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Documento BOE-A-2011-10598

Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las circunstancias de ejecucin de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de localizacin permanente en centro penitenciario, de determinadas medidas de seguridad, as como de la suspensin de la ejecucin de la penas privativas de libertad y sustitucin de penas.

TEXTO

La Ley Orgnica 5/2010, de 22 de junio, ha incidido de manera tan relevante en el sistema de medidas penales –penas y medidas de seguridad– diseado por el vigente Cdigo Penal, que por s misma hace necesario un nuevo marco reglamentario regulador de las circunstancias de ejecucin de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad y de localizacin permanente, de determinadas medidas de seguridad, as como de la suspensin y sustitucin de la ejecucin de las penas privativas de libertad, del mismo modo que la Ley Orgnica 15/2003, de 25 de noviembre, determin el Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo.

As, respecto de la pena de localizacin permanente, pueden destacarse como novedades significativas la ampliacin de su lmite de cumplimiento, que como pena leve pasa de doce das a tres meses; su expresa previsin como pena menos grave, con duracin comprendida entre tres meses y un da hasta los seis meses; la expresa regulacin de su cumplimiento excepcional en centro penitenciario en rgimen de fin de semana y das festivos, como respuesta apropiada para supuestos de reiteracin de infracciones, actualmente limitadas a las faltas de hurto; la novedosa proyeccin de su mbito de aplicacin al marco de la sustitucin de las penas privativas de libertad; y finalmente la habilitacin de manera expresa a la Autoridad Judicial para que pueda acordar la utilizacin de medios de control mecnicos y electrnicos que permitan la localizacin del reo.

A su vez, respecto de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad dicha reforma legal ha supuesto una clara ampliacin de su contenido estricto, consistente en la prestacin no remunerada de actividades de utilidad social, al contemplarse la posibilidad de la eventual participacin del penado en talleres o programas formativos o de reeducacin de contenido y proyeccin plural -laborales, culturales, de educacin vial, sexual y otros similares-, que si bien ya se haba anticipado en el Real Decreto 1849/2009, de 4 de diciembre, que modific el Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo, ahora ya no ve restringida su aplicacin a infracciones relacionadas con la seguridad vial.

Adems la reforma legal ha abordado una importante modificacin de la regulacin de las medidas de seguridad, que se articula entre otros aspectos, en primer lugar, en que se ha sustituido el catlogo de las medidas de seguridad no privativas de libertad, destacando la introduccin de la libertad vigilada, que impone el cumplimiento por el sentenciado de ciertas obligaciones y prohibiciones judicialmente establecidas –a las que se han reconducido las medidas de seguridad suprimidas, juntamente con otras diferentes–, y a ello debe sumarse la previsin dentro de la libertad vigilada de una modalidad postpenitenciaria, cuya aplicacin se reserva por la ley a una peligrosidad criminal asociada no ya a supuestos de inimputabilidad o semiimputabilidad, sino a la propia tipologa delictiva, bien que limitada a casos muy tasados –delitos de terrorismo y ciertos delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Por otra parte la reforma de la Ley Orgnica 5/2010, de 22 de junio, ha suprimido la intervencin del Juez de Vigilancia en la dinmica del procedimiento revisor de las medidas de seguridad no privativas de libertad, dando as acogida al criterio establecido por el Tribunal Supremo, que a su vez asumi en este sentido anteriores advertencias doctrinales y de los propios Jueces de Vigilancia; tan solo se ha conservado su presencia en la custodia familiar y en relacin con la libertad vigilada postpenitenciaria, atendida en este ltimo caso la inmediata relacin del Juez de Vigilancia con las Instituciones Penitenciarias a las que se confi el cumplimiento material de la pena de prisin, tras cuyo trmino se activa esta modalidad de libertad vigilada.

