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Documento BOE-A-2011-15936

Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdiccin social.

TEXTO

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

NDICE

Prembulo.

Libro Primero. Parte general.

Ttulo I. Del ejercicio de la potestad jurisdiccional.

Captulo I. De la jurisdiccin.

Captulo II. De la competencia.

Captulo III. De los conflictos de competencia y de las cuestiones de competencia.

Captulo IV. De la abstencin y de la recusacin.

Ttulo II. De las partes procesales.

Captulo I. De la capacidad y legitimacin procesal.

Captulo II. De la representacin y defensa procesales.

Captulo III. De la intervencin y llamada a juicio del Fondo de Garanta Salarial.

Ttulo III. De la acumulacin de acciones, procesos y recursos.

Captulo I. De la acumulacin de acciones, procesos y recursos.

Seccin 1. Acumulacin de acciones.

Seccin 2. Acumulacin de procesos.

Seccin 3. Acumulacin de recursos.

Seccin 4. Disposiciones comunes.

Captulo II. De la acumulacin de ejecuciones.

Ttulo IV. De los actos procesales.

Captulo I. De las actuaciones procesales.

Captulo II. De las resoluciones procesales.

Captulo III. De los actos de comunicacin.

Ttulo V. De la evitacin del proceso.

Captulo I. De la conciliacin o mediacin previas y de los laudos arbitrales.

Captulo II. Del agotamiento de la va administrativa previa a la va judicial.

Ttulo VI. De los principios del proceso y de los deberes procesales.

Libro Segundo. Del proceso ordinario y de las modalidades procesales.

Ttulo I. Del proceso ordinario.

Captulo I. De los actos preparatorios y diligencias preliminares, de la anticipacin y aseguramiento de la prueba y de las medidas cautelares.

Seccin 1. Actos preparatorios y diligencias preliminares.

Seccin 2. Anticipacin y aseguramiento de la prueba.

Seccin 3. Medidas cautelares.

Captulo II. Del proceso ordinario.

Seccin 1. Demanda.

Seccin 2. Conciliacin y juicio.

Seccin 3. De las pruebas.

Seccin 4. Sentencia.

Seccin 5. Proceso monitorio.

Ttulo II. De las modalidades procesales.

Captulo I. Disposicin general.

Captulo II. De los despidos y sanciones.

Seccin 1. Despido disciplinario.

Seccin 2. Proceso de impugnacin de sanciones.

Captulo III. De la reclamacin al Estado del pago de salarios de tramitacin en juicios por despido.

Captulo IV. De la extincin del contrato por causas objetivas y otras causas de extincin.

Seccin 1. Extincin por causas objetivas.

Seccin 2. Despidos colectivos por causas econmicas, organizativas, tcnicas o de produccin.

Captulo V. Vacaciones, materia electoral, movilidad geogrfica, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo y derechos de conciliacin de la vida personal, familiar y laboral reconocidos legal o convencionalmente.

Seccin 1. Vacaciones.

Seccin 2. Materia electoral.

Subseccin 1. Impugnacin de los laudos.

Subseccin 2. Impugnacin de la resolucin administrativa que deniegue el registro y de la certificacin de la representatividad sindical.

Seccin 3. Clasificacin profesional.

Seccin 4. Movilidad geogrfica y modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo.

Seccin 5. Derechos de conciliacin de la vida personal, familiar y laboral reconocidos legal o convencionalmente.

Captulo VI. De las prestaciones de la Seguridad Social.

Captulo VII. Del procedimiento de oficio y del de impugnacin de actos administrativos en materia laboral y de Seguridad Social no prestacionales.

Seccin 1. Del procedimiento de oficio.

Seccin 2. Del procedimiento de impugnacin de actos administrativos en materia laboral y de seguridad social excluidos los prestacionales.

Captulo VIII. Del proceso de conflictos colectivos.

Captulo IX. De la impugnacin de convenios colectivos.

Captulo X. De las impugnaciones relativas a los estatutos de los sindicatos y de las asociaciones empresariales o a su modificacin.

Seccin 1. Impugnacin de la resolucin administrativa que deniegue el depsito.

Seccin 2. Impugnacin de los estatutos de los sindicatos.

Seccin 3. Estatutos de las asociaciones empresariales.

Captulo XI. De la tutela de los derechos fundamentales y libertades pblicas.

Ttulo III. De la audiencia al demandado rebelde.

Libro Tercero. De los medios de impugnacin.

Ttulo I. De los recursos contra providencias, autos, diligencias de ordenacin y decretos.

Ttulo II. Del recurso de suplicacin.

Ttulo III. Del recurso de casacin y dems procesos atribuidos al conocimiento del Tribunal Supremo.

Ttulo IV. Del recurso de casacin para la unificacin de doctrina.

Ttulo V. De las disposiciones comunes a los recursos de suplicacin y casacin.

Ttulo VI. De la revisin de sentencias y laudos arbitrales firmes, y del proceso de error judicial.

Libro Cuarto. De la ejecucin de sentencias.

Ttulo I. De la ejecucin de sentencias y dems ttulos ejecutivos.

Captulo I. Disposiciones de carcter general.

Seccin 1. Normas generales.

Seccin 2. Normas sobre ejecuciones colectivas.

Captulo II. De la ejecucin dineraria.

Seccin 1. Normas generales.

Seccin 2. El embargo.

Seccin 3. Realizacin de los bienes embargados.

Seccin 4. Pago a los acreedores.

Seccin 5. Insolvencia empresarial.

Captulo III. De la ejecucin de las sentencias firmes de despido.

Captulo IV. De la ejecucin de sentencias frente a entes pblicos.

Ttulo II. De la ejecucin provisional.

Captulo I. De las sentencias condenatorias al pago de cantidades.

Captulo II. De las sentencias condenatorias en materia de Seguridad Social.

Captulo III. De las sentencias de despido.

Captulo IV. De las sentencias condenatorias recadas en otros procesos.

Captulo V. Normas comunes a la ejecucin provisional.

Disposicin adicional primera. Especialidades procesales.

Disposicin adicional segunda. Autorizacin de actuaciones a entidades pblicas o privadas.

Disposicin adicional tercera. Aplicacin de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Disposicin transitoria primera. Normas aplicables a los procesos en tramitacin.

Disposicin transitoria segunda. Normas aplicables en materia de recursos y ejecucin forzosa de sentencias dictadas a partir de la entrada en vigor de la Ley.

Disposicin transitoria tercera. Ejecucin de sentencias y dems ttulos ejecutivos. Medidas cautelares.

Disposicin transitoria cuarta. Competencia del orden jurisdiccional social.

Disposicin transitoria quinta. Reclamaciones al Fondo de Garanta Salarial efectuadas al amparo de la disposicin transitoria tercera de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.

Disposicin derogatoria nica. Derogacin de normas.

Disposicin final primera. Modificacin de la disposicin adicional decimosptima del Estatuto de los Trabajadores.

Disposicin final segunda. Modificacin de la regulacin del trabajo autnomo econmicamente dependiente.

Disposicin final tercera. Ttulo competencial.

Disposicin final cuarta. Normas supletorias.

Disposicin final quinta. Sistema de valoracin de daos derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales.

Disposicin final sexta. Habilitacin al Gobierno para la modificacin de cuantas.

Disposicin final sptima. Entrada en vigor.

PREMBULO

I

El ordenamiento laboral regula un mbito fundamental de las relaciones sociales, esencial para el desarrollo econmico y el bienestar de la sociedad. La naturaleza singular de las relaciones laborales y sus especficas necesidades de tutela explican y justifican la especial configuracin de la tradicionalmente conocida como rama social del Derecho. La articulacin de las relaciones laborales a partir de desiguales posiciones negociadoras influidas por el contexto socioeconmico, la multiplicidad de formas en las que se sustancian esas relaciones o la importancia de la negociacin colectiva constituyen peculiaridades sobresalientes con trascendencia en el terreno normativo, tanto sustantivo como procesal.

La configuracin de los mecanismos de solucin de los conflictos y reclamaciones en el mbito laboral, en particular la determinacin de las reglas especficas de procedimiento, integran esa especialidad del Derecho del Trabajo, reconocida en nuestro pas desde antiguo, a travs de las normas de procedimiento laboral, caracterizadas por su agilidad, flexibilidad y capacidad de adaptacin, y tambin por posibilitar una ms rpida y eficaz resolucin de conflictos, as como por las amplias potestades del juez o tribunal de direccin del proceso y la proximidad e inmediacin de aqullos respecto de las partes y del objeto litigioso, normas que han inspirado en uno u otro grado la mayora de las reformas procesales adoptadas en otros rdenes jurisdiccionales a partir de la Constitucin. La nueva Ley reguladora de la jurisdiccin social desarrolla los mandatos constitucionales de tutela judicial efectiva y de seguridad jurdica para reforzarlos y adaptarlos a las particularidades de esta esfera del derecho. Toda disposicin ritual est estrechamente vinculada con el derecho fundamental recogido en el artculo 24 de la Constitucin Espaola. Su aplicacin efectiva en el orden jurisdiccional laboral es la razn de ser de esta Ley.

En definitiva, la norma aspira tanto a ofrecer una mayor y mejor proteccin a los trabajadores y a los beneficiarios de la Seguridad Social, fortaleciendo la tutela judicial en un espacio vertebrador de la vida social y econmica. Al mismo tiempo se refuerza la seguridad jurdica del marco de encuentro entre los operadores sociales y econmicos, as como en la actuacin de las entidades u organismos gestores o colaboradores de las referidas prestaciones sociales. La presente Ley persigue dotar a los rganos judiciales de instrumentos que agilicen los procesos de resolucin de controversias, eviten abusos equilibrando la proteccin y tutela de los distintos intereses en conflicto, protejan mejor a los trabajadores frente a los accidentes laborales y proporcionen mayor seguridad jurdica al mercado laboral. Esta Ley presenta, en definitiva, una respuesta ms eficaz y gil a los litigios que se puedan suscitar en las relaciones de trabajo y seguridad social, y ofrece un tratamiento unitario a la diversidad de elementos incluidos en el mbito laboral para una mejor proteccin de los derechos.

II

La presente Ley mantiene la estructura de su antecesora, el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril. De esta manera, el texto actual consolida los principios rectores, distribucin de reglas y organizacin interna de la anterior, de probada eficacia para la resolucin de los conflictos en un tiempo menor al que se requiere en otros rdenes jurisdiccionales y altamente valorada por los profesionales que han debido aplicar la misma. La continuidad en el diseo procesal ha permitido respetar la evolucin tradicional de nuestra legislacin en este ordenamiento, evitando una reforma que pudiera distorsionar, siquiera mnimamente, el normal funcionamiento del mercado de trabajo o los marcos laborales asentados.

No por ello se renuncia a introducir importantes mejoras que implican una estimulacin de la jurisdiccin para proyectarla como autnticamente social. Se modifica en consecuencia el mbito de conocimiento del orden jurisdiccional social, que se ampla, racionaliza y clarifica respecto a la normativa anterior, lo que constituye la principal novedad. La presente Ley reguladora de la jurisdiccin social concentra en el orden social, por su mayor especializacin, el conocimiento de todas aquellas materias que, de forma directa o por esencial conexin, puedan calificarse como sociales. La mayor nitidez del contorno competencial de la jurisdiccin requera de una expansin para unificar el conocimiento de los conflictos y pretensiones que se produzcan en el mbito laboral, sindical o en el de la Seguridad Social. El objetivo ltimo es conseguir la efectividad, coordinacin y seguridad de la respuesta judicial, generndose as un marco adecuado al ejercicio efectivo de los derechos y libertades por parte de la ciudadana. Un marco que se articula a partir de la comprensin del trabajo no exclusivamente como medio en los sistemas productivos sino como un fin en s mismo del que se derivan derechos necesitados de una especial tutela jurdica.

Un segundo eje explicativo de esta nueva Ley es su inequvoca voluntad modernizadora del procedimiento. La norma se incardina en el Plan Estratgico de Modernizacin del Sistema de Justicia (2009-2012), como marco de reforma estructural de la Administracin de Justicia espaola. La garanta a los ciudadanos, de manera efectiva, de un servicio pblico de la justicia gil, transparente, responsable y plenamente conforme a los valores constitucionales constituye un objetivo crucial e inaplazable de nuestro tiempo y determina el progreso social y econmico.

La modernizacin de la Justicia, con el objetivo de mejorar su calidad y hacer ms eficiente y gil el servicio, alcanza necesariamente a las normas rituales. Una primera fase de la actualizacin y agilizacin procesal tuvo lugar con la aprobacin de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de Reforma de la legislacin procesal para la implantacin de la nueva oficina judicial, donde ya se modificaban varios preceptos de la norma que regula el proceso en el orden social. La presente Ley completa la modernizacin procesal en ese orden, racionalizando y fijando un nuevo texto normativo consolidado y actualizado a la realidad de la organizacin actual del trabajo.

A estos dos nuevos aspectos se aaden otras mejoras tcnicas y adaptaciones a la normativa vigente que, en su conjunto, justifican esta iniciativa legislativa. Razones de tcnica normativa y en concreto las Directrices al respecto aprobadas mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005 han aconsejado la adopcin de una nueva disposicin que evite la dispersin normativa y las dificultades en la localizacin de los preceptos vigentes y por tanto la fragmentacin en la respuesta jurdica.

Por otra parte, la presente Ley pretende dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de Medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, cuya disposicin adicional decimoquinta dispone que en el plazo de 6 meses el Gobierno aprobar un Proyecto de Ley de reforma del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, que contemple la atribucin al orden jurisdiccional social, entre otras cuestiones, de los recursos contra las resoluciones administrativas de la autoridad laboral en los procedimientos de suspensin temporal de relaciones laborales, reduccin de jornada y despido colectivo, regulados en los artculos 47 y 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

III

El objetivo principal de esta nueva Ley es establecer, ampliar, racionalizar y definir con mayor claridad el mbito de conocimiento del orden jurisdiccional social, con fundamento en su mayor especializacin, conocimiento ms completo de la materia social y marco procesal especialmente adecuado a los intereses objeto de tutela de este orden.

En efecto, el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral hasta ahora vigente ya recoga en el apartado 3 de su artculo 3 la habilitacin legal al Gobierno para incorporar al mismo las modalidades y especialidades procesales correspondientes a pretensiones sobre impugnacin de resoluciones administrativas, tradicionalmente tuteladas en el orden contencioso-administrativo. En el ao 1998 el legislador quiso abordar de forma global y racional la cuestin del reparto de competencias entre los rdenes jurisdiccionales social, contencioso-administrativo y civil, pero circunstancias posteriores evitaron el desarrollo previsto, con lo que las previsiones competenciales del orden social recogidas en el citado artculo no fueron objeto de desarrollo.

Igualmente, la necesidad de consolidar el mbito material del orden social tambin se ha hecho patente en la prctica jurisdiccional, donde han sido frecuentes los conflictos dimanados de la heterogeneidad en las resoluciones de rganos judiciales inscritos en rdenes distintos. Hasta ahora, los tribunales que integran el orden social, a pesar de su razonable funcionamiento, no estaban siempre en condiciones de asegurar la tutela judicial efectiva en un tiempo razonable y con respeto al principio de seguridad jurdica. Esto se ha debido fundamentalmente a la disgregacin del conocimiento de determinadas y esenciales materias sociales entre diversas jurisdicciones distintas de la social, como la contencioso-administrativa o la civil. He aqu las dificultades que han generado el denominado peregrinaje de jurisdicciones, que provocaba hasta ahora graves disfunciones y una merma en la efectiva proteccin de los derechos de las personas.

Ha llegado pues el momento de racionalizar la distribucin competencial entre los rdenes jurisdiccionales en el mbito de las relaciones laborales. Con la nueva Ley reguladora de la jurisdiccin social se afronta una modernizacin de la norma a partir de la concentracin de la materia laboral, individual y colectiva, y de Seguridad Social en el orden social y de una mayor agilidad en la tramitacin procesal. De esta manera, se pretenden superar los problemas de disparidad de los criterios jurisprudenciales, dilacin en la resolucin de los asuntos y, en consecuencia, fragmentacin en la proteccin jurdica dispensada. Estos problemas son incompatibles con los principios constitucionales de seguridad jurdica y tutela judicial efectiva, as como con el funcionamiento eficiente del sistema socioeconmico.

Con esta consolidacin competencial se cierra el proceso de maduracin del proceso social iniciado por la Ley de 1908 y continuado por el Texto Refundido de 1995, como jurisdiccin con competencia unificada para conocer todos los litigios sobre materias sociales.

La ordenacin de las materias objeto de conocimiento por el orden social se lleva a cabo en los tres primeros artculos de la Ley, donde cabe destacar algunas novedades significativas.

Por un lado, se produce una unificacin de la materia laboral que permite dar una cobertura ms especializada y coherente a los distintos elementos de la materia laboral. Es el caso de la concentracin en el orden jurisdiccional social de todas las cuestiones litigiosas relativas a los accidentes de trabajo y que hasta ahora obligaban a los afectados a acudir necesariamente para intentar lograr la tutela judicial efectiva a los distintos juzgados y tribunales encuadrados en los rdenes civil, contencioso-administrativo y social.

Con esta frmula se pretende que la jurisdiccin social sea competente para enjuiciar conjuntamente a todos los sujetos que hayan concurrido en la produccin del dao sufrido por el trabajador en el marco laboral o en conexin directa con el mismo, crendose un mbito unitario de tutela jurisdiccional para el resarcimiento integral del dao causado. En este punto la Ley sigue al pacto social concretado en la Estrategia Espaola de Seguridad y Salud en el Trabajo (2007-2012), as como a un amplio consenso de la doctrina cientfica.

Asimismo, esta unificacin permite de manera general convertir el orden social en el garante del cumplimiento de la normativa de prevencin de riesgos laborales, aun cuando no se hayan derivado daos concretos por tales incumplimientos. De este modo no slo se fortalecen los instrumentos judiciales para proteger a las vctimas de accidentes de trabajo, sino que adems se disponen los recursos para hacer efectiva la deuda de proteccin del empresario y la prevencin de riesgos laborales. Esta asignacin de competencias se efecta con carcter pleno, incluyendo a los funcionarios o personal estatutario, quienes debern plantear, en su caso, sus reclamaciones ante el orden jurisdiccional social en igualdad de condiciones con los trabajadores por cuenta ajena, incluida la responsabilidad derivada de los daos sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de prevencin de riesgos laborales que forma parte de la relacin funcionarial o estatutaria o laboral. Se incluyen adems competencias sobre medidas cautelares. Por ltimo, se asigna al orden social la competencia sobre las cuestiones relativas a los rganos de representacin de personal en materia relacionada con la prevencin de riesgos en el trabajo, a travs, en su caso, de los Delegados de Prevencin y los Comits de Seguridad y Salud, con independencia del tipo de personal que intervenga en su designacin o composicin.

Modernizar la normativa procesal laboral facilita, en consecuencia, el efectivo cumplimiento de las polticas de promocin de la salud y seguridad en el lugar de trabajo, evita la necesidad de intervencin sucesiva de diversos rdenes jurisdiccionales, que ocasiona dilaciones, gastos innecesarios y pronunciamientos diversos contradictorios, al tiempo que proporciona un marco normativo que garantice la seguridad jurdica.

Por otro lado, la unificacin de la materia laboral en el orden social convierte tambin a ste en el garante ordinario de los derechos fundamentales y libertades pblicas de empresarios y trabajadores en el mbito de la relacin de trabajo. Adems de la mencionada atraccin competencial de los litigios vinculados a la salud y seguridad en el trabajo, se unifica el conocimiento de cualquier otra vulneracin de derechos fundamentales y libertades pblicas conectada a la relacin laboral, como puede ser el caso del acoso.

En este punto, se pretende asimismo dar respuesta a las exigencias de la doctrina constitucional emanada de la Sentencia del Tribunal Constitucional 250/2007, de 17 de diciembre. Esta sentencia posibilita la extensin competencial del orden social frente a los terceros sujetos causantes de la vulneracin de un derecho fundamental e interpreta que tambin puede ser sujeto activo del acoso el trabajador de una tercera empresa. Corresponde al orden social conocer de cuantas pretensiones se deduzcan al respecto, contra el empresario o contra los terceros citados, puesto que la actuacin de stos se produce en conexin directa con la relacin laboral, excluyndose expresamente por esta Ley la competencia residual que tradicionalmente ha venido asumiendo el orden jurisdiccional civil respecto de litigios sobre daos en cuya intervencin haya intervenido alguna persona distinta del directo empresario o empleador.

Otra de las cuestiones de mayor trascendencia en el mbito laboral es la impugnacin de los actos administrativos, singulares o generales, en materia laboral y de seguridad social y, en especial, de las resoluciones contractuales colectivas por causas objetivas, por lo que, por ltimo, se especifica su atribucin al orden social. Esta Ley pretende clarificar la jurisdiccin competente sobre las esenciales materias relativas a la asistencia y proteccin social pblica, asignando al orden jurisdiccional social, las relativas a la valoracin, reconocimiento y calificacin del grado de discapacidad y las incluidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promocin de la autonoma personal y atencin a las personas en situacin de dependencia, y continuando las restantes como objeto de conocimiento del orden contencioso-administrativo. Con ello se adapta la normativa procesal laboral a la doctrina constitucional en su interpretacin de la proteccin social, conforme al artculo 41 de la Constitucin y, de esta manera, la jurisdiccin social queda configurada como el juez natural de todas las esenciales polticas pblicas relativas a la proteccin social. No obstante, la entrada en vigor de la atribucin competencial sobre las prestaciones de dependencia en favor del orden jurisdiccional social se demora en cuanto a su efectividad, concediendo a tal fin al Gobierno el plazo de tres aos para que remita a las Cortes el correspondiente Proyecto de Ley, para poder tener en cuenta la incidencia de las distintas fases de aplicacin de la Ley de Dependencia en orden a una ms gil respuesta judicial.

No obstante, se han mantenido las excepciones recogidas en la normativa concursal, as como la competencia del orden contencioso-administrativo con respecto a determinados actos administrativos en materia de seguridad social ms directamente vinculados con la recaudacin de las cuotas y dems recursos de la misma y la actuacin de la Tesorera General de la Seguridad Social.

IV

En un segundo eje se desenvuelve la modernizacin de la normativa del procedimiento social hacia una agilizacin de la tramitacin procesal. En la consecucin de un procedimiento ms gil y eficaz, se ha realizado un ajuste ntegro de la normativa procesal social a las previsiones de la supletoria Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, as como a la interpretacin efectuada de la normativa procesal social por la jurisprudencia social y constitucional. Dicho ajuste ha permitido precisar armnicamente unos principios ms acordes con el proceso social en aspectos como la regulacin de las medidas cautelares, esenciales cuando se trata de vulneraciones de derechos fundamentales y libertades pblicas, la reforma de las modalidades procesales de tutela de derechos fundamentales y libertades pblicas, de conciliacin de la vida personal, familiar y laboral y de materia electoral para incluir en su mbito la impugnacin del preaviso de elecciones sindicales.

Se agiliza la tramitacin procesal a partir del establecimiento de un conjunto de medidas y de reglas entre las que se incluyen disposiciones especiales sobre acumulacin y reparto, en materias relativas a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, supresin de trmites superfluos o eliminacin de traslados materiales de actuaciones innecesarios con las nuevas tecnologas, a cuya progresiva implantacin la Ley se muestra abierta en distintas disposiciones. En la misma lnea, se refuerza la conciliacin extrajudicial y la mediacin, el arbitraje, con regulacin de una modalidad procesal de impugnacin del laudo y con previsin de la revisin de los laudos arbitrales firmes, y la posibilidad de transaccin judicial en cualquier momento del proceso, incluida la ejecucin.

Tambin en fase de recurso se ha procurado racionalizar el procedimiento. Se sistematiza as el recurso de suplicacin, para actualizar sus cuantas, que permanecan inalteradas a pesar de la evolucin de las posibles magnitudes econmicas de referencia como los ndices de precios y los salarios mnimos y pensiones, y ajustarlo a las nuevas competencias, siguiendo, respecto de estas ltimas, criterios similares a los contenidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa, as como a las propuestas efectuadas por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial el 28 de enero de 2010, relativas al proceso social. Se generaliza el acceso a la suplicacin en supuestos de cierre anticipado del proceso, situacin que, al carecer hasta ahora de recurso, ha dado lugar a un excesivo nmero de recursos de amparo, precisamente en la fase en la que la garanta de la tutela judicial efectiva se despliega con mayor intensidad. Se trataba de una deficiencia estructural, cuya subsanacin contribuir a reducir la carga del Tribunal Constitucional. Esta preocupacin ha inspirado igualmente otras reglas a lo largo de la Ley, como la exigencia de especificacin del derecho o libertad fundamental vulnerados, tanto en la demanda como en la sentencia, en los procesos de tutela de tales derechos, la reestructuracin del proceso de tutela de los mismos, como medio de obtener el amparo judicial ordinario, la sistematizacin de la nulidad de resoluciones definitivas, la revisin y la audiencia al rebelde, la posibilidad de utilizar las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como doctrina de contraste y, en general, la asignacin al juez de lo social de la funcin de garante ordinario de los derechos fundamentales, tanto en las relaciones de trabajo como en el proceso social. El presente texto normativo tambin ampla el mbito del recurso de casacin para la unificacin de doctrina, facultando al Ministerio Fiscal para su planteamiento a instancia de asociaciones empresariales o sindicales y entidades pblicas, ampliando, de esta forma, el mbito de las materias que podrn ser objeto de una rpida unificacin doctrinal en casacin.

En otros casos se introducen, con la misma finalidad, normas que la prctica forense aconsejaba para una mayor certeza y unificacin en el orden social, as como mayores garantas para la defensa. Es el caso de las normas especficas sobre procesos complejos para mantener la oralidad sin indefensin en el examen y prctica de la prueba y conclusiones, o los supuestos en los que se evitan como regla las meras ratificaciones innecesarias del personal mdico o inspector en sus previas intervenciones durante la tramitacin administrativa, as como las pruebas testificales de escaso valor probatorio. En la misma lnea se incardina una importante reforma de las reglas de acumulacin, en aras de favorecer la economa procesal, la homogeneidad y la rapidez en la respuesta judicial.

Mediante este segundo eje de reforma, la nueva Ley permite integrar y aprovechar las potencialidades que ofrece la nueva oficina judicial. Se articulan las previsiones legales necesarias para la plena implantacin de las nuevas tecnologas, se armoniza el texto con las recientes modificaciones de la citada Ley 13/2009, de 3 de noviembre, y se completa el diseo procesal necesario para la implantacin de la nueva estructura funcional de los juzgados y tribunales.

La agilizacin de la tramitacin procesal pretende ofrecer a los tribunales espaoles y a quienes acten ante ellos, un marco procesal que asegure mayor precisin y eficacia en la definicin y aplicacin jurisdiccional de los derechos y deberes de trabajadores y empresarios, as como de los niveles de cobertura de seguridad social ante situaciones de necesidad. Estos efectos redundan en una mayor certeza, seguridad y confianza de los agentes sociales y econmicos en el marco del espacio social europeo.

V

La agilizacin del proceso no ha de ir en detrimento de la tutela judicial efectiva y la proteccin de los intereses de las partes. En este sentido, se recogen una serie de reglas sobre la carga probatoria, en especial en materia de accidentes de trabajo, conforme a la jurisprudencia social, para garantizar la igualdad entre las partes. Se regulan, asimismo, la posible utilizacin de procedimientos de presentacin y de formularios, que faciliten la labor de los interesados y profesionales, y los procedimientos de sealamiento inmediato de la vista, que igualmente puedan establecerse, as como la formulacin de peticiones iniciales monitorias, en supuestos de presumible determinacin, liquidez y falta de controversia de la deuda y con aportacin de un principio de prueba al respecto que, en caso de oposicin, dar lugar a la conversin del procedimiento en ordinario. Todas estas medidas, en relacin con la nueva estructura de la oficina judicial, pueden permitir una ms gil tramitacin y tratamiento informtico de un nmero no desdeable de procedimientos, permitiendo as concentrar la atencin del rgano jurisdiccional en otros procesos de mayor entidad cuantitativa y cualitativa.

Tambin, el nuevo texto normativo refuerza la presencia en juicio del Fondo de Garanta Salarial (FOGASA) y de las entidades gestoras y colaboradoras, en su funcin de velar por los intereses pblicos. En particular, se destaca el papel del FOGASA en el proceso social, otorgndole los poderes procesales necesarios para llevar a cabo su funcin de tutela de intereses pblicos, y se recaba su colaboracin activa desde el primer momento. Se han tenido en cuenta las conclusiones de la doctrina jurisprudencial, Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de octubre de 2002 y de 14 de octubre de 2005, y constitucional, Sentencias del Tribunal Constitucional 60/1992 y 90/1994, en la lnea de clarificar la incidencia de las alegaciones del FOGASA y su eventual efecto preclusivo.

Se establece tambin una forma de interrelacin entre los rganos judiciales sociales y el FOGASA, para recabar y aportar informacin en defensa de los intereses pblicos, como tambin se hace con respecto a la Tesorera General de la Seguridad Social y entidades u organismos gestores de prestaciones de Seguridad Social. Debe destacarse igualmente, con anloga finalidad, la expresa previsin de notificacin a estos organismos pblicos de las resoluciones que pudieran depararles perjuicios. La norma ahora prevista puede, adems, resultar de utilidad en litigios de los que pudieran derivarse en el futuro prestaciones de garanta salarial, aun cuando en dicho momento no est la empresa desaparecida o en situacin de insolvencia actual.

Cabe destacar por otra parte la exencin expresa que se hace a favor de los sindicatos de efectuar depsitos y consignaciones en sus actuaciones ante el orden social. Exista el riesgo de que, en ausencia de concreta indicacin legal, se pudiera cuestionar para los titulares de las acciones colectivas en defensa de los intereses de los trabajadores, la exencin de depsitos y consignaciones en los recursos de reposicin y en otros distintos de los de suplicacin y casacin. Se favorece as la intervencin colectiva sindical que, en un plano de economa de recursos, hace innecesarios mltiples y costosos procesos individuales. La Ley refuerza, por otra parte, la legitimacin de los sindicatos con implantacin en el mbito del conflicto para la defensa de los intereses colectivos conforme a la doctrina constitucional, destacando que, en la fase de ejecucin, ese inters debe estar referido esencialmente al mantenimiento de la actividad y a la conservacin de los puestos de trabajo.

La Ley tambin ha querido regular a travs de distintas previsiones concretas las consecuencias de la atribucin al orden social, por Ley 20/2007, de 11 julio, del Estatuto del trabajo autnomo, de las reclamaciones de los trabajadores autnomos econmicamente dependientes, con el objetivo de mejorar su tutela jurisdiccional ante las decisiones del empresario-cliente que est en una posicin de preponderancia econmica frente a ellos. El planteamiento de la delimitacin jurdica entre dos relaciones posibles de orden materialmente distinto, como son la relacin civil o mercantil de servicios y la relacin laboral, puede generar inconvenientes procesales con riesgo de prdida de derechos para los demandantes. Se procura as establecer reglas para los supuestos, frecuentes en la prctica, en los que el demandante, al accionar por despido, pueda pretender que la relacin es laboral y no de trabajo autnomo econmicamente dependiente, posibilitando que, con carcter eventual, y para el caso de desestimacin de la primera, se ejerciten las acciones que corresponderan al tratarse de un trabajador en el rgimen de autnomos, sin obligar a un nuevo procedimiento en esta segunda hiptesis. De otro modo, se puede generar, o bien el efecto de que se sigan dos procesos sucesivos cuando el primero no califica de laboral la relacin, o bien de que precluya su derecho si no lo hizo valer en la primera ocasin. Se aprovecha igualmente esta Ley para modificar la Ley del Estatuto del trabajo autnomo en el punto relativo a considerar meramente declarativo y no constitutivo el contrato escrito entre el trabajador autnomo econmicamente dependiente y su cliente, as como a clarificar el acceso a la jurisdiccin como va de reconocimiento de tal condicin.

La nueva Ley incluye novedades muy destacadas, llamadas a agilizar la jurisdiccin social, entre las que merece destacarse el impulso que se da tanto a la mediacin previa como a la intraprocesal. Tambin merece especial mencin la ampliacin del mbito del recurso de casacin unificadora al regularse una modalidad del mismo que puede interponerse por el Ministerio Fiscal en defensa de la legalidad y sin necesidad de que concurra el presupuesto de contradiccin de sentencias, con lo que se lograr una mayor celeridad en la unificacin de doctrina y en temas que hasta ahora seran de muy difcil acceso a dicho recurso.

Es tambin destacable en materia de ejecucin, la extensin de los efectos de las sentencias en materia de conflicto colectivo, reforzando la eficacia real de las sentencias recadas en este tipo de procesos, que podr ir ms all de la mera interpretacin o declaracin con eficacia general de la nulidad o validez de normas convencionales o prcticas empresariales, para comprender la ejecucin individualizada de los pronunciamientos susceptibles de tal determinacin, con legitimacin de los sujetos colectivos, no solamente en condenas con traduccin econmica sino incluso en procesos sobre movilidad geogrfica o modificacin sustancial de condiciones de trabajo de efectos colectivos u otras prcticas empresariales de posible desagregacin en actuaciones individuales. E, igualmente, cabe resaltar la previsin expresa, hasta ahora solamente posible por la va, no exenta de dificultades, de la aplicacin subsidiaria de la regulacin procesal civil, sobre condenas de futuro y la posibilidad de alcanzar acuerdos transaccionales en ejecucin.

VI

En lo que se refiere a la estructura de la norma, sta est formada por 305 artculos, tres disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposicin derogatoria y siete finales. Los captulos se distribuyen en cuatro libros: parte general, proceso ordinario y otras modalidades procesales, medios de impugnacin y ejecucin de resoluciones judiciales.

El Libro Primero contiene la parte general. En el Ttulo I, el Captulo I delimita las materias que son conocidas por los rganos de la jurisdiccin social. El artculo 2 contiene una enumeracin exhaustiva, en trminos positivos, de los asuntos encomendados a este orden jurisdiccional, mientras que el artculo 3 realiza una delimitacin negativa de la competencia. El segundo Captulo recoge las normas generales de competencia de juzgados y tribunales del orden social, concretando stas para cada rgano (juzgados, Salas de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autnomas, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo). El tercer Captulo se refiere a los conflictos y cuestiones de competencia, ordenando la forma de resolver los conflictos de competencia que se produzcan entre los rganos jurisdiccionales del orden social y los de otros rdenes, sin que se hayan introducido modificaciones respecto de la regulacin anterior, pues sigue remitindose a las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por ltimo, el Captulo Cuarto recoge el rgimen de abstencin y recusacin, remitindose a las normas de la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se definen, para el orden jurisdiccional social, los rganos competentes para instruir y decidir los incidentes de recusacin, en los mismos trminos de la Ley anterior.

El Ttulo II contiene las normas relativas a las partes procesales. El Captulo I regula los requisitos de capacidad y legitimacin procesal. En los artculos 16 y 17, en materia de capacidad y legitimacin, se mantienen las normas generales previstas en la legislacin anterior y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, realizando los ajustes necesarios para prever la capacidad y legitimacin procesal en el caso de aquellos actos o negocios que se atribuyen ex novo a esta jurisdiccin. Adems, en coherencia con lo previsto en los artculos 6 y 7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ahora se atribuye legitimacin pasiva a las comunidades de bienes y grupos sin personalidad que actan como empresarios, con el objetivo de garantizar la existencia de un sujeto susceptible de ser demandado por los trabajadores en caso de que sea necesario.

En el Captulo II, relativo a la representacin y defensa procesales, respetando los principios generales de nuestro ordenamiento jurdico, se introducen novedades cuya finalidad es evitar prcticas de desacumulacin de demandas cuando las acciones ejercitadas son legalmente acumulables. Igualmente se establece una regulacin tendente a facilitar la designacin de representante comn cuando la parte demandada est integrada por ms de diez sujetos, y no solamente cuando son demandantes, como hasta ahora, lo que es relativamente frecuente en la prctica y origina graves dilaciones, al no estar previsto actualmente un sistema de designacin comn con las garantas necesarias. Finalmente se introduce un nuevo prrafo en el artculo 19 a fin de facilitar la atribucin de capacidad procesal a la representacin unitaria o sindical cuando la demanda pueda afectar a todos o a la mayor parte de los trabajadores de una empresa.

El Captulo III contiene las normas relativas a la intervencin y llamada a juicio del Fondo de Garanta Salarial. Adems de mejorar la redaccin y sistemtica del texto, se ha reformado el texto del artculo 23, de forma que se establece la necesidad de citar al FOGASA en los supuestos en que su responsabilidad pudiera derivar de su obligacin de pago de una parte de las indemnizaciones.

El Ttulo III se refiere a la acumulacin de acciones, procesos y recursos. El Captulo I regula la acumulacin de acciones, procesos y recursos, regulando cada una de stas en secciones distintas. En este Captulo se han recogido importantes novedades respecto de la acumulacin de acciones, todas ellas tendentes a garantizar una mayor coherencia en la respuesta judicial, eficiencia y agilidad en la resolucin de los litigios que se planteen ante la jurisdiccin social, particularmente en procesos derivados de accidentes de trabajo y otros relacionados entre s, como las distintas impugnaciones de un mismo acto o resolucin, o la impugnacin de distintos actos empresariales coetneos con significacin extintiva, al igual que el planteamiento y resolucin conjunta de las acciones de despido y de salarios pendientes de abono en ese momento, salvo cuando se comprometa la prioritaria resolucin sobre el despido. El Captulo II, sobre la acumulacin de ejecuciones, no ha sufrido apenas variaciones respecto de la regulacin anterior.

El Ttulo IV regula los actos procesales. En el primer Captulo, De las actuaciones procesales, la principal novedad es la adicin entre los procesos en que los das del mes de agosto deben considerarse hbiles, de los relativos a procesos de impugnacin de resoluciones administrativas en expedientes de regulacin de empleo, as como de suspensin del contrato o reduccin de jornada por causas econmicas, tcnicas, organizativas o de produccin, por la normal urgencia de las medidas, y por analoga a lo que acontece respecto de los despidos individuales y plurales y modificacin de condiciones de trabajo, individuales o colectivas.

Se incluyen, adems, en el artculo 48 previsiones para adaptar la Administracin de Justicia a las nuevas tecnologas, de forma que se posibilite la sustitucin de la entrega material de las actuaciones por su acceso informtico o entrega en soportes informticos, lo que podr evitar desplazamientos a profesionales y usuarios de la Administracin de Justicia, y reducir el tiempo de tramitacin, sobre todo en la fase de recursos de casacin o suplicacin.

El Captulo II de este Ttulo regula el contenido y forma de las resoluciones procesales. En el artculo 50, como principal novedad se han simplificado los supuestos en que procede dictar sentencia oral, relacionndolos directamente con los procesos o modalidades procesales en los que, por razn de la materia o de la cuanta, no proceda recurso de suplicacin, incluyendo el supuesto de allanamiento total, con independencia de la materia o de la cuanta.

En el Captulo III, relativo a los actos de comunicacin, adems de recoger el reparto de cargas procesales definido por la jurisprudencia constitucional, contiene novedades que enlazan con la regulacin de la nueva oficina judicial y la introduccin de procedimientos telemticos de comunicacin en el mbito de la Administracin de Justicia, de forma que la norma sea coherente con el nuevo marco procesal.

En el Ttulo V se contienen normas orientadas a evitar el proceso. En el Captulo I, que hasta ahora se refera exclusivamente a la conciliacin previa, se ha adicionado ahora la referencia a la mediacin y a los laudos arbitrales, al regularse en dicho Captulo la eficacia e impugnacin de estos ltimos.

Adems de introducir las modificaciones necesarias para dar coherencia a la norma con el ordenamiento jurdico vigente, incluyendo referencias al Estatuto de los Trabajadores, se aade, igualmente, una mencin en el artculo 64 a los procesos que exijan otra forma de agotamiento de la va administrativa distinta de la reclamacin previa, en concreto, la interposicin del recurso de alzada o reposicin. Por otra parte, en el artculo 66 se ha sustituido la imposicin de multa en caso de no comparecer al acto obligatorio de conciliacin o mediacin, inoperante en la prctica, por la imposicin de costas, relacionada con el principio de vencimiento objetivo y que no requiere apreciar temeridad o mala fe.

El Captulo II regula el agotamiento de la va administrativa previa a la va judicial. En la legislacin anterior se mencionaba tan slo la reclamacin previa a la va judicial, en relacin con los litigios entre la Administracin y sus trabajadores o entre la Administracin de Seguridad Social, sus entidades gestoras y sus beneficiarios, y ahora ha sido modificado a fin de comprender las diversas formas de agotamiento de la va administrativa por medio de recurso administrativo ordinario como consecuencia de la atraccin al orden social del conocimiento sobre los recursos contra resoluciones administrativas en materia laboral.

As, la principal novedad contenida en el artculo 69 es la introduccin de una mencin expresa de aquellos procesos que exijan otra forma de agotamiento de la va administrativa, distinta de la reclamacin previa, dejndose abiertas ambas posibilidades. Por otra parte, en el artculo 70 se ha insertado la regla general, en materia de derechos fundamentales y libertades pblicas, de no ser exigible el agotamiento previo de la va administrativa, conforme al criterio generalmente seguido por la doctrina constitucional.

En el Ttulo VI se regulan los principios del proceso, as como los deberes procesales. No se han producido grandes novedades en este aspecto. La Ley de Procedimiento Laboral de 1990 ya fue pionera en el establecimiento de apremios pecuniarios y multas coercitivas para obtener la ejecucin de lo resuelto, pero las mismas solamente se establecieron en el proceso de ejecucin. Las normas posteriores, contenidas tanto en la Ley reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa como en la Ley de Enjuiciamiento Civil del ao 2000, han posibilitado, con carcter general, la aplicabilidad de dichos mecanismos tambin al proceso declarativo y a la fase de recurso. Con tal finalidad se ha incluido esta posibilidad general en esta Ley.

El Libro Segundo contiene las especialidades relativas al proceso ordinario y las modalidades procesales. El Ttulo I regula el proceso ordinario y el Ttulo II se refiere a las modalidades procesales propiamente dichas.

En lo que hace al proceso ordinario, se ha ampliado el texto originario en el artculo 76, con el fin de hacer referencia a la legitimacin, y la posibilidad de proporcionar normas de utilidad para los supuestos en los que deba determinarse el empresario o unidad empresarial responsables, muchas veces no conocidos con precisin por el trabajador demandante, para poder formular correctamente la demanda. Se ha mantenido la regla clsica del proceso social, relativa a los testigos, que se integra con el principio general, ex artculo 293.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre las causas de anticipacin de la prueba.

En materia de anticipacin y aseguramiento de prueba, as como de medidas cautelares, se ha realizado una regulacin acorde con la Ley de Enjuiciamiento Civil, dejando a salvo las especialidades del proceso social, especialmente la relativa a la exencin de cauciones, garantas e indemnizaciones relacionadas con determinadas medidas cautelares, introduciendo medidas cautelares en procesos de extincin a instancia del trabajador y la posibilidad de ejecucin provisional de la sentencia.

En el Captulo II, que regula el procedimiento ordinario, la regulacin contenida respeta lo previsto en el texto anteriormente vigente, introduciendo aquellas modificaciones necesarias para concordar estos artculos con los contenidos en el Libro Primero relativos a la legitimacin activa y pasiva, as como a las nuevas competencias asumidas por la jurisdiccin social.

Adems, en el artculo 81 se contienen importantes novedades que enlazan con las nuevas funciones de los secretarios judiciales en la nueva oficina judicial. En concreto, se atribuye al secretario judicial la comprobacin de la concurrencia de los requisitos procesales necesarios, sin introducir una distincin, que sera artificiosa y formalista, entre defectos sustantivos y formales, ya que, en esa fase procesal, todos los apreciables son de esta ltima clase, sin perjuicio de que la inadmisin preliminar deba quedar reservada a la decisin jurisdiccional. Asimismo, el secretario judicial ha de advertir a las partes, para su subsanacin, de posibles defectos en la demanda, en relacin con los presupuestos procesales necesarios que pudieran impedir la vlida prosecucin y trmino del proceso y el dictado de una sentencia de fondo, de acuerdo con lo previsto en el apartado 4 del artculo 399 y en el apartado 1 del artculo 405 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, as como en relacin con los documentos de preceptiva aportacin con la propia demanda. En cuanto a la posible falta de jurisdiccin o competencia, el secretario ha de dar cuenta al juez o tribunal para que resuelva lo procedente. Todo ello con arreglo a la funcin de subsanacin procesal que tiene la admisin preliminar de la demanda en el juicio laboral, en el que no hay audiencia preliminar, como en el proceso civil ordinario, y reviste por ello la mayor importancia la subsanacin de toda clase de defectos procesales que puedan resultar de la demanda en el momento de la presentacin de la misma, ya respondan a omisiones, imprecisiones o defectos en ella, falta de capacidad o representacin, inadecuacin, con eventual transformacin de oficio del proceso seguido segn el procedimiento que deba seguirse, litisconsorcio pasivo necesario o cualquier otra causa obstativa de orden procesal, segn la prctica habitualmente seguida desde antiguo en el proceso social.

En materia de prueba, el juez o tribunal resolver sobre la pertinencia de las pruebas propuestas y determinar la naturaleza y clase de cada una de ellas segn lo previsto en el artculo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la presente Ley. Asimismo resolver sobre las posibles diligencias complementarias o de adveracin de las pruebas admitidas y sobre las preguntas que puedan formular las partes. Se regulan las condiciones de prctica del interrogatorio de parte, delimitando la intervencin de quienes hubieran actuado en los hechos en nombre o inters del empresario, as como de la prueba testifical. Se posibilita la aportacin anticipada y el examen, con alegaciones complementarias en su caso, cuando la prueba presente especial volumen o complejidad, y se establecen garantas cuando el acceso a documentos o archivos pueda afectar a la intimidad personal u otro derecho fundamental.

Se regula el planteamiento por el rgano jurisdiccional a las partes de cuestiones que deban ser resueltas de oficio o por conexin obligada con las alegaciones de las partes a fin de hacer posible la exhaustividad del pronunciamiento, exigida por el artculo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, asegurando la audiencia de las partes al respecto, que en caso necesario se realizar mediante un breve trmite adicional.

En el Ttulo II se contiene la regulacin relativa a las modalidades procesales, establecindose la regla general de la transformacin del proceso a la modalidad adecuada y excluyendo, en la medida de lo posible, los pronunciamientos absolutorios por inadecuacin de procedimiento y la remisin a un ulterior proceso, aunque respetando en su mayor parte la regulacin vigente hasta ahora. En el caso de los procesos de despido se integra la posibilidad, hasta ahora solamente prevista para sanciones inferiores, de autorizar una medida sancionadora alternativa, para as favorecer la reanudacin de la relacin frente a la indemnizacin compensatoria de la prdida del puesto de trabajo. Se regulan as mismo en trminos semejantes a los anteriores, con precisiones adicionales derivadas de modificaciones legislativas o criterios jurisprudenciales, las reclamaciones al Estado del pago de salarios de tramitacin en juicios por despido, extincin del contrato laboral por causas objetivas u otras, as como los procesos relativos a los despidos colectivos por causas econmicas, organizativas, tcnicas o de produccin. En relacin con stos, se regulan ahora expresamente los efectos derivados de la declaracin jurisdiccional de ineficacia de la resolucin administrativa, cuyo conocimiento se atribuye en esta Ley al orden social, por lo que no es suficiente una regla general de declaracin de nulidad de los despidos individuales, adems de dar respuesta a las interrogantes suscitadas por la resolucin que invalida la autorizacin administrativa que sustent en su momento las extinciones individuales, cuestin que ha sido objeto de diversos pronunciamientos a propsito del resarcimiento de los perjudicados.

Tambin se regulan en este Ttulo II, como modalidades procesales, los procesos que afectan a las materias electorales. Se ha incluido un inciso que tiene por finalidad clarificar el mbito de esta modalidad procesal, en relacin con los preceptos del Estatuto de los Trabajadores modificado para comprender toda la materia electoral a partir de la impugnacin de preavisos electorales, respondiendo a la originaria motivacin de la introduccin en su da del arbitraje electoral y a la necesidad de clarificar, cuanto antes, la representatividad de los negociadores del banco social, sea en la empresa o en sectores laborales ms amplios.

Igualmente encuentran su acomodo en este Ttulo los procesos relativos a la clasificacin profesional, movilidad geogrfica, modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, as como los derechos de conciliacin de la vida personal y familiar, favoreciendo la aplicacin de los criterios convencionales y de las medidas promocionales de la igualdad y los procesos relativos a Seguridad Social, incluida la proteccin por desempleo.

En el Captulo VI, sobre los procesos en materia de Seguridad Social, se mantiene la doble va de reclamacin previa u otras formas de agotamiento de la va administrativa en sentido amplio. En el Captulo VII, relativo al procedimiento de oficio y al de impugnacin de actos administrativos en materia laboral, se ha llevado a cabo una labor de coordinacin de los supuestos encuadrables en el primero ya que, al asumir la jurisdiccin social gran parte de las competencias para conocer de los actos administrativos en materia laboral, sindical, riesgos laborales y parte de seguridad social, el procedimiento de oficio derivado de las comunicaciones de la autoridad laboral a la que se refera el texto anterior dejaba de cumplir, en la mayor parte de los supuestos, con su finalidad coordinadora de las jurisdicciones contencioso-administrativa y social. Se regula especficamente una nueva modalidad procesal, a partir de una demanda contencioso-laboral anloga al recurso contencioso-administrativo anteriormente tramitado en dicho orden jurisdiccional, que sirve de cauce a la impugnacin de los actos administrativos en materia laboral.

En los Captulos VIII y IX se regulan los procesos en materia de conflictos colectivos y la impugnacin de convenios colectivos de eficacia general y de los laudos sustitutivos de stos, remitiendo, para el caso de las demandas contra cualquier otro tipo de pactos o acuerdos, exclusivamente al proceso de conflictos colectivos. El Captulo X regula, sin novedades destacables respecto del rgimen anterior, la impugnacin de los estatutos de los sindicatos y de las asociaciones empresariales o de su modificacin, mientras que el undcimo y ltimo regula la tutela de los derechos fundamentales y libertades pblicas, ajustndolo a la doctrina constitucional, con una regulacin ms completa y estructurada que la actual, particularmente en cuanto a los trminos de los pronunciamientos a dictar y respecto del resarcimiento de la vctima y su estatuto procesal, y ampliando el mbito de la modalidad procesal de modo decidido ms all de la invocacin principal de derechos fundamentales laborales especficos, como la libertad sindical, para comprender con amplitud toda posible vulneracin de tales derechos y libertades fundamentales en el mbito de las relaciones de trabajo, sean genricos o especficamente laborales, salvo cuando sea necesario seguir una determinada modalidad procesal especial para, en ella, incluir tal alegacin, en todo caso con aplicacin de las garantas propias de esta modalidad procesal especial, todo ello en trminos que eviten las diferencias de interpretacin actuales.

El Libro Tercero contiene el rgimen relativo a los medios de impugnacin, esto es, los recursos contra providencias, autos, diligencias de ordenacin, decretos y sentencias. El libro se organiza en seis ttulos, regulando cada uno de ellos, salvo el quinto, un medio de impugnacin distinto. Las principales novedades en este mbito, comprenden, en primer lugar, el reconocimiento de legitimacin para recurrir tambin a la parte favorecida aparentemente por el fallo, de acuerdo con los criterios constitucionales sobre la afectacin real o gravamen causado por el pronunciamiento; en segundo lugar, la regulacin de un trmite de impugnacin eventual de la sentencia por parte de la recurrida, cuando pretenda alegar otros fundamentos distintos de los aplicados por la recurrente, para el caso de que estos ltimos no sean convincentes para el tribunal que conoce del recurso, con posibilidad de alegaciones de la recurrente al respecto, de nuevo de acuerdo con criterios de la doctrina constitucional; y, por ltimo, la interposicin e impugnacin del recurso ante el tribunal autor de la sentencia recurrida, remitiendo al Tribunal Supremo el recurso ya tramitado sin previo emplazamiento ante el mismo, segn la positiva experiencia resultante de la tramitacin tradicionalmente aplicada para la suplicacin. En el Ttulo IV, que regula el recurso de casacin para unificacin de doctrina, se han tratado de superar los tradicionales obstculos que venan dados por la exigencia del requisito de contradiccin de sentencias que dificultaba y retrasaba el acceso, lo que se intenta corregir dando legitimacin al Ministerio Fiscal para recurrir en defensa de la legalidad en supuestos trascendentes aun cuando no concurra aquel presupuesto. Adems, no se han venido admitiendo, como doctrina de contradiccin o contraste a efectos de este recurso, las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional, por los rganos jurisdiccionales de mbito supranacional en materia de derechos fundamentales, ni por el Tribunal de Justicia de la Unin Europea en interpretacin del Derecho comunitario, a pesar de la vinculacin de los rganos jurisdiccionales a las anteriores, en aplicacin, respectivamente, del apartado 1 del artculo 5 de la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, del apartado 2 del artculo 10 y del apartado 1 del artculo 96 de la Constitucin. Por esta razn, la presente norma ampla el mbito del recurso unificador para lograr la mejora en el cumplimiento efectivo de su finalidad con las cautelas necesarias para salvaguardar la posicin constitucional del Tribunal Supremo. Se ha procurado, finalmente, relacionar entre s la solicitud de nulidad de actuaciones contra resoluciones definitivas, la audiencia al rebelde y la revisin de sentencias firmes, para evitar la compleja y difcil situacin que puede llegar a generarse en la prctica con la regulacin actual, en cuanto a la procedencia en cada caso de uno u otro medio impugnatorio.

Por ltimo, el Libro Cuarto regula las normas relativas a la ejecucin de sentencias. Merece destacar, en la sistemtica de estos artculos, la adaptacin a las particularidades de la nueva oficina judicial en cuanto a la distribucin de funciones en el seno de los juzgados y tribunales, y muy especialmente, la atribucin de competencias especficas en materia de ejecucin a los secretarios judiciales. Se han introducido tambin mejoras tcnicas para equiparar plenamente, a efectos de la ejecucin definitiva, todos los ttulos ejecutivos laborales, tanto los constituidos con intervencin judicial como los constituidos sin intervencin judicial. Se regula por primera vez, como ya se ha apuntado, la posibilidad de ejecucin de determinadas sentencias dictadas en procesos de conflicto colectivo cuando puedan determinarse los afectados y la posibilidad de transaccin en la ejecucin, con las necesarias cautelas para asegurar la efectividad de lo juzgado.

En las disposiciones finales se establece como supletoria la Ley de Enjuiciamiento Civil y, en su caso, la Ley reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa, con la necesaria adaptacin a las particularidades del proceso social y en cuanto sean compatibles con sus principios. Se establece tambin una habilitacin al Gobierno para modificar las cuantas correspondientes a los recursos de suplicacin y de casacin ordinaria, en su caso, y para la adopcin de las medidas necesarias para aprobar un sistema de valoracin de daos derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, mediante un sistema especfico de baremo de indemnizaciones actualizables anualmente. Finalmente, se regula el rgimen transitorio de los procesos iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley.

LIBRO PRIMERO
Parte general
TTULO I
Del ejercicio de la potestad jurisdiccional
CAPTULO I
De la jurisdiccin
Artculo 1. Orden jurisdiccional social.

Los rganos jurisdiccionales del orden social conocern de las pretensiones que se promuevan dentro de la rama social del Derecho, tanto en su vertiente individual como colectiva, incluyendo aqullas que versen sobre materias laborales y de Seguridad Social, as como de las impugnaciones de las actuaciones de las Administraciones pblicas realizadas en el ejercicio de sus potestades y funciones sobre las anteriores materias.

Artculo 2. mbito del orden jurisdiccional social.

Los rganos jurisdiccionales del orden social, por aplicacin de lo establecido en el artculo anterior, conocern de las cuestiones litigiosas que se promuevan:

a) Entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo y del contrato de puesta a disposicin, con la salvedad de lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal; y en el ejercicio de los dems derechos y obligaciones en el mbito de la relacin de trabajo.

b) En relacin con las acciones que puedan ejercitar los trabajadores o sus causahabientes contra el empresario o contra aqullos a quienes se les atribuya legal, convencional o contractualmente responsabilidad, por los daos originados en el mbito de la prestacin de servicios o que tengan su causa en accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, incluida la accin directa contra la aseguradora y sin perjuicio de la accin de repeticin que pudiera corresponder ante el orden competente.

c) Entre las sociedades laborales o las cooperativas de trabajo asociado, y sus socios trabajadores, exclusivamente por la prestacin de sus servicios.

d) En relacin con el rgimen profesional, tanto en su vertiente individual como colectiva, de los trabajadores autnomos econmicamente dependientes a que se refiere la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autnomo, incluidos los litigios que deriven del ejercicio por ellos de las reclamaciones de responsabilidad contempladas en el apartado b) de este artculo.

e) Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y convencionales en materia de prevencin de riesgos laborales, tanto frente al empresario como frente a otros sujetos obligados legal o convencionalmente, as como para conocer de la impugnacin de las actuaciones de las Administraciones pblicas en dicha materia respecto de todos sus empleados, bien sean stos funcionarios, personal estatutario de los servicios de salud o personal laboral, que podrn ejercer sus acciones, a estos fines, en igualdad de condiciones con los trabajadores por cuenta ajena, incluida la reclamacin de responsabilidad derivada de los daos sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de prevencin de riesgos laborales que forma parte de la relacin funcionarial, estatutaria o laboral; y siempre sin perjuicio de las competencias plenas de la Inspeccin de Trabajo y Seguridad Social en el ejercicio de sus funciones.

f) Sobre tutela de los derechos de libertad sindical, huelga y dems derechos fundamentales y libertades pblicas, incluida la prohibicin de la discriminacin y el acoso, contra el empresario o terceros vinculados a ste por cualquier ttulo, cuando la vulneracin alegada tenga conexin directa con la prestacin de servicios; sobre las reclamaciones en materia de libertad sindical y de derecho de huelga frente a actuaciones de las Administraciones pblicas referidas exclusivamente al personal laboral; sobre las controversias entre dos o ms sindicatos, o entre stos y las asociaciones empresariales, siempre que el litigio verse sobre cuestiones objeto de la competencia del orden jurisdiccional social, incluida en todos los supuestos de este apartado la responsabilidad por daos; y sobre las dems actuaciones previstas en la presente Ley conforme al apartado 4 del artculo 117 de la Constitucin Espaola en garanta de cualquier derecho.

g) En procesos de conflictos colectivos.

h) Sobre impugnacin de convenios colectivos y acuerdos, cualquiera que sea su eficacia, incluidos los concertados por las Administraciones pblicas cuando sean de aplicacin exclusiva a personal laboral; as como sobre impugnacin de laudos arbitrales de naturaleza social, incluidos los dictados en sustitucin de la negociacin colectiva, en conflictos colectivos, en procedimientos de resolucin de controversias y en procedimientos de consulta en movilidad geogrfica, modificaciones colectivas de condiciones de trabajo y despidos colectivos. De haberse dictado respecto de las Administraciones pblicas, cuando dichos laudos afecten en exclusiva al personal laboral.

i) En procesos sobre materia electoral, incluidas las elecciones a rganos de representacin del personal al servicio de las Administraciones pblicas.

j) Sobre constitucin y reconocimiento de la personalidad jurdica de los sindicatos, impugnacin de sus estatutos y su modificacin.

k) En materia de rgimen jurdico especfico de los sindicatos, tanto legal como estatutario, en todo lo relativo a su funcionamiento interno y a las relaciones con sus afiliados.

l) Sobre constitucin y reconocimiento de la personalidad jurdica de las asociaciones empresariales en los trminos referidos en la disposicin derogatoria de la Ley Orgnica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, impugnacin de sus estatutos y su modificacin.

m) Sobre la responsabilidad de los sindicatos y de las asociaciones empresariales por infraccin de normas de la rama social del Derecho.

n) En impugnacin de resoluciones administrativas de la autoridad laboral en procedimientos de suspensin temporal de relaciones laborales, reduccin de jornada y despido colectivo, regulados en los artculos 47 y 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, as como las recadas en el ejercicio de la potestad sancionadora en materia laboral y sindical y, respecto de las dems impugnaciones de otros actos de las Administraciones pblicas sujetos al Derecho Administrativo en el ejercicio de sus potestades y funciones en materia laboral y sindical que pongan fin a la va administrativa, siempre que en este caso su conocimiento no est atribuido a otro orden jurisdiccional.

