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Documento BOE-A-2018-12131

Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposicin de directivas en materia de proteccin de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevencin del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de pases terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas.

TEXTO

I

La transposicin en plazo de directivas de la Unin Europea constituye en la actualidad uno de los objetivos prioritarios establecidos por el Consejo Europeo. La Comisin Europea somete informes peridicos al Consejo de Competitividad, a los que se les da un alto valor poltico en cuanto que sirven para medir la eficacia y la credibilidad de los Estados miembros en la puesta en prctica del mercado interior.

El cumplimiento de este objetivo resulta hoy an ms prioritario habida cuenta del escenario diseado por el Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unin Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, para los incumplimientos de transposicin en plazo, para los que la Comisin puede pedir al Tribunal de Justicia de la Unin Europea la imposicin de importantes sanciones econmicas de manera acelerada (artculo 260.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unin Europea –TFUE–).

Espaa viene cumpliendo de manera consistente con los objetivos de transposicin en los plazos comprometidos desde el inicio del establecimiento de los mismos. Sin embargo, en estos momentos se da un retraso en la transposicin de algunas directivas, que requieren una norma con rango de ley para su incorporacin al ordenamiento jurdico interno, por cuanto existe un riesgo de multa con base en lo establecido en el artculo 260.3 del TFUE.

Ante la gravedad de las consecuencias de seguir acumulando retraso en la incorporacin al ordenamiento jurdico espaol de tales directivas, resulta necesario acudir a la aprobacin de un Real Decreto-ley para proceder a dicha transposicin, lo que permitir cerrar los procedimientos de infraccin abiertos por la Comisin Europea.

Finalmente, en lo relativo a la existencia de procedimientos de incumplimiento contra el Reino de Espaa, debe tenerse en cuenta que pese al carcter opcional previsto en el artculo 260.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unin Europea, en su Comunicacin de 13 de diciembre de 2016, Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una mejor aplicacin, la Comisin ha anunciado un cambio de enfoque pasando a solicitar de manera sistemtica la suma a tanto alzado. La consecuencia lgica del enfoque de la suma a tanto alzado es que, en los casos en los que un Estado miembro subsane la infraccin mediante la transposicin de la directiva en el curso de un procedimiento de infraccin, la Comisin ya no desistir de su recurso solo por ese motivo.

Como disposicin transitoria, la Comisin ha sealado que no aplicar esta nueva prctica a los procedimientos cuya carta de emplazamiento sea anterior a la publicacin de dicha comunicacin en el Diario Oficial de la Unin Europea que tuvo lugar el 19 de enero de 2017. En consecuencia, resulta de extraordinaria y urgente necesidad proceder a la transposicin antes de que se formalice la demanda ante el Tribunal de Justicia, para evitar as un procedimiento judicial que finalizara mediante una sentencia que declare el incumplimiento por parte del Reino de Espaa de las obligaciones que le impone el Derecho de la Unin.

En cuanto a la utilizacin del Real Decreto-ley como instrumento de transposicin, cabe sealar que el Tribunal Constitucional, en la Sentencia 23/1993, de 21 de enero, seala que el Real Decreto-ley es un instrumento constitucionalmente lcito para afrontar coyunturas econmicas problemticas, y en su Sentencia 1/2012, de 13 de enero, avala la concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad del artculo 86.1 de la Constitucin cuando concurran el patente retraso en la transposicin y la existencia de procedimientos de incumplimiento contra el Reino de Espaa. En los sucesivos apartados de esta exposicin de motivos se irn concretando las razones que justifican la extraordinaria y urgente necesidad de transponer las distintas directivas en cada uno de los supuestos recogidos en el presente real decreto-ley.

II

El Ttulo I, que comprende el artculo primero, contiene las modificaciones derivadas de la transposicin de la Directiva 2014/50/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a los requisitos mnimos para reforzar la movilidad de los trabajadores entre Estados miembros mediante la mejora de la adquisicin y el mantenimiento de los derechos complementarios de pensin.

Tomando como base el artculo 45 del Tratado de Funcionamiento de la Unin Europea, que establece la libertad de circulacin de los trabajadores, la Directiva 2014/50/UE, de 16 de abril de 2014, pretende reducir los obstculos a la movilidad de los trabajadores entre Estados miembros creados por determinadas normas relativas a los regmenes complementarios de pensin para la jubilacin vinculados a una relacin laboral. Con este fin, la Directiva limita los periodos de espera y de adquisicin de derechos que se requieran en dichos regmenes complementarios de pensin, fija un lmite en relacin con la edad mnima para adquirir los correspondientes derechos, regula el reembolso de las primas o aportaciones realizadas en caso de cese de la relacin laboral antes de adquirirse derechos, establece el mantenimiento de los derechos que se hubiesen adquirido cuando dicho cese tiene lugar, e impone obligaciones de informacin a los trabajadores sobre las condiciones de adquisicin, el importe de los derechos adquiridos y el tratamiento de estos a partir del cese de la relacin laboral.

La transposicin al ordenamiento espaol de la Directiva 2014/50/UE, de 16 de abril de 2014, exige modificar la disposicin adicional primera del texto refundido de la Ley de Regulacin de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre. Dicha disposicin adicional establece la obligacin de instrumentar mediante seguros colectivos y planes de pensiones de empleo los compromisos por pensiones asumidos por las empresas con los trabajadores vinculados a determinadas contingencias, entre ellas la jubilacin, al tiempo que establece las condiciones bsicas de los seguros aptos para tal finalidad. En el caso de seguros colectivos, modalidad en la que las primas abonadas por la empresa no se imputan fiscalmente a los trabajadores, las condiciones de adquisicin y mantenimiento de derechos en caso de cese de la relacin laboral dependen en la actualidad de los trminos de los convenios colectivos o disposiciones equivalentes en los que se establecen los compromisos por pensiones.

El Ttulo I modifica el citado texto refundido de la Ley de Regulacin de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, en concreto la citada disposicin adicional primera para introducir las previsiones de la norma europea en cuanto a la limitacin de los requisitos de edad y de los periodos de espera y adquisicin de derechos, la conservacin de derechos adquiridos en caso de cese de la relacin laboral y las obligaciones de informacin a los trabajadores sobre tales aspectos.

Si bien la Directiva 2014/50/UE, de 16 de abril de 2014, es aplicable, como se ha dicho, a los trabajadores que cesan la relacin laboral y se desplazan a otros Estados miembros, en la transposicin a la legislacin espaola se ha optado, sin embargo, por extender su aplicacin a todos los trabajadores, haciendo uso de la habilitacin establecida en el considerando 6 de la propia Directiva para que los Estados miembros puedan ampliar la extensin de su mbito de aplicacin a quienes se desplacen dentro del mismo Estado miembro.

La transposicin de la citada Directiva se completa con normas que regulan el rgimen de informacin a los trabajadores en caso de cese de la relacin laboral con anterioridad a la jubilacin, as como el rgimen del tratamiento futuro de los derechos adquiridos una vez producido dicho cese.

Por ltimo, en el referido texto refundido de la Ley de Regulacin de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, se aaden dos disposiciones transitorias nuevas, novena y dcima. En la disposicin transitoria novena se regula la cuanta mnima de los derechos adquiridos en caso de cese de la relacin laboral por causa distinta de la jubilacin habiendo adquirido derechos, teniendo en cuenta que, de conformidad con lo establecido en el artculo 2.4 de la Directiva, sta se aplicar slo a los periodos de empleo que transcurran desde el 21 de mayo de 2018 (fecha lmite para la transposicin de la Directiva); tambin prev, de conformidad con lo establecido en el artculo 2.2.a) de la Directiva objeto de transposicin, que, en el caso de compromisos por pensiones que a 20 de mayo de 2014 (fecha de entrada en vigor de la Directiva) hubiesen dejado de incluir nuevos trabajadores y permanezcan cerrados a nuevos trabajadores, ser aplicable el rgimen de adquisicin de derechos que tuvieren estipulado; finalmente establece unos perodos para que las entidades aseguradoras y entidades gestoras de fondos de pensiones adapten sus procedimientos para cumplir con las nuevas obligaciones de informacin, as como para la inclusin expresa de determinados contenidos, en su caso, en los contratos de seguro y las especificaciones y bases tcnicas de los planes de pensiones, sin perjuicio de la aplicacin efectiva de los derechos establecidos en la disposicin adicional primera del propio texto refundido de la Ley de Regulacin de los Planes y Fondos de Pensiones en la redaccin dada por este real decreto-ley. La disposicin transitoria dcimaestablece que la aplicacin de las modificaciones introducidas por este real decreto-ley no podr suponer reduccin de derechos adquiridos con anterioridad, ni menoscabo del derecho a la informacin, ni el establecimiento de condiciones de adquisicin menos favorables que las estipuladas antes de su entrada en vigor.

La transposicin de la Directiva 2014/50/UE mediante este real decreto-ley viene motivada por el vencimiento del plazo para la trasposicin, ya que, de acuerdo con el artculo 8 de la Directiva, los Estados miembros adoptarn las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la misma a ms tardar el 21 de mayo de 2018, o garantizarn que, a ms tardar en dicha fecha, los interlocutores sociales hayan introducido por convenio las disposiciones necesarias. Considerando que la alternativa normativa es ms efectiva para cumplimentar el deber de transposicin y ofrece mayor seguridad jurdica, se estima adecuado dictar una norma con rango de ley dado que, a consecuencia de la transposicin, se crean derechos para los trabajadores y obligaciones para las empresas, as como para las entidades aseguradoras en los seguros colectivos que instrumentan los compromisos por pensiones referidos a la jubilacin.

La Directiva 2014/50/UE prev el reconocimiento de derechos de pensin adquiridos en favor de los trabajadores que cesan la relacin laboral antes de la jubilacin a partir del 21 de mayo de 2018, fecha lmite para la transposicin. La falta de reconocimiento legal de ese derecho a 21 de mayo de 2018 genera una situacin de incertidumbre e inseguridad jurdica que compromete seriamente los derechos de los trabajadores, sus oportunidades laborales y su libertad fundamental a la libre circulacin reconocida en el Tratado de Funcionamiento de la Unin Europea, y distorsiona la integracin del mercado laboral espaol en el Mercado Interior y, en definitiva, la eficiencia del mercado de trabajo. La finalizacin del plazo de transposicin de esta Directiva ha motivado la iniciacin por la Comisin Europea de un procedimiento formal de infraccin n. 2018/0162.

Por consiguiente, concurren razones que justifican la extraordinaria y urgente necesidad requerida por el artculo 86.1 de la Constitucin para transponer la Directiva sin ms demora mediante el presente real decreto-ley.

III

El Ttulo II, que comprende el artculo segundo, contiene las modificaciones derivadas de la transposicin de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevencin de la utilizacin del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiacin del terrorismo y por la que se modifica el Reglamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisin (en adelante Directiva (UE) 2015/849, de 20 de mayo).

El rgimen de prevencin del blanqueo de capitales y de la financiacin del terrorismo vigente en Espaa, fue objeto de una profunda modificacin con la aprobacin de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevencin del blanqueo de capitales y de la financiacin del terrorismo. Esta norma, modificada parcialmente por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacin pblica y buen gobierno, fue posteriormente completada con la publicacin del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprobaba el Reglamento de desarrollo de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevencin del blanqueo de capitales y de la financiacin del terrorismo.

Este conjunto normativo permiti, en primer lugar, incorporar al Derecho espaol las Recomendaciones del Grupo de Accin Financiera (GAFI) de febrero de 2012. Pero adems, estas dos reformas supusieron la implementacin anticipada de gran parte de los contenidos de la Directiva (UE) 2015/849, de 20 de mayo de 2015. Y ello porque la normativa de la Unin se inspira directamente en las Recomendaciones del GAFI a la hora de fijar la regulacin armonizada sobre esta materia.

No obstante, y aunque la mayora de obligaciones de la Directiva (UE) 2015/849, de 20 de mayo se originan en los estndares del GAFI, la norma europea va ms all en algunos aspectos. Establece as obligaciones adicionales, como la obligacin de licencia o registro de los prestadores de servicios a sociedades –habindose optado por la de registro, por su mayor economa y facilidad–, o armonizando aspectos que en las Recomendaciones del GAFI no se detallan, como el importe mximo posible de las sanciones a imponer en caso de incumplimiento de las obligaciones de prevencin.

Dentro de las modificaciones derivadas de la trasposicin de los elementos pendientes de la Directiva (UE) 2015/849, de 20 de mayo, destacan especialmente las cuestiones atinentes al rgimen de sanciones en sentido amplio. As, se incrementan los importes mximos de las sanciones, en lnea con lo dispuesto por la Directiva, aunque se mantienen los importes mnimos, al no existir armonizacin en ese punto y considerarse adecuado el mantenimiento de ese importe mnimo para garantizar la correcta aplicacin de la norma.

Por lo que se refiere a la publicidad de las sanciones, si bien la normativa espaola ya contemplaba la opcin de publicidad en el caso de infracciones graves y muy graves, se incorpora el elemento adicional de la publicidad annima de las sanciones impuestas, en el caso de que no se acuerde la publicacin.

Otro aspecto de la Directiva (UE) 2015/849 que se orienta a la mejora de la supervisin y sancin de las infracciones de la normativa de prevencin es el establecimiento de los canales de denuncias, tanto pblicos, como en el mbito de los propios sujetos obligados de la ley. Los sujetos obligados debern contar con canales especficos para la denuncia interna de conductas contrarias a la ley o a los procedimientos internos de la entidad aprobados para dar cumplimiento a aqulla. De forma paralela, se crearn canales de denuncia a la Administracin de potenciales incumplimientos por los sujetos obligados de las exigencias de la normativa administrativa de prevencin del blanqueo de capitales y de la financiacin del terrorismo.

Asimismo, esta norma revisa el rgimen aplicable a las personas con responsabilidad pblica. El sistema de la norma de 2010, siguiendo el enfoque del GAFI, se basaba en la diferenciacin de estas personas en dos grandes grupos.

En primer lugar, las personas con responsabilidad pblica extranjeras eran siempre objeto de la aplicacin de las medidas de diligencia reforzada previstas por la ley por su falta de vinculacin con nuestro pas y las dificultades de acceso a informacin sobre las mismas. Por otro lado, las personas con responsabilidad pblica nacionales eran objeto de un enfoque adaptado caso por caso, dependiendo de la persona concreta y sus funciones, y del producto que contratara, la aplicacin o no de estas medidas o el grado de las mismas.

Con la Directiva (UE) 2015/849, de 20 de mayo, este rgimen se unifica, considerando a todas las personas con responsabilidad pblica, tanto nacionales como extranjeras, merecedoras de la aplicacin de las medidas de diligencia reforzada en cualquier caso.

En lo que se refiere al recurso al Real Decreto-ley como instrumento de transposicin, cabe sealar, en primer lugar, que viene motivado por el vencimiento del plazo para la transposicin de la Directiva 2015/849/UE. De acuerdo con su artculo 67, los Estados miembros deban poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en ella a ms tardar el 26 de junio de 2017.

En segundo trmino, por lo que se refiere a la concreta situacin que se trata de regular, es preciso garantizar la plena vigencia de la Directiva al objeto de salvaguardar la eficacia de la lucha contra los flujos de origen ilcito.

El blanqueo de capitales y la financiacin del terrorismo, adems de los innegables riesgos sociales que plantean, generan tambin riesgos econmicos y financieros. Particularmente, el blanqueo de capitales puede afectar y distorsionar los movimientos financieros y reales, al realizar una asignacin de recursos que no se basa en consideraciones econmicas o de beneficio, sino que responde a otros intereses. Junto a ello, este tipo de actividades delictivas implican riesgos de reputacin muy importantes, tanto para las entidades individualmente consideradas, como para el sistema financiero nacional en su conjunto. Unos riesgos que deben ser mitigados con la mayor celeridad.

La norma se orienta a perfeccionar los instrumentos y mecanismos que deben implementar los sujetos obligados por la Ley, de cara a prevenir eficazmente el blanqueo de capitales y la financiacin del terrorismo. Ambas actividades ilcitas se caracterizan por evolucionar y adaptarse a los diferentes mecanismos de control y prevencin desplegados, por lo que la rpida adecuacin de la norma a este escenario cambiante es un elemento fundamental de eficacia del sistema. Pero no basta, desde luego, con adoptar normas adecuadas, sino que esas normas deben cumplirse plenamente por los obligados a ello. A este fin, es necesario arbitrar, con la mayor celeridad, los cambios orientados a reforzar los mecanismos y sistemas de garanta del cumplimiento.

En este caso, la Comisin Europea inici un procedimiento formal de infraccin n. 2017/0527 por falta de comunicacin de las medidas de transposicin de la Directiva 2015/849/UE (en la actualidad se encuentra en fase de dictamen motivado).

Por consiguiente, concurren en la medida que se adopta, por su naturaleza, finalidad y por el contexto en que se dictan, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artculo 86 de la Constitucin Espaola como presupuesto habilitante para recurrir a este tipo de norma.

IV

El Ttulo III comprende los artculos tercero y cuarto. El artculo tercero contiene la modificacin que incorpora al ordenamiento interno la Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a los requisitos de entrada y residencia de los nacionales de pases terceros con fines de investigacin, estudios, prcticas, voluntariado, programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos y colocacin au pair.

Las Conclusiones del Consejo Europeo de junio de 2014 fijaron como una de las prioridades polticas de la Unin Europea el tratar de seguir siendo un destino atractivo para las personas con talento y capacidad. Posteriormente, la Agenda Europea de Migracin, publicada el 13 de mayo de 2015, consider la aprobacin de una norma en los trminos de la hoy Directiva (UE) 2016/801 como uno de los instrumentos fundamentales para la construccin de una Europa atractiva para los estudiantes, investigadores y en general para atraer talento y emprendimiento extranjero.

Con estos antecedentes, y de acuerdo con la nueva concepcin de la poltica migratoria de la Unin Europea, en la que la migracin legal, y especialmente la cualificada, se entienden como factores coadyuvantes del crecimiento y de la creacin de empleo, la Directiva tiene como objetivo mejorar la posicin de la Unin Europea en la competencia mundial por atraer talento y promoverla como centro mundial de excelencia para estudios y formacin, mediante la supresin de barreras migratorias y mejores oportunidades de movilidad y empleo.

Para ello establece unas condiciones armonizadas de entrada y residencia en la Unin Europea de nacionales de terceros pases con fines de investigacin, estudios, prcticas o voluntariado en el Servicio Voluntario Europeo, de obligada transposicin; y otras para voluntarios fuera del Servicio Voluntario Europeo, alumnos y au pairs, de carcter potestativo para los Estados miembros.