La necesidad de adaptar la actividad de las Instituciones Penitenciarias en relacin con estas nuevas previsiones legales justifica, como se ha dicho, la necesidad de un nuevo marco reglamentario. Pero adems se han incorporado varias novedades, de ndole terminolgica unas; nacidas otras de la conveniencia de racionalizar la intervencin de las Instituciones Penitenciarias conforme a los cometidos naturales que le son propios; y finalmente, la reordenacin del procedimiento de definicin de los planes administrativos -de ejecucin, o control e intervencin y seguimiento-, otorgndole carcter ejecutivo, bien que sometido al necesario control judicial, ante las distorsiones originadas por el modelo aplicado hasta ahora.

Respecto de las novedades terminolgicas, puede researse en primer lugar la mencin de los Servicios de gestin de penas y medidas alternativas, unidades administrativas dependientes de la Administracin penitenciaria que estn configuradas como equipos multidisciplinares en los que se integran los servicios sociales penitenciarios, y que tienen encomendado el cumplimiento de las penas y medidas alternativas a la privacin de libertad; en segundo lugar la expresa referencia a la resolucin o mandamiento judicial de la medida penal de que se trate, para designar la resolucin que comunica a la Institucin Penitenciaria su deber de activar el correspondiente plan de ejecucin, o de intervencin, control y seguimiento; y finalmente, la cita del rgano jurisdiccional competente para la ejecucin, que viene a sustituir a la mencin del Juez o Tribunal sentenciador: las nuevas realidades derivadas de la aparicin de los Jueces de Ejecutorias y especialmente de la posibilidad que el Juez de Instruccin sea el juez sentenciador en los casos de conformidad contemplados en el trmite del artculo 801 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se entiende que obligan a contemplar una nueva denominacin de esa Autoridad Judicial a la que se atribuye la competencia de hacer ejecutar lo juzgado, que ya no necesariamente se corresponde con la tradicional denominacin de Juez o Tribunal sentenciador.

Entre las dems novedades, cabe destacar las realizadas en la pena de trabajo en beneficio de la comunidad. As, debe partirse de que la legislacin impone que el cumplimiento de todas las penas y medidas de seguridad debe realizarse bajo el control de los Jueces y Tribunales, conforme a lo establecido en el art. 3.2 del vigente Cdigo Penal; pero la existencia de un control judicial de ejecucin presupone la existencia de una ejecucin administrativa que pueda llegar a ser controlada, y en este sentido el mecanismo elegido por el Real Decreto 515/2005 era el de un control judicial a priori, basado en una propuesta de la Administracin que en el caso del trabajo en beneficio de la comunidad el Juez de Vigilancia deba previamente aprobar, lo que en la prctica implicaba dificultades de notificacin de las resoluciones judiciales a reos que no se encuentran a inmediata disposicin del Juzgado correspondiente. En el nuevo modelo diseado por el presente real decreto, ordenada la ejecucin por el rgano jurisdiccional competente, articulada a travs de la oportuna orden o mandamiento judicial de ejecucin –o de control y seguimiento–, la Administracin Penitenciaria proceder a su materializacin, definiendo un plan administrativo que se concretar previa citacin para audiencia del sentenciado, que tiene as la oportunidad de expresar sus prioridades individuales y sociales –familiares, educativas, laborales–; una vez notificado al sentenciado el plan, ste tiene ejecutividad, y el sentenciado deber proceder a su cumplimiento escrupuloso, sin perjuicio de las facultades revisoras de la Autoridad Judicial a la que se confe el control judicial de legalidad de la ejecucin administrativa de la medida penal de que se trate, articuladas a travs de la puesta en conocimiento del plan, sin perjuicio de que el sentenciado pueda oponerse al mismo.