) Contra las Administraciones pblicas, incluido el Fondo de Garanta Salarial, cuando les atribuya responsabilidad la legislacin laboral.

o) En materia de prestaciones de Seguridad Social, incluidas la proteccin por desempleo y la proteccin por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, as como sobre la imputacin de responsabilidades a empresarios o terceros respecto de las prestaciones de Seguridad Social en los casos legalmente establecidos. Igualmente las cuestiones litigiosas relativas a la valoracin, reconocimiento y calificacin del grado de discapacidad, as como sobre las prestaciones derivadas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promocin de la Autonoma Personal y Atencin a las personas en situacin de dependencia, teniendo a todos los efectos de esta Ley la misma consideracin que las relativas a las prestaciones y los beneficiarios de la Seguridad Social.

p) En materia de intermediacin laboral, en los conflictos que surjan entre los trabajadores y los servicios pblicos de empleo, las agencias de colocacin autorizadas y otras entidades colaboradoras de aqullos y entre estas ltimas entidades y el servicio pblico de empleo correspondiente.

q) En la aplicacin de los sistemas de mejoras de la accin protectora de la Seguridad Social, incluidos los planes de pensiones y contratos de seguro, siempre que su causa derive de una decisin unilateral del empresario, un contrato de trabajo o un convenio, pacto o acuerdo colectivo; as como de los complementos de prestaciones o de las indemnizaciones, especialmente en los supuestos de accidentes de trabajo o enfermedad profesional, que pudieran establecerse por las Administraciones pblicas a favor de cualquier beneficiario.

r) Entre los asociados y las mutualidades, excepto las establecidas por los Colegios profesionales, en los trminos previstos en los artculos 64 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de ordenacin y supervisin de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, as como entre las fundaciones laborales o entre stas y sus beneficiarios, sobre cumplimiento, existencia o declaracin de sus obligaciones especficas y derechos de carcter patrimonial, relacionados con los fines y obligaciones propios de esas entidades.

s) En impugnacin de actos de las Administraciones pblicas, sujetos a derecho administrativo y que pongan fin a la va administrativa, dictadas en el ejercicio de sus potestades y funciones en materia de Seguridad Social, distintas de las comprendidas en el apartado o) de este artculo, incluyendo las recadas en el ejercicio de la potestad sancionadora en esta materia y con excepcin de las especificadas en la letra f) del artculo 3.

t) En cualesquiera otras cuestiones que les sean atribuidas por sta u otras normas con rango de ley.

Artculo 3. Materias excluidas.

No conocern los rganos jurisdiccionales del orden social:

a) De la impugnacin directa de disposiciones generales de rango inferior a la ley y decretos legislativos cuando excedan los lmites de la delegacin, aun en las materias laborales, sindicales o de Seguridad Social enumeradas en el artculo anterior.

b) De las cuestiones litigiosas en materia de prevencin de riesgos laborales que se susciten entre el empresario y los obligados a coordinar con ste las actividades preventivas de riesgos laborales y entre cualquiera de los anteriores y los sujetos o entidades que hayan asumido frente a ellos, por cualquier ttulo, la responsabilidad de organizar los servicios de prevencin.

c) De la tutela de los derechos de libertad sindical y del derecho de huelga relativa a los funcionarios pblicos, personal estatutario de los servicios de salud y al personal a que se refiere la letra a) del apartado 3 del artculo 1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

d) De las disposiciones que establezcan las garantas tendentes a asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad en caso de huelga y, en su caso, de los servicios o dependencias y los porcentajes mnimos de personal necesarios a tal fin, sin perjuicio de la competencia del orden social para conocer de las impugnaciones exclusivamente referidas a los actos de designacin concreta del personal laboral incluido en dichos mnimos, as como para el conocimiento de los restantes actos dictados por la autoridad laboral en situaciones de conflicto laboral conforme al Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo.

e) De los pactos o acuerdos concertados por las Administraciones pblicas con arreglo a lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Bsico del Empleado Pblico, que sean de aplicacin al personal funcionario o estatutario de los servicios de salud, ya sea de manera exclusiva o conjunta con el personal laboral; y sobre la composicin de las Mesas de negociacin sobre las condiciones de trabajo comunes al personal de relacin administrativa y laboral.

f) De las impugnaciones de los actos administrativos en materia de Seguridad Social relativos a inscripcin de empresas, formalizacin de la proteccin frente a riesgos profesionales, tarifacin, afiliacin, alta, baja y variaciones de datos de trabajadores, as como en materia de liquidacin de cuotas, actas de liquidacin y actas de infraccin vinculadas con dicha liquidacin de cuotas y con respecto a los actos de gestin recaudatoria, incluidas las resoluciones dictadas en esta materia por su respectiva entidad gestora, en el supuesto de cuotas de recaudacin conjunta con las cuotas de Seguridad Social y, en general, los dems actos administrativos conexos a los anteriores dictados por la Tesorera General de la Seguridad Social; as como de los actos administrativos sobre asistencia y proteccin social pblicas en materias que no se encuentren comprendidas en las letras o) y s) del artculo 2.

g) De las reclamaciones sobre responsabilidad patrimonial de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, as como de las dems entidades, servicios y organismos del Sistema Nacional de Salud y de los centros sanitarios concertados con ellas, sean estatales o autonmicos, por los daos y perjuicios causados por o con ocasin de la asistencia sanitaria, y las correspondientes reclamaciones, aun cuando en la produccin del dao concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad.

h) De las pretensiones cuyo conocimiento y decisin est reservado por la Ley Concursal a la jurisdiccin exclusiva y excluyente del juez del concurso.

CAPTULO II
De la competencia
Artculo 4. Competencia funcional por conexin.

1. La competencia de los rganos jurisdiccionales del orden social se extender al conocimiento y decisin de las cuestiones previas y prejudiciales no pertenecientes a dicho orden, que estn directamente relacionadas con las atribuidas al mismo, salvo lo previsto en el apartado 3 de este artculo y en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

2. Las cuestiones previas y prejudiciales sern decididas en la resolucin judicial que ponga fin al proceso. La decisin que se pronuncie no producir efecto fuera del proceso en que se dicte.

3. Hasta que las resuelva el rgano judicial competente, las cuestiones prejudiciales penales suspendern el plazo para adoptar la debida decisin slo cuando se basen en falsedad documental y su solucin sea de todo punto indispensable para dictarla.

4. La suspensin de la ejecucin por existencia de una cuestin prejudicial penal slo proceder si la falsedad documental en que se base se hubiere producido despus de constituido el ttulo ejecutivo y se limitar a las actuaciones ejecutivas condicionadas directamente por la resolucin de aqulla.

Artculo 5. Apreciacin de oficio de la falta de jurisdiccin o de competencia.

1. Si los rganos jurisdiccionales apreciaren la falta de jurisdiccin o de competencia internacional, o se estimaren incompetentes para conocer de la demanda por razn de la materia, del territorio o de la funcin, dictarn auto declarndolo as y previniendo al demandante ante quin y cmo puede hacer uso de su derecho.

2. Igual declaracin debern hacer en los mismos supuestos al dictar sentencia, abstenindose de entrar en el conocimiento del fondo del asunto.

3. La declaracin de oficio de la falta de jurisdiccin o de competencia en los casos de los dos prrafos anteriores requerir previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal en plazo comn de tres das.

4. Contra el auto de declaracin de falta de jurisdiccin o de competencia podrn ejercitarse los recursos previstos en la presente Ley. Si en el auto se declarase la jurisdiccin y competencia del rgano de la jurisdiccin social, la cuestin podr suscitarse de nuevo en el juicio y, en su caso, en el recurso ulterior.

5. Si la accin ejercitada estuviere sometida a plazo de caducidad, se entender suspendida desde la presentacin de la demanda hasta que el auto que declare la falta de jurisdiccin o de competencia sea firme.

Artculo 6. Juzgados de lo Social.

1. Los Juzgados de lo Social conocern en nica instancia de todos los procesos atribuidos al orden jurisdiccional social, con excepcin de los asignados expresamente a la competencia de otros rganos de este orden jurisdiccional en los artculos 7, 8 y 9 de esta Ley y en la Ley Concursal.

2. En aplicacin de lo establecido en el apartado anterior, conocern tambin en nica instancia de los procesos de impugnacin de actos de Administraciones pblicas atribuidos al orden jurisdiccional social en las letras n) y s) del artculo 2, cuando hayan sido dictados por:

a) Los rganos de la Administracin General del Estado y de los organismos pblicos vinculados o dependientes de ella siempre que su nivel orgnico sea inferior al de Ministro o Secretario de Estado, con excepcin de los expedientes de regulacin de empleo, suspensin del contrato o reduccin de jornada por causas econmicas, tcnicas, organizativas o de produccin.

b) Las Administraciones de las Comunidades Autnomas, salvo los que procedan del respectivo Consejo de Gobierno.

c) Las Administraciones de las entidades locales.

d) Cualquier otro organismo o entidad de derecho pblico que pudiera ostentar alguna de las competencias administrativas a las que se refieren las mencionadas letras del artculo 2 de esta Ley.

Artculo 7. Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia.

Las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia conocern:

a) En nica instancia, de los procesos sobre las cuestiones a que se refieren las letras f), g), h), j), k) y l) del artculo 2 cuando extiendan sus efectos a un mbito territorial superior al de la circunscripcin de un Juzgado de lo Social y no superior al de la Comunidad Autnoma, as como de todos aquellos que expresamente les atribuyan las leyes.

b) Tambin en nica instancia, de los procesos de impugnacin de actos de las Administraciones pblicas atribuidos al orden jurisdiccional social en las letras n) y s) del artculo 2, cuando hayan sido dictados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autnoma o por rganos de la Administracin General del Estado con nivel orgnico de Ministro o Secretario de Estado, siempre que, en este ltimo caso, el acto haya confirmado, en va de recurso o en procedimiento de fiscalizacin o tutela, los que hayan sido dictados por rganos o entes distintos con competencia en todo el territorio nacional.

c) De los recursos de suplicacin establecidos en esta Ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de lo Social de su circunscripcin.

d) De las cuestiones de competencia que se susciten entre los Juzgados de lo Social de su circunscripcin.

Artculo 8. Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

1. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional conocer en nica instancia de los procesos a que se refieren las letras f), g), h), j), k) y l) del artculo 2, as como de las resoluciones administrativas recadas en expedientes de regulacin de empleo, suspensin del contrato o reduccin de jornada por causas econmicas, tcnicas, organizativas o de produccin, cuando los procesos o resoluciones referidos extiendan sus efectos a un mbito territorial superior al de una Comunidad Autnoma o, tratndose de impugnacin de laudos, de haber correspondido, en su caso, a esta Sala el conocimiento del asunto sometido a arbitraje.

2. Tambin, con independencia de su mbito territorial de afectacin, conocer en nica instancia de los procesos de impugnacin de actos de Administraciones pblicas atribuidos al orden jurisdiccional social en las letras n) y s) del artculo 2, cuando hayan sido dictados por rganos de la Administracin General del Estado y de los organismos pblicos vinculados o dependientes de ella cuyo nivel orgnico sea de Ministro o Secretario de Estado bien con carcter originario o bien cuando rectifiquen por va de recurso o en procedimiento de fiscalizacin o tutela los dictados por rganos o entes distintos con competencia en todo el territorio nacional.

Artculo 9. Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo conocer:

a) En nica instancia de los procesos de impugnacin de actos de Administraciones pblicas atribuidos al orden jurisdiccional social cuando hayan sido dictados por el Consejo de Ministros.

b) De los recursos de casacin establecidos en la Ley.

c) De la revisin de sentencias firmes dictadas por los rganos jurisdiccionales del orden social y de la revisin de laudos arbitrales firmes sobre materias objeto de conocimiento del orden social.

d) De las demandas de error judicial cuando el rgano al que se impute el error pertenezca al orden jurisdiccional social, salvo cuando ste se atribuyese a la propia Sala de lo Social del Tribunal Supremo o a alguna de sus secciones en que la competencia corresponder a la Sala que se establece en el artculo 61 de la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

e) De las cuestiones de competencia suscitadas entre rganos del orden jurisdiccional social que no tengan otro superior jerrquico comn.

Artculo 10. Competencia territorial de los Juzgados de lo Social.

La competencia de los Juzgados de lo Social se determinar de acuerdo con las siguientes reglas:

1. Con carcter general ser juzgado competente el del lugar de prestacin de los servicios o el del domicilio del demandado, a eleccin del demandante.

Si los servicios se prestaran en lugares de distintas circunscripciones territoriales, el trabajador podr elegir entre aqul de ellos en que tenga su domicilio, el del contrato, si hallndose en l el demandado pudiera ser citado, o el del domicilio del demandado.

En el caso de que sean varios los demandados, y se optare por el fuero del domicilio, el actor podr elegir el de cualquiera de los demandados.

En las demandas contra las Administraciones pblicas empleadoras ser juzgado competente el del lugar de prestacin de los servicios o el del domicilio del demandante, a eleccin de ste; salvo para los trabajadores que presten servicios en el extranjero, en que ser juzgado competente el del domicilio de la Administracin pblica demandada.

2. En los procesos que se indican en los prrafos siguientes ser en cada caso juzgado competente:

a) En los que versen sobre las materias referidas en las letras o) y p) del artculo 2, aqul en cuya circunscripcin se haya producido la resolucin originaria, expresa o presunta, o la actuacin impugnada en el proceso, o, a eleccin del demandante, el juzgado de su domicilio, si bien, cuando el recurso tenga por objeto actos de las Administraciones de las Comunidades Autnomas o de las entidades de la Administracin Local, la eleccin se entender limitada a los juzgados comprendidos dentro de la circunscripcin de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia en que tenga su sede el rgano que hubiere dictado el acto originario impugnado.

b) En los que versen sobre las materias referidas en las letras q) y r) del artculo 2, el del domicilio del demandado o el del demandante, a eleccin de ste. En los procesos entre Mutualidades de Previsin, regir en todo caso el fuero de la demandada.

c) En los de reclamacin de salarios de tramitacin frente al Estado, conocer el juzgado que dict la sentencia de despido.

d) En los que versen sobre las materias referidas en las letras j) y l) del artculo 2, el de la sede del sindicato o de la asociacin empresarial.

e) En los que versen sobre la materia referida en las letras k) y m) del artculo 2, el del lugar en que se produzcan los efectos del acto o actos que dieron lugar al proceso.

f) En los que versen sobre la materia referida en la letra f) del artculo 2, el del lugar donde se produjo o, en su caso, al que se extiendan los efectos de la lesin, o las decisiones o actuaciones respecto de las que se demanda la tutela.

g) En los procesos electorales referidos en la letra i) del artculo 2, el del lugar en cuya circunscripcin est situada la empresa o centro de trabajo; si los centros estn situados en municipios distintos, en que ejerzan jurisdiccin juzgados diferentes, con unidad de comit de empresa o de rgano de representacin del personal al servicio de las Administraciones pblicas, el del lugar en que inicialmente hubiera de constituirse o se hubiera constituido la mesa electoral. Cuando se trate de impugnacin de la resolucin administrativa que deniegue el registro de las actas electorales o las relativas a expedicin de certificaciones de la capacidad representativa de los sindicatos o de los resultados electorales, la competencia corresponder al Juzgado de lo Social en cuya circunscripcin se encuentre la oficina pblica correspondiente.

h) En los de impugnacin de convenios colectivos o laudos sustitutivos de aqullos y en los de conflictos colectivos, referidos en las letras h) y g) del artculo 2, el de la circunscripcin a que se refiera el mbito de aplicacin del convenio o laudo impugnado, o en que se produzcan los efectos del conflicto, respectivamente. En las acciones de impugnacin y recursos judiciales de impugnacin de los restantes tipos de laudos arbitrales cuyo conocimiento corresponda al orden social, el de la circunscripcin del juzgado al que le hubiera correspondido, en su caso, el conocimiento del asunto sometido a arbitraje.

3. La determinacin de la competencia de los juzgados y tribunales del orden social en los procesos a que se refiere la Ley 10/1997, de 24 abril, de Informacin y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de dimensin comunitaria, se regir por las reglas fijadas en los artculos 6 a 11 de la presente Ley atendiendo a la modalidad procesal de que se trate. En los procesos de conflictos colectivos, sobre impugnacin de convenios colectivos y sobre tutela de los derechos de libertad sindical se atender a la extensin de sus efectos en territorio espaol. A tal fin, en ausencia de acuerdo o de determinacin expresa al respecto, se entender que el domicilio de la comisin negociadora y del comit de empresa europeo es el de la direccin central.

4. En los procesos de impugnacin de actos de Administraciones pblicas no comprendidos en los apartados anteriores y atribuidos a los Juzgados de lo Social, la competencia territorial de los mismos se determinar conforme a las siguientes reglas:

a) Con carcter general, ser competente el juzgado en cuya circunscripcin tenga su sede el rgano que hubiera dictado el acto originario impugnado.

b) En la impugnacin de actos que tengan un destinatario individual, a eleccin del demandante, podr interponerse la demanda ante el juzgado del domicilio de ste, si bien, cuando el recurso tenga por objeto actos de las Administraciones de las Comunidades Autnomas o de las entidades de la Administracin Local, la eleccin se entender condicionada a que el juzgado del domicilio est comprendido dentro de la circunscripcin de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia en que tenga su sede el rgano que hubiere dictado el acto originario impugnado. Si el acto afectase a una pluralidad de destinatarios se aplicar la regla general.

Artculo 11. Competencia territorial de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia.

1. La competencia territorial para el conocimiento de los procesos atribuidos en instancia a las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia corresponder:

a) En los de impugnacin de convenios colectivos o laudos sustitutivos de los anteriores y en los de conflictos colectivos, referidos en las letras g) y h) del artculo 2, a la del Tribunal en cuya circunscripcin se produzcan los efectos del conflicto o a la de aquel a cuya circunscripcin se extienda el mbito de aplicacin de las clusulas del convenio, acuerdo o laudo impugnado o, tratndose de impugnacin de laudos, de haber correspondido, en su caso, a estas Salas el conocimiento del asunto sometido a arbitraje.

b) En los que versen sobre la materia referida en las letras j) y l) del artculo 2, a la del Tribunal en cuya circunscripcin tengan su sede el sindicato y la asociacin empresarial a que se refiera.

c) En los que versen sobre las materias referidas en las letras k) y m) del artculo 2, a la del Tribunal en cuya circunscripcin se produzcan los efectos del acto que diera lugar al proceso.

d) En los que versen sobre la materia referida en la letra f) del artculo 2, a la del Tribunal en cuya circunscripcin se produzca o, en su caso, se extiendan los efectos de la lesin, las decisiones o actuaciones respecto de las que se demanda la tutela.

2. Cuando existan varias Salas de lo Social en un mismo Tribunal Superior, la competencia territorial de cada una de ellas se determinar por aplicacin de las reglas establecidas en el apartado anterior, referida a la circunscripcin territorial de la Sala.

3. En el caso de que los efectos de la cuestin litigiosa se extiendan a las circunscripciones de varias Salas, sin exceder del mbito territorial de una Comunidad Autnoma, conocer la que corresponda segn las reglas de reparto que al efecto haya aprobado la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.

4. En las materias a que se refieren las letras n) y s) del artculo 2 y atribuidas en el artculo 7 al conocimiento de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia:

a) Cuando el acto impugnado proceda del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autnoma, la competencia corresponder a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia en cuya circunscripcin tenga su sede el mencionado rgano de gobierno.

b) Cuando el acto impugnado proceda de un Ministro o Secretario de Estado, conforme a la letra b) del artculo 7, el conocimiento del asunto corresponder a la Sala de lo Social en cuya circunscripcin tenga su sede el rgano autor del acto originario impugnado, o, cuando tenga un destinatario individual, a la Sala de lo Social en cuya circunscripcin tenga su domicilio el demandante, a eleccin de ste. Si el acto afectase a una pluralidad de destinatarios y fueran diversas las Salas competentes segn la regla anterior, la competencia vendr atribuida a la Sala de la sede del rgano autor del acto originario impugnado.

CAPTULO III
De los conflictos de competencia y de las cuestiones de competencia
Artculo 12. Rgimen legal.

Los conflictos de competencia entre los rganos jurisdiccionales del orden social y los de otros rdenes de la jurisdiccin se regirn por lo dispuesto en la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Artculo 13. Cuestiones de competencia.

1. No podrn suscitarse cuestiones de competencia entre jueces y tribunales subordinados entre s, estndose al respecto a lo dispuesto en el artculo 52 de la Ley Orgnica del Poder Judicial.

2. Las cuestiones de competencia que se susciten entre rganos del orden social de la jurisdiccin sern decididas por el inmediato superior comn.

Artculo 14. Tramitacin de las cuestiones de competencia.

Las cuestiones de competencia se sustanciarn y decidirn con sujecin a lo dispuesto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, salvo lo dispuesto en las siguientes reglas:

1. Las declinatorias se propondrn como excepciones y sern resueltas previamente en la sentencia, sin suspender el curso de los autos.

2. Si se estimase la declinatoria, el demandante podr deducir su demanda ante el rgano territorialmente competente, y si la accin estuviese sometida a plazo de caducidad se entender suspendida desde la presentacin de la demanda hasta que la sentencia que estime la declinatoria quede firme.

CAPTULO IV
De la abstencin y de la recusacin
Artculo 15. Rgimen legal y procedimiento.

1. La abstencin y la recusacin se regirn, en cuanto a sus causas, por la Ley Orgnica del Poder Judicial, y en cuanto al procedimiento, por lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

No obstante lo anterior, la recusacin habr de proponerse en instancia con anterioridad a la celebracin de los actos de conciliacin y juicio y, en recursos, antes del da sealado para la votacin y fallo o, en su caso, para la vista.

En cualquier caso, la proposicin de la recusacin no suspender la ejecucin.

2. Instruirn los incidentes de recusacin:

a) Cuando el recusado sea el Presidente o uno o ms Magistrados de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de la Sala de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia o de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, un Magistrado de la Sala a la que pertenezca el recusado, designado en virtud de un turno establecido por orden de antigedad.

b) Cuando se recusare a todos los Magistrados de una Sala de Justicia, el Magistrado que corresponda por turno de antigedad de los que integren el Tribunal correspondiente, siempre que no estuviere afectado por la recusacin, y si se recusare a todos los Magistrados que integran la Sala de lo Social del Tribunal correspondiente, un Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo designado por sorteo entre todos sus integrantes.

c) Cuando el recusado sea un Juez de lo Social, un Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, designado en virtud de un turno establecido por orden de antigedad.

La antigedad se regir por el orden de escalafn en la carrera judicial.

En los casos en que no fuere posible cumplir lo prevenido en los prrafos anteriores, la Sala de Gobierno del Tribunal correspondiente designar al instructor, procurando que sea de mayor categora o, al menos, de mayor antigedad que el recusado o recusados.

3. Decidirn los incidentes de recusacin:

a) La Sala prevista en el artculo 61 de la Ley Orgnica del Poder Judicial, cuando el recusado sea el Presidente de la Sala de lo Social o dos o ms de los Magistrados de dicha Sala.

b) La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, cuando se recuse a uno de los Magistrados que la integran.

c) La Sala a que se refiere el artculo 77 de la Ley Orgnica del Poder Judicial, cuando se hubiera recusado al Presidente de la Sala de lo Social de dicho Tribunal Superior.

d) La Sala a que se refiere el artculo 69 de la Ley Orgnica del Poder Judicial, cuando se hubiera recusado al Presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional o a ms de dos Magistrados de una Seccin de dicha Sala.

e) Cuando se recusare a uno o dos Magistrados de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, la Seccin en la que no se encuentre integrado el recusado o la Seccin que siga en orden numrico a aqulla de la que el recusado forme parte.

f) Cuando se recusare a uno o dos Magistrados de la Sala de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, la Sala en Pleno si no estuviera dividida en Secciones o, en caso contrario, la Seccin en la que no se encuentre integrado el recusado o la Seccin que siga en orden numrico a aquella de la que el recusado forme parte.

g) Cuando el recusado sea un Juez de lo Social, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia correspondiente en Pleno, si no estuviera dividida en Secciones o, en caso contrario, la Seccin primera.

4. La abstencin y la recusacin de los secretarios judiciales y de los miembros de los dems cuerpos de funcionarios al servicio de la Administracin de Justicia se regirn por lo dispuesto para cada uno de ellos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

TTULO II
De las partes procesales
CAPTULO I
De la capacidad y legitimacin procesal
Artculo 16. Capacidad procesal y representacin.

1. Podrn comparecer en juicio en defensa de sus derechos e intereses legtimos quienes se encuentren en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.

2. Tendrn capacidad procesal los trabajadores mayores de diecisis aos y menores de dieciocho respecto de los derechos e intereses legtimos derivados de sus contratos de trabajo y de la relacin de Seguridad Social, cuando legalmente no precisen para la celebracin de dichos contratos autorizacin de sus padres, tutores o de la persona o institucin que los tenga a su cargo, o hubieran obtenido autorizacin para contratar de sus padres, tutores o persona o institucin que los tenga a su cargo conforme a la legislacin laboral o la legislacin civil o mercantil respectivamente. Igualmente tendrn capacidad procesal los trabajadores autnomos econmicamente dependientes mayores de diecisis aos.

3. En los supuestos previstos en el apartado anterior, los trabajadores mayores de diecisis aos y menores de dieciocho tendrn igualmente capacidad procesal respecto de los derechos de naturaleza sindical y de representacin, as como para la impugnacin de los actos administrativos que les afecten.

4. Por quienes no se hallaren en el pleno ejercicio de sus derechos civiles comparecern sus representantes legtimos o los que deban suplir su incapacidad conforme a Derecho.

5. Por las personas jurdicas comparecern quienes legalmente las representen. Por las entidades sin personalidad a las que la ley reconozca capacidad para ser parte comparecern quienes legalmente las representen en juicio. Por las masas patrimoniales o patrimonios separados carentes de titular o cuyo titular haya sido privado de sus facultades de disposicin y administracin comparecern quienes conforme a la ley las administren. Por las entidades que, no habiendo cumplido los requisitos legalmente establecidos para constituirse en personas jurdicas, estn formadas por una pluralidad de elementos personales y patrimoniales puestos al servicio de un fin determinado, comparecern quienes de hecho o en virtud de pactos de la entidad, acten en su nombre frente a terceros o ante los trabajadores. Por las comunidades de bienes y grupos comparecern quienes aparezcan, de hecho o de derecho, como organizadores, directores o gestores de los mismos, o en su defecto como socios o partcipes de los mismos y sin perjuicio de la responsabilidad que, conforme a la ley, pueda corresponder a estas personas fsicas.

Artculo 17. Legitimacin.

1. Los titulares de un derecho subjetivo o un inters legtimo podrn ejercitar acciones ante los rganos jurisdiccionales del orden social, en los trminos establecidos en las leyes.

2. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales tendrn legitimacin para la defensa de los intereses econmicos y sociales que les son propios.

Los sindicatos con implantacin suficiente en el mbito del conflicto estn legitimados para accionar en cualquier proceso en el que estn en juego intereses colectivos de los trabajadores, siempre que exista un vnculo entre dicho sindicato y el objeto del pleito de que se trate; podrn igualmente personarse y ser tenidos por parte en dichos procesos, sin que tal intervencin haga detener o retroceder el curso de las actuaciones.

En especial, en los trminos establecidos en esta Ley, podrn actuar, a travs del proceso de conflicto colectivo, en defensa de los derechos e intereses de una pluralidad de trabajadores indeterminada o de difcil determinacin; y, en particular, por tal cauce podrn actuar en defensa del derecho a la igualdad de trato entre mujeres y hombres en todas las materias atribuidas al orden social.

En el proceso de ejecucin se considerarn intereses colectivos los tendentes a la conservacin de la empresa y a la defensa de los puestos de trabajo.

3. Las organizaciones de trabajadores autnomos tendrn legitimacin para la defensa de los acuerdos de inters profesional por ellas firmados.

4. El Ministerio Fiscal estar legitimado para intervenir en todos aquellos supuestos previstos en la presente Ley.

5. Contra las resoluciones que les afecten desfavorablemente las partes podrn interponer los recursos establecidos en esta Ley por haber visto desestimadas cualquiera de sus pretensiones o excepciones, por resultar de ellas directamente gravamen o perjuicio, para revisar errores de hecho o prevenir los eventuales efectos del recurso de la parte contraria o por la posible eficacia de cosa juzgada del pronunciamiento sobre otros procesos ulteriores.

CAPTULO II
De la representacin y defensa procesales
Artculo 18. Intervencin en el juicio.

1. Las partes podrn comparecer por s mismas o conferir su representacin a abogado, procurador, graduado social colegiado o cualquier persona que se encuentre en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. La representacin podr conferirse mediante poder otorgado por comparecencia ante el secretario judicial o por escritura pblica.

2. En el caso de otorgarse la representacin a abogado debern seguirse los trmites previstos en el apartado 2 del artculo 21.

Artculo 19. Presentacin de la demanda y pluralidad de actores o demandados.

1. La demanda podr presentarse bien individualmente, bien de modo conjunto, en un solo escrito o en varios y, en este caso, su admisin a trmite equivaldr a la decisin de su acumulacin, que no podr denegarse salvo que las acciones no sean acumulables segn esta Ley.

2. En los procesos en los que demanden de forma conjunta ms de diez actores, stos debern designar un representante comn, con el que se entendern las sucesivas diligencias del litigio. Este representante deber ser necesariamente abogado, procurador, graduado social colegiado, uno de los demandantes o un sindicato. Dicha representacin podr conferirse mediante poder otorgado por comparecencia ante el secretario judicial, por escritura pblica o mediante comparecencia ante el servicio administrativo que tenga atribuidas las competencias de conciliacin, mediacin o arbitraje o el rgano que asuma estas funciones. Junto con la demanda se deber aportar el documento correspondiente de otorgamiento de esta representacin.

3. Cuando se acuerde la acumulacin de los procesos correspondientes a varias demandas presentadas contra un mismo demandado, afectando de este modo el proceso a ms de diez actores, as como cuando la demanda o demandas se dirijan contra ms de diez demandados, siempre que no haya contraposicin de intereses entre ellos, el secretario judicial les requerir para que designen un representante comn, pudiendo recaer dicha designacin en cualquiera de los sujetos mencionados en el apartado anterior. A tal efecto, junto con la comunicacin a los actores de la resolucin de acumulacin, el secretario judicial les citar de comparecencia dentro de los cuatro das siguientes para el nombramiento del representante comn; si el da de la comparecencia no asistiese alguno de los citados en forma, se proceder a la designacin del representante comn, entendindose que quien no comparezca acepta el nombramiento efectuado por el resto.

4. Cualquiera de los demandantes o demandados en el caso del apartado anterior podr expresar su voluntad justificada de comparecer por s mismo o de designar un representante propio, diferenciado del designado de forma conjunta por los restantes actores o demandados.

5. Cuando por razn de la tutela ejercitada la pretensin no afecte de modo directo e individual a trabajadores determinados se entender, a efectos de emplazamiento y comparecencia en el proceso, que los rganos representativos unitarios y, en su caso, la representacin sindical, ostentan la representacin en juicio de los intereses genricos del colectivo laboral correspondiente, siempre que no haya contraposicin de intereses entre ellos, y sin perjuicio de la facultad de los trabajadores que indirectamente pudieran resultar afectados, de comparecer por s mismos o de designar un representante propio.

Artculo 20. Representacin por los sindicatos.

1. Los sindicatos podrn actuar en un proceso, en nombre e inters de los trabajadores y de los funcionarios y personal estatutario afiliados a ellos que as se lo autoricen, para la defensa de sus derechos individuales, recayendo en dichos afiliados los efectos de aquella actuacin.

2. En la demanda, el sindicato habr de acreditar la condicin de afiliado del trabajador o empleado y la existencia de la comunicacin al afiliado de su voluntad de iniciar el proceso. La autorizacin se presumir concedida salvo declaracin en contrario del afiliado. En el caso de que no se hubiese otorgado esta autorizacin, el trabajador o empleado podr exigir al sindicato la responsabilidad que proceda, que habr de decidirse en proceso social independiente.

3. Si en cualquier fase del proceso el afiliado expresara en la oficina judicial que no haba recibido la comunicacin del sindicato o que habindola recibido hubiera negado la autorizacin de actuacin en su nombre, el juez o tribunal, previa audiencia del sindicato, acordar el archivo de las actuaciones sin ms trmite.

4. Los sindicatos estarn exentos de efectuar depsitos y consignaciones en todas sus actuaciones ante el orden social y gozarn del beneficio legal de justicia gratuita cuando ejerciten un inters colectivo en defensa de los trabajadores y beneficiarios de la seguridad social.

Artculo 21. Intervencin de abogado, graduado social colegiado o procurador.

1. La defensa por abogado y la representacin tcnica por graduado social colegiado tendr carcter facultativo en la instancia. En el recurso de suplicacin los litigantes habrn de estar defendidos por abogado o representados tcnicamente por graduado social colegiado. En el recurso de casacin y en las actuaciones procesales ante el Tribunal Supremo ser preceptiva la defensa de abogado. Cuando la defensa sea facultativa, con excepcin de lo previsto en el artculo siguiente, podr utilizarla sin embargo cualquiera de los litigantes, en cuyo caso ser de su cuenta el pago de los honorarios o derechos respectivos con las excepciones contempladas en la legislacin sobre asistencia jurdica gratuita.

2. Si el demandante pretendiese comparecer en el juicio asistido de abogado o representado tcnicamente por graduado social colegiado o representado por procurador, lo har constar en la demanda. Asimismo, el demandado pondr esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos das siguientes al de su citacin para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intencin al actor, pueda ste estar representado tcnicamente por graduado social colegiado o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designacin a travs del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.

3. Si en cualquier otra actuacin, diversa al acto de juicio, cualquiera de las partes pretendiese actuar asistido de letrado, el secretario judicial adoptar las medidas oportunas para garantizar la igualdad de las partes.

4. La solicitud de designacin de abogado por el turno de oficio por los trabajadores y los beneficiarios del sistema de seguridad social que, por disposicin legal ostentan todos el derecho a la asistencia jurdica gratuita, dar lugar a la suspensin de los plazos de caducidad o la interrupcin de la prescripcin de acciones. Cuando el abogado designado para un proceso considere insostenible la pretensin deber seguir el procedimiento previsto en los artculos 32 a 35 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurdica Gratuita.

5. Los funcionarios y el personal estatutario en su actuacin ante el orden jurisdiccional social como empleados pblicos gozarn del derecho a la asistencia jurdica gratuita en los mismos trminos que los trabajadores y beneficiarios del sistema de seguridad social.

Artculo 22. Representacin y defensa del Estado.

1. La representacin y defensa del Estado y dems entes del sector pblico se regir, segn proceda, por lo dispuesto en la Ley Orgnica del Poder Judicial, la Ley de Asistencia Jurdica al Estado e Instituciones pblicas y las dems normas que le sean de aplicacin.

2. La representacin y defensa de las Entidades Gestoras y de los Servicios Comunes de la Seguridad Social corresponder a los letrados de la Administracin de la Seguridad Social, sin perjuicio de que para supuestos determinados pueda conferirse la representacin conforme a las reglas generales del artculo 18 o designarse abogado al efecto.

CAPTULO III
De la intervencin y llamada a juicio del Fondo de Garanta Salarial
Artculo 23. Intervencin del Fondo de Garanta Salarial.

1. El Fondo de Garanta Salarial, cuando resulte necesario en defensa de los intereses pblicos que gestiona y para ejercitar las acciones o recursos oportunos, podr comparecer como parte en cualquier fase o momento de su tramitacin, en aquellos procesos de los que se pudieran derivar prestaciones de garanta salarial, sin que tal intervencin haga retroceder ni detener el curso de las actuaciones.

2. En supuestos de empresas incursas en procedimientos concursales, as como de las ya declaradas insolventes o desaparecidas, y en las demandas de las que pudiera derivar la responsabilidad prevista en el apartado 8 del artculo 33 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el secretario judicial citar como parte al Fondo de Garanta Salarial, dndole traslado de la demanda a fin de que ste pueda asumir sus obligaciones legales e instar lo que convenga en Derecho.

Igualmente debern ser notificadas al Fondo de Garanta las resoluciones de admisin a trmite, sealamiento de la vista o incidente y dems resoluciones, incluida la que ponga fin al trmite correspondiente, cuando pudieran derivarse responsabilidades para el mismo.

3. El Fondo de Garanta Salarial dispondr de plenas facultades de actuacin en el proceso como parte, pudiendo oponer toda clase de excepciones y medios de defensa, aun los personales del demandado, y cuantos hechos obstativos, impeditivos o modificativos puedan dar lugar a la desestimacin total o parcial de la demanda, as como proponer y practicar prueba e interponer toda clase de recursos contra las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten.

4. El Fondo de Garanta Salarial tendr la consideracin de parte en la tramitacin de los procedimientos arbitrales, a efectos de asumir las obligaciones previstas en el artculo 33 del Estatuto de los Trabajadores. Igualmente, el Fondo de Garanta Salarial podr impugnar los laudos arbitrales, las conciliaciones extrajudiciales o judiciales, los allanamientos y las transacciones aprobadas judicialmente, de poderse derivar de tales ttulos obligaciones de garanta salarial, a cuyo efecto se le dar traslado de los mismos en dichos casos por la autoridad que los dicte o apruebe.

5. En los supuestos del apartado 2 de este artculo, as como cuando comparezca en juicio en virtud de lo dispuesto en el apartado 1, el Fondo de Garanta Salarial deber alegar todos aquellos motivos de oposicin que se refieran a la existencia de la relacin laboral, circunstancias de la prestacin, clase o extensin de la deuda o a la falta de cualquier otro requisito procesal o sustantivo. La estimacin de dichas alegaciones dar lugar al pronunciamiento que corresponda al motivo de oposicin alegado, segn su naturaleza, y a la exclusin o reduccin de la deuda, afectando a todas las partes.

La estimacin de la caducidad o prescripcin de la accin dar lugar a la absolucin del empresario y del propio Fondo de Garanta, si hubieran alegado la prescripcin o si se apreciase de oficio o a instancia de parte la caducidad. No obstante, si se apreciase interrupcin de la prescripcin por haber existido reclamacin extrajudicial frente al empresario o reconocimiento por ste de la deuda, stos no surtirn efectos interruptivos de la prescripcin frente al Fondo de Garanta y se absolver a ste, sin perjuicio del pronunciamiento que proceda frente al empresario, salvo que el reconocimiento de deuda haya tenido lugar ante un servicio administrativo de mediacin, arbitraje o conciliacin, o en acta de conciliacin en un proceso judicial, en cuyo caso la interrupcin de la prescripcin tambin afectar al Fondo de Garanta.

La concurrencia de los requisitos para la prestacin de garanta segn lo dispuesto en el artculo 33 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores no ser objeto del procedimiento judicial que se dirija contra el empresario para la determinacin de la deuda sino del procedimiento administrativo ante el Fondo de Garanta, y en su caso del proceso judicial ulterior que resuelvan sobre la solicitud de prestacin de garanta salarial.

6. Si el Fondo de Garanta hubiera sido emplazado con carcter preceptivo segn lo dispuesto en el apartado 2, estar vinculado por la sentencia que se dicte. En los dems casos, la entidad de garanta estar vinculada en el procedimiento relativo a la prestacin de garanta y ante el trabajador por el ttulo judicial que hubiera determinado la naturaleza y cuanta de la deuda empresarial, siempre que concurran los requisitos para la prestacin de garanta salarial y sin perjuicio de los recursos o impugnaciones que pudiere haber deducido en el procedimiento seguido frente al empresario, si bien podr ejercitar acciones contra quien considere verdadero empresario o grupo empresarial o cualquier persona interpuesta o contra quienes hubieran podido contribuir a generar prestaciones indebidas de garanta salarial.

7. En los procedimientos seguidos contra el Fondo de Garanta Salarial al amparo de la legislacin laboral, las afirmaciones de hecho contenidas en el expediente y en las que se haya fundamentado la resolucin del mismo harn fe, salvo prueba en contrario.

8. El rgano jurisdiccional podr solicitar al Fondo de Garanta Salarial los antecedentes de que disponga en relacin con los hechos objeto del procedimiento en los procesos en los que pudiera derivarse responsabilidad para dicho organismo. El Fondo de Garanta, con independencia de su facultad de personacin, podr igualmente aportar dichos antecedentes, aunque no se haya personado en las actuaciones, en cuanto pueda afectar a la prestacin de garanta salarial, y a los fines de completar los elementos de conocimiento del rgano jurisdiccional en la resolucin del asunto.

Artculo 24. Pago de prestaciones por el Fondo de Garanta Salarial y subrogacin en los derechos y acciones de los trabajadores.

1. Si el pago de las prestaciones legalmente a cargo del Fondo de Garanta Salarial se hubiere producido con anterioridad al inicio de la ejecucin, al instarse sta, en subrogacin de los derechos y acciones de los trabajadores que figuren en el ttulo ejecutivo, deber acreditarse fehacientemente el abono de las cantidades satisfechas y que stas corresponden, en todo o en parte, a las reconocidas en el ttulo.

2. Despachada ejecucin, el secretario judicial dictar decreto haciendo constar la subrogacin producida, que se notificar a los trabajadores afectados o a sus representantes, a quienes, por si pudieren conservar crditos derivados del propio ttulo frente a la empresa ejecutada por la parte no satisfecha por el Fondo, se les ofrecer la posibilidad de constituirse como ejecutantes en el plazo de quince das. Las cantidades obtenidas se abonarn prorrateadas entre el Fondo y los trabajadores en proporcin a los importes de sus respectivos crditos.

TTULO III
De la acumulacin de acciones, procesos y recursos
CAPTULO I
De la acumulacin de acciones, procesos y recursos
Seccin 1. Acumulacin de acciones
Artculo 25. Requisitos de la acumulacin objetiva y subjetiva de acciones y reconvencin.

1. El actor podr acumular en su demanda cuantas acciones le competan contra el demandado, aunque procedan de diferentes ttulos, siempre que todas ellas puedan tramitarse ante el mismo juzgado o tribunal.

2. En los mismos trminos podr el demandado reconvenir.

3. Tambin podrn acumularse, ejercitndose simultneamente, las acciones que uno o varios actores tengan contra uno o varios demandados, siempre que entre esas acciones exista un nexo por razn del ttulo o causa de pedir. Se entender que el ttulo o causa de pedir es idntico o conexo cuando las acciones se funden en los mismos hechos.

4. En reclamaciones sobre accidente de trabajo y enfermedad profesional se podrn acumular todas las pretensiones de resarcimiento de daos y perjuicios derivadas de un mismo hecho, incluso sobre mejoras voluntarias, que el trabajador perjudicado o sus causahabientes dirijan contra el empresario u otros terceros que deban responder a resultas del hecho causante, incluidas las entidades aseguradoras, salvo que hayan debido tramitarse mediante procedimiento administrativo separado, en cuyo caso se estar a lo dispuesto en el artculo 30.

5. En demandas derivadas del mismo accidente de trabajo o enfermedad profesional, cuando exista ms de un juzgado o seccin de la misma Sala y Tribunal, en el momento de su presentacin se repartirn al juzgado o seccin que conociera o hubiere conocido del primero de dichos procesos, las demandas ulteriores relativas a dicho accidente de trabajo o enfermedad profesional, siempre que conste dicha circunstancia o se ponga de manifiesto en la demanda.

6. El actor podr acumular en su demanda las pretensiones que se deduzcan en relacin con un mismo acto o resolucin administrativa, as como las que se refieran a varios actos o resoluciones administrativas cuando exista entre ellos conexin directa.

7. Cuando el acto administrativo impugnado afecte a una pluralidad de destinatarios, de existir ms de un juzgado o seccin de la misma Sala y Tribunal, las demandas o recursos ulteriores relativas a dicho acto se repartirn al juzgado o seccin que estuviere conociendo o hubiere conocido del primero de dichos procesos, siempre que conste dicha circunstancia o se ponga de manifiesto en la demanda. Con tal fin, la Administracin autora del acto impugnado comunicar al juzgado o tribunal, tan pronto le conste, si tiene conocimiento de la existencia de otras demandas o recursos en las que puedan concurrir los supuestos de acumulacin previstos en esta Ley.

Artculo 26. Supuestos especiales de acumulacin de acciones.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 3 y 5 de este artculo, en el apartado 1 del artculo 32 y en el artculo 33, no podrn acumularse entre s ni a otras distintas en un mismo juicio, ni siquiera por va de reconvencin, las acciones de despido y dems causas de extincin del contrato de trabajo, las de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, las de disfrute de vacaciones, las de materia electoral, las de impugnacin de estatutos de los sindicatos o de su modificacin, las de movilidad geogrfica, las de derechos de conciliacin de la vida personal, familiar y laboral a las que se refiere el artculo 139, las de impugnacin de convenios colectivos, las de impugnacin de sanciones impuestas por los empresarios a los trabajadores y las de tutela de derechos fundamentales y libertades pblicas.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de la posibilidad de reclamar en los anteriores juicios, cuando deban seguirse dichas modalidades procesales por imperativo de lo dispuesto en el artculo 184, la indemnizacin derivada de discriminacin o lesin de derechos fundamentales y libertades pblicas y dems pronunciamientos propios de la modalidad procesal de tutela de tales derechos fundamentales y libertades pblicas, conforme a los artculos 182, 183 y 184.

3. Podrn acumularse en una misma demanda las acciones de despido y extincin del contrato siempre que la accin de despido acumulada se ejercite dentro del plazo establecido para la modalidad procesal de despido. Cuando para la accin de extincin del contrato de trabajo del artculo 50 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores se invoque la falta de pago del salario pactado, contemplada en la letra b) del apartado 1 de aquel precepto, la reclamacin salarial podr acumularse a la accin solicitando la extincin indemnizada del vnculo, pudiendo, en su caso, ampliarse la demanda para incluir las cantidades posteriormente adeudadas.

El trabajador podr acumular a la accin de despido la reclamacin de la liquidacin de las cantidades adeudadas hasta esa fecha conforme al apartado 2 del artculo 49 del Estatuto de los Trabajadores, sin que por ello se altere el orden de intervencin del apartado 1 del artculo 105 de esta Ley. No obstante, si por la especial complejidad de los conceptos reclamados se pudiesen derivar demoras excesivas al proceso por despido, el juzgado podr disponer, acto seguido de la celebracin del juicio, que se tramiten en procesos separados las pretensiones de despido y cantidad, para lo que dispondr la deduccin de testimonio o copia de las actuaciones y elementos de prueba que estime necesarios a fin de poder dictar sentencia sobre las pretensiones de cantidad en el nuevo proceso resultante.

4. Igualmente podr acumularse a la reclamacin de clasificacin profesional por realizacin de trabajos de categora o grupo profesional superior la reclamacin de las diferencias retributivas derivadas.

5. En el caso de los trabajadores conceptuados por su cliente como autnomos econmicamente dependientes, si se accionara por despido alegando la existencia de relacin laboral, podrn acumular en una misma demanda a la accin principal de despido y, dentro del mismo plazo de caducidad que sta, la que puedan formular contra la decisin del cliente de extinguir la relacin, con carcter eventual y para el caso de desestimacin de la primera. Anloga regla de acumulabilidad se seguir cuando se alegue como principal la relacin de autnomo dependiente y como subsidiaria la relacin laboral, as como en el ejercicio de otro tipo de acciones cuando se cuestione la naturaleza laboral o autnoma econmicamente dependiente de la relacin.

6. No sern acumulables entre s las reclamaciones en materia de Seguridad Social, salvo cuando tengan la misma causa de pedir y salvo la posibilidad de alegar la lesin de derechos fundamentales y libertades pblicas a que se refiere el apartado 1 del artculo 140.

7. Cuando se presenten demandas acumulando objetiva o subjetivamente acciones, el secretario judicial verificar que concurren los presupuestos indicados en el artculo 25 y en los apartados precedentes, dando cumplimiento en su caso a lo dispuesto en el artculo 19.

Artculo 27. Acciones indebidamente acumuladas.

1. Si se ejercitaran acciones indebidamente acumuladas, el secretario judicial requerir al demandante para que en el plazo de cuatro das subsane el defecto, eligiendo la accin que pretende mantener. En caso de que no lo hiciera, o si se mantuviera la circunstancia de no acumulabilidad entre las acciones, dar cuenta al tribunal para que ste, en su caso, acuerde el archivo de la demanda.

2. No obstante, cuando se trate de una demanda sometida a plazo de caducidad, a la que se hubiera acumulado otra accin, fuera de los supuestos previstos en esta Ley, aunque el actor no opte, se seguir la tramitacin del juicio por aqulla, y el juez o tribunal tendr por no formulada la otra accin acumulada, advirtindose al demandante de su derecho a ejercitarla por separado.

3. Si se hubiera acumulado indebidamente una accin sujeta a plazo de caducidad y otra u otras acciones sometidas igualmente a dicho plazo de caducidad, aunque el actor no opte, se seguir la tramitacin del juicio por la primera de las pretensiones ejercitada en el suplico de la demanda, y en todo caso por la de despido si se hubiese hecho uso de ella, y el juez o tribunal tendr por no formuladas las dems acciones acumuladas, advirtindose al demandante de su derecho a ejercitarlas por separado.

Seccin 2. Acumulacin de procesos
Artculo 28. Acumulacin de procesos seguidos ante el mismo juzgado o tribunal.

1. Si en el mismo juzgado o tribunal se tramitaran varias demandas contra un mismo demandado, aunque los actores sean distintos, y se ejercitasen en ellas acciones idnticas o susceptibles de haber sido acumuladas en una misma demanda, se acordar, de oficio o a instancia de parte, la acumulacin de los procesos.

2. Cuando en materia de prestaciones de Seguridad Social o sobre recargo de prestaciones, se impugnare un mismo acto administrativo, o actos de reproduccin, confirmacin o ejecucin de otro anterior, o actos entre los que exista conexin directa, se acordar la acumulacin de los procesos aunque no coincidan todas las partes ni la posicin procesal que ocupen. Dicha regla se aplicar a la impugnacin de un mismo acto administrativo en las restantes materias competencia del orden social.

3. El secretario judicial velar por el cumplimiento de lo dispuesto en esta Seccin, poniendo en conocimiento del juez o tribunal los procesos en los que se cumplan dichos requisitos, a fin de que se resuelva sobre la acumulacin.

Artculo 29. Acumulacin de procesos seguidos ante distintos juzgados.

Si en el caso del artculo anterior las demandas pendieran en distintos procesos ante dos o ms Juzgados de lo Social de una misma circunscripcin, tambin se acordar la acumulacin de todas ellas, de oficio o a peticin de parte. Esta peticin habr de formularse ante el juzgado o tribunal que conociese de la demanda que hubiera tenido entrada antes en el Registro.

Artculo 30. Procesos acumulables.

1. Se acordar tambin, de oficio o a instancia de parte, la acumulacin de procesos que estuvieren pendientes en el mismo o distinto juzgado o tribunal cuando entre los objetos de los procesos cuya acumulacin se pretende exista tal conexin que, de seguirse por separado, pudieran dictarse sentencias con pronunciamientos o fundamentos contradictorios, incompatibles o mutuamente excluyentes.

2. Asimismo, se acumularn los procesos que tengan su origen en un mismo accidente de trabajo o enfermedad profesional, aunque no coincidan todas las partes o su posicin procesal, salvo que hayan debido tramitarse mediante procedimientos administrativos separados, en cuyo caso solamente podrn acumularse las impugnaciones referidas a un mismo procedimiento.

3. El juez o tribunal resolver decidiendo la acumulacin, de cumplirse los requisitos legales. Contra este auto no cabr otro recurso que el de reposicin.

Artculo 31. Acumulacin con procesos iniciados a instancia de la autoridad laboral.

A los procesos de oficio iniciados en virtud de comunicacin de la autoridad laboral regulados en el artculo 148 se acumularn, de acuerdo con las reglas anteriores, las demandas individuales en que concurran identidad de personas y de causa de pedir respecto de la demanda de oficio, aunque pendan en distintos juzgados de la misma circunscripcin. Dicha acumulacin se acordar por el juzgado o tribunal mediante auto.

Artculo 32. Acumulacin de procesos relativos a la extincin del contrato de trabajo o que se refieran a actos administrativos con pluralidad de destinatarios.

1. Cuando el trabajador formule por separado demandas por alguna de las causas previstas en el artculo 50 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y por despido, la demanda que se promueva posteriormente se acumular a la primera de oficio o a peticin de cualquiera de las partes, debiendo debatirse todas las cuestiones planteadas en un solo juicio. A estos efectos, el trabajador deber hacer constar en la segunda demanda la pendencia del primer proceso y el juzgado que conoce del asunto.

En este supuesto, cuando las acciones ejercitadas estn fundadas en las mismas causas o en una misma situacin de conflicto, la sentencia deber analizar conjuntamente ambas acciones y las conductas subyacentes, dando respuesta en primer lugar a la accin que considere que est en la base de la situacin de conflicto y resolviendo despus la segunda, con los pronunciamientos indemnizatorios que procedan. Si las causas de una u otra accin son independientes, la sentencia debe dar prioridad al anlisis y resolucin de la accin que haya nacido antes, atendido el hecho constitutivo de la misma, si bien su estimacin no impedir el examen, y decisin en su caso, de la otra accin.

2. En procesos por despido, el trabajador podr acumular en la demanda la impugnacin de los actos empresariales con efecto extintivo de la relacin que le hayan afectado, cuando entre las acciones exista conexin directa y en tanto no haya trascurrido el plazo legal de impugnacin de los anteriormente producidos. Con los mismos requisitos se proceder a la asignacin en reparto a un mismo juzgado de las demandas contra dichos actos extintivos, si constaren tales circunstancias, o a la acumulacin de procesos que se siguieran ante el mismo o distintos juzgados de acuerdo con las disposiciones de este Captulo.

3. A las demandas de impugnacin de un acto administrativo que afecte a una pluralidad de destinatarios se acumularn las que se presenten con posterioridad contra dicho acto, aunque inicialmente hubiere correspondido su conocimiento a otro juzgado.

Seccin 3. Acumulacin de recursos
Artculo 33. Reglas de la acumulacin de recursos.

La acumulacin de recursos de suplicacin y casacin se regir por lo dispuesto en el artculo 234.

Seccin 4. Disposiciones comunes
Artculo 34. Momento de la acumulacin. Separacin de uno o varios procesos de una acumulacin acordada.

1. La acumulacin de acciones y procesos deber formularse y acordarse antes de la celebracin de los actos de conciliacin, en su caso, y de juicio, salvo que se proponga por va de reconvencin.

2. Acordada la acumulacin de procesos, podr sta dejarse sin efecto por el juez o tribunal respecto de uno o varios de ellos, si concurren causas que justifiquen su tramitacin separada.

Artculo 35. Efectos de la acumulacin.

La acumulacin de acciones y procesos cuando proceda, producir el efecto de discutirse y resolverse conjuntamente todas las cuestiones planteadas.

CAPTULO II
De la acumulacin de ejecuciones
Artculo 36. Supuestos de acumulacin de ejecuciones contra un mismo deudor.

1. En las ejecuciones de sentencias y dems ttulos ejecutivos contra un mismo deudor y ante un mismo rgano, podr disponerse de oficio o a instancia de parte la acumulacin de los mismos, en los trminos establecidos en esta Ley.

2. Igual regla regir en las ejecuciones seguidas contra un mismo deudor y ante Juzgados de lo Social distintos de la misma o de diversa circunscripcin.

Artculo 37. Acumulacin de ejecuciones dinerarias.

1. Cuando las acciones ejercitadas tiendan a obtener la entrega de una cantidad de dinero y existan indicios de que los bienes del deudor o deudores pudieran ser insuficientes para satisfacer la totalidad de los crditos que se ejecuten, el secretario judicial deber acordar la acumulacin de ejecuciones, de oficio o a instancia de parte, de seguirse ante un mismo juzgado, o a instancia de parte, de conocer de ellas juzgados distintos.

2. En los dems supuestos, el secretario judicial deber acordar la acumulacin, de oficio o a instancia de parte, cuando as lo impongan los criterios de economa y de conexin entre las diversas obligaciones cuya ejecucin se pretenda.

Artculo 38. Reglas de la acumulacin.

1. Los procesos de ejecucin se acumularn al primero en que se orden el despacho de la ejecucin. Si dicha orden es de la misma fecha, se acumularn atendiendo a la antigedad del ttulo, y en ltimo caso se estar a la fecha de presentacin de la demanda.