Cabe sealar que buena parte de las disposiciones de la Directiva ya se encuentran recogidas en nuestro ordenamiento jurdico: bien en la seccin de movilidad internacional de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacin; bien en la Ley Orgnica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espaa y su integracin social, y en su Reglamento, aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.

Concretamente, la alineacin de objetivos entre la Directiva (UE) 2016/801 y la seccin de movilidad internacional de la Ley 14/2013 determina que la incorporacin de los aspectos imperativos de la norma comunitaria an no presentes en el ordenamiento espaol y cuya regulacin requiere norma de rango legal sean transpuestos a travs de la modificacin de esta ley. En concreto:

Se modifica el artculo 72, para prever una autorizacin de residencia para los investigadores incluidos en el mbito subjetivo en la Directiva, que tendrn derecho a la movilidad dentro de la Unin Europea prevista en la norma comunitaria; manteniendo para otros investigadores, al amparo de la habilitacin dada por el considerando 29 de la Directiva, la autorizacin ya existente en nuestro ordenamiento, que no dar acceso a dicha movilidad.

Se posibilita, adems, al investigador, una vez finalizada la actividad investigadora, la permanencia en nuestro pas durante un tiempo limitado para la bsqueda de empleo o para emprender un proyecto empresarial, en lnea con el artculo 25 de la Directiva.

Se modifica el artculo 75.4, transponiendo lo previsto en el artculo 18 de la Directiva, a los efectos de posibilitar la expedicin de visados de residencia de validez inferior a un ao.

Se modifica el artculo 76, establecindose como preceptiva la tramitacin electrnica de las autorizaciones, de acuerdo con lo establecido en el artculo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas, y en atencin a lo previsto en el artculo 34 de la Directiva.

Se introduce una disposicin adicional decimosptima, en lnea con el artculo 25 de la norma comunitaria, para que los estudiantes internacionales que ya han finalizado sus estudios en Espaa puedan acceder a una autorizacin de residencia para la bsqueda de empleo o para emprender un proyecto empresarial.

Se introduce una disposicin adicional decimoctava, que prev una autorizacin de residencia para participar en un programa de prcticas para los extranjeros que hayan obtenido un ttulo de educacin superior en los dos aos anteriores a la fecha de solicitud o que estn realizando estudios que conduzcan a la obtencin de un ttulo de educacin superior, tal y como se define en los artculos 3 y 13 de la Directiva.

Se introduce una disposicin adicional decimonovena, relativa a las tasas, de acuerdo con el artculo 36 de la Directiva.

Se aade una nueva disposicin final decimotercera para recoger que en lo no previsto en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, en relacin con la movilidad internacional, ser de aplicacin la Ley Orgnica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en Espaa y su integracin social.

El artculo cuarto del real decreto-ley tiene por objeto la modificacin del Reglamento de la Ley Orgnica 4/2000, para incorporar a nuestro ordenamiento jurdico los artculos de la Directiva sobre los aspectos procedimentales de la autorizacin prevista para los estudiantes internacionales, tanto en su primera admisin como en el caso de la intramovilidad UE, y para adaptar la exigencia de requisitos a los voluntarios a lo establecido por la Directiva cuando estos participen en el Servicio Voluntario Europeo. Sobre esta modificacin del reglamento es preciso sealar que, pese a efectuarse mediante un Real Decreto-ley, su rango no queda congelado, manteniendo carcter reglamentario. En concreto:

Se modifica el apartado 3 del artculo 37, para adaptar la duracin de la autorizacin al artculo 18.1 de la Directiva sobre la duracin de la autorizacin, cuando los estudios se desarrollen en una institucin de enseanza superior y conduzcan a la obtencin de un ttulo de educacin superior.

Se modifica el artculo 38, relativo a los requisitos para obtener el visado y/o autorizacin de estancia por estudios, a los efectos de prever el acceso a la situacin de estancia por estudios a travs de la concesin de una autorizacin sin visado previo, a extranjeros que se hallen regularmente en Espaa; as como para incorporar al ordenamiento espaol la exencin del requisito de contar con un seguro de responsabilidad civil que d cobertura a la labor del voluntario, en el caso de que dicha labor sea realizada en el marco del Servicio Voluntario Europeo, prevista en el artculo 14.1.c) de la Directiva.

Se modifica el artculo 39, con el objetivo de simplificar los procedimientos y trmites, de acuerdo con los apartados 4 y 5 del artculo 7 de la Directiva. Y se aade un nuevo apartado 8 para permitir que la solicitud de autorizaciones de estancia por estudios UE tambin pueda ser presentada por la institucin de educacin superior en la que el estudiante va a cursar estudios; as como la posibilidad de tramitacin colectiva de autorizaciones.

Por ltimo, se modifica el artculo 44, relativo a la movilidad dentro de la Unin Europea, para adaptarlo a lo previsto en el artculo 31 de la Directiva.

La disposicin derogatoria nica del real decreto-ley deroga el artculo 38 bis de la Ley Orgnica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espaa y su integracin social, que segn lo establecido en la disposicin final cuarta de dicha ley no tiene naturaleza orgnica, as como el Captulo IV del Ttulo IV, que comprende los artculos 73 a 84, del Reglamento de dicha Ley Orgnica, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, que transponan a nuestro ordenamiento la Directiva 2005/71/CE, relativa a un procedimiento especfico de admisin de nacionales de terceros pases a efectos de investigacin cientfica, que queda derogada por la Directiva (UE) 2016/801.

El 23 de mayo de 2018 finaliz el plazo para transponer la Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016. Dicho plazo de transposicin hace imposible culminar la tramitacin de las disposiciones normativas necesarias para dar cumplimiento a la obligacin de transposicin antes de dicha fecha. Ante el incumplimiento del plazo para transponer y la gravedad de las consecuencias de acumular un retraso en la incorporacin al ordenamiento jurdico espaol de dicha Directiva, resulta necesario acudir a la aprobacin de un Real Decreto-ley para proceder a su transposicin. La finalizacin del plazo de transposicin de esta Directiva ha motivado la iniciacin por la Comisin Europea de un procedimiento formal de infraccin n. 2018/0166.

Por consiguiente, concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artculo 86 de la Constitucin Espaola como presupuesto habilitante para recurrir a este tipo de norma.

V

El Ttulo IV, que comprende el artculo quinto, modifica parcialmente el artculo 12 de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre rgimen jurdico de los movimientos de capitales y de las transacciones econmicas con el exterior, con el objeto de elevar el plazo mximo a un ao para la resolucin de los expedientes sancionadores afectados por dicha Ley, en vez de los tres meses previstos de forma genrica en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas.

La justificacin de esta modificacin viene motivada en la alteracin sufrida en los plazos de resolucin de los expedientes sancionadores instruidos al amparo de esta ley, al verse afectados por lo establecido en los apartados 2 y 3 del artculo 21 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, que, con carcter general, establecen que el plazo mximo para notificar la resolucin expresa ser de tres meses cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen plazo mximo.

Es relevante indicar que todos los restantes procedimientos sancionadores en materia de movimientos de capitales y de transacciones econmicas con el exterior atribuidos a la Comisin de Prevencin del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias se encuentran regulados por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevencin del blanqueo de capitales y de la financiacin del terrorismo, la cual establece un plazo mximo de resolucin de un ao (es el caso de los expedientes sancionadores por ausencia de declaracin de movimientos de capitales en frontera, por movimientos de efectivo en territorio nacional sin declaracin o por infracciones a las obligaciones en materia de prevencin de BC/FT).

De este modo, el procedimiento sancionador que nos ocupa se refiere a las infracciones sobre las declaraciones de movimientos en cuentas corrientes en el extranjero y de inversiones espaolas en el exterior (o viceversa) cuyo conocimiento debe ser garantizado, y que se encuentra regulado, a diferencia de los dems, en una ley especial, la Ley 19/2003, de 4 de julio, que en su artculo 12 establece cules son las autoridades competentes para su incoacin, instruccin y resolucin, pero no establece, sin embargo, plazo mximo de resolucin de los expedientes, por lo que este queda incluido en la previsin genrica establecida en el artculo 21 de la Ley 39/2015.

La necesidad de una inmediata ampliacin del plazo est motivada en que el actual plazo de tres meses y el hecho de que este procedimiento sancionador requiere de numerosos pasos e informes preceptivos en su proceso de instruccin imposibilitan su tramitacin en plazo, lo cual es especialmente grave si se tiene en cuenta la relevancia de la materia y el volumen de expedientes sancionadores surgidos al amparo de esta ley (hay ms de 40 expedientes pendientes de incoacin en este momento). Todo ello justifica sin duda la urgencia de la ampliacin por ley de este plazo.

Por consiguiente, concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artculo 86 de la Constitucin Espaola como presupuesto habilitante para recurrir a este tipo de norma.

VI

Finalmente, el Ttulo V, que comprende el artculo sexto, procede a la modificacin de la disposicin final sptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas. Segn sta, el 2 de octubre de 2018, entrarn en vigor las previsiones de la citada Ley relativas al registro electrnico de apoderamientos, registro electrnico, registro de empleados pblicos habilitados, punto de acceso general electrnico de la administracin y archivo nico electrnico.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Rgimen Jurdico del Sector Pblico, suponen un cambio fundamental para las Administraciones Pblicas en Espaa, ya que establecen que la relacin electrnica es la va principal de tramitacin de los procedimientos administrativos, lo que debe conducir a una administracin sin papeles, transparente y ms gil y accesible para los ciudadanos y las empresas. La exigencia de una adaptacin paulatina a este nuevo paradigma administrativo fue prevista por el legislador al determinar en la disposicin final sptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, un calendario especfico de entrada en vigor de las novedades antes relacionadas y que son especialmente trascendentes.

Sin embargo, la vacatio legis plasmada en dicha disposicin final sptima se ha revelado insuficiente en la prctica para contar de forma simultnea con las condiciones que son presupuesto necesario para el cumplimiento de los ambiciosos objetivos perseguidos por ambas leyes.

La adaptacin de los procedimientos administrativos y el diseo de procesos de gestin ptimos, exige que los desarrollos tecnolgicos y jurdicos cuenten con el grado de madurez necesaria para dar satisfaccin a este nuevo estadio de desarrollo de la actividad de las Administraciones Pblicas.

As, el desarrollo reglamentario que precisa el funcionamiento de algunos aspectos tcnicos y procedimentales tales como las notificaciones, el registro de apoderamientos, los funcionarios habilitados o algunas cuestiones sobre los registros generales y archivos, debe adaptarse a lo sealado en la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 55/2018, de 24 de mayo. En particular, se requiere acordar entre las Administraciones pblicas competentes las opciones que permitan una verdadera interoperabilidad respetuosa con sus respectivos mbitos de competencias. Este acuerdo ser el marco para el diseo de los sistemas tecnolgicos que han de dar soporte a los aspectos funcionales interoperables, que en el plazo actual de entrada en vigor no estarn adaptados a estas exigencias.

En definitiva, la imposibilidad tcnico-organizativa de concluir en los plazos inicialmente previstos los procesos de adaptacin a la nueva realidad, obliga a ampliarlos en este real decreto-ley. Con ello, se trata de implantar estos instrumentos bsicos del funcionamiento de las Administraciones conforme a los principios de eficacia administrativa y garanta de los derechos de los ciudadanos y de los operadores jurdicos y econmicos en la tramitacin de los procedimientos administrativos, que precisamente son los principios que persigue la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Por todas las razones anteriores, se juzga urgente y necesario ampliar en dos aos el plazo inicial de entrada en vigor de las previsiones de la disposicin final sptima de la Ley 39/2015 en lo relativo al registro electrnico de apoderamientos, el registro electrnico, el registro de empleados pblicos habilitados, el punto de acceso general electrnico de la Administracin y el archivo electrnico, para garantizar que los operadores jurdicos, los ciudadanos y las Administraciones Pblicas puedan ejercer plenamente sus derechos con plena seguridad jurdica y beneficiarse de las ventajas que el nuevo escenario est comenzando a proporcionarles.

Esta ampliacin del plazo permitir de forma coordinada completar todos los aspectos jurdicos, organizativos, procedimentales y tcnicos que compatibilicen la garanta plena del ejercicio de los derechos y la validez jurdica de los procedimientos, junto con el respeto del marco de distribucin de competencias que consagra la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 55/2018, de 24 de mayo, antes citada.

Por consiguiente, concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artculo 86 de la Constitucin Espaola como presupuesto habilitante para recurrir a este tipo de norma.

Este real decreto-ley es coherente con los principios de buena regulacin establecidos en el artculo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas. De lo expuesto en los prrafos anteriores se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia. El real decreto-ley es acorde al principio de proporcionalidad, al contener la regulacin imprescindible para la consecucin de los objetivos previamente mencionados, e igualmente se ajusta al principio de seguridad jurdica. En cuanto al principio de transparencia, no se ha realizado el trmite de consulta pblica, ni el trmite de audiencia e informacin pblicas tal y como excepciona el artculo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Por ltimo, con respecto al principio de eficiencia, si bien supone un aumento de las cargas administrativas, stas son imprescindibles y en ningn caso innecesarias.

Por todo ello, por su finalidad y por el contexto de exigencia temporal en el que se dicta, concurren en el presente real decreto-ley las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad requeridas en el artculo 86 de la Constitucin.

En su virtud, haciendo uso de la autorizacin contenida en el artculo 86 de la Constitucin Espaola, a propuesta de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, del Ministro del Interior, de la Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, de la Ministra de Poltica Territorial y Funcin Pblica, de la Ministra de Economa y Empresa y del Ministro de Ciencia, Innovacin y Universidades, y previa deliberacin del Consejo de Ministros, en su reunin del da 31 de agosto de 2018,

DISPONGO:

TTULO I
Transposicin de directiva de la Unin Europea en materia de proteccin de los compromisos por pensiones con los trabajadores
Artculo primero. Modificacin del texto refundido de la Ley de Regulacin de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.

Se modifica el texto refundido de la Ley de Regulacin de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, en los siguientes trminos:

Uno. La disposicin adicional primera queda redactada del siguiente modo:

Disposicin adicional primera.Proteccin de los compromisos por pensiones con los trabajadores.

1. Los compromisos por pensiones asumidos por las empresas, incluyendo las prestaciones causadas, debern instrumentarse, desde el momento en que se inicie el devengo de su coste, mediante contratos de seguros, incluidos los planes de previsin social empresariales y los seguros colectivos de dependencia, a travs de la formalizacin de un plan de pensiones o varios de estos instrumentos. Una vez instrumentados, la obligacin y responsabilidad de las empresas por los referidos compromisos por pensiones se circunscribirn exclusivamente a las asumidas en dichos contratos de seguros y planes de pensiones.

A estos efectos, se entendern por compromisos por pensiones los derivados de obligaciones legales o contractuales del empresario con el personal de la empresa y vinculados a las contingencias establecidas en el artculo 8.6. Tales pensiones podrn revestir las formas establecidas en el artculo 8.5 y comprendern toda prestacin que se destine a la cobertura de tales compromisos, cualquiera que sea su denominacin.

Tienen la consideracin de empresas no slo las personas fsicas y jurdicas sino tambin las comunidades de bienes y dems entidades que, aun carentes de personalidad jurdica, sean susceptibles de asumir con sus trabajadores los compromisos descritos.

2. Para que los contratos de seguro puedan servir a la finalidad referida en el apartado anterior habrn de satisfacer los siguientes requisitos:

a) Revestir la forma de seguro colectivo sobre la vida, plan de previsin social empresarial o seguro colectivo de dependencia, en los que la condicin de asegurado corresponder al trabajador y la de beneficiario a las personas en cuyo favor se generen las pensiones segn los compromisos asumidos.

b) En dichos contratos no ser de aplicacin lo dispuesto en losartculos 97y99 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.

c) Los derechos de rescate y reduccin slo podrn ejercerse al objeto de mantener en la pliza la adecuada cobertura de sus compromisos por pensiones vigentes en cada momento o a los exclusivos efectos de la integracin de los compromisos cubiertos en la pliza en otro contrato de seguro, en un plan de previsin social empresarial o en un plan de pensiones. En este ltimo caso, la nueva aseguradora o el plan de pensiones asumir la cobertura total de los referidos compromisos por pensiones.

d) Debern individualizarse las inversiones correspondientes a cada pliza en los trminos que se establezcan reglamentariamente.

e) La cuanta del derecho de rescate no podr ser inferior al valor de realizacin de los activos que representen la inversin de las provisiones tcnicas correspondientes. Si existiese dficit en la cobertura de dichas provisiones, tal dficit no ser repercutible en el derecho de rescate, salvo en los casos que reglamentariamente se determinen. El importe del rescate deber ser abonado directamente a la nueva aseguradora o al fondo de pensiones en el que se integre el nuevo plan de pensiones.

Ser admisible que el pago del valor del rescate se realice mediante el traspaso de los activos, neto de los gastos precisos para efectuar los correspondientes cambios de titularidad.

3. En los contratos de seguro cuyas primas hayan sido imputadas a los sujetos a los que se vinculen los compromisos por pensiones debern preverse, de acuerdo con las condiciones pactadas en el compromiso, los derechos econmicos de los sujetos en los casos en que se produzca la cesacin de la relacin laboral previa al acaecimiento de las contingencias previstas en esta normativa o se modifique el compromiso por pensiones vinculado a dichos sujetos.

4. En los compromisos por pensiones asegurados referidos a la jubilacin sin imputacin fiscal al trabajador de las primas abonadas por la empresa, cuando el compromiso o la pliza prevean la adquisicin de derechos econmicos por el trabajador antes de la jubilacin, correspondientes a la cobertura de esta contingencia, en caso de cese de la relacin laboral del trabajador asegurado sern de aplicacin las condiciones de adquisicin de derechos estipuladas, las cuales debern ajustarse a los siguientes requisitos:

a) En caso de que se estipule un perodo mnimo de espera para la incorporacin al contrato de seguro o un perodo mnimo para la adquisicin de derechos en el mismo, o ambos, el perodo total combinado no podr superar los tres aos.

Cuando se fije una edad mnima para la adquisicin y consolidacin de derechos de pensin, dicha edad no exceder de 21 aos.

Lo dispuesto en los prrafos anteriores se entender sin perjuicio de la exigencia de otras condiciones para la adquisicin de derechos estipuladas en los convenios colectivos u otros acuerdos de naturaleza colectiva que establezcan compromisos por pensiones.

b) En caso de cese de la relacin laboral por causa distinta de la jubilacin habiendo adquirido derechos, stos no podrn ser inferiores al valor de los derechos de rescate o reduccin derivados de las primas para la contingencia de jubilacin abonadas por la empresa y de las primas abonadas por el propio trabajador.

No obstante, de acuerdo a lo previsto en el compromiso y en la pliza, para el supuesto de incapacidad o fallecimiento del trabajador podr estipularse la sustitucin de los citados derechos por las prestaciones aseguradas por dichas contingencias.

c) Los trabajadores que cesen en la relacin laboral sin reunir los requisitos previstos en la letra a) de este apartado y sin haber adquirido derechos derivados de primas abonadas por la empresa, podrn solicitar el reembolso de las primas abonadas para la jubilacin por el propio trabajador o el valor de realizacin de los activos de la pliza correspondientes a dichas primas.

5. En caso de cese de la relacin laboral de los trabajadores asegurados, los derechos econmicos adquiridos se podrn mantener en el contrato de seguro o, en su caso, movilizarse a otro contrato de seguro o plan de pensiones, en los trminos que se establezcan reglamentariamente.

El contrato de seguro deber especificar el criterio de valoracin de los derechos econmicos adquiridos al tiempo del cese y durante su mantenimiento en el seguro tras el cese. De acuerdo con lo establecido en el compromiso por pensiones o en la pliza, el tratamiento de los derechos econmicos adquiridos que se mantengan en el seguro podr ser, entre otros, conforme a los derechos de los asegurados activos, o ajustndose con un tipo de inters establecido en el rgimen complementario de pensiones o por el rendimiento de las inversiones correspondientes a dicho rgimen, de conformidad con el sistema financiero y actuarial utilizado.

En los seguros que prevean la atribucin de derechos econmicos a los trabajadores en caso de cese de la relacin laboral antes de la jubilacin, una vez producido el cese, se calcular el valor de los derechos adquiridos en el momento del cese de la relacin laboral y el trabajador deber recibir informacin relativa a sus derechos econmicos adquiridos y el tratamiento que se les dar en el futuro, o en su caso, se le informar sobre la posibilidad de reembolso de las primas abonadas para la jubilacin por el propio trabajador de acuerdo con lo establecido en la letra c) del apartado 4.

Las especificaciones de los planes de pensiones del sistema de empleo y en su caso, la base tcnica, debern determinar el tratamiento de los derechos consolidados con posterioridad al cese de la relacin laboral durante su mantenimiento en el plan de pensiones, atendiendo al sistema financiero y actuarial utilizado en el plan de pensiones.

6. En los contratos de seguro que instrumentan compromisos por pensiones de jubilacin, distintos de los planes de previsin social empresarial, el trabajador asegurado podr solicitar informacin relativa a su situacin individualizada respecto de los siguientes elementos:

a) Pago de primas y su importe, y los rescates y reducciones efectuadas que le afecten.

b) Condiciones de adquisicin de los derechos y las consecuencias de la aplicacin de dichas condiciones al cesar la relacin laboral.

c) Valor de sus derechos econmicos adquiridos o una estimacin de los mismos efectuada como mximo doce meses antes de la fecha de la solicitud.

d) Condiciones que rigen el futuro trato que se dar a los derechos en caso de cese de la relacin laboral.

Los asegurados que hayan cesado la relacin laboral y mantengan derechos econmicos tambin podrn solicitar la informacin prevista en las letras c) y d).

La informacin individualizada a que se refieren los prrafos anteriores deber ser suministrada por la entidad aseguradora por escrito, de forma clara, en un plazo mximo de diez das desde la presentacin de la solicitud.

En los planes de pensiones de empleo y en los planes de previsin social empresarial, con periodicidad al menos anual, se suministrar informacin a los partcipes o asegurados sobre el valor de sus derechos consolidados o econmicos y las condiciones que rigen el tratamiento de tales derechos que se mantengan en el plan despus del cese de la relacin laboral y las posibilidades de movilizacin.

Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de otras obligaciones de informacin que se establezcan reglamentariamente.

7. Reglamentariamente se fijarn las condiciones que han de cumplir los contratos de seguro a los que se refiere esta disposicin, incluidos los instrumentados entre las mutualidades de previsin social y sus mutualistas en su condicin de tomadores del seguro o asegurados. En todo caso, las condiciones que se establezcan reglamentariamente, debern ser homogneas, actuarial y financieramente con las normas aplicables a los compromisos por pensiones formalizados mediante planes de pensiones.

8. La efectividad de los compromisos por pensiones y del cobro de las prestaciones causadas quedarn condicionados a su formalizacin en los instrumentos referidos en el apartado primero. En todo caso, el incumplimiento por la empresa de la obligacin de instrumentar los compromisos por pensiones asumidos constituir infraccin en materia laboral de carcter muy grave, en los trminos previstos en elTexto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por elReal Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

En ningn caso resultar admisible la cobertura de tales compromisos mediante la dotacin por el empresario de fondos internos, o instrumentos similares, que supongan el mantenimiento por parte de ste de la titularidad de los recursos constituidos.

Dos. Se aade una disposicin transitoria novena con la siguiente redaccin:

Disposicin transitoria novena. Normas transitorias como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto.

1. Lo dispuesto en el apartado 4.b) de la disposicin adicional primera de esta ley, en la redaccin dada por el artculo primero del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, ser aplicable a las primas abonadas por la empresa desde el 21 de mayo de 2018 que correspondan a periodos de servicios prestados desde dicha fecha.

2. En el caso de compromisos por pensiones que a 20 de mayo de 2014 hubiesen dejado de incluir nuevos trabajadores y permanezcan cerrados a nuevos trabajadores ser aplicable el rgimen de adquisicin de derechos estipulado en el compromiso o en la pliza.

3. Las plizas de seguro, las especificaciones y las bases tcnicas de los planes de pensiones debern adaptarse a lo previsto en la disposicin adicional primera de esta ley, en la redaccin dada por el mencionado Real Decreto-ley antes del 1 de julio de 2019, sin perjuicio de la aplicacin efectiva de los derechos derivados de la misma.

4. Las entidades aseguradoras y entidades gestoras de fondos de pensiones adaptarn sus procedimientos para cumplir las nuevas obligaciones de informacin a los asegurados y partcipes establecidas en la disposicin adicional primera de esta ley, en la redaccin dada por el referido Real Decreto-ley antes del 1 de julio de 2019.

No obstante lo anterior, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, los trabajadores asegurados que cesen su relacin laboral debern recibir informacin relativa a sus derechos econmicos adquiridos y las condiciones que rigen su tratamiento futuro.

Tres. Se aade una disposicin transitoria dcima con la siguiente redaccin:

Disposicin transitoria dcima. Mantenimiento de condiciones ms favorables.

La aplicacin de lo dispuesto en la disposicin adicional primera y disposicin transitoria novena de esta ley, en la redaccin dada por el artculo primero del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, no podr suponer reduccin de derechos adquiridos con anterioridad, ni menoscabo del derecho a la informacin, ni el establecimiento de condiciones de adquisicin menos favorables que las estipuladas antes de su entrada en vigor.

TTULO II
Transposicin de directiva de la Unin Europea en materia de prevencin del blanqueo de capitales
Artculo segundo. Modificacin de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevencin del blanqueo de capitales y de la financiacin del terrorismo.

Se modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevencin del blanqueo de capitales y de la financiacin del terrorismo, en los siguientes trminos:

Uno. El apartado 4 del artculo 1 queda redactado del siguiente modo:

4. Se considerarn pases terceros equivalentes aquellos Estados, territorios o jurisdicciones que, por establecer requisitos equivalentes a los de la legislacin espaola, se determinen por la Comisin de Prevencin del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, a propuesta de su Secretara.

La calificacin como pas tercero equivalente de un Estado, territorio o jurisdiccin se entender en todo caso sin efecto retroactivo.

La Secretara General del Tesoro y Financiacin Internacional mantendr en su pgina web una lista actualizada de los Estados, territorios o jurisdicciones que gocen de la condicin de pas tercero equivalente.

Dos. Las letras o) y u) del apartado 1 del artculo 2 quedan redactadas del siguiente modo:

o) Las personas que con carcter profesional y con arreglo a la normativa especfica que en cada caso sea aplicable presten los siguientes servicios por cuenta de terceros: constituir sociedades u otras personas jurdicas; ejercer funciones de direccin o de secretarios no consejeros de consejo de administracin o de asesora externa de una sociedad, socio de una asociacin o funciones similares en relacin con otras personas jurdicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; facilitar un domicilio social o una direccin comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociacin o cualquier otro instrumento o persona jurdicos; ejercer funciones de fiduciario en un fideicomiso (trust) o instrumento jurdico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; o ejercer funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Unin Europea y que estn sujetas a requisitos de informacin acordes con el Derecho de la Unin o a normas internacionales equivalentes que garanticen la adecuada transparencia de la informacin sobre la propiedad, o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.

u) Las personas responsables de la gestin, explotacin y comercializacin de loteras u otros juegos de azar presenciales o por medios electrnicos, informticos, telemticos e interactivos. En el caso de loteras, apuestas mutuas deportivo-benficas, concursos, bingos y mquinas recreativas tipo “B” nicamente respecto de las operaciones de pago de premios.

Tres. El apartado tercero del artculo 2 queda redactado del siguiente modo:

3. Reglamentariamente podrn excluirse aquellas personas que realicen actividades financieras con carcter ocasional o de manera muy limitada cuando exista escaso riesgo de blanqueo de capitales o de financiacin del terrorismo. Asimismo, podrn excluirse, total o parcialmente, aquellos juegos de azar que presenten un bajo riesgo de blanqueo de capitales y de financiacin del terrorismo.

Cuatro. El artculo 4 queda redactado del siguiente modo:

Artculo 4. Identificacin del titular real.

1. Los sujetos obligados identificarn al titular real y adoptarn medidas adecuadas a fin de comprobar su identidad con carcter previo al establecimiento de relaciones de negocio o a la ejecucin de cualesquiera operaciones.

2. A los efectos de la presente ley, se entender por titular real:

a) La persona o personas fsicas por cuya cuenta se pretenda establecer una relacin de negocios o intervenir en cualesquiera operaciones.

b) La persona o personas fsicas que en ltimo trmino posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de una persona jurdica, o que por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de una persona jurdica. A efectos de la determinacin del control sern de aplicacin, entre otros, los criterios establecidos en el artculo 42 del Cdigo de Comercio.

Sern indicadores de control por otros medios, entre otros, los previstos en el artculo 22 (1) a (5) de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 26 de junio de 2013 sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo.

Se exceptan las sociedades que coticen en un mercado regulado y que estn sujetas a requisitos de informacin acordes con el Derecho de la Unin o a normas internacionales equivalentes que garanticen la adecuada transparencia de la informacin sobre la propiedad.

c) En el caso de los fideicomisos, como el trust anglosajn, tendrn la consideracin de titulares reales todas las personas siguientes:

1. el fideicomitente,

2. el fiduciario o fiduciarios,

3. el protector, si lo hubiera,

4. los beneficiarios o, cuando an estn por designar, la categora de personas en beneficio de la cual se ha creado o acta la estructura jurdica; y

5. cualquier otra persona fsica que ejerza en ltimo trmino el control del fideicomiso a travs de la propiedad directa o indirecta o a travs de otros medios.

d) En el supuesto de instrumentos jurdicos anlogos al trust, como las fiducias o el treuhand de la legislacin alemana, los sujetos obligados identificarn y adoptarn medidas adecuadas a fin de comprobar la identidad de las personas que ocupen posiciones equivalentes o similares a las relacionadas en los nmeros 1. a 5. del apartado anterior.

3. Los sujetos obligados recabarn informacin de los clientes para determinar si stos actan por cuenta propia o de terceros. Cuando existan indicios o certeza de que los clientes no actan por cuenta propia, los sujetos obligados recabarn la informacin precisa a fin de conocer la identidad de las personas por cuenta de las cuales actan aqullos.

4. Los sujetos obligados adoptarn medidas adecuadas al efecto de determinar la estructura de propiedad y de control de las personas jurdicas, estructuras jurdicas sin personalidad, fideicomisos y cualquier otra estructura anloga.

Los sujetos obligados no establecern o mantendrn relaciones de negocio con personas jurdicas, o estructuras jurdicas sin personalidad, cuya estructura de propiedad y de control no haya podido determinarse. Si se trata de sociedades cuyas acciones estn representadas mediante ttulos al portador, se aplicar la prohibicin anterior salvo que el sujeto obligado determine por otros medios la estructura de propiedad y de control. Esta prohibicin no ser aplicable a la conversin de los ttulos al portador en ttulos nominativos o en anotaciones en cuenta.

Cinco. Los apartados 5 y 6 y el nuevo apartado 7 del artculo 7 quedan redactados del siguiente modo:

5. Los casinos de juego identificarn y comprobarn mediante documentos fehacientes la identidad de cuantas personas pretendan acceder al establecimiento. La identidad de tales personas ser registrada, sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en el artculo 25.

Asimismo, los casinos de juego identificarn a cuantas personas pretendan realizar las siguientes operaciones:

a) La entrega a los clientes de cheques como consecuencia de operaciones de cambio de fichas.

b) Las transferencias de fondos realizadas por los casinos a peticin de los clientes.

c) La expedicin por los casinos de certificaciones acreditativas de ganancias obtenidas por los jugadores.

Cuando efecten transacciones por un valor igual o superior a 2.000 euros en una operacin o en varias operaciones entre las que parezca existir algn tipo de relacin, ya sea en el momento del cobro de ganancias, de compra o venta de fichas de juego, los casinos debern aplicar el resto de las medidas de diligencia debida respecto del cliente en los trminos de esta Seccin.

6. Los operadores de juego a travs de medios electrnicos, informticos, telemticos e interactivos identificarn y comprobarn la identidad de cuantas personas pretendan participar en estos juegos o apuestas, en los trminos previstos reglamentariamente.

Cuando efecten transacciones por un valor igual o superior a 2.000 euros en una operacin o en varias operaciones entre las que parezca existir algn tipo de relacin, ya sea en el momento del cobro de ganancias y/o de la realizacin de apuestas, estos operadores de juego debern aplicar el resto de las medidas de diligencia debida respecto del cliente en los trminos de esta Seccin.

Los operadores de juego a travs de medios presenciales aplicarn las medidas de diligencia debida cuando efecten transacciones por un valor igual o superior a 2.000 euros en una operacin o en varias operaciones entre las que parezca existir algn tipo de relacin.

7. Reglamentariamente podr autorizarse la no aplicacin de todas o algunas de las medidas de diligencia debida o de conservacin de documentos en relacin con aquellas operaciones ocasionales que no excedan de un umbral cuantitativo, bien singular, bien acumulado por periodos temporales.

Seis. Los apartados 1 y 2 del artculo 8 quedan redactados del siguiente modo:

1. Los sujetos obligados podrn recurrir a terceros sometidos a la presente ley, as como a las organizaciones o federaciones de estos sujetos, para la aplicacin de las medidas de diligencia debida previstas en esta Seccin, con excepcin del seguimiento continuo de la relacin de negocios regulada en el artculo 6. Esta limitacin no ser aplicable en el caso de grupos.

No obstante, los sujetos obligados mantendrn la plena responsabilidad respecto de la relacin de negocios u operacin, aun cuando el incumplimiento sea imputable al tercero, sin perjuicio, en su caso, de la responsabilidad de ste.

2. Los sujetos obligados podrn recurrir a terceros sometidos a la legislacin de prevencin del blanqueo de capitales y de la financiacin del terrorismo de otros Estados miembros de la Unin Europea o de pases terceros equivalentes, as como a las organizaciones o federaciones de estas entidades obligadas, aun cuando los documentos o datos exigidos en aqullos sean distintos de los previstos en la presente ley, y siempre que su cumplimiento sea objeto de supervisin por las autoridades competentes.

Queda prohibido el recurso a terceros domiciliados en pases terceros con deficiencias estratgicas identificados mediante Decisin de la Comisin Europea de conformidad con lo dispuesto en el artculo 9 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, con excepcin de las sucursales y filiales con participacin mayoritaria de sujetos obligados establecidos en la Unin Europea, siempre que tales sucursales y filiales cumplan plenamente las polticas y procedimientos a nivel de grupo establecidos por la matriz.

Siete. El artculo 11 queda redactado del siguiente modo:

Artculo 11. Medidas reforzadas de diligencia debida.

1. Los sujetos obligados aplicarn, adems de las medidas normales de diligencia debida, medidas reforzadas en relacin con los pases que presenten deficiencias estratgicas en sus sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiacin del terrorismo y figuren en la decisin de la Comisin Europea adoptada de conformidad con lo dispuesto en el artculo 9 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015.

2. Los sujetos obligados aplicarn tambin medidas reforzadas en los supuestos previstos en la presente Seccin, y en cualesquiera otros que, por presentar un alto riesgo de blanqueo de capitales o de financiacin del terrorismo, se determinen reglamentariamente.

Los sujetos obligados, aplicarn, en funcin de un anlisis del riesgo, medidas reforzadas de diligencia debida en aquellas situaciones que por su propia naturaleza puedan presentar un riesgo ms elevado de blanqueo de capitales o de financiacin del terrorismo. En todo caso, tendrn esta consideracin la actividad de banca privada y las operaciones de envo de dinero y de cambio de moneda extranjera que superen los umbrales establecidos reglamentariamente.

3. Reglamentariamente podrn concretarse las medidas reforzadas de diligencia debida exigibles en las reas de negocio o actividades que presenten un riesgo ms elevado de blanqueo de capitales o de financiacin del terrorismo.

Ocho. El artculo 13 queda redactado del siguiente modo:

Artculo 13. Corresponsala bancaria transfronteriza.

1. Se entiende por relacin de corresponsala la prestacin de servicios bancarios de un banco en calidad de corresponsal a otro banco como cliente, incluidas, entre otras, la prestacin de cuentas corrientes u otras cuentas de pasivo y servicios conexos, como gestin de efectivo, transferencias internacionales de fondos, compensacin de cheques, y servicios de cambio de divisas.

El concepto de relaciones de corresponsala incluye cualquier relacin entre entidades de crdito y/o entidades financieras, con inclusin de las entidades de pago, que presten servicios similares a los de un corresponsal a un cliente, incluidas, entre otras, las relaciones establecidas para operaciones con valores o transferencias de fondos. En todos estos supuestos ser de aplicacin lo dispuesto en este artculo.

2. Con respecto a las relaciones de corresponsala transfronteriza con entidades clientes de terceros pases, las entidades financieras debern aplicar las siguientes medidas:

a) Reunir sobre la entidad cliente informacin suficiente para comprender la naturaleza de sus actividades y determinar, a partir de informacin de dominio pblico, su reputacin y la calidad de su supervisin.

b) Evaluar los controles contra el blanqueo de capitales y la financiacin del terrorismo de que disponga la entidad cliente.

c) Obtener autorizacin de la direccin antes de establecer nuevas relaciones de corresponsala bancaria. En los procedimientos internos de la entidad se determinar el nivel directivo mnimo necesario para la autorizacin de establecer o mantener relaciones de negocios, que podr adecuarse en funcin del riesgo. Solamente podrn tener asignada esta funcin las personas que tengan conocimiento suficiente del nivel de exposicin del sujeto obligado al riesgo de blanqueo de capitales y de la financiacin del terrorismo y que cuenten con la jerarqua suficiente para tomar decisiones que afecten a esta exposicin.

d) Documentar las responsabilidades respectivas de cada entidad.

e) Realizar un seguimiento reforzado y permanente de las operaciones efectuadas en el marco de la relacin de negocios, tomando en consideracin los riesgos geogrficos, del cliente, o derivados del tipo de servicio prestado.