Por lo dems, en el captulo I se regula el objeto del real decreto, que se concentra en la ordenacin de la actividad penitenciaria ante la regulacin de estas medidas penales –penas y medidas de seguridad–, e incorpora las definiciones de conceptos que aparecen reiteradamente a lo largo del articulado para facilitar su comprensin; en el captulo II se regulan las circunstancias de ejecucin de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad; en el captulo III se regula las condiciones de ejecucin de la pena de localizacin permanente en la modalidad de cumplimiento en Centro Penitenciario; en el captulo IV se regula el procedimiento de control y seguimiento, realizado por la Administracin penitenciaria, de las obligaciones y prohibiciones impuestas como condicin de la suspensin de ejecucin de penas privativas de libertad o de la sustitucin judicialmente establecidas; en el captulo V se regula el procedimiento de ejecucin de medidas de seguridad, dividindose en dos secciones, la primera relativa a las medidas de seguridad privativas de libertad, donde se hace una remisin a lo establecido en el Reglamento Penitenciario respecto del cumplimiento en Hospital Psiquitrico Penitenciario; la segunda, dedicada a la libertad vigilada pospenitenciaria, regulando la necesidad de elevacin de un informe que concrete el contenido de dicha libertad vigilada por parte de la Junta de Tratamiento a solicitud del Juez de Vigilancia penitenciaria, en orden a la propuesta que el mismo debe dirigir al rgano jurisdiccional competente para la ejecucin. Finalmente, el captulo VI regula las disposiciones comunes aplicables a todo el real decreto.

En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior, con la aprobacin previa del Ministro de Poltica Territorial y Administracin Pblica, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberacin del Consejo de Ministros en su reunin del da 17 de junio de 2011,

DISPONGO:

CAPTULO I
Disposiciones generales
Artculo 1. Objeto.

Este real decreto tiene por objeto la regulacin de las actuaciones que debe realizar la Administracin penitenciaria para hacer efectivo el cumplimiento de las penas de localizacin permanente en centro penitenciario, de trabajos en beneficio de la comunidad, de determinadas medidas de seguridad, as como de la sustitucin y suspensin de la ejecucin de las penas privativas de libertad.

Artculo 2. Definiciones.

A los efectos de este real decreto, se entender por:

1. Trabajos en beneficio de la comunidad, que no podrn imponerse sin el consentimiento del penado, le obligan a prestar su cooperacin no retribuida en determinadas actividades de utilidad pblica, que podrn consistir, en relacin con delitos de similar naturaleza al cometido por el penado, en labores de reparacin de los daos causados o de apoyo o asistencia a las vctimas, as como en la participacin del penado en talleres o programas formativos o de reeducacin, laborales, culturales, de educacin vial, sexual y otros similares

2. Localizacin permanente: La localizacin permanente tendr una duracin de hasta seis meses. Su cumplimiento obliga al penado a permanecer en su domicilio o en un lugar determinado fijado por el juez en la sentencia, o posteriormente en auto motivado.

No obstante, en los casos en los que la localizacin permanente est prevista como pena principal, atendiendo a la reiteracin en la comisin de la infraccin y siempre que as lo disponga expresamente el concreto precepto aplicable, el Juez podr acordar en sentencia que la pena de localizacin permanente se cumpla los sbados, domingos y das festivos en el centro penitenciario ms prximo al domicilio del penado.

3. Libertad vigilada: La libertad vigilada consistir en el sometimiento del condenado a control judicial a travs del cumplimiento por su parte de alguna o algunas de las siguientes medidas sealadas en el artculo 106 del Cdigo Penal:

a) La obligacin de estar siempre localizable mediante aparatos electrnicos que permitan su seguimiento permanente.

b) La obligacin de presentarse peridicamente en el lugar que el Juez o Tribunal establezca.

c) La de comunicar inmediatamente, en el plazo mximo y por el medio que el Juez o Tribunal seale al efecto, cada cambio del lugar de residencia o del lugar o puesto de trabajo

d) La prohibicin de ausentarse del lugar donde resida o de un determinado territorio sin autorizacin del Juez o Tribunal.

e) La prohibicin de aproximarse a la vctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal.

f) La prohibicin de comunicarse con la vctima, o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal.

g) La prohibicin de acudir a determinados territorios, lugares o establecimientos.

h) La prohibicin de residir en determinados lugares.

i) La prohibicin de desempear determinadas actividades que puedan ofrecerle o facilitarle la ocasin para cometer hechos delictivos de similar naturaleza.

j) La obligacin de participar en programas formativos, laborales, culturales, de educacin sexual u otros similares.

k) La obligacin de seguir tratamiento mdico externo, o de someterse a un control mdico peridico.

