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Documento BOE-A-2003-10828

Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el Fondo de bienes decomisados por trfico ilcito de drogas y otros delitos relacionados.

TEXTO

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICIN DE MOTIVOS

El Cdigo Penal establece, en materia de comiso por delitos de trfico ilcito de drogas, que los bienes, efectos e instrumentos definitivamente decomisados por sentencia se adjudicarn al Estado.

Como complemento de esta disposicin, fue aprobada la Ley 36/1995, de 11 de diciembre, que cre el Fondo de bienes decomisados por trfico de drogas y otros delitos relacionados, afectando dichos bienes al cumplimiento de determinados fines, cuales son los de la realizacin de programas de prevencin de las toxicomanas, la asistencia de drogodependientes, la insercin social y laboral de aqullos, la intensificacin y mejora de las actuaciones de prevencin, investigacin, persecucin y represin de los delitos relacionados con el trfico ilcito de drogas y el blanqueo de capitales procedentes de ste y, finalmente, la cooperacin internacional en las referidas materias.

Dicho fondo ha supuesto en los ltimos aos un incremento adicional importante de los recursos econmicos destinados por la Administracin General del Estado a la lucha contra el fenmeno social de las drogas en nuestro pas, en sus diversas manifestaciones, y ha merecido desde su creacin una favorable acogida no slo entre las fuerzas polticas, sino tambin entre la sociedad espaola en su conjunto e, incluso, por los organismos internacionales con competencias en la materia.

No obstante lo anterior, la aplicacin de la referida norma ha evidenciado algunas deficiencias y omisiones en determinados aspectos, por cuyo motivo se ha estimado oportuno tratar de solventarlas mediante esta ley.

Con esta nueva norma se ampla de forma expresa el mbito de los bienes decomisados que se integran en el fondo, al permitir que los bienes, efectos e instrumentos decomisados por delito de contrabando, cuando el objeto de ste sean drogas txicas, estupefacientes, sustancias psicotrpicas o sustancias catalogadas como precursores, pasen a formar parte tambin del fondo, teniendo en cuenta para ello que el artculo 5.3 de la Ley Orgnica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represin del Contrabando, impone la adjudicacin al Estado de tales bienes, efectos e instrumentos.

Por lo que respecta al mbito objetivo de la ley, se introduce una declaracin de supremaca de los tratados internacionales que incidan en la materia objeto de aqulla, pues se admite, en cumplimiento de aqullos, tanto la entrega a Estados extranjeros de bienes decomisados en Espaa a instancias de dichos Estados que deberan de formar parte del fondo como la integracin en ste de aquellos bienes entregados o cedidos por los referidos Estados, una vez decomisados en su territorio o en Espaa por iniciativa de aqullos, todo ello de acuerdo con los tratados internacionales en vigor.

En otros aspectos, se ampla el mbito de los beneficiarios del fondo, con la inclusin, junto a los organismos internacionales, de las entidades supranacionales -como una realidad nueva, con naturaleza propia en dicho mbito, surgida principalmente con la creacin de la Unin Europea- y de los Gobiernos de Estados extranjeros, cuyas omisiones, en la redaccin hasta ahora en vigor, impedan aplicar recursos del fondo a las finalidades previstas en la ley cuando se realizasen por dichas entidades o Gobiernos, siendo as que en la actualidad la colaboracin en la lucha contra las drogas con unas y otros es ms intensa y frecuente, si cabe, que con los organismos internacionales.

Por lo que respecta al destino de los bienes que nutren el fondo, esta ley pretende darle una mayor claridad y precisin y cubrir algunas omisiones de relevancia.

As, en lo que respecta al primer aspecto, se establece la obligacin, con carcter general, de enajenar todos aquellos bienes del fondo que no consistan en dinero u otros instrumentos de pago al portador y, con carcter excepcional y de forma motivada, se admite la posibilidad de ceder el uso, de forma gratuita, a los beneficiarios de los bienes citados. Con ello, se trata de impedir, fundamentalmente, que la acumulacin de dichos bienes provoque, por un lado, un aumento de los gastos de gestin y administracin del fondo, por la existencia de un vasto volumen patrimonial en ste y, por otro lado, evitar la mayor dificultad, en detrimento de la eficacia y agilidad, que conllevara esa administracin y gestin.

