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Documento BOE-A-2005-7426

Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo, por el que se establecen las circunstancias de ejecucin de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad y de localizacin permanente, de determinadas medidas de seguridad, as como de la suspensin de la ejecucin de las penas privativas de libertad.

TEXTO

La Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre, del Cdigo Penal, que entr en vigor el 25 de mayo de 1996, configur un nuevo sistema de penas y medidas de seguridad. La reforma del Cdigo Penal, operada por la Ley Orgnica 15/2003, de 25 de noviembre, supone una revisin parcial de dicho sistema, de la que pueden destacarse, entre otros aspectos, la desaparicin de la pena de arresto de fin de semana, la creacin de la pena de localizacin permanente y la nueva regulacin de la sustitucin de las penas privativas de libertad y de la ejecucin de las medidas de seguridad

Por otro lado, y al amparo de lo establecido en la Ley Orgnica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, la Administracin penitenciaria se encuentra obligada a hacer efectivo el cumplimiento de las penas en ejecucin de las correspondientes resoluciones judiciales.

Teniendo en cuenta, por un lado, la ausencia de desarrollo reglamentario de la ejecucin de las medidas de seguridad, de la suspensin de la ejecucin de las penas privativas de libertad y de la pena de localizacin permanente y, por otro, advertida la necesidad de modificar la ejecucin de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad para adaptarla a la citada reforma del Cdigo Penal, este Real Decreto viene a reordenar la actividad penitenciaria con la finalidad de atender, con los medios disponibles en la actualidad, la puesta en prctica ms eficaz de la reforma penal producida. El Real Decreto, adems, se limita exclusivamente a regular la asignacin de funciones que corresponden a los servicios sociales penitenciarios en relacin con esta materia, por cuanto corresponde al legislador, por prescripcin constitucional, la asignacin de funciones a jueces y magistrados.

Para la ejecucin de estas penas y medidas de seguridad es necesaria una instancia de coordinacin entre los rganos judiciales penales, los servicios sociales y los sanitarios. El Cdigo Penal, en el artculo 83.2, establece que los servicios correspondientes de la Administracin competente informarn al juez o tribunal sentenciador sobre la observancia de las reglas de conducta, remisin que se reitera en el artculo 105 del mismo texto legal. A su vez, el artculo 49.6 establece que los servicios sociales penitenciarios realizarn el seguimiento de la ejecucin de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad. Por lo tanto, son los citados servicios sociales penitenciarios los que deben dar respuesta a la coordinacin que ha de establecerse entre los rganos judiciales y los servicios comunitarios.

El captulo I regula el objeto del Real Decreto, que se concentra en los objetivos antes expuestos, e incorpora las definiciones de conceptos que aparecen reiteradamente a lo largo del articulado para facilitar su comprensin.

En el captulo II se regulan las circunstancias de ejecucin de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, respetando las condiciones establecidas en el Cdigo Penal, que ha incorporado el rgimen jurdico de su cumplimiento y ha asignado al juez de vigilancia penitenciaria el control de esta pena. La ejecucin de los trabajos en beneficio de la comunidad, que ser facilitada por la Administracin penitenciaria mediante los servicios sociales penitenciarios, se articula a travs de convenios con las Administraciones pblicas o con entidades pblicas o privadas que desarrollen actividades de utilidad pblica e incluso, tambin, a propuesta del propio penado, todo ello en las condiciones fijadas por el juez o tribunal sentenciador y procurando hacer compatible su cumplimiento con el normal desarrollo de las actividades cotidianas del condenado.

En el captulo III se regula bsicamente la definicin del plan de ejecucin de la pena de localizacin permanente que debe efectuarse por el establecimiento penitenciario correspondiente, de acuerdo con lo que disponga el juez o tribunal sentenciador y en atencin a las circunstancias personales y sociales del penado, y que preferentemente no se llevar a cabo en un establecimiento penitenciario ni en un depsito municipal. A su vez, se establece el seguimiento y control de esta pena por la Administracin penitenciaria a travs de medios telemticos o de otra naturaleza.