4. Servicios de gestin de penas y medidas alternativas: unidades administrativas multidisciplinares dependientes de la Administracin penitenciaria que tienen encomendado la tarea de ejecucin de las medidas y penas alternativas a la privacin de libertad.

5. Establecimientos penitenciarios: aquellos centros de la Administracin penitenciaria destinados al cumplimiento de las penas y de las medidas de seguridad privativas de libertad.

CAPTULO II
Del cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad
Artculo 3. Comunicacin de la resolucin judicial.

Recibida la resolucin o mandamiento judicial que determine las condiciones de cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, as como los particulares necesarios, los servicios de gestin de penas y medidas alternativas del lugar donde el penado tenga fijada su residencia realizarn las actuaciones necesarias para hacer efectivo el cumplimiento de la pena.

Artculo 4. Determinacin de los puestos de trabajo.

1. El trabajo en beneficio de la comunidad ser facilitado por la Administracin estatal, autonmica o local. A tal fin, podrn establecer los oportunos convenios entre s o con entidades pblicas o privadas que desarrollen actividades de utilidad pblica, debiendo remitir mensualmente a la Administracin penitenciaria la relacin de plazas disponibles en su territorio.

2. La Administracin penitenciaria supervisar sus actuaciones y les prestar el apoyo y asistencia necesarios para su eficaz desarrollo.

3. El penado podr proponer un trabajo concreto, que ser valorado por la Administracin penitenciaria para la verificacin del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Cdigo Penal y en este real decreto, ponindose en conocimiento del Juez de Vigilancia Penitenciaria.

Artculo 5. Valoracin y seleccin del trabajo.

1. Los servicios de gestin de penas y medidas alternativas, una vez recibidos el mandamiento u orden judicial de ejecucin y los particulares necesarios, realizarn la valoracin del caso para determinar la actividad ms adecuada, informando al penado de las distintas plazas existentes, con indicacin expresa de su cometido y del horario en que debera realizarlo; as mismo, se escuchar la propuesta que el penado realice.

Cuando las circunstancias o caractersticas vinculadas a la persona condenada, o derivadas de su etiologa delictiva, as lo aconsejen, los profesionales de los servicios de gestin de penas y medidas alternativas ofertarn al penado que la pena de trabajo en beneficio de la comunidad se cumpla con su participacin en talleres o programas formativos o de reeducacin, laborales, culturales, de educacin vial, sexual y otros similares, de los que la Administracin Penitenciaria venga desarrollando como parte de las polticas pblicas de esta naturaleza, o que cuenten con su aprobacin si el cumplimiento mediante esta modalidad se realizara en un mbito o institucin no penitenciaria.

2. Al citar al penado, los servicios de gestin de penas y medidas alternativas le advertirn de las consecuencias de su no comparecencia. En los supuestos de incomparecencia no justificada remitirn los testimonios oportunos al rgano jurisdiccional competente para la ejecucin.

3. Realizada la valoracin, se elaborar el plan de ejecucin dndose traslado al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria para su control, sin perjuicio de su inmediata ejecutividad.

No obstante, en el caso de que el penado acredite fehacientemente que se opone al cumplimiento del plan de ejecucin, se informar al Juez de Vigilancia Penitenciaria de tal hecho, a los efectos que considere oportunos.

Artculo 6. Jornada y horario.