Las entidades financieras modularn el grado e intensidad de aplicacin de las medidas, conforme a un criterio de riesgo.

3. Las entidades de crdito no establecern o mantendrn relaciones de corresponsala con bancos pantalla. Asimismo, las entidades de crdito adoptarn medidas adecuadas para asegurar que no entablan o mantienen relaciones de corresponsala con un banco del que se conoce que permite el uso de sus cuentas por bancos pantalla.

A estos efectos se entender por banco pantalla la entidad de crdito, o entidad que desarrolle una actividad similar, constituida en un pas en el que no tenga una presencia fsica que permita ejercer una verdadera gestin y direccin y que no sea filial de un grupo financiero regulado.

4. Las entidades de crdito no establecern o mantendrn relaciones de corresponsala que, directamente o travs de una subcuenta, permitan ejecutar operaciones a los clientes de la entidad de crdito representada.

Nueve. El artculo 14 queda redactado del siguiente modo:

Artculo 14. Personas con responsabilidad pblica.

1. Los sujetos obligados aplicarn las medidas reforzadas de diligencia debida previstas en este artculo en las relaciones de negocio u operaciones de personas con responsabilidad pblica.

2. Se considerarn personas con responsabilidad pblica aquellas que desempeen o hayan desempeado funciones pblicas importantes, tales como los jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros u otros miembros de Gobierno, secretarios de Estado o subsecretarios; los parlamentarios; los magistrados de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente recurso, salvo en circunstancias excepcionales, con inclusin de los miembros equivalentes del Ministerio Fiscal; los miembros de tribunales de cuentas o de consejos de bancos centrales; los embajadores y encargados de negocios; el alto personal militar de las Fuerzas Armadas; los miembros de los rganos de administracin, de gestin o de supervisin de empresas de titularidad pblica; los directores, directores adjuntos y miembros del consejo de administracin, o funcin equivalente, de una organizacin internacional; y los cargos de alta direccin de partidos polticos con representacin parlamentaria.

3. Asimismo, tendrn la consideracin de personas con responsabilidad pblica:

a) Las personas, distintas de las enumeradas en el apartado anterior, que tengan la consideracin de alto cargo de conformidad con lo previsto en el artculo 1 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio de altos cargos de la Administracin General del Estado.

b) Las personas que desempeen o hayan desempeado funciones pblicas importantes en el mbito autonmico espaol, como los Presidentes y los Consejeros y dems miembros de los Consejos de Gobierno, as como las personas que desempeen cargos equivalentes a las relacionadas en la letra a) y los diputados autonmicos.

c) En el mbito local espaol, los alcaldes, concejales y las personas que desempeen cargos equivalentes a las relacionadas en la letra a) de los municipios capitales de provincia, o de Comunidad Autnoma y de las Entidades Locales de ms de 50.000 habitantes.

d) Los cargos de alta direccin en organizaciones sindicales o empresariales espaolas.

La Comisin de Prevencin del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias elaborar y publicar una lista en la que se detallar qu tipo de funciones y puestos determinan la consideracin de persona con responsabilidad pblica espaola.

4. Ninguna de las categoras previstas en los apartados anteriores incluir empleados pblicos de niveles intermedios o inferiores.

5. En relacin con los clientes o titulares reales enumerados en este artculo, los sujetos obligados, adems de las medidas normales de diligencia debida, debern en todo caso:

a) Aplicar procedimientos adecuados de gestin del riesgo a fin de determinar si el cliente o el titular real es una persona con responsabilidad pblica. Dichos procedimientos se incluirn en la poltica expresa de admisin de clientes a que se refiere el artculo 26.

b) Obtener la autorizacin del inmediato nivel directivo, como mnimo, para establecer o mantener relaciones de negocios.

c) Adoptar medidas adecuadas a fin de determinar el origen del patrimonio y de los fondos.

d) Realizar un seguimiento reforzado y permanente de la relacin de negocios.

En los procedimientos internos de la entidad se determinar el nivel directivo mnimo necesario para la autorizacin de establecer o mantener relaciones de negocios, que podr adecuarse en funcin del riesgo de la operacin y del cliente concreto. Solamente podrn tener asignada esta funcin las personas que tengan conocimiento suficiente del nivel de exposicin del sujeto obligado al riesgo de blanqueo de capitales y de la financiacin del terrorismo y que cuenten con la jerarqua suficiente para tomar decisiones que afecten a esta exposicin.

6. Los sujetos obligados aplicarn las medidas establecidas en el apartado anterior a los familiares y allegados de las personas con responsabilidad pblica.

A los efectos de este artculo tendr la consideracin de familiar el cnyuge o la persona ligada de forma estable por anloga relacin de afectividad, as como los padres e hijos, y los cnyuges o personas ligadas a los hijos de forma estable por anloga relacin de afectividad.

Se considerar allegado toda persona fsica de la que sea notorio que ostente la titularidad o el control de un instrumento o persona jurdicos conjuntamente con una persona con responsabilidad pblica, o que mantenga otro tipo de relaciones empresariales estrechas con la misma, o que ostente la titularidad o el control de un instrumento o persona jurdicos que notoriamente se haya constituido en beneficio de la misma.

7. Los sujetos obligados aplicarn medidas razonables para determinar si el beneficiario de una pliza de seguro de vida y, en su caso, el titular real del beneficiario, es una persona con responsabilidad pblica con carcter previo al pago de la prestacin derivada del contrato o al ejercicio de los derechos de rescate, anticipo o pignoracin conferidos por la pliza. En esos casos, los sujetos obligados, adems de las medidas normales de diligencia debida, debern:

a) Informar al inmediato nivel directivo, como mnimo, antes de proceder al pago, rescate, anticipo o pignoracin.

b) Realizar un escrutinio reforzado de la entera relacin de negocios con el tomador de la pliza.

c) Realizar el examen especial previsto en el artculo 17 a efectos de determinar si procede la comunicacin por indicio de conformidad con el artculo 18.

8. Sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en los apartados anteriores, cuando, por concurrir las circunstancias previstas en el artculo 17, proceda el examen especial, los sujetos obligados adoptarn las medidas adecuadas para apreciar la eventual participacin en el hecho u operacin de quien ostente o haya ostentado la condicin de cargo pblico representativo o alto cargo de las Administraciones Pblicas, o de sus familiares o allegados.

9. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 11, cuando las personas contempladas en los apartados precedentes hayan dejado de desempear sus funciones, los sujetos obligados continuarn aplicando las medidas previstas en este artculo por un periodo de dos aos. Transcurrido ese plazo, el sujeto obligado aplicar medidas de diligencia debida adecuadas, en funcin del riesgo que pudiera seguir presentado el cliente, y hasta tanto se determine por el sujeto obligado que ya no representa un riesgo especfico derivado de su antigua condicin de persona con responsabilidad pblica.

Diez. El apartado 1 del artculo 25 queda redactado del siguiente modo:

1. Los sujetos obligados conservarn durante un perodo de diez aos la documentacin en que se formalice el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley, procediendo tras el mismo a su eliminacin. Transcurridos cinco aos desde la terminacin de la relacin de negocios o la ejecucin de la operacin ocasional, la documentacin conservada nicamente ser accesible por los rganos de control interno del sujeto obligado, con inclusin de las unidades tcnicas de prevencin, y, en su caso, aquellos encargados de su defensa legal.

En particular, los sujetos obligados conservarn para su uso en toda investigacin o anlisis, en materia de posibles casos de blanqueo de capitales o de financiacin del terrorismo, por parte del Servicio Ejecutivo de la Comisin o de cualquier otra autoridad legalmente competente:

a) Copia de los documentos exigibles en aplicacin de las medidas de diligencia debida, durante un periodo de diez aos desde la terminacin de la relacin de negocios o la ejecucin de la operacin.

b) Original o copia con fuerza probatoria de los documentos o registros que acrediten adecuadamente las operaciones, los intervinientes en las mismas y las relaciones de negocio, durante un periodo de diez aos desde la ejecucin de la operacin o la terminacin de la relacin de negocios.

Once. El artculo 26 queda redactado del siguiente modo:

Artculo 26. Polticas y procedimientos.

1. Los sujetos obligados aprobarn por escrito y aplicarn polticas y procedimientos adecuados en materia de diligencia debida, informacin, conservacin de documentos, control interno, evaluacin y gestin de riesgos, garanta del cumplimiento de las disposiciones pertinentes y comunicacin, con objeto de prevenir e impedir operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiacin del terrorismo.

2. Los sujetos obligados aprobarn por escrito y aplicarn una poltica expresa de admisin de clientes. Dicha poltica incluir una descripcin de aquellos tipos de clientes que podran presentar un riesgo superior al riesgo promedio. La poltica de admisin de clientes ser gradual, adoptndose precauciones reforzadas respecto de aquellos clientes que presenten un riesgo superior al promedio.

Cuando exista un rgano centralizado de prevencin de las profesiones colegiadas sujetas a la presente ley, corresponder al mismo la aprobacin por escrito de la poltica expresa de admisin de clientes.

3. Las polticas y procedimientos sern de aplicacin a las sucursales y filiales del grupo situadas en terceros pases, sin perjuicio de las adaptaciones necesarias para el cumplimiento de las normas especficas del pas de acogida, con las especificaciones que se determinen reglamentariamente. En el caso de sucursales y filiales del grupo en otros Estados miembros de la Unin Europea, los sujetos obligados darn cumplimiento a las obligaciones contenidas en el pas de acogida. A efectos de la definicin de grupo se estar a lo dispuesto en el artculo 42 del Cdigo de Comercio.

4. Sin perjuicio de la aplicacin de lo dispuesto en esta ley, las entidades espaolas que operen en un pas de la Unin Europea mediante agentes u otras formas de establecimiento permanente distintas a una sucursal, debern cumplir con lo dispuesto en la normativa de prevencin del blanqueo de capitales y de la financiacin del terrorismo del pas en el que operan.

5. Los sujetos obligados debern aprobar un manual adecuado de prevencin del blanqueo de capitales y de la financiacin del terrorismo, que se mantendr actualizado, con informacin completa sobre las medidas de control interno a que se refieren los apartados anteriores. Para el ejercicio de su funcin de supervisin e inspeccin, el manual estar a disposicin del Servicio Ejecutivo de la Comisin y, en caso de convenio, de los rganos supervisores de las entidades financieras.

6. El Servicio Ejecutivo de la Comisin y, en caso de convenio, los rganos supervisores de las entidades financieras, podrn proponer al Comit Permanente de la Comisin de Prevencin del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias la formulacin de requerimientos instando a los sujetos obligados a adoptar las medidas correctoras oportunas respecto de sus manuales y procedimientos internos.

7. Reglamentariamente podrn determinarse los sujetos obligados exceptuados del cumplimiento de las obligaciones relacionadas en los apartados 1, 2 y 5 de este artculo.

Doce. Se aade un nuevo artculo 26 bis que queda redactado del siguiente modo:

Artculo 26 bis. Procedimientos internos de comunicacin de potenciales incumplimientos.

1. Los sujetos obligados establecern procedimientos internos para que sus empleados, directivos o agentes puedan comunicar, incluso annimamente, informacin relevante sobre posibles incumplimientos de esta ley, su normativa de desarrollo o las polticas y procedimientos implantados para darles cumplimiento, cometidos en el seno del sujeto obligado.

Estos procedimientos podrn integrarse en los sistemas que hubiera podido establecer el sujeto obligado para la comunicacin de informaciones relativas a la comisin de actos o conductas que pudieran resultar contrarios a la restante normativa general o sectorial que les fuere aplicable.

2. Ser de aplicacin a estos sistemas y procedimientos lo dispuesto en la normativa de proteccin de datos de carcter personal para los sistemas de informacin de denuncias internas.

A estos efectos, se considerarn como rganos de control interno y cumplimiento exclusivamente los regulados en el artculo 26 ter.

3. Los sujetos obligados adoptarn medidas para garantizar que los empleados, directivos o agentes que informen de las infracciones cometidas en la entidad sean protegidos frente a represalias, discriminaciones y cualquier otro tipo de trato injusto.

4. La obligacin de establecimiento del procedimiento de comunicacin descrito en los apartados anteriores, no sustituye la necesaria existencia de mecanismos especficos e independientes de comunicacin interna de operaciones sospechosas de estar vinculadas con el blanqueo de capitales o la financiacin del terrorismo por parte de empleados a las que se refiere el artculo 18.

5. Reglamentariamente podrn determinarse los sujetos obligados exceptuados del cumplimiento de la obligacin prevista en este artculo.

Trece. Se aade un nuevo artculo 26 ter que queda redactado del siguiente modo:

Artculo 26 ter. rgano de control interno y representante ante el Servicio Ejecutivo.

1. Los sujetos obligados designarn como representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisin a una persona residente en Espaa que ejerza cargo de administracin o direccin de la sociedad.

En los grupos que integren varios sujetos obligados, el representante ser nico y deber ejercer cargo de administracin o direccin de la sociedad dominante del grupo.

En el caso de empresarios o profesionales individuales ser representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisin el titular de la actividad.

2. Con las excepciones que se determinen reglamentariamente, la propuesta de nombramiento del representante, acompaada de una descripcin detallada de su trayectoria profesional, ser comunicada al Servicio Ejecutivo de la Comisin que, de forma razonada, podr formular reparos u observaciones.

El representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisin ser responsable del cumplimiento de las obligaciones de informacin establecidas en la presente ley, para lo que tendr acceso sin limitacin alguna a cualquier informacin obrante en el sujeto obligado as como en cualquiera de las entidades del grupo, en su caso.

3. Los sujetos obligados cuya administracin central se encuentre en otro Estado miembro de la Unin Europea y que operen en Espaa mediante agentes u otras formas de establecimiento permanente distintas de la sucursal debern nombrar un representante residente en Espaa, que tendr la consideracin de punto central de contacto.

Los sujetos obligados que operen en Espaa en rgimen de libre prestacin de servicios debern asimismo designar un representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisin, sin que sea exigible su residencia en Espaa.

4. Los sujetos obligados establecern un rgano adecuado de control interno responsable de la aplicacin de las polticas y procedimientos a que se refiere el artculo 26.

El rgano de control interno, que contar, en su caso, con representacin de las distintas reas de negocio del sujeto obligado, se reunir, levantando acta expresa de los acuerdos adoptados, con la periodicidad que se determine en el procedimiento de control interno.

5. Para el ejercicio de sus funciones el representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisin y el rgano de control interno debern contar con los recursos materiales, humanos y tcnicos necesarios.

6. Los rganos de prevencin del blanqueo de capitales y la financiacin del terrorismo operarn, en todo caso, con separacin funcional del departamento o unidad de auditora interna del sujeto obligado.

7. Reglamentariamente se determinarn las categoras de sujetos obligados que puedan exceptuarse de la obligacin de constitucin de un rgano de control interno, siendo las funciones de ste ejercidas en tales supuestos por el representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisin.

La norma reglamentaria determinar tambin las categoras de sujetos obligados para los que sea exigible la constitucin de unidades tcnicas para el tratamiento y anlisis de la informacin.

Catorce. El apartado 1 del artculo 27 queda redactado del siguiente modo:

1. Mediante orden del Ministro Economa y Empresa podr acordarse la constitucin de rganos centralizados de prevencin de las profesiones colegiadas sujetas a la presente Ley.

Los rganos centralizados de prevencin tendrn por funcin la intensificacin y canalizacin de la colaboracin de las profesiones colegiadas con las autoridades judiciales, policiales y administrativas responsables de la prevencin y represin del blanqueo de capitales y de la financiacin del terrorismo, sin perjuicio de la responsabilidad directa de los profesionales incorporados como sujetos obligados. El representante del rgano centralizado de prevencin tendr la condicin de representante de los profesionales incorporados a efectos de lo dispuesto en el artculo 26 ter.

Quince. El apartado 1 del artculo 28 queda redactado del siguiente modo:

1. Las medidas y rganos de control interno a que se refieren los artculos 26, 26 bis y 26 ter sern objeto de examen anual por un experto externo.

Los resultados del examen sern consignados en un informe escrito que describir detalladamente las medidas de control interno existentes, valorar su eficacia operativa y propondr, en su caso, eventuales rectificaciones o mejoras. No obstante, en los dos aos sucesivos a la emisin del informe podr ste ser sustituido por un informe de seguimiento emitido por el experto externo, referido exclusivamente a la adecuacin de las medidas adoptadas por el sujeto obligado para solventar las deficiencias identificadas.

Mediante orden del Ministro de Economa y Empresa podrn aprobarse los modelos a que habrn de ajustarse los informes emitidos.

El informe se elevar en el plazo mximo de tres meses desde la fecha de emisin al Consejo de Administracin o, en su caso, al rgano de administracin o al principal rgano directivo del sujeto obligado, que adoptar las medidas necesarias para solventar las deficiencias identificadas.

Diecisis. El artculo 30 queda redactado del siguiente modo:

Artculo 30. Proteccin e idoneidad de empleados, directivos y agentes.

1. Los sujetos obligados adoptarn las medidas adecuadas para mantener la confidencialidad sobre la identidad de los empleados, directivos o agentes que hayan realizado una comunicacin de operativa que presente indicios o certeza de estar relacionado con el blanqueo de capitales o la financiacin del terrorismo a los rganos de control interno.

El representante a que se refiere el artculo 26 ter ser la persona que comparecer en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales en relacin con los datos recogidos en las comunicaciones al Servicio Ejecutivo de la Comisin o cualquier otra informacin complementaria que pueda referirse a aqullas cuando se estime imprescindible obtener la aclaracin, complemento o confirmacin del propio sujeto obligado.

2. Los sujetos obligados establecern por escrito y aplicarn polticas y procedimientos adecuados para asegurar altos estndares ticos en la contratacin de empleados, directivos y agentes.

3. Toda autoridad o funcionario tomar las medidas apropiadas a fin de proteger frente a cualquier amenaza o accin hostil a los empleados, directivos o agentes de los sujetos obligados que lleven a cabo estas comunicaciones, siendo aplicables las medidas de proteccin establecidas en el artculo 65.1.