2. Si las ejecuciones cuya acumulacin se pretenda se tramitaran ante rganos judiciales de diversa circunscripcin, y en la iniciada con anterioridad no figurase incluida la mayor parte de los trabajadores y crditos afectados ni embargada con prioridad la mayor parte de los bienes del deudor comn, la acumulacin corresponder decretarla al secretario judicial que con prioridad trab embargo sobre la totalidad o mayor parte de los referidos bienes.

Artculo 39. Tramitacin del incidente de acumulacin.

1. El incidente de acumulacin podr plantearse por o ante el juzgado o tribunal competente para decretar la acumulacin de las ejecuciones, en los trminos indicados en el artculo anterior, de oficio o a instancia de cualquiera de las partes.

2. De estimar procedente la acumulacin, el secretario judicial acordar mediante decreto, odas las partes, reclamar la remisin de las ejecuciones a acumular a los rganos judiciales en los que se tramiten.

3. Si el secretario judicial del rgano requerido estima procedente el requerimiento, dictar decreto accediendo a ello y acordando la remisin de lo actuado. Contra dicho decreto cabr recurso directo de revisin.

4. Si el secretario judicial competente para decretar la acumulacin la estimara improcedente o si el requerido no accediere a ella, tras dictar el decreto correspondiente y firme que sea ste, elevar seguidamente a la Sala de lo Social del tribunal superior inmediato comn a ambos rganos judiciales testimonio suficiente de sus actuaciones y, en su caso, de todas las realizadas en el incidente de acumulacin, comunicndolo al otro afectado para que por ste se haga lo propio y remita, de no haber an intervenido, el oportuno informe. La Sala resolver sobre la procedencia de la acumulacin y determinar el juzgado competente para conocer de las ejecuciones.

Artculo 40. No suspensin de las ejecuciones.

La tramitacin del incidente de acumulacin no suspender la de las ejecuciones afectadas, salvo las actuaciones relativas al pago a los ejecutantes de las cantidades obtenidas con posterioridad al planteamiento de dicho incidente.

Artculo 41. Limitacin temporal a la acumulacin de ejecuciones y no alteracin de la prelacin de crditos.

1. La acumulacin de ejecuciones slo podr instarse o acordarse mientras no quede cumplida la obligacin que se ejecute o hasta que, en su caso, se declare la insolvencia del ejecutado.

2. La acumulacin no altera las preferencias que para el cobro de sus crditos puedan ostentar legalmente los diversos acreedores.

TTULO IV
De los actos procesales
CAPTULO I
De las actuaciones procesales
Artculo 42. Competencia del secretario judicial.

Las actuaciones procesales han de ser autorizadas por el secretario judicial en la forma establecida en la Ley Orgnica del Poder Judicial y en la Ley de Enjuiciamiento Civil con las especialidades previstas en la presente Ley.

Artculo 43. Tiempo de las actuaciones judiciales.

1. Las actuaciones procesales debern practicarse en das y horas hbiles.

2. Las actuaciones se realizarn en el trmino o dentro del plazo fijado para su prctica. Transcurridos stos, se dar de oficio al proceso el curso que corresponda.

3. Salvo los plazos sealados para dictar resolucin, todos los plazos y trminos son perentorios e improrrogables, y slo podrn suspenderse y abrirse de nuevo en los casos taxativamente establecidos en las leyes.

4. Los das del mes de agosto sern inhbiles, salvo en las modalidades procesales de despido, extincin del contrato de trabajo de los artculos 50 y 52 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, impugnacin de resoluciones administrativas en expedientes de regulacin de empleo, suspensin del contrato o reduccin de jornada por causas econmicas, tcnicas, organizativas o de produccin, movilidad geogrfica, modificacin sustancial de las condiciones de trabajo, derechos de conciliacin de la vida personal, familiar y laboral del artculo 139, impugnacin de altas mdicas, vacaciones, materia electoral, conflictos colectivos, impugnacin de convenios colectivos y tutela de derechos fundamentales y libertades pblicas, tanto en el proceso declarativo como en trmite de recurso o de ejecucin.

Tampoco sern inhbiles dichos das para la adopcin de actos preparatorios, medidas precautorias y medidas cautelares, en particular en materia de prevencin de riesgos laborales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, as como para otras actuaciones que tiendan directamente a asegurar la efectividad de los derechos reclamados o para aquellas que, de no adoptarse pudieran dar lugar a un perjuicio de difcil reparacin.

Ser hbil el mes de agosto para el ejercicio de las acciones laborales derivadas de los derechos establecidos en la Ley Orgnica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Proteccin Integral contra la Violencia de Gnero.

5. El juez o tribunal podr habilitar das y horas inhbiles para la prctica de actuaciones cuando no fuera posible practicarlas en tiempo hbil o sean necesarias para asegurar la efectividad de una resolucin judicial. Esta habilitacin se realizar por los secretarios judiciales cuando tuviera por objeto la realizacin de actuaciones procesales que deban practicarse en materias de su exclusiva competencia, cuando se tratara de actuaciones por ellos ordenadas o cuando fueran tendentes a dar cumplimiento a las resoluciones dictadas por jueces o tribunales. Iniciada una actuacin en tiempo hbil, podr continuar hasta su conclusin sin necesidad de habilitacin.

6. A los efectos del plazo para interponer recursos, cuando en las actuaciones medie una fiesta oficial de carcter local o autonmico, se har constar por diligencia.

Artculo 44. Lugar de presentacin de escritos y documentos.

1. Las partes habrn de presentar todos los escritos y documentos en los Registros de la oficina judicial adscrita a los Juzgados y Salas de lo Social.

2. Cuando las oficinas judiciales y los sujetos intervinientes en un proceso dispongan de medios tcnicos que permitan el envo y la normal recepcin de escritos iniciadores y dems escritos y documentos, de forma tal que est garantizada la autenticidad de la comunicacin y quede constancia fehaciente de la remisin y recepcin ntegras y de su fecha, los escritos y documentos podrn enviarse y recibirse por aquellos medios, con plenos efectos procesales, con el resguardo acreditativo que proceda de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del artculo 135 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Artculo 45. Plazo y lugar de presentacin de escritos.

1. Cuando la presentacin de un escrito est sujeta a plazo, podr efectuarse hasta las quince horas del da hbil siguiente al del vencimiento del plazo en el servicio comn procesal creado a tal efecto o, de no existir ste, en la sede del rgano judicial.

2. En ningn caso se admitir la presentacin de escritos dirigidos al orden social en el juzgado que preste el servicio de guardia.

Artculo 46. Constancia de la presentacin de escritos y su tramitacin inmediata.

1. En la presentacin de escritos y documentos, por el funcionario designado para ello se estampar el correspondiente sello en el que se har constar la oficina judicial ante la que se presenta y el da y hora de la presentacin. En todo caso, se dar al interesado recibo con tal indicacin. Tambin podr hacerse constar la recepcin de escritos y documentos en copia simple presentada por la parte. Cuando se utilicen los medios tcnicos a que se refiere el artculo 44, el sistema devolver al interesado el resguardo acreditativo de la presentacin en la oficina judicial que proceda de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del artculo 135 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2. En el mismo da o en el siguiente da hbil, el secretario judicial dar a los escritos y documentos el curso que corresponda.

Artculo 47. Custodia del expediente y acceso al mismo.

1. Los autos permanecern en la oficina judicial bajo la custodia del secretario, donde podrn ser examinados por los interesados que acrediten inters legtimo, a quienes debern entregrseles testimonios, certificaciones o copias simples cuando lo soliciten, todo ello en los soportes y con los medios tcnicos de los que se disponga.

2. Todo interesado podr tener acceso al libro de sentencias y al libro de decretos a que se refieren, respectivamente, los artculos 213 y 213 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la forma y con los medios tcnicos disponibles en la oficina judicial.

Artculo 48. Entrega de los autos.

1. Slo se entregarn los autos cuando la ley lo ordene expresamente y por el plazo sealado. Se entender que el plazo empieza a transcurrir desde que se notifique al interesado que los autos estn a su disposicin, pudiendo sustituirse el traslado material de las actuaciones por la entrega de soporte informtico o mediante el acceso telemtico, si se dispusiera de los medios necesarios para ello, o por la entrega por cualquiera de estos procedimientos de copia de los particulares que procedan.

2. En el caso de la entrega material de las actuaciones, si transcurrido el plazo concedido para su examen no fueren devueltas, por el secretario judicial mediante decreto se impondr al responsable multa de veinte a doscientos euros diarios. Pasados dos das sin que los mismos hayan sido devueltos, el secretario judicial ordenar su recogida; si al intentarlo no le fueran entregados en el acto, dar cuenta al juez para que disponga lo que proceda por el retraso en la devolucin.

CAPTULO II
De las resoluciones procesales
Artculo 49. Clases de resoluciones.

1. Los jueces y tribunales de lo social adoptarn sus decisiones por medio de providencias, autos y sentencias en los casos y con las formalidades legalmente previstas.

2. Los secretarios judiciales resolvern por medio de diligencias y decretos, igualmente en los casos y con las formalidades legalmente previstas.

3. Se podrn dictar resoluciones orales por el juez, tribunal o secretario judicial durante la celebracin del juicio u otros actos que presidan, documentndose en el acta con expresin del fallo y motivacin sucinta de aquellas resoluciones.

Artculo 50. Sentencias orales.

1. El juez, en el momento de terminar el juicio, y salvo cuando por razn de la materia o de la cuanta proceda recurso de suplicacin, podr pronunciar sentencia de viva voz, con el contenido y los requisitos establecidos en el apartado 2 del artculo 97. En este supuesto, las partes podrn solicitar que se les entregue documento que contenga la transcripcin por escrito de la sentencia.

Igualmente podr aprobar mediante sentencia de viva voz, cualquiera que sea la materia y la cuanta, el allanamiento total efectuado, as como, en su caso, los trminos de ejecucin de la sentencia que le sean propuestos de comn acuerdo por las partes, siempre que, de proceder recurso, manifestaran stas su decisin de no recurrir.

2. Tambin podr el juez limitarse a pronunciar el fallo, cualquiera que sea la cuanta o la materia, con motivacin sucinta del mismo, sin perjuicio de la redaccin posterior de la sentencia dentro del plazo y en la forma legalmente previstos.

3. Las partes quedarn notificadas de las sentencias dictadas oralmente. Si, conocida la sentencia de viva voz o el fallo anticipado, las partes expresaran su decisin de no recurrir, el juez en el mismo acto declarar la firmeza de la sentencia.

4. Si alguna de las partes no hubiera comparecido se le har la oportuna notificacin.

Artculo 51. Autos orales.

En las mismas condiciones establecidas en el artculo anterior el juez o tribunal podr dictar verbalmente autos al trmino de la comparecencia celebrada en cualquier incidente suscitado durante el proceso.

Artculo 52. Forma de las resoluciones.

Toda resolucin incluir la mencin del lugar y fecha en que se adopte, el nombre de quien la dicte, la expresin de si la misma es o no firme y, en su caso, los recursos que procedan, el rgano ante el que deben interponerse y el plazo y requisitos para ello, as como los depsitos y las consignaciones que sean necesarios y la forma de efectuarlos.

CAPTULO III
De los actos de comunicacin
Artculo 53. Indicacin del lugar de las comunicaciones.

1. Los actos de comunicacin se efectuarn en la forma establecida en el Captulo V del Ttulo V del Libro I de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con las especialidades previstas en esta Ley, debiendo siempre agotarse todas las posibles vas existentes para lograr la efectividad de las notificaciones.

2. En el primer escrito o comparecencia ante el rgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, sealarn un domicilio y datos completos para la prctica de actos de comunicacin.

El domicilio y los datos de localizacin facilitados con tal fin surtirn plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto sern vlidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo debern comunicar los cambios relativos a su nmero de telfono, fax, direccin electrnica o similares, siempre que estos ltimos estn siendo utilizados como instrumentos de comunicacin con el tribunal.

Artculo 54. Tiempo de la comunicacin.

1. Las resoluciones procesales se notificarn en el mismo da de su fecha, o de la publicacin en su caso, a todos los que sean parte en el juicio, y no siendo posible en el da hbil siguiente.

2. Tambin se notificarn las resoluciones, cuando as se mande, a las personas y entidades a quienes se refieran o puedan parar perjuicio u ostentaren inters legtimo en el asunto debatido. En especial, adems de la resolucin que ponga fin al proceso, se les notificarn la admisin a trmite y el sealamiento de la vista.

3. Si durante el proceso hubieran de adoptarse por el juez o la Sala medidas tendentes a garantizar los derechos que pudieran corresponder a las partes, o a asegurar la efectividad de la resolucin judicial, y la notificacin inmediata al afectado de las actuaciones procesales o de la medida cautelar, preventiva o ejecutiva adoptada pudiera poner en peligro su efectividad, el rgano judicial podr, motivadamente, acordar la demora en la prctica de la notificacin durante el tiempo indispensable para lograr dicha efectividad.

Artculo 55. Lugar de las comunicaciones.

Las citaciones, notificaciones, emplazamientos y requerimientos se harn en el local de la oficina judicial, si all comparecieren por propia iniciativa los interesados y, en otro caso, en el domicilio sealado a estos efectos.

Artculo 56. Comunicaciones fuera de la oficina judicial.

1. Las citaciones, notificaciones y emplazamientos que se practiquen fuera de la sede de la oficina judicial se harn, cualquiera que sea el destinatario, por correo certificado con acuse de recibo, dando fe el secretario en los autos del contenido del sobre remitido, y unindose a ellos el acuse de recibo.

2. En el exterior del sobre debern constar las advertencias contenidas en el apartado 3 del artculo 57 dirigidas al receptor para el caso de que no fuera el interesado.

3. En el documento de acuse de recibo se har constar la fecha de la entrega, y ser firmado por el empleado de Correos y el receptor. En el caso de que ste no fuera el interesado se consignar su nombre, documento de identificacin, domicilio y su relacin con el destinatario.

4. Se podr disponer que la comunicacin se practique por el servicio de telgrafo, fax, correo electrnico o por cualquier otro medio idneo de comunicacin o de transmisin de textos si los interesados facilitaran los datos indicativos para utilizarlos. Se adoptarn las medidas oportunas para asegurar el contenido del envo y la unin, en su caso, del acuse de recepcin del acto comunicado, de lo cual quedar constancia en autos. Igualmente se podr dejar constancia mediante diligencia del resultado de las gestiones y llamadas telefnicas u otros medios relacionados con los actos de localizacin y comunicacin y con el trmite de las actuaciones.

5. Cuando la comunicacin tenga lugar utilizando medios electrnicos, telemticos, infotelecomunicaciones o de otra clase semejante, se realizar conforme a lo establecido en el artculo 162 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Artculo 57. Reglas subsidiarias para las comunicaciones.

1. Si los actos de comunicacin no pudieran efectuarse en la forma indicada, se practicarn mediante entrega de la copia de la resolucin o de cdula al destinatario; si no fuese hallado se entregar aqulla al pariente ms cercano o familiar o empleado, mayores de catorce aos, que se hallaren en el domicilio y, en su defecto, a quien desempee funciones de portera o conserjera de la finca.

2. Sin necesidad de constituirse en el domicilio del interesado o interesada, se podr entregar la copia de la resolucin o la cdula a cualquiera de las personas antes mencionadas, as como a quien por su relacin con el destinatario pueda garantizar el eficaz cumplimiento del acto de comunicacin.

3. Se har saber al receptor que ha de cumplir el deber pblico que se le encomienda; que est obligado a entregar la copia de la resolucin o la cdula al destinatario de sta, o a darle aviso si sabe su paradero, con advertencia de que puede ser sancionado con multa de veinte a doscientos euros si se niega a la recepcin o no hace la entrega a la mayor brevedad; que ha de comunicar a la oficina judicial la imposibilidad de entregar la comunicacin al interesado, y que tiene derecho al resarcimiento de los gastos que se le ocasionen.

4. En todo caso, la comunicacin por medio de entrega de copia de la resolucin o cdula se realizar conforme a lo establecido en los artculos 152 y 161 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Artculo 58. Contenido de las cdulas.

1. Las cdulas contendrn los siguientes requisitos:

a) El juez, tribunal o secretario judicial que haya dictado la resolucin, la fecha de sta y el asunto en que haya recado.

b) El nombre y apellidos de la persona a quien se haga la citacin o emplazamiento.

c) El objeto de la citacin o emplazamiento.

d) Lugar, da y hora en que deba comparecer el citado, o el plazo dentro del cual deba realizarse la actuacin a que se refiera el emplazamiento.

e) La prevencin de que si no comparece le parar el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

f) Fecha de expedicin de la cdula y firma.

2. La entrega de la copia de la resolucin o de la cdula se documentar por medio de diligencia en la que se har constar:

a) Fecha de la diligencia.

b) Nombre de la persona destinataria.

c) Nombre y firma de la persona a quien se haya hecho la entrega y, si no fuere el interesado, su nmero del documento nacional de identidad en el caso de espaoles o su nmero de identidad reflejado en la documentacin equivalente y que acredite la identidad y nacionalidad del interesado en el caso de extranjeros, domicilio y relacin con el destinatario.

d) Firma del funcionario o encargado de documentar la entrega.

Artculo 59. Comunicacin edictal.

1. Cuando una vez intentado el acto de comunicacin y habiendo utilizado los medios oportunos para la investigacin del domicilio, incluida en su caso la averiguacin a travs de los Registros, organismos, Colegios profesionales, entidades y empresas, stos hayan resultado infructuosos y no conste el domicilio del interesado o se ignore su paradero, se consignar por diligencia.

2. En tal caso, el secretario judicial mandar que el acto de comunicacin se haga por medio de edictos, insertando un extracto suficiente de la resolucin o de la cdula en el Boletn Oficial correspondiente, con la advertencia de que las siguientes comunicaciones se harn fijando copia de la resolucin o de la cdula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo el supuesto de la comunicacin de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o de decreto cuando ponga fin al proceso o resuelva un incidente, o cuando se trate de emplazamiento.

Artculo 60. Inadmisibilidad de respuestas en las comunicaciones. Supuestos especiales de comunicacin.

1. En las notificaciones, citaciones y emplazamientos no se admitir ni consignar respuesta alguna del interesado, a no ser que se hubiera mandado en la resolucin. En los requerimientos se admitir la respuesta que diera el requerido, consignndolo sucintamente en la diligencia.

2. Cuando los actos de comunicacin deban entenderse con una persona jurdica se practicarn, en su caso, en las delegaciones, sucursales, representaciones o agencias establecidas en la poblacin donde radique el juzgado o tribunal que conozca del asunto, aunque carezcan de poder para comparecer en juicio las personas que estn al frente de las mismas.

3. Los actos de comunicacin con el abogado del Estado o el letrado de las Cortes Generales, as como con los letrados de la Administracin de la Seguridad Social, se practicarn en su sede oficial respectiva, de conformidad con la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurdica al Estado y otras Instituciones pblicas, y la normativa que la desarrolla y complementa. Cuando dispongan de los medios tcnicos a que se refiere el apartado 5 del artculo 56 de esta Ley, los actos de comunicacin podrn efectuarse por aquellos medios. Estos actos se entendern, respecto de las Comunidades Autnomas, con quien establezca su legislacin propia.

Los actos de comunicacin al Ministerio Fiscal, a la Abogaca del Estado, a los letrados de las Cortes Generales y a los letrados de las Comunidades Autnomas y de la Administracin de la Seguridad Social, as como las notificaciones a las partes, incluidas las que se realicen a travs de los servicios organizados por los Colegios profesionales, se tendrn por realizados el da siguiente a la fecha de recepcin que conste en la diligencia o en el resguardo acreditativo de su recepcin cuando el acto de comunicacin se haya efectuado por los medios y con los requisitos que establece el apartado 1 del artculo 162 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

4. Cuando se trate de comits de empresa, las diligencias antedichas se entendern con su presidente o secretario y, en su defecto, con cualquiera de sus miembros.

Artculo 61. Nulidad de las comunicaciones.

Sern nulos las notificaciones, citaciones y emplazamientos que no se practiquen con arreglo a lo dispuesto en este Captulo. No obstante, si el interesado se hubiere dado por enterado o constara de forma suficiente su conocimiento procesal o extraprocesal de los elementos esenciales de la resolucin, la diligencia surtir efecto desde ese momento.

Artculo 62. Competencia del secretario judicial para la remisin de oficios, mandamientos y exhortos.

El secretario judicial deber expedir oficios, mandamientos, exhortos y cualesquiera otros actos de comunicacin que se acuerden interesando la prctica de actuaciones.

TTULO V
De la evitacin del proceso
CAPTULO I
De la conciliacin o mediacin previas y de los laudos arbitrales
Artculo 63. Conciliacin o mediacin previas.

Ser requisito previo para la tramitacin del proceso el intento de conciliacin o, en su caso, de mediacin ante el servicio administrativo correspondiente o ante el rgano que asuma estas funciones que podr constituirse mediante los acuerdos interprofesionales o los convenios colectivos a los que se refiere el artculo 83 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, as como mediante los acuerdos de inters profesional a los que se refieren el artculo 13 y el apartado 1 del artculo 18 de la Ley del Estatuto del trabajo autnomo.

Artculo 64. Excepciones a la conciliacin o mediacin previas.

1. Se exceptan del requisito del intento de conciliacin o, en su caso, de mediacin los procesos que exijan la reclamacin previa en va administrativa u otra forma de agotamiento de la misma, en su caso, los que versen sobre Seguridad Social, los relativos al disfrute de vacaciones y a materia electoral, movilidad geogrfica, modificacin sustancial de las condiciones de trabajo, derechos de conciliacin de la vida personal, familiar y laboral a los que se refiere el artculo 139, los iniciados de oficio, los de impugnacin de convenios colectivos, los de impugnacin de los estatutos de los sindicatos o de su modificacin, los de tutela de los derechos fundamentales y libertades pblicas, los procesos de anulacin de laudos arbitrales, los de impugnacin de acuerdos de conciliaciones, de mediaciones y de transacciones, as como aquellos en que se ejerciten acciones laborales de proteccin contra la violencia de gnero.

2. Igualmente, quedan exceptuados:

a) Aquellos procesos en los que siendo parte demandada el Estado u otro ente pblico tambin lo fueren personas privadas, siempre que la pretensin hubiera de someterse al trmite de reclamacin previa en va administrativa o a otra forma de agotamiento de la misma y en ste pudiera decidirse el asunto litigioso.

b) Los supuestos en que, en cualquier momento del proceso, despus de haber dirigido la papeleta o la demanda contra personas determinadas, fuera necesario dirigir o ampliar la misma frente a personas distintas de las inicialmente demandadas.

3. Cuando por la naturaleza de la pretensin ejercitada pudiera tener eficacia jurdica el acuerdo de conciliacin o de mediacin que pudiera alcanzarse, aun estando exceptuado el proceso del referido requisito del intento previo, si las partes acuden en tiempo oportuno voluntariamente y de comn acuerdo a tales vas previas, se suspendern los plazos de caducidad o se interrumpirn los de prescripcin en la forma establecida en el artculo siguiente.

Artculo 65. Efectos de la solicitud de conciliacin o de mediacin previa. Los laudos arbitrales.

1. La presentacin de la solicitud de conciliacin o de mediacin suspender los plazos de caducidad e interrumpir los de prescripcin. El cmputo de la caducidad se reanudar al da siguiente de intentada la conciliacin o mediacin o transcurridos quince das hbiles, excluyendo del cmputo los sbados, desde su presentacin sin que se haya celebrado.

2. En todo caso, transcurridos treinta das, computados en la forma indicada en el nmero anterior, sin haberse celebrado el acto de conciliacin o sin haberse iniciado mediacin o alcanzado acuerdo en la misma se tendr por terminado el procedimiento y cumplido el trmite.

3. Tambin se suspendern los plazos de caducidad y se interrumpirn los de prescripcin por la suscripcin de un compromiso arbitral, celebrado en virtud de los acuerdos interprofesionales y los convenios colectivos a que se refiere el artculo 83 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o de los derivados de los acuerdos de inters profesional conforme al apartado 4 del artculo 18 de la Ley del Estatuto del trabajo autnomo.

En estos casos el cmputo de la caducidad se reanudar al da siguiente de que adquiera firmeza el laudo arbitral; de interponerse un recurso judicial de anulacin del laudo, la reanudacin tendr lugar desde el da siguiente a la firmeza de la sentencia que se dicte.

Igual efecto se producir aun cuando en el procedimiento arbitral se apreciase la incompetencia, reanudndose el cmputo de la caducidad desde la firmeza de la resolucin que pusiera fin al arbitraje.

4. Las acciones de impugnacin y recursos judiciales de anulacin de laudos arbitrales cuyo conocimiento corresponda al orden social, cuando no tengan establecido un procedimiento especial, incluidos los laudos arbitrales establecidos por acuerdos de inters profesional de los trabajadores autnomos econmicamente dependientes, se sustanciarn, a instancia de los interesados, por los trmites del procedimiento ordinario, ante el juzgado o tribunal al que hubiera correspondido el conocimiento del asunto sometido a arbitraje, con fundamento en exceso sobre el arbitraje, haber resuelto aspectos no sometidos a l o que no pudieran ser objeto del mismo, vicio esencial de procedimiento o infraccin de normas imperativas. La accin caducar en el plazo de treinta das hbiles, excluidos los sbados, domingos y festivos, desde la notificacin del laudo.

De formularse la impugnacin por el Fondo de Garanta Salarial, en relacin con posibles obligaciones de garanta salarial, o por otros terceros posibles perjudicados, se podr fundamentar en ilegalidad o lesividad y el plazo para el ejercicio de la accin contar desde que pudieran haber conocido la existencia del laudo arbitral.

Artculo 66. Consecuencias de la no asistencia al acto de conciliacin o de mediacin.

1. La asistencia al acto de conciliacin o de mediacin es obligatoria para los litigantes.

2. Cuando estando debidamente citadas las partes para el acto de conciliacin o de mediacin no compareciese el solicitante ni alegase justa causa, se tendr por no presentada la papeleta de conciliacin o la solicitud de mediacin, archivndose todo lo actuado.

3. Si no compareciera la otra parte, debidamente citada, se har constar expresamente en la certificacin del acta de conciliacin o de mediacin y se tendr la conciliacin o la mediacin por intentada sin efecto, y el juez o tribunal impondrn las costas del proceso a la parte que no hubiere comparecido sin causa justificada, incluidos honorarios, hasta el lmite de seiscientos euros, del letrado o graduado social colegiado de la parte contraria que hubieren intervenido, si la sentencia que en su da dicte coincidiera esencialmente con la pretensin contenida en la papeleta de conciliacin o en la solicitud de mediacin.

Artculo 67. Impugnacin del acuerdo de conciliacin o de mediacin.

1. El acuerdo de conciliacin o de mediacin podr ser impugnado por las partes y por quienes pudieran sufrir perjuicio por aqul, ante el juzgado o tribunal al que hubiera correspondido el conocimiento del asunto objeto de la conciliacin o de la mediacin, mediante el ejercicio por las partes de la accin de nulidad por las causas que invalidan los contratos o por los posibles perjudicados con fundamento en su ilegalidad o lesividad.

2. La accin caducar a los treinta das hbiles, excluidos los sbados, domingos y festivos, siguientes a aquel en que se adopt el acuerdo. Para los posibles perjudicados el plazo contar desde que lo pudieran haber conocido.

Artculo 68. Ejecutividad del acuerdo de conciliacin o de mediacin y de los laudos arbitrales firmes.

1. Lo acordado en conciliacin o en mediacin constituir ttulo para iniciar acciones ejecutivas sin necesidad de ratificacin ante el juez o tribunal, y podr llevarse a efecto por los trmites previstos en el Libro Cuarto de esta Ley.

2. Se entendern equiparados a las sentencias firmes a efectos de ejecucin definitiva los laudos arbitrales igualmente firmes, individuales o colectivos, dictados por el rgano que pueda constituirse mediante los acuerdos interprofesionales y los convenios colectivos a que se refiere el artculo 83 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, los laudos arbitrales establecidos por acuerdos de inters profesional de los trabajadores autnomos econmicamente dependientes conforme al apartado 4 del artculo 18 de la Ley del Estatuto del trabajo autnomo, as como los laudos recados en materia electoral, los que pongan fin a la huelga o a conflictos colectivos u otros cuyo conocimiento corresponda al orden social, exclusivamente en los concretos pronunciamientos de condena que por su naturaleza sean susceptibles de dicha ejecucin y salvo los pronunciamientos que tengan eficacia normativa o interpretativa.

CAPTULO II
Del agotamiento de la va administrativa previa a la va judicial
Artculo 69. Reclamacin administrativa previa o agotamiento de la va administrativa previa a la va judicial social.

1. Para poder demandar al Estado, Comunidades Autnomas, entidades locales o entidades de Derecho pblico con personalidad jurdica propia vinculadas o dependientes de los mismos ser requisito necesario haber interpuesto reclamacin previa a la va judicial social, o, en su caso, haber agotado la va administrativa, cuando as proceda, de acuerdo con lo establecido en la normativa de procedimiento administrativo aplicable.

En todo caso, la Administracin pblica deber notificar a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses, conteniendo la notificacin el texto ntegro de la resolucin, con indicacin de si es o no definitivo en la va administrativa, la expresin de los recursos o de la reclamacin administrativa previa que procedan, rgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

Las notificaciones que conteniendo el texto ntegro del acto omitiesen alguno de los dems requisitos previstos en el prrafo anterior mantendrn suspendidos los plazos de caducidad e interrumpidos los de prescripcin y nicamente surtirn efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolucin o acto objeto de la notificacin o resolucin, o interponga cualquier recurso o reclamacin que proceda.

2. Notificada la denegacin de la reclamacin o transcurrido un mes sin haber sido notificada la misma, o desde que se deba entender agotada la va administrativa en los dems casos, el interesado podr formalizar la demanda en el plazo de dos meses ante el juzgado o la Sala competente. A la demanda se acompaar copia de la resolucin denegatoria o documento acreditativo de la presentacin de la reclamacin o de la interposicin o resolucin del recurso administrativo, segn proceda, uniendo copia de todo ello para la entidad demandada.

3. En las acciones derivadas de despido y dems acciones sujetas a plazo de caducidad, el plazo de interposicin de la demanda ser de veinte das hbiles o el especial que sea aplicable, contados a partir del da siguiente a aqul en que se hubiera producido el acto o la notificacin de la resolucin impugnada, o desde que se deba entender agotada la va administrativa en los dems casos, si bien la interposicin de la reclamacin previa suspende el plazo de caducidad, en los trminos del artculo 73.

Artculo 70. Excepciones a la reclamacin administrativa previa o al agotamiento de la va administrativa.

1. Se exceptan del requisito de reclamacin previa los procesos relativos a disfrute de vacaciones, materia electoral, movilidad geogrfica, modificacin sustancial de las condiciones de trabajo, derechos de conciliacin de la vida personal, familiar y laboral a los que se refiere el artculo 139, procedimientos de oficio, conflictos colectivos, impugnacin de convenios colectivos, impugnacin de estatutos de los sindicatos o de su modificacin, tutela de derechos fundamentales y libertades pblicas, siendo en estos ltimos potestativo, y reclamaciones contra el Fondo de Garanta Salarial, al amparo de lo prevenido en el artculo 33 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

2. No ser necesario agotar la va administrativa para interponer demanda de tutela de derechos fundamentales y libertades pblicas frente a actos de las Administraciones pblicas en el ejercicio de sus potestades en materia laboral y sindical, si bien el plazo para la interposicin de la demanda ser de veinte das desde el da siguiente a la notificacin del acto o al transcurso del plazo fijado para la resolucin, sin ms trmites; cuando la lesin del derecho fundamental tuviera su origen en la inactividad administrativa o en actuacin en vas de hecho, o se hubiera interpuesto potestativamente un recurso administrativo, el plazo de veinte das se iniciar transcurridos veinte das desde la reclamacin contra la inactividad o va de hecho, o desde la presentacin del recurso, respectivamente.

3. Tambin se excepta del requisito de reclamacin previa el ejercicio de las acciones laborales derivadas de los derechos establecidos en la Ley Orgnica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Proteccin Integral contra la Violencia de Gnero.

Artculo 71. Reclamacin administrativa previa en materia de prestaciones de Seguridad Social.

1. Ser requisito necesario para formular demanda en materia de prestaciones de Seguridad Social, que los interesados interpongan reclamacin previa ante la Entidad gestora de las mismas. Se exceptan los procedimientos de impugnacin de las resoluciones administrativas expresas en las que se acuerda el alta mdica emitidas por los rganos competentes de las Entidades gestoras de la Seguridad Social al agotarse el plazo de duracin de trescientos sesenta y cinco das de la prestacin de incapacidad temporal.

2. La reclamacin previa deber interponerse ante el rgano competente que haya dictado resolucin sobre la solicitud inicial del interesado, en el plazo de treinta das desde la notificacin de la misma, si es expresa, o desde la fecha en que, conforme a la normativa reguladora del procedimiento de que se trate, deba entenderse producido el silencio administrativo.

En los procedimientos de impugnacin de altas mdicas no exentos de reclamacin previa segn el apartado 1 de este artculo la reclamacin previa se interpondr en el plazo de once das desde la notificacin de la resolucin.

3. Si la resolucin, expresa o presunta, hubiera sido dictada por una entidad colaboradora, la reclamacin previa se interpondr, en el mismo plazo, ante la propia entidad colaboradora si tuviera atribuida la competencia para resolver, o en otro caso ante el rgano correspondiente de la Entidad gestora u organismo pblico gestor de la prestacin.

4. Cuando en el reconocimiento inicial o la modificacin de un acto o derecho en materia de Seguridad Social, la Entidad correspondiente est obligada a proceder de oficio, en el caso de que no se produzca acuerdo o resolucin, el interesado podr solicitar que se dicte, teniendo esta solicitud valor de reclamacin previa. Del mismo modo podr reiterarse la reclamacin previa de haber caducado la anterior, en tanto no haya prescrito el derecho y sin perjuicio de los efectos retroactivos que proceda dar a la misma.

5. Formulada reclamacin previa en cualquiera de los supuestos mencionados en el presente artculo, la Entidad deber contestar expresamente a la misma en el plazo de cuarenta y cinco das. En caso contrario se entender denegada la reclamacin por silencio administrativo.

En los procedimientos de impugnacin de altas mdicas en los que deba interponerse reclamacin previa, el plazo para la contestacin de la misma ser de siete das, entendindose desestimada una vez transcurrido dicho plazo.

6. La demanda habr de formularse en el plazo de treinta das, a contar desde la fecha en que se notifique la denegacin de la reclamacin previa o desde el da en que se entienda denegada por silencio administrativo.

En los procesos de impugnacin de altas mdicas el plazo anterior ser de veinte das, que cuando no sea exigible reclamacin previa se computar desde la adquisicin de plenos efectos del alta mdica o desde la notificacin del alta definitiva acordada por la Entidad gestora.

7. Las entidades u organismos gestores de la Seguridad Social expedirn recibo de presentacin o sellarn debidamente, con indicacin de la fecha, las copias de las reclamaciones que se dirijan en cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley. Este recibo o copia sellada, o el justificante de presentacin por los procedimientos y registros alternativos que estn establecidos por la normativa administrativa aplicable, debern acompaarse inexcusablemente con la demanda.

Artculo 72. Vinculacin respecto a la reclamacin o va administrativa previa.

En el proceso no podrn introducir las partes variaciones sustanciales de tiempo, cantidades o conceptos respecto de los que fueran objeto del procedimiento administrativo y de las actuaciones de los interesados o de la Administracin, bien en fase de reclamacin previa o de recurso que agote la va administrativa, salvo en cuanto a los hechos nuevos o que no hubieran podido conocerse con anterioridad.

Artculo 73. Efectos de la reclamacin administrativa previa o de la va administrativa.

La reclamacin previa interrumpir los plazos de prescripcin y suspender los de caducidad, reanudndose estos ltimos al da siguiente al de la notificacin de la resolucin o del transcurso del plazo en que deba entenderse desestimada.

TTULO VI
De los principios del proceso y de los deberes procesales
Artculo 74. Principios del proceso.

1. Los jueces y tribunales del orden jurisdiccional social y los secretarios judiciales en su funcin de ordenacin del procedimiento y dems competencias atribuidas por el artculo 456 de la Ley Orgnica del Poder Judicial, interpretarn y aplicarn las normas reguladoras del proceso social ordinario segn los principios de inmediacin, oralidad, concentracin y celeridad.

2. Los principios indicados en el apartado anterior orientarn la interpretacin y aplicacin de las normas procesales propias de las modalidades procesales reguladas en la presente Ley.

Artculo 75. Deberes procesales de las partes.

1. Los rganos judiciales rechazarn de oficio en resolucin fundada las peticiones, incidentes y excepciones formuladas con finalidad dilatoria o que entraen abuso de derecho. Asimismo, corregirn los actos que, al amparo del texto de una norma, persigan un resultado contrario al previsto en la Constitucin y en las leyes para el equilibrio procesal, la tutela judicial y la efectividad de las resoluciones.

2. Quienes no sean parte en el proceso deben cumplir las obligaciones que les impongan los jueces y tribunales ordenadas a garantizar los derechos que pudieran corresponder a las partes y a asegurar la efectividad de las resoluciones judiciales.

3. Si se produjera un dao evaluable econmicamente, el perjudicado podr reclamar la oportuna indemnizacin ante el juzgado o tribunal que estuviere conociendo o hubiere conocido el asunto principal.

4. Todos debern ajustarse en sus actuaciones en el proceso a las reglas de la buena fe. De vulnerarse stas, as como en caso de formulacin de pretensiones temerarias, sin perjuicio de lo dispuesto en el nmero anterior, el juez o tribunal podr imponer mediante auto, en pieza separada, de forma motivada y respetando el principio de proporcionalidad, ponderando las circunstancias del hecho, la capacidad econmica y los perjuicios causados al proceso y a otros intervinientes o a terceros, una multa que podr oscilar de ciento ochenta a seis mil euros, sin que en ningn caso pueda superar la cuanta de la tercera parte del litigio.

Aquel al que se hubiere impuesto la multa prevista en el prrafo anterior podr ser odo en justicia. La audiencia en justicia se pedir en el plazo de los tres das siguientes al de la notificacin de la multa, mediante escrito presentado ante el juez o tribunal que la haya impuesto. La audiencia ser resuelta mediante auto contra el que cabr recurso de alzada en cinco das ante la Sala de Gobierno correspondiente, que lo resolver previo informe del juez o Sala que impuso la multa.

De apreciarse temeridad o mala fe en la sentencia o en la resolucin de los recursos de suplicacin o casacin, se estar a lo dispuesto en sus reglas respectivas.

5. El incumplimiento de las obligaciones de colaboracin con el proceso y de cumplir las resoluciones de los jueces y tribunales y de los secretarios judiciales en su funcin de ordenacin del procedimiento y dems competencias atribuidas por el artculo 456 de la Ley Orgnica del Poder Judicial, sin perjuicio de lo previsto en los apartados 3 y 4 anteriores, darn lugar, respectivamente, a la aplicacin de los apremios pecuniarios a las partes y de las multas coercitivas a los dems intervinientes o terceros, en los trminos establecidos en los apartados 2 y 3 del artculo 241, pudiendo ser odos en justicia en la forma prevista en el apartado anterior.

LIBRO SEGUNDO
Del proceso ordinario y de las modalidades procesales
TTULO I
Del proceso ordinario
CAPTULO I
De los actos preparatorios y diligencias preliminares, de la anticipacin y aseguramiento de la prueba y de las medidas cautelares
Seccin 1. Actos preparatorios y diligencias preliminares
Artculo 76. Solicitud de actos preparatorios y diligencias preliminares.

1. Quien pretenda demandar, podr solicitar del rgano judicial que aquel contra quien se proponga dirigir la demanda preste declaracin acerca de algn hecho relativo a la personalidad, capacidad, representacin o legitimacin de ste, o con igual finalidad aporte algn documento, cuyo conocimiento sea necesario para el juicio.

Igualmente podr solicitarse, por quien pretenda demandar, la determinacin de quines son los socios, partcipes, miembros o gestores de una entidad sin personalidad y las diligencias necesarias encaminadas a la determinacin del empresario y los integrantes del grupo o unidad empresarial, as como la determinacin de las personas concurrentes a la produccin de un dao con la persona a la que se pretenda demandar y la cobertura del riesgo en su caso.

2. El juicio podr tambin prepararse por peticin de quien pretenda iniciar un proceso para la defensa de los intereses colectivos, al objeto de concretar a los integrantes del grupo de afectados cuando, no estando determinados, sean fcilmente determinables. A tal efecto el tribunal adoptar las medidas oportunas para la averiguacin de los integrantes del grupo, de acuerdo a las circunstancias del caso y conforme a los datos suministrados por el solicitante, incluyendo el requerimiento al demandado para que colabore en dicha determinacin.

3. Podr formularse tambin peticin de prctica de otras diligencias y averiguaciones necesarias para preparar el juicio de las previstas en el artculo 256 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

4. Cuando la realizacin de la diligencia solicitada pueda afectar a la intimidad personal u otro derecho fundamental, el juzgado o tribunal, de no mediar el consentimiento del afectado, podr autorizar dicha actuacin en la forma y con las garantas establecidas en los apartados 4 a 6 del artculo 90.

5. La Inspeccin de Trabajo y Seguridad Social y, en su caso, la Administracin laboral, en el ejercicio de sus funciones, cuando el centro de trabajo sometido a inspeccin coincidiese con el domicilio de la persona afectada, podr solicitar la correspondiente autorizacin judicial, si el titular se opusiere o existiese riesgo de tal oposicin, en relacin con los procedimientos administrativos de los que conozca o pueda conocer posteriormente la jurisdiccin social, o para posibilitar cualquier otra medida de inspeccin o control que pudiera afectar a derechos fundamentales o libertades pblicas.

6. Contra la resolucin judicial denegando la prctica de estas diligencias no cabr recurso alguno, sin perjuicio del que en su da puedan interponerse contra la sentencia.

Artculo 77. Exhibicin previa de documentos.

1. En todos aquellos supuestos en que el examen de libros y cuentas o la consulta de cualquier otro documento se demuestre imprescindible para fundamentar la demanda o su oposicin, quien pretenda demandar o prevea que vaya a ser demandado podr solicitar del rgano judicial la comunicacin de dichos documentos. Cuando se trate de documentos contables podr el solicitante acudir asesorado por un experto en la materia, que estar sometido a los deberes que puedan incumbirle profesionalmente en relacin con la salvaguardia del secreto de la contabilidad. Las costas originadas por el asesoramiento del experto corrern a cargo de quien solicite sus servicios.

2. El rgano judicial resolver por auto, dentro del segundo da, lo que estime procedente, fijando la forma de llevar a efecto la comunicacin de dichos elementos y adoptando, en su caso, las medidas necesarias para que el examen se lleve a efecto de la forma menos gravosa y sin que la documentacin salga del poder de su titular, a cuyo efecto podr disponer que la parte en cuyo poder obren los documentos facilite a la parte interesada o a su experto contable una copia de los mismos, en soporte preferiblemente electrnico, permitiendo el cotejo de dicha copia o versin con el documento original.

3. Las anteriores medidas podrn ser solicitadas igualmente por las partes durante el proceso con la antelacin prevista en el apartado 3 del artculo 90, siempre que no den lugar a la suspensin del acto de juicio.

Seccin 2. Anticipacin y aseguramiento de la prueba
Artculo 78. Causas y normas aplicables a la anticipacin de la prueba.

1. Quien pretenda demandar o presuma que va a ser demandado podr solicitar previamente del juez o tribunal la prctica anticipada de algn medio de prueba cuando exista el temor fundado de que, por causa de las personas o del estado de las cosas, dichos actos no puedan realizarse en el momento procesal generalmente previsto o cuya realizacin presente graves dificultades en dicho momento, incluido el examen de testigos cuando por la edad avanzada de alguno de stos, peligro inminente de su vida, proximidad de una ausencia o estancia en un lugar con el que sean imposibles o difciles las comunicaciones o cualquier otro motivo grave y justificado, sea presumible que no va a ser posible mantener su derecho por falta de justificacin.

2. Cualquiera de las partes una vez iniciado el proceso, pero en todo caso sin dar lugar a suspensin del acto de juicio, podr solicitar la prctica anticipada de pruebas que no puedan ser realizadas en el acto del juicio, o cuya realizacin presente graves dificultades en dicho momento. El juez o tribunal decidir lo pertinente para su prctica en los trminos previstos por la norma que regule el medio de prueba correspondiente y con sujecin en lo dems, en cuanto resulte aplicable, a lo dispuesto en los artculos 293 a 297 y apartado 1 del artculo 298 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Contra la resolucin denegatoria no cabr recurso alguno, sin perjuicio del que, por este motivo, pueda interponerse en su da contra la sentencia.

Seccin 3. Medidas cautelares
Artculo 79. Rgimen aplicable para la adopcin de medidas cautelares.

1. Las medidas cautelares que resulten necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera acordarse en sentencia se regirn por lo dispuesto en los artculos 721 a 747 de la Ley de Enjuiciamiento Civil con la necesaria adaptacin a las particularidades del proceso social y odas las partes, si bien podr anticiparse en forma motivada la efectividad de las medidas cuando el solicitante as lo pida y acredite que concurren razones de urgencia o que la audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida cautelar.

Cuando el proceso verse sobre la impugnacin de actos de Administraciones pblicas en materia laboral y de seguridad social, la adopcin de medidas cautelares se regir, en lo no previsto en esta Ley, por lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa, en sus artculos 129 a 136.

Los trabajadores y beneficiarios de prestaciones de Seguridad Social y los sindicatos, en cuanto ostentan la representacin colectiva de sus intereses, as como las asociaciones representativas de los trabajadores autnomos econmicamente dependientes, estarn exentos de la prestacin de cauciones, garantas e indemnizaciones relacionadas con las medidas cautelares que pudieran acordarse.

2. El rgano judicial, de oficio o a instancia de parte interesada o del Fondo de Garanta Salarial, en los casos en que pueda derivarse su responsabilidad, podr decretar el embargo preventivo de bienes del demandado en cuanta suficiente para cubrir lo reclamado en la demanda y lo que se calcule para las costas de ejecucin, cuando por aqul se realicen cualesquiera actos de los que pueda presumirse que pretende situarse en estado de insolvencia o impedir la efectividad de la sentencia.

3. El rgano judicial podr requerir al solicitante del embargo, en el trmino de una audiencia, para que presente documentos, informacin testifical o cualquier otra prueba que justifique la situacin alegada. En los casos en que pueda derivarse responsabilidad del Fondo de Garanta Salarial, ste deber ser citado a fin de sealar bienes.

4. La solicitud de embargo preventivo podr ser presentada en cualquier momento del proceso antes de la sentencia, sin que por ello se suspenda el curso de las actuaciones.

5. En reclamaciones derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional, sin perjuicio de las medidas anteriores, podrn acordarse las referidas en el apartado 1 del artculo 142 en relacin con el aseguramiento empresarial al respecto, as como el embargo preventivo y dems medidas cautelares previstas en este artculo respecto de cualquier clase de responsabilidades empresariales y de terceros derivadas de dichas contingencias.

6. En procedimientos referidos a las resoluciones de la autoridad laboral sobre paralizacin de trabajos por riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores, as como en caso de responsabilidad empresarial sobre enfermedades profesionales por falta de reconocimientos mdicos, podrn adoptarse las medidas a que se refiere el apartado anterior de este artculo a efectos del aseguramiento de las responsabilidades empresariales derivadas, conforme a lo dispuesto en el artculo 195 y apartado 2 del artculo 197 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

7. En los procesos en los que se ejercite la accin de extincin del contrato de trabajo a instancia del trabajador con fundamento en el artculo 50 del Estatuto de los Trabajadores en aquellos casos en los que se justifique que la conducta empresarial perjudica la dignidad o la integridad fsica o moral de trabajador, pueda comportar una posible vulneracin de sus dems derechos fundamentales o libertades pblicas o posibles consecuencias de tal gravedad que pudieran hacer inexigible la continuidad de la prestacin en su forma anterior, podr acordarse, a instancia del demandante, alguna de las medidas cautelares contempladas en el apartado 4 del artculo 180 de esta Ley con mantenimiento del deber empresarial de cotizar y de abonar los salarios sin perjuicio de lo que pueda resolverse en la sentencia.

CAPTULO II
Del proceso ordinario
Seccin 1. Demanda
Artculo 80. Forma y contenido de la demanda.

1. La demanda se formular por escrito, pudiendo utilizar los formularios y procedimientos facilitados al efecto en la oficina judicial donde deba presentarse, y habr de contener los siguientes requisitos generales:

a) La designacin del rgano ante quien se presente, as como la expresin de la modalidad procesal a travs de la cual entienda que deba enjuiciarse su pretensin.

b) La designacin del demandante, en los trminos del artculo 16 de esta Ley, con expresin del nmero del documento nacional de identidad o del nmero y tipo de documento de identificacin de los ciudadanos extranjeros, y de aquellos otros interesados que deban ser llamados al proceso y sus domicilios, indicando el nombre y apellidos de las personas fsicas y la denominacin social de las personas jurdicas. Si la demanda se dirigiese contra una masa patrimonial, patrimonio separado, entidad o grupo carente de personalidad, adems de identificarlos suficientemente, habr de hacerse constar el nombre y apellidos de quienes aparezcan como administradores, organizadores, directores, gestores, socios o partcipes, y sus domicilios, sin perjuicio de las responsabilidades legales de la masa patrimonial, entidad o grupo y de sus gestores e integrantes.

c) La enumeracin clara y concreta de los hechos sobre los que verse la pretensin y de todos aquellos que, segn la legislacin sustantiva, resulten imprescindibles para resolver las cuestiones planteadas. En ningn caso podrn alegarse hechos distintos de los aducidos en conciliacin o mediacin ni introducirse respecto de la va administrativa previa variaciones sustanciales en los trminos prevenidos en el artculo 72, salvo los hechos nuevos o que no hubieran podido conocerse con anterioridad.

d) La splica correspondiente, en los trminos adecuados al contenido de la pretensin ejercitada.

e) Si el demandante litigase por s mismo, designar un domicilio, de ser posible en la localidad donde resida el juzgado o tribunal, en el que se practicarn todas las diligencias que hayan de entenderse con l. La designacin deber efectuarse con indicacin completa de todos los datos de identificacin del domicilio facilitado, as como nmero de fax, telfono y direccin electrnica si dispone de ellos, para la prctica de toda clase de comunicaciones por dichos medios. Si designa letrado, graduado social colegiado o procurador deber ir suscrita por el profesional, que se entender asume su representacin con plenas facultades procesales y facilitar los mismos datos anteriores, sin perjuicio de la ratificacin posterior en juicio del demandante salvo que con anterioridad otorgue poder en forma, por alguno de los medios admitidos en derecho o que, con posterioridad, se efecte revocacin o renuncia comunicada de forma efectiva.

f) Fecha y firma.

2. De la demanda y documentos que la acompaen se presentarn por el actor tantas copias como demandados y dems interesados en el proceso haya, as como para el Ministerio Fiscal, en los casos en que legalmente deba intervenir, as como de los dems documentos requeridos segn la modalidad procesal aplicable.

3. A la demanda se acompaar la documentacin justificativa de haber intentado la previa conciliacin o mediacin, o de haber transcurrido el plazo exigible para su realizacin sin que se hubiesen celebrado, o del agotamiento de la va administrativa, cuando proceda, o alegacin de no ser necesarias stas, as como los restantes documentos de aportacin preceptiva con la demanda segn la modalidad procesal aplicable.

Artculo 81. Admisin de la demanda.

1. El secretario judicial, dentro de los tres das siguientes a la recepcin de la demanda, dar cuenta al juez o tribunal, si entendiera que concurren los supuestos de falta de jurisdiccin o competencia o, en otro caso, sin perjuicio de los procedimientos de sealamiento inmediato que puedan establecerse, resolver sobre la admisin a trmite de aqulla, con sealamiento de juicio en la forma prevista en el artculo siguiente, o advertir a la parte de los defectos u omisiones en que haya incurrido al redactar la demanda en relacin con los presupuestos procesales necesarios que pudieran impedir la vlida prosecucin y trmino del proceso, as como en relacin con los documentos de preceptiva aportacin con la misma, salvo lo dispuesto en el apartado 3 de este mismo artculo para la conciliacin o mediacin previa, a fin de que los subsane dentro del plazo de cuatro das.

2. Realizada la subsanacin, el secretario judicial dentro de los tres das siguientes admitir la demanda. En otro caso, dar cuenta al juez o tribunal para que por el mismo se resuelva, dentro de los tres das siguientes, sobre su admisibilidad.

3. Si a la demanda no se acompaara certificacin del acto de conciliacin o mediacin previa, o de la papeleta de conciliacin o de la solicitud de mediacin, de no haberse celebrado en plazo legal, el secretario judicial, sin perjuicio de resolver sobre la admisin y proceder al sealamiento, advertir al demandante que ha de acreditar la celebracin o el intento del expresado acto en el plazo de quince das, contados a partir del da siguiente a la recepcin de la notificacin, con apercibimiento de archivo de las actuaciones en caso contrario, quedando sin efecto el sealamiento efectuado.

4. Si la demanda fuera admisible, o una vez subsanada la misma, y en ella se solicitasen diligencias de preparacin de la prueba a practicar en juicio, as como en los casos de solicitud posterior dentro del plazo legal de tales diligencias o de cualquier otra diligencia de anticipacin o aseguramiento de la prueba, se dar cuenta al juez o tribunal para que resuelva lo procedente, dentro de los tres das siguientes, debiendo notificarse la resolucin correspondiente junto con la admisin a tramite de la demanda y la notificacin del sealamiento.

Artculo 82. Sealamiento de los actos de conciliacin y juicio.

1. De ser admitida la demanda, una vez verificada la concurrencia de los requisitos exigidos, en la misma resolucin de admisin a trmite el secretario judicial sealar el da y la hora en que hayan de tener lugar sucesivamente los actos de conciliacin y juicio, debiendo mediar un mnimo de diez das entre la citacin y la efectiva celebracin de dichos actos, salvo en los supuestos en que la Ley disponga otro distinto y en los supuestos de nuevo sealamiento despus de una suspensin.

En el sealamiento de las vistas y juicios el secretario judicial atender a los criterios establecidos en el artculo 182 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y procurar, en la medida de lo posible, sealar en un mismo da los que se refieran a los mismos interesados y no puedan ser acumulados, as como relacionar los sealamientos de los procesos en los que se deba intentar la conciliacin previa por parte del secretario judicial con los exentos de dicho trmite. En especial, las audiencias y vistas que requieran la presencia del representante del Ministerio Fiscal, abogado del Estado, letrados de las Cortes Generales, letrados de la Administracin de la Seguridad Social, de las Comunidades Autnomas o de la Administracin Local, sern agrupadas, sealndose de forma consecutiva.

2. La celebracin de los actos de conciliacin y juicio, el primero ante el secretario judicial y el segundo ante el juez o Magistrado, tendr lugar en nica convocatoria pero en sucesivos actos, debiendo hacerse a este efecto la citacin en forma, con entrega a los demandados, a los interesados y, en su caso, al Ministerio Fiscal, de copia de la demanda y dems documentos; as como requiriendo de la Administracin pblica la remisin del expediente administrativo, cuando proceda, dentro de los diez das siguientes a la notificacin.

3. En las cdulas de citacin se har constar que los actos de conciliacin y juicio no podrn suspenderse por incomparecencia del demandado, as como que los litigantes han de concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que podrn formalizar conciliacin en evitacin del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del sealamiento, as como someter la cuestin a los procedimientos de mediacin que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el artculo 63 de esta Ley, adoptando las medidas oportunas a tal fin, sin que ello d lugar a la suspensin, salvo que de comn acuerdo lo soliciten ambas partes, justificando la sumisin a la mediacin, y por el tiempo mximo establecido en el procedimiento correspondiente, que en todo caso no podr exceder de quince das.

4. De oficio o a peticin de parte, podr requerirse el previo traslado entre las partes o la aportacin anticipada, en soporte preferiblemente informtico, con cinco das de antelacin al acto de juicio, de la prueba documental o pericial que, por su volumen o complejidad, sea conveniente posibilitar su examen previo al momento de la prctica de la prueba.

5. Cuando la representacin y defensa en juicio sea atribuida al abogado del Estado, se le conceder un plazo de veintids das para la consulta a la Abogaca General del Estado–Direccin del Servicio Jurdico del Estado. Cuando la representacin y defensa en juicio sea atribuida al letrado de la Administracin de la Seguridad Social, se le conceder igualmente un plazo de veintids das para la consulta a la Direccin del Servicio Jurdico de la Administracin de la Seguridad Social. Este mismo plazo se entender, respecto de las Comunidades Autnomas, para consulta al organismo que establezca su legislacin propia, as como cuando la representacin y presencia en juicio sea atribuida al letrado de las Cortes Generales. El sealamiento del juicio se har de modo que tenga lugar en fecha posterior al indicado plazo.

Seccin 2. Conciliacin y juicio
Artculo 83. Suspensin de los actos de conciliacin y juicio.

1. Slo a peticin de ambas partes o por motivos justificados, acreditados ante el secretario judicial, podr ste suspender, por una sola vez, los actos de conciliacin y juicio, sealndose nuevamente dentro de los diez das siguientes a la fecha de la suspensin. Excepcionalmente y por circunstancias trascendentes adecuadamente probadas, podr acordarse una segunda suspensin.

En caso de coincidencia de sealamientos, de no ser posible la sustitucin dentro de la misma representacin o defensa, una vez justificados los requisitos del ordinal 6 del apartado 1 del artculo 188 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, previa comunicacin por el solicitante a los dems profesionales siempre que consten sus datos en el procedimiento, se procurar, ante todo, acomodar el sealamiento dentro de la misma fecha y, en su defecto, habilitar nuevo sealamiento, adoptando las medidas necesarias para evitar nuevas coincidencias.

2. Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensin del acto de conciliacin o del juicio, el secretario judicial en el primer caso y el juez o tribunal en el segundo, le tendrn por desistido de su demanda.

3. La incomparecencia injustificada del demandado no impedir la celebracin de los actos de conciliacin y juicio, continuando ste sin necesidad de declarar su rebelda.

Artculo 84. Celebracin del acto de conciliacin.

