Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Está Vd. en

Documento BOE-A-1996-750

Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurdica gratuita.

TEXTO

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICION DE MOTIVOS

1. Justificacin de la reforma

Los derechos otorgados a los ciudadanos por los artculos 24 y 25 de la Constitucin son corolario evidente de la concepcin social o asistencial del Estado Democrtico de Derecho, tal y como ha sido configurado por nuestra Norma Fundamental. En lgica coherencia con los contenidos de estos preceptos constitucionales, y al objeto de asegurar a todas las personas el acceso a la tutela judicial efectiva, el artculo 119 del propio texto constitucional previene que la Justicia ser gratuita cuando as lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Con todo ello, nuestra Norma Fundamental disea un marco constitucional regulador del derecho a la tutela judicial que incluye, por parte del Estado, una actividad prestacional encaminada a la provisin de los medios necesarios para hacer que este derecho sea real y efectivo incluso cuando quien desea ejercerlo carezca de recursos econmicos.

Suprimidas por la Ley 25/1986 las tasas judiciales, el ncleo de los costes econmicos derivados del acceso a la tutela judicial viene determinado por la intervencin en el mismo, por imperativo legal, en la mayor parte de las ocasiones, de profesionales especializados en la defensa y representacin de los derechos e intereses legtimos. En efecto, una vez que el Estado ha renunciado a la percepcin de cualquier cantidad por el acceso al aparato judicial, son los honorarios de abogados, de procuradores y, en su caso, de cualesquiera otros profesionales, as como el coste de la obtencin de las pruebas documentales o periciales necesarias, los que implican un coste econmico inasumible para los ciudadanos que no disponen de los recursos econmicos necesarios para hacerles frente.

La previsin constitucional del artculo 119 ha sido ya objeto de desarrollo por la Ley Orgnica 6/1985, del Poder Judicial, que en sus artculos 20.2 y 440.2 recoge el mandato constitucional y remite, para la regulacin del sistema de justicia gratuita, a la ley ordinaria. En virtud de esta reserva de ley, corresponde al legislador ordinario dar cumplimiento a la encomienda constitucional de que se articule un sistema de justicia gratuita para aquellos que carezcan de recursos.

2. Vocacin unificadora

A esa finalidad responde la presente Ley, cuyo objeto es regular un sistema de justicia gratuita que permita a los ciudadanos que acrediten insuficiencia de recursos para litigar, proveerse de los profesionales necesarios para acceder a la tutela judicial efectiva y ver adecuadamente defendidos sus derechos e intereses legtimos. Se trata, pues, de una ley cuyos beneficiarios y destinatarios directos son todos los ciudadanos que pretendan acceder a la tutela judicial efectiva y vean obstaculizado dicho acceso en razn de su situacin econmica. La finalidad es, por tanto, garantizar el acceso a la Justicia en condiciones de igualdad a todos los ciudadanos.

Frente a la dispersa legislacin procesal que hasta ahora ha regulado la justicia gratuita, esta norma viene a unificar en s misma el nuevo sistema legal de justicia gratuita; as pues, tal y como fue entendido por la Cmara Baja al aprobar por unanimidad en su sesin celebrada el 10 de mayo de 1994 la mocin consecuencia de interpelacin presentada por el Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, ratificada por la Resolucin de 9 de febrero de 1995, la presente Ley regula un sistema nico, concentrado en una sola norma, con las lgicas consecuencias de claridad y certeza que redundan, en definitiva, en un incremento de la seguridad jurdica.

3. Ampliacin del contenido material del derecho

Al objeto de remover los obstculos que impiden que los ciudadanos ms desprotegidos accedan a la tutela judicial efectiva en condiciones de igualdad, la presente Ley opera una notable transformacin en el contenido material del derecho a la asistencia jurdica gratuita, configurndolo de forma ms amplia.

En efecto, frente a los beneficios hasta ahora recogidos por la Ley de Enjuiciamiento Civil, el nuevo sistema configura un derecho ms completo y por tanto ms garantizador de la igualdad de las partes en el proceso, eliminando onerosidades excesivas que no son sino negaciones prcticas de aqulla; as pues, a los beneficios ya consagrados por nuestro ordenamiento jurdico como propios del derecho a la asistencia jurdica gratuita, la Ley aade nuevas prestaciones tales como el asesoramiento y la orientacin previos a la iniciacin del proceso -lo cual ha de evitar en numerosas ocasiones litigios artificiales tan costosos en todos los sentidos para la Justicia-, la asistencia pericial en el mismo y la reduccin sustancial del coste para la obtencin de escrituras y documentos notariales y de aquellos documentos emanados de los Registros Pblicos, que puedan ser precisos para las partes en el proceso.

4. El reconocimiento del derecho

De igual modo, la Ley supone un paso ms en la proteccin de esos ciudadanos ms desfavorecidos que necesitan acceder a la tutela judicial para ver realizadas sus legtimas pretensiones o defendidos sus derechos.

Bajo la amplia libertad de configuracin legal que se deriva del artculo 119 de la Constitucin Espaola -libertad que nuestro Tribunal Constitucional ya reconoci expresamente-, la presente Ley llega ms lejos que el sistema anterior al adoptar los criterios para reconocer el derecho de asistencia jurdica gratuita, estableciendo un doble mecanismo: por un lado, un criterio objetivo para el reconocimiento del derecho, basado en la situacin econmica de los solicitantes, y complementado por un mecanismo flexible de apreciacin subjetiva acorde con nuestra jurisprudencia constitucional, que posibilita efectuar el reconocimiento excepcional del derecho a personas cuya situacin econmica excede del mdulo legal pero que, sin embargo, afrontan unas circunstancias de una u otra ndole que deben ser ponderadas y que hacen conveniente ese reconocimiento. En estos segundos supuestos excepcionales, y he aqu precisamente la diferencia con el rgimen que la Ley de Enjuiciamiento Civil tena establecido hasta hoy, la extensin del derecho puede llegar a ser total, incluyendo todas las prestaciones que lo integran.

Sin perjuicio de todo lo anterior, quedar siempre garantizado el derecho de los interesados a la libre designacin de abogado y procurador.

5. Actuacin administrativa

A pesar de que la evaluacin del cumplimiento de los requisitos para gozar del derecho a la asistencia jurdica gratuita no es en sentido estricto una funcin jurisdiccional, as se ha mantenido tradicionalmente en nuestra legislacin procesal.

Lejos de esa concepcin, constituye esencial propsito de la Ley la desjudicializacin del procedimiento para reconocer el derecho a la asistencia jurdica gratuita, optndose as por las ms modernas pautas que configuran dicha funcin como una actividad esencialmente administrativa.

La traslacin del reconocimiento del derecho a sede administrativa responde a dos motivos: en primer trmino, se descarga a los Juzgados y Tribunales de una tarea que queda fuera de los mrgenes constitucionales del ejercicio de la potestad jurisdiccional y, en segundo lugar, se agiliza la resolucin de las solicitudes de los ciudadanos mediante una tramitacin sumaria y normalizada. El reconocimiento del derecho pasa, por tanto, a convertirse en una funcin que descansa sobre el trabajo previo de los Colegios profesionales, que inician la tramitacin ordinaria de las solicitudes, analizan las pretensiones y acuerdan designaciones o denegaciones provisionales, y, por otra parte, sobre la actuacin de unos nuevos rganos administrativos, las Comisiones de Asistencia Jurdica Gratuita, como rganos formalmente responsables de la decisin final, y en cuya composicin se hallan representadas las instancias intervinientes en el proceso.

No quiere ello decir que los rganos jurisdiccionales pierdan todo su peso en el reconocimiento, ya que la Ley garantiza suficientemente el control judicial sobre la aplicacin efectiva del derecho, habilitando a aqullos para decidir sobre el mismo, en va de recurso.