Diecisiete. El apartado 4 del artculo 33 queda redactado del siguiente modo:

4. El acceso a los datos a los que se refiere este precepto deber quedar limitado a los rganos de control interno previstos en el artculo 26 ter, con inclusin de las unidades tcnicas que constituyan los sujetos obligados.

Dieciocho. El artculo 38 queda redactado del siguiente modo:

Artculo 38. Comercio de bienes.

Sin perjuicio de las limitaciones de pagos en efectivo establecidas en el artculo 7.Uno de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificacin de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuacin de la normativa financiera para la intensificacin de las actuaciones en la prevencin y lucha contra el fraude, las personas fsicas o jurdicas que comercien profesionalmente con bienes quedarn sujetas a las obligaciones establecidas en los artculos 3, 17, 18, 19, 21, 24 y 25 respecto de las transacciones en que los cobros o pagos se efecten por personas fsicas no residentes con los medios de pago a que se refiere el artculo 34.2 de esta ley y por importe superior a 10.000 euros, ya se realicen en una o en varias operaciones entre las que parezca existir algn tipo de relacin.

En funcin de un anlisis del riesgo podrn extenderse reglamentariamente respecto de las referidas transacciones todas o algunas de las restantes obligaciones establecidas en la presente ley.

Diecinueve. El artculo 47 queda redactado del siguiente modo:

Artculo 47. Supervisin e Inspeccin.

1. El Servicio Ejecutivo de la Comisin supervisar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley, ajustando su actuacin, respecto de las entidades financieras, a los convenios suscritos al amparo del artculo 44.

La supervisin se podr extender a aquellos sujetos que han sido objeto de una exencin de conformidad con lo previsto en el artculo 2.3 de esta ley, a los efectos de determinar que dichas exenciones no han sido utilizadas de manera abusiva.

En todo caso, el Servicio Ejecutivo de la Comisin podr practicar respecto de cualesquiera sujetos obligados bien individualmente, bien respecto de sus grupos, las actuaciones inspectoras necesarias para comprobar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con las funciones que tiene asignadas. En el supuesto de grupos que incluyan filiales y sucursales en el extranjero, el Servicio Ejecutivo de la Comisin podr supervisar la idoneidad de las polticas y procedimientos aplicados por la matriz a sus filiales y sucursales.

2. Las actuaciones inspectoras del Servicio Ejecutivo de la Comisin y, en caso de convenio, las de los rganos supervisores de las entidades financieras, sern objeto de un plan anual orientativo que aprobar la Comisin de Prevencin del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, sin perjuicio de que por el Comit Permanente pueda acordarse motivadamente la realizacin de actuaciones inspectoras adicionales.

El Servicio Ejecutivo de la Comisin y, en caso de convenio, los rganos supervisores de las entidades financieras, informarn motivadamente a la Comisin de Prevencin del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias con carcter anual de las actuaciones que, incluidas en el Plan del ejercicio anterior, no hayan podido, en su caso, realizarse.

3. La accin supervisora y los planes anuales aprobados se elaborarn con un enfoque basado en el riesgo supervisor, que determinar el tipo, intensidad y periodicidad de la supervisin.

El perfil de riesgo de las entidades obligadas, incluidos los riesgos de incumplimiento, ser revisado peridicamente, y en todo caso cuando se produzcan acontecimientos o novedades importantes en la gestin y el funcionamiento.

El proceso supervisor podr incluir la revisin de los anlisis de riesgo realizados por los sujetos obligados y la adecuacin de las polticas internas, controles y procedimientos a los resultados de este anlisis.

4. Los sujetos obligados, sus empleados, directivos y agentes, prestarn la mxima colaboracin al personal del Servicio Ejecutivo de la Comisin, facilitando sin restriccin alguna cuanta informacin o documentacin se les requiera, incluidos libros, asientos contables, registros, programas informticos, archivos en soporte magntico, comunicaciones internas, actas, declaraciones oficiales, y cualesquiera otros relacionados con las materias sujetas a inspeccin.

5. El Servicio Ejecutivo de la Comisin, o los rganos supervisores a que se refiere el artculo 44, remitirn el correspondiente informe de inspeccin a la Secretara de la Comisin, que propondr lo que resulte procedente al Comit Permanente. Asimismo, el Servicio Ejecutivo de la Comisin, o los rganos supervisores a que se refiere el artculo 44, podrn proponer al Comit Permanente, la adopcin de requerimientos instando al sujeto obligado a adoptar las medidas correctoras que se estimen necesarias.

6. Los informes de inspeccin del Servicio Ejecutivo de la Comisin o de los rganos supervisores tendrn valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus derechos o intereses puedan aportar los interesados.

7. El Servicio Ejecutivo de la Comisin notificar al sujeto obligado las conclusiones de la inspeccin en el plazo mximo de un ao contado desde la cumplimentacin ntegra por parte del sujeto obligado del primer requerimiento de informacin. El plazo podr ser ampliado en seis meses adicionales por acuerdo motivado del Director del Servicio Ejecutivo cuando la inspeccin revista particular complejidad o su prolongacin resulte imputable al sujeto obligado.

Veinte. El artculo 48 queda redactado del siguiente modo:

Artculo 48. Rgimen de colaboracin.

1. Toda autoridad o funcionario que descubra hechos que puedan constituir indicio o prueba de blanqueo de capitales o de financiacin del terrorismo, ya sea durante las inspecciones efectuadas a las entidades objeto de supervisin, o de cualquier otro modo, deber informar de ello al Servicio Ejecutivo de la Comisin. Sin perjuicio de la posible responsabilidad penal, el incumplimiento de esta obligacin por los funcionarios pblicos que no sean sujetos obligados conforme al artculo 2 se sancionar disciplinariamente con arreglo a la legislacin especfica que les sea de aplicacin. La obligacin sealada en este apartado se extender igualmente a la informacin que la Comisin de Prevencin del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias o sus rganos de apoyo requieran en el ejercicio de sus competencias.

2. El Banco de Espaa, la Comisin Nacional del Mercado de Valores, la Direccin General de Seguros y Fondos de Pensiones, la Direccin General de los Registros y del Notariado, el Instituto de Contabilidad y Auditora de Cuentas, los colegios profesionales y los rganos estatales o autonmicos competentes, segn corresponda, informarn razonadamente a la Secretara de la Comisin cuando en el ejercicio de su labor inspectora o supervisora aprecien posibles infracciones de las obligaciones establecidas en esta ley.

3. Los rganos judiciales, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, remitirn testimonio a la Secretara de la Comisin cuando en el curso del proceso aprecien indicios de incumplimiento de la presente ley que no sean constitutivos de delito.

4. Cuando ejerza sus funciones en relacin con entidades financieras sometidas a legislacin especial, el Servicio Ejecutivo de la Comisin podr recabar del Banco de Espaa, de la Comisin Nacional del Mercado de Valores o de la Direccin General de Seguros y Fondos de Pensiones, segn corresponda, toda la informacin y colaboracin precisas para llevarlas a cabo.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en apartado 4, el Servicio Ejecutivo de la Comisin tendr acceso directo a la informacin estadstica sobre movimientos de capitales y transacciones econmicas con el exterior comunicada al Banco de Espaa con arreglo a lo dispuesto en la legislacin aplicable a tales operaciones. Asimismo, las entidades gestoras y la Tesorera General de la Seguridad Social debern ceder los datos de carcter personal y la informacin que hubieran obtenido en el ejercicio de sus funciones a la Comisin de Prevencin del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, a requerimiento de su Servicio Ejecutivo, en el ejercicio de las competencias que esta ley le atribuye.

Veintiuno. Se aade un nuevo artculo 48 bis, que queda redactado del siguiente modo:

Artculo 48 bis. Cooperacin internacional.

1. La Secretara de la Comisin, el Servicio Ejecutivo de la Comisin o los rganos supervisores a que se refiere el artculo 44, cooperarn por propia iniciativa o previa solicitud, con otras autoridades competentes de la Unin Europea siempre que sea necesario para llevar a cabo las funciones establecidas en esta ley, haciendo uso, a tal fin, de todas las facultades que la misma les atribuye. En el marco de esta cooperacin se facilitar a las Autoridades Europeas de Supervisin la informacin necesaria para permitirles llevar a cabo sus obligaciones en materia de prevencin del blanqueo de capitales y de la financiacin del terrorismo.

2. En el caso de autoridades competentes de terceros pases no miembros de la Unin Europea, la cooperacin e intercambio de informacin se condicionar a lo dispuesto en los Convenios y Tratados Internacionales o, en su caso, al principio general de reciprocidad, as como al sometimiento de dichas autoridades extranjeras a las mismas obligaciones de secreto profesional que rigen para las espaolas.

3. El intercambio de informacin del Servicio Ejecutivo de la Comisin con Unidades de Inteligencia Financiera de Estados de la Unin Europea se realizar de conformidad con lo dispuesto en los artculos 51 a 57 de la Directiva 2015/849, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015 relativa a la prevencin de la utilizacin del sistema financiero para la prevencin del blanqueo de capitales o la financiacin del terrorismo.

4. El intercambio de informacin del Servicio Ejecutivo de la Comisin con Unidades de Inteligencia Financiera de terceros pases no miembros de la Unin Europea se realizar de acuerdo con los principios del Grupo Egmont o en los trminos del correspondiente memorando de entendimiento. Los memorandos de entendimiento con Unidades de Inteligencia Financiera sern suscritos por el Director del Servicio Ejecutivo, previa autorizacin de la Comisin de Prevencin del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, debiendo contar con el previo informe favorable de la Agencia Espaola de Proteccin de Datos.

5. La Secretara de la Comisin, el Servicio Ejecutivo de la Comisin o los rganos supervisores a que se refiere el artculo 44 podrn utilizar la informacin recibida nicamente para los fines para los que las autoridades cedentes hayan dado su consentimiento. Esta informacin no ser transmitida a otros organismos o personas fsicas y jurdicas sin el consentimiento expreso de las autoridades competentes que la hayan divulgado.

6. A requerimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera de otro Estado miembro de la Unin Europea, el Servicio Ejecutivo de la Comisin estar facultado para suspender una transaccin en curso, cuando concurran indicios de blanqueo de capitales o financiacin del terrorismo a fin de que por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera requirente se proceda a analizar la transaccin, confirmar la sospecha y comunicar los resultados del anlisis a las autoridades competentes. En los casos de suspensin por indicios de financiacin de terrorismo, informar a la Secretara de la Comisin de Vigilancia de Actividades de Financiacin del Terrorismo cuando exista la previa autorizacin de la Unidad de Inteligencia Financiera requirente.

La suspensin se acordar bajo la responsabilidad de la Unidad de Inteligencia Financiera requirente y ser efectiva por un periodo mximo de un mes. Transcurrido dicho plazo, cesar la suspensin salvo que fuera ratificada o prorrogada judicialmente a solicitud del Ministerio Fiscal.

Veintids. Las letras e) a g) del apartado 1 del artculo 51 quedan redactadas del siguiente modo:

e) El incumplimiento de la obligacin de adoptar las medidas correctoras comunicadas por requerimiento del Comit Permanente a las que se alude en los artculos 26.5, 31.2, 44.2 y 47.5 cuando concurra una voluntad deliberadamente rebelde al cumplimiento.

f) La comisin de una infraccin grave cuando durante los cinco aos anteriores hubiera sido impuesta al sujeto obligado sancin firme en va administrativa por el mismo tipo de infraccin.

g) El incumplimiento de las medidas de suspensin acordadas por el Servicio Ejecutivo de la Comisin de conformidad con el artculo 48 bis.6.

Veintitrs. La letras m) a w) del apartado 1 del artculo 52 quedan redactadas del siguiente modo:

m) El incumplimiento de la obligacin de aprobar por escrito y aplicar polticas y procedimientos adecuados de control interno, en los trminos del artculo 26, incluida la aprobacin por escrito y aplicacin de una poltica expresa de admisin de clientes.

n) El incumplimiento de la obligacin de comunicar al Servicio Ejecutivo de la Comisin la propuesta de nombramiento del representante del sujeto obligado, o la negativa a atender los reparos u observaciones formulados, en los trminos del artculo 26 ter.

) El incumplimiento de la obligacin de establecer rganos adecuados de control interno, con inclusin, en su caso, de las unidades tcnicas, que operen en los trminos previstos en el artculo 26 ter.

o) El incumplimiento de la obligacin de dotar al representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisin y al rgano de control interno de los recursos materiales, humanos y tcnicos necesarios para el ejercicio de sus funciones.

p) El incumplimiento de la obligacin de aprobar y mantener a disposicin del Servicio Ejecutivo de la Comisin un manual adecuado y actualizado de prevencin del blanqueo de capitales y de la financiacin del terrorismo, en los trminos del artculo 26.5.

q) El incumplimiento de la obligacin de examen externo, en los trminos del artculo 28.

r) El incumplimiento de la obligacin de formacin de empleados, en los trminos del artculo 29.

s) El incumplimiento de la obligacin de adoptar por parte del sujeto obligado las medidas adecuadas para mantener la confidencialidad sobre la identidad de los empleados, directivos o agentes que hayan realizado una comunicacin a los rganos de control interno, en los trminos del artculo 30.1.

t) El incumplimiento de la obligacin de aplicar respecto de las sucursales y filiales con participacin mayoritaria situadas en terceros pases las medidas previstas en el artculo 31.

u) El incumplimiento de la obligacin de aplicar sanciones o contramedidas financieras internacionales, en los trminos del artculo 42.

v) El incumplimiento de la obligacin establecida en el artculo 43 de declarar la apertura o cancelacin de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuentas de valores y depsitos a plazo.

w) El incumplimiento de la obligacin de adoptar las medidas correctoras comunicadas por requerimiento del Comit Permanente a las que se alude en los artculos 26.5, 31.2, 44.2 y 47.5 cuando no concurra una voluntad deliberadamente rebelde al cumplimiento.

Veinticuatro. El apartado 5 del artculo 52 queda redactado del siguiente modo:

5. Constituirn infracciones graves de la presente ley el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artculos 4 a 14 y 16 del Reglamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativo a la informacin que acompaa a las transferencias de fondos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n. 1781/2006.

Veinticinco. El artculo 56 queda redactado del siguiente modo:

Artculo 56. Sanciones por infracciones muy graves.

1. Por la comisin de infracciones muy graves se podrn imponer las siguientes sanciones:

a) Multa cuyo importe mnimo ser de 150.000 euros y cuyo importe mximo ascender hasta la mayor de las siguientes cifras: el 10 por ciento del volumen de negocios anual total del sujeto obligado, el duplo del contenido econmico de la operacin, el quntuplo del importe de los beneficios derivados de la infraccin, cuando dichos beneficios puedan determinarse o 10.000.000 euros.

b) Amonestacin pblica.

c) Tratndose de entidades sujetas a autorizacin administrativa para operar, la suspensin temporal o revocacin de sta.

La sancin prevista en la letra a), que ha de ser obligatoria en todo caso, se impondr simultneamente con alguna de las previstas en las letras b) o c).

2. Si el sujeto obligado sancionado es una empresa matriz o una filial de una empresa matriz que tenga que establecer cuentas financieras consolidadas de conformidad con el artculo 22 de la Directiva 2013/34/UE, el volumen de negocios total a considerar para el clculo de la sancin mxima a imponer, ser el volumen de negocios anual total o el tipo de ingreso correspondiente, conforme a las Directivas sobre contabilidad pertinentes, segn la cuenta consolidada ms reciente disponible, aprobada por el rgano de gestin de la empresa matriz.

3. Adems de la sancin que corresponda imponer al sujeto obligado por la comisin de infracciones muy graves, se podrn imponer una o varias de las siguientes sanciones a quienes, ejerciendo en el mismo cargos de administracin o direccin, fueran responsables de la infraccin:

a) Multa a cada uno de ellos por importe de entre 60.000 y 10.000.000 euros.

b) Separacin del cargo, con inhabilitacin para ejercer cargos de administracin o direccin en cualquier entidad de las sujetas a esta ley por un plazo mximo de diez aos.

c) Amonestacin pblica.

La sancin prevista en la letra a), que ha de ser obligatoria en todo caso, podr aplicarse simultneamente con alguna de las previstas en las letras b) o c).

4. En todos los casos, las sanciones impuestas irn acompaadas de un requerimiento al infractor para que ponga fin a su conducta y se abstenga de repetirla.

5. Acordada la imposicin de una sancin de amonestacin pblica, cuando se determine que aqulla pueda perjudicar una investigacin en marcha o poner en peligro la estabilidad de los mercados financieros, la autoridad competente para resolver podr:

a) retrasar la publicacin hasta el momento en que cesen los motivos que justificaron la suspensin;

b) acordar la no publicacin de la sancin de forma definitiva, cuando la estabilidad de los mercados financieros no pueda garantizarse.

Veintisis. El artculo 57 queda redactado del siguiente modo:

Artculo 57. Sanciones por infracciones graves.

1. Por la comisin de infracciones graves se podrn imponer las siguientes sanciones:

a) Multa cuyo importe mnimo ser de 60.000 euros y cuyo importe mximo podr ascender hasta la mayor de las siguientes cifras: el 10 por ciento del volumen de negocios anual total del sujeto obligado, el tanto del contenido econmico de la operacin, ms un 50 por ciento, el triple del importe de los beneficios derivados de la infraccin, cuando dichos beneficios puedan determinarse, o 5.000.000 euros. A los efectos del clculo del volumen de negocios anual, ser de aplicacin lo dispuesto en el artculo 56.2.

b) Amonestacin pblica.

c) Amonestacin privada.

d) Tratndose de entidades sujetas a autorizacin administrativa para operar, la suspensin temporal de sta.

La sancin prevista en la letra a), que ha de ser obligatoria en todo caso, se impondr simultneamente con una de las previstas en las letras b) a d).

2. Adems de la sancin que corresponda imponer al sujeto obligado por la comisin de infracciones graves, se podrn imponer las siguientes sanciones a quienes, ejerciendo en el mismo cargos de administracin o direccin, o la funcin de experto externo, fueran responsables de la infraccin:

a) Multa a cada uno de ellos por un importe mnimo de 3.000 euros y mximo de hasta 5.000.000 euros.

b) Amonestacin pblica.

c) Amonestacin privada.

d) Separacin del cargo, con inhabilitacin para ejercer cargos de administracin o direccin en cualquier entidad de las sujetas a esta ley por un plazo mximo de cinco aos.

La sancin prevista en la letra a), que ha de ser obligatoria en todo caso, se impondr simultneamente con alguna de las previstas en las letras b) a d).

3. En el caso de incumplimiento de la obligacin de declaracin establecida en el artculo 34 se impondrn las siguientes sanciones:

a) Multa, cuyo importe mnimo ser de 600 euros y cuyo importe mximo podr ascender hasta el 50 por ciento del valor de los medios de pago empleados.

b) Amonestacin pblica.

c) Amonestacin privada.

La sancin prevista en la letra a), que ha de ser obligatoria en todo caso, se impondr simultneamente con una de las previstas en las letras b) o c).

4. En todos los casos, las sanciones impuestas irn acompaadas de un requerimiento al infractor para que ponga fin a su conducta y se abstenga de repetirla.

5. Acordada la imposicin de una sancin de amonestacin pblica, cuando se determine que aqulla pueda perjudicar una investigacin en marcha o poner en peligro la estabilidad de los mercados financieros, la autoridad competente para resolver podr:

a) retrasar la publicacin hasta el momento en que cesen los motivos que justificaron la suspensin;

b) acordar la no publicacin de la sancin de forma definitiva, cuando la estabilidad de los mercados financieros no pueda garantizarse.

Veintisiete. El artculo 58 queda redactado del siguiente modo:

Artculo 58. Sanciones por infracciones leves.

Por la comisin de infracciones leves se podrn imponer las siguientes sanciones:

a) Amonestacin privada.

b) Multa por importe de hasta 60.000 euros.

Estas sanciones podrn ir acompaadas de un requerimiento al infractor para que ponga fin a su conducta y se abstenga de repetirla.

Veintiocho. El artculo 59 queda redactado del siguiente modo:

Artculo 59. Graduacin de las sanciones.

1. Las sanciones se graduarn atendiendo a las siguientes circunstancias:

a) La cuanta de las operaciones afectadas por el incumplimiento.

b) Los beneficios obtenidos como consecuencia de las omisiones o actos constitutivos de la infraccin.

c) La circunstancia de haber procedido o no a la subsanacin de la infraccin por propia iniciativa.

d) Las sanciones firmes en va administrativa por infracciones de distinto tipo impuestas al sujeto obligado en los ltimos cinco aos con arreglo a esta ley.

e) El grado de responsabilidad o intencionalidad en los hechos que concurra en el sujeto obligado.

f) La gravedad y duracin de la infraccin.

g) Las prdidas para terceros causadas por el incumplimiento.

h) La capacidad econmica del inculpado, cuando la sancin sea de multa.

i) El nivel de cooperacin del inculpado con las autoridades competentes.

En todo caso, se graduar la sancin de modo que la comisin de las infracciones no resulte ms beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.

2. Para determinar la sancin aplicable de entre las previstas en los artculos 56.3, 57.2 y 58, se tomarn en consideracin las siguientes circunstancias:

a) El grado de responsabilidad o intencionalidad en los hechos que concurra en el interesado.

b) La conducta anterior del interesado, en la entidad inculpada o en otra, en relacin con las exigencias previstas en esta ley.

c) El carcter de la representacin que el interesado ostente.

d) La capacidad econmica del interesado, cuando la sancin sea multa.

e) Los beneficios obtenidos como consecuencias de las omisiones o actos constitutivos de la infraccin.

f) Las prdidas para terceros causadas por el incumplimiento.

g) El nivel de cooperacin del inculpado con las autoridades competentes.

3. Para determinar la sancin aplicable por incumplimiento de la obligacin de declaracin establecida en el artculo 34, se considerarn como agravantes las siguientes circunstancias:

a) La notoria cuanta del movimiento, considerndose en todo caso como tal aqulla que duplique el umbral de declaracin.

b) La falta de acreditacin del origen lcito de los medios de pago.

c) La incoherencia entre la actividad desarrollada por el interesado y la cuanta del movimiento.

d) La circunstancia de ser hallados los medios de pago en lugar o situacin que muestre una clara intencin de ocultarlos.

e) Las sanciones firmes en va administrativa por incumplimiento de la obligacin de declaracin impuestas al interesado en los ltimos cinco aos.

f) El grado de intencionalidad en los hechos que concurra en el interesado.

Veintinueve. Los apartados 5 y 6 y el nuevo apartado 7 del artculo 61 quedan redactados del siguiente modo:

5. La ejecucin de las resoluciones sancionadoras firmes en va administrativa corresponder a la Secretara de la Comisin.

La sancin de amonestacin pblica, una vez sea firme en va administrativa, ser ejecutada en la forma que se establezca en la resolucin, siendo en todo caso publicada en el “Boletn Oficial del Estado” y en la pgina web de la Comisin, donde permanecer disponible durante el plazo de cinco aos. En el supuesto en que la sancin publicada haya sido recurrida en va jurisdiccional, se publicar, sin demora, informacin sobre el estado de tramitacin del recurso y el resultado del mismo.

6. En aquellos supuestos en que la resolucin del expediente sancionador no acuerde la imposicin de una sancin de amonestacin pblica, la Secretara de la Comisin publicar en la pgina web de la Comisin las sanciones firmes en va administrativa impuestas por la comisin de infracciones tipificadas en los artculos 51 y 52, con excepcin de las tipificadas en el apartado 3.a), indicando el tipo y naturaleza de la infraccin cometida y la sancin o sanciones impuestas por cada una de las infracciones cometidas, pero sin identificar a la entidad, persona o personas responsables de la infraccin. Esta informacin permanecer disponible en la web de la Comisin por un plazo de cinco aos.

7. La Secretara de la Comisin informar a las Autoridades Europeas de Supervisin de todas las sanciones impuestas a las entidades de crdito y financieras, incluido cualquier recurso que se haya podido interponer contra las mismas y su resultado.

Treinta. Se aade un nuevo artculo 63 que queda redactado del siguiente modo:

Artculo 63. Comunicacin de infracciones.

1. Los empleados, directivos y agentes de los sujetos obligados que conozcan hechos o situaciones que puedan ser constitutivos de infracciones contempladas en esta ley, los podrn poner en conocimiento del Servicio Ejecutivo de la Comisin.

2. Las comunicaciones sern remitidas al Servicio Ejecutivo de la Comisin por escrito e incorporarn todos los documentos e informaciones sobre los hechos denunciados que permitan justificar la denuncia. Mediante orden del Ministro de Economa y Empresa se aprobar el modelo de comunicacin y se establecern las caractersticas y requisitos del canal de recepcin de comunicaciones, a fin de asegurar su confidencialidad y seguridad.

3. Los programas de formacin de las entidades debern incluir la informacin sobre la existencia de estos mecanismos.

Treinta y uno. Se aade un nuevo artculo 64 que queda redactado del siguiente modo:

Artculo 64. Tratamiento de las comunicaciones.

1. El Servicio Ejecutivo de la Comisin determinar si existe o no sospecha fundada de infraccin en las comunicaciones recibidas de conformidad con el artculo 63. De no existir sospecha fundada o cuando no se concreten suficientemente los hechos o personas responsables de la infraccin, requerir a la persona comunicante para que aclare el contenido de la comunicacin realizada, o lo complemente con nueva informacin, concediendo un plazo para ello no inferior a 15 das. Transcurrido el plazo fijado para la aclaracin o aportacin de nueva informacin, sin que pueda determinarse sospecha fundada, se proceder al archivo de la comunicacin.

2. Las comunicaciones recibidas no tendrn valor probatorio y no podrn ser incorporadas directamente al procedimiento administrativo. Si existen indicios suficientes de veracidad en los hechos imputados y stos son desconocidos para la Administracin, el Servicio Ejecutivo de la Comisin, o los supervisores de las entidades financieras, en caso de convenio de los previstos en el artculo 44. 2 m) de la ley, podrn:

a) Utilizar la informacin obtenida para la definicin del nuevo plan de inspeccin.

b) Realizar actuaciones adicionales de inspeccin, que podrn llevarse a cabo de manera independiente o incardinarse en las acciones de supervisin planificadas en el contexto del desarrollo del plan anual de inspeccin aprobado.

3. Los resultados de las actuaciones de inspeccin llevadas a cabo por el Servicio Ejecutivo de la Comisin sern remitidas a la Secretara de la Comisin, que las elevar a la consideracin del Comit Permanente. Cuando las actuaciones de comprobacin pongan de manifiesto la posible existencia de un ilcito penal, la informacin ser remitida al Ministerio Fiscal para su investigacin.

Treinta y dos. Se aade un nuevo artculo 65 que queda redactado del siguiente modo:

Artculo 65. Proteccin de las personas.

1. Las comunicaciones realizadas al amparo del artculo 63:

a) no constituirn violacin o incumplimiento de las restricciones sobre divulgacin de informacin impuestas por va contractual o por cualquier disposicin legal, reglamentaria o administrativa que pudieran afectar a la persona comunicante, a las personas estrechamente vinculadas con sta, a las sociedades que administre o de las que sea titular real;

b) no constituirn infraccin de ningn tipo en el mbito de la normativa laboral por parte de la persona comunicante, ni de ella podr derivar trato injusto o discriminatorio por parte del empleador;

c) no generarn ningn derecho de compensacin o indemnizacin a favor de la empresa a la que presta servicios la persona comunicante o de un tercero.

2. El Servicio Ejecutivo de la Comisin informar de los diferentes mecanismos legales que la normativa en vigor habilita para la garanta de estos derechos.

3. Las comunicaciones tendrn carcter confidencial, no pudiendo desvelar el Servicio Ejecutivo de la Comisin los datos identificativos de las personas que las hubieran realizado. En el caso de que, como consecuencia de la comunicacin realizada, se inicie un expediente sancionador contra una persona fsica o jurdica, no se incluirn en ningn caso los datos de la persona que llev a cabo la comunicacin.

4. La comunicacin realizada al amparo de lo previsto en el artculo 63 no conferir por s sola la condicin de interesado en el procedimiento administrativo que pudiera iniciarse contra el infractor.

Treinta y tres. La disposicin adicional nica se modifica del modo siguiente:

Disposicin adicional nica. Registro de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos.

1. Las personas fsicas o jurdicas que de forma empresarial o profesional presten todos o alguno de los servicios descritos en el artculo 2.1.o) de esta ley, debern, previamente al inicio de sus actividades, inscribirse de forma obligatoria en el Registro Mercantil competente por razn de su domicilio.

2. Si se trata de personas fsicas empresarios, o de personas jurdicas, sea cual sea su clase y salvo que exista una norma especficamente aplicable, se inscribirn conforme a lo establecido en el Reglamento del Registro Mercantil. Si se trata de personas fsicas profesionales, la inscripcin se practicar exclusivamente de forma telemtica con base en un formulario preestablecido aprobado por orden del Ministro de Justicia.

3. En el caso de personas jurdicas, si no lo establece su norma reguladora, cualquier cambio de administradores, as como cualquier modificacin del contrato social, sern igualmente objeto de inscripcin en el Registro Mercantil.

4. Las personas fsicas o jurdicas que a la fecha de entrada en vigor de esta disposicin adicional estuvieran realizando alguna o algunas de las actividades comprendidas en el artculo 2.1.o) de la ley, y no constaren inscritas, debern, en el plazo de un ao, inscribirse de conformidad con el apartado 2 de esta disposicin adicional. Igualmente, las personas fsicas o jurdicas que ya constaren inscritas en el Registro Mercantil, debern, en el mismo plazo, presentar en el registro una manifestacin de estar sometidas, como sujetos obligados, a las normas establecidas en esta ley. Las personas jurdicas adems debern presentar una manifestacin de quienes sean sus titulares reales en el sentido determinado por el artculo 4.2 b) y c) de esta ley. Estas manifestaciones se harn constar por nota marginal y debern ser actualizadas en caso de cambio en esa titularidad real.

5. Las personas fsicas y jurdicas prestadoras de servicios a sociedades, si no lo dispusieren sus normas reguladoras, estarn sujetas a la obligacin de depositar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil en la forma y con los efectos establecidos en los artculos 279 a 284 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. Tambin le sern aplicables los artculos 365 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil aprobado por Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio. Se excluyen de esta obligacin de depsito de cuentas anuales a los prestadores de servicios a sociedades que sean personas fsicas profesionales.

6. La falta de inscripcin de las personas fsicas o jurdicas que se dediquen a las actividades a que se refiere el artculo 2.1.o) de esta ley, o la falta de manifestacin de sometimiento a la misma o de la titularidad real en el caso de personas jurdicas, tendr la consideracin de infraccin leve a que se refiere el artculo 53. El procedimiento sancionador ser el establecido en el artculo 61.

7. Las personas fsicas o jurdicas a las que les sea aplicable esta disposicin adicional, con la salvedad de las personas fsicas profesionales, debern cada ejercicio, junto con el depsito de sus cuentas anuales en el Registro Mercantil competente, acompaar un documento para su depsito del que resulten los siguientes datos:

a) Los tipos de servicios prestados de entre los comprendidos en el artculo 2.1.o) de esta ley.

b) mbito territorial donde opera, indicando municipio o municipios y provincias.

c) Prestacin de este tipo de servicios a no residentes en el ejercicio de que se trate.

d) Volumen facturado por los servicios especificados en el apartado a) en el ejercicio y en el precedente, si la actividad de prestadores de servicio a sociedades no fuera nica y exclusiva. Si no pudiera cuantificarse se indicar as expresamente.

e) Nmero de operaciones realizadas de las comprendidas en el mencionado artculo 2.1.o), distinguiendo la clase o naturaleza de la misma. Si no se hubiera realizado operacin alguna se indicar as expresamente.

f) En su caso titular real si existiere modificacin del mismo respecto del que ya conste en el Registro, en el sentido indicado en el apartado 4.

8. Las personas fsicas profesionales estarn obligadas a depositar el documento sealado en el apartado anterior en el Registro Mercantil en donde constaren inscritas con excepcin de la mencin sealada en el apartado f). El depsito que se efectuar dentro de los tres primeros meses de cada ao, y se har de forma exclusivamente telemtica de acuerdo con el formulario preestablecido por orden del Ministerio de Justicia. En la Orden aprobatoria del modelo se establecern las medidas que se estimen necesarias para garantizar la seguridad de la indicada comunicacin. La falta de depsito de este documento tendr la consideracin de infraccin leve a los efectos de lo establecido en el artculo 53 de esta ley y podr ser sancionada en la forma establecida en su artculo 58.

9. Se autoriza al Ministerio de Justicia para que por medio de la Direccin General de los Registros y del Notariado dicte las rdenes, instrucciones o resoluciones que sean necesarias para el desarrollo de lo dispuesto en esta disposicin adicional.

Treinta y cuatro. La disposicin final cuarta de la Ley 10/2010, de 28 de abril, se modifica del modo siguiente:

Disposicin final cuarta. Ttulo competencial.

Esta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artculo 149.1. 6. 11. y 13. de la Constitucin que atribuyen al Estado las competencias en materia de legislacin mercantil, de bases de la ordenacin de crdito y de bases y coordinacin de la planificacin general de la actividad econmica, respectivamente.

TTULO III
Transposicin de directiva de la Unin Europea en materia de requisitos de entrada y residencia de nacionales de pases terceros con fines de investigacin, estudios, prcticas, voluntariado, programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos y colocacin au pair
Artculo tercero. Modificacin de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacin.

La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacin, queda modificada como sigue:

Uno. El artculo 72 queda redactado del siguiente modo:

Artculo 72. Formacin, Investigacin, desarrollo e innovacin.

1. Los extranjeros que pretendan entrar en Espaa, o que siendo titulares de una autorizacin de estancia y residencia, deseen realizar actividades de formacin, investigacin, desarrollo e innovacin en entidades pblicas o privadas, debern estar provistos del correspondiente visado o de una autorizacin de residencia para formacin o investigacin que tendr validez en todo el territorio nacional, en los siguientes casos:

a) El personal investigador al que se refieren el artculo 13 y la disposicin adicional primera de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnologa y la Innovacin.

b) El personal cientfico y tcnico que lleve a cabo trabajos de investigacin cientfica, desarrollo e innovacin tecnolgica, en entidades empresariales o centros de I+D+i establecidos en Espaa.

c) Los investigadores acogidos en el marco de un convenio por organismos de investigacin pblicos o privados.

d) Los profesores contratados por universidades, rganos o centros de educacin superior e investigacin, o escuelas de negocios establecidos en Espaa.

2. La autorizacin de residencia para investigacin tendr dos modalidades:

a) Autorizacin de residencia para investigacin UE. Proceder esta autorizacin en el supuesto de extranjeros incluidos en el primer apartado de este artculo que sean titulares de un doctorado o de una cualificacin de educacin superior adecuada que le permita acceder a programas de doctorado, y hayan sido seleccionados por la entidad de investigacin con el fin de realizar una actividad investigadora.

Adems de los requisitos generales del artculo 62, el solicitante de una autorizacin de residencia para investigacin UE deber presentar un convenio de acogida o contrato de trabajo, que, sin perjuicio de los requisitos propios de la modalidad contractual de que se trate, incluir los siguientes elementos:

1. El ttulo o propsito de la actividad de investigacin o el mbito de investigacin.

2. El compromiso, por parte del extranjero, de tratar de completar la actividad de investigacin.

3. El compromiso, por parte de la entidad de investigacin, de acoger al extranjero con el fin de completar la actividad de investigacin.

4. La fecha inicial y final de la actividad de investigacin o su duracin estimada.

5. Informacin, en su caso, sobre la movilidad prevista en otros Estados miembros.

A los efectos de solicitar esta autorizacin, las cartas de invitacin expresamente aceptadas por el investigador podrn ser consideradas como convenios cuando cumplan dicho contenido mnimo.

b) Autorizacin de residencia para investigacin nacional. Proceder esta autorizacin en el supuesto de extranjeros incluidos en el primer apartado de este artculo no contemplados en el apartado 2.a).

3. El perodo de validez de una autorizacin de residencia para investigacin ser de dos aos o igual a la duracin del convenio de acogida o contrato, en caso de ser esta inferior. Una vez cumplido dicho plazo podrn solicitar la renovacin de la autorizacin de residencia por periodos sucesivos de dos aos siempre y cuando se mantengan las condiciones que generaron el derecho de acuerdo con lo previsto en el artculo 76.2.

4. La autorizacin de residencia para investigacin UE habilitar a impartir clases relacionadas con la actividad investigadora, adems de la actividad investigadora, sin perjuicio de la necesidad de cumplir requisitos especficos de acuerdo con la normativa sectorial correspondiente.

5. Los titulares de una autorizacin de residencia para investigacin UE, expedida por Espaa, podrn entrar, residir y desarrollar una investigacin en uno o varios Estados miembros y ser acompaados por los familiares definidos en el artculo 62.4, previa comunicacin o solicitud de autorizacin, en su caso, a las autoridades de dichos Estados de acuerdo con su normativa en aplicacin de la Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a los requisitos de entrada y residencia de los nacionales de pases terceros con fines de investigacin, estudios, prcticas, voluntariado, programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos y colocacin au pair.

6. Las entidades establecidas en otros Estados miembros de la Unin podrn desplazar a Espaa, previa comunicacin a la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratgicos, a los extranjeros titulares de una autorizacin de residencia para investigacin UE expedida en dicho Estado, durante la validez de dicha autorizacin, a los que podrn acompaar los miembros de su familia. Esta comunicacin deber efectuarse cuando se presente la solicitud de autorizacin en el primer Estado o, una vez admitido el investigador en ese primer Estado, tan pronto se tenga conocimiento del proyecto de movilidad.

En la comunicacin se incluir el documento de viaje vlido y la autorizacin vlida expedida por el primer Estado miembro, que abarcar el perodo de movilidad. Adems, la comunicacin incluir:

a) El convenio de acogida o contrato suscrito en el primer Estado miembro as como la duracin prevista y las fechas estimadas de la movilidad.

b) La prueba de que el investigador dispone de un seguro mdico y recursos econmicos suficientes, para s y los miembros de la familia, en su caso, de acuerdo con lo previsto en el artculo 62.3 de esta ley.

7. La Direccin General de Migraciones podr oponerse, de manera motivada, a la movilidad del investigador en el plazo de 30 das a partir de la fecha de recepcin de la comunicacin completa en los siguientes supuestos:

a) Cuando no se cumplan las condiciones previstas en el apartado anterior.

b) Cuando los documentos presentados se hayan adquirido fraudulentamente o hayan sido falsificados o manipulados.

c) Cuando haya transcurrido el perodo de validez de la autorizacin en el otro Estado Miembro.

En caso de oposicin por parte de la Direccin General de Migraciones, el primer Estado permitir la reentrada sin ms trmites del extranjero desplazado y de su familia. Si no se hubiera producido todava el desplazamiento a Espaa, la resolucin denegatoria impedir el mismo.

8. Las entidades dedicadas a la investigacin a las que se refiere el captulo I del ttulo II de la Ley 14/2011, podrn solicitar su inscripcin en la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratgicos. Igualmente podrn solicitar esta inscripcin otras entidades de investigacin previa acreditacin de los requisitos previstos en una Orden Ministerial del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad a iniciativa conjunta de los Ministerios de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y de Economa y Empresa.

La inscripcin tendr una validez de 5 aos renovables si se mantienen los requisitos. Cualquier modificacin de las condiciones deber ser comunicada a la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratgicos en el plazo de 30 das. En caso de no comunicar dicha modificacin, la entidad dejar de estar inscrita en la Unidad.

La entidad inscrita estar exenta de acreditar, en el momento de la solicitud, los requisitos previstos en el artculo 62.3, letras f) y g). No obstante, la Administracin podr efectuar de oficio comprobaciones del cumplimiento de estos requisitos para lo cual la entidad deber disponer de la documentacin acreditativa.

No obstante su inscripcin en la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratgicos, no se beneficiarn de la exencin recin citada las entidades dedicadas a la investigacin que en los tres aos anteriores a la solicitud de inscripcin hayan sido sancionadas por infraccin grave o muy grave en materia de extranjera e inmigracin o no hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos en las comprobaciones de oficio efectuadas por la Administracin.

Se podr retirar la inscripcin o denegar su renovacin cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) La entidad dedicada a la investigacin haya dejado de cumplir los requisitos.

b) La inscripcin se haya obtenido fraudulentamente.

c) Una entidad dedicada a la investigacin haya firmado de forma fraudulenta o con negligencia un convenio de acogida o un contrato con un nacional de un pas tercero.

Cuando se deniegue una solicitud de renovacin o se retire la inscripcin, podr prohibirse a la entidad en cuestin volver a solicitarla antes de que haya transcurrido un perodo de cinco aos a partir de la fecha de publicacin de la decisin de no renovacin o retirada.

9. Una vez finalizada la actividad investigadora, los extranjeros podrn permanecer en Espaa durante un periodo mximo de doce meses con el fin de buscar un empleo adecuado en relacin con el campo de la investigacin realizada o para emprender un proyecto empresarial.

A tal efecto, durante los sesenta das naturales previos a la fecha de expiracin de la vigencia de su autorizacin de residencia y durante los noventa das naturales posteriores a la fecha en que hubiera finalizado la vigencia de dicha autorizacin de residencia, el investigador deber comunicar por medios electrnicos a la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratgicos el deseo de permanecer con el fin antes descrito.

La Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratgicos comprobar con la entidad dedicada a la investigacin, antes de prorrogar la autorizacin, que se ha producido la finalizacin de la actividad investigadora, que dispone de un seguro de enfermedad y el mantenimiento de recursos suficientes. Para acreditar esta ltima circunstancia, el solicitante presentar una declaracin responsable en la que detallar los medios con los que acredite la suficiencia de recursos.

El plazo para resolver esta prrroga ser de 20 das, transcurridos los cuales se entender concedida por silencio administrativo. La comunicacin a la UGE prorrogar la validez de la autorizacin anterior hasta la resolucin del procedimiento.

Una vez concedida la prrroga y durante la vigencia de la misma, en caso de encontrar un empleo adecuado en relacin con el campo de la investigacin realizada o de haber emprendido un proyecto empresarial, se deber solicitar la autorizacin correspondiente de entre las reguladas en la Ley Orgnica 4/2000, de 11 de enero, o en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre.

Dos. Se modifica el apartado 4 del artculo 75 que queda redactado en los siguientes trminos:

4. Los visados de residencia previstos en esta seccin se expedirn conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 265/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de marzo de 2010, por el que se modifica el Convenio de aplicacin del Acuerdo de Schengen y el Reglamento (CE) 562/2006 por lo que se refiere a la circulacin de personas con visados de larga duracin. Estos visados tendrn validez de un ao o igual a la duracin de la autorizacin de residencia, en caso de ser esta inferior, y autorizarn la residencia de su titular en Espaa sin necesidad de tramitar la tarjeta de identidad de extranjero.

Tres. Se modifica el artculo 76 que queda redactado del siguiente modo:

Artculo 76. Procedimiento de autorizacin.

1. La tramitacin de las autorizaciones de residencia previstas en esta seccin se efectuar por la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratgicos, a travs de medios telemticos y su concesin corresponder a la Direccin General de Migraciones.

El plazo mximo de resolucin ser de veinte das desde la presentacin electrnica de la solicitud en el rgano competente para su tramitacin. Si no se resuelve en dicho plazo, la autorizacin se entender estimada por silencio administrativo. Las resoluciones sern motivadas y podrn ser objeto de recurso de alzada, de acuerdo con lo previsto en los artculos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas.

La solicitud de autorizaciones de residencia previstas en esta seccin prorrogar la vigencia de la situacin de residencia o de estancia de la que fuera titular el solicitante hasta la resolucin del procedimiento.

2. Una vez concedida la autorizacin, si la misma tuviera una vigencia superior a seis meses, se deber solicitar la tramitacin de la tarjeta de identidad de extranjero.

3. Los titulares de una autorizacin regulada en esta seccin podrn solicitar su renovacin por periodos de dos aos siempre y cuando mantengan las condiciones que generaron el derecho, sin perjuicio de lo establecido en el artculo 67.2. Las renovaciones se tramitarn utilizando medios electrnicos. La Direccin General de Migraciones podr recabar los informes necesarios para pronunciarse sobre el mantenimiento de las condiciones que generaron el derecho.

La presentacin de la solicitud de renovacin prorrogar la validez de la autorizacin hasta la resolucin del procedimiento. Tambin se prorrogar en el supuesto en que la solicitud se presentara en los noventa das posteriores a la finalizacin de la anterior autorizacin, sin perjuicio de la incoacin, en su caso, del correspondiente expediente sancionador.

Cuatro. Se aade una disposicin adicional decimosptima que queda redactada del siguiente modo:

Disposicin adicional decimosptima. Autorizacin de residencia al estudiante para la bsqueda de empleo o para emprender un proyecto empresarial.

1. Una vez finalizados los estudios en una institucin de educacin superior, los extranjeros, que hayan alcanzado como mnimo el Nivel 6 de acuerdo al Marco Europeo de Cualificaciones, correspondiente a la acreditacin de grado, podrn permanecer en Espaa durante un perodo mximo e improrrogable de doce meses con el fin de buscar un empleo adecuado en relacin con el nivel de los estudios finalizados o para emprender un proyecto empresarial.

2. A tal efecto, durante los sesenta das naturales previos a la fecha de expiracin de la vigencia de su autorizacin de estancia por estudios y durante los noventa das naturales posteriores a la fecha en que hubiera finalizado la vigencia de dicha autorizacin de estancia, el estudiante solicitar mediante medios electrnicos una autorizacin de residencia para la bsqueda de empleo o para emprender un proyecto empresarial a la Delegacin o Subdelegacin del Gobierno de la provincia en la que vaya a residir, que nicamente comprobar que se ha obtenido el ttulo o certificado de educacin superior u otra prueba de cualificacin oficial, que cuenta con seguro mdico y el mantenimiento de recursos suficientes. Para acreditar esta ltima circunstancia, el solicitante presentar una declaracin responsable en la que detallar los medios con los que acredite la suficiencia de recursos.

3. La solicitud en el plazo indicado en el apartado anterior prorroga la validez de la autorizacin anterior hasta la resolucin del procedimiento. Todo ello, sin perjuicio de la posible incoacin del correspondiente procedimiento sancionador por la infraccin en que se hubiese incurrido de haber caducado la autorizacin.

4. El plazo para resolver esta autorizacin ser de 20 das, transcurridos los cuales se entender concedida por silencio administrativo.

5. Durante la vigencia de la autorizacin de residencia para la bsqueda de empleo o para emprender un proyecto empresarial, podr estar acompaado por sus familiares en caso de que estos ya le hubiesen acompaado durante su estancia por estudios. Su permanencia estar en todo caso vinculada a la situacin del titular de la autorizacin principal.

6. Durante la vigencia de la autorizacin de residencia para la bsqueda de empleo o para emprender un proyecto empresarial, en caso de encontrar un empleo adecuado en relacin con el nivel de los estudios finalizados o de haber emprendido un proyecto empresarial, se deber solicitar la autorizacin correspondiente de entre las reguladas en la Ley Orgnica 4/2000, de 11 de enero, o en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre.

Cinco. Se aade una disposicin adicional decimoctava, que queda redactada del siguiente modo:

Disposicin adicional decimoctava. Autorizacin de residencia para prcticas.

1. Los extranjeros que hayan obtenido un ttulo de educacin superior en los dos aos anteriores a la fecha de solicitud o que estn realizando estudios que conducen a la obtencin de un ttulo de educacin superior en Espaa o en el extranjero, podrn participar en un programa de prcticas mediante la firma de un convenio de prcticas o contrato de trabajo en prcticas con el fin de mejorar sus conocimientos, su prctica y su experiencia en un entorno profesional.

2. Para ello debern estar provistos de una previa autorizacin de residencia para prcticas y, en caso de que no se hallen o residan en territorio espaol, del correspondiente visado que ser emitido de conformidad con los procedimientos descritos en esta ley.

3. La autorizacin de residencia para prcticas ser solicitada por la entidad de acogida mediante medios electrnicos y tendr validez en todo el territorio nacional. La solicitud se dirigir a la Delegacin o Subdelegacin del Gobierno en la provincia en la que vaya a desarrollarse la actividad que resolver en el plazo de 30 das. Si no se resuelve en dicho plazo, la autorizacin se entender estimada por silencio administrativo.

4. El solicitante deber acreditar los siguientes requisitos para solicitar la autorizacin de residencia para prcticas:

a) Que el extranjero ha sido admitido para la realizacin de prcticas en base a la firma de un convenio de prcticas con una entidad de acogida, que contemple una formacin terica y prctica. El convenio de prcticas contendr, al menos:

1. Una descripcin del programa de prcticas, incluido el objetivo educativo o los componentes de las prcticas.

2. La duracin de las prcticas.

3. Las condiciones de las prcticas y de su supervisin.

4. Las horas de prcticas.

5. La relacin jurdica entre la persona en prcticas y la entidad de acogida.

b) Que el extranjero ha obtenido un ttulo de educacin superior en los dos aos anteriores a la fecha de solicitud o que est realizando estudios que conducen a la obtencin de un ttulo de educacin superior.

c) Que las prcticas se efectan en el mismo campo acadmico y al mismo nivel de cualificacin que el ttulo de educacin superior o el programa de estudios referido.

d) Que el extranjero dispondr durante su residencia de seguro de enfermedad y de recursos suficientes.

e) Que el extranjero carece de antecedentes penales en sus pases anteriores de residencia durante los ltimos cinco aos por delitos previstos en el ordenamiento espaol y no figura como rechazable en el espacio territorial de los pases con los que Espaa tenga firmado un convenio en tal sentido.

f) Que, en su caso, el extranjero se encuentra regularmente en territorio espaol.

5. En aquellos supuestos en los que el extranjero queda vinculado con la entidad de acogida mediante un contrato de trabajo en prcticas, no se aplicar la situacin nacional de empleo. Sin perjuicio de someterse a la regulacin propia del trabajo en prcticas, este contrato deber contener, al menos, el contenido previsto en este artculo para el convenio.

6. El perodo de validez de esta autorizacin de residencia para prcticas ser de seis meses o igual a la duracin del convenio de prcticas, de ser esta inferior. Esta autorizacin podr ser renovada, por una sola vez, no pudiendo exceder de un ao el periodo total de la autorizacin inicial y de su prrroga. En el caso de que se trate de un contrato de trabajo en prcticas, la duracin ser la prevista en el mismo regida por la legislacin laboral aplicable en cada momento.

7. Los extranjeros que hubieran obtenido una autorizacin de residencia de conformidad con la presente disposicin, podrn solicitar la tarjeta de identidad de extranjero.

Seis. Se aade una disposicin adicional decimonovena, que queda redactada del siguiente modo:

Disposicin adicional decimonovena. Tasa por autorizaciones de residencia y tramitacin de comunicaciones.

1. La presente tasa se regir por las fuentes normativas establecidas en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Pblicos.

2. Constituye el hecho imponible de la tasa la tramitacin y expedicin de las autorizaciones de residencia, sus prrrogas, renovaciones y visados, as como la tramitacin de las comunicaciones que se prevn en esta ley.

3. La tasa se devengar con la solicitud de la autorizacin, prrroga, renovacin o visado o, en el caso de comunicaciones, cuando estas se efecten.

4. Sern sujetos pasivos los solicitantes de las autorizaciones y dems actuaciones referidas a las mismas y quienes resulten legitimados para efectuar las comunicaciones.

5. El importe de la tasa se establecer por orden ministerial, atendiendo al coste de los servicios prestados. La gestin y liquidacin de la tasa se ajustar a las normas que se establezcan en dicha orden ministerial.

Siete. Se modifica la disposicin final novena, cuyo penltimo prrafo queda redactado en los siguientes trminos:

La Seccin 2. del Ttulo V y las disposiciones adicionales cuarta, quinta, sexta, sptima, decimosptima, decimoctava y decimonovena se dictan al amparo del artculo 149.1.2. de la Constitucin en materia de nacionalidad, inmigracin, extranjera y derecho de asilo.

Ocho. La actual disposicin final decimotercera pasa a ser decimocuarta y la nueva disposicin final decimotercera queda redactada del siguiente modo:

Disposicin final decimotercera. Aplicacin de la Ley Orgnica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en Espaa y su integracin social.

En lo no previsto en esta Ley, en relacin con la movilidad internacional, ser de aplicacin la Ley Orgnica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en Espaa y su integracin social.

Artculo cuarto. Modificacin del Reglamento de la Ley Orgnica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espaa y su integracin social, tras su reforma por Ley Orgnica 2/2009, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.

El Reglamento de la Ley Orgnica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espaa y su integracin social, tras su reforma por Ley Orgnica 2/2009, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, queda modificado en los siguientes trminos:

Uno. Se modifica el apartado 3 del artculo 37, que queda redactado en los siguientes trminos:

3. Sin perjuicio de lo establecido en el artculo 40, la duracin de la estancia ser igual a la de la actividad respecto a la que se concedi la autorizacin, con el lmite mximo de un ao; o de dos aos, cuando el programa de estudios se desarrolle en una institucin de enseanza superior autorizada y conduzca a la obtencin de un ttulo de educacin superior reconocido, lo que puede incluir un curso preparatorio a dicha educacin superior o unas prcticas de formacin obligatoria.

Dos. Se modifica el artculo 38 que queda redactado en los trminos siguientes:

Artculo 38. Requisitos para obtener el visado y/o autorizacin de estancia.

Se deber acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos generales para la obtencin del visado y/o autorizacin de estancia previstos en este Captulo:

1. Con carcter general y para todos los supuestos previstos en el artculo anterior:

a) Requisitos a valorar por la Misin diplomtica u Oficina consular en el caso de solicitudes de visado, y por la Oficina de Extranjera en el caso de autorizaciones de estancia solicitadas a favor de extranjeros que ya se encuentran regularmente en Espaa:

1. Si el extranjero fuera menor de edad, y cuando no venga acompaado de sus padres o tutores y no se encuentre bajo el supuesto del artculo 189, estar autorizado por stos para el desplazamiento a Espaa a efectos de realizar la actividad de que se trate, con constancia del centro, organizacin, entidad y organismo responsable de la actividad y del periodo de estancia previsto.

2. Tener garantizados los medios econmicos necesarios para sufragar los gastos de estancia y regreso a su pas, y, en su caso, los de sus familiares, de acuerdo con las siguientes cuantas:

Para su sostenimiento, una cantidad que represente mensualmente el 100% del IPREM, salvo que se acredite debidamente tener abonado de antemano el alojamiento por todo el tiempo que haya de durar la estancia.

En el supuesto de participacin en un programa de movilidad de alumnos, para seguir un programa de enseanza secundaria y/o bachillerato en un centro docente o cientfico oficialmente reconocido, la acreditacin de la cuanta prevista en el prrafo anterior ser sustituida por el hecho de que el programa de movilidad contenga previsiones que garanticen que el sostenimiento del extranjero queda asegurado dentro del mismo.

Para el sostenimiento de los familiares que estn a su cargo, durante su estancia en Espaa: una cantidad que represente mensualmente el 75% del IPREM, para el primer familiar, y el 50% del IPREM para cada una de las restantes personas que vayan a integrar la unidad familiar en Espaa, salvo que se acredite debidamente tener abonado de antemano el alojamiento por todo el tiempo que haya de durar la estancia.

No se computarn, a los efectos de garantizar ese sostenimiento, las cuantas utilizadas o a utilizar para sufragar, en su caso, el coste de los estudios, del programa de movilidad o de las prcticas no laborales.

3. Haber abonado la tasa por tramitacin del procedimiento.

4. Contar con un seguro pblico o un seguro privado de enfermedad concertado con una Entidad aseguradora autorizada para operar en Espaa.

5. Cuando la duracin de la estancia supere los seis meses, se requerir, adems:

No padecer ninguna de las enfermedades que pueden tener repercusiones de salud pblica graves de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Sanitario Internacional de 2005.

Cuando se trate de solicitantes mayores de edad penal, carecer de antecedentes penales en los pases de residencia durante los ltimos cinco aos, por delitos previstos en el ordenamiento espaol.

b) Requisito a valorar por la Oficina de Extranjera: cuando se trate de solicitantes mayores de edad penal y para estancias superiores a seis meses, que carecen de antecedentes penales en Espaa, durante los ltimos cinco aos.

2. Adems de los requisitos de carcter general establecidos en el apartado anterior, ser necesario cumplir, para cada uno de los supuestos de estancia previstos, los siguientes requisitos especficos, a valorar por la Oficina de Extranjera:

a) Realizacin o ampliacin de estudios: haber sido admitido en un centro de enseanza autorizado en Espaa, para la realizacin de un programa de tiempo completo, que conduzca a la obtencin de un ttulo o certificado de estudios.

b) Realizacin de actividades de investigacin o formacin: haber sido admitido en un centro reconocido oficialmente en Espaa para la realizacin de dichas actividades. En el caso de actividades de investigacin, dicho centro ser una Universidad, un centro del Consejo Superior de Investigaciones Cientficas u otra institucin pblica o privada deI+D.

c) Participacin en un programa de movilidad de alumnos, para seguir un programa de enseanza secundaria y/o bachillerato en un centro docente o cientfico oficialmente reconocido:

1. Haber sido admitido en un centro de enseanza secundaria y/o bachillerato o cientfico oficialmente reconocido.

2. Haber sido admitido como participante en un programa de movilidad de alumnos, llevado a cabo por una organizacin oficialmente reconocida para ello.

3. Que la organizacin de movilidad de alumnos se haga responsable del alumno durante su estancia, en particular en cuanto al coste de sus estudios, as como los gastos de estancia y regreso a su pas.

4. Ser acogido por una familia o institucin durante su estancia, en las condiciones normativamente establecidas, y que habr sido seleccionada por la organizacin responsable del programa de movilidad de alumnos en que participa.

d) Realizacin de prcticas no laborales, en el marco de un convenio firmado con un organismo o entidad pblica o privada: haber sido admitido para la realizacin de prcticas no remuneradas, en base a la firma de un convenio, en una empresa pblica o privada o en un centro de formacin profesional reconocido oficialmente.

e) Prestacin de un servicio de voluntariado:

1. Presentar un convenio firmado con la organizacin encargada del programa de voluntariado, que incluya una descripcin de las actividades y de las condiciones para realizarlas, del horario a cumplir, as como de los recursos disponibles para cubrir su viaje, manutencin y alojamiento durante su estancia.

2. Que la organizacin haya suscrito un seguro de responsabilidad civil por sus actividades. Este requisito no se exigir a los voluntarios que participen en el Servicio Voluntario Europeo.

Tres. El artculo 39 queda redactado en los siguientes trminos:

Artculo 39. Procedimiento.

1. La solicitud del visado deber presentarse personalmente o mediante representacin en la misin diplomtica u oficina consular espaola en cuya demarcacin resida el extranjero, en modelo oficial.

2. A dicha solicitud se acompaarn los siguientes documentos:

a) Pasaporte en vigor o ttulo de viaje, reconocido como vlido en Espaa, con una vigencia mnima del periodo para el que se solicita la estancia.

b) La documentacin que acredite el cumplimiento de todos los requisitos previstos en el artculo anterior, en funcin del supuesto concreto en que se fundamente la solicitud.

Sin perjuicio de ello, la inexistencia de antecedentes penales en Espaa ser comprobada de oficio por la Administracin.

3. La oficina consular requerir, por medios electrnicos, resolucin de la Delegacin o Subdelegacin del Gobierno competente sobre la autorizacin de estancia.

Ser competente la Delegacin o Subdelegacin del Gobierno en la provincia en la que vaya a iniciarse la actividad.

Con carcter previo a dictar resolucin sobre la autorizacin de estancia, la Delegacin o Subdelegacin del Gobierno requerir informe policial, cuyo contenido valorar en el marco de su decisin.

El plazo mximo para resolver sobre la autorizacin ser de siete das desde la recepcin de la solicitud, transcurridos los cuales sin haber obtenido respuesta se entender que su sentido es favorable.

4. Si la resolucin sobre la autorizacin de estancia es desfavorable, la misin diplomtica u oficina consular notificar al interesado el sentido de la resolucin, informndole por escrito en el mismo documento de los recursos administrativos y judiciales que procedan contra la misma, los rganos ante los que deban interponerse y los plazos previstos para ello. Igualmente, la misin diplomtica u oficina consular resolver el archivo del procedimiento relativo al visado.

5. Concedida, en su caso, la autorizacin de estancia, la misin diplomtica u oficina consular resolver y expedir, en su caso, el visado. La duracin del visado ser igual al periodo de estancia autorizado, salvo en los supuestos en los que proceda la emisin de Tarjeta de Identidad de Extranjero.

6. En el supuesto de concesin del visado, el extranjero deber recogerlo personalmente en el plazo de dos meses desde su notificacin. De no efectuarse en el plazo mencionado la recogida, se entender que el interesado ha renunciado al visado concedido y se producir el archivo del procedimiento.

7. En el supuesto del artculo 37.1.a), la solicitud de la autorizacin de estancia por estudios podr presentarse por el extranjero, personalmente, mediante representacin o a travs de los medios telemticos habilitados para ello, en el modelo oficial, en la Delegacin o Subdelegacin del Gobierno en la provincia en la que vaya a iniciarse la actividad siempre y cuando se halle regularmente en territorio espaol y presente la solicitud con una antelacin mnima de un mes a la fecha de expiracin de su situacin. En estos casos, ser la Delegacin o Subdelegacin del Gobierno la encargada de valorar los documentos que acompaen a la solicitud y de resolver y notificar al interesado el sentido de la resolucin en un plazo mximo de un mes.

8. Sin perjuicio de lo anterior, la solicitud de autorizaciones de estancia para la realizacin de programas de enseanza superior, podrn presentarse por la institucin en la que va a cursar los estudios el extranjero, debiendo acompaar a la solicitud los documentos requeridos que sern valorados por la Delegacin o Subdelegacin del Gobierno correspondiente. El plazo mximo para resolver y notificar ser de un mes. Una vez obtenida la autorizacin, el estudiante deber obtener el correspondiente visado si se encontrase fuera del territorio espaol.

Las instituciones de enseanza superior que suscriban un cdigo de buenas prcticas podrn solicitar la tramitacin colectiva de estas autorizaciones, que estar basada en la gestin planificada de un cupo temporal de autorizaciones presentadas por tales instituciones de educacin superior. En estos casos, el plazo mximo para resolver y notificar ser de 15 das.

9. El visado o autorizacin de estancia sern denegados:

a) En su caso, cuando consten antecedentes penales del solicitante en los pases de residencia durante los ltimos cinco aos por delitos previstos en el ordenamiento espaol.

b) Cuando, para fundamentar la peticin, se hayan presentado documentos falsos o formulado alegaciones inexactas, o medie mala fe.

c) Cuando concurra una causa prevista legalmente de inadmisin a trmite que no hubiera sido apreciada en el momento de la recepcin de la solicitud.

10. Si la estancia tuviera una duracin superior a seis meses, el extranjero deber solicitar la correspondiente Tarjeta de Identidad de Extranjero en el plazo de un mes desde la entrada efectiva en Espaa.

Cuatro. Se modifica el artculo 44, que queda redactado en los siguientes trminos:

Artculo 44. Movilidad dentro de la Unin Europea.

1. Los estudiantes que posean una autorizacin de estancia vlida para la realizacin de programas de enseanza superior, expedida por Espaa, y que participen en un programa de la Unin o multilateral que incluya medidas de movilidad o que estn cubiertos por un acuerdo entre dos o ms instituciones de enseanza superior, tendrn derecho a entrar y permanecer en uno o varios Estados Miembros a fin de realizar parte de sus estudios en una institucin de enseanza superior previa comunicacin a las autoridades de dichos Estados de acuerdo con su normativa en aplicacin de la Directiva (UE) 2016/801, durante un perodo de hasta 360 das por Estado miembro.

2. Los estudiantes que posean una autorizacin vlida expedida por otro Estado miembro de conformidad con la Directiva (UE) 2016/801 y que participen en un programa de la Unin o multilateral que incluya medidas de movilidad o que estn cubiertos por un acuerdo entre dos o ms instituciones de enseanza superior, tendrn derecho a entrar y permanecer en Espaa, durante un perodo de hasta 360 das, a fin de realizar parte de sus estudios en una institucin de educacin superior espaola, previa comunicacin a la Delegacin del Gobierno o Subdelegacin en la provincia en la que vaya a iniciarse la actividad.

La comunicacin se realizar en cualquier momento anterior a la entrada en territorio espaol y, a ms tardar, en el plazo de un mes desde que se efecte la misma por la institucin de educacin superior espaola, con indicacin de la duracin prevista y las fechas de la movilidad.

En la comunicacin se incluir el documento de viaje vlido y la autorizacin vlida expedida por el primer Estado miembro que abarcar el perodo total de movilidad. Adems la comunicacin incluir la prueba de que el estudiante est realizando parte de sus estudios en el marco de un programa de la Unin o multilateral que incluye medidas de movilidad o de un acuerdo entre dos o ms instituciones de enseanza superior y la prueba de que el estudiante ha sido aceptado por una institucin de educacin superior espaola.

La correspondiente Delegacin o Subdelegacin del Gobierno podr presentar objeciones a la movilidad del estudiante, dentro de un plazo de 30 das a partir de la fecha de recepcin de la comunicacin completa, cuando:

a) No se cumplan las condiciones establecidas en este apartado.

b) Los documentos presentados se hayan adquirido fraudulentamente o hayan sido falsificados o manipulados o sea aplicable alguno de los motivos de denegacin de una solicitud de autorizacin.

c) Haya transcurrido la duracin mxima de estancia a la que se refiere este apartado.

En caso de oposicin a la movilidad no se permitir al estudiante realizar parte de sus estudios en la institucin de enseanza superior espaola y el primer Estado permitir la reentrada sin ms trmites del extranjero desplazado. Si no se hubiera producido todava el desplazamiento a Espaa, la resolucin denegatoria impedir el mismo.

3. Los estudiantes extranjeros que hayan sido admitidos para la realizacin o ampliacin de estudios en otro Estado miembro de la Unin Europea, pero que no estn cubiertos por un programa de la Unin o multilateral que incluya medidas de movilidad o por un acuerdo entre dos o ms instituciones de enseanza superior, podrn presentar una solicitud de autorizacin para entrar y permanecer en Espaa a fin de cursar o completar parte de sus estudios en una institucin de enseanza superior espaola no siendo exigible la obtencin de visado.

La solicitud podr ser presentada en cualquier momento anterior a la entrada en territorio espaol y, a ms tardar, en el plazo de un mes desde que se efecte la misma.

Se presentar, dirigida a la Oficina de Extranjera correspondiente a la provincia en que est situado el centro de enseanza, ante la oficina consular espaola correspondiente al lugar previo de residencia en la Unin Europea o ante la propia Oficina de Extranjera.

A la solicitud se acompaar la siguiente documentacin.

a) Documentacin acreditativa de su condicin de admitido como estudiante en otro Estado miembro de la Unin Europea.

b) Documentacin acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artculo 38, apartados 1 y 2.a).

La Oficina de Extranjera tramitar la solicitud y notificar la resolucin en el plazo mximo de un mes.

Concedida, en su caso, la autorizacin, el extranjero deber entrar en Espaa en el plazo mximo de tres meses desde la notificacin de la resolucin, de no encontrarse ya en territorio espaol.

En caso de autorizaciones de estancia de duracin superior a seis meses, el extranjero habr de solicitar personalmente la Tarjeta de Identidad de Extranjero, ante la Oficina de Extranjera o la Comisara de Polica correspondientes, en el plazo de un mes desde la notificacin de la resolucin o, en su caso, de la entrada en Espaa.

TTULO IV
Modificacin de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre rgimen jurdico de los movimientos de capitales y de las transacciones econmicas con el exterior
Artculo quinto. Modificacin de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre rgimen jurdico de los movimientos de capitales y de las transacciones econmicas con el exterior.

El apartado 3 del artculo 12 de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre rgimen jurdico de los movimientos de capitales y de las transacciones econmicas con el exterior, queda redactado del siguiente modo:

3. El procedimiento sancionador de las infracciones contempladas en esta ley ser el previsto, con carcter general, para el ejercicio de la potestad sancionadora. El plazo mximo para resolver el procedimiento y notificar la resolucin ser de un ao a contar desde la fecha del acuerdo de incoacin, sin perjuicio de la posibilidad de suspensin por el instructor del cmputo del plazo en los supuestos sealados en el artculo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas.

TTULO V
Modificacin de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas
Artculo sexto. Modificacin de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas.

Se modifica la disposicin final sptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas, que queda redactada en los siguientes trminos:

Disposicin final sptima. Entrada en vigor.

La presente Ley entrar en vigor al ao de su publicacin en el “Boletn Oficial del Estado”.

No obstante, las previsiones relativas al registro electrnico de apoderamientos, registro electrnico, registro de empleados pblicos habilitados, punto de acceso general electrnico de la Administracin y archivo nico electrnico producirn efectos a partir del da 2 de octubre de 2020.

Disposicin transitoria nica. Diligencia debida de operadores de juego.

Los operadores de juego se ajustarn exclusivamente a las obligaciones en materia de diligencia debida existentes con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley durante tres meses desde dicha fecha.

Disposicin derogatoria nica. Derogacin normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto-ley.

En particular, queda derogado el artculo 38 bis de la Ley Orgnica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espaa y su integracin social y el Captulo IV del Ttulo IV, que comprende los artculos 73 a 84, del Reglamento de la Ley Orgnica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espaa y su integracin social, tras su reforma por Ley Orgnica 2/2009, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.

Disposicin final primera. Incorporacin de Derecho de la Unin Europea.

Mediante este real decreto-ley se incorporan al Derecho espaol las siguientes Directivas:

Directiva 2014/50/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a los requisitos mnimos para reforzar la movilidad de los trabajadores entre Estados miembros mediante la mejora de la adquisicin y el mantenimiento de los derechos complementarios de pensin.

Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevencin de la utilizacin del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiacin del terrorismo y por la que se modifica el Reglamento (UE) 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisin.

Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a los requisitos de entrada y residencia de los nacionales de pases terceros con fines de investigacin, estudios, prcticas, voluntariado, programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos y colocacin au pair.

Disposicin final segunda. Ttulo competencial.

El artculo primero se dicta al amparo de la competencia exclusiva que corresponde al Estado en materia de legislacin mercantil establecida en el artculo 149.1.6. de la Constitucin.

Los artculos segundo y quinto de este real decreto-ley se dictan al amparo de lo dispuesto en el artculo 149.1.6., 11. y 13. de la Constitucin que atribuyen al Estado las competencias en materia de legislacin mercantil, de bases de la ordenacin del crdito y de bases y coordinacin de la planificacin general de la actividad econmica, respectivamente.

Los artculos tercero y cuarto de este real decreto-ley se dictan en ejercicio de las competencias exclusivas que corresponden al Estado en materia de inmigracin y extranjera, establecidas en el artculo 149.1.2. de la Constitucin.

El artculo sexto de este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artculo 149.1.18. de la Constitucin que atribuye al Estado la competencia para dictar las bases del rgimen jurdico de las Administraciones Pblicas y competencia en materia de procedimiento administrativo comn.

Disposicin final tercera. Salvaguarda del rango de ciertas disposiciones reglamentarias.

Las determinaciones incluidas en normas reglamentarias que son objeto de modificacin por este real decreto-ley podrn ser modificadas por normas del rango reglamentario correspondiente a la norma en que figuran.

Disposicin final cuarta. Habilitacin normativa.

Se habilita al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecucin del presente real decreto-ley.

Disposicin final quinta. Entrada en vigor.

El presente real decreto-ley entrar en vigor el da de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

Dado en Madrid, el 31 de agosto de 2018.

FELIPE R.

La Presidenta del Gobierno en funciones,

CARMEN CALVO POYATO

Análisis

  • Rango: Real Decreto-ley
  • Fecha de disposición: 31/08/2018
  • Fecha de publicación: 04/09/2018
  • Entrada en vigor: 4 de septiembre de 2018.
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • SE PUBLICA Acuerdo de convalidacin, por Resolucin de 20 de septiembre de 2018 (Ref. BOE-A-2018-13181).
Referencias anteriores
  • DEROGA:
    • el captulo IV del ttulo IV y MODIFICA los arts. 37 a 39 y 44 del Reglamento aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril (Ref. BOE-A-2011-7703).
    • el art. 38 bis de la Ley Orgnica 4/2000, de 11 de enero (Ref. BOE-A-2000-544).
  • MODIFICA:
    • la disposicin final 7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (Ref. BOE-A-2015-10565).
    • los arts. 72, 75 y 76 y disposiciones finales 9 y 13 y AADE las disposiciones adicionales 17 a 19 y final 14 a la Ley 14/2013, de 27 de septiembre (Ref. BOE-A-2013-10074).
    • y AADE determinados preceptos a la Ley 10/2010, de 28 de abril (Ref. BOE-A-2010-6737).
    • el art. 12.3 de la Ley 19/2003, de 4 de julio (Ref. BOE-A-2003-13471).
    • la disposicin adicional 1 y AADE las disposiciones transitorias 9 y 10 a la Ley de Regulacin de los Planes y Fondos de Pensiones, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre (Ref. BOE-A-2002-24252).
  • TRANSPONE:
Materias
  • Administracin electrnica
  • Altos cargos
  • Comisin de Prevencin del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
  • Comunicaciones
  • Contrato de seguro
  • Cooperacin internacional
  • Delitos monetarios
  • Documentos
  • Empresas
  • Entidades de crdito
  • Entidades financieras
  • Extranjeros
  • Ficheros con datos personales
  • Formacin profesional
  • Informacin
  • Infracciones
  • Internet
  • Investigacin cientfica
  • Juego
  • Libre circulacin de personas
  • Ministerio de Justicia
  • Pagos
  • Procedimiento administrativo
  • Profesiones tituladas
  • Registros administrativos
  • Registros telemticos
  • Representacin
  • Residencia
  • Sanciones
  • Secretara General del Tesoro y Financiacin Internacional
  • Sistema financiero
  • Sociedades
  • Tasas
  • Terrorismo
  • Trabajadores
  • Unin Europea
  • Visados

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