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En el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Madrid don

José Amérigo Cruz, contra la negativa del Registrador mercantil de Madrid

número XV, don Juan Pablo Ruano Borrella, a inscribir una escritura de

constitución de sociedad de responsabilidad limitada.

Hechos

I

Con fecha 19 de junio de 1995, y ante el Notario de Madrid don José

Amérigo Cruz, se otorgó escritura de constitución de la sociedad de

responsabilidad limitada denominada "Delirios Bar, Sociedad Anónima". En

los Estatutos sociales aparece la siguiente norma:

"Artículo 11. La Junta general, sin necesidad de modificación

estatutaria y cumpliendo los requisitos legales, podrá optar entre los siguientes

modos de organizar la administración: a) Administrador único. b)

Consejo de Administración. c) Varios Administradores que actúen

conjuntamente. d) Varios Administradores que actúen solidariamente."

II

Presentada dicha escritura en el Registro Mercantil de Madrid, fue

calificada con la siguiente nota: "No se determina en Estatutos el número

máximo de Administradores mancomunados y solidarios (artículo 124.3

del Reglamento del Registro Mercantil). Madrid, 5 de julio de 1995.-Fdo.

Juan Pablo Ruano Borrella".

III

El Notario autorizante de la escritura, don José Amérigo Cruz, interpuso

recurso de reforma contra la anterior calificación, alegando la

inaplicabilidad al supuesto debatido del artículo 124 del Reglamento del Registro

Mercantil, porque la remisión efectuada por el artículo 174.8 del mismo

Reglamento está derogada por la Ley 2/1995, de 23 de marzo, norma

posterior y de rango superior. Argumentaba igualmente que, de hecho, el

Registrador no aplica dicho artículo, que obligaría a fijar la duración del

cargo o a escoger estatutariamente una de las formas de administración

en él previstas e impediría, por ejemplo, la designación de más de dos

Administradores conjuntos. De todo el precepto, sólo aplica la exigencia

de determinar un número mínimo y máximo de Administradores, y frente

a ello, recordaba: a) Que la remisión del artículo 174.8 es desarrollo

reglamentario del artículo 11 de la antigua Ley de Sociedades Limitadas,

que imponía la aplicación a los Administradores de dichas sociedades

de la Ley de Sociedades Anónimas. Hoy, la exposición de motivos de la

nueva Ley recuerda que ni la Ley de Sociedades Anónimas ni ninguna

otra tiene el carácter de derecho supletorio. b) Que la exigencia de la

determinación de un máximo y un mínimo en el número de

Administradores es una exigencia de la Ley de Sociedades Anónimas que falta

en la de Sociedades de Responsabilidad Limitada; y c) Que preside la

interpretación de la nueva Ley "la flexibilidad de su régimen jurídico",

y terminaba solicitando la aplicación del artículo 15 del Reglamento del

Registro Mercantil por si otros Registradores del sector no compartían

la opinión del autor de la nota recurrida.

IV

El Registrador, después de hacer constar que el recurso había sido

puesto en conocimiento de los cotitulares del sector, en virtud de lo

dispuesto en el artículo 15 del Reglamento, y que también por ellos había

sido rechazada la inscripción, decidió mantener su calificación con base

en los siguientes argumentos: Que aunque es evidente que el supuesto

no está claramente resuelto en la normativa aplicable, no debe entenderse

derogada la exigencia del artículo 124.3 del Reglamento del Registro

Mercantil; que sí lo está la estructura rígida del órgano de administración,

remitida por el artículo 174.8 del mismo texto legal porque está

rotundamente recogido el nuevo criterio en el artículo 57.2 de la Ley de

Sociedades Limitadas, pero que no se puede olvidar que aún seguía ahí el

artículo 177 del repetido Reglamento: "En lo no previsto en los artículos

anteriores, serán de aplicación a la sociedad de responsabilidad limitada, en

cuanto lo permita su específica naturaleza, los preceptos de este

Reglamento relativos a la sociedad anónima". Que profundizando un poco más

en el alcance derogatorio de la Ley de Limitadas en este punto, debe

tenerse presente que el Reglamento del Registro Mercantil es un

Reglamento ejecutivo o también denominado de desarrollo de la Ley, es decir,

ésta enumera unos principios básicos para que sea la Administración quien,

reglamentariamente, precise todo el casuismo de desarrollo de la cuestión.