En el captulo IV se regula el procedimiento de control y seguimiento, realizado por la Administracin penitenciaria a travs de los servicios sociales penitenciarios, de los deberes y obligaciones impuestas como condicin de la suspensin de ejecucin de penas privativas de libertad que acuerden los jueces y tribunales sentenciadores. Se prev la elaboracin de un plan individual de intervencin y seguimiento que ser aprobado por dichos rganos judiciales y que se ir modificando en atencin al cumplimiento de las obligaciones y deberes a los que est sujeto el penado.

En el captulo V se regula el procedimiento de ejecucin de determinadas medidas de seguridad privativas y no privativas de libertad, acordadas por los jueces y tribunales sentenciadores. Igualmente, con carcter previo, se establece la elaboracin de un plan individual de intervencin y seguimiento que ser aprobado por el juez de vigilancia penitenciaria y que se revisar en atencin a la evolucin de la persona que cumple la medida de seguridad.

Por ltimo, el captulo VI regula las disposiciones comunes aplicables a todo el Real Decreto.

Este Real Decreto ha sido informado por el Consejo General del Poder Judicial.

En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberacin del Consejo de Ministros en su reunin del da 6 de mayo de 2005,

D I S P O N G O :
CAPTULO I
Disposiciones generales
Artculo 1. Objeto.

Este Real Decreto tiene por objeto la regulacin de las actuaciones que debe realizar la Administracin penitenciaria para hacer efectivo el cumplimiento de las penas de localizacin permanente y de trabajos en beneficio de la comunidad, de determinadas medidas de seguridad, as como de la suspensin de la ejecucin de las penas privativas de libertad.

Artculo 2. Definiciones.

A los efectos de este Real Decreto, se entender por:

a) Trabajos en beneficio de la comunidad: la pena privativa de derechos, que no podr imponerse sin el consentimiento del penado, y que le obliga a prestar su cooperacin no retribuida en determinadas actividades de utilidad pblica, que podrn consistir, en relacin con delitos de similar naturaleza al cometido por el penado, en labores de reparacin de los daos causados o de apoyo o asistencia a las vctimas.

b) Localizacin permanente: la pena privativa de libertad que obliga al penado a permanecer en su domicilio o en un lugar determinado fijado por el juez en la sentencia.

c) Servicios sociales penitenciarios: las unidades administrativas dependientes de la Direccin General de Instituciones Penitenciarias que tienen encomendado el cumplimiento del objetivo de accin social que la Ley Orgnica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, atribuye a la Administracin penitenciaria o, en su caso, las correspondientes de las comunidades autnomas que hayan recibido los traspasos en materia de ejecucin de la legislacin penitenciaria.

d) Establecimientos penitenciarios: aquellos centros de la Administracin penitenciaria destinados al cumplimiento de las penas y de las medidas de seguridad privativas de libertad.

CAPTULO II
Del cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad
Artculo 3. Comunicacin de la resolucin judicial.

Recibido el testimonio de la resolucin judicial que determine las condiciones de cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, as como los particulares necesarios, los servicios sociales penitenciarios del lugar donde el penado tenga fijada su residencia realizarn las actuaciones necesarias para hacer efectivo el cumplimiento de la pena.

Artculo 4. Determinacin de los puestos de trabajo.

1. El trabajo en beneficio de la comunidad ser facilitado por la Administracin penitenciaria, que a tal fin podr establecer los oportunos convenios con otras Administraciones pblicas o entidades pblicas o privadas que desarrollen actividades de utilidad pblica. En este caso, estas Administraciones o entidades podrn asumir las funciones de gestin de los trabajos, asesoramiento, seguimiento y asistencia de los penados, sin perjuicio de la supervisin de la Administracin penitenciaria.

2. El penado podr proponer un trabajo concreto que ser valorado, en informe previo, por la Administracin penitenciaria, atendiendo a la extensin y mbito de los convenios en vigor y al nmero de plazas disponibles. En este caso, la Administracin penitenciaria, tras analizar la propuesta ofrecida por el penado, emitir un informe al juzgado de vigilancia penitenciaria en el que valorar la propuesta y, en especial, si cumple los requisitos establecidos en el Cdigo Penal y en este Real Decreto, a fin de que adopte la decisin correspondiente.

Artculo 5. Entrevista y seleccin de trabajo.

