Está Vd. en

Documento BOE-A-2001-7563

Resolución 9 de marzo de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado en el recurso gubernativo interpuesto por el "Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima", contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Palma de Mallorca, número 1, don Eladio Ballester Giner, a practicar determinadas cancelaciones, en virtud de apelación del recurrente.

Publicado en:
«BOE» núm. 93, de 18 de abril de 2001, páginas 14128 a 14129 (2 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-A-2001-7563

TEXTO ORIGINAL

En el recurso gubernativo interpuesto por el Procurador de los

Tribunales, don José Campins Pou, en nombre del "Banco Central

Hispanoamericano, Sociedad Anónima", contra la negativa del Registrador de

la Propiedad de Palma de Mallorca, número 1, don Eladio Ballester Giner,

a practicar determinadas cancelaciones, en virtud de apelación del

recurrente.

Hechos

I

En autos de Juicio declarativo de Menor Cuantía número 897/1994,

seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia, número 5, de los de Palma

de Mallorca, a instancia del "Banco Central Hispanoamericano, Sociedad

Anónima", contra determinadas personas, fue dictada Sentencia el 4 de

octubre de 1995, en la que se estima la demanda interpuesta y declara

la rescisión de los contratos de compraventa de las fincas registrales

números 26.867 y 18.076N, al haber sido hechos en fraude de acreedores y

que una vez firme la resolución se cancelan las inscripciones en el Registro

de la Propiedad referidas a las transmisiones citadas. Dicha resolución

judicial que fue recurrida en apelación por los demandados, fue confirmada

en todas sus partes, previa desestimación del recurso por Sentencia de

la Audiencia Provincial de 12 de febrero de 1997. Esta última sentencia

fue también recurrida en casación, recurso que aún no se ha resuelto.

El "Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima", al amparo

de lo dispuesto en los artículos 1.722 y 1.723 de la Ley de Enjuiciamiento

Civil, interesó la ejecución provisional de la Sentencia del Juzgado de

Primera Instancia, número 5 de Palma de Mallorca, de 4 de octubre de

1995, confirmada por la Audiencia Provincial en fecha 12 de febrero de

1997. El citado Juzgado en el que se sigue el expediente de ejecución

provisional libró mandamiento al Registrador de la Propiedad de Palma

de Mallorca, número 1 a fin de que cancele todos cuantos asientos e

inscripciones hayan causado las escrituras de compraventa en los Libros

a su cargo con relación a la finca registral número 18.076N.

II

Presentado dicho mandamiento en el Registro de la Propiedad de Palma

de Mallorca, número 1, por el Registro fue remitido al Juez del Juzgado

de Primera Instancia, número 5 de la misma ciudad el siguiente oficio:

"Ilmo. Sr. No es posible practicar las cancelaciones ordenadas en el adjunto

Mandamiento, ya que se han dictado en virtud de una ejecución provisional

de una sentencia recurrida ante el Tribunal Supremo, lo que no se aviene

con la naturaleza del asiento de cancelación que es de carácter definitivo.

Palma, a 30 de septiembre de 1997." Firma ilegible.

III

El Procurador de los Tribunales, don José Campins Pou, en nombre

del "Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima", interpuso

recurso gubernativo contra la referida nota, y alegó: I. Que la calificación

registral que se recurre infringe el artículo 297 de la Ley de Enjuiciamiento

Civil, en relación con el 257 de su Reglamento, todo ello en relación con

el artículo 18.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Que igualmente

dicha calificación supone conculcación de lo dispuesto en el artículo 2.1

de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Que el Registrador de la Propiedad

carece de todo tipo de potestad para dejar sin efecto o incumplir lo

ordenado por la autoridad judicial. II. Los artículos 103 de la Ley Hipotecaria

y 193 del Reglamento Hipotecario, en cuanto establecen las circunstancias

de las cancelaciones para que causen eficacia cancelatoria.

IV

El Registrador en defensa de la nota, informó: Que el 20 de septiembre

de 1997, fue presentado en el Registro el Mandamiento del Juzgado de

Primera Instancia, número 5, de Palma de Mallorca. El 30 de septiembre

del mismo año, fue expedido un oficio al Ilmo. Sr. Juez del citado Juzgado,

manifestando que no era posible practicar las cancelaciones ordenadas,

por cuanto la sentencia estaba recurrida ante el Tribunal Supremo. El

6 de octubre de 1997, fue retirado el documento por el presentante, sin

que este solicitara fuera tomada la anotación preventiva por defecto

subsanable. El 15 de diciembre de 1997, una vez caducado el asiento de

presentación en el Libro Diario del Registro, fue presentado ante el Tribunal

Superior de Justicia de las Islas Baleares, recurso gubernativo contra la

calificación reflejada en el oficio librado ante el Juez competente. Que

en cuanto a las calificaciones de los Registradores hay que estar con los

que dicen los artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 100 del Reglamento

Hipotecario. Que el artículo 3 de la Ley Hipotecaria admite como títulos

inscribibles la escritura pública, la ejecutoria o documento auténtico. Esta

autenticidad se refiere tanto a los documentos notariales, falta de

estampilla en la legalización, como en los documentos judiciales y no lo es una

sentencia recurrida por falta de firmeza, porque constituye un "iter" a

recorre hasta su resolución. Que el argumento más claro que se puede

aportar es el artículo 82.1de la Ley Hipotecaria, que recoge el principio

de consentimiento formal. Que en cuanto al mandamiento ordenado, la

cancelación de la inscripción y anotaciones posteriores, al depender de

un asiento principal sin resolver, mal se puede ordenar al Registrador

la cancelación de ningún tipo de asiento. Que hay que tener en cuenta

la Resolución de 23 de junio de 1960 y 22 de julio de 1961. Que las

conclusiones a que llegó la Comisión Permanente del Poder Judicial, el 3

de febrero de 1983, en la cuestión segunda son: "insistir en la inserción

literal de la resolución respectiva, en observancia de los artículos 65 del

Reglamento Hipotecario y 36 del Reglamento del Registro Mercantil,

haciendo constar la firmeza de la misma únicamente en caso de cancelación.

V

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares,

confirmó la nota del Registrador fundándose en lo establecido en el

artículo 82 de la Ley Hipotecaria.

VI

El Procurador recurrente apeló el auto presidencial, manteniéndose

en sus alegaciones y añadió: Que el artículo 1.722 de la Ley de

Enjuiciamiento Civil permite la ejecución provisional de la sentencia, aunque

se haya interpuesto y admitido el recurso de casación y el auto apelado

deja carente de contenido lo resuelto de modo firme por la Audiencia

Provincial al dar lugar a dicha ejecución provisional.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 245 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ; 1, 3,

40-d, 42-1.o, 3.o y 4.o, 79-3.o, 82 y 97 de la Ley Hipotecaria ; 787 y 1.722

de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 y 524 de la Ley de Enjuiciamiento

Civil 1/2000 ; 100, 174-3.o y 198 del Reglamento Hipotecario y la Resolución

de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 12 de noviembre

de 1990.

1. La única cuestión que debe decidirse es si procede la cancelación

de unas inscripciones de dominio en base a los siguientes documentos:

1) Testimonio judicial de una sentencia no firme dictada en primera

instancia y confirmada por la Audiencia, en cuyo fallo se declara la rescisión

de determinadas compraventas procediendo cancelar las inscripciones de

dominio causadas ; 2) Mandamiento de cancelación dictado en trámite de

ejecución provisional de sentencia, que se lleva a efecto a pesar de estar

actualmente recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. El

Registrador no practica las cancelaciones precisamente por haberse decretado

su ejecución provisional de sentencia recurrida en casación, lo que no

se aviene con la naturaleza del asiento de cancelación que es de carácter

definitivo.

2. Conforme a los artículos 3.o y 82 de la Ley Hipotecaria y 174.III

del Reglamento Hipotecario, las inscripciones hechas en virtud de escritura

pública no se cancelarán, de faltar el consentimiento del titular registral,

sino por sentencia firme. La firmeza de los asientos registrales está bajo

la salvaguardia de los Tribunales y sólo pueden ser rectificados en virtud

de pronunciamientos judiciales firmes.

3. Esta doctrina no es alterada por los preceptos que permiten la

ejecución provisional de las resoluciones judiciales no firmes, porque esta

ejecución sólo puede comprender medidas de efectividad que no estén

en contradicción con su provisionalidad, como ocurre con la ejecución

de las mismas sentencias firmes cuando aún es posible el recurso de

audiencia en rebeldía (conforme al artículo 787 de la Ley de Enjuiciamiento

Civil). No se trata de cerrar el Registro a todas las consecuencias de la

sentencia dictada, sino de que los asientos registrales que en su virtud

se produzcan guarden exactas congruencias con la realidad extrarregistral.

En nuestro ordenamiento registral las situaciones litigiosas que afectan

a la existencia de los derechos inscritos tienen acceso al Registro a través

de la anotación preventiva de demanda (artículo 42.1de la Ley

Hipotecaria). Y existiendo ya sentencia ejecutable no hay obstáculo para que

el que la haya obtenido consiga la anotación preventiva al modo que ocurre

en el artículo 767.III de la Ley de Enjuiciamiento Civil y a fin de impedir

que la titularidad registral cuestionada por aquella, tenga efectos prácticos

en contradicción con la ejecución provisional de la sentencia que lo niega,

lo que puede conseguirse al amparo del espíritu (conforme al artículo 4

del Código Civil) si no de la letra del artículo 42.3y 4de la Ley Hipotecaria.

Esta Dirección General ha acordado confirmar el auto apelado.

Madrid, 9 de marzo de 2001. La Directora General, Ana López-Monís

Gallego.

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares.

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid