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Documento BOE-A-2003-20254

Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Pblicas.

TEXTO

JUAN CARLOS I REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

EXPOSICIN DE MOTIVOS
I

Las disposiciones fundamentales de la legislacin estatal sobre patrimonio se aproximan a los cuarenta aos de vigencia: el texto articulado de la Ley de Bases del Patrimonio del Estado se aprob por Decreto 1022/1964, de 15 de abril, y su Reglamento por Decreto 3588/1964, de 5 de noviembre.

Durante las casi cuatro dcadas transcurridas desde su promulgacin, el contexto poltico y jurdico en que se insertan estas normas, y aun la misma realidad que pretenden regular, han experimentado cambios trascendentales. Factores destacados de esta evolucin han sido, entre otros de menor importancia, la aprobacin de la Constitucin de 1978 que, por una parte, dedica un artculo especfico, el 132, a los bienes pblicos demandando leyes para regular "el Patrimonio del Estado" y "el rgimen jurdico de los bienes de dominio pblico" y, por otra, articula territorialmente el Estado sobre la base de comunidades autnomas, competentes, cada una de ellas para regular su patrimonio propio ; cabe destacar tambin el proceso general de renovacin normativa que ha afectado a los cuerpos legales bsicos que pautan la actividad de la Administracin ; la proliferacin de regmenes especiales de gestin patrimonial, a travs de los cuales se canaliza la administracin de amplias masas de bienes ; y, por ltimo, la notoria amplia cin del parque inmobiliario pblico, especialmente en lo que se refiere a los edificios destinados a usos administrativos, con el correlativo incremento de su participacin en el gasto pblico y la consiguiente necesidad de considerar con mayor detenimiento las implicaciones presupuestarias de su gestin. De igual forma, el sector pblico empresarial ha experimentado un notable crecimiento y diversificacin tipolgica, adquiriendo una progresiva complejidad el marco de sus relaciones con la Administracin General del Estado.

La adaptacin de la legislacin patrimonial a este nuevo escenario se ha tratado de llevar a cabo a travs de modificaciones parciales del Decreto 1022/1964, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de Bases del Patrimonio del Estado y la promulgacin de normas que han regulado aspectos concretos de la administracin de los bienes estatales.

No obstante, el carcter parcial y limitado de estos intentos ha impedido articular una respuesta integral a las exigencias planteadas por las nuevas condiciones en que ha de desenvolverse la gestin patrimonial, de tal forma que, en el momento actual, la legislacin sobre bienes pblicos se enfrenta al reto de integrar una serie de lagunas y solventar ciertos problemas que slo pueden abordarse con propiedad a travs de una completa reforma legal.

Entre las cuestiones que deben afrontarse de forma perentoria se encuentra, en primer lugar, la definicin del marco estatal que debe servir de referencia a las distintas Administraciones en cuanto legislacin bsica en materia de bienes pblicos.

De igual forma, parece necesario reconducir la fragmentacin normativa que aqueja a la legislacin aplicable a los patrimonios pblicos del sector estatal, especialmente censurable si se considera que tal fragmentacin ya fue denunciada por la Ley de Bases del Patrimonio del Estado como el primero de los vicios de nuestro ordenamiento en este mbito. El "proceso puramente administrativo", de elaboracin del sistema de la legislacin patrimonial, que veladamente reprobaba aquel texto de 1962, parece haberse impuesto, una vez ms, a la racionalidad legislativa y, en el momento actual, el Decreto 1022/1964, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de Bases del Patrimonio del Estado en cuanto disposicin reguladora del patrimonio de la Administracin General del Estado y la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizacin y Funcionamiento de la Administracin General del Estado, como norma que recoge el rgimen patrimonial general a que deben ajustarse los organismos pblicos, se encuentran desbordadas por una multiplicidad de disposiciones que han instaurado regmenes peculiares de administracin para ciertas masas integradas en el patrimonio del Estado o reglas especiales para los bienes de ciertos organismos.

El relativo desfase del Decreto 1022/1964, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de Bases del Patrimonio del Estado, a pesar de su perfeccin tcnica unnimemente reconocida y, en conexin con este ltimo rasgo, el anclaje de la ley en una concepcin eminentemente esttica de la gestin patrimonial, ampliamente superada por las aproximaciones ms dinmicas, inspiradas por el principio de movilizacin eficiente de los activos, que hoy informan los sistemas de administracin de bienes en los pases de nuestro entorno y en las grandes corporaciones, constituyen problemas cuyo tratamiento tampoco puede diferirse.

El transcurso del tiempo, por ltimo, ha generado una progresiva descoordinacin, siquiera sea en aspectos jurdico-formales, entre el Decreto 1022/1964, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de Bases del Patrimonio del Estado y otros bloques normativos que integran el ncleo bsico regulador de la actividad y funcionamiento de la Administracin.

Reaccionando frente a esta situacin, la Ley del Patrimonio de las Administraciones Pblicas pretende sentar las bases normativas para la formulacin y desarrollo de una poltica global relativa a la gestin de los bienes pblicos estatales, abordar los diferentes problemas que plantean las relaciones entre las distintas Administraciones pblicas en materia patrimonial, efectuar una detenida revisin de las normas que rigen la administracin de bienes y actualizar la regulacin del patrimonio pblico empresarial.

II

Una de las preocupaciones fundamentales de la ley ha sido hacer posible la articulacin de una poltica patrimonial integral para el sector estatal, que permita superar el fraccionamiento de los sistemas de administracin de los bienes pblicos y coordinar su gestin con el conjunto de polticas pblicas sealadamente, las polticas de estabilidad presupuestaria y de vivienda.

A partir de este planteamiento inicial, se ha entendido que la poltica patrimonial debe estar definida por la globalidad de su alcance, su coordinacin centralizada y su apoyo en unos principios bsicos explicitados por la propia ley.

De esta manera, la globalidad u omnicomprensividad del enfoque, que constituye uno de los rasgos bsicos de la ley, se ha extendido tanto a la delimitacin subjetiva de su mbito de aplicacin, como al tratamiento que da a su objeto de regulacin.

As, desde el punto de vista subjetivo, la ley ha optado por considerar de forma conjunta el rgimen patrimonial de la Administracin General del Estado y el de los organismos pblicos dependientes de ella, opcin metodolgica que empieza a edificarse a partir del mismo dato formal de su contemplacin en un nico cuerpo legal superando la escisin en dos textos que existen actualmente y del desarrollo paralelo de las normas propias de cada uno. Con ello se ha querido superar el carcter fraccionario y, en cierta medida, residual que tradicionalmente ha tenido la regulacin de los bienes de los organismos pblicos, abordando de forma integral y homognea su problemtica patrimonial.

Adicionalmente, y con un alcance ms sustantivo, la generalidad del enfoque legal encuentra su vehculo de expresin ms acabado en el nuevo significado de que se dota al trmino tradicional "Patrimonio del Estado" que, en la ley, pasa a designar el conjunto de bienes de titularidad de la Administracin General del Estado y sus organismos pblicos. Ha de precisarse, sin embargo, que la reconduccin conceptual de estas masas patrimoniales a la nueva categora as definida no se ha realizado con el propsito de absorber la titularidad separada que corresponde a la Administracin General del Estado y a los organismos pblicos sobre sus respectivos patrimonios, o erosionar su autonoma de gestin. El concepto no pretende hacer referencia a una relacin de titularidad, de difcil construccin jurdica desde el momento en que falta el referente subjetivo, sino que su acuacin tiene una finalidad meramente instrumental, y sirve a los objetivos de permitir un tratamiento conjunto de esos conjuntos de bienes a determinados efectos de regulacin, y destacar la afectacin global de los patrimonios de la Administracin General del Estado y de sus organismos pblicos, como organizaciones subordinadas al cumplimiento de los fines del Estado.

En lo que se refiere al mbito objetivo de regulacin, la ley se aparta de la tradicin encarnada en el Decre to 1022/1964, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de Bases del Patrimonio del Estado, y se inclina por considerar que los bienes demaniales se encuentran plenamente incardinados en el patrimonio de las Administraciones Pblicas. El patrimonio pblico pasa as a definirse como un conjunto de bienes y derechos que pueden estar sujetos a un doble rgimen: de carcter jurdico pblico, los bienes y derechos demaniales, y de carcter jurdico privado, los patrimoniales.

Este nuevo tratamiento de los bienes y derechos pblicos, en lnea con el que reciben en las diversas legislaciones autonmicas y en el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, destaca los elementos de gestin comunes a ambas categoras, al tiempo que parece responder de forma ms adecuada al carcter abierto o variable por el juego de las instituciones de la afectacin y desafectacin de su calificacin jurdica, mutabilidad que se manifiesta de forma especialmente acusada en relacin con los edificios administrativos.

En todo caso, la regulacin de los bienes y derechos de dominio pblico notoriamente ms extensa, por otra parte, que la que se contiene en el Decreto 1022/1964, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de Bases del Patrimonio del Estado est pensada para operar con carcter supletorio respecto de la legislacin especial. La aplicacin en primer grado de sus normas se producir, por tanto, slo en relacin con aquellos bienes demaniales por afectacin que carecen de una disciplina especfica, sealadamente, los edificios administrativos, cuyos problemas de gestin son objeto de particular consideracin en el texto, y que han servido de gua para la regulacin efectuada.

Apoyndose en el nuevo concepto de Patrimonio del Estado, el texto elaborado ha pretendido reforzar la coordinacin de la gestin de bienes en todo el mbito estatal. En cualquier caso, y al igual que ocurre con la definicin de aquella categora, la idea de coordinacin parte de un pleno respeto a la autonoma de gestin que corresponde a los diferentes titulares de bienes para, desde esta base, establecer mecanismos que permitan hacer efectiva la comn y general afectacin de los bienes y derechos de la Administracin General del Estado y sus organismos pblicos a la realizacin de los fines y al ejercicio de las competencias estatales.

En cuanto a los medios instrumentales, la coordinacin se ha construido, en lo que atae a su vertiente organizativa, sobre la sistematizacin y clarificacin de las competencias del Consejo de Ministros y del Ministro de Hacienda, la institucionalizacin de la Comisin de Coordinacin Financiera de Actuaciones Inmobiliarias y Patrimoniales, y el refuerzo del papel de la Junta Coordinadora de Edificios Administrativos. La transposicin del principio a las normas de funcionamiento ha llevado a una revisin de las figuras que sirven de cauce para las transferencias de bienes y derechos entre la Administracin General del Estado y sus organismos pblicos, con el fin de ampliar las posibilidades de utilizacin de los mismos por sujetos distintos de sus titulares, y permitir as su ms eficiente asignacin.

La articulacin de la poltica patrimonial se cierra con la enunciacin de los principios a que ha de sujetarse la gestin de los bienes y derechos, principios que responden en ltima instancia a la consideracin de estos bienes y derechos como activos que deben ser administrados de forma integrada con los restantes recursos pblicos, de acuerdo con los criterios constitucionales de eficiencia y economa, y haciendo efectiva su vocacin de ser aplicados al cumplimiento de funciones y fines pblicos. Avanzando en esta idea respecto de los bienes patrimoniales, la ley reclama una gestin de los mismos plenamente integrada con las restantes polticas pblicas y, en particular, con la poltica de vivienda, lo que obligar a tener en cuenta, en la movilizacin de dichos activos, las directrices derivadas de aqullas.

III

En materia de relaciones interadministrativas resultaba inaplazable la identificacin precisa de las normas que configuran el rgimen patrimonial general de todas las Administraciones pblicas.

Este rgimen tiene su ncleo fundamental en las normas que se declaran bsicas en ejercicio de la competencia atribuida al Estado por el artculo 149.1.18. de la Constitucin para aprobar las "bases del rgimen jurdico de las Administraciones Pblicas", materia de la que el rgimen patrimonial no constituye sino una parcela, y la "legislacin bsica sobre contratos y concesiones administrativas".

La aprobacin de esta legislacin bsica satisface dos requerimientos esenciales, desde el punto de vista tcnico jurdico, para el ordenamiento patrimonial: por un lado, cerrar, por su vrtice superior, el bloque regulador de los bienes de las Administraciones pblicas satisfaciendo una demanda planteada no slo por normas estatales, sino tambin por los ordenamientos autonmicos y, por otro, eliminar la inseguridad jurdica que genera tener que extraer las bases de la legislacin sobre patrimonio por va interpretativa de unas normas que no han sido dictadas con esta finalidad, problema que ha aflorado en los contenciosos que han llegado al Tribunal Constitucional y que repercute negativamente en la labor legislativa autonmica, que ha de moverse en una zona caracterizada por su indefinicin.

Adems de estas normas bsicas, otras disposiciones de la ley sern aplicables a todas las Administraciones pblicas por tratarse de normas civiles (artculo 149.1.8.), normas procesales (artculo l49.1.6.), normas sobre rgimen econmico de la Seguridad Social (artculo 149.1.17.), o legislacin sobre expropiacin forzosa (artculo 149.1.18.).

Al lado de la delimitacin de las normas generales del rgimen patrimonial de las Administraciones pblicas, la enunciacin de los principios que deben informar las relaciones entre ellas en este mbito es una novedad de la ley, cuya redaccin en este punto se inspira en la Ley de Costas y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

La cooperacin y colaboracin son principios que tienen un valor central para la ordenacin de estas relaciones en la medida en que su real aplicacin y pleno desenvolvimiento pueden coadyuvar de forma decisiva a que los bienes y derechos pblicos sean empleados de la forma ms eficiente posible al servicio de los fines a que estn destinados. Junto a stos, otros principios recogidos en el texto legal son los de lealtad institucional, informacin mutua, asistencia, respeto a las respectivas competencias y ponderacin en su ejercicio de la totalidad de los intereses pblicos en presencia.

Como trasunto orgnico de estos enunciados, se institucionaliza una Conferencia Sectorial de Poltica Patrimonial, con la misin de canalizar las relaciones de coordinacin y cooperacin entre la Administracin General del Estado y las comunidades autnomas en esta materia.

IV

La gestin patrimonial, cuyo ncleo normativo fundamental se recoge en el ttulo V de la ley, constituye el eje central de su regulacion.

En relacin con la base jurdica de la gestin de los bienes y derechos pblicos se ha procedido, en primer trmino, a revisar la integracin de la legislacin patrimonial con las leyes generales reguladoras de la actividad administrativa, actualizando las remisiones y reenvos, y poniendo en concordancia las soluciones normativas adoptadas.

En segundo lugar, la ley ha buscado ampliar las posibilidades de actuacin de la Administracin en este mbito y la incorporacin al acervo de la gestin patrimonial de nuevas categoras negociales, para lo cual ha sancionado formalmente la regulacin de algunos negocios que ya gozan de una cierta tipicidad en la prctica patrimonial, y ha ofrecido cobertura expresa a determinadas actuaciones, que, siendo usuales en el trfico, no encuentran, sin embargo, un claro acomodo en la legislacin vigente.

En este mismo plano jurdico-formal, finalmente, la ley ha abordado una decidida simplificacin procedimental, con el objetivo de aproximar los tiempos de la gestin a la celeridad exigida por el mercado en el plano externo, y demandada internamente por los diferentes rganos de la Administracin General del Estado y sus organismos pblicos, en cuanto destinatarios o beneficiarios de la actuacin del Ministerio de Hacienda en este mbito. Bajo esta ptica, se han suprimido determinados trmites considerados innecesarios, redundantes o de escaso valor a la hora de aportar elementos de juicio relevantes al rgano decisor, manteniendo y potenciando los necesarios para asegurar la oportunidad (memorias e informes), adecuacin de la operacin a las condiciones del mercado e idoneidad del bien (tasaciones e informes periciales) y correccin jurdica (informe de la Abogaca del Estado) del negocio a concluir. En cualquier caso, esta simplificacin de trmites y racionalizacin de los procedimientos se ha efectuado con un respeto escrupuloso a los principios de objetividad y transparencia en la gestin y sin merma de los necesarios controles.

Por lo que afecta a los medios materiales, la ley se compromete sin reservas con la plena utilizacin de medios electrnicos, informticos y telemticos en todos los mbitos de la gestin patrimonial y, especialmente, en aquellos que requieren de una fluida relacin con terceros.

Por ltimo, se ha prestado una particular atencin a articular un conjunto coherente de procedimientos, instrumentos tcnicos y potestades de actuacin enderezados a conseguir la mxima eficiencia en la utilizacin de los espacios destinados a alojar oficinas y dependencias administrativas. A estos efectos, se prev el desarrollo de diversas actuaciones dirigidas a optimizar su uso sobre la base de planes aprobados por el Consejo de Ministros y ejecutados por el Ministerio de HaciendaDireccin General del Patrimonio del Estado, rgano ste al que se reconocen amplias facultades para supervisar la utilizacin de edificios por la Administracin.

V

Las previsiones sobre el patrimonio pblico empresarial emplazan dentro de mbitos de actuacin reglados tanto a sujetos de Derecho pblico como a agentes de Derecho privado. La amplitud con la que se definen los sujetos a los que sern de aplicacin sus previsiones pretende abarcar todas las unidades econmicas vinculadas a la Administracin General del Estado susceptibles de ser consideradas empresas, incluyendo las sociedades mercantiles en las que el Estado ostenta posiciones de control aun sin tener la mayora del capital.

Pieza principal de este ncleo normativo es el diseo de un nuevo esquema de relaciones del Ministerio de Hacienda con las entidades pblicas empresariales, del que son elementos fundamentales la consideracin de los fondos propios de estas entidades como parte del patrimonio de la Administracin General del Estado, anlogamente al capital de las sociedades mercantiles, y la atribucin al Ministro de Hacienda de determinadas decisiones en materia de gestin estratgica.

Por ltimo, dentro de las sociedades mercantiles estatales, se prevn normas especiales para aquellas cuyo capital corresponde ntegramente a la Administracin General del Estado o a sus organismos pblicos y que tienen una neta vocacin instrumental. Debido a estas caractersticas, estas sociedades son exceptuadas del cumplimiento de algunas prescripciones del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Annimas para facilitar su gestin y se someten a un rgimen de funcionamiento con competencias compartidas entre el Ministerio de tutela responsable de la poltica instrumental y el Ministerio de Hacienda.

TTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
CAPTULO I
Objeto y mbito de aplicacin
Artculo 1. Objeto de la ley.

Esta ley tiene por objeto establecer las bases del rgimen patrimonial de las Administraciones pblicas, y regular, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 132 de la Constitucin, la administracin, defensa y conservacin del Patrimonio del Estado.

Artculo 2. mbito de aplicacin.

1. El rgimen jurdico patrimonial de la Administracin General del Estado y de los organismos pblicos vinculados a ella o dependientes de la misma se regir por esta ley.

2. Sern de aplicacin a las comunidades autnomas, entidades que integran la Administracin local y entidades de derecho pblico vinculadas o dependientes de ellas los artculos o partes de los mismos enumerados en la disposicin final segunda.

CAPTULO II
Patrimonio de las Administraciones pblicas
Artculo 3. Concepto.

1. El patrimonio de las Administraciones pblicas est constituido por el conjunto de sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza y el ttulo de su adquisicin o aquel en virtud del cual les hayan sido atribuidos.

2. No se entendern incluidos en el patrimonio de las Administraciones pblicas el dinero, los valores, los crditos y los dems recursos financieros de su hacienda ni, en el caso de las entidades pblicas empresariales y entidades anlogas dependientes de las comunidades autnomas o corporaciones locales, los recursos que constituyen su tesorera.

Artculo 4. Clasificacin.

Por razn del rgimen jurdico al que estn sujetos, los bienes y derechos que integran el patrimonio de las Administraciones pblicas pueden ser de dominio pblico o demaniales y de dominio privado o patrimoniales.

Artculo 5. Bienes y derechos de dominio pblico o demaniales.

1. Son bienes y derechos de dominio pblico los que, siendo de titularidad pblica, se encuentren afectados al uso general o al servicio pblico, as como aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carcter de demaniales.

2. Son bienes de dominio pblico estatal, en todo caso, los mencionados en el artculo 132.2 de la Constitucin.

3. Los inmuebles de titularidad de la Administracin General del Estado o de los organismos pblicos vinculados a ella o dependientes de la misma en que se alojen servicios, oficinas o dependencias de sus rganos o de los rganos constitucionales del Estado se considerarn, en todo caso, bienes de dominio pblico.

4. Los bienes y derechos de dominio pblico se regirn por las leyes y disposiciones especiales que les sean de aplicacin y, a falta de normas especiales, por esta ley y las disposiciones que la desarrollen o complementen. Las normas generales del derecho administrativo y, en su defecto, las normas del derecho privado, se aplicarn como derecho supletorio.

Artculo 6. Principios relativos a los bienes y derechos de dominio pblico.

La gestin y administracin de los bienes y derechos demaniales por las Administraciones pblicas se ajustarn a los siguientes principios:

a) Inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad.

b) Adecuacin y suficiencia de los bienes para servir al uso general o al servicio pblico a que estn destinados.

c) Aplicacin efectiva al uso general o al servicio pblico, sin ms excepciones que las derivadas de razones de inters pblico debidamente justificadas.

d) Dedicacin preferente al uso comn frente a su uso privativo.

e) Ejercicio diligente de las prerrogativas que la presente ley u otras especiales otorguen a las Administraciones pblicas, garantizando su conservacin e integridad.

f) Identificacin y control a travs de inventarios o registros adecuados.

g) Cooperacin y colaboracin entre las Administraciones pblicas en el ejercicio de sus competencias sobre el dominio pblico.

Artculo 7. Bienes y derechos de dominio privado o patrimoniales.

1. Son bienes y derechos de dominio privado o patrimoniales los que, siendo de titularidad de las Administraciones pblicas, no tengan el carcter de demaniales.

2. En todo caso, tendrn la consideracin de patrimoniales de la Administracin General del Estado y sus organismos pblicos los derechos de arrendamiento, los valores y ttulos representativos de acciones y participaciones en el capital de sociedades mercantiles o de obligaciones emitidas por stas, as como contratos de futuros y opciones cuyo activo subyacente est constituido por acciones o participaciones en entidades mercantiles, los derechos de propiedad incorporal, y los derechos de cualquier naturaleza que se deriven de la titularidad de los bienes y derechos patrimoniales.

3. El rgimen de adquisicin, administracin, defensa y enajenacin de los bienes y derechos patrimoniales ser el previsto en esta ley y en las disposiciones que la desarrollen o complementen. Supletoriamente, se aplicarn las normas del derecho administrativo, en todas las cuestiones relativas a la competencia para adoptar los correspondientes actos y al procedimiento que ha de seguirse para ello, y las normas del Derecho privado en lo que afecte a los restantes aspectos de su rgimen jurdico.

Artculo 8. Principios relativos a los bienes y derechos patrimoniales.

1. La gestin y administracin de los bienes y derechos patrimoniales por las Administraciones pblicas se ajustarn a los siguientes principios:

a) Eficiencia y economa en su gestin.

b) Eficacia y rentabilidad en la explotacin de estos bienes y derechos.

c) Publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en la adquisicin, explotacin y enajenacin de estos bienes.

d) Identificacin y control a travs de inventarios o registros adecuados.

e) Colaboracin y coordinacin entre las diferentes Administraciones pblicas, con el fin de optimizar la utilizacin y el rendimiento de sus bienes.

2. En todo caso, la gestin de los bienes patrimoniales deber coadyuvar al desarrollo y ejecucin de las distintas polticas pblicas en vigor y, en particular, al de la poltica de vivienda, en coordinacin con las Administraciones competentes.

CAPTULO III
Patrimonio del Estado
Artculo 9. Concepto.

1. El Patrimonio del Estado est integrado por el patrimonio de la Administracin General del Estado y los patrimonios de los organismos pblicos que se encuentren en relacin de dependencia o vinculacin con la misma.

2. La gestin, administracin y explotacin de los bienes y derechos del Patrimonio del Estado que sean de titularidad de la Administracin General del Estado correspondern al Ministerio de Hacienda, a travs de la Direccin General del Patrimonio del Estado.

3. La gestin, administracin y explotacin de los bienes y derechos del Patrimonio del Estado que sean de titularidad de los organismos pblicos correspondern a stos, de acuerdo con lo sealado en sus normas de creacin o de organizacin y funcionamiento o en sus estatutos, con sujecin en todo caso a lo establecido para dichos bienes y derechos en esta ley.

Artculo 10. Competencias.

1. Corresponde al Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda:

a) Definir la poltica aplicable a los bienes y derechos del Patrimonio del Estado.

b) Establecer los criterios de actuacin coordinada para la adecuada gestin de tales bienes y derechos.

c) Acordar o autorizar los actos de disposicin, gestin y administracin que esta ley le atribuye.

d) Ejercer las competencias que le atribuye esta ley en relacin con la optimizacin del uso de los edificios administrativos y la gestin del sector pblico empresarial de la Administracin General del Estado.

2. Corresponde a la Comisin de Coordinacin Financiera de Actuaciones Inmobiliarias y Patrimoniales:

a) Elaborar las lneas directrices de la poltica inmobiliaria.

b) Analizar las implicaciones financieras y presupuestarias de las operaciones inmobiliarias y urbansticas de la Administracin General del Estado y sus organismos pblicos y, en su caso, efectuar las propuestas que se estimen convenientes.

c) Conocer los planes y propuestas de inversin y desinversin de la Administracin General del Estado y sus organismos pblicos cuando, por sus implicaciones presupuestarias o por afectar a distintos agentes, sea conveniente establecer compensaciones o imputaciones especiales de ingresos a determinados organismos y promover las medidas necesarias para su concrecin.

d) Coordinar la actuacin de los agentes inmobiliarios vinculados a la Administracin General del Estado en operaciones urbansticas complejas.

e) Orientar las actuaciones inmobiliarias pblicas al cumplimiento de los objetivos generales de otras polticas en vigor, especialmente, las de consolidacin presupuestaria, modernizacin administrativa y vivienda.

3. Corresponde al Ministro de Hacienda:

a) Proponer al Gobierno la aprobacin de los reglamentos precisos para el desarrollo de esta ley y dictar, en su caso, las disposiciones y resoluciones necesarias para su aplicacin.

b) Velar por el cumplimiento de la poltica patrimonial definida por el Gobierno, para lo cual dictar instrucciones y directrices.

c) Verificar la correcta utilizacin de los recursos inmobiliarios del Patrimonio del Estado y del gasto pblico asociado a los mismos.

d) Aprobar, a propuesta de la Direccin General del Patrimonio del Estado, los ndices de ocupacin y criterios bsicos de utilizacin de los edificios administrativos del Patrimonio del Estado.

e) Elevar al Consejo de Ministros o a la Comisin Delegada del Gobierno para Asuntos Econmicos las propuestas relativas a la poltica patrimonial y a los criterios de actuacin coordinada para la adecuada gestin de los bienes y derechos del Patrimonio del Estado.

f) Acordar o autorizar los actos de disposicin, administracin y explotacin que esta ley le atribuye.

g) Ejercer las competencias que le atribuye esta ley en relacin con la optimizacin del uso de los edificios administrativos y la gestin del sector pblico empresarial de la Administracin General del Estado.

4. Corresponde a los departamentos ministeriales:

a) Ejecutar, en el mbito de sus competencias, la poltica patrimonial aprobada por el Gobierno, y aplicar las directrices e instrucciones dictadas por el Ministro de Hacienda.

b) Ejercer las funciones relativas a la vigilancia, proteccin jurdica, defensa, inventario, administracin, conservacin, y dems actuaciones que requiera el correcto uso de los bienes y derechos del Patrimonio del Estado que tengan afectados o cuya administracin y gestin les corresponda.

c) Ejercer las funciones de administracin, gestin e ingreso en el Tesoro Pblico de los derechos que deban percibirse por la utilizacin privativa del dominio pblico que tengan afectado o cuya administracin y gestin les corresponda.

d) Solicitar del Ministro de Hacienda la afectacin de los bienes y derechos necesarios para el cumplimiento de los fines y funciones que tengan encomendados, y su desafectacin cuando dejen de serles necesarios.

e) Solicitar del Ministerio de Hacienda la adquisicin de bienes y derechos necesarios para el cumplimiento de los fines y funciones pblicas que tengan atribuidos.

5. Corresponde a la Direccin General del Patrimonio del Estado:

a) Elevar al Ministro de Hacienda las propuestas que estime convenientes para la adecuada gestin, administracin y utilizacin de los bienes y derechos del Patrimonio del Estado.

b) Supervisar, bajo la direccin del Ministro de Hacienda, la ejecucin de la poltica patrimonial fijada por el Gobierno.

c) Acordar o autorizar los actos de disposicin, administracin y explotacin que esta ley le atribuye.

d) Ejercer las competencias que le atribuye esta ley en relacin con la optimizacin del uso de los edificios administrativos y la gestin del sector pblico empresarial de la Administracin General del Estado.

e) Ejercer la coordinacin ejecutiva de las operaciones inmobiliarias en que intervengan varios agentes vinculados a la Administracin General del Estado cuando as le sea encomendado por el Consejo de Ministros o por la Comisin de Coordinacin Financiera de Actuaciones Inmobiliarias y Patrimoniales.

6. Corresponde a los organismos pblicos dependientes de la Administracin General del Estado:

a) Ejecutar, en el mbito de sus competencias, la poltica patrimonial aprobada por el Gobierno y aplicar las directrices e instrucciones dictadas por el Ministro de Hacienda.

b) Ejercer las funciones relativas a la vigilancia, proteccin jurdica, defensa, inventario, administracin, conservacin, y dems actuaciones que requiera el correcto uso de los bienes y derechos propios del organismo o adscritos al mismo, o cuya administracin y gestin les corresponda.

c) Ejercer la administracin, gestin y recaudacin de los derechos econmicos que perciban por la utilizacin privativa del dominio pblico propio o adscrito o cuya administracin y gestin les corresponda.

d) Solicitar del Ministro de Hacienda la adscripcin de bienes y derechos para el cumplimiento de los fines y funciones pblicos que tengan encomendados, y su desadscripcin cuando dejen de serles necesarios.

e) Gestionar sus bienes propios de acuerdo con lo establecido en la ley reguladora del organismo, en esta ley y en sus normas de desarrollo.

f) Instar la incorporacin al patrimonio de la Administracin General del Estado de sus bienes inmuebles cuando stos dejen de ser necesarios para el cumplimiento de sus fines y as sea procedente conforme a lo sealado en el artculo 80 de esta ley.

Artculo 11. Desconcentracin y avocacin de competencias.

1. Las competencias relativas a la adquisicin, gestin, administracin y enajenacin de bienes y derechos del Patrimonio del Estado podrn ser objeto de desconcentracin mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Hacienda.

2. El Consejo de Ministros podr avocar discrecionalmente el conocimiento y autorizacin de cualquier acto de adquisicin, gestin, administracin y enajenacin de bienes y derechos del Patrimonio del Estado. Igualmente, el rgano competente para la realizacin de estos actos podr proponer al Ministro de Hacienda su elevacin a la consideracin del Consejo de Ministros.

Artculo 12. Actuacin frente a terceros.

1. La representacin de la Administracin General del Estado en las actuaciones relativas a sus bienes y derechos patrimoniales corresponde al Ministerio de Hacienda, que la ejercer a travs de la Direccin General del Patrimonio del Estado y las Delegaciones de Economa y Hacienda. La representacin de la Administracin General del Estado en materia patrimonial que corresponde al Ministro de Hacienda se ejercer en el exterior por medio del representante diplomtico, que podr delegarla de manera expresa en funcionarios de la correspondiente embajada o representacin.

2. La representacin de los organismos pblicos vinculados a la Administracin General del Estado en las actuaciones relativas a sus bienes y derechos patrimoniales corresponder a los rganos que legal o estatutariamente la tengan atribuida y, en defecto de atribucin expresa, a sus presidentes o directores.

3. La representacin en juicio para cuantas cuestiones afecten al Patrimonio del Estado se regir por lo dispuesto en la Ley 52/1997, de 27 de diciembre, de Asistencia Jurdica al Estado e Instituciones Pblicas.

Artculo 13. Coordinacin.

1. En todos los departamentos ministeriales y organismos pblicos existirn unidades encargadas de la administracin, gestin y conservacin de los bienes y derechos del Patrimonio del Estado que tengan afectados o adscritos o cuya administracin y gestin les corresponda.

2. Estas unidades coordinarn sus actuaciones con la Direccin General del Patrimonio del Estado para la adecuada administracin y optimizacin del uso de dichos bienes y derechos.

3. El Ministerio de Hacienda se hallar representado en todas las corporaciones, instituciones, empresas, consejos, organismos y otras entidades pblicas que utilicen bienes o derechos del patrimonio de la Administracin General del Estado.

Artculo 14. Colaboracin.

1. El Ministerio de Hacienda, los departamentos ministeriales y los organismos pblicos dependientes de la Administracin General del Estado colaborarn recprocamente para la eficaz gestin y utilizacin de los bienes y derechos integrados en el Patrimonio del Estado.

2. A tales efectos, los departamentos ministeriales y los organismos pblicos dependientes de la Administracin General del Estado podrn solicitar del Ministerio de Hacienda cuantos datos estimen necesarios para la mejor utilizacin de los bienes que tuvieran afectados o adscritos.

3. Igualmente, el Ministerio de Hacienda a travs de la Direccin General del Patrimonio del Estado o de la Junta Coordinadora de Edificios Administrativos, podr solicitar de los departamentos ministeriales y organismos pblicos dependientes de la Administracin General del Estado cuantos datos considere necesarios sobre el uso y situacin de los bienes y derechos que tuvieran afectados o adscritos, que utilicen en arrendamiento o, en el supuesto de los organismos pblicos, que fueran de su propiedad.

TTULO I
Adquisicin de bienes y derechos
CAPTULO NICO
Artculo 15. Modos de adquirir.

Las Administraciones pblicas podrn adquirir bienes y derechos por cualquiera de los modos previstos en el ordenamiento jurdico y, en particular, por los siguientes:

a) Por atribucin de la ley.

b) A ttulo oneroso, con ejercicio o no de la potestad de expropiacin.

c) Por herencia, legado o donacin.

d) Por prescripcin.

e) Por ocupacin.

Artculo 16. Carcter patrimonial de los bienes adquiridos.

Salvo disposicin legal en contrario, los bienes y derechos de la Administracin General del Estado y sus organismos pblicos se entienden adquiridos con el carcter de patrimoniales, sin perjuicio de su posterior afectacin al uso general o al servicio pblico.

Artculo 17. Inmuebles vacantes.

1. Pertenecen a la Administracin General del Estado los inmuebles que carecieren de dueo.

2. La adquisicin de estos bienes se producir por ministerio de la ley, sin necesidad de que medie acto o declaracin alguna por parte de la Administracin General del Estado. No obstante, de esta atribucin no se derivarn obligaciones tributarias o responsabilidades para la Administracin General del Estado por razn de la propiedad de estos bienes, en tanto no se produzca la efectiva incorporacin de los mismos al patrimonio de aqulla a travs de los trmites prevenidos en el prrafo d) del artculo 47 de esta ley.

3. La Administracin General del Estado podr tomar posesin de los bienes as adquiridos en va administrativa, siempre que no estuvieren siendo posedos por nadie a ttulo de dueo, y sin perjuicio de los derechos de tercero.

4. Si existiese un poseedor en concepto de dueo, la Administracin General del Estado habr de entablar la accin que corresponda ante los rganos del orden jurisdiccional civil.

Artculo 18. Saldos y depsitos abandonados.

1. Corresponden a la Administracin General del Estado los valores, dinero y dems bienes muebles depositados en la Caja General de Depsitos y en entidades de crdito, sociedades o agencias de valores o cualesquiera otras entidades financieras, as como los saldos de cuentas corrientes, libretas de ahorro u otros instrumentos similares abiertos en estos establecimientos, respecto de los cuales no se haya practicado gestin alguna por los interesados que implique el ejercicio de su derecho de propiedad en el plazo de veinte aos.

2. La gestin, administracin y explotacin de estos bienes corresponder al Ministerio de Hacienda a travs de la Direccin General del Patrimonio del Estado, la cual podr enajenarlos por el procedimiento que, en funcin de la naturaleza del bien o derecho, estime ms adecuado, previa justificacin razonada en el respectivo expediente.

3. Las entidades depositarias estarn obligadas a comunicar al Ministerio de Hacienda la existencia de tales depsitos y saldos en la forma que se determine por orden del ministro titular de este departamento.

4. El Banco de Espaa, en sus actuaciones de inspeccin, comprobar el efectivo cumplimiento de esta obligacin por las entidades de crdito y financieras y comunicar las infracciones que advierta al Ministerio de Hacienda a efectos de imposicin de la sancin que sea procedente de conformidad con lo dispuesto en el ttulo IX de esta ley.

5. En los informes de auditora que se emitan en relacin con las cuentas de estas entidades se har constar, en su caso, la existencia de saldos y depsitos incursos en abandono conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de este artculo.

Artculo 19. Adquisiciones a ttulo oneroso.

Las adquisiciones de bienes y derechos a ttulo oneroso y de carcter voluntario se regirn por las disposiciones de esta ley y supletoriamente por las normas del derecho privado, civil o mercantil.

Artculo 20. Normas especiales para las adquisiciones hereditarias.

1. La aceptacin de las herencias, ya hayan sido deferidas testamentariamente o en virtud de ley, se entender hecha siempre a beneficio de inventario.

2. Cuando una disposicin gratuita se hubiese efectuado a favor de una Administracin pblica para el cumplimiento de fines o la realizacin de actividades que sean de la competencia exclusiva de otra, se notificar la existencia de tal disposicin a la Administracin competente a fin de que sea aceptada, en su caso, por sta.

3. Si la disposicin se hubiese efectuado para la realizacin de fines de competencia de las Administraciones pblicas sin designacin precisa del beneficiario, se entender efectuada a favor de la Administracin competente y, de haber varias con competencias concurrentes, a favor de la de mbito territorial superior de entre aqullas a que pudiera corresponder por razn del domicilio del causante.

4. Las disposiciones por causa de muerte de bienes o derechos se entendern deferidas a favor de la Administracin General del Estado en los casos en que el disponente seale como beneficiario a alguno de sus rganos, a los rganos constitucionales del Estado o al propio Estado. En estos supuestos, se respetar la voluntad del disponente, destinando los bienes o derechos a servicios propios de los rganos o instituciones designados como beneficiarios, siempre que esto fuera posible y sin perjuicio de las condiciones o cargas modales a que pudiese estar supeditada la disposicin, a las que se aplicarn las previsiones del apartado 4 del artculo siguiente.

5. Las disposiciones por causa de muerte a favor de organismos u rganos estatales que hubiesen desaparecido en la fecha en que se abra la sucesin se entendern hechas a favor de los que, dentro del mbito estatal, hubiesen asumido sus funciones, y, en su defecto, a favor de la Administracin General del Estado.

6. La sucesin legtima de la Administracin General del Estado se regir por el Cdigo Civil y disposiciones complementarias.

Artculo 21. Adquisiciones a ttulo gratuito.

1. Corresponde al Ministro de Hacienda aceptar las herencias, legados y donaciones a favor de la Administracin General del Estado, salvo los casos en que, con arreglo a la Ley del Patrimonio Histrico Espaol, la competencia est atribuida al Ministro de Educacin, Cultura y Deporte. No obstante, las donaciones de bienes muebles sern aceptadas por el Ministro titular del departamento competente cuando el donante hubiera sealado el fin a que deben destinarse.

2. Sern competentes para aceptar las disposiciones a ttulo gratuito a favor de los organismos pblicos vinculados o dependientes de la Administracin General del Estado sus presidentes o directores.

3. La Administracin General del Estado y los organismos pblicos vinculados o dependientes de ella slo podrn aceptar las herencias, legados o donaciones que lleven aparejados gastos o estn sometidos a alguna condicin o modo onerosos si el valor del gravamen impuesto no excede del valor de lo que se adquiere, segn tasacin pericial. Si el gravamen excediese el valor del bien, la disposicin slo podr aceptarse si concurren razones de inters pblico debidamente justificadas.

4. Si los bienes se hubieran adquirido bajo condicin o modo de su afectacin permanente a determinados destinos, se entender cumplida y consumada cuando durante 30 aos hubieren servido a tales destinos, aunque luego dejaren de estarlo por circunstancias sobrevenidas de inters pblico.

5. Los que, por razn de su cargo o empleo pblico, tuvieren noticia de la existencia de algn testamento u oferta de donacin a favor de la Administracin General del Estado estarn obligados a ponerlo en conocimiento de los servicios patrimoniales del Ministerio de Hacienda. Si la disposicin fuese a favor de un organismo pblico, debern comunicarlo a ste.

Artculo 22. Prescripcin adquisitiva.

Las Administraciones pblicas podrn adquirir bienes por prescripcin con arreglo a lo establecido en el Cdigo Civil y en las leyes especiales.

Artculo 23. Ocupacin.

La ocupacin de bienes muebles por las Administraciones pblicas se regular por lo establecido en el Cdigo Civil y en las leyes especiales.

Artculo 24. Adquisiciones derivadas del ejercicio de la potestad expropiatoria.

1. Las adquisiciones que se produzcan en ejercicio de la potestad de expropiacin se regirn por la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiacin Forzosa, y por la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Rgimen del Suelo y Valoraciones u otras normas especiales.

2. En estos casos, la afectacin del bien o derecho al uso general, al servicio pblico, o a fines y funciones de carcter pblico se entender implcita en la expropiacin.

3. La posterior desafectacin del bien o derecho o la mutacin de su destino no darn derecho a instar su reversin cuando se produzcan en la forma y con los requisitos previstos en el apartado 2 del artculo 54 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiacin Forzosa, y en el apartado 2 del artculo 40 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Rgimen del Suelo y Valoraciones.

4. El ofrecimiento y tramitacin de los derechos de reversin, cuando proceda, sern efectuados, previa depuracin de la situacin fsica y jurdica de los bienes, por el ministerio u organismo que hubiera instado la expropiacin, aunque el bien hubiera sido posteriormente afectado o adscrito a otro distinto. A estos efectos, el ministerio u organismo a que posteriormente se hubie sen afectado o adscrito los bienes comunicar al que hubiese instado la expropiacin el acaecimiento del supuesto que d origen al derecho de reversin.

El reconocimiento del derecho de reversin llevar implcita la desafectacin del bien o derecho a que se refiera. No obstante, hasta tanto se proceda a la ejecucin del acuerdo, corresponder al departamento ministerial u organismo a que estuviese afectado o adscrito el bien o derecho objeto de la reversin proveer lo necesario para su defensa y conservacin.

De no consumarse la reversin, la desafectacin del bien o derecho se efectuar de conformidad con lo dispuesto en el artculo 69.

Artculo 25. Adjudicacin de bienes y derechos en procedimientos de ejecucin.

1. Las adquisiciones de bienes y derechos en virtud de adjudicaciones acordadas en procedimientos de apremio administrativo se regirn por lo dispuesto en la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, y en el Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudacin.

2. En los procedimientos judiciales de ejecucin de los que puedan seguirse adjudicaciones de bienes y derechos a favor de la Administracin General del Estado, el Abogado del Estado pondr inmediatamente en conocimiento del Delegado de Economa y Hacienda la apertura de los plazos para pedir la adjudicacin de los bienes embargados, a fin de que por el referido rgano se acuerde lo que proceda sobre la oportunidad de solicitar dicha adjudicacin.

Artculo 26. Adjudicaciones de bienes y derechos en otros procedimientos judiciales o administrativos.

1. Las adjudicaciones judiciales o administrativas de bienes o derechos en supuestos distintos de los previstos en el artculo anterior se regirn por lo establecido en las disposiciones que las prevean y por esta ley.

2. En defecto de previsiones especiales, en las adjudicaciones de bienes a favor de la Administracin General del Estado se observarn las siguientes reglas:

a) No podrn acordarse adjudicaciones a favor de la Administracin General del Estado sin previo informe del Delegado de Economa y Hacienda. A estos efectos, deber cursarse la correspondiente comunicacin a este rgano en la que se har constar una descripcin suficientemente precisa del bien o derecho objeto de adjudicacin, con indicacin de las cargas que recaigan sobre l y su situacin posesoria.

b) La adjudicacin deber notificarse a la Delegacin de Economa y Hacienda, con traslado del auto, providencia o acuerdo respectivo.

c) La Delegacin de Economa y Hacienda dispondr lo necesario para que se proceda a la identificacin de los bienes adjudicados y a su tasacin pericial.

d) Practicadas estas diligencias se formalizar, en su caso, la incorporacin al patrimonio de la Administracin General del Estado de los bienes y derechos adjudicados.

3. A falta de previsiones especficas, en las adjudicaciones a favor de los organismos pblicos dependientes de la Administracin General del Estado o vinculados a ella se observarn las reglas establecidas en el apartado anterior, en cuanto fueren de aplicacin, si bien la adjudicacin deber autorizarse por el presidente o director del organismo.

Artculo 27. Toma de posesin de los bienes adjudicados.

La Administracin podr tomar posesin de los bienes adjudicados en va administrativa, ejercitando, en su caso, la potestad de desahucio regulada en la seccin 5. del captulo V del ttulo II de esta ley.

TTULO II
Proteccin y defensa del patrimonio
CAPTULO I
De la obligacin de proteger y defender el patrimonio
Artculo 28. Extensin.

Las Administraciones pblicas estn obligadas a proteger y defender su patrimonio. A tal fin, protegern adecuadamente los bienes y derechos que lo integran, procurarn su inscripcin registral, y ejercern las potestades administrativas y acciones judiciales que sean procedentes para ello.

Artculo 29. Deber de custodia.

1. Los titulares de los rganos competentes que tengan a su cargo bienes o derechos del Patrimonio del Estado estn obligados a velar por su custodia y defensa, en los trminos establecidos en este ttulo.

2. Iguales obligaciones competen a los titulares de concesiones y otros derechos sobre los bienes de dominio pblico.

CAPTULO II
De las limitaciones a la disponibilidad de los bienes y derechos
Artculo 30. Rgimen de disponibilidad de los bienes y derechos.

1. Los bienes y derechos de dominio pblico o demaniales son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

2. Los bienes y derechos patrimoniales podrn ser enajenados siguiendo el procedimiento y previo el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos. De igual forma, estos bienes y derechos podrn ser objeto de prescripcin adquisitiva por terceros de acuerdo con lo dispuesto en el Cdigo Civil y en las leyes especiales.

3. Ningn tribunal ni autoridad administrativa podr dictar providencia de embargo ni despachar mandamiento de ejecucin contra los bienes y derechos patrimoniales cuando se encuentren materialmente afectados a un servicio pblico o a una funcin pblica, cuando sus rendimientos o el producto de su enajenacin estn legalmente afectados a fines determinados, o cuando se trate de valores o ttulos representativos del capital de sociedades estatales que ejecuten polticas pblicas o presten servicios de inters econmico general. El cumplimiento de las resoluciones judiciales que determinen obligaciones a cargo de la Administracin General del Estado o sus organismos se efectuar de conformidad con lo dispuesto en los artculos 44 de la Ley General Presupuestaria, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, y 106 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa.

Artculo 31. Transaccin y sometimiento a arbitraje.

No se podr transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los bienes y derechos del Patrimonio del Estado, ni someter a arbitraje las contiendas que se susciten sobre los mismos, sino mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del de Hacienda, previo dictamen del Consejo de Estado en pleno.

CAPTULO III
Del inventario patrimonial
Artculo 32. Obligacin de formar inventario.

1. Las Administraciones pblicas estn obligadas a inventariar los bienes y derechos que integran su patrimonio, haciendo constar, con el suficiente detalle, las menciones necesarias para su identificacin y las que resulten precisas para reflejar su situacin jurdica y el destino o uso a que estn siendo dedicados.

2. El Inventario General de Bienes y Derechos del Estado incluir la totalidad de los bienes y derechos que integran el Patrimonio del Estado, con excepcin de aquellos que hayan sido adquiridos por los organismos pblicos con el propsito de devolverlos al trfico jurdico patrimonial de acuerdo con sus fines peculiares o para cumplir con los requisitos sobre provisiones tcnicas obligatorias, y de aquellos otros bienes y derechos cuyo inventario e identificacin corresponda a los departamentos ministeriales u organismos pblicos, de conformidad con lo establecido en el artculo 33.3 de esta ley.

Respecto de cada bien o derecho se harn constar en el Inventario General aquellos datos que se consideren necesarios para su gestin y, en todo caso, los correspondientes a las operaciones que, de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pblica, den lugar a anotaciones en las rbricas correspondientes del mismo.

3. Las acciones y ttulos representativos del capital de sociedades mercantiles propiedad de la Administracin General del Estado y de los organismos pblicos de ella dependientes quedarn reflejados en la correspondiente contabilidad patrimonial, de acuerdo con los principios y normas que les sean de aplicacin, y se incluirn en un inventario de carcter auxiliar que deber estar coordinado con el sistema de contabilidad patrimonial.

4. El inventario patrimonial de las comunidades autnomas, entidades locales y entidades de Derecho pblico vinculadas o dependientes de ellas incluir, al menos, los bienes inmuebles y los derechos reales sobre los mismos.

Artculo 33. Estructura y organizacin del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado.

1. El Inventario General de Bienes y Derechos del Estado est a cargo del Ministerio de Hacienda, su llevanza corresponder a la Direccin General del Patrimonio del Estado y a las unidades con competencia en materia de gestin patrimonial de los departamentos ministeriales y organismos pblicos vinculados a la Administracin General del Estado o dependientes de ella, que actuarn como rganos auxiliares.

2. La Direccin General del Patrimonio del Estado llevar directamente el inventario correspondiente a los siguientes bienes y derechos del Patrimonio del Estado, ya sean demaniales o patrimoniales:

a) Los bienes inmuebles y derechos reales sobre los mismos.

b) Los derechos de arrendamiento y cualesquiera otros de carcter personal en virtud de los cuales se atribuya a la Administracin General del Estado el uso o disfrute de inmuebles ajenos.

c) Los bienes muebles y las propiedades incorporales cuyo inventario no corresponda llevar a los departamentos ministeriales o a los organismos pblicos dependientes de la Administracin General del Estado o vinculados a ella.

d) Los valores mobiliarios y los ttulos representativos de acciones y participaciones en el capital de sociedades mercantiles, o de obligaciones emitidas por stas.

3. Por las unidades competentes en materia patrimonial de los departamentos ministeriales y organismos pblicos vinculados a la Administracin General del Estado o dependientes de ella, y sin perjuicio de los registros, catlogos o inventarios de bienes y derechos que estn obligados a llevar en virtud de normas especiales, se llevar el inventario de los siguientes bienes y derechos del Patrimonio del Estado:

a) Los bienes de dominio pblico sometidos a una legislacin especial cuya administracin y gestin tengan encomendadas.

b) Las infraestructuras de titularidad estatal sobre las que ostenten competencias de administracin y gestin.

c) Los bienes muebles adquiridos o utilizados por ellos.

d) Los derechos de propiedad incorporal adquiridos o generados por la actividad del departamento u organismo o cuya gestin tenga encomendada.

Igualmente, los departamentos ministeriales y organismos pblicos mantendrn un catlogo permanentemente actualizado de los bienes inmuebles y derechos reales que tengan afectados o adscritos, y de los arrendamientos concertados para alojar a sus rganos.

4. El Inventario General de Bienes y Derechos del Estado no tiene la consideracin de registro pblico y los datos reflejados en el mismo, as como los resultados de su agregacin o explotacin estadstica, constituyen informacin de apoyo para la gestin interna y la definicin de polticas de la Administracin General del Estado y sus organismos pblicos.

Estos datos no surtirn efectos frente a terceros ni podrn ser utilizados para hacer valer derechos frente a la Administracin General del Estado y sus organismos pblicos.

La consulta por terceros de los datos del Inventario General slo ser procedente cuando formen parte de un expediente y de conformidad con las reglas generales de acceso a stos.

5. Reglamentariamente se regularn las condiciones en que las Administraciones pblicas podrn tener acceso al Inventario General de Bienes y Derechos del Estado respecto de los datos correspondientes a los bienes sitos en el territorio a que se extiendan sus competencias.

6. De igual forma, se regularn reglamentariamente los trminos en que el Ministerio de Hacienda facilitar, a efectos informativos, el acceso de los ciudadanos a los datos ms relevantes del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado.

Artculo 34. Formacin y actualizacin del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado.

1. De acuerdo con lo sealado en el artculo 33 de esta ley, las unidades competentes en materia de gestin patrimonial adoptarn las medidas oportunas para la inmediata constancia en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado de los hechos, actos o negocios relativos a sus bienes y derechos, y notificarn a la Direccin General del Patrimonio del Estado los hechos, actos y negocios que puedan afectar a la situacin jurdica y fsica de los bienes y derechos cuyo inventario corresponda al referido centro directivo, o al destino o uso de los mismos.

2. El Ministerio de Hacienda podr dirigir instrucciones sobre cualquier cuestin relacionada con la formacin y actualizacin del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado, y recabar igualmente cuantos datos o documentos considere necesarios.

Artculo 35. Control de la inscripcin en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado.

1. No se podrn realizar actos de gestin o disposicin sobre los bienes y derechos del Patrimonio del Estado si stos no se encuentran debidamente inscritos en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado.

2. La verificacin de los datos relativos a la inclusin, baja o cualquier otra modificacin que afecte a bienes o derechos que deban ser inventariados se incluir dentro del alcance del control financiero ejercido por la Intervencin General de la Administracin del Estado, de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, y su normativa de desarrollo.

3. Las Abogacas del Estado advertirn especficamente en cuantos informes emitan en relacin con los bienes y derechos del Patrimonio del Estado acerca de la obligatoriedad de inclusin en los citados inventarios, si sta no les constase.

CAPTULO IV
Del rgimen registral
Artculo 36. Obligatoriedad de la inscripcin.

1. Las Administraciones pblicas deben inscribir en los correspondientes registros los bienes y derechos de su patrimonio, ya sean demaniales o patrimoniales, que sean susceptibles de inscripcin, as como todos los actos y contratos referidos a ellos que puedan tener acceso a dichos registros. No obstante, la inscripcin ser potestativa para las Administraciones pblicas en el caso de arrendamientos inscribibles conforme a la legislacin hipotecaria.

2. La inscripcin deber solicitarse por el rgano que haya adquirido el bien o derecho, o que haya dictado el acto o intervenido en el contrato que deba constar en el registro o, en su caso, por aquel al que corresponda su administracin y gestin.

3. En los expedientes que se instruyan para la inscripcin de bienes o derechos de titularidad de la Administracin General del Estado o sus organismos autnomos deber emitir informe la Abogaca del Estado. Si los bienes o derechos corresponden a otras entidades pblicas dependientes de la Administracin General del Estado, deber emitir informe el rgano al que corresponda su asesoramiento jurdico.

Artculo 37. Ttulo inscribible.

1. La inscripcin en el Registro de la Propiedad se practicar de conformidad con lo prevenido en la legislacin hipotecaria y en esta ley.

2. Las operaciones de agrupacin, divisin, agregacin y segregacin de fincas y dems previstas en el artculo 206 de la Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1946 se practicarn mediante traslado de la disposicin administrativa en cuya virtud se verifiquen, o mediante la certificacin prevista en dicho artculo, siempre que no afecten a terceros.

3. Adems de los medios previstos en el artculo 200 de la Ley Hipotecaria, la certificacin a que se refiere el artculo 206 de esta ley ser ttulo vlido para reanudar el tracto sucesivo interrumpido, siempre que los titulares de las inscripciones contradictorias o sus causahabientes no hayan formulado oposicin dentro de los 30 das siguientes a aquel en que la Administracin les hubiese dado traslado de la certificacin que se propone inscribir, mediante notificacin personal o, de no ser sta posible, mediante publicacin de edictos en los trminos que se expresan a continuacin. Si los interesados no son conocidos, podr inscribirse la certificacin cuando las inscripciones contradictorias tengan ms de 30 aos de antigedad, no hayan sufrido alteracin durante ese plazo y se hayan publicado edictos por plazo de 30 das comunicando la intencin de inscribir la certificacin en el tabln del ayuntamiento, y en el "Boletn Oficial del Estado", en el de la comunidad autnoma o en el de la provincia, segn cual sea la Administracin que la haya expedido, sin que se haya formulado oposicin por quien acredite tener derecho sobre los bienes. En la certificacin se har constar el ttulo de adquisicin del bien o derecho y el tiempo que lleva la Administracin titular en la posesin pacfica del mismo.

Las inscripciones practicadas en esta forma estarn afectadas por la limitacin de efectos establecida en el artculo 207 de la Ley Hipotecaria.

4. La certificacin administrativa expedida por rgano competente de las Administraciones pblicas ser ttulo suficiente para proceder a la cancelacin o rectificacin de las inscripciones a favor de la Administracin pblica en los siguientes supuestos:

a) Cuando, previa la instruccin del correspondiente procedimiento en cuya tramitacin ser preceptivo un informe tcnico, se acredite la inexistencia actual o la imposibilidad de localizacin fsica de la finca.

b) Cuando se reconozca el mejor derecho o preferencia del ttulo de un tercero sobre el de la Administracin pblica en caso de doble inmatriculacin, previo informe de la Abogaca del Estado o del rgano asesor correspondiente de la Administracin actuante.

c) Cuando se reconozca la titularidad, mejor derecho o preferencia del ttulo de un tercero sobre una finca que aparezca inscrita a favor de las Administraciones pblicas, previo informe de la Abogaca del Estado o del rgano asesor correspondiente de la Administracin actuante.

5. La orden estimatoria de una reclamacin previa a la va judicial civil interpuesta por el interesado para que se reconozca su titularidad sobre una o varias fincas ser ttulo bastante, una vez haya sido notificada a aqul, para que se proceda a la rectificacin de la inscripcin registral contradictoria existente a favor de la Administracin pblica.

Artculo 38. Comunicacin de ciertas inscripciones.

1. Cuando se inscriban en el Registro de la Propiedad excesos de cabida de fincas colindantes con otras pertenecientes a una Administracin pblica, el Registrador, sin perjuicio de hacer constar en la inscripcin la limitacin de efectos a que se refiere el artculo 207 de la Ley Hipotecaria, deber ponerlo en conocimiento de los rganos a los que corresponda la administracin de stas, con expresin del nombre, apellidos y domicilio, si constare, de la persona o personas a cuyo favor se practic la inscripcin, la descripcin de la finca y la mayor cabida inscrita.

2. Igual comunicacin deber cursarse en los supuestos de inmatriculacin de fincas que sean colindantes con otras pertenecientes a una Administracin pblica.

3. En el caso de que estos asientos se refieran a inmuebles colindantes con otros pertenecientes a la Administracin General del Estado, la comunicacin se har al Delegado de Economa y Hacienda.

Artculo 39. Promocin de la inscripcin.

Los registradores de la propiedad, cuando tuvieren conocimiento de la existencia de bienes o derechos pertenecientes a las Administraciones pblicas que no estuvieran inscritos debidamente, lo comunicarn a los rganos a los que corresponda su administracin, para que por stos se inste lo que proceda.

Artculo 40. Aranceles aplicables por los registradores de la propiedad.

El arancel a que est sujeta la prctica de los asientos se reducir en el porcentaje previsto en la normativa arancelaria registral cuando los obligados al pago sean Administraciones pblicas.

CAPTULO V
De las facultades y prerrogativas para la defensa de los patrimonios pblicos
SECCIN 1. NORMAS GENERALES
Artculo 41. Facultades y prerrogativas.

1. Para la defensa de su patrimonio, las Administraciones pblicas tendrn las siguientes facultades y prerrogativas:

a) Investigar la situacin de los bienes y derechos que presumiblemente pertenezcan a su patrimonio.

b) Deslindar en va administrativa los inmuebles de su titularidad.

c) Recuperar de oficio la posesin indebidamente perdida sobre sus bienes y derechos.

d) Desahuciar en va administrativa a los poseedores de los inmuebles demaniales, una vez extinguido el ttulo que amparaba la tenencia.

2. El conocimiento de las cuestiones de naturaleza civil que se susciten con ocasin del ejercicio por la Administracin de estas potestades corresponder a los rganos de este orden jurisdiccional.

3. Las entidades pblicas empresariales dependientes de la Administracin General del Estado o vinculadas a ella y las entidades asimilables a las anteriores vinculadas a las administraciones de las comunidades autnomas y corporaciones locales slo podrn ejercer las potestades enumeradas en el apartado 1 de este artculo para la defensa de bienes que tengan el carcter de demaniales.

Artculo 42. Adopcin de medidas cautelares.

1. Iniciado el procedimiento para el ejercicio de las facultades y potestades expresadas en el artculo anterior, el rgano competente para resolverlo podr, de acuerdo con lo previsto en el artculo 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, adoptar las medidas provisionales que considere necesarias para asegurar la eficacia del acto que en su momento pueda dictarse.

2. En los casos en que exista un peligro inminente de prdida o deterioro del bien, estas medidas provisionales podrn ser adoptadas, con los requisitos sealados en el artculo 72.2 de la citada ley, antes de la iniciacin del procedimiento.

Artculo 43. Rgimen de control judicial.

1. Frente a las actuaciones que, en ejercicio de las facultades y potestades enumeradas en el artculo 41 de esta ley y de acuerdo con el procedimiento establecido, realicen las Administraciones pblicas no cabr la accin para la tutela sumaria de la posesin prevista en el artculo 250.4. de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Las demandas en las que se ejercite esta pretensin no sern admitidas a trmite.

2. Los actos administrativos dictados en los procedimientos que se sigan para el ejercicio de estas facultades y potestades que afecten a titularidades y derechos de carcter civil slo podrn ser recurridos ante la jurisdiccin contencioso-administrativa por infraccin de las normas sobre competencia y procedimiento, previo agotamiento de la va administrativa.

Quienes se consideren perjudicados en cuanto a su derecho de propiedad u otros de naturaleza civil por dichos actos podrn ejercitar las acciones pertinentes ante los rganos del orden jurisdiccional civil, previa reclamacin en va administrativa conforme a las normas del ttulo VIII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

Artculo 44. Comunicacin de hechos punibles.

Si con ocasin de la instruccin de estos procedimientos se descubren indicios de delito o falta penal, y previo informe de la Abogaca del Estado o del rgano al que corresponda el asesoramiento jurdico en las entidades pblicas, se pondrn los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, sin perjuicio de continuar con la tramitacin de aqullos.

SECCIN 2. DE LA INVESTIGACIN DE BIENES Y DERECHOS
Artculo 45. Facultad de investigacin.

Las Administraciones pblicas tienen la facultad de investigar la situacin de los bienes y derechos que presumiblemente formen parte de su patrimonio, a fin de determinar la titularidad de los mismos cuando sta no les conste de modo cierto.

Artculo 46. rganos competentes.

1. Respecto de los bienes y derechos que presumiblemente sean de la titularidad de la Administracin General del Estado, el rgano competente para acordar la incoacin del procedimiento de investigacin y resolver el mismo ser el Director General del Patrimonio del Estado.

2. Cuando se trate de bienes presuntamente pertenecientes al patrimonio de los organismos pblicos dependientes de la Administracin General del Estado o vinculados a ella, las referidas competencias correspondern a sus presidentes o directores.

3. En los expedientes de investigacin de bienes o derechos de titularidad de la Administracin General del Estado o sus organismos autnomos, ser preceptivo el informe de la Abogaca General del Estado-Direccin del Servicio Jurdico del Estado antes de adoptar la resolucin que proceda, salvo si sta fuera la de archivo del expediente.

Si los expedientes de investigacin se refieren a bienes o derechos de titularidad de otras entidades pblicas dependientes de la Administracin General del Estado, ser necesario el informe previo del rgano al que corresponda su asesoramiento jurdico.

Artculo 47. Procedimiento de investigacin.

Reglamentariamente se regular el procedimiento que ha de seguirse para la investigacin de los bienes y derechos, con sujecin a las siguientes normas:

a) El procedimiento se iniciar de oficio, por iniciativa propia o por denuncia de particulares. En el caso de denuncia, la Direccin General del Patrimonio del Estado resolver sobre su admisibilidad y ordenar, en su caso, el inicio del procedimiento de investigacin.

b) El acuerdo de incoacin del procedimiento de investigacin se publicar gratuitamente en el "Boletn Oficial del Estado", sin perjuicio de la posibilidad de utilizar adicionalmente otros medios de difusin.

Una copia del acuerdo ser remitida al ayuntamiento en cuyo trmino radique el bien, para su exposicin al pblico en el tabln de edictos.

c) La Abogaca del Estado o los rganos a los que corresponda el asesoramiento jurdico de las entidades pblicas dependientes de la Administracin General del Estado debern emitir informe sobre la admisibilidad de las pruebas propuestas por los interesados.

d) Cuando se considere suficientemente acreditada la titularidad de la Administracin General del Estado sobre el bien o derecho, se declarar as en la resolucin que ponga fin al procedimiento y se proceder a su tasacin, a su inclusin en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado y a su inscripcin en el Registro de la Propiedad, as como a la adopcin, en su caso, de cuantas medidas sean procedentes para obtener su posesin.

e) Si el expediente de investigacin no fuese resuelto en el plazo de dos aos contados desde el da siguiente al de la publicacin prevista en el prrafo b) de este artculo, el rgano instructor acordar sin ms trmite el archivo de las actuaciones.

Artculo 48. Premio por denuncia.

A las personas que, sin venir obligadas a ello por razn de su cargo o funciones, promuevan la investigacin, denunciando la existencia de bienes y derechos que presumiblemente sean de titularidad pblica, se les abonar como premio e indemnizacin de todos los gastos el diez por ciento del importe por el que hayan sido tasados en la forma prevista en esta ley.

La resolucin del expediente decidir lo que proceda respecto al derecho y abono de los premios correspondientes.

El derecho al premio, en su caso, se devengar una vez que el bien o derecho se haya incorporado al Patrimonio del Estado.

Artculo 49. Asignacin de fincas de reemplazo en procedimientos de concentracin parcelaria.

No ser necesario tramitar el procedimiento de investigacin cuando con motivo de concentraciones parcelarias se asignen a la Administracin General del Estado fincas de reemplazo carentes de titular.

El acto o acuerdo de asignacin constituir ttulo suficiente para la toma de posesin e inscripcin de las mismas a favor de la Administracin.

SECCIN 3. DEL DESLINDE
Artculo 50. Potestad de deslinde.

1. Las Administraciones pblicas podrn deslindar los bienes inmuebles de su patrimonio de otros pertenecientes a terceros cuando los lmites entre ellos sean imprecisos o existan indicios de usurpacin.

2. Una vez iniciado el procedimiento administrativo de deslinde, y mientras dure su tramitacin, no podr instarse procedimiento judicial con igual pretensin.

Artculo 51. rganos competentes.

1. La incoacin del procedimiento para deslindar los bienes patrimoniales de la Administracin General del Estado se acordar por el Director General del Patrimonio del Estado, y corresponder al Ministro de Hacienda la resolucin del mismo. La instruccin del procedimiento corresponder a los Delegados de Economa y Hacienda.

2. En el caso de bienes demaniales de la Administracin General del Estado, la incoacin del procedimiento se acordar por el titular del departamento ministerial que los tenga afectados o al que corresponda su gestin o administracin.

3. Respecto de los bienes propios de los organismos pblicos o adscritos a los mismos, la competencia se ejercer por sus presidentes o directores.

Artculo 52. Procedimiento de deslinde.

Reglamentariamente se regular el procedimiento que ha de seguirse para el ejercicio de la potestad de deslinde, con sujecin a las siguientes normas:

a) El procedimiento se iniciar de oficio, por iniciativa propia o a peticin de los colindantes. En este caso, sern a su costa los gastos generados, debiendo constar en el expediente su conformidad expresa con ellos. Para el cobro de dichos gastos podr seguirse la va de apremio.

b) El acuerdo de iniciacin del procedimiento se comunicar al Registro de la Propiedad correspondiente a fin de que, por medio de nota al margen de la inscripcin de dominio, se tome razn de su incoacin.

c) El inicio del procedimiento se publicar gratuitamente en el "Boletn Oficial del Estado" y en el tabln de edictos del ayuntamiento en cuyo trmino radique el inmueble a deslindar, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar adicionalmente otros medios de difusin.

Igualmente, el acuerdo de iniciacin se notificar a cuantas personas se conozca ostenten derechos sobre las fincas colindantes que puedan verse afectadas por el deslinde.

d) La resolucin por la que se apruebe el deslinde se dictar previo informe de la Abogaca del Estado o del rgano al que corresponda el asesoramiento jurdico de las entidades pblicas vinculadas a la Administracin General del Estado, y deber notificarse a los afectados por el procedimiento de deslinde y publicarse en la forma prevista en el apartado anterior. Una vez el acuerdo resolutorio del deslinde sea firme, y si resulta necesario, se proceder al amojonamiento, con la intervencin de los interesados que lo soliciten, y se inscribir en el Registro de la Propiedad correspondiente.

e) El plazo mximo para resolver el procedimiento de deslinde ser de 18 meses, contados desde la fecha del acuerdo de iniciacin.

Transcurrido este plazo sin haberse dictado y notificado la correspondiente resolucin, caducar el procedimiento y se acordar el archivo de las actuaciones.

Artculo 53. Inscripcin.

1. Si la finca deslindada se hallare inscrita en el Registro de la Propiedad, se inscribir igualmente el deslinde administrativo referente a la misma, una vez que sea firme.

2. En todo caso, la resolucin aprobatoria del deslinde ser ttulo suficiente para que la Administracin proceda a la inmatriculacin de los bienes siempre que contenga los dems extremos exigidos por el artculo 206 de la Ley Hipotecaria.

Artculo 54. Sobrantes de deslindes de dominio pblico.

1. Los terrenos sobrantes de los deslindes de inmuebles demaniales podrn desafectarse en la forma prevista en el captulo I del ttulo III de esta ley.

2. A estos deslindes acudir un representante del Ministerio de Hacienda, si la competencia para efectuarlo no correspondiese a este departamento, a cuyos efectos el rgano competente para el deslinde cursar la oportuna citacin a la Delegacin de Economa y Hacienda en cuya demarcacin radiquen los bienes de que se trate.

3. El Director General del Patrimonio del Estado podr instar de los departamentos ministeriales y organismos pblicos competentes el deslinde de los inmuebles demaniales, a efectos de determinar con precisin la extensin de stos y la eventual existencia de terrenos sobrantes.

SECCIN 4. DE LA RECUPERACIN DE LA POSESIN DE LOS BIENES Y DERECHOS DEL PATRIMONIO
Artculo 55. Potestad de recuperacin posesoria.

1. Las Administraciones pblicas podrn recuperar por s mismas la posesin indebidamente perdida sobre los bienes y derechos de su patrimonio.

2. Si los bienes y derechos cuya posesin se trata de recuperar tienen la condicin de demaniales, la potestad de recuperacin podr ejercitarse en cualquier tiempo.

3. Si se trata de bienes y derechos patrimoniales la recuperacin de la posesin en va administrativa requiere que la iniciacin del procedimiento haya sido notificada antes de que transcurra el plazo de un ao, contado desde el da siguiente al de la usurpacin. Pasado dicho plazo, para recuperar la posesin de estos bienes debern ejercitarse las acciones correspondientes ante los rganos del orden jurisdiccional civil.

Artculo 56. Ejercicio de la potestad de recuperacin.

Reglamentariamente se regular el procedimiento para el ejercicio de potestad de recuperacin, con sujecin a las siguientes normas:

a) Previa audiencia al interesado y una vez comprobado el hecho de la usurpacin posesoria y la fecha en que sta se inici, se requerir al ocupante para que cese en su actuacin, sealndole un plazo no superior a ocho das para ello, con la prevencin de actuar en la forma sealada en los apartados siguientes si no atendiere voluntariamente el requerimiento.

b) En caso de resistencia al desalojo, se adoptarn cuantas medidas sean conducentes a la recuperacin de la posesin del bien o derecho, de conformidad con lo dispuesto en el captulo V del ttulo VI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn. Para lanzamiento podr solicitarse el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o imponerse multas coercitivas de hasta un cinco por 100 del valor de los bienes ocupados, reiteradas por perodos de ocho das hasta que se produzca el desalojo.

En estos supuestos, sern de cuenta del usurpador los gastos derivados de la tramitacin del procedimiento de recuperacin, cuyo importe, junto con el de los daos y perjuicios que se hubiesen ocasionado a los bienes usurpados, podr hacerse efectivo por el procedimiento de apremio.

Artculo 57. rganos competentes.

1. Respecto de los bienes y derechos de la Administracin General del Estado, las medidas expresadas en el artculo anterior se acordarn por el Delegado de Economa y Hacienda del lugar donde radiquen, y se dar cuenta al Director General del Patrimonio del Estado, o directamente por ste mismo.

Si los bienes o derechos se encontrasen adscritos a un organismo pblico, o afectados a un departamento ministerial, la competencia corresponder al presidente o director de aqul o al ministro titular de ste, si bien deber darse cuenta de las medidas adoptadas a dicha Direccin General.

2. En relacin con los bienes de los organismos pblicos vinculados a la Administracin General del Estado o dependientes de ella, la competencia para adoptar dichas medidas corresponder a sus directores o presidentes.

SECCIN 5. DEL DESAHUCIO ADMINISTRATIVO
Artculo 58. Potestad de desahucio.

Las Administraciones pblicas podrn recuperar en va administrativa la posesin de sus bienes demaniales cuando decaigan o desaparezcan el ttulo, las condiciones o las circunstancias que legitimaban su ocupacin por terceros.

Artculo 59. Ejercicio de la potestad de desahucio.

1. Para el ejercicio de la potestad de desahucio ser necesaria la previa declaracin de extincin o caducidad del ttulo que otorgaba el derecho de utilizacin de los bienes de dominio pblico.

2. Esta declaracin, as como los pronunciamientos que sean pertinentes en relacin con la liquidacin de la correspondiente situacin posesoria y la determinacin de la indemnizacin que, en su caso, sea procedente, se efectuarn en va administrativa, previa instruccin del pertinente procedimiento, en el que deber darse audiencia al interesado.

3. La resolucin que recaiga, que ser ejecutiva sin perjuicio de los recursos que procedan, se notificar al detentador, y se le requerir para que desocupe el bien, a cuyo fin se le conceder un plazo no superior a ocho das para que proceda a ello.

4. Si el tenedor no atendiera el requerimiento, se proceder en la forma prevista en el captulo V del ttulo VI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn. Se podr solicitar para el lanzamiento el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o imponer multas coercitivas de hasta un cinco por 100 del valor de los bienes ocupados, reiteradas por perodos de ocho das hasta que se produzca el desalojo.

5. Los gastos que ocasione el desalojo sern a cargo del detentador, pudiendo hacerse efectivo su importe por la va de apremio.

Artculo 60. rganos competentes.

La competencia para el desahucio corresponder al ministro titular del departamento o al presidente o director del organismo pblico que tenga afectados o adscritos los bienes.

CAPTULO VI
De la cooperacin en la defensa de los patrimonios pblicos
Artculo 61. Colaboracin del personal al servicio de la Administracin.

1. El personal al servicio de las Administraciones pblicas est obligado a colaborar en la proteccin, defensa y administracin de los bienes y derechos de los patrimonios pblicos. A tal fin facilitarn a los rganos competentes en materia patrimonial cuantos informes y documentos soliciten en relacin con los mismos, prestarn el auxilio y cooperacin que precisen para el adecuado ejercicio de sus competencias, y pondrn en su conocimiento los hechos que pudiesen ser lesivos para la integridad fsica de los bienes o conculcar los derechos que pudiesen ostentar las Administraciones pblicas sobre los mismos.

2. En particular, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgnica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, prestarn a los rganos competentes para el ejercicio de las potestades previstas en el artculo 41 de esta ley la asistencia que precisen para la ejecucin forzosa de los actos que dicten.

Artculo 62. Colaboracin ciudadana.

Los ciudadanos estarn obligados a aportar a las Administraciones pblicas, a requerimiento de stas, cuantos datos, documentos e informes obren en su poder que sean relevantes para la gestin y defensa de sus bienes y derechos, as como a facilitarles la realizacin de inspecciones y otros actos de investigacin referidos a los mismos.

Artculo 63. Notificacin de determinados actos y contratos.

1. Los notarios que intervengan en cualquier acto o contrato no otorgado por el Ministro de Hacienda, el Director General del Patrimonio del Estado o los Delegados de Economa y Hacienda sobre bienes o derechos cuya titularidad corresponda a la Administracin General del Estado o a los organismos pblicos vinculados a la misma o dependientes de ella, remitirn a dicho centro directivo una copia simple de la correspondiente escritura, y dejarn manifestacin en la escritura matriz de haberse procedido a tal comunicacin. El registrador de la propiedad no inscribir ninguna escritura en la que falte esta manifestacin del notario.

2. Cuando la prctica de los asientos registrales pueda efectuarse en virtud de documento administrativo, los registradores de la propiedad estarn obligados a cursar igual comunicacin, con remisin de copia del documento presentado e indicacin de la fecha del asiento de presentacin, cuando aqul no haya sido otorgado por los rganos expresados en el apartado anterior.

Artculo 64. Facilitacin de informacin.

La Direccin General del Catastro, los Registros de la Propiedad y los restantes registros o archivos pblicos debern facilitar, de forma gratuita, a la Direccin General del Patrimonio del Estado, a requerimiento de sta, la informacin de que dispongan sobre los bienes o derechos cuya titularidad corresponda a la Administracin General del Estado o a los organismos pblicos vinculados a la misma o dependientes de ella, as como todos aquellos datos o informaciones que sean necesarios para la adecuada gestin o actualizacin del Inventario General, o para el ejercicio de las potestades enumeradas en el artculo 41 de esta ley. De igual forma, podrn recabar esta informacin las Administraciones pblicas y los organismos pblicos, a travs de sus presidentes o directores, respecto de sus bienes.

TTULO III
De los bienes y derechos pblicos
CAPTULO I
Afectacin, desafectacin y mutacin de destino de los bienes y derechos
Artculo 65. Afectacin de bienes y derechos patrimoniales al uso general o al servicio pblico.

La afectacin determina la vinculacin de los bienes y derechos a un uso general o a un servicio pblico, y su consiguiente integracin en el dominio pblico.

Artculo 66. Forma de la afectacin.

1. Salvo que la afectacin derive de una norma con rango legal, sta deber hacerse en virtud de acto expreso por el rgano competente, en el que se indicar el bien o derecho a que se refiera, el fin al que se destina, la circunstancia de quedar aqul integrado en el dominio pblico y el rgano al que corresponda el ejercicio de las competencias demaniales, incluidas las relativas a su administracin, defensa y conservacin.

2. Sin perjuicio de lo sealado en el apartado anterior y de lo dispuesto en el artculo 73 de esta ley, surtirn los mismos efectos de la afectacin expresa los hechos y actos siguientes:

a) La utilizacin pblica, notoria y continuada por la Administracin General del Estado o sus organismos pblicos de bienes y derechos de su titularidad para un servicio pblico o para un uso general.

b) La adquisicin de bienes o derechos por usucapin, cuando los actos posesorios que han determinado la prescripcin adquisitiva hubiesen vinculado el bien o derecho al uso general o a un servicio pblico, sin perjuicio de los derechos adquiridos sobre ellos por terceras personas al amparo de las normas de derecho privado.

c) La adquisicin de bienes y derechos por expropiacin forzosa, supuesto en el que, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 24.2 de esta ley, los bienes o derechos adquiridos se entendern afectados al fin determinante de la declaracin de utilidad pblica o inters social.

d) La aprobacin por el Consejo de Ministros de programas o planes de actuacin general, o proyectos de obras o servicios, cuando de ellos resulte la vinculacin de bienes o derechos determinados a fines de uso o servicio pblico.

e) La adquisicin de los bienes muebles necesarios para el desenvolvimiento de los servicios pblicos o para la decoracin de dependencias oficiales.

3. El departamento ministerial u organismo pblico que tuviese conocimiento de los hechos o realizase actuaciones de las previstas en los prrafos a) a d) del apartado anterior, deber comunicarlo a la Direccin General del Patrimonio del Estado para su adecuada regularizacin, sin perjuicio del ejercicio de las funciones de administracin, proteccin y defensa que le correspondan.

4. Los inmuebles en construccin se entendern afectados al departamento con cargo a cuyos crditos presupuestarios se efecte la edificacin.

Una vez finalizada la obra se dar cuenta a la Direccin General del Patrimonio del Estado de su recepcin y de la inscripcin de la obra nueva. Este centro directivo proceder a dictar los actos de regularizacin necesarios.

5. Podr acordarse la afectacin a un departamento ministerial u organismo pblico de bienes y derechos que no vayan a dedicarse de forma inmediata a un servicio pblico, cuando sea previsible su utilizacin para estos fines tras el transcurso de un plazo o el cumplimiento de determinadas condiciones que se harn constar en la resolucin que acuerde la afectacin.

Artculo 67. Afectaciones concurrentes.

1. Los bienes y derechos del Patrimonio del Estado podrn ser objeto de afectacin a ms de un uso o servicio de la Administracin General del Estado o de sus organismos pblicos, siempre que los diversos fines concurrentes sean compatibles entre s.

2. La resolucin en que se acuerde la afectacin a ms de un fin o servicio determinar las facultades que corresponden a los diferentes departamentos u organismos, respecto de la utilizacin, administracin y defensa de los bienes y derechos afectados.

Artculo 68. Procedimiento para la afectacin de bienes y derechos.

1. La afectacin de los bienes y derechos del Patrimonio del Estado a los departamentos ministeriales compete al Ministro de Hacienda. La instruccin del procedimiento compete a la Direccin General del Patrimonio del Estado, que lo incoar de oficio, a iniciativa propia o a propuesta del departamento ministerial interesado en la afectacin.

2. La orden ministerial de afectacin, que deber contener las menciones requeridas por el artculo 66.1 de esta ley, surtir efectos a partir de la recepcin de los bienes por el departamento a que se destinen y mediante suscripcin de la correspondiente acta por el representante designado por dicho departamento y el nombrado por la Direccin General del Patrimonio del Estado. Una vez suscrita el acta, el departamento al que se hayan afectado los bienes o derechos utilizar los mismos de acuerdo con el fin sealado, y ejercer respecto de ellos las correspondientes competencias demaniales.

3. La afectacin de los bienes y derechos de los organismos pblicos al cumplimiento de los fines, funciones o servicios que tengan encomendados ser acordada por el ministro titular del departamento del que dependan, a propuesta de su presidente o director.

Artculo 69. Desafectacin de los bienes y derechos de dominio pblico.

1. Los bienes y derechos demaniales perdern esta condicin, adquiriendo la de patrimoniales, en los casos en que se produzca su desafectacin, por dejar de destinarse al uso general o al servicio pblico.

2. Salvo en los supuestos previstos en esta ley, la desafectacin deber realizarse siempre de forma expresa.

Artculo 70. Procedimiento para la desafectacin de los bienes y derechos demaniales.

1. Los bienes y derechos afectados a fines o servicios de los departamentos ministeriales sern desafectados por el Ministro de Hacienda.

La incoacin e instruccin del procedimiento compete a la Direccin General del Patrimonio del Estado, a iniciativa propia o a propuesta del departamento que tuviera afectados los bienes o derechos o al que correspondiese su gestin y administracin, previa depuracin de su situacin fsica y jurdica.

2. La desafectacin de los bienes y derechos integrados en el patrimonio de la Administracin General del Estado requerir, para su efectividad, de su recepcin formal por el Ministerio de Hacienda, bien mediante acta de entrega suscrita por un representante designado por el departamento al que hubiesen estado afectados los bienes o derechos y otro designado por la Direccin General del Patrimonio del Estado, o bien mediante acta de toma de posesin levantada por la Direccin General del Patrimonio del Estado.

3. Los bienes y derechos demaniales de titularidad de los organismos pblicos que stos tengan afectados para el cumplimiento de sus fines sern desafectados por el Ministro titular del departamento del que dependan, a propuesta de su Presidente o Director.

4. La desafectacin de los bienes muebles adquiridos por los departamentos ministeriales, o que tuvieran afectados, ser competencia del titular del departamento.

Artculo 71. Mutaciones demaniales.

1. La mutacin demanial es el acto en virtud del cual se efecta la desafectacin de un bien o derecho del Patrimonio del Estado, con simultnea afectacin a otro uso general, fin o servicio pblico de la Administracin General del Estado o de los organismos pblicos vinculados o dependientes de ella.

2. Las mutaciones demaniales debern efectuarse de forma expresa, salvo lo previsto en el apartado siguiente para el caso de reestructuracin de rganos.

3. En los casos de reestructuracin orgnica se estar, en lo que respecta al destino de los bienes y derechos que tuviesen afectados o adscritos los rganos u organismos que se supriman o reformen, a lo que se establezca en la correspondiente disposicin. Si no se hubiese previsto nada sobre este particular, se entender que los bienes y derechos continan vinculados a los mismos fines y funciones, considerndose afectados al rgano u organismo al que se hayan atribuido las respectivas competencias sin necesidad de declaracin expresa.

4. Reglamentariamente se regularn los trminos y condiciones en que los bienes y derechos demaniales de la Administracin General del Estado y sus organismos pblicos podrn afectarse a otras Administraciones pblicas para destinarlos a un determinado uso o servicio pblico de su competencia. Este supuesto de mutacin entre Administraciones pblicas no alterar la titularidad de los bienes ni su carcter demanial, y ser aplicable a las comunidades autnomas cuando stas prevean en su legislacin la posibilidad de afectar bienes demaniales de su titularidad a la Administracin General del Estado o sus organismos pblicos para su dedicacin a un uso o servicio de su competencia.

Artculo 72. Procedimiento para la mutacin demanial.

1. La mutacin de destino de los bienes inmuebles de la Administracin General del Estado o afectos al cumplimiento de fines o servicios de sta, compete al Ministro de Hacienda. La incoacin e instruccin del correspondiente procedimiento se acordar por la Direccin General del Patrimonio del Estado, a iniciativa propia o a propuesta del departamento u organismo interesado.

2. La orden de mutacin demanial requerir para su efectividad, de la firma de un acta, con intervencin de la Direccin General del Patrimonio del Estado y los departamentos u organismos interesados.

3. La mutacin de destino de los bienes muebles del Patrimonio del Estado se realizar por los propios departamentos u organismos interesados en la misma.

Para ello se formalizarn por las partes las correspondientes actas de entrega y recepcin, que perfeccionarn el cambio de destino de los bienes de que se trate, y constituirn ttulo suficiente para las respectivas altas y bajas en los inventarios de bienes muebles de los departamentos.

4. La mutacin de destino de los bienes y derechos demaniales propios de los organismos pblicos para el cumplimiento dentro del organismo de sus fines o servicios pblicos, se acordar por el ministro titular del departamento del que dependan, a propuesta de su presidente o director. Las mutaciones de destino de bienes y derechos demaniales propios o adscritos de un organismo, para el cumplimiento de fines o servicios de otro organismo o de la Administracin General del Estado, sern acordadas por el Ministro de Hacienda, a propuesta conjunta de las dos entidades.

5. En el caso previsto en el apartado 3 del artculo anterior, los departamentos ministeriales o los organismos pblicos a que queden afectados los bienes o derechos comunicarn a la Direccin General del Patrimonio del Estado la mutacin operada, para que se proceda a tomar razn de la misma en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado.

Si la adaptacin de la situacin patrimonial a la reforma orgnica producida exigiese una distribucin de los bienes entre varios departamentos u organismos, esta comunicacin deber cursarse con el acuerdo expreso de todos ellos. A falta de acuerdo, cada departamento u organismo remitir a la Direccin General del Patrimonio del Estado una propuesta de distribucin de los bienes y el Ministro de Hacienda resolver en ltimo trmino sobre la afectacin.

CAPTULO II
Adscripcin y desadscripcin de bienes y derechos
Artculo 73. Adscripcin.

1. Los bienes y derechos patrimoniales de la Administracin General del Estado podrn ser adscritos a los organismos pblicos dependientes de aqulla para su vinculacin directa a un servicio de su competencia, o para el cumplimiento de sus fines propios. En ambos casos, la adscripcin llevar implcita la afectacin del bien o derecho, que pasar a integrarse en el dominio pblico.

2. Igualmente, los bienes y derechos propios de un organismo pblico podrn ser adscritos al cumplimiento de fines propios de otro.

3. La adscripcin no alterar la titularidad sobre el bien.

Artculo 74. Procedimiento para la adscripcin.

1. La adscripcin se acordar por el Ministro de Hacienda. La instruccin del correspondiente procedimiento compete a la Direccin General del Patrimonio del Estado, que lo incoar de oficio o a propuesta del organismo u organismos pblicos interesados, cursada a travs del departamento del que dependan.

2. La adscripcin requerir, para su efectividad, de la firma de la correspondiente acta, otorgada por representantes de la Direccin General del Patrimonio del Estado y del organismo u organismos respectivos.

Artculo 75. Carcter finalista de la adscripcin.

1. Los bienes y derechos debern destinarse al cumplimiento de los fines que motivaron su adscripcin, y en la forma y con las condiciones que, en su caso, se hubiesen establecido en el correspondiente acuerdo. La alteracin posterior de estas condiciones deber autorizarse expresamente por el Ministro de Hacienda.

2. La Direccin General del Patrimonio del Estado verificar la aplicacin de los bienes y derechos al fin para el que fueron adscritos, y podr adoptar a estos efectos cuantas medidas sean necesarias.

Artculo 76. Competencias de los organismos pblicos en relacin con los bienes adscritos.

Respecto a los bienes y derechos que tengan adscritos, corresponde a los organismos pblicos el ejercicio de las competencias demaniales, as como la vigilancia, proteccin jurdica, defensa, administracin, conservacin, mantenimiento y dems actuaciones que requiera el correcto uso y utilizacin de los mismos.

Artculo 77. Desadscripcin por incumplimiento del fin.

1. Si los bienes o derechos adscritos no fuesen destinados al fin previsto dentro del plazo que, en su caso, se hubiese fijado, o dejaran de serlo posteriormente, o se incumpliesen cualesquiera otras condiciones establecidas para su utilizacin, el Director General del Patrimonio del Estado podr cursar un requerimiento al organismo al que se adscribieron los bienes o derechos para que se ajuste en su uso a lo sealado en el acuerdo de adscripcin, o proponer al Ministro de Hacienda la desadscripcin de los mismos.

2. Igual opcin se dar en el caso de que el organismo que tenga adscritos los bienes no ejercite las competencias que le corresponden de acuerdo con el artculo anterior.

3. En el caso en que se proceda a la desadscripcin de los bienes por incumplimiento del fin, el titular del bien o derecho podr exigir el valor de los detrimentos o deterioros experimentados por ellos, actualizados al momento en que se produzca la desadscripcin, o el coste de su rehabilitacin, previa tasacin.

Artculo 78. Desadscripcin por innecesariedad de los bienes.

1. Cuando los bienes o derechos adscritos dejen de ser necesarios para el cumplimiento de los fines que motivaron la adscripcin, se proceder a su desadscripcin previa regularizacin, en su caso, de su situacin fsica y jurdica por el organismo correspondiente.

2. A estos efectos, la Direccin General del Patrimonio del Estado incoar y tramitar el correspondiente procedimiento, por propia iniciativa o en virtud de la comunicacin que, comprobada la innecesariedad de tales bienes o derechos, est obligado a cursar el organismo que los tuviera adscritos, y elevar al Ministro de Hacienda la propuesta que sea procedente.

Artculo 79. Recepcin de los bienes.

La desadscripcin, que llevar implcita la desafectacin, requerir, para su efectividad, de la recepcin formal del bien o derecho que se documentar en la correspondiente acta de entrega, suscrita por representantes de la Direccin General del Patrimonio del Estado y del organismo u organismos, o en acta de toma de posesin levantada por la Direccin General del Patrimonio del Estado.

