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Documento BOE-A-2001-17140

Resolución de 27 de julio de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por "MTI-Romo, S.L." contra la negativa del Registrador Mercantil de Madrid, don Miguel Seoane de la Parra, a inscribir el régimen de prestaciones accesorias de una sociedad de responsabilidad limitada.

Publicado en:
«BOE» núm. 216, de 8 de septiembre de 2001, páginas 34018 a 34020 (3 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-A-2001-17140

TEXTO ORIGINAL

En el recurso gubernativo interpuesto por don Alvaro Rodríguez Garza

en nombre de "MTI-Romo, S.L." contra la negativa del Registrador Mercantil

de Madrid, don Miguel Seoane de la Parra, a inscribir el régimen de

prestaciones accesorias de una sociedad de responsabilidad limitada.

Hechos

I

La Junta General Universal de socios de "MTI-Romo, S.L.", celebrada

el 12 de noviembre de 1997, adoptó por unanimidad diversos acuerdos,

entre ellos el de creación de prestaciones accesorias y adaptación de

estatutos, los cuales fueron elevados a escritura pública por la autorizada

el 13 de noviembre de 1997 por el Notario de Madrid don José Luis Crespo

Romeu. Es artículo 6.o de los nuevos estatutos quedó con la siguiente

redacción: "Prestaciones accesorias. Aportaciones suplementarias. Todos

los socios tendrán la obligación de realizar prestaciones accesorias a la

sociedad en los términos establecidos en el presente artículo. 1.

Exigibilidad. Las prestaciones accesorias que nacen en virtud del contrato social,

serán exigibles previo acuerdo de la Junta General que determine su

cuantía, dentro de los límites que se dirán, y el plazo para su cumplimiento.

El acuerdo de la Junta requerirá la mayoría ordinaria a que se refiere

el artículo 53.1 de la ley de sociedades de responsabilidad limitada. 2.

Contenido de la prestación. Consistirá en realizar aportaciones suplementarias

a la de capital, como capital de explotación en sentido económico, que

no integrará ni alterará la cifra nominal de éste. Las aportaciones deberán

realizarse en efectivo metálico. 3. Finalidad. La finalidad de la prestación

la constituye constituir un capital de maniobra para atender a las

necesidades de tesorería de modo coyuntural. 4. Determinación de la

prestación de cada socio. El importe que la Junta General acuerde se distribuirá

entre todas las participaciones sociales a prorrata de su respectivo valor

nominal. Cada socio deberá entregar a la sociedad la suma de las cantidades

que corresponda a las participaciones sociales de que sea titular. El límite

máximo a que asciende el importe de esta prestación accesoria para cada

socio es el que resulte de multiplicar por cincuenta el valor nominal de

las participaciones sociales de que sea titular. 5. Vigencia de la prestación

accesoria. La obligación de realizar la prestación accesoria es indefinida,

mientras no se extinga la personalidad jurídica de la sociedad. El reintegro

parcial o total, por parte de la sociedad respecto de las prestaciones

efectuadas, no extingue la exigibilidad de realizar nuevas prestaciones si así

lo acuerda de nuevo la Junta General, ya que el límite cuantitativo de

la prestación a que alude el apartado 4 anterior es instantáneo y opera

como cifra absoluta máxima, que en un determinado momento deba haber

aportado el socio, sumando todas las cantidades no reintegradas por la

sociedad en esa fecha. 6. Retribución. Las prestaciones accesorias a que

se refiere el presente artículo NO serán retribuidas por la sociedad

mediante el pago de intereses ni de ninguna otra retribución ni ventaja en el

reparto de dividendos. Tampoco alcanza a estas prestaciones la presunción

de retribución por cesión de capitales a precio de mercado, ya que su

exigibilidad es accesoria de otra obligación principal, la de aportación

a capital social, que no puede ser retribuida por virtud de lo dispuesto

en los principios configuradores de este tipo social. 7. Reintegro. Las

cantidades entregadas a la sociedad por los socios en cumplimiento de su

obligación de prestación accesoria deberán serles restituidas, previo

acuerdo de la Junta General, con los mismos requisitos que para acordar su

exigibilidad, una vez que la tesorería y liquidez en efectivo determine

sobrante suficiente para ello y después de cubiertas las previsiones de

otros pagos a corto plazo a que estuviere obligada la sociedad. Los

reintegros podrán ser parciales. 8. Régimen. Las prestaciones accesorias se

regirán, en primer lugar, por los presentes estatutos y en lo no previsto

en ellos por la ley de sociedades de responsabilidad limitada, en particular

por el artículo 24".

II

Presentada copia de la referida escritura en el Registro Mercantil de

Madrid, fue calificada con la siguiente nota: "El Registrador Mercantil que

suscribe previo examen y calificación del documento precedente de

conformidad con los artículos 18-2 del Código de Comercio y 6 del Reglamento

del Registro Mercantil, ha resuelto proceder a su inscripción en el Tomo

2505, Libro 0, folio 123, Sección 8, Hoja M-43748, inscripción 5.a.

Observaciones e incidencias: De conformidad con lo dispuesto en los artículos

62.2 y 63 Reglamento del Registro Mercantil no se ha inscrito el acuerdo

primero tomado por la Junta General de creación de prestaciones

accesorias, ni el artículo 6 de los Estatutos sociales, que las regula, debido

a que la cuantía de la prestación no está determinada, como exige el

artículo 22.1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada ; por otra

parte, la entrega de metálico no puede ser considerada una prestación

accesoria, en el sentido en que éstas son reguladas en la Ley de Sociedades

de Responsabilidad Limitada ; y por último la mayoría prevista para su

exigibilidad va contra lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley de

Sociedades de Responsabilidad Limitada. En el plazo de 2 meses a contar de

esta fecha se puede interponer recurso Gubernativo de acuerdo con los

Artículos 66 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil. Madrid,

29 de enero de 1997. El Registrador." Sigue la firma.

III

Don Álvaro Rodríguez Garza, en representación de MTI-Romo, S.L,

interpuso recurso gubernativo frente a la negativa a inscribir el citado artículos

de los estatutos sociales, alegando al respecto: que lo escueto de la nota

impide saber cual de los tres mandatos del artículo 22.1 de la Ley de

Sociedades de Responsabilidad Limitada. se infringe, al igual que no aclara

a cual de los supuestos contemplados en el artículo 25.1 de la misma

Ley se refiere ; que la admisión de las prestaciones accesorias dinerarias

en nuestro ordenamiento, parece clara dada la amplitud con que está

redactada en el artículo 22 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad

Limitada y hoy la doctrina española las admite con casi unanimidad ; que

la admisión de las aportaciones suplementarias como aportaciones de

patrimonio, si bien no están expresamente admitidas, tampoco están rechazadas

y permiten un encaje cómodo en el artículo 12.3 de la Ley ; que la vigente

ley altera lo establecido en la Ley de 1953 y considera la mención de

las prestaciones accesorias como estatutarias, pero en ambos casos su

naturaleza jurídica sigue siendo la misma: obligaciones sociales que derivan

directamente del propio contrato social, y que cabe configurar como

claúsulas sociales facultativas típicas ; que en relación con la exigencia de que

se exprese el contenido concreto y determinado en que la prestación

consista, de ello no se deriva la necesidad de fijar una cifra exacta de aportación

y ello porque si así fuera invalidaría su esencia misma, que es una previsión

de los socios en el acto fundacional para cubrir un evento futuro e incierto

cuya cuantía se desconoce ; que entre las exigencias que la doctrina y

el derecho comparado imponen cabe mencionar el establecimiento de un

límite máximo - tal como en este caso se establece -, o en su defecto,

adecuados mecanismos de defensa del socio, que pueden concretarse en

el derecho de separación (art. 95 de la Ley) y en la introducción de

limitaciones a la devolución de las mismas (artículo 6.7 de los estatutos) ;

que lo que la Ley exige es que se determine si las prestaciones accesorias

consisten un en una obligación de dar, hacer o no hacer, que es lo que

la antigua Ley imponía al referirse a modalidad ; que exigir, por ejemplo,

en el caso de una prestación accesoria de prestar asistencia técnica,

concreciones o determinaciones fuera de su reseña genérica lo haría inviable,

y lo mismo cabe decir de las consistentes en exigir cantidades y fechas

exactas ab initio para las dinerarias ; que los dos requisitos del artículo

25.1 de la Ley se cumplen en la modificación estatutaria en que las

prestaciones accesorias se han introducido por cuanto se adoptó en Junta

General Universal, en cuyo orden del día figuraba como uno de los puntos

a tratar, y se tomó por unanimidad, firmando el acta todos los socios.

IV

El Registrador resolvió mantener la nota de calificación en lo que al

acuerdo primero tomado por la Junta General y al artículo 6 de los estatutos

sociales se refiere, desestimando el recurso interpuesto con base en los

siguientes fundamentos: que la cuestión más importante que se plantea

en este recurso es si la aportación de metálico puede integrar el contenido

de una prestación accesoria, tal y como éstas están reguladas en la Ley

de Sociedades de Responsabilidad Limitada ; que a raiz de la Ley citada

de 23 de marzo de 1995, se puede mantener que la entrega de dinero

no puede integrar el contenido de la prestación accesoria y ello en base

a una interpretación literal de los artículos 18 y 22 de la Ley ; pues mantener

la postura contraria iplica que la sociedad pueda disponer de una especie

de "capital de libre explotación", con ello se está produciendo un

encubrimiento de verdaderas aportaciones sociales con la consiguiente

inaplicación de las normas que regulan el capital social en cuanto a su

formación ; que la regulación de las prestaciones accesorias en la vigente

Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada está presidida por tres

principios básicos: publicidad, especialidad y consentimiento ; que por el

primero de ellos, el establecimiento de una prestación accesoria debe

constar inequívocamente en los estatutos ; por el segundo, se requiere una

determinación exacta de su contenido ; y por el tercero, el establecimiento

de la prestación requiere el consentimiento individualizado de los obligados

a ella con la excepción de la regla general del art. 43.2 de la Ley ; que

la cláusula estatutaria no cumple en este caso los requisitos indicados

pues aunque trate de enfocarse desde el prisma de la distinción entre

establecimiento y exigibilidad, en realidad está atribuyendo la creación

de la misma a un acuerdo de la Junta por la mayoría del art. 53.1 de

la Ley ; que dada la exigencia del art. 22.1 de la misma, la obligación de

la prestación accesoria no puede estimarse nacida sin una determinación

estatutaria actual de su contenido exacto y de su exigibilidad, siendo de

recordar al respecto la analogía con lo dispuesto en los arts. 9 h) de la

Ley de Sociedades Anónimas, 66 de la de Sociedades de Responsabilidad

Limitada y 124 del Reglamento del Registro Mercantil en lo relativo a

la retribución de los administradores, sin que parezca admisible, por el

contrario, igual aplicación de los arts. 42 y 153 de la LSA ; que en lo relativo

a la necesaria determinación de su contenido, el artículo 6.o de los estatutos

tan solo señala el límite máximo de su montante económico, pero no su

contenido concreto como exige4 el art. 22.1 de la Ley ; que la amplitud

que pretende dar la norma estatutaria al acuerdo de "exigibilidad" a adoptar

por la Junta, dejando indeterminados extremos tan esenciales como el

quantum y el plazo de vencimiento de la obligación, conculca la exigencia

de determinación claramente establecida por la norma legal ; que no se

respeta lo establecido por el artículo 25 de la Ley de Sociedades de

Responsabilidad Limitada, por un lado, porque se prevé que el acuerdo de

la Junta decidiendo la exigibilidad pueda tomarse por mayoría simple,

y por otro, porque se elimina el consentimiento individualizado de los

socios obligados por medio de la ficción de su aparente consignación previa

en los estatutos, cuando lo que en realidad se establece es una reserva

general a favor de la Junta, superflua por otra parte, pues la Junta es

el único órgano social competente para establecerla ; que el consentimiento

individual pueda haberse prestado por los socios iniciales, pero en ningún

caso puede afirmarse lo mismo de los futuros a los que se priva de toda

garantía legal ; que éstos, no solo ignoran si se les va a exigir o no el

cumplimiento de la prestación y en qué medida, sino que pueden verse

personalmente obligados a cumplirla a causa de un acuerdo adoptado

con un quórum inferior al mínimo legal previsto en el artículo 53.2 de

la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y, lo que es peor, sin

contar con su voluntad ; que sin discutir la validez del carácter pecuniario

de la prestación, lo cierto es que el apartado 7 del artículo 6 de los estatutos

prevé el reintegro, incluso parcial, de las cantidades aportadas en mérito

del cumplimento de la obligación, con lo que el substrato jurídico de ésta

es en realidad el del contrato de préstamo, aunque sea gratuito, cuya

restitución no puede quedar al arbitrio de una de las partes cuando tenga

por conveniente, sino que en los estatutos debería constar de forma

específica y concreta la forma de su reintegro, no solo por una exigencia

puramente contractual, sino porque es mención que también forma parte

integrante del contenido de la prestación (arts. 1.256 del Código Civil y 22

Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada).

V

El recurrente apeló la anterior decisión del Registrador argumentando

frente a ella: que la analogía de las prestaciones accesorias con el régimen

de retribución de los administradores es inexacta e incompleta: lo primero,

porque pese la similar terminología, "concreto" y "concretamente" de los

artículos 22 y 66 de la Ley, la naturaleza de una y otra es totalmente

distinta, pues en la retribución hay un desplazamiento patrimonial de

la sociedad a favor de los administradores, mientras que en las prestaciones

accesorias es inverso, de los socios a la sociedad, y por tanto, en el primer

caso se afecta al patrimonio de la sociedad y repercute en los terceros,

en tanto que en el segundo no se perjudica, sino que se favorece a quien

contrate con la sociedad ; y lo segundo, porque el artículo 66 remite a

la Junta General el fijar la retribución cuando no consista en una

participación en los beneficios, sin tope máximo ni mínimo ; que la cuantía

máxima prevista para las prestaciones accesorias no es exagerada, sino

frecuente en el tráfico jurídico ; y, finalmente, que confundir la prestación

accesoria dineraria con un préstamo es confundir el "dar" con el "hacer",

resultando extraño que primero se pretenda equiparar la prestación

accesoria a un contrato típico como es el préstamo, y después decir que le

falta un requisito básico para ser considerado como tal cual es la obligación

de devolver, cuando lo cierto es que la prestación accesoria tiene una

naturaleza jurídica propia como pacto social y estatutario, llamada a

resolver el problema de la necesidad de allegar fondos sin los inconvenientes

de aumentar la cifra de retención que supone el capital social, ni la

obligación de restitución que implica el préstamo, con la ventaja añadida de

incrementar el patrimonio de la sociedad condicionando su restitución.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 12.3, 22.2, 24 y 25.1 de la Ley de Sociedades de

Responsabilidad Limitada ; 1088, 1115, 1256, 1447, 1449 y 1690 del Código

Civil ; 68 del Reglamento del Registro Mercantil; y las Resoluciones de

24 de junio de 1998 y 7 de marzo de 2000.

1. Se debate en el presente recurso sobre la inscripción de una cláusula

de los estatutos de cierta sociedad de responsabilidad limitada sobre

régimen de prestaciones accesorias por la que se establece que los socios,

previo acuerdo de la junta general -adoptado por la mayoría ordinaria

a que se refiere el artículo 53.1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad

Limitada y que determinará su cuantía y el plazo para su cumplimiento,

tendrán la obligación de realizar aportaciones en efectivo metálico

suplementarias a la de capital -que no integrarán ni alterarán la cifra de éstehasta

el límite máximo que resulte de multiplicar por uno el valor nominal de

las participaciones de que sea titular cada uno de ellos, a fin de cubrir

las necesidades de tesorería, siendo estas prestaciones de carácter no

retribuido y restituibles cuando la situación de tesorería de la sociedad lo

permita y así lo acuerde la junta general.

El Registrador Mercantil deniega la inscripción de dicha cláusula

estatutaria por las siguientes razones: a) Porque la cuantía de la prestación

no está determinada, como exige el artículo 22 de la Ley de Sociedades

de Responsabilidad Limitada ; b) Porque la entrega de metálico no puede

ser considerada una prestación accesoria, en el sentido en que éstas son

reguladas en la mencionada Ley ; y c) Porque la mayoría prevista para

su exigibilidad es contraria a lo dispuesto en el artículo 25.1 de su Ley

reguladora.

Se trata éste de un supuesto análogo al de las Resoluciones de este

Centro Directivo de 24 de junio de 1998 y 7 de marzo de 2000, pero,

habida cuenta de que el recurso gubernativo se circunscribe a las cuestiones

que directa e inmediatamente se relacionan con la calificación del

Registrador (artículo 68 del Reglamento del Registro Mercantil), debe limitarse

este expediente al análisis de los defectos expresados en la nota.

2. En primer lugar, la objeción que invoca el Registrador por el mero

hecho de configurarse la entrega de efectivo metálico como objeto de la

prestación accesoria no puede ser mantenida. El artículo 22.1 de la Ley

de Sociedades de Responsabilidad Limitada permite que los estatutos

establezcan, con carácter obligatorio para todos o algunos de los socios,

prestaciones accesorias distintas de las aportaciones de capital,

configurándolas así como obligaciones que, aunque tengan naturaleza societaria, son

fruto de una relación jurídica entre partes, la sociedad y los socios

obligados, lo que impone aplicar supletoriamente el régimen general del

Derecho de obligaciones en cuanto a su existencia, contenido y validez, de

suerte que, conforme al artículo 1088 del Código Civil, puede constituir

el objeto de tales prestaciones accesorias cualquier obligación de dar, hacer

o no hacer una cosa y, por ende, la de entregar efectivo metálico.

Es cierto que la prestación accesoria consistente en la entrega de dinero

puede perseguir la atención a previsibles hipótesis de infracapitalización

eludiendo las exigencias inherentes a una mayor cifra de capital social

que podría ser necesaria para el adecuado desenvolvimiento del objeto

de la sociedad (así, en caso de que se atribuya a los obligados el derecho

a la restitución de las sumas de dinero a voluntad de los propios socios

que lo exijan o en un término fijado al efecto, conseguirían éstos la

devolución de tales sumas aunque no existieran beneficios sociales repartibles ;

en caso de quiebra de la sociedad los acreedores no podrían exigir la

realización de estas prestaciones accesorias ; en el supuesto de liquidación

de la sociedad los socios que las realizaron concurrirían con los demás

acreedores sociales, etc.) ; pero ello no puede llevar a negar para todos

los casos la licitud de las prestaciones accesorias dinerarias, ya que se

trata, más bien, de un problema de límites de su configuración (por ejemplo,

sería "prima facie" admisible la prestación consistente en entregar

determinada cantidad de dinero a fondo perdido e, incluso, con derecho de

restitución siempre que, en este último caso, para la devolución se

establecieran, en favor de los acreedores, garantías idénticas a las previstas

para los casos de reducción del capital social).

3. Por lo que se refiere a las restantes objeciones expresadas en la

nota de calificación, el criterio del Registrador ha de ser confirmado. En

efecto, el mencionado artículo 22.1 de la Ley de Sociedades de

Responsabilidad Limitada, configura las prestaciones accesorias como

obligaciones de carácter estatutario y exige que consten en los propios estatutos

"su contenido concreto y determinado" ; mientras que la cláusula debatida

vulnera esa exigencia legal en el aspecto cuantitativo. Cierto es que en

el artículo 1273 del Código Civil -aplicable supletoriamente, como ha

quedado expuesto- se permite una indeterminación en la cuantía de la

obligación, pero siempre y cuando sea posible determinarla en su momento

sin necesidad de nuevo convenio entre las partes, por lo que sería admisible

no sólo una absoluta y total concreción inicial, sino también una

determinación primaria o mediata, si en este último caso estén ya fijados los

criterios con arreglo a los cuales deberá producirse tal determinación,

criterios que, de igual suerte que excluyan la necesidad de nuevo convenio

entre las partes, con mayor razón impidan que esa determinación quede

al arbitrio de una de ellas (cfr. artículos 1115, 1256, 1447, 1449 y 1690

del Código Civil). Y, por otra parte, al disponer la cláusula estatutaria

debatida que el acuerdo de junta general relativo a la exigibilidad y cuantía

de las prestaciones accesorias, así como el plazo de su cumplimiento,

requerirá la mayoría ordinaria a que se refiere el artículo 53.1 de la Ley, se

infringe de modo indirecto el régimen que sobre creación, modificación

y extinción de tales prestaciones establece el artículo 25.1 de la misma

Ley, al dejar aspectos esenciales de tales extremos al arbitrio de un acuerdo

ordinario de la junta, sin necesidad del consentimiento individual de los

afectados y sin que éstos tengan el recurso de ejercitar el derecho de

separación.

Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso en los

términos que resultan de los precedentes fundamentos de derecho.

Madrid, 27 de julio de 2001.-La Directora general, Ana López Monís

Gallego.

Sr. Registrador Mercantil de Madrid.

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