1. Los servicios sociales penitenciarios, una vez recibidos el testimonio de la resolucin y los particulares necesarios, entrevistarn al penado para conocer sus caractersticas personales, capacidad laboral y entorno social, personal y familiar, para determinar la actividad ms adecuada. En esta entrevista se le ofertarn al penado las distintas plazas existentes, con indicacin expresa de su cometido y del horario en que debera realizarlo y, en los supuestos a los que se refiere el artculo 4.2, se escuchar la propuesta que el penado realice.

2. Una vez que el penado haya prestado su conformidad con el trabajo que se le propone, los referidos servicios sociales penitenciarios elevarn la propuesta de cumplimiento de la pena al juzgado de vigilancia penitenciaria para su aprobacin o rectificacin.

3. La no conformidad con el trabajo concreto propuesto o la imposibilidad de llevarlo a cabo por razones personales, sociales o familiares ser comunicada por los servicios sociales penitenciarios al juez de vigilancia penitenciaria a los efectos oportunos.

Artculo 6. Jornada, horario e indemnizaciones.

1. Cada jornada de trabajo tendr una extensin mxima de ocho horas diarias. Para determinar la duracin de la jornada y el plazo en el que debern cumplirse, se tendrn en cuenta las cargas personales o familiares del penado, as como, en su caso, sus circunstancias laborales.

2. La ejecucin de esta pena estar regida por un principio de flexibilidad para hacer compatible, en la medida de lo posible, el normal desarrollo de las actividades diarias del penado con el cumplimiento de la pena impuesta. A tal efecto, cuando concurra una causa justificada, podr autorizarse por el juez de vigilancia penitenciaria el cumplimiento de la pena de forma partida, en el mismo o diferentes das.

3. La realizacin del trabajo no ser retribuida, pero el penado ser indemnizado por la entidad a beneficio de la cual sea prestado el trabajo por los gastos de transporte y, en su caso, de manutencin, salvo que estos servicios los preste la propia entidad, respetando, en todo caso, los trminos del convenio con la Administracin penitenciaria.

Artculo 7. Seguimiento y control.

1. Durante el cumplimiento de la condena, el penado deber seguir las instrucciones que reciba del juez de vigilancia penitenciaria y de los servicios sociales penitenciarios y las directrices de la entidad para la que preste el trabajo.

2. Los servicios sociales penitenciarios comprobarn con la periodicidad necesaria el sometimiento del penado a la pena, as como el cumplimiento efectivo del trabajo impuesto; a tal fin, mantendrn contactos peridicos con la entidad en que se lleve a cabo y adoptarn, en su caso, las medidas procedentes.

3. En el supuesto de sustitucin regulado en el ar-tculo 88.1 del Cdigo Penal, si se le impusiera, junto a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, la obligacin de seguir un programa especfico de reeducacin y tratamiento psicolgico, los servicios sociales penitenciarios remitirn al penado al centro, institucin o servicio especfico para la realizacin de dicho programa, de forma compatible con el cumplimiento de la pena, y realizarn el pertinente seguimiento del programa del que informarn oportunamente al juez de vigilancia penitenciaria.

Artculo 8. Incidencias durante el cumplimiento.

Los servicios sociales penitenciarios, hechas las verificaciones necesarias, comunicarn al juez de vigilancia penitenciaria las incidencias relevantes de la ejecucin de la pena, a los efectos y en los trminos previstos en el artculo 49.6 y 7 del Cdigo Penal.

Artculo 9. Informacin general y particular.

1. La Administracin penitenciaria facilitar, con carcter general y peridico, a las autoridades judiciales y fiscales y a los colegios de abogados, y, singularmente cuando as se reclamen por estas para un penado en concreto, informacin relativa a esta pena, su forma de ejecucin y trabajo disponible.

2. Esta informacin tambin se transmitir a todas aquellas personas, previa solicitud de estas, que se encuentren en situacin procesal susceptible de que se les aplique esta pena, as como a sus letrados.

Artculo 10. Informe final.

Una vez cumplidas las jornadas de trabajo, los servicios sociales penitenciarios informarn al juez de vigilancia penitenciaria de tal extremo a los efectos oportunos.

Artculo 11. Seguridad Social y prevencin de riesgos laborales.