1. El secretario judicial intentar la conciliacin, llevando a cabo la labor mediadora que le es propia, y advertir a las partes de los derechos y obligaciones que pudieran corresponderles. Si las partes alcanzan la avenencia, dictar decreto aprobndola y acordando, adems, el archivo de las actuaciones. Del mismo modo, corresponder al secretario judicial la aprobacin del acuerdo alcanzado por las partes antes del da sealado para los actos de conciliacin y juicio. La conciliacin y la resolucin aprobatoria, oral o escrita, se documentarn en la propia acta de comparecencia.

La conciliacin alcanzada ante el secretario judicial y los acuerdos logrados entre las partes aprobados por aqul tendrn, a todos los efectos legales, la consideracin de conciliacin judicial.

2. Si el secretario judicial estimare que lo convenido es constitutivo de lesin grave para alguna de las partes o para terceros, de fraude de ley o de abuso de derecho o contrario al inters pblico, no aprobar el acuerdo, advirtiendo a las partes que deben comparecer a presencia judicial para la celebracin del acto del juicio.

3. En caso de no haber avenencia ante el secretario judicial y procederse a la celebracin del juicio, la aprobacin del acuerdo conciliatorio que, en su caso, alcanzasen las partes en dicho momento corresponder al juez o tribunal ante el que se hubiere obtenido mediante resolucin oral o escrita documentada en el propio acuerdo. Slo cabr nueva intervencin del secretario judicial aprobando un acuerdo entre las partes si el acto del juicio se llegase a suspender por cualquier causa.

4. Del acto de conciliacin se extender la correspondiente acta.

5. La conciliacin y los acuerdos entre las partes aprobados por el secretario judicial o, en su caso, por el juez o tribunal se llevarn a efecto por los trmites de la ejecucin de sentencias.

6. La accin para impugnar la validez de la conciliacin se ejercitar ante el mismo juzgado o tribunal al que hubiera correspondido la demanda, por los trmites y con los recursos establecidos en esta Ley. La accin caducar a los treinta das de la fecha de su celebracin. Para los terceros perjudicados el plazo contar desde que pudieran haber conocido el acuerdo. Las partes podrn ejercitar la accin de nulidad por las causas que invalidan los contratos y la impugnacin por los posibles terceros perjudicados podr fundamentarse en ilegalidad o lesividad.

Artculo 85. Celebracin del juicio.

1. Si no hubiera avenencia en conciliacin, se pasar seguidamente a juicio y se dar cuenta de lo actuado.

Con carcter previo se resolver, motivadamente, en forma oral y odas las partes, sobre las cuestiones previas que se puedan formular en ese acto, as como sobre los recursos u otras incidencias pendientes de resolucin, sin perjuicio de la ulterior sucinta fundamentacin en la sentencia, cuando proceda. Igualmente sern odas las partes y, en su caso, se resolver, motivadamente y en forma oral, lo procedente sobre las cuestiones que el juez o tribunal pueda plantear en ese momento sobre su competencia, los presupuestos de la demanda o el alcance y lmites de la pretensin formulada, respetando las garantas procesales de las partes y sin prejuzgar el fondo del asunto.

A continuacin, el demandante ratificar o ampliar su demanda, aunque en ningn caso podr hacer en ella variacin sustancial.

2. El demandado contestar afirmando o negando concretamente los hechos de la demanda, y alegando cuantas excepciones estime procedentes.

3. nicamente podr formular reconvencin cuando la hubiese anunciado en la conciliacin previa al proceso o en la contestacin a la reclamacin previa o resolucin que agote la va administrativa, y hubiese expresado en esencia los hechos en que se funda y la peticin en que se concreta. No se admitir la reconvencin, si el rgano judicial no es competente, si la accin que se ejercita ha de ventilarse en modalidad procesal distinta y la accin no fuera acumulable, y cuando no exista conexin entre sus pretensiones y las que sean objeto de la demanda principal.

No ser necesaria reconvencin para alegar compensacin de deudas, siempre que sean vencidas y exigibles y no se formule pretensin de condena reconvencional, y en general cuando el demandado esgrima una pretensin que tienda exclusivamente a ser absuelto de la pretensin o pretensiones objeto de la demanda principal, siendo suficiente que se alegue en la contestacin a la demanda. Si la obligacin precisa de determinacin judicial por no ser lquida con antelacin al juicio, ser necesario expresar concretamente los hechos que fundamenten la excepcin y la forma de liquidacin de la deuda, as como haber anunciado la misma en la conciliacin o mediacin previas, o en la reclamacin o resolucin que agoten la va administrativa. Formulada la reconvencin, se dar traslado a las dems partes para su contestacin en los trminos establecidos para la demanda. El mismo trmite de traslado se acordar para dar respuesta a las excepciones procesales, caso de ser alegadas.

4. Las partes harn uso de la palabra cuantas veces el juez o tribunal lo estime necesario.

5. Asimismo, en este acto, las partes podrn alegar cuanto estimen conveniente a efectos de lo dispuesto en la letra b) del apartado 3 del artculo 191, ofreciendo, para el momento procesal oportuno, los elementos de juicio necesarios para fundamentar sus alegaciones. No ser preciso aportar prueba sobre esta concreta cuestin cuando el hecho de que el proceso afecta a muchos trabajadores o beneficiarios sea notorio por su propia naturaleza.

6. Si no se suscitasen cuestiones procesales o si, suscitadas, se hubieran contestado, las partes o sus defensores con el tribunal fijarn los hechos sobre los que exista conformidad o disconformidad de los litigantes, consignndose en caso necesario en el acta o, en su caso, por diligencia, sucinta referencia a aquellos extremos esenciales conformes, a efectos de ulterior recurso. Igualmente podrn facilitar las partes unas notas breves de clculo o resumen de datos numricos.

7. En caso de allanamiento total o parcial ser aprobado por el rgano jurisdiccional, odas las dems partes, de no incurrir en renuncia prohibida de derechos, fraude de ley o perjuicio a terceros, o ser contrario al inters pblico, mediante resolucin que podr dictarse en forma oral. Si el allanamiento fuese total se dictar sentencia condenatoria de acuerdo con las pretensiones del actor. Cuando el allanamiento sea parcial, podr dictarse auto aprobatorio, que podr llevarse a efecto por los trmites de la ejecucin definitiva parcial, siempre que por la naturaleza de las pretensiones objeto de allanamiento, sea posible un pronunciamiento separado que no prejuzgue las restantes cuestiones no allanadas, respecto de las cuales continuar el acto de juicio.

8. El juez o tribunal, una vez practicada la prueba y antes de las conclusiones, salvo que exista oposicin de alguna de las partes, podr suscitar la posibilidad de llegar a un acuerdo y de no alcanzarse el mismo en ese momento proseguir la celebracin del juicio.

Artculo 86. Prejudicialidad penal y social.

1. En ningn caso se suspender el procedimiento por seguirse causa criminal sobre los hechos debatidos.

2. En el supuesto de que fuese alegada por una de las partes la falsedad de un documento que pueda ser de notoria influencia en el pleito, porque no pueda prescindirse de la resolucin de la causa criminal para la debida decisin o condicione directamente el contenido de sta, continuar el acto de juicio hasta el final, y en el caso de que el juez o tribunal considere que el documento pudiera ser decisivo para resolver sobre el fondo del asunto, acordar la suspensin de las actuaciones posteriores y conceder un plazo de ocho das al interesado para que aporte el documento que acredite haber presentado la querella. La suspensin durar hasta que se dicte sentencia o auto de sobreseimiento en la causa criminal, hecho que deber ser puesto en conocimiento del juez o tribunal por cualquiera de las partes.

3. Si cualquier otra cuestin prejudicial penal diera lugar a sentencia absolutoria por inexistencia del hecho o por no haber participado el sujeto en el mismo, quedar abierta contra la sentencia dictada por el juez o Sala de lo Social la va de la revisin regulada en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

4. La tramitacin de otro procedimiento ante el orden social no dar lugar a la suspensin del proceso salvo en los supuestos previstos en la presente Ley, sin perjuicio de los efectos propios de la litispendencia cuando se aprecie la concurrencia de dicha situacin procesal. No obstante, a solicitud de ambas partes, podr suspenderse el procedimiento hasta que recaiga resolucin firme en otro procedimiento distinto, cuando en ste deba resolverse la que constituya objeto principal del primer proceso.

Artculo 87. Prctica de la prueba en el acto de juicio.

1. Se admitirn las pruebas que se formulen y puedan practicarse en el acto, respecto de los hechos sobre los que no hubiere conformidad salvo en los casos en que la materia objeto del proceso est fuera del poder de disposicin de los litigantes, siempre que aqullas sean tiles y directamente pertinentes a lo que sea el objeto del juicio y a las alegaciones o motivos de oposicin previamente formulados por las partes en el trmite de ratificacin o de contestacin de la demanda. Podrn admitirse tambin aquellas que requieran la traslacin del juez o tribunal fuera del local de la audiencia, si se estimasen imprescindibles. En este caso, se suspender el juicio por el tiempo estrictamente necesario.

2. El juez o tribunal resolver sobre la pertinencia de las pruebas propuestas y determinar la naturaleza y clase de medio de prueba de cada una de ellas segn lo previsto en el artculo 299 del la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la presente Ley. Asimismo resolver sobre las posibles diligencias complementarias o de adveracin de las pruebas admitidas y sobre las preguntas que puedan formular las partes.

La parte proponente podr hacer constar su protesta en el acto contra la inadmisin de cualquier medio de prueba, diligencia o pregunta, consignndose en el acta la pregunta o la prueba solicitada, la resolucin denegatoria, la fundamentacin razonada de la denegacin y la protesta, todo a efectos del correspondiente recurso contra la sentencia.

Una vez comenzada la prctica de una prueba admitida, si renunciase a ella la parte que la propuso, podr el rgano judicial, sin ulterior recurso, acordar que contine.

3. El rgano judicial podr hacer, tanto a las partes como a los peritos y testigos, las preguntas que estime necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Los litigantes y los defensores podrn ejercitar el mismo derecho.

El juez o tribunal, sin apartarse de las pretensiones y causa de pedir que expresen las partes en la demanda y contestacin, podr someter a las partes para alegaciones durante el juicio cuantas cuestiones deban ser resueltas de oficio o resulten de la fundamentacin jurdica aplicable, aun cuando hubiera sido alegada de modo incompleto o incorrecto. Igualmente podr solicitar alegaciones sobre los posibles pronunciamientos derivados que por mandato legal, o por conexin o consecuencia, resulten necesariamente de las pretensiones formuladas por las partes. Si el acto de juicio hubiere quedado concluso, la audiencia a este respecto se sustanciar por el plazo comn de tres das, mediante alegaciones escritas y preferiblemente por medio informtico o telemtico, siguindose el trmite del apartado 6 de este mismo artculo.

4. Practicada la prueba, las partes o sus defensores o representantes, en su caso, formularn oralmente sus conclusiones de un modo concreto y preciso, determinando en virtud del resultado de la prueba, de manera lquida y sin alterar los puntos fundamentales y los motivos de pedir invocados en la demanda o en la reconvencin, si la hubiere, las cantidades que, por cualquier concepto, sean objeto de peticin de condena principal o subsidiaria; o bien, en su caso, formularn la solicitud concreta y precisa de las medidas con que puede ser satisfecha la pretensin ejercitada. Si las partes no lo hicieran en este trmite, el juez o tribunal deber requerirles para que lo hagan, sin que en ningn caso pueda reservarse tal determinacin para la ejecucin de sentencia.

5. Si el rgano judicial no se considerase suficientemente ilustrado sobre las cuestiones de cualquier gnero objeto del debate, conceder a ambas partes el tiempo que crea conveniente, para que informen o den explicaciones sobre los particulares que les designe.

6. Si las pruebas documentales o periciales practicadas resultasen de extraordinario volumen o complejidad, el juez o tribunal podr conceder a las partes la posibilidad de efectuar sucintas conclusiones complementarias, por escrito y preferiblemente por medios telemticos, sobre los particulares que indique, en relacin exclusiva con dichos elementos de prueba, dentro de los tres das siguientes, justificando haber efectuado previa remisin a las dems partes comparecidas por los mismos medios. Durante el referido perodo, los documentos o pericias estarn a disposicin de las partes en la oficina judicial y una vez transcurrido, hyanse presentado o no alegaciones, se iniciar el plazo para dictar sentencia.

Artculo 88. Diligencias finales.

1. Terminado el juicio, dentro del plazo para dictar sentencia, el juez o tribunal podr acordar la prctica de cuantas pruebas estime necesarias, como diligencias finales, con intervencin de las partes y en la forma establecida para las pruebas de su clase. En la misma providencia se fijar el plazo dentro del cual haya de practicarse la prueba, que no exceder de veinte das, o se sealar comparecencia para la prctica de la misma y valoracin por las partes del resultado. De no haber sealado comparecencia, el resultado de la diligencia final se pondr de manifiesto durante tres das a las partes en la oficina judicial para alegaciones sobre su alcance e importancia, salvo que pueda darse traslado por va telemtica a los mismos fines y por igual plazo.

2. Transcurrido el plazo inicial de prctica sin haberse podido llevar a efecto, el rgano judicial dictar un nuevo provedo, fijando nuevo plazo no superior a diez das para la ejecucin del acuerdo y librando las comunicaciones oportunas. Si dentro de ste tampoco se hubiera podido practicar la prueba, el juez o tribunal, previa audiencia de las partes, acordar que los autos queden definitivamente conclusos para sentencia.

3. Si la diligencia consistiere en el interrogatorio de parte o en la aportacin de algn documento por alguna de las partes y sta no compareciese o no lo presentase sin causa justificada en el plazo fijado, podrn estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en relacin con la prueba acordada.

Artculo 89. Documentacin del acto de juicio.

1. El desarrollo de las sesiones del juicio oral se registrar en soporte apto para la grabacin y reproduccin del sonido y de la imagen. El secretario judicial deber custodiar el documento electrnico que sirva de soporte a la grabacin. Las partes podrn pedir, a su costa, copia de las grabaciones originales.

2. Siempre que se cuente con los medios tecnolgicos necesarios, el secretario judicial garantizar la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido mediante la utilizacin de la firma electrnica reconocida u otro sistema de seguridad que conforme a la ley ofrezca tales garantas. En este caso, la celebracin del acto no requerir la presencia en la sala del secretario judicial salvo que lo hubieran solicitado las partes, al menos dos das antes de la celebracin de la vista, o que excepcionalmente lo considere necesario el secretario judicial, atendiendo a la complejidad del asunto, al nmero y naturaleza de las pruebas a practicar, al nmero de intervinientes, a la posibilidad de que se produzcan incidencias que no pudieran registrarse, o a la concurrencia de otras circunstancias igualmente excepcionales que lo justifiquen, supuesto en el cual el secretario judicial extender acta sucinta en los trminos previstos en el apartado siguiente.

3. Si los mecanismos de garanta previstos en el apartado anterior no se pudiesen utilizar, el secretario judicial deber consignar en el acta, al menos, los siguientes datos: lugar y fecha de celebracin, juez o tribunal que preside el acto, peticiones y propuestas de las partes, medios de prueba propuestos por ellas, declaracin de su pertinencia o impertinencia, resoluciones que adopte el juez o tribunal, as como las circunstancias e incidencias que no pudieran constar en aquel soporte.

4. Cuando los medios de registro previstos en este artculo no se pudiesen utilizar por cualquier causa, el secretario judicial extender acta de cada sesin, en la que se har constar:

a) Lugar, fecha, juez o tribunal que preside el acto, partes comparecientes, representantes y defensores que les asisten.

b) Breve resumen de las alegaciones de las partes, medios de prueba propuestos por ellas, declaracin expresa de su pertinencia o impertinencia, razones de la negacin y protesta, en su caso.

c) En cuanto a las pruebas admitidas y practicadas:

1. Resumen suficiente de las de interrogatorio de parte y de testigos.

2. Relacin circunstanciada de los documentos presentados, o datos suficientes que permitan identificarlos, en el caso de que su excesivo nmero haga desaconsejable la citada relacin.

3. Relacin de las incidencias planteadas en el juicio respecto a la prueba documental.

4. Resumen suficiente de los informes periciales, as como tambin de la resolucin del juez o tribunal en torno a las recusaciones propuestas de los peritos.

5. Resumen de las declaraciones de los asesores, en el caso de que el dictamen de stos no haya sido elaborado por escrito e incorporado a los autos.

d) Conclusiones y peticiones concretas formuladas por las partes; en caso de que fueran de condena a cantidad, debern expresarse en el acta las cantidades que fueran objeto de ella.

e) Declaracin hecha por el juez o tribunal de conclusin de los autos, mandando traerlos a la vista para sentencia.

5. El acta prevista en los apartados 3 y 4 de este artculo se extender por procedimientos informticos, sin que pueda ser manuscrita ms que en las ocasiones en que la sala o el lugar en que se est celebrando la actuacin carecieran de medios informticos. El secretario judicial resolver, sin ulterior recurso, cualquier observacin que se hiciera sobre el contenido del acta. El acta ser firmada por el juez o tribunal en unin de las partes o de sus representantes o defensores y de los peritos, haciendo constar si alguno de ellos no firma por no poder, no querer hacerlo o no estar presente, firmndola por ltimo el secretario.

6. Del acta del juicio deber entregarse copia a quienes hayan sido partes en el proceso, si lo solicitaren.

7. La acreditacin de la identidad de las partes y de su representacin procesal se efectuar ante el secretario judicial en la comparecencia de conciliacin, o de no ser preceptiva la misma, mediante diligencia.

Seccin 3. De las pruebas
Artculo 90. Admisibilidad de los medios de prueba.

1. Las partes, previa justificacin de la utilidad y pertinencia de las diligencias propuestas, podrn servirse de cuantos medios de prueba se encuentren regulados en la Ley para acreditar los hechos controvertidos o necesitados de prueba, incluidos los procedimientos de reproduccin de la palabra, de la imagen y del sonido o de archivo y reproduccin de datos, que debern ser aportados por medio de soporte adecuado y poniendo a disposicin del rgano jurisdiccional los medios necesarios para su reproduccin y posterior constancia en autos.

2. No se admitirn pruebas que tuvieran su origen o que se hubieran obtenido, directa o indirectamente, mediante procedimientos que supongan violacin de derechos fundamentales o libertades pblicas. Esta cuestin podr ser suscitada por cualquiera de las partes o de oficio por el tribunal en el momento de la proposicin de la prueba, salvo que se pusiese de manifiesto durante la prctica de la prueba una vez admitida. A tal efecto, se oir a las partes y, en su caso, se practicarn las diligencias que se puedan practicar en el acto sobre este concreto extremo, recurriendo a diligencias finales solamente cuando sea estrictamente imprescindible y la cuestin aparezca suficientemente fundada. Contra la resolucin que se dicte sobre la pertinencia de la prctica de la prueba y en su caso de la unin a los autos de su resultado o del elemento material que incorpore la misma, slo cabr recurso de reposicin, que se interpondr, se dar traslado a las dems partes y se resolver oralmente en el mismo acto del juicio o comparecencia, quedando a salvo el derecho de las partes a reproducir la impugnacin de la prueba ilcita en el recurso que, en su caso, procediera contra la sentencia.

3. Podrn asimismo solicitar, al menos con cinco das de antelacin a la fecha del juicio, aquellas pruebas que, habiendo de practicarse en el mismo, requieran diligencias de citacin o requerimiento, salvo cuando el sealamiento se deba efectuar con antelacin menor, en cuyo caso el plazo ser de tres das.

4. Cuando sea necesario a los fines del proceso el acceso a documentos o archivos, en cualquier tipo de soporte, que pueda afectar a la intimidad personal u otro derecho fundamental, el juez o tribunal, siempre que no existan medios de prueba alternativos, podr autorizar dicha actuacin, mediante auto, previa ponderacin de los intereses afectados a travs de juicio de proporcionalidad y con el mnimo sacrificio, determinando las condiciones de acceso, garantas de conservacin y aportacin al proceso, obtencin y entrega de copias e intervencin de las partes o de sus representantes y expertos, en su caso.

5. Igualmente, de no mediar consentimiento del afectado, podrn adoptarse las medidas de garanta oportunas cuando la emisin de un dictamen pericial mdico o psicolgico requiera el sometimiento a reconocimientos clnicos, obtencin de muestras o recogida de datos personales relevantes, bajo reserva de confidencialidad y exclusiva utilizacin procesal, pudiendo acompaarse el interesado de especialista de su eleccin y facilitndole copia del resultado.

No ser necesaria autorizacin judicial si la actuacin viniera exigida por las normas de prevencin de riesgos laborales, por la gestin o colaboracin en la gestin de la Seguridad Social, por la especfica normativa profesional aplicable o por norma legal o convencional aplicable en la materia.

6. Si como resultado de las medidas anteriores se obtuvieran datos innecesarios, ajenos a los fines del proceso o que pudieran afectar de manera injustificada o desproporcionada a derechos fundamentales o a libertades pblicas, se resolver lo necesario para preservar y garantizar adecuada y suficientemente los intereses y derechos que pudieran resultar afectados.

7. En caso de negativa injustificada de la persona afectada a la realizacin de las actuaciones acordadas por el rgano jurisdiccional, la parte interesada podr solicitar la adopcin de las medidas que fueran procedentes, pudiendo igualmente valorarse en la sentencia dicha conducta para tener por probados los hechos que se pretenda acreditar a travs de la prctica de dichas pruebas, as como a efectos de apreciar temeridad o mala fe procesal.

Artculo 91. Interrogatorio de las partes.

1. Las preguntas para la prueba de interrogatorio de parte se propondrn verbalmente, sin admisin de pliegos.

2. Si el llamado al interrogatorio no compareciese sin justa causa a la primera citacin, rehusase declarar o persistiese en no responder afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se le haya hecho, podrn considerarse reconocidos como ciertos en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijacin como ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte.

3. El interrogatorio de las personas jurdicas privadas se practicar con quien legalmente las represente y tenga facultades para responder a tal interrogatorio. Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deber aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la parte interesada podr proponer la persona que deba someterse al interrogatorio justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.

4. En caso de que el interrogatorio de personas fsicas no se refiera a hechos personales, se admitir que sea respondido en todo o en parte por un tercero que conozca personalmente los hechos, siempre que el tercero se encuentre a disposicin del juez o tribunal en ese momento, si la parte as lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaracin.

5. La declaracin de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos en nombre del empresario, cuando sea persona jurdica privada, bajo la responsabilidad de ste, como administradores, gerentes o directivos, solamente podr acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitucin o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en funcin de la naturaleza de su intervencin en los hechos y posicin dentro de la estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar indefensin, el juez o tribunal acuerde su declaracin como testigos. Las referidas prevenciones debern advertirse expresamente al efectuar la citacin para el interrogatorio en juicio.

6. En los supuestos de interrogatorio a Administraciones o entidades pblicas se estar a lo dispuesto en el artculo 315 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Artculo 92. Interrogatorio de testigos.

1. No se admitirn escritos de preguntas y repreguntas para la prueba de interrogatorio de testigos. Cuando el nmero de testigos fuese excesivo y, a criterio del rgano judicial, sus manifestaciones pudieran constituir intil reiteracin del testimonio sobre hechos suficientemente esclarecidos, aqul podr limitarlos discrecionalmente.

2. Los testigos no podrn ser tachados, y nicamente en conclusiones, las partes podrn hacer las observaciones que sean oportunas respecto de sus circunstancias personales y de la veracidad de sus manifestaciones.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la declaracin como testigos de personas vinculadas al empresario, trabajador o beneficiario, por relacin de parentesco o anloga relacin de afectividad, o con posible inters real en la defensa de decisiones empresariales en las que hayan participado o por poder tener procedimientos anlogos contra el mismo empresario o contra trabajadores en igual situacin, solamente podr proponerse cuando su testimonio tenga utilidad directa y presencial y no se disponga de otros medios de prueba, con la advertencia a los mismos, en todo caso, de que dichas circunstancias no sern impedimento para las responsabilidades que de su declaracin pudieren derivarse.

Artculo 93. Prueba pericial.

1. La prctica de la prueba pericial se llevar a cabo en el acto del juicio, presentando los peritos su informe y ratificndolo. No ser necesaria ratificacin de los informes, de las actuaciones obrantes en expedientes y dems documentacin administrativa cuya aportacin sea preceptiva segn la modalidad procesal de que se trate.

2. El rgano judicial, de oficio o a peticin de parte, podr requerir la intervencin de un mdico forense, en los casos en que sea necesario su informe en funcin de las circunstancias particulares del caso, de la especialidad requerida y de la necesidad de su intervencin, a la vista de los reconocimientos e informes que constaren previamente en las actuaciones.

Artculo 94. Prueba documental.

1. De la prueba documental aportada, que deber estar adecuadamente presentada, ordenada y numerada, se dar traslado a las partes en el acto del juicio, para su examen.

2. Los documentos y otros medios de obtener certeza sobre hechos relevantes que se encuentren en poder de las partes debern aportarse al proceso si hubieran sido propuestos como medio de prueba por la parte contraria y admitida sta por el juez o tribunal o cuando ste haya requerido su aportacin. Si no se presentaren sin causa justificada, podrn estimarse probadas las alegaciones hechas por la contraria en relacin con la prueba acordada.

Artculo 95. Informes de expertos.

1. Podr el juez o tribunal, si lo estima procedente, or el dictamen de una o varias personas expertas en la cuestin objeto del pleito, en el momento del acto del juicio o, terminado ste, como diligencia final.

2. Cuando en un proceso se discuta sobre la interpretacin de un convenio colectivo, el rgano judicial podr or o recabar informe de la comisin paritaria del mismo.

3. Cuando en el proceso se haya suscitado una cuestin de discriminacin por razn de sexo, orientacin sexual, origen racial o tnico, religin o convicciones, discapacidad, edad o acoso, el juez o tribunal podr recabar el dictamen de los organismos pblicos competentes.

4. En procesos derivados de accidente de trabajo y enfermedad profesional, el rgano judicial, si lo estima procedente, podr recabar informe de la Inspeccin de Trabajo y Seguridad Social y de los organismos pblicos competentes en materia de prevencin y salud laboral, as como de las entidades e instituciones legalmente habilitadas al efecto.

5. Cuando, sobre hechos relevantes para el proceso, sea pertinente que informen personas jurdicas y entidades pblicas en cuanto tales, por referirse esos hechos a su actividad, sin que quepa o sea necesario individualizar en personas fsicas determinadas el conocimiento de lo que para el proceso interese, la parte a quien convenga esta prueba podr proponer que la persona jurdica o entidad, a requerimiento del tribunal, responda por escrito sobre los hechos en los diez das anteriores al juicio. Dicho informe se presentar hasta el momento del acto del juicio, sin previo traslado a las partes y sin perjuicio de que pueda acordarse como diligencia final su ampliacin.

Artculo 96. Carga de la prueba en casos de discriminacin y en accidentes de trabajo.

1. En aquellos procesos en que de las alegaciones de la parte actora se deduzca la existencia de indicios fundados de discriminacin por razn de sexo, orientacin o identidad sexual, origen racial o tnico, religin o convicciones, discapacidad, edad, acoso y en cualquier otro supuesto de vulneracin de un derecho fundamental o libertad pblica, corresponder al demandado la aportacin de una justificacin objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

2. En los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales corresponder a los deudores de seguridad y a los concurrentes en la produccin del resultado lesivo probar la adopcin de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, as como cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad. No podr apreciarse como elemento exonerador de la responsabilidad la culpa no temeraria del trabajador ni la que responda al ejercicio habitual del trabajo o a la confianza que ste inspira.

Seccin 4. Sentencia
Artculo 97. Forma de la sentencia.

1. El juez o tribunal dictar sentencia en el plazo de cinco das, publicndose inmediatamente y notificndose a las partes o a sus representantes dentro de los dos das siguientes.

2. La sentencia deber expresar, dentro de los antecedentes de hecho, resumen suficiente de los que hayan sido objeto de debate en el proceso. Asimismo, y apreciando los elementos de conviccin, declarar expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusin, en particular cuando no recoja entre los mismos las afirmaciones de hechos consignados en documento pblico aportado al proceso respaldados por presuncin legal de certeza. Por ltimo, deber fundamentar suficientemente los pronunciamientos del fallo.

3. La sentencia, motivadamente, podr imponer al litigante que obr de mala fe o con temeridad, as como al que no acudi al acto de conciliacin injustificadamente, una sancin pecuniaria dentro de los lmites que se fijan en el apartado 4 del artculo 75. En tales casos, y cuando el condenado fuera el empresario, deber abonar tambin los honorarios de los abogados y graduados sociales de la parte contraria que hubieren intervenido, hasta el lmite de seiscientos euros.

La imposicin de las anteriores medidas se efectuar a solicitud de parte o de oficio, previa audiencia en el acto de la vista de las partes personadas. De considerarse de oficio la posibilidad de dicho pronunciamiento una vez concluido el acto de juicio, se conceder a las partes un trmino de dos das para que puedan formular alegaciones escritas. En el caso de incomparecencia a los actos de conciliacin o de mediacin, incluida la conciliacin ante el secretario judicial, sin causa justificada, se aplicarn por el juez o tribunal las medidas previstas en el apartado 3 del artculo 66.

4. En el texto de la sentencia se indicar si la misma es o no firme y, en su caso, los recursos que procedan, el rgano ante el que deben interponerse y el plazo y los requisitos para ello, as como los depsitos y las consignaciones que sean necesarios y la forma de efectuarlos.

Artculo 98. Principio de inmediacin.

1. Si el juez que presidi el acto del juicio no pudiese dictar sentencia, deber celebrarse ste nuevamente.

2. En cuanto a las Salas de lo Social se estar a lo dispuesto en la Ley Orgnica del Poder Judicial.

Artculo 99. Prohibicin de reservas de liquidacin.

En las sentencias en que se condene al abono de una cantidad, el juez o tribunal la determinar expresamente, sin que en ningn caso pueda reservarse tal determinacin para la ejecucin.

No obstante cuando se reclamen prestaciones o cantidades peridicas, la sentencia podr incluir la condena a satisfacer esas cantidades que se devenguen con posterioridad al momento en que se dicte.

Artculo 100. Salarios por asistencia a actos procesales.

El empresario vendr obligado a abonar al demandante que personalmente hubiese comparecido, el importe de los salarios correspondientes al tiempo necesario para la asistencia a los actos de conciliacin y juicio y a cualquier comparecencia judicial, as como a la conciliacin o mediacin previa en su caso, salvo cuando fuera preceptivo otorgar representacin conforme al artculo 19 de esta Ley y no fuere requerido de asistencia personal, o cuando se haya declarado que obr de mala fe o con temeridad.

Seccin 5. Proceso monitorio
Artculo 101. Proceso monitorio.

En reclamaciones frente a empresarios que no se encuentren en situacin de concurso, referidas a cantidades vencidas, exigibles y de cuanta determinada, derivadas de su relacin laboral, excluyendo las reclamaciones de carcter colectivo que se pudieran formular por la representacin de los trabajadores, as como las que se interpongan contra las Entidades gestoras o colaboradoras de la Seguridad Social, que no excedan de seis mil euros, cuando conste la posibilidad de su notificacin por los procedimientos previstos en los artculos 56 y 57 de esta Ley, el trabajador podr formular su pretensin en la forma siguiente:

a) El proceso monitorio comenzar por peticin inicial en la que se expresarn la identidad completa y precisa del empresario deudor, datos de identificacin fiscal, domicilio completo y dems datos de localizacin, y en su caso de comunicacin, por medios informticos y telefnicos, tanto del demandante como del demandado, as como el detalle y desglose de los concretos conceptos, cuantas y perodos reclamados. Deber acompaarse copia del contrato, recibos de salarios, comunicacin empresarial o reconocimiento de deuda, certificado o documento de cotizacin o informe de vida laboral, u otros documentos anlogos de los que resulte un principio de prueba de la relacin laboral y de la cuanta de la deuda, as como documentacin justificativa de haber intentado la previa conciliacin o mediacin cuando stas sean exigibles. La solicitud se presentar, preferentemente, por medios informticos, de disponerse de ellos, pudiendo extenderse en el modelo o formulario que se facilite al efecto.

b) El secretario judicial proceder a la comprobacin de los requisitos anteriores, completando, en su caso, los indicados en la solicitud con otros domicilios, datos de identificacin o que afecten a la situacin empresarial, utilizando a tal fin los medios de que disponga el juzgado, y conceder trmite de subsanacin por cuatro das de cualquier defecto que apreciare, salvo que sean insubsanables. En caso de apreciar defectos insubsanables, o de no subsanarse en plazo los apreciados, dar cuenta al juez para que resuelva sobre la admisin o inadmisin de la peticin.

De ser admisible la peticin, requerir al empresario para que, en el plazo de diez das, pague al trabajador, acreditndolo ante el juzgado, o comparezca ante ste y alegue sucintamente, en escrito de oposicin, las razones por las que a su entender, no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada, con apercibimiento de que de no pagar la cantidad reclamada ni comparecer alegando las razones de la negativa al pago, se despachar ejecucin contra l. Este requerimiento no podr practicarse mediante edictos.

Del requerimiento se dar traslado por igual plazo al Fondo de Garanta Salarial, plazo que se ampliar respecto del mismo por otros diez das ms, si manifestase que necesita efectuar averiguaciones sobre los hechos de la solicitud, en especial sobre la solvencia empresarial.

c) Transcurrido el plazo conferido en el requerimiento, de haberse abonado o consignado el total importe se archivar el proceso, previa entrega de la cantidad al solicitante.

De no haber mediado en dicho plazo oposicin, por escrito y en forma motivada, del empresario o del Fondo de Garanta Salarial, el secretario judicial dictar decreto dando por terminado el proceso monitorio y dar traslado al demandante para que inste el despacho de ejecucin, bastando para ello con la mera solicitud. Desde la fecha de este decreto se devengar el inters procesal del apartado 2 del artculo 251 de esta Ley. Contra el auto de despacho de la ejecucin, conteniendo la orden general de ejecucin, proceder oposicin segn lo previsto en el apartado 4 del artculo 239 de esta Ley y pudiendo alegarse a tal efecto la falta de notificacin del requerimiento. Contra el auto resolutorio de la oposicin no proceder recuso de suplicacin.

d) En caso de insolvencia o concurso posteriores, el auto de despacho de la ejecucin servir de ttulo bastante, a los fines de la garanta salarial que proceda segn la naturaleza originaria de la deuda; si bien no tendr eficacia de cosa juzgada, aunque excluir litigio ulterior entre empresario y trabajador con idntico objeto y sin perjuicio de la determinacin de la naturaleza salarial o indemnizatoria de la deuda y dems requisitos en el expediente administrativo oportuno frente a la institucin de garanta, en su caso.

e) Si se formulase oposicin en el plazo y la forma expresada en la letra b) anterior, se dar traslado a la parte actora, que podr, en los cuatro das siguientes, presentar, ante el Juzgado de lo Social, demanda en la forma prevenida en este mismo artculo, en cuyo caso se proceder seguidamente al sealamiento ulterior de los actos de conciliacin y juicio en la forma ordinariamente prevista, sobreseyendo en caso contrario las actuaciones.

f) Si no hubiera sido posible notificar en la forma exigida el requerimiento de pago se proceder a dar traslado al actor para que presente demanda en el mismo plazo, si a su derecho interesare, siguindose el mismo trmite anterior.

g) Si se formulase oposicin slo en cuanto a parte de la cantidad reclamada, el demandante podr solicitar del juzgado que se dicte auto acogiendo la reclamacin en cuanto a las cantidades reconocidas o no impugnadas. Este auto servir de ttulo de ejecucin, que el demandante podr solicitar mediante simple escrito sin necesidad de esperar a la resolucin que recaiga respecto de las cantidades controvertidas.

TTULO II
De las modalidades procesales
CAPTULO I
Disposicin general
Artculo 102. Modalidades procesales.

1. En todo lo que no est expresamente previsto en el presente Ttulo, regirn las disposiciones establecidas para el proceso ordinario.

2. Se dar al procedimiento la tramitacin que resulte conforme a la modalidad procesal expresada en la demanda. No obstante, si en cualquier momento desde la presentacin de la demanda se advirtiere la inadecuacin del procedimiento seguido, se proceder a dar al asunto la tramitacin que corresponda a la naturaleza de las pretensiones ejercitadas, sin vinculacin necesaria a la modalidad elegida por las partes y completando, en su caso, los trmites que fueren procedentes segn la modalidad procesal adecuada, con aplicacin del rgimen de recursos que corresponda a la misma. No proceder el sobreseimiento del proceso o la absolucin en la instancia por inadecuacin de la modalidad procesal, salvo cuando no sea posible completar la tramitacin seguida hasta ese momento o cuando la parte actora persista en la modalidad procesal inadecuada.

3. Las acciones del trabajador autnomo econmicamente dependiente cuyo conocimiento corresponda al orden social se ejercitarn a travs del proceso ordinario o de la modalidad procesal adecuada a la naturaleza de las pretensiones formuladas, dentro del plazo de prescripcin o de caducidad previsto en su caso para la misma o que resulte de la modalidad procesal aplicable, y en su defecto, regir el plazo de prescripcin de un ao desde que pudieran ser ejercitadas.

CAPTULO II
De los despidos y sanciones
Seccin 1. Despido disciplinario
Artculo 103. Presentacin de la demanda por despido.

1. El trabajador podr reclamar contra el despido, dentro de los veinte das hbiles siguientes a aqul en que se hubiera producido. Dicho plazo ser de caducidad a todos los efectos y no se computarn los sbados, domingos y los festivos en la sede del rgano jurisdiccional.

2. Si se promoviese papeleta de conciliacin o solicitud de mediacin, reclamacin previa o demanda por despido contra una persona a la que errneamente se hubiere atribuido la cualidad de empresario, y se acreditase con posterioridad, sea en el juicio o en otro momento anterior del proceso, que lo era un tercero, el trabajador podr promover nueva demanda contra ste, o ampliar la demanda si no se hubiera celebrado el juicio, sin que comience el cmputo del plazo de caducidad hasta el momento en que conste quin sea el empresario.

3. Las normas del presente Captulo sern de aplicacin a la impugnacin de las decisiones empresariales de extincin de contrato con las especialidades necesarias, sin perjuicio de lo previsto en el artculo 120 y de las consecuencias sustantivas de cada tipo de extincin contractual.

Artculo 104. Requisitos de la demanda por despido.

Las demandas por despido, adems de los requisitos generales previstos, debern contener los siguientes:

a) Antigedad, concretando los perodos en que hayan sido prestados los servicios; categora profesional; salario, tiempo y forma de pago; lugar de trabajo; modalidad y duracin del contrato; jornada; categora profesional; caractersticas particulares, si las hubiere, del trabajo que se realizaba antes de producirse el despido.

b) Fecha de efectividad del despido, forma en que se produjo y hechos alegados por el empresario, acompaando la comunicacin recibida, en su caso, o haciendo mencin suficiente de su contenido.

c) Si el trabajador ostenta, o ha ostentado en el ao anterior al despido, la cualidad de representante legal o sindical de los trabajadores, as como cualquier otra circunstancia relevante para la declaracin de nulidad o improcedencia o para la titularidad de la opcin derivada, en su caso.

d) Si el trabajador se encuentra afiliado a algn sindicato, en el supuesto de que alegue la improcedencia del despido por haberse realizado ste sin la previa audiencia de los delegados sindicales, si los hubiera.

Artculo 105. Posicin de las partes.

1. Ratificada, en su caso, la demanda, tanto en la fase de alegaciones como en la prctica de la prueba, y en la fase de conclusiones corresponder al demandado exponer sus posiciones en primer lugar. Asimismo, le corresponder la carga de probar la veracidad de los hechos imputados en la carta de despido como justificativos del mismo.

2. Para justificar el despido, al demandado no se le admitirn en el juicio otros motivos de oposicin a la demanda que los contenidos en la comunicacin escrita de dicho despido.

3. El reconocimiento de la improcedencia del despido, efectuado en la carta de despido o en cualquier momento posterior, conforme al apartado 2 del artculo 56 del Estatuto de los Trabajadores, vincula al empresario, que no podr alterar esta calificacin ni el importe reconocido salvo error material de clculo o subsanacin en forma. Si se apreciare en sentencia un error no sustancial o excusable del empresario respecto de la cantidad debida como indemnizacin y, en su caso, salarios de tramitacin, la sentencia declarar la improcedencia del despido y se limitar a condenar al empresario a abonar la diferencia entre lo abonado o depositado y la cuanta que corresponda, con los dems efectos del citado apartado 2 del artculo 56 del Estatuto de los Trabajadores. Cuando la diferencia en la cantidad abonada o consignada responda a un error sustancial o inexcusable, la sentencia condenar al empresario a optar entre readmisin o indemnizacin en la cuanta que se declare procedente, con abono de los salarios dejados de percibir, en los trminos del apartado 1 del artculo 56 del Estatuto de los Trabajadores. La percepcin por el trabajador del importe ofrecido por el empresario o la retirada del importe consignado a su favor no le impiden impugnar la extincin contractual.

Artculo 106. Garantas del proceso.

1. En los supuestos previstos en el apartado 1 del artculo 32 habrn de respetarse las garantas que, respecto de las alegaciones, prueba y conclusiones, se establecen para el proceso de despido disciplinario.

2. En los despidos de miembros de comit de empresa, delegados de personal o delegados sindicales habr de aportarse por la demandada el expediente contradictorio legalmente exigido.

Artculo 107. Hechos probados.

En los hechos que se estimen probados en la sentencia debern hacerse constar las siguientes circunstancias:

a) Antigedad, concretando los perodos en que hayan sido prestados los servicios; categora profesional; salario, tiempo y forma de pago; lugar de trabajo; modalidad y duracin del contrato; jornada; caractersticas particulares, si las hubiere, del trabajo que se realizaba antes de producirse el despido.

b) Fecha y forma del despido, causas invocadas para el mismo, en su caso, y hechos acreditados en relacin con dichas causas.

c) Si el trabajador ostenta o ha ostentado en el ao anterior al despido, la condicin de delegado de personal, miembro del comit de empresa o delegado sindical, as como cualquier otra circunstancia relevante para la declaracin de nulidad o improcedencia o para la titularidad de la opcin derivada, en su caso.

Artculo 108. Calificacin del despido por la sentencia.

1. En el fallo de la sentencia, el juez calificar el despido como procedente, improcedente o nulo.

Ser calificado como procedente cuando quede acreditado el incumplimiento alegado por el empresario en el escrito de comunicacin. En caso contrario, o en el supuesto en que se hubieren incumplido los requisitos de forma establecidos en el nmero 1 del artculo 55 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, ser calificado como improcedente.

En caso de improcedencia del despido por no apreciarse que los hechos acreditados hubieran revestido gravedad suficiente, pero constituyeran infraccin de menor entidad segn las normas alegadas por las partes, el juez podr autorizar la imposicin de una sancin adecuada a la gravedad de la falta, de no haber prescrito la de menor gravedad antes de la imposicin empresarial de la sancin de despido; sancin que el empresario podr imponer en el plazo de caducidad de los diez das siguientes a la firmeza de la sentencia, previa readmisin del trabajador y siempre que sta se haya efectuado en debida forma. La decisin empresarial ser revisable a instancia del trabajador, en el plazo, igualmente de caducidad, de los veinte das siguientes a su notificacin, a travs de incidente de ejecucin de la sentencia de despido, conforme al artculo 238.

2. Ser nulo el despido que tenga como mvil alguna de las causas de discriminacin prevista en la Constitucin y en la ley, o se produzca con violacin de derechos fundamentales y libertades pblicas del trabajador.

Ser tambin nulo el despido en los siguientes supuestos:

a) El de los trabajadores durante el perodo de suspensin del contrato de trabajo por maternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia natural, adopcin o acogimiento o paternidad al que se refiere la letra d) del apartado 1 del artculo 45 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o el notificado en una fecha tal que el plazo de preaviso concedido finalice dentro de dicho perodo.

b) El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del perodo de suspensin a que se refiere la letra a), y el de los trabajadores que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refieren los apartados 4, 4 bis y 5 del artculo 37 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o estn disfrutando de ellos, o hayan solicitado o estn disfrutando la excedencia prevista en el apartado 3 del artculo 46 de la misma Ley; y el de las trabajadoras vctimas de violencia de gnero por el ejercicio de los derechos de reduccin o reordenacin de su tiempo de trabajo, de movilidad geogrfica, de cambio de centro de trabajo o de suspensin de la relacin laboral en los trminos y condiciones reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores.

c) El de los trabajadores despus de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los perodos de suspensin del contrato por maternidad, adopcin o acogimiento o paternidad, siempre que no hubieran transcurrido ms de nueve meses desde la fecha de nacimiento, adopcin o acogimiento del hijo.

Lo establecido en las letras anteriores ser de aplicacin, salvo que, en esos casos, se declare la procedencia del despido por motivos no relacionados con el embarazo o con el ejercicio del derecho a los permisos y excedencias sealados.

3. Si se acreditara que el mvil del despido obedeciera a alguna de las causas del nmero anterior, el juez se pronunciar sobre ella, con independencia de cul haya sido la forma del mismo.

Artculo 109. Efectos del despido procedente.

Si se estima el despido procedente se declarar convalidada la extincin del contrato que aqul produjo, sin derecho a indemnizacin ni a salarios de tramitacin.

Artculo 110. Efectos del despido improcedente.

1. Si el despido se declara improcedente, se condenar al empresario a la readmisin del trabajador en las mismas condiciones que regan antes de producirse el despido o, a eleccin de aqul, a que le abone una indemnizacin, cuya cuanta se fijar de acuerdo con lo previsto en la letra a) del apartado 1 del artculo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, con las siguientes particularidades:

a) La condena comprender, tambin, el abono de la cantidad a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artculo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, con las limitaciones, en su caso, previstas por el apartado 2 de dicho artculo y sin perjuicio de lo establecido en el artculo 57 de la misma Ley.

b) En el acto de juicio, la parte titular de la opcin entre readmisin o indemnizacin podr anticipar su opcin, para el caso de declaracin de improcedencia, mediante expresa manifestacin en tal sentido, sobre la que se pronunciar el juez en la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto en los artculos 111 y 112.

c) A solicitud de la parte demandante, si constare no ser realizable la readmisin, podr acordarse, en caso de improcedencia del despido, tener por hecha la opcin por la indemnizacin en la sentencia, declarando extinguida la relacin en la propia sentencia y condenando al empresario a abonar la indemnizacin por despido, calculada hasta la fecha de la sentencia, y los salarios de tramitacin, cuando procedan, hasta dicha fecha.

d) En los despidos improcedentes de trabajadores cuya relacin laboral sea de carcter especial, la cuanta de la indemnizacin ser la establecida, en su caso, por la norma que regule dicha relacin especial.

2. En caso de que se declarase improcedente el despido de un representante legal o sindical de los trabajadores, la opcin prevista en el nmero anterior corresponder al trabajador.

3. La opcin deber ejercitarse mediante escrito o comparecencia ante la oficina del Juzgado de lo Social, dentro del plazo de cinco das desde la notificacin de la sentencia que declare el despido improcedente, sin esperar a la firmeza de la misma, si fuera la de instancia.

4. Cuando el despido fuese declarado improcedente por incumplimiento de los requisitos de forma establecidos y se hubiese optado por la readmisin, podr efectuarse un nuevo despido dentro del plazo de siete das desde la notificacin de la sentencia. Dicho despido no constituir una subsanacin del primitivo acto extintivo, sino un nuevo despido, que surtir efectos desde su fecha.

Artculo 111. Efectos del recurso contra la sentencia de declaracin de improcedencia del despido.

1. Si la sentencia que declarase la improcedencia del despido fuese recurrida, la opcin ejercitada por el empresario tendr los siguientes efectos:

a) Si se hubiere optado por la readmisin, cualquiera que fuera el recurrente, sta se llevar a efecto de forma provisional en los trminos establecidos por el artculo 297.

b) Cuando la opcin del empresario hubiera sido por la indemnizacin, tanto en el supuesto de que el recurso fuere interpuesto por ste como por el trabajador, no proceder la readmisin ni el abono de salarios mientras penda el recurso, si bien durante la tramitacin del recurso el trabajador se considerar en situacin legal de desempleo involuntario segn lo dispuesto en el apartado 3 del artculo 208 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

Si la sentencia que resuelva el recurso que hubiera interpuesto el trabajador elevase la cuanta de la indemnizacin, el empresario, dentro de los cinco das siguientes al de su notificacin, podr cambiar el sentido de su opcin y, en tal supuesto, la readmisin retrotraer sus efectos econmicos a la fecha en que tuvo lugar la primera eleccin, deducindose de las cantidades que por tal concepto se abonen las que, en su caso, hubiera percibido el trabajador en concepto de prestacin por desempleo. La citada cantidad, as como la correspondiente a la aportacin empresarial a la Seguridad Social por dicho trabajador, habr de ser ingresada por el empresario en la Entidad gestora.

A efectos del reconocimiento de un futuro derecho a la proteccin por desempleo, el perodo al que se refiere el prrafo anterior se considerar de ocupacin cotizada.

2. Cualquiera que sea el sentido de la opcin ejercitada, sta se tendr por no hecha si el tribunal superior, al resolver el recurso, declarase nulo el despido. Cuando se confirme la sentencia recurrida, el sentido de la opcin no podr ser alterado.

Artculo 112. Efectos del recurso contra la sentencia de declaracin de improcedencia del despido de un representante legal o sindical de los trabajadores.

1. Cuando la sentencia que declarase la improcedencia del despido de un representante legal o sindical de los trabajadores fuese recurrida, la opcin ejercitada por dichos representantes tendr las siguientes consecuencias:

a) Cuando el trabajador hubiese optado por la readmisin, cualquiera que sea la parte que recurra, habr de estarse a lo dispuesto por el artculo 297.

b) De haberse optado por la indemnizacin, tanto si recurre el trabajador como el empresario, no proceder la readmisin ni el abono de salarios mientras est pendiente el recurso, si bien durante la sustanciacin del recurso el trabajador se considerar en situacin legal de desempleo involuntario. Si la sentencia que resuelva el recurso interpuesto por el empresario disminuyera la cuanta de la indemnizacin, el trabajador, dentro de los cinco das siguientes al de su notificacin, podr cambiar el sentido de su opcin y, en tal caso, la readmisin retrotraer a sus efectos econmicos a la fecha en que tuvo lugar la primera eleccin, deducindose de las cantidades que por tal concepto se abonen las que, en su caso, hubiera percibido el trabajador en concepto de prestacin por desempleo. La citada cantidad, as como la correspondiente a la aportacin empresarial a la Seguridad Social por dicho trabajador, habr de ser ingresada por el empresario en la Entidad gestora.

A efectos del reconocimiento de un futuro derecho a la proteccin por desempleo, el perodo al que se refiere el prrafo anterior se considerar de ocupacin cotizada.

2. Cualquiera que sea el sentido de la opcin ejercitada, sta se tendr por no hecha si el tribunal superior, al resolver el recurso, declarase nulo el despido. Cuando se confirme la sentencia recurrida, el sentido de la opcin no podr ser alterado.

Artculo 113. Efectos de la declaracin de nulidad del despido.

Si el despido fuera declarado nulo se condenar a la inmediata readmisin del trabajador con abono de los salarios dejados de percibir. La sentencia ser ejecutada de forma provisional en los trminos establecidos por el artculo 297, tanto si fuera recurrida por el empresario como si lo fuera por el trabajador.

Seccin 2. Proceso de impugnacin de sanciones
Artculo 114. Impugnacin de sanciones.

1. El trabajador podr impugnar la sancin que le hubiere sido impuesta mediante demanda, que habr de ser presentada dentro del plazo sealado en el artculo 103.

2. En los procesos de impugnacin de sanciones por faltas graves o muy graves a los trabajadores que ostenten la condicin de representante legal o sindical, la parte demandada habr de aportar el expediente contradictorio legalmente establecido.

3. Corresponder al empresario probar la realidad de los hechos imputados al trabajador, y su entidad, sin que puedan ser admitidos otros motivos de oposicin a la demanda que los alegados en su momento para justificar la sancin. Las alegaciones, pruebas y conclusiones debern ser realizadas por las partes en el orden establecido para los despidos disciplinarios.

Artculo 115. Contenido de la sentencia.

1. La sentencia contendr alguno de los pronunciamientos siguientes:

a) Confirmar la sancin, cuando se haya acreditado el cumplimiento de las exigencias de forma y la realidad del incumplimiento imputado al trabajador, as como su entidad, valorada segn la graduacin de faltas y sanciones prevista en las disposiciones legales o en el convenio colectivo aplicable.

b) Revocarla totalmente, cuando no haya sido probada la realidad de los hechos imputados al trabajador o stos no sean constitutivos de falta, condenando al empresario al pago de los salarios que hubieran dejado de abonarse en cumplimiento de la sancin.

c) Revocarla en parte, con anlogo pronunciamiento de condena econmica por el perodo de exceso en su caso, cuando la falta cometida no haya sido adecuadamente calificada, pero los hechos constituyan infraccin de menor entidad segn las normas alegadas por las partes, de no haber prescrito la falta de menor gravedad antes de la imposicin de la sancin ms grave. En este caso, el juez podr autorizar la imposicin, en el plazo de caducidad de los diez das siguientes a notificacin de sentencia firme, de una sancin adecuada a la gravedad de la falta, y la decisin empresarial ser revisable a instancia del trabajador, en el plazo igualmente de caducidad de los veinte das siguientes a su notificacin, por medio del incidente de ejecucin de dicha sentencia previsto en el artculo 238.

d) Declararla nula, si hubiese sido impuesta sin observar los requisitos formales establecidos legal, convencional o contractualmente, o cuando stos presenten defectos de tal gravedad que no permitan alcanzar la finalidad para la que fueron requeridos, as como cuando tenga como mvil alguna de las causas de discriminacin prevista en la Constitucin y en la ley, o se produzca con violacin de derechos fundamentales y libertades pblicas del trabajador, incluidos, en su caso, los dems supuestos que comportan la declaracin de nulidad del despido en el apartado 2 del artculo 108. Tambin ser nula la sancin cuando consista en alguna de las legalmente prohibidas o no estuviera tipificada en las disposiciones legales o en el convenio colectivo aplicable.

2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior sern nulas las sanciones impuestas a los representantes legales de los trabajadores o a los delegados sindicales por faltas graves o muy graves, sin la previa audiencia de los restantes integrantes de la representacin a que el trabajador perteneciera as como a los trabajadores afiliados a un sindicato, sin dar audiencia a los delegados sindicales.

3. Contra las sentencias dictadas en estos procesos no cabr recurso alguno, salvo en los casos de sanciones por faltas muy graves, apreciadas judicialmente.

CAPTULO III
De la reclamacin al Estado del pago de salarios de tramitacin en juicios por despido
Artculo 116. Reclamacin del pago de salarios de tramitacin.

1. Si, desde la fecha en que se tuvo por presentada la demanda por despido, hasta la sentencia del juzgado o tribunal que por primera vez declare su improcedencia, hubiesen transcurrido ms de sesenta das hbiles, el empresario, una vez firme la sentencia, podr reclamar al Estado los salarios pagados al trabajador que excedan de dicho plazo.

2. En el supuesto de insolvencia provisional del empresario, el trabajador podr reclamar directamente al Estado los salarios a los que se refiere el apartado anterior, que no le hubieran sido abonados por aqul.

Artculo 117. Requisito de la reclamacin administrativa previa.

1. Para demandar al Estado por los salarios de tramitacin, ser requisito previo haber reclamado en va administrativa en la forma y plazos establecidos, contra cuya denegacin el empresario o, en su caso, el trabajador, podr promover la oportuna accin ante el juzgado que conoci en la instancia del proceso de despido.

2. A la demanda habr de acompaarse copia de la resolucin administrativa denegatoria o de la instancia de solicitud de pago.

3. El plazo de prescripcin de esta accin es el previsto en el apartado 2 del artculo 59 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, inicindose el cmputo del mismo, en caso de reclamacin efectuada por el empresario, desde el momento en que ste sufre la disminucin patrimonial ocasionada por el abono de los salarios de tramitacin y, en caso de reclamacin por el trabajador, desde la fecha de notificacin al mismo del auto judicial que haya declarado la insolvencia del empresario.

Artculo 118. Celebracin del acto de juicio.

1. Admitida la demanda, el secretario judicial sealar da para el juicio en los cinco siguientes, citando al efecto al trabajador, al empresario y al abogado del Estado, sin que se suspenda el procedimiento para que ste pueda elevar consulta a la Direccin General del Servicio Jurdico del Estado.

2. El juicio versar tan slo sobre la procedencia y cuanta de la reclamacin, y no se admitirn pruebas encaminadas a revisar las declaraciones probadas en la sentencia de despido.

Artculo 119. Cmputo del tiempo.

1. A efectos del cmputo de tiempo que exceda de los sesenta das hbiles a que se refiere el artculo 116, sern excluidos del mismo los perodos siguientes:

a) El tiempo invertido en la subsanacin de la demanda, por no haber acreditado la celebracin de la conciliacin, de la mediacin o de la reclamacin administrativa previa, o por defectos, omisiones o imprecisiones en aqulla.

b) El perodo en que estuviesen suspendidos los autos, a peticin de parte, por suspensin del acto del juicio en los trminos previstos en el artculo 83.

c) El tiempo que dure la suspensin para acreditar la presentacin de la querella, en los casos en que cualquiera de las partes alegase la falsedad de un documento que pueda ser de notoria influencia en el pleito.

2. En los supuestos enunciados anteriormente el juez, apreciando las pruebas aportadas, decidir si los salarios correspondientes al tiempo invertido han de correr a cargo del Estado o del empresario. Excepcionalmente, podr privar al trabajador de su percepcin, si apreciase que en su actuacin procesal ha incurrido en manifiesto abuso de derecho.

CAPTULO IV
De la extincin del contrato por causas objetivas y otras causas de extincin
Seccin 1. Extincin por causas objetivas
Artculo 120. Tramitacin.

Los procesos derivados de la extincin del contrato de trabajo por causas objetivas, se ajustarn a las normas contenidas en el Captulo relativo a los procesos por despidos y sanciones sin perjuicio de las especialidades que se enuncian en los artculos siguientes.

Artculo 121. Plazo de ejercicio de la accin. Carga de la prueba.

1. El plazo para ejercitar la accin de impugnacin de la decisin extintiva ser de veinte das, que en todo caso comenzar a contarse a partir del da siguiente a la fecha de extincin del contrato de trabajo. El trabajador podr anticipar el ejercicio de su accin a partir del momento en que reciba la comunicacin empresarial de preaviso.

