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Documento BOE-A-2001-7558

Resolución de 3 de marzo de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Benalmádena, número 2, don Felipe Martínez del Mármol Albasini, a inscribir una escritura de compraventa judicial, en virtud de apelación del recurrente.

Publicado en:
«BOE» núm. 93, de 18 de abril de 2001, páginas 14121 a 14123 (3 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-A-2001-7558

TEXTO ORIGINAL

En el recurso gubernativo interpuesto por el Procurador de los

Tribunales, don Carlos García Lahesa en nombre de Caja de Ahorros y Monte

de Piedad de Córdoba, contra la negativa del Registrador de la Propiedad

de Benalmádena, número 2, don Felipe Martínez del Mármol Albasini,

a inscribir una escritura de compraventa judicial, en virtud de apelación

del recurrente.

Hechos

I

En autos de juicio ejecutivo, número 1.268/91 seguidos ante el Juzgado

de Primera Instancia, número dos, de Málaga, a instancia de Caja de

Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba, contra A.L.V.G.S., en reclamación

de cantidad, fue trabado embargo sobre la finca registral número 4.736,

inscrita pro-indiviso a favor del demandado y su esposa en el Registro

de la Propiedad de Benalmádena, practicándose la correspondiente

anotación preventiva de embargo en dicho Registro.

Declarado en rebeldía el demandado, fue dictada sentencia el 20 de

febrero de 1992, en la que se mandó seguir adelante la ejecución, y en

la tercera subasta, celebrada el 27 de octubre de 1995, se aprobó el remate

a favor de la parte actora. Posteriormente, requerida la parte demandada

para el otorgamiento de la escritura de compraventa, practicadas las

actuaciones pertinentes, por no verificarlo el demandado, se decretó el

otorgamiento de oficio por el Juez.

El 7 de noviembre de 1996, mediante escritura pública otorgada ante

el Notario de Málaga, don Antonio Palacios Luque, la Ilma. señora

Magistrada y Titular del Juzgado de Primera Instancia número dos de Málaga,

en nombre y por rebeldía de don A.L.C.G., vende a Caja de Ahorros y

Monte de Piedad de Córdoba que compra la finca antes referida.

II

Presentada copia de la anterior escritura en el Registro de la Propiedad

de Benalmádena, número 2, fue calificada con la siguiente nota: "Inscrito

el precedente documento al tomo 566, folio 95 vuelto, finca número 4.736-N,

inscripción 5.a; únicamente en cuanto a una mitad indivisa de la finca,

denegándose la inscripción respecto a la otra mitad indivisa de la

misma: 1) por estar la misma inscrita a favor de doña Henny Drechsler,

persona no demandada en el procedimiento, 2) y no intervenir su Señoría

en nombre y representación de la referida señora en la precedente

escritura. Contra esta calificación cabe interponer recurso gubernativo en el

plazo de cuatro meses a partir de la fecha de esta nota, ante el Presidente

del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con arreglo al artículo

66 de la Ley Hipotecaria, y 111 y siguientes de su reglamento. Benalmádena,

a 20 de enero de 1997.-El Registrador, Felipe Martínez del Mármol

Albasini".

III

El Procurador de los Tribunales, don Carlos García Lahesa, en

representación de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba, interpuso

recurso gubernativo contra la anterior calificación, y alegó: 1. Que en

el auto de admisión de la demanda, de fecha 15 de noviembre de 1991,

se acordó la notificación de la existencia del procedimiento al cónyuge

del demandado, a los efectos del artículo 144 del Reglamento Hipotecario.

Con fecha 27 de enero de 1992, se procedió por el Juzgado de Primera

Instancia de Benalmádena, por exhorto del Juzgado de Primera Instancia,

número dos de Málaga la existencia del procedimiento a la esposa del

demandado. 2. Que el señor Registrador debió efectuar la oportuna

observación en el propio mandamiento de anotación preventiva de embargo

y posterior calificación registral, según dispone el artículo 19 de la Ley

Hipotecaria. 3. Que se omite en la calificación si la falta es subsanable

o insubsanable, según establece el artículo 65 de la Ley Hipotecaria. 4. Que

deberá decretarse la suspensión de cualquier anotación sobre la finca hasta

tanto recaiga resolución firme.

IV

El Registrador de la Propiedad, en defensa de la nota, informó: Que

según el principio de legitimación registral (artículos 38 y 1 de la Ley

Hipotecaria), la esposa del demandado aparece, según el Registro, como

titular de una mitad indivisa de la finca vendida sin que se haya dirigido

la demanda contra el titular registral, según se desprende del título

presentado, indicándose sólo que está casada en régimen de comunidad de

bienes con el demandado. Que, por lo tanto, siendo titular de una mitad

indivisa de la finca vendida tendría que ser demandada en el

procedimiento, no bastando la notificación y como señaló la sentencia de 6 de

junio de 1988. Por tanto, en este caso de copropiedad, como indicó la

Resolución de 8 de marzo de 1950, es necesario demandar a todos los

propietarios porque se presume que los derechos reales inscritos existen

y pertenecen a su titular y se encuentran bajo la salvaguardia de los

Tribunales. Que en cuanto al principio de tracto sucesivo (artículo 20 de

la Ley Hipotecaria y Resolución de 19 de enero de 1993), de no ser parte

el titular registral en las actuaciones judiciales, surge, según el

artículo 100 del Reglamento Hipotecario, un obstáculo registral que debe ser

señalado por el Registrador en la calificación. Que en lo referente al segundo

defecto de la nota, se puede citar la Resolución de 6 de julio de 1993,

entre otras. Que, por tanto, para poder inscribir la totalidad de la finca

hay que demandar a los dos titulares registrales y su Señoría debe

intervenir en representación de ambos.

V

La Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número

dos de Málaga informó: Que se notificó al cónyuge del demandado la

existencia del procedimiento, a los efectos del artículo 144 del Reglamento

Hipotecario, con fecha 7 de enero de 1992.

VI

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, desestimó

el recurso gubernativo sin entrar a conocer el fondo del asunto, por haberse

presentado ante el Presidente de la Audiencia Provincial de Málaga, y

no ante la autoridad que corresponde, conforme al artículo 113 del

Reglamento Hipotecario, y por haber llegado a dicha autoridad después de

transcurrido el plazo de presentación de cuatro meses, pues el citado recurso

tiene entrada en la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de

Andalucía, el 12 de junio de 1997, siendo la nota de calificación de 20 de enero

del mismo año.

VII

El Procurador recurrente apeló el auto presidencial, manteniéndose

en sus alegaciones, y añadió: Que la calificación registral se practica el

20 de enero de 1997 y el 20 de mayo de 1994 (dentro de los cuatro meses,

se interpone el recurso gubernativo). Que el Presidente del Tribunal

Superior de Justicia el 14 de julio de 1997, resolvió admitir el recurso

gubernativo en tiempo y forma. Que el Tribunal Constitucional tiene una amplia

jurisprudencia sobre el acceso a los recursos como exigencia del derecho

a la tutela judicial efectiva, citándose, entre otras, la sentencia de 22 de

noviembre de 1993.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 24 de la Constitución Española, 1, 20 y 38 de la

Ley Hipotecaria, 1.514 y 1.533 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881,

108, 111 y 113 del Reglamento Hipotecario, y Resolución de 6 de septiembre

de 1988.

1. Respecto de una finca adquirida por dos personas casadas entre

si "en régimen de comunidad de bienes" según el titulo adquisitivo, e inscrita

a favor de los mismos "por mitades indivisas y con sujeción a su régimen

económico matrimonial", se presenta escritura de venta judicial a favor

de determinada entidad bancaria, en virtud de remate alcanzado en juicio

ejecutivo seguido sólo contra uno de los cónyuges. El Registrador practica

la inscripción en cuanto a la mitad indivisa del cónyuge ejecutado y la

deniega en cuanto a la otra mitad por: 1.o "estar inscrita a favor de persona

no demandada y 2.o no intervenir su Señoría en nombre y representación

de la misma". Se da la circunstancia de que se había anotado el embargo

trabado sobre toda la finca en los autos seguidos, en virtud de mandamiento

en el que constaba que "se había notificado la existencia del procedimiento

al cónyuge del demandado a los solos efectos del artículo 144 del

Reglamento Hipotecario".

2. Contra la calificación referida, de 20 de enero de 1997, se formula

recurso gubernativo por escrito fechado el 20 de mayo del mismo año

y dirigido al Excmo. Sr. Presidente de la Audiencia Provincial de Málaga,

y presentado ese mismo día en el Juzgado de Instrucción número 2 de

Málaga. Dicho escrito fue remitido posteriormente al Tribunal Superior

de Justicia de Granada, en donde tuvo entrada el 12 de junio del mismo

año. Por auto del Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia,

se desestima el recurso por haberse interpuesto fuera de plazo, y contra

esta resolución se alza el comprador ante este Centro directivo.

3. Ciertamente, aunque en rigor tuviera razón del Excmo. Sr.

Presidente del Tribunal Superior, las características concurrentes en el caso

(presentación en plazo pero ante órgano judicial distinto del previsto en

el art. 113 del Reglamento Hipotecario) en conjunción con las evidentes

razones de economía procesal, con la posibilidad de realizar una nueva

presentación del documento que permitiría reiniciar la vía del recurso

gubernativo (cfr. artículos 108 y 111 del Reglamento Hipotecario) y con

la circunstancia de que el Registrador en su informe ha entrado a conocer

del fondo del asunto, aconsejan abordar ahora el examen de los defectos

impugnados, lo que por otra parte, no implica sino confirmar el criterio

que para una hipótesis similar, siguiera este Centro Directivo en su

resolución de 19 de mayo de 1999.

4. Siendo exigencia básica no sólo del sistema registral español sino

del propio principio constitucional de tutela jurisdiccional de los derechos

y de proscripción de la indefensión, la imposibilidad de inscribir o anotar

un título que no aparezca otorgado por el titular registral o recaído en

procedimiento judicial entablado contra él (cfr. artículos 24 de la

Constitución Española y 1, 20, 38 de la Ley Hipotecaria), es consecuencia

obligada la no inscripción total de la enajenación judicial de un bien que

aparece inscrito en cuanto a una mitad indivisa a favor de persona que

no ha sido parte en el procedimiento seguido, máxime si se tiene en cuenta

que tampoco se ha acreditado que conforme al régimen

económico-matrimonial de este cotitular, dicha cuota pueda serle ejecutada en

procedimiento seguido sólo contra su consorte bastando únicamente con que

se le notifique la existencia del procedimiento en curso.

5. Por lo demás, la alegación de que tal inscripción total debe ser

posible toda vez que en su día se trabó y anotó el embargo sobre toda

la finca, y que el Registrador está vinculado en su calificación por lo que

resulte de los libros a su cargo, no puede ser estimada. Ciertamente, que

el Juez no puede enajenar un bien del deudor que no haya sido previamente

embargado, y que se ha afirmado por este Centro directivo que la traba

confiere al Juez poderes de realización del embargo (cfr. Resolución de 6

de septiembre de 1988). Mas de aquí no se sigue que el embargo genere

un derecho de realización que antes no existía y que se convierte en el

fundamento exclusivo de la enajenación subsiguiente, de modo que estando

anotado el embargo, gozaría de la presunción de exactitud y validez y

ya no podría denegarse la inscripción del remate por vicios en la

constitución de aquel.

Tanto el embargo como la posterior enajenación judicial del bien -que

aquel prepara o posibilita- son actuaciones concatenadas a través de las

cuales se desenvuelve judicialmente el principio de responsabilidad

patrimonial universal del deudor, y en él tiene su fundamento exclusivo, de

modo que ambos presuponen para su validez la pertenencia del bien afecto

al patrimonio del deudor en el momento de la traba (de ahí la posibilidad

de la tercería de dominio hasta el momento de la enajenación); si tal

presupuesto fallase, la enajenación judicial sería impugnable, aun cuando

le hubiere precedido el embargo (cfr. artículo 1.533 de la Ley de

Enjuiciamiento Civil); y aun cuando éste se hubiese anotado, no por ello podría

aplicarse al rematante el concepto de tercero protegido por la fe pública

registral. Por tanto, el Registrador debe valorar la concurrencia de ese

presupuesto tanto al tiempo de decidir la anotación de la traba como

al de inscribir el remate, sin que el juicio favorable que posibilitó la

anotación, le vincule al tiempo de calificar la enajenación. Téngase en cuenta,

además, que la práctica de una anotación eventualmente incorrecta, no

menoscaba la presunción de existencia y pertenencia a tercero distinto

del ejecutado, del derecho gravado por el embargo, -presunción que deriva

de la respectiva inscripción (cfr. artículo 38 de la Ley Hipotecaria)-, así

como el diferente alcance y transcendencia de uno y otro asiento.

6. En cuanto al segundo de los defectos impugnados, no puede ser

mantenido; el juez no sustituye ni representa al deudor rebelde en la

prestación de un consentimiento necesario para la perfección de una

compraventa, sino que la enajenación forzosa del bien es el efecto de un acto

de autoridad del juez en el desenvolvimiento de la responsabilidad

patrimonial universal del deudor, desenvolvimiento que le compete en el

ejercicio de su función jurisdiccional juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y

que se produce al margen o con independencia de la voluntad del

deudor-ejecutado, y así lo evidencia el propio legislador cuando en la reforma

procesal del año 1992, declara la inscribibilidad del auto de aprobación

del remate sin necesidad de un adicional otorgamiento de un contrato

de compraventa (cfr. artículo 1.514 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Esta Dirección General ha acordado estimar parcialmente el segundo

de los defectos impugnados, confirmando en lo demás el auto apelado.

Madrid, 3 de marzo de 2001.-La Directora general, Ana López-Monís

Gallego.

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

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