1. La proteccin de Seguridad Social de los sometidos a penas de trabajos en beneficio de la comunidad se efectuar de acuerdo con lo establecido en la normativa que resulte de aplicacin.

2. Tambin estarn protegidos por la normativa laboral en materia de prevencin de riesgos laborales.

CAPTULO III
Del cumplimiento de la pena de localizacin permanente
Artculo 12. Comunicacin de la resolucin judicial.

Recibido el testimonio de la resolucin judicial que determine las condiciones de cumplimiento de la pena de localizacin permanente, as como los particulares necesarios, el establecimiento penitenciario del lugar donde el penado tenga fijada su residencia realizar las actuaciones necesarias para hacer efectivo su cumplimiento.

Artculo 13. Definicin del plan de ejecucin.

1. El plan de ejecucin, realizado por el establecimiento penitenciario, deber contener, al menos, los siguientes extremos:

a) Datos de identificacin del penado, domicilio o residencia y, en su caso, trabajo y ocupacin.

b) Datos penales: falta por la que se le condena y nmero de das de duracin de la localizacin permanente.

c) Lugar de cumplimiento: domicilio u otro lugar con indicacin de poblacin o trmino municipal.

d) Indicacin expresa de si lo va a cumplir de forma continuada o no continuada y si lo realizar los sbados y domingos.

e) Indicacin de los medios de control de penas telemticos o de otra naturaleza.

2. Al planificar la ejecucin se buscar que el cumplimiento de la pena no perjudique la situacin personal, familiar y laboral del penado. Por esta razn, ser odo con carcter previo a la elaboracin del plan por los servicios sociales penitenciarios.

3. El plan de ejecucin ser elevado al juez o tribunal sentenciador para su aprobacin o rectificacin.

Artculo 14. Seguimiento y control.

1. En el caso de que se establezca el control por medios telemticos que requieran de instalacin en el domicilio del penado o en el lugar que se designe, se solicitar la conformidad de sus titulares.

2. En el caso de que la conformidad a que se refiere el apartado anterior no fuera prestada, los servicios sociales penitenciarios lo comunicarn de inmediato al juez o tribunal sentenciador, elevarn la propuesta de modificacin del plan de ejecucin y sealarn otro medio de control, para su aprobacin.

3. Una vez instalado el sistema de control, se proceder al seguimiento del cumplimiento de la pena y se comunicar al juez o tribunal sentenciador cualquier circunstancia que implique el incumplimiento de la pena.

Artculo 15. Informe final.

Una vez cumplida la pena de localizacin permanente, el establecimiento penitenciario informar al juez o tribunal sentenciador de tal extremo, as como de las incidencias ocurridas durante la ejecucin, a los efectos oportunos.

CAPTULO IV
De la suspensin de la ejecucin de penas privativas de libertad
Artculo 16. Comunicacin de la resolucin judicial.

Recibido el testimonio de la resolucin judicial que determine las condiciones de cumplimiento de la suspensin de la ejecucin de una pena privativa de libertad, as como los particulares necesarios, cuando se impongan algunos deberes u obligaciones previstos en el artculo 83.1.5. y 6. del Cdigo Penal o la condicin de tratamiento y dems requisitos previstos en su artculo 87, los servicios sociales penitenciarios del lugar donde el penado tenga fijada su residencia realizarn las actuaciones necesarias para hacer efectivo su cumplimiento.

Artculo 17. Elaboracin del plan de intervencin y se-guimiento.

Una vez recibida en los servicios sociales penitenciarios la documentacin prevista en el artculo anterior, procedern al estudio de la situacin del penado, mediante el anlisis de la documentacin, la entrevista con aquel y la informacin recibida de los centros o servicios donde realiza o va a realizar el tratamiento o programa, y, en atencin a ello, se proceder a elaborar el plan individual de intervencin y seguimiento, que ser elevado al juez o tribunal sentenciador para su aprobacin o rectificacin.

Artculo 18. Remisin al centro o servicio especfico.

Una vez recibida la resolucin del rgano judicial en la que se aprueba el plan de intervencin y seguimiento, los servicios sociales penitenciarios remitirn el caso al servicio o centro correspondiente para que el penado inicie o contine el tratamiento o programa.

Artculo 19. Seguimiento y control.

Los servicios sociales penitenciarios durante el perodo de suspensin efectuarn el control de las condiciones fijadas en la resolucin judicial y en el plan de intervencin y seguimiento.

Artculo 20. Informes.

1. Los servicios sociales penitenciarios informarn al juez o tribunal sentenciador sobre la observancia de las reglas de conducta impuestas cuando as lo solicite o con la frecuencia que este determine, y, en todo caso, conforme al Cdigo Penal, cada tres meses.

2. En todo caso informarn cuando las circunstancias personales del penado se modifiquen, cuando se produzca cualquier incumplimiento de las reglas de conducta impuestas y cuando se cumplan las obligaciones impuestas.

CAPTULO V
Del cumplimiento de determinadas medidas de seguridad
Artculo 21. Comunicacin de la resolucin judicial.

1. Recibido el testimonio de la resolucin judicial que acuerde las medidas de seguridad, as como los particulares necesarios, los servicios sociales penitenciarios del lugar donde el penado tenga fijada su residencia, en el mbito de sus competencias, realizarn las actuaciones necesarias para hacer efectivo su cumplimiento.

2. No obstante, cuando el juez o tribunal sentenciador acuerde la imposicin de una medida de seguridad de internamiento en un establecimiento o unidad psiquitrica penitenciaria, se estar a lo dispuesto en los artculos 183 a 191 del Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero.

3. Lo dispuesto en el apartado anterior es tambin aplicable a los casos en los que el juez de vigilancia penitenciaria imponga una medida de seguridad de internamiento al amparo de lo previsto en el artculo 60 del Cdigo Penal. En todo caso, y adems, se dispondrn los medios necesarios para el cumplimiento efectivo de las garantas de asistencia mdicas dispuestas judicialmente.

Artculo 22. Elaboracin del plan de intervencin y seguimiento.

Los servicios sociales penitenciarios procedern al estudio de la situacin del penado mediante el anlisis de la documentacin, la entrevista con aquel y la informacin recibida de los centros o servicios donde realiza o va a realizar el tratamiento o programa, y, en atencin a la mencionada situacin, elaborarn el plan individual de intervencin y seguimiento, que ser elevado al juez de vigilancia penitenciaria para su aprobacin o rectificacin, sin perjuicio de la competencia del rgano judicial correspondiente.

Artculo 23. Remisin al centro o servicio especfico.

Una vez recibida la resolucin del juzgado de vigilancia penitenciaria que apruebe el plan de intervencin, seguimiento y liquidacin de la medida, los servicios sociales penitenciarios efectuarn la remisin del caso al servicio o centro correspondiente para que el penado inicie o contine el tratamiento o programa.

Artculo 24. Seguimiento y control.

Los servicios sociales penitenciarios durante el cumplimiento de la medida efectuarn el control y seguimiento de las condiciones fijadas en la resolucin judicial y en el plan de intervencin y seguimiento.

Artculo 25. Informes.

1. Los servicios sociales penitenciarios informarn al juez de vigilancia penitenciaria sobre la observancia de las medidas de seguridad impuestas, cuando as lo solicite o con la frecuencia que este determine, y, en todo caso, conforme al Cdigo Penal, anualmente.

2. En todo caso informarn cuando las circunstancias personales del penado se modifiquen, cuando la evolucin del tratamiento lo aconseje, cuando se produzca cualquier incumplimiento de la medida de seguridad impuesta y cuando finalice su plazo de ejecucin.

CAPTULO VI
Disposiciones comunes
Artculo 26. rganos penitenciarios competentes.

1. Los servicios sociales penitenciarios donde el penado tenga fijada su residencia recibirn las resoluciones judiciales, as como los particulares necesarios.

2. No obstante, en el caso de la pena de localizacin permanente, dicha comunicacin se efectuar al establecimiento penitenciario correspondiente al lugar donde el penado tenga fijada su residencia.

Artculo 27. Coordinacin en casos de penas o medidas de seguridad impuestas por juzgados de violencia sobre la mujer.