6. Financiacin pblica

Esta meta legal de proporcionar a los ciudadanos que lo precisen un sistema rpido y eficaz de justicia gratuita se articula, como hasta ahora, sobre la base de un servicio pblico, prestado por la Abogaca y la Procuradura, financiado con fondos igualmente pblicos. De hecho, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de nuestro Tribunal Constitucional, el Estado es el responsable del recto funcionamiento del servicio por la sola obligacin constitucional de proveer a la defensa de quienes carezcan de recursos; esta jurisprudencia ha dejado claramente establecida la responsabilidad pblica en tal sentido, como deber positivo del Estado de garantizar el derecho de acceso a la Justicia o, lo que es lo mismo, a la tutela judicial efectiva como derecho fundamental que es.

Ello conduce a la obligacin de establecer mecanismos de control que aseguren el adecuado destino de los fondos pblicos asignados al servicio, de tal forma que no se beneficien de dichos fondos quienes no precisen de asistencia alguna.

As pues, la Ley fija los criterios bsicos de la financiacin del servicio, cuyo coste deber ser peridicamente evaluado por los poderes pblicos, que en todo caso debern seguir el principio de que el servicio de asistencia jurdica gratuita est digna y suficientemente remunerado, hacindose efectiva su retribucin en plazos razonables. Tanto lo relativo a la financiacin, como las reglas referentes a la prestacin y funcionamiento del servicio se conciben con la flexibilidad y generalidad propias de una norma de rango legal, que habrn de permitir que su desarrollo por normas de rango inferior facilite el adecuado ajuste a las cambiantes situaciones econmicas y sociales, evitando as la petrificacin del ordenamiento y la consagracin en normas con la rigidez legal de materias que, por su propia naturaleza, son susceptibles de sucesivas transformaciones en muy poco tiempo. Tal regulacin reglamentaria fue llevada a cabo con carcter urgente, y como paso inicial y transitorio de la actual reforma del sistema de justicia gratuita, mediante el Real Decreto 108/1995, de 27 de enero, sobre medidas para instrumentar la subvencin estatal a la asistencia jurdica gratuita.

7. Ordenacin competencial

La Ley resulta, en fin, respetuosa con la ordenacin competencial que deriva de nuestra Norma Fundamental y de los Estatutos de Autonoma, explicitando los ttulos competenciales que, de conformidad con las reglas 3., 5., 6. y 18. del artculo 149.1 de la Constitucin Espaola, habilitan al Estado para establecer la nueva regulacin, y permitiendo que sta pueda complementarse con naturalidad con las normas que dicten las Comunidades Autnomas en ejercicio de sus competencias estatutarias.

CAPITULO I
Derecho a la asistencia jurdica gratuita
Artculo 1. Objeto de la Ley.

La presente Ley tiene por objeto determinar el contenido del derecho a la asistencia jurdica gratuita al que se refiere el artculo 119 de la Constitucin y regular el procedimiento para su reconocimiento y efectividad.

Las disposiciones de esta Ley sern de aplicacin general en todo tipo de procesos judiciales, incluidos los recursos de amparo constitucional, as como el asesoramiento previo al proceso contemplado en el artculo 6.1.

Artculo 2. Ambito personal de aplicacin.

En los trminos y con el alcance previstos en esta Ley y en los Tratados y Convenios internacionales sobre la materia en los que Espaa sea parte, tendrn derecho a la asistencia jurdica gratuita:

a) Los ciudadanos espaoles, los nacionales de los dems Estados miembros de la Unin Europea y los extranjeros que residan legalmente en Espaa, cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

b) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, en todo caso.

c) Las siguientes personas jurdicas cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar:

1. Asociaciones de utilidad pblica, previstas en el artculo 4. de la Ley 191/1964, de 24 de diciembre, reguladora de las Asociaciones.

2. Fundaciones inscritas en el Registro administrativo correspondiente.

d) En el orden jurisdiccional social, para la defensa en juicio, adems, los trabajadores y los beneficiarios del sistema de Seguridad Social.

e) En el orden jurisdiccional penal, tendrn derecho a la asistencia letrada y a la defensa y representacin gratuitas, los ciudadanos extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos para litigar, aun cuando no residan legalmente en territorio espaol.

f) En el orden contencioso-administrativo as como en la va administrativa previa, los ciudadanos extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos para litigar, aun cuando no residan legalmente en territorio espaol, tendrn derecho a la asistencia letrada y a la defensa y representacin gratuita en todos aquellos procesos relativos a su solicitud de asilo.

Artculo 3. Requisitos bsicos.

1. Se reconocer el derecho de asistencia jurdica gratuita a aquellas personas fsicas cuyos recursos e ingresos econmicos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, no superen el doble del salario mnimo interprofesional vigente en el momento de efectuar la solicitud.

2. Constituyen modalidades de unidad familiar las siguientes:

a) La integrada por los cnyuges no separados legalmente y, si los hubiere, los hijos menores con excepcin de los que se hallaren emancipados.

b) La formada por el padre o la madre y los hijos que renan los requisitos a que se refiere la regla anterior.

3. Los medios econmicos podrn, sin embargo, ser valorados individualmente, cuando el solicitante acredite la existencia de intereses familiares contrapuestos en el litigio para el que se solicita la asistencia.

4. El derecho a la asistencia jurdica gratuita slo podr reconocerse a quienes litiguen en defensa de derechos o intereses propios.

5. En el supuesto del apartado 2 del artculo 6, no ser necesario que el detenido o preso acredite previamente carecer de recursos, sin perjuicio de que si no se le reconoce con posterioridad el derecho a la asistencia jurdica gratuita, ste deber abonar al abogado los honorarios devengados por su intervencin.

6. Tratndose de las personas jurdicas mencionadas en el apartado c) del artculo anterior, se entender que hay insuficiencia de recursos econmicos para litigar, cuando su base imponible en el Impuesto de Sociedades fuese inferior a la cantidad equivalente al triple del salario mnimo interprofesional en cmputo anual.

Artculo 4. Exclusin por motivos econmicos.

A los efectos de comprobar la insuficiencia de recursos para litigar, se tendr en cuenta adems de las rentas y otros bienes patrimoniales o circunstancias que declare el solicitante, los signos externos que manifiesten su real capacidad econmica, negndose el derecho a la asistencia jurdica gratuita si dichos signos, desmintiendo la declaracin del solicitante, revelan con evidencia que ste dispone de medios econmicos que superan el lmite fijado por la Ley.

La circunstancia de ser el solicitante propietario de la vivienda en que resida habitualmente, no constituir por s misma obstculo para el reconocimiento del derecho, siempre que aqulla no sea suntuaria.

Artculo 5. Reconocimiento excepcional del derecho.

En atencin a las circunstancias de familia del solicitante, nmero de hijos o familiares a su cargo, estado de salud, obligaciones econmicas que sobre l pesen, costes derivados de la iniciacin del proceso u otras de anloga naturaleza, objetivamente evaluadas, la Comisin de Asistencia Jurdica Gratuita ante la que se presente la solicitud podr conceder excepcionalmente, mediante resolucin motivada, el reconocimiento del derecho a las personas cuyos recursos e ingresos, an superando los lmites previstos en el artculo 3, no excedan del cudruplo del salario mnimo interprofesional.

En tales casos, la Comisin de Asistencia Jurdica Gratuita correspondiente determinar expresamente qu beneficios de los contemplados en el artculo 6, y en qu proporcin, son de aplicacin al solicitante.

Artculo 6. Contenido material del derecho.

El derecho a la asistencia jurdica gratuita comprende las siguientes prestaciones:

1. Asesoramiento y orientacin gratuitos previos al proceso a quienes pretendan reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses, cuando tengan por objeto evitar el conflicto procesal, o analizar la viabilidad de la pretensin.