1. Cada jornada tendr una duracin mxima de ocho horas diarias. Para determinar la duracin y el plazo en el que debern cumplirse las jornadas, se valorarn las cargas personales o familiares del penado, as como sus circunstancias laborales y, en el caso de programas o talleres, la naturaleza de los mismos.

2. La ejecucin de esta pena estar regida por un principio de flexibilidad para compatibilizar, en la medida de lo posible, el normal desarrollo de las actividades diarias del penado con el cumplimiento de la pena impuesta. A tal efecto, cuando concurra causa justificada, se podr contemplar el cumplimiento de la pena de forma partida, en el mismo o en diferentes das.

Artculo 7. Seguimiento y control.

1. Durante el cumplimiento de la condena, el penado deber seguir las instrucciones que reciba del Juez de Vigilancia Penitenciaria, de los servicios de gestin de penas y medidas alternativas, as como las directrices de la entidad para la que preste el trabajo.

2. La Administracin pblica o entidad privada que desarrolle actividades de utilidad pblica y que haya facilitado el trabajo al penado, informar peridicamente a los servicios de gestin de penas y medidas alternativas de la actividad que va siendo desarrollada por el penado y de las incidencias relevantes durante el desarrollo del plan de ejecucin, as como de la finalizacin del mismo.

Artculo 8. Incidencias durante el cumplimiento.

Efectuadas las verificaciones necesarias, los servicios de gestin de penas y medidas alternativas comunicarn al Juez de Vigilancia Penitenciaria las incidencias relevantes de la ejecucin de la pena, a los efectos y en los trminos previstos en el artculo 49.6. y 7. del Cdigo Penal.

Artculo 9. Informe final.

Una vez cumplido el plan de ejecucin, los servicios de gestin de penas y medidas alternativas informarn de tal extremo al Juez de Vigilancia Penitenciaria y al rgano jurisdiccional competente para la ejecucin, a los efectos oportunos.

Articulo 10. Informacin general y particular.

1. La Administracin Penitenciaria facilitar, con carcter general a las autoridades judiciales y fiscales y a los colegios de abogados, cuando as se reclamen por stas, informacin relativa a esta pena, su forma de ejecucin y trabajo disponible.

2. Esta informacin tambin se transmitir a todas aquellas personas, previa solicitud de stas, que se encuentren en situacin procesal susceptible de que se les aplique esta pena, as como a sus letrados.

Artculo 11. Seguridad Social y prevencin de riesgos laborales.

1. Los penados a trabajos en beneficio de la comunidad que se encuentren cumplindola, nicamente estarn incluidos en la accin protectora del Rgimen General de la Seguridad Social a efectos de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por los das de prestacin efectiva de dicho trabajo, salvo que realicen el cumplimiento de esta pena mediante su participacin en talleres o programas formativos o de reeducacin, laborales, culturales, de educacin vial, sexual y otros similares, en cuyo caso estarn excluidos de la citada accin protectora.

2. En las mismas condiciones previstas en el apartado anterior, estarn protegidos por la normativa laboral en materia de prevencin de riesgos laborales.

CAPTULO III
Del cumplimiento de la pena de localizacin permanente en centro penitenciario
Artculo 12. Competencia de la Administracin penitenciaria.

La Administracin penitenciaria ser competente para la ejecucin de la pena de localizacin permanente en los casos en los que haya recado resolucin judicial que acuerde que el lugar de cumplimiento sea un establecimiento penitenciario.

Artculo 13. Lugar, horario y modo de cumplimiento.

1. Cuando conforme a lo establecido en el artculo 37.1 del Cdigo Penal as se disponga por la autoridad judicial, la pena de localizacin permanente se cumplir los sbados, domingos y das festivos en el establecimiento penitenciario ms prximo al domicilio del penado. En el caso de que existan varios establecimientos penitenciarios en la misma localidad, el lugar de cumplimiento se determinar por la Administracin penitenciaria.