En los casos en los que alguna de las penas o medidas previstas en este Real Decreto sean impuestas por hechos relacionados con la violencia de gnero, al objeto de garantizar la proteccin de las vctimas, los servicios sociales penitenciarios coordinarn sus actuaciones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las Oficinas de Asistencia a las Vctimas y la Delegacin Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer.

Artculo 28. Informes requeridos por autoridades judiciales y por el Ministerio Fiscal.

1. Antes del juicio oral, el juez o tribunal podr solicitar a los servicios sociales penitenciarios, como prueba documental o pericial, un informe social sobre la situacin del imputado.

2. Estos mismos informes podrn ser solicitados por el Ministerio Fiscal en el curso de sus diligencias o investigaciones.

3. Asimismo, una vez recada sentencia, la autoridad judicial podr solicitar los informes a los que se refieren los apartados anteriores, a los efectos de revisin de medidas, concesin de suspensin de condena, sustitucin de penas o adopcin de cualquier otra resolucin judicial que se entienda requiere tener conocimiento de la situacin social del penado o sometido a medida de seguridad.

Artculo 29. Traslados de expedientes.

Cuando una persona sometida a alguna de las penas, medidas o suspensin cuya ejecucin regula este Real Decreto traslade su residencia de una provincia a otra, o a las Ciudades de Ceuta y Melilla, los servicios sociales penitenciarios informarn al juzgado o tribunal competente.

Artculo 30. Certificaciones de cumplimiento.

La Administracin penitenciaria certificar a la autoridad judicial acerca del cumplimiento de las penas y medidas de seguridad.

Artculo 31. Comisin tcnica de apoyo y seguimiento.

1. La Administracin penitenciaria podr crear una comisin tcnica de apoyo y seguimiento, conformada por personal de los servicios sociales penitenciarios y de los servicios centrales, para que realice funciones de informacin, propuesta y apoyo tcnico en aquellas tareas de implementacin del sistema de ejecucin de las penas desarrolladas en este Real Decreto.

2. De la comisin tcnica de apoyo y seguimiento a la que se refiere el apartado anterior podrn formar parte, asimismo, los representantes de las entidades pblicas o privadas que colaboren en la ejecucin de las distintas penas y medidas de seguridad.

Disposicin derogatoria nica. Derogacin normativa.

1. Queda derogado expresamente el Real Decreto 690/1996, de 26 de abril, por el que se establecen las circunstancias de ejecucin de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y arrestos de fin de semana.

2. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en este Real Decreto.

Disposicin final primera. Modificacin del Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero.

El prrafo e) del apartado 1 del artculo 272 del Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, queda redactado de la siguiente forma:

e) Un trabajador social, que haya intervenido en las propuestas sobre las que se delibere.

Disposicin final segunda. Desarrollo normativo.

Se autoriza a los Ministros de Justicia, del Interior y de Trabajo y Asuntos Sociales a dictar, en el mbito de sus respectivas competencias, cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecucin de lo dispuesto en este Real Decreto.

Disposicin final tercera. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrar en vigor el da siguiente al de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

Dado en Madrid, el 6 de mayo de 2005.

JUAN CARLOS R.

El Ministro del Interior,

JOS ANTONIO ALONSO SUREZ

Análisis

  • Rango: Real Decreto
  • Fecha de disposición: 06/05/2005
  • Fecha de publicación: 07/05/2005
  • Entrada en vigor: 8 de mayo de 2005.
  • Fecha de derogación: 08/07/2011
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • SE DEROGA, por Real Decreto 840/2011, de 17 de junio (Ref. BOE-A-2011-10598).
  • SE MODIFICA los arts. 4, 5, 6, 7 y 27, por Real Decreto 1849/2009, de 4 de diciembre (Ref. BOE-A-2009-19564).
Referencias anteriores
  • DEROGA Real Decreto 690/1996, de 26 de abril (Ref. BOE-A-1996-10993).
  • MODIFICA el art. 272.1 del Reglamento aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero (Ref. BOE-A-1996-3307).
  • DE CONFORMIDAD con la Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre (Ref. BOE-A-1995-25444).
Materias
  • Instituciones penitenciarias
  • Juzgados de Vigilancia Penitenciaria
  • Medidas de seguridad
  • Penas
  • Presos y penados
  • Trabajo y Prestaciones Penitenciarias

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