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Documento BOE-A-2001-17141

Resolución de 28 de julio de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por "Luyegona, Sociedad Limitada" contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Madrid número 35, don Manuel Amorós Guardiola, a inscribir una instancia solicitando la inscripción de los derechos de reversión de propiedad, en virtud de apelación del recurrente.

Publicado en:
«BOE» núm. 216, de 8 de septiembre de 2001, páginas 34021 a 34022 (2 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-A-2001-17141

TEXTO ORIGINAL

En el recurso gubernativo interpuesto por la Procuradora de los

Tribunales doña María Isabel Ramos Cervantes, en representación de la

entidad mercantil "Luyegona, Sociedad Limitada", contra la negativa del

Registrador de la Propiedad de Madrid número 35, don Manuel Amorós

Guardiola, a inscribir una instancia solicitando la inscripción de los derechos

de reversión de propiedad, en virtud de apelación del recurrente.

Hechos

I

El 12 de marzo de 1999, por parte de la Procuradora de los Tribunales

doña María Isabel Ramos Cervantes, en nombre y representación de la

entidad "Luyegona, Sociedad Limitada" presenta instancia ante el Registro

de la Propiedad, número 35 de Madrid, solicitando se inscriban a favor

de la entidad que representa los derechos de reversión, que en su caso

pudiera tener sobre las fincas registrales 8.368, 8.367, y 8.371 del citado

Registro, que en su día fueron expropiadas para las obras de Enlaces

Ferroviarios de Madrid, Estaciones de Chamartín y Fuencarral. Junto con

la instancia se presenta escritura de constitución de dicha sociedad en

la que figuran aportados tales derechos por personas que no resultan

del Registro sean las expropiadas

II

La anterior instancia fue calificada con la siguiente nota: "Se deniega

la inscripción del derecho de reversión solicitada en la instancia precedente

por las siguientes razones: 1.o Se estima que el derecho de reversión

derivado del incumplimiento de los fines de la expropiación forzosa no

es inscribible, porque no se trata de un derecho de origen contractual

o negocial, sino de origen legal (artículos 26-1.o y 37-3.o de la Ley Hipotecaria

y 69 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa de 26 de abril

de 1957). Es mas bien una limitación legal del dominio inscrito por título

de expropiación forzosa y, como tal, tiene la publicidad resultante de la

Ley que lo establece y la derivada de la inscripción registral de la

expropiación, en cuyo contenido legal está implícito dicho derecho. 2.o Si fuera

inscribible, debería acreditarse el cumplimiento de los requisitos que

determinan el nacimiento del derecho de reversión (artículo 63 del Reglamento

de expropiación forzosa) y acompañarse la resolución administrativa a

que se refiere el artículo 70.1 del Reglamento de expropiación forzosa ;

si bien se estima que dicha resolución puede servir de título para formalizar

la reversión ya producida y al consiguiente readquisición del dominio,

pero no para inscribir la declaración de la existencia del derecho de

reversión antes de su ejercicio, si procediera. Para ello será necesario sentencia

declarativa firme en juicio ordinario (artículo 1 párrafo 3.o de la Ley

Hipotecaria). 3.o Además, en la instancia se hace referencia a "los derechos

de reversión que en su caso puedan tener lugar" sobre las fincas allí

relacionadas a favor de "Luyegona, Sociedad Anónima". Ello implica una

situación no cierta y actualmente existente ya que falta la declaración legal

de esa existencia, sino eventual, futura y probable. Lo cual va en contra

del principio de especialidad hipotecaria e impide igualmente su

inscripción. 4.o Falta hacer constar en la repetida instancia la nota de haberse

pagado el impuesto correspondiente o la de su exención (artículo 254

de la Ley Hipotecaria). Como la instancia referida no tiene un contenido

inscribible, se estima que no debe ser objeto de asiento de presentación

(artículo 249.4 de la Ley Hipotecaria y 416.2, 420.1 y 420.3 del Reglamento

Hipotecario). A pesar de lo cual, se ha presentado en el libro Diario, junto

con la escritura de constitución de la Sociedad "Luyegona, Sociedad

Limitada" que se acompaña, ante la reiteración de la solicitud en este sentido.