2. Recibida la resolucin o mandamiento judicial que determine el cumplimiento de la pena de localizacin permanente en establecimiento penitenciario, as como los particulares necesarios, por el establecimiento penitenciario se definir el plan de ejecucin y ser comunicado al rgano jurisdiccional competente para la ejecucin, sin perjuicio de su inmediata ejecutividad. Se entregar una copia del mismo al penado, que firmar la notificacin.

3. No obstante, en el caso de que el penado acredite fehacientemente que se opone al plan de ejecucin, se informar al rgano jurisdiccional competente para la ejecucin de tal hecho, a los efectos que considere oportunos.

4. El ingreso tendr lugar el sbado o da festivo inmediatamente anterior entre las 9 y las 10 horas y la permanencia ser ininterrumpida hasta las 21 horas del domingo o, en su caso, del da festivo inmediatamente posterior. Este mismo horario se observar en el supuesto de da festivo no enlazado.

No se admitir al penado que se presente una vez transcurrido el horario de ingreso, o bien dentro de ese horario evidenciando un estado psicofsico incompatible con el normal cumplimiento de la pena, o concurriendo circunstancias que notoriamente obstaculicen el mismo. De estos hechos se levantar acta en la que se indicar expresamente la hora en la que se ha presentado y las razones alegadas por el penado para justificar el retraso, as como las circunstancias concurrentes, en su caso, remitindose al rgano jurisdiccional competente para la ejecucin.

5. El penado cumplir la pena de localizacin permanente en la celda que se le asigne. Se procurar que disfrute de un mnimo de 4 horas diarias fuera de la misma.

El penado tendr derecho a disponer, a su costa, de un pequeo reproductor de msica o radio en su celda, as como de libros, prensa y revistas impresas de pblica circulacin, y no podr recibir comunicaciones, visitas ni paquetes.

6. El penado deber respetar las normas de rgimen interior, mantener en buen estado su celda, efectuando las labores de limpieza y aseo de la misma antes de desalojarla, adoptar las medidas de higiene personal que se le indiquen, mantener un buen comportamiento y acatar las instrucciones y rdenes que reciba.

7. La tenencia de ropa y dems efectos personales en el interior de la celda quedar limitada a la que sea normal para su uso durante el tiempo de permanencia en el Centro, debiendo ser objeto de determinacin en las normas de rgimen interior.

8. El penado estar sometido al rgimen general del establecimiento, en cuanto resulte de aplicacin a la naturaleza de esta pena y su forma de ejecucin.

9. Cumplida la pena, el establecimiento penitenciario remitir un informe final al rgano jurisdiccional competente para la ejecucin.

10. En defecto de lo establecido en los apartados anteriores se aplicarn los preceptos de la Ley Orgnica General Penitenciaria y de su Reglamento de desarrollo, en cuanto no se opongan a la naturaleza de la pena ni a sus condiciones de cumplimiento.

CAPTULO IV
De la suspensin de la ejecucin de penas privativas de libertad y de la sustitucin de penas
Artculo 14. Comunicacin de la resolucin judicial.

Recibida la resolucin o mandamiento judicial que determine las condiciones de cumplimiento de la suspensin de la ejecucin de una pena privativa de libertad, as como los particulares necesarios, cuando se imponga algunos de los deberes u obligaciones previstos en el artculo 83.1.5. y 6. del Cdigo Penal o la condicin de tratamiento y dems requisitos previstos en su artculo 87, los servicios que gestionan las penas y medidas alternativas del lugar donde el penado tenga fijada su residencia realizarn las actuaciones necesarias para hacer efectivo su cumplimiento.

Artculo 15. Elaboracin del plan de intervencin y seguimiento.

1. Una vez recibida en los servicios de gestin de penas y medidas alternativas la documentacin prevista en el artculo anterior, procedern al estudio y valoracin de la situacin del condenado y, en atencin a la misma, elaborarn el plan individual de intervencin y seguimiento, que se comunicar para su conocimiento al rgano jurisdiccional competente para la ejecucin sin perjuicio de su inmediata ejecutividad.