CAPTULO III
Incorporacin al patrimonio de la Administracin General del Estado de bienes de los organismos pblicos
Artculo 80. Supuestos de incorporacin.

1. Los bienes inmuebles y derechos reales de los organismos pblicos vinculados a la Administracin General del Estado que no les sean necesarios para el cumplimiento de sus fines se incorporarn, previa desafectacin, en su caso, al patrimonio de sta.

2. Se exceptan de lo dispuesto en el apartado anterior y, en consecuencia, podrn ser enajenados por los organismos pblicos los bienes adquiridos por ellos con el propsito de devolverlos al trfico jurdico patrimonial de acuerdo con sus fines peculiares.

3. En el caso de entidades pblicas empresariales que, en virtud de sus normas de creacin o sus estatutos, tengan reconocidas facultades para la enajenacin de sus bienes, cuando los inmuebles o derechos reales dejen de serles necesarios debern comunicar esta circunstancia al Director General del Patrimonio del Estado.

Artculo 81. Procedimiento para la incorporacin de bienes.

1. Sern de aplicacin a la incorporacin las normas sobre competencia y procedimiento establecidas en el artculo 78 de esta ley. La recepcin formal de los bienes se documentar por el Ministerio de Hacienda en la forma prevista en el artculo 79 de esta ley.

2. En el caso de supresin de organismos pblicos, la incorporacin de sus bienes al patrimonio de la Administracin General del Estado se efectuar mediante la toma de posesin de los mismos por el Ministerio de Hacienda, que se documentar en la correspondiente acta. A estos efectos, el departamento del que dependiera el organismo comunicar su supresin a la Direccin General del Patrimonio del Estado, y acompaar a dicha comunicacin una relacin de los bienes propios de aqul.

3. Respecto de los bienes y derechos de los organismos autnomos que, en virtud de sus normas de creacin o sus estatutos, tengan atribuidas facultades para su enajenacin, el Ministro de Hacienda podr acordar la no incorporacin del inmueble o derecho al patrimonio de la Administracin General del Estado, supuesto en el que el organismo titular quedar facultado para proceder a su enajenacin conforme a lo previsto en la seccin 2. del captulo V del ttulo V de esta ley.

CAPTULO IV
Publicidad del trfico jurdico de los bienes y derechos
Artculo 82. Constancia en el inventario.

Los actos de afectacin, mutacin demanial, desafectacin, adscripcin, desadscripcin e incorporacin se harn constar en el correspondiente inventario patrimonial.

Artculo 83. Rgimen de publicidad registral.

1. Si los actos a que se refiere el artculo anterior tuviesen por objeto bienes inmuebles o derechos reales sobre ellos, se tomar razn de los mismos en el Registro de la Propiedad mediante nota marginal o inscripcin a favor del nuevo titular, segn proceda. Para la prctica de este asiento ser ttulo suficiente el acta correspondiente.

2. Tratndose de bienes del Patrimonio del Estado, el registrador no practicar la inscripcin, cuando no sea firmante del acta un representante de la Direccin General del Patrimonio del Estado, si no se acredita que se ha efectuado la preceptiva comunicacin del acto a este Centro directivo para su constancia en el Inventario General.

3. En el caso de supresin de organismos pblicos, la inscripcin en el Registro de la Propiedad a favor de la Administracin General del Estado se practicar con la presentacin de la disposicin en cuya virtud se hubiese producido la supresin del organismo.

TTULO IV
Uso y explotacin de los bienes y derechos
CAPTULO I
Utilizacin de los bienes y derechos de dominio pblico
SECCIN 1. DISPOSICIN GENERAL
Artculo 84. Necesidad de ttulo habilitante.

1. Nadie puede, sin ttulo que lo autorice otorgado por la autoridad competente, ocupar bienes de dominio pblico o utilizarlos en forma que exceda el derecho de uso que, en su caso, corresponde a todos.

2. Las autoridades responsables de la tutela y defensa del dominio pblico vigilarn el cumplimiento de lo establecido en el apartado anterior y, en su caso, actuarn contra quienes, careciendo de ttulo, ocupen bienes de dominio pblico o se beneficien de un aprovechamiento especial sobre ellos, a cuyo fin ejercitarn las facultades y prerrogativas previstas en el artculo 41 de esta ley.

3. Las concesiones y autorizaciones sobre bienes de dominio pblico se regirn en primer trmino por la legislacin especial reguladora de aqullas y, a falta de normas especiales o en caso de insuficiencia de stas, por las disposiciones de esta ley.

SECCIN 2. UTILIZACIN DE LOS BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
Artculo 85. Tipos de uso de los bienes de dominio pblico.

1. Se considera uso comn de los bienes de dominio pblico el que corresponde por igual y de forma indistinta a todos los ciudadanos, de modo que el uso por unos no impide el de los dems interesados.

2. Es uso que implica un aprovechamiento especial del dominio pblico el que, sin impedir el uso comn, supone la concurrencia de circunstancias tales como la peligrosidad o intensidad del mismo, preferencia en casos de escasez, la obtencin de una rentabilidad singular u otras semejantes, que determinan un exceso de utilizacin sobre el uso que corresponde a todos o un menoscabo de ste.

3. Es uso privativo el que determina la ocupacin de una porcin del dominio pblico, de modo que se limita o excluye la utilizacin del mismo por otros interesados.

Artculo 86. Ttulos habilitantes.

1. El uso comn de los bienes de dominio pblico podr realizarse libremente, sin ms limitaciones que las derivadas de su naturaleza, lo establecido en los actos de afectacin o adscripcin, y en las disposiciones que sean de aplicacin.

2. El aprovechamiento especial de los bienes de dominio pblico, as como su uso privativo, cuando la ocupacin se efecte nicamente con instalaciones desmontables o bienes muebles, estarn sujetos a autorizacin o, si la duracin del aprovechamiento o uso excede de cuatro aos, a concesin.

3. El uso privativo de los bienes de dominio pblico que determine su ocupacin con obras o instalaciones fijas deber estar amparado por la correspondiente concesin administrativa.

SECCIN 3. UTILIZACIN DE LOS BIENES Y DERECHOS DESTINADOS A UN SERVICIO PBLICO
Artculo 87. Bienes destinados a la prestacin de servicios pblicos reglados.

La utilizacin de los bienes y derechos destinados a la prestacin de un servicio pblico se supeditar a lo dispuesto en las normas reguladoras del mismo y, subsidiariamente, se regir por esta ley.

Artculo 88. Bienes destinados a otros servicios pblicos.

Los bienes destinados a otros servicios pblicos se utilizarn de conformidad con lo previsto en el acto de afectacin o adscripcin y, en su defecto, por lo establecido en esta ley y sus disposiciones de desarrollo.

Artculo 89. Ocupacin de espacios en edificios administrativos.

La ocupacin por terceros de espacios en los edificios administrativos del patrimonio del Estado podr admitirse, con carcter excepcional, cuando se efecte para dar soporte a servicios dirigidos al personal destinado en ellos o al pblico visitante, como cafeteras, oficinas bancarias, cajeros automticos, oficinas postales u otros anlogos, o para la explotacin marginal de espacios no necesarios para los servicios administrativos.

Esta ocupacin no podr entorpecer o menoscabar la utilizacin del inmueble por los rganos o unidades alojados en l, y habr de estar amparada por la correspondiente autorizacin, si se efecta con bienes muebles o instalaciones desmontables, o concesin, si se produce por medio de instalaciones fijas, o por un contrato que permita la ocupacin formalizado de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pblicas.

Artculo 90. Autorizaciones especiales de uso sobre bienes afectados o adscritos.

1. El ministro titular del departamento o el presidente o director del organismo que tuviese afectados o adscritos bienes del Patrimonio del Estado, podr autorizar su uso por personas fsicas o jurdicas, pblicas o privadas para el cumplimiento espordico o temporal de fines o funciones pblicas, previo informe favorable de la Direccin General del Patrimonio del Estado, por cuatro aos, prorrogables por igual plazo.

2. Dichas autorizaciones se otorgarn por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda, cuando se trate de fundaciones estatales y organismos internacionales, sin sujecin a las limitaciones de plazo y destino expresados en el apartado anterior.

3. Igualmente, no se sujetarn a los requisitos previstos en el apartado 1 de este artculo, las autorizaciones de uso por plazo inferior a 30 das, o para la organizacin de conferencias, seminarios, presentaciones u otros eventos. El rgano competente deber fijar en el acto de autorizacin, tanto las condiciones de utilizacin del inmueble, estableciendo lo necesario para que la misma no interfiera su uso por los rganos administrativos que lo tuvieran afectado o adscrito, como la contraprestacin a satisfacer por el solicitante, de acuerdo con lo sealado en el apartado 5 del artculo 92 de esta ley.

SECCIN 4. AUTORIZACIONES Y CONCESIONES DEMANIALES
Artculo 91. Condiciones de las autorizaciones y concesiones.

1. El Ministro de Hacienda, a propuesta de la Direccin General del Patrimonio del Estado, podr aprobar condiciones generales para el otorgamiento de categoras determinadas de concesiones y autorizaciones sobre bienes y derechos del Patrimonio del Estado, que debern ser publicadas en el "Boletn Oficial del Estado".

2. En defecto de condiciones generales, las concesiones y autorizaciones se ajustarn a las que se establezcan por el Ministro titular del departamento al que se encuentren afectados los bienes o del que dependan los organismos pblicos que sean sus titulares o que los tengan adscritos. Estas condiciones podrn tener un alcance general, para categoras determinadas de autorizaciones y concesiones de competencia del departamento, o establecerse para supuestos concretos, y su aprobacin requerir, en todo caso, informe previo favorable del Ministro de Hacienda, que ser igualmente preceptivo y vinculante cuando se pretenda establecer excepciones a las condiciones aprobadas con carcter general por ste.

3. Las condiciones para el otorgamiento de autorizaciones y concesiones podrn contemplar la imposicin al titular de obligaciones accesorias, tales como la adquisicin de valores, la adopcin y mantenimiento de determinados requisitos societarios, u otras de anloga naturaleza, cuando as se considere necesario por razones de inters pblico.

4. Las autorizaciones y concesiones que habiliten para una ocupacin de bienes de dominio pblico que sea necesaria para la ejecucin de un contrato administrativo debern ser otorgadas por la Administracin que sea su titular, y se considerarn accesorias de aqul. Estas autorizaciones y concesiones estarn vinculadas a dicho contrato a efectos de otorgamiento, duracin y vigencia y transmisibilidad, sin perjuicio de la aprobacin e informes a que se refieren los apartados anteriores de este artculo.

No ser necesario obtener estas autorizaciones o concesiones cuando el contrato administrativo habilite para la ocupacin de los bienes de dominio pblico.

Artculo 92. Autorizaciones.

1. Las autorizaciones se otorgarn directamente a los peticionarios que renan las condiciones requeridas, salvo si, por cualquier circunstancia, se encontrase limitado su nmero, en cuyo caso lo sern en rgimen de concurrencia y si ello no fuere procedente, por no tener que valorarse condiciones especiales en los solicitantes, mediante sorteo, si otra cosa no se hubiese establecido en las condiciones por las que se rigen.

2. No sern transmisibles las autorizaciones para cuyo otorgamiento deban tenerse en cuenta circunstancias personales del autorizado o cuyo nmero se encuentre limitado, salvo que las condiciones por las que se rigen admitan su transmisin.

3. Las autorizaciones habrn de otorgarse por tiempo determinado. Su plazo mximo de duracin, incluidas las prrrogas, ser de cuatro aos.

4. Las autorizaciones podrn ser revocadas unilateralmente por la Administracin concedente en cualquier momento por razones de inters pblico, sin generar derecho a indemnizacin, cuando resulten incompatibles con las condiciones generales aprobadas con posterioridad, produzcan daos en el dominio pblico, impidan su utilizacin para actividades de mayor inters pblico o menoscaben el uso general.

5. Las autorizaciones podrn ser gratuitas, otorgarse con contraprestacin o con condiciones, o estar sujetas a la tasa por utilizacin privativa o aprovechamiento especial de bienes del dominio pblico estatal regulada en el captulo VIII del ttulo I de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de Modificacin del Rgimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenacin de las Prestaciones Patrimoniales de Carcter Pblico, o a las tasas previstas en sus normas especiales.

No estarn sujetas a la tasa cuando la utilizacin privativa o aprovechamiento especial de bienes de dominio pblico no lleve aparejada una utilidad econmica para la persona autorizada o, aun existiendo dicha utilidad, la utilizacin o aprovechamiento suponga condiciones o contraprestaciones para el beneficiario que anulen o hagan irrelevante aqulla.

En los casos previstos en el prrafo anterior, se har constar tal circunstancia en los pliegos de condiciones o clausulado de la autorizacin.

6. Al solicitante de autorizaciones de uso privativo o aprovechamiento especial del dominio pblico, cualquiera que sea el rgimen econmico que les resulte de aplicacin, podr exigrsele garanta, en la forma que se estime ms adecuada, del uso del bien y de su reposicin o reparacin, o indemnizacin de daos, en caso de alteracin. El cobro de los gastos generados, cuando excediese de la garanta prestada, podr hacerse efectivo por la va de apremio.

7. Sin perjuicio de los dems extremos que puedan incluir las condiciones generales o particulares, el acuerdo de autorizacin de uso de bienes y derechos demaniales incluir, al menos:

a) El rgimen de uso del bien o derecho.

b) El rgimen econmico a que queda sujeta la autorizacin.

c) La garanta a prestar, en su caso.

d) La asuncin de los gastos de conservacin y mantenimiento, impuestos, tasas y dems tributos, as como el compromiso de utilizar el bien segn su naturaleza y de entregarlo en el estado en que se recibe.

e) El compromiso de previa obtencin a su costa de cuantas licencias y permisos requiera el uso del bien o la actividad a realizar sobre el mismo.

f) La asuncin de la responsabilidad derivada de la ocupacin, con mencin, en su caso, de la obligatoriedad de formalizar la oportuna pliza de seguro, aval bancario, u otra garanta suficiente.

g) La aceptacin de la revocacin unilateral, sin derecho a indemnizaciones, por razones de inters pblico en los supuestos previstos en el apartado 4 de este artculo.

h) La reserva por parte del ministerio u organismo cedente de la facultad de inspeccionar el bien objeto de autorizacin, para garantizar que el mismo es usado de acuerdo con los trminos de la autorizacin.

i) El plazo y rgimen de prrroga y subrogacin que, en todo caso, requerir la previa autorizacin.

j) Las causas de extincin.

8. Lo dispuesto en este precepto ser de aplicacin a las autorizaciones especiales de uso previstas en el artculo 90 de esta ley, en lo que no sea incompatible con su objeto y finalidad.

Artculo 93. Concesiones demaniales.

1. El otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio pblico se efectuar en rgimen de concurrencia. No obstante, podr acordarse el otorgamiento directo en los supuestos previstos en el artculo 137.4 de esta ley, cuando se den circunstancias excepcionales, debidamente justificadas, o en otros supuestos establecidos en las leyes.

2. Cualquiera que haya sido el procedimiento seguido para la adjudicacin, una vez otorgada la concesin deber procederse a su formalizacin en documento administrativo. Este documento ser ttulo suficiente para inscribir la concesin en el Registro de la Propiedad.

3. Las concesiones se otorgarn por tiempo determinado. Su plazo mximo de duracin, incluidas las prrrogas, no podr exceder de 75 aos, salvo que se establezca otro menor en las normas especiales que sean de aplicacin.

4. Las concesiones de uso privativo o aprovechamiento especial del dominio pblico podrn ser gratuitas, otorgarse con contraprestacin o condicin o estar sujetas a la tasa por utilizacin privativa o aprovechamiento especial de bienes del dominio pblico estatal regulada en el captulo VIII del ttulo I de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de Modificacin del Rgimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenacin de las Prestaciones Patrimoniales de Carcter Pblico, o a las tasas previstas en sus normas especiales.

No estarn sujetas a la tasa cuando la utilizacin privativa o aprovechamiento especial de bienes de dominio pblico no lleve aparejada una utilidad econmica para el concesionario, o, aun existiendo dicha utilidad, la utilizacin o aprovechamiento entrae condiciones o contraprestaciones para el beneficiario que anulen o hagan irrelevante aqulla.

En los casos previstos en el prrafo anterior, se har constar tal circunstancia en los pliegos de condiciones o clausulado de la concesin.

5. Sin perjuicio de los dems extremos que puedan incluir las condiciones generales o particulares que se aprueben, el acuerdo de otorgamiento de la concesin, incluir al menos las menciones establecidas para las autorizaciones en el apartado 7 del artculo 92 de esta ley, salvo la relativa a la revocacin unilateral sin derecho a indemnizacin.

Artculo 94. Prohibiciones para ser titular de concesiones demaniales.

En ningn caso podrn ser titulares de concesiones sobre bienes y derechos demaniales las personas en quienes concurra alguna de las prohibiciones de contratar reguladas en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pblicas.

Cuando, posteriormente al otorgamiento de la concesin, el titular incurra en alguna de las prohibiciones de contratacin se producir la extincin de la concesin.

Artculo 95. Competencia para el otorgamiento de autorizaciones y concesiones.

Las concesiones y autorizaciones sobre los bienes y derechos demaniales del Patrimonio del Estado se otor garn por los ministros titulares de los departamentos a que se encuentren afectados, o corresponda su gestin o administracin, o por los presidentes o directores de los organismos pblicos que los tengan adscritos o a cuyo patrimonio pertenezcan.

Artculo 96. Otorgamiento de autorizaciones y concesiones en rgimen de concurrencia.

1. El procedimiento para el otorgamiento de las autorizaciones y concesiones en rgimen de concurrencia podr iniciarse de oficio o a solicitud de persona interesada.

2. Para la iniciacin de oficio de cualquier procedimiento de otorgamiento de una autorizacin o concesin, el rgano competente deber justificar la necesidad o conveniencia de la misma para el cumplimiento de los fines pblicos que le competen, que el bien ha de continuar siendo de dominio pblico, y la procedencia de la adjudicacin directa, en su caso.

3. La iniciacin de oficio se realizar mediante convocatoria aprobada por el rgano competente, que se publicar en el "Boletn Oficial del Estado", o en el de la comunidad autnoma, o provincia, segn cual sea la Administracin actuante, sin perjuicio de la posibilidad de usar otros medios adicionales de difusin. Los interesados dispondrn de un plazo de treinta das para presentar las correspondientes peticiones.

4. En los procedimientos iniciados de oficio a peticin de particulares, la Administracin podr, por medio de anuncio pblico, invitar a otros posibles interesados a presentar solicitudes. Si no media este acto de invitacin, se dar publicidad a las solicitudes que se presenten, a travs de su publicacin en el "Boletn Oficial del Estado", de la comunidad autnoma o de la provincia, dependiendo del mbito competencial de la Administracin actuante, y sin perjuicio de la posible utilizacin de otros medios adicionales de difusin, y se abrir un plazo de 30 das durante el cual podrn presentarse solicitudes alternativas por otros interesados.

5. Para decidir sobre el otorgamiento de la concesin o autorizacin, se atender al mayor inters y utilidad pblica de la utilizacin o aprovechamiento solicitado, que se valorarn en funcin de los criterios especificados en los pliegos de condiciones.

6. El plazo mximo para resolver el procedimiento ser de seis meses. Podr considerarse desestimada la solicitud en caso de no notificarse resolucin dentro de ese plazo.

Artculo 97. Derechos reales sobre obras en dominio pblico.

1. El titular de una concesin dispone de un derecho real sobre las obras, construcciones e instalaciones fijas que haya construido para el ejercicio de la actividad autorizada por el ttulo de la concesin.

2. Este ttulo otorga a su titular, durante el plazo de validez de la concesin y dentro de los lmites establecidos en la presente seccin de esta ley, los derechos y obligaciones del propietario.

Artculo 98. Transmisin de derechos reales.

1. Los derechos sobre las obras, construcciones e instalaciones de carcter inmobiliario a que se refiere el artculo precedente slo pueden ser cedidos o transmitidos mediante negocios jurdicos entre vivos o por causa de muerte o mediante la fusin, absorcin o escisin de sociedades, por el plazo de duracin de la concesin, a personas que cuenten con la previa conformidad de la autoridad competente para otorgar la concesin.

2. Los derechos sobre las obras, construcciones e instalaciones slo podrn ser hipotecados como garanta de los prstamos contrados por el titular de la concesin para financiar la realizacin, modificacin o ampliacin de las obras, construcciones e instalaciones de carcter fijo situadas sobre la dependencia demanial ocupada.

En todo caso, para constituir la hipoteca ser necesaria la previa autorizacin de la autoridad competente para el otorgamiento de la concesin. Si en la escritura de constitucin de la hipoteca no constase esta autorizacin, el registrador de la propiedad denegar la inscripcin.

Las hipotecas constituidas sobre dichos bienes y derechos se extinguen con la extincin del plazo de la concesin.

Artculo 99. Titulizacin de derechos de cobro.

1. Los derechos de cobro de los crditos con garanta hipotecaria a que se refiere el segundo apartado del artculo precedente podrn ser cedidos total o parcialmente mediante la emisin de participaciones hipotecarias a fondos de titulizacin hipotecaria, que se regirn por lo dispuesto en la Ley 19/1992, de 7 de julio, de Instituciones de Inversin colectiva y las disposiciones que la desarrollen.

2. Podrn incorporarse a fondos de titulizacin de activos, previa autorizacin del Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del de Economa y del competente por razn de la materia, previo informe de la Comisin Nacional del Mercado de Valores, valores que representen participaciones en derechos de cobro del concesionario derivados de la explotacin econmica de la concesin de acuerdo con las condiciones establecidas en el ttulo concesional y conforme a lo previsto en la legislacin aplicable a dichos fondos de titulizacin de activos.

Artculo 100. Extincin de las autorizaciones y concesiones demaniales.

Las concesiones y autorizaciones demaniales se extinguirn por las siguientes causas:

a) Muerte o incapacidad sobrevenida del usuario o concesionario individual o extincin de la personalidad jurdica.

b) Falta de autorizacin previa en los supuestos de transmisin o modificacin, por fusin, absorcin o escisin, de la personalidad jurdica del usuario o concesionario.

c) Caducidad por vencimiento del plazo.

d) Rescate de la concesin, previa indemnizacin, o revocacin unilateral de la autorizacin.

e) Mutuo acuerdo.

f) Falta de pago del canon o cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones del titular de la concesin, declarados por el rgano que otorg la concesin o autorizacin.

g) Desaparicin del bien o agotamiento del aprovechamiento.

h) Desafectacin del bien, en cuyo caso se proceder a su liquidacin conforme a lo previsto en el artculo 102 de esta ley.

i) Cualquier otra causa prevista en las condiciones generales o particulares por las que se rijan.

Artculo 101. Destino de las obras a la extincin del ttulo.

1. Cuando se extinga la concesin, las obras, construcciones e instalaciones fijas existentes sobre el bien demanial debern ser demolidas por el titular de la concesin o, por ejecucin subsidiaria, por la Administracin a costa del concesionario, a menos que su mantenimiento hubiera sido previsto expresamente en el ttulo concesional o que la autoridad competente para otorgar la concesin as lo decida.

2. En tal caso, las obras, construcciones e instalaciones sern adquiridas gratuitamente y libres de cargas y gravmenes por la Administracin General del Estado o el organismo pblico que hubiera otorgado la concesin.

3. En caso de rescate anticipado de la concesin conforme a lo previsto en el prrafo d) del artculo anterior, el titular ser indemnizado del perjuicio material surgido de la extincin anticipada. Los derechos de los acreedores hipotecarios cuya garanta aparezca inscrita en el Registro de la Propiedad en la fecha en que se produzca el rescate sern tenidos en cuenta para determinar la cuanta y receptores de la indemnizacin.

4. Los acreedores hipotecarios sern notificados de la apertura de los expedientes que se sigan para extinguir la concesin por incumplimiento de sus clusulas y condiciones conforme a lo previsto en el prrafo f) del artculo anterior, para que puedan comparecer en defensa de sus derechos y, en su caso, propongan un tercero que pueda sustituir al concesionario que viniere incumpliendo las clusulas de la concesin.

Artculo 102. Liquidacin de concesiones y autorizaciones sobre bienes desafectados.

1. La propuesta de desafectacin de bienes y derechos del patrimonio de la Administracin General del Estado sobre los que existan autorizaciones o concesiones, deber acompaarse de la oportuna memoria justificativa de la conveniencia o necesidad de la supresin del carcter de dominio pblico del bien y de los trminos, condiciones y consecuencias de dicha prdida sobre la concesin.

2. Si se desafectasen los bienes objeto de concesiones o autorizaciones, se proceder a la extincin de stas conforme a las siguientes reglas:

a) Se declarar la caducidad de aqullas en que se haya cumplido el plazo para su disfrute o respecto de las cuales la Administracin se hubiere reservado la facultad de libre rescate sin sealamiento de plazo.

b) Respecto de las restantes, se ir dictando su caducidad a medida que venzan los plazos establecidos en los correspondientes acuerdos.

3. En tanto no se proceda a su extincin, se mantendrn con idntico contenido las relaciones jurdicas derivadas de dichas autorizaciones y concesiones. No obstante, dichas relaciones jurdicas pasarn a regirse por el Derecho privado, y corresponder al orden jurisdiccional civil conocer de los litigios que surjan en relacin con las mismas.

4. Cuando los bienes desafectados pertenezcan al patrimonio de la Administracin General del Estado, el rgano competente para declarar la caducidad de las relaciones jurdicas derivadas de las concesiones y autorizaciones otorgadas cuando los bienes eran de dominio pblico ser el Ministro de Hacienda. En este mismo caso, corresponder a la Direccin General del Patrimonio del Estado exigir los derechos y cumplir los deberes que se deriven de dichas relaciones jurdicas, mientras mantengan su vigencia.

5. El Ministerio de Hacienda podr acordar la expropiacin de los derechos si estimare que su mantenimiento durante el trmino de su vigencia legal perjudica el ulterior destino de los bienes o los hace desmerecer considerablemente a efectos de su enajenacin.

Artculo 103. Derecho de adquisicin preferente.

1. Cuando se acuerde la enajenacin onerosa de bienes patrimoniales, los titulares de derechos vigentes sobre ellos que resulten de concesiones otorgadas cuando los bienes tenan la condicin de demaniales tendrn derecho preferente a su adquisicin. La adquisicin se concretar en el bien o derecho, o la parte del mismo, objeto de la concesin, siempre que sea susceptible de enajenacin.

2. Este derecho podr ser ejercitado dentro de los 20 das naturales siguientes a aquel en que se les notifiquen en forma fehaciente la decisin de enajenar la finca, el precio y las dems condiciones esenciales de la transmisin. En caso de falta de notificacin, o si la enajenacin se efecta en condiciones distintas de las notificadas, el derecho podr ejercitarse dentro de los 30 das naturales siguientes a aquel en que se haya inscrito la venta en el Registro de la Propiedad.

3. El derecho de adquisicin preferente no surgir en caso de cesin gratuita del bien o de transferencia de titularidad, por cualquier negocio jurdico, a favor de Administraciones pblicas, organismos de ellas dependientes, fundaciones o instituciones pblicas u organismos internacionales. En este supuesto, quienes hayan recibido los bienes sobre los que recaigan los derechos establecidos en favor de beneficiarios de concesiones o autorizaciones podrn liberarlos, a su costa, en los mismos trminos que la Administracin General del Estado. Si se produjera la reversin de los bienes o derechos cedidos, los cesionarios no tendrn derecho alguno por razn de las indemnizaciones satisfechas con motivo de aquella liberacin.

Artculo 104. Reservas demaniales.

1. La Administracin General del Estado podr reservarse el uso exclusivo de bienes de su titularidad destinados al uso general para la realizacin de fines de su competencia, cuando existan razones de utilidad pblica o inters general que lo justifiquen.

2. La duracin de la reserva se limitar al tiempo necesario para el cumplimiento de los fines para los que se acord.

3. La declaracin de reserva se efectuar por acuerdo del Consejo de Ministros, que deber publicarse en el "Boletn Oficial del Estado" e inscribirse en el Registro de la Propiedad.

4. La reserva prevalecer frente a cualesquiera otros posibles usos de los bienes y llevar implcita la declaracin de utilidad pblica y la necesidad de ocupacin, a efectos expropiatorios, de los derechos preexistentes que resulten incompatibles con ella.

CAPTULO II
Aprovechamiento y explotacin de los bienes y derechos patrimoniales
Artculo 105. rganos competentes.

1. La explotacin de los bienes y derechos patrimoniales de la Administracin General del Estado que no estn destinados a ser enajenados y sean susceptibles de aprovechamiento rentable ser acordada por el Ministro de Hacienda, a propuesta de la Direccin General del Patrimonio del Estado, cuando el plazo por el que se concede dicha explotacin sea superior a un ao. Si el plazo inicial de explotacin no excede de un ao, la referida competencia corresponder al Director General del Patrimonio del Estado.

2. Los presidentes o directores de los organismos pblicos determinarn la forma de explotacin de los bienes y derechos patrimoniales que sean de la propiedad de stos.

3. La atribucin del uso de bienes o derechos patrimoniales por plazo inferior a 30 das o para la organizacin de conferencias, seminarios, presentaciones u otros eventos no se sujetar a los requisitos del presente captulo. El rgano competente fijar en el acto de autorizacin, tanto las condiciones de la utilizacin como la contraprestacin a satisfacer por el solicitante.

4. Las Administraciones pblicas territoriales pueden instar la mejora del aprovechamiento y explotacin de los bienes y derechos patrimoniales mediante la presentacin de proyectos que afecten a estos bienes y derechos. Los proyectos seguirn los principios a los que se refiere el artculo 8 de esta ley y los rganos competentes estudiarn y, en su caso, resolvern las peticiones contenidas en estos proyectos que afecten a estos bienes y derechos.

Artculo 106. Contratos para la explotacin de bienes patrimoniales.

1. La explotacin de los bienes o derechos patrimoniales podr efectuarse a travs de cualquier negocio jurdico, tpico o atpico.

2. Sern de aplicacin a estos negocios las normas contenidas en el captulo I del ttulo V de esta ley.

3. Los contratos para la explotacin de los bienes o derechos patrimoniales no podrn tener una duracin superior a 20 aos, incluidas las prrrogas, salvo causas excepcionales debidamente justificadas.

4. Podrn concertarse contratos de arrendamiento con opcin de compra sobre inmuebles del Patrimonio del Estado con sujecin a las mismas normas de competencia y procedimiento aplicables a las enajenaciones.

Artculo 107. Procedimiento de adjudicacin.

1. Los contratos para la explotacin de los bienes y derechos patrimoniales se adjudicarn por concurso salvo que, por las peculiaridades del bien, la limitacin de la demanda, la urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles o la singularidad de la operacin, proceda la adjudicacin directa. Las circunstancias determinantes de la adjudicacin directa debern justificarse suficientemente en el expediente.

2. Las bases del correspondiente concurso o las condiciones de la explotacin de los bienes patrimoniales se sometern a previo informe de la Abogaca del Estado o del rgano al que corresponda el asesoramiento jurdico de las entidades pblicas vinculadas a la Administracin General del Estado.

3. Los contratos y dems negocios jurdicos para la explotacin de bienes se formalizarn en la forma prevenida en el artculo 113 de esta ley y se regirn por las normas de Derecho privado correspondientes a su naturaleza, con las especialidades previstas en esta ley.

4. A peticin del adjudicatario podr prorrogarse el contrato para la explotacin de bienes patrimoniales, por un plazo que no podr exceder de la mitad del inicial, si el resultado de la explotacin hiciera aconsejable esta medida.

5. La subrogacin de un tercero en los derechos y obligaciones del adjudicatario requerir la autorizacin expresa del rgano competente para adjudicar el contrato.

Artculo 108. Frutos y rentas patrimoniales.

1. Las rentas, frutos o percepciones de cualquier clase o naturaleza producidos por los bienes patrimoniales de la Administracin General del Estado se ingresarn en el Tesoro Pblico con aplicacin a los pertinentes conceptos del presupuesto de ingresos, hacindose efectivos con sujecin a las normas y procedimientos del derecho privado.

2. Si la explotacin conllevase la entrega de otros bienes, derechos o servicios, stos se integrarn en el patrimonio de la Administracin General del Estado o del organismo pblico con el carcter de patrimoniales.

Artculo 109. Administracin y explotacin de propiedades incorporales.

1. Corresponde al Ministerio de Hacienda, a propuesta, en su caso, del Ministerio que las haya generado, la administracin y explotacin de las propiedades incorporales de la Administracin General del Estado, salvo que por acuerdo del Consejo de Ministros se encomienden a otro departamento ministerial u organismo pblico.

2. Los presidentes o directores de los organismos pblicos sern los rganos competentes para disponer la administracin y explotacin de las propiedades incorporales de que aqullos sean titulares.

3. La utilizacin de propiedades incorporales que, por aplicacin de la legislacin especial, hayan entrado en el dominio pblico, no devengar derecho alguno en favor de las Administraciones pblicas.

TTULO V
Gestin patrimonial
CAPTULO I
Disposiciones generales
Artculo 110. Rgimen jurdico de los negocios patrimoniales.

1. Los contratos, convenios y dems negocios jurdicos sobre bienes y derechos patrimoniales se regirn, en cuanto a su preparacin y adjudicacin, por esta ley y sus disposiciones de desarrollo y, en lo no previsto en estas normas, por la legislacin de contratos de las Administraciones pblicas. Sus efectos y extincin se regirn por esta ley y las normas de derecho privado.

2. En las entidades pblicas empresariales y en los organismos pblicos Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, la preparacin y adjudicacin de estos negocios, as como la competencia para adoptar los correspondientes actos, se regirn, en primer trmino, por lo establecido en sus normas de creacin o en sus estatutos, con aplicacin, en todo caso, de las previsiones recogidas en el artculo 147 de esta ley.

3. El orden jurisdiccional civil ser el competente para resolver las controversias que surjan sobre estos contratos entre las partes. No obstante, se considerarn actos jurdicos separables los que se dicten en relacin con su preparacin y adjudicacin y, en consecuencia, podrn ser impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de acuerdo con su normativa reguladora.

Artculo 111. Libertad de pactos.

1. Los contratos, convenios y dems negocios jurdicos sobre los bienes y derechos patrimoniales estn sujetos al principio de libertad de pactos. La Administracin pblica podr, para la consecucin del inters pblico, concertar las clusulas y condiciones que tenga por conveniente, siempre que no sean contrarias al ordenamiento jurdico, o a los principios de buena administracin.

2. En particular, los negocios jurdicos dirigidos a la adquisicin, explotacin, enajenacin, cesin o permuta de bienes o derechos patrimoniales podrn contener la realizacin por las partes de prestaciones accesorias relativas a los bienes o derechos objeto de los mismos, o a otros integrados en el patrimonio de la Administracin contratante, siempre que el cumplimiento de tales obligaciones se encuentre suficientemente garantizado. Estos negocios complejos se tramitarn en expediente nico, y se regirn por las normas correspondientes al negocio jurdico patrimonial que constituya su objeto principal.

Artculo 112. Expediente patrimonial.

1. Podrn establecerse pliegos generales de pactos y condiciones para determinadas categoras de contratos que debern ser informados, con carcter previo a su aprobacin, por la Abogaca del Estado o por el rgano al que corresponda el asesoramiento jurdico de las entidades pblicas vinculadas a la Administracin General del Estado.

2. En todo caso, los actos aprobatorios de los negocios patrimoniales incorporarn los pactos y condiciones reguladores de los derechos y obligaciones de las partes, que debern ser informados previamente por la Abogaca del Estado o por el rgano al que corresponda el asesoramiento jurdico de las entidades pblicas vinculadas a la Administracin General del Estado.

3. La Intervencin General de la Administracin del Estado emitir informe previo en los procedimientos de enajenacin directa y permuta de bienes o derechos cuyo valor supere 1.000.000 de euros, en los de explotacin cuya renta anual exceda dicha cuanta, y en los de cesin gratuita que hayan de ser autorizados por el Consejo de Ministros. Este informe examinar especialmente las implicaciones presupuestarias y econmico-financieras de la operacin.

4. Cuando el contrato origine gastos para la Administracin General del Estado o sus organismos autnomos, deber constar en el expediente el certificado de existencia de crdito o documento que legalmente le sustituya y, en su caso, ser objeto de fiscalizacin previa de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, y sus disposiciones de desarrollo.

5. Los informes previstos en los apartados anteriores debern emitirse en el plazo de 10 das.

Artculo 113. Formalizacin.

1. Los negocios jurdicos de adquisicin o enajenacin de bienes inmuebles y derechos reales se formalizarn en escritura pblica. Los arrendamientos y dems negocios jurdicos de explotacin de inmuebles, cuando sean susceptibles de inscripcin en el Registro de la Propiedad, debern formalizarse en escritura pblica, para poder ser inscritos. Los gastos generados por ello sern a costa de la parte que haya solicitado la citada formalizacin.

2. Las cesiones gratuitas de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos se formalizarn en documento administrativo, que ser ttulo suficiente para su inscripcin en el Registro de la Propiedad, cuando el cesionario sea otra Administracin pblica, organismo o entidad vinculada o dependiente.

3. Compete a la Direccin General del Patrimonio del Estado realizar los trmites conducentes a la formalizacin notarial de los contratos y dems negocios jurdicos sobre bienes y derechos de la Administracin General del Estado a que se refiere este ttulo.

En el otorgamiento de las escrituras ostentar la representacin de la Administracin General del Estado el Director General del Patrimonio del Estado o funcionario en quien delegue.

4. Los actos de formalizacin que, en su caso, se requieran en las adquisiciones derivadas del ejercicio de la potestad de expropiacin y del derecho de reversin, sern efectuados por el ministerio u organismo que los inste.

5. El arancel notarial que deba satisfacer la Administracin pblica por la formalizacin de los negocios patrimoniales se reducir en el porcentaje previsto en la normativa arancelaria notarial.

Artculo 114. Tasaciones periciales e informes tcnicos.

1. Las valoraciones, tasaciones, informes tcnicos y dems actuaciones periciales que deban realizarse para el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley debern explicitar los parmetros en que se fundamentan, y podrn ser efectuadas por personal tcnico dependiente del departamento u organismo que administre los bienes o derechos o que haya interesado su adquisicin o arrendamiento, o por tcnicos facultativos del Ministerio de Hacienda. Estas actuaciones podrn igualmente encargarse a sociedades de tasacin debidamente inscritas en el Registro de Sociedades de Tasacin del Banco de Espaa y empresas legalmente habilitadas, con sujecin a lo establecido en la legislacin de contratos.

2. En todo caso, las tasaciones periciales y los informes tcnicos requeridos para la adquisicin o el arrendamiento de inmuebles debern aportarse por el departamento interesado en la apertura del correspondiente procedimiento, sin perjuicio de que la Direccin General del Patrimonio del Estado pueda revisar las valoraciones efectuadas.

3. La tasacin deber ser aprobada por el Director General del Patrimonio del Estado, o en el caso de organismos pblicos, por el rgano competente para concluir el negocio correspondiente. Cuando en un expediente constaren tasaciones discrepantes, la aprobacin recaer sobre la que se considere ms ajustada al valor del bien.

4. De forma motivada, podr modificarse la tasacin cuando sta no justifique adecuadamente la valoracin de algunos elementos determinantes, cuando razones de especial idoneidad del inmueble le otorguen un valor para la Administracin distinto del valor de mercado, o cuando concurran hechos o circunstancias no apreciados en la tasacin.

5. Las tasaciones tendrn un plazo de validez de un ao, contado desde su aprobacin.

CAPTULO II
Adquisiciones a ttulo oneroso
Artculo 115. Negocios jurdicos de adquisicin.

1. Para la adquisicin de bienes o derechos la Administracin podr concluir cualesquiera contratos, tpicos o atpicos.

2. La Administracin podr, asimismo, concertar negocios jurdicos que tengan por objeto la constitucin a su favor de un derecho a la adquisicin de bienes o derechos. Sern de aplicacin a estos contratos las normas de competencia y procedimiento establecidas para la adquisicin de los bienes o derechos a que se refieran, aunque el expediente de gasto se tramitar nicamente por el importe correspondiente a la prima que, en su caso, se hubiese establecido para conceder la opcin.

Artculo 116. Procedimiento de adquisicin de inmuebles o derechos sobre los mismos.

1. En el mbito de la Administracin General del Estado, la competencia para adquirir a ttulo oneroso bienes inmuebles o derechos sobre los mismos corresponde al Ministro de Hacienda, que podr ejercerla por propia iniciativa, cuando lo estime conveniente para atender a las necesidades que, segn las previsiones efectuadas, puedan surgir en el futuro, o a peticin razonada del departamento interesado, a la que deber acompaar, cuando se proponga la adquisicin directa de inmuebles o derechos, la correspondiente tasacin. La tramitacin del procedimiento corresponder a la Direccin General del Patrimonio del Estado.

2. La adquisicin de inmuebles o derechos sobre los mismos por los organismos pblicos vinculados a la Administracin General del Estado o dependientes de ella se efectuar por su presidente o director, previo informe favorable del Ministro de Hacienda.

3. Al expediente de adquisicin debern incorporarse los siguientes documentos:

a) Una memoria en la que se justificar la necesidad o conveniencia de la adquisicin, el fin o fines a que pretende destinarse el inmueble y el procedimiento de adjudicacin que, conforme a lo establecido en el apartado siguiente y de forma justificada, se proponga seguir.

b) El informe de la Abogaca del Estado, o del rgano al que corresponda el asesoramiento jurdico de las entidades pblicas vinculadas a la Administracin General del Estado sobre las condiciones de la adquisicin proyectada.

c) La tasacin del bien o derecho, debidamente aprobada, que incorporar el correspondiente estudio de mercado.

4. La adquisicin tendr lugar mediante concurso pblico, salvo que se acuerde la adquisicin directa por las peculiaridades de la necesidad a satisfacer, las condiciones del mercado inmobiliario, la urgencia de la adquisicin resultante de acontecimientos imprevisibles, o la especial idoneidad del bien. Igualmente, se podr acordar la adquisicin directa en los siguientes supuestos:

a) Cuando el vendedor sea otra Administracin pblica o, en general, cualquier persona jurdica de derecho pblico o privado perteneciente al sector pblico. A estos efectos, se entender por persona jurdica de Derecho privado perteneciente al sector pblico la sociedad mercantil en cuyo capital sea mayoritaria la participacin directa o indirecta de una o varias Administraciones pblicas o personas jurdicas de Derecho pblico.

b) Cuando fuera declarado desierto el concurso promovido para la adquisicin.

c) Cuando se adquiera a un copropietario una cuota de un bien, en caso de condominio.

d) Cuando la adquisicin se efecte en virtud del ejercicio de un derecho de adquisicin preferente.

5. Si la adquisicin se hubiese de realizar mediante concurso, la correspondiente convocatoria se publicar en el "Boletn Oficial del Estado", sin perjuicio de los dems medios de publicidad que pudieran utilizarse.

6. El importe de la adquisicin podr ser objeto de un aplazamiento de hasta cuatro aos, con sujecin a los trmites previstos para los compromisos de gastos futuros.

Artculo 117. Adquisicin de edificios en construccin.

1. La adquisicin de inmuebles en construccin por la Administracin General del Estado o sus organismos pblicos podr acordarse excepcionalmente por causas debidamente justificadas y siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) El valor del suelo y de la parte del edificio ya edificada debe ser superior al de la porcin que se encuentra pendiente de construccin.

b) La adquisicin deber acordarse por un precio determinado o determinable segn parmetros ciertos.

c) En el momento de firma de la escritura pblica de adquisicin, sin perjuicio de los aplazamientos que puedan concertarse, slo podr abonarse el importe correspondiente al suelo y a la obra realizada, segn certificacin de los servicios tcnicos correspondientes.

d) El resto del precio podr abonarse a la entrega del inmueble o contra las correspondientes certificaciones de obra conformadas por los servicios tcnicos.

e) El plazo previsto para su terminacin y entrega a la Administracin adquirente no podr exceder de dos aos.

f) El vendedor deber garantizar suficientemente la entrega del edificio terminado en el plazo y condiciones pactados.

g) El adquirente deber establecer los mecanismos necesarios para asegurar que el inmueble se ajusta a las condiciones estipuladas.

2. La adquisicin de inmuebles en construccin por la Administracin General del Estado ser acordada por el Ministro de Hacienda. La adquisicin de estos inmuebles por los organismos pblicos requerir el previo informe favorable del Ministro de Hacienda.

3. Podrn adquirirse edificios en construccin mediante la entrega, total o parcial, de otros bienes inmuebles o derechos sobre los mismos, en las condiciones sealadas en el apartado 1 anterior.

Artculo 118. Adquisicin de bienes inmuebles en el extranjero.

La adquisicin por la Administracin General del Estado de bienes inmuebles sitos en el extranjero y derechos sobre los mismos ser acordada por el Ministro de Hacienda o por el Ministro de Asuntos Exteriores, previo informe favorable de aqul, segn el departamento en cuyo presupuesto se hallen consignados los crditos con cargo a los cuales vaya a efectuarse la adquisicin.

Artculo 119. Adquisicin de bienes por reduccin de capital o fondos propios.

1. La Administracin General del Estado y los organismos pblicos vinculados o dependientes de ella podrn adquirir bienes y derechos por reduccin de capital de sociedades o de fondos propios de organismos pblicos, o por restitucin de aportaciones a fundaciones.

2. La incorporacin al patrimonio de la Administracin General del Estado requerir la firma de un acta de entrega entre un representante de la Direccin General del Patrimonio del Estado y otro de la sociedad, entidad o fundacin de cuyo capital o fondos propios proceda el bien o derecho.

Artculo 120. Adquisicin de bienes muebles.

1. La adquisicin de bienes muebles por la Administracin General del Estado o sus organismos autnomos se regir por la legislacin que regula la contratacin de las Administraciones pblicas.

2. Asimismo la adquisicin de bienes muebles por las entidades pblicas empresariales vinculadas a la Administracin General del Estado se regir por la legislacin que regula la contratacin de las Administraciones pblicas en los supuestos en que sta resulte de aplicacin, y en su defecto, por lo establecido en sus normas de creacin o en sus estatutos.

Artculo 121. Adquisicin de derechos de propiedad incorporal.

1. La adquisicin de los derechos de propiedad incorporal por la Administracin General del Estado se efectuar por el Ministro de Hacienda, a propuesta, en su caso, del titular del departamento interesado en la misma.

2. En el caso de organismos pblicos vinculados a la Administracin General del Estado, sern rganos competentes para la adquisicin de los derechos de propiedad incorporal sus presidentes o directores.

3. En cuanto no sea incompatible con la naturaleza de estos derechos, ser de aplicacin a estas adquisiciones lo establecido en esta ley para la adquisicin de inmuebles y derechos sobre los mismos.

4. Cuando la adquisicin de derechos de propiedad incorporal tenga lugar en virtud de contratos administrativos, se aplicar lo dispuesto en la legislacin de contratos de las Administraciones pblicas. La adquisicin de estos derechos por medio de convenios de colaboracin se ajustar a sus normas especiales y a lo establecido en los propios convenios.

CAPTULO III
Arrendamiento de inmuebles
Artculo 122. Arrendamiento de inmuebles por la Administracin General del Estado.

1. Compete al Ministro de Hacienda arrendar los bienes inmuebles que la Administracin General del Estado precise para el cumplimiento de sus fines, a peticin, en su caso, del departamento interesado. Igualmente, compete al Ministro de Hacienda declarar la prrroga, novacin, resolucin anticipada o cambio de rgano u organismo ocupante. La instruccin de estos procedimientos corresponder a la Direccin General del Patrimonio del Estado.

2. Una vez concertado el arrendamiento, corresponder al departamento u organismo que ocupe el inmueble el ejercicio de los derechos y facultades y el cumplimiento de las obligaciones propias del arrendatario.

Artculo 123. Arrendamiento de inmuebles por organismos pblicos.

1. El arrendamiento de bienes inmuebles por los organismos pblicos vinculados a la Administracin General del Estado o dependientes de ella, as como la prrroga, novacin, o resolucin anticipada de los correspondientes contratos se efectuar por los presidentes o directores de aqullos, a los que tambin corresponder su formalizacin.

2. En el caso de que dichos contratos se refieran a edificios administrativos, ser necesario para su conclusin el previo informe favorable de la Direccin General del Patrimonio del Estado.

3. Ser de aplicacin a estos contratos lo previsto en el artculo 126.1 de esta ley.

Artculo 124. Procedimiento para el arrendamiento de inmuebles.

1. Los arrendamientos se concertarn mediante concurso pblico salvo que, de forma justificada y por las peculiaridades de la necesidad a satisfacer, las condiciones del mercado inmobiliario, la urgencia de la contratacin debida a acontecimientos imprevisibles, o la especial idoneidad del bien, se considere necesario o conveniente concertarlos de modo directo.

2. Las propuestas de arrendamiento, as como las de novacin y prrroga, sern sometidas a informe tcnico, que recoger el correspondiente estudio de mercado, y de la Abogaca del Estado o del rgano al que corresponda el asesoramiento jurdico de las entidades pblicas vinculadas a la Administracin General del Estado.

3. En el caso de arrendamientos a concertar por la Administracin General del Estado, la solicitud del Ministerio vendr acompaada de la oferta del arrendador y del informe tcnico previsto en el apartado anterior.

4. La formalizacin de los contratos de arrendamiento de la Administracin General del Estado y sus modificaciones se efectuar por el Director General del Patrimonio del Estado o funcionario en quien delegue. No obstante, el Ministro de Hacienda, al acordar el arrendamiento, o su novacin, podr encomendar la formalizacin de estos contratos a los subsecretarios de los departamentos ministeriales.

Artculo 125. Arrendamiento de parte del derecho de uso o utilizacin compartida de inmuebles.

Lo establecido en este captulo ser de aplicacin a los arrendamientos que permitan el uso de una parte a definir o concretar de un inmueble o la utilizacin de un inmueble de forma compartida con otros usuarios, sin especificar el espacio fsico a utilizar por cada uno en cada momento.

Artculo 126. Utilizacin del bien arrendado.

1. Los contratos de arrendamiento se concertarn con expresa mencin de que el inmueble arrendado podr ser utilizado por cualquier rgano de la Administracin General del Estado o de los organismos pblicos de ella dependientes.

2. La Direccin General del Patrimonio del Estado, a propuesta del ministerio correspondiente, podr autorizar la concertacin del arrendamiento para la utilizacin exclusiva del inmueble por un determinado rgano de la Administracin General del Estado o de sus organismos pblicos cuando existan razones de inters pblico que as lo aconsejen.

Artculo 127. Resolucin anticipada del contrato.

1. Cuando el departamento ministerial u organismo pblico que ocupe el inmueble arrendado prevea dejarlo libre con anterioridad al trmino pactado o a la expiracin de las prrrogas legales o contractuales, lo comunicar a la Direccin General del Patrimonio del Estado con una antelacin mnima de tres meses a la fecha prevista para el desalojo.

2. De considerarlo procedente, la Direccin General del Patrimonio del Estado dar traslado de dicha comunicacin a los diferentes departamentos ministeriales, que podrn solicitar, en el plazo de un mes, la puesta a disposicin del inmueble.

La Direccin General del Patrimonio del Estado resolver sobre el departamento u organismo que haya de ocupar el inmueble.

Esta resolucin se notificar al arrendador, para el que ser obligatoria la novacin contractual sin que proceda el incremento de la renta.

Artculo 128. Contratos mixtos.

1. Para la conclusin de contratos de arrendamiento financiero y otros contratos mixtos de arrendamiento con opcin de compra se aplicarn las normas de competencia y procedimiento establecidas para la adquisicin de inmuebles.

2. A los efectos previstos en el artculo 61 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, los contratos de arrendamiento con opcin de compra, arrendamiento financiero y contratos mixtos a que se refieren los apartados precedentes se reputarn contratos de arrendamiento.

CAPTULO IV
Conservacin de los bienes
Artculo 129. Conservacin de los bienes y derechos demaniales.

1. La conservacin de los bienes y derechos de dominio pblico compete al ministerio u organismo pblico al que se encuentren afectados o adscritos, o al que corresponda su administracin.

2. En el caso de que sobre el bien se hayan impuesto una o varias afectaciones concurrentes conforme al artculo 67 de esta ley, la participacin de los diversos departamentos u organismos en la conservacin se podr determinar mediante acuerdos o protocolos de actuacin entre los mismos. En defecto de acuerdo, la forma de participacin de cada uno de ellos se fijar por el Ministro de Hacienda.

Artculo 130. Conservacin de los bienes y derechos patrimoniales.

1. La conservacin de los bienes y derechos patrimoniales de la Administracin General del Estado compete a la Direccin General del Patrimonio del Estado a travs de las Delegaciones de Economa y Hacienda.

2. La conservacin de los bienes y derechos patrimoniales de los organismos pblicos dependientes de la Administracin General del Estado o vinculados a ella compete a los organismos que sean sus titulares.

CAPTULO V
Enajenacin y gravamen
SECCIN 1. NORMAS GENERALES
Artculo 131. Bienes y derechos enajenables.

1. Los bienes y derechos patrimoniales del Patrimonio del Estado que no sean necesarios para el ejercicio de las competencias y funciones propias de la Administracin General del Estado o de sus organismos pblicos podrn ser enajenados conforme a las normas establecidas en este captulo.

2. No obstante, podr acordarse la enajenacin de bienes del Patrimonio del Estado con reserva del uso temporal de los mismos cuando, por razones excepcionales, debidamente justificadas, resulte conveniente para el inters pblico. Esta utilizacin temporal podr instrumentarse a travs de la celebracin de contratos de arrendamiento o cualesquiera otros que habiliten para el uso de los bienes enajenados, simultneos al negocio de enajenacin y sometidos a las mismas normas de competencia y procedimiento que ste.

Artculo 132. Negocios jurdicos de enajenacin.

1. La enajenacin de los bienes y derechos del Patrimonio del Estado podr efectuarse en virtud de cualquier negocio jurdico traslativo, tpico o atpico, de carcter oneroso. La enajenacin a ttulo gratuito slo ser admisible en los casos en que, conforme a las normas de la seccin 5. de este captulo, se acuerde su cesin.

2. La aportacin de bienes o derechos de la Administracin General del Estado a sociedades mercantiles, entes pblicos o fundaciones pblicas estatales se acordar por el Ministro de Hacienda, a propuesta de la Direccin General del Patrimonio del Estado previa tasacin aprobada del bien o derecho e informe de la Abogaca del Estado, y sin perjuicio de lo establecido en la legislacin mercantil y en el ttulo VII de esta ley.

Artculo 133. Ingresos por enajenaciones.

El producto de la enajenacin de los bienes y derechos patrimoniales de la Administracin General del Estado se ingresar en el Tesoro y, de conformidad con lo previsto en el artculo 71 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, podr generar crdito en los correspondientes estados de gastos de la Direccin General del Patrimonio del Estado.

Artculo 134. Aplazamiento de pago.

El rgano competente para enajenar los bienes o derechos podr admitir el pago aplazado del precio de venta, por un perodo no superior a 10 aos y siempre que el pago de las cantidades aplazadas se garantice suficientemente mediante condicin resolutoria explcita, hipoteca, aval bancario, seguro de caucin u otra garanta suficiente usual en el mercado. El inters de aplazamiento no podr ser inferior al inters legal del dinero.

SECCIN 2. ENAJENACIN DE INMUEBLES
Artculo 135. Competencia.

1. El rgano competente para enajenar los bienes inmuebles de la Administracin General del Estado ser el Ministro de Hacienda. La incoacin y tramitacin del expediente corresponder a la Direccin General del Patrimonio del Estado.

2. En relacin con los inmuebles y derechos reales pertenecientes a los organismos pblicos sern competentes para acordar su enajenacin sus presidentes o directores o, si as est previsto en sus normas de creacin o en sus estatutos, los rganos colegiados de direccin.

3. En los supuestos previstos en los dos apartados anteriores, cuando el valor del bien o derecho, segn tasacin, exceda de 20 millones de euros, la enajenacin deber ser autorizada por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda.

Artculo 136. Trmites previos a la enajenacin.

1. Antes de la enajenacin del inmueble o derecho real se proceder a depurar la situacin fsica y jurdica del mismo, practicndose el deslinde si fuese necesario, e inscribindose en el Registro de la Propiedad si todava no lo estuviese.

2. No obstante, podrn venderse sin sujecin a lo dispuesto en el apartado anterior bienes a segregar de otros de titularidad de quien los enajene, o en trmite de inscripcin, deslinde o sujetos a cargas o gravmenes, siempre que estas circunstancias se pongan en conocimiento del adquirente y sean aceptadas por ste.

Artculo 137. Formas de enajenacin.

1. La enajenacin de los inmuebles podr realizarse mediante concurso, subasta o adjudicacin directa.

2. El procedimiento ordinario para la enajenacin de inmuebles ser el concurso. En este caso, la adjudicacin recaer en el licitador que, en su conjunto, haga la proposicin ms ventajosa, teniendo en cuenta los criterios que se hayan establecido en los correspondientes pliegos.

3. nicamente se utilizar la subasta en los supuestos previstos reglamentariamente y, en todo caso, respecto de bienes que, por su ubicacin, naturaleza o caractersticas, sean inadecuados para atender las directrices derivadas de las polticas pblicas a que se refiere el apartado 2 del artculo 8 de esta ley y, en particular, de la poltica de vivienda.

La subasta podr celebrarse al alza o a la baja, y, en su caso, con presentacin de posturas en sobre cerrado ; podr acudirse igualmente a sistemas de subasta electrnica. La modalidad de la subasta se determinar atendiendo a las circunstancias de la enajenacin, y la adjudicacin se efectuar a favor de quien presente la oferta econmica ms ventajosa.

En el caso de que la adjudicacin resulte fallida por no poder formalizarse el contrato por causa imputable al adjudicatario, la enajenacin podr realizarse a favor del licitador que hubiese presentado la siguiente oferta ms ventajosa o proceder a la enajenacin directa del bien.

4. Se podr acordar la adjudicacin directa en los siguientes supuestos:

a) Cuando el adquirente sea otra Administracin pblica o, en general, cualquier persona jurdica de derecho pblico o privado perteneciente al sector pblico. A estos efectos, se entender por persona jurdica de derecho privado perteneciente al sector pblico la sociedad mercantil en cuyo capital sea mayoritaria la participacin directa o indirecta de una o varias Administraciones pblicas o personas jurdicas de Derecho pblico.

b) Cuando el adquirente sea una entidad sin nimo de lucro, declarada de utilidad pblica, o una iglesia, confesin o comunidad religiosa legalmente reconocida.

c) Cuando el inmueble resulte necesario para dar cumplimiento a una funcin de servicio pblico o a la realizacin de un fin de inters general por persona distinta de las previstas en los prrafos a) y b).

d) Cuando fuera declarada desierta la subasta o concurso promovidos para la enajenacin o stos resultasen fallidos como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones por parte del adjudicatario, siempre que no hubiese transcurrido ms de un ao desde la celebracin de los mismos. En este caso, las condiciones de la enajenacin no podrn ser inferiores de las anunciadas previamente o de aquellas en que se hubiese producido la adjudicacin.

e) Cuando se trate de solares que por su forma o pequea extensin resulten inedificables y la venta se realice a un propietario colindante.

f) Cuando se trate de fincas rsticas que no lleguen a constituir una superficie econmicamente explotable o no sean susceptibles de prestar una utilidad acorde con su naturaleza, y la venta se efecte a un propietario colindante.

g) Cuando la titularidad del bien o derecho corresponda a dos o ms propietarios y la venta se efecte a favor de uno o ms copropietarios.

h) Cuando la venta se efecte a favor de quien ostente un derecho de adquisicin preferente reconocido por disposicin legal.

i) Cuando por razones excepcionales se considere conveniente efectuar la venta a favor del ocupante del inmueble.

5. Cuando varios interesados se encontraran en un mismo supuesto de adjudicacin directa, se resolver la misma atendiendo al inters general concurrente en el caso concreto.

6. La participacin en procedimientos de adjudicacin requerir el ingreso de un 25 por ciento del precio de venta en concepto de fianza.

Artculo 138. Procedimiento de enajenacin.

1. El expediente de enajenacin de bienes inmuebles y derechos sobre los mismos pertenecientes al patrimonio de la Administracin General del Estado ser instruido por la Direccin General del Patrimonio del Estado que lo iniciar de oficio, por iniciativa propia o a solicitud de parte interesada en la adquisicin, siempre que considere, justificndolo debidamente en el expediente, que el bien o derecho no es necesario para el uso general o el servicio pblico ni resulta conveniente su explotacin. El acuerdo de incoacin del procedimiento llevar implcita la declaracin de alienabilidad de los bienes a que se refiera.

Podr acordarse la enajenacin de los inmuebles por lotes y, en los supuestos de enajenacin directa, admitirse la entrega de otros inmuebles o derechos sobre los mismos en pago de parte del precio de venta, valorados de conformidad con el artculo 114 de esta ley.

2. El tipo de la subasta o el precio de la enajenacin directa se fijarn por el rgano competente para la enajenacin de acuerdo con la tasacin aprobada. De igual forma, los pliegos que han de regir el concurso determinarn los criterios que hayan de tenerse en cuenta en la adjudicacin, atendiendo a las directrices que resulten de las polticas pblicas de cuya aplicacin se trate. En todo caso, los pliegos harn referencia a la situacin fsica, jurdica y registral de la finca.