2. Asistencia de abogado al detenido o preso que no lo hubiera designado, para cualquier diligencia policial que no sea consecuencia de un procedimiento penal en curso o en su primera comparecencia ante un rgano jurisdiccional, o cuando sta se lleve a cabo por medio de auxilio judicial y el detenido o preso no hubiere designado Letrado en el lugar donde se preste.

3. Defensa y representacin gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial, cuando la intervencin de estos profesionales sea legalmente preceptiva o, cuando no sindolo, sea expresamente requerida por el Juzgado o Tribunal mediante auto motivado para garantizar la igualdad de las partes en el proceso.

4. Insercin gratuita de anuncios o edictos, en el curso del proceso, que preceptivamente deban publicarse en peridicos oficiales.

5. Exencin del pago de depsitos necesarios para la interposicin de recursos.

6. Asistencia pericial gratuita en el proceso a cargo del personal tcnico adscrito a los rganos jurisdiccionales, o, en su defecto, a cargo de funcionarios, organismos o servicios tcnicos dependientes de las Administraciones pblicas.

Excepcionalmente y cuando por inexistencia de tcnicos en la materia de que se trate, no fuere posible la asistencia pericial de peritos dependientes de los rganos jurisdiccionales o de las Administraciones pblicas, sta se llevar a cabo, si el Juez o Tribunal lo estima pertinente en resolucin motivada, a cargo de peritos que, por insaculacin, sean designados entre los tcnicos privados que correspondan.

7. Obtencin gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales, en los trminos previstos en el artculo 130 del Reglamento Notarial.

8. Reduccin del 80 por 100 de los derechos arancelarios que correspondan por el otorgamiento de escrituras pblicas y por la obtencin de copias y testimonios notariales no contemplados en el nmero anterior, cuando tengan relacin directa con el proceso y sean requeridos por el rgano judicial en el curso del mismo, o sirvan para la fundamentacin de la pretensin del beneficiario de la justicia gratuita.

9. Reduccin del 80 por 100 de los derechos arancelarios que correspondan por la obtencin de notas, certificaciones, anotaciones, asientos e inscripciones en los Registros de la Propiedad y Mercantil, cuando tengan relacin directa con el proceso y sean requeridos por el rgano judicial en el curso del mismo, o sirvan para la fundamentacin de la pretensin del beneficiario de la justicia gratuita.

10. Los derechos arancelarios a que se refieren los apartados 8 y 9 de este artculo no se percibirn cuando el interesado acredite ingresos por debajo del salario mnimo interprofesional.

Artculo 7. Extensin temporal.

1. La asistencia jurdica gratuita en el transcurso de una misma instancia se extiende a todos sus trmites e incidencias, incluida la ejecucin, pero no podr aplicarse a un proceso distinto.

2. El derecho a la asistencia jurdica gratuita se mantendr para la interposicin y sucesivos trmites de los recursos contra las resoluciones que pongan fin al proceso en la correspondiente instancia, aplicndose en este caso lo dispuesto en el artculo 32 de la presente Ley.

3. Cuando la competencia para el conocimiento de los recursos a los que se refiere el apartado anterior corresponda a un rgano jurisdiccional cuya sede se encuentre en distinta localidad, el Juzgado o Tribunal, una vez recibido el expediente judicial, requerir a los respectivos Colegios la designacin de abogado y procurador de oficio ejercientes en dicha sede jurisdiccional.

Artculo 8. Insuficiencia econmica sobrevenida.

No se reconocer el derecho a la asistencia jurdica gratuita al actor una vez presentada la demanda, o al demandado una vez formulada su contestacin, salvo que en su solicitud acrediten ante la Comisin de Asistencia Jurdica Gratuita que las circunstancias y condiciones necesarias para obtener aqul sobrevinieron con posterioridad a la demanda o contestacin, respectivamente.

Cuando el actor o el demandado pretendan el reconocimiento del derecho en la segunda instancia sin haberlo solicitado en la primera, debern acreditar ante la Comisin de Asistencia Jurdica Gratuita que las circunstancias y condiciones precisas sobrevinieron en el curso de la primera instancia o con posterioridad a ella.

La misma regla ser aplicable al que pretenda el reconocimiento del derecho para interponer o seguir el recurso de casacin respecto de la segunda instancia.

CAPITULO II
Competencia y procedimiento para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurdica gratuita
Artculo 9. Comisin de Asistencia Jurdica Gratuita.

En cada capital de provincia, en las ciudades de Ceuta y Melilla y en cada isla en que existan uno o ms partidos judiciales, se constituir una Comisin de Asistencia Jurdica Gratuita, como rgano responsable, en su correspondiente mbito territorial, de efectuar el reconocimiento del derecho regulado en la presente Ley.

Artculo 10. Composicin de las Comisiones de Asistencia Jurdica Gratuita.

1. Las Comisiones de Asistencia Jurdica Gratuita estarn presididas por un miembro del Ministerio Fiscal, designado por el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia o de la Audiencia Provincial, e integradas adems por el Decano del Colegio de Abogados y el del Colegio de Procuradores, o el abogado o el procurador que ellos designen, y por dos miembros que designen las Administraciones pblicas de las que dependen, actuando uno de ellos como Secretario.

2. En las Comisiones de Asistencia Jurdica Gratuita dependientes de la Administracin General del Estado, los miembros a los que se refiere el ltimo inciso del apartado anterior, sern los siguientes: un Abogado del Estado y un funcionario del Ministerio de Justicia e Interior perteneciente a Cuerpos o Escalas del Grupo A, que adems actuar como Secretario.

En las provincias donde exista ms de un Colegio de Abogados o de Procuradores, el representante de estas Corporaciones en la Comisin se designar de comn acuerdo por los Decanos de aqullos.

Cuando el volumen de asuntos u otras circunstancias justificadas lo aconsejen, podrn crearse delegaciones de la Comisin provincial de Asistencia Jurdica Gratuita, con la composicin y mbito de actuacin que reglamentariamente se determinen y garantizando, en todo caso, la homogeneidad de criterios para reconocer el derecho a la asistencia jurdica gratuita.

Artculo 11. Funcionamiento de las Comisiones de Asistencia Jurdica Gratuita.

El funcionamiento de las Comisiones de Asistencia Jurdica Gratuita se ajustar a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, para los rganos colegiados.

El Ministerio de Justicia e Interior prestar el soporte administrativo y el apoyo tcnico necesarios para el funcionamiento de las Comisiones dependientes de la Administracin General del Estado.

Los Colegios de Abogados y de Procuradores pondrn a disposicin de las Comisiones de Asistencia Jurdica Gratuita, la lista de colegiados ejercientes adscritos a los servicios de justicia gratuita, con indicacin, en su caso, de especializaciones.

Artculo 12. Solicitud del derecho.

El reconocimiento del derecho a la asistencia jurdica gratuita se instar por los solicitantes ante el Colegio de Abogados del lugar en que se halle el Juzgado o Tribunal que haya de conocer del proceso principal para el que aqul se solicita, o ante el Juzgado de su domicilio. En este ltimo caso, el rgano judicial dar traslado de la peticin al Colegio de Abogados territorialmente competente.

Cuando haya concurrencia de litigantes en un proceso, el reconocimiento del derecho a la asistencia jurdica gratuita deber ser instado individualmente por cada uno de los interesados.

Cuando con arreglo a las leyes procesales, los solicitantes deban litigar bajo una sola defensa o representacin, debern computarse, a efectos del reconocimiento del derecho, la totalidad de los ingresos y haberes patrimoniales de los solicitantes. En este caso, si se acreditara que los ingresos y haberes patrimoniales de cada uno de los solicitantes no sobrepasan el doble del salario mnimo interprofesional, se proceder a nombrar abogado y, en su caso, procurador del turno de oficio que debern asumir la representacin y defensa conjunta de todos ellos.