2. En el caso de que las circunstancias del condenado hagan necesario modificar alguna de las obligaciones inicialmente impuestas, se realizar la propuesta en el plan de intervencin y se estar a la espera de lo que resuelva el rgano jurisdiccional competente para la ejecucin.

3. No obstante, en el caso de que el penado acredite fehacientemente que se opone al cumplimiento del plan de intervencin, se informar al rgano jurisdiccional competente para la ejecucin de tal hecho, a los efectos que considere oportunos

Artculo 16. Remisin al centro o servicio especfico.

Cuando corresponda, los servicios de gestin de penas y medidas alternativas remitirn el caso al servicio o centro correspondiente, para que el condenado inicie o contine el tratamiento o programa judicialmente establecidos.

Artculo 17. Seguimiento y control.

Durante el periodo de suspensin, los servicios de gestin de penas y medidas alternativas efectuarn el control de las condiciones fijadas en el plan de intervencin y seguimiento.

Artculo 18. Informes.

1. Los servicios de gestin de penas y medidas alternativas informarn al rgano jurisdiccional competente para la ejecucin sobre la observancia de las reglas de conducta impuestas cuando as lo solicite o con la frecuencia que ste determine y, en todo caso, cada tres meses conforme al Cdigo Penal.

2. As mismo, informarn cuando las circunstancias personales del condenado se modifiquen, cuando se produzca cualquier incumplimiento de las reglas de conducta impuestas y cuando haya finalizado el cumplimiento de las obligaciones impuestas.

Articulo 19. Sustitucin de penas.

En el supuesto de sustitucin regulado en el artculo 88.1 del Cdigo Penal, si se impusiere al condenado, junto a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad la obligacin de seguir un programa especfico de reeducacin y tratamiento psicolgico, los servicios de gestin de penas y medidas alternativas remitirn el condenado al centro, institucin o servicio especfico para la realizacin de dicho programa, de forma compatible con el cumplimiento de la pena, y realizarn el pertinente seguimiento del programa del que informarn oportunamente al rgano jurisdiccional competente para la ejecucin.

CAPITULO V
Del cumplimiento de medidas de seguridad competencia de la administracin penitenciaria
Seccin 1. Medidas de seguridad privativas de libertad
Artculo 20. Medidas de seguridad.

Las medidas de seguridad se cumplirn en los centros adecuados, pblicos o concertados de las Administraciones pblicas competentes por razn de la materia y del territorio.

Articulo 21. Competencia de la Administracin Penitenciaria.

La Administracin penitenciaria ser competente para la ejecucin de las medidas privativas de libertad de internamiento en establecimiento o unidad psiquitrica penitenciaria.

Artculo 22. Cumplimiento en establecimiento o unidad psiquitrica.

1. Cuando la autoridad judicial acuerde la imposicin de una medida de seguridad de internamiento en un establecimiento o unidad psiquitrica penitenciaria, se estar a lo dispuesto en los artculos 183 a 191 del Reglamento Penitenciario vigente.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior es tambin aplicable a los casos en los que el Juez de Vigilancia Penitenciaria imponga una medida de seguridad de internamiento al amparo de lo previsto en el artculo 60 del Cdigo Penal.

Seccin 2. Libertad vigilada posterior al cumplimiento de la pena privativa de libertad
Artculo 23. Competencia de la Administracin Penitenciaria.

En los supuestos en que se haya impuesto al penado la medida de libertad vigilada de cumplimiento posterior a una pena privativa de libertad, la Administracin Penitenciaria, antes de finalizar el cumplimiento de la pena privativa de libertad y a solicitud del Juez de Vigilancia Penitenciaria, elevar a ste un informe tcnico sobre la evolucin del penado, a los efectos previstos en el artculo 106, prrafo 2, del Cdigo Penal. El referido informe ser elaborado por la Junta de Tratamiento, u rgano autonmico equivalente, del Centro Penitenciario en el que el penado se encuentre cumpliendo condena, o del que est adscrito si se encuentra en libertad condicional.