3. La convocatoria del procedimiento de enajenacin se publicar gratuitamente en el "Boletn Oficial del Estado" y en el de la provincia en que radique el bien y se remitir al ayuntamiento del correspondiente trmino municipal para su exhibicin en el tabln de anuncios, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar, adems, otros medios de publicidad, atendida la naturaleza y caractersticas del bien.

La Direccin General del Patrimonio del Estado podr establecer otros mecanismos complementarios tendentes a difundir informacin sobre los bienes inmuebles en proceso de venta, incluida la creacin, con sujecin a las previsiones de la Ley Orgnica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccin de Datos de Carcter Personal, de ficheros con los datos de las personas que voluntaria y expresamente soliciten les sea remitida informacin sobre dichos bienes.

4. La suspensin del procedimiento, una vez efectuado el anuncio, slo podr efectuarse por Orden del Ministro de Hacienda, cuando se trate de bienes de la Administracin General del Estado, o por acuerdo de los presidentes o directores de los organismos pblicos, cuando se trate de bienes propios de stos, con fundamento en documentos fehacientes o hechos acreditados que prueben la improcedencia de la venta.

5. El Ministro de Hacienda, a propuesta de la Direccin General del Patrimonio del Estado, o los presidentes o directores de los organismos pblicos acordarn, previo informe de la Abogaca del Estado o del rgano al que corresponda el asesoramiento jurdico de las entidades pblicas, la enajenacin o su improcedencia, si considerasen perjudicial para el inters pblico la adjudicacin en las condiciones propuestas o si, por razones sobrevenidas, considerasen necesario el bien para el cumplimiento de fines pblicos, sin que la instruccin del expediente, la celebracin de la subasta o la valoracin de las proposiciones presentadas generen derecho alguno para quienes optaron a su compra.

Artculo 139. Aportacin a juntas de compensacin.

1. La incorporacin de la Administracin General del Estado o sus organismos pblicos a juntas de compensacin con la aportacin de inmuebles o derechos sobre los mismos pertenecientes al Patrimonio del Estado se regir por la legislacin urbanstica vigente, previa adhesin expresa. Corresponder la realizacin de los distintos actos que requiera dicha participacin al rgano competente para su administracin y gestin.

2. En el caso de inmuebles afectados o adscritos que resulten incluidos en el mbito de una junta de compensacin en la que los usos previstos no resulten compatibles con los fines que motivaron la afectacin o adscripcin, los departamentos u organismos titulares debern proponer su desafectacin o desadscripcin a la Direccin General del Patrimonio del Estado, siempre que no sean imprescindibles para el cumplimiento de sus fines.

Artculo 140. Enajenacin de inmuebles litigiosos.

1. Podrn enajenarse bienes litigiosos del Patrimonio del Estado siempre que en la venta se observen las siguientes condiciones:

a) En el caso de venta por concurso o por subasta, en el pliego de bases se har mencin expresa y detallada del objeto, partes y referencia del litigio concreto que afecta al bien y deber preverse la plena asuncin, por quien resulta adjudicatario, de los riesgos y consecuencias que se deriven del litigio.

b) En los supuestos legalmente previstos de venta directa deber constar en el expediente documentacin acreditativa de que el adquirente conoce el objeto y el alcance del litigio y que conoce y asume las consecuencias y riesgos derivados de tal litigio.

En ambos casos, la asuncin por el adquirente de las consecuencias y riesgos derivados del litigio figurar necesariamente en la escritura pblica en que se formalice la enajenacin.

2. Si el litigio se plantease una vez iniciado el procedimiento de enajenacin y ste se encontrase en una fase en la que no fuera posible el cumplimiento de lo establecido en el apartado anterior, se retrotraern las actuaciones hasta la fase que permita el cumplimiento de lo indicado en los citados nmeros.

3. El bien se considerar litigioso desde que el rgano competente para la enajenacin tenga constancia formal del ejercicio, ante la jurisdiccin que proceda, de la accin correspondiente y de su contenido.

Artculo 141. Enajenacin de bienes inmuebles en el extranjero.

La enajenacin de bienes inmuebles y derechos sobre los mismos de la Administracin General del Estado en el extranjero ser acordada por el Ministro de Asuntos Exteriores, previo informe favorable del Ministro de Hacienda.

SECCIN 3. ENAJENACIN DE MUEBLES
Artculo 142. Competencia.

1. La competencia para enajenar los bienes muebles del Patrimonio del Estado corresponde al titular del departamento o al presidente o director del organismo pblico que los tuviese afectados o adscritos o los hubiera venido utilizando.

2. El acuerdo de enajenacin implicar la desafectacin de los bienes y su baja en inventario.

Artculo 143. Procedimiento.

1. La enajenacin tendr lugar mediante subasta pblica por bienes individualizados o por lotes. No obstante, cuando el ministerio u organismo considere de forma razonada que se trata de bienes obsoletos, perecederos o deteriorados por el uso o concurra alguna de las circunstancias previstas en el artculo 137.4 de esta ley, la enajenacin podr efectuarse de forma directa.

2. Se considerarn obsoletos o deteriorados por el uso, a efectos del nmero anterior, aquellos bienes cuyo valor en el momento de su tasacin para venta sea inferior al 25 por ciento del de adquisicin.

3. Los bienes muebles podrn ser cedidos gratuitamente por el departamento u organismo respectivo a otras Administraciones pblicas o a organismos o instituciones pblicas o privadas sin nimo de lucro, sin las limitaciones previstas en la seccin 5., cuando no hubiera sido posible venderlos o entregarlos como parte del precio de otra adquisicin, o cuando se considere de forma razonada que no alcanzan el 25 por ciento del valor que tuvieron en el momento de su adquisicin.

Si no fuese posible o no procediese su venta o cesin, podr acordarse su destruccin, inutilizacin o abandono. El acuerdo de cesin llevar implcita la desafectacin de los bienes.

4. Se aplicarn supletoriamente a las subastas de muebles las normas de procedimiento establecidas en el artculo 137 de esta ley.

5. La enajenacin de bienes muebles por las entidades pblicas empresariales vinculadas a la Administracin General del Estado se regir, en primer trmino, por lo establecido en sus normas de creacin o en sus estatutos.

SECCIN 4. ENAJENACIN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INCORPORAL
Artculo 144. Enajenacin de derechos de propiedad incorporal.

1. El rgano competente para la enajenacin de los derechos de propiedad incorporal de titularidad de la Administracin General del Estado ser el Ministro de Hacienda, a iniciativa, en su caso, del titular del departamento que los hubiese generado o que tuviese encomendada su administracin y explotacin.

2. La enajenacin de los derechos de propiedad incorporal de los organismos pblicos se efectuar por su presidente o director.

3. La enajenacin se verificar mediante subasta pblica. No obstante, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artculo 137.4 de esta ley, la enajenacin podr efectuarse de forma directa.

4. Se aplicarn supletoriamente a las subastas de estos derechos las normas de procedimiento establecidas en el artculo 137 de esta ley.

SECCIN 5. CESIN GRATUITA DE BIENES O DERECHOS
Artculo 145. Concepto.

1. Los bienes y derechos patrimoniales de la Administracin General del Estado cuya afectacin o explotacin no se juzgue previsible podrn ser cedidos gratuitamente, para la realizacin de fines de utilidad pblica o inters social de su competencia, a comunidades autnomas, entidades locales, fundaciones pblicas o asociaciones declaradas de utilidad pblica.

2. Igualmente, estos bienes y derechos podrn ser cedidos a Estados extranjeros y organizaciones internacionales, cuando la cesin se efecte en el marco de operaciones de mantenimiento de la paz, cooperacin policial o ayuda humanitaria y para la realizacin de fines propios de estas actuaciones.

3. La cesin podr tener por objeto la propiedad del bien o derecho o slo su uso. En ambos casos, la cesin llevar aparejada para el cesionario la obligacin de destinar los bienes al fin expresado en el correspondiente acuerdo. Adicionalmente, esta transmisin podr sujetarse a condicin, trmino o modo, que se regirn por lo dispuesto en el Cdigo Civil.

4. Cuando la cesin tenga por objeto la propiedad del bien o derecho slo podrn ser cesionarios las comunidades autnomas, entidades locales o fundaciones pblicas.

Artculo 146. Competencia.

1. La cesin de bienes de la Administracin General del Estado se acordar por el Ministro de Hacienda, a propuesta de la Direccin General del Patrimonio del Estado y previo informe de la Abogaca del Estado.

2. No obstante, cuando la cesin se efecte a favor de fundaciones pblicas y asociaciones declaradas de utilidad pblica la competencia para acordarla corresponder al Consejo de Ministros.

Artculo 147. Cesin de bienes de los organismos pblicos.

1. Con independencia de las cesiones previstas en el artculo 143.3 de esta ley, los organismos pblicos vinculados a la Administracin General del Estado slo podrn ceder gratuitamente la propiedad o el uso de bienes o derechos de su titularidad cuando tuviesen atribuidas facultades para su enajenacin y no se hubiese estimado procedente su incorporacin al patrimonio de la Administracin General del Estado. Slo podrn ser cesionarios aquellas entidades y organizaciones previstas en el artculo 145 de esta ley.

2. Sern competentes para acordar la cesin de los bienes los rganos que lo fueran para su enajenacin, previo informe favorable de la Direccin General del Patrimonio del Estado o, en los casos previstos en el apartado 2 del artculo anterior, previa autorizacin del Consejo de Ministros.

Artculo 148. Vinculacin al fin.

1. Los bienes y derechos objeto de la cesin slo podrn destinarse a los fines que la justifican, y en la forma y con las condiciones que, en su caso, se hubiesen establecido en el correspondiente acuerdo.

2. Corresponde a la Direccin General del Patrimonio del Estado controlar la aplicacin de los bienes y derechos de la Administracin General del Estado al fin para el que fueron cedidos, pudiendo adoptar para ello cuantas medidas de control sean necesarias.

3. A estos efectos, y sin perjuicio de otros sistemas de control que puedan arbitrarse, los cesionarios de bienes inmuebles o derechos sobre ellos debern remitir cada tres aos a la Direccin General del Patrimonio del Estado la documentacin que acredite el destino de los bienes. La Direccin General del Patrimonio del Estado, atendidas las circunstancias concurrentes en cada caso, podr exonerar de esta obligacin a determinados cesionarios de bienes, o sealar plazos ms amplios para la remisin de la documentacin.

4. En el caso de los bienes muebles, el acuerdo de cesin determinar el rgimen de control. No obstante, si los muebles cedidos hubiesen sido destinados al fin previsto durante un plazo de cuatro aos se entender cumplido el modo y la cesin pasar a tener el carcter de pura y simple, salvo que otra cosa se hubiese establecido en el pertinente acuerdo.

5. Iguales controles debern efectuar los organismos pblicos respecto de los bienes y derechos que hubiesen cedido.

Artculo 149. Procedimiento.

1. La solicitud de cesin gratuita de bienes o derechos del patrimonio de la Administracin General del Estado se dirigir a la Direccin General del Patrimonio del Estado, con indicacin del bien o derecho cuya cesin se solicita y el fin o fines a que se destinar, acompaado de la acreditacin de la persona que formula la solicitud, as como de que se cuenta con los medios necesarios para el cumplimiento de los fines previstos.

2. La solicitud de cesin gratuita de bienes o derechos propios de los organismos pblicos vinculados o dependientes de la Administracin General del Estado se dirigirn a stos, con iguales menciones a las sealadas en el apartado anterior.

Artculo 150. Resolucin.

1. Si los bienes cedidos no fuesen destinados al fin o uso previsto dentro del plazo sealado en el acuerdo de cesin o dejaran de serlo posteriormente, se incumplieran las cargas o condiciones impuestas, o llegase el trmino fijado, se considerar resuelta la cesin, y revertirn los bienes a la Administracin cedente. En este supuesto ser de cuenta del cesionario el detrimento o deterioro sufrido por los bienes cedidos, sin que sean indemnizables los gastos en que haya incurrido para cumplir las cargas o condiciones impuestas.

2. La resolucin de la cesin se acordar por el Ministro de Hacienda, respecto de los bienes y derechos de la Administracin General del Estado, y por los presidentes o directores de los organismos pblicos, cuando se trate de bienes o derechos del patrimonio de stos. En la resolucin que acuerde la cesin se determinar lo que proceda acerca de la reversin de los bienes y derechos y la indemnizacin por los deterioros que hayan sufrido.

Artculo 151. Publicidad de la cesin.

1. La cesin y la reversin, en su caso, se harn constar en el Inventario General de Bienes y Derechos del Patrimonio del Estado.

2. Si la cesin tuviese por objeto bienes inmuebles o derechos reales sobre ellos, se proceder a la prctica del correspondiente asiento a favor del cesionario en el Registro de la Propiedad, y no surtir efecto la cesin en tanto no se cumplimente este requisito, para lo cual el cesionario deber comunicar a la Direccin General del Patrimonio del Estado la prctica del asiento.

En la inscripcin se har constar el fin a que deben dedicarse los bienes y cualesquiera otras condiciones y cargas que lleve aparejada la cesin, as como la advertencia de que el incumplimiento de las mismas dar lugar a su resolucin.

3. La Orden por la que se acuerde la resolucin de la cesin y la reversin del bien o derecho ser ttulo suficiente para la inscripcin de la misma en el Registro de la Propiedad o en los registros que procedan, as como para la reclamacin, en su caso, del importe de los detrimentos o deterioros actualizado al momento en que se ejecute el acuerdo de reversin.

4. Semestralmente se publicar en el "Boletn Oficial del Estado" una relacin de las cesiones efectuadas durante dicho perodo.

SECCIN 6. GRAVAMEN DE LOS BIENES Y DERECHOS
Artculo 152. Imposicin de cargas y gravmenes.

No podrn imponerse cargas o gravmenes sobre los bienes o derechos del Patrimonio del Estado sino con los requisitos exigidos para su enajenacin.

CAPTULO VI
Permuta de bienes y derechos
Artculo 153. Admisibilidad.

Los bienes y derechos del Patrimonio del Estado podrn ser permutados cuando por razones debidamente justificadas en el expediente resulte conveniente para el inters pblico, y la diferencia de valor entre los bienes o derechos que se trate de permutar, segn tasacin, no sea superior al 50 por ciento de los que lo tengan mayor. Si la diferencia fuese mayor, el expediente se tramitar como enajenacin con pago de parte del precio en especie.

La permuta podr tener por objeto edificios a construir.

Artculo 154. Procedimiento para la permuta de bienes y derechos.

1. Sern de aplicacin a la permuta las normas previstas para la enajenacin de bienes y derechos, salvo lo dispuesto en cuanto a la necesidad de convocar concurso o subasta pblica para la adjudicacin.

2. No obstante, el rgano competente para la permuta podr instar la presentacin de ofertas de inmuebles o derechos para permutar, mediante un acto de invitacin al pblico al que se dar difusin a travs del "Boletn Oficial del Estado" y de cualesquiera otros medios que se consideren adecuados.

3. En el caso de presentacin de ofertas a travs del procedimiento previsto en el apartado anterior, la seleccin de la adjudicataria se realizar de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones previamente elaborado.

4. La diferencia de valor entre los bienes a permutar podr ser abonada en metlico o mediante la entrega de otros bienes o derechos de naturaleza distinta.

TTULO VI
Coordinacin y optimizacin de la utilizacin de los edificios administrativos
CAPTULO I
Normas generales
Artculo 155. Edificios administrativos.

1. Tendrn la consideracin de edificios administrativos los siguientes:

a) Los edificios destinados a oficinas y dependencias auxiliares de los rganos constitucionales del Estado y de la Administracin General del Estado y sus organismos pblicos.

b) Los destinados a otros servicios pblicos que se determinen reglamentariamente.

c) Los edificios del Patrimonio del Estado que fueren susceptibles de ser destinados a los fines expresados en los prrafos anteriores, independientemente del uso a que estuvieren siendo dedicados.

2. A los efectos previstos en este ttulo, se asimilan a los edificios administrativos los terrenos adquiridos por la Administracin General del Estado y sus organismos pblicos para la construccin de inmuebles destinados a alguno de los fines sealados en los prrafos a) y b) anteriores.

Artculo 156. Principios de la gestin de los edificios administrativos.

La gestin de los edificios administrativos por la Administracin General del Estado y sus organismos pblicos se inspirar en el principio de adecuacin a las necesidades de los servicios pblicos y se realizar con sujecin a los siguientes criterios y principios:

a) Planificacin global e integrada de las necesidades de inmuebles de uso administrativo.

b) Eficiencia y racionalidad en su utilizacin.

c) Rentabilidad de las inversiones, considerando el impacto de las caractersticas de los inmuebles en su utilizacin por los ciudadanos y en la productividad de los servicios administrativos vinculados a los mismos.

d) De imagen unificada, que evidencie la titularidad de los edificios, y que transmita los valores de austeridad, eficiencia y dignidad inherentes al servicio pblico.

e) De coordinacin por el Ministerio de Hacienda de los aspectos econmicos de los criterios anteriores y de verificacin por dicho departamento del cumplimiento de los mismos.

CAPTULO II
rganos de coordinacin
Artculo 157. Ministro de Hacienda.

La coordinacin de la gestin de los edificios administrativos utilizados por la Administracin General del Estado y sus organismos pblicos corresponde al Ministro de Hacienda y, bajo la autoridad de ste, al Director General del Patrimonio del Estado.

Artculo 158. Junta Coordinadora de Edificios Administrativos.

1. La Junta Coordinadora de Edificios Administrativos es el rgano colegiado interministerial de asistencia al Ministro de Hacienda en la coordinacin de la gestin de los edificios administrativos del Patrimonio del Estado, la aprobacin de directrices y la adopcin de medidas para un uso ms eficiente de los mismos.

2. Reglamentariamente, se determinar la composicin de la Junta, que estar presidida por el Subsecretario de Hacienda.

3. La Junta Coordinadora de Edificios Administrativos emitir informe preceptivo en relacin con las operaciones de gestin y los instrumentos de programacin y planificacin de los edificios administrativos que se determinen reglamentariamente y, en todo caso, respecto de los siguientes:

a) Programas y planes de optimizacin del uso de edificios administrativos.

b) Establecimiento de los ndices de ocupacin y criterios bsicos de utilizacin de los edificios administrativos del Patrimonio del Estado, cuya aprobacin compete al Ministro de Hacienda.

c) Afectaciones, mutaciones demaniales y adscripciones de edificios administrativos, cuando estuvieren interesados en su uso varios departamentos ministeriales u organismos pblicos.

d) Desafectaciones y desadscripciones de edificios administrativos, cuando el departamento ministerial o el organismo pblico que los tuviese afectados o adscritos se opusiesen.

e) Actuaciones de gestin patrimonial que, por razn de sus caractersticas especiales, sean sometidas a su consideracin por el Ministro de Hacienda o el Director General del Patrimonio del Estado.

4. La Junta Coordinadora de Edificios Administrativos podr, por propia iniciativa o a solicitud del Ministro de Hacienda o del Director General del Patrimonio del Estado, elevar informes o propuestas a estos rganos relativos a la gestin y utilizacin de los edificios administrativos.

Artculo 159. Delegados del Gobierno y Subdelegados del Gobierno.

1. La coordinacin de la utilizacin de los edificios de uso administrativo por la organizacin territorial de la Administracin General del Estado y de los organismos pblicos de ella dependientes en el mbito de las comunidades autnomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla corresponde a los Delegados del Gobierno, de acuerdo con las directrices establecidas por el Ministro de Hacienda y el Director General del Patrimonio del Estado.

2. Bajo la dependencia del Delegado del Gobierno, los Subdelegados del Gobierno coordinarn la utilizacin de los edificios administrativos en el mbito territorial de su competencia.

CAPTULO III
Actuaciones de optimizacin
Artculo 160. Concepto de optimizacin.

A los efectos previstos en esta ley, se entiende por optimizacin de la utilizacin de los edificios de uso administrativo el resultado del conjunto de anlisis tcnicos y econmicos sobre inmuebles existentes, de previsin de la evolucin de la demanda inmobiliaria por los servicios pblicos, de programacin de la cobertura de necesidades y de intervenciones de verificacin y control, que tienen por objeto identificar, en un mbito territorial o sectorial determinado, la mejor solucin para satisfacer las necesidades contrastadas de edificios de uso administrativo en el mbito geogrfico o sectorial considerado, con asuncin de las restricciones econmicas, funcionales o de naturaleza cultural o medioambientales que se determinen.

Artculo 161. Programas de actuacin.

El Consejo de Ministros aprobar, a propuesta del de Hacienda, programas anuales de actuacin para la optimizacin del uso de los edificios administrativos y la cobertura de las nuevas necesidades a travs de la construccin, adquisicin o arrendamiento de inmuebles.

Artculo 162. Planes de optimizacin.

1. La elaboracin de planes para la optimizacin del uso de los edificios de uso administrativo ser acordada por la Direccin General del Patrimonio del Estado, de acuerdo con las previsiones del programa anual de actuacin.

2. El mbito de los planes de optimizacin podr determinarse territorial o sectorialmente: en este ltimo caso, comprender los inmuebles afectados o adscritos a un determinado departamento u organismo, y su objetivo ltimo ser la utilizacin ms eficiente del conjunto de inmuebles incluidos en el mismo.

3. Los planes comprendern un anlisis detallado de la situacin, caractersticas y nivel de ocupacin de los inmuebles a que se refieran, y las medidas y actuaciones que se consideren ms adecuadas para la optimizacin de su uso, incluidas, en su caso, propuestas de recoleccin de unidades y efectivos, afectaciones, desafectaciones, adscripciones, desadscripciones o incorporaciones al patrimonio de la Administracin General del Estado de bienes propios de organismos pblicos, con fijacin del calendario para su ejecucin.

4. El plan de optimizacin ser trasladado a los ministerios u organismos afectados, para que, en el plazo de un mes, manifiesten su conformidad o formulen alegaciones. Transcurrido este plazo o evacuado el trmite, el Ministro de Hacienda, previo informe de la Junta Coordinadora de Edificios Administrativos, elevar el plan al Consejo de Ministros para su aprobacin.

5. La ejecucin de las medidas contenidas en el plan competer a las unidades a las que afecte ; deber la Direccin General del Patrimonio del Estado velar por el cumplimiento de los plazos previstos en el plan. A estos efectos, podr instar de los rganos que en cada caso sean competentes la adopcin de las correspondientes medidas de optimizacin y elevar al Ministro de Hacienda los informes o propuestas que estime pertinentes en relacin a la misma.

6. La Direccin General del Patrimonio del Estado financiar con cargo a sus crditos presupuestarios del programa de gestin del patrimonio del Estado, las actuaciones de los planes de optimizacin, cuya financiacin no se haya atribuido expresamente a ninguna de las entidades incluidas en el plan.

Cuando de la ejecucin de las operaciones de optimizacin se deriven ahorros o gastos adicionales para las entidades integrantes del plan de optimizacin, la Direccin General del Patrimonio del Estado dar cuenta a la Direccin General de Presupuestos de la cuantificacin estimada, debidamente anualizada, de estos ahorros o gastos, para que sea tenida en cuenta en la presupuestacin anual mediante las consiguientes bajas y altas de crditos.

Artculo 163. Potestades de la Direccin General del Patrimonio del Estado.

Para la determinacin del grado de utilizacin de los edificios de uso administrativo y comprobacin de su estado, as como para la elaboracin de los planes de optimizacin inmobiliaria y control y supervisin de su ejecucin, la Direccin General del Patrimonio del Estado podr recabar informes a los departamentos y organismos que los tengan afectados o adscritos, realizar visitas de inspeccin, y solicitar al Registro Central de Personal datos sobre los efectivos destinados en las unidades que los ocupen.

Artculo 164. Subordinacin de la gestin inmobiliaria a la ejecucin de los planes.

No se podrn concertar o autorizar nuevas adquisiciones, arrendamientos, afectaciones o adscripciones de edificios de uso administrativo con destino a los ministerios u organismos pblicos, en tanto no se ejecuten los planes de optimizacin que les afecten, con cumplimiento de la totalidad de sus previsiones, salvo que concurran razones de urgente necesidad, apreciadas por la Junta Coordinadora de Edificios Administrativos.

Artculo 165. Verificacin de proyectos de obras.

La aprobacin de proyectos de construccin, transformacin o rehabilitacin de edificios administrativos requerir informe favorable del Ministro de Hacienda cuando su coste exceda de 10 millones de euros.

TTULO VII
Patrimonio empresarial de la Administracin General del Estado
CAPTULO I
Disposiciones generales
Artculo 166. mbito de aplicacin.

1. Las disposiciones de este ttulo sern de aplicacin a las siguientes entidades:

a) Las entidades pblicas empresariales, a las que se refiere el captulo III del ttulo III de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizacin y Funcionamiento de la Administracin General del Estado.

b) Las entidades de Derecho pblico vinculadas a la Administracin General del Estado o a sus organismos pblicos cuyos ingresos provengan, al menos en un 50 por ciento, de operaciones realizadas en el mercado.

c) Las sociedades mercantiles estatales, entendiendo por tales aqullas en las que la participacin, directa o indirecta, en su capital social de las entidades que, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, integran el sector pblico estatal, sea superior al 50 por ciento. Para la determinacin de este porcentaje, se sumarn las participaciones correspondientes a las entidades integradas en el sector pblico estatal, en el caso de que en el capital social participen varias de ellas.

d) Las sociedades mercantiles que, sin tener la naturaleza de sociedades mercantiles estatales, se encuentren en el supuesto previsto en el artculo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores respecto de la Administracin General del Estado o sus organismos pblicos.

2. Las sociedades mercantiles estatales, con forma de sociedad annima, cuyo capital sea en su totalidad de titularidad, directa o indirecta, de la Administracin General del Estado o de sus organismos pblicos, se regirn por el presente ttulo y por el ordenamiento jurdico privado, salvo en las materias en que les sean de aplicacin la normativa presupuestaria, contable, de control financiero y de contratacin.

3. A los efectos previstos en el presente ttulo, formarn parte del patrimonio empresarial de la Administracin General del Estado o de sus organismos pblicos, las acciones, ttulos, valores, obligaciones, obligaciones convertibles en acciones, derechos de suscripcin preferente, contratos financieros de opcin, contratos de permuta financiera, crditos participativos y otros susceptibles de ser negociados en mercados secundarios organizados que sean representativos de derechos para la Administracin General del Estado o sus organismos pblicos, aunque su emisor no est incluido entre las personas jurdicas enunciadas en el apartado 1 del presente artculo.

4. Tambin formarn parte del patrimonio de la Administracin General del Estado los fondos propios, expresivos de la aportacin de capital del Estado, de las entidades pblicas empresariales, que se registrarn en la contabilidad patrimonial del Estado como el capital aportado para la constitucin de estos organismos. Estos fondos generan a favor del Estado derechos de participacin en el reparto de las ganancias de la entidad y en el patrimonio resultante de su liquidacin.

Artculo 167. Rgimen patrimonial.

1. Las entidades a que se refieren los prrafos a) y b) del apartado 1 del artculo anterior ajustarn la gestin de su patrimonio a esta ley. En lo no previsto en ella, se ajustarn al Derecho privado, salvo en materia de bienes de dominio pblico en que les sern de aplicacin las disposiciones reguladoras de estos bienes.

2. Las entidades a que se refieren los prrafos c) y d) del apartado 1 del artculo anterior ajustarn la gestin de su patrimonio al Derecho privado sin perjuicio de las disposiciones de esta ley que les resulten expresamente de aplicacin.

Artculo 168. Reestructuracin del sector pblico empresarial.

1. El Consejo de Ministros, mediante acuerdo adoptado a propuesta del Ministro de Hacienda, podr acordar la incorporacin de participaciones accionariales de titularidad de la Administracin General del Estado a entidades de derecho pblico vinculadas a la Administracin General del Estado o a sociedades de las previstas en el artculo 166.2 de esta ley cuya finalidad sea gestionar participaciones accionariales, o de stas a aqulla. Igualmente, el Consejo de Ministros podr acordar, a propuesta conjunta del Ministro de Hacienda y del Ministro del departamento al que estn adscritos o corresponda su tutela, la incorporacin de participaciones accionariales de titularidad de organismos pblicos, entidades de derecho pblico o de sociedades de las previstas en el artculo 166.2 de esta ley a la Administracin General del Estado.

En todos estos casos, el acuerdo de Consejo de Ministros se adoptar previo informe de la Comisin Delegada del Gobierno para Asuntos Econmicos.

La atribucin legal o reglamentaria para que el ejercicio de la titularidad del Estado sobre determinadas participaciones y las competencias inherentes a la misma correspondan a determinado rgano o entidad, se entender sustituida a favor de la entidad u rgano que reciba tales participaciones. En los acuerdos que se adopten se podrn prever los trminos y condiciones en que la entidad a la que se incorporan las sociedades se subroga en las relaciones jurdicas, derechos y obligaciones que la entidad transmitente mantenga con tales sociedades.

2. A los efectos de lo dispuesto en el presente artculo, la Administracin General del Estado, las entidades de derecho pblico o las sociedades previstas en el artculo 166.2 de esta ley, adquirirn el pleno dominio de las acciones recibidas desde la adopcin del acuerdo correspondiente, cuya copia ser ttulo acreditativo de la nueva titularidad, ya sea a efectos del cambio de las anotaciones en cuenta y en acciones nominativas, como a efectos de cualquier otra actuacin administrativa, societaria y contable que sea preciso realizar. Las participaciones accionariales recibidas se registrarn en la contabilidad del nuevo titular por el mismo valor neto contable que tenan en el anterior titular a la fecha de dicho acuerdo, sin perjuicio de las correcciones valorativas que procedan al final del ejercicio.

3. Las operaciones de cambio de titularidad y reordenacin interna en el sector pblico estatal que se realicen en ejecucin de este artculo no estarn sujetas a la legislacin del mercado de valores ni al rgimen de oferta pblica de adquisicin, y no darn lugar al ejercicio de derechos de tanteo, retracto o cualquier otro derecho de adquisicin preferente que estatutaria o contractualmente pudieran ostentar sobre dichas participaciones otros accionistas de las sociedades cuyas participaciones sean transferidas o, en su caso, terceros a esas sociedades. Adicionalmente, la mera transferencia y reordenacin de participaciones societarias que se realice en aplicacin de esta norma no podr ser entendida como causa de modificacin o de resolucin de las relaciones jurdicas que mantengan tales sociedades.

4. Todas las operaciones societarias, cambios de titularidad y actos derivados de la ejecucin de este artculo estarn exentos de cualquier tributo estatal, incluidos tributos cedidos a las comunidades autnomas y recargos autonmicos sobre tributos estatales, o local, sin que en este ltimo caso proceda la compensacin a que se refiere el primer prrafo del apartado 2 del artculo 9 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

5. Los aranceles de los Notarios y Registradores de la propiedad y mercantiles que intervengan los actos derivados de la ejecucin del presente artculo se reducirn en un 90 por ciento.

Artculo 169. Competencias del Consejo de Ministros.

Sin perjuicio de las autorizaciones del Consejo de Ministros a que esta ley y otras especficas someten determinadas actuaciones de gestin del sector pblico empresarial del Estado, compete al Consejo de Ministros:

a) Determinar las directrices y estrategias de gestin del sector pblico empresarial del Estado, en coherencia con la poltica econmica y la estabilidad presupuestaria.

b) Aprobar planes de reestructuracin del sector pblico empresarial del Estado y ordenar la ejecucin de los mismos.

c) Autorizar reasignaciones del patrimonio inmobiliario susceptible de uso administrativo dentro del mbito de la Administracin General del Estado y sus organismos pblicos, cuando se realice como contrapartida a reducciones o incrementos de los fondos propios de los organismos pblicos.

d) Atribuir la tutela de las sociedades previstas en el artculo 166.2 de esta ley a un determinado departamento, o modificar el ministerio de tutela.

e) Autorizar el objeto social de las sociedades previstas en el artculo 166.2 de esta ley y sus modificaciones.

f) Autorizar la creacin, transformacin, fusin, escisin y extincin de sociedades mercantiles estatales, as como los actos y negocios que impliquen la prdida o adquisicin de esta condicin por sociedades existentes. En el expediente de autorizacin deber incluirse una memoria relativa a los efectos econmicos previstos.

g) Autorizar los actos de adquisicin o enajenacin de acciones que supongan la adquisicin por una sociedad de las condiciones previstas en el artculo 166.2 de esta ley o la prdida de las mismas.

h) Autorizar los actos de adquisicin o enajenacin de acciones de las sociedades a que se refiere el prrafo d) del artculo 166.1 de esta ley cuando impliquen la asuncin de posiciones de control, tal y como quedan definidas en el citado artculo, o la prdida de las mismas.

i) Autorizar a las entidades a que se refiere el artculo 166 de esta ley y al Ministerio de Hacienda para la suscripcin de acuerdos, tales como pactos de sindicacin de acciones, que obliguen ejercer los derechos inherentes a los ttulos en sociedades mercantiles de comn acuerdo con otros accionistas.

j) Autorizar los actos de adquisicin por compra o enajenacin de acciones por la Administracin General del Estado o sus organismos pblicos cuando el importe de la transaccin supere los 10 millones de euros.

k) Autorizar las operaciones de adquisicin o enajenacin de acciones que conlleven operaciones de saneamiento con un coste estimado superior a 10 millones de euros.

Artculo 170. Competencias del Ministerio de Hacienda.

1. Corresponde al Ministro de Hacienda la fijacin de criterios para la gestin de los bienes y derechos del patrimonio empresarial de la Administracin General del Estado, de acuerdo con las polticas sectoriales que, en su caso, adopte el Ministerio a que estn vinculados o adscritos o al que corresponda la tutela de las sociedades previstas en el artculo 166.2 de esta ley, de conformidad con los principios de eficiencia econmica en la prosecucin del inters pblico, as como proponer al Consejo de Ministros el otorgamiento de las autorizaciones a que se refiere el artculo anterior.

2. El Ministerio de Hacienda ejercer, en la forma que reglamentariamente se determine y sin perjuicio de las competencias en materia presupuestaria y de control financiero, la representacin de los intereses econmicos generales de la Administracin General del Estado en las Entidades a que se refieren los prrafos a) y b) del artculo 166.1 de esta ley, para la adecuada acomodacin de la gestin de los patrimonios pblicos que les han sido atribuidos a las estrategias generales fijadas por el Gobierno y a los criterios definidos segn lo dispuesto en el apartado anterior de este artculo.

3. El Ministro de Hacienda podr dar instrucciones a quienes ostenten en la Junta General de las sociedades mercantiles la representacin de las acciones de titularidad de la Administracin General del Estado y sus organismos pblicos sobre la aplicacin de las reservas disponibles o del resultado del ejercicio de las citadas sociedades cuando, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Annimas, sea posible dicha aplicacin.

4. Corresponde a la Direccin General del Patrimonio del Estado la tenencia y administracin de las acciones y participaciones sociales en las sociedades mercantiles en que participe la Administracin General del Estado, la formalizacin de los negocios de adquisicin y enajenacin de las mismas, y la propuesta de actuaciones sobre los fondos propios de las entidades pblicas que impliquen reduccin o incremento del mismo como contrapartida a operaciones que supongan la escisin o fusin de actividades o bien la incorporacin de bienes al Patrimonio de la Administracin General del Estado o la aportacin de bienes de sta a las citadas entidades pblicas.

5. Corresponde a la Intervencin General de la Administracin del Estado el control de carcter finan ciero de las entidades integradas en el sector pblico empresarial, de conformidad con lo previsto en el artculo 17 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General Presupuestaria.

Artculo 171. Adquisicin de ttulos valores.

1. La adquisicin por la Administracin General del Estado de ttulos representativos del capital de sociedades mercantiles, sea por suscripcin o compra, as como de futuros u opciones, cuyo activo subyacente est constituido por acciones, se acordar por el Ministro de Hacienda, previa autorizacin, en su caso, del Consejo de Ministros, en los supuestos que as lo establezca esta ley u otras que resulten de aplicacin, con informe previo de la Direccin General del Patrimonio del Estado.

2. Sern competentes para acordar la adquisicin o suscripcin de ttulos representativos del capital de sociedades mercantiles por organismos pblicos vinculados a la Administracin General del Estado o dependientes de ella sus directores o presidentes, previa autorizacin del Consejo de Ministros, cuando resulte necesaria conforme a lo previsto en el artculo 169 de esta ley.

3. El acuerdo de adquisicin por compra determinar los procedimientos para fijar el importe de la misma segn los mtodos de valoracin comnmente aceptados. Cuando los ttulos o valores cuya adquisicin se acuerde coticen en algn mercado secundario organizado, el precio de adquisicin ser el correspondiente de mercado en el momento y fecha de la operacin.

No obstante, en el supuesto que los servicios tcnicos designados por el Director General del Patrimonio del Estado o por el presidente o director del organismo pblico que efecte la adquisicin estimaran que el volumen de negociacin habitual de los ttulos no garantiza la adecuada formacin de un precio de mercado podrn proponer, motivadamente, la adquisicin y determinacin del precio de los mismos por otro mtodo legalmente admisible de adquisicin o valoracin.

Cuando la adquisicin de ttulos tenga por finalidad obtener la plena propiedad de inmuebles o de parte de los mismos por el Estado o sus organismos pblicos la valoracin de estas participaciones exigir la realizacin de la tasacin de los bienes inmuebles.

Artculo 172. Constitucin y disolucin de sociedades.

Las normas del artculo anterior sern tambin de aplicacin a la constitucin o, en los supuestos previstos en los nmeros 1., 3. , 6. y 7. del apartado 1 del artculo 260 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Annimas, a la disolucin de sociedades por la Administracin General del Estado o sus organismos pblicos.

El rgano competente para acordar la constitucin o disolucin podr autorizar la aportacin de bienes o derechos patrimoniales o determinar el destino del haber social de la sociedad cuya disolucin se acuerde.

Artculo 173. Administracin de los ttulos valores.

1. Compete al Ministerio de Hacienda, a travs de la Direccin General del Patrimonio del Estado, el ejercicio de los derechos que correspondan a la Administracin General del Estado como partcipe directa de empresas mercantiles, tengan o no la condicin de sociedades mercantiles estatales. Asimismo, corresponde a la Direccin General del Patrimonio del Estado la formalizacin, en nombre de la Administracin General del Estado, de las adquisiciones o enajenaciones de ttulos representativos del capital.

2. El Ministerio de Hacienda, por medio de dicha Direccin General, podr dar a los representantes del capital estatal en los consejos de administracin de dichas empresas las instrucciones que considere oportunas para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a la titularidad de las acciones.

3. Los ttulos o los resguardos de depsito correspondientes se custodiarn en el Ministerio de Hacienda.

Artculo 174. Competencia para la enajenacin de ttulos representativos de capital.

1. La enajenacin por la Administracin General del Estado de ttulos representativos del capital de sociedades mercantiles se acordar por el Ministro de Hacienda, previa autorizacin, en su caso, del Consejo de Ministros en los supuestos a que se refiere el artculo 169 de esta ley.

2. Respecto de los ttulos que sean propiedad de los organismos pblicos vinculados a la Administracin General del Estado o dependientes de ella, sern competentes para acordar su enajenacin sus directores o presidentes, previa autorizacin del Consejo de Ministros o en los supuestos a que se refiere el artculo 169 de esta ley.

Artculo 175. Procedimiento para la enajenacin de ttulos representativos de capital.

1. La enajenacin de valores representativos del capital de sociedades mercantiles que sean de titularidad de la Administracin General del Estado o de sus organismos pblicos se podr realizar en mercados secundarios organizados, o fuera de los mismos, de conformidad con la legislacin vigente y por medio de cualesquiera actos o negocios jurdicos.

2. Para llevar a cabo dicha enajenacin, los valores representativos de capital se podrn vender por la Administracin General del Estado o sus organismos pblicos, o se podrn aportar o transmitir a una sociedad mercantil estatal o entidad pblica empresarial cuyo objeto social comprenda la tenencia, administracin, adquisicin y enajenacin de acciones y participaciones en entidades mercantiles. Tambin se podr celebrar un convenio de gestin por el que se concreten los trminos en los que dicha sociedad estatal pueda proceder a la venta de valores por cuenta de la Administracin General del Estado o de organismos pblicos. La instrumentacin jurdica de la venta a terceros de los ttulos se realizar en trminos ordinarios del trfico privado, ya sea al contado o con precio aplazado cuando concurran garantas suficientes para el aplazamiento.

3. En el supuesto de ttulos o valores que coticen en mercados secundarios organizados, cuando el importe de los ttulos que se pretende enajenar no puedan considerarse una autntica inversin patrimonial ni represente una participacin relevante en el capital de la sociedad annima, la Direccin General del Patrimonio del Estado o el organismo pblico titular de los mismos podr enajenarlos mediante encargo a un intermediario financiero legalmente autorizado. En este supuesto, las comisiones u honorarios de la operacin se podrn deducir del resultado bruto de la misma, ingresndose en el Tesoro el rendimiento neto de la enajenacin.

4. El importe de la enajenacin se determinar segn los mtodos de valoracin comnmente aceptados. Cuando los ttulos o valores cuya enajenacin se acuerde coticen en algn mercado secundario organizado, el precio de enajenacin ser el correspondiente al valor que establezca el mercado en el momento y fecha de la operacin.

No obstante, en el supuesto que los servicios tcnicos designados por el Director General del Patrimonio del Estado o por el presidente o director del organismo pblico que efecte la enajenacin estimaran que el volumen de negociacin habitual de los ttulos no garantiza la adecuada formacin de un precio de mercado podrn proponer, razonadamente, la enajenacin y determinacin del precio de los mismos por otro mtodo legalmente admisible de adquisicin o valoracin.

5. Cuando los ttulos y valores que se pretenda enajenar no coticen en mercados secundarios organizados, o en el supuesto previsto en el segundo prrafo del apartado 4 del presente artculo, el rgano competente para la autorizacin de la enajenacin determinar el procedimiento de venta que, normalmente, se realizar por concurso o por subasta. No obstante, el rgano competente podr acordar la adjudicacin directa cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:

a) Existencia de limitaciones estatutarias a la libre transmisibilidad de las acciones, o existencia de derechos de adquisicin preferente.

b) Cuando el adquirente sea cualquier persona jurdica de derecho pblico o privado perteneciente al sector pblico.

c) Cuando fuera declarada desierta una subasta o sta resultase fallida como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones por parte del adjudicatario. En este caso la venta directa deber efectuarse en el plazo de un ao desde la celebracin de la subasta, y sus condiciones no podrn diferir de las publicitadas para la subasta o de aqullas en que se hubiese producido la adjudicacin.

d) Cuando la venta se realice a favor de la propia sociedad en los casos y con las condiciones y requisitos establecidos en el artculo 75 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Annimas, o cuando se realice a favor de otro u otros partcipes en la sociedad. En este ltimo caso los ttulos debern ser ofrecidos a la sociedad que deber distribuirlos entre los partcipes interesados en la adquisicin, en la parte proporcional que les corresponda de acuerdo con su participacin en el capital social.

El precio de la enajenacin se fijar por el rgano competente para autorizar la misma, sin que su cuanta pueda ser inferior al importe que resulte de la valoracin efectuada por la Direccin General del Patrimonio del Estado o, en el supuesto previsto en el prrafo a), al que resulte del procedimiento establecido por los estatutos de la sociedad para la valoracin de los ttulos.

6. Los valores que la Administracin General del Estado o sus organismos pblicos transmitan o aporten a una sociedad estatal a los efectos previstos en el apartado 2 de este artculo se registrarn en la contabilidad de dicha sociedad estatal al valor neto contable que figure en las cuentas del transmitente, sin que sea de aplicacin lo establecido en el artculo 38 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Annimas.

CAPTULO II
Disposiciones especiales para las sociedades a que se refiere el artculo 166.2 de esta ley
Artculo 176. Ministerio de tutela.

1. Al autorizar la constitucin de una sociedad de las previstas en el artculo 166.2 de esta ley, el Consejo de Ministros podr atribuir a un ministerio, cuyas competencias guarden una relacin especfica con el objeto social de la sociedad, la tutela funcional de la misma.

2. En ausencia de esta atribucin expresa corresponder ntegramente al Ministerio de Hacienda el ejercicio de las facultades que esta ley otorga para la supervisin de la actividad de la sociedad.

Artculo 177. Relaciones de la Administracin General del Estado con las sociedades a que se refiere el artculo 166.2 de esta ley.

1. Sin perjuicio de las competencias de control que corresponden a la Intervencin General de la Administracin del Estado, el ministerio de tutela ejercer el control funcional y de eficacia de las sociedades previstas en el artculo 166.2 de esta ley y ser el responsable de dar cuenta a las Cortes Generales de sus actuaciones, en el mbito de su competencia.

2. El ministerio de tutela instruir a la sociedad respecto a las lneas de actuacin estratgica y establecer las prioridades en la ejecucin de las mismas, y propondr su incorporacin a los Presupuestos de Explotacin y Capital y Programas de Actuacin Plurianual, previa conformidad, en cuanto a sus aspectos financieros, de la Direccin General del Patrimonio del Estado, si se trata de sociedades cuyo capital corresponda ntegramente a la Administracin General del Estado, o del organismo pblico que sea titular de su capital.

3. La Direccin General del Patrimonio del Estado, en el caso de sociedades cuyo capital corresponda en su integridad a la Administracin General del Estado, o el organismo pblico titular de su capital establecern los sistemas de control que permitan la adecuada supervisin financiera de estas sociedades.

4. Para aquellas sociedades en que sea necesario definir un escenario presupuestario, financiero y de actuacin a medio plazo, el marco de relaciones con la Administracin General del Estado se establecer preferentemente sobre la base de un convenio o contrato-programa de los regulados en el artculo 91 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, a iniciativa del ministerio de tutela o de la Direccin General del Patrimonio del Estado, en el caso de sociedades de la Administracin General del Estado, o del organismo pblico que sea titular de su capital.

Artculo 178. Instrucciones.

1. En casos excepcionales, debidamente justificados, el Ministro al que corresponda su tutela podr dar instrucciones a las sociedades previstas en el artculo 166.2, para que realicen determinadas actividades, cuando resulte de inters pblico su ejecucin.

2. Cuando las instrucciones que imparta el ministerio de tutela impliquen una variacin de los Presupuestos de Explotacin y Capital de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, el rgano de administracin no podr iniciar la cumplimentacin de la instruccin sin contar con la autorizacin del rgano competente para efectuar la modificacin correspondiente.

Artculo 179. Responsabilidad.

Los administradores de las sociedades a las que se hayan impartido instrucciones en los trminos previstos en el artculo anterior actuarn diligentemente para su ejecucin, y quedarn exonerados de la responsabilidad prevista en el artculo 133 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Annimas si del cumplimiento de dichas instrucciones se derivaren consecuencias lesivas.

Artculo 180. Administradores.

1. El ministro al que corresponda la tutela de la sociedad propondr al Ministro de Hacienda o al organismo pblico representado en su Junta General, el nombramiento de un nmero de administradores que represente como mximo, dentro del nmero de consejeros que determinen los estatutos, la proporcin que el Consejo de Ministros establezca cuando acuerde lo previsto en el artculo 169.d) de esta ley.

2. Los administradores de las sociedades previstas en el artculo 166.2 no se vern afectados por la prohibicin establecida en el segundo inciso del artculo 124 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Annimas.

3. Las sociedades que, de acuerdo con la normativa aplicable estn obligadas a someter sus cuentas a auditora, debern constituir una Comisin de Auditora y Control, dependiente del Consejo, con la composicin y funciones que se determinen.

Artculo 181. Presidente y Consejero Delegado.

1. Los nombramientos del presidente del consejo de administracin y del consejero delegado o puesto equivalente que ejerza el mximo nivel ejecutivo de la sociedad se efectuarn por el consejo de administracin, a propuesta del ministro de tutela.

2. Los puestos de presidente o consejero delegado de la sociedad tendrn la consideracin de alto cargo de la Administracin General del Estado a los efectos previstos en la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades, y el ejercicio de sus funciones ser incompatible con el desarrollo de cualquier otro cargo pblico de los enunciados en el apartado 2 del artculo 1 de la citada ley.

Artculo 182. Especialidades en las aportaciones no dinerarias.

En el caso de aportaciones no dinerarias efectuadas por la Administracin General del Estado o sus organismos pblicos a las sociedades previstas en el artculo 166.2 de esta ley, no ser necesario el informe de expertos independientes previsto en el artculo 38 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Annimas, que ser sustituido por la tasacin prevista en el artculo 114 de esta ley.

TTULO VIII
Relaciones interadministrativas
CAPTULO I
Normas generales
Artculo 183. Principios de las relaciones entre las Administraciones pblicas.

Las Administraciones pblicas ajustarn sus relaciones recprocas en materia patrimonial al principio de lealtad institucional, observando las obligaciones de informacin mutua, cooperacin, asistencia y respeto a las respectivas competencias, y ponderando en su ejercicio la totalidad de los intereses pblicos implicados.

Artculo 184. Conferencia Sectorial de Poltica Patrimonial.

Como rgano de cooperacin y coordinacin entre la Administracin General del Estado y las comunidades autnomas en materia patrimonial, se crea la Conferencia Sectorial de Poltica Patrimonial, que ser convocada por el Ministro de Hacienda.

Artculo 185. Iniciativa de las Administraciones para la gestin de bienes pblicos.

En el marco de las relaciones de cooperacin y coordinacin, y en relacin con bienes determinados, las distintas Administraciones pblicas podrn solicitar a los rganos competentes de las Administraciones titulares de los mismos la adopcin, respecto de stos, de cuantos actos de gestin patrimonial, como afectaciones, desafectaciones, mutaciones demaniales, adscripciones o desadscripciones, que consideren pueden contribuir al pleno desenvolvimiento y efectividad de los principios recogidos en los artculos 6, 8 y 183 de esta ley.

CAPTULO II
Convenios entre Administraciones pblicas
Artculo 186. Convenios patrimoniales y urbansticos.

La Administracin General del Estado y los organismos pblicos vinculados a ella o dependientes de la misma podrn celebrar convenios con otras Administraciones pblicas o con personas jurdicas de derecho pblico o de derecho privado pertenecientes al sector pblico, con el fin de ordenar las relaciones de carcter patrimonial y urbanstico entre ellas en un determinado mbito o realizar actuaciones comprendidas en esta ley en relacin con los bienes y derechos de sus respectivos patrimonios.

Artculo 187. Libertad de estipulaciones.

1. Los convenios a que se refiere el artculo anterior podrn contener cuantas estipulaciones se estimen necesarias o convenientes para la ordenacin de las relaciones patrimoniales y urbansticas entre las partes intervinientes, siempre que no sean contrarias al inters pblico, al ordenamiento jurdico, o a los principios de buena administracin.

2. Los convenios podrn limitarse a recoger compromisos de actuacin futura de las partes, revistiendo el carcter de acuerdos marco o protocolos generales, o prever la realizacin de operaciones concretas y determinadas, en cuyo caso podrn ser inmediatamente ejecutivos y obligatorios para las partes.

3. Cuando se trate de convenios de carcter inmediatamente ejecutivo y obligatorio, la totalidad de las operaciones contempladas en el mismo se consideran integradas en un nico negocio complejo. Su conclusin requerir el previo informe de la Abogaca del Estado y el cumplimiento de los trmites establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn y en el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, y los restantes requisitos procedimentales previstos para las operaciones patrimoniales que contemplen. Una vez firmados, constituirn ttulo suficiente para inscribir en el Registro de la Propiedad u otros registros las operaciones contempladas en los mismos.

Artculo 188. Competencia.

1. En el mbito de la Administracin General del Estado ser rgano competente para celebrar los convenios a los que se refieren los artculos anteriores el Ministro de Hacienda, a propuesta de la Direccin General del Patrimonio del Estado, y con la autorizacin del Consejo de Ministros en los casos en que la misma sea necesaria.

2. Los titulares de los departamentos ministeriales podrn celebrar convenios para la ordenacin de las facultades que les correspondan sobre los bienes que tuvieran afectados, previo informe favorable del Ministro de Hacienda.

3. En el caso de organismos pblicos vinculados a la Administracin General del Estado o dependientes de ella, sern rganos competentes para celebrar los expresados convenios sus presidentes o directores, previa comunicacin al Director General del Patrimonio del Estado. Esta comunicacin no ser necesaria cuando se trate de organismos pblicos cuyos bienes estn exceptuados de incorporacin conforme a lo previsto en el apartado 2 del artculo 80 de esta ley.

CAPTULO III
Rgimen urbanstico y gestin de los bienes pblicos
Artculo 189. Comunicacin de actuaciones urbansticas.

1. Sin perjuicio de las publicaciones que fueren preceptivas, la aprobacin inicial, la provisional y la definitiva de instrumentos de planeamiento urbanstico que afecten a bienes de titularidad pblica debern notificarse a la Administracin titular de los mismos. Cuando se trate de bienes de titularidad de la Administracin General del Estado, la notificacin se efectuar al Delegado de Economa y Hacienda de la provincia en que radique el bien.

2. Los plazos para formular alegaciones o interponer recursos frente a los actos que deban ser objeto de notificacin comenzarn a contarse desde la fecha de la misma.

3. Corresponder a los secretarios de los ayuntamientos efectuar las notificaciones previstas en este artculo.

Artculo 190. Ejecucin del planeamiento.

1. Los notarios no podrn autorizar el otorgamiento de escrituras pblicas de constitucin de juntas de compensacin u otras entidades urbansticas colaboradoras sin que previamente los otorgantes justifiquen ante ellos que la totalidad de la superficie incluida en la unidad de ejecucin ha sido plenamente identificada, en cuanto a la titularidad de las fincas que la componen, o que la Delegacin de Economa y Hacienda correspondiente ha sido notificada fehacientemente de la existencia de terrenos de titularidad desconocida o no acreditada. Se considerar identificada la titularidad respecto a las fincas calificadas como litigiosas, siempre que se aporten ttulos justificativos del dominio.

2. Las cesiones y dems operaciones patrimoniales sobre bienes y derechos del Patrimonio del Estado que deriven de la ejecucin del planeamiento, se regirn por lo dispuesto en la legislacin urbanstica, con estricta aplicacin del principio de equidistribucin de beneficios y cargas. Sern rganos competentes para acordarlas los mismos previstos en esta ley para la operacin patrimonial de que se trate.

Artculo 191. Rgimen urbanstico de los inmuebles desafectados.

1. Cuando los inmuebles del Patrimonio del Estado dejen de estar afectados a un uso o servicio pblico se proceder a realizar una valoracin de los mismos que constar del valor del suelo calculado conforme a las reglas establecidas en la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Rgimen del Suelo y Valoraciones, y del valor de las edificaciones existentes.

2. El valor resultante servir de base para convenir con otras Administraciones pblicas la obtencin de estos inmuebles mediante la aportacin de contraprestaciones equivalentes. Entre los criterios que se utilicen para fijar estas contraprestaciones podr tenerse en cuenta lo previsto en el apartado 2 del artculo 8 de esta ley.

3. La Administracin General del Estado o los organismos pblicos titulares de los bienes comunicarn a las autoridades urbansticas la desafectacin de estos inmuebles a los efectos de que por parte de las mismas se proceda a otorgarles la nueva calificacin urbanstica que corresponda. Esta decisin, que deber respetar el principio de equidistribucin de beneficios y cargas establecido en el artculo 5 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Rgimen del Suelo y Valoraciones, ser coherente con la poltica urbanstica municipal, con el tamao y situacin de los inmuebles, y con cualesquiera otras circunstancias relevantes que pudieran concurrir sobre los mismos.

4. En el supuesto de que los usos permitidos en los inmuebles desafectados determinen su utilizacin exclusiva por otra Administracin pblica, sta convendr con la Administracin General del Estado o el organismo pblico que ha desafectado el bien los trminos para su obtencin, basados en las compensaciones estimadas segn lo previsto en el apartado 1 de este artculo, sin perjuicio de lo previsto en la seccin 5. del captulo V del ttulo V de esta ley.

5. Transcurridos dos aos desde que se hubiese notificado la desafectacin, sin que el planeamiento urbanstico haya otorgado a los inmuebles desafectados la nueva calificacin que corresponda de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 de este artculo, el ayuntamiento correspondiente se responsabilizar de su custodia y mantenimiento.

6. En cualquier caso, si transcurriere el plazo establecido por la legislacin urbanstica aplicable para instar la expropiacin por ministerio de la ley, sin que el planeamiento urbanstico hubiese otorgado una nueva calificacin a los bienes desafectados, la Administracin General del Estado o el organismo pblico advertir a la Administracin municipal de su propsito de comenzar el expediente de justiprecio, el cual se iniciar en la forma prevista en dicha legislacin.

TTULO IX
Rgimen sancionador
CAPTULO I
Infracciones y sanciones
Artculo 192. Infracciones.

1. Son infracciones muy graves:

a) La produccin de daos en bienes de dominio pblico, cuando su importe supere la cantidad de un milln de euros.

b) La usurpacin de bienes de dominio pblico.

2. Son infracciones graves:

a) La produccin de daos en bienes de dominio pblico, cuando su importe supere la cantidad de 10.000 euros y no exceda de 1.000.000 de euros.

b) La realizacin de obras, trabajos u otras actuaciones no autorizadas en bienes de dominio pblico, cuando produzcan alteraciones irreversibles en ellos.

c) La retencin de bienes de dominio pblico una vez extinguido el ttulo que legitima su ocupacin.

d) El uso comn especial o privativo de bienes de dominio pblico sin la correspondiente autorizacin o concesin.

e) El uso de bienes de dominio pblico objeto de concesin o autorizacin sin sujetarse a su contenido o para fines distintos de los que las motivaron.

f) Las actuaciones sobre bienes afectos a un servicio pblico que impidan o dificulten gravemente la normal prestacin de aqul.

g) El incumplimiento del deber de comunicar la existencia de saldos y depsitos abandonados, conforme al artculo 18 de esta ley.

h) El incumplimiento de los deberes de colaboracin y cooperacin establecidos en los artculos 61 y 63 de esta ley.

i) La utilizacin de bienes cedidos gratuitamente conforme a las normas de la seccin 5. del captulo V del ttulo V de esta ley para fines distintos de los previstos en el acuerdo de cesin.

3. Son infracciones leves:

a) La produccin de daos en los bienes de dominio pblico, cuando su importe no exceda de 10.000 euros.

b) El incumplimiento de las disposiciones que regulan la utilizacin de los bienes destinados a un servicio pblico por los usuarios del mismo.

c) El incumplimiento de las disposiciones que regulan el uso comn general de los bienes de dominio pblico.

d) El incumplimiento del deber de los titulares de concesiones o autorizaciones de conservar en buen estado los bienes de dominio pblico.

e) El incumplimiento de los deberes de colaboracin establecidos en el artculo 62 esta ley.

f) Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley.

Artculo 193. Sanciones.

1. Las infracciones muy graves sern sancionadas con multa de hasta 10 millones de euros, las graves con multa de hasta un milln de euros, y las leves con multa de hasta cien mil euros.

La infraccin contemplada en el prrafo g) del apartado 2 del artculo anterior se sancionar con una multa de hasta 10 euros por cada da de retraso en el cumplimiento del deber de comunicar la existencia de los saldos y depsitos abandonados, a contar desde el trigsimo da natural posterior a aqul en que nazca esa obligacin.

Para graduar la cuanta de la multa se atender al importe de los daos causados, al valor de los bienes o derechos afectados, a la reiteracin por parte del responsable, y al grado de culpabilidad de ste ; se considerar circunstancia atenuante, que permitir reducir la cuanta de la multa hasta la mitad, la correccin por el infractor de la situacin creada por la comisin de la infraccin en el plazo que se seale en el correspondiente requerimiento.

2. En caso de reincidencia en infracciones graves o muy graves se podr declarar la inhabilitacin del infractor para ser titular de autorizaciones y concesiones por un plazo de uno a tres aos.

3. Con independencia de las sanciones que puedan imponrsele, el infractor estar obligado a la restitucin y reposicin de los bienes a su estado anterior, con la indemnizacin de los daos irreparables y perjuicios causados, en el plazo que en cada caso se fije en la resolucin correspondiente. El importe de estas indemnizaciones se fijar ejecutoriamente por el rgano competente para imponer la sancin.

Artculo 194. Prescripcin.

1. Las infracciones muy graves prescribirn a los tres aos, las graves a los dos aos y las leves a los seis meses.

Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirn a los tres aos, las impuestas por faltas graves a los dos aos y las impuestas por faltas leves al ao.

2. El cmputo de estos plazos se efectuar de conformidad con lo establecido en el artculo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

CAPTULO II
Normas procedimentales
Artculo 195. rganos competentes.

1. Las sanciones pecuniarias cuyo importe supere un milln de euros sern impuestas por el Consejo de Ministros.

2. Corresponde al Ministro de Hacienda imponer las sanciones por las infracciones contempladas en los prrafos g), h) e i) del apartado 2 del artculo 192 y en el prrafo e) del apartado 3 del mismo artculo, cuando las mismas se refieran a bienes y derechos de la Administracin General del Estado.

3. Sern competentes para imponer las sanciones correspondientes a las restantes infracciones los Ministros titulares de los departamentos a los que se encuentren afectados los bienes o derechos, y los presidentes o directores de los organismos pblicos que sean sus titulares o que los tengan adscritos.

Artculo 196. Procedimiento sancionador.

Para la imposicin de las sanciones previstas en este ttulo se seguir el procedimiento previsto en el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

Artculo 197. Ejecucin de las sanciones.

1. El importe de las sanciones y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las responsabilidades contradas podrn ser exigidas por los procedimientos de ejecucin forzosa previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

2. Las multas coercitivas que se impongan para la ejecucin forzosa no podrn superar el veinte por ciento de la sancin impuesta o de la obligacin contrada por responsabilidades, y no podrn reiterarse en plazos inferiores a ocho das.

Disposicin adicional primera. Rgimen patrimonial de los rganos constitucionales del Estado.

La afectacin de bienes y derechos del Patrimonio del Estado a los rganos constitucionales del Estado, as como su desafectacin, administracin y utilizacin, se regirn por las normas establecidas en esta ley para los departamentos ministeriales.

Disposicin adicional segunda. Rgimen jurdico del Patrimonio Sindical Acumulado.

El rgimen de gestin patrimonial de los bienes que integran el Patrimonio Sindical Acumulado ser el regulado en la Ley 4/1986, de 8 de enero, y dems normas legales complementarias, aplicndose esta ley y sus normas de desarrollo en todo lo no previsto por ellas.

Disposicin adicional tercera. Rgimen jurdico del Patrimonio de la Seguridad Social.

1. El Patrimonio de la Seguridad Social se regir por su legislacin especfica, siendo de aplicacin supletoria lo establecido en esta ley. No obstante lo anterior, las previsiones del ttulo IX de la misma sern de aplicacin directa, si bien los rganos competentes para imponer las sanciones sern los siguientes:

a) El Consejo de Ministros, las sanciones pecuniarias cuyo importe exceda de un milln de euros.

b) El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, las sanciones correspondientes a las infracciones contempladas en los prrafos h) e i) del apartado 2 del artculo 191, y en el prrafo e) del apartado 3 de este mismo artculo.

c) El Director General de la Tesorera General de la Seguridad Social, las sanciones correspondientes a las restantes infracciones.

2. El inventario de los bienes y derechos que integran el Patrimonio de la Seguridad Social se llevar de forma que sea susceptible de consolidacin con el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado.

Disposicin adicional cuarta. Rgimen jurdico del Patrimonio Nacional.

El rgimen jurdico del Patrimonio Nacional ser el establecido en la Ley 23/1982, de 16 de junio y Reglamento para su aplicacin, aprobado por Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo, y disposiciones complementarias, aplicndose con carcter supletorio las disposiciones de esta ley y sus normas de desarrollo, a las que el organismo "Consejo de Administracin del Patrimonio Nacional" deber ajustarse en el rgimen de gestin de sus bienes propios.

Disposicin adicional quinta. Rgimen patrimonial de determinados organismos pblicos.

1. El rgimen patrimonial de los organismos pblicos a que hacen referencia las disposiciones adicionales novena y dcima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizacin y Funcionamiento de la Administracin General del Estado, del ente pblico Puertos del Estado y de las Autoridades Portuarias, se sujetar a las previsiones de esta ley, considerndose integrado en el Patrimonio del Estado el patrimonio de estos organismos, en los trminos previstos en el artculo 9 de esta ley.

2. El rgimen patrimonial del Instituto Cervantes se regir por lo establecido en la Ley 7/1991, de 21 de marzo, y en el Reglamento del Instituto aprobado por Real Decreto 1526/1999, de 1 de octubre, entendindose realizadas las referencias efectuadas en esta norma al artculo 48 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizacin y Funcionamiento de la Administracin General del Estado a las correspondientes disposiciones de esta ley.

Disposicin adicional sexta. Rgimen patrimonial del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas.

El rgimen patrimonial del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas se regir por su normativa especial, siendo de aplicacin supletoria esta ley.

Disposicin adicional sptima. Bienes afectados al Ministerio de Defensa y Fuerzas Armadas.

1. El rgimen jurdico patrimonial del organismo autnomo "Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa" se regir por su normativa especial, aplicndose supletoriamente esta ley. No obstante, la vigencia del rgimen especial de gestin de los bienes inmuebles afectados al Ministerio de Defensa establecido en las normas reguladoras del organismo se extinguir transcurridos 15 aos desde la entrada en vigor de esta ley.

2. La enajenacin de bienes muebles y productos de defensa afectados al uso de las Fuerzas Armadas se regir por su legislacin especial, aplicndose supletoriamente las disposiciones de esta ley y sus normas de desarrollo.

Disposicin adicional octava. Bienes afectados al Ministerio del Interior.

La gestin patrimonial del organismo autnomo "Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado" se ajustar a su normativa especial, con aplicacin supletoria de esta ley. No obstante, la vigencia del rgimen especial de gestin de los bienes inmuebles afectados al Ministerio del Interior establecido en las normas reguladoras del organismo se extinguir transcurridos 15 aos desde la entrada en vigor de esta ley.

Disposicin adicional novena. Comisin de Coordinacin Financiera de Actuaciones Inmobiliarias y Patrimoniales.

1. Como rgano colegiado superior para la coordinacin en materia patrimonial se crea la Comisin de Coordinacin Financiera de Actuaciones Inmobiliarias y Patrimoniales.

2. La Comisin estar integrada por los siguientes miembros:

Presidente: el Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de Economa.

Vicepresidente: el Ministro de Hacienda.

Vocales: el Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, el Secretario de Estado de Defensa, el Secretario de Estado de Seguridad, el Secretario de Estado de Infraestructuras, el Secretario de Estado de la Seguridad Social, el Subsecretario de Asuntos Exteriores, el Subsecretario de Hacienda, el Subsecretario de Administraciones Pblicas, el Subsecretario de Economa, el Director General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, y el Presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.

Secretario: el Director General del Patrimonio del Estado.

3. Cuando se traten asuntos que afecten a varios Departamentos, asistir a las reuniones el Subsecretario de la Presidencia. Asimismo, podrn ser convocados aquellos altos cargos que se considere conveniente por razn de los temas a tratar.

4. La secretara ejecutiva de la Comisin estar a cargo de un Subdirector General o funcionario de nivel equivalente de la Direccin General del Patrimonio del Estado.

Disposicin adicional dcima. Rgimen jurdico de la "Sociedad Estatal de Gestin Inmobiliaria de Patrimonio, Sociedad Annima".

1. La "Sociedad Estatal de Gestin Inmobiliaria de Patrimonio, Sociedad Annima" (SEGIPSA), cuyo capital social deber ser de titularidad pblica, tendr la consideracin de medio propio instrumental y servicio tcnico de la Administracin General del Estado y sus organismos y entidades de derecho pblico para la gestin, administracin, explotacin, mantenimiento y conservacin, vigilancia, investigacin, inventario, regularizacin, mejora y optimizacin, valoracin, tasacin, adquisicin y enajenacin de los bienes y derechos integrantes o susceptibles de integracin en el Patrimonio del Estado o en otros patrimonios pblicos, as como para la construccin y reforma de inmuebles patrimoniales o de uso administrativo.

2. En virtud de dicho carcter, SEGIPSA estar obligada a realizar los trabajos, servicios, estudios, proyectos, asistencias tcnicas, obras y cuantas actuaciones le encomiende directamente la Administracin General del Estado y sus organismos y entidades de derecho pblico, en la forma establecida en la presente disposicin. La actuacin de SEGIPSA no podr suponer el ejercicio de potestades administrativas.

3. La encomienda o encargo, que en su otorgamiento y ejecucin se regir exclusivamente por lo establecido en esta disposicin, establecer la forma, trminos y condiciones de realizacin de los trabajos, que se efectuarn por SEGIPSA con libertad de pactos y sujecin al Derecho privado, se podr prever en dicha encomienda que SEGIPSA acte en nombre y por cuenta de quien le efecte el encargo que, en todo momento, podr supervisar la correcta realizacin del objeto de la encomienda. Cuando tenga por objeto la enajenacin de bienes, la encomienda determinar la forma de adjudicacin del contrato, y podr permitir la adjudicacin directa en los casos previstos en esta ley. En caso de que su otorgamiento corresponda a un rgano que no sea el Ministro de Hacienda, requerir el previo informe favorable del Director General del Patrimonio del Estado.

4. El importe a pagar por los trabajos, servicios, estudios, proyectos y dems actuaciones realizadas por medio de SEGIPSA se determinar aplicando a las unidades ejecutadas las tarifas que hayan sido aprobadas por resolucin del Subsecretario de Hacienda, a propuesta de la Direccin General de Patrimonio del Estado. Dichas tarifas se calcularn de manera que representen los costes reales de realizacin. La compensacin que proceda en los casos en los que no exista tarifa se establecer, asimismo, por resolucin del Subsecretario de Hacienda.

El pago, que tendr la consideracin de inversin, se efectuar previa certificacin de conformidad expedida por el rgano que hubiera encomendado los trabajos.

5. Respecto de las materias sealadas en el apartado 1 de esta disposicin adicional, SEGIPSA no podr participar en los procedimientos para la adjudicacin de contratos convocados por la Administracin, organismos o entidades de las que sea medio propio. No obstante, cuando no concurra ningn licitador, podr encargarse a SEGIPSA la actividad objeto de licitacin pblica.

6. Los contratos de obras, suministros, consultora y asistencia y servicios que SEGIPSA deba concertar para la ejecucin de las actividades que se expresan en el apartado 1 de esta disposicin adicional, quedarn sujetas a las prescripciones del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pblicas, relativas a publicidad, procedimientos de licitacin y formas de adjudicacin, siempre que la cuanta de los contratos iguale o supere las cantidades fijadas en los artculos 135.1, 177.2 y 203.2 de dicha ley.

El Ministro de Hacienda resolver las reclamaciones que se formulen contra los actos de preparacin y adjudicacin de estos contratos, adoptar las medidas cautelares que procedan y fijar, en su caso, las indemnizaciones pertinentes, y sus resoluciones podrn ser impugnadas ante la jurisdiccin contencioso-administrativa, de conformidad con el artculo 2, prrafo b), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa.

7. Lo establecido en los nmeros anteriores ser tambin de aplicacin al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales respecto del Patrimonio Sindical Acumulado y a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

8. El Ministro de Hacienda podr acordar la delimitacin de mbitos de gestin integral referidos a bienes y derechos del Patrimonio del Estado para su ejecucin a travs de SEGIPSA, que podr comprender la realizacin de cualesquiera actuaciones previstas en esta ley. Estas actuaciones le sern encomendadas conforme al procedimiento previsto en los apartados anteriores.

9. Igualmente SEGIPSA tendr la consideracin de medio propio instrumental y servicio tcnico para la realizacin de los trabajos de formacin y mantenimiento del Catastro Inmobiliario que corresponden a la Direccin General del Catastro en virtud de la Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario, cuya encomienda y realizacin se efectuarn de acuerdo con lo establecido en esta disposicin.

10. Para la realizacin de los trabajos que se le encomienden de acuerdo con la presente disposicin, SEGIPSA podr recabar de la Direccin General del Catastro, en los trminos previstos en el artculo 64 de esta Ley, la informacin de que disponga en relacin con los bienes o derechos objeto de las actuaciones que se le hayan encomendado, sin que sea necesario el consentimiento de los afectados.

Disposicin adicional undcima. Actualizacin de cuantas.

Las cuantas de las sanciones pecuniarias reguladas en esta ley y las establecidas, por razn del valor de los bienes y derechos, para la atribucin de competencias de gestin patrimonial, podrn ser modificadas por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Disposicin adicional duodcima. Subrogacin del usuario a efectos de contratos de seguro y responsabilidad civil.

La afectacin, adscripcin o cesin del uso de un inmueble del Patrimonio del Estado implicar, en relacin con los contratos de seguro que en su caso se hubiesen suscrito sobre el bien, la aplicacin de lo dispuesto en los artculos 34 y 35 de la Ley 8/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro y conllevar la asuncin por aqullos a cuyo favor se efecten las referidas operaciones de la responsabilidad civil que pudiera derivarse de la titularidad del inmueble.

Disposicin adicional decimotercera. Viviendas oficiales.

Los inmuebles del Patrimonio del Estado utilizados como vivienda oficial tendrn la consideracin de bienes demaniales.

Disposicin adicional decimocuarta. Bienes del Patrimonio Histrico Espaol.

1. Los bienes pertenecientes al Patrimonio del Estado que tengan la consideracin de bienes del Patrimonio Histrico Espaol se incluirn en el Inventario General, y se regirn por esta ley y sus normas de desarrollo, sin perjuicio de las previsiones establecidas en su legislacin especial.

2. Para la adopcin de decisiones de carcter patrimonial respecto de estos bienes ser preceptivo el informe del Ministerio de Educacin, Cultura y Deporte.

Disposicin adicional decimoquinta. Sistemas especiales de gestin.

1. La adquisicin, enajenacin y administracin de los bienes se podrn encomendar a sociedades o entidades de carcter pblico o privado, seleccionadas en la forma prevista por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pblicas.

Quedarn en todo caso excluidas de la encomienda las actuaciones que supongan el ejercicio de potestades administrativas.

2. En el caso de enajenacin de bienes, se podr prever que la sociedad a quien se encomiende la gestin adelante la totalidad o parte del precio fijado para la venta, a reserva de la liquidacin que proceda en el momento en que se consume la operacin.

3. En la forma prevista en esta ley para el correspondiente negocio podrn concluirse acuerdos marco en los que se determinen las condiciones que han de regir las concretas operaciones de adquisicin, enajenacin o arrendamiento de bienes que se prevea realizar durante un perodo de tiempo determinado. Las operaciones patrimoniales que se realicen al amparo del acuerdo marco no se sometern a los trmites ya cumplimentados al concluirse aqul.

Disposicin adicional decimosexta. Informes de la Direccin General del Patrimonio del Estado.

La Direccin General del Patrimonio del Estado informar preceptivamente los anteproyectos de ley y los proyectos de disposiciones de carcter general que afecten a la regulacin de la gestin del Patrimonio del Estado o impliquen la redistribucin de masas patrimoniales entre diversos agentes vinculados a la Administracin General del Estado.

Disposicin adicional decimosptima. Bienes decomisados por trfico ilcito de drogas y otros delitos relacionados.

Los bienes decomisados y adjudicados al Estado en virtud de sentencia judicial firme, de acuerdo con lo establecido en el artculo 374 de la Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre, del Cdigo Penal, se regirn, en primer trmino, por la normativa especfica reguladora del fondo de bienes decomisados por trfico ilcito de drogas y otros delitos relacionados y, de forma supletoria, por esta ley y sus normas de desarrollo.

Disposicin adicional decimoctava. Gestin de la cartera de inversiones financieras y materiales de determinados organismos pblicos.

No sern de aplicacin las previsiones de esta ley a la adquisicin, administracin y enajenacin de los activos que integran la cartera de inversiones financieras y materiales de aquellos organismos pblicos que, por mandato legal, estn obligados a la dotacin de provisiones tcnicas y otras reservas de carcter obligatorio.

Disposicin adicional decimonovena. Gestin del Patrimonio de la Vivienda.

Las viviendas y, en general, los bienes inmuebles de titularidad estatal que hubieran formado parte del patrimonio del extinguido Instituto para la Promocin Pblica de la Vivienda y de la Comisin Liquidadora de Regiones Devastadas, as como las que en cumplimiento de los programas anuales de promocin pblica de viviendas sean construidas por el Estado, continuarn rigindose por sus normas especficas y, supletoriamente, por esta ley.

En particular, correspondern a la Direccin General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, con sujecin a las citadas normas, las facultades de gestin y disposicin de dichos bienes, incluyendo las de enajenar, arrendar, establecer y cancelar hipotecas y otras cargas sobre los mismos y, en general, todas aquellas que correspondieran al extinguido Instituto para la Promocin de la Vivienda, a excepcin de la percepcin de ingresos, que se regir por las mismas normas que son de aplicacin a los restantes ingresos del Estado.

Disposicin adicional vigsima. Rgimen patrimonial de SEPES.

El rgimen patrimonial de la Entidad pblica empresarial del suelo (SEPES) se regir por lo establecido en sus normas de creacin o de organizacin y funcionamiento. En lo no previsto en ellas ser de aplicacin lo dispuesto en esta ley.

Disposicin adicional vigsima primera. Bienes de determinadas entidades pblicas.

No se entendern incluidos en el Patrimonio del Estado aquellos activos de entidades pblicas empresariales y otras entidades anlogas que estuviesen afectos a la cobertura de provisiones u otras reservas que viniesen obligadas a constituir o que tengan funcionalidades especficas segn la legislacin reguladora de la entidad pblica de que se trate.

Disposicin adicional vigsima segunda. Rgimen de incorporacin de bienes en determinados organismos pblicos.

El rgimen previsto en el artculo 80.3 de esta ley ser de aplicacin a los organismos pblicos Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, Mutualidad General Judicial, Instituto Social de las Fuerzas Armadas y Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

Disposicin transitoria primera. Rgimen transitorio de las concesiones demaniales vigentes.

Las concesiones demaniales otorgadas con anterioridad a la vigencia de esta ley y cuyo plazo de duracin sea superior al establecido en el artculo 93 de la misma, mantendrn su vigencia durante el plazo fijado en su otorgamiento, sin que pueda concederse prrroga del tiempo de duracin de las mismas.

Disposicin transitoria segunda. Aplicabilidad del artculo 21.4 de esta ley a donaciones efectuadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.

La previsin del artculo 21.4 de esta ley surtir efecto respecto de las disposiciones gratuitas de bienes o derechos a favor de las Administraciones pblicas que se hubieran perfeccionado antes de la entrada en vigor de la misma, siempre que previamente no se hubiera ejercitado la correspondiente accin revocatoria.

Disposicin transitoria tercera. Rgimen transitorio de los expedientes patrimoniales.

Los expedientes patrimoniales que se encuentren en tramitacin, pasarn a regirse por esta ley desde su entrada en vigor. Los actos de trmite dictados al amparo de la legislacin anterior y bajo su vigencia conservarn su validez, siempre que su mantenimiento no produzca un efecto contrario a esta ley.

Disposicin transitoria cuarta. Rgimen transitorio de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.

En el plazo de un ao desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno presentar a las Cortes Generales un proyecto de ley para la adaptacin del rgimen jurdico de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales a los conceptos y principios establecidos en esta ley, sin perjuicio de sus especialidades, regulndose entre tanto dicha sociedad por sus actuales normas.

Disposicin transitoria quinta. Inscripcin en el Registro de la Propiedad de los bienes demaniales.

Para el cumplimiento de la obligacin de inscripcin establecida en el artculo 36 de esta ley respecto de los bienes demaniales de los que las Administraciones pblicas sean actualmente titulares, stas tendrn un plazo de cinco aos, contados a partir de la entrada en vigor de esta ley.

Disposicin derogatoria nica. Derogacin normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en esta ley, y, en especial, las siguientes:

a) La Ley 89/1962, de 24 de diciembre, de Bases del Patrimonio del Estado, y su Texto Articulado, aprobado por Decreto 1022/1964, de 15 de abril.

b) La disposicin adicional segunda de la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Pblicas.

Disposicin final primera. Modificacin de los artculos 48 y 56 y disposicin adicional duodcima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizacin y Funcionamiento de la Administracin General del Estado.

1. El artculo 48 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizacin y Funcionamiento de la Administracin General del Estado queda redactado como sigue:

"Artculo 48. Patrimonio de los Organismos autnomos.

El rgimen patrimonial de los Organismos autnomos ser el establecido en la Ley del Patrimonio de las Administraciones Pblicas."

2. El artculo 56 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizacin y Funcionamiento de la Administracin General del Estado queda redactado como sigue:

"Artculo 56. Patrimonio de las entidades pblicas empresariales.

El rgimen patrimonial de las entidades pblicas empresariales ser el establecido en la Ley del Patrimonio de las Administraciones Pblicas."

3. La disposicin adicional duodcima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizacin y Funcionamiento de la Administracin General del Estado queda redactada como sigue:

"Disposicin adicional duodcima. Sociedades mercantiles estatales.

1. Las sociedades mercantiles estatales se regirn ntegramente, cualquiera que sea su forma jurdica, por el ordenamiento jurdico privado, salvo en las materias en que les sean de aplicacin la normativa presupuestaria, contable, patrimonial, de control financiero y contratacin. En ningn caso podrn disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pblica.

2. Las sociedades mercantiles estatales, con forma de sociedad annima, cuyo capital sea en su totalidad de titularidad, directa o indirecta, de la Administracin General del Estado o de sus Organismos pblicos, se regirn por el ttulo VII de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Pblicas y por el ordenamiento jurdico privado, salvo en las materias en que les sean de aplicacin la normativa presupuestaria, contable, de control financiero y de contratacin."

Disposicin final segunda. Ttulos competenciales.

1. Las siguientes disposiciones de esta ley se dictan al amparo del artculo 149.1.6. de la Constitucin, y son de aplicacin general el artculo 43 y artculo 110, apartado 3.

2. Las siguientes disposiciones de esta ley se dictan al amparo del artculo 149.1.8. de la Constitucin, y son de aplicacin general, sin perjuicio de lo dispuesto en los derechos civiles forales o especiales, all donde existan: artculo 4 ; artculo 5, apartados 1, 2 y 4; artculo 7, apartado 1 ; artculo 15; artculo 17; artculo 18; artculo 20, apartados 2 y 3 ; artculo 22; artculo 23; artculo 30, apartados 1 y 2 ; artculo 37, apartados 1, 2 y 3 ; artculo 38, apartados 1 y 2; artculo 39; artculo 40 ; artculo 49; artculo 53; artculo 83, apartado 1; artculo 97 ; artculo 98; y artculo 99, apartado 1.

3. La disposicin adicional tercera de esta Ley se dicta al amparo de la competencia atribuida al Estado por del artculo 149.1.17. de la Constitucin sobre el "rgimen econmico de la Seguridad Social", y es de aplicacin general.

4. Los apartados 1, 2 y 3 del artculo 24 de esta ley se dictan al amparo de la competencia atribuida al Estado por del artculo 149.1.18. de la Constitucin sobre la "legislacin de expropiacin forzosa", y es de aplicacin general.

5. Tienen el carcter de legislacin bsica, de acuerdo con lo preceptuado en el artculo 149.1.18. de la Constitucin, las siguientes disposiciones de esta ley: artculo 1; artculo 2; artculo 3; artculo 6; artculo 8, apartado 1 ; artculo 27; artculo 28; artculo 29, apartado 2 ; artculo 32, apartados 1 y 4; artculo 36, apartado 1 ; artculo 41; artculo 42; artculo 44; artculo 45; artculo 50 ; artculo 55; artculo 58; artculo 61; artculo 62 ; artculo 84; artculo 91, apartado 4; artculo 92, apartados 1, 2 y 4 ; artculo 93, apartados 1, 2, 3 y 4 ; artculo 94; artculo 97; artculo 98; artculo 100; artculo 101, apartados 1, 3 y 4 ; artculo 102, apartados 2 y 3 ; artculo 103, apartados 1 y 3; artculo 106, apartado 1 ; artculo 107, apartado 1; artculo 109, apartado 3 ; artculo 121, apartado 4; artculo 183; artculo 184 ; artculo 189; artculo 190; artculo 191; disposicin transitoria primera, apartado 1 ; disposicin transitoria quinta.

Disposicin final tercera. Carcter bsico de las normas de desarrollo.

Las normas que se promulguen en desarrollo de esta ley podrn tener carcter de bsicas cuando constituyan el complemento necesario de artculos que tengan atribuido dicho carcter conforme a lo establecido en la disposicin final segunda de esta ley y as se seale en la propia norma de desarrollo.

Disposicin final cuarta. Competencias de gestin de los bienes de dominio pblico.

1. Los departamentos ministeriales y organismos pblicos a los que corresponda la gestin y administracin del dominio pblico estatal de carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos, montes, aguas, minas, zona martimo-terrestre, dominio pblico radioelctrico y dems propiedades administrativas especiales, ejercern las competencias establecidas en su legislacin especfica.

2. Cuando la administracin y gestin de los bienes a que se refiere el apartado anterior estuviese atribuida a una entidad pblica empresarial que tuviese atribuidas facultades para su enajenacin, o a los organismos pblicos Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, la desafectacin de los mismos deber comunicarse al Director General del Patrimonio del Estado.

Disposicin final quinta. Habilitacin para el desarrollo reglamentario.

1. El Consejo de Ministros podr dictar las normas reglamentarias y disposiciones de carcter general necesarias para el desarrollo y aplicacin de esta ley. De igual forma, por real decreto se regularn las especialidades del rgimen jurdico patrimonial de los bienes informticos.

2. Se autoriza al Ministro de Hacienda para regular los procedimientos y sistemas que permitan la aplicacin de medios electrnicos, informticos y telemticos a la gestin patrimonial y a la proteccin y defensa del Patrimonio del Estado.

Disposicin final sexta. Entrada en vigor.

La presente ley entrar en vigor a los tres meses de su publicacin en el "Boletn Oficial del Estado".

Por tanto, Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 3 de noviembre de 2003.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOS MARA AZNAR LPEZ

Análisis

  • Rango: Ley
  • Fecha de disposición: 03/11/2003
  • Fecha de publicación: 04/11/2003
  • Entrada en vigor: 4 de febrero de 2004.
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • SE MODIFICA:
    • los arts. 10 y 30, por Ley 6/2018, de 3 de julio (Ref. BOE-A-2018-9268).
    • con efectos desde el 1 de enero de 2018, las disposiciones adicionales 7 y 8, por Ley 3/2017, de 27 de junio (Ref. BOE-A-2017-7387).
    • la disposicin final 2.5 y SE AADE el art. 190 bis, por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre (Ref. BOE-A-2015-11723).
    • con efectos desde el 2 de octubre de 2016, los arts. 166.1 y 167.2, por Ley 40/2015, de 1 de octubre (Ref. BOE-A-2015-10566).
  • SE CORRIGEN errores:
    • con modificacin de la disposicin final 3, de la Ley 18/2015, de 9 de julio, en BOE nm. 210, de 2 de septiembre de 2015 (Ref. BOE-A-2015-9525).
    • con variacin de preceptos modificadores, de la Ley 15/2015, de 2 de julio, en BOE nm. 210 de 2 de septiembre de 2015 (Ref. BOE-A-2015-9524).
  • SE MODIFICA:
    • el art. 18 y SE AADE la disposicin adicional 24, por Ley 18/2015, de 9 de julio (Ref. BOE-A-2015-7731).
    • los arts. 20.6, disposicin final 2.1, 2 y 5 y SE AADE los arts. 20 bis, 20 ter, 20 quter y disposiciones adicionales 23 y 24, por Ley 15/2015, de 2 de julio (Ref. BOE-A-2015-7391).
    • art. 37.3, por Ley 13/2015, de 24 de junio (Ref. BOE-A-2015-7046).
  • SE AADE:
    • la disposicin adicional 23, por Ley 8/2014, de 22 de abril (Ref. BOE-A-2014-4328).
    • la disposicin adicional 9, por Ley 22/2013, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2013-13616).
  • SE MODIFICA el art. 137.6 y la disposicin adicional 10, por Ley 8/2013, de 26 de junio (Ref. BOE-A-2013-6938).
  • SE DECLARA la DESESTIMACIN del RECURSO 596/2004, en relacin con los arts. 139,189, 190, 191 y la disposicin adicional, por Sentencia 94/2013, de 23 de abril (Ref. BOE-A-2013-5437).
  • SE MODIFICA:
    • el art. 113, por Ley 17/2012, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2012-15651).
    • los arts. 48, 112, 116.4, 124.1, 137 y las disposiciones adicionales 10 y 15, por Ley 2/2012, de 29 de junio (Ref. BOE-A-2012-8745).
  • SE SUPRIME la disposicin adicional 9 y SE MODIFICAN los arts. 10, 14.3, 157, 158, 162.4, 164, por Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo (Ref. BOE-A-2012-4441).
  • SE DESARROLLA por Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto (Ref. BOE-A-2009-14788).
  • SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 18.3, sobre procedimiento de Comunicacin sobre bienes y saldos abandonados: Orden EHA/3291/2008, de 7 de noviembre (Ref. BOE-A-2008-18498).
  • SE MODIFICA la disposicin final 2.5 y SE AADE un art. 190 bis, por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio (Ref. BOE-A-2008-10792).
  • Cuestion 5568/2007, promovida por supuesta inconstitucionalidad de la disposicin final 2 (Ref. BOE-A-2007-14940).
  • SE MODIFICA la disposicin final 2 y SE AADE el art. 190 bis, por Ley 8/2007, de 28 de mayo (Ref. BOE-A-2007-10701).
  • SE DEROGA:
Referencias anteriores
  • DEROGA:
    • Ley de Bases del Patrimonio del Estado, texto articulado aprobado por Decreto 1022/1964, de 15 de abril (Ref. BOE-A-1964-6135).
    • Ley 89/1962, de 24 de diciembre (Ref. BOE-A-1962-24394).
  • MODIFICA los arts. 48, 56 y la disposicin adicional 12 de la Ley 6/1997, de 14 de abril (Ref. BOE-A-1997-7878).
Materias
  • Administracin General del Estado
  • Administracin Local
  • Autoridades Portuarias
  • Bienes inmuebles
  • Comisin de Coordinacin Financiera de Actuaciones Inmobiliarias y Patrimoniales
  • Comunidades Autnomas
  • Concesiones administrativas
  • Conferencia Sectorial de Poltica Patrimonial
  • Direccin General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo
  • Direccin General del Patrimonio del Estado
  • Donaciones
  • Entidades Pblicas Empresariales
  • Fuerzas Armadas
  • Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
  • Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad del Estado
  • Gestin patrimonial
  • Instituto Cervantes
  • Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
  • Instituto Social de las Fuerzas Armadas
  • Inventario general de bienes y derechos del Estado
  • Mancomunidad de los Canales del Taibilla
  • Ministerio de Economa
  • Ministerio de Hacienda
  • Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado
  • Mutualidad General Judicial
  • Organismos autnomos
  • Patrimonio de las Administraciones Pblicas
  • Patrimonio del Estado
  • Patrimonio empresarial de la Administracin General del Estado
  • Patrimonio Histrico Espaol
  • Patrimonio Nacional
  • Puertos del Estado
  • Registros de la Propiedad
  • Seguridad Social
  • Seguros
  • Sindicatos
  • Sociedad Estatal de Gestin Inmobiliaria de Patrimonio SA
  • Sociedad Estatal de Promocin y Equipamiento de Suelo
  • Sociedades Annimas
  • Sociedades pblicas
  • Urbanismo
  • Viviendas

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