Si se acreditara que los ingresos y haberes patrimoniales de cada uno de los solicitantes superan el doble del salario mnimo interprofesional pero no alcanzan el cudruple, la Comisin de Asistencia Jurdica Gratuita podr determinar cules de los beneficios establecidos en el artculo 6 se otorgar a los solicitantes.

Artculo 13. Requisitos de la solicitud.

En la solicitud se harn constar, acompaando los documentos que reglamentariamente se determinen para su acreditacin, los datos que permitan apreciar la situacin econmica del interesado y de los integrantes de su unidad familiar, sus circunstancias personales y familiares, la pretensin que se quiere hacer valer y la parte o partes contrarias en el litigio, si las hubiere.

Artculo 14. Subsanacin de deficiencias.

Si el Colegio de Abogados constatara que existen deficiencias en la solicitud o que la documentacin presentada resulta insuficiente, lo comunicar al interesado, fijando con precisin los defectos o carencias advertidas y las consecuencias de la falta de subsanacin, requirindole para que la complete en el plazo de diez das hbiles.

Transcurrido este plazo sin que se haya aportado la documentacin requerida, el Colegio de Abogados archivar la peticin.

Artculo 15. Designaciones provisionales y traslados.

Si de la solicitud y sus documentos justificativos resulta acreditado que el peticionario se encuentra incluido en el mbito definido en el artculo 2 de esta Ley, el Colegio de Abogados, subsanados los defectos advertidos, proceder en el plazo mximo de quince das, contado a partir de la recepcin de la solicitud por dicho Colegio o de la subsanacin de los defectos, a la designacin provisional de abogado, comunicndolo inmediatamente al Colegio de Procuradores a fin de que, en caso de ser preceptivo, en el plazo mximo de tres das, se designe procurador que asuma la representacin.

En el caso de que el Colegio de Abogados estimara que el peticionario no cumple las citadas condiciones, o que la pretensin principal contenida en la solicitud es manifiestamente insostenible o carente de fundamento, notificar en el plazo de cinco das al solicitante que no ha efectuado el nombramiento provisional de abogado previsto en el prrafo anterior y trasladar la solicitud a la Comisin de Asistencia Jurdica Gratuita.

Del expediente correspondiente y las designaciones provisionales efectuados, se dar traslado en el plazo de tres das a la Comisin de Asistencia Jurdica Gratuita a los efectos de su verificacin y resolucin.

En el caso de que el Colegio de Abogados no dictara resolucin alguna en el plazo de quince das, el solicitante podr reiterar su solicitud ante la Comisin de Asistencia Jurdica Gratuita, la cual, de modo inmediato, recabar el expediente al Colegio de Abogados ordenando, al mismo tiempo, la designacin provisional de abogado y procurador, si ste fuera preceptivo, y seguir, posteriormente, el procedimiento fijado en el artculo 17 de esta Ley.

Artculo 16. Suspensin del curso del proceso.

La solicitud de reconocimiento del derecho a la asistencia jurdica gratuita no suspender el curso del proceso.

No obstante, a fin de evitar que el transcurso de los plazos pueda provocar la preclusin de un trmite o la indefensin de cualquiera de las partes, el Juez, de oficio o a peticin de stas, podr decretar la suspensin hasta que se produzca la decisin sobre el reconocimiento o la denegacin del derecho a litigar gratuitamente, o la designacin provisional de abogado y procurador si su intervencin fuera preceptiva o requerida en inters de la justicia.

Cuando la presentacin de la solicitud de reconocimiento del derecho a la asistencia jurdica gratuita se realice antes de iniciar el proceso y la accin pueda resultar perjudicada por el transcurso de los plazos de prescripcin, quedar sta interrumpida siempre que dentro de los plazos establecidos en esta Ley no sea posible nombrar al solicitante abogado y, de ser preceptivo, procurador del turno de oficio que ejerciten la accin en nombre del solicitante.

El cmputo del plazo de prescripcin se reanudar desde la notificacin al solicitante de la designacin provisional de abogado por el Colegio de Abogados o, en su caso, desde la notificacin del reconocimiento o denegacin del derecho por la Comisin de Asistencia Jurdica Gratuita y, en todo caso, en el plazo de dos meses desde la presentacin de la solicitud.

En el supuesto de que esta peticin hubiere sido denegada, fuere claramente abusiva y nicamente est preordenada a dilatar los plazos, el rgano judicial que conozca de la causa podr computar los plazos en los estrictos trminos legalmente previstos, con todas las consecuencias que de ello se derive.

Artculo 17. Resolucin y notificacin.

Para verificar la exactitud y realidad de los datos econmicos declarados por el solicitante del derecho a la asistencia jurdica gratuita, la Comisin podr realizar las comprobaciones y recabar la informacin que estime necesarias. En especial, podr requerir de la Administracin Tributaria correspondiente la confirmacin de la exactitud de los datos de carcter tributario que consten en la documentacin de esta naturaleza presentada con la solicitud. Tambin podr la Comisin or a la parte o partes contrarias en el pleito o contra las que se pretenda ejercitar la accin, cuando sean conocidas y se estime que pueden aportar datos para conocer la real situacin econmica del solicitante.

La Comisin, una vez efectuadas las comprobaciones anteriores, dictar resolucin, en el plazo mximo de treinta das, contados a partir de la recepcin del expediente por la Comisin, reconociendo o denegando el derecho a la asistencia jurdica gratuita y, en el caso contemplado en el artculo 5, determinando cules de los beneficios son de aplicacin a la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que la Comisin haya resuelto expresamente la solicitud, quedarn ratificadas las decisiones previamente adoptadas por el Colegio de Abogados y el Colegio de Procuradores, sin perjuicio de la obligacin de resolver de dicho rgano de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

La resolucin se notificar en el plazo comn de tres das al solicitante, al Colegio de Abogados y, en su caso, al Colegio de Procuradores, as como a las partes interesadas y se comunicar al Juzgado o Tribunal que est conociendo del proceso, o al Juez Decano de la localidad si aqul no se hubiera iniciado.

Si el Colegio de Abogados no hubiera dictado ninguna resolucin, el silencio de la Comisin ser positivo, procediendo a peticin del interesado el Juez o Tribunal que conozca del proceso o si la solicitud se realiza con anterioridad a la iniciacin del mismo el Juez Decano competente, a declarar el derecho en su integridad y a requerir a los Colegios profesionales la designacin provisional de abogado y procurador, en su caso. Ello sin perjuicio de lo que resulte de las eventuales impugnaciones contra tal estimacin presunta.

Artculo 18. Efectos de la resolucin.

El reconocimiento del derecho implicar la confirmacin de las designaciones de abogado y de procurador efectuadas provisionalmente por los Colegios profesionales.

Si, por el contrario, la Comisin desestimara la pretensin, las designaciones que eventualmente se hubieran realizado quedarn sin efecto y el peticionario deber, en su caso, abonar los honorarios y derechos econmicos ocasionados por la intervencin de los profesionales designados con carcter provisional, en los mismos trminos previstos en el artculo 27 de esta Ley.

Artculo 19. Revocacin del derecho.

La declaracin errnea, el falseamiento u ocultacin de datos por los solicitantes de asistencia jurdica gratuita, que hayan sido determinantes para el reconocimiento del derecho, darn lugar, en todo caso, a su revocacin por parte de la Comisin de Asistencia Jurdica Gratuita, que, a estos fines, tendr potestades de revisin de oficio.

La revocacin contemplada en el prrafo anterior llevar consigo la obligacin del pago de todos los honorarios de abogado y procurador devengados desde la concesin del derecho, as como la cantidad equivalente al costo de las dems prestaciones obtenidas en razn de dicha concesin, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que, en su caso, correspondan.

Artculo 20. Impugnacin de la resolucin.

Quienes sean titulares de un derecho o de un inters legtimo podrn impugnar las resoluciones que, de modo definitivo, reconozcan o denieguen el derecho a la asistencia jurdica gratuita.