CAPTULO VI
Disposiciones comunes
Artculo 24. rganos penitenciarios competentes.

1. La Administracin penitenciaria, a travs de los servicios de gestin de penas y medidas alternativas del lugar donde el penado tenga fijada su residencia, recibir las resoluciones judiciales, as como los particulares necesarios, dentro de su mbito competencial.

2. No obstante, en el caso de la pena de localizacin permanente en establecimiento penitenciario, libertad vigilada pospenitenciaria y medidas de seguridad privativas de libertad, en su caso, dicha comunicacin se efectuar al establecimiento penitenciario en el que se encuentre ingresado.

Artculo 25. Coordinacin en casos de penas o medidas de seguridad impuestas por hechos relacionados con la violencia de gnero.

En los casos en los que alguna de las penas o medidas previstas en este real decreto sean impuestas por hechos relacionados con la violencia de gnero, la Administracin Penitenciaria coordinar sus actuaciones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las Oficinas de Asistencia a las Vctimas y la Delegacin del Gobierno para la Violencia de Gnero.

Artculo 26. Traslados de expedientes.

Cuando una persona sometida a alguna de las penas, medidas o suspensin cuya ejecucin regula este real decreto traslade su residencia de una provincia a otra, o a las Ciudades de Ceuta y Melilla, los servicios de gestin de penas y medidas alternativas informarn al juzgado o tribunal competente.

Artculo 27. Comisin tcnica de apoyo y seguimiento.

1. La Administracin penitenciaria podr crear una comisin tcnica de apoyo y seguimiento, conformada por el personal penitenciario que se determine, para que realice funciones de mera informacin y apoyo tcnico a los rganos competentes de la Administracin penitenciaria, en aquellas tareas de implementacin del sistema de ejecucin de las penas desarrolladas en este real decreto. Dicha comisin tendr la naturaleza jurdica propia de un grupo de trabajo, de conformidad con lo previsto en el apartado tercero del artculo 40 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizacin y Funcionamiento de la Administracin General del Estado.

2. De la comisin tcnica de apoyo y seguimiento a la que se refiere el apartado anterior podrn formar parte, asimismo, los representantes de las entidades pblicas o privadas que colaboren en la ejecucin de las distintas penas y medidas de seguridad.

Disposicin derogatoria nica. Derogacin normativa.

1. Queda derogado expresamente el Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo, por el que se establecen las circunstancias de ejecucin de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de localizacin permanente, de determinadas medidas de seguridad, as como de la suspensin de la ejecucin de las penas privativas de libertad.

2. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en este real decreto.

Disposicin final primera. Habilitacin competencial.

El presente real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artculo 149.1.6. de la Constitucin, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar la legislacin penitenciaria.

Disposicin final segunda. Desarrollo normativo.

Se autoriza a los Ministros de Justicia, del Interior, de Trabajo e Inmigracin, de Sanidad, Poltica Social e Igualdad a dictar, en el mbito de sus respectivas competencias, cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecucin de lo dispuesto en este real decreto.

Disposicin final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrar en vigor a los veinte das de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

Dado en Madrid, el 17 de junio de 2011.

JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior,

ALFREDO PREZ RUBALCABA

Análisis

  • Rango: Real Decreto
  • Fecha de disposición: 17/06/2011
  • Fecha de publicación: 18/06/2011
  • Entrada en vigor: 8 de julio de 2011.
Referencias anteriores
  • DEROGA Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo (Ref. BOE-A-2005-7426).
  • DE CONFORMIDAD con la Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre (Ref. BOE-A-1995-25444).
Materias
  • Instituciones penitenciarias
  • Juzgados de Vigilancia Penitenciaria
  • Medidas de seguridad
  • Penas
  • Presos y penados

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