2. La percepcin por el trabajador de la indemnizacin ofrecida por el empresario o el uso del permiso para buscar nuevo puesto de trabajo no enervan el ejercicio de la accin ni suponen conformidad con la decisin empresarial.

3. Cuando el trabajador vinculado por la empresa con un contrato de fomento de la contratacin indefinida alegue que la utilizacin por la empresa del procedimiento de despido objetivo no se ajusta a derecho porque la causa real del despido es disciplinaria, corresponder al mismo la carga de la prueba sobre esta cuestin.

Artculo 122. Calificacin de la extincin del contrato.

1. Se declarar procedente la decisin extintiva cuando el empresario, habiendo cumplido los requisitos formales exigibles, acredite la concurrencia de la causa legal indicada en la comunicacin escrita. Si no la acreditase, se calificar de improcedente.

2. La decisin extintiva ser nula:

a) Cuando resulte discriminatoria o contraria a los derechos fundamentales y libertades pblicas del trabajador.

b) Cuando se haya efectuado en fraude de ley eludiendo las normas establecidas por los despidos colectivos, en los casos a que se refiere el ltimo prrafo del apartado 1 del artculo 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

c) La de los trabajadores durante el perodo de suspensin del contrato de trabajo por maternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia natural, adopcin o acogimiento o paternidad al que se refiere la letra d) del apartado 1 del artculo 45 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o el notificado en una fecha tal que el plazo de preaviso concedido finalice dentro de dicho perodo.

d) La de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del perodo de suspensin a que se refiere la letra c), y la de los trabajadores que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refieren los apartados 4, 4 bis y 5 del artculo 37 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o estn disfrutando de ellos, o hayan solicitado o estn disfrutando la excedencia prevista en el apartado 3 del artculo 46 de la misma Ley; y la de las trabajadoras vctimas de violencia de gnero por el ejercicio de los derechos de reduccin o reordenacin de su tiempo de trabajo, de movilidad geogrfica, de cambio de centro de trabajo o de suspensin de la relacin laboral, en los trminos y condiciones reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores.

e) La de los trabajadores despus de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los perodos de suspensin del contrato por maternidad, adopcin o acogimiento o paternidad, siempre que no hubieran transcurrido ms de nueve meses desde la fecha de nacimiento, adopcin o acogimiento del hijo.

Lo establecido en las letras c), d) y e) ser de aplicacin, salvo que, en esos casos, se declare la procedencia de la decisin extintiva por motivos no relacionados con el embarazo o con el ejercicio del derecho a los permisos y excedencias sealados.

3. La decisin extintiva se calificar de improcedente cuando no se hubieren cumplido los requisitos establecidos en el apartado 1 del artculo 53 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

No obstante, la no concesin del preaviso o el error excusable en el clculo de la indemnizacin no determinar la improcedencia del despido, sin perjuicio de la obligacin del empresario de abonar los salarios correspondientes a dicho perodo o al pago de la indemnizacin en la cuanta correcta, con independencia de los dems efectos que procedan.

Artculo 123. Efectos de la sentencia.

1. Si la sentencia estimase procedente la decisin del empresario, se declarar extinguido el contrato de trabajo, condenando al empresario, en su caso, a satisfacer al trabajador las diferencias que pudieran existir, tanto entre la indemnizacin que ya hubiese percibido y la que legalmente le corresponda, como las relativas a los salarios del perodo de preaviso, en los supuestos en que ste no se hubiera cumplido.

2. Cuando se declare improcedente o nula la decisin extintiva, se condenar al empresario en los trminos previstos para el despido disciplinario, sin que los salarios de tramitacin puedan deducirse de los correspondientes al perodo de preaviso.

3. En los supuestos en que proceda la readmisin, el trabajador habr de reintegrar la indemnizacin recibida una vez sea firme la sentencia.

4. El juez acordar, en su caso, la compensacin entre la indemnizacin percibida y la que fije la sentencia.

Seccin 2. Despidos colectivos por causas econmicas, organizativas, tcnicas o de produccin
Artculo 124. Nulidad de la extincin colectiva de contratos.

El rgano judicial declarar nula, de oficio o a instancia de parte, la decisin empresarial de extincin colectiva de contratos de trabajo por causas econmicas, tcnicas, organizativas o de produccin, fuerza mayor o extincin de la personalidad jurdica del empresario, si no se hubiese tramitado la previa autorizacin administrativa u obtenido la autorizacin judicial del juez del concurso, en los supuestos en que est legalmente prevista, as como cuando la medida empresarial se haya efectuado en vulneracin de derechos fundamentales y libertades pblicas. En tales casos la condena a imponer ser la que establece el artculo 113.

CAPTULO V
Vacaciones, materia electoral, movilidad geogrfica, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo y derechos de conciliacin de la vida personal, familiar y laboral reconocidos legal o convencionalmente
Seccin 1. Vacaciones
Artculo 125. Fijacin de vacaciones.

El procedimiento para la fijacin individual o plural de la fecha de disfrute de las vacaciones se regir por las reglas siguientes:

a) Cuando la fecha est precisada en convenio colectivo, o por acuerdo entre el empresario y los representantes de los trabajadores, o hubiera sido fijada unilateralmente por aqul, el trabajador dispondr de un plazo de veinte das, a partir de aquel en que tuviera conocimiento de dicha fecha, para presentar la demanda en el Juzgado de lo Social.

b) Cuando no estuviera sealada la fecha de disfrute de las vacaciones, la demanda deber presentarse, al menos, con dos meses de antelacin a la fecha de disfrute pretendida por el trabajador.

c) Si una vez iniciado el proceso se produjera la fijacin de las fechas de disfrute de conformidad con lo previsto en el artculo 38 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, no se interrumpir la continuacin del procedimiento.

d) Cuando el objeto del debate verse sobre preferencias atribuidas a determinados trabajadores, stos tambin debern ser demandados.

Artculo 126. Urgencia del procedimiento.

El procedimiento ser urgente y se le dar tramitacin preferente. El acto de la vista habr de sealarse por el secretario judicial dentro de los cinco das siguientes al de la admisin de la demanda. La sentencia, que no tendr recurso, deber ser dictada en el plazo de tres das.

Seccin 2. Materia electoral
Subseccin 1. Impugnacin de los laudos
Artculo 127. Supuestos, legitimacin y plazo.

1. Los laudos arbitrales previstos en el artculo 76 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, podrn ser impugnados a travs del proceso previsto en los artculos siguientes.

2. Se sometern a dicho arbitraje todas las impugnaciones relativas al proceso electoral desde la promocin de las elecciones, incluida la validez de la comunicacin a la oficina pblica del propsito de celebrar las mismas, as como todas las actuaciones electorales previas y posteriores a la constitucin de la Mesa Electoral y las decisiones de sta, y la atribucin de los resultados, hasta la entrada de las actas en la oficina pblica dependiente de la autoridad administrativa o laboral.

3. La impugnacin podr plantearse por quienes tengan inters legtimo, incluida la empresa cuando en ella concurra dicho inters, en el plazo de tres das, contados desde que tuvieron conocimiento del mismo.

Artculo 128. Fundamento de la demanda.

La demanda slo podr fundarse en:

a) Indebida apreciacin o no apreciacin de cualquiera de las causas contempladas en el apartado 2 del artculo 76 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, siempre que la misma haya sido alegada por el promotor en el curso del arbitraje.

b) Haber resuelto el laudo aspectos no sometidos al arbitraje o que, de haberlo sido, no puedan ser objeto del mismo. En estos casos la anulacin afectar slo a los aspectos no sometidos a decisin o no susceptibles de arbitraje, siempre que los mismos tengan sustantividad propia y no aparezcan indisolublemente unidos a la cuestin principal.

c) Promover el arbitraje fuera de los plazos estipulados en el artculo 76 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

d) No haber concedido el rbitro a las partes la oportunidad de ser odas o de presentar pruebas.

Artculo 129. Legitimacin pasiva.

1. La demanda deber dirigirse contra las personas y sindicatos que fueron partes en el procedimiento arbitral, as como frente a cualesquiera otros afectados por el laudo objeto de impugnacin.

2. En ningn caso tendrn la consideracin de demandados los comits de empresa, los delegados de personal, o la mesa electoral.

Artculo 130. Litisconsorcio pasivo necesario.

Si examinada la demanda el secretario judicial estima que puede no haber sido dirigida contra todos los afectados, citar a las partes para que comparezcan ante el rgano judicial, dentro del da siguiente, a una audiencia preliminar en la que ste, oyendo a las partes sobre la posible situacin de litisconsorcio pasivo necesario, resolver sobre la misma en el acto.

Artculo 131. Legitimacin de sindicatos y empresario.

En estos procesos podrn comparecer como parte, cuando tengan inters legtimo, los sindicatos, el empresario y los componentes de candidaturas no presentadas por sindicatos.

Artculo 132. Especialidades del proceso.

1. Este proceso se tramitar con urgencia y tendr las siguientes especialidades:

a) Al admitir la demanda, se acordar recabar de la oficina pblica texto del laudo arbitral, as como copia del expediente administrativo relativo al proceso electoral. La documentacin referida deber ser enviada por el requerido dentro del da siguiente.

b) El acto del juicio habr de celebrarse dentro de los cinco das siguientes a la admisin de la demanda. La sentencia, contra la que no cabe recurso, habr de dictarse en el plazo de tres das, debiendo ser comunicada a las partes y a la oficina pblica.

c) La sustanciacin de este proceso no suspender el desarrollo del procedimiento electoral, salvo que se acuerde motivadamente por el juez, a peticin de parte, caso de concurrir causa justificativa y en la forma establecida en el artculo 180.

2. Cuando el demandante hubiera sido la empresa y el juez apreciase que la demanda tena por objeto obstaculizar o retrasar el proceso electoral, la sentencia que resuelva la pretensin impugnatoria impondr la sancin prevista en el apartado 4 del artculo 75 y en el apartado 3 del artculo 97.

Subseccin 2. Impugnacin de la resolucin administrativa que deniegue el registro y de la certificacin de la representatividad sindical
Artculo 133. Denegacin del registro de actas. Competencia territorial y legitimacin.

1. Ante el Juzgado de lo Social en cuya circunscripcin se encuentre la oficina pblica se podr impugnar la denegacin por sta del registro de las actas relativas a elecciones de delegados de personal y miembros de comits de empresa. Podrn ser demandantes quienes hubiesen obtenido algn representante en el acta de elecciones.

2. La Administracin a la que est adscrita la oficina pblica ser siempre parte, dirigindose la demanda tambin contra quienes hayan presentado candidatos a las elecciones objeto de la resolucin administrativa.

Artculo 134. Plazo.

El plazo de ejercicio de la accin de impugnacin ser de diez das, contados a partir de aquel en que se reciba la notificacin.

Artculo 135. Especialidades del proceso.

1. Este proceso se tramitar con urgencia. En la resolucin por la que se admita la demanda se requerir a la oficina pblica competente el envo del expediente administrativo, que habr de ser remitido en el plazo de dos das.

2. El acto del juicio habr de celebrarse dentro de los cinco das siguientes a la recepcin del expediente.

3. La sentencia, contra la que no cabe recurso, habr de dictarse en el plazo de tres das, debiendo ser comunicada a las partes y a la oficina pblica. De estimar la demanda, la sentencia ordenar de inmediato el registro del acta electoral.

Artculo 136. Certificacin de capacidad representativa sindical.

1. Las resoluciones de la oficina pblica dependiente de la autoridad administrativa o laboral relativas a la expedicin de certificaciones de la capacidad representativa de los sindicatos o de los resultados electorales podrn ser impugnadas por el sindicato o sindicatos interesados, ante el Juzgado de lo Social en cuya circunscripcin se encuentre la oficina pblica correspondiente, dentro del plazo de diez das siguientes a la expedicin o denegacin de la certificacin, dirigindose en su caso la demanda contra los dems sindicatos a los que afecte la declaracin pretendida.

2. La resolucin que admita a trmite la demanda sealar el juicio con carcter urgente dentro del plazo de los diez das siguientes y dispondr la reclamacin del expediente administrativo de la oficina pblica para su remisin al juzgado dentro de los dos das siguientes.

3. La sentencia habr de dictarse en el plazo de tres das y resolver sobre los trminos de la certificacin emitida en funcin de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes. Contra dicha resolucin, que se notificar a la oficina pblica y a las partes, cabr recurso de suplicacin.

Seccin 3. Clasificacin profesional
Artculo 137. Reclamacin de categora o grupo profesional.

1. La demanda que inicie este proceso ser acompaada de informe emitido por el comit de empresa o, en su caso, por los delegados de personal sobre las funciones superiores alegadas y la correspondencia de las mismas dentro del sistema de clasificacin aplicable. En el caso de que estos rganos no hubieran emitido el informe en el plazo de quince das, al demandante le bastar acreditar que lo ha solicitado.

2. En la resolucin por la que se admita la demanda, se recabar informe de la Inspeccin de Trabajo y Seguridad Social, remitindole copia de la demanda y documentos que la acompaen. El informe versar sobre los hechos invocados, en relacin con el sistema de clasificacin aplicable, y dems circunstancias concurrentes relativas a la actividad del actor, y deber emitirse en el plazo de quince das.

3. A la accin de reclamacin de la categora o grupo profesional ser acumulable la reclamacin de las diferencias salariales correspondientes. Contra la sentencia que recaiga no se dar recurso alguno, salvo que las diferencias salariales reclamadas alcancen la cuanta requerida para el recurso de suplicacin.

Seccin 4. Movilidad geogrfica y modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo
Artculo 138. Tramitacin.

1. El proceso se iniciar por demanda de los trabajadores afectados por la decisin empresarial, aunque no se haya seguido el procedimiento de los artculos 40 y 41 del Estatuto de los Trabajadores. La demanda deber presentarse en el plazo de caducidad de los veinte das hbiles siguientes a la notificacin por escrito de la decisin a los trabajadores o a sus representantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artculo 59 del Estatuto de los Trabajadores, plazo que no comenzar a computarse hasta que tenga lugar dicha notificacin, sin perjuicio de la prescripcin en todo caso de las acciones derivadas por el transcurso del plazo previsto en el apartado 2 del artculo 59 del Estatuto de los Trabajadores.

2. Cuando el objeto del debate verse sobre preferencias atribuidas a determinados trabajadores, stos tambin debern ser demandados. Igualmente debern ser demandados los representantes de los trabajadores cuando, tratndose de traslados o modificaciones de carcter colectivo, la medida cuente con la conformidad de aqullos.

3. El rgano jurisdiccional podr recabar informe urgente de la Inspeccin de Trabajo y Seguridad Social, remitindole copia de la demanda y documentos que la acompaen. El informe versar sobre los hechos invocados como justificativos de la decisin empresarial en relacin con la modificacin acordada y dems circunstancias concurrentes.

4. Si una vez iniciado el proceso se plantease demanda de conflicto colectivo contra la decisin empresarial, aquel proceso se suspender hasta la resolucin de la demanda de conflicto colectivo, que una vez firme tendr eficacia de cosa juzgada sobre el proceso individual en los trminos del apartado 3 del artculo 160.

No obstante, el acuerdo entre el empresario y los representantes legales de los trabajadores que pudiera recaer una vez iniciado el proceso no interrumpir la continuacin del procedimiento.

5. El procedimiento ser urgente y se le dar tramitacin preferente. El acto de la vista habr de sealarse dentro de los cinco das siguientes al de la admisin de la demanda, de no haberse recabado el informe previsto en el apartado 3 de este artculo.

6. La sentencia deber ser dictada en el plazo de cinco das y ser inmediatamente ejecutiva. Contra la misma no proceder ulterior recurso, salvo en los supuestos de movilidad geogrfica previstos en el apartado 2 del artculo 40 del Estatuto de los Trabajadores y en los de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo cuando tengan carcter colectivo de conformidad con el apartado 2 del artculo 41 del referido Estatuto.

7. La sentencia declarar justificada o injustificada la decisin empresarial, segn hayan quedado acreditadas o no, respecto de los trabajadores afectados, las razones invocadas por la empresa.

La sentencia que declare justificada la decisin empresarial reconocer el derecho del trabajador a extinguir el contrato de trabajo en los supuestos previstos en el apartado 1 del artculo 40 y en el apartado 3 del artculo 41 del Estatuto de los Trabajadores, concedindole al efecto el plazo de quince das.

La sentencia que declare injustificada la medida reconocer el derecho del trabajador a ser repuesto en sus anteriores condiciones de trabajo, as como al abono de los daos y perjuicios que la decisin empresarial hubiera podido ocasionar durante el tiempo en que ha producido efectos.

Se declarar nula la decisin adoptada en fraude de ley, eludiendo las normas establecidas para las de carcter colectivo en los artculos 40 y 41 del Estatuto de los Trabajadores, as como cuando tenga como mvil alguna de las causas de discriminacin prevista en la Constitucin y en la Ley, o se produzca con violacin de derechos fundamentales y libertades pblicas del trabajador, incluidos, en su caso, los dems supuestos que comportan la declaracin de nulidad del despido en el apartado 2 del artculo 108.

8. Cuando el empresario no procediere a reintegrar al trabajador en sus anteriores condiciones de trabajo o lo hiciere de modo irregular, el trabajador podr solicitar la ejecucin del fallo ante el Juzgado de lo Social y la extincin del contrato por causa de lo previsto en la letra c) del apartado 1 del artculo 50 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, conforme a lo establecido en los artculos 279, 280 y 281.

9. Si la sentencia declarara la nulidad de la medida empresarial, su ejecucin se efectuar en sus propios trminos, salvo que el trabajador inste la ejecucin prevista en el apartado anterior. En todo caso sern de aplicacin los plazos establecidos en el mismo.

Seccin 5. Derechos de conciliacin de la vida personal, familiar y laboral reconocidos legal o convencionalmente
Artculo 139. Tramitacin.

1. El procedimiento para el ejercicio de los derechos de conciliacin de la vida personal, familiar y laboral, reconocidos legal o convencionalmente, se regir por las siguientes reglas:

a) El trabajador dispondr de un plazo de veinte das, a partir de que el empresario le comunique su negativa o su disconformidad con la propuesta realizada por el trabajador, para presentar demanda ante el Juzgado de lo Social.

En la demanda del derecho a la medida de conciliacin podr acumularse la accin de daos y perjuicios causados al trabajador, exclusivamente por los derivados de la negativa del derecho o de la demora en la efectividad de la medida, de los que el empresario podr exonerarse si hubiere dado cumplimiento, al menos provisional, a la medida propuesta por el trabajador.

El empresario y el trabajador debern llevar sus respectivas propuestas y alternativas de concrecin a los actos de conciliacin previa al juicio y al propio acto de juicio, que podrn acompaar, en su caso, de informe de los rganos paritarios o de seguimiento de los planes de igualdad de la empresa para su consideracin en la sentencia.

b) El procedimiento ser urgente y se le dar tramitacin preferente. El acto de la vista habr de sealarse dentro de los cinco das siguientes al de la admisin de la demanda. La sentencia se dictar en el plazo de tres das. Contra la misma no proceder recurso, salvo cuando se haya acumulado pretensin de resarcimiento de perjuicios que por su cuanta pudiera dar lugar a recurso de suplicacin, en cuyo caso el pronunciamiento sobre las medidas de conciliacin ser ejecutivo desde que se dicte la sentencia.

2. El procedimiento anterior ser aplicable igualmente al ejercicio de los derechos de la trabajadora vctima de violencia de gnero establecidos en la ley, a la reduccin de la jornada de trabajo con disminucin proporcional del salario y a la reordenacin del tiempo de trabajo, a travs de la adaptacin del horario, de la aplicacin del horario flexible o de otras formas de ordenacin del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa. Podr acumularse a la referida demanda la accin de daos y perjuicios directamente causados a la trabajadora por la negativa o demora del derecho. Podr instarse, en su caso, la adopcin de las medidas cautelares reguladas en el apartado 4 del artculo 180.

CAPTULO VI
De las prestaciones de la Seguridad Social
Artculo 140. Tramitacin. Impugnacin de altas mdicas.

1. En las demandas formuladas en materia de prestaciones de Seguridad Social contra organismos gestores y entidades colaboradoras en la gestin se acreditar haber agotado la va administrativa correspondiente, incluidas aquellas en las que se haya acumulado la alegacin de la lesin de un derecho fundamental o libertad pblica y salvo que se opte por ejercitar exclusivamente esta ltima mediante la modalidad procesal de tutela. No ser exigible el previo agotamiento de la va administrativa, en los procesos de impugnacin de altas mdicas emitidas por los rganos competentes de las Entidades gestoras de la Seguridad Social al agotarse el plazo de duracin de trescientos sesenta y cinco das de la prestacin de incapacidad temporal.

2. En caso de omitirse, el secretario judicial dispondr que se subsane el defecto en el plazo de cuatro das. Realizada la subsanacin, se admitir la demanda. En otro caso, dar cuenta al Tribunal para que por el mismo se resuelva sobre la admisin de la demanda.

3. El proceso de impugnacin de alta mdica tendr las siguientes especialidades:

a) La demanda se dirigir exclusivamente contra la Entidad gestora y, en su caso, contra la colaboradora en la gestin. No existir necesidad de demandar al servicio pblico de salud, salvo cuando se impugne el alta emitida por los servicios mdicos del mismo, ni a la empresa salvo cuando se cuestione la contingencia.

b) Ser urgente y se le dar tramitacin preferente.

c) El acto de la vista habr de sealarse dentro de los cinco das siguientes a la admisin de la demanda, y la sentencia, que no tendr recurso, se dictar en el plazo de tres das y sus efectos se limitarn al alta mdica impugnada, sin condicionar otros procesos diversos, sea en lo relativo a la contingencia, a la base reguladora, a las prestaciones derivadas o a cualquier otro extremo.

d) No podrn acumularse otras acciones, ni siquiera la reclamacin de diferencias de prestacin econmica por incapacidad temporal, si bien la sentencia que estime indebida el alta dispondr la reposicin del beneficiario en la prestacin que hubiera venido percibiendo, en tanto no concurra causa de extincin de la misma, por el transcurso del tiempo por el que hubiere sido reconocida o por otra causa legal de extincin.

Artculo 141. Legitimacin de las Entidades gestoras y Tesorera General de la Seguridad Social.

1. Las entidades u organismos gestores y la Tesorera General de la Seguridad Social, podrn personarse y ser tenidas por parte, con plenitud de posibilidades de alegacin y defensa, incluida la de interponer el recurso o remedio procesal que pudiera proceder, en los pleitos en materia de prestaciones de Seguridad Social y, en general, en los procedimientos en los que tengan inters por razn del ejercicio de sus competencias, sin que tal intervencin haga retroceder ni detener el curso de las actuaciones.

A tal efecto el secretario judicial deber efectuar las actuaciones precisas para constatar la posible existencia de las situaciones anteriores y acordar, en su caso, que les sean notificadas las resoluciones de admisin a trmite, sealamiento de la vista o incidente y dems resoluciones, incluida la que ponga fin al trmite correspondiente.

2. El rgano jurisdiccional podr solicitar de dichas entidades y organismos los antecedentes de que dispongan en relacin con los hechos objeto del procedimiento y los mismos podrn igualmente aportar dichos antecedentes, estn o no personados en las actuaciones, en cuanto pudieran afectar a las prestaciones que gestionen, a los fines de completar los elementos de conocimiento del rgano jurisdiccional en la resolucin del asunto.

Artculo 142. Documentacin en procesos por accidente de trabajo o enfermedad profesional.

1. Si en las demandas por accidente de trabajo o enfermedad profesional no se consignara el nombre de la Entidad gestora o, en su caso, de la Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, el secretario judicial, antes del sealamiento del juicio, requerir al empresario demandado para que en plazo de cuatro das presente el documento acreditativo de la cobertura de riesgo. Si transcurrido este plazo no lo presentara, vistas las circunstancias que concurran y oyendo a la Tesorera General de la Seguridad Social, el juez acordar el embargo de bienes del empresario en cantidad suficiente para asegurar el resultado del juicio y cuantas medidas cautelares se consideren necesarias.

Iguales medidas se adoptarn, en el procedimiento correspondiente, en relacin con el aseguramiento del riesgo y el documento de cobertura de las mejoras voluntarias o complementarias de seguridad social y de otras posibles responsabilidades del empresario o de terceros por accidente de trabajo y enfermedad profesional, a cuyo efecto el empresario o el tercero debern aportar en el plazo antes indicado y previo requerimiento al efecto, el documento de aseguramiento y los datos de la entidad aseguradora que cubra el mismo, con apercibimiento de adoptarse la medida de embargo preventivo prevista anteriormente u otras medidas cautelares idneas.

2. En los procesos para la determinacin de contingencia o de la falta de medidas de seguridad en accidentes de trabajo y enfermedad profesional, y en los dems supuestos en que lo estime necesario, la resolucin en la que se admita la demanda a trmite deber interesar de la Inspeccin Provincial de Trabajo y Seguridad Social, si no figurase ya en el expediente o en los autos, informe relativo a las circunstancias en que sobrevino el accidente o enfermedad, trabajo que realizaba el accidentado o enfermo, salario que perciba y base de cotizacin, que ser expedido necesariamente en el plazo mximo de diez das. Con antelacin de al menos cinco das a la celebracin del juicio, el secretario judicial deber reiterar la remisin de dicho informe si ste no hubiere tenido todava entrada en los autos.

Artculo 143. Remisin del expediente administrativo.

1. Al admitirse a trmite la demanda se reclamar a la Entidad gestora o al organismo gestor o colaborador la remisin del expediente o de las actuaciones administrativas practicadas en relacin con el objeto de la misma, en original o copia, en soporte escrito o preferentemente informtico, y, en su caso, informe de los antecedentes que posea en relacin con el contenido de la demanda, en plazo de diez das. El expediente se enviar completo, foliado y, en su caso, autentificado y acompaado de un ndice de los documentos que contenga. Si se remitiera el expediente original, el secretario judicial lo devolver a la entidad de procedencia, firme que sea la sentencia, dejando en los autos nota de ello.

2. Al solicitarse la referida remisin de expediente o actuaciones se requerir igualmente al correspondiente organismo y ste, en su caso, deber poner de oficio en conocimiento del juzgado o tribunal, informe de si tiene conocimiento de la existencia de otras demandas en las que se deduzcan pretensiones en relacin con el mismo acto o actuacin, a los efectos de posibilitar, en su caso, la acumulacin de oficio o a instancia de parte.

3. A la vista del expediente, el Tribunal dispondr el emplazamiento de las personas que pudieran ostentar un inters legtimo en el proceso o resultar afectadas por el mismo, para que puedan comparecer en el acto de juicio y ser tenidas por parte en el proceso y formular sus pretensiones, procurando que tal emplazamiento se entienda con los interesados con al menos cinco das hbiles de antelacin al sealamiento a juicio y sin necesidad de que, en este caso, se cumplan los plazos generales previstos para la citacin de las partes demandadas en el artculo 82.

4. En el proceso no podrn aducirse por ninguna de las partes hechos distintos de los alegados en el expediente administrativo, salvo en cuanto a los hechos nuevos o que no hubieran podido conocerse con anterioridad.

Artculo 144. Efectos de la falta de remisin del expediente administrativo.

1. Cumplido el plazo de remisin del expediente sin que se hubiera recibido el mismo, el secretario judicial reiterar por la va urgente su inmediata remisin. El juicio se celebrar en el da sealado, aunque la entidad correspondiente no hubiera remitido el expediente o su copia, salvo que justificara suficientemente la omisin.

2. Si al demandante le conviniera la aportacin del expediente a sus propios fines, podr solicitar la suspensin del juicio, para que se reitere la orden de remisin del expediente en un nuevo plazo de diez das con apercibimiento de imposicin de las medidas a las que se refiere el apartado 5 del artculo 75.

Dicho plazo ser de cinco das en los procesos de impugnacin de altas mdicas a los que se refiere el apartado 3 del artculo 140.

3. Si llegada la fecha del nuevo sealamiento no se hubiera remitido el expediente, podrn tenerse por probados aquellos hechos alegados por el demandante cuya prueba fuera imposible o de difcil demostracin por medios distintos de aqul.

Artculo 145. Responsabilidad disciplinaria por la falta de remisin del expediente administrativo.

La falta de remisin del expediente y cualquier otro incumplimiento de las obligaciones de colaboracin con el proceso se notificar por el secretario judicial al director de la entidad gestora u organismo gestor, a los efectos de la posible exigencia de responsabilidades disciplinarias, sin perjuicio de dems medidas que puedan ser procedentes.

Artculo 146. Revisin de actos declarativos de derechos.

1. Las Entidades, rganos u Organismos gestores, o el Fondo de Garanta Salarial no podrn revisar por s mismos sus actos declarativos de derechos en perjuicio de sus beneficiarios, debiendo, en su caso, solicitar la revisin ante el Juzgado de lo Social competente, mediante la oportuna demanda que se dirigir contra el beneficiario del derecho reconocido.

2. Se exceptan de lo dispuesto en el apartado anterior la rectificacin de errores materiales o de hecho y los aritmticos, as como las revisiones motivadas por la constatacin de omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario. Se exceptan tambin las revisiones de los actos en materia de proteccin por desempleo, y por cese de actividad de los trabajadores autnomos, siempre que se efecten dentro del plazo mximo de un ao desde la resolucin administrativa o del rgano gestor que no hubiere sido impugnada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 147.

3. La accin de revisin a la que se refiere el apartado uno prescribir a los cuatro aos.

4. La sentencia que declare la revisin del acto impugnado ser inmediatamente ejecutiva.

Artculo 147. Impugnacin de prestaciones por desempleo.

1. Cuando la Entidad u Organismo Gestor de las prestaciones por desempleo constate que, en los cuatro aos inmediatamente anteriores a una solicitud de prestaciones, el trabajador hubiera percibido prestaciones por finalizacin de varios contratos temporales con una misma empresa, podr dirigirse de oficio a la autoridad judicial demandando que el empresario sea declarado responsable del abono de las mismas, salvo de la prestacin correspondiente al ltimo contrato temporal, si la reiterada contratacin temporal fuera abusiva o fraudulenta, as como la condena al empresario a la devolucin a la Entidad Gestora de aquellas prestaciones junto con las cotizaciones correspondientes.

A la comunicacin, que tendr la consideracin de demanda, deber acompaarse copia del expediente o expedientes administrativos en que se fundamente, y en la misma se consignarn los requisitos generales exigidos por la presente Ley para las demandas de los procesos ordinarios.

La comunicacin podr dirigirse a la autoridad judicial en el plazo de los seis meses siguientes a la fecha en que se hubiera formulado la ltima solicitud de prestaciones en tiempo y forma.

Lo dispuesto en este apartado no conllevar la revisin de las resoluciones que hubieran reconocido el derecho a las prestaciones por desempleo derivadas de la finalizacin de los reiterados contratos temporales, que se considerarn debidas al trabajador.

2. El secretario judicial examinar la demanda, al efecto de comprobar si rene todos los requisitos exigidos, advirtiendo a la entidad gestora, en su caso, de los defectos u omisiones de carcter formal de que adolezca, a fin de que sean subsanados en el trmino de diez das. Realizada la subsanacin, se admitir la demanda. En otro caso, dar cuenta al Tribunal para que por el mismo se resuelva sobre la admisin de la demanda.

3. Admitida a trmite la demanda, continuar el procedimiento con arreglo a las normas generales, con las especialidades siguientes:

a) El empresario y el trabajador que hubieran celebrado los reiterados contratos temporales tendrn la consideracin de parte en el proceso, si bien no podrn solicitar su suspensin. Aun sin su asistencia, el procedimiento se seguir de oficio.

b) Las afirmaciones de hechos que se contengan en la comunicacin base del proceso harn fe, salvo prueba en contrario, incumbiendo la carga de la prueba al empresario demandado.

4. La sentencia que estime la demanda de la Entidad Gestora ser inmediatamente ejecutiva.

5. Cuando la sentencia adquiera firmeza se comunicar a la Inspeccin de Trabajo y Seguridad Social.

CAPTULO VII
Del procedimiento de oficio y del de impugnacin de actos administrativos en materia laboral y de Seguridad Social no prestacionales
Seccin 1. Del procedimiento de oficio
Artculo 148. mbito de aplicacin.

El proceso podr iniciarse de oficio como consecuencia:

a) De las certificaciones de las resoluciones firmes que dicte la autoridad laboral derivadas de las actas de infraccin de la Inspeccin de Trabajo y Seguridad Social en las que se aprecien perjuicios econmicos para los trabajadores afectados.

b) De los acuerdos de la autoridad laboral competente, cuando sta apreciara fraude, dolo, coaccin o abuso de derecho en la conclusin de los acuerdos de suspensin, reduccin de la jornada o extincin a que se refieren el artculo 47 y el apartado 5 del artculo 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y los remitiera a la autoridad judicial a efectos de su posible declaracin de nulidad, dejando en suspenso el plazo para dictar resolucin administrativa. Del mismo modo actuar la autoridad laboral cuando, de oficio o a peticin de la entidad gestora de la prestacin por desempleo, estimase que el acuerdo pudiera tener por objeto la obtencin indebida de las prestaciones por parte de los trabajadores afectados por inexistencia de la causa motivadora de la situacin legal de desempleo.

c) De las actas de infraccin o comunicaciones de la Inspeccin de Trabajo y Seguridad Social acerca de la constatacin de una discriminacin por razn de sexo y en las que se recojan las bases de los perjuicios estimados para el trabajador, a los efectos de la determinacin de la indemnizacin correspondiente.

Igualmente se iniciar el procedimiento como consecuencia de las correspondientes comunicaciones y a los mismos efectos en los supuestos de discriminacin por razn de origen racial o tnico, religin y convicciones, discapacidad, edad u orientacin sexual u otros legalmente previstos.

d) De las comunicaciones de la autoridad laboral cuando cualquier acta de infraccin o de liquidacin levantada por la Inspeccin de Trabajo y de Seguridad Social, relativa a las materias de Seguridad Social excluidas del conocimiento del orden social en la letra f) del artculo 3, haya sido impugnada por el sujeto responsable con base en alegaciones y pruebas que, a juicio de la autoridad laboral, puedan desvirtuar la naturaleza laboral de la relacin jurdica objeto de la actuacin inspectora.

A la demanda de oficio a la que se refiere el prrafo anterior, la autoridad laboral acompaar copia del expediente administrativo. La admisin de la demanda producir la suspensin del expediente administrativo. A este proceso de oficio le sern aplicables las reglas de las letras a) y d) del apartado 2 del artculo 150. Cuando se entienda que las alegaciones o actuacin del sujeto responsable pretenden la dilacin de la actuacin administrativa, el rgano judicial impondr la multa que sealan los apartados 4 del artculo 75 y 3 del artculo 97, as como cuando tal conducta la efectuara el empresario, deber abonar tambin los honorarios de los abogados y graduados sociales de la parte contraria que hubieren intervenido, dentro de los lmites establecidos para la instancia, suplicacin y casacin. La sentencia firme se comunicar a la autoridad laboral y vincular en los extremos en ella resueltos a la autoridad laboral y a los rganos de la jurisdiccin contencioso-administrativa ante los que se impugne el acta de infraccin o de liquidacin.

Artculo 149. Requisitos de la demanda.

1. En la demanda de oficio se consignarn los requisitos generales exigidos por la presente Ley para las demandas de los procesos ordinarios, expresando las personas contra las que se dirige y la concreta condena que se pida frente a ellas segn el contenido de la pretensin, los hechos que resulten imprescindibles para resolver las cuestiones planteadas y, en concreto, aqullos que se estiman constitutivos de discriminacin o de otro incumplimiento laboral. Asimismo se consignar, en su caso, el acuerdo de suspensin, reduccin de jornada o extincin impugnado y la causa invocada, junto con la identificacin de las partes que intervinieron en el mismo, precisando la concreta pretensin declarativa o de condena que se pide del rgano jurisdiccional, con expresin, de proceder, de los perjuicios estimados o de las bases para la determinacin de la indemnizacin correspondiente, as como de los datos identificativos de los trabajadores afectados y sus domicilios.

2. Siempre que las expresadas demandas afecten a ms de diez trabajadores, el secretario judicial les requerir para que designen representantes en la forma prevista en el artculo 19.

Artculo 150. Admisin de la demanda y tramitacin.

1. El secretario judicial examinar la demanda, al efecto de comprobar si rene todos los requisitos exigidos, advirtiendo a la autoridad laboral, en su caso, los defectos u omisiones de que adolezca a fin de que sean subsanados en el trmino de diez das. Realizada la subsanacin, admitir la demanda. En otro caso, dar cuenta al tribunal para que por el mismo se resuelva sobre la admisin de la demanda.

2. Admitida a trmite la demanda, continuar el procedimiento con arreglo a las normas generales del presente texto, con las especialidades siguientes:

a) El procedimiento se seguir de oficio, aun sin asistencia de los trabajadores perjudicados, a los que se emplazar al efecto y una vez comparecidos tendrn la consideracin de parte, si bien no podrn desistir ni solicitar la suspensin del proceso.

b) La conciliacin tan slo podr autorizarse por el secretario judicial o en su caso por el juez o tribunal, cuando fuera cumplidamente satisfecha la totalidad de los perjuicios causados por la infraccin.

c) Los pactos entre trabajadores y empresarios posteriores al acta de infraccin tan slo tendrn eficacia en el supuesto de que hayan sido celebrados en presencia del inspector de trabajo que levant el acta o de la autoridad laboral.

d) Las afirmaciones de hechos que se contengan en la resolucin o comunicacin base del proceso harn fe salvo prueba en contrario, incumbiendo toda la carga de la prueba a la parte demandada.

e) Las sentencias que se dicten en estos procesos habrn de ejecutarse siempre de oficio.

Seccin 2. Del procedimiento de impugnacin de actos administrativos en materia laboral y de Seguridad Social excluidos los prestacionales
Artculo 151. Tramitacin.

1. De no existir regulacin especial, el procedimiento iniciado por demanda en impugnacin de los actos administrativos en materia laboral dirigida contra el Estado, Comunidades Autnomas, Entidades Locales u otras Administraciones u Organismos pblicos se regir por los principios y reglas del proceso ordinario laboral, con las especialidades contenidas en esta Seccin. En lo no expresamente previsto sern de aplicacin las normas reguladoras de la jurisdiccin contencioso-administrativa, en cuanto sean compatibles con los principios del proceso social.

2. Con la demanda deber acreditarse, en su caso, el agotamiento de la va administrativa en la forma y plazos que correspondan segn la normativa aplicable a la Administracin autora del acto, en la forma establecida en el artculo 69 de esta Ley, salvo lo dispuesto en el apartado 2 del artculo 70 de la misma y en el artculo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa, que ser de aplicacin a los litigios entre Administraciones pblicas ante el orden jurisdiccional social.

3. En la demanda se identificar con precisin el acto o resolucin objeto de impugnacin y la Administracin pblica o Entidad de derecho pblico contra cuya actividad se dirija el recurso y se har indicacin, en su caso, de las personas o entidades cuyos derechos o intereses legtimos pudieran quedar afectados por la estimacin de las pretensiones del demandante.

4. En caso de omitirse los requisitos anteriores, el secretario judicial dispondr que se subsane el defecto en el plazo de cuatro das. Realizada la subsanacin, se admitir la demanda. En otro caso, dar cuenta al tribunal para que por el mismo se resuelva sobre su admisin.

5. Estarn legitimados para promover el proceso, los destinatarios del acto o resolucin impugnada o quienes ostenten derechos o intereses legtimos en su revocacin o anulacin. La legitimacin pasiva corresponde a la Administracin o Entidad pblica autora del acto.

Los empresarios y los trabajadores afectados o los causahabientes de ambos, as como aquellos terceros a los que pudieran alcanzar las responsabilidades derivadas de los hechos considerados por el acto objeto de impugnacin y quienes pudieran haber resultado perjudicados por los mismos, podrn comparecer como parte en el procedimiento y sern emplazados al efecto, en especial cuando se trate de enjuiciar hechos que pudieran ser constitutivos de accidente de trabajo o enfermedad profesional.

En los litigios sobre sanciones administrativas en materia de acoso laboral sexual o por razn de sexo, la vctima estar legitimada para comparecer en el procedimiento segn su libre decisin y no podr ser demandada o emplazada de comparecencia contra su voluntad. Si se requiriese el testimonio de la vctima el rgano jurisdiccional velar por las condiciones de su prctica en trminos compatibles con su situacin personal y con las restricciones de publicidad e intervencin de las partes y de sus representantes que sean necesarias.

6. Los sindicatos y asociaciones empresariales ms representativos, as como aquellos con implantacin en el mbito de efectos del litigio, y el empresario y la representacin unitaria de los trabajadores en el mbito de la empresa, podrn personarse y ser tenidos como parte en los procesos en los que tengan inters en defensa de los intereses econmicos y sociales que les son propios o en su funcin de velar por el cumplimiento de las normas vigentes, sin que tal intervencin haga detener o retroceder el curso de las actuaciones.

7. El plazo de interposicin de la demanda ser el previsto en los artculos 69 y 70 o el expresamente sealado, en su caso, segn la modalidad procesal aplicable, siendo de aplicacin a este respecto, lo previsto en el artculo 73 de esta Ley.

8. En orden al sealamiento del juicio, reclamacin del expediente administrativo, emplazamiento de los posibles interesados, congruencia con el expediente administrativo y dems aspectos relacionados se estar a lo dispuesto en los artculos 143 a 145.

Los hechos constatados por los inspectores de Trabajo y Seguridad Social o por los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social actuantes que se formalicen en las actas de infraccin observando los requisitos legales pertinentes, tendrn presuncin de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados. El mismo valor probatorio tendrn los hechos constatados por los funcionarios a los que se reconoce la condicin de autoridad, y que se formalicen en documento pblico observando los requisitos legales pertinentes.

9. La sentencia efectuar los pronunciamientos que correspondan segn las pretensiones oportunamente formuladas por las partes y, en concreto:

a) Declarar la inadmisibilidad de la demanda por carencia de jurisdiccin, por no ser susceptible de impugnacin el acto recurrido, haberse formulado aqulla fuera del plazo establecido o cuando se aprecie la falta de cualquier otro presupuesto procesal, as como cuando se impugnen actos que sean reproduccin de otros anteriores definitivos y firmes y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma.

b) Desestimar la demanda cuando se ajuste a derecho el acto impugnado.

c) Estimar la demanda si se aprecia infraccin del ordenamiento jurdico, incluida la desviacin de poder por haberse utilizado las potestades administrativas para fines distintos de los legalmente previstos. En este caso, la sentencia declarar no conforme a derecho el acto impugnado y lo anular total o parcialmente y, cuando as proceda, ordenar el cese o la modificacin de la actuacin impugnada o impondr el reconocimiento de una determinada situacin jurdica individualizada.

d) En caso de declaracin de nulidad del acto o resolucin por omisin de requisitos de forma subsanables de carcter esencial que hayan ocasionado indefensin, podr disponerse la nulidad del procedimiento seguido a los solos efectos de retrotraerlo al momento de produccin. La declaracin de la caducidad del expediente, no impedir la nueva iniciacin de la actuacin administrativa si por su naturaleza no estuviera sujeta a un plazo extintivo de cualquier clase, sin que el procedimiento caducado tenga eficacia interruptiva de dicho plazo.

10. La Administracin autora de un acto administrativo declarativo de derechos cuyo conocimiento corresponda a este orden jurisdiccional, est legitimada para impugnarlo ante este mismo orden, previa su declaracin de lesividad para el inters pblico en los trminos legalmente establecidos y en el plazo de dos meses a contar desde el da siguiente a la fecha de declaracin de lesividad. La revisin de actos declarativos de derechos de sus beneficiarios por las entidades u organismos gestores y servicios comunes en materia de Seguridad Social y desempleo se regir por lo dispuesto en los artculos 146 y 147.

11. La sentencia que deje sin efecto una resolucin administrativa en virtud de la cual se hubieren producido extinciones de la relacin de trabajo declarar el derecho de los trabajadores afectados a reincorporarse en su puesto de trabajo.

Salvo que el empresario dentro de los cinco das siguientes a la firmeza de la sentencia opte, por escrito ante el rgano judicial, por indemnizar a los trabajadores con la indemnizacin establecida para el despido improcedente, deber comunicar por escrito a dichos trabajadores la fecha de su reincorporacin al trabajo dentro de los quince das siguientes a la referida firmeza. En cualquiera de los casos anteriores, el trabajador tendr derecho a los salarios dejados de percibir, con deduccin de los que hubiere recibido desde la extincin y con devolucin o deduccin de las cantidades percibidas como indemnizacin, segn lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artculo 123 de esta Ley. De no readmitir el empresario al trabajador o de efectuarse la readmisin de modo irregular, ste podr instar la ejecucin de la sentencia en los veinte das siguientes conforme, en lo dems, a lo establecido en los artculos 279 a 281 de esta Ley.

De dejarse sin efecto la resolucin administrativa por apreciarse vulneracin de derechos fundamentales o libertades publicas, los trabajadores tendrn derecho a la inmediata readmisin y al abono de los salarios dejados de percibir y podrn, en su caso, instar la ejecucin conforme a los artculos 282 y siguientes de esta Ley.

De haber percibido el trabajador prestaciones por desempleo, se aplicarn las disposiciones del apartado 5 del artculo 209 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en funcin de que haya tenido lugar o no la readmisin del trabajador.

Artculo 152. Adopcin de medidas cautelares.

1. Los interesados podrn solicitar, en cualquier estado del proceso, la suspensin del acto o resolucin administrativos recurridos y en general cuantas medidas aseguren la efectividad de la sentencia, cuando la ejecucin del acto impugnado pudiera hacer perder su finalidad legtima a la demanda. El juez o tribunal dictar seguidamente auto, resolviendo sobre la suspensin, una vez odas las partes por tres das, salvo que concurran razones de especial urgencia, en cuyo caso se podr anticipar la medida sin perjuicio de la posterior audiencia de las partes. La medida cautelar podr denegarse cuando de sta pudiera seguirse perturbacin grave de los intereses generales o de terceros que el juez o tribunal ponderar en forma circunstanciada.

2. En procedimientos de impugnacin de resoluciones de la autoridad laboral sobre paralizacin de trabajos por riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud, el trabajador o trabajadores afectados, su representacin unitaria o sindical y el empresario interesado podrn solicitar el alzamiento, mantenimiento o adopcin de la medida en los trminos del apartado anterior. A tal efecto se citar al empresario y a los trabajadores afectados o a sus representantes a una audiencia preliminar en el da y hora que se seale dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, debiendo el juez o tribunal requerir de la Inspeccin de Trabajo y Seguridad Social la aportacin dentro del mismo plazo de las actuaciones que hubiera practicado al respecto y, en caso de considerarlo necesario, la presencia en la audiencia del funcionario que hubiera ordenado la paralizacin, as como de los tcnicos que le hubieren asistido. En el procedimiento podrn personarse las entidades gestoras, colaboradoras y servicios pblicos de salud, en relacin con las responsabilidades empresariales conforme al artculo 195 del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en caso de incumplimiento de la paralizacin de los trabajos acordada por la autoridad laboral y solicitar las medidas cautelares que procedan en orden al aseguramiento de las prestaciones que deban dispensar o anticipar las citadas entidades. Los trabajadores y su representacin unitaria o sindical podrn igualmente solicitar la adopcin de las mismas medidas cautelares en relacin con el referido aseguramiento.

CAPTULO VIII
Del proceso de conflictos colectivos
Artculo 153. mbito de aplicacin.

1. Se tramitarn a travs del presente proceso las demandas que afecten a intereses generales de un grupo genrico de trabajadores o a un colectivo genrico susceptible de determinacin individual y que versen sobre la aplicacin e interpretacin de una norma estatal, convenio colectivo, cualquiera que sea su eficacia, pactos o acuerdos de empresa, o de una decisin empresarial de carcter colectivo, incluidas las que regulan el apartado 2 del artculos 40 y apartado 2 del artculo 41 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o de una prctica de empresa y de los acuerdos de inters profesional de los trabajadores autnomos econmicamente dependientes, as como la impugnacin directa de los convenios o pactos colectivos no comprendidos en el artculo 163 de esta Ley.

2. Tambin se tramitar en este proceso la impugnacin de convenios colectivos y de los laudos arbitrales sustitutivos de stos, de conformidad con lo dispuesto en el Captulo IX del presente Ttulo.

3. Asimismo, se tramitar conforme a este proceso la impugnacin de las decisiones de la empresa de atribuir carcter reservado o de no comunicar determinadas informaciones a los representantes de los trabajadores, as como los litigios relativos al cumplimiento por los representantes de los trabajadores y los expertos que les asistan de su obligacin de sigilo.

El juez o Sala deber adoptar las medidas necesarias para salvaguardar el carcter reservado o secreto de la informacin de que se trate.

Artculo 154. Legitimacin activa.

Estarn legitimados para promover procesos sobre conflictos colectivos:

a) Los sindicatos cuyo mbito de actuacin se corresponda o sea ms amplio que el del conflicto.

b) Las asociaciones empresariales cuyo mbito de actuacin se corresponda o sea ms amplio que el del conflicto, siempre que se trate de conflictos de mbito superior a la empresa.

c) Los empresarios y los rganos de representacin legal o sindical de los trabajadores, cuando se trate de conflictos de empresa o de mbito inferior.

d) Las Administraciones pblicas empleadoras incluidas en el mbito del conflicto y los rganos de representacin del personal laboral al servicio de las anteriores.

e) Las asociaciones representativas de los trabajadores autnomos econmicamente dependientes y los sindicatos representativos de estos, para el ejercicio de las acciones colectivas relativas a su rgimen profesional, siempre que renan el requisito de la letra a) anterior, as como las empresas para las que ejecuten su actividad y las asociaciones empresariales de stas siempre que su mbito de actuacin sea al menos igual al del conflicto.

Artculo 155. Intervencin de sindicatos, asociaciones empresariales y rganos de representacin.

En todo caso, los sindicatos representativos, de conformidad con los artculos 6 y 7 de la Ley Orgnica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, las asociaciones empresariales representativas en los trminos del artculo 87 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y los rganos de representacin legal o sindical podrn personarse como partes en el proceso, aun cuando no lo hayan promovido, siempre que su mbito de actuacin se corresponda o sea ms amplio que el del conflicto.

Artculo 156. Intento de conciliacin o de mediacin.

1. Ser requisito necesario para la tramitacin del proceso el intento de conciliacin o de mediacin en los trminos previstos en el artculo 63.

2. Lo acordado en conciliacin o mediacin tendr, segn su naturaleza, la misma eficacia atribuida a los convenios colectivos por el artculo 82 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, siempre que las partes que concilien, ostenten la legitimacin y adopten el acuerdo conforme a los requisitos exigidos por las citadas normas. En tal caso se enviar copia de la misma a la autoridad laboral. En el caso de los trabajadores autnomos econmicamente dependientes, el acuerdo alcanzado tendr la eficacia correspondiente a los acuerdos de inters profesional regulados en el artculo 13 de la Ley del Estatuto del trabajo autnomo.

Artculo 157. Contenido de la demanda.

1. El proceso se iniciar mediante demanda dirigida al juzgado o tribunal competente que, adems de los requisitos generales, contendr:

a) La designacin general de los trabajadores y empresas afectados por el conflicto y, cuando se formulen pretensiones de condena que aunque referidas a un colectivo genrico, sean susceptibles de determinacin individual ulterior sin necesidad de nuevo litigio, habrn de consignarse los datos, caractersticas y requisitos precisos para una posterior individualizacin de los afectados por el objeto del conflicto y el cumplimiento de la sentencia respecto de ellas.

b) La designacin concreta del demandado o demandados, con expresin del empresario, asociacin empresarial, sindicato o representacin unitaria a quienes afecten las pretensiones ejercitadas.

c) Una referencia sucinta a los fundamentos jurdicos de la pretensin formulada.

d) Las pretensiones interpretativas, declarativas, de condena o de otra naturaleza concretamente ejercitadas segn el objeto del conflicto.

2. A la demanda deber acompaarse certificacin de haberse intentado la conciliacin o mediacin previa a la que se refiere el artculo anterior o alegacin de no ser necesaria sta.

Artculo 158. Iniciacin por la autoridad laboral.

El proceso podr iniciarse tambin mediante comunicacin de la autoridad laboral, a instancia de las representaciones referidas en el artculo 154. En dicha comunicacin se contendrn idnticos requisitos a los exigidos para la demanda en el artculo anterior. El secretario judicial advertir a la autoridad laboral de los defectos u omisiones que pudiera contener la comunicacin, a fin de que se subsanen en el plazo de diez das.

Artculo 159. Urgencia y preferencia del proceso.

Este proceso tendr carcter urgente. La preferencia en el despacho de estos asuntos ser absoluta sobre cualesquiera otros, salvo los de tutela de los derechos fundamentales y libertades pblicas.

Artculo 160. Celebracin del juicio y sentencia.

1. Una vez admitida la demanda o la comunicacin de la autoridad laboral, el secretario judicial citar a las partes para la celebracin del acto del juicio, que deber tener lugar, en nica convocatoria, dentro de los cinco das siguientes a la admisin a trmite de la demanda.

2. La sentencia se dictar dentro de los tres das siguientes, notificndose, en su caso, a la autoridad laboral competente.

3. De ser estimatoria de una pretensin de condena susceptible de ejecucin individual, deber contener, en su caso, la concrecin de los datos, caractersticas y requisitos precisos para una posterior individualizacin de los afectados por el objeto del conflicto y beneficiados por la condena y especificar la repercusin directa sobre los mismos del pronunciamiento dictado. Asimismo deber contener, en su caso, la declaracin de que la condena ha de surtir efectos procesales no limitados a quienes hayan sido partes en el proceso correspondiente.

4. La sentencia ser ejecutiva desde el momento en que se dicte, no obstante el recurso que contra la misma pueda interponerse.

5. La sentencia firme producir efectos de cosa juzgada sobre los procesos individuales pendientes de resolucin o que puedan plantearse, que versen sobre idntico objeto o en relacin de directa conexidad con aqul, tanto en el orden social como en el contencioso-administrativo, que quedarn en suspenso durante la tramitacin del conflicto colectivo. La suspensin se acordar aunque hubiere recado sentencia de instancia y estuviere pendiente el recurso de suplicacin y de casacin, vinculando al tribunal correspondiente la sentencia firme recada en el proceso de conflicto colectivo, incluso aunque en el recurso de casacin unificadora no se hubiere invocado aqulla como sentencia contradictoria.

6. La iniciacin del proceso de conflicto colectivo interrumpir la prescripcin de las acciones individuales en igual relacin con el objeto del referido conflicto.

Artculo 161. Inimpugnabilidad de las resoluciones de tramitacin.

Contra las resoluciones que se dicten en su tramitacin no cabr recurso, salvo el de declaracin inicial de incompetencia.

Artculo 162. Archivo de actuaciones.

De recibirse en el juzgado o tribunal comunicacin de las partes de haber quedado solventado el conflicto, se proceder por el secretario judicial sin ms al archivo de las actuaciones, cualquiera que sea el estado de su tramitacin anterior a la sentencia.

CAPTULO IX
De la impugnacin de convenios colectivos
Artculo 163. Iniciacin.

1. La impugnacin de un convenio colectivo de los regulados en el Ttulo III del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o de los laudos arbitrales sustitutivos de stos, por considerar que conculca la legalidad vigente o lesiona gravemente el inters de terceros, podr promoverse de oficio ante el juzgado o Sala competente, mediante comunicacin remitida por la autoridad correspondiente.

2. Si el convenio colectivo no hubiera sido an registrado ante la oficina pblica correspondiente conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artculo 90 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, los representantes legales o sindicales de los trabajadores o los empresarios que sostuvieran la ilegalidad del convenio o los terceros lesionados que la invocaran, debern solicitar previamente de la autoridad laboral que curse al juzgado o Sala su comunicacin de oficio.

3. Si la autoridad laboral no contestara la solicitud a la que se refiere el apartado anterior en el plazo de quince das, la desestimara o el convenio colectivo ya hubiere sido registrado, la impugnacin de stos podr instarse directamente por los legitimados para ello por los trmites del proceso de conflicto colectivo, mientras subsista la vigencia de la correspondiente norma convencional.

4. La falta de impugnacin directa de un convenio colectivo de los mencionados en el apartado 1 de este artculo no impide la impugnacin de los actos que se produzcan en su aplicacin, a travs de los conflictos colectivos o individuales posteriores que pudieran promoverse por los legitimados para ello, fundada en que las disposiciones contenidas en los mismos no son conformes a Derecho. El juez o tribunal que en dichos procedimientos apreciara la ilegalidad de alguna de las referidas disposiciones lo pondr en conocimiento del Ministerio Fiscal para que, en su caso, pueda plantear su ilegalidad a travs de la modalidad procesal de impugnacin de convenios colectivos.

Artculo 164. Requisitos de la comunicacin de oficio.

1. La comunicacin de oficio que sostenga la ilegalidad del convenio, pacto o acuerdo habr de contener los requisitos siguientes:

a) La concrecin de la legislacin y los extremos de ella que se consideren conculcados por el convenio.

b) Una referencia sucinta a los fundamentos jurdicos de la ilegalidad.

c) La relacin de las representaciones integrantes de la comisin o mesa negociadora del convenio impugnado.

2. La comunicacin de oficio que sostenga la lesividad del convenio habr de contener, adems del requisito mencionado en la letra c) del apartado anterior, relacin de los terceros reclamantes, presuntamente lesionados, e indicacin del inters de los mismos que se trata de proteger.

3. El secretario judicial advertir a la autoridad remitente de los defectos u omisiones que pudiera contener la comunicacin, a fin de que se subsanen en el plazo de diez das.

4. El proceso se seguir, adems de con las representaciones integrantes de la Comisin o Mesa negociadora del convenio, con los denunciantes o terceros presuntamente lesionados.

5. Cuando la impugnacin procediera de la autoridad laboral y no hubiera denunciantes, tambin ser citada la representacin legal de dicha autoridad.

6. El Ministerio Fiscal ser parte siempre en estos procesos.

7. A la comunicacin de oficio se acompaar el convenio impugnado y copias del mismo para cuantos sean parte en el proceso.

Artculo 165. Legitimacin.