Tal impugnacin, para la que no ser preceptiva la intervencin de Letrado, habr de realizarse por escrito y de forma motivada, en el plazo de cinco das desde la notificacin de la resolucin o desde que haya sido conocida por cualquiera de los legitimados para interponerla, ante el Secretario de la Comisin de Asistencia Jurdica Gratuita. Este remitir el escrito de impugnacin, junto con el expediente correspondiente a la resolucin impugnada y una certificacin de sta, al Juzgado o Tribunal competente o al Juez Decano para su reparto, si el procedimiento no se hubiera iniciado.

Recibido el escrito de impugnacin y los documentos y certificacin a que alude el prrafo anterior, el Juez o Tribunal citar de comparecencia a las partes y al Abogado del Estado o al Letrado de la Comunidad Autnoma correspondiente cuando de ella dependa la Comisin de Asistencia Jurdica Gratuita, dentro de los ocho das siguientes y, tras orles y practicar la prueba que estime pertinente en el plazo de los cinco das siguientes, dictar auto en el plazo de los cinco das siguientes manteniendo o revocando la resolucin impugnada.

El Juez o Tribunal competente para conocer de la impugnacin, en el auto por el que resuelva sobre la misma podr imponer a quien la hubiere promovido de manera temeraria o con abuso de derecho, una sancin pecuniaria de cinco mil a cincuenta mil pesetas.

Contra el auto dictado por el Juez o el Tribunal no cabr recurso alguno.

Artculo 21. Requerimiento judicial de designacin de abogado y procurador.

Si, conforme a la legislacin procesal, el rgano judicial que est conociendo del proceso estimara que, por las circunstancias o la urgencia del caso, fuera preciso asegurar de forma inmediata los derechos de defensa y representacin de las partes, y alguna de ellas manifestara carecer de recursos econmicos, dictar una resolucin motivada requiriendo de los Colegios profesionales el nombramiento provisional de abogado y de procurador, cuando las designaciones no hubieran sido realizadas con anterioridad.

Dicha resolucin se comunicar por el medio ms rpido posible a los Colegios de Abogados y de Procuradores, tramitndose a continuacin la solicitud segn lo previsto en los artculos precedentes.

CAPITULO III
Organizacin de los servicios de asistencia letrada, defensa y representacin gratuitas
Artculo 22. Gestin colegial de los servicios de asistencia letrada, de defensa y de representacin gratuitas.

Los Consejos Generales de la Abogaca Espaola y de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de Espaa y sus respectivos Colegios regularn y organizarn, a travs de sus Juntas de Gobierno, los servicios de asistencia letrada y de defensa y representacin gratuitas, garantizando, en todo caso, su prestacin continuada y atendiendo a criterios de funcionalidad y de eficiencia en la aplicacin de los fondos pblicos puestos a su disposicin.

Los Colegios de Abogados implantarn servicios de asesoramiento a los peticionarios de asistencia jurdica gratuita, con la finalidad de orientar y encauzar sus pretensiones. Dicho asesoramiento tendr, en todo caso, carcter gratuito para los solicitantes.

Los Colegios de Abogados facilitarn a los solicitantes de asistencia jurdica gratuita la informacin necesaria en relacin al cumplimiento de los requisitos para su concesin, as como el auxilio en la redaccin de las solicitudes correspondientes.

Artculo 23. Autonoma profesional y disciplina colegial.

Los profesionales inscritos en los servicios de justicia gratuita, a los que se refiere esta Ley, desarrollarn su actividad con libertad e independencia de criterio, con sujecin a las normas deontolgicas y a las normas que disciplinan el funcionamiento de los servicios colegiales de justicia gratuita.

Artculo 24. Distribucin por turnos.

Los Colegios profesionales establecern sistemas de distribucin objetiva y equitativa de los distintos turnos y medios para la designacin de los profesionales de oficio. Dichos sistemas sern pblicos para todos los colegiados y podrn ser consultados por los solicitantes de asistencia jurdica gratuita.

Los Colegios de Abogados, salvo aqullos en los que por la reducida dimensin de la actividad no sea necesario, constituirn turnos de guardia permanente para la prestacin del servicio de asistencia letrada al detenido.

Artculo 25. Formacin y especializacin.

El Ministerio de Justicia e Interior, previo informe de los Consejos Generales de la Abogaca y de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de Espaa, establecer los requisitos generales mnimos de formacin y especializacin necesarios para prestar los servicios de asistencia jurdica gratuita, con objeto de asegurar un nivel de calidad y de competencia profesional que garantice el derecho constitucional a la defensa. Dichos requisitos sern de obligado cumplimiento para todos los Colegios profesionales, sin perjuicio de los requisitos complementarios que puedan establecer las Comunidades Autnomas competentes.

Artculo 26. Responsabilidad patrimonial.

En lo que afecta al funcionamiento de los servicios de asistencia jurdica gratuita, los Colegios de Abogados y de Procuradores estarn sujetos a los mismos principios de responsabilidad patrimonial establecidos para las Administraciones pblicas por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

CAPITULO IV
Designacin de abogado y de procurador de oficio
Artculo 27. Efectos del reconocimiento del derecho.

El reconocimiento del derecho a la asistencia jurdica gratuita llevar consigo la designacin de abogado y, cuando sea preciso, de procurador de oficio, sin que en ningn caso puedan actuar simultneamente un abogado de oficio y un procurador libremente elegido, o viceversa, salvo que el profesional de libre eleccin renunciara por escrito a percibir sus honorarios o derechos ante el titular del derecho a la asistencia jurdica gratuita y ante el Colegio en el que se halle inscrito.

Si el derecho no fuera reconocido, los profesionales intervinientes podrn percibir de sus defendidos o representados los honorarios correspondientes a las actuaciones practicadas.

Artculo 28. Renuncia a la designacin.

Quienes tengan derecho en los trminos previstos en esta Ley a la asistencia jurdica gratuita podrn, no obstante lo previsto en el artculo anterior, renunciar expresamente a la designacin de abogado y procurador de oficio, nombrando libremente a profesionales de su confianza debiendo constar expresamente este extremo en la solicitud y afectando simultneamente esta renuncia al abogado y procurador.

La renuncia posterior a la designacin, que, asimismo, deber afectar simultneamente al abogado y procurador designados de oficio, tendr que ser comunicada expresamente a la Comisin de Asistencia Jurdica Gratuita y a los correspondientes Colegios Profesionales y no implicar la prdida de las dems prestaciones reconocidas en la concesin del derecho de asistencia jurdica gratuita.

Artculo 29. Especialidades del orden jurisdiccional penal.

En el orden penal se aplicarn, adems de las reglas contenidas en la presente Ley, las garantas previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal con objeto de asegurar, en todo caso, el derecho a la defensa desde el mismo momento de la detencin.

Artculo 30. Aplicacin de fondos pblicos.

La intervencin de profesionales designados de oficio para la asistencia, defensa y representacin gratuita slo podr ser retribuida con cargo a los fondos pblicos contemplados en el artculo 37, cuando exista reconocimiento expreso del derecho a la asistencia jurdica gratuita efectuado en los trminos contemplados en esta Ley.

Artculo 31. Obligaciones profesionales.

Los abogados y procuradores designados desempearan sus funciones de asistencia y representacin de forma real y efectiva hasta la terminacin del proceso en la instancia judicial de que se trate y, en su caso, la ejecucin de las sentencias, si las actuaciones procesales en sta se produjeran dentro de los dos aos siguientes a la resolucin judicial dictada en la instancia, sin perjuicio del efecto de las causas de renuncia o excusa que estn previstas en la Ley.

Slo en el orden penal podrn los abogados designados excusarse de la defensa. Para ello deber concurrir un motivo personal y justo, que ser apreciado por los Decanos de los Colegios.

La excusa deber formularse en el plazo de tres das desde la notificacin de la designacin y resolverse en el plazo de cinco das desde su presentacin.

Artculo 32. Insostenibilidad de la pretensin.

Cuando el abogado designado para un proceso considere insostenible la pretensin que pretende hacerse valer, deber comunicarlo a la Comisin de Asistencia Jurdica Gratuita, dentro de los seis das siguientes a su designacin, exponiendo los motivos jurdicos en los que fundamenta su decisin. Transcurrido dicho plazo sin que se produzca tal comunicacin, o sin que el abogado pida la interrupcin del mismo por falta de la documentacin necesaria para evaluar la pretensin, ste quedar obligado a asumir la defensa.

Salvo lo dispuesto en el artculo anterior, la defensa del acusado o imputado ser obligatoria.

Artculo 33. Tramitacin.

1. Solicitada por el abogado la interrupcin del plazo previsto en el artculo anterior, por falta de la documentacin necesaria, la Comisin requerir al interesado para que la presente en un plazo mximo de diez das.

Transcurrido este plazo sin que el interesado haya presentado dicha documentacin, la Comisin archivar la solicitud.

Presentada la documentacin, sta se aportar al abogado, reanudndose el plazo para analizar la viabilidad de la pretensin.

Si la Comisin estima que la documentacin con la que cuenta el abogado, en el momento de la solicitud, es suficiente para analizar la viabilidad de la pretensin principal, inadmitir la solicitud de interrupcin, reanudndose el plazo para formulacin de la insostenibilidad desde la notificacin de la resolucin de inadmisin.

2. Formulada la insostenibilidad de la pretensin, la Comisin recabar del Colegio de Abogados un dictamen sobre su viabilidad, que deber emitirse en el plazo de seis das.

Se solicitar, asimismo, informe fundado del Ministerio Fiscal cuando el dictamen del Colegio de Abogados coincidiera con el del abogado designado. Dicho informe se emitir en el plazo de seis das.

Artculo 34. Nombramiento de segundo abogado.

Si el Colegio de Abogados o el Ministerio Fiscal estimaran defendible la pretensin, se proceder al nombramiento de un segundo abogado. Los dictmenes emitidos por el Colegio de Abogados y por el Ministerio Fiscal sern aportados al nuevo abogado, para quien ser obligatoria la defensa.

En caso de que el Colegio de Abogados y el Ministerio Fiscal estimaran indefendible la pretensin, la Comisin de Asistencia Jurdica Gratuita desestimar la solicitud.

Artculo 35. Insostenibilidad en va de recurso.

El mismo procedimiento previsto en los artculos anteriores se seguir cuando se trate de interponer recursos contra resoluciones que hayan puesto fin al proceso en la instancia correspondiente, si el abogado del recurrente considerase inviable la pretensin.

El cmputo del plazo para la interposicin de los recursos quedar suspendido hasta tanto se resuelve materialmente la viabilidad de la pretensin.

En el orden penal y respecto de los condenados no cabr formular insostenibilidad de la pretensin.

Artculo 36. Reintegro econmico.

1. Si en la sentencia que ponga fin al proceso hubiera pronunciamiento sobre costas, a favor de quien obtuvo el reconocimiento del derecho a la asistencia jurdica gratuita o de quien lo tuviera legalmente reconocido, deber la parte contraria abonar las costas causadas en la defensa de aqulla.

2. Cuando en la sentencia que ponga fin al proceso fuera condenado en costas quien hubiera obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurdica gratuita o quien lo tuviera legalmente reconocido, ste quedar obligado a pagar las causadas en su defensa y las de la parte contraria, si dentro de los tres aos siguientes a la terminacin del proceso viniere a mejor fortuna, quedando mientras tanto interrumpida la prescripcin del artculo 1.967 del Cdigo Civil. Se presume que ha venido a mejor fortuna cuando sus ingresos y recursos econmicos por todos los conceptos superen el doble del mdulo previsto en el artculo 3, o si se hubieran alterado sustancialmente las circunstancias y condiciones tenidas en cuenta para reconocer el derecho conforme a la presente Ley.

3. Cuando la sentencia que ponga fin al proceso no contenga expreso pronunciamiento en costas, venciendo en el pleito el beneficiario de la justicia gratuita, deber ste pagar las costas causadas en su defensa, siempre que no excedan de la tercera parte de lo que en l haya obtenido. Si excedieren se reducirn a lo que importe dicha tercera parte, atendindose a prorrata sus diversas partidas.

4. Cuando se reconozca el derecho a asistencia jurdica gratuita para procesos en los que proceda la peticin de litis expensas y stas fueren concedidas en resolucin firme a favor de la parte que litiga con el reconocimiento del derecho a asistencia jurdica gratuita, el Letrado y procurador intervinientes podrn exigir a sta el pago de sus honorarios, hasta el importe total de la partida aprobada judicialmente para este concepto.

5. Obtenido el pago por los profesionales designados de oficio conforme a las reglas contempladas en los apartados anteriores, estarn obligados a devolver las cantidades eventualmente percibidas con cargo a fondos pblicos por su intervencin en el proceso.

Para el clculo de sus honorarios y derechos, se estar a las normas sobre honorarios de abogados de cada Colegio, as como a los aranceles de los procuradores vigentes en el momento de la sustanciacin del proceso.

CAPITULO V
Subvencin y supervisin de los servicios de asistencia jurdica gratuita
Artculo 37. Subvencin.

El Ministerio de Justicia e Interior subvencionar, con cargo a sus dotaciones presupuestarias, la implantacin y prestacin de los servicios de asistencia jurdica gratuita por los Colegios de Abogados y de Procuradores.

El importe de la subvencin se aplicar fundamentalmente a retribuir las actuaciones profesionales previstas en los apartados 1 a 3 del artculo 6 de esta Ley, cuando tengan por destinatarios a quienes hayan obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurdica gratuita.

Artculo 38. Gastos de funcionamiento.

El importe mximo de la subvencin que podr ser destinado por los Colegios profesionales a atender el funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurdica gratuita, de las unidades encargadas del asesoramiento y la orientacin previos al proceso a los ciudadanos y de la calificacin provisional de las pretensiones solicitadas, no podr superar en ningn caso el 8 por 100 del crdito total consignado en el presupuesto de cada ejercicio.

Artculo 39. Gestin colegial de la subvencin.

Los Consejos Generales de la Abogaca Espaola y de los Colegios de los Procuradores de los Tribunales de Espaa distribuirn entre los Colegios de Abogados y de Procuradores el importe de la subvencin que corresponda a la actividad desarrollada por cada uno.

Los Consejos Generales y los Colegios, en cuanto entidades colaboradoras para la gestin de la subvencin, estarn sometidos a las obligaciones establecidas para dichos sujetos por la Ley General Presupuestaria.

Artculo 40. Retribucin por baremo.

En atencin a la tipologa de procedimientos en los que intervengan los profesionales designados de oficio, se establecern, previo informe del Consejo General de la Abogaca Espaola y del Consejo General de los Colegios de los Procuradores de los Tribunales de Espaa, las bases econmicas y mdulos de compensacin por la prestacin de los servicios de asistencia jurdica gratuita.

Artculo 41. Quejas y denuncias.

Las Comisiones de Asistencia Jurdica Gratuita darn

traslado a los Colegios profesionales correspondientes a su mbito territorial de las quejas o denuncias formuladas como consecuencia de las actuaciones de los profesionales encargados de los servicios colegiales de asistencia jurdica gratuita, sin perjuicio de aquellas actuaciones judiciales que resultaren procedentes.

Los Colegios estarn obligados a comunicar a las citadas Comisiones las resoluciones y medidas adoptadas como consecuencia de los expedientes disciplinarios que, en su caso, fueran incoados. Dichas resoluciones podrn ser recurridas por las Comisiones.

CAPITULO VI
Rgimen disciplinario
Artculo 42. Correcciones disciplinarias.

El rgimen disciplinario de los abogados y procuradores de los servicios de asistencia jurdica gratuita se regir por las mismas reglas establecidas con carcter general para el desempeo de dichas profesiones, con las siguientes especialidades:

a) La indebida percepcin de honorarios, derechos o beneficios econmicos tendr siempre la consideracin de falta muy grave.

b) La imposicin de sanciones por infracciones graves o muy graves, relacionadas con las actuaciones desarrolladas en aplicacin de lo establecido en esta Ley, llevar aparejada, en todo caso, la exclusin del profesional de los servicios de asistencia jurdica gratuita.

Artculo 43. Separacin cautelar.

Abierto un expediente disciplinario por un Colegio profesional como consecuencia de quejas o denuncias formuladas por los usuarios de los servicios de asistencia jurdica gratuita, y cuando la gravedad de los hechos denunciados as lo aconseje, podr acordarse la separacin cautelar del servicio del profesional presuntamente responsable de aquellos hechos, por un perodo mximo de seis meses hasta tanto se resuelva el expediente disciplinario incoado al efecto.

CAPITULO VII
Aplicacin en Espaa de tratados y convenios internacionales sobre asistencia jurdica gratuita
Artculo 44. Autoridad Central.

El Ministerio de Justicia e Interior, a travs de la Autoridad Central receptora de la aplicacin en Espaa del Convenio Europeo relativo a la transmisin de solicitudes de asistencia jurdica gratuita de 27 de enero de 1977 y del Convenio de La Haya de acceso internacional a la Justicia de 25 de octubre de 1980, formular ante las Comisiones de Asistencia Jurdica Gratuita las solicitudes de justicia gratuita formuladas al amparo de dichos Convenios.

Artculo 45. Tramitacin.

La tramitacin de las solicitudes de justicia gratuita a que se refiere el artculo anterior, se ajustar a las reglas de procedimiento establecidas en esta Ley, con las siguientes excepciones:

a) El plazo para la impugnacin prevista en el artculo 20 ser de dos meses.

b) El plazo para la subsanacin de deficiencias contemplado en el artculo 14 ser de dos meses, contados a partir de la fecha en que la Comisin de Asistencia Jurdica Gratuita notifique la insuficiencia documental.

c) Los documentos presentados estarn redactados o traducidos al castellano, quedando dispensados de cualquier formalidad de legalizacin o apostilla.

Disposicin adicional primera.

1. El captulo I, los artculos 9, 10.1, 12 y 16 a 21 del captulo II, los artculos 27 a 29 y 31 a 36 del captulo IV, el captulo VII, las disposiciones adicionales tercera, cuarta y quinta, y la disposicin derogatoria, se dictan al amparo de las competencias que al Estado atribuye el artculo 149.1.3., 5. y 6. de la Constitucin Espaola, sobre Relaciones Internacionales, Administracin de Justicia y Legislacin procesal, respectivamente.

2. Los artculos 25 y 26 del captulo III y el captulo VI, se dictan en virtud de la competencia del Estado reconocida en el artculo 149.1.18. de la Constitucin Espaola, conforme al cual corresponde a ste dictar las Bases del Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas.

3. Los restantes preceptos sern de aplicacin en defecto de normativa especfica de las Comunidades Autnomas que hayan asumido el ejercicio efectivo de las competencias en materia de provisin de medios para la Administracin de Justicia.

Disposicin adicional segunda.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 2, la Cruz Roja Espaola tendr reconocido el derecho a la asistencia jurdica gratuita, sin necesidad de acreditar insuficiencia de recursos para litigar.

Igual derecho asistir a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios, en los trminos previstos en el artculo 2.2 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Disposicin adicional tercera.

Los artculos que a continuacin se relacionan de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tendrn la siguiente redaccin:

1. El artculo 844 tendr la siguiente redaccin:

Cuando el apelante tenga reconocido el derecho a la asistencia jurdica gratuita, se le tendr por personado en tiempo ante el Tribunal superior, si dentro del trmino del emplazamiento compareciere ante el mismo por s o por medio de otra persona, solicitando la designacin de abogado y procurador de oficio.

La misma pretensin podr deducir al hacerle el emplazamiento, en cuyo caso lo consignar el Secretario en la diligencia.

En estos casos, la designacin se efectuar conforme a lo previsto en la Ley de Asistencia Jurdica Gratuita y se entendern con el Procurador nombrado de oficio todas las actuaciones en representacin del apelante.

2. El artculo 1.701 tendr la siguiente redaccin:

Si la parte recurrente en queja tuviere reconocido el derecho a la asistencia jurdica gratuita, la designacin de abogado y procurador que le defiendan y representen se efectuar conforme a lo previsto en la Ley de Asistencia Jurdica Gratuita y el plazo de presentacin del escrito de interposicin del recurso se computar a partir de la comunicacin de las designaciones, siempre que haya mediado solicitud de la parte dentro de los diez das siguientes a la notificacin de la sentencia.

3. El primer prrafo de la regla 6. del artculo 1.708, tendr la siguiente redaccin:

En los casos en que el recurso de casacin fuere interpuesto por el Letrado designado en turno de oficio, tendr siempre un plazo no inferior a los veinte das, contados desde el siguiente a aqul en que se disponga de las actuaciones para hacerlo, interrumpindose, si es necesario, a tal fin, el plazo de los cuarenta das fijados en el emplazamiento.

Disposicin adicional cuarta.

Los artculos y rbricas que a continuacin se relacionan de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tendrn la siguiente redaccin:

1. El Ttulo V del Libro I se denominar Del derecho de defensa y de la asistencia jurdica gratuita en los juicios criminales.

2. El artculo 121 tendr la siguiente redaccin:

Todos los que sean parte en una causa, si no se les hubiere reconocido el derecho a la asistencia jurdica gratuita, tendrn obligacin de satisfacer los derechos de los procuradores que les representen, los honorarios de los abogados que les defiendan, los de los peritos que informen a su instancia y las indemnizaciones de los testigos que presentaren, cuando los peritos y testigos, al declarar, hubiesen formulado su reclamacin y el Juez o Tribunal la estimaren.

Ni durante la causa ni despus de terminada tendrn la obligacin de satisfacer las dems costas procesales, a no ser que a ello fueren condenados.

El procurador que, nombrado por los que fueren parte en una causa, haya aceptado su representacin tendr la obligacin de pagar los honorarios a los Letrados de que se valiesen los clientes para su defensa.

Los que tuvieren reconocido el derecho a la asistencia jurdica gratuita, podrn valerse de abogado y procurador de su eleccin; pero en este caso estarn obligados a abonarles sus honorarios y derechos, como se dispone respecto de los que no tengan reconocido dicho derecho, salvo que los profesionales de libre eleccin renunciaran a la percepcin de honorarios o derechos en los trminos previstos en el artculo 27 de la Ley de Asistencia Jurdica Gratuita.

3. El ltimo prrafo del artculo 875 tendr la siguiente redaccin:

Si el recurrente tuviese reconocido el derecho a la asistencia jurdica gratuita o apareciese declarado insolvente total o parcial, quedar obligado a responder de la cantidad referida, si viniere a mejor fortuna, en la forma que dispone el artculo 857.

Disposicin adicional quinta.

El artculo 21 de la Ley de Procedimiento Laboral, texto refundido aprobado por el Real Decreto legislativo 2/1995, de 7 de abril, tendr la siguiente redaccin:

1. La defensa por abogado tendr carcter facultativo en la instancia, con excepcin de lo previsto en el artculo siguiente, pero podr utilizarla cualquiera de los litigantes, en cuyo caso ser de su cuenta el pago de los honorarios o derechos respectivos, con las excepciones fijadas en el artculo 2, d), de la Ley de Asistencia Jurdica Gratuita.