Adems, y frente a la previsin anterior, referida exclusivamente a los bienes inmuebles, la nueva redaccin del precepto permite de forma general la referida cesin gratuita no slo cuando los bienes cedidos sean de naturaleza inmueble, sino tambin mueble (lo que no se contemplaba de forma adecuada en la ley hasta ahora vigente), siempre que se destinen a los fines de inters pblico contemplados en la norma.

Por otra parte, se contempla la posibilidad, hasta ahora no prevista legalmente pero s reglamentariamente, del abandono de bienes en circunstancias concretas, y la determinacin del destino de aquellos bienes que, por alguna disposicin legal o tratado internacional, estn sometidos a un rgimen jurdico que limite su propiedad, posesin o comercio, dada la incidencia que ello conlleva con respecto a la enajenacin o cesin gratuita de dichos bienes.

Se ha otorgado tambin un especial inters a la colaboracin de los rganos judiciales competentes, a fin de agilizar y facilitar la integracin de los bienes, efectos, instrumentos y ganancias decomisados, evitando as demoras o dificultades que puedan incidir, en ltima instancia, de forma negativa en su valor econmico o uso. Con este fin, destaca la obligacin de remisin por aqullos a la Mesa de Coordinacin de Adjudicaciones, en un breve plazo de tiempo, junto a la correspondiente sentencia que declare el decomiso, de otras resoluciones judiciales (auto de declaracin de firmeza o, en su caso, del auto de aclaracin de sentencia), que tienen particular relevancia para proceder a la determinacin, identificacin y localizacin de los referidos bienes, as como la remisin de otra documentacin (actas de aprehensin y documentacin administrativa de los bienes ocupados), que permitir apreciar de forma adecuada su situacin material o jurdica desde el momento de la aprehensin hasta su integracin en el fondo.

Finalmente, adems de adaptarse la composicin de la Mesa de Coordinacin de Adjudicaciones a la estructura de departamentos ministeriales vigente tras la aprobacin del Real Decreto 557/2000, de 27 de abril, se elevan a rango de ley algunas disposiciones referentes al rgimen de gastos de gestin y administracin de los bienes del fondo, entre las que destaca la declaracin expresa de exclusin del pago de gastos originados durante la tramitacin de los procesos judiciales hasta su recepcin por la Mesa de Coordinacin de Adjudicaciones, como consecuencia del depsito o administracin judicial constituidos en los procesos correspondientes, as como de los gastos generados por la conservacin, mantenimiento y transmisin de aquellos bienes que sean cedidos gratuitamente. Igualmente, se introducen disposiciones referentes a la proteccin jurdica de los bienes que nutren aqul, al imponerse la obligacin de su inscripcin en los registros pblicos cuando sea necesario, declarando, al tiempo, su afectacin especfica, as como su inembargabilidad.

Finalmente, hay que sealar que la importancia y diversificacin de todas las reformas expuestas aconsejan aprobar un nuevo marco legal regulador de esta materia, que sustituya a la hasta ahora vigente Ley 36/1995, modificada por la Ley 61/1997, de 19 de diciembre.

Artculo 1. mbito de aplicacin.

Esta ley tiene por objeto:

1. Regular el destino de los bienes, efectos e instrumentos que sean objeto de comiso en aplicacin de los artculos 374 del Cdigo Penal y 5 de la Ley Orgnica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represin del Contrabando, cuando en este ltimo caso dichos bienes, efectos e instrumentos se hayan utilizado o provengan de la ejecucin de un delito de contrabando de drogas txicas, estupefacientes y sustancias psicotrpicas o de sustancias catalogadas como precursores, as como de los decomisados como consecuencia accesoria del delito tipificado en el artculo 301.1, prrafo segundo, del Cdigo Penal, y que por sentencia firme se adjudiquen definitivamente al Estado, y del producto obtenido por la aplicacin de las sanciones y del comiso previsto en la Ley 3/1996, de 10 de enero, o en cualesquiera otras disposiciones normativas relacionadas con la represin del narcotrfico.

2. La creacin de un fondo, de titularidad estatal, que se nutrir con los bienes, efectos e instrumentos contemplados en el prrafo anterior, con las rentas e intereses de dichos bienes y con el producto que se obtenga de stos cuando no sean lquidos y se enajenen y liquiden segn las previsiones de esta ley y de sus normas reglamentarias de desarrollo.

Los recursos obtenidos se aplicarn al presupuesto de ingresos del Estado para su ulterior distribucin en los trminos previstos en esta ley y en sus normas reglamentarias de desarrollo.

3. Lo establecido en esta ley se entender sin perjuicio de lo previsto sobre el destino de los bienes decomisados en los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Reino de Espaa.

Artculo 2. Fines.

Los fines a los que se destinar este fondo sern los siguientes:

1. Programas de prevencin de toxicomanas, asistencia de drogodependientes e insercin social y laboral de stos.

2. Intensificacin y mejora de las actuaciones de prevencin, investigacin, persecucin y represin de los delitos a los que se refiere esta ley, incluyendo:

a) Los gastos necesarios para la obtencin de pruebas en la investigacin de los delitos citados en el artculo 1.

b) Adquisicin de medios materiales para los rganos competentes en la represin de los mismos delitos.

c) El reembolso de los gastos en que lcitamente hayan podido incurrir los particulares o los servicios de las Administraciones pblicas que hubiesen colaborado con los rganos competentes en la investigacin de estos delitos.

3. La cooperacin internacional en la materia.

Artculo 3. Destinatarios y beneficiarios.

1. Podrn ser destinatarios y beneficiarios de los recursos del fondo a los que se alude en el artculo 1.2 de esta ley los organismos, instituciones y personas jurdicas siguientes:

a) La Delegacin del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

b) Las comunidades autnomas y las entidades locales, en los siguientes supuestos:

1. Para el desarrollo y ejecucin de los planes sobre drogas, de acuerdo con las previsiones de los respectivos planes regionales o autonmicos.

2. Para la dotacin de medios a las respectivas policas con competencia en la prevencin, investigacin, persecucin y represin de los delitos previstos en esta ley.

3. Para las organizaciones no gubernamentales o entidades privadas sin nimo de lucro para el desarrollo de programas cuyo mbito no supere el de la respectiva comunidad autnoma.

c) Las organizaciones no gubernamentales o entidades privadas sin nimo de lucro, de mbito estatal, cuya labor se desarrolle total o parcialmente en materia de drogodependencias, de acuerdo con los programas de distribucin y las subvenciones determinadas por la Delegacin del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

d) Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con competencias en materia de narcotrfico.

e) El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administracin Tributaria, de acuerdo con sus competencias especficas.

f) La Fiscala Especial para la Prevencin y Represin del Trfico Ilegal de Drogas.

g) Otros organismos pblicos vinculados o dependientes de la Administracin General del Estado, para el desarrollo de programas concretos, y de acuerdo con los objetivos prioritarios marcados por los rganos del Plan Nacional sobre Drogas.

h) Los organismos internacionales, entidades supranacionales y Gobiernos de Estados extranjeros, para el desarrollo de programas destinados a satisfacer los fines contemplados en el artculo 2, de acuerdo con los instrumentos internacionales suscritos por el Gobierno, y con el informe favorable del Ministerio de Asuntos Exteriores.

2. Los bienes, efectos e instrumentos que, de acuerdo con lo dispuesto en el artculo 374 del Cdigo Penal y 6.3 de la Ley Orgnica de Represin del Contrabando, hubiesen sido utilizados provisionalmente por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, por las policas autonmicas o por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administracin Tributaria, al ser adjudicados al Estado podrn quedar, mediante acuerdo de la Mesa de Coordinacin de Adjudicaciones, definitivamente adscritos, entendindose en este supuesto afectados a aqullos.

La titularidad de dichos bienes seguir siendo del Estado.

3. De los recursos del fondo, no adscritos segn lo previsto en el apartado anterior, se destinar al menos un 50 por ciento a la realizacin de programas de prevencin de las toxicomanas y a la asistencia de drogodependientes e insercin social y laboral de stos.

Artculo 4. Destino de los recursos del fondo.

1. Los bienes y efectos integrados en el fondo, que no consistan en dinero u otros instrumentos de pago al portador, y que sean de libre comercio y susceptibles de valoracin econmica, a excepcin de los referidos en la disposicin adicional tercera, sern, con carcter general, enajenados por los procedimientos establecidos reglamentariamente, procedindose seguidamente a ingresar el producto de dicha enajenacin en el referido fondo.

2. En casos determinados, y de forma excepcional y motivada, los bienes del fondo no consistentes en dinero u otros instrumentos de pago al portador se podrn destinar, a solicitud de los destinatarios y beneficiarios establecidos en el artculo 3.1, a la satisfaccin de cuales quiera de las actividades o fines previstos en el artculo 2 de esta ley, previo acuerdo de la Mesa de Coordinacin de Adjudicaciones.

En los supuestos establecidos en el prrafo anterior de este apartado, y en el artculo 3.2, la titularidad de los bienes cedidos seguir siendo del Estado, salvo que la Mesa de Coordinacin de Adjudicaciones autorice, mediante acuerdo expreso, su enajenacin o su abandono, que quedarn automticamente desafectados al cumplimiento de los fines legalmente previstos, en cuyo caso el producto de la enajenacin ser ingresado en el fondo.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados precedentes y en el artculo 3.2, la Mesa de Coordinacin de Adjudicaciones podr tambin acordar, de forma motivada, el abandono de los bienes del fondo cuando su deterioro material o funcional, los elevados gastos de depsito, conservacin, o administracin generados u otra circunstancia lo hagan aconsejable.

4. En los supuestos en que los bienes no lquidos del fondo estn sometidos, por disposicin legal o de un tratado internacional, a un rgimen jurdico que someta a prohibiciones o limitaciones su propiedad, posesin o comercio, la Mesa de Coordinacin de Adjudicaciones les dar el destino que proceda, incluyendo su destruccin o inutilizacin, teniendo en cuenta lo dispuesto en la normativa reguladora correspondiente, y las utilidades o rendimientos que, de su posible uso y disfrute, puedan derivarse, de acuerdo con su especial naturaleza y caractersticas, siempre que no se decida su permanencia en el fondo, se imponga un destino determinado en la referida normativa, o en esta ley o en su reglamentacin de desarrollo.

5. Los recursos a que se refiere el prrafo b) del artculo 1 generarn crdito en el concepto que, para la aplicacin del fondo, figure dotado en el presupuesto de la Delegacin del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre.

Distribuidos los recursos del fondo por la Mesa de Coordinacin de Adjudicaciones conforme a los criterios que, anualmente, acuerde el Consejo de Ministros a iniciativa de dicha mesa, se efectuarn, con cargo a los crditos citados en el prrafo anterior, las transferencias de crdito oportunas a favor de los distintos beneficiarios.

Artculo 5. Resoluciones judiciales.

1. Declarada la firmeza de una sentencia judicial, en la cual se decrete el comiso y adjudicacin definitiva al Estado de los bienes, efectos, instrumentos y ganancias, en aplicacin del artculo 374 del Cdigo Penal y del artculo 301.1, prrafo segundo del Cdigo Penal, o en aplicacin del artculo 5 de la Ley Orgnica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represin del Contrabando, ser notificada dicha sentencia al Presidente de la Mesa de Coordinacin de Adjudicaciones por parte del juzgado o tribunal que la hubiese dictado, en un plazo no superior a tres das contados desde el siguiente a aquel en que se hubiera producido la firmeza de aqulla.

2. Junto con la copia testimoniada de la ejecutoria a que se ha aludido en el apartado anterior, el juzgado o tribunal remitir tambin copia testimoniada del auto de declaracin de la firmeza de la sentencia, as como del auto de aclaracin de aqulla, si lo hubiese.

3. Simultneamente con lo establecido en los apartados anteriores, el rgano judicial competente cursar la correspondiente orden de transferencia para que sean integradas en el Tesoro Pblico las cantidades lquidas oportunas, as como los intereses que hubieran producido, especificando en cada caso que el ingreso deriva del decomiso por aplicacin del artculo 374 del Cdigo Penal o, en su caso, del artculo 5 de la Ley Orgnica 12/1995.

La recepcin e integracin en el fondo de las cantidades lquidas de dinero decomisadas o de otros instrumentos de pago al portador se formalizar mediante remisin a la Mesa de Coordinacin de Adjudicaciones, por el rgano judicial, de una copia de la referida orden de transferencia.

4. Con independencia de lo establecido en los apartados precedentes, los juzgados y tribunales colaborarn con la Mesa de Coordinacin de Adjudicaciones y con la Delegacin del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, con el fin de facilitar la integracin en el patrimonio del fondo de los bienes decomisados que deban formar parte de ste.

A tales efectos, los juzgados y tribunales debern, de forma particular:

a) Facilitar, previo requerimiento, la identidad de los bienes cuando no consten de forma suficiente en la ejecutoria.

b) Facilitar la localizacin de los bienes y la documentacin administrativa que deban de acompaar.

c) Facilitar copia testimoniada del acta de ocupacin o aprehensin judicial o policial de los bienes.

d) Facilitar la identidad, la direccin y la localidad de residencia de los terceros poseedores o depositarios de los bienes.

e) Instar a los terceros poseedores o depositarios de los bienes para que hagan entrega de ellos al representante designado por el Presidente de la Mesa de Coordinacin de Adjudicaciones.

Artculo 6. Mesa de coordinacin de adjudicaciones.

1. La Mesa de Coordinacin de Adjudicaciones es un rgano colegiado interministerial, con capacidad jurdica para enajenar de acuerdo con la legislacin vigente, integrada en el Ministerio del Interior a travs de la Delegacin del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, que estar presidida por el Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, y de la que formarn parte otros representantes del Ministerio del Interior, del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Justicia, con la distribucin numrica que se establezca reglamentariamente.

2. A la Mesa de Coordinacin de Adjudicaciones le correspondern las siguientes competencias:

a) Identificar, inventariar y enajenar los bienes y efectos decomisados y adjudicados al Estado en aplicacin de esta norma.

b) Determinar el destino de los bienes de acuerdo con lo dispuesto en los artculos 2 y 4 de esta ley y en su normativa reglamentaria de desarrollo.

c) Acordar la integracin en el fondo de aquellos bienes decomisados por rganos judiciales u otras autoridades competentes de Estados extranjeros o la entrega a los Gobiernos de stos de bienes y derechos decomisados por juzgados o tribunales espaoles que debieran integrarse en aquel fondo, conforme a lo establecido en esta ley y en los tratados internacionales ratificados por el Reino de Espaa.

d) Acordar, en el mbito de su competencia, la revocacin de la cesin de bienes por incumplimiento de las condiciones establecidas para realizar dicha cesin, y exigir el resarcimiento de daos o menoscabos producidos a los bienes cedidos y el reintegro de beneficios indebidamente percibidos.

e) Distribuir los caudales lquidos del fondo entre los beneficiarios a los que se refiere el artculo 3, de acuerdo con los criterios que, anualmente, apruebe el Consejo de Ministros, a iniciativa de la Mesa y a propuesta conjunta de los Ministros del Interior, de Justicia y de Hacienda.

f) Las dems que se le atribuyan en una ley o en una norma reglamentaria.

3. Las resoluciones de la Mesa de Coordinacin de Adjudicaciones pondrn fin a la va administrativa y sern recurribles potestativamente en reposicin ante la propia Mesa, o directamente ante la jurisdiccin contencioso-administrativa, de acuerdo con la normativa reguladora de sta.

Artculo 7. Control de la actividad del fondo.

1. Dentro del primer trimestre de cada ejercicio, se remitir a las Cortes Generales un informe completo sobre la actividad del fondo en donde se recoger tanto el detalle de las principales operaciones como los datos econmicos ms destacados que permitan conocer el alcance de sus actuaciones en relacin con los fines legalmente atribuidos.

2. Con independencia de lo previsto en el apartado anterior, el fondo estar sometido al control propio de la Intervencin General de la Administracin del Estado, en el mbito de sus competencias, y al del Tribunal de Cuentas.

Disposicin adicional primera. Gastos de gestin y administracin del fondo.

1. La constitucin y funcionamiento ordinario de la Mesa de Coordinacin de Adjudicaciones no supondr en ningn caso incremento del gasto ni asignacin presupuestaria especfica.

2. En el presupuesto de la Delegacin del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas se habilitarn, financiados con ingresos procedentes del fondo, los crditos necesarios para atender, a propuesta de la Mesa de Coordinacin de Adjudicaciones, los gastos originados por la propia administracin y gestin del fondo.

3. Aquellos gastos que sean necesarios para la conservacin y mantenimiento de los bienes y derechos slo sern satisfechos con cargo a los crditos presupuestarios a los que se refiere el apartado anterior, a partir de su integracin formal en dicho fondo y hasta que se produzca su enajenacin o cesin conforme a esta ley.

Disposicin adicional segunda. Legislacin supletoria.

En todo lo no previsto en esta ley y en su normativa de desarrollo, sern de aplicacin supletoria al rgimen de los recursos integrados en el fondo el texto articulado de la Ley del Patrimonio del Estado, aprobado por el Decreto 1022/1964, de 15 de abril, y su normativa de desarrollo, el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, y su normativa de desarrollo, las leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, y su normativa de desarrollo.

Disposicin adicional tercera. Bienes integrantes del Patrimonio Histrico Espaol.

En el supuesto de que los bienes contemplados por el artculo 1 de esta ley estuvieran comprendidos en el artculo primero, apartado segundo, de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histrico Espaol, la Administracin competente determinar el destino definitivo de dichos bienes, previo informe del Consejo del Patrimonio Histrico.

Disposicin adicional cuarta. Incorporacin de crditos.

El importe del crdito no utilizado al fin de cada ejercicio en la aplicacin presupuestaria correspondiente al fondo a que se refiere el artculo 2 y la disposicin adicional primera de esta ley se incorporar al presupuesto de gastos del ejercicio inmediato siguiente por acuerdo del Ministro de Hacienda.

Disposicin adicional quinta. Inscripcin en registros pblicos de bienes del fondo.

1. La Delegacin del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, a instancias de la Mesa de Coordinacin de Adjudicaciones, proceder, con la mayor brevedad, a inscribir los bienes y derechos del fondo existentes en aqul en la fecha de entrada en vigor de esta ley, as como los que pasen a integrarse en l a partir de dicha entrada en vigor, a nombre del Estado en los correspondientes registros pblicos, cuando la legislacin reguladora de stos, u otra aplicable, exija la inscripcin en ellos de la titularidad dominical o la traslacin del dominio de tales bienes, siendo la copia testimoniada de la ejecutoria a la que se refiere el artculo 5.1 de esta ley ttulo suficiente y directo para ello.

2. En las inscripciones que se practiquen, adems de otras circunstancias que deban recogerse en ellas segn la legislacin especfica aplicable, deber quedar constancia de la afectacin de los bienes y derechos objeto de inscripcin al cumplimiento de los fines previstos en el artculo 2 de esta ley.

3. Las inscripciones que se practiquen en registros pblicos de acuerdo con lo establecido en los apartados anteriores no devengarn aranceles o tasas de tipo alguno.

4. Los bienes del fondo, hayan sido inscritos o no en los registros pblicos correspondientes, sern inembargables, gozando sobre ellos la Administracin General del Estado, a travs de la Mesa de Coordinacin de Adjudicaciones, del resto de las prerrogativas legalmente previstas sobre los dems bienes y derechos patrimoniales del Estado.

5. De acuerdo con lo dispuesto en el artculo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el instructor de la causa penal solicitar de los registros correspondientes la anotacin preventiva de embargo con el fin de asegurar los intereses del fondo regulado en esta ley.

Disposicin transitoria nica. Actuaciones de la Mesa de Coordinacin de Adjudicaciones.

Hasta que se regule la nueva composicin de la Mesa de Coordinacin de Adjudicaciones, las competencias atribuidas a sta por el artculo 6 de esta ley sern ejercidas por la actual Mesa, con la composicin y rgimen de funcionamiento vigentes.

Disposicin derogatoria nica. Derogacin normativa.

Queda derogada la Ley 36/1995, de 11 de diciembre, sobre la creacin de un fondo procedente de los bienes decomisados por trfico de drogas y otros delitos relacionados, y la Ley 61/1997, de 19 de diciembre, de modificacin de aqulla, as como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta ley.

Disposicin final nica. Habilitacin al Gobierno.

Se habilita al Gobierno para que dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecucin de esta ley.

Por tanto, Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 29 de mayo de 2003.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOS MARA AZNAR LPEZ

Análisis

  • Rango: Ley
  • Fecha de disposición: 29/05/2003
  • Fecha de publicación: 30/05/2003
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • SE MODIFICA los arts. 1.2, 3.1.g), 4.5 y disposicin adicional 4, por Ley 36/2014, de 26 de diciembre (Ref. BOE-A-2014-13612).
  • SE DICTA EN RELACION, sobre composicin de la mesa de coordinacin de adjudicaciones: Real Decreto 1133/2008, de 4 de julio (Ref. BOE-A-2008-11584).
Referencias anteriores
Materias
  • Bienes decomisados
  • Delegacin del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas
  • Mesa de Coordinacin de Adjudicaciones
  • Ministerio del Interior
  • Organizacin de la Administracin del Estado
  • Patrimonio Histrico Espaol

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