1. La legitimacin activa para impugnar un convenio colectivo, por los trmites del proceso de conflicto colectivo corresponde:

a) Si la impugnacin se fundamenta en la ilegalidad, a los rganos de representacin legal o sindical de los trabajadores, sindicatos y asociaciones empresariales interesadas, as como al Ministerio Fiscal, a la Administracin General del Estado y a la Administracin de las Comunidades Autnomas su respectivo mbito. A los efectos de impugnar las clusulas que pudieran contener discriminaciones directas o indirectas por razn de sexo, estn tambin legitimados el Instituto de la Mujer y los organismos correspondientes de las Comunidades Autnomas.

b) Si el motivo de la impugnacin fuera la lesividad, a los terceros cuyo inters haya resultado gravemente lesionado. No se tendr por terceros a los trabajadores y empresarios incluidos en el mbito de aplicacin del convenio.

2. Estarn pasivamente legitimadas todas las representaciones integrantes de la comisin o mesa negociadora del convenio.

3. La demanda contendr, adems de los requisitos generales, los particulares que para la comunicacin de oficio se prevn en el artculo anterior, debiendo, asimismo, acompaarse el convenio y sus copias.

4. El Ministerio Fiscal ser siempre parte en estos procesos.

Artculo 166. Celebracin del juicio y sentencia.

1. Admitida a trmite la comunicacin de oficio o la demanda, el secretario judicial sealar para juicio, con citacin del Ministerio Fiscal y, en su caso, de las partes a las que se refiere el apartado 4 del artculo 164. En su comparecencia a juicio, dichas partes alegarn en primer trmino la postura procesal que adopten, de conformidad u oposicin, respecto de la pretensin interpuesta.

2. La sentencia, que se dictar dentro de los tres das siguientes, se comunicar a la autoridad laboral, y ser ejecutiva desde el momento en que se dicte, no obstante el recurso que contra ella pudiera interponerse. Una vez firme producir efectos de cosa juzgada sobre los procesos individuales pendientes de resolucin o que puedan plantearse en todos los mbitos de la jurisdiccin sobre los preceptos convalidados, anulados o interpretados objeto del proceso.

3. Cuando la sentencia sea anulatoria, en todo o en parte, del convenio colectivo impugnado y ste hubiera sido publicado, tambin se publicar en el Boletn Oficial en que aqul se hubiere insertado.

CAPTULO X
De las impugnaciones relativas a los estatutos de los sindicatos y de las asociaciones empresariales o a su modificacin
Seccin 1. Impugnacin de la resolucin administrativa que deniegue el depsito
Artculo 167. Legitimacin.

1. Los promotores de los sindicatos de trabajadores en fase de constitucin, y los firmantes del acta de constitucin de los mismos, podrn impugnar las resoluciones de las oficinas pblicas que rechacen el depsito de los estatutos presentados para su publicidad.

2. La Administracin pblica a la que est adscrita la oficina de depsito de estatutos autora de la resolucin impugnada, as como el Ministerio Fiscal, sern siempre parte en estos procesos.

Artculo 168. Plazo.

El plazo para el ejercicio de la accin de impugnacin ser de diez das hbiles, contados a partir de aqul en que sea recibida la notificacin de la resolucin denegatoria expresa o transcurra un mes desde la presentacin de los estatutos sin que hubieren notificado a los promotores defectos a subsanar.

Artculo 169. Contenido de la demanda.

A la demanda debern acompaarse copias de los estatutos y de la resolucin denegatoria, de haber sta recado expresamente, o bien copia acreditativa de la presentacin de dichos estatutos.

Artculo 170. Remisin del expediente.

Dentro del siguiente da hbil a la admisin de la demanda, el secretario judicial requerir de la oficina pblica competente el envo del expediente, que habr de ser remitido en el plazo de cinco das.

Artculo 171. Efectos de la sentencia estimatoria.

La sentencia, de estimar la demanda, ordenar de inmediato el depsito del estatuto sindical en la correspondiente oficina pblica.

Artculo 172. Impugnacin de la resolucin administrativa denegatoria del depsito de la modificacin de estatutos.

1. Las reglas establecidas en la presente Seccin sern de aplicacin a los procesos de impugnacin de la resolucin denegatoria del depsito de los estatutos de los sindicatos, en los casos de modificacin de los mismos, as como respecto de las modificaciones de los estatutos de los sindicatos que ya tuvieran personalidad jurdica.

2. Estarn legitimados para impugnar la resolucin administrativa los representantes del sindicato, pudiendo comparecer como coadyuvantes sus afiliados.

Seccin 2. Impugnacin de los estatutos de los sindicatos
Artculo 173. Legitimacin.

1. El Ministerio Fiscal y quienes acrediten un inters directo, personal y legtimo podrn solicitar la declaracin judicial de no ser conformes a Derecho los estatutos de los sindicatos, o sus modificaciones, que hayan sido objeto de depsito y publicacin, tanto en el caso de que estn en fase de constitucin como en el de que hayan adquirido personalidad jurdica.

2. Estarn pasivamente legitimados los promotores del sindicato y los firmantes del acta de constitucin, as como quienes legalmente representen al sindicato, caso de haber ya adquirido ste personalidad jurdica.

3. El Ministerio Fiscal ser siempre parte en estos procesos.

Artculo 174. Remisin del expediente.

Admitida la demanda, el secretario judicial requerir a la oficina pblica correspondiente la remisin de la copia autorizada del expediente, debiendo dicha oficina enviarla en el plazo de cinco das.

Artculo 175. Efectos de la sentencia.

1. Caso de ser estimatoria, la sentencia declarar la nulidad de las clusulas estatutarias que no sean conformes a Derecho o de los estatutos en su integridad.

2. La sentencia deber ser comunicada a la oficina pblica correspondiente.

Seccin 3. Estatutos de las asociaciones empresariales
Artculo 176. Tramitacin.

Los procesos de impugnacin de las resoluciones administrativas que denieguen el depsito de los estatutos de las asociaciones empresariales, o de sus modificaciones, as como las de declaracin de no ser conforme a Derecho dichos estatutos, o sus modificaciones, se sustanciarn, respectivamente, por los trmites de las modalidades procesales reguladas en las secciones anteriores. El Ministerio Fiscal ser siempre parte en dichos procesos, con independencia de su legitimacin activa para promover los mismos.

CAPTULO XI
De la tutela de los derechos fundamentales y libertades pblicas
Artculo 177. Legitimacin.

1. Cualquier trabajador o sindicato que, invocando un derecho o inters legtimo, considere lesionados los derechos de libertad sindical, huelga u otros derechos fundamentales y libertades pblicas, incluida la prohibicin de tratamiento discriminatorio y del acoso, podr recabar su tutela a travs de este procedimiento cuando la pretensin se suscite en el mbito de las relaciones jurdicas atribuidas al conocimiento del orden jurisdiccional social o en conexin directa con las mismas, incluidas las que se formulen contra terceros vinculados al empresario por cualquier ttulo, cuando la vulneracin alegada tenga conexin directa con la prestacin de servicios.

2. En aquellos casos en los que corresponda al trabajador, como sujeto lesionado, la legitimacin activa como parte principal, podrn personarse como coadyuvantes el sindicato al que ste pertenezca, cualquier otro sindicato que ostente la condicin de ms representativo, as como, en supuestos de discriminacin, las entidades pblicas o privadas entre cuyos fines se encuentre la promocin y defensa de los intereses legtimos afectados, si bien no podrn personarse, recurrir ni continuar el proceso contra la voluntad del trabajador perjudicado.

3. El Ministerio Fiscal ser siempre parte en estos procesos en defensa de los derechos fundamentales y de las libertades pblicas, velando especialmente por la integridad de la reparacin de las vctimas e interesando la adopcin, en su caso, de las medidas necesarias para la depuracin de las conductas delictivas.

4. La vctima del acoso o de la lesin de derechos fundamentales y libertades pblicas con motivo u ocasin de las relaciones jurdicas atribuidas al conocimiento del orden jurisdiccional social o en conexin directa con las mismas, podr dirigir pretensiones, tanto contra el empresario como contra cualquier otro sujeto que resulte responsable, con independencia del tipo de vnculo que le una al empresario. Corresponder a la vctima, que ser la nica legitimada en esta modalidad procesal, elegir la clase de tutela que pretende dentro de las previstas en la ley, sin que deba ser demandado necesariamente con el empresario el posible causante directo de la lesin, salvo cuando la vctima pretenda la condena de este ltimo o pudiera resultar directamente afectado por la resolucin que se dictare; y si se requiriese su testimonio el rgano jurisdiccional velar por las condiciones de su prctica en trminos compatibles con su situacin personal y con las restricciones de publicidad e intervencin de las partes y de sus representantes que sean necesarias.

Artculo 178. No acumulacin con acciones de otra naturaleza.

1. El objeto del presente proceso queda limitado al conocimiento de la lesin del derecho fundamental o libertad pblica, sin posibilidad de acumulacin con acciones de otra naturaleza o con idntica pretensin basada en fundamentos diversos a la tutela del citado derecho o libertad.

2. Cuando la tutela del derecho deba necesariamente realizarse a travs de las modalidades procesales a que se refiere el artculo 184, se aplicarn en cuanto a las pretensiones de tutela de derechos fundamentales y libertades pblicas las reglas y garantas previstas en este Captulo, incluida la citacin como parte al Ministerio Fiscal.

Artculo 179. Tramitacin.

1. La tramitacin de estos procesos tendr carcter urgente a todos los efectos, siendo preferente respecto de todos los que se sigan en el juzgado o tribunal. Los recursos que se interpongan se resolvern por el Tribunal con igual preferencia.

2. La demanda habr de interponerse dentro del plazo general de prescripcin o caducidad de la accin previsto para las conductas o actos sobre los que se concrete la lesin del derecho fundamental o libertad pblica.

3. La demanda, adems de los requisitos generales establecidos en la presente Ley, deber expresar con claridad los hechos constitutivos de la vulneracin, el derecho o libertad infringidos y la cuanta de la indemnizacin pretendida, en su caso, con la adecuada especificacin de los diversos daos y perjuicios, a los efectos de lo dispuesto en los artculos 182 y 183, y que, salvo en el caso de los daos morales unidos a la vulneracin del derecho fundamental cuando resulte difcil su estimacin detallada, deber establecer las circunstancias relevantes para la determinacin de la indemnizacin solicitada, incluyendo la gravedad, duracin y consecuencias del dao, o las bases de clculo de los perjuicios estimados para el trabajador.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 81, el juez o tribunal rechazar de plano las demandas que no deban tramitarse con arreglo a las disposiciones de este Captulo y no sean susceptibles de subsanacin, advirtiendo al demandante del derecho que le asiste a promover la accin por el cauce procesal correspondiente. No obstante, el juez o la Sala dar a la demanda la tramitacin ordinaria o especial si para el procedimiento adecuado fuese competente y la demanda reuniese los requisitos exigidos por la ley para tal clase de procedimiento.

Artculo 180. Medidas cautelares.

1. En el mismo escrito de interposicin de la demanda el actor podr solicitar la suspensin de los efectos del acto impugnado, as como las dems medidas necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera acordarse en sentencia.

2. El juez o tribunal podr acordar la suspensin de los efectos del acto impugnado cuando su ejecucin produzca al demandante perjuicios que pudieran hacer perder a la pretensin de tutela su finalidad, siempre y cuando la suspensin no ocasione perturbacin grave y desproporcionada a otros derechos y libertades o intereses superiores constitucionalmente protegidos.

No obstante lo anterior, en el caso de que se invoque vulneracin de la libertad sindical, slo se podr deducir la suspensin de los efectos del acto impugnado cuando las presuntas lesiones impidan la participacin de candidatos en el proceso electoral o el ejercicio de la funcin representativa o sindical respecto de la negociacin colectiva, reestructuracin de plantillas u otras cuestiones de importancia trascendental que afecten al inters general de los trabajadores y que puedan causar daos de imposible reparacin.

3. Podr solicitarse la adopcin de medidas cautelares cuando, en caso de huelga, se impugnen exclusivamente los actos de determinacin del personal laboral adscrito a los mnimos necesarios para garantizar los servicios esenciales de la comunidad, as como cuando se impugnen los actos de designacin del personal laboral adscrito a los servicios de seguridad y mantenimiento precisos para la reanudacin ulterior de las tareas. El rgano jurisdiccional resolver manteniendo, modificando o revocando la designacin de personal adscrito a dichos servicios conforme a las propuestas que, en su caso, formulen al respecto las partes.

4. Cuando la demanda se refiera a proteccin frente al acoso, as como en los procesos seguidos a instancia de la trabajadora vctima de la violencia de gnero para el ejercicio de los derechos que le sean reconocidos en tal situacin, podrn solicitarse, adems, la suspensin de la relacin o la exoneracin de prestacin de servicios, el traslado de puesto o de centro de trabajo, la reordenacin o reduccin del tiempo de trabajo y cuantas otras tiendan a preservar la efectividad de la sentencia que pudiera dictarse, incluidas, en su caso, aqullas que pudieran afectar al presunto acosador o vulnerador de los derechos o libertades objeto de la tutela pretendida, en cuyo supuesto deber ser odo ste.

5. De haberse solicitado medidas cautelares, dentro del da siguiente a la admisin de la demanda o a la solicitud, el secretario judicial citar a las partes y al Ministerio Fiscal para que, en el da y hora que se seale dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, comparezcan a una audiencia preliminar, en la que slo se admitirn alegaciones y pruebas sobre la justificacin y proporcionalidad de las medidas, en relacin con el derecho fundamental y el riesgo para la efectividad de la resolucin que deba recaer, debiendo aportar la parte solicitante el necesario principio de prueba al respecto. En supuestos de urgencia excepcional, la adopcin de las medidas cautelares podr efectuarse por el juez o Sala al admitirse a trmite la demanda, sin perjuicio de que se celebre ulteriormente la comparecencia prevista en este nmero.

6. El rgano judicial resolver al trmino de la audiencia sobre las medidas cautelares solicitadas mediante auto dictado de viva voz, adoptando, en su caso, las medidas oportunas para reparar la situacin.

Artculo 181. Conciliacin y juicio.

1. Admitida a trmite la demanda, el secretario judicial citar a las partes para los actos de conciliacin y juicio conforme a los criterios establecidos en el apartado 1 del artculo 82, que habrn de tener lugar dentro del plazo improrrogable de los cinco das siguientes al de la admisin de la demanda. En todo caso, habr de mediar un mnimo de dos das entre la citacin y la efectiva celebracin de aquellos actos.

2. En el acto del juicio, una vez justificada la concurrencia de indicios de que se ha producido violacin del derecho fundamental o libertad pblica, corresponder al demandado la aportacin de una justificacin objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

3. El juez o la Sala dictar sentencia en el plazo de tres das desde la celebracin del acto del juicio publicndose y notificndose inmediatamente a las partes o a sus representantes.

Artculo 182. Sentencia.

1. La sentencia declarar haber lugar o no al amparo judicial solicitado y, en caso de estimacin de la demanda, segn las pretensiones concretamente ejercitadas:

a) Declarar la existencia o no de vulneracin de derechos fundamentales y libertades pblicas, as como el derecho o libertad infringidos, segn su contenido constitucionalmente declarado, dentro de los lmites del debate procesal y conforme a las normas y doctrina constitucionales aplicables al caso, hayan sido o no acertadamente invocadas por los litigantes.

b) Declarar la nulidad radical de la actuacin del empleador, asociacin patronal, Administracin pblica o cualquier otra persona, entidad o corporacin pblica o privada.

c) Ordenar el cese inmediato de la actuacin contraria a derechos fundamentales o a libertades pblicas, o en su caso, la prohibicin de interrumpir una conducta o la obligacin de realizar una actividad omitida, cuando una u otra resulten exigibles segn la naturaleza del derecho o libertad vulnerados.

d) Dispondr el restablecimiento del demandante en la integridad de su derecho y la reposicin de la situacin al momento anterior a producirse la lesin del derecho fundamental, as como la reparacin de las consecuencias derivadas de la accin u omisin del sujeto responsable, incluida la indemnizacin que procediera en los trminos sealados en el artculo 183.

2. En la sentencia se dispondr lo procedente sobre las medidas cautelares que se hubieran adoptado previamente.

Artculo 183. Indemnizaciones.

1. Cuando la sentencia declare la existencia de vulneracin, el juez deber pronunciarse sobre la cuanta de la indemnizacin que, en su caso, le corresponda a la parte demandante por haber sufrido discriminacin u otra lesin de sus derechos fundamentales y libertades pblicas, en funcin tanto del dao moral unido a la vulneracin del derecho fundamental, como de los daos y perjuicios adicionales derivados.

2. El tribunal se pronunciar sobre la cuanta del dao, determinndolo prudencialmente cuando la prueba de su importe exacto resulte demasiado difcil o costosa, para resarcir suficientemente a la vctima y restablecer a sta, en la medida de lo posible, en la integridad de su situacin anterior a la lesin, as como para contribuir a la finalidad de prevenir el dao.

3. Esta indemnizacin ser compatible, en su caso, con la que pudiera corresponder al trabajador por la modificacin o extincin del contrato de trabajo o en otros supuestos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores y dems normas laborales.

4. Cuando se haya ejercitado la accin de daos y perjuicios derivada de delito o falta en un procedimiento penal no podr reiterarse la peticin indemnizatoria ante el orden jurisdiccional social, mientras no se desista del ejercicio de aqulla o quede sin resolverse por sobreseimiento o absolucin en resolucin penal firme, quedando mientras tanto interrumpido el plazo de prescripcin de la accin en va social.

Artculo 184. Demandas de ejercicio necesario a travs de la modalidad procesal correspondiente.

No obstante lo dispuesto en los artculos anteriores y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artculo 178, las demandas por despido y por las dems causas de extincin del contrato de trabajo, las de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, las de disfrute de vacaciones, las de materia electoral, las de impugnacin de estatutos de los sindicatos o de su modificacin, las de movilidad geogrfica, las de derechos de conciliacin de la vida personal, familiar y laboral a las que se refiere el artculo 139, las de impugnacin de convenios colectivos y las de sanciones impuestas por los empresarios a los trabajadores en que se invoque lesin de derechos fundamentales y libertades pblicas se tramitarn inexcusablemente, con arreglo a la modalidad procesal correspondiente a cada una de ellas, dando carcter preferente a dichos procesos y acumulando en ellos, segn lo dispuesto en el apartado 2 del artculo 26, las pretensiones de tutela de derechos fundamentales y libertades pblicas con las propias de la modalidad procesal respectiva.

TTULO III
De la audiencia al demandado rebelde
Artculo 185. Especialidades.

A los procesos seguidos sin que haya comparecido el demandado, les sern de aplicacin las normas contenidas en el Ttulo V del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con las especialidades siguientes:

1. No ser necesaria la declaracin de rebelda del demandado que, citado en forma, no comparezca al juicio.

2. A peticin del demandante se podr decretar el embargo de bienes muebles e inmuebles u otras medidas cautelares en lo necesario para asegurar el suplico.

3. El plazo para solicitar la audiencia ser de veinte das desde la notificacin personal de la sentencia o desde que conste el conocimiento procesal o extraprocesal de la misma y en todo caso de cuatro meses desde la notificacin de la sentencia en el Boletn Oficial correspondiente, en los supuestos y condiciones previstos en el artculo 501 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

4. La peticin de audiencia se formular ante el rgano judicial que hubiere dictado la sentencia firme que se pretende rescindir.

5. La audiencia al demandado se sustanciar ante el rgano que conoci del litigio en instancia.

6. En ambos supuestos se seguirn los trmites del proceso ordinario regulado en esta Ley, con aplicacin de lo previsto en el apartado 2 del artculo 504 y regla 3., del apartado 1 del artculo 507 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con exclusin de los trmites de las reglas 1. y 2. del apartado 1 del artculo 507 de la referida Ley.

7. La pretensin de nulidad de la sentencia o resolucin firme por defectos de forma que hayan causado indefensin deber plantearse, de concurrir los presupuestos para ello, por la va del incidente de nulidad de actuaciones regulado en el artculo 241 de la Ley Orgnica del Poder Judicial.

LIBRO TERCERO
De los medios de impugnacin
TTULO I
De los recursos contra providencias, autos, diligencias de ordenacin y decretos
Artculo 186. Recurso de reposicin.

1. Contra las diligencias de ordenacin y decretos no definitivos cabr recurso de reposicin ante el secretario judicial que dict la resolucin recurrida, excepto en los casos en que la ley prevea recurso directo de revisin.

2. Contra todas las providencias y autos cabr recurso de reposicin ante el mismo juez o tribunal que dict la resolucin recurrida.

3. La interposicin del recurso de reposicin no tendr efectos suspensivos respecto de la resolucin recurrida.

4. No habr lugar al recurso de reposicin contra providencias, autos, diligencias de ordenacin y decretos que se dicten en los procesos de conflictos colectivos, en los procesos en materia electoral, cuando versen sobre el ejercicio de conciliacin de la vida personal familiar y laboral, y en los procesos de impugnacin de convenios colectivos, sin perjuicio, en su caso, de poder efectuar la alegacin correspondiente en el acto de la vista.

Artculo 187. Tramitacin.

1. El recurso de reposicin deber interponerse en el plazo de tres das contra las resoluciones dictadas en procedimientos seguidos ante un rgano unipersonal y de cinco das contra las resoluciones dictadas en procedimientos seguidos ante un rgano colegiado, expresndose la infraccin en que la resolucin hubiera incurrido a juicio del recurrente.

2. Si no se cumplieran los requisitos establecidos en el apartado anterior, se inadmitir, mediante providencia no susceptible de recurso, la reposicin interpuesta frente a providencias y autos, y mediante decreto, directamente recurrible en revisin, la formulada contra diligencias de ordenacin y decretos no definitivos.

3. Admitido a trmite el recurso de reposicin, por el secretario judicial se conceder a las dems partes personadas un plazo comn de tres o cinco das, segn el carcter unipersonal o colegiado del rgano en el que se haya dictado la resolucin recurrida, para impugnarlo, si lo estiman conveniente.

4. Transcurrido el plazo de impugnacin, hyanse o no presentado escritos, el juez o tribunal, si se tratara de reposicin interpuesta frente a providencias o autos, o el secretario judicial si hubiera sido formulada frente a diligencias de ordenacin o decretos, resolvern sin ms trmites mediante auto o decreto, respectivamente, en un plazo de tres o de cinco das, segn el carcter unipersonal o colegiado del rgano.

5. Contra el auto resolutorio del recurso de reposicin no se dar nuevo recurso, salvo en los supuestos expresamente establecidos en la presente Ley, sin perjuicio de poder efectuar la alegacin correspondiente en el acto de la vista, en su caso, o de la responsabilidad civil que en otro caso proceda.

Artculo 188. Impugnacin de la resolucin del recurso de reposicin.

1. Contra el decreto resolutivo de la reposicin no se dar recurso alguno, sin perjuicio de reproducir la cuestin al recurrir, si fuere procedente, la resolucin definitiva.

Cabr recurso directo de revisin contra los decretos que pongan fin al procedimiento o impidan su continuacin. Dicho recurso carecer de efectos suspensivos sin que, en ningn caso, proceda actuar en sentido contrario a lo que se hubiese resuelto.

Cabr interponer igualmente recurso directo de revisin contra los decretos en aquellos casos en que expresamente se prevea.

2. El recurso directo de revisin deber interponerse en el plazo de tres o cinco das, segn el carcter unipersonal o colegiado del rgano en el que se haya dictado la resolucin recurrida, mediante escrito en el que deber fundamentarse la infraccin en que la resolucin hubiera incurrido.

Cumplidos los anteriores requisitos, el secretario judicial, mediante diligencia de ordenacin, admitir el recurso, concediendo a las dems partes personadas un plazo comn de tres o cinco das, segn el carcter unipersonal o colegiado del rgano en el que se haya dictado la resolucin recurrida, para impugnarlo si lo estiman conveniente.

Si no se cumplieran los requisitos de admisibilidad del recurso, el juez o tribunal lo inadmitir mediante providencia.

Transcurrido el plazo para impugnacin, hyanse presentado o no escritos, el juez o tribunal resolver sin ms trmites, mediante auto, en un plazo de tres o de cinco das, segn el carcter unipersonal o colegiado del rgano.

Contra las resoluciones sobre admisin o inadmisin no cabr recurso alguno.

3. Contra el auto dictado resolviendo el recurso de revisin, nicamente cabr recurso de suplicacin o de casacin cuando as expresamente se prevea en esta Ley.

Artculo 189. Recurso de queja.

Los recursos de queja de que conozcan las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia o la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, segn los casos, se tramitarn de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil para recurrir en queja.

TTULO II
Del recurso de suplicacin
Artculo 190. Competencia.

1. Las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia conocern de los recursos de suplicacin que se interpongan contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de lo Social de su circunscripcin, as como contra los autos y sentencias que puedan dictar los Jueces de lo Mercantil que se encuentren en su circunscripcin y que afecten al derecho laboral.

2. Proceder dicho recurso contra las resoluciones que se determinan en esta Ley y por los motivos que en ella se establecen.

Artculo 191. mbito de aplicacin.

1. Son recurribles en suplicacin las sentencias que dicten los Juzgados de lo Social en los procesos que ante ellos se tramiten, cualquiera que sea la naturaleza del asunto, salvo cuando la presente Ley disponga lo contrario.

2. No proceder recurso de suplicacin en los procesos relativos a las siguientes materias:

a) Impugnacin de sancin por falta que no sea muy grave, as como por falta muy grave no confirmada judicialmente.

b) Procesos relativos a la fecha de disfrute de las vacaciones.

c) Materia electoral, salvo en el caso del artculo 136.

d) Procesos de clasificacin profesional, salvo en el caso previsto en el apartado 3 del artculo 137.

e) Procesos de movilidad geogrfica distintos de los previstos en el apartado 2 del artculo 40 del Estatuto de Trabajadores; en los de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, salvo cuando tengan carcter colectivo de conformidad con el apartado 2 del artculo 41 del referido Estatuto; y en los de cambio de puesto o movilidad funcional, salvo cuando fuera posible acumular a estos otra accin susceptible de recurso de suplicacin.

f) Procedimientos relativos a los derechos de conciliacin de la vida personal, familiar y laboral previstos en el artculo 139, salvo cuando se haya acumulado pretensin de resarcimiento de daos y perjuicios que por su cuanta pudiera dar lugar a recurso de suplicacin.

g) Reclamaciones cuya cuanta litigiosa no exceda de 3.000 euros. Tampoco proceder recurso en procesos de impugnacin de alta mdica cualquiera que sea la cuanta de las prestaciones de incapacidad temporal que viniere percibiendo el trabajador.

3. Proceder en todo caso la suplicacin:

a) En procesos por despido o extincin de contrato.

b) En reclamaciones, acumuladas o no, cuando la cuestin debatida afecte a todos o a un gran nmero de trabajadores o de beneficiarios de la Seguridad Social, siempre que tal circunstancia de afectacin general fuera notoria o haya sido alegada y probada en juicio o posea claramente un contenido de generalidad no puesto en duda por ninguna de las partes.

c) En los procesos que versen sobre reconocimiento o denegacin del derecho a obtener prestaciones de Seguridad Social, as como sobre el grado de incapacidad permanente aplicable.

d) Cuando el recurso tenga por objeto subsanar una falta esencial del procedimiento o la omisin del intento de conciliacin o de mediacin obligatoria previa, siempre que se haya formulado la protesta en tiempo y forma y hayan producido indefensin. Si el fondo del asunto no estuviera comprendido dentro de los lmites de la suplicacin, la sentencia resolver slo sobre el defecto procesal invocado.

e) Contra las sentencias que decidan sobre la falta de jurisdiccin por razn de la materia o de competencia territorial o funcional. Si el fondo del asunto no estuviera comprendido dentro de los lmites de la suplicacin la sentencia, resolver slo sobre la jurisdiccin o competencia.

f) Contra las sentencias dictadas en materias de conflictos colectivos, impugnacin de convenios colectivos, impugnacin de los estatutos de los sindicatos, procedimientos de oficio y tutela de derechos fundamentales y libertades pblicas.

g) Contra las sentencias dictadas en procesos de impugnacin de actos administrativos en materia laboral no comprendidos en los apartados anteriores, cuando no sean susceptibles de valoracin econmica o cuando la cuanta litigiosa exceda de dieciocho mil euros.

4. Podr interponerse recurso de suplicacin contra las siguientes resoluciones:

a) Los autos que resuelvan el recurso de reposicin interpuesto contra la resolucin en que el rgano jurisdiccional, antes del acto del juicio, declare la falta de jurisdiccin o de competencia por razn de la materia, de la funcin o del territorio.

b) Los autos y sentencias que se dicten por los Juzgados de lo Mercantil en el proceso concursal en cuestiones de carcter laboral. En dichas resoluciones debern consignarse expresamente y por separado, los hechos que se estimen probados.

c) Los autos que resuelvan el recurso de reposicin, o en su caso de revisin, interpuesto contra la resolucin que disponga la terminacin anticipada del proceso en los siguientes supuestos:

1. Satisfaccin extraprocesal o prdida sobrevenida de objeto.

2. Falta de subsanacin de los defectos advertidos en la demanda no imputable a la parte o a su representacin procesal o incomparecencia injustificada a los actos de conciliacin y juicio, siempre que, por caducidad de la accin o de la instancia o por otra causa legal, no fuera jurdicamente posible su reproduccin ulterior.

d) Los autos que decidan el recurso de reposicin interpuesto contra los que dicten los Juzgados de lo Social y los autos que decidan el recurso de revisin interpuesto contra los decretos del secretario judicial, dictados unos y otros en ejecucin definitiva de sentencia u otros ttulos, siempre que la sentencia hubiere sido recurrible en suplicacin o que, de tratarse de ejecucin derivada de otro ttulo, haya recado en asunto en el que, de haber dado lugar a sentencia, la misma hubiere sido recurrible en suplicacin, en los siguientes supuestos:

1. Cuando denieguen el despacho de ejecucin.

2. Cuando resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el pleito, no decididos en la sentencia o que contradigan lo ejecutoriado.

3. Cuando pongan fin al procedimiento incidental en la ejecucin decidiendo cuestiones sustanciales no resueltas o no contenidas en el ttulo ejecutivo.

4. En los mismos casos, proceder tambin recurso de suplicacin en ejecucin provisional si se hubieran excedido materialmente los lmites de la misma o se hubiera declarado la falta de jurisdiccin o competencia del orden social.

Artculo 192. Determinacin de la cuanta del proceso.

1. Si fuesen varios los demandantes o algn demandado reconviniese, la cuanta litigiosa a efectos de la procedencia o no del recurso, la determinar la reclamacin cuantitativa mayor sin intereses ni recargos por mora.

2. Si el actor formulase varias pretensiones y reclamare cantidad por cada una de ellas, se sumarn todas para establecer la cuanta.

Cuando en un mismo proceso se ejerciten una o ms acciones acumuladas de las que solamente alguna sea recurrible en suplicacin, proceder igualmente dicho recurso, salvo expresa disposicin en contrario.

3. Cuando la reclamacin verse sobre prestaciones econmicas peridicas de cualquier naturaleza o diferencias sobre ellas, la cuanta litigiosa a efectos de recurso vendr determinada por el importe de la prestacin bsica o de las diferencias reclamadas, ambas en cmputo anual, sin tener en cuenta las actualizaciones o mejoras que pudieran serle aplicables, ni los intereses o recargos por mora. La misma regla se aplicar a las reclamaciones de reconocimiento de derechos, siempre que tengan traduccin econmica.

4. En impugnacin de actos administrativos en materia laboral y de Seguridad Social se atender, a efectos de recurso, al contenido econmico de la pretensin o del acto objeto del proceso cuando sea susceptible de tal valoracin y, en su caso, en cmputo anual. Cuando se pretenda el reconocimiento de un derecho o situacin jurdica individualizada, la cuanta vendr determinada por el valor econmico de lo reclamado o, en su caso, por la diferencia respecto de lo previamente reconocido en va administrativa. Cuando se pretenda la anulacin de un acto, incluidos los de carcter sancionador, se atender al contenido econmico del mismo. En ambos casos no se tendrn en cuenta los intereses o recargos por mora. En materia de prestaciones de Seguridad Social igualmente valorables econmicamente, se estar a la regla del apartado 3 de este mismo artculo, computndose exclusivamente a estos fines las diferencias reclamadas sobre el importe reconocido previamente en va administrativa.

Artculo 193. Objeto del recurso de suplicacin.

El recurso de suplicacin tendr por objeto:

a) Reponer los autos al estado en el que se encontraban en el momento de cometerse una infraccin de normas o garantas del procedimiento que haya producido indefensin.

b) Revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas.

c) Examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia.

Artculo 194. Anuncio del recurso.

El recurso de suplicacin deber anunciarse dentro de los cinco das siguientes a la notificacin de la sentencia, bastando para ello la mera manifestacin de la parte o de su abogado, graduado social colegiado o de su representante, al hacerle la notificacin de aqulla, de su propsito de entablarlo. Tambin podr anunciarse por comparecencia o por escrito de las partes o de su abogado o graduado social colegiado, o representante ante el juzgado que dict la resolucin impugnada, dentro del indicado plazo.

Artculo 195. Interposicin del recurso.

1. Si la resolucin fuera recurrible en suplicacin y la parte hubiera anunciado el recurso en tiempo y forma y cumplido las dems prevenciones establecidas en esta Ley, el secretario judicial tendr por anunciado el recurso y acordar poner los autos a disposicin del letrado o graduado social colegiado designado por la parte recurrente, por el orden de anuncio, en la forma dispuesta en el apartado 1 del artculo 48, para que interponga el recurso, dentro de los diez das siguientes a que se notifique la puesta a disposicin, debiendo sustituirse el traslado material de las actuaciones por la entrega de soporte informtico o mediante acceso telemtico, si se dispusiera de los medios necesarios para ello. Este plazo correr cualquiera que sea el momento en que el letrado o el graduado social colegiado examinara o recogiera los autos.

Si el rgano jurisdiccional dispusiera de los medios para dar simultneo traslado o acceso a las actuaciones a todas las partes recurrentes, se dispondr que tanto la puesta a disposicin de las actuaciones, como la interposicin del recurso, se efecten dentro de un plazo comn a todos los recurrentes.

2. Si la resolucin impugnada no fuera recurrible en suplicacin, si el recurso no se hubiera anunciado en tiempo o si el recurrente hubiera incumplido los requisitos necesarios para el anuncio del recurso de modo insubsanable o no hubiera subsanado dichos requisitos dentro del trmino conferido al efecto, segn lo dispuesto en el apartado 5 del artculo 230, el rgano judicial declarar, mediante auto, tener por no anunciado el recurso, quedando firme en su caso la sentencia impugnada. Contra este auto podr recurrirse en queja ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia.

Artculo 196. Escrito de interposicin.

1. El escrito interponiendo el recurso de suplicacin se presentar ante el juzgado que dict la resolucin impugnada, con tantas copias cuantas sean las partes recurridas.

2. En el escrito de interposicin del recurso, junto con las alegaciones sobre su procedencia y sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos, se expresarn, con suficiente precisin y claridad, el motivo o los motivos en que se ampare, citndose las normas del ordenamiento jurdico o la jurisprudencia que se consideren infringidas. En todo caso se razonar la pertinencia y fundamentacin de los motivos.

3. Tambin habrn de sealarse de manera suficiente para que sean identificados, el concreto documento o pericia en que se base cada motivo de revisin de los hechos probados que se aduzca e indicando la formulacin alternativa que se pretende.

Artculo 197. Traslado a las otras partes.

1. Interpuesto el recurso en tiempo y forma, el secretario judicial proveer en el plazo de dos das dando traslado del mismo para su impugnacin, a la parte o partes recurridas por un plazo comn de cinco das para todas ellas. En los escritos de impugnacin, que se presentarn acompaados de tantas copias como sean las dems partes para su traslado a las mismas, podrn alegarse motivos de inadmisibilidad del recurso, as como eventuales rectificaciones de hecho o causas de oposicin subsidiarias aunque no hubieran sido estimadas en la sentencia, con anlogos requisitos a los indicados en el artculo anterior.

2. Del escrito o escritos de impugnacin se dar traslado a las partes. De haberse formulado en dichos escritos alegaciones sobre inadmisibilidad del recurso o los motivos a que se refiere el apartado anterior, las dems partes podrn presentar directamente sus alegaciones al respecto, junto con las correspondientes copias para su traslado a las dems partes, dentro de los dos das siguientes a recibir el traslado del escrito de impugnacin.

3. Transcurrido el plazo de impugnacin y en su caso el de alegaciones del apartado anterior, hyanse presentado o no escritos en tal sentido y previo traslado de las alegaciones si se hubieran presentado, se elevarn los autos a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, junto con el recurso y escritos presentados, dentro de los dos das siguientes.

Artculo 198. Determinacin de domicilio.

Las partes recurrentes y recurridas debern hacer constar, en los escritos de interposicin del recurso y de impugnacin del mismo, un domicilio en la sede de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia a efectos de notificaciones, de no haberlo consignado previamente, con los efectos del apartado 2 del artculo 53.

Artculo 199. Subsanacin.

Recibidos los autos en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, si el secretario judicial apreciara defectos u omisiones subsanables en el recurso, conceder a la parte el plazo de cinco das para que se aporten los documentos omitidos o se subsanen los defectos apreciados. De no efectuarse, la Sala dictar auto declarando la inadmisin del recurso y la firmeza de la resolucin recurrida, con devolucin del depsito constituido y la remisin de las actuaciones al juzgado de procedencia. Contra dicho auto slo cabe recurso de reposicin.

Artculo 200. Inadmisin del recurso.

1. Instruido de los autos por tres das el Magistrado ponente, dar cuenta a la Sala del recurso interpuesto y sta, identificando de forma sucinta las circunstancias justificativas, podr or al recurrente por tres das sobre la inadmisin del recurso por haberse incumplido de manera manifiesta e insubsanable los requisitos para recurrir o por existir doctrina jurisprudencial unificada del Tribunal Supremo en el mismo sentido que la sentencia recurrida.

2. Si la Sala estimara que concurre alguna de las causas de inadmisin referidas dictar, en el plazo de tres das, auto, contra el que no cabr recurso, declarando la inadmisin del recurso y la firmeza de la resolucin recurrida con imposicin de las costas al recurrente y con prdida del depsito necesario para recurrir, dndose a las consignaciones y aseguramientos prestados el destino que corresponda y notificando la resolucin a las partes y al Ministerio Fiscal.

Cuando la inadmisin se refiera solamente a alguno de los motivos aducidos o a alguno de los recursos interpuestos, mediante auto, no susceptible de recurso, se dispondr la continuacin del trmite de los restantes recursos o motivos no afectados por el auto de inadmisin parcial.

Artculo 201. Sentencia.

1. De no haberse acordado la inadmisin por el trmite del artculo anterior, previo sealamiento para deliberacin, votacin y fallo, la Sala dictar sentencia dentro del plazo de diez das, que se notificar a las partes y a la Fiscala de la Comunidad Autnoma, resolviendo sobre la estimacin o desestimacin del recurso, as como, en su caso, sobre las cuestiones oportunamente suscitadas en impugnacin, o apreciando su inadmisibilidad y desestimndolo en consecuencia. La estimacin del recurso dar lugar a la anulacin o revocacin de la sentencia recurrida en los trminos establecidos en el artculo siguiente y la desestimacin del mismo determinar la confirmacin de la resolucin recurrida.

2. Firme la sentencia, el secretario judicial acordar la devolucin de los autos, junto con la certificacin de aqulla, al juzgado de procedencia.

Artculo 202. Efectos de la estimacin del recurso.

1. Cuando la revocacin de la resolucin de instancia se funde en la infraccin de normas o garantas del procedimiento que haya producido indefensin, de acuerdo con lo dispuesto en la letra a) del artculo 193, la Sala, sin entrar en el fondo de la cuestin, mandar reponer los autos al estado en que se encontraban en el momento de cometerse la infraccin, y si sta se hubiera producido en el acto del juicio, al momento de su sealamiento.

2. Si la infraccin cometida versara sobre las normas reguladoras de la sentencia, la estimacin del motivo obligar a la Sala a resolver lo que corresponda, dentro de los trminos en que aparezca planteado el debate. Pero si no pudiera hacerlo, por ser insuficiente el relato de hechos probados de la resolucin recurrida y por no poderse completar por el cauce procesal correspondiente, acordar la nulidad en todo o en parte de dicha resolucin y de las siguientes actuaciones procesales, concretando en caso de nulidad parcial los extremos de la resolucin impugnada que conservan su firmeza, y mandar reponer lo actuado al momento de dictar sentencia, para que se salven las deficiencias advertidas y sigan los autos su curso legal.

3. De estimarse alguno de los restantes motivos comprendidos en el artculo 193, la Sala resolver lo que corresponda, con preferencia de la resolucin de fondo del litigio, dentro de los trminos en que aparezca planteado el debate, incluso sobre extremos no resueltos en su momento en la sentencia recurrida por haber apreciado alguna circunstancia obstativa, as como, en su caso, sobre las alegaciones deducidas en los escritos de impugnacin, siempre y cuando el relato de hechos probados y dems antecedentes no cuestionados obrantes en autos resultaran suficientes.

Artculo 203. Estimacin total y parcial del recurso.

1. Cuando la Sala revoque totalmente la sentencia de instancia y el recurrente haya consignado en metlico la cantidad importe de la condena o asegurado la misma conforme a lo prevenido en esta Ley, as como constituido el depsito para recurrir, el fallo dispondr la devolucin de todas las consignaciones y del depsito y la cancelacin de los aseguramientos prestados, una vez firme la sentencia.

2. Si estimado el recurso de suplicacin se condenara a una cantidad inferior a la reconocida por la resolucin recurrida, el fallo dispondr la devolucin parcial de las consignaciones, en la cuanta que corresponda a la diferencia de las dos condenas, y la cancelacin tambin parcial de los aseguramientos prestados, una vez firme la sentencia.

3. En todos los supuestos de estimacin parcial del recurso de suplicacin, el fallo dispondr la devolucin de la totalidad del depsito.

Artculo 204. Prdida de cantidades consignadas.

1. Cuando la Sala confirme la sentencia y el recurrente haya consignado las cantidades a las que se refiere la presente Ley, el fallo condenar a la prdida de las consignaciones, a las que se dar el destino que corresponda cuando la sentencia sea firme.

2. En el caso de que el juez haya impuesto a la parte que obr con mala fe o temeridad la multa que sealan el apartado 4 del artculo 75 y el apartado 3 del artculo 97, la sentencia de la Sala confirmar o no, en todo o en parte, dicha multa, pronuncindose asimismo, cuando el condenado fuere el empresario, sobre los honorarios de los abogados o de los graduados sociales impuestos en la sentencia recurrida. La Sala podr imponer dichas sanciones y medidas a los recurrentes de apreciarse temeridad o mala fe en la actuacin de las partes o su representacin procesal durante el recurso.

3. Si el recurrente hubiera asegurado el importe de la condena conforme a lo prevenido en esta Ley mandar la Sala en su fallo confirmatorio que se mantengan los aseguramientos prestados, hasta que el condenado cumpla la sentencia o hasta que en cumplimiento de la sentencia resuelva la realizacin de dichos aseguramientos.

4. Si el recurrente hubiera constituido el depsito necesario para recurrir, la sentencia confirmatoria dispondr su prdida, lo que se realizar cuando la sentencia sea firme.

TTULO III
Del recurso de casacin y dems procesos atribuidos al conocimiento del Tribunal Supremo
Artculo 205. Competencia y tramitacin.

1. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo conocer, en los supuestos y por los motivos establecidos en esta Ley, de los recursos de casacin interpuestos contra las sentencias y otras resoluciones dictadas en nica instancia por las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia y por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

2. Tambin conocer de los procesos de impugnacin de actos administrativos en los supuestos de la letra a) del artculo 9. Se iniciar mediante escrito que deber presentarse, en el plazo de dos meses siguientes a la notificacin del acto impugnado o de los dos meses siguientes a la desestimacin expresa o presunta del recurso de reposicin potestativo, en su caso, solicitando se tenga por anunciada la impugnacin jurisdiccional, acompaando copia del acto impugnado. En su tramitacin se observarn las reglas siguientes:

a) De no concurrir causa de inadmisin y una vez subsanados en el plazo de diez das los defectos apreciados, se proceder a la reclamacin del expediente administrativo de la Administracin autora del acto y una vez recibido, con simultneo emplazamiento de los interesados que resulten del expediente, se pondr a disposicin del recurrente o recurrentes en la oficina judicial, mediante acceso informtico o soporte electrnico de disponerse de tales medios, para que en el plazo comn de quince das procedan a la formalizacin de la demanda, con expresin de las infracciones formales y sustantivas en que hubiera incurrido el acuerdo recurrido.

b) Del escrito o escritos de demanda presentados se dar traslado a la representacin de la Administracin del Estado y dems partes personadas para contestacin a la demanda en plazo comn de quince das. La prueba documental distinta de la que obre en el expediente administrativo se aportar con los escritos de demanda y contestacin, pudiendo solicitarse la prctica de otras diligencias de prueba cuando exista disconformidad en los hechos y lo estime necesario el Tribunal, que sealar a tal efecto una vista nica para la prctica de la prueba, pudiendo delegar en uno de sus Magistrados o en una Sala o juzgado a estos fines, en funcin de las circunstancias concurrentes.

c) De haberse practicado prueba, el Tribunal resolver dar traslado para conclusiones por un plazo comn de diez das a todas las partes, salvo que estime necesaria la celebracin de vista.

d) Los autos se sealarn para votacin y fallo en el plazo de los diez das siguientes a la presentacin de la contestacin de la demanda o, en su caso, de la presentacin de conclusiones o de la celebracin de la vista.

e) La sentencia se dictar en el plazo de los diez das siguientes a la votacin y fallo, y en ella se efectuarn los pronunciamientos que correspondan en los trminos establecidos en el apartado 9 del artculo 151, y contra ella no cabr ulterior recurso.

Artculo 206. Resoluciones procesales recurribles en casacin.

Son recurribles en casacin:

1. Las sentencias dictadas en nica instancia por las Salas a las que se refiere el apartado 1 del artculo anterior, excepto las siguientes:

a) Las sentencias dictadas en procesos de impugnacin de actos de las Administraciones pblicas atribuidos al orden social en las letras n) y s) del artculo 2 que sean susceptibles de valoracin econmica cuando la cuanta litigiosa no exceda de ciento cincuenta mil euros.

b) Las sentencias dictadas en relacin con expedientes de regulacin de empleo, de extincin de contratos de trabajo, suspensin del contrato o reduccin de jornada por causas econmicas, tcnicas, organizativas o de produccin, cualquiera que sea la cuanta, cuando afecten a menos de cincuenta trabajadores.

2. Los autos que resuelvan el recurso de reposicin interpuesto contra la resolucin en que la Sala, antes del acto de juicio, declare la falta de jurisdiccin o competencia.

3. Los autos dictados por dichas Salas que resuelvan el recurso de reposicin, o de revisin, en su caso, interpuesto contra la resolucin que disponga la terminacin anticipada del proceso:

a) Por satisfaccin extraprocesal o prdida sobrevenida de objeto.

b) Por falta de subsanacin de los defectos advertidos en la demanda no imputable a la parte o a su representacin procesal o por incomparecencia injustificada a los actos de conciliacin y juicio, siempre que por caducidad de la accin o de la instancia u otra causa legal no fuera jurdicamente posible su reproduccin ulterior.

4. Los autos que decidan el recurso de reposicin interpuesto contra los que dicten dichas Salas y los autos que decidan el recurso de revisin interpuesto contra los decretos del secretario judicial, dictados unos y otros en ejecucin definitiva de sentencia, en los siguientes casos:

a) Cuando denieguen el despacho de ejecucin.

b) Cuando resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el pleito, no decididos en la sentencia o que contradigan lo ejecutoriado.

c) Cuando pongan fin al procedimiento incidental en la ejecucin decidiendo cuestiones sustanciales no resueltas o no contenidas en el ttulo ejecutivo. En los mismos casos, proceder tambin recurso de casacin en ejecucin provisional cuando excedan materialmente de los lmites de la misma o declaren la falta de jurisdiccin o competencia del orden social.

Artculo 207. Motivos del recurso de casacin.

El recurso de casacin habr de fundarse en alguno de los siguientes motivos:

a) Abuso, exceso o defecto en el ejercicio de la jurisdiccin.

b) Incompetencia o inadecuacin de procedimiento.

c) Quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infraccin de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantas procesales, siempre que, en este ltimo caso, se haya producido indefensin para la parte.

d) Error en la apreciacin de la prueba basado en documentos que obren en autos que demuestren la equivocacin del juzgador, sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.

e) Infraccin de las normas del ordenamiento jurdico o de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.

Artculo 208. Preparacin del recurso.

1. El recurso de casacin deber prepararse en el plazo de los cinco das siguientes a la notificacin de la sentencia, bastando para considerarlo preparado la mera manifestacin de las partes o de su abogado, graduado social colegiado o representante, al hacerle la notificacin de aqulla, de su propsito de entablarlo.

2. Tambin podr prepararse por comparecencia o por escrito de las partes o de su abogado, graduado social colegiado o representante, dentro del mismo plazo sealado en el nmero anterior, ante la Sala que dict la resolucin que se impugna.

Artculo 209. Resolucin sobre la preparacin del recurso.

1. Cumplidos los requisitos establecidos para recurrir, el secretario judicial tendr por preparado el recurso de casacin. Contra esta resolucin la parte recurrida no podr interponer recurso alguno, pero podr oponerse a la admisin del recurso de casacin en el trmite previsto en el apartado 1 del artculo 211 de esta Ley.

Si el secretario judicial apreciara la existencia de defectos subsanables, requerir su subsanacin conforme al apartado 5 del artculo 230, dando cuenta a la Sala si sta no se produjera para que resuelva lo que proceda.

2. Si la resolucin impugnada no fuera recurrible en casacin, si el recurso no se hubiera preparado dentro de plazo, o si el recurrente hubiera incumplido los requisitos necesarios para la preparacin del recurso de modo insubsanable o no hubiera subsanado dichos requisitos dentro del trmino conferido al efecto, en la forma dispuesta en el apartado 5 del artculo 230, la Sala de instancia declarar, mediante auto, tener por no preparado el recurso, quedando firme, en su caso, la resolucin impugnada. Contra este auto podr recurrirse en queja ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

3. Preparado el recurso, el secretario judicial conceder a la parte o partes recurrentes, por el orden de preparacin, el plazo de quince das para formalizar el recurso, durante cuyo plazo, a partir de la notificacin de la resolucin al letrado designado, los autos se encontrarn a su disposicin en la oficina judicial de la Sala para su entrega o su examen, en la forma dispuesta en el apartado 1 del artculo 48, en soporte convencional o mediante acceso informtico o soporte electrnico de disponerse de tales medios. Este plazo correr cualquiera que sea el momento en que el letrado recogiera o examinara los autos puestos a su disposicin. Si la Sala dispusiera de medios para dar simultneo traslado o acceso a las actuaciones a todas las partes recurrentes, dispondr que tanto la puesta a disposicin de las mismas, como la formalizacin del recurso, se efecten dentro de un plazo comn a todos los recurrentes.

Artculo 210. Interposicin del recurso.

1. El escrito de formalizacin se presentar ante la Sala que dict la resolucin impugnada, por el abogado designado al efecto quien, de no indicarse otra cosa, asumir desde ese momento la representacin de la parte en el recurso, con tantas copias como partes recurridas y designando un domicilio a efectos de notificaciones, con todos los datos necesarios para su prctica, con los efectos del apartado 2 del artculo 53.

2. En el escrito se expresarn por separado, con el necesario rigor y claridad, cada uno de los motivos de casacin, por el orden sealado en el artculo 207, razonando la pertinencia y fundamentacin de los mismos y el contenido concreto de la infraccin o vulneracin cometidas, haciendo mencin precisa de las normas sustantivas o procesales infringidas, as como, en el caso de invocacin de quebranto de doctrina jurisprudencial, de las concretas resoluciones que establezcan la doctrina invocada y, en particular, los siguientes extremos:

a) En los motivos basados en infraccin de las normas y garantas procesales, deber consignarse la protesta, solicitud de subsanacin o recurso destinados a subsanar la falta o trasgresin en la instancia, de haber existido momento procesal oportuno para ello y el efecto de indefensin producido.

b) En los motivos basados en error de hecho en la apreciacin de la prueba debern sealarse de modo preciso cada uno de los documentos en que se fundamente y el concreto extremo a que se refiere, ofreciendo la formulacin alternativa de los hechos probados que se propugna.

3. Si el recurso no se hubiera formalizado dentro del plazo conferido al efecto o si en el escrito se hubiesen omitido de modo manifiesto los requisitos exigidos, la Sala dictar auto poniendo fin al trmite del recurso quedando firme, en cuanto a dicha parte recurrente, la sentencia o resolucin impugnada. Contra dicho auto, previa reposicin ante la Sala, proceder recurso de queja ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

Artculo 211. Traslado a las otras partes.

1. Una vez formalizado el recurso o recursos dentro del plazo concedido y con los requisitos exigidos, el secretario judicial proveer en el plazo de dos das dando traslado del mismo a las dems partes por trmino comn de diez das para su impugnacin.

El escrito de impugnacin deber presentarse acompaado de tantas copias como sean las dems partes para su traslado a las mismas. En el mismo se desarrollarn por separado los distintos motivos de impugnacin, correlativos a los de casacin formulados de contrario y las causas de inadmisin que estime concurrentes, as como, en su caso, otros motivos subsidiarios de fundamentacin del fallo de la sentencia recurrida o eventuales rectificaciones de hechos que, con independencia de los fundamentos aplicados por sta, pudieran igualmente sustentar la estimacin de las pretensiones de la parte impugnante, observando anlogos requisitos que los exigidos para la formalizacin del recurso.

El escrito deber estar suscrito por letrado, quien de no indicarse otra cosa asumir desde ese momento la representacin de la parte en el recurso, designando domicilio con todos los datos necesarios para notificaciones en la sede de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

2. Durante el plazo de impugnacin los autos se encontrarn a disposicin de la parte o del letrado que designe a tal fin, en la oficina judicial de la Sala para su entrega o examen. En el caso de que la Sala disponga de los autos en soporte electrnico o pueda accederse a ellos por medios telemticos, podr sustituir el traslado material de las actuaciones por tales medios, conforme dispone el apartado 1 del artculo 48.

3. Del escrito o escritos de impugnacin se dar traslado a las partes. De haberse formulado en dichos escritos alegaciones sobre inadmisibilidad del recurso o los motivos subsidiarios de fundamentacin de la sentencia recurrida a que se refiere el artculo anterior, las dems partes, si lo estiman oportuno, podrn presentar directamente sus alegaciones al respecto, junto con las correspondientes copias para su traslado a las dems partes, dentro de los cinco das siguientes a recibir el escrito de impugnacin.

Artculo 212. Remisin de los autos.

Transcurrido el plazo de impugnacin y, en su caso, el de alegaciones del apartado 3 del artculo anterior, hyanse presentado o no escritos en tal sentido, y previo traslado de las alegaciones si se hubieran presentado, se elevarn los autos a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dentro de los cinco das siguientes.

Artculo 213. Decisin sobre la admisin del recurso.

1. Recibidos los autos en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, si el secretario judicial apreciara defectos subsanables en el recurso, conceder a la parte un plazo de cinco das a tal efecto para la aportacin de los documentos omitidos o subsanacin de los defectos apreciados. De no efectuarse la subsanacin en el tiempo y forma establecidos la Sala dictar auto de inadmisin del recurso declarando la firmeza en su caso de la resolucin recurrida, con prdida del depsito constituido y remisin de las actuaciones a la Sala de procedencia. Contra dicho auto slo proceder recurso de reposicin.

2. Si el secretario apreciare defectos insubsanables dar cuenta a la Sala para que sta adopte la resolucin que proceda.

3. De no haber apreciado defectos el secretario, o una vez subsanados los advertidos, dar cuenta al Magistrado ponente para instruccin de los autos por tres das. El Magistrado ponente dar cuenta a la Sala del recurso interpuesto y sta, si estima que concurre causa de inadmisin, previo informe del Ministerio Fiscal por cinco das, dictar auto inadmitiendo el recurso. De no haberse alegado la causa de inadmisibilidad en la impugnacin, con carcter previo oir al recurrente sobre dicho extremo por cinco das.

4. Son causas de inadmisin, el incumplimiento de manera manifiesta e insubsanable de los requisitos para recurrir, la carencia sobrevenida del objeto del recurso, la falta de contenido casacional de la pretensin y el haberse desestimado en el fondo otros recursos en supuestos sustancialmente iguales.

5. Si la Sala estimare que concurre alguna de las causas de inadmisin referidas, dictar en el plazo de tres das auto declarando la firmeza de la resolucin recurrida con imposicin de costas al recurrente en los trminos establecidos en esta Ley y con prdida del depsito necesario para recurrir, dndose a las consignaciones y aseguramientos prestados el destino que corresponda, notificando la resolucin a las partes y al Ministerio Fiscal, sin que quepa recurso contra dicha resolucin.

Cuando la inadmisin se refiera solamente a alguno de los motivos aducidos o a alguno de los recursos interpuestos, mediante auto, no susceptible de recurso, se dispondr la continuacin del trmite de los restantes recursos o motivos no afectados por el auto de inadmisin parcial.

Artculo 214. Traslado al Ministerio Fiscal.

1. De haberse admitido parcial o totalmente el recurso o recursos, el secretario pasar seguidamente los autos a la Fiscala de lo Social del Tribunal Supremo, en soporte convencional o electrnico, para que en el plazo de diez das, informe sobre la procedencia o improcedencia de la casacin pretendida. El referido traslado se efectuar igualmente, a los estrictos fines de defensa de la legalidad, cuando el Ministerio Fiscal sea parte en el proceso.

2. Devueltos los autos por el Ministerio Fiscal junto con su informe, si la Sala lo estima necesario el secretario judicial sealar da y hora para la celebracin de la vista. En otro caso, el Tribunal sealar da y hora para deliberacin, votacin y fallo, debiendo celebrarse una u otros dentro de los diez das siguientes.

3. La Sala dictar sentencia en el plazo de diez das, contados desde el siguiente al de la terminacin de la vista o al de la celebracin de la votacin.

Artculo 215. Efectos de la sentencia.

La sentencia, si se estimare el recurso por todos o algunos de sus motivos, casando la resolucin recurrida, resolver conforme a Derecho, teniendo en cuenta lo siguiente:

a) De estimarse la falta de jurisdiccin, la incompetencia o la inadecuacin del procedimiento, se anular la sentencia y se dejar a salvo el derecho de ejercitar las pretensiones ante quien corresponda o por el procedimiento adecuado.

b) De estimarse las infracciones procesales previstas en la letra c) del artculo 207, se mandarn reponer las actuaciones al estado y momento en que se hubiera incurrido en la falta, salvo que la infraccin se hubiera producido durante la celebracin del juicio, en cuyo caso se mandarn reponer al momento de su sealamiento.

Si la infraccin cometida versara sobre las normas reguladoras de la sentencia, la estimacin del motivo obligar a la Sala a resolver lo que corresponda, dentro de los trminos en que aparezca planteado el debate. Pero si no pudiera hacerlo, por ser insuficiente el relato de hechos probados de la resolucin recurrida y no poderse completar por el cauce procesal correspondiente, acordar la nulidad en todo o en parte de dicha resolucin y de las siguientes actuaciones procesales, concretando en caso de nulidad parcial los extremos de la resolucin impugnada que conservan su firmeza, y mandar reponer lo actuado al momento de dictar sentencia, para que se salven las deficiencias advertidas y sigan los autos su curso legal.

c) De estimarse alguno de los restantes motivos comprendidos en el artculo 207, la Sala resolver lo que corresponda dentro de los trminos en que aparezca planteado el debate, con preferencia de la resolucin de fondo del litigio, incluso sobre extremos no resueltos en su momento en la sentencia recurrida por haber apreciado alguna circunstancia obstativa, as como, en su caso, sobre las alegaciones deducidas en los escritos de impugnacin, siempre y cuando el relato de hechos probados y dems antecedentes no cuestionados obrantes en autos resultaran suficientes.

Artculo 216. Devolucin de cantidades consignadas.

1. Siempre que el recurso de casacin sea estimado, si el recurrente hubiera consignado en metlico la cantidad importe de la condena o asegurado sta conforme a lo prevenido en esta Ley, as como constituido el depsito necesario para recurrir, el fallo dispondr la devolucin de todas las consignaciones y del depsito y la cancelacin de los aseguramientos prestados.

2. Si estimado el recurso de casacin se condenara a una cantidad inferior a la fijada en la resolucin recurrida, el fallo dispondr la devolucin parcial de las consignaciones, en la cuanta que corresponda a la diferencia de las dos condenas, y la cancelacin tambin parcial de los aseguramientos realizados.

3. En todos los supuestos de estimacin parcial del recurso de casacin, el fallo dispondr la devolucin de la totalidad del depsito.

Artculo 217. Prdida de las cantidades consignadas.

1. Si el recurso fuese desestimado y el recurrente hubiese tenido que consignar en metlico la cantidad importe de la condena o asegurar la misma y constituir el depsito, el fallo dispondr la prdida de las consignaciones a las que se dar el destino que corresponda o el mantenimiento de los aseguramientos prestados hasta que se cumpla la sentencia o se resuelva, en su caso, la realizacin de los mismos y la prdida del citado depsito.

2. En el caso de que la Sala de instancia haya impuesto a la parte que obr con mala fe o temeridad la multa que sealan el apartado 4 del artculo 75 y el apartado 3 del artculo 97, la sentencia de la Sala se pronunciar sobre dichos extremos, as como sobre los honorarios de los abogados si hubieran sido impuestos en la sentencia recurrida. La Sala podr imponer dichas sanciones y medidas a los recurrentes de apreciarse temeridad o mala fe en la actuacin de las partes o su representacin procesal durante el recurso.

TTULO IV
Del recurso de casacin para la unificacin de doctrina
Artculo 218. Sentencias recurribles.

Son recurribles en casacin para la unificacin de doctrina, las sentencias dictadas en suplicacin por las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia.

Artculo 219. Finalidad del recurso. Legitimacin del Ministerio Fiscal.

1. El recurso tendr por objeto la unificacin de doctrina con ocasin de sentencias dictadas en suplicacin por las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, que fueran contradictorias entre s, con la de otra u otras Salas de los referidos Tribunales Superiores o con sentencias del Tribunal Supremo, respecto de los mismos litigantes u otros diferentes en idntica situacin donde, en mrito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos distintos.

2. Podr alegarse como doctrina de contradiccin la establecida en las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional y los rganos jurisdiccionales instituidos en los Tratados y Acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y libertades fundamentales ratificados por Espaa, siempre que se cumplan los presupuestos del nmero anterior referidos a la pretensin de tutela de tales derechos y libertades. La sentencia que resuelva el recurso se limitar, en dicho punto de contradiccin, a conceder o denegar la tutela del derecho o libertad invocados, en funcin de la aplicabilidad de dicha doctrina al supuesto planteado.

Con iguales requisitos y alcance sobre su aplicabilidad, podr invocarse la doctrina establecida en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unin Europea en interpretacin del derecho comunitario.

3. El Ministerio Fiscal, en su funcin de defensa de la legalidad, de oficio o a instancia de los sindicatos, organizaciones empresariales, asociaciones representativas de los trabajadores autnomos econmicamente dependientes o entidades pblicas que, por las competencias que tengan atribuidas, ostenten inters legtimo en la unidad jurisprudencial sobre la cuestin litigiosa, y con independencia de la facultad que ordinariamente tiene atribuida conforme al artculo siguiente de esta Ley, podr interponer recurso de casacin para unificacin de doctrina. Dicho recurso podr interponerse cuando, sin existir doctrina unificada en la materia de que se trate, se hayan dictado pronunciamientos distintos por los Tribunales Superiores de Justicia, en interpretacin de unas mismas normas sustantivas o procesales y en circunstancias sustancialmente iguales, as como cuando se constate la dificultad de que la cuestin pueda acceder a unificacin de doctrina segn los requisitos ordinariamente exigidos o cuando las normas cuestionadas por parte de los tribunales del orden social sean de reciente vigencia o aplicacin, por llevar menos de cinco aos en vigor en el momento de haberse iniciado el proceso en primera instancia, y no existieran an resoluciones suficientes e idneas sobre todas las cuestiones discutidas que cumplieran los requisitos exigidos en el apartado 1 de este artculo.

El recurso podr prepararlo la Fiscala de Sala de lo Social del Tribunal Supremo dentro de los diez das siguientes a la notificacin a la Fiscala de la Comunidad Autnoma de la sentencia impugnada, mediante escrito reducido a la manifestacin del propsito de entablar el recurso y exponiendo sucintamente la fundamentacin que se propondr desarrollar en el mismo.

El escrito se presentar ante la Sala que dict la resolucin impugnada y del mismo se dar traslado a las dems partes, hayan o no preparado las mismas recurso. Las partes podrn dentro de los cinco das siguientes, solicitar que en el recurso el Ministerio Fiscal interese la alteracin de la situacin jurdica particular resultante de la sentencia recurrida y el contenido de las pretensiones que el ministerio pblico habra de formular en su nombre en tal caso.

Trascurrido el plazo anterior, aunque no se hubieran presentado escritos de las partes en el sentido expresado, dentro de los cinco das siguientes se elevarn los autos a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo junto con los escritos de preparacin que se hubieran presentado y las actuaciones que se hubieren practicado hasta ese momento en el estado en que se encuentren, previo emplazamiento por el secretario judicial a las dems partes que no hubieran recurrido para su personacin por escrito por medio de letrado ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dentro del plazo de los diez das siguientes, debiendo acreditarse la representacin de la parte de no constar previamente en las actuaciones. La parte recurrente en su caso, y el Ministerio Fiscal se entendern personados de derecho con la remisin de los autos.

Las actuaciones ulteriores se seguirn ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo conforme a las reglas establecidas en los artculos 222 a 228 con las adaptaciones necesarias teniendo en cuenta las especialidades de esta modalidad del recurso.

En caso de estimacin del recurso, la sentencia fijar en el fallo la doctrina jurisprudencial y podr afectar a la situacin jurdica particular derivada de la sentencia recurrida conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por el Ministerio Fiscal y por las partes comparecidas en el recurso que se hubieren adherido al mismo.

En defecto de solicitud de parte o en el caso de que las partes no hayan recurrido, la sentencia respetar la situacin jurdica particular derivada de la sentencia recurrida y en cuanto afecte a las pretensiones deducidas por el Ministerio Fiscal, de ser estimatoria, fijar en el fallo la doctrina jurisprudencial. En este caso, el fallo se publicar en el Boletn Oficial del Estado y, a partir de su insercin en l, complementar el ordenamiento jurdico, vinculando en tal concepto a todos los jueces y tribunales del orden jurisdiccional social diferentes al Tribunal Supremo.

Artculo 220. Preparacin del recurso.

1. El recurso podr prepararlo cualquiera de las partes o el Ministerio Fiscal dentro de los diez das siguientes a la notificacin de la sentencia impugnada.

2. Durante el plazo referido en el apartado anterior, las partes, el Ministerio Fiscal o el letrado designado a tal fin, tendrn a su disposicin en la oficina judicial del Tribunal Superior de Justicia los autos para su examen, debiendo acceder a los mismos por los medios electrnicos o telemticos, en caso de disponerse de ellos.

Artculo 221. Forma y contenido del escrito de preparacin del recurso.

1. El recurso se preparar mediante escrito dirigido a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia que dict la sentencia de suplicacin, con tantas copias como partes recurridas y designando un domicilio en la sede de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo a efectos de notificaciones, con todos los datos necesarios para su prctica y con los efectos del apartado 2 del artculo 53.

2. El escrito de preparacin deber estar firmado por abogado, acreditando la representacin de la parte de no constar previamente en las actuaciones, y expresar el propsito de la parte de formalizar el recurso, con exposicin sucinta de la concurrencia de los requisitos exigidos. El escrito deber:

a) Exponer cada uno de los extremos del ncleo de la contradiccin, determinando el sentido y alcance de la divergencia existente entre las resoluciones comparadas, en atencin a la identidad de la situacin, a la igualdad sustancial de hechos, fundamentos y pretensiones y a la diferencia de pronunciamientos.

b) Hacer referencia detallada y precisa a los datos identificativos de la sentencia o sentencias que la parte pretenda utilizar para fundamentar cada uno de los puntos de contradiccin.

3. Las sentencias invocadas como doctrina de contradiccin debern haber ganado firmeza a la fecha de finalizacin del plazo de interposicin del recurso.

4. Las sentencias que no hayan sido objeto de expresa mencin en el escrito de preparacin no podrn ser posteriormente invocadas en el escrito de interposicin.

Artculo 222. Resolucin sobre la preparacin del recurso.

1. Cumplidos los requisitos establecidos para recurrir, el secretario judicial tendr por preparado el recurso de casacin. Contra esta resolucin la parte recurrida no podr interponer recurso alguno, pero podr oponerse a la admisin del recurso de casacin al personarse ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

Si el secretario judicial apreciara la existencia de defectos subsanables, requerir su subsanacin conforme al apartado 5 del artculo 230, dando cuenta a la Sala si sta no se produjera para que resuelva lo que proceda.

2. Si la resolucin impugnada no fuera recurrible en casacin, si el recurso no se hubiera preparado dentro de plazo, si el escrito de preparacin no contuviera las menciones exigidas para la fundamentacin del recurso, o si el recurrente hubiera incumplido los requisitos necesarios para la preparacin del recurso de modo insubsanable o no hubiera subsanado dichos requisitos dentro del trmino conferido al efecto, en la forma dispuesta en el apartado 5 del artculo 230, la Sala de suplicacin declarar, mediante auto, tener por no preparado el recurso, quedando firme, en su caso, la resolucin impugnada. Contra este auto podr recurrirse en queja ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

Artculo 223. Interposicin del recurso.

1. Preparado en tiempo y forma el recurso, el secretario judicial, dentro de los dos das siguientes, conceder a la parte o partes recurrentes el plazo comn de quince das para interponer el recurso ante la misma Sala de suplicacin, a partir de la notificacin de la resolucin al letrado o letrados designados, durante cuyo plazo los autos se encontrarn a su disposicin en la oficina judicial de la Sala para su entrega o examen, si lo estiman necesario. En el caso de que la Sala disponga de los autos en soporte electrnico o pueda accederse a ellos por medios telemticos, podr sustituir el traslado material de las actuaciones por tales medios, conforme dispone el apartado 1 del artculo 48.

2. El escrito de interposicin del recurso deber ir firmado por abogado, con tantas copias como partes recurridas, y reunir los requisitos del artculo 224.

3. De no efectuarse la interposicin o si se hubiera efectuado fuera de plazo, quedar desierto el recurso y firme la sentencia, con las consecuencias establecidas en el apartado 5 del artculo 225. Contra el auto que as lo establezca, previa reposicin, podr recurrirse en queja ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

4. Presentado en tiempo el escrito de interposicin, junto, en su caso, con las oportunas certificaciones de sentencias en la forma que posibilita el apartado 3 del artculo 224, el secretario judicial emplazar a las dems partes para su personacin por escrito por medio de letrado ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dentro del plazo de los diez das siguientes, con las menciones del apartado 1 del artculo 221 y debiendo acreditar la representacin de la parte de no constar previamente en las actuaciones. La parte recurrente se entender personada de derecho con la remisin de los autos.

5. Los autos se remitirn por el secretario judicial dentro de los cinco das siguientes al emplazamiento.

6. La preparacin e interposicin del recurso se efectuarn por el letrado que hubiera asistido a la parte hasta ese momento, incluso en virtud de designacin de oficio, salvo que se efecte nueva designacin de letrado.

Artculo 224. Contenido del escrito de interposicin del recurso.

1. El escrito de interposicin del recurso deber contener:

a) Una relacin precisa y circunstanciada de la contradiccin alegada en los trminos de la letra a) del apartado 2 del artculo 221, evidenciando que concurre la sustancial contradiccin de sentencias y argumentando sobre la concurrencia de las identidades del artculo 219.

b) La fundamentacin de la infraccin legal cometida en la sentencia impugnada y, en su caso, del quebranto producido en la unificacin de la interpretacin del derecho y la formacin de la jurisprudencia.

2. Para dar cumplimiento a las exigencias del apartado b) del nmero anterior, en el escrito se expresar separadamente, con la necesaria precisin y claridad, la pertinencia de cada uno de los motivos de casacin, en relacin con los puntos de contradiccin a que se refiere el apartado a) precedente, por el orden sealado en el artculo 207, excepto el apartado d), que no ser de aplicacin, razonando la pertinencia y fundamentacin de cada motivo y el contenido concreto de la infraccin o vulneracin cometidas, haciendo mencin precisa de las normas sustantivas o procesales infringidas, as como, en el caso de que se invoque la unificacin de la interpretacin del derecho, haciendo referencia sucinta a los particulares aplicables de las resoluciones que establezcan la doctrina jurisprudencial invocada.

3. Slo podr invocarse una sentencia por cada punto de contradiccin, que deber elegirse necesariamente de entre las designadas en el escrito de preparacin y ser firme en el momento de la finalizacin del plazo de interposicin.

4. Con el escrito de interposicin, de no haberse aportado con anterioridad, podr hacerse aportacin certificada de la sentencia o sentencias contrarias, acreditando su firmeza en la fecha de expiracin del plazo de interposicin, o con certificacin posterior de que gan firmeza dentro de dicho plazo la sentencia anteriormente aportada. Si la parte recurrente no aporta la certificacin de la sentencia y de su firmeza en tiempo oportuno se reclamar de oficio por la secretara de la Sala.

Artculo 225. Decisin sobre la admisin del recurso.

1. Recibidos los autos en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, si el secretario judicial apreciara el defecto insubsanable de haberse preparado o interpuesto fuera de plazo dictar decreto poniendo fin al trmite del recurso, contra el que slo proceder recurso de revisin.

De apreciar defectos subsanables en la tramitacin del recurso, o en su preparacin e interposicin, conceder a la parte un plazo de diez das para la aportacin de los documentos omitidos o la subsanacin de los defectos apreciados.

De no efectuarse la subsanacin en el tiempo y forma establecidos, dar cuenta a la Sala para que resuelva lo que proceda y de dictarse auto poniendo fin al trmite del recurso, declarar la firmeza en su caso de la resolucin recurrida, con prdida del depsito constituido y remisin de las actuaciones a la Sala de procedencia. Contra dicho auto slo proceder recurso de reposicin.

2. De no haber apreciado defectos el secretario, o una vez subsanados los advertidos, o si el secretario apreciare defectos insubsanables, sea en la preparacin o en la interposicin, distintos de los de su preparacin o interposicin fuera de plazo, dar cuenta al Magistrado ponente para instruccin de los autos por tres das.

3. El Magistrado ponente, dar cuenta a la Sala del recurso interpuesto y de las causas de inadmisin que apreciare, en su caso. Si la Sala estimare que concurre alguna de las causas de inadmisin referidas, acordar or al recurrente sobre las mismas por un plazo de cinco das, con ulterior informe del Ministerio Fiscal por otros cinco das, de no haber interpuesto el recurso.

4. Son causas de inadmisin el incumplimiento de manera manifiesta e insubsanable de los requisitos procesales para preparar o interponer el recurso, la carencia sobrevenida del objeto del recurso, la falta de contenido casacional de la pretensin y el haberse desestimado en el fondo otros recursos en supuestos sustancialmente iguales.

5. Si la Sala estimara que concurre alguna de las causas de inadmisin referidas dictar, en el plazo de tres das, auto declarando la inadmisin y la firmeza de la resolucin recurrida, con imposicin al recurrente de las costas causadas, de haber comparecido en el recurso las partes recurridas, en los trminos establecidos en esta Ley y sin que quepa recurso contra dicha resolucin. El auto de inadmisin comportar, en su caso, la prdida del depsito constituido, dndose a las consignaciones y aseguramientos prestados el destino que corresponda, de acuerdo con la sentencia de suplicacin.

Cuando la inadmisin se refiera solamente a alguno de los motivos aducidos o a alguno de los recursos interpuestos, se dispondr la continuacin del trmite de los restantes recursos o motivos no afectados por el auto de inadmisin parcial.

6. Para el despacho ordinario y resolucin de la inadmisin de este recurso la Sala se constituir con tres Magistrados.

Artculo 226. Tramitacin.

1. Si la parte o partes recurridas no se hubieran personado, el trmite del recurso seguir adelante sin su intervencin.

2. De no haberse apreciado causa de inadmisin en el recurso, el secretario judicial dar traslado del escrito de interposicin a la parte o partes personadas para que formalicen su impugnacin dentro del plazo comn de quince das, durante el cual, a partir de la notificacin de la resolucin al letrado designado, los autos se encontrarn a su disposicin en la oficina judicial del Tribunal para su examen. En el caso de que la Sala disponga de los autos en soporte electrnico o pueda accederse a ellos por medios telemticos en la misma Sala, se entendern puestos a disposicin de la representacin procesal desde el momento de la entrega de la copia o soporte o de la puesta a disposicin por dichos medios de las actuaciones.

3. El secretario judicial dar traslado seguidamente de los autos a la Fiscala de lo Social del Tribunal Supremo, en soporte convencional o electrnico, hyanse presentado o no escritos de impugnacin, para que en el plazo de diez das informe sobre la procedencia o improcedencia de la casacin pretendida. El referido traslado se efectuar igualmente, a los estrictos fines de defensa de la legalidad, aunque el Ministerio Fiscal sea parte en el proceso. Cuando el recurso se hubiere interpuesto directamente por el Ministerio Fiscal en defensa de la legalidad conforme al apartado 3 del artculo 219 no se efectuar dicho traslado.

Artculo 227. Deliberacin, votacin y fallo.

1. Devueltos los autos por el Ministerio Fiscal, junto con su informe, la Sala acordar sealar, dentro de los diez das siguientes, para deliberacin, votacin y fallo. La sentencia deber dictarse en el plazo de diez das, contados desde el siguiente al de la celebracin de la votacin.

2. Si la trascendencia o complejidad del asunto lo aconsejara, el presidente, por s mismo, o a propuesta de la mayora de los Magistrados de la Sala, podr acordar que sta se constituya con cinco Magistrados, o, motivadamente, en Pleno.

Artculo 228. Sentencia.

1. Los pronunciamientos de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al resolver estos recursos, en ningn caso alcanzarn a las situaciones jurdicas creadas por las resoluciones precedentes a la impugnada.

2. Si la sentencia del Tribunal Supremo declarara que la recurrida quebranta la unidad de doctrina, casar y anular esta sentencia y resolver el debate planteado en suplicacin con pronunciamientos ajustados a dicha unidad de doctrina, alcanzando a las situaciones jurdicas particulares creadas por la sentencia impugnada. En la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo se resolver lo que proceda sobre consignaciones, aseguramientos, costas, honorarios y multas, en su caso, derivados del recurso de suplicacin de acuerdo con lo prevenido en esta Ley. Si se hubiere constituido depsito para recurrir, se acordar la devolucin de su importe.

3. La sentencia desestimatoria por considerar que la sentencia recurrida contiene la doctrina ajustada acarrear la prdida del depsito para recurrir. El fallo dispondr la cancelacin o el mantenimiento total o parcial, en su caso, de las consignaciones o aseguramientos prestados, de acuerdo con sus pronunciamientos.

TTULO V
De las disposiciones comunes a los recursos de suplicacin y casacin
Artculo 229. Depsito para recurrir.

1. Todo el que, sin tener la condicin de trabajador, causahabiente suyo o beneficiario del rgimen pblico de la Seguridad Social, anuncie recurso de suplicacin o prepare recurso de casacin, consignar como depsito:

a) Trescientos euros, si se trata de recurso de suplicacin.

b) Seiscientos euros, si el recurso fuera el de casacin incluido el de casacin para la unificacin de doctrina.

2. Los depsitos se constituirn en la cuenta de depsitos y consignaciones correspondiente al rgano que hubiere dictado la resolucin recurrida. El secretario judicial verificar en la cuenta la realizacin del ingreso, debiendo quedar constancia de dicha actuacin en el procedimiento.

3. Los depsitos cuya prdida hubiere sido acordada por sentencia se ingresarn en el Tesoro Pblico.

4. El Estado, las Comunidades Autnomas, las entidades locales y las entidades de derecho pblico con personalidad jurdica propia vinculadas o dependientes de los mismos, as como las entidades de derecho pblico reguladas por su normativa especfica y los rganos constitucionales, estarn exentos de la obligacin de constituir los depsitos, cauciones, consignaciones o cualquier otro tipo de garanta previsto en las leyes. Los sindicatos y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita quedarn exentos de constituir el depsito referido y las consignaciones que para recurrir vienen exigidas en esta Ley.

Artculo 230. Consignacin de cantidad.

1. Cuando la sentencia impugnada hubiere condenado al pago de cantidad, ser indispensable que el recurrente que no gozare del derecho de asistencia jurdica gratuita acredite, al anunciar el recurso de suplicacin o al preparar el recurso de casacin, haber consignado en la oportuna entidad de crdito y en la cuenta de depsitos y consignaciones abierta a nombre del rgano jurisdiccional, la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la consignacin en metlico por el aseguramiento mediante aval solidario de duracin indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crdito. En este ltimo caso, el documento de aseguramiento quedar registrado y depositado en la oficina judicial. El secretario expedir testimonio del mismo para su unin a autos, facilitando el oportuno recibo.

En el caso de condena solidaria, la obligacin de consignacin o aseguramiento alcanzar a todos los condenados con tal carcter, salvo que la consignacin o el aseguramiento, aunque efectuado solamente por alguno de los condenados, tuviera expresamente carcter solidario respecto de todos ellos para responder ntegramente de la condena que pudiera finalmente recaer frente a cualquiera de los mismos.

Cuando la condena se haya efectuado por primera vez en la sentencia de suplicacin, o se haya incrementado en la misma la cuanta previamente reconocida en la sentencia de instancia, la consignacin o aseguramiento regulados en el presente artculo se efectuarn por primera vez, o se complementarn en la medida correspondiente, al preparar el recurso de casacin.

2. En materia de Seguridad Social se aplicarn las siguientes reglas:

a) Cuando en la sentencia se reconozca al beneficiario el derecho a percibir prestaciones, para que pueda recurrir el condenado al pago de dicha prestacin ser necesario que haya ingresado en la Tesorera General de la Seguridad Social el capital coste de la pensin o el importe de la prestacin a la que haya sido condenado en el fallo, con objeto de abonarla a los beneficiarios durante la sustanciacin del recurso, presentando en la oficina judicial el oportuno resguardo, que se testimoniar en autos, quedando bajo la custodia del secretario.

El mismo ingreso deber efectuar el declarado responsable del recargo por falta de medidas de seguridad, en cuanto al porcentaje que haya sido reconocido por primera vez en va judicial y respecto de las pensiones causadas hasta ese momento, previa fijacin por la Tesorera General de la Seguridad Social del capital coste o importe del recargo correspondiente.

En los casos en los que no proceda el ingreso del capital coste o del importe de la prestacin se estar a las reglas generales del apartado 1 de este artculo.

b) Cuando proceda efectuar el ingreso del capital coste de la pensin o del importe de la prestacin conforme al apartado a) anterior, una vez anunciado o preparado el recurso, el secretario judicial dictar diligencia ordenando que se d traslado a la Tesorera General de la Seguridad Social para que se fije el capital coste o importe de la prestacin a percibir. Recibida esta comunicacin, la notificar al recurrente para que en el plazo de cinco das efecte la consignacin requerida en la Tesorera General de la Seguridad Social, bajo apercibimiento de que de no hacerlo as se pondr fin al trmite del recurso.

c) Si en la sentencia se condenara a la Entidad Gestora de la Seguridad Social, sta quedar exenta del ingreso prevenido en los apartados a) y b) anteriores, pero deber presentar ante la oficina judicial, al anunciar o preparar su recurso, certificacin acreditativa de que comienza el abono de la prestacin y que lo proseguir puntualmente durante la tramitacin del recurso, hasta el lmite de su responsabilidad, salvo en prestaciones de pago nico o correspondientes a un perodo ya agotado en el momento del anuncio. De no cumplirse efectivamente este abono se pondr fin al trmite del recurso.

d) Cuando la condena se refiera a mejoras voluntarias de la accin protectora de la Seguridad Social, el condenado o declarado responsable vendr obligado a efectuar la consignacin o aseguramiento de la condena ante el juzgado en la forma establecida en el apartado 1 de este mismo artculo.

3. Los anteriores requisitos de consignacin y aseguramiento de la condena deben justificarse, junto con la constitucin del depsito necesario para recurrir, en su caso, en el momento del anuncio del recurso de suplicacin o de la preparacin del recurso de casacin. Si el anuncio o la preparacin del recurso se hubiere efectuado por medio de mera manifestacin en el momento de la notificacin de la sentencia, el depsito y la consignacin o aseguramiento podr efectuarse hasta la expiracin del plazo establecido para el anuncio o preparacin del recurso, debiendo en este ltimo caso acreditar dichos extremos dentro del mismo plazo ante la oficina judicial mediante los justificantes correspondientes.

4. Si el recurrente no hubiere efectuado la consignacin o aseguramiento de la cantidad objeto de condena en la forma prevenida en los apartados anteriores, incluidas las especialidades en materia de Seguridad Social, el juzgado o la Sala tendrn por no anunciado o por no preparado el recurso de suplicacin o de casacin, segn proceda, y declararn la firmeza de la resolucin mediante auto contra el que podr recurrirse en queja ante la Sala que hubiera debido conocer del recurso.

5. El secretario judicial conceder a la parte recurrente, con carcter previo a que se resuelva sobre el anuncio o preparacin, un plazo de cinco das para la subsanacin de los defectos advertidos, si el recurrente hubiera incurrido en defectos consistentes en:

a) Insuficiencia de la consignacin o del aseguramiento efectuados, incluidas las especialidades en materia de Seguridad Social.

b) Falta de aportacin, en el momento del anuncio o preparacin del recurso, de los justificantes de la consignacin o del aseguramiento, siempre que el requisito se hubiera cumplimentado dentro del plazo de anuncio o preparacin.

c) Defecto, omisin o error en la constitucin del depsito o en la justificacin documental del mismo.

d) Falta de acreditacin o acreditacin insuficiente de la representacin necesaria o de cualquier requisito formal de carcter subsanable necesario para el anuncio o preparacin.

6. De no efectuarse la subsanacin en tiempo y forma se dictar auto poniendo fin al trmite del recurso, quedando firme la resolucin. Contra dicho auto podr recurrirse en queja ante la Sala que hubiera debido conocer del recurso.

Artculo 231. Nombramiento de letrado o graduado social colegiado.

1. Si el recurso que se entabla es el de suplicacin, el nombramiento de letrado o de graduado social colegiado se efectuar ante el juzgado en el momento de anunciar el recurso, entendindose que asume la representacin y direccin tcnica del recurrente el mismo que hubiera actuado con tal carcter en la instancia, salvo que se efecte expresamente nueva designacin.

2. En el recurso de casacin ordinario, el nombramiento de letrado se realizar por las partes ante la Sala de lo Social de procedencia dentro del plazo sealado para su preparacin o impugnacin, segn proceda. En el recurso de casacin para unificacin de doctrina, el nombramiento se efectuar por la parte recurrente al prepararlo ante la Sala de procedencia, y por las dems partes ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dentro del trmino del emplazamiento para su personacin. Se entender, en ambos casos, que asume la representacin del recurrente el mismo letrado que hubiera actuado con tal carcter ante la Sala de instancia o de suplicacin, salvo que se efecte expresamente nueva designacin.

3. La designacin se podr hacer por comparecencia o por escrito. En este ltimo caso, aunque no se acompae poder notarial, no habr necesidad de ratificarse. Si no hubiere designacin expresa de representante, se entender que el letrado o el graduado social colegiado llevan tambin la representacin. En todo caso debern facilitarse todos los datos del domicilio profesional, as como la direccin de correo electrnico, telfono y fax del profesional designado que haya de ostentar la representacin de la parte durante el recurso, con las dems cargas del apartado 2 del artculo 53.

4. Cuando el recurrente no hiciere designacin expresa de letrado o de graduado social colegiado, si es un trabajador, beneficiario o un empresario que goce del derecho de asistencia jurdica gratuita, salvo que tuviere efectuada previamente designacin de oficio, se le nombrar letrado de dicho turno por el juzgado en el da siguiente a aqul en que concluya el plazo para anunciar el recurso de suplicacin.

5. La designacin de letrado de oficio efectuada para alguno de los litigantes mencionados en el nmero anterior en la instancia comprende los trmites de anuncio, preparacin, formalizacin, interposicin o impugnacin del respectivo recurso, sin necesidad de nueva designacin de oficio, salvo en el caso del recurso de casacin para unificacin de doctrina, en el que el nombramiento de letrado de oficio de la parte recurrida, en los mismos casos, se efectuar en el momento de la personacin ante el Tribunal Supremo. En la casacin ordinaria, en su caso, se efectuar la oportuna designacin de letrado de oficio para las actuaciones ulteriores de las partes que resulten necesarias durante la sustanciacin del recurso ante dicho tribunal.

Cuando la competencia para el conocimiento de los recursos de suplicacin o de casacin corresponda a un rgano jurisdiccional cuya sede se encuentre en la misma localidad que el juzgado o tribunal que hubiere dictado la resolucin impugnada no ser preciso el nombramiento de nuevo abogado de oficio para las actuaciones ante el tribunal que deba decidir el recurso.

Artculo 232. Designacin de letrado de oficio.

1. Si el letrado hubiera sido designado de oficio por primera vez para el correspondiente trmite del recurso, los plazos de interposicin, formalizacin o impugnacin empezarn a correr desde la fecha en que se le notifique que estn los autos a su disposicin en la oficina judicial del tribunal para su examen, puesta a disposicin o entrega, segn proceda. En el caso de que la Sala disponga de los autos en soporte electrnico o pueda accederse a ellos por medios telemticos en la misma Sala, se entendern puestos a disposicin de la representacin procesal desde el momento de la entrega de la copia o soporte o de la puesta a disposicin por dichos medios de las actuaciones.

2. Si el letrado designado de oficio estimase inviable la pretensin, lo expondr a la Sala por escrito sin razonar su opinin en el plazo de cinco das, sin perjuicio de que aqul proceda conforme al procedimiento previsto en los artculos 32 a 35 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurdica Gratuita. El cmputo del plazo para la interposicin del recurso quedar suspendido hasta tanto se resuelva materialmente la viabilidad de la pretensin por la Comisin de Asistencia Jurdica Gratuita. La parte comunicar la designacin de abogado al juzgado o a la Sala dentro del plazo de cinco das, acordando stos la puesta a disposicin de los autos al designado en la forma que se dispone en el apartado anterior. En otro caso, se pondr fin al trmite del recurso. Si el recurso que se entabla es el de suplicacin, la parte tambin podr valerse para su representacin tcnica de graduado social colegiado de su libre designacin.

3. Si el letrado o letrados designados de oficio no efectuaran dentro del plazo antes indicado manifestacin de ser improcedente la actuacin de referencia, quedarn obligados a su realizacin en el plazo legalmente establecido.

Artculo 233. Admisin de documentos nuevos.

1. La Sala no admitir a las partes documento alguno ni alegaciones de hechos que no resulten de los autos. No obstante, si alguna de las partes presentara alguna sentencia o resolucin judicial o administrativa firmes o documentos decisivos para la resolucin del recurso que no hubiera podido aportar anteriormente al proceso por causas que no le fueran imputables, y en general cuando en todo caso pudiera darse lugar a posterior recurso de revisin por tal motivo o fuera necesario para evitar la vulneracin de un derecho fundamental, la Sala, oda la parte contraria dentro del plazo de tres das, dispondr en los dos das siguientes lo que proceda, mediante auto contra el que no cabr recurso de reposicin, con devolucin en su caso a la parte proponente de dichos documentos, de no acordarse su toma en consideracin. De admitirse el documento, se dar traslado a la parte proponente para que, en el plazo de cinco das, complemente su recurso o su impugnacin y por otros cinco das a la parte contraria a los fines correlativos.

2. El trmite al que se refiere el apartado anterior interrumpir el que, en su caso, acuerde la Sala sobre la inadmisin del propio recurso.

Artculo 234. Acumulacin.

1. La Sala acordar en resolucin motivada y sin ulterior recurso, de oficio o a instancia de parte, antes del sealamiento para votacin y fallo o para vista, en su caso, la acumulacin de los recursos en trmite en los que exista identidad de objeto y de alguna de las partes. No obstante, podr dejarse sin efecto la acumulacin en todo o en parte si se evidenciaren posteriormente causas que justifiquen su tramitacin separada.

2. Se designar Magistrado ponente de los recursos acumulados al que, de ellos, hubiera sido primeramente nombrado, y en igualdad de fechas, al ms moderno.

3. En los recursos sobre pretensiones derivadas de un mismo accidente de trabajo o enfermedad profesional, cuando exista ms de una Seccin, conocer de ellos la Seccin que est conociendo del primero de dichos recursos, siempre que conste dicha circunstancia de las actuaciones o se ponga de manifiesto al Tribunal por alguna de las partes.

4. La acumulacin producir el efecto de discutirse y resolverse conjuntamente todas las cuestiones planteadas.

5. El secretario judicial velar por el cumplimiento de lo dispuesto en este artculo, poniendo en conocimiento del Tribunal los recursos en los que se cumplan dichos requisitos, a fin de que se resuelva sobre la acumulacin.

Artculo 235. Imposicin de costas y convenio transaccional.

1. La sentencia impondr las costas a la parte vencida en el recurso, excepto cuando goce del beneficio de justicia gratuita o cuando se trate de sindicatos, o de funcionarios pblicos o personal estatutario que deban ejercitar sus derechos como empleados pblicos ante el orden social.

Las costas comprendern los honorarios del abogado o del graduado social colegiado de la parte contraria que hubiera actuado en el recurso en defensa o en representacin tcnica de la parte, sin que la atribucin en las costas de dichos honorarios puedan superar la cantidad de mil doscientos euros en recurso de suplicacin y de mil ochocientos euros en recurso de casacin.

2. La regla general del vencimiento establecida en el apartado anterior, no se aplicar cuando se trate de proceso sobre conflicto colectivo, en el que cada parte se har cargo de las costas causadas a su instancia. Ello no obstante, la Sala podr imponer el pago de las costas a cualquiera de las partes que en dicho proceso o en el recurso hubiera actuado con temeridad o mala fe.

3. La Sala que resuelva el recurso de suplicacin o casacin o declare su inadmisibilidad podr imponer a la parte recurrente que haya obrado con mala fe o temeridad la multa que sealan el apartado 4 del artculo 75 y el apartado 3 del artculo 97, as como cuando entienda que el recurso se interpuso con propsito dilatorio. Igualmente en tales casos, impondr a dicho litigante, excepto cuando sea trabajador, funcionario, personal estatutario o beneficiario de la Seguridad Social, los honorarios de los abogados y, en su caso, de los graduados sociales colegiados actuantes en el recurso dentro de los lmites fijados en el prrafo primero de este artculo. Cuando la Sala pretenda de oficio imponer las anteriores medidas, oir previamente a las partes personadas en la forma que establezca.

4. Las partes podrn alcanzar, en cualquier momento durante la tramitacin del recurso, convenio transaccional que, de no apreciarse lesin grave para alguna de las partes, fraude de ley o abuso de derecho, ser homologado por el rgano jurisdiccional que se encuentre tramitando el recurso, mediante auto, poniendo as fin al litigio y asumiendo cada parte las costas causadas a su instancia, con devolucin del depsito constituido. El convenio transaccional, una vez homologado, sustituye el contenido de lo resuelto en la sentencia o sentencias anteriormente dictadas en el proceso y la resolucin que homologue el mismo constituye ttulo ejecutivo. La impugnacin de la transaccin judicial as alcanzada se efectuar ante el rgano jurisdiccional que haya acordado la homologacin, mediante el ejercicio por las partes de la accin de nulidad por las causas que invalidan los contratos o por los posibles perjudicados con fundamento en su ilegalidad o lesividad, siguiendo los trmites establecidos para la impugnacin de la conciliacin judicial, sin que contra la sentencia dictada quepa recurso.

TTULO VI
De la revisin de sentencias y laudos arbitrales firmes, y del proceso de error judicial
Artculo 236. Revisin y error judicial, competencia y tramitacin.

1. Contra cualquier sentencia firme dictada por los rganos del orden jurisdiccional social y contra los laudos arbitrales firmes sobre materias objeto de conocimiento del orden social, proceder la revisin prevista en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, por los motivos de su artculo 510 y por el regulado en el apartado 3 del artculo 86, de la presente Ley. La revisin se solicitar ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

En la revisin no se celebrar vista, salvo que as lo acuerde el tribunal o cuando deba practicarse prueba. En caso de condena en costas se estar a lo previsto en el artculo anterior y el depsito para recurrir tendr la cuanta que en la presente Ley se seala para los recursos de casacin.

La revisin se inadmitir de no concurrir los requisitos y presupuestos procesales exigibles o de no haberse agotado previamente los recursos jurisdiccionales que la ley prev para que la sentencia pueda considerarse firme; as como si se formula por los mismos motivos que hubieran podido plantearse, de concurrir los presupuestos para ello, en el incidente de nulidad de actuaciones regulado en el artculo 241 de la Ley Orgnica del Poder Judicial o mediante la audiencia al demandado rebelde establecida en el artculo 185 de la presente Ley, o cuando planteados aqullos los referidos motivos hubieren sido desestimados por resolucin firme.

2. El proceso de error judicial, destinado a reparar el dao producido por una resolucin firme errnea que carece de posibilidad de rectificacin por la va normal de los recursos, cuando sea competencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, se seguir por los trmites y requisitos establecidos para la declaracin de error judicial en los artculos 292 y concordantes de la Ley Orgnica del Poder Judicial, con las especialidades sobre depsitos, vista y costas establecidas para la revisin y sin que la apreciacin del error pueda fundamentarse en pruebas distintas de las practicadas en las actuaciones procesales origen del mismo presunto error.

LIBRO CUARTO
De la ejecucin de sentencias
TTULO I
De la ejecucin de sentencias y dems ttulos ejecutivos
CAPTULO I
Disposiciones de carcter general
Seccin 1. Normas generales
Artculo 237. Competencia.

1. Las sentencias firmes y dems ttulos, judiciales o extrajudiciales, a los que la presente Ley otorga eficacia para iniciar directamente un proceso de ejecucin, se llevarn a efecto en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecucin de sentencias y ttulos constituidos con intervencin judicial, con las especialidades previstas en esta Ley.

2. La ejecucin se llevar a efecto por el rgano judicial que hubiere conocido del asunto en instancia, incluido el supuesto de resoluciones que aprueben u homologuen transacciones judiciales, acuerdos de mediacin y acuerdos logrados en el proceso. Cuando en la constitucin del ttulo no hubiere mediado intervencin judicial, ser competente el juzgado en cuya circunscripcin se hubiere constituido.

3. En los supuestos de acumulacin de ejecuciones y en los de atribucin en exclusiva del conocimiento de la ejecucin a determinados Juzgados de lo Social en el mbito de una misma circunscripcin, se estar a su regulacin especfica.

4. Donde hubiere varios Juzgados de lo Social podr establecerse, en los trminos previstos en la Ley Orgnica del Poder Judicial, que el conocimiento de las ejecuciones se asuma en exclusiva por determinados juzgados de la misma circunscripcin, con exclusin total o parcial del reparto de otros asuntos.

5. En caso de concurso, se estar a lo establecido en la Ley Concursal.

Artculo 238. Cuestiones incidentales.

Las cuestiones incidentales que se promuevan en ejecucin se sustanciarn citando de comparecencia, en el plazo de cinco das, a las partes, que podrn alegar y probar cuanto a su derecho convenga, concluyendo por auto o, en su caso, por decreto que habrn de dictarse en el plazo de tres das. El auto resolutorio del incidente, de ser impugnable en suplicacin o casacin, atendido el carcter de las cuestiones decididas, deber expresar los hechos que estime probados.

Cuando la comparecencia se celebre ante el Magistrado, se registrar en soporte apto para la grabacin y reproduccin del sonido y de la imagen conforme a lo previsto en el artculo 89.

Artculo 239. Solicitud de ejecucin.

1. La ejecucin de las sentencias firmes se iniciar a instancia de parte, salvo las que recaigan en los procedimientos de oficio, cuya ejecucin se iniciar de este modo.

2. La ejecucin podr solicitarse tan pronto la sentencia o resolucin judicial ejecutable haya ganado firmeza o desde que el ttulo haya quedado constituido o, en su caso, desde que la obligacin declarada en el ttulo ejecutivo fuese exigible, mediante escrito del interesado, en el que, adems de los datos identificativos de las partes, expresar:

a) Con carcter general, la clase de tutela ejecutiva que se pretende en relacin con el ttulo ejecutivo aducido.

b) Tratndose de ejecuciones dinerarias, la cantidad lquida reclamada como principal, as como la que se estime para intereses de demora y costas conforme al artculo 251.

c) Los bienes del ejecutado susceptibles de embargo de los que tuviere conocimiento y, en su caso, si los considera suficientes para el fin de la ejecucin.

d) Las medidas que proponga para llevar a debido efecto la ejecucin.

En el caso de ttulos extrajudiciales o de resoluciones dictadas por otro rgano jurisdiccional deber acompaarse el testimonio de la resolucin, con expresin de su firmeza, o la certificacin del organismo administrativo, conciliador, mediador o arbitral correspondiente.

3. Iniciada la ejecucin, la misma se tramitar de oficio, dictndose al efecto las resoluciones necesarias. No ser de aplicacin el plazo de espera previsto en el artculo 548 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante, si la parte ejecutada cumpliera en su integridad la obligacin exigida contenida en el ttulo, incluido en el caso de ejecucin dineraria el abono de los intereses procesales si procedieran, dentro del plazo de los veinte das siguientes a la fecha de firmeza de la sentencia o resolucin judicial ejecutable o desde que el ttulo haya quedado constituido o, en su caso, desde que la obligacin declarada en el ttulo ejecutivo fuese exigible, no se le impondrn las costas de la ejecucin que se hubiere instado.

4. El rgano jurisdiccional despachar ejecucin siempre que concurran los presupuestos y requisitos procesales, el ttulo ejecutivo no adolezca de ninguna irregularidad formal y los actos de ejecucin que se solicitan sean conformes con la naturaleza y contenido del ttulo. Contra el auto que resuelva la solicitud de ejecucin podr interponerse recurso de reposicin, en el que, adems de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolucin y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podr deducirse la oposicin a la ejecucin despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripcin de la accin ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitucin del ttulo, no siendo la compensacin de deudas admisible como causa de oposicin a la ejecucin.

Del escrito de reposicin presentado se dar traslado para impugnacin a la parte contraria, salvo que el rgano jurisdiccional, en atencin a las cuestiones planteadas o por afectar a hechos necesitados de prueba, acuerde seguir el trmite incidental del artculo 238.

5. Solamente puede decretarse la inejecucin de una sentencia u otro ttulo ejecutivo si, decidindose expresamente en resolucin motivada, se fundamenta en una causa prevista en una norma legal y no interpretada restrictivamente. Contra el auto resolutorio del recurso de reposicin interpuesto contra el auto en que se deniegue el despacho de la ejecucin proceder recurso de suplicacin o de casacin ordinario, en su caso.

Artculo 240. Partes y sujetos de la ejecucin.

1. Quienes, sin figurar como acreedores o deudores en el ttulo ejecutivo o sin haber sido declarados sucesores de unos u otros, aleguen un derecho o inters legtimo y personal que pudiera resultar afectado por la ejecucin que se trate de llevar a cabo, tendrn derecho a intervenir en condiciones de igualdad con las partes en los actos que les afecten.

2. La modificacin o cambio de partes en la ejecucin debe efectuarse, de mediar oposicin y ser necesaria prueba, a travs del trmite incidental previsto en el artculo 238. Para que pueda declararse, es requisito indispensable que el cambio sustantivo en que se funde, basado en hechos o circunstancias jurdicas sobrevenidos, se hubiere producido con posterioridad a la constitucin del ttulo objeto de ejecucin.

3. En el caso de ttulos ejecutivos frente a entidades sin personalidad jurdica que acten en el trfico como sujetos diferenciados, podr despacharse ejecucin frente a los socios, partcipes, miembros o gestores que hayan actuado en el trfico jurdico o frente a los trabajadores en nombre de la entidad, siempre que se acredite cumplidamente a juicio del juez o tribunal, por medio del incidente de ejecucin previsto en el artculo 238, la condicin de socio, partcipe, miembro o gestor y la actuacin ante terceros o ante los trabajadores en nombre de la entidad. Lo dispuesto en el prrafo anterior no ser de aplicacin a las comunidades de propietarios de inmuebles en rgimen de propiedad horizontal.

4. El Ministerio Fiscal ser siempre parte en los procesos de ejecucin derivados de ttulos ejecutivos en que se haya declarado la vulneracin de derechos fundamentales y de libertades pblicas, velando especialmente por la integridad de la reparacin de las vctimas.

Artculo 241. Tutela ejecutiva.

1. La ejecucin se llevar a efecto en los propios trminos establecidos en el ttulo que se ejecuta.

2. Frente a la parte que, requerida al efecto, dejare transcurrir injustificadamente el plazo concedido sin efectuar lo ordenado, y mientras no cumpla o no acredite la imposibilidad de su cumplimiento especfico, el secretario judicial, con el fin de obtener y asegurar el cumplimiento de la obligacin que ejecute, podr, tras audiencia de las partes, imponer apremios pecuniarios cuando ejecute obligaciones de dar, hacer o no hacer o para obtener el cumplimiento de las obligaciones legales impuestas en una resolucin judicial. Para fijar la cuanta de dichos apremios se tendr en cuenta su finalidad, la resistencia al cumplimiento y la capacidad econmica del requerido, pudiendo modificarse o dejarse sin efecto, atendidas la ulterior conducta y la justificacin que sobre aquellos extremos pudiera efectuar el apremiado. La cantidad fijada, que se ingresar en el Tesoro Pblico, no podr exceder, por cada da de atraso en el cumplimiento, de la suma de trescientos euros.

3. De la misma forma y con idnticos trmites, el rgano judicial podr imponer multas coercitivas a quienes, no siendo parte en la ejecucin, incumplan injustificadamente sus requerimientos tendentes a lograr la debida y completa ejecucin de lo resuelto o para obtener el cumplimiento de las obligaciones legales impuestas en una resolucin judicial. Todo ello sin perjuicio de la posible responsabilidad derivada de lo dispuesto en el apartado 3 del artculo 75.

Artculo 242. Ejecucin parcial.

1. Podr ejecutarse parcialmente la sentencia, aunque se hubiere interpuesto recurso contra ella, respecto de los pronunciamientos de la misma que no hubieren sido impugnados.

2. Para ello ser necesario que, por la naturaleza de las pretensiones, sea posible un pronunciamiento separado que no prejuzgue las restantes cuestiones impugnadas.

3. Contra el auto resolutorio del recurso de reposicin interpuesto contra el auto en que se deniegue el despacho de la ejecucin definitiva parcial proceder recurso de suplicacin o de casacin ordinario, en su caso.

Artculo 243. Plazo para solicitar la ejecucin.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 279, el plazo para instar la ejecucin ser igual al fijado en las leyes sustantivas para el ejercicio de la accin tendente al reconocimiento del derecho cuya ejecucin se pretenda. Dicho plazo ser de prescripcin a todos los efectos.

2. En todo caso, el plazo para reclamar el cumplimiento de las obligaciones de entregar sumas de dinero ser de un ao. No obstante, cuando se trate del pago de prestaciones peridicas de la Seguridad Social, el plazo para instar la ejecucin ser el mismo que el fijado en las leyes sustantivas para el ejercicio de la accin para el reconocimiento del derecho a la prestacin de que se trate o ser imprescriptible si dicho derecho tuviese este carcter en tales leyes.

Si la Entidad gestora o colaboradora de la Seguridad Social hubiese procedido por aplicacin del artculo 126 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 junio, al pago de las prestaciones econmicas de las que haya sido declarada responsable de la empresa, podr instar la ejecucin de la sentencia en los plazos establecidos en el prrafo anterior a contar a partir de la fecha de pago por parte de la Entidad que hubiera anticipado la prestacin.

3. Iniciada la ejecucin, podr reiniciarse en cualquier momento mientras no est cumplida en su integridad la obligacin que se ejecute, incluso si las actuaciones hubieren sido archivadas por declaracin de insolvencia provisional del ejecutado.

Artculo 244. Supuestos de suspensin y aplazamiento de la ejecucin.

1. La ejecucin nicamente podr ser suspendida en los siguientes casos:

a) Cuando as lo establezca la ley.

b) A peticin del ejecutante o de ambas partes por un mximo de tres meses, salvo que la ejecucin derive de un procedimiento de oficio.

2. Suspendido o paralizado el proceso a peticin del ejecutante o por causa a l imputable y transcurrido un mes sin que haya instado su continuacin o llegado el plazo a que se refiere la letra b) del apartado anterior, el secretario judicial requerir a aqul a fin de que manifieste, en el trmino de cinco das, si la ejecucin ha de seguir adelante y solicite lo que a su derecho convenga, con la advertencia de que transcurrido este ltimo plazo se archivarn las actuaciones.

3. Si el cumplimiento inmediato de la obligacin que se ejecuta pudiera ocasionar a trabajadores dependientes del ejecutado perjuicios desproporcionados en relacin a los que al ejecutante se derivaran del no cumplimiento exacto, por poner en peligro cierto la continuidad de las relaciones laborales subsistentes en la empresa deudora, el secretario judicial, mediante decreto recurrible directamente en revisin, podr, previa audiencia de los interesados y en las condiciones que establezca, conceder un aplazamiento por el tiempo imprescindible.

4. El incumplimiento de las condiciones que se establezcan comportar, sin necesidad de declaracin expresa ni de previo requerimiento, la prdida del beneficio concedido.

Artculo 245. Reglas para la suspensin de la ejecucin.

1. Salvo en los casos expresamente establecidos en la ley, las resoluciones dictadas en ejecucin se llevarn a efecto, no obstante su impugnacin, no siendo necesario efectuar consignaciones para recurrirlas en suplicacin o casacin, excepto para recurrir el auto resolutorio del incidente de no readmisin, de no existir en la ejecucin en el momento del anuncio o de la preparacin, embargo actual y suficiente de bienes y derechos realizables en el acto o ingreso de cantidades en la cuenta del juzgado para atender al importe objeto de la ejecucin. La entrega de cantidades podr demorarse, en todo o en parte, motivadamente hasta la firmeza de la resolucin impugnada.

2. No obstante, el rgano ejecutor podr durante un mes, excepcionalmente prorrogable por otro, suspender cautelarmente, con o sin exigencia de fianza, la realizacin de los actos ejecutivos que pudieran producir un perjuicio de imposible o difcil reparacin. Igual facultad tendr la Sala que conozca del recurso interpuesto contra las resoluciones del rgano ejecutor y por el tiempo de tramitacin del recurso.

3. La suspensin o su denegacin podr ser modificada en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron conocerse al tiempo de haberse resuelto sobre la suspensin.

Artculo 246. Transaccin en la ejecucin.

1. Se prohbe la renuncia de los derechos reconocidos por sentencias favorables al trabajador, sin perjuicio de la posibilidad de transaccin dentro de los lmites legalmente establecidos.

2. La transaccin en el proceso de ejecucin deber formalizarse mediante convenio, suscrito por todas las partes afectadas en la ejecucin y sometido a homologacin judicial para su validez, debiendo ser notificado, en su caso, al Fondo de Garanta Salarial.

3. El convenio podr consistir en el aplazamiento o en la reduccin de la deuda, o en ambas cosas a la vez, entendindose en tales casos que el incumplimiento de alguno de los plazos o de las obligaciones parciales acordadas, determina el fin del aplazamiento o el vencimiento de la totalidad de la obligacin; podr consistir, igualmente, en la especificacin, en la novacin objetiva o subjetiva o en la sustitucin por otra equivalente de la obligacin contenida en el ttulo, en la determinacin del modo de cumplimiento, en especial del pago efectivo de las deudas dinerarias, en la constitucin de las garantas adicionales que procedan y, en general, en cuantos pactos lcitos puedan establecer las partes.

4. El rgano jurisdiccional homologar el convenio mediante auto, velando por el necesario equilibrio de las prestaciones y la igualdad entre las partes, salvo que el acuerdo sea constitutivo de lesin grave para alguna de las partes o para terceros, de fraude de ley o de abuso de derecho, o contrario al inters pblico, o afecte a materias que se encuentren fuera del poder de disposicin de las partes. La ejecucin continuar hasta que no se constate el total cumplimiento del convenio, siendo ttulo ejecutivo la resolucin de homologacin del acuerdo en sustitucin del ttulo ejecutivo inicial.

5. La impugnacin del auto por el que se apruebe la transaccin en la ejecucin, se efectuar ante el rgano jurisdiccional que hubiera homologado la misma y se regir por lo dispuesto para la impugnacin de la conciliacin judicial.

Seccin 2. Normas sobre ejecuciones colectivas
Artculo 247. Ejecucin en conflictos colectivos.

1. Las sentencias recadas en procesos de conflictos colectivos estimatorios de pretensin de condena y susceptibles de ejecucin individual en los trminos del apartado 3 del artculo 160 podrn ser objeto de ejecucin definitiva conforme a las reglas generales de sta con las especialidades siguientes:

a) El proceso de ejecucin se iniciar mediante escrito por los sujetos legitimados. Estn legitimados, en nombre propio o en el de los afectados por el ttulo ejecutivo en los conflictos de empresa o de mbito inferior, el empresario y los representantes legales o sindicales de los trabajadores, y en los conflictos de mbito superior a la empresa, las asociaciones patronales y los sindicatos afectados. Los rganos unitarios de la empresa contra la que se interponga la ejecucin, as como la empresa frente a la que se inste la misma, estarn legitimados en este proceso de ejecucin aunque no hayan sido parte en el procedimiento previo de constitucin del ttulo ejecutivo. En todo caso, los sindicatos ms representativos y los representativos, de conformidad con los artculos 6 y 7 de la Ley Orgnica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, las asociaciones empresariales representativas en los trminos del artculo 87 del Estatuto de los Trabajadores y los rganos de representacin legal o sindical de los trabajadores podrn personarse como partes en la ejecucin, aunque no hayan sido parte en el procedimiento previo de constitucin del ttulo ejecutivo, siempre que su mbito de actuacin se corresponda o sea ms amplio que el del conflicto. El Fondo de Garanta Salarial ser siempre parte en estos procesos.

b) El sindicato acreditar la autorizacin para instar o adherirse al proceso de ejecucin respecto a sus afiliados en la forma establecida en el artculo 20 de esta Ley. Con relacin a los no afiliados, lo acreditar mediante autorizacin documentada ante cualquier rgano judicial o de mediacin o conciliacin social o ante la persona expresamente autorizada por el propio sindicato haciendo constar sta bajo su responsabilidad la autenticidad de la firma del trabajador en la autorizacin efectuada en su presencia y acompaando los documentos de acreditacin oportunos. Este ltimo sistema de acreditacin se aplicar en caso de que, quien inste la ejecucin, sea un rgano de representacin unitaria de los trabajadores.

c) El secretario judicial, comprobada la legitimacin activa de los ejecutantes y que el ttulo ejecutivo es susceptible de ejecucin individual en los trminos establecidos en el apartado 3 del artculo 160 de esta Ley, requerir a la parte ejecutada para que, tratndose de ejecucin pecuniaria, en el plazo de un mes, que podr prorrogarse por otro mes cuando la complejidad del asunto lo exija, en relacin a cada uno de los trabajadores en cuya representacin se inste la ejecucin, cuantifique individualizadamente la deuda y proponga, en su caso, una frmula de pago.

d) De cumplir el ejecutado el requerimiento, el secretario judicial instar a la parte ejecutante para que manifieste su conformidad o disconformidad con los datos proporcionados, as como sobre la propuesta de pago, en el plazo de un mes, que podr prorrogarse por otro mes cuando lo requiera la complejidad del asunto.

e) Si la parte ejecutante acepta, en todo o en parte, los datos suministrados de contrario sobre la cuantificacin y la propuesta de pago, el secretario judicial documentar, en su caso, la avenencia en los extremos sobre los que exista conformidad, incluyndose el abono de los intereses si procedieran, pero sin imposicin de costas.

f) Si el ejecutado no cumple el requerimiento oponindose formalmente a la ejecucin, en todo o en parte, en el trmino concedido, o de no aceptarse por la parte ejecutante, en todo o en parte, los datos proporcionados por aqul o su propuesta de pago, se seguir el trmite incidental previsto en el artculo 238.

g) Para concretar, en su caso, si los solicitantes estn afectados por el ttulo y las cantidades lquidas individualizadas objeto de condena las partes debern aportar prueba pericial o de expertos, o la proposicin de una prueba conjunta de dicha clase o encomendarle al rgano judicial el nombramiento de un perito o de un experto a tal fin. El juez o tribunal dictar auto en el que, previa resolucin de las causas de oposicin que hubiere formulado la parte ejecutada, resolver si, segn los datos, caractersticas y requisitos establecidos en el ttulo ejecutivo, reconoce a los solicitantes como comprendidos en la condena y, en el caso de condena de cantidad, el importe lquido individualmente reconocido a su favor, dictndose, a continuacin, la orden general de ejecucin en los trminos establecidos en esta Ley.

h) Contra las resoluciones que se dicten conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores cabr interponer recurso de reposicin, que no suspender su ejecucin y no tendr ulterior recurso.

i) Los ttulos ejecutivos de mbito superior a la empresa se ejecutaran colectivamente empresa por empresa.

j) Los sujetos que, pudiendo resultar beneficiados por el ttulo ejecutivo, no quieran ejercitar su accin en el proceso de ejecucin colectivo, podrn, en su caso, formularla individualmente a travs del proceso declarativo que corresponda.

2. La modalidad de ejecucin de sentencias firmes regulada en este artculo ser aplicable a los restantes ttulos ejecutivos, judiciales o extrajudiciales, de naturaleza social, estimatorios de pretensin de condena y susceptibles de ejecucin individual en los trminos del apartado 3 del artculo 160, as como a las sentencias firmes u otros ttulos ejecutivos sobre movilidad geogrfica o modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo de carcter colectivo.

CAPTULO II
De la ejecucin dineraria
Seccin 1. Normas generales
Artculo 248. Concurrencia de embargos.

1. En caso de concurrencia de embargos decretados por rganos judiciales del orden jurisdiccional social sobre unos mismos bienes, la preferencia para seguir la va de apremio contra ellos corresponde, sin perjuicio de lo establecido en esta Ley en los supuestos de acumulacin de ejecuciones, al rgano que con prioridad trab dichos bienes.

No obstante, el embargante posterior podr continuar la va de apremio si quedan garantizados los derechos de los embargantes anteriores.

2. La regla anterior no afectar a la prelacin de crditos entre diversos acreedores.

3. En caso de concurso, las acciones de ejecucin que puedan ejercitar los trabajadores para el cobro de los salarios e indemnizaciones por despido que les puedan ser adeudados quedan sometidas a lo establecido en la Ley Concursal.

Artculo 249. Manifestacin de bienes para la ejecucin.

1. El ejecutado est obligado a efectuar, a requerimiento del secretario judicial, manifestacin sobre sus bienes o derechos, con la precisin necesaria para garantizar sus responsabilidades. Deber, asimismo, indicar las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y, de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de ste que puedan interesar a la ejecucin.

2. Esta obligacin incumbir, cuando se trate de personas jurdicas, a sus administradores o a las personas que legalmente las representen y cuando se trate de comunidades de bienes o grupos sin personalidad, a quienes aparezcan como sus organizadores, directores o gestores.

3. En el caso de que los bienes estuvieran gravados con cargas reales, el ejecutado estar obligado a manifestar el importe del crdito garantizado y, en su caso, la parte pendiente de pago en esa fecha.

Esta informacin podr reclamarse al titular del crdito garantizado, de oficio o a instancia de parte o de tercero interesado.

Artculo 250. Investigacin judicial del patrimonio del ejecutado.

1. Si no se tuviere conocimiento de la existencia de bienes suficientes, el secretario judicial deber dirigirse a los pertinentes organismos y registros pblicos a fin de que faciliten la relacin de todos los bienes o derechos del deudor de los que tengan constancia, tras la realizacin por stos, si fuere preciso, de las averiguaciones legalmente posibles.

2. Tambin podr el secretario judicial, dentro de los lmites del derecho a la intimidad personal, dirigirse o recabar la informacin precisa para lograr la efectividad de la obligacin pecuniaria que ejecute, de entidades financieras o depositarias o de otras personas privadas que por el objeto de su normal actividad o por sus relaciones jurdicas con el ejecutado deban tener constancia de los bienes o derechos de ste o pudieran resultar deudoras del mismo.

Artculo 251. Intereses de demora y costas.

1. Salvo que motivadamente se disponga otra cosa, la cantidad por la que se despache ejecucin en concepto provisional de intereses de demora y costas no exceder, para los primeros, del importe de los que se devengaran durante un ao y, para las costas, del diez por ciento de la cantidad objeto de apremio en concepto de principal.

2. En cuanto a los intereses de la mora procesal se estar a lo dispuesto en el artculo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante, transcurridos tres meses del despacho de la ejecucin sin que el ejecutado cumpliere en su integridad la obligacin, si se apreciase falta de diligencia en el cumplimiento de la ejecutoria, se hubiere incumplido la obligacin de manifestar bienes o se hubieren ocultado elementos patrimoniales trascendentes en dicha manifestacin, podr incrementarse el inters legal a abonar en dos puntos.

Artculo 252. Notificacin a los representantes de los trabajadores de la empresa deudora.

Atendida la cantidad objeto de apremio, los autos en que se despache la ejecucin y las resoluciones en que se decreten embargos se notificarn a los representantes unitarios y sindicales de los trabajadores de la empresa deudora, a efectos de que puedan comparecer en el proceso.

Artculo 253. Intervencin en la ejecucin del Fondo de Garanta Salarial y las Entidades Gestoras o Servicios Comunes de la Seguridad Social.

1. El Fondo de Garanta Salarial y las Entidades Gestoras o Servicios Comunes de la Seguridad Social, cuando estn legitimados para intervenir en el proceso, quedan obligados a asumir el depsito, la administracin, intervencin o peritacin de los bienes embargados, designando a tal fin persona idnea, desde que se les requiera por el secretario judicial mediante decreto. De tal obligacin podrn liberarse si justifican ante el secretario la imposibilidad de cumplirla o su desproporcionada gravosidad.

2. Igual obligacin y con los mismos lmites puede, motivadamente, imponerse a cualquier persona o entidad que por su actividad y medios pueda hacerse cargo de la misma, sin perjuicio del resarcimiento de gastos y abono de las remuneraciones procedentes conforme a la ley.

3. Las actuaciones materiales relativas al depsito, conservacin, transporte, administracin y publicidad para su venta de los bienes judicialmente embargados podr encomendarse a entidades autorizadas administrativamente con tal fin o a las entidades previstas a este fin en la Ley de Enjuiciamiento Civil, si as lo acordara el secretario judicial.

Seccin 2. El embargo
Artculo 254. Orden en los embargos. Bienes embargables.

1. De constar la existencia de bienes suficientes, el embargo que se decrete se ajustar al orden legalmente establecido. En caso contrario y al objeto de asegurar la efectividad de la resolucin judicial cuya ejecucin se insta, se efectuar la adecuacin a dicho orden una vez conocidos tales bienes.

2. Ser nulo el embargo sobre bienes y derechos cuya efectiva existencia no conste. No obstante podrn embargarse saldos favorables de cuentas y depsitos obrantes en bancos, cajas o cualquier otra persona o entidad pblica o privada de depsito, crdito, ahorro y financiacin, tanto los existentes en el momento del embargo, como los que se produzcan posteriormente, as como disponerse la retencin y puesta a disposicin del juzgado de cualesquiera bienes o cantidades que se devengaren en el futuro a favor del ejecutado como consecuencia de las relaciones de ste con la entidad depositaria, siempre que, en razn del ttulo ejecutivo, se hubiere determinado por el secretario judicial una cantidad como lmite mximo a tales efectos.

Los referidos saldos, depsitos u otros bienes, y en general cualquier otro bien embargable, son susceptibles de embargo con independencia de la naturaleza de los ingresos o rentas que hubieran podido contribuir a su generacin. A estos efectos, las limitaciones absolutas o relativas de inembargabilidad que puedan afectar a ingresos o rentas de carcter peridico conforme al artculo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se aplicarn a partir del embargo en el momento de la generacin o devengo de cada una de las mensualidades o vencimientos de tales rentas.

Tambin podr acordarse la administracin judicial, en los trminos establecidos en el artculo 256, cuando se comprobare que la entidad pagadora o perceptora no cumple la orden de retencin o ingreso, sin perjuicio de las dems responsabilidades que procedieran segn lo dispuesto en el apartado 3 del artculo 241 por falta de colaboracin con la ejecucin y efectividad de lo resuelto.

Artculo 255. Embargo de bienes inmuebles.

1. Si los bienes embargados fueren inmuebles u otros inscribibles en registros pblicos, el secretario judicial ordenar de oficio que se libre y remita directamente al registrador mandamiento para que practique el asiento que corresponda relativo al embargo trabado, expida certificacin de haberlo hecho, de la titularidad de los bienes y, en su caso, de sus cargas y gravmenes.

2. El registrador deber comunicar a la oficina judicial la existencia de ulteriores asientos que pudieren afectar al embargo anotado.

Artculo 256. Administracin judicial de los bienes embargados.

1. Podr constituirse una administracin o una intervencin judicial cuando por la naturaleza de los bienes o derechos embargados fuera preciso.

2. Con tal fin, el secretario judicial citar de comparecencia ante s mismo a las partes para que lleguen a un acuerdo y, una vez alcanzado en su caso, establecer mediante decreto los trminos de la administracin judicial en consonancia con el acuerdo.

3. Para el supuesto que no se alcance acuerdo, el secretario les convocar a comparecencia ante el juez o Magistrado que dict la orden general de ejecucin, a fin de que efecten las alegaciones y pruebas que estimen oportunas sobre la necesidad o no de nombramiento de administrador o interventor, persona que deba desempear tal cargo, exigencia o no de fianza, forma de actuacin, rendicin de cuentas y retribucin procedente, resolvindose mediante auto lo que proceda.

4. El administrador o, en su caso, el interventor nombrado deber rendir cuenta final de su gestin.

Artculo 257. Designacin de depositario.

Puede ser designado depositario el ejecutante o el ejecutado, salvo oposicin justificada de la parte contraria. Tambin podr el secretario judicial aprobar la designacin como depositario de un tercero, de existir comn acuerdo de las partes o a propuesta de una de ellas, sin oposicin justificada de la contraria.

Artculo 258. Reembargo.

1. De estar previamente embargados los bienes, el secretario judicial que haya acordado el reembargo adoptar las medidas oportunas para su efectividad.

2. La oficina judicial o administrativa a la que se comunique el reembargo acordar lo procedente para garantizarlo y, en el plazo mximo de diez das, informar al reembargante sobre las circunstancias y valor de los bienes, cantidad objeto de apremio de la que respondan y estado de sus actuaciones.

3. Deber, asimismo, comunicar al rgano que decret el reembargo las ulteriores resoluciones que pudieren afectar a los acreedores reembargantes.

Artculo 259. Adopcin de la traba.

1. El secretario judicial, tras la dacin de cuenta por el gestor procesal y administrativo de la diligencia de embargo positiva, ratificar o modificar lo efectuado por la comisin ejecutiva, acordando, en su caso, la adopcin de las garantas necesarias para asegurar la traba segn la naturaleza de los bienes embargados.

2. Podr tambin, en cualquier momento, atendida la suficiencia de los bienes embargados, acordar la mejora, reduccin o alzamiento de los embargos trabados.

Artculo 260. Tercera de dominio.

1. El tercero que invoque el dominio sobre los bienes embargados, adquirido con anterioridad a su traba, podr pedir el levantamiento del embargo ante el rgano del orden jurisdiccional social que conozca de la ejecucin y que a los meros efectos prejudiciales resolver sobre el derecho alegado, alzando en su caso el embargo.

2. La solicitud, a la que se acompaar el ttulo en que se funde la pretensin, deber formularse por el tercerista con una antelacin a la fecha sealada para la celebracin de la primera subasta no inferior a quince das.

3. Admitida la solicitud, se seguir el trmite incidental regulado en esta Ley. El secretario judicial suspender las actuaciones relativas a la liquidacin de los bienes discutidos hasta la resolucin del incidente.

Seccin 3. Realizacin de los bienes embargados
Artculo 261. Tasacin de los bienes embargados.

1. Cuando fuere necesario tasar los bienes embargados previamente a su realizacin, el secretario judicial designar el perito tasador que corresponda de entre los que presten servicio en la Administracin de Justicia, y adems o en su defecto podr requerir la designacin de persona idnea a las entidades obligadas legalmente a asumir la peritacin.

2. El nombramiento efectuado se pondr en conocimiento de las partes o terceros que conste tengan derechos sobre los bienes a tasar para que, dentro del segundo da, puedan designar otros por su parte, con la prevencin de que, si no lo hicieran, se les tendr por conformes.

Artculo 262. Deduccin de cargas.

Si los bienes o derechos embargados estuvieren afectos con cargas o gravmenes que debieran quedar subsistentes tras la venta o adjudicacin judicial, el secretario, con la colaboracin pericial y recabando los datos que estime oportunos, practicar la valoracin de aqullos y deducir su importe del valor real de los bienes, con el fin de determinar el justiprecio.

Artculo 263. Procedimientos para la liquidacin de los bienes.

1. Para la liquidacin de los bienes embargados, podrn emplearse estos procedimientos:

a) Por venta en entidad autorizada administrativamente o en las entidades previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil con tal fin, si as lo acordara el secretario judicial, cualquiera que fuere el valor de los bienes.

b) Por subasta ante fedatario pblico, en los trminos que se establezcan reglamentariamente.

c) Mediante subasta judicial, en los casos en que no se empleen los procedimientos anteriores.

d) Por los dems procedimientos establecidos en la legislacin procesal civil.

2. Si lo embargado fueren valores, se vendern en la forma establecida para ellos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

3. A fin de dotarla de mayor efectividad, la venta de los bienes podr realizarse por lotes o por unidades.

Artculo 264. Realizacin de los bienes.

La realizacin de los bienes embargados se ajustar a lo dispuesto en la legislacin procesal civil, con la nica excepcin de que para el caso de resultar desierta la subasta tendrn los ejecutantes o, en su defecto, los responsables legales solidarios o subsidiarios, el derecho a adjudicarse los bienes por el 30 por ciento del avalo, dndoseles, a tal fin, el plazo comn de diez das. De no hacerse uso de este derecho, se alzar el embargo.

Artculo 265. Reparto entre los ejecutantes.

Si la adquisicin en subasta o la adjudicacin en pago se realiza en favor de una parte de los ejecutantes y el precio de adjudicacin no es suficiente para cubrir todos los crditos de los restantes acreedores, los crditos de los adjudicatarios slo se extinguirn hasta la concurrencia de la suma que sobre el precio de adjudicacin debera serles atribuida en el reparto proporcional. De ser inferior al precio debern los acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metlico.

Artculo 266. Calidad de la adquisicin a favor de los ejecutantes o sus representantes.

Slo la adquisicin o adjudicacin practicada en favor de los ejecutantes o de los responsables legales solidarios o subsidiarios podr efectuarse en calidad de ceder a tercero.

Artculo 267. Formalizacin de la adjudicacin de bienes.

1. No ser preceptivo documentar en escritura pblica el decreto de adjudicacin.

2. Ser ttulo bastante para la inscripcin, el testimonio del decreto de adjudicacin, expedido por el secretario judicial.

Seccin 4. Pago a los acreedores
Artculo 268. Orden de los pagos.

1. Las cantidades que se obtengan en favor de los ejecutantes se aplicarn, por su orden, al pago del principal, intereses y costas una vez liquidados aqullos y tasadas stas.

2. Si lo hubiere aprobado previamente el juez, el secretario judicial podr anticipar al pago del principal el abono de los gastos que necesariamente hubiere requerido la propia ejecucin y el de los acreditados por terceros obligados a prestar la colaboracin judicialmente requerida.

Artculo 269. Liquidacin de intereses y costas.

1. Cubierta la cantidad objeto de apremio en concepto de principal, el secretario practicar diligencia de liquidacin de los intereses devengados.

2. La liquidacin de intereses podr formularse al tiempo que se realice la tasacin de costas y en la propia diligencia. Si se impugnaran ambas operaciones, su tramitacin podr acumularse.

3. Los honorarios o derechos de abogados, incluidos los de las Administraciones pblicas, procuradores y graduados sociales colegiados, devengados en la ejecucin podrn incluirse en la tasacin de costas.

Artculo 270. Insuficiencia de bienes en ejecuciones acumuladas.

De estar acumuladas las ejecuciones seguidas contra un mismo deudor y ser insuficientes los bienes embargados para satisfacer la totalidad de los crditos laborales, se aplicarn soluciones de proporcionalidad, con respeto, en todo caso, a las preferencias de crdito establecidas en las leyes.

Artculo 271. Reglas de reparto entre los ejecutantes en caso de insuficiencia de bienes del deudor. Propuesta comn de distribucin.

1. Entre los crditos concurrentes de igual grado, se repartirn proporcionalmente las cantidades obtenidas, sin tener en cuenta ningn tipo de prioridad temporal.

2. Si las cantidades obtenidas no son suficientes para cubrir la totalidad de los crditos, se proceder del siguiente modo:

a) Si ninguno de los acreedores concurrentes alegare preferencia para el cobro, el secretario judicial dispondr la distribucin proporcional de cantidades conforme se vayan obteniendo.

b) Si alguno de ellos alega preferencia, podrn presentar los acreedores o requerrseles por el secretario judicial para que lo hagan, en el plazo que se les fije, una propuesta comn de distribucin.

3. No presentndose o no coincidiendo las propuestas formuladas, el secretario judicial, en el plazo de cinco das, dictar decreto estableciendo provisionalmente los criterios de distribucin y concretando las cantidades correspondientes a cada acreedor conforme a aqullos.

Artculo 272. Traslado de la propuesta de distribucin.

1. De la propuesta comn o de la formulada por el secretario judicial, se dar traslado en su caso, a los acreedores no proponentes, al ejecutado y al Fondo de Garanta Salarial, para que manifiesten su conformidad o disconformidad en el plazo de tres das.

2. Si no se formulara oposicin, el secretario judicial deber aprobar la propuesta comn presentada o se entender definitiva la distribucin por l practicada. De formularse aqulla, se convocar a todos los interesados a una comparecencia, dndose traslado de los escritos presentados.

Artculo 273. Comparecencia para la aprobacin de la propuesta de distribucin.

1. Si en la comparecencia se lograre un acuerdo de distribucin, podr aprobarse en el mismo acto por el secretario judicial. A los interesados que no comparezcan injustificadamente se les tendr por conformes con lo acordado por los comparecientes.

2. De no lograrse acuerdo, el secretario citar a los interesados a una comparecencia ante el juez o tribunal, quien continuar el incidente, efectundose las alegaciones y pruebas relativas, en su caso, a la existencia o subsistencia de las preferencias invocadas. Se resolvern, mediante auto, las cuestiones planteadas y se establecer la forma de distribucin.

Artculo 274. Participacin en la distribucin proporcional.

Podrn participar en la distribucin proporcional los que, hasta el momento de obtenerse las cantidades a repartir, ostenten la condicin de ejecutantes de los procesos acumulados, con auto firme despachando ejecucin a su favor.

Artculo 275. Tramitacin de las terceras de mejor derecho.

1. Las terceras fundadas en el derecho del tercero, sea o no acreedor laboral del ejecutado, a ser reintegrado de su crdito con preferencia al acreedor ejecutante, debern deducirse ante el rgano judicial del orden social que est conociendo de la ejecucin, sustancindose por el trmite incidental regulado en esta Ley.

2. La tercera as promovida no suspender la ejecucin tramitada, continundose la misma hasta realizar la venta de los bienes embargados y su importe se depositar en la entidad de crdito correspondiente.

Seccin 5. Insolvencia empresarial
Artculo 276. Intervencin del Fondo de Garanta Salarial. Declaracin de insolvencia de la empresa.

1. Previamente a la declaracin de insolvencia, si el Fondo de Garanta Salarial no hubiere sido llamado con anterioridad, el secretario judicial le dar audiencia, por un plazo mximo de quince das, para que pueda instar la prctica de las diligencias que a su derecho convenga y designe bienes del deudor principal que le consten.

2. Dentro de los treinta das siguientes a la prctica de las diligencias instadas por el Fondo de Garanta Salarial, el secretario judicial dictar decreto declarando, cuando proceda, la insolvencia total o parcial del ejecutado, fijando en este caso el valor pericial dado a los bienes embargados. La insolvencia se entender a todos los efectos como provisional hasta que se conozcan bienes al ejecutado o se realicen los bienes embargados.

3. Declarada la insolvencia de una empresa, ello constituir base suficiente para estimar su pervivencia en otras ejecuciones, pudindose dictar el decreto de insolvencia sin necesidad de reiterar los trmites de averiguacin de bienes establecidos en el artculo 250, si bien en todo caso se deber dar audiencia previa a la parte actora y al Fondo de Garanta Salarial para que puedan sealar la existencia de nuevos bienes.

4. De estar determinadas en la sentencia que se ejecute las cantidades legalmente a cargo del Fondo de Garanta Salarial, firme la declaracin de insolvencia, el secretario judicial le requerir en su caso de abono, en el plazo de diez das y, de no efectuarlo, continuar la ejecucin contra el mismo.

5. La declaracin firme de insolvencia del ejecutado se har constar en el registro correspondiente segn la naturaleza de la entidad.

Artculo 277. Embargo de bienes afectados al proceso productivo.

1. Cuando los bienes susceptibles de embargo se encuentren afectos al proceso productivo de la empresa deudora y sta contine su actividad, el Fondo de Garanta Salarial podr solicitar la suspensin de la ejecucin, por el plazo de treinta das, a fin de valorar la imposibilidad de satisfaccin de los crditos laborales, as como los efectos de la enajenacin judicial de los bienes embargados sobre la continuidad de las relaciones laborales subsistentes en la empresa deudora.

2. Constatada por el Fondo de Garanta Salarial la imposibilidad de satisfacer los crditos laborales por determinar ello la extincin de las relaciones laborales subsistentes, lo pondr de manifiesto motivadamente, solicitando la declaracin de insolvencia a los solos efectos de reconocimiento de prestaciones de garanta salarial.

CAPTULO III
De la ejecucin de las sentencias firmes de despido
Artculo 278. Readmisin del trabajador.

Cuando el empresario haya optado por la readmisin deber comunicar por escrito al trabajador, dentro de los diez das siguientes a aquel en que se le notifique la sentencia, la fecha de su reincorporacin al trabajo, para efectuarla en un plazo no inferior a los tres das siguientes al de la recepcin del escrito. En este caso, sern de cuenta del empresario los salarios devengados desde la fecha de notificacin de la sentencia que por primera vez declare la improcedencia hasta aquella en la que tenga lugar la readmisin, salvo que, por causa imputable al trabajador, no se hubiera podido realizar en el plazo sealado.

Artculo 279. Plazos para solicitar la readmisin por el trabajador.

1. Cuando el empresario no procediere a la readmisin del trabajador, podr ste solicitar la ejecucin del fallo ante el Juzgado de lo Social:

a) Dentro de los veinte das siguientes a la fecha sealada para proceder a la readmisin, cuando sta no se hubiere efectuado.

b) Dentro de los veinte das siguientes a aquel en el que expire el de los diez das a que se refiere el artculo anterior, cuando no se hubiera sealado fecha para reanudar la prestacin laboral.

c) Dentro de los veinte das siguientes a la fecha en la que la readmisin tuvo lugar, cuando sta se considerase irregular.

2. No obstante, y sin perjuicio de que no se devenguen los salarios correspondientes a los das transcurridos entre el ltimo de cada uno de los plazos sealados en las letras a), b) y c) del apartado anterior y aqul en el que se solicite la ejecucin del fallo, la accin para instar esta ltima habr de ejercitarse dentro de los tres meses siguientes a la firmeza de la sentencia.

3. Todos los plazos establecidos en este artculo son de prescripcin.

Artculo 280. Incidente de no readmisin.

Instada la ejecucin del fallo en cuanto a la condena a readmisin, por el juez competente se dictar auto despachando la ejecucin por la va de incidente de no readmisin y seguidamente, el secretario sealar la vista del incidente dentro de los cinco das siguientes, citando de comparecencia a los interesados. La ejecucin de otros pronunciamientos distintos de la condena a readmisin se someter a las reglas generales aplicables segn su naturaleza.

El da de la comparecencia, si los interesados hubieran sido citados en forma y no asistiese el trabajador o persona que lo represente, se le tendr por desistido de su solicitud; si no compareciese el empresario o su representante, se celebrar el acto sin su presencia.

Artculo 281. Auto de resolucin del incidente.

1. En la comparecencia, la parte o partes que concurran sern examinadas por el juez sobre los hechos de la no readmisin o de la readmisin irregular alegada, aportndose nicamente aquellas pruebas que, pudindose practicar en el momento, el juez estime pertinentes. De lo actuado se extender la correspondiente acta.

2. Dentro de los tres das siguientes, el juez dictar auto en el que, salvo en los casos donde no resulte acreditada ninguna de las dos circunstancias alegadas por el ejecutante:

a) Declarar extinguida la relacin laboral en la fecha de dicha resolucin.

b) Acordar se abone al trabajador la indemnizacin a la que se refiere el apartado 1 del artculo 110. En atencin a las circunstancias concurrentes y a los perjuicios ocasionados por la no readmisin o por la readmisin irregular, podr fijar una indemnizacin adicional de hasta quince das de salario por ao de servicio y un mximo de doce mensualidades. En ambos casos, se prorratearn los perodos de tiempo inferiores a un ao y se computar, como tiempo de servicio, el transcurrido hasta la fecha del auto.

c) Condenar al empresario al abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la notificacin de la sentencia que por primera vez declare la improcedencia hasta la de la mencionada solucin.

Artculo 282. Ejecucin del fallo de la sentencia.

1. La sentencia ser ejecutada en sus propios trminos cuando:

a) El trabajador despedido fuera delegado de personal, miembro del comit de empresa o delegado sindical y, declarada la improcedencia del despido, optare por la readmisin.

b) Declare la nulidad del despido.

2. A tal fin, en cualquiera de los supuestos mencionados en el nmero anterior, una vez solicitada la readmisin, el juez competente dictar auto conteniendo la orden general de ejecucin y despachando la misma, y acordar requerir al empresario para que reponga al trabajador en su puesto en el plazo de tres das, sin perjuicio de que adopte, a instancia de parte, las medidas que dispone el artculo 284.

Artculo 283. Incumplimiento de la sentencia de readmisin por el empresario.

1. En los supuestos a que se refiere el artculo anterior, si el empresario no procediera a la readmisin o lo hiciera en condiciones distintas a las que regan antes de producirse el despido, el trabajador podr acudir ante el Juzgado de lo Social, solicitando la ejecucin regular del fallo, dentro de los veinte das siguientes al tercero que, como plazo mximo para la reincorporacin, dispone el artculo precedente.

2. El juez oir a las partes en comparecencia, que se ajustar a lo dispuesto en el artculo 280 y en el apartado 1 del artculo 281, y dictar auto sobre si la readmisin se ha efectuado o no y, en su caso, si lo fue en debida forma. En el supuesto de que se estimara que la readmisin no tuvo lugar o no lo fue en forma regular, ordenar reponer al trabajador a su puesto dentro de los cinco das siguientes a la fecha de dicha resolucin, apercibiendo al empresario que, de no proceder a la reposicin o de no hacerlo en debida forma, se adoptarn las medidas que establece el artculo siguiente.

Artculo 284. Consecuencias del incumplimiento del empresario.

Cuando el empresario no diese cumplimiento a la orden de reposicin a que se refiere el artculo anterior, el secretario judicial acordar las medidas siguientes:

a) Que el trabajador contine percibiendo su salario con la misma periodicidad y cuanta que la declarada en la sentencia, con los incrementos que por va de convenio colectivo o mediante norma estatal se produzcan hasta la fecha de la readmisin en debida forma. A tal fin, cumplimentar la autorizacin contenida en el auto despachando ejecucin en tantas ocasiones como fuese necesario, por una cantidad equivalente a seis meses de salario, hacindose efectivas al trabajador con cargo a la misma las retribuciones que fueran venciendo, hasta que, una vez efectuada la readmisin en forma regular, acuerde la devolucin al empresario del saldo existente en esa fecha.

b) Que el trabajador contine en alta y con cotizacin en la Seguridad Social, lo que pondr en conocimiento de la entidad gestora o servicio comn a los efectos procedentes.

c) Que el delegado de personal, miembro del comit de empresa o delegado sindical contine desarrollando, en el seno de la empresa, las funciones y actividades propias de su cargo, advirtiendo al empresario que, de impedir u oponer algn obstculo a dicho ejercicio, se pondrn los hechos en conocimiento de la autoridad laboral a los efectos de sancionar su conducta de acuerdo con lo que dispone el Texto Refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, aprobada por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Artculo 285. Lanzamiento del trabajador de la vivienda por razn de trabajo.

1. Cuando recaiga resolucin firme en que se declare la extincin del contrato de trabajo, si el trabajador ocupare vivienda por razn del mismo deber abandonarla en el plazo de un mes. El secretario judicial, si existe motivo fundado, podr prorrogar dicho plazo por dos meses ms.

2. Una vez transcurridos los plazos del apartado anterior, el empresario podr solicitar del juzgado la ejecucin mediante el oportuno lanzamiento, que se practicar seguidamente observando las normas previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Artculo 286. Imposibilidad de readmisin del trabajador.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artculos anteriores, cuando se acreditase la imposibilidad de readmitir al trabajador por cese o cierre de la empresa obligada o cualquier otra causa de imposibilidad material o legal, el juez dictar auto en el que declarar extinguida la relacin laboral en la fecha de dicha resolucin y acordar se abonen al trabajador las indemnizaciones y los salarios dejados de percibir que seala el apartado 2 del artculo 281.

2. En los supuestos de declaracin de nulidad del despido por acoso laboral, sexual o por razn de sexo o de violencia de gnero en el trabajo, la vctima del acoso podr optar por extinguir la relacin laboral con el correspondiente abono de la indemnizacin procedente y de los salarios de tramitacin, en su caso, conforme al apartado 2 del artculo 281.

CAPTULO IV
De la ejecucin de sentencias frente a entes pblicos
Artculo 287. Cumplimiento de la sentencia por Entes pblicos.

1. Las sentencias dictadas frente al Estado, Entidades Gestoras o Servicios Comunes de la Seguridad Social y dems entes pblicos debern llevarse a efecto por la Administracin o Entidad dentro del plazo de dos meses a partir de su firmeza, justificando el cumplimiento ante el rgano jurisdiccional dentro de dicho plazo. Atendiendo a la naturaleza de lo reclamado y a la efectividad de la sentencia, sta podr fijar un plazo inferior para el cumplimiento cuando el de dos meses pueda hacer ineficaz el pronunciamiento o causar grave perjuicio.

2. Trascurrido el plazo a que se refiere el nmero anterior, la parte interesada podr solicitar la ejecucin.

3. Mientras no conste la total ejecucin de la sentencia, el rgano judicial, de oficio o a instancia de parte, adoptar cuantas medidas sean adecuadas para promoverla y activarla, siendo con tal fin de aplicacin supletoria lo dispuesto para la ejecucin de sentencias en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-administrativa.

4. El rgano jurisdiccional, previo requerimiento de la Administracin condenada por un nuevo plazo de un mes y citando, en su caso, de comparecencia a las partes, podr decidir cuantas cuestiones se planteen en la ejecucin, y especialmente las siguientes:

a) rgano administrativo y funcionarios que han de responsabilizarse de realizar las actuaciones, pudiendo requerir a la Administracin a tal efecto para que facilite la identidad de la autoridad o funcionario responsable del cumplimiento de la ejecutoria, al objeto de individualizar oportunamente las responsabilidades derivadas, incluidas las responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar, sin perjuicio de las comprobaciones de oficio que deban llevarse a cabo al respecto.

b) Plazo mximo para su cumplimiento, en atencin a las circunstancias que concurran.

c) Medios con que ha de llevarse a efecto y procedimiento a seguir.

d) Medidas necesarias para lograr la efectividad de lo mandado, en los trminos establecidos en esta Ley, salvo lo previsto en el artculo 241, que no ser de aplicacin excepto en caso de incumplimiento de lo resuelto por el rgano jurisdiccional en la comparecencia a que se refiere el presente apartado.

e) Cuando la Administracin pblica fuera condenada al pago de cantidad lquida, el devengo de intereses proceder conforme a lo dispuesto en la legislacin presupuestaria, si bien en el supuesto de que hubiera sido necesario el ulterior requerimiento establecido en este apartado, la autoridad judicial, apreciando falta de diligencia en el incumplimiento, podr incrementar en dos puntos el inters legal a devengar.

Artculo 288. Liquidacin e ingreso de cantidades correspondientes a prestaciones de pago peridico de la Seguridad Social.

1. En los procesos seguidos por prestaciones de pago peridico de la Seguridad Social, una vez sea firme la sentencia condenatoria a la constitucin de un capital coste de pensin o al pago de una prestacin no capitalizable, se remitir por el secretario judicial copia certificada a la entidad gestora o servicio comn competente.

2. El indicado organismo deber, en el plazo mximo de diez das, comunicar a la oficina judicial el importe del capital coste de la pensin o el importe de la prestacin a ingresar, lo que se notificar a las partes, requiriendo el secretario a la condenada para que lo ingrese en el plazo de diez das.

TTULO II
De la ejecucin provisional
CAPTULO I
De las sentencias condenatorias al pago de cantidades
Artculo 289. Abono de anticipos.

1. Cuando el trabajador tuviere a su favor una sentencia en la que se hubiere condenado al empresario al pago de una cantidad y se interpusiere recurso contra ella, tendr derecho a obtener anticipos a cuenta de aqulla, garantizando el Estado su reintegro y realizando, en su caso, su abono, en los trminos establecidos en esta Ley.

2. El anticipo alcanzar, como mximo total, hasta el 50 por ciento del importe de la cantidad reconocida en la sentencia, pudiendo abonarse en perodos temporales durante la tramitacin del recurso, desde la fecha de la solicitud y hasta que recaiga sentencia definitiva o por cualquier causa quede firme la sentencia recurrida.

3. La cantidad no podr exceder anualmente del doble del salario mnimo interprofesional fijado para trabajadores mayores de dieciocho aos, incluida la parte proporcional de gratificaciones extraordinarias, vigente durante su devengo.

Artculo 290. Ejecucin provisional con cargo a cantidades consignadas.

1. La ejecucin provisional podr instarse por la parte interesada ante el rgano judicial que dict la sentencia. El solicitante asumir, solidariamente con el Estado, la obligacin de reintegro, cuando proceda, de las cantidades percibidas.

2. Si para recurrir la sentencia que provisionalmente se ejecute se hubiere efectuado consignacin en metlico, mediante aval o por cualquier otro medio admitido, el secretario judicial dispondr el anticipo con cargo a aqulla, garantizndose por el Estado la devolucin al empresario, en su caso, de las cantidades que se abonen al trabajador.

Si el importe de la condena se hubiera garantizado mediante aval o por cualquier otro medio admitido, el secretario judicial, antes de disponer el anticipo prevenido en el prrafo anterior, requerir a la empresa para que, en el plazo de cuatro das, proceda a consignar en metlico la cantidad a anticipar, disponiendo, luego de acreditada la consignacin, la devolucin del aval o del correspondiente medio de garanta inicialmente constituido, contra entrega simultnea del nuevo aval o medio de garanta por la menor cuanta relicta. En este supuesto regir igualmente la garanta por el Estado en los trminos establecidos en el prrafo anterior.

3. De no haber sido preceptivo consignar para recurrir, el anticipo se abonar al trabajador directamente por el Estado. En este supuesto, el secretario judicial notificar a la Abogaca del Estado testimonio suficiente de lo actuado y le requerir para que el organismo gestor efecte el abono al trabajador en el plazo de diez das.

Artculo 291. Confirmacin de la sentencia recurrida.

1. Si la sentencia impugnada queda firme, el trabajador tendr derecho al percibo de la diferencia entre el importe de la condena y la cantidad anticipada, hacindose efectiva con cargo a la consignacin, si de ella se hubiera detrado el anticipo.

2. De haberse efectuado el anticipo por el Estado, el trabajador podr reclamar la diferencia al empresario, y el Estado se subrogar en los derechos de aqul frente al empresario por el importe de la cantidad anticipada.

Artculo 292. Revocacin de la sentencia recurrida.

1. Si la sentencia impugnada fuera revocada por el tribunal superior y el trabajador resultare deudor en todo o en parte de la cantidad anticipada, habr de reintegrar esta cantidad al empresario si se hubiera detrado el anticipo de la consignacin, quedando en este caso el Estado responsable solidario con el trabajador respecto del empresario.

2. Cuando el Estado hubiera abonado directamente el anticipo o, en virtud de la responsabilidad solidaria contrada, hubiera respondido frente al empresario, aqul podr reclamar al trabajador el reintegro de la cantidad anticipada.

Artculo 293. Incumplimiento de la obligacin de reintegro por el trabajador.

1. Si se incumple la obligacin de reintegro, ser ttulo bastante para iniciar la ejecucin destinada a hacerla efectiva la resolucin firme en que se acordaba la ejecucin provisional junto con la certificacin, librada por el secretario judicial o por el organismo gestor, en la que se determinaran las cantidades abonadas.

2. Cuando la realizacin forzosa inmediata de la cantidad adeudada pudiera causar perjuicio grave al trabajador, el juez podr conceder aplazamiento hasta por un ao de la obligacin de pago, adoptando las medidas de aseguramiento oportunas para garantizar la efectividad de la ejecucin.

CAPTULO II
De las sentencias condenatorias en materia de Seguridad Social
Artculo 294. Ejecucin provisional de la sentencia condenatoria al pago de prestaciones de pago peridico de Seguridad Social.

1. Las sentencias recurridas, condenatorias al pago de prestaciones de pago peridico de Seguridad Social, sern ejecutivas, quedando el condenado obligado a abonar la prestacin, hasta el lmite de su responsabilidad, durante la tramitacin del recurso.

2. Si la sentencia favorable al beneficiario fuere revocada, en todo o en parte, no estar obligado al reintegro de las cantidades percibidas durante el perodo de ejecucin provisional y conservar el derecho a que se le abonen las prestaciones devengadas durante la tramitacin del recurso y que no hubiere an percibido en la fecha de firmeza de la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto en las letras c) y d) del apartado 2 del artculo 230.

Artculo 295. Ejecucin de sentencias condenatorias al pago de prestaciones de pago nico.

El beneficiario de prestaciones del rgimen pblico de la Seguridad Social que tuviera a su favor una sentencia recurrida en la que se hubiere condenado al demandado al pago de una prestacin de pago nico, tendr derecho a solicitar su ejecucin provisional y obtener anticipos a cuenta de aqulla, en los trminos establecidos en el Captulo anterior.

Artculo 296. Ejecucin provisional de sentencias condenatorias a obligaciones de hacer o no hacer en materia de Seguridad Social.

A peticin del beneficiario favorecido por ellas, el juez o la Sala, ponderando las circunstancias concurrentes, podr acordar tambin la ejecucin provisional, sin exigencia de fianza, de las sentencias condenatorias a obligaciones de hacer o no hacer en materia de Seguridad Social.

CAPTULO III
De las sentencias de despido
Artculo 297. Ejecucin provisional de la sentencia que declare la improcedencia o nulidad del despido.

1. Cuando en los procesos donde se ejerciten acciones derivadas de despido o de decisin extintiva de la relacin de trabajo la sentencia declare su improcedencia y el empresario que hubiera optado por la readmisin interpusiera alguno de los recursos autorizados por la Ley, ste vendr obligado, mientras dure la tramitacin del recurso, a satisfacer al recurrido la misma retribucin que vena percibiendo con anterioridad a producirse aquellos hechos y continuar el trabajador prestando servicios, a menos que el empresario prefiera hacer el abono aludido sin compensacin alguna.

Lo anteriormente dispuesto tambin ser aplicable cuando, habiendo optado el empresario por la readmisin, el recurso lo interpusiera el trabajador.

2. La misma obligacin tendr el empresario si la sentencia hubiera declarado la nulidad del despido o de la decisin extintiva de la relacin de trabajo; sin perjuicio de las medidas cautelares que pudieran adoptarse, en especial para la proteccin frente al acoso, en los trminos del apartado 4 del artculo 180.

3. Si el despido fuera declarado improcedente y la opcin, correspondiente al trabajador, se hubiera producido en favor de la readmisin, se estar a lo dispuesto por el apartado 1 de este artculo.

4. En los supuestos a que se refieren los apartados anteriores se suspender el derecho a la prestacin por desempleo en los trminos previstos en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

Artculo 298. Peticin de ejecucin provisional por parte del trabajador.

Si en virtud de lo dispuesto en el artculo anterior se presentase peticin del trabajador, por escrito o por comparecencia, con el fin de exigir del empresario el cumplimiento de aquella obligacin o solicitud de ste para que aqul reanude la prestacin de servicios, el juez o Sala, odas las partes, resolver lo que proceda.

Artculo 299. Incumplimiento del trabajador del requerimiento empresarial de readmisin.

El incumplimiento injustificado por parte del trabajador del requerimiento empresarial de reanudacin de la prestacin de servicios acarrear la prdida definitiva de los salarios a que se refieren los artculos anteriores.

Artculo 300. Revocacin de la sentencia favorable al trabajador.

Si la sentencia favorable al trabajador fuere revocada en todo o en parte, ste no vendr obligado al reintegro de los salarios percibidos durante el perodo de ejecucin provisional y conservar el derecho a que se le abonen los devengados durante la tramitacin del recurso y que no hubiere an percibido en la fecha de la firmeza de la sentencia.

Artculo 301. Anticipos reintegrables.

En los casos en que no proceda la aplicacin de las normas de ejecucin provisional establecidas en este Captulo, si concurren los presupuestos necesarios, podrn concederse anticipos reintegrables, en los trminos establecidos en esta Ley, cuando la sentencia recurrida declare la nulidad o improcedencia del despido o de las decisiones extintivas de las relaciones de trabajo.

Artculo 302. Despido de representante de los trabajadores.

Cuando el despido o la decisin extintiva hubiera afectado a un representante legal de los trabajadores o a un representante sindical y la sentencia declarara la nulidad o improcedencia del despido, con opcin, en este ltimo caso por la readmisin, el rgano judicial deber adoptar, en los trminos previstos en el prrafo c) del artculo 284 las medidas oportunas a fin de garantizar el ejercicio de sus funciones representativas durante la sustanciacin del correspondiente recurso.

CAPTULO IV
De las sentencias condenatorias recadas en otros procesos
Artculo 303. Ejecucin provisional de sentencias dictadas en otras modalidades procesales.

1. Las sentencias que recaigan en los procesos de conflictos colectivos, en los de impugnacin de los convenios colectivos y en los de tutela de la libertad sindical y dems derechos fundamentales y libertades pblicas, sern ejecutivas desde que se dicten, segn la naturaleza de la pretensin reconocida, no obstante el recurso que contra ellas pudiera interponerse y sin perjuicio de las limitaciones que pudieran acordarse para evitar o paliar perjuicios de imposible o difcil reparacin.

2. En las sentencias recadas en procesos seguidos en impugnacin de actos administrativos en materia laboral, sindical y seguridad social podr acordarse la ejecucin provisional, salvo que la misma sea susceptible de producir situaciones irreversibles o perjuicios de difcil reparacin. En materia de prestaciones de Seguridad Social se estar a su normativa especfica.

3. De ser recurrida por el empresario la sentencia que acuerde la extincin del contrato de trabajo a instancia del trabajador con fundamento en el artculo 50 del Estatuto de los Trabajadores, el trabajador podr optar entre continuar prestando servicios o cesar en la prestacin en cumplimiento de la sentencia, quedando en este ltimo caso en situacin de desempleo involuntario desde ese momento, sin perjuicio de las medidas cautelares que pudieran adoptarse. La opcin deber ejercitarse mediante escrito o comparecencia ante la oficina judicial, dentro del plazo de cinco das desde la notificacin de que la empresa ha recurrido. Si la sentencia fuera revocada, el empresario deber comunicar al trabajador, dentro del plazo de diez das a partir de su notificacin, la fecha de reincorporacin, para efectuarla en un plazo no inferior a los tres das siguientes a la recepcin del escrito. Si el trabajador no se reincorporase quedar extinguido definitivamente el contrato, siguindose en otro caso los trmites de los artculos 278 y siguientes, si la sentencia hubiese ganado firmeza.

En este caso y a efectos del reconocimiento de un futuro derecho a la proteccin por desempleo, el perodo al que se refiere el prrafo anterior se considerar de ocupacin cotizada.

CAPTULO V
Normas comunes a la ejecucin provisional
Artculo 304. Competencia, medidas cautelares e impugnacin de la ejecucin provisional.

1. La ejecucin provisional de resoluciones judiciales se despachar y llevar a cabo por el juzgado o tribunal que haya dictado, en su caso, la resolucin a ejecutar y las partes dispondrn de los mismos derechos y facultades procesales que en la ejecucin definitiva.

2. No obstante lo dispuesto en el nmero anterior, el juez o tribunal, en cualquier momento, a instancia de la parte interesada o de oficio, podr adoptar las medidas cautelares que sean pertinentes para asegurar, en su caso, la ejecucin de la sentencia y en garanta y defensa de los derechos afectados atendiendo a los criterios establecidos en el artculo 79.

3. Frente a las resoluciones dictadas por el juez o tribunal en ejecucin provisional, slo proceder el recurso de reposicin, salvo cuando en el auto se adopte materialmente una decisin comprendida fuera de los lmites de la ejecucin provisional o se declare la falta de jurisdiccin o competencia del orden jurisdiccional social en que proceder recurso de suplicacin o, en su caso, de casacin ordinaria, conforme a las normas generales de tales recursos.

4. Frente a las resoluciones dictadas por el secretario judicial en ejecucin provisional proceder recurso de reposicin, salvo que fueren directamente recurribles en revisin.

Artculo 305. Aplicacin de las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Las sentencias favorables al trabajador o beneficiario que no puedan ser ejecutadas provisionalmente conforme a esta Ley podrn serlo en la forma y condiciones establecidas en la legislacin procesal civil.

Disposicin adicional primera. Especialidades procesales.

Al proceso social le sern de aplicacin las especialidades procesales contempladas en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurdica al Estado y otras Instituciones pblicas, en los casos y trminos previstos por dicha Ley y por la normativa que la complementa y desarrolla.

Disposicin adicional segunda. Autorizacin de actuaciones a entidades pblicas o privadas.

El Gobierno, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, podr autorizar a entidades pblicas o privadas, que renan las garantas que se establezcan, la realizacin de las actuaciones materiales relativas al depsito, conservacin, transporte, administracin, publicidad y venta de los bienes judicialmente embargados.

Disposicin adicional tercera. Aplicacin de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Las disposiciones de la presente Ley no resultarn de aplicacin en las cuestiones litigiosas sociales que se planteen en caso de concurso y cuya resolucin corresponda al juez del concurso conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, con las excepciones expresas que se contienen en dicha Ley.

Disposicin transitoria primera. Normas aplicables a los procesos en tramitacin.

1. Los procesos que se inicien en instancia a partir de la vigencia de la presente Ley se regirn en todas sus fases e incidencias por lo dispuesto en la misma.

2. Los procesos iniciados con anterioridad a la vigencia de esta Ley cuya tramitacin en instancia no haya concluido por sentencia o resolucin que ponga fin a la misma, continuarn sustancindose por la normativa procesal anterior hasta que recaiga dicha sentencia o resolucin, si bien en cuanto a los recursos contra resoluciones interlocutorias o no definitivas se aplicar lo dispuesto en esta Ley.

Disposicin transitoria segunda. Normas aplicables en materia de recursos y ejecucin forzosa de sentencias dictadas a partir de la entrada en vigor de la Ley.

1. Las sentencias y dems resoluciones que pongan fin a la instancia o al recurso, dictadas a partir de la vigencia de esta Ley, se regirn por lo dispuesto en ella, en cuanto al rgimen de recursos y dems medios de impugnacin contra las mismas, as como en cuanto a su ejecucin provisional y definitiva.

2. Las sentencias y dems resoluciones que hayan puesto fin a la instancia o al recurso con anterioridad a la vigencia de esta Ley se regirn, en cuanto al rgimen de recursos de suplicacin, casacin y dems medios de impugnacin, por lo dispuesto en la legislacin procesal anterior, hasta la conclusin del recurso o medio de impugnacin correspondiente, rigindose no obstante su ejecucin provisional por la presente Ley.

3. Los recursos de suplicacin y casacin que se encuentren en trmite a la entrada en vigor de esta Ley se seguirn sustanciando por la legislacin anterior hasta su resolucin, aplicndose a la misma en lo sucesivo el rgimen de recursos de la nueva legislacin.

Disposicin transitoria tercera. Ejecucin de sentencias y dems ttulos ejecutivos. Medidas cautelares.

La presente Ley ser de aplicacin a la ejecucin de las sentencias y dems ttulos que lleven aparejada ejecucin, incluidas las que se encuentren en trmite, siendo vlidas las actuaciones, incluidas las medidas cautelares, realizadas al amparo de la legislacin anterior.

Disposicin transitoria cuarta. Competencia del orden jurisdiccional social.

1. El orden jurisdiccional social conocer de los procesos de impugnacin de actos administrativos dictados a partir de la vigencia de esta Ley en materia laboral, sindical y de seguridad social, cuyo conocimiento se atribuye por la misma al orden jurisdiccional social.

2. La impugnacin de los actos administrativos en dichas materias, dictados con anterioridad a la vigencia de esta Ley, continuar atribuida al orden jurisdiccional contencioso-administrativo, y los recursos contencioso-administrativos interpuestos contra actos administrativos en materia laboral, sindical y de seguridad social, con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, continuarn sustancindose ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo conforme a las normas aplicables a dicho orden.

Disposicin transitoria quinta. Reclamaciones al Fondo de Garanta Salarial efectuadas al amparo de la disposicin transitoria tercera de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.

En las reclamaciones al Fondo de Garanta Salarial efectuadas al amparo de la disposicin transitoria tercera de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, sern de aplicacin las previsiones incluidas en el apartado 2 del artculo 23 y en el apartado 1 del artculo 70.

Disposicin derogatoria nica. Derogacin de normas.

Queda derogado el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, as como todas las normas de igual o inferior rango en cuanto se opongan a la presente Ley.

Disposicin final primera. Modificacin de la disposicin adicional decimosptima del Estatuto de los Trabajadores.

Se da nueva redaccin a la disposicin adicional decimosptima del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que queda redactada del modo siguiente:

Disposicin adicional decimosptima. Discrepancias en materia de conciliacin.

Las discrepancias que surjan entre empresarios y trabajadores en relacin con el ejercicio de los derechos de conciliacin de la vida personal, familiar y laboral reconocidos legal o convencionalmente se resolvern por la jurisdiccin competente a travs del procedimiento establecido en el artculo 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdiccin Social.

Disposicin final segunda. Modificacin de la regulacin del trabajo autnomo econmicamente dependiente.

Se aaden un artculo 11 bis y una disposicin transitoria cuarta y se modifican los artculos 12 y 17 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autnomo, en los trminos siguientes:

Uno. Se aade un nuevo artculo 11 bis con la siguiente redaccin:

Artculo 11 bis. Reconocimiento de la condicin de trabajador autnomo econmicamente dependiente.

El trabajador autnomo que rena las condiciones establecidas en el artculo anterior podr solicitar a su cliente la formalizacin de un contrato de trabajador autnomo econmicamente dependiente a travs de una comunicacin fehaciente. En el caso de que el cliente se niegue a la formalizacin del contrato o cuando transcurrido un mes desde la comunicacin no se haya formalizado dicho contrato, el trabajador autnomo podr solicitar el reconocimiento de la condicin de trabajador autnomo econmicamente dependiente ante los rganos jurisdiccionales del orden social. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 del artculo 12 de la presente Ley.

En el caso de que el rgano jurisdiccional del orden social reconozca la condicin de trabajador autnomo econmicamente dependiente al entenderse cumplidas las condiciones recogidas en el artculo 11 apartados 1 y 2, el trabajador solo podr ser considerado como tal desde el momento en que se hubiere recibido por el cliente la comunicacin mencionada en el prrafo anterior. El reconocimiento judicial de la condicin de trabajador autnomo econmicamente dependiente no tendr ningn efecto sobre la relacin contractual entre las partes anterior al momento de dicha comunicacin.

Dos. Se modifican los apartados 1 y 4 del artculo 12, que quedan redactados del siguiente modo:

Artculo 12. Contrato.

1. El contrato para la realizacin de la actividad profesional del trabajador autnomo econmicamente dependiente celebrado entre ste y su cliente se formalizar siempre por escrito y deber ser registrado en la oficina pblica correspondiente. Dicho registro no tendr carcter publico.

4. Cuando el contrato no se formalice por escrito o no se hubiera fijado una duracin o un servicio determinado, se presumir, salvo prueba en contrario, que el contrato ha sido pactado por tiempo indefinido.

Tres. Se modifica el apartado 1 del artculo 17, que queda redactado de la siguiente forma:

1. Los rganos jurisdiccionales del orden social sern los competentes para conocer las pretensiones derivadas del contrato celebrado entre un trabajador autnomo econmicamente dependiente y su cliente, as como para las solicitudes de reconocimiento de la condicin de trabajador autnomo econmicamente dependiente.

Cuatro. Se aade una disposicin transitoria cuarta con la redaccin siguiente:

Disposicin transitoria cuarta. Rgimen transitorio del reconocimiento previsto en el artculo 11 bis.

El reconocimiento de la condicin de trabajador autnomo econmicamente dependiente previsto en el artculo 11 bis de esta Ley, slo podr producirse para las relaciones contractuales entre clientes y trabajadores autnomos que se formalicen a partir de la entrada en vigor de la Ley reguladora de la jurisdiccin social.

Disposicin final tercera. Ttulo competencial.

Esta Ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de legislacin procesal, de acuerdo con lo dispuesto en el artculo 149.1.6. de la Constitucin.

Disposicin final cuarta. Normas supletorias.

En lo no previsto en esta Ley regir como supletoria la Ley de Enjuiciamiento Civil y, en los supuestos de impugnacin de los actos administrativos cuya competencia corresponda al orden social, la Ley de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa, con la necesaria adaptacin a las particularidades del proceso social y en cuanto sean compatibles con sus principios.

Disposicin final quinta. Sistema de valoracin de daos derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales.

En el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno adoptar las medidas necesarias para aprobar un sistema de valoracin de daos derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, mediante un sistema especfico de baremo de indemnizaciones actualizables anualmente, para la compensacin objetiva de dichos daos en tanto las vctimas o sus beneficiarios no acrediten daos superiores.

Disposicin final sexta. Habilitacin al Gobierno para la modificacin de cuantas.

1. El Gobierno, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y audiencia del Consejo de Estado, podr modificar la cuanta que establece esta Ley para la procedencia del recurso de suplicacin y, en su caso, de casacin ordinaria.

2. Igualmente, y tras los informes mencionados, podr modificar las cantidades que se establecen en esta Ley respecto de los honorarios de los letrados y graduados sociales colegiados de la parte recurrida en caso de desestimacin del recurso, de las sanciones pecuniarias y multas, y de la cuanta de los depsitos para recurrir en suplicacin, casacin y revisin y, en general, de cualquier importe con trascendencia procesal que pudiere venir establecido en la normativa procesal social, incluido el fijado para el acceso al proceso monitorio.

Disposicin final sptima. Entrada en vigor.

1. La presente Ley entrar en vigor a los dos meses de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

2. Se excepta del plazo previsto en el apartado anterior la atribucin competencial contenida en las letras o) y s) del artculo 2 en materia de prestaciones derivadas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promocin de la Autonoma Personal y Atencin a las personas en situacin de dependencia, cuya fecha de entrada en vigor se fijar en una ulterior Ley, cuyo Proyecto deber remitir el Gobierno a las Cortes Generales en el plazo de tres aos, teniendo en cuenta la incidencia de las distintas fases de aplicacin de la Ley de Dependencia, as como la determinacin de las medidas y medios adecuados para lograr una gil respuesta judicial en estas materias.

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 10 de octubre de 2011.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOS LUIS RODRGUEZ ZAPATERO

Análisis

  • Rango: Ley
  • Fecha de disposición: 10/10/2011
  • Fecha de publicación: 11/10/2011
  • Entrada en vigor, con la salvedad indicada, el 11 de diciembre de 2011.
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • SE DECLARA en la Cuestin 1393/2018, la inconstitucionalidad y nulidad del primer prrafo del art. 188.1, por Sentencia 72/2018, de 21 de junio (Ref. BOE-A-2018-10514).
  • SE MODIFICA:
    • los arts. 64, 69, 70, 72, 73, 85, 103 y 117, por Ley 39/2015, de 1 de octubre (Ref. BOE-A-2015-10565).
    • el art. 146.2, por Ley 26/2015, de 28 de julio (Ref. BOE-A-2015-8470).
    • con los efectos indicados, los arts. 124 y 247, por Ley 1/2014, de 28 de febrero (Ref. BOE-A-2014-2219).
    • los arts. 124 y 247.2, por Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto (Ref. BOE-A-2013-8556).
    • el art. 116.1, por Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio (Ref. BOE-A-2012-9364).
  • SE DEROGA:
    • el art. 105.3 y SE MODIFICA determinados preceptos, por Ley 3/2012, de 6 de julio (Ref. BOE-A-2012-9110).
    • el art. 105.3 y SE MODIFICA determinados preceptos, por Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero (Ref. BOE-A-2012-2076).
Referencias anteriores
  • DEROGA la Ley de Procedimiento Laboral, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (Ref. BOE-A-1995-8758).
  • MODIFICA:
    • los arts. 12 y 17 y AADE el art. 11 bis y la disposicin transitoria 4 a la Ley 20/2007, de 11 de julio (Ref. BOE-A-2007-13409).
    • la disposicin adicional 17 de de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (Ref. BOE-A-1995-7730).
Materias
  • Actos procesales
  • Administracin de Justicia
  • Administraciones Pblicas
  • Arbitraje laboral
  • Audiencia Nacional
  • Conflictos colectivos de trabajo
  • Contratos
  • Cuestiones de competencia
  • Enjuiciamiento Civil
  • Estatuto de los Trabajadores
  • Fondo de Garanta Salarial
  • Juzgados de lo Social
  • Procedimiento Laboral
  • Relaciones Laborales
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  • Trabajadores
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  • Tribunal Supremo
  • Tribunales Superiores de Justicia

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