2. Si el demandante pretendiese comparecer en el juicio asistido de abogado o representado por procurador o graduado social colegiado, lo har constar en la demanda. Asimismo, el demandado pondr esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o Tribunal por escrito, dentro de los dos das siguientes al de su citacin para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intencin al actor, pueda ste estar representado por procurador o graduado social colegiado, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designacin a travs del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.

3. Si en cualquier otra actuacin, diversa al acto de juicio, cualquiera de las partes pretendiese actuar asistido de Letrado, el Juez o Tribunal adoptar las medidas oportunas para garantizar la igualdad de las partes.

4. La solicitud de designacin de abogado por el turno de oficio por los trabajadores y los beneficiarios del Sistema de Seguridad Social comportar la suspensin de los plazos de caducidad o la interrupcin de la prescripcin de acciones.

Disposicin transitoria nica.

Las solicitudes de justicia gratuita, presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, se regirn por la normativa vigente en el momento de efectuar la solicitud.

Disposicin derogatoria nica.

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Ley, y en particular:

a) De la Ley de Enjuiciamiento Civil:

- El inciso primero del nmero 4. del artculo 4, cuando dice justicia gratuita.

- Los artculos 13 a 50, ambos inclusive.

- Las reglas 3., 4. y 5. del artculo 1.708.

- El artculo 1.719.

b) De la Ley de Enjuiciamiento Criminal:

- El artculo 119.

- El artculo 120.

- Los artculos 123 a 140, ambos inclusive.

- Los apartados 2, 4 y 5 del artculo 788.

- El ltimo prrafo del artculo 874.

- Los tres primeros prrafos del artculo 876.

c) Del Real Decreto legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral:

- Los artculos 25 y 26.

d) De la Ley Reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956:

- El artculo 132.

e) El artculo 6.3 del Real Decreto-ley 18/1982, de 24 de septiembre, de rgimen de los fondos de Garanta de Depsitos de Bancos Privados, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crdito.

f) El artculo 59.3 del Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social.

Disposicin final primera.

En el plazo de seis meses desde la publicacin de la presente Ley, el Gobierno, en el mbito de sus competencias, dictar el Reglamento General de desarrollo de la misma, en el que se contendrn necesariamente los siguientes extremos:

a) Las normas de organizacin y funcionamiento de la Comisiones de Asistencia Jurdica Gratuita.

b) Normalizacin de los documentos a presentar por los solicitantes de asistencia jurdica gratuita.

c) El procedimiento para la aplicacin de la subvencin.

d) El sistema de determinacin de las bases econmicas y mdulos de compensacin con cargo a fondos pblicos por la prestacin de los servicios de asistencia jurdica gratuita.

e) El sistema de provisin de la asistencia pericial gratuita prevista en el apartado 6 del artculo 6.

Disposicin final segunda.

La presente Ley entrar en vigor a los seis meses de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 10 de enero de 1996.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

Análisis

  • Rango: Ley
  • Fecha de disposición: 10/01/1996
  • Fecha de publicación: 12/01/1996
  • Entrada en vigor: 12 de julio de 1996.
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • SE DECLARA en el Recurso 4578/2017, la desestimacin en relacin con los arts. 1, 22, 25 y 30, por Sentencia 103/2018, de 4 de octubre (Ref. BOE-A-2018-15007).
  • SE MODIFICA:
    • desde el 1 de octubre de 2018, los arts. 1, 6.3 y SE AADE el 21 bis, por Ley 3/2018, de 11 de junio (Ref. BOE-A-2018-7831).
    • los arts. 1, 22, 23, 25, 30, 36, 37 y 40, por Ley 2/2017, de 21 de junio (Ref. BOE-A-2017-7106).
    • los arts. 1 a 3, 6 a 8, 10, 12, 13, 16 a 21, 24, 25, 36 a 38, disposicin adicional 1 y SE AADEN las disposiciones adicional 2 bis y final 1 bis, por Ley 42/2015, de 5 de octubre (Ref. BOE-A-2015-10727).
    • los arts. 2 a 6, 12, 16 y disposicin adicional 8, por Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero (Ref. BOE-A-2013-2029).
    • los arts. 7.3, 16, 20, 21 y 46, con efectos de 4 de mayo de 2010, por Ley 13/2009, de 3 de noviembre (Ref. BOE-A-2009-17493).
    • los arts. 2, 3, 5, 16, 32, 33, disposicin adicional segunda y se aade el captulo VIII y las disposiciones adicionales 6 a 8, por Ley 16/2005, de 18 de julio (Ref. BOE-A-2005-12376).
    • el art. 3, por Ley Orgnica 1/2004, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-2004-21760).
  • SE DICTA DE CONFORMIDAD aprobando el Reglamento de desarrollo: Real Decreto 996/2003, de 25 de julio (Ref. BOE-A-2003-15799).
  • SE MODIFICA el art. 2.d), por Ley 22/2003, de 9 de julio (Ref. BOE-A-2003-13813).
  • SE DECLARA en el recurso 1555/1996, la inconstitucionalidad y nulidad de una parte del inciso indicado del art. 2.a) y la constitucionalidad segn f.j. 7 de otra, por Sentencia 95/2003, de 22 de mayo de 2003 (Ref. BOE-T-2003-11607).
  • SE MODIFICA:
  • SE DECLARA en el recurso 1486/1996, que lo indicado de los arts. 9, 10.1 y la disposicin adicional 1.1 vulnera las competencias de la Generalidad de Catalua, por Sentencia 97/2001, de 5 de abril (Ref. BOE-T-2001-8433).
  • SE MODIFICA:
  • SE DESARROLLA, por Real Decreto 2103/1996, de 20 de septiembre (Ref. BOE-A-1996-21186).
Referencias anteriores
  • DEROGA:
    • arts. 25 y 26 y MODIFICA el art. 21 de la Ley de procedimiento laboral, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril , (Ref. BOE-A-1995-8758).
    • art. 59.3 de la Ley General de la Seguridad social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Ref. BOE-A-1994-14960).
    • el art. 6.3 del Real Decreto-ley 18/1982, de 24 de septiembre (Ref. BOE-A-1982-25541).
    • art. 132 de la Ley de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956 (Gazeta) (Ref. BOE-A-1956-17970).
    • arts. 119, 120, 123 a 140, 788, apartados 2, 4 y 5, 874, ltimo prrafo, y 876, tres primeros prrafos, y modifica el ttulo V del libro I, arts. 121 y 875, ltimo prrafo, de laLEY de Enjuiciamiento Criminal aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 (Gazeta) (Ref. BOE-A-1882-6036).
    • arts. 4.4, inciso 1, 13 a 50, 1708, reglas 3, 4 y 5, y 1719 y modifica los arts. 844, 1701 y 1708, regla 6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil aprobada por Decreto de 3 de febrero de 1881 (Gazeta) (Ref. BOE-A-1881-813).
  • CITA:
Materias
  • Abogados
  • Asociaciones de consumidores
  • Banca
  • Beneficio de Pobreza
  • Cajas de Ahorro
  • Colegios de Abogados
  • Colegios de Procuradores
  • Comisiones de Asistencia Jurdica Gratuita
  • Consejo General de la Abogaca Espaola
  • Consejo General de los Ilustres Colegios de Procuradores de los Tribunales de Espaa
  • Cooperativas de crdito
  • Cruz Roja Espaola
  • Enjuiciamiento Civil
  • Enjuiciamiento Criminal
  • Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social
  • Fondo de Garanta de Depsitos
  • Honorarios profesionales
  • Jurisdiccin Contencioso-Administrativa
  • Justicia Gratuita
  • Ministerio de Justicia e Interior
  • Presos y penados
  • Procedimiento Laboral
  • Procuradores de los Tribunales
  • Subvenciones

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid