartado.

2. Medidas complementarias.

a) Los deudores para los que el plan de reestructuracin previsto en el apartado anterior resulte inviable dada su situacin econmico financiera, podrn solicitar una quita en el capital pendiente de amortizacin en los trminos previstos en este apartado, que la entidad tendr facultad para aceptar o rechazar en el plazo de un mes a contar desde la acreditacin de la inviabilidad del plan de reestructuracin.

A estos efectos, se entender por plan de reestructuracin inviable aquel que establezca una cuota hipotecaria mensual superior al 60 por cien de los ingresos que perciban conjuntamente todos los miembros de la unidad familiar.

b) Al objeto de determinar la quita, la entidad emplear alguno de los siguientes mtodos de clculo y notificar, en todo caso, los resultados obtenidos al deudor, con independencia de que la primera decida o no conceder dicha quita:

i. Reduccin en un 25 por cien.

ii. Reduccin equivalente a la diferencia entre capital amortizado y el que guarde con el total del capital prestado la misma proporcin que el nmero de cuotas satisfechas por el deudor sobre el total de las debidas.

iii. Reduccin equivalente a la mitad de la diferencia existente entre el valor actual de la vivienda y el valor que resulte de sustraer al valor inicial de tasacin dos veces la diferencia con el prstamo concedido.

c) Esta medida tambin podr ser solicitada por aquellos deudores que se encuentren en un procedimiento de ejecucin hipotecaria en el que ya se haya producido el anuncio de la subasta. Asimismo podr serlo por aquellos deudores que, estando incluidos en el umbral de exclusin al que se refiere el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de proteccin de deudores hipotecarios sin recursos, no han podido optar a la dacin en pago por presentar la vivienda cargas posteriores a la hipoteca.

3. Medidas sustitutivas de la ejecucin hipotecaria: dacin en pago de la vivienda habitual.

a) En el plazo de doce meses desde la solicitud de la reestructuracin, los deudores comprendidos en el mbito de aplicacin del artculo 2 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de proteccin de deudores hipotecarios sin recursos, para los que la reestructuracin y las medidas complementarias, en su caso, no resulten viables conforme a lo establecido en el apartado 2, podrn solicitar la dacin en pago de su vivienda habitual en los trminos previstos en este apartado. En estos casos la entidad estar obligada a aceptar la entrega del bien hipotecado por parte del deudor, a la propia entidad o tercero que sta designe, quedando definitivamente cancelada la deuda.

b) La dacin en pago supondr la cancelacin total de la deuda garantizada con hipoteca y de las responsabilidades personales del deudor y de terceros frente a la entidad por razn de la misma deuda.

c) El deudor, si as lo solicitara en el momento de pedir la dacin en pago, podr permanecer durante un plazo de dos aos en la vivienda en concepto de arrendatario, satisfaciendo una renta anual del 3 por cien del importe total de la deuda en el momento de la dacin. Durante dicho plazo el impago de la renta devengar un inters de demora del 20 por cien.

d) Las entidades podrn pactar con los deudores la cesin de una parte de la plusvala generada por la enajenacin de la vivienda, en contraprestacin por la colaboracin que ste pueda prestar en dicha transmisin.

e) Esta medida no ser aplicable en los supuestos que se encuentren en procedimiento de ejecucin en los que ya se haya anunciado la subasta, o en los que la vivienda est gravada con cargas posteriores.

4. Publicidad del Cdigo de Buenas Prcticas.

Las entidades garantizarn la mxima difusin del contenido del Cdigo de Buenas Prcticas, en particular, entre sus clientes.

Análisis

  • Rango: Real Decreto-ley
  • Fecha de disposición: 09/03/2012
  • Fecha de publicación: 10/03/2012
  • Entrada en vigor: 11 de marzo de 2012.
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • SE MODIFICA el art. 3.1.b) y los apartados 4 y 5 del anexo, por Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo (Ref. BOE-A-2017-2985).
  • SE DECLARA en el Recurso 4985/2013, la prdida de objeto en relacin con el art. 3, en la redaccin dada por el art. 80.2 de la Ley 1/2013, de 14 de febrero, por Sentencia 213/2016, de 15 de diciembre (Ref. BOE-A-2017-648).
  • SE MODIFICA:
    • el art. 3.1, 5.2 y 3, y anexo, por Ley 25/2015, de 28 de julio (Ref. BOE-A-2015-8469).
    • los arts. 3.1, 5.2 y 3 y el anexo.1, por Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero (Ref. BOE-A-2015-2109).
    • los arts. 2 y 3.bis, por Ley 8/2013, de 26 de junio (Ref. BOE-A-2013-6938).
    • los arts. 2, 3, 4, 5, 6, el anexo y SE AADEN el art. 3.bis y el captulo VI, por Ley 1/2013, de 14 de mayo (Ref. BOE-A-2013-5073).
  • SE PUBLICA Acuerdo de convalidacin, por Resolucin de 29 de marzo de 2012 (Ref. BOE-A-2012-4918).
Referencias anteriores
  • MODIFICA:
    • art. 6.3 del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio (Ref. BOE-A-2010-11086).
    • art. 106 de la Ley de Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (Ref. BOE-A-2004-4214).
    • art. 45 de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre (Ref. BOE-A-1993-25359).
  • AADE la disposicin adicional 36 a la Ley 35/2006, de 28 de noviembre (Ref. BOE-A-2006-20764).
Materias
  • Arrendamientos urbanos
  • Cajas de Ahorro
  • Certificaciones
  • Comisiones de Control y Seguimiento
  • Documentos pblicos
  • Entidades de crdito
  • Haciendas Locales
  • Hipoteca
  • Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas
  • Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados
  • Notaras
  • Secretara de Estado de Economa y Apoyo a la Empresa
  • Viviendas

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