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Documento BOE-A-2001-17142

Resolución de 30 de julio de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Antonio Sánchez Jiménez, contra la negativa del Registrador de la Propiedad accidental número 9 de Sevilla, don Manuel Martín Trincocortas-Bernat, a inscribir un auto dictado en expediente de dominio para reanudar el tracto sucesivo, en virtud de apelación del Registrador.

Publicado en:
«BOE» núm. 216, de 8 de septiembre de 2001, páginas 34022 a 34023 (2 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-A-2001-17142

TEXTO ORIGINAL

En el recurso gubernativo interpuesto por el Letrado don Juan Manuel

Góngora Muñoyerro, en nombre de don Antonio Sánchez Jiménez, contra

la negativa del Registrador de la Propiedad accidental número 9 de Sevilla,

don Manuel Martín Trincocortas-Bernat a inscribir un auto dictado en

expediente de dominio para reanudar el tracto sucesivo, en virtud de

apelación del Registrador.

Hechos

I

Don Antonio Sánchez Jiménez presentó escrito en el Juzgado de

Primera Instancia número 10 de Sevilla, instando la incoación de expediente

de dominio para la reanudación del tracto sucesivo del solar e

inmatriculación respecto de la edificación construida en el mismo.

Con fecha 19 de mayo de 1997 el Juzgado de Primera Instancia

número 10 de Sevilla, dictó un auto en el procedimiento de expediente de dominio

número 447/96-2, en cuya parte dispositiva textualmente declaraba

justificados los extremos alegados en el escrito inicial del expediente y, en

consecuencia, la adquisición del dominio de don Antonio Sánchez Jiménez

sobre el solar (finca registral 1.583 del Registro de la Propiedad

número 9 de Sevilla), reanudándose el tracto sucesivo sobre el solar e

inmatriculándose la edificación construida sobre el mismo, ordenando la

cancelación de las inscripciones contradictorias de dominio obrantes en dicho

Registro.

II

Presentado testimonio de dicho auto en el Registro de la Propiedad,

número nueve de Sevilla, fue calificado con la siguiente nota: "Denegada

la inscripción del precedente documento, por no haberse practicado las

notificaciones en la forma prevista en los artículos 201-3.o y 202 de la

Ley Hipotecaria y concordantes de su Reglamento. En cuanto a la

declaración de obra nueva no se cumplen los requisitos exigidos por la Ley

del Suelo para su inscripción. Contra esta calificación cabe interponer

recurso gubernativo en la forma y plazos que establece el artículo 66 de

la Ley Hipotecaria y 112 y siguiente de su Reglamento. Sevilla, 15 de

julio de 1997.-El Registrador accidental, Manuel Martín

Trincocortas-Bernat".

III

Don Juan Manuel Góngora Muñoyerro, en nombre de don Antonio

Sánchez Jiménez, interpuso recurso gubernativo contra la anterior nota y

alegó: Que en la referida nota el Registrador no distingue si los defectos

observados son subsanables o insubsanables, aunque el recurrente

presume que son insubsanables. Que el artículo 100 del Reglamento

Hipotecario establece el alcance de la función calificadora de los documentos

judiciales, sobre la que existe una consolidada doctrina de la Dirección

General de los Registros y del Notariado, señalándose como ejemplo la

Resolución de 12 de febrero de 1996. Que el Registrador al indicar que

no se han practicado las citaciones conforme a los artículos 201.3 y 202

de la Ley Hipotecaria sin especificar nada más y tal como puede deducirse

del auto posiblemente se refiera a la falta de publicación del edicto en

un diario de mayor circulación de la provincia, y al respecto se invoca

el artículo 236 Ley Orgánica del Poder Judicial, que interpretado por los

autos de 2 de noviembre de 1993 y 21 de septiembre de 1993 de la Audiencia

Provincial de Santa Cruz de Tenerife, entienden que modifica, el

artículo 201 de la Ley Hipotecaria. Que en el caso objeto del presente recurso

no se ha producido ninguna indefensión procesal del titular registral que

permita al Registrador la denegación de la inscripción solicitada. Que en

cuanto que en la declaración de obra nueva no se cumplen los requisitos

exigidos por la ley del suelo para su inscripción resulta probado que la

edificación objeto del expediente de dominio tiene, al menos, una

antigüedad de diez años, citándose las Resoluciones de 18 de junio de 1991

y 4 de marzo de 1996. Pero aún cuando al Registrador no le bastara el

contenido del auto judicial para que la edificación tiene más de cuatro

años de antigüedad y que, por tanto, han prescrito las posibles medidas

de restablecimiento de la legalidad urbanística, tal defecto sería subsanable.

IV

El Registrador en un extenso informe de defensa de la nota argumentó

lo siguiente: Que el Registrador puede y debe calificar que el titular registral

haya sido, en la tramitación del expediente, citado en debida forma, para

evitar que sufra las consecuencias de la indefensión, y así lo imponen

los artículos 201-3.o y 202 de la Ley Hipotecaria y 286 del Reglamento

y lo consagra reiterada jurisprudencia, entre otras resoluciones de 19 de

abril de 1972, 5 de julio de 1991, 7 de marzo de 1979, 19 y 17 de febrero

de 1993, 5 de julio de 1993, 30 de julio de 1993 y 12 de febrero de 1996.

Que el Registrador puede, sin extralimitarse en su función, calificar si

las notificaciones al titular registral en los expedientes de dominio de

reanudación del tracto, han sido practicadas correctamente. Y que la

citación practicada al titular registral de más de treinta años de antigüedad

realizada por edictos que no se han publicado en un periódico no ha

sido practicada correctamente, por no cumplir lo previsto en el

apartado 3.o del artículo 201 de la Ley Hipotecaria, el cual se entiende que

no ha quedado derogado por el artículo 236 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial (auto 20 de junio de 1996 de la Audiencia Provincial de Sevilla).

Que en cuanto al segundo defecto, no hay inconveniente alguno para hacer

la declaración de obra nueva en expedientes de dominio, pero en el título

calificado, quizás por error mecanógrafico, hay una confusión de fechas

en cuanto a la escritura de venta en la que, además, se declara la obra

nueva (4 de noviembre de 1986, 4 de noviembre de 1996). Si fuera la

primera fecha la correcta, no habría ningún obstáculo para practicar la

inscripción de la misma, ya que se deduce que la obra nueva se realizó

antes de la entrada en vigor de la ley del Suelo (artículo 37 del Real

Decreto Legislativo 1/92 de 26 junio). Si fuera la segunda fecha la correcta,

habría que acreditar el cumplimiento de la legalidad urbanística por

cualquier medio de prueba admitida en Derecho.

V

El titular del Juzgado que dictó el auto informó en sentido de que

las notificaciones se produjeron en legal forma y que los errores

mecanográficos son subsanables por auto de rectificación o adición al auto

primitivo.

VI

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta

y Melilla revocó la nota del Registrador en cuanto al primero de los defectos

fundándose en que el artículo 236 de la Ley Orgánica del Poder Judicial

modifica el artículo 201 de la Ley Hipotecaria y confirmó el segundo de

los defectos fundándose en los argumentos contenidos en el informe del

Registrador, aunque matizó que la nota no debió de ser de denegación

sino de suspensión por defecto subsanable.

VII

El Registrador apeló el auto presidencial manteniéndose en sus

alegaciones.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 24 de la Constitución Española; 236 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial; 18, 201 y 202 de la Ley Hipotecaria; 100 y 277

de su Reglamento, y las Resoluciones de este centro directivo de 15 de

julio de 1971, 4 de abril de 1974, 2 de julio de 1980, 24 de agosto y 31

de diciembre de 1981, 5 de julio de 1991, 13 de febrero y 21 de octubre

de 1992 y 11 y 19 de enero de 1993, 11 de febrero de 1999:

1. Se debate en el presente recurso sobre la inscripción de un auto

recaído en expediente de dominio para la reanudación del tracto sucesivo

que aunque el Registrador deniega "por no haberse practicado las

notificaciones en la forma prevista en los artículos 201-3.o y 202 de la Ley

Hipotecaria y concordantes del Reglamento Hipotecario" sin más

precisiones, en realidad se desprende del expediente que el único obstáculo

consiste en no haberse publicado los edictos en uno de los diarios de

mayor circulación de la provincia, como preceptúa el artículo 201-3.o de

la Ley Hipotecaria. Se afirma en el auto apelado que dicho precepto ha

sido modificado por el artículo 236 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

2. No ha de debatirse ahora sobre la vigencia del artículo 201-3 Ley

Hipotecaria en cuanto a la publicación cuestionada al ser ésta una exigencia

que tratándose de expedientes para la reanudación del tracto, escapa al

ámbito de la calificación registral, la cual, según doctrina reiterada de

este centro directivo se contrae, respecto de los documentos judiciales,

a la comprobación de la observancia en el procedimiento seguido de los

trámites establecidos en beneficio de los titulares registrales, a fin de evitar

que sufran estos en el mismo Registro las consecuencia de su eventual

indefensión procesal (confróntese 24 Constitución Española, 100

Reglamento Hipotecario); por tanto, sólo habrá de comprobarse la práctica en

legal forma de las citaciones de los titulares registrales a quienes pueda

afectar el auto pretendido y si se tiene en cuenta: a) Que en este caso

se trata de reanudar el tracto sucesivo de una inscripción de más de

treinta años de antigüedad; b) que en los fundamentos de auto presentado

se dice expresamente que se ha citado en forma a todos los interesados

en el expediente, especialmente al titular registral, en su domicilio y por

edictos, con lo que se da cumplimiento a la exigencia del artículo 286

del Reglamento Hipotecario; c) que la legislación hipotecaria distingue

entre una serie de personas más directamente interesadas o relacionadas

con el expediente, o las que el Juez debe citar en la forma prevenida

en la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículos 277 Reglamento Hipotecario

y 262 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881) y otras,

las ignoradas a quienes puede perjudicar la inscripción cuyas exigencias

de publicidad y modo de ser convocadas ya se ha dicho que no entran

en el ámbito de la calificación del Registrador, por lo que el auto puede

ser inscribible,

Esta Dirección General ha acordado confirmar el auto apelado.

Madrid, 30 de julio de 2001.-La Directora general, Ana López-Monís

Gallego.

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

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