Contra esta calificación puede interponerse recurso gubernativo ante el

Presidente del Tribunal Superior de Justicia en el plazo de tres meses

a contar de la fecha de esta otra (artículo 113 del Reglamento Hipotecario),

y en su caso, de apelación ante la Dirección General de los Registros

y del Notariado (artículo 121 del Reglamento Hipotecario). Madrid, 15

de marzo de 1999. El Registrador. Firma ilegible".

III

La Procuradora de los Tribunales doña María Isabel Ramos Cervantes,

en nombre y representación de la entidad "Luyegona, Sociedad Limitada"

interpuso contra la nota de calificación, recurso gubernativo y alegó: Que,

en relación a la primera causa por las que se deniega la inscripción, tanto

la doctrina (Haoriou, Alcalá Zamora, Álvarez Gendín, Villar Palasí y Jesús

González Pérez) como la jurisprudencia (Sentencia del Tribunal Supremo

de 14 de diciembre de 1974) coinciden en considerar al derecho de

reversión como un derecho real administrativo, encuadrado dentro de la

categoría de los derechos reales administrativos de adquisición y no como

un derecho a adquirir un bien de dominio público, sino como un derecho

a adquirir un bien susceptible de ser desafectado, cuyo ejercicio estará

sujeto a la condición suspensiva de que efectivamente se produzca la

desafectación (artículo 54 de la Ley de Expropiación Forzosa), de modo que

los artículos 1.2.1.o y 2.o y 3 de la Ley Hipotecaria y los artículos 4 y

5 de su Reglamento dan cobertura legal a la práctica de los aludidos

asientos. Que en cuanto a las "razones" 2 y 3 por las que se deniega la inscripción

basta alegar lo expuesto anteriormente pero, a mayor abundamiento, hay

que señalar que, los requisitos a los que se refiere el artículo 63 del

Reglamento de Expropiación Forzosa, son precisamente las circunstancias

constitutivas de la condición suspensiva que, en tanto se cumplen, suspenden

la ejercitabilidad de la reversión. Pero además de todo ello la inscripción

de los derechos de reversión es necesaria para evitar cualquier situación

de incerteza con respecto a terceros adquirentes. (artículo 69 Reglamento

Expropiación Forzosa) Que con respecto a la razón cuarta de las opuestas

por el Registrador hay que señalar que el defecto sería subsanable.

IV

El Registrador en su informe de defensa de la nota argumentó lo

siguiente: Que el derecho de reversión no es un derecho subjetivo, sino, un derecho

potestativo o facultad jurídica que, por ministerio de la Ley, forma parte

del contenido del derecho expropiado y que, cuando se dan los requisitos

para su existencia (vid. artículos 63, 67 y 68 del Reglamento de

Expropiación Forzosa) en cada caso concreto, permite a su titular recobrar el

derecho forzosamente enajenado. Que en el presente caso la entidad

"Luyegona, Sociedad Limitada" no acredita la existencia de los derechos de

reversión "que en su caso puedan tener lugar" sobre las fincas expropiadas,

ya que ni se justifica el título de adquisición, ni demuestra el

incumplimiento de la finalidad perseguida por la expropiación, ni alude al

procedimiento administrativo en que se reconocen tales derecho o al

procedimiento judicial en que se hubieran declarado. Se trata de una

declaración unilateral sin eficacia jurídica, en la que no consta el pago del

impuesto o su declaración de exención. Que no es precisa la inscripción

del derecho de reversión para que afecte a terceros, siempre que esté

inscrita la expropiación forzosa, pues de ella deriva "ex lege" la facultad

de reversión.

V

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de

Madrid confirmó la nota del Registrador, fundándose en sus alegaciones.

VI

El recurrente apeló el auto presidencial manteniéndose en sus

alegaciones y añadió que el derecho de reversión era susceptible de tráfico

jurídico y como tal condiciona el devenir de la finca expropiada sobre

el que recaen, máxime cuando se ha inscrito en el Registro de la Propiedad

número 35 de Madrid una concesión administrativa otorgada por RENFE

a favor de la entidad "Duch, Sociedad Anónima", en virtud de la cual

se adjudican unos eventuales derechos de adquisición preferente

inherentes a las fincas expropiadas.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 33 de la Constitución española ; 9, 15, 54 y 55 de

la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y los artículos

54 y 55 de la misma Ley en la redacción que les dio la Ley 38/1999,

66 y 69 del Reglamento de Expropiación Forzosa ; 33 del Reglamento

Hipotecario, y las Sentencias del Tribunal Supremo de 9 de junio de 1933,

25 de junio de 1957, 29 de mayo de 1962, 27 de abril de 1964 y 7 de

mayo y 13 de noviembre de 1971.

1. Son hechos relevantes para la resolución del presente recurso los

siguientes:

Se presenta en el Registro una instancia solicitando la inscripción a

favor de una Sociedad de "los derechos de reversión que en su caso puedan

tener lugar" de unos terrenos expropiados. A la instancia se acompaña

escritura de constitución de dicha Sociedad en la que figuran aportados

tales derechos por personas que no resultan del Registro sean las

expropiadas.

El Registrador deniega la inscripción por los defectos a que

anteriormente se ha hecho referencia.

El Presidente del Tribunal Superior desestima el recurso, confirmando

la calificación. Los interesados apelan el Auto presidencial.

2. La doctrina y la Jurisprudencia del Tribunal Supremo (cfr.

Sentencias de 29 de mayo de 1962, 27 de abril de 1964 y 7 de mayo y 7

de noviembre de 1971) son concordes en apreciar que el derecho de

reversión surge en el momento en que se produce uno de los tres supuestos

de hecho contemplados en el artículo 54.1 de la Ley de Expropiación

Forzosa. En consecuencia, tal derecho no podrá inscribirse mientras no

se acredite dicho cumplimiento.

3. Ahora bien, cosa distinta ha de decirse de la cualidad de expropiado,

a la cual se deben anudar los efectos de una hipotética reversión. Hay

que tener en cuenta que la expropiación forzosa es una limitación del

dominio, y, como dice la doctrina más autorizada, la causa de la misma

es la utilidad pública o el interés social. Dicha causa afecta al objeto

expropiado (cfr. artículo 9 de la LEF) e incide continuadamente sobre dicho

bien, por lo que la persona expropiada tiene el derecho de resolver la

expropiación que ha llegado a ser infructuosa. La cualidad de expropiado

y su derecho a una hipotética reversión está en la esencia misma de la

expropiación, en su configuración constitucional como instrumento de la

realización de fines de utilidad pública o interés social (cfr. artículo 33.3

de la Constitución). Ninguna expropiación puede mantenerse

constitucionalmente si la causa no se consuma.

4. Normalmente la cualidad de expropiado consta en el Registro sólo

de manera implícita, pues en la inscripción de la expropiación consta

la persona del anterior titular, contra quien se dirigió el expediente ; ahora

bien, legalmente está reconocida la posibilidad de transmisión de tal

cualidad, puesto que el derecho de reversión se reconoce a favor del expropiado

y de sus causahabientes (cfr. artículo 54 de la Ley de Expropiación Forzosa),

por lo que los derechos que atribuye tal cualidad son perfectamente

inscribibles por gozar de la inmediatividad y eficacia "erga omnes" de todo

derecho real. Pero para inscribir tales derechos han de concurrir todos

los requisitos legales, y esencialmente, los de documentación pública y

"tracto sucesivo". También los requisitos establecidos por la normativa

fiscal de que los actos traslativos estén liquidados de los impuestos de

Sucesiones o Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos

Documentados.

Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto

en la forma que resulta de los anteriores fundamentos.

Madrid, 28 de julio de 2001.-La Directora general, Ana López-Monís

Gallego.

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

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