La derogación de tales normas exige el cumplimiento de requisitos muy

precisos, en cuanto a identidad de materia y destinatarios, e

incompatibilidad de contenido, exigidos por la Ley, la jurisprudencia y la doctrina,

que no se dan en el presente caso; y que, por todo ello, es más que dudosa

la derogación de la discutida exigencia del artículo 124.3 del Reglamento

del Registro Mercantil por la nueva Ley de Sociedades Limitadas. Que

la propia Ley de Sociedades Limitadas, en su artículo 57, exige que el

pacto estatutario sea el que determine el modo o modos en que se organiza

la administración y, dando mayor movilidad a la Junta general, respecto

de la normativa anterior, permite que ésta escoja, sin necesidad de

modificación estatutaria, entre los distintos sistemas configurados allí, pero

sin que la Junta pueda llegar a más, es decir, no puede configurar ella

el sistema, que debe haber quedado cerrado en el pacto estatutario. Un

claro apoyo a esta interpretación se encuentra en el párrafo segundo del

número 1. o del propio artículo 57, que sólo permite a la Junta fijar el

número mínimo y máximo de sus componentes en el caso del Consejo

-si no constara en Estatutos-, precisamente porque ya existe un mínimo

y un máximo legal que nunca podrá vulnerar (tres y doce), lo que no

ocurre respecto de los Administradores mancomunados y solidarios. Y

esta interpretación no puede entenderse como descabellada, pues la Ley

de Sociedades Anónimas de 1951 y el Reglamento del Registro Mercantil

de 1956, admitiendo, como ahora hace la Ley de Limitadas, la alternancia

de sistema de administración a elección de la Junta, exigían, sin embargo,

la constancia en los Estatutos del número mínimo y máximo (artículos

72 de la Ley citada y 102.4 de aquel Reglamento). Que no es argumento

en contra la pretendida flexibilidad de la nueva Ley de Sociedades

Limitadas, porque los conceptos flexibilidad e indeterminación no son

equivalentes: Flexibilidad, en el caso que nos ocupa, es permitir a la Junta

la opción entre los distintos sistemas claramente determinados en los

Estatutos, con un número máximo para los Administradores mancomunados

y solidarios. Si fuera ella quien fijara dicho número, sería indeterminación.

Y que a todo ello habría que añadir un criterio de prudencia: Dados los

efectos de la inscripción en el Registro Mercantil y a la espera de un

Reglamento que se pronuncie rotundamente sobre esta cuestión, lo más

adecuado es exigir que en los Estatutos conste la citada determinación.

V

El recurrente interpuso recurso de alzada contra la decisión del

Registrador alegando: Primero.-La remisión que el artículo 174.8 del Reglamento

del Registro Mercantil hace al artículo 124 de la misma norma debe

entenderse derogada, porque tenía su fundamento en el artículo 11 de la

derogada Ley de Sociedades Limitadas, tal y como quedó redactada en 1989

y es evidente que la nueva Ley no tiene ningún precepto semejante. Además,

se dan todos los requisitos que la jurisprudencia y la doctrina citadas

en el acuerdo recurrido exigen para la derogación, porque hay identidad

de materia y de destinatarios y, sobre todo, incompatibilidad entre la norma

reglamentaria y la legal, porque: a) La exposición de motivos de la nueva

Ley, evidentemente importante para su interpretación, apartado I, 2, deja

perfectamente claro que ni la Ley de Sociedades Anónimas ni cualquier

otra mercantil especial tienen el carácter de derecho supletorio y si por

vía reglamentaria se diese a la Ley de Sociedades Anónimas ese carácter

de derecho supletorio, se traicionaría el sentido de la Ley de Limitadas.

b) Sobre todo, en la nueva Ley, y en concreto, en su artículo 57, hay

un precepto específico cuyo sentido no puede ser el que pretende darle

el acuerdo recurrido: "En caso de Consejo de Administración, los Estatutos

o, en su defecto, la Junta general, fijarán el número mínimo y máximo

de sus componentes". Si utilizamos el argumento analógico, llegaremos

a la conclusión de que, si el sistema de administración es Administradores

mancomunados o solidarios, el número mínimo y máximo de sus

componentes se fijará también en los Estatutos o, en su defecto, por la Junta

general, con lo que no sería una mención estatutaria necesaria; y si

entendemos que esta exigencia de número mínimo y máximo es específica del

Consejo y empleamos el argumento "a contrario", concluiremos que el

número mínimo y máximo de Administradores mancomunados o solidarios no

tiene que fijarse ni en los Estatutos ni por acuerdo de la Junta, sino que

el número exacto de Administradores resulta de su propio nombramiento,

que es precisamente el sistema que vino empleándose para las sociedades

limitadas con absoluta normalidad en base a la Ley de 1953 y antes de

su reforma en 1989. Segundo.-Tampoco puede considerarse que suponga

alteración del sistema de administración la modificación del número de

Administradores. Si hay varios Administradores, la administración puede

ser mancomunada, solidaria o colegiada. Por lo tanto, si en un momento

dado, la sociedad decide nombrar tres Administradores en lugar de dos,

difícilmente se podrá obtener que con ello se esté modificando el modo

de organizar la administración. Si se siguiese la lógica del acuerdo habría

que decir que poder pasar de Administrador único a un Consejo de

Administración es flexibilidad, pero poder pasar de dos a tres Administradores

solidarios es determinación condenable. Por supuesto que es

indeterminación, pero de un dato que la Ley no exige que se determine. Tercero.-La

referencia a la Ley de Sociedades Anónimas de 1951 que efectúa el acuerdo,

tampoco es fundamentación suficiente, porque en la citada Ley la necesidad

de fijar el números máximo y mínimo de Administradores resultaba de

un precepto específico y no se discute la compatibilidad entre esta exigencia

y la posibilidad de elegir la Junta entre varios sistemas de administración,

a la que se abrió paso una conocida Resolución de 1981. Lo que se sostiene

es que "de lege lata", la nueva Ley, en su letra y en su espíritu, permite

que en los Estatutos se encomiende la administración a varios

Administradores, mancomunados o solidarios, sin necesidad de fijar su número,

ni siquiera un máximo. Cuarto.-Deben abandonarse los argumentos

basados en la letra de la Ley y acudir a su espíritu, porque no existen derechos

de socios o de terceros a proteger mediante la exigencia defendida en

el acuerdo: Con ella, no se va a proporcionar más información al socio

que la obtenida si los Estatutos encomiendan la gestión a varios

Administradores. En todo caso, sabrá que, si en el orden del día de la Junta

figura el nombramiento de Administradores, de tal Junta podrá resultar

un número menor o mayor de los mismos que el existente en ese momento.

Quinto.-La prudencia aconseja no imponer formalidades de alcance

meramente formulario cuando, como reconoce el propio Registrador en más

de un punto de su acuerdo, no vienen claramente exigidas por la Ley,

la cual, además, proclama en su exposición de motivos su respeto a la

autonomía de la voluntad.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 57 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad

Limitada, de 23 de marzo de 1995; 124, número 3, y 174, número 8, del

Reglamento del Registro Mercantil de 1989.

1. La única cuestión que se plantea en el presente recurso se centra

en si es preciso que en los Estatutos de una sociedad de responsabilidad

limitada se exprese el número o, al menos, el máximo y el mínimo de

Administradores, cuando entre las diversas opciones a elegir por la Junta

general se prevean los sistemas de varios Administradores que actúen

conjunta o solidariamente.

2. El defecto no puede ser mantenido. La Ley de Sociedades de

Responsabilidad Limitada, que se caracteriza por una amplia libertad en este

punto, no exige -al contrario de lo previsto para las sociedades anónimas

en los artículos 9 y 123 de su Ley especial-, la especificación estatutaria

del número de Administradores ni de sus números máximo y mínimo,

salvo para el supuesto de Consejo de Administración (véanse artículos

12, 13 y 57 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada). Por

tanto, no hay fundamento para la exigencia implícita en el defecto

impugnado, sin que quepa invocar la aplicación de un precepto reglamentario

como el artículo 124.3 del Reglamento del Registro Mercantil -que previsto

para las sociedades anónimas era aplicable a las de responsabilidad

limitada por la remisión del174.8 pues al tiempo de la calificación impugnada

había perdido ya su vigencia en este punto, al ser otro el marco normativo

legal de la última de aquellas formas sociales; el rango normativo del

precepto reglamentario impide su aplicación en contra de una norma legal

(artículo 1.2 del Código Civil), máxime cuando ésta es posterior a la

publicación de aquél, sustituyendo la anterior regulación legal a la cual se

ajustaba dicho precepto (artículo 2 del Código Civil).

Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso interpuesto

revocando la nota y la decisión del Registrador.

Madrid, 10 de junio de 1998.-El Director general, Luis María Cabello

de los Cobos y Mancha.

Sr. Registrador mercantil de Madrid número XV.