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Por Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública de 22 de diciembre de 2003 («Boletín Oficial del Estado» de 10 de enero de 2004), se determina el número de plazas a proveer por los Tribunales en las pruebas selectivas de acceso a la Subescala de Secretaría-Intervención, de la Escala de Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Orden APU/2872/2003, de 2 de octubre, con excepción de las tres plazas reservadas para ser cubiertas con personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100.

De acuerdo con lo dispuesto en la base 6.4 de la correspondiente convocatoria, aprobada por Orden APU/2872/2003, de 2 de octubre («Boletín Oficial del Estado» de 18 de octubre) y con lo dispuesto en el apartado segundo de la mencionada Resolución de 22 de diciembre de 2003, he resuelto:

Primero.

De conformidad con lo dispuesto en la base 1.1 de la convocatoria, relativo a la reserva de tres plazas para el cupo de discapacitados, y una vez concluido el segundo ejercicio se procede a su asignación definitiva.

Segundo.

Asignar con carácter definitivo, en función del número real de opositores presentados, las tres plazas vacantes de las reservadas para personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100 y, una vez concluida la realización del segundo ejercicio, ha resultado cubierta una plaza de la reserva de discapacitados por el Tribunal número 5 de Galicia y otra por el Tribunal número 6 de Madrid.

Por tanto, quedando vacante una plaza de las reservadas para personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100, acrecen las plazas de acceso libre que fueron asignadas mediante Resolución de 22 de diciembre de 2003 («Boletín Oficial del Estado» de 10 de enero de 2004) al Tribunal número 3 de Castilla y León.

Tercero.

Efectuada la redistribución, quedan distribuidas definitivamente las plazas por Tribunales, en los términos recogidos en el Anexo de esta Resolución.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de la misma en el «Boletín Oficial del Estado», ante el mismo órgano que la ha dictado o interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», ante el órgano competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 27 de mayo de 2004.‒El Director, Francisco Ramos Fernández-Torrecilla.

ANEXO