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Documento BOE-A-2001-7566

Resolución de 12 de marzo de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Manuel Teixidó Estiarte, contra la negativa de la Registradora mercantil de Huesca doña Pilar Palazón Valentín a inscribir un testimonio de sentencia.

Publicado en:
«BOE» núm. 93, de 18 de abril de 2001, páginas 14132 a 14134 (3 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-A-2001-7566

TEXTO ORIGINAL

En el recurso gubernativo interpuesto por don Manuel Teixidó Estiarte,

contra la negativa de la Registradora Mercantil de Huesca, doña Pilar

Palazón Valentín, a inscribir un testimonio de sentencia.

Hechos

I

En el Juzgado de Primera Instancia de Fraga se siguen autos número

91/98 de juicio de menor cuantía, a instancia de don Manuel Teixidó

Estiarte y doña Rosa María Jove Teixidó, contra "Frutícola Catalano Aragonesa,

Sociedad Anónima", en reclamación de disolución judicial de dicha

sociedad, alegando los actores en su calidad de socios que la entidad está

incursa en las causas de disolución números 3 y 4 del artículo 260.1 de

texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Con fecha 2 de octubre

de 1998 se dictó sentencia, la cual es firme por Resolución de fecha 19

de noviembre de 1998, declarando disuelta judicialmente la sociedad

anónima demandada.

II

Presentado en el Registro Mercantil de Huesca mandamiento de fecha

24 de noviembre de 1998, junto con el testimonio de la sentencia referida,

ordenando la inscripción de la misma, fue calificado con la siguiente nota:

"Suspendida la inscripción solicitada por no acompañarse de la designación

de liquidadores a tenor de lo dispuesto en el artículo 240 RRM ni venir

dicho nombramiento suplido por los propios Estatutos de la sociedad tal

y como prevé el artículo 268 LSA, sino que los mismos, en su artículo

36, remiten a la Junta general. Contra esta calificación puede interponerse

recurso de reforma en el término de dos meses ante el propio Registrador

y contra la decisión adoptada, el de alzada ante la la Dirección General

en término de otro mes desde la notificación de la anterior decisión

conforme a los artículos 66 y 71 del Reglamento del Registro Mercantil.

-Huesca, 4 de febrero de 1999.-Fdo.: El Registrador Mercantil". Firma ilegible.

III

Don Manuel Teixidó Estiarte interpuso recurso de reforma contra la

anterior calificación, y alegó: a) Que la sentencia únicamente acuerda la

disolución de la sociedad, dejando los trámites de disolución para la

ejecución de sentencia. b) Que la ejecutoria de Juzgado únicamente va referida

a que se inscriba el acuerdo de disolución, ordenado por la Sentencia;

siendo el caso que la designación de liquidadores se efectuará en el trámite

posterior de ejecución de Sentencia, y que los mismos se nombrarán

jurídicamente a fin de efectuar la correspondiente liquidación. c) Que siendo

una disolución forzosa, instada por dos de los socios de la sociedad, y

siendo una de sus causas la paralización de los órganos sociales de aquella,

paralización que hace imposible su funcionamiento, y no puede tratarse

este caso como si fuera una disolución voluntaria. Que, por tanto, procede

inscribir la declaración de disolución judicial de la sociedad, que es en

definitiva lo que se ordena.

IV

La Registradora Mercantil decidió mantener en todos sus términos

la nota de calificación recurrida, e informó: 1.o Que el artículo 260 se

refiere en los números 3.o, 4.o, 5.o y 7.o a los supuestos de disolución

forzosa, frente a la llamada disolución voluntaria, la del número 1.o, o

por acuerdo de la junta general, sin necesidad de que concurra ninguna

causa aparente o motivo que obligue a la disolución de la sociedad. Pero

aún en los casos de disolución forzosa, el primer paso es el acuerdo de

la Junta y sólo subsidiriamente se accedería a la disolución judicial. 2.o La

Ley de Sociedades Anónimas regula, en la sección segunda del capítulo

IX, la liquidación de la sociedad de forma única y general con las precisiones

que se establecen en los artículos 266, 267 y 272. Luego le son de aplicación

las normas generales sobre la liquidación de una sociedad anónima

contenidas en la ley con independencia de que se trate de una disolución

forzosa. Que el documento presentado no es defectuoso "per se" en cuanto

acuerda la disolución de la sociedad sino insuficiente por sí solo para

practicar la inscripción de la misma en el Registro, en virtud de lo

establecido en el artículo 240 del Reglamento del Registro Mercantil.

V

El recurrente se alzó contra la anterior decisión en escrito presentado

en la Oficina de Correos, según sello de sucursal, 1 de Lleida, el 16 de

abril de 1999, el cual tuvo entrada en la Dirección General de los Registros

y del Notariado el 20 de abril del mismo año, con número de entrada

192801000063750, y manteniéndose en sus alegaciones añadió: 1.o Que

es preciso partir de la finalidad misma justificadora de la existencia de

un Registro Mercantil, tal como indica la exposición de motivos del Código

de Comercio de 1885. Que para los terceros resulta interesante tener en

cuenta la existencia de una sociedad mercantil que ha sido judicialmente

disuelta y se encuentra a punto de desaparecer por existir una sentencia,

por otra parte, recoge las causas que han llegado a la disolución. Que

parece evidente la existencia de un interés en la inscripción de dicha

resolución judicial. 2.o Que hay que citar el artículo 241 del Reglamento

del Registro Mercantil y que el nombramiento de liquidadores podrá ser

simultáneo o posterior a la disolución (artículo 243 del Reglamento del

Registro Mercantil) e inscribible en los términos del artículo 245 de dicho

Reglamento. Que el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas

sólo prevé que la liquidación sea posterior a la disolución, sin exigir

expresamente inmediatez en ello (artículo 266), así como el cese en el cargo

de los administradores, sustituidos por los liquidadores haya de tener

lugar cuando la sociedad sea declarada en liquidación, silenciando el hecho

de la disolución (artículo 267.1). 3.o Que, en resumen, nada impide el

cumplimiento del mandato judicial de inscripción del testimonio de la

sentencia firme que proclame la disolución de una determinada sociedad

mercantil.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 20 y 21 del Código de Comercio; 262.3, 263 y 268.1

de la Ley de Sociedades Anónimas, y 156, 240, 241 y 243 del Reglamento

del Registro Mercantil.

1. En la calificación recurrida se rechaza la inscripción de un

mandamiento judicial expedido a los efectos de que tuviera constancia en

el Registro Mercantil una sentencia firme, dictada en autos de juicio

declarativo de menor cuantía, por la que se declaró disuelta determinada

sociedad anónima, rechazo que se basa en no constar la designación de

liquidadores ni estar prevista en los Estatutos sociales la atribución de las

facultades de aquéllos.

2. Pese a que en la decisión apelada la Registradora matiza que el

título calificado no es defectuoso, sino tan sólo incompleto, pues el

obstáculo nace de la exigencia reglamentaria de que la inscripción de la

disolución ha de ser simultánea a la del nombramiento de liquidadores, tal

postura no puede mantenerse. Una interpretación conjunta de las normas

reglamentarias sobre la inscripción de la disolución de sociedades y el

nombramiento de liquidadores, junto con la necesaria subordinación de

las mismas a las sustantivas contenidas en la Ley de Sociedades Anónimas,

lleva a la solución contraria. Solicitada la disolución judicial de la sociedad

al amparo de lo dispuesto en el artículo 262.3 de aquella Ley, la sentencia

firme que la acuerde es constitutiva de ese nuevo status de la sociedad

en el que, conservado su personalidad jurídica, deja de ser

empresarialmente activa para sumergirse en un proceso, integrado por las diversas

operaciones liquidatorias, que culminará en su extinción. No es de extrañar

por ello que el artículo 263 de la misma Ley imponga la inscripción en

el Registro Mercantil y la publicación de dicha resolución, siendo el

testimonio de la misma el título hábil para practicar aquella según el artículo

239.1 del Reglamento del Registro Mercantil.

Y si bien es cierto que el artículo 240 del mismo Reglamento exige

que en la inscripción de la disolución consten "las personas encargadas

de la liquidación en los términos previstos en artículo 243", es este

precisamente el que reconoce que su nombramiento puede ser simultáneo

o posterior a la disolución. Siendo así, no puede elevarse a requisito

necesario de la inscripción de la disolución que se haga conjuntamente con

la de nombramiento de los liquidadores, pues siendo tal nombramiento

a falta de previsión estatutaria competencia de la junta general (confróntese

artículo 268.1 de aquella Ley) es evidente que en el caso de disolución

judicial, como en aquellos en que ésta se produce de pleno derecho (artículo

261 y disposición transitoria sexta de la Ley) el nombramiento será siempre

posterior a la disolución, e incluso cabe que la propia junta que acuerde

ésta no provea al nombramiento de liquidadores o que los nombrados

sean incapaces o no acepten el cargo, sin que en ninguno de tales supuestos

resulte justificado el aplazar la publicidad de la disolución, con los efectos

que la misma produce frente a terceros en base a la presunción de exactitud

de los pronunciamientos registrales e inoponiblidad de lo no inscrito

(confróntese artículos 20 y 21 del Código de Comercio), hasta que tales

nombramientos tengan lugar o se solicite su inscripción. Es más, tratándose

de una disolución solicitada judicialmente en que la demanda puede figurar

anotada preventivamente conforme admite el artículo 241 del citado

Reglamento, la remisión que en el mismo se hace al artículo 156 da a entender

que tal anotación debe cancelarse una vez se dicte sentencia firme, y que

de ser ésta estimatoria de la pretensión deberá inscribirse simultáneamente

a la cancelación de la anotación.

Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso revocando la

decisión apelada y la nota que mantuvo.

Madrid, 12 de marzo de 2001.-La Directora general, Ana López-Monís

Gallego.

Sr. Registrador Mercantil